Agrocombustibles Falsa solución global y destrucción local en Colombia

AGROCOMBUSTIBLES COLOMBIA FALSA SOLUCIÓN GLOBAL Y DESTRUCCIÓN LOCAL EN

François Houtart Comisión de Justicia y Paz – Gimena Sánchez Garzoli – Arlid Birkenes – Colectivo Agrario Abya Yala –Coordinadora Nacional Campesina – Héctor-León Moncayo

Agrocombustibles Falsa solución global y destrucción local en Colombia

François Houtart Comisión de Justicia y Paz – Gimena Sánchez Garzoli – Arlid Birkenes – Colectivo Agrario Abya Yala – Coordinadora Nacional Campesina – Héctor-León Moncayo

Agrocombustibles Falsa solución global y destrucción local en Colombia François Houtart Comisión de Justicia y Paz Gimena Sánchez Garzoli Arlid Birkenes Colectivo Agrario Abya Yala Coordinadora Nacional Campesina Héctor-León Moncayo Ediciones desde abajo Bogotá, D. C., Colombia, julio de 2014 ISBN: 978-958-58062-1-4 Diseño y diagramación: Difundir Ltda.

Transv 22A N° 53D-42, int.102, telf: 345 1808 www.desdeabajo.info Con el apoyo de: - Christian Aid - Comité Católico contra el Hambre CCFD - Mundubat - Luteran World Relief - Soldepaz Pachakuti El conocimiento es un bien de la humanidad.

Todos los seres humanos deben acceder al saber.

Cultivarlo es responsabilidad de todos.

Se permite la copia, de uno o más artículos completos de esta obra o del conjunto de la edición, en cualquier formato, mecánico o digital, siempre y cuando no se modifique el contenido de los textos, se respete su autoría y se mantenga esta nota. * La primera parte de este libro “La Agroenergía” de François Houtart, su investigación y traducción fue financiada por agencias de cooperación a la Comisión de Justicia y Paz y publicada en su 1a edición por Ruth Casa Editores en 2010.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Calle 61 A # 17 - 26 Bogotá, Colombia Tel: 57 (1) 346 36 13

justiciaypaz@justiciaypazcolombia.com www.justiciaypazcolombia.com Twitter: @justiciaypazcol

Índice

Introducción ........................................................................................................................ 5 Primera parte La agroenergía: Solución para el clima o salida de la crisis para el capital......... 9 François Houtart Introducción............................................................................................................................ 9 Capítulo 1 Energía y desarrollo........................................................................................................... 13 Capítulo 2 Las crisis y sus respuestas................................................................................................. 29 Capítulo 3 El discurso neoliberal sobre los cambios climáticos ........................................................ 61 Capítulo 4 Los agrocombustibles o la agroenergía............................................................................. 79 Capítulo 5 Las dimensiones socioeconómicas de la agroenergía..................................................... 125 Capítulo 6 Las pistas para solucionar las crisis climáticas y energéticas y el lugar de los agrocombustibles................................................................................................... 151 Segunda parte Palma aceitera en Colombia......................................................................................... 169 Capítulo 1 Palma aceitera: Una estrategia de control social y de territorios................................. 169 Héctor-León Moncayo

Capítulo 2 Política del gobierno Uribe para masificar la agroindustria palmera, y su continuidad en el gobierno Juan Manuel Santos................................................... 179 Comisión de Justicia y Paz Capítulo 3 Combustible al Fuego: Impacto del aceite de palma en las comunidades desplazadas y afrocolombianas...................................................... 211 Gimena Sánchez Garzoli – Arild Birkenes Capítulo 4 Entre el Derecho y el Contra Derecho............................................................................. 257 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Capítulo 5 Palma aceitera y paramilitarismo en el sur del Cesar: El caso de la hacienda Bellacruz..................................................................................... 315 Colectivo Agrario Abya Yala – Coordinadora Nacional Campesina

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INTRODUCCIÓN

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ste libro lleva un largo proceso de construcción. El primer paso fue el encuentro en 2003 Lovaina, Bélgica con François Houtart, con quien sostuvimos una larga conversación, en momentos en que cinco miembros de nuestra Comisión de Justicia y Paz padecían el exilio forzado. Entonces, las plantaciones de palma crecían en territorios de las comunidades afrodescendientes y mestizas del Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó colombiano y la respuesta del gobierno de Álvaro Uribe, a través de sus funcionarios, era que estaba sembrada en tierras que los empresarios habían adquirido legalmente, así lo afirmado por las comunidades y por nosotros aparecía como falso. Unos kilómetros más arriba en el territorio de Cacarica se desarrollaba el proyecto agroindustrial de la mano del paramilitarismo.

La casa de los paramilitares Rendón, junto con un dirigente del partido conservador, Juan Manuel Campo Eljach, desarrollaban la propuesta empresarial Multifruits para exportar a la multinacional Del Monte, en el Cacarica. Al tiempo que los paramilitares exigían a los afrocolombianos sembrar palma y coca, era el tiempo del progreso.

François se interesó en la propuesta de investigar sobre el asunto de la palma aceitera y los agrocombustibles a nivel global y nosotros nos comprometimos a profundizar en el caso Colombiano. La agencia británica Christian Aid, la Francesa Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD), Mundubat antes PTM, Luteran World Service, Soldepaz Pachakuti apoyaron la iniciativa aportando, tanto para el trabajo de investigación de François, como para la traducción al español del texto original en francés, la publicación del resultado de las investigaciones, y la realización de encuentros con víctimas del desarrollo de la agroenergía.

En 2007, realizamos en Colombia el “Primer Encuentro internacional sobre agrocombustibles”. En el que contamos, entre otros, con el aporte de Ricardo Carrere, investigador Uruguayo quien falleciera cuatro años después, en el que estuvieron presentes François Houtart, Daniel Libreni investigador y Tom Kucharz activista ambientalista. Al terminar el encuentro visitaron las comunidades negras de Curvaradó con los despojados que reclamaban su territorio ante el Estado. Allí observaron cómo los beneficiaros de la violencia paraestatal destruyeron vidas humanas y ecosistemas bajo la perspectiva del boom de la economía verde de los agrocombustibles, demandada por Estados Unidos y la Unión Europea.

Ricardo en un artículo publicado en el portal del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, afirmaba de su experiencia con las comunidades: "En pocos lugares del mundo la palma aceitera está tan manchada de sangre como en el Curvaradó y la única forma de

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comenzar a reparar los atropellos cometidos es que el gobierno reconozca legalmente los derechos de estas comunidades a sus tierras. Mientras no lo haga, merecerá que se le siga condenando"1.

Houtart, sobre su visita a un cementerio en Curvaradó en ruinas cuyos restos no descansaron en paz por la maquinaria de las empresas palmeras que los removieron, escribió indignado en esta publicación: “por la tarde vamos juntos como a dos kms de allí, hacia el cementerio.

Este se encuentra al borde de las plantaciones. Fue completamente destruido por los bulldozers, todas las tumbas profanadas y sobre un pedacito de tierra que se encontraba fuera de la plantación, los campesinos replantaron pequeñas cruces de madera pintadas de blanco...

Allí mismo, nos reunimos en silencio. Me piden rezar por los muertos”. Uno de los campesinos toma también la palabra. Explica la historia del cementerio. Teníamos aquí un pueblo. No queda prácticamente nada. Las máquinas han completamente destrozado el cementerio. Ya no sabemos cual de nuestros deudos queridos se encuentra aquí y es por esto que colocamos algunas cruces simbólicamente, sin saber quién se encuentra debajo. “Hay una gran emoción.

Me piden que bendiga el lugar. Recitamos juntos el Padre Nuestro, y nos quedamos un buen momento más en silencio rezando, no solamente por los padres y los abuelos enterrados en este lugar, sino igualmente por todos los que fueron masacrados. A lo lejos retumba el canto de las motosierras que operan en el bosque vecino. Esta visión me conmueve profundamente.

Es casi la rabia que llega al corazón cuando uno ve cosas como éstas. El capitalismo no tiene ningún respeto por nada. Hay que ganar dinero. Hay que transformarlo todo en mercancía.

Es el valor supremo. Los seres humanos no cuentan ya, ni siquiera los que reposaban en paz en ese cementerio de campo. Regresamos cruzando por el camino rodeado de palmeras: las palmeras de la muerte”.

La barbarie del Curvaradó ilustra las crisis del modelo capitalista. Una de ellas, la energética, que pretenden resolver con la producción de sustitutos “verdes”, como los agrocombustibles, con elevados costos humanos y ambientales. Basta mirar casos específicos para dar cuenta del horror de la solución, en Ecuador, Costa Rica, Honduras, Chiapas, Colombia, Indonesia, Malasia, Papúa-Nueva Guinea; Paraguay, Argentina, Brasil. De sus causas y consecuencias, da cuenta el aporte de Houtart en su libro La Agroenergía “Solución para el clima o salida de la crisis para el capital”, de versión original en francés y traducido al inglés, portugués, chino, italiano, castellano, idioma en el que se han hecho seis ediciones.

Desde Colombia la dignidad de las comunidades, llevada en conjunto con el acompañamiento y el análisis, de manera paulatina fue permitiendo dar testimonio, documentar, demostrar judicialmente que la palma aceitera en zonas como el Curvaradó y Jiguamiandó se implementó mediante el despojo de afrodescendientes y mestizos a través de operaciones conjuntas de militares y paramilitares, se legalizó mediante mecanismos jurídicos fraudulentos, se dinamizó desde una política pública de créditos e incentivos, se financió con dineros del erario público, se amparó en la impunidad de militares, policías y funcionarios públicos implicados en el caso. De estas constataciones dio muestra nuestra comisión 1

Carrere, R. ( 9 de febrero de 2013). Colombia: comunidades eliminan plantaciones de palma de aceite para recuperar su territorio. WRM Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Recuperado de http://www.wrm.org.uy/boletin/121/Colombia.html

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de justicia y paz en el libro La Tramoya: Derechos Humanos y Palma Aceitera en el Curvaradó y Jiguamiandó. Este documento fue posible publicar a través del Banco de Datos del Cinep en 2008.

En esta oportunidad, la Comisión de Justicia y Paz presenta una síntesis de la política pública para palma aceitera de los gobiernos de Uribe Vélez y Santos Calderón y se actualizan los mecanismos jurídicos, políticos, institucionales que impiden la restitución efectiva de los territorios que siguen en poder de empresarios de la palma, el plátano y la ganadería extensiva. También da cuenta de los reconocimientos jurídicos que no dejan duda sobre la propiedad de las comunidades de esas áreas plantadas con palma aceitera pero, por la fuerza del poder para empresarial, no han significado garantías para el goce y disfrute de los territorios para sus verdaderos dueños, y al mismo tiempo retoma las iniciativas de protección y afirmación de sus derechos.

La contribución en la incidencia política y el cabildeo de personas de Wola como Gimena Sánchez, Catherine Bouley en Christian Aid y sus directores para Colombia, junto a los esfuerzos de la Red de Alternativas Contra la Impunidad y Globalización del Mercado REDA, Comunidades Construyendo Paz en los Territorios Conpaz, la Comisión Ética Internacional, Brigadas Internacionales de Paz, Kolko, Acción Permanente por la Paz, entre otros esfuerzos de personas y organizaciones de Europa y Estados Unidos, permitieron que acciones de dignificación riesgosas de las comunidades hayan logrado consolidarse.

Por encima de la impunidad, de la ausencia de decisiones de orden administrativo, del poder empresarial, paramilitar y militar persistente, un significativo grupo de familias regresaron a su territorio. Mediante acciones como: la constitución de Zonas Humanitarias para afirmar derechos de civiles civiles en el conflicto armado, la constitución de Zonas de Biodiversidad para recuperar los ecosistemas, siembra de cultivos de pan coger, todo en el marco de la ley 70 y el derecho institucional; el rompimiento del cerco paramilitar con una peregrinación, es que hoy es posible afirmar que sin el uso de la fuerza los derechos se pueden afirmar.

La siega de la palma sembrada por empresas paramilitares cercanas al gobierno de Uribe Vélez, de plantaciones de banano auspiciadas por transnacionales como Banacol y Unibán; la destrucción de montajes ganaderos del beneficiario del paramilitarismo Coronel (r) Luis Felipe Molano, miembro de Acore; la identificación de plantaciones de hoja de coca y los laboratorios para el procesamiento protegidos por paramilitares y permitidos por la brigada 17 y la Policía de Urabá; la constatación de la extracción de recursos madereros por parte de Maderas del Darién-Pizano S.A. Aparte de la verificación de las condiciones de las comunidades afrodescendientes y mestizas de Curvaradó y Jiguamiandó, Gimena Sánchez de Wola y Arild Birkenes, dan cuenta, en este libro, de los casos de Guapi en el Cauca y Tumaco Nariño que permiten ver la relación entre la industria del aceite de palma en el Pacífico colombiano y la población civil afrocolombiana, en contextos de violaciones a los derechos humanos y pobreza, como también del papel de la Unión Europea y los Estados Unidos, desde donde proponen elementos a tener en cuenta en la incidencia política frente a estos estados.

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La militancia antiglobalización y el análisis académico contribuyeron a la comprensión de las razones de la expansión de palma aceitera en Colombia, como parte de una estrategia de control social de los territorios en función de la guerra contra insurgente, tal como expuso el investigador colombiano Héctor-León Moncayo en el seminario de Agrocombustibles, cuya ponencia publicamos aquí.

Ofrecemos, entonces, en esta publicación miradas de la respuesta del modelo capitalista a la crisis energética a través de los agrocombustibles, que tienen en común el conocimiento directo de los casos específicos de afectaciones a las comunidades locales, como también el compromiso vital desde lo local hasta lo global, de las personas y organizaciones comprometidas en este aporte. Creemos que es sobre todo en este aspecto donde se percibe su mayor valor.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

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Primera parte La agroenergía: Solución para el clima o salida de la crisis para el capital François Houtart

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Introducción

l problema de los agrocombustibles se ha convertido en un problema ideológico, un concepto que se presta a una segunda lectura; para expresarlo en términos más técnicos, un significante único que cambia de significado.

Hubo un tiempo en que estar a favor de los agrocombustibles era una posición ecologista y más bien de izquierda, porque la «bioenergía» estaba llamada a corregir los defectos de la energía fósil. En cambio, la derecha no veía en ello más que un sueño ambientalista despojado de realismo o una crítica velada al crecimiento creado por el sistema económico capitalista.

En la actualidad las cosas han cambiado. Es más bien la derecha quien defiende los agrocombustibles y la izquierda quien los ataca. Efectivamente, por un lado las crisis energética y climática se han vuelto realidades insoslayables que ya no se pueden ignorar y, por otro, el afán de buscar energías nuevas se ha convertido, de cara al precio del petróleo y del gas, en una actividad muy rentable para los inversionistas de capitales y goza de una imagen absolutamente positiva a los ojos de una opinión pública que se sensibiliza cada vez más con los problemas del medioambiente. Sin embargo, ese razonamiento económico no tiene en cuenta los «factores externos», es decir, las condiciones

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La agroenergía

ecológicas y sociales de la producción de los carburantes nuevos y de sus efectos sobre la naturaleza y las poblaciones.

Es sobre este último aspecto que los movimientos sociales hacen hincapié actualmente, recordando que el cálculo económico del sistema capitalista con mayor frecuencia se sitúa en el corto plazo y que ignora el costo real de lo que para él es ajeno a su lógica o constituyen efectos colaterales. Por consiguiente, es preciso poner de nuevo en tela de juicio los agrocombustibles.

De ahí resulta una guerra ideológica donde las palabras se convierten en armas. De una parte y de otra se prorrumpen los argumentos, unos destacando las ventajas de los «biocarburantes», los esfuerzos realizados para ahorrar la energía, y la transformación de los grandes grupos petroleros, industriales y comerciales en verdaderos benefactores de la humanidad.

De hecho, todos vestidos de verde, recurren a las inmensas posibilidades de la ciencia y la tecnología, que según ellos resolverán en un futuro previsible los problemas aún pendientes, a condición de dejar la iniciativa privada involucrarse sin trabas en ese nuevo carril. El caso del senador McCaine en los Estados Unidos es muy ilustrativo en este sentido. En 2000 criticaba violentamente el etanol, llamándole «un avatar de la agroindustria» (boondoggle), y en 2006 consideraba a este último «una verdadera fuente de energía para el futuro».2 En otro orden, los movimientos sociales y partidos de izquierda y un cierto número de ONGS progresistas rechazan el término «biocarburantes», para utilizar la expresión más descriptiva de «agrocombustibles», menos vinculada a una connotación optimista de bio (vida). Algunos llegan incluso a proponer el vocablo de “neocarburantes” (que refiere a la muerte). Asocian el fenómeno con la crisis alimentaria; la imagen de almacenes repletos frente a la de los platos vacíos hizo fortuna.

Semejante semántica invade las sedes de la ONU, de la FAO y de la OMC. Por un lado, las necesidades de la publicidad logran deformar el sentido de las palabras y presentar medidas sencillamente correctivas de precedentes prácticas destructivas, como avanzadas a cuenta del progreso de la humanidad. En contrapartida, los argumentos de quienes comprueban los desastres ecológicos y sociales –no solamente de las energías fósiles, sino también de la manera en que se producen determinadas energías renovables en la lógica prevaleciente de los intereses económicos– con frecuencia son demasiado simples o ignoran determinados aspectos técnicos de los problemas. Incluso, a veces ciertos atajos en los vínculos entre causas y efectos restan fuerza a sus posiciones.

El desarrollo lógico de esta obra consiste en describir la situación de la doble crisis, energética y climática, y luego plantear la cuestión de las energías nuevas y, en particular, de los agrocombustibles en su conjunto.

De manera que no se trata de ignorar los «factores externos» ecológicos y sociales, lo cual desembocará inevitablemente en una crítica del discurso económico dominante, puesto 2

Richard Greenwald, Time 14.04.08.

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Introducción

que ignora una parte esencial de lo real. Tampoco se trata de un discurso apocalíptico, ajeno a toda esperanza de solución, en el campo científico y técnico, pero no por ello silenciará la profunda gravedad de la situación y la falsedad de los discursos apaciguadores. En suma, tampoco hay que contentarse con consignas que no sirven a la causa de las víctimas de un sistema cuando carecen de fundamento científico o lógico.

No obstante, este trabajo no es neutral. Se inscribe en la búsqueda de la justicia y en la construcción de una lógica económica y política respetuosa del equilibrio ecológico y del bienestar humano. También aspira a presentar una postura ética, de defensa de la vida, y no vacila en manifestar indignación frente a lo que es obra de muerte. Para ello se apoyará en la historia y tomará en cuenta el conjunto de situaciones, y no extraerá de ellas una dimensión particular que permita el análisis fuera de su contexto y, por ende, se autolegitime con facilidad, ajeno a las externalidades, como lo hace el razonamiento económico del capitalismo. En fin, la realidad social se analizará como resultado de actores en interacciones, es decir, no como un proceso lineal, sino como uno dialéctico donde las correlaciones de fuerza entran en juego para transformar y construir estructuras sociales o para frenar su transformación.

El problema de los agrocombustibles, como lo veremos, se sitúa en el centro mismo de las relaciones sociales, porque la energía se ha convertido en el pivote de la economía de mercado capitalista y hasta de lo que llamamos la «civilización occidental». Por tal razón los poderes económicos y políticos tienden a adoptar soluciones que permiten aspirar a alcanzar el modelo de desarrollo sin impugnar sus parámetros. Toda la cuestión está, pues, en saber si tal lógica es realizable y a qué precio, o si, por el contrario, se trata de una lógica distinta que deba estar en la base del futuro de la humanidad.

La obra se divide en dos grandes partes, una se refiere al clima y la otra a las energías llamadas renovables, con los agrocombustibles como punto central. Termina con una reflexión sobre las funciones reales de esa producción nueva y sobre la radicalidad de las soluciones necesarias si se quiere sacar a la humanidad del callejón sin salida en el que se encierra.

Varias personas han contribuido desde sus competencias específicas a este trabajo y deseo expresarles un reconocimiento. Se trata, en particular, del señor Bosco Banshanguera Mpozi, bioingeniero, profesor en el Instituto de Técnicas para el Desarrollo (ISTD), Mulungu, República Democrática del Congo), y del señor Lutumba Bakassa, ingeniero agroquímico, del Instituto Facultativo de Ciencias Agronómicas de Yagamsi, en Kisangani (República Democrática del Congo). Para esta investigación ambos se desempeñaron como investigadores asociados del Centro Tricontinental. El señor Eric Feller, agrónomo e investigador en la Universidad de Lieja, contribuyó con sus consejos técnicos a la obra.

