Estatus

Propuesta programática del Partido Popular Democrático sobre el tema del estatus político y transformación del Estado Libre Asociado

El tema del estatus en su justa perspectiva

Puerto Rico enfrenta grandes retos. Le corresponderá al nuevo gobierno del Partido Popular Democrático, desarrollar la agenda de acción que deberá establecer un orden de prioridades en el difícil pero necesario proceso de encaminar soluciones a los complejos asuntos que nos esperan.

En todo gobierno hay asuntos importantes; pero también hay asuntos urgentes. Es decir, hay diferencias en el orden de consideración y acción gubernamental. Los importantes, requieren ponderación seria, criterio acertado y acción proactiva. Los urgentes, requieren acciones inmediatas, impostergables e inaplazables.

Por consiguiente, los asuntos urgentes, tienen prioridad sobre los importantes.

Por eso, una de las cualidades más importantes de un gobierno – y sus funcionarios electos - es tener la capacidad y el buen juicio para definir qué asunto debe atenderse de forma apremiante sobre otro, ya sea porque pueda requerir una acción concertada en un plazo prudente; mientras que otros, sencillamente requieren acciones ineludibles donde la inacción puede comprometer la salud, la seguridad o la vida de miles de familias o individuos.

Puerto Rico enfrenta hoy múltiples asuntos urgentes: • Las muertes y cantidad de infectados por la pandemia del COVID-19, es un asunto urgente.

30,000 familias viviendo en techos azules o a la intemperie, es un asunto urgente. 250,000 personas sin acceso a cubiertas de servicios médicos, es un asunto urgente. 150,000 trabajadores que han perdido sus empleos en solo 8 meses, es un asunto urgente. 274,000 niños de educación que no han podido regresar a sus salones, es un asunto urgente. La congelación de $50 mil millones de fondos federales de ayuda, es un asunto urgente.

Estos asuntos requieren atención inmediata desde el primer día. Paralelo a esa realidad, hay también otros asuntos que son importantes. Uno de ellos, ha estado en nuestra conversación social y colectiva por décadas: el tema del estatus político.

Todos los puertorriqueños, desde las diferentes perspectivas, tenemos el convencimiento de que este tema es fundamental y que es necesario atenderlo. Pero de igual forma, también sabemos que el mismo, lejos de unirnos, nos divide en creencias y anhelos.

Si bien esa es su gran debilidad, la misma no puede ser un impedimento para ignorar un asunto que, en un futuro, impactará diferentes vertientes de nuestra sociedad, que incluye aspectos sociales, económicos y culturales, entre otros.

Para el gobierno del Partido Popular Democrático, el tema del estatus político es importante; pero el mismo, no puede utilizarse como punta de lanza o como balón para lograr ventaja política, permitiendo que un sector ideológico le imponga su criterio al resto del país.

Las acciones de excluir opciones, crear mayorías artificiales inexistentes; o peor aún, representarle falsamente al Congreso y a la Casa Blanca, resultados cuestionables e ilegítimos de votaciones amañadas, tienen que ser cosa del pasado.

Cualquier proceso serio de atención al tema del estatus, tiene que respetar y partir del principio más básico de

cualquier democracia, que es el respeto a la voluntad del pueblo expresada a través de las urnas.

El escenario político real y los mecanismos procesales para atender el tema del estatus

De la misma forma que existen asuntos de gobierno que requieren atención inmediata, tenemos que reconocer que también existen situaciones legales y económicas que no pueden pasar desapercibidas al momento de examinar los escenarios sobre la atención al tema del estatus.

Al presente, Puerto Rico se encuentra en un proceso de reestructuración de su deuda pública a través de una ley federal y una Junta de Supervisión Fiscal; y, además, nos encontramos en los procesos de diseño de grandes cambios en las decisiones fiscales y operacionales del gobierno que habrán de impactar a las próximas generaciones.

Asimismo, es necesario poner sobre la mesa, que tanto el Congreso actual como la Casa Blanca han expresado directamente que hasta que Puerto Rico no enderece sus finanzas y demuestre su capacidad de administrar sus asuntos fiscales y administrativos de forma convincente y con absoluta transparencia, no estarán las condiciones óptimas para considerar seriamente ningún proceso de consulta o de solicitud de modificación o cambios a la relación entre Puerro Rico y los Estados Unidos.