Finalmente, el señor Geoffrey Geuens, profesor de Comunicación en la Universidad de Lieja, realizó un trabajo sobre las multinacionales involucradas en este asunto, que sirvió de base a la parte económica. Mi agradecimiento, también, a Leonor García por su competencia en presentar y en cotejar el manuscrito.

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Capítulo 1 Energía y desarrollo 1. La explotación de la naturaleza como fuente de energía La agroenergía o energía verde es elogiada actualmente como una solución de futuro.3 En efecto, el calentamiento del planeta y el dramático aumento del CO2 en la atmósfera han hecho tomar conciencia de la necesidad de actuar. Es cierto que esos dos fenómenos no solo están ligados al problema de la energía. La producción de CO2 por determinadas modalidades de agricultura es también importante, sobre todo a causa de la extensión de la ganadería. No obstante, la cuestión de la energía está en el centro de la problemática sobre todo en los países desa-rrollados industrialmente, tanto en lo relativo a la producción como para la calefacción y los transportes.

El asunto ha llevado a la Comisión Europea a proponer medidas a los estados miembros de la Unión. A partir de marzo de 2007, el objetivo era reducir para 2020 las emisiones de gas con efecto de invernadero (GEI) en un 20% con relación a 1990, e incluso en un 30% si se lograba un acuerdo mundial para llevar al 20% la parte de las energías renovables y utilizar para los transportes el 10% de los carburantes, en el mismo plazo de 3

Con frecuencia se habla de bioenergía, pero ese término resulta ambiguo y pudiera provocar una confusión, porque todo lo que es bio parece indiscutiblemente positivo. En realidad, el término en su acepción técnica se opone al de energía fósil, materia muerta, mientras que aquel designa la energía que proviene de la naturaleza vegetal viva.

La agroenergía

vencimiento, lo que en 2008 se redujo a 8% habida cuenta de las múltiples reacciones. En enero de 2008, la Comisión propuso a cada Estado, según su riqueza, un paquete energíaclima con nuevas medidas, atinentes al enterramiento del CO2 en las viejas minas y a la constitución de un nuevo mercado europeo del carbono, entre otras. Los sectores aparte de la industria (vivienda, agricultura, transporte) debían reducir sus emisiones de carbono en un 10% en 2020 con relación al 2005. Todo ello debía tener un costo aproximado de sesenta mil millones de euros por año. Tal meta pareció considerable, pero como tendremos ocasión de comprobar a renglón seguido corre el riesgo de estar muy por debajo de las necesidades reales de emprender una acción eficaz para la salvaguarda del planeta.

Una vez más la energía fósil ha sido puesta en tela de juicio, porque no es renovable y sí contaminante. La búsqueda de alternativas queda abierta, pero está lejos de ser inocente.

En efecto, numerosos intereses se adhieren al deseo de producir un modelo llamado «sostenible», sin paralizar el porvenir de las futuras generaciones. Por eso la industria nuclear no vacila en manifestarse como una solución, ya que se basa en una materia prima no renovable, el uranio, y, por otra parte, el problema de los desechos está lejos de haberse resuelto. En cuanto a la cuestión del petróleo y su reemplazo, también se vincula a problemas de geopolítica. Basta con pensar en la dependencia de los Estados Unidos con relación al petróleo del Medio Oriente o de Venezuela. En el primer caso, desembocó en la guerra en Iraq y en Afghanistan. En el segundo, lo que propone el presidente George W. Bush al presidente Lula del Brasil es asociarlo al etanol para soslayar el asunto, al ser ambos países, a comienzos del siglo xxi, los mayores productores de la agroenergía.

Hace tiempo que las heridas ecológicas han venido afectando poblaciones enteras. Mientras se trató de las clases sociales inferiores o de pueblos colonizados, los responsables económicos o políticos de los países industriales apenas si se preocuparon por el asunto.

Desde el inicio de la revolución industrial, los lugares donde se concentraba la producción, que también eran los del hábitat de la clase obrera, han estado considerablemente contaminados. Los paisajes, los bosques, el hábitat de los pueblos colonizados se alteraron por la explotación de los recursos naturales. Pocas voces se elevaron para denunciar tales situaciones, porque era ese el precio del progreso. Fue necesario que la situación se deteriorara al punto de afectar los intereses económicos y la calidad de vida de todas las capas sociales, incluidos los grupos socialmente dominantes, para que la destrucción ecológica se pusiera sobre el tapete. Es por eso que en la actualidad la cuestión de la agroenergía emerge entre las prioridades políticas.

Para evitar caer en la trampa de una óptica parcial es indispensable desarrollar una visión histórica y universal del problema. El interés por la agroenergía no ha caído del cielo. Se inscribe en un largo proceso de explotación de la naturaleza, sin gran preocupación por su reproducción, ligado a un desprecio de las clases sociales por el trabajo y por los pueblos de la periferia. Es obvio que la energía es una necesidad humana de todos los tiempos.

Podría decirse que la historia de la humanidad coincide con la de la utilización de la energía, producto y causa a la vez de las tecnologías, el desarrollo de modalidades energéticas ha permitido la extensión de la movilidad y el transporte y constituye uno de los aspectos fundamentales de lo que llamamos hoy globalización. Esta última, caracterizada por la

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Energía y desarrollo

liberalización del comercio, se ha desarrollado sobre la base de los principios del capitalismo. El capital, considerado como motor del desarrollo, ha podido construir los pilares de su reproducción como sistema mundial, gracias a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La energía ha desempeñado un papel central en el proceso. Está en el centro de las principales actividades de la economía: la producción y el transporte.

Ambos han crecido considerablemente por la fase neoliberal del capitalismo, es decir, la liberalización generalizada de los intercambios. La demanda de energía se ha disparado, con todas sus consecuencias.

El modo de vida que resulta de esa situación es particularmente energívoro. Al inicio, como la energía abundaba, su costo se mantuvo muy bajo durante largo tiempo, y de ello resultó una utilización casi sin límites en un mundo industrializado. Hasta el día en que los efectos destructores de tales prácticas pusieron en peligro el propio modelo de desarrollo, no solamente a causa del agotamiento de determinados recursos, sino también en función de sus efectos ecológicos y sociales. «Al grito de la tierra» se unieron «los gritos de los oprimidos», y ya no resulta posible desoírlos. La convergencia entre los dos iba a configurar la de las resistencias al modelo neoliberal. Es una larga historia que estuvo a la cabeza de la suerte colectiva de la humanidad. Tendremos ocasión de volver sobre el tema. Recordemos que el Siglo de las Luces, que nació en una sociedad en expansión, había desarrollado la idea de un progreso lineal y probablemente sin fin. La ciencia, que progresivamente iba develando los misterios de la naturaleza, y se aplicaba igualmente al estudio de las sociedades, se desarrolló en medio del entusiasmo no solo de los investigadores, sino también de los industriales llamados a aplicar los descubrimientos científicos. Las teorías de la evolución no revelaban solamente los misterios de un relato, sino que eran igualmente portadoras de una dimensión prometeica. Poco a poco la humanidad se descubría a sí misma y descifraba el mundo que la rodeaba. Al ser capaz de explicarlo, estaba en mejores condiciones para dominarlo. En suma, el ser humano se tornaba artesano de su propia vida y de su felicidad, y nada, o casi nada, le permitía entrever sus límites.

Esta visión del mundo se desarrolló en el seno de relaciones sociales particularmente desiguales entre clases sociales y entre pueblos del mundo. Se convirtió poco a poco en la ideología de los grupos dominantes, es decir, en la explicación de su «vanguardismo» y la justificación de su lugar en la sociedad. El papel del capital, como promotor del progreso y portador de las esperanzas para el futuro era la base a la vez real e ilusoria. De un lado –gracias a la lógica de la acumulación y de la ganancia, con arreglo a la ley de un mercado sometido a esta regla– la producción de bienes y servicios conoció una progresión históricamente inigualada.

En su fase neoliberal, la aceleración fue todavía más espectacular. Durante la segunda mitad del siglo xx, la riqueza mundial se multiplicó por siete. Pero, por otro, el proceso también era ilusorio pues escondía varias realidades: la manera social en que se realizaba la producción, la distribución ulterior de la riqueza y la destrucción del medioambiente.

Cierto que la manera de producir anunciaba catástrofes ecológicas futuras y provocaba desastres sociales. En cuanto a la distribución de la riqueza, culminaba en un proceso de concentración y de exclusión de la propia lógica del capitalismo. Esto último favoreció en verdad el valor de cambio por encima del valor de uso, y sometió así la actividad económi-

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La agroenergía

ca y la de numerosos sectores del bien público a la ley del mercado considerada natural y predominante. Ignorar lo que ha sido llamado las «externalidades», o sea, los factores que no intervienen en el cálculo económico, terminó acarreando graves contradicciones. El no haber tenido en cuenta, por un lado, los costos ecológicos y sociales de la producción y los transportes y, por otro, la distribución desigual del producto, explica tal situación. Pero no es esto el simple resultado de una ley natural, ni el precio que hay que pagar por el progreso. Corresponde a los intereses bien precisos de ciertas clases sociales, vinculadas a la acumulación del capital, que gozan de todas las ventajas de mantener una tasa elevada de acumulación y se preocupan poco por lo que podríamos llamar el bien común.

La crisis social y ecológica ha sido de tal envergadura que ya nadie ha podido seguir ignorándola. Afecta incluso la tasa de acumulación y, en consecuencia, los intereses del capital.

Pone en peligro su reproducción y corre el riesgo de conducir a un marasmo económico mundial. Por tanto, hay que buscar soluciones. En la lógica del capitalismo, que había reencontrado una nueva vitalidad por el desarrollo de los intercambios liberalizados, deben inscribirse en la continuidad del sistema. Se tratará, entonces, de poner en práctica alternativas, de transformar determinados comportamientos, pero, en ningún caso, de cuestionar la lógica de la acumulación capitalista presentada siempre como la solución necesaria, y hasta a aceptar ciertas adaptaciones y regulaciones.

Un ejemplo típico de esta perspectiva es la película Una verdad que incomoda, de Al Gore, premio Nobel de la Paz, quien con razón pone el dedo en la llaga del problema ecológico mundial, sacude la opinión y halla también una acogida favorable en los medios del liberalismo económico y político. Cuando el antiguo vicepresidente americano viajó a Bélgica, no fue el partido socialista o los herederos de la democracia quienes le recibieron, sino el partido liberal francófono. La razón es sencilla: la película de Al Gore no cuestiona el sistema. Concentra lo esencial de las soluciones en los comportamientos individuales: menor utilización de la energía eléctrica, utilización moderada del trasporte automotriz, colocación de cristales dobles, etc. El discurso es moralizante e incluso recurre a argumentos religiosos. Se dirige a las personas como individuos y no a los mecanismos sociales de transformación del modelo económico.

La energía está evidentemente en el centro de toda esta problemática. Se halla en el corazón del propio modelo de desarrollo capitalista, porque sin recurrir a recursos energéticos este último sería inoperante. En esta perspectiva, si las formas existentes de producir energía se revelan contradictorias con respecto a la reproducción del modelo económico y social, hay que buscar otras. Aquí interviene el desarrollo de la agroenergía, como sustituto para las energías fósiles. La cuestión es saber si se trata de una solución o de un paliativo, y para ello hay que analizar el tema más en detalle.

2. La energía en el modelo de desarrollo No hay desarrollo sin energía, por ende, las dos realidades hacen una sola. No podemos escribir la historia de la una sin abordar la de la otra. No se trata de un hecho solamente material, sino también de un entrelazamiento cultural que alcanza inevitablemente dimensiones

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Energía y desarrollo

políticas. La utilización de la energía forma parte integrante, entonces, de lo que pudiéramos llamar dinamismo humano. Efectivamente, las diferentes fases de la historia de la humanidad están definidamente marcadas por la utilización de las diversas fuentes energéticas.

Estas últimas están en la raíz de la respuesta a la pregunta de Edgar Morin: ¿Cómo es posible que el pequeño bípedo de la sabana se haya convertido en el amo del mundo? Sin duda, como lo recuerda el propio autor, las capacidades humanas se han desarro-llado en función de una larga evolución. Esta no ha sido lineal, sino marcada por procesos de tanteo-error, por el azar, por lo aleatorio. ¿No lo evocaba acaso el historiador M. Duvignaud cuando decía que en el transcurso de la historia del mundo «lo improbable es mucho más frecuente que lo previsible»?

Sin embargo, para seguir citando a Edgar Morin, en una historia que se caracteriza por la incertidumbre hay un paradigma que siempre ha presidido la trayectoria del mundo físico, biológico y antropológico: la reorganización de la vida. En una serie de secuencias que van del orden al caos y del desorden a la reconstrucción, lo que se reproduce es la vida. El impulso vital marca una evolución, sin duda, caótica, pero con una capacidad enorme de inventiva cuando del ser humano se trata. Además, la energía entra en buena medida en esta capacidad de invención. Las transformaciones se han operado tanto en la esfera de la relación con la naturaleza como en la de las relaciones sociales. En el primer caso, los seres humanos han dado prueba de una constante adaptación, que pasa de la simple depredación, a la organización de la agricultura, para desembocar progresivamente en las sociedades mercantiles o industriales. En el plano de las relaciones sociales con frecuencia las desigualdades han prevalecido. La dominación masculina está en la base de la distribución de papeles entre hombres y mujeres, lo mismo en la esfera económica como en la política, la cultural y la religiosa. La posibilidad de acceder a un trabajo no material ha determinado las castas, mientras que los fenómenos de explotación del trabajo engendraron las clases. En el transcurso de la historia, los pueblos se volvieron dominantes o imperiales e impusieron sus intereses a los demás.

En el conjunto de esa trayectoria, el control de la energía ha desempeñado un papel muy importante. En efecto, está en la base de la actividad agrícola, artesanal o industrial. Los mitos griegos nos recuerdan su lugar central, ya sea Prometeo y el dominio del fuego, o Sísifo y el esfuerzo incesante por vencer la gravedad. Desde el comienzo de la historia humana, la utilización de las energías naturales se introdujo como un mecanismo de supervivencia. Se trataba del sol, del viento, del agua, pero también de las energías animal y humana. Progresivamente, primero el bosque y luego el carbón fueron transformados en calor, el agua en vapor, el petróleo y el gas en combustibles o en electricidad, para llegar finalmente a la energía nuclear. Actualmente distinguimos las energías renovables de las que no lo son, es decir, de aquellas que utilizan materias primas cuya existencia no es cíclica. En cuando a las energías contaminantes, su utilización afecta cada vez más la atmósfera o hasta el clima, por los desechos nocivos de CO2 o de metano, frutos de su combustión o acelerada la producción de micro-partículas nocivas para la capa de ozono.

Durante dos siglos de desarrollo industrial el agotamiento de los recursos no estuvo en el orden del día. Se tenía la impresión de que el planeta gozaba de capacidades ilimitadas de respuesta para las necesidades humanas, y si en una región el hierro, el cobre o el carbón

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vegetal llegaban a faltar, había en cambio otros lugares donde los había en abundancia.

Por otra parte, las nuevas tecnologías propiciaban constantemente una mejor utilización de las riquezas naturales, el incremento de su rentabilidad y el hallazgo de nuevos modos de explotar yacimientos considerados inaccesibles. En resumen, la idea del progreso sin fin permitía también contemplar que los progresos de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas lograrían resolver en el futuro problemas considerados insolubles en la actualidad.

La energía formaba parte de esa misma filosofía. El optimismo se daba por sentado y nada parecía detener las conquistas de la humanidad, cuyo impulso vital se traducía por un consumo energético siempre creciente. Georges de Cagliari, en su pieza de teatro El Fuego de la tierra, expresaba tal frenesí calificando ese periodo de «era moderna prehistórica [...] sin armonía con la naturaleza, puesto que esta ya no existe». Hizo falta que se produjera la crisis del petróleo para alertar a la opinión pública sobre el costo de la energía y sobre su carácter no renovable, y que ocurriera la catástrofe de Chernobil para recordar los peligros de la energía nuclear y relativizar las bondades de la energía atómica. En cuanto a las lluvias ácidas y al recalentamiento del clima, contribuyeron de manera cada vez más visible a recordar que la actividad humana, en particular en el campo de la energía, tiene consecuencias que pueden ser catastróficas.

3. La energía en el desarrollo del capitalismo Las sociedades mercantiles se han desarrollado sobre la base de intercambios, como fruto del trabajo y, por consiguiente, de una actividad separada de la producción agrícola. Por otra parte, no pudieron construirse sino en la medida en que la agricultura pudo nutrir a más personas además de a los propios campesinos. De ahí la importancia del transporte, tanto de los productos agrícolas hacia las ciudades, como de mercancías artesanales comerciadas en medio de aglomeraciones. Eso no hubiera podido producirse sin la utilización de nuevas fuentes de energía, en particular, animales. Conviene recordar, además, que las transformaciones no solo se manifestaron en el campo energético. También estuvieron en el origen de una nueva organización social, del desarrollo de lo político, del nacimiento de una ética y, finalmente, de una nueva visión del mundo. Esta última, al emanciparse del ciclo de la naturaleza desembocó en una noción del progreso en el tiempo y en el espacio, llamada a orientar también la utilización de la energía.

Con el desarrollo del capitalismo, la situación cambió de manera profunda. Los intercambios de mercancías permitieron acumular un capital que en sí mismo se convirtió en una fuente de beneficios y se fue transformando progresivamente en motor de la economía y de la sociedad. El fenómeno nació en Europa a finales del siglo xi con el desarrollo de los intercambios entre el Este y el Oeste por vía fluvial y con la expansión de las ciudades comerciales y el desarrollo de una burguesía primero mercantil y más tarde industrial. La acumulación del capital sirvió al principio para financiar a los estados en sus empresas belicistas o de conquista de las periferias y, después, para poner en práctica un proceso de producción industrial basado en la división del trabajo.

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La energía desempeñó un papel más importante todavía en la segunda fase del desarrollo capitalista. Pues bien, en su etapa mercantil el capitalismo no había producido grandes revoluciones energéticas. Se centraba en la extracción de riquezas mineras o agrícolas, lo que exigía únicamente riquezas animales o humanas. Eso explicó en particular la esclavitud que vació las tierras de África para reemplazar a las poblaciones de la América Latina precolombina, en vías de extinción tras las conquistas. En cuanto al transporte intercontinental, este utilizaba la fuerza de los vientos.

En cambio, el capitalismo industrial se construyó sobre transformaciones energéticas considerables. Se conoce, a todas luces, el papel de la máquina de vapor en todas las esferas de la producción. La nueva dimensión que tomaba la actividad económica daba al capital un papel central. El trabajo a pedazos ya no podía dominar el conjunto de la producción de objetos y únicamente el capital podía desempeñar un papel unificador, y a la vez organizador del proceso de producción y de distribución. De ello resultó una verdadera explosión de la producción de bienes y servicios, una explotación cada vez mayor de la naturaleza y una creciente diferenciación social de las clases antagónicas. La explotación de los recursos de las periferias se amplió considerablemente a través de empresas coloniales. Las guerras intraeuropeas y mundiales fueron el resultado de feroces competencias para garantizar su control.

Con el Consenso de Washington de los años setenta se abrió un nuevo periodo sobre la base de una crisis de acumulación del capital. Se suponía que el neoliberalismo, al predicar la liberalización total de los capitales, de los bienes y servicios (no de los trabajadores) liberaría la economía de los obstáculos establecidos por los tres grandes modelos de la posguerra: el keynesianismo, el socialismo y el desarrollo nacional de los países del Tercer Mundo. En los tres casos, se había establecido un límite para la expansión de la acumulación capitalista, ya fuera por pactos sociales para redistribuir la riqueza nacional entre capital, trabajo y Estado; o por la puesta en marcha de un sistema en principio alternativo al capitalismo, el socialismo; o también por la importancia del Estado como motor de un desarrollo industrial.

Era necesario, entonces, según la teoría de von Hayeck y de Milton Friedman, liberar las fuerzas del mercado para reanimar la acumulación necesaria al desarrollo de las nuevas tecnologías, en especial, de la información y la comunicación, y responder también a las necesidades enormes de la concentración del capital productivo y financiero.

Acompañado por un marco institucional internacional –en particular, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)– el proyecto culminó en un poder reforzado de los centros de decisión económica de la triada (Estados Unidos, Europa y Japón). Concluyó en la constitución de una minoría de la población mundial (aproximadamente un veinte por ciento) en hiperconsumidores, característicamente energívoros. Un modelo tan restrictivo era realmente favorable a la acumulación del capital, puesto que permitía una circulación mucho más rápida de los capitales y la producción de un valor agregado más considerable que el que pesaba sobre los bienes de consumo banalizados accesibles a más personas. Sin hablar de aquellas que entraban en la categoría de las «multitudes inútiles» (para el capital) puesto que no producían valor agregado y no disponían de un poder adquisitivo que les permitiera acceder a la condición de consumidores.

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¿En qué punto estamos al inicio del tercer milenio? El consumo de los recursos naturales no renovables y, en específico, de energía, por una minoría de la población mundial, exigiría, según determinados cálculos, el equivalente de una capacidad de reproducción de tres planetas. Pero solo tenemos uno. En consecuencia, hay que actuar con rapidez. Ahora bien, el modelo de desarrollo de los países llamados emergentes, no difiere en su lógica del que han desarrollado los países industrializados. Brasil, por ejemplo, del que se esperaba otro comportamiento económico, prácticamente no ha cambiado su orientación neoliberal de la economía y no vacila en aliarse con los Estados Unidos para hacer un frente con relación al etanol, que favorezca, de hecho, a los grandes propietarios y a las empresas multinacionales del negocio agrícola, sin cuestionar el modelo de consumo. China y Vietnam optan por abrirse al mercado capitalista, lo que permite un desarrollo espectacular del 20% de su población, que accede rápidamente al nivel de consumo de la tríada. La India, que entra también en el modelo neoliberal a partir de los años 1990, cuando abandonó el proyecto de desarrollo nacional, sigue la misma lógica, pero con diferencias sociales todavía más considerables.

Todos esos modelos recientes de desarrollo de las periferias apenas si muestran consideración por el carácter no renovable de la energía. Por el contrario, se han situado como competidores de las economías occidentales, de modo que perciben las ventajas en la esfera de la producción de bienes y servicios. Rezongan cuando de tomar medidas ecologistas conservadoras se trata, arguyendo, no sin razón, que les ha tocado el turno y que los países más despilfarradores del universo solo tienen malas razones para imponerles restricciones que ellos mismos no han podido respetar y que les han permitido ocupar un lugar dominante en la economía mundial.

Conviene añadir que la evolución demográfica ha ampliado considerablemente este fenómeno. Mientras que la humanidad contaba con mil millones de seres humanos a principios del siglo xx, esa cifra ha pasado a más de seis mil millones en los albores del xxi. Probablemente alcanzará los nueve mil millones al filo del año 2030. Incluso si la tasa de natalidad tiende a disminuir en todas las regiones, los progresos logrados con el índice de mortalidad son los que explican en gran parte tal evolución. Algunos atribuyen la mejoría de la higiene y de la medicina al éxito de la economía capitalista, porque ha logrado promover la aplicación de los descubrimientos científicos en el campo de la salud. En realidad, un análisis más sutil contradice semejante conclusión. Hay que percatarse, por ejemplo, de que la investigación y la producción de medicamentos se hacen esencialmente en función de la lógica de la ganancia, es decir, aplicándose a las enfermedades de las poblaciones que disponen de un alto poder adquisitivo y solo en mucho menor medida a las que aquejan a los demás sectores de la población mundial. Estos últimos son por demás los más vulnerables a las nuevas enfermedades, como el Sida, o a la reaparición de enfermedades que ya se consideraban erradicadas, como la tuberculosis o la malaria.

Las mejoras ciertamente se deben a las vacunas contra ciertas enfermedades cuya investigación por lo regular ha corrido a cargo de los gobiernos o de las organizaciones no gubernamentales humanitarias. Sin embargo, el cambio cultural de los hábitos de higiene, adoptado por poblaciones cuya esperanza de vida supera las situaciones más desastrosas,

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constituye el factor clave del mejoramiento y, por tanto, de la disminución de la tasa de mortalidad. Con frecuencia lo ignoramos.

En realidad, la expansión demográfica que hemos conocido se produjo en el marco de la lógica del capitalismo, que concentra la riqueza y acentúa las diferencias entre ricos y pobres, en particular, en el consumo de energía. Semejante modelo sin lugar a duda ha aumentado la cantidad absoluta de consumidores puesto que se mantiene, en términos de proporción, casi constante, o sea, el 20% de una población que crece. Incluso ha permitido que se incremente el porcentaje de quienes acceden al borde del consumo, y que logren pasar la barrera de acceso a los bienes sofisticados. Pero al propio tiempo, la cantidad absoluta de aquellos que viven en la pobreza y, hasta en la extrema pobreza, no deja de aumentar. En América Latina, a principios del siglo xxi había 20 millones de pobres (según la definición del Banco Mundial, o sea, con menos de dos dólares al día), lo que significaba un aumento de 20 millones de personas en diez años. Para 2007, el director de la FAO, el señor Diouf, anunciaba que la cantidad de personas que pasaba hambre en el mundo había aumentado en 50 millones. En otras palabras, el crecimeinto del número de pobres en la humanidad es, con creces, más considerable que el número de ricos, e incluso el de quienes viven por debajo del simple nivel de subsistencia. Por lo tanto, estamos hablando de una minoría de seres humanos que por su modo de desarrollo y de consumo son los que más contribuyen a los efectos sociales y ecológicos negativos de la utilización de la energía.

Para entender el vínculo que existe entre ese fenómeno y la lógica de la acumulación del capital, recordaremos el libro de Susan Sontag George El informe Lugano. En esta obra, la autora imagina el siguiente escenario: cierto número de responsables de grandes empresas internacionales, inquietos por la evolución económica del mundo, solicitan a un grupo de expertos que estudien la posibilidad de salvar el sistema capitalista. Estos últimos, luego de llevar a cabo innumerables investigaciones y cálculos lúcidos, llegan a la conclusión de que para hacerlo habría que eliminar a la mitad de la población, es decir, a esas «multitudes inútiles» que no contribuyen ni a un crecimiento de las riquezas ni a la ganancia que se pueda lograr de las ventas. Como no quieren aparecer como genocidas, estiman que bastaría con dejar actuar a la naturaleza, las enfermedades endémicas, por un lado, y el poder de autodestrucción de los seres humanos, por el otro, para llegar al resultado deseado. Susan George explica en su último capítulo que se trataba de una ficción, pero que semejante razonamiento existe y revela una lógica.

Frente a la evolución demográfica mundial, el Banco Mundial estima que hay que transformar los métodos de la agricultura, para poder alimentar a la población del futuro. Para ello recomienda reemplazar la agricultura campesina por una explotación productivista de tipo capitalista. Es el modelo de los Estados Unidos y el que se impuso en el curso de las dos últimas décadas en ciertas regiones de América Latina, en particular, con el eucalipto (para el papel) y la soya (para el aceite como presunto sustituto de la energía fósil). Ahora bien, como tendremos ocasión de mostrar más adelante, cuando se hable de la palma oleaginosa (palma africana), se trata de una fórmula profundamente destructora de los suelos y de la calidad del agua, que exige, para colmo, la destrucción de los bosques originales y es, finalmente, igual de desastrosa desde el punto de vista social. Pues bien, las poblacio-

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nes locales excedentes se desarraigan de su región –y con frecuencia incluso son masacradas (como en el caso de Colombia)– para entonces concentrarse en barrios insalubres de las grandes urbes o acentuar la presión migratoria internacional.

Conviene recordar una vez más que la lógica económica del capitalismo, que preside asimismo la extracción y la utilización de las fuentes de energía, no introduce en sus cálculos económicos las «externalidades». Voy a ilustarrlo con un caso. En 1996, un informe del Banco Mundial proclamaba que en Sri Lanka se había abandonado el cultivo del arroz, en provecho de los cultivos de exportación. El problema: el costo de producción del arroz era allí más alto que en Vietnam y que en Tailandia. La lógica del mercado exigía dar prioridad a la importación. Para llevar a cabo ese proyecto, el Banco pedía al gobierno srilanqués que aboliese los órganos gubernamentales destinados a regular el mercado del arroz, que decretara un impuesto sobre el agua de regadío, con miras a lograr que la producción de arroz no fuera rentable, y, por último, que otorgara un derecho de propiedad a todos los agricultores pequeños del país. Las tierras arroceras aún eran comunes, como en el antiguo modo de producción asiático, y pertenecían a las colectividades locales. Su transformación en commodity (mercancía) permitía a los campesinos vender sus tierras a bajo precio a las empresas locales e internacionales capaces de asumir un nuevo tipo de producción destinado principalmente a la exportación como, por ejemplo, los cultivos destinados al agrodiesel o al etanol a partir de la caña de azúcar. Produjo un documento titulado Regaining Sri Lanka (Recuperando a Sri Lanka), donde se afirmaba que la idea no era mala y que permitiría al país disponer de una mano de obra barata para atraer el capital extranjero.

Sin embargo, como esa política fue la que habían seguido los países desde hacía unos cuarenta años, bajo la modalidad de zonas francas, los esfuerzos de los trabajadores habían logrado ascender de alguna manera en la escala de salarios, organizar una seguridad social apreciable e instaurar un régimen de pensiones. En suma, el trabajo en Sri Lanka se había encarecido y ya determinadas inversiones extranjeras habían decidido abandonar el país para instalarse en China o en Vietnam, donde los salarios eran menos altos. Conclusión del gobierno: hay que lograr que baje el precio del trabajo y, como consecuencia, el salario real, desmantelar determinados aspectos de la seguridad social, y reducir la tasa de las pensiones. Es el resultado de la lógica de partida. Pues bien, semejante razonamiento económico no toma en lo absoluto en cuenta factores que no entran en el cálculo del mercado, como la seguridad alimentaria (Sri Lanka es una isla), el bienestar del millón de agricultores pequeños productores de arroz, el nivel de vida de los trabajadores industriales, la calidad de la alimentación (el tipo de arroz es diferente entre esos países), el costo energético del transporte, sin hablar de la historia, de la cultura, del paisaje. Ni pensar entonces en incluir las externalidades en el cálculo económico; la lógica del mercado capitalista es implacable y es la única a tomarse en consideración en la organización neoliberal de la economía mundial.

Otro tanto ocurre en la esfera de la energía, donde las condiciones naturales y sociales de explotación han empezado a entrar en los cálculos económicos, el día en que la escasez se convierta en un fenómeno real, cuando los estados petroleros hagan subir las cotizaciones y cuando los trabajadores de diferentes sectores energéticos se organicen para obtener condiciones salariales y laborales más humanas. Si no se hace sonar a tiempo

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la voz de alarma, la ignorancia de los factores naturales y sociales –como ocurrió en el caso de la explotación del carbón, el petróleo o el gas– corre el riesgo de repetirse para la agroenergía.

4. Los efectos sociales y ecológicos del modelo capitalista de desarrollo La toma de conciencia generalizada de que el modelo de producción y de consumo llevado a sus extremos por la lógica neoliberal trascendía los límites de lo tolerable fue progresiva. En los años cincuenta el Club de Roma predicó el crecimiento cero. En medio de la euforia económica de la época, aquello parecía incongruente, en contradicción con todos los paradigmas, sobre todo el del progreso lineal y la posibilidad, para las ciencias y las tecnologías, de resolver el conjunto de contradicciones económicas y sociales, a medida que se iban manifestando. Por otra parte, cuando determinadas capas sociales accedían por vez primera a un determinado nivel de consumo, semejante afirmación era políticamente inaceptable. El crecimiento cero aparecía como un regreso al pasado, una negación del derecho al desarrollo; en suma, una verdadera regresión. Sin duda, los autores del documento no insistieron suficientemente en que crecimiento cero no significaba disminución de la calidad de vida. Ciertamente, su posición consistía en decir que podía garantizarse una misma calidad de vida, con una utilización menos salvaje de los recursos de la naturaleza y, en particular, de la energía.

El desarrollo de los movimientos ecologistas y su emergencia en un plano político también fue un factor importante de esta toma de conciencia. Atraían la atención sobre factores visibles de inmediato, tales como la desaparición de ciertas especies animales, los daños a los bosques, la destrucción de los suelos, la contaminación del agua y del aire, la utilización irracional de la energía sobre todo en los medios de transporte. Sus numerosas campañas alertaron a la opinión pública, al punto de forzar a la totalidad de los partidos políticos a incluir el tema en su agenda.

Una fecha importante fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible.

Tuvo lugar en Estocolmo en 1987 y adoptó ese nuevo concepto, que se convirtió en un componente del discurso onusiano y, finalmente, internacional. La definición introdujo la noción del porvenir de las futuras generaciones. Un desarrollo sostenible es aquel que no ponga en peligro el futuro y permita, por lo tanto, a la par de servirse de los recursos naturales y, particularmente, de la energía, conservar el patrimonio universal para que pueda ser utilizado ulteriormente. La gran debilidad de la posición adoptada fue la de no poner el fenómeno en relación con el modelo de desarrollo económico. El documento de la Comisión Brundtland, por el nombre de su presidenta, antigua primera ministra de Noruega, indicaba que era indispensable tomar medidas de precaución, pero dentro de un modo de desarrollo económico que no se viera impugnado y cuya lógica predicaba finalmente lo contrario.

Empezaron a surgir en la literatura crítica posturas más globales que iban al fondo del problema, pero también partiendo de ciertos movimientos sociales como la coordinación de los

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movimientos campesinos, la Vía Campesina. El mundo campesino, primera víctima del modelo capitalista en el plano de la producción agrícola, era lógicamente el más indicado para alertar a la opinión pública. Tendremos ocasión en este sentido de ver con mayores detalles cuál es el análisis del Movimiento de los Campesinos sin Tierra (MST) del Brasil, sobre el desarrollo de la agroenergía.

Como la lógica del capitalismo estaba en el origen de la devastación de la naturaleza y de la utilización irracional de las fuentes de energía, hubiera podido creerse que los países socialistas, tanto los europeos como los de la periferia, habrían de manifestarse como una vanguardia del combate ecológico (de hecho, Carlos Marx, en quien se inspiraban, había afirmado desde mediados del siglo xix que el capitalismo destruía las dos fuentes de su propia riqueza, la naturaleza y el trabajo), pero no fue así. Efectivamente, los desastres ecológicos que se produjeron en varios países socialistas, y en particular en la URSS, procedían de dos fuentes principales. La primera fue que se situaban en la línea cientificista de la modernidad y adoptaban la creencia en un proceso lineal cuyo logro significaba dominar y explotar la naturaleza. La segunda era de orden práctico: el deseo de ponerse al paso del capitalismo con miras a elevar la capacidad de consumo de las poblaciones locales. Semejante cálculo implicaba inevitablemente una relación depredadora con la naturaleza, lo que explica las pocas precauciones para explotar las minas, el desvío de los ríos, la imprudente utilización de la energía atómica. Tal modelo fue admitido con facilidad puesto que no estaba vinculado a la acumulación del capital en manos privadas y por lo tanto estaba llamado a servir al bien común. A eso se añadieron las desviaciones autoritarias de un sistema político que era cada vez menos democrático, y de una planificación económica muy poco sensible a todo cuanto pudiera retrasar el progreso económico inmediato y su ulterior distribución en función de las necesidades sociales. Una de sus consecuencias fue un consumo intensivo de la energía fósil.

Desde los comienzos del siglo xxi, empieza a producirse una verdadera explosión de una conciencia nueva en la opinión pública. En efecto, las crisis sucesivas del mercado acabaron por alertar a los ciudadanos acerca de la falta de pertinencia del modelo neoliberal en su relación con la naturaleza y, en específico, en su utilización de los recursos energéticos, incluso más allá de sus consecuencias sociales. Esto se manifestó de dos maneras. En primer lugar, por las protestas contra los centros de decisiones económicas mundiales, tales como el Banco Mundial, el FMI, el G8, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comisión Europea. El evento más sobresaliente fue el de las manifestaciones en Seattle, a finales de 1999, en ocasión de celebrarse una primera reunión de la OMC, recién salida de las cenizas del GATT. Se juntaron toda una serie de movimientos y organizaciones que nunca antes se habían manifestado en común. Sindicatos obreros de Norteamérica, movimientos campesinos de América Latina, movimientos de los pueblos indígenas, movimientos de mujeres, movimientos de ecologistas, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, etc., lo que Michaël Hardt y Toni Negri llaman desdichadamente «la multitud».

Todos se reunieron para protestar contra las decisiones de un enemigo común, cuyas víctimas estaban en los diversos grupos. Por primera vez se impugnaba todo un sistema y no solamente las decisiones particulares de un organismo determinado.

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Al propio tiempo se desarrolló una convergencia del conjunto de esos movimientos y organizaciones, gracias a varias iniciativas: People’s Power Twenty One (PP21), en Asia; la reunión intergaláctica de los Zapatistas, en Chiapas, en 1996; el otro Davos, en enero de 1999, que reunió en Zürich y, más tarde, en Davos durante la conferencia anual del Foro Económico Mundial, a cinco grandes movimientos sociales de diferentes sectores: Movimiento de los Campesinos sin Tierra de Brasil, sindicatos obreros de Corea del Sur, cooperativas agrícolas de Burkina Faso, Movimiento de Mujeres de Québec, movimiento de desempleados en Francia, y a un cierto número de analistas como Susan George, Ricardo Petrella, Samir Amin, François Chenaix, y otros más.4 Marcó el inicio de un importante fenómeno social, el de los foros sociales mundiales, continentales, nacionales, temáticos. Una nueva conciencia social se desarrolló a nivel mundial y se promovieron o fundaron redes de actores al calor de esta nueva dinámica. El problema de la ecología y el de la utilización de los recursos energéticos estuvieron bien presentes, incluso cuando solo se estaba en los comienzos de un nuevo proceso.

Se sucedieron a continuación una serie de acontecimientos de índole política: la Conferencia de Naciones Unidas en Kyoto en 2002, seguida por la de Nairobi, las Conferencias de Expertos sobre el clima en París y en Bruselas, la Cumbre Europea, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el clima en Bali para dar continuidad a la de Kyoto, todas en 2007, la reunión de expertos en Polonia en 2008, etc. El ritmo de esos eventos se aceleró, al punto de convertirse en un elemento clave de las negociaciones internacionales. La idea descabellada, muy en la línea de una lógica mercantil, de un «derecho a contaminar» nació en el curso de esta evolución de la conciencia política. Esta consistía en que los países más gas con efecto invernadero se pusieran de acuerdo con los países que se mantenían «limpios» porque todavía no habían entrado en el modelo de explotación destructora del medioambiente, para poder disponer, finanzas de por medio, de la cuota de contaminación de aquellos. La lógica de esto era perniciosa pues hacía posible evitar un cuestionamiento al sistema en tanto este paliaba sus efectos más negativos. Es cierto que se previó disminuir progresivamente las agresiones más graves al equilibrio ecológico, pero sin alcanzar al modo de explotación de los recursos naturales que comporta la lógica del sistema. Aquí estamos de nuevo entonces volcados en la cuestión de la energía y de sus efectos ecológicos.

Permítasenos, en primer lugar, volver a hacer alusión a la película de Al Gore, La verdad que incomoda. Excelente síntesis, como dijimos, del estado de los conocimientos sobre la destrucción ecológica del planeta, la película ilustra de forma impactante la manera en que se degrada el universo natural bajo el efecto de la actividad humana. Llega en un momento muy propicio en los Estados Unidos, donde la administración del presidente Bush trataba de minimizar la gravedad de la situación y donde ciertos funcionarios, para apoyar la posición del poder político, no habían vacilado en modificar las conclusiones de un informe científico. En efecto, se trataba de conservar a toda costa el modo de vida norteamericano y de no tocar los intereses de los Estados Unidos a escala mundial. La buena conciencia del pueblo americano se veía así confortada en su papel de parámetro del desarrollo económico y de la gestión democrática del universo.

4

F. Houtart y F. Polet, L’Autre Davos, Paris, L’Harmattan, 1999.

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En cambio, la película de Al Gore manifestaba cierta valentía porque entraba directamente en contradicción con el ethos norteamericano. Demostraba que había prácticas humanas en el origen de las destrucciones ecológicas y que si el conjunto de la humanidad debía acceder un día al nivel del consumo de los ciudadanos de los Estados Unidos (y, por tanto, al nivel de los daños causados a la naturaleza) el planeta se vaciaría de sus especies animales y vegetales y finalmente de la vida, así de tajante. Por otro lado, no es impensable que los esfuerzos importantes que se dedican en los Estados Unidos a la investigación espacial no estén vinculados, entre otras cosas, a la idea de que algún día sea necesario conquistar nuevos espacios y colonizar nuevos planetas, para garantizar la continuidad de la existencia de la humanidad y, en primer lugar, del pueblo estadounidense. Con miras a prolongar su trabajo pedagógico, Al Gore donó su beneficio del premio Nóbel (un millón cien mil euros) a la Alianza para la Protección del Clima, organismo bipartita en los Estados Unidos, cuyo objetivo es la concientización mundial sobre el tema.