Mecanismos procesales para considerar

Aunque favorecemos el proceso de una asamblea de estatus y ése será el proceso que promoveremos, reconocemos que ningún proceso que no sea producto de un diálogo entre todas las partes, incluyendo a los Estados Unidos, puede producir resultados que sean generalmente aceptados. Por consiguiente, no objetaremos que otros mecanismos procesales - como referéndum, plebiscitos y comités negociadores – puedan ser también objeto de consideración y análisis por todos los sectores.

Ahora bien, una vez discutidas todas las opciones y se defina el curso a seguir, le corresponderá a la Asamblea Legislativa, disponer a través de la pieza legislativa adecuada, el mecanismo procesal que encaminará el o los procesos que sean necesarios para los propósitos del cumplimiento de este compromiso programático.

Hacia la transformación del Estado Libre Asociado

Definida la agenda que ofrecemos a los diversos sectores del país, corresponde expresarle al pueblo popular su agenda particular. Desde el inicio mismo del Estado Libre Asociado, Luis Muñoz Marín expresó que su crecimiento era un proceso necesario e impostergable.

Aunque el Estado Libre Asociado le ha servido bien al pueblo de Puerto Rico, no es menos cierto que en pleno siglo 21, nos corresponde examinar las virtudes y defectos de una relación que, como toda obra creada por los seres humanos, tiene que evolucionar, tiene que perfeccionarse y tiene que atemperarse a las realidades y los retos modernos.

El ELA fue un paso gigante de una generación irrepetible, pero ciertamente su gesta aún está inconclusa. Por eso, para cumplir nuestra responsabilidad generacional, se hace necesario transformar al Estado Libre Asociado hacia una nueva dimensión política y jurídica de excelencia que fortalezca nuestros lazos económicos y sociales con los Estados Unidos, que garantice nuestra ciudadanía americana por nacimiento y que también, proteja nuestra identidad cultural.

Igualmente, para lograr esos objetivos que adelanten nuestras causas, es inexcusable que además de identificar las áreas de crecimiento autonómico, y presencia internacional tenemos que corregir - de una vez y por todas - ese lastre político que existe en nuestro

ordenamiento legal bajo la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales, que le permite al Congreso de los Estados Unidos legislar unilateralmente sobre Puerto Rico.

Para corregir esa situación, el PPD comenzará un diálogo interno institucional para una propuesta de transformación del Estado Libre Asociado - a ser presentada ante el gobierno federal – la cual impulsará un nuevo modelo de asociación política basado en la voluntad del pueblo a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial.

Ese Pacto de Unidad Puertorriqueña, defenderá nuestra identidad cultural, conservará nuestra ciudadanía americana por nacimiento y nos permitirá encaminar una agenda de desarrollo económico y social sin precedentes; eso incluirá la activación de Protocolos de acuerdos contributivos con el gobierno federal, de forma que nos permitan entrar a nuevos mercados de exportación de productos y actividad económica que genere empleos, exportación, nuevo capital que dará liquidez al sistema financiero y que éste pueda comenzar a mover la economía.

Para lograrlo, ese nuevo modelo de asociación política y jurídica estará fundamentado en un documento formal de pacto - no implícito como ocurrió en su origen – el cual, una vez plasmado en un documento y suscrito, se convertirá en la fuente de autoridad principal que regirá las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos. De esta forma, con ese nuevo convenio, se sustituye la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales, lo que subsanará el problema de subordinación política que existe en diferentes instancias de la relación actual.

El Presidente del PPD y Gobernador nombrará un comité permanente para que escuche el sentir de los afiliados del PPD y desarrollen una propuesta de transformación del Estado Libre Asociado no colonial y no territorial con presencia internacional, que sea consistente con nuestra relación permanente con los Estados Unidos incluyendo la ciudadanía americana por nacimiento. La misma se le presentará al Pueblo de Puerto Rico y al Gobierno de los Estados Unidos.

En síntesis, el PPD se compromete en actuar sobre el tema del estatus de forma justa y prudente; sin desatender los asuntos urgentes. Igualmente, se compromete a trabajar con apertura y diálogo con otros sectores; y, a nivel institucional, se compromete a presentar un nuevo modelo de asociación política y jurídica con presencia internacional que sea motivo de orgullo y esperanza para el pueblo de Puerto Rico.

Ese Pacto de Unidad Puertorriqueña, defenderá nuestra identidad cultural, conservará nuestra ciudadanía americana por nacimiento y nos permitirá encaminar una agenda de desarrollo económico y social sin precedentes...