El problema de la película de Al Gore, personaje que Corinne Lesnes califica en Le Monde de ser un «revolucionario muy conveniente»,5 es que llega a conclusiones particularmente decepcionantes: la solución al problema ecológico, del que forma parte el agotamiento de determinadas fuentes de energía no renovables, sería de la incumbencia de los individuos.

Evidentemente, eso no deja de ser cierto y, lo reiteramos, es deseable que el mensaje se capte. Pero, a fuerza de recurrir a la conciencia individual, el autor ignora o finge ignorar las causas estructurales del fenómeno. Ciertamente, si la explotación de los recursos naturales, en particular en el campo de la energía, ha contribuido a un crecimiento tan espectacular sin tomar en consideración los factores externos sociales y económicos, es porque ha participado de manera decisiva en la acumulación del capital. Sin ella, las ganancias no se habrían disparado, las fortunas no se habrían constituido, los accionistas no habrían podido asentar su poder, y una minoría no habría podido atribuirse lo esencial del beneficio del desarrollo.

Consecuentemente, esperamos otra película que muestre cómo se lleva a cabo la explotación irracional de los recursos naturales y energéticos. Revelaría los nombres de los actores colectivos de ese género de prácticas. Sacaría a la luz las formas de actuar de las grandes empresas multinacionales del petróleo, de las minas, del negocio agrícola. Subrayaría los compromisos de los estados, al servicio de sus empresas multinacionales o sirviendo de intermediarios entre los intereses extranjeros y la explotación de su propio país.

Llegaríamos, entonces, a otras conclusiones. Lo que se pondría en tela de juicio sería todo un sistema y no solamente los comportamientos de los individuos.

Para entender el retraso que ha habido con las medidas de salvaguardia, hay que referirse también a prácticas corporativas. ¿Por qué los cabildeos petroleros frenaron durante tanto tiempo la investigación o la producción de las energías no contaminantes? ¿Por qué su publicidad hace hoy tanto hincapié en el rasgo presuntamente «verde» de sus actividades? ¿Por qué semejante silencio sobre los costos ecológicos y sociales de la producción de determinadas energías, incluso llamadas «bio»? La respuesta está bastante clara; lo que se trata, de hecho, 5

Corinne Lesnes, Le Monde, 14/15.10.07.

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es de preservar fuentes de beneficio y de no comprometerse en aventuras que podrían costar caro, lo que significa dar prioridad a intereses privados por encima del bien colectivo. Como veremos, todo ello permite al capital privado conservar su papel de motor de la economía. Y por eso un nuevo filme, La verdad que incomoda, segunda parte, vendría como anillo al dedo.

Indiscutiblemente, la simple nacionalización de los recursos energéticos no basta para hallar la solución. Hemos visto las sociedades socialistas y el caso de la China contemporánea resulta muy ilustrativo. Hay que de combinar dos factores de los cuales hablaremos en las conclusiones: por una parte, otra filosofía de la relación con la naturaleza y, por otra, un control democrático del bien común de la humanidad y, por tanto, de su vertiente energética.

La emergencia de las agroenergías solo puede entenderse si se le reposiciona en este marco general. Hace tiempo que se conocen, y en un país como Brasil, ya en el año 2000, más de trescientos autos rodaban con la «energía verde». Europa parece descubrir el fenómeno y hace propuestas en igual sentido. En todas partes se elevan voces para celebrar el nacimiento de una salvación: la agroenergía que permitirá reemplazar la energía fósil. Se dice que dejará de emitir CO2 a la atmósfera y a término el equilibrio del clima se restablecerá.

Sin duda, el sector energético no es el último implicado en la precarización del clima, pero desempeña un papel clave y por tanto una mejoría en ese sentido significaría un gran paso de avance, y en resumidas cuentas la esperanza de una solución definitiva. Ese es el discurso que se impone actualmente y parece alcanzar unanimidad en el mundo político.

He aquí por qué hay que dedicar un análisis al tema de la agroenergía. ¿Representa realmente una solución? ¿En caso de que así fuera, en qué condiciones? Como se trata de un tema esencial para la reproducción de la vida en la tierra y, por ello, para la supervivencia de la humanidad, vale la pena abordar el problema en todas sus dimensiones.

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Capítulo 2 Las crisis y sus respuestas La problemática de la utilización de las energías naturales es doble. Primeramente, se trata de responder a la preocupación de utilizar recursos renovables. Están los que siempre han existido (como el agua, el viento, el sol) y los que se reconstruyen por el ciclo de las estaciones, tanto en el hemisferio norte como en el sur y bajo todas las latitudes. En el caso de los últimos, se trata de producir energía a partir de la agricultura: el trigo o el maíz, la soya o la caña de azúcar, o, incluso, la biomasa de numerosas plantas como la palma oleaginosa (conocida como palma africana). Pues bien, las energías fósiles no son renovables, incluso si algunas tienen una esperanza de vida bastante larga aún. Es, por ejemplo, el caso del carbón, a diferencia del petróleo, el gas o el uranio.

Una segunda preocupación es la salvaguarda del medioambiente y del clima. El empleo de energías fósiles da lugar a una enorme emanación de CO2 y de partículas finas a la atmósfera, y pone en peligro no solamente el aire que se respira, sino también la capa de ozono y la alternancia de las estaciones. De ahí, el deseo de hallar alternativas que permitan a la vez no detener la construcción del bienestar de toda la humanidad ni tampoco destruir el universo. Ahora bien, el mundo sufre en la actualidad una doble crisis que viene a añadirse al quebrantamiento sistemático del capitalismo, no ajena a este último, por demás: la crisis energética que comenzó con el choque petrolero y la crisis climática, perceptible a partir de comienzos de los años setenta, y cuya conciencia no fue general hasta los albores del siglo xxi.

La agroenergía

1. La crisis energética y las energías no renovables La crisis energética proviene del final previsible de un ciclo, el del petróleo, del gas y del carbón, que además ha producido un incremento considerable de gas de efecto invernadero (que deja pasar la luz del sol y retiene una parte del calor), causa mayor del deterioro del clima. Ahora bien, la seguridad energética es una de las preocupaciones cardinales de los principales polos económicos del planeta y dejaría de existir en caso de ruptura o agotamiento de la cadena del petróleo. Por tanto, condiciona la posibilidad del crecimiento, indispensable para la economía de mercado capitalista y su modelo de desarrollo. Como en esa lógica el consumo general del mundo está supuesto a aumentar en un 60% entre el año 2000 y el 2030,6 a toda costa hay que buscar substitutos para las energías fósiles. La demanda de electricidad, en particular, que era de 14.767,75 kw en el 2000 pasaría a 26.018,000 kw en el 2025,7 lo cual exigiría un esfuerzo considerable de producción. Según la Agencia internacional de la Energía (AIE) de las Naciones Unidas, de aquí a 2030 para satisfacer el crecimiento de la demanda será necesario prever la inversión de 22 trillones de dólares en las infraestructuras energéticas. Es obvio que lo que está en juego es considerable.

Fuentes no renovables de energía son el petróleo, el gas, el carbón y el uranio. Vamos a pasarles revista sucesivamente. Las tres primeras son de origen fósil y suministran el 80% del consumo mundial. La AIE estima que en 2030 la proporción se mantendrá en los mismos rangos, incluso si el carbón vuelve a alcanzar mayor importancia. Esas tres fuentes han adquirido un lugar central, porque su rendimiento energético es alto. Conviene recordar, por ejemplo, que el primer combustible del motor diesel fue el aceite vegetal, reemplazado rápidamente por el petróleo, por ser más eficaz.

En 2006, el petróleo suministraba el 35% de la energía mundial, el carbón el 23% y el gas el 21%. Ahora bien, en la misma época su longevidad se estimaba en cuarenta años para el petróleo, sesenta años para el gas y doscientos para el carbón, respectivamente.

No es fácil hallar sustitutos, en todo caso, a mediano plazo. Tomemos solo un ejemplo, la agroenergía. Se estima que en 2012 ese sector va a representar solo el 2% del consumo, y podría elevarse al 7% en 2030, lo que exigiría la utilización de la suma de las superficies agrícolas de Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón. Incluso si todas las superficies cultivables de la tierra se dedicaran a la producción de energía, solo producirían 1.400 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Además, las necesidades actuales son de 3.500 millones y aumentan incesantemente, por lo tanto hay una crisis real y todo el problema consiste en preguntarnos cómo podremos conjurarla: ¿nuevas fuentes energéticas, en particular, renovables? ¿Ahorros de consumo en los distintos sectores? ¿Otro modelo de desarrollo? Ahora bien, este no es más que uno de los aspectos del problema, pues el tema del clima le está absolutamente asociado. Vamos, entonces, a adentrarnos en el examen de los recursos no renovables, los de origen fósil (el petróleo, el gas y el carbón) y el de origen mineral (como el uranio).

6 7

(Michel Bezat, 2006).

(J.M. Bezat, ibídem).

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La crisis y sus respuestas

1.1 El petróleo Desde hace cuarenta años se viene anunciando que en cuarenta años llegaremos al fin de la era petrolera, decía un humanista. No se equivocaba, porque, en verdad, el descubrimiento de nuevos yacimientos y la utilización de tecnologías cada vez más avanzadas han permitido retardar esos plazos. Pero nada va a impedir su fin, aunque se prolongue unos años más. Que el «pico» (momento en que la extracción petrolera comience a disminuir) se prevea en 2010 o en 2020 o, incluso, que ya haya tenido lugar, como dicen algunos, importa poco. En 2004, la AIE señalaba que de 48 países productores, 33 estaban declinando, entre ellos, Noruega (–7%), Gran Bretaña (–10%), México, Omán, etc. Mientras que los Estados Unidos se autoabastecían y alcanzaron su pico en 1970, en 2007 tuvieron que importar el 75% de su consumo. Son los consumidores de la cuarta parte del petróleo mundial, y no poseen más que un 3% de las reservas conocidas. Nada más que para compensar la totalidad de tales disminuciones, los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que poseen las reservas más abundantes, deberían aumentar su producción en tres millones de barriles diarios. Además, la demanda sigue creciendo. Su incremento fue de 83 millones de barriles en 2005 y podría alcanzar los 115 millones en 2015.8 Sin embargo, proporcionalmente, el petróleo ha disminuido en la masa energética, de un 50% en 1973, a un 36% en 2006.9 El petróleo es sobre todo importante para el transporte y la calefacción. Entra en un 7% en la producción de la electricidad mundial. Es cierto que el aumento espectacular de su precio incita al ahorro.

Las principales reservas son las siguientes: Arabia Saudita (264,3 miles de millones de barriles), Irán (137,5 miles de millones), Iraq (115 miles de millones), Kuwait (101,5 miles de millones). Rusia está por debajo de los 100 mil millones de barriles. Incluso si algunos estiman que esas previsiones son demasiado optimistas, sí brindan una base suficiente como magnitudes. Permiten en todo caso entender sin necesidad de otras explicaciones la geoestragtegia de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Así, Iraq posee un petróleo de bajo tenor de azufre y su costo de explotación no sobrepasa los dos dólares el barril. Se trata, por ende, como señala Mahomed-Ali Zainy, del Centro de Estudios para la Energía Global, de Londres, «de un El Dorado petrolero del que los grandes (las cinco mayores compañías petroleras) reclaman su parte».10 Gracias a la guerra, Chevron se lleva la delantera y reemplaza a Total, que antes era el que estaba activo en el país (ELF en esa época). Pero una alianza entre los dos gigantes, que combinan experiencia en el terreno, por un lado, y ventaja estratégica, por otro, acaba por consumarse; «el matrimonio ideal», según Rula Izan, del Energy Intelligence Group.11 En términos de economía, incluso cuando las compañías nacionales actualmente controlan de forma mayoritaria los yacimientos, la gestión económica internacional del sector sigue dominada por los «grandes», es decir, por las cinco principales compañías petroleras mundiales: Exxon, Shell, Chevron, BP y Total. En 2006, solo Exxon tenía una cifra de negocios de 8 9 10 11

Les Clés de la Planète, Agir pour la Terre, Tolosa, Milán Presse, 2007, 32.

Oscar René Vargas, Geopolítica en el Siglo XXI, Managua, Certen, 2007, 73.

Citado por Marc Roche, Le Monde, 11.08.07.

Ibídem.

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La agroenergía

450 mil millones de dólares más que el PIB de 180 de los 195 países miembros de la Naciones Unidas. Sin embargo, según Patrick Brocoren, de la Universidad de Mons, la producción controlada por esas compañías caerá en un 5% entre 2001 y 2006.12 El espectacular aumento de los precios del petróleo en el curso del año 2007, que llevó el barril a más de cien dólares, no cambia evidentemente el declive previsible de esta fuente de energía. Incluso es parcialmente una de sus consecuencias. Incita a la vez a hacer retroceder las fronteras de las zonas de explotación (territorios indígenas, reservas naturales) y a reforzar la competencia entre antiguos consumidores industriales y países emergentes. En cuanto al aumento del precio del petróleo en función de su escasez, esto ya afecta a los más pobres, incapaces de soportar sus repercusiones sobre el precio de los transportes, de los productos alimentarios y de la calefacción, mientras que los más ricos apenas refunfuñan cuando tienen que pagar por mantener su estilo de vida. Reforzar el poder adquisitivo del 20% de la población entra, por supuesto, en la lógica de la reproducción del sistema. A principios de 2008, Exxon anunciaba para el ejercicio de 2007 el beneficio récord de toda su historia. Añadamos que la utilización de hidrocarburos pesados, arenas asfálticas o esquistes bituminosos que abundan en los Estados Unidos y Canadá no parece apenas representar una respuesta satisfactoria, en razón del costo prohibitivo de su explotación, incluso si el aumento espectacular del precio del petróleo suscita ardores nuevos.

1.2 El gas Se estima que la utilización del gas natural emite, en comparación con el petróleo, una tercera parte del GEI. Es prácticamente inofensivo en dióxido de azufre (SO2). Pero, igual que en el caso del petróleo, las reservas son limitadas. Si actualmente el gas respalda el 21% del consumo de energía y el 20% en la producción de electricidad, su esperanza de vida aproximada es de unos sesenta años a partir del umbral de 2005. Otro cálculo, que toma en consideración en conjunto el consumo energético mundial, llega a la conclusión de que el gas, si debe responder únicamente a la demanda, permitirá cubrir 18 años de necesidades planetarias. Todo ello son magnitudes. Pero la realidad es que ciertos yacimientos están declinando. Así, el gas de Gran Bretaña y de los Estados Unidos ha aventajado en 10 y 28 años, respectivamente, las previsiones de declive.

En noviembre 2007, en la sexta Conferencia sobre el gas natural que tuvo lugar en Doha, el representante de Qatar, el principal país productor de gas licuado, abogó en favor de una fórmula menos volátil y en mejores condiciones de dar respuesta a una constante demanda de aumento. Propuso que se desvincule el precio del gas del precio del petróleo.

Por otra parte, hay en curso inversiones para recuperar el metano de la explotación de hulla. Así, la Lorena podría suministrar 30 mil millones de metros cúbicos y en Valonia se estiman las reservas en dos gigametros, lo que en 25 años significaría el equivalente de la producción de 10.000 eólicas.13 En Lons-le-Saunier, en el Jura francés, la compañía European Gar Ld., filial de la australiana Kimberley Oils, se propone utilizar el metano.

De todas formas, eso lo único que permite es retrasar los vencimientos.

12 13

Le Soir, 02.10.07.

Le Soir, 23/24.09.06.

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1.3 El carbón El carbón está en mejor situación en cuanto al estado de sus reservas (para unos doscientos años, sobre la base del consumo actual), pero por desgracia no existe un clean coal. En efecto, se estima que su utilización provoca la emisión a la atmósfera de 9.000 millones de toneladas de C02 al año. En 2004, entraba en un 39% en la producción mundial de electricidad (en China, 67%) y como se sabe que la demanda de esta última debería aumentar en un 60% de aquí al 2030, es grande la tentación de recurrir al carbón para responder a la demanda. Eso es precisamente lo que los países emergentes están haciendo. En opinión de Faraad Zakaria, China y la India, de aquí al año 2012, debían construir 800 nuevas centrales de carbón para poder absorber cinco veces las reducciones que el Protocolo de Kyoto prevé.14 China, en particular, habría de poseer 118 mil millones de toneladas de reserva, o sea, el 13% del conjunto del universo, o el equivalente a medio siglo de su utilización actual para el país. Añadamos este dato aterrador: ¡en 2006 en China las minas de carbón costaron la vida a 6.000 trabajadores!

Pero no solo los países emergentes están pensando en el carbón, frente al aumento rápido del precio del petróleo, los Estados Unidos prevén construir 80 nuevas centrales antes de 2012.

Además, la importancia de la contaminación por la producción térmica de la electricidad a partir del carbón quedó demostrada por una experiencia inesperada. El 15 de agosto de 2003, el noreste de los Estados Unidos y el sur de Canadá sufrieron una interrupción de 29 horas en el suministro de electricidad. El resultado fue una disminución del 90% del dióxido de azufre en la atmósfera, de la mitad del ozono troposférico, y del 70% de las partículas que se fijan en las nubes, y, en cambio, se produjo un aumento de 40 km de visibilidad.

Enterrar en el suelo o sumergir en los océanos el gas carbónico es también una solución propuesta. Se trata de captar el dióxido de carbono emitido por las centrales eléctricas que funcionan con combustibles fósiles (sobre todo de carbón, pero también el petróleo y el gas) y de inyectarlo en el suelo, es lo que se llama CSC (captura y almacenamiento del carbono). Así, la empresa Veolia, en Francia, se propone a partir de 2012 inyectar 200.000 toneladas de CO2 en el acuífero salino de Clève-Souilly en Seine y Marne, a 1.500 m de profundidad, y TOTAL anuncia que a partir de 2009 la empresa almacenará 75.000 toneladas de CO2 en Cacq, en los Pirineos-atlánticos. La empresa sueca Vattenfall tiene la intención de hacer lo mismo en Dinamarca en 2013. La Unión Europea estima que se podría reducir en un 20% las emisiones de gas carbónico por este método, pero eso significaría un costo suplementario, de aquí al año 2015, de unos seis mil millones de Euros solo para la construcción de 12 plantas de «demostración». Los partidarios de esa solución han puesto en evidencia que daría resultados mucho más inmediatos que la fusión nuclear, para la que se han comprometido 10 mil millones de euros.15 En cuanto al hundimiento en los mares, corre el riesgo de contribuir al calentamiento de los océanos, con innumerables consecuencias de las que hablaremos más adelante.

Es verdad que las técnicas de gasificación y de licuefacción del gas pueden mejorar los rendimientos del CO2. China podría almacenar mil millones de toneladas. Arabia Saudita acaba 14 15

Newsweek, 23.04.07.

Hervé Kempf, Le Monde, 15.03.2008.

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de constituir un fondo de 3 mil millones de dólares para investigaciones en este campo. La utilización del carbón en los centros eléctricos, si se toman esas precauciones, podría reducir de un 15 a un 20% la emisión de los GEI; pero existe otro inconveniente, esas tecnologías son costosas en agua y para el caso de China no es una buena noticia porque el país está permanentemente en estado de crisis hídrica. La empresa americana Ashmore Energy, especializada en la gasificación del carbón, aspira a poder mejorar el rendimiento hasta reducir la contaminación en un 90%. Eso es exactamente lo que propuso esa empresa al gobierno de Nicaragua. De todas maneras, frente a la penuria de otras fuentes energéticas, el carbón retorna a primeros planos. Se espera retirar 250 millones de toneladas del departamento de la Nièvre, en Francia, pero su utilización masiva no permite contemplar una mejoría de los efectos climáticos, sino lo contrario.

1.4 El uranio En 1942 apareció el primer reactor en los Estados Unidos que permitió transformar el calor en electricidad. El nuclear entra aproximadamente en un 16% en su producción mundial. Francia se distingue en este sentido porque en ese país en 2006 se estaba hablando de un 76% con 59 reactores. En Europa, 164 reactores suministran el 28% de la corriente eléctrica. En el Reino Unido, el más antiguo parque nuclear europeo, las 14 centrales en actividad suministran el 20% de la electricidad y 9 de ellas cerrarán antes de 2015. En el plano de la eficacia inmediata, la energía nuclear dispone de numerosas ventajas. Así, 25 kg de uranio producen 1 gigavatio de electricidad, lo cual exigiría en una central térmica 2,7 mil toneladas de carbón. Por demás, las 441 centrales nucleares que hay en el mundo evitan emitir 3.000 milliones de toneladas de CO2.16 Además, de cara a un petróleo que está cada vez más caro, la salida del nuclear exigida por los movimientos ecologistas se pone cada vez más en el orden del día. No solo Francia sigue vendiendo reactores en todo el mundo, sino que Gran Bretaña decidió, a principio del año 2000, revisar su política, y otro tanto sucede en Finlandia. No es solo Alemania quien se pregunta qué decisiones tomar en tal sentido. Pero no olvidemos que el uranio no es renovable y que las reservas también se agotan. Si solo de uranio se tratara la totalidad de los recursos daría respuesta a 1,5 años de los requerimientos mundiales de energía.

Es verdad que las tecnologías evolucionan. En 2005 Francia lanzó el reactor de agua presurizada (EPR) de tercera generación, y prepara una cuarta generación para mediados del presente siglo, particularmente, de las centrales de neutrón rápido y utilizando el isótopo 238, cuyas reservas se calcularan en miles de años. Así lo anuncia el Comisariado de Energía Atómica (CEA). Al propio tiempo la fusión (de dos núcleos de carga positiva) podría un día quebrar la fisión (fraccionamiento en dos de los núcleos de uranio). A principios de 2008 comenzaron en Cadarache (Val d’Isère) los trabajos del International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), para cuyas investigaciones 34 naciones aportaron 10 mil millones de euros. La fusión tiene la ventaja de no presentar peligros de aceleración (Three Mile Island et Tchernobyl) ni producir desechos de débil radiosidad y de corta duración. Los expertos se 16

Patrick Moon, El País, 22.07.06.

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muestran optimistas, pero esa apuesta tecnológica no recibe el beneplácito general. Algunos, menos entusiastas por el fracaso del superfénix, hablan de proyecto faraónico cuyas posibilidades de éxito son mínimas.

Uno de los problemas que frena el desarrollo de la solución nuclear es el de los desechos.

Actualmente existen tres modalidades: el retratamiento del combustible usado, pero que deja «desechos últimos» no quemados; el almacenamiento bajo tierra o bajo los océanos, que plantea problemas para las generaciones venideras porque se trata de plazos de millones de años antes de que la materia pierda su radioactividad; y, finalmente, el aplazamiento, lo cual no puede durar indefinidamente.

Las reacciones contra los peligros de almacenamiento se multiplican en el mundo. En los Estados Unidos el gobierno federal ha decidido enterrar en Nevada el combustible usado generado por el centenar de centrales nucleares que suministran el 20% del fluido eléctrico del país y los desechos procedentes de actividades militares. Se trata de crear 65 km de galerías a 300 m bajo tierra y a 300 m por encima del manto de agua subterráneo, y de colocar los desechos nucleares en 11 mil cilindros de alianzas metálicas que puedan recubrirse con una protección suplementaria de titanio. El departamento de energía afirma que no empezarán a oxidarse hasta dentro de 80 mil años. Los habitantes de Nevada temen que las infiltraciones de agua a través de las fallas de las rocas pongan el proyecto en peligro, tanto más cuanto que la ciudad de Las Vegas, en plena expansión no está nada lejos del lugar. El sitio que debió abrirse en 1998 tuvo que diferir este plazo hasta 2020 y ya ha costado unos once mil millones de dólares. Entretanto, hay lugares provisionales de acogida de desechos en 121 puntos y los productores incriminan judicialmente al Estado federal por los retrasos acumulados, lo que a este ha costado ya 300 millones de dólares. El problema se transformó en un estandarte de la campaña electoral de 2008, pues el candidato republicano defendía el proyecto y los dos pretendientes demócratas reclamaban que se interrumpiera.17 Los partidarios de esta fuente de energía la ponían en paralelo con las consecuencias ecológicas de la producción de electricidad a través del carbón. Con 25 kg de uranio se produce un gigavatio de electricidad, lo cual exigiría 2,7 toneladas de carbón y produciría 8 millones de toneladas de CO2. Por supuesto, volveremos más adelante sobre este aspecto de problema. Algunos, como Patrick Moore, presidente de Greenpirit Srategies, en Canadá, estima que las 441 centrales atómicas que funcionaban en el mundo en 2006 evitaron la emisión de casi tres mil millones de CO2.

Antes de dar por terminado este tema, no podemos silenciar el riesgo de accidentes nucleares, incluso si está controlado en buena medida, ni olvidar que también en este campo las condiciones sanitarias y sociales de la producción de la materia prima con frecuencia son lamentables, por no decir criminales, particularmente en un país como Kazakhstán o incluso en África. Varios estudios en Alemania, Inglaterra y Francia han destacado los efectos negativos del funcionamiento de las centrales sobre la salud (leucemia y otras formas 17

Gaëlle Dupont, Le Monde, 20.03.08.

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de cáncer).18 En el estado actual de las cosas, no podemos sino comprobar que la solución nuclear no aporta respuesta convincente ni a las necesidades a largo plazo ni al problema ecológico.

Por tanto, hay que llegar a la conclusión de que la crisis de las energías no renovables es real.

Al ritmo actual su utilización agotaría la totalidad de las reservas mundiales en 2100. De ahí, el interés en las soluciones sostenibles y, en particular, en la agroenergía. La gran interrogante es saber en qué medida se podrá asumir el reto. Pero antes de eso hay que abordar otra dimensión: la incidencia de la utilización de la energía sobre el calentamiento climático.

2. La crisis climática o el recalentamiento del planeta La crisis climática es a las claras resultado de la actividad humana. El Grupo Intergubernamental sobre la Evolución del Clima (GIEC), encargado de sentar las bases de la ciencia física del clima, estimaba en 2007 que ese hecho estaba demostrado en un 90%.

Durante un tiempo se creyó que la actividad solar podría ser el origen de una parte importante del fenómeno. Además, lo que llamamos la «activación solar» se presenta dos veces menos elevada de lo que se pensaba en 2001 y diez veces menos importante que el efecto de los GEI de origen antrópico.19 La parte de los carburantes está ciertamente lejos de resultar poco significativa en tal sentido. A título ilustrativo, los 800 millones de automóviles que se censaron en el mundo a principios del milenio consumen más del 50% de la energía producida.20 Se estima que en Europa el 22% de las emisiones de CO2 se deben a los autos.

2.1 El papel del gas con efecto de invernadero (GEI) El calentamiento de la tierra no es cosa nueva. Las investigaciones sobre las capas glaciares han demostrado que hace aproximadamente cincuenta y cinco millones de años hubo en la tierra un largo periodo de recalentamiento climático que duró unos doscientos mil años, al parecer, provocado por una serie de fuertes erupciones volcánicas que tuvieron como consecuencia el aumento del nivel de CO2 en la atmósfera.21 Pero, según los mismos autores, las emisiones naturales deben haberse mantenido estables durante medio millón de años. Durante ese periodo se produjo un efecto de compensación, pues las plantas absorbían la enorme cantidad de CO2 que liberaba la descomposición de las materias orgánicas.

El crecimiento de las emisiones de gas de efecto invernadero empezó con la revolución industrial y se acentuó considerablemente durante la etapa neoliberal del capitalismo, es decir, a partir de los años 1970. Ciertamente, ese modelo de desarrollo privilegió, como se ha indicado antes, un crecimiento económico exponencial de una minoría de la población mundial, incluida la de la periferia del mundo industrializado. Gracias a las políticas de liberalización 18 19 20 21

Le Monde, 12.12.07 Catherine Ferrieux, Un verdict sans appel, Sciences et Avenir, marzo-abril 2007, 6.

Risal, 12.03.07.

Catherine Brahie y al.., Courrier International, 20-26,09.07.

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se ha puesto el acento más que nunca sobre el valor de cambio, lo cual amplió la movilidad de los capitales, de los bienes y servicios y la utilización de las energías fósiles.

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones permitieron una separación cada vez mayor entre producción y consumo, pero al propio tiempo acrecentaron la necesidad de transporte y, en consecuencia la contaminación atmosférica. La movilidad individual resultó priorizada y promovida. La urbanización se acentuó, sobre todo por la rápida transformación de la agricultura campesina en capitalismo agrario. Esta orientación constituye actualmente, por demás, una de las nuevas fronteras de la acumulación del capital, y hace prevalecer el monocultivo, que es destructor de la biodiversidad y utiliza intensamente productos químicos. Ese proceso, por otra parte, se amplía por la producción de los agrocombustibles. Conviene añadir como corolario social las migraciones hacia las ciudades. Además, según la Conferencia Internacional sobre la Urbanización, celebrada en Madrid en 2007, la concentración urbana deberá involucrar al 66% de la población mundial de aquí a 2050 y se sabe que las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero.

Además, la importancia del capital financiero permite a este último establecer las reglas del juego de la economía mundial, y dar prioridad a los rendimientos financieros, no solamente en detrimento de la lógica del capital productivo, sino también ignorando las realidades de orden social o ecológico consideradas más que nunca externalidades.

En suma, el tipo de consumo resultante de la lógica neoliberal exige una explotación creciente de los recursos naturales, especialmente en el plano energético. El resultado es una contaminación múltiple y un deterioro progresivo del clima. El progreso económico se traduce en un desprecio al medioambiente, al punto que se estima que un europeo produce como promedio 10 toneladas de CO2 por año y un norteamericano, 20 toneladas.22 El efecto invernadero no es negativo en sí, por el contrario. Es en primer lugar un fenómeno natural por medio del cual la atmósfera retiene una parte de la energía solar y mantiene entonces una cierta temperatura en el planeta. Sin él, la temperatura promedio de la tierra sería de –18°C, y no de 13 a 15°C. Se vuelve negativo cuando la concentración de ciertos gases aumenta al punto de calentar la tierra más allá de lo requerido para la vida de las especies vivas, y destruye así el equilibrio térmico. Lo anterior atañe a gases como el dióxido de carbono (CO2) o gas carbónico, presente de manera natural en la naturaleza, y esencial para el crecimiento de las plantas, pero liberado en cantidad excesiva por la actividad humana; el metano (CH4), principal elemento del gas natural producido por la fermentación de desechos orgánicos (en particular en los arrozales bajo agua, y también en los desechos domésticos y la descomposición de la celulosa en los estómagos de los rumiantes); el dióxido de nitrógeno, el óxido nitroso, fruto a la vez de los incendios de bosques, de la combustión de energías fósiles y de la utilización de fertilizantes nitrogenados, el hemióxido de nitrógeno emitido por el estiércol y el dióxido de azufre. Hay que añadir también el ozono de las capas activas de la atmósfera (troposfera), que proviene de actividades humanas que generan monóxido y dióxido de nitrógeno.23 22 23

El País, 03.12.07.

Vicente Barros, El cambio climatico global, Bogotá, Desde Abajo, 2004, 46-65.

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Sin embargo, el gas carbónico (CO2) es el principal agente destructor. Cada año son lanzados a la atmósfera 300 millones de toneladas. El ozono entra en un 81% en las emisiones de los países industrializados, contra el 10% que representa el metano (CH4), el 6% que significa el óxido nitroso y 3% que son los demás gases.24 Incluso si los estimados difieren en los cálculos, las proporciones siguen siendo similares. Por tal razón el CO2 atrae tan particularmente la atención. Efectivamente, en 650.000 años de historia del clima, revelada por las burbujas de aire prisioneros en los glaciares de la Antártica, la segunda mitad del siglo xx sobrepasa en un 130% el valor máximo de emisión de carbono observado en el curso de los últimos cinco ciclos glaciares.25 Se estima que el contenido en dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera terrestre ha aumentado en un 30% desde 1750, y el del metano en un 150%, a la vez a causa de la utilización de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón y a causa de la destrucción de los bosques tropicales y de los ecosistemas capaces de contrarrestar tales efectos. En el presente, afirma Pierre Friedlingstein, del laboratorio de las Ciencias del Clima y del Medioambiente en París, la humanidad emite ocho veces más CO2 en la atmósfera que los mil millones que producía en 1900 y los tres cuartos que proceden del consumo de energías fósiles, ya que el resto se debe a la deforestación.26 En 2005, el World Resource Institute estimaba que las fuentes de emisión del CO2 se repartían de la manera siguiente: un 31% de la industria, un 19% del sector residencial y terciario, un 14% de los transportes (10% por carretera, 2% maritimo y 2% aéreo), un 18% de la agricultura y un 18% de la deforestación. Además, es importante notar que el fenómeno crece. En Bélgica las emisiones de CO2 se triplicaron entre 1961 y 2003.

Según la AIE las emisiones de CO2 están llamadas a aumentar en un 57% de aquí al año 2030, si no se actúa para remediarlo, lo que significaría una elevación de 3 °C en la temperatura. En el curso del siglo xx (1906-2005), esta aumentó en 0,74%. En cuanto a la distribución del alza promedio prevista para el siglo xxi, se sitúa entre 1,8 y 4,0 °C.27 Si bien la utilización de los carburantes de origen fósil no constituye la única fuente de contaminación climática, no se puede pasar por alto que es un elemento muy importante. Con frecuencia resulta difícil establecer qué porción ocupa en las estadísticas. En Bélgica, por ejemplo, un país altamente industrializado, se estima que las emisiones de gas con efecto invernadero se deben en un 40% a la industria, en un 22,8% a la calefacción de los edificios, en un 7,7% a la agricultura y en un 30% a los transportes. En Europa, la cifra de este último sector es de un 27%. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que en los países desarrollados la parte automotriz en la emisión de gas de efecto invernadero es del 30% y que esta proporción crece constantemente.28 En los Estados Unidos, según Lesther Brown, la calefacción de los edificios tiene un peso del 40% en la emisión de los GEI. El aumento de CO2 en la atmósfera lo promueve en primer lugar el crecimiento de la movilidad individual, y luego, la liberalización de una economía globalizada. El crecimiento de la 24 25 26 27 28

Michel Destrot y al, Energie et Climat, Paris, Plon, 2006, 14.

Sciences et Avenir marzo-abril , 2007, 10.

L’ennemi climatique N°. 1, Sciences et Avenir, Ibídem, 30.

Giec, 2007.

Human Development Report, 2007-2008, 11.

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movilidad individual actualmente está abocado a su propia contradicción: embotellamiento de carreteras, enlentecimiento de la circulación, pérdida de horas de trabajo, despilfarro de carburantes, deterioro de las infraestructuras viales, emisión de GEI; en Francia el tráfico por carretera ha crecido en 43% en 15 años después de 1990. La liberalización de la economía globalizada conlleva una deslocalización y descentralización al punto de necesitar transportarlo todo. La democratización del auto individual se ha asociado a una nueva orientación de las economías industriales, el principio de just in time o del flujo forzado, que libera los inventarios para ponerlos a rodar, y la política del ensamblaje de elementos que proceden de lugares diferentes. Una vez más, las externalidades no se toman en consideración. O es mejor decir que se socializan, es decir, que son pagadas por la colectividad (daños climáticos, gastos de obras públicas, de salud, etc.) o, por el contrario individualizadas, o sea, soportadas por las personas, como si se tratara de la suma de decisiones particulares y, por ende, fueran responsables (tiempo de los ruteros, transportes individuales para ir al trabajo, etc.). Con lógica semejante, la única esperanza es que el costo termine por afectar el margen de beneficios de las empresas y consecuentemente el proceso de acumulación del capital.

Otro factor es, entonces, la explosión de los transportes en el marco de la globalización neoliberal de la economía. Entre 1990 y 2003, los transportes han crecido mundialmente en un 20%, para el transporte marítimo en particular un 26,2% y para el transporte aéreo un 25,6%. El comercio marítimo mundial ha pasado de 2,5 mil millones de toneladas en 1970 a 6,1 en 2003. La flota de contenedores, que era de 2600 en el año 2000, llega a 3.500 en el 2005 y a 4.000 en el 2008. En Europa hay una explosión del tráfico aéreo (más de un 73% entre 1990 y 2003) –en gran parte debido a la influencia de las compañías low cost (bajo costo)– y las previsiones de la Comisión Europea para 2012 anuncian una elevación de un 112%. En Francia, la emisión de CO2 por los transportes por carretera se ha multiplicado por 6,4 entre 1960 y 2000.29 La liberalización generalizada de los intercambios promovida por la OMC, estimula una «globalización» de los productos, donde la ley de la competencia saca partido de las desigualdades sociales y de las exigencias ecológicas diferentes (algunos hablarán de ventajas comparativas). Ello conduce a aberraciones. Stéphane Lauer señala entonces que las fresas chinas son muy competitivas en comparación con las de Périgord, dentro del propio hexágono, pero hay que dedicarles veinte veces más petróleo.

Explica también que la distancia promedio que recorren la leche, las frutas y el material plástico para transformarse en un envase de yogurt es de 9.000 km, y cita a Alain Morcheoine, de la Agencia para el Medioambiente (Ademe), quien escribe «Entre un cuarto y la mitad del peso de un pantalón vaquero se emite en CO2, a causa de la deslocalización de la producción».30 Igual cabe decir de otros ejemplos, desde los vegetales frescos de Sudáfrica, los pescados del lago Victoria o las flores de Costa Rica, Colombia o Ecuador, que diariamente van a parar a los supermercados de Europa o de los Estados Unidos.

Por su parte, la ganadería es también una de las grandes culpables de las agresiones que sufre el medioambiente. La FAO así lo afirma en un informe del 29 de noviembre de 2006. En ciertos aspectos sería incluso más perjudicial que el transporte. Esa actividad es responsable 29 30

Le Monde, 12.06.06.

Le Monde, 12.06.06.

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La agroenergía

del 65% de las emisiones de hemióxido de nitrógeno, al potencial de calentamiento global, 296 veces más alto que el de CO2, y esencialmente imputable al estiércol. Además, el ganado produce el 37% de las emisiones de metano, resultantes de la fermentación anaeróbica de la materia orgánica (la misma que se produce también en los suelos inundados de los arrozales) en el curso de la actividad digestiva de los rumiantes. Además, ese gas es 23 veces más nocivo que el CO2. Las cifras de emisión atribuibles a la ganadería serían de 70 a 75 millones de toneladas de GEI por año.31 A ello se añade, seguimos citando a la FAO, que el 30% de las superficies emergidas son pastos y que el 33% de las tierras cultivables se utilizan para producir la alimentación del ganado. A los fines de su extensión, se destruyen los bosques y el 30% de los pastos se degradan por la sobreexplotación, lo que provoca la contaminación de las aguas, el apisonado y la erosión de los suelos y también la disminución de las bacterias (microorganismos) en el origen del ciclo de las precipitaciones (lluvia y nieve), lo que el profesor David Sands de la Universidad de Montana llama en un estudio publicado en la revista Science, la bioprecipitación.32 Además, esa actividad se considera entre las más perjudiciales para los recursos hídricos. Máxime si se espera un fuerte aumento, de aquí al año 2050, en la demanda de carne, que deberá pasar de 229 a 465 millones de toneladas, pero siempre para un mundo desigual: un indio consume como promedio 5 kg por año y un norteamericano estadounidense, 123.33 Para citar un ejemplo concreto, en Bélgica la asociación flamenca Ethische Vegetarische Alternatief (EVA) en una encuesta publicada a propósito de la Jornada Mundial del Vegetarianismo, en 2007, reveló que cada año se sacrifican 285 millones de animales destinados al consumo, lo que hace que participen en una quinta parte de las emanaciones de GEI.34 Si nos hemos detenido en el tema de la agricultura no ha sido para exonerar a los carburantes de origen fósil, sino más bien para demostrar que la lógica que ilustra la irracionalidad del modelo es la misma en los diversos campos. El objetivo es satisfacer en primer lugar el consumo del 20% más rico en el mundo, sin preocuparse del costo colectivo que ello supone, con tal que no afecte las ganancias del capital. En efecto, es ese modelo de producción el que más contribuye a la acumulación del capital. Lo esencial de la producción agrícola y, sobre todo, su extensión productivista, se lleva a cabo con arreglo a un esquema que también encontramos en el caso de los agrocombustibles: monocultivo, capitalismo agrario, empresas transnacionales que monopolizan los insumos y la comercialización, promoción de los OGM, y destrucción de la agricultura campesina.

Todo ello afecta los cambios climáticos y arrastra un cortejo de consecuencias. Ya se señala que la cantidad de tormentas en el mundo ha aumentado cuatro veces entre 2004 y 2007.

El calentamiento de la tierra es sensible. Los expertos del GIEC estiman que más allá de un umbral de 2ºC, las consecuencias serán muy graves, y que para evitarlas sería preciso reducir las emisiones de gas de efecto invernadero de aquí al año 2050 en un 50%. De no 31 32 33 34

Sciences et Avenir, n° 150 marzo-abril 2007, 8.

Le Soir, 11.03.08.

Gaëlle Dupont, Le Monde, 05.12.06.

Wall Street Journal, 10.10.07.

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La crisis y sus respuestas

lograrse, escribe el climatólogo norteamericano James Hansen, director del Goddard Institute for Space Studies, en los Anales de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos del 26 de septiembre de 2006, «veremos un planeta diferente del que conocemos». Ese sabio llegó a la conclusión de que las temperaturas actuales se sitúan en lo alto de la distribución estadística de las que prevalecen desde principios del Holoceno, hace 12.000 años.35 Lester Brown, presidente del Instituto para las Políticas de la Tierra, de Washington, se muestra muy radical en sus conclusiones. Estima que el GIEC tiene un retraso de dos años en sus cálculos y que habría que reducir en 80% las emisiones de GEI de aquí a 2020 para dar respuesta al problema del calentamiento.

2.2 El debilitamiento de los pozos de carbono No solo la producción de CO2 actúa sobre el clima. Hay que añadir también la disminución de la capacidad de absorción de los llamados pozos de carbono, es decir, los mares y las regiones boscosas. Según los Anales de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos (2007), si la tasa de CO2 ha aumentado desde 2002 en un 35%, esto se debe en un 50% a un fuerte uso de combustibles fósiles y la otra mitad es imputable a un declive de la capacidad de absorción por los bosques y los océanos. Mientras que las primeras se reducen como piel de onagro, estas últimas cada vez están más contaminadas. Esos dos pozos de carbono, según la misma fuente, absorbían la mitad de los GEI. Además, cada año, la tasa de CO2 resulta ser la más elevada desde 600.000 años y quizás hasta de los 20 últimos millones de años.36 Los bosques Hay diferentes clases de bosques: los que llamamos naturales o primarios, y entre estos están los bosques tropicales, y los que se han plantado por razones económicas (destinados a la exportación) o ecológicas (para la protección de zonas urbanas). A los bosques naturales les llaman «cubetas de carbón». De hecho, los árboles absorben el CO2 para llevar a cabo su crecimiento. Ello permite reciclar el aire y, por tanto, frenar el calentamiento climático. La totalidad de los bosques absorben en el mundo entre tres y cuatro gigatoneladas (mil millones de toneladas) por año.37 En el mundo hay tres grandes zonas de bosques tropicales.

La Amazonia, llamada el pulmón verde, el África Central y el sur de Asia y, en particular, Indonesia y Malasia, además de regiones de menor importancia como América Central y Papuasia.

Según datos de la Organización Internacional de Bosques Tropicales (OIBT), grupo formado por los 59 países integrantes, la superficie aludida se calcula en 816 millones de hectáreas. Cada año se destruyen unos quince millones de hectáreas. La FAO, con criterios algo diferentes, los estima en 1,2 millones de hectáreas. Además, el conjunto de los bosques naturales, tropicales en su mayoría, absorbe dos gigatoneladas (2G+T) de carbono cada año, o sea, la cuarta parte de la producción humana mundial de CO238.

35 36 37 38

Citado por Stéphane Foucart, Le Monde, 29.09.06.

Le Soir, 23.10.07.

El Atlas del medioambiente, Le Monde Diplomatique, 2007, 33.

Sciences et Avenir, marzo-abril 2007.

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La agroenergía

Cada año se pierden o modifican 6 millones de hectáreas de bosques primarios y únicamente el 4,4% de los bosques tropicales son objeto de un ordenamiento con miras a su perennidad. En quince años, según la FAO, el 3% de los bosques habrá desaparecido. El PNUD afirma que entre 2000 y 2005, se habrán destruido 73 000 km2 de bosques, o sea, la superficie de Chile.39 Las razones son diversas: explotación comercial de la madera, intrusión de otros cultivos o de ganadería (más rentables que la explotación del bosque),40 utilización de la madera como combustible por las poblaciones locales.

Algunas situaciones concretas permiten comprobar esos hechos. La selva amazónica se extiende en 6 762 km² y por cinco estados importantes de América del Sur. Brasil (con el 67,79%), Ecuador (con el 7%, pero que representa el 41% de su territorio), Bolivia, Colombia y Venezuela. Posee más de 1.000 ríos y el 20% del agua dulce mundial. Alberga 80.000 especies vegetales y 2.000 especies de peces. Goza de un equilibrio entre la producción de oxígeno y la fijación de CO2. Según Wosfy, absorbe 2,8 kg de carbono por hectárea y por hora, mientras que la respiración de los árboles produce 1 kg de CO2 por hectárea y por hora.41 Pero en la Amazonia brasileña la destrucción de la selva tropical entre 1960 y 2005 fue de un 20%, o sea, el equivalente de la que se llevó a cabo durante todo el periodo histórico desde que llegaron los portugueses hace 450 años. Si lo vamos a imaginar a modo de ilustración, como propone Greenpeace, es como si desapareciera un estadio de fútbol cada dos segundos. Desde el punto de vista climático semejante deterioro equivale a 1,5 mil millones de toneladas de CO2 suplementarias cada año. Las causas son diversas: extensión de la frontera agrícola y explotación salvaje de bosques. Solo en Brasil, más de 3.000 camiones transportan diariamente de manera ilegal madera procedente de la Amazonia.

Al ritmo actual de deforestación, y con el concurso del cambio climático, la selva amazónica será destruida antes de la década del 2040.42 El Ministerio del Medioambiente publicó un informe en 2007, afirmando que en 2010 la elevación de las temperaturas podrá alcanzar los 8°C, lo que reduciría la totalidad de la región amazónica al estado de sabana.

Entre las causas principales cabe citar, en primer lugar, la extensión de los monocultivos de soya para la alimentación humana y, cada vez más, para los agrocombustibles. Al filo de 2004 (1,2 millones de hectáreas) se habían convertido en soya, según Greenpeace.

Detrás vienen las plantaciones de eucalipto para la fabricación de papel y, luego, la cría de bovinos. Actualmente hay 60 millones de cabezas de ganado en Brasil y el valor de exportación solo con destino a Europa es de 3,5 miles de millones de euros. Una buena parte de la conquista de esas tierras se realiza bajo forma de quemadas (queimadas), que representan el 75% de la contaminación en Brasil. Las consecuencias son graves. La selva amazónica es pluvial y la humedad que produce se transforma en la mitad de las precipitaciones de la región. La deforestación acrecienta, por tanto, la sequía, la que a su vez favorece los incendios de bosques, hace bajar el nivel de los ríos y fragiliza los árboles que solo disponen de una débil capa de tierra para extender sus raíces. Todo ello actúa sobre el clima y construye un verdadero círculo vicioso. Brasil se ha convertido en el cuarto emisor 39 40 41 42

Report on Human Development, 2007-2008, 157 et 158.

New Geographical Magazine, 29.02.07.

Wosfy, 1998 Scott Wallace, Les déchirures de l’Amazonie, National Geographic Magazine, febrero 2007.

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La crisis y sus respuestas

mundial de GEI. Una de las causas es la extensión de la ganadería (60 millones de cabezas de ganado y una exportación anual de 3,5 miles de millones de euros de carne) y la creación de una red natural de caminos (170.000 km) para la explotación de los bosques y de maderas preciosas.

No podemos decir que todo esto haya dejado indiferentes a las autoridades. Entre 1993 y 2006 se produjo una reducción de un 52% de la deforestación. Se han adoptado muchas medidas para tratar de controlar el proceso, pero el intento con frecuencia resulta ineficaz. En 2008 el gobierno brasileño empezó a operar el Fondo Amazónico para luchar contra la deforestación, destinado a recibir donaciones en un 80% destinadas a la Amazonia y en un 20% para otras regiones, incluidas algunas situadas fuera de Brasil. El objetivo era reunir 21 mil millones de dólares de aquí a 2021, de los gobiernos y del sector privado. Noruega fue el primero en contribuir con 100 millones de dólares. Esa iniciativa respondía a la ambigüedad de la apuesta internacional para la Amazonia y el presidente Lula fue claro en su declaración cuando en esa ocasión se refirió a «países ricos que se expresaban como si fueran propietarios de la Amazonia».

Una afirmación semejante de soberanía nacional entraba, sin embargo, en contradicción con otras medidas esta vez internas. Efectivamente, en julio de 2008 una ley confirma la medida provisional 422, de extensión de 500 a 1.500 hectáreas las concesiones rurales en territorio amazónico, sin solicitud de oferta y con la posibilidad de deforestar el 20% de la superficie. Ello suscitó una fuerte reacción de Marina Silva, la antigua ministra del medioambiente.43 Con frecuencia el poder político es a la vez juez y parte. Así, en Mato Grosso, el propio gobernador es el mayor productor de soya del país. Los brasileños son muy sensibles cuando se les aborda el tema, puesto que toca su soberanía nacional. Les entendemos, en vista de ciertos planes que proceden de los Estados Unidos que proponen hacer de la Amazonia una zona internacional para la protección del clima. Así, en 2007, un manual escolar de geografía, utilizado particularmente en las escuelas secundarias de California, indicaba la extensión de esa zona que cubría siete países de la región, precisando que estos últimos eran incapaces de preservar ese patrimonio de la humanidad, y que era necesario que otros tomaran el relevo. Cuando recordamos lo que fue la Doctrina Monroe «América para los americanos» (del norte), vemos que hay sobradas razones para desconfiar. Pero la reacción brasileña se manifestó también frente a otros interlocutores. La propuesta de crear en el seno de las Naciones Unidas la Organización Internacional del Medioambiente no fue del agrado del presidente Lula. «Los países ricos son malos, declaraba en esa ocasión, decretan normas contra la deforestación, después de haber destruido sus propios bosques». El Instituto Brasileño de Investigaciones Agronómicas (Embrapa) revelaba, por otra parte, que Europa solo había conservado el 3% de sus bosques primarios, contra el 69% de Brasil. Pero no podemos excluir que el modelo agroexportador que siempre ha sido una prioridad para la política brasileña desempeña un papel negativo en este campo. El temor a que la OMC introdujera disposiciones protectoras a las zonas silvicolas, que significaran obstáculos para el comercio 43

Boletín, N°. 132, 30.07.08, del World Rain Forest.

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La agroenergía

agrícola exterior, probablemente no ha sido del todo ajeno a la reacción oficial de las autoridades brasileñas.

Se han producido situaciones similares en el continente latinoamericano, pero de menor cuantía. En Argentina se destruyen cada año 300.000 hectáreas de bosques a causa de la extensión de la frontera agrícola, sobre todo por los monocultivos de soya y de eucalipto. En América Central el origen de la deforestación fue sobre todo en buena medida la ganadería y el algodón (cuando la guerra de Corea), sin olvidar la explotación de maderas preciosas.

La región ha perdido en menos de medio siglo las tres cuartas partes de su bosque primario.

En Colombia, en una región como el Chocó, de excepcional biodiversidad, se ha visto casi completamente despojada de sus zonas boscosas por los grandes propietarios de ganadería extensiva y por las empresas de palmares; los campesinos y las comunidades indígenas y de origen africano han sido brutalmente expulsados de sus tierras.

En el Congo, la selva se extiende por 1,5 millones de km². Las guerras habían dado un cierto descanso a la explotación forestal, pero desde 2002, se han multiplicado las concesiones a empresas extranjeras. El código forestal publicado ese mismo año con el aval del Banco Mundial revelaba una visión mercantil de la gestión forestal. A raíz de esto numerosos contratos leoninos fueron revisados por el gobierno congolés, pero el daño estaba hecho. Regiones enteras fueron devastadas. Las grandes empresas madereras se armaron de enormes máquinas que tomaron posesión de los mejores árboles.

El medioambiente fue saqueado, las cláusulas de repoblación ignoradas, las poblaciones locales desamparadas al perder una buena parte de sus medios de subsistencia. Los controles eran inexistentes. Según Greenpeace, las sociedades forestales se distribuyeron así 21 millones de hectáreas.

Indonesia y Malasia han perdido más del 80% de sus bosques originarios, esencialmente en beneficio de la palma africana. Uno de los métodos utilizados para liberar los suelos de los bosques fueron los incendios. En Indonesia, en el curso de los años 1997 y 1998, más de tres millones de hectáreas fueron incendiadas, al punto que el país se convirtió en el tercer emisor de C02 del mundo, después de los Estados Unidos y China, con un lanzamiento a la atmósfera de 2,5 gigatoneladas de carbono. Conviene añadir a esta política destructora que el calentamiento climático reduce la humedad de los subbosques y como resultado favorece los incendios, lo que ocurre no solamente en el Sudeste asiático.44 Los bosques pierden, entonces, progresivamente su función como pozos de carbono.

Los océanos Las masas oceánicas absorben aproximadamente el 40% del CO2, lo que las convierte en un elemento particularmente importante para el equilibrio climático. Su facultad reguladora disminuye porque poco a poco se saturan de CO2. Lo que se pone en tela de juicio es en particular la temperatura del agua. La solubilidad del CO2 en el agua aumenta con la disminución de la temperatura. Los océanos son pozos de carbono donde sus aguas 44

Atlas del Medioambiente, Le Monde Diplomatique, 2007, 36.

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La crisis y sus respuestas

son frías. Por el contrario, se vuelven fuentes de emisión de carbono cuando se recalientan.45 Por otra parte, son objeto de considerables agresiones. Así, a modo de ejemplo, el 87% de las aguas residuales de América Latina son lanzadas sin tratamiento a los ríos y océanos46 y el Mediterráneo está al borde de la asfixia por la contaminación. Tampoco pueden olvidarse los peligros que los transportes de petróleo hacen correr a los océanos y las catástrofes ecológicas como las ocurridas en los Estados Unidos, Francia y España.

Por otra parte, cada año 1,9 mil millones de toneladas, o sea, el 62% de la producción mundial, son trasportadas por la vía marítima,47 lo que acrecenta el clima de contaminación. Según las conclusiones del tercer Debate sobre la Biología de la Conservación, celebrado en Mayorca en 2007 bajo los auspicios de la Universidad de las Baleares, los ecosistemas marinos se degradan diez veces más rápido que los bosques tropicales. Las causas son el exceso de productos tóxicos, el aporte de nitrógeno, fosfato de materias orgánicas que provocan la hipoxia (falta de oxígeno) que mata la flora y la fauna marinas.

Por eso desaparecen cada año de un cinco a un nueve por ciento de los corales y un dos por ciento del manglar (tejido de plantas que protegen el litoral en las regiones cálidas).

2.3 El aumento de las temperaturas Esas transformaciones se manifiestan de manera muy concreta. En cien años, la temperatura promedio del globo ha aumentado 0,7 °C. En los Estados Unidos, el año 2002 debió tener un aumento de más de un 0,72% por encima del promedio del siglo xx. En Cuba, 11 de los 13 años entre 1995 y 2006 resultaron los más calientes desde 1850. Según la Organización Mundial de Meteorología (OMM) el año 2006 resultó el sexto más cálido desde que se iniciaron las estadísticas, un 0,42 ºC más que la temperatura del periodo de referencia (entre 1961 y 1990) y de manera más acentuada en el hemisferio norte (0,58 ºC) que el el sur (0,26 ºC). Once de los doce últimos años son los más cálidos en el mundo desde hace ciento cincuenta años, según el informe del GIEC. La Agencia Meteorológica inglesa anuncia que 2006 registró la temperatura más elevada de los 347 últimos años. En Bélgica y en los Países Bajos el año 2007 ha arrojado la temperatura más elevada desde que existen los informes meteorológicos que datan de finales del siglo xviii. En cuanto al Instituto alemán de investigaciones sobre la época, ha llegado a la conclusión que el Mar del Norte experimenta su más larga etapa de calentamiento desde que se implantaron las mediciones en 1873. Investigadores como Philippe Bousquet, del Laboratorio francés de Ciencias del Clima y del Medio Ambiente (LSCE), estiman que el reciente aumento de las fuentes antropogénicas de emisiones de gas con efecto invernadero se debe sobre todo al crecimiento de las actividades industriales en Asia.

Es el caso, entre otros, de China, cuyo índice de crecimiento sobrepasa anualmente el 10%, y que indiscutiblemente se le menciona cuando se trata de daños al clima. Según la AIE, ese país de aquí a 2010 se va a convertir en el primer consumidor mundial de energía. El McKinsey Global Institute estima, por su parte, que entre 2003 y 2020 la cantidad de vehículos en China va a pasar de 26 a 120 millones, que la superficie del hábitat aumentará 45 46 47

Pierre Friedlingstein, Sciences et Avenir, N°. 150 marzo-abril 2007, 30.

Informe del programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, 2007.

Le Monde, 08.07.06.

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La agroenergía

en más del 50% y que el crecimiento promedio de la demanda de energía será del 4,4%.

En 2007, el nivel de emisión de gas de efecto invernadero de China se acercará al de los Estados Unidos y, según la AIE, lo sobrepasará con creces en 2030. Pero no olvidemos, sin embargo, que China tiene una población más de cuatro veces superior a la de los Estados Unidos y que las más importantes fuentes climáticas de recalentamiento han sido desde hace décadas y siguen siendo actualmente los países industrializados del norte.

2.4 El papel de los clorofluorocarburos Al lado de los GEF, hay que señalar también otras fuentes de contaminación atmosférica; en primer lugar, los clorofluorocarbonos (CFC) utilizados en los aerosoles y los frigoríficos, responsables de la degradación del ozono (O3) estratosférico (atmósfera superior). Este último absorbe a entre diez y cuarenta kilómetros de altitud la mayor parte de la radiación solar ultravioleta con longitud de onda muy corta (UV-B) y es nocivo para los seres vivos. Por tanto, es altamente protector y su reducción es fuente de graves peligros. Viene después la agresión contra el ozono superficial o troposférico (atmósfera baja). Su concentración aumenta bajo el efecto de gases contaminantes (monóxido de carbono, nitrógeno) que se forman por la combustión incompleta de ciertos carburantes. Dispersos en grandes cantidades en la atmósfera el conjunto de esos contaminantes o bien impiden la reverberación de los rayos del sol hacia el espacio, lo que incrementa progresivamente la temperatura promedio del planeta, o bien destruyen zonas de protección de los rayos ultravioletas.

Es lo que se denomina oscurecimiento planetario, que aparentemente provoca un efecto contrario al del CO2.

Recordemos los datos: la capa de ozono (03) es vital, porque si no los rayos ultravioletas que el sol envía matarían la vida sobre la tierra. Por tanto, resulta beneficioso en la atmósfera alta, pero, por el contrario, perjudicial en la troposfera o baja altitud. Cuando la actividad ultravioleta se ejerce en dosis muy fuertes por disminución de la protección del ozono en la atmósfera alta, podemos hallarla, por ejemplo, en las causas del cáncer de la piel. Además, en 2006, el agujero de ozono en la atmósfera alta se extendía al final del invierno austral (octubre) en tres o cuatro millones de km2, lo que se explica en parte por el calentamiento de la atmósfera baja del Ártico, a causa de la concentración de los GEI. Ello causa el enfriamiento de las capas altas y, a su vez, un empobrecimiento de la capa de ozono. Pero los clorofluorocarburos (CFC), por su parte, destruyen también el ozono en la estratosfera. Se trata de la proyección en la atmósfera de micropartículas, por la utilización de los aerosoles, refrigeradores, aires acondicionados y de la combustión de energías fósiles. Bajo los efectos del sol, el cloro de los CFC se libera y destruye las moléculas del ozono.48 Una nota más optimista en este conjunto de comprobaciones inquietantes se refiere a que la tasa de ozono estratosférica de la cual hemos hablado antes ha dejado de disminuir bajo los efectos de la aplicación del protocolo de Montreal de 1987. Se trata de lo que anuncia un informe conjunto de la Organización Mundial de Meteorología (OMM) y del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUM), fechado el 18 de agosto de 2006. Sin 48

Atlas de l‘ Environnement, Le Monde Diplomatique, 2007, 50.

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La crisis y sus respuestas

embargo, el regreso a la normalidad no se espera antes del año 2050 para latitudes medias y para el Ártico, y entre el 2060 y el 2075 para el Antártico. En el plano de las lluvias ácidas, fruto de ese tipo de problemas, también la situación ha mejorado.

La lucha contra ese fenómeno suele ser indiscutiblemente más fácil que en el caso del CO2.

Resulta visible directamente y, por tanto, se percibe con mayor facilidad, al contrario de lo que sucede con el gas carbónico. Ha bastado con reemplazar los gases utilizados en los aerosoles, los refrigeradores y los aires acondicionados, y con quemar más limpiamente las energías fósiles (puntos catalíticos) para lograr resultados bastante rápidos. Los hidrofluorocarburos (HFC) que sustituyen los CFC resultan ocho veces menos dañinos y se avanza progresivamente hacia la utilización de hidroclorofluorocarburos (HCFC) que no destruyan la capa de ozono. Se logró en Viena un acuerdo internacional en 1986, y en Montreal en 1987, y veinte años después los resultados son palpables, gracias en gran parte a las materias de reemplazo y a los progresos en materia de motores de combustión. En septiembre de 2007, también en Montreal, 200 países lograron ponerse de acuerdo para acelerar en diez años la eliminación de las substancias dañinas para la capa de ozono. El director del programa de Naciones Unidas para el medioambiente, señor Achim Steiner, consideró que se advertía en todo eso «un signo vital» para la conferencia de Bali. En consecuencia, el fenómeno ha retrocedido. El éxito en ese aspecto demuestra que es posible intervenir cuando existe una voluntad política.

Además del efecto sobre el ozono estratosférico, la proyección de micropartículas tiene como resultado producir una membrana de contaminación que se fija en las nubes e impide a la luz solar alcanzar la tierra. La luz disminuye provocando lo que se ha llamado el oscurecimiento planetario. Se ha observado el fenómeno no solo en varios puntos de Europa, sino también en los Estados Unidos, Australia, Islas Maldivas e Israel. En Australia, por ejemplo, se ha notado una baja de la tasa de evaporación de los lagos, con relación a un siglo atrás. Es paradójico puesto que, por demás, la tierra se recalienta. En Israel, el sol ha disminuido un 22% en veinte años. Según Beata Liepert, una investigadora alemana, entre 1950 y el principios de 1990 el sol bajó un 10% en los Estados Unidos, un 16% en ciertas regiones de Gran Bretaña y un 30% en Rusia. En los Estados Unidos se llevó a cabo una experiencia inesperada en septiembre de 2001. A raíz de los atentados de1 11 de septiembre el tráfico aéreo se suspendió durante tres días. Resultado: se registró un aumento de temperatura de más de un grado centígrado causado por la ausencia de las micropartículas que lanzan los aviones y que contribuyen al fenómeno del oscurecimiento. Semejante fenómeno ha enmascarado en parte el calentamiento. Según Peter Cox, investigador estadounidense, la eliminación del oscurecimiento podría llevar el calentamiento real de la tierra a más de diez grados centígrados de aquí al fin del siglo. Si eso se comprueba no habrá en verdad muchas razones para regocijarse.

2.5 El efecto de los cambios climáticos La estimación de los efectos previsibles de los cambios que hemos descrito depende de dos elementos; por un lado, la calidad de las medidas de esas transformaciones y, por el otro, la proyección de futuro de lo que se ha producido en el transcurso de los últimos años. Na-

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La agroenergía

die niega que eso introduzca un toque de incertidumbre. Algunos extraen de ahí el argumento, como lo veremos más adelante, para poner en duda los anuncios alarmistas sobre los cambios climáticos. Otros, por el contrario, como la mayoría de los científicos, afinan constantemente sus proyecciones al reconocer que en realidad no se trata de verdades comprobadas sino de probabilidades suficientemente verosímiles para que se tomen en serio mediante acciones preventivas. «Si lo esencial de los daños van a prevenirse en el futuro, hay que empezar a hacerlo desde hoy», decía Jean Pascal van Ypersele, experto belga del GIEC.49 El mismo razonamiento vale para el análisis de las consecuencias del calentamiento climático que estamos abordando ahora. Se trata, pues, de indicar sus grandes rasgos sobre la base de algunos ejemplos, haciendo hincapié sobre todo en la lógica que los une. Se pueden sintetizar las observaciones y reflexiones en torno a tres ejes principales: el medioambiente, la economía y las consecuencias sociales y políticas.

Los efectos sobre el medioambiente natural El primer efecto ecológico se refiere a la biodiversidad, que comprende a la vez el número de especies vivas, la reserva de los genes y el ecosistema. Peligra también por otros factores ajenos al cambio climático, como la contaminación de las actividades industriales y la reducción de los hábitats naturales por el monocultivo y la urbanización, como señala Etienne Brouquet, de la Plataforma belga sobre la Biodiversidad. El GIEC estima que si la temperatura aumenta en 2,5 °C, de aquí al 2050, puesto que todo está evidentemente vinculado, desaparecerán del 20 al 30% de las especies vegetales y los animales terrestres. Según la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN), que establece el listado de las especies en peligro, de 41.415 especies de vertebrados censadas 2007, están amenazadas de extinción 16.308, o sea, casi 200 más que en 2006; en otras palabras, un mamífero de cada cuatro y un ave de cada ocho. Los ejemplos pululan, desde los grandes monos de Borneo, hasta los osos blancos, focas y pájaros bobos de los bancos de hielo, pasando por los delfines del Yangtsé y las ostras de todas partes del mundo. En 2008, el 50% de las especies mundiales de primates están en peligro.50 El Fondo Internacional para la Protección de Animales (IFAW) estima que en el Golfo de San Lorenzo, en Canadá, todas las focas jóvenes (blanconazas) han perecido ahogadas en 2007 a raíz del derretimiento de los bancos de hielo. En 2007 el FWS, servicio federal estadounidense relacionado con la pesca y la fauna, estimaba que solo en la orilla rusa del mar de Tchoukches habían perecido de 3.000 a 4.000 morsas jóvenes. No solamente les falta el soporte de los bancos de nieve, también el plancton con el calentamiento tiende a desaparecer. Los pájaros bobos de la Antártida han ido disminuyendo en 30 años en un 70%, a causa de la desaparición de los krills, que son crustáceos minúsculos que les sirven de alimento, afectados ellos también por la reducción del plancton del que viven, todo ello coronado por el grave cambio de su habitáculo polar. Un hongo, cuya proliferación se debe al calentamiento climático, ataca a las ranas de América Central y del Sur. De manera que el 67% de la especie de rana Arlequín Monteverde ha desaparecido.51 Es bien significativo también que para remediar la desaparición de las especies vegetales se haya tomado la 49 50 51

Libération, 05.04.07. yahoo.fr, 26.07.08.

Nature, vol. 439, enero 2006, 16.

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La crisis y sus respuestas

iniciativa de almacenar en una gruta cavada en la montaña Longyearbyen (Swalbard) en Spitzberg, 4,8 millones de semillas a una temperatura de –18 °C, a 130 m bajo el nivel del mar. El proyecto se llama El Arca de Noé y lo han financiado conjuntamente el gobierno de Noruega, la Fundación Bill Gates y varias empresas de semillas como Monsanto. La temperatura se mantiene a –18 °C y ya se han acopiado 268.000 muestras de cereales. La meta es colectar 4,5 millones de muestras de 250.000 plantas conocidas.

El calentamiento de los mares provoca también una verdadera invasión de medusas, muy perjudiciales para las demás especies acuáticas, sobre todo en el mar Negro, en el mar Báltico y en el Mediterráneo. Una conferencia de expertos celebrada en Madrid en enero de 2008, bajo la égida de la Unión Europea, señalaba que más de diez mil especies exóticas ponían en peligro la biodiversidad europea (Programa DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe). Se observa que en el sur de Asia el cambio climático desrregula el régimen de los monzones y en 2008 la India registra las peores inundaciones de su historia reciente. Los agricultores deben readaptar sus producciones.

Por todo ello Bruno David, director del laboratorio de bioquímica de la Universidad de Borgoña, Dijon, se pregunta lo siguiente: «No se ha matado la biosfera, pero ¿acaso conserva las mismas capacidades de regeneración?»,52 y Robert Barbault, director del Departamento de Ecología y Gestión de la Biodiversidad del Museo del Hombre en París no vacila en titular su obra: Un elefante en una cristalería. El hombre en la biodiversidad.53 El peligro acecha sobre todo las zonas tropicales. Las regiones coralinas «verdaderos bosques tropicales del mar», como las califica Annelise Hagan, de la Universidad de Cambridge, corren especial peligro.54 Paralelamente, la desertificación se acelera y África resultará particularmente afectada. Pero no por eso estamos exonerados de temores. En Europa, las canículas amenazan con multiplicarse, igual que las sequías mediterráneas. En los Estados Unidos, el huracán Katrina y los incendios de bosques en California se pueden cargar indiscutiblemente a cuenta de los cambios climáticos. En cambio, según ciertos estimados, las regiones nórdicas podrían gozar de un clima mejor y las costas del Báltico o de los países escandinavos tornarse estivales. Un fenómeno similar se produciría en América del Norte y en Rusia. En revancha, las regiones ciclónicas del Caribe y del este asiático verían aumentar en número y en potencia las catástrofes climáticas y el fenómeno del Niño o de la Niña ya está afectando cada vez con mayor intensidad las regiones costeras del Pacífico, de Perú y de Ecuador hasta Bolivia y Filipinas, incrementando las lluvias e inundaciones.

Reflexionando a más largo plazo, los investigadores de la Universidad de Wisconsin estimaban que en 2100 el 48% del planeta podría, si nada cambia, tener un clima distinto del que hoy tienen.

Debe prestarse una atención particular al régimen de las aguas. Conviene recordar que el 72% del planeta está cubierto por océanos y que el agua es un elemento esencial para 52 53 54

Le Soir, 03.04.07.

Robert Barbault, Un éléphant dans un jeu de quille - L’homme dans la biodiversité, Paris, Le Seuil, 2006.

Sciences et Avenir, marzo-abril 2007, 53.

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La agroenergía

la vida de todas las especies vivas. Además, las consecuencias de los cambios climáticos son muy importantes en ese aspecto. Empezando por el derretimiento de los hielos. Se trata de un fenómeno universal que está ya muy avanzado. En determinadas regiones ha alcanzado proporciones inquietantes. El GIEC anuncia la desaparición de los pequeños glaciares en Europa para el 2050. En el Himalaya, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente,55 el macizo se calienta entre 0,6°C y 0,15°C por década, y los glaciares disminuyen en un 5,5% de su volumen. El proceso conlleva la formación de bolsones de nieve derretida que se acumulan en los lagos. Según ese mismo informe, solo en el Himalaya unos dos mil de esos bolsones están peligrosamente llenos y pueden provocar verdaderos «tsunamis de montañas» (GLOF o Glacial Lake Outborts Floods).

En un plazo más largo, en la región del Himalaya los grandes ríos alimentados por glaciares podrían quedarse sin agua y solo en la India suministran de un 70 a un 80% de la alimentación de los principales cursos de agua. Ello podría también afectar otra función importante. A juicio del profesor Valier Galy, de la Universidad de Nancy, los sedimentos salidos de la erosión de la cordillera del Himalaya agregan el carbono orgánico que procede de los restos vegetales y favorecen su depósito en el océano Índico. Ello impide la oxidación de la materia orgánica en CO2. Así vemos que cuando la erosión de las tierras es alta se traduce en más de mil millones de toneladas por año, e induce una tasa de sedimentación muy rápida que limita el tiempo de exposición al oxígeno, lo que disminuye la cantidad de CO2 en la atmósfera y, como resultado, enfría el clima.56 Un enlentecimiento del fenómeno tendrá necesariamente consecuencias para el calentamiento climático. Además, en esa región el fenómeno involucra a ocho de los países más poblados del mundo e incumbe a unos 2,4 miles de millones de personas. Por el contrario, en América Latina, únicamente el 30% del carbono orgánico que transporta el río Amazonas se almacena en el océano, si bien hay otros factores que intervienen. Así, en los Andes, el mismo fenómeno de derretimiento de glaciares ya trae aparejado una disminución de agua en los ríos, lo que reduce las posibilidades de la irrigación y del suministro de agua potable. Ese es el caso particular de la ciudad de Quito, donde el volcán Cotopaxi, situado en sus proximidades, ha perdido el 23% de su masa de hielo entre 1993 y 2005, bajo el efecto de 44 años de calentamiento de 0,8°C. El derretimiento de los hielos del Ártico se acelera también. Por demás, se trata de una región de 2,6 millones de km². Según un informe del Geophysical Research Center, fechado en 2006, a ese ritmo habrá desaparecido en el 2040, y Michaël Wallace, de la Universidad de Washington, escribía en 2007 que ya se había llegado a un punto de no retorno.57 En 2007, el verano hizo desaparecer una superficie de bancos de hielo más que en los años precedentes, que equivalía a diez veces a la superficie de Gran Bretaña. Por demás, las tierras permanentemente heladas de Alaska y de Siberia (pergélisol), cuando pierden su capa helada producen fuertes emisiones de metano. Desde 1958, el espesor del banco de 55 56 57

Ice and Snow, 2006.

Science et Vie, enero 2008, 27.

International Herald Tribune, 02.10.07.

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La crisis y sus respuestas

hielo del Ártico ha disminuido en un 42%.58 Groenlandia pierde 100 mil millones de toneladas de hielo al año.59 Pese a lo que pudiera creerse, ese último fenómeno solo tiene un efecto marginal sobre el nivel de los océanos, al contrario del deshielo de los glaciares, que produce grandes masas de agua que van a parar al mar. En el Gran Norte o en la Antártica una gran parte de los hielos ya están en el mar y su licuefacción no crece gracias al volumen de este último.

En cambio, en esas regiones los daños a los bancos de hielo llevan implícita la pérdida del medio natural de numerosos animales.60 En particular lo que desaparece es el permafrost, que es esa capa permanente de nieve que recubre el suelo de la tundra. Además, este último posee un efecto reflejo y al reducirse contribuye también al calentamiento del planeta.

Pero los cambios climáticos del Ártico tienen asimismo un efecto no previsto: se traza entre los océanos Atlántico y Pacífico una nueva vía marítima que torna accesibles recursos naturales, sobre todo energéticos, codiciados por los países limítrofes.

En la Antártica lo que se calienta es la península que se adentra en el mar, mientras que el interior se enfría a causa de los vientos que espesan el hielo. Además, ese continente es muy importante para el clima. Se extiende por 14 millones de km² y contiene el 70% de las reservas de agua potable del universo. El tratado internacional de 1959 ha hecho de ella una zona desmilitarizada y el protocolo de Madrid de 1991 prohíbe toda explotación minera hasta 2041. El año polar internacional (2007-2008) va a permitir seguramente conocer mejor cómo funciona y, sobre todo, el estado exacto de su transformación. La Antártica actúa realmente como una bomba biológica que absorbe el CO2 que se aspira hacia las profundidades (de tres mil a cuatro mil metros). Esto se opera gracias al plancton que lleva a cabo su fotosíntesis. Cuanto más intenso es el fondo, mayor es la absorción. Además, en los últimos 50 años, la temperatura de la Antártica ha aumentado en 2,5°C. La estación de la glaciación se ha reducido dos semanas en 20 años. Los bancos de hielo disminuyen cada año y se reduce el casquete glaciar puesto que el nivel del mar ha aumentado más rápidamente que en el transcurso de los últimos 5.000 años. La presencia creciente de los GEI (es decir, dióxido de carbono, óxido de azufre, metano) incrementa la acidez del agua, lo que daña el plancton. De ahí la idea del investigador alemán Alfred Wegener, de inyectar sulfato de hierro en los océanos saturados de CO2, en tonelaje suficiente para entrampar el 15% de las emisiones de carbono, gracias al desarrollo del plancton. Por demás, el nivel cada vez más elevado de los rayos ultravioletas, por causa de los agujeros de la capa de ozono, perturba también la fotosíntesis. Entonces se reducen las facultades de regulación de la Antártica.

En marzo de 2008, el Programa de Naciones unidas para el Medioambiente (PNUE), lanzaba un nuevo grito de alarma. La tasa media de deshielo de los glaciares ha sido de más del doble entre los años 2004-2005 y 2005-2006. A esas conclusiones ha llegado el Servicio Mundial de Seguimiento de los Glaciares. Estos últimos han perdido 11,5 m de espesor desde 1980 y el director del PNUE, que también es secretario general adjunto de la ONU, 58 59 60

Sciences et Avenir, N°. 150, marzo-abril 2007, 9.

Ibídem, 35.

PNUD, Human Development Report 2007-2008, 102.

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La agroenergía

el señor Achim Steiner, ha declarado que ese fenómeno puede afectar a millares, cuando no a miles de millones de personas en el mundo, a causa de las repercusiones en la alimentación, el agua, la industria y la producción de energía.61 Ello nos lleva a lanzar una mirada más atenta a los propios océanos. Diversos fenómenos se producen en este medio. Primeramente, con el deshielo de los glaciares, su volumen aumenta y el agua amenaza con afectar considerablemente las regiones costeras y las islas de escasa altitud. En un siglo, el Mar del Norte ha subido 17 cm. El informe del GIEC para el 2007 estimaba que en el curso del siglo xix el nivel de los mares iba a subir de 18 a 59 cm, con consecuencias muy importantes para las costas más bajas. Bangladesh podría perder un 17,5% de su territorio si el nivel del mar aumenta un metro,62 pero países como Holanda no se escaparían. Las pequeñas islas del Pacífico, amenazadas directamente, se han pronunciado en la Conferencia de Bali, reclamando, en vano, un financiamiento que ayude a prevenir semejante eventualidad. Un estudio de la Universidad Católica de Lovaina ha calculado que si de aquí al tercer milenio el aumento llegara a un metro, la ciudad de Amberes estará al borde del mar. Si llega a ocho metros, una décima parte del territorio belga estaría cubierto, y si se tratara de 15 metros Bruselas sería puerto de mar, de manera directa y no solamente a través de un canal.

El fenómeno se explica conjuntamente por el calentamiento climático que produce un aumento del agua, y por el deshielo de los glaciares, que hace lo demás. De ahí, los cambios en los sistemas de circulación en el interior de los propios océanos, que almacenan el calor y lo redistribuyen, desde los trópicos a los polos, a través de las corrientes. Ello debió provocar, por ejemplo, en el caso del océano Índico, una alteración del régimen de lluvias en Etiopía, que está en el origen de las sequías que desde 1996 vienen sucediendo en ese país.

Es una afirmación del informe de la Royal Society, publicado en Londres en 2005. Según Thom Hartman, el calentamiento global podría provocar también transformaciones en el Great Couveyor Belt, una corriente submarina fría y salada del Atlántico norte que frente a la costa de Groenlandia se hunde en agua profunda hasta el Cabo de Buena Esperanza, donde se mezcla con las aguas del océano Pacífico. Esa corriente recién descubierta tendría un efecto determinante sobre las temperaturas de Europa y de América del Norte. Su alteración podría en esas regiones tener un efecto contrario al calentamiento y favorecer la aparición de una nueva era glaciar.63 En un futuro lejano, en opinión de ciertos investigadores, la Corriente del Golfo quizás podría también correr peligro. Por tanto, resulta indiscutible que lo que está en juego para los océanos es la capacidad de absorción del CO2.

El aumento de las emisiones junto a la contaminación de los mares, por vertimiento de las aguas negras y productos tóxicos y por la densidad del tráfico marítimo, reduce dicha capacidad. Todo ello agrava consecuentemente la crisis climática, pues el CO2 cada vez es menos absorbido por sus reguladores naturales.

Lo que resulta particularmente inquietante en el tema del agua –aparte de las inundaciones que lo mismo tocarán las regiones costeras que las afectadas por los tifones y ciclones, y 61 62 63

Le Monde, 18.03.08.

Pnud, Human development Report 2007-2008, 9.

Common Dream, 30.01.04.

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La crisis y sus respuestas

aparte del creciente tenor en sal de ciertos suelos– es la crisis hídrica en sí (la falta de agua), la que amenaza desde 2080 con afectar a 3,2 mil millones de personas, como señalaba en Bruselas la Conferencia de Expertos del GIEC en 2007. Ya resulta un problema real para el Medio Oriente y el Sahel.64 Según Marc Gillet, del Observatorio Nacional de los Efectos del Calentamiento Climático (ONERC), de aquí al 2020 varias decenas de millones de africanos se verán expuestos a un agravamiento del estrés hídrico a causa del cambio climático.65 En Australia lo que se juega es el futuro de la reserva de agua del país, y el gobierno se inquieta por ello pues con un 0,32% de la población mundial ese país produce el 1,43% de las emisiones de carbono. Además, en 2007 la Convención de las Naciones Unidas sobre la Desertificación (UNCCD) está pasando por un mal momento, porque su presupuesto no fue aprobado por los Estados Unidos y Japón.66 El señor Charreton, presidente del comité científico francés adjunto a ese propio organismo, estimaba que el fenómeno de estrés hídrico involucraba ya a mil millones de personas y al 40% de las tierras.

Por ende, lo que está en juego es un conjunto de metabolismos naturales. Con tal de lograr ventajas inmediatas en favor de una minoría, se ha llegado a provocar profundos desequilibrios con el riesgo de no poder restablecerlos nuevamente. La realidad contradice la idea del progreso ilimitado. La sabiduría ancestral del respeto a la naturaleza como fuente de vida se ve estremecida. La exaltación de un valor único, el del intercambio en la base de la ganancia y la acumulación, ha creado un vacío para las demás perspectivas y la humanidad corre el riesgo de pagarlo caro.

Los efectos económicos Desde el punto de vista económico, la agricultura es particularmente sensible a la temperatura. En el hemisferio norte podrán ser cultivadas nuevas especies y ya se desplaza la geografía de ciertas plantas. Pero, por el contrario, en las regiones tropicales la situación es más grave. En la India, el arroz solo tiene un grado centígrado de tolerancia al aumento de la temperatura, so pena de una disminución del rendimiento (hasta del 40%) y, por demás, otro tanto sucede con el conjunto de las regiones tropicales o subtropicales.

Por su parte, África es particularmente vulnerable desde ese punto de vista.67 El profesor Rajandra Pachauri, presidente del GIEC, escribía en una Carta Blanca del periódico belga Le Soir68 que los cambios climáticos ponen desde ya en peligro el aprovisionamiento de agua de entre setenta y cinco y doscientos millones de personas para los años 2020, pues la disminución de las superficies cultivables y la duración de las estaciones fértiles y del rendimiento de las tierras aumentarán los riesgos de hambrunas. En determinadas regiones, según el mismo autor, los rendimientos de la agricultura pluvial podrían caer en un 50% de aquí al 2020. El PNUD estima que de aquí al 2060 la pérdida económica para el África podría 64 65 66 67 68

«Effets des changements climatiques dans les Tropiques: le cas de l’Afrique», Alternatives Sud, Vol XIII (2006), N°. 2, 85.

Le Monde, 07.04.07.

Le Monde, 10.09.07.

Anthony Nyong, Alternatives Sud, Vol. XIII (2006) N°. 2.

Le Soir (18.10.07).

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La agroenergía

elevarse a 36 mil millones de dólares.69 En cuanto a los eventos climáticos de que hemos hablado en el Himalaya, y que han provocado una rarefacción de los recursos hídricos, podrían afectar directamente a más de mil millones de personas en los próximos dos o tres decenios.

En China, el impacto económico del deterioro climático es considerable. Según el señor Pan Yue, viceministro del Ministerio de Medioambiente chino, los daños ambientales alcanzan en ese país del 8% al 13% del PIB cada año, y anulan así el índice de crecimiento. Declara que «China ha perdido a causa de la contaminación casi todo lo que ha ganado desde finales de los años setenta»70 Conciente de ese problema, el gobierno chino decidió emprender a partir de febrero 2008 una encuesta nacional sobre las fuentes de contaminación, lo que sin lugar a dudas es algo que debió hacerse mucho tiempo antes. El país sufre una crónica carencia de agua. Posee el 20% de la población mundial y solo el 7% de las reservas hídricas.

Además, el cultivo de cereales forma la base de la alimentación y, para producir una tonelada de alimentos, hace falta 1.000 m³ de agua, o sea, una tonelada.71 Además, el autor del artículo, Julio Arias, añade que la contaminación industrial alcanza actualmente en China el 90% de las aguas subterráneas y que 700 millones de chinos la beben.

En numerosas regiones, la falta de agua podría incluso afectar el funcionamiento de las centrales nucleares que la utilizan en grandes cantidades para las operaciones de enfriamiento. En un plano global, Nicholas Stern afirma, en un informe de 2006 del Banco Mundial, que si no se toman las medidas adecuadas el calentamiento podría provocar la peor recesión económica de la historia. Su costo podría elevarse a unos 5.500 millones de euros, o sea, más que el costo de dos guerras mundiales juntas o que la gran crisis de 1929.72 La economía destinada a crear las bases de la vida material, cultural y espiritual del género humano, está fuertemente perturbada por la totalidad de esos fenómenos, que, no lo olvidemos, son fruto de un modelo de desarrollo.

Los efectos sociales El aspecto social de los cambios climáticos también debe destacarse. Es evidente que serán las regiones y poblaciones más pobres las que sufrirán los efectos más negativos, lo que pone en tela de juicio los Objetivos del Milenio (disminuir a la mitad la extrema pobreza para 2010). Según el propio Nicholas Stern, se espera que en los próximos diez años haya más de doscientos millones de desplazados, los que se denominan refugiados climáticos.

Ya en Rusia las poblaciones del Asia central se están desplazando hacia el oeste y el representante en Rusia del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) afirma que esa región está al borde de la catástrofe. Muchas islas del Pacífico ven sus poblaciones emigrar hacia Nueva Zelanda. Eudald Carbonell es aún más pesimista y habla de una crisis social sin precedentes y asegurando que en el curso del siglo xxi la mitad de la población mundial va a desaparecer (El nacimiento de una nueva civilización). El hambre y las enfermedades serán lo que les espera a millones de personas. Primero será en las regiones más vulnera69 70 71 72

Pnud, Human Development Report 2007-2008, 9.

Le Soir, 09.04.07.

Foreign Policy, dic.07-ene.08, 33.

Les Clés de la Planète, Milan Presse, Toulouse, abril 2007, 44.

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La crisis y sus respuestas

bles, donde se hallan, como señala el GIEC, «las personas con menos capacidades de adaptación al cambio climático, debido al aumento de la malnutrición». Probablemente también asistiremos a una modificación de la distribución geográfica de ciertas enfermedades de transmisión por vectores: malaria, dengue, enfermedad de Lym. Es una de las razones por las cuales la industria farmacéutica ha comenzado a invertir más seriamente en la búsqueda de vacunas para esas enfermedades. Alcanzarán para poblaciones que tienen un poder adquisitivo más elevado y no es casual que la OMS alerte contra esas enfermedades exóticas a las regiones situadas en el hemisferio norte y económicamente más favorecidas.

Recordemos que en las canículas de 2003, hubo en Europa 70.000 muertos.

Como las consecuencias de los cambios climáticos afectan sobre todo a las regiones pobres, paradójicamente estas son las que tienen menos acceso a las tecnologías nocivas que se aplican en países industriales y se quedan al margen del modo de crecimiento económico que sirve de parámetro al modelo capitalista; se trata entonces de víctimas no implicadas como actores del proceso de la destrucción climática. De esta manera, en 2007 correspondió a Asia ser el blanco principal de las catástrofes naturales. Así lo revela el balance de la Estrategia Internacional de Prevención de Catástrofes Naturales, organismo de las Naciones Unidas: 167 millones de personas han sufrido los efectos de los desbordamientos de ríos en esa región. En el mundo habrá 16.500 víctimas mortales de ese género de catástrofes naturales y daños que se evalúan en cuarenta y tres mil millones de euros. Según John Vidal, en África, hay 182 millones de personas que pudieran sufrir enfermedades ligadas al calentamiento del clima.73 Sin atribuir la totalidad de esas cifras únicamente al cambio climático, los órganos competentes señalan que estos ejercen una influencia indiscutible sobre dichos fenómenos.

Así, Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un informe publicado en ocasión de celebrarse el Día Mundial de la Salud, en 2008, afirmaba que la contaminación del aire causaba cada año 800.000 muertes y que cada elevación de un grado de la temperatura acarreaba 20.000 muertos suplementarios.

En opinión del señor Rajendra Pachauri, presidente del GIEC, sobre todo África sufrirá los efectos de los cambios. Habrá una disminución de las superficies cultivables y del rendimiento, especialmente en la agricultura pluvial, que podría bajar en un 50% de aquí al 2020. Todo ello podría afectar entre setenta y cinto y doscientos millones de personas.74 En 2007 África fue devastada por lluvias torrenciales e inundaciones que causaron 150 muertes. Diecisiete países y más de un millón de personas resultaron afectados, según datos del Buró de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios. En Uganda 150.000 personas perdieron sus viviendas entre agosto y septiembre y 400.000 sus medios de subsistencia. En Ghana hubo 250.000 desplazados.

En Sudán ocurrieron las peores inundaciones de que se tiene memoria. En Togo hay 66.000 personas desplazadas y en Nigeria, 50.000. Todo ello se debe, según el mismo organismo, a los cambios climáticos y a la destrucción de los bosques.75 73 74 75

The Guardian, 15.06.06.

Le Soir, 18.10.07.

Le Soir, 17.09.07.

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La agroenergía

Pero, ¿qué sucede con los países «emergentes»? Volvamos al ejemplo de China. Allí tenemos una sociedad que ha optado por un crecimiento acelerado sobre la base de las mismas tecnologías contaminantes, con sus efectos inquietantes a corto y largo plazo. Sin duda conviene reposicionar ese fenómeno en su contexto global. Luego de un periodo de dependencia económica y política que duró siglos, la emancipación de las naciones del sur aparece como si fuera la reparación de una injusticia. El Norte se desarrolló económicamente bajo la égida del capital al integrar en su proyecto la extracción de los recursos naturales y la explotación del trabajo del Sur. No fue en lo absoluto por tomar en cuenta las consecuencias naturales y sociales de sus prácticas de crecimiento. Es, por tanto, el principal responsable de la situación ecológica actual. A los ojos del Sur, sobre todo del G77, es decir, del grupo de países «en desarrollo», el Norte no tiene ninguna lección que dar.

Desdichadamente, el precio a pagar no toma en cuenta la equidad histórica y una justa restitución de las cosas. Estamos embarcados en un mismo buque y la locura de unos no puede justificar las torpezas de otros, incluso si las responsabilidades se sitúan en diferentes grados. Como señala Susan George, todos vamos en el Titanic, aunque algunos viajen en primera clase. Se conoce el costo de un desarrollo depredador acelerado en un universo saturado de micropartículas y de gas de efecto invernadero, y China lo está pagando más todavía que otros países emergentes. La contaminación de las grandes ciudades se ha tornado legendaria. Las Olimpiadas de Pekín lo han puesto en evidencia de forma asombrosa.

Tomemos el ejemplo de Hong Kong. Cada año varios centenares de personas mueren a causa de las emanaciones contaminantes. El índice de contaminación del aire (API), que mide la presencia de partículas finas en suspensión fue fijado la OMS en un máximo de veinte microgramos por cada metro cúbico (ug/m³) de partículas de un diámetro de menos de diez micrones, o sea, una centésima de milímetro (PM10). La organización recomienda incluso no sobrepasar los 10 ug/m³. Además, ese índice ha sido transformado en Hong Kong para alcanzar umbrales de tolerancia mucho más elevados. El promedio aceptable establecido por la ciudad es de 180 ug/m³ al año y el umbral oficial se llevó a 380 ug/m³, con picos de 800 ug/m³ si no sobrepasan una hora. Recordemos que en Europa a partir del 1º de enero de 2005 no se puede sobrepasar los 50 ug/m³ por más de 35 días y se ha establecido un tope anual de 40 ug/m³. Florence de Changy, reportera de la ciudad china de Hong Kong, no vacila en escribir que esas unidades de medida se han adaptado «para no herir los intereses de las potencias industriales locales».76 Una vez más la lógica capitalista se impone. Siempre que los efectos no afecten más que las «externalidades», y no directamente el proceso de acumulación del capital, no son tomados en consideración.

Y sin embargo, en junio de 2003 un grupo de universidades de la ciudad se preocupó por el tema y publicó un estudio indicando que un mejoramiento del índice de contaminación permitiría aligerar los hospitales de una carga de 36.000 días de hospitalización por año, lo que le ahorraría 1,9 mil millones de euros en costos indirectos. Como estos últimos son asumidos por los poderes públicos o por los individuos no entran en la contabilidad de las empresas.

Por otra parte, como una gran parte de los hospitales son privados, apenas encuentran ven76

Le Monde, 24.10.07.

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La crisis y sus respuestas

tajas en la disminución del número de sus clientes. El Banco Mundial estima que en China la contaminación de la atmósfera causa varios centenares de miles de víctimas al año. El mismo fenómeno no les debía resultar ajeno puesto que anualmente nacen en ese país un millón de niños con malformaciones. Se trata, a escala mundial, de un modelo de desarrollo económico que incluye sacrificios en función de objetivos que cada vez se alejan más del bienestar humano y, por supuesto, China no es la única involucrada.

En la India, donde en 2008 casi la mitad de la población sigue sin tener acceso a la electricidad, se estima que la demanda de energía se multiplicará por cuatro en los próximos 25 años (más o menos para 2030). Incluso si semejante cifra permite suponer un impacto negativo sobre el clima hace falta mantener las proposiciones. No olvidemos entonces que un ciudadano de los Estados Unidos emite 16 veces más CO2 que un indio.77 Según el sunita Narain, del Centre for Science and Environment, de Nueva Delhi, las revueltas que se produjeron en el curso de los últimos años en los 200 distritos más pobres del país se debieron a la destrucción de los bosques, a la contaminación o a la disminución de agua y a la explotación de los recursos mineros. El mismo autor estima que los cambios climáticos tendrán efectos sociales dramáticos, causados por la escasez de agua, la disminución de la seguridad alimentaria y la reducción de la superficie de las zonas costeras.78 Aumentarán las migraciones forzosas, con la sarta de problemas que arrastran.

En suma, lo que está en juego es el bienestar colectivo de la humanidad y hay que ser conscientes de ello.

Los efectos políticos El Oxford Research Group no vacila en escribir en un informe titulado Global Responses to Global Threaths (Respuestas globales a amenazas globales) que los efectos de los cambios climáticos –desplazamientos de poblaciones, falta de alimentos, desórdenes sociales– también tendrán implicaciones a largo plazo para la seguridad, y que estas serán mucho más importantes que el propio terrorismo, un criterio que incluso el propio Pentágono comparte. Lesther Brown habla de la multiplicación de estados no viables, o sea, incapaces de administrar los problemas del agua, del agotamiento de los suelos, de las migraciones, en resumen, de los efectos de los cambios climáticos.

Ya hemos señalado los efectos del calentamiento del Ártico, a partir de la posibilidad de explotar riquezas naturales (petróleo, metales) y la apertura de una nueva vía marítima.

Canadá reclama la soberanía sobre esta última, mientras que los Estados Unidos y la Unión Europea afirman que se trata de aguas internacionales. Canadá construye una base militar en la región. Los Estados Unidos se proponen suscribir la Ley del Mar, propuesta por las Naciones Unidas en 1992, lo que significa un verdadero viraje. A partir de 2009 se prevé que los países puedan extender sus aguas territoriales a más de doscientas millas, si pueden demostrar que su plataforma continental va más allá.

77 78

New York Times, 08.03.08.

Le Monde, 30.05.07.

59

La agroenergía

En cuanto al impacto de las actividades militares sobre el clima, tampoco puede subestimarse. No solo el peso ecológico de la utilización de la energía por los ejércitos es considerable (en Francia la producción de desechos nucleares es del 10,1%), sino que el costo ecológico de las guerras es inmenso. No hay más que pensar en Iraq, por ejemplo. Pero es necesario señalar otras muchas consecuencias de las actividades militares. En California del Sur la utilización, por la marina estadounidense, de poderosos sonares para preparar la guerra submarina afecta seriamente el cerebro y el oído de las ballenas y de la fauna en general.79 En Puerto Rico, al cabo de 60 años de ejercicios militares del ejército de los Estados Unidos en Vieques, se necesitarán diez años solo para sacar de las tierras los obuses no explotados.

La imagen positiva que actualmente ofrece la protección del medioambiente tampoco ha escapado a los militares. Por eso el 13 de diciembre de 2007 el Ministerio de Defensa español publicó en la prensa una página completa de publicidad, donde podía leerse: «El medio natural es también una cuestión de defensa. Se trata, en el Estado español, de 33 espacios (militares) abarcando 150.000 hectáreas protegidas». El Ministerio añadía que había múltiples maneras de defender el territorio y que una de ellas era preocuparse por la flora y la fauna, y que cuando aplicaba el sistema de gestión del medioambiente a todas sus unidades e instalaciones y cuando optaba por las energías renovables, el ejército cumplía su deber para que todos pudieran disfrutar del medio. La publicidad terminaba diciendo: «por tu futuro y por el de todos». Por su parte, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha multiplicado las experiencias de producción de carburante a partir de carbón, y ha logrado hacer volar unos cuarenta aparatos (B52, C17, etc.) con ese tipo de consumo.80 Lo que es aún más inquietante son las posibilidades de modificar las condiciones climáticas con fines militares, lo que Juan Gilman no ha vacilado en calificar de «guerra climática». Se ha vuelto posible, entonces, producir ondas de alta frecuencia en la econosfera, con miras a provocar lluvias violentas, inundaciones, alteraciones en los sistemas de comunicación, lo cual actualmente está en fase de experimentación en Alaska, por parte del ejército de los Estados Unidos.

El conjunto de esos efectos ecológicos, económicos, sociales y políticos es muy impresionante. No le falta razón a Enrique Leff, de la Universidad Nacional de México, cuando concluye que estamos enfrentando una crisis de la humanidad. Para él, lo que está en juego es el modelo de desarrollo y mientras que no se plantee la cuestión a ese nivel nos estaremos refiriendo solo a los efectos y no a las causas.81 Por su parte, el PNUD habla de una tragedia que se prepara82 y Lesther Brown «de una caída de civilización».

2.6 La acción de las Naciones Unidas La Organización de Naciones Unidas no podía permanecer insensible al problema, incluso si el sentido de sus acciones colectivas depende evidentemente del grado de conciencia de 79 80 81 82

Los Angeles Times, 18.01.08.

Le Soir, 09.06.08.

«Géopolitique de la diversité et développement durable», Alternatives Sud, Vol. XXIII, N°. 2, 185-196.

Pnud, Human Development Report 2007-2008, 4.

60

La crisis y sus respuestas

sus miembros. Ya hemos hecho alusión a la Comisión Brundtland en 1986 y a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 2007. El protocolo suscrito en Kyoto por la mayoría de los estados desarrollados industrialmente –no ratificado, sin embargo, por los Estados Unidos, Japón y Australia, quien rectificó su postura en 2007– planteaba reducir entre 2008 y 2012 las emisiones de los seis principales elementos que alteran el clima en un 6,5% con relación a 1990. Los países en desarrollo o emergentes (China, India, Brasil) no estuvieron involucrados en esas medidas. En Bali, en diciembre de 2007, se celebró la decimotercera Conferencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el clima (CCNUCC), para preparar el seguimiento del evento de Kyoto.

La primera conferencia, la de Kyoto, elaboró las normas de reducción de las emisiones, acoplándolas con los derechos de compensación, lo que dio lugar a la creación de la bolsa del carbono, a la que nos referiremos más adelante. La segunda, en Bali –con un trabajo preparatorio de varias reuniones del Grupo de Expertos Intergubernamentales sobre la Evolución del Clima (GIEC), un órgano creado de consuno por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUE), y titular, conjuntamente con Al Gore, del Premio Nobel de la Paz 2007– se desenvolvió en una atmósfera a todas luces más dramática. Los Estados Unidos, cada vez más aislados, se vieron obligados a hacer determinadas concesiones, a la par que lograban que el resto de los participantes de la asamblea, por su parte, las compensaran con otras que, justo es señalar, fueron de menor envergadura. Australia, a su vez, como tenía un gobierno laborista, se unió al campo mayoritario. Nada de eso impidió que el cabildeo industrial fuera particularmente activo, con miras a orientar las decisiones en un sentido favorable a las fuerzas del mercado. Al propio tiempo, como contrapartida, asistimos a una aproximación entre organizaciones y movimientos que se ocupan del tema del medioambiente y los defensores de la justicia social y los derechos humanos, lo cual Walden Bello, del Focus on The Global South, de Bangkok, saludó como un progreso importante. Las etapas siguientes, la decimocuarta reunión del CCNUCC en Polonia, en 2008, y la decimoquinta, en Dinamarca, en 2009, estarán llamadas a desembocar en nuevas orientaciones concretas para después de 2012. Se trataría, en particular, de reducir las emisiones de CO2 de un 20 a un 40% con relación a 1990.

En Bali, los países emergentes se sintieron involucrados. Juntos, Sudáfrica, Brasil y China afirmaron que se sentían realmente aludidos. China anunció su voluntad de reducir su consumo de energía en un 20% de aquí a 2012 y también su decisión de cargar un impuesto a la exportación de trigo, de maíz y de soya. Varios países del Sur –entre ellos, Brasil, Indonesia, Ecuador y Méxjico– solicitaron ayuda financiera para la conservación de sus bosques. China abogó por una transferencia gratuita de las tecnologías reductoras de emisiones de GEI. En este mismo sentido, un Fondo de Adaptación administrado por el Fondo por el Medioambiente Mundial (FMM) debía reunir 500 millones de dólares en 2012, alimentado por un 2% de las contribuciones sobre proyectos de reducción del CO2 en el marco del Protocolo de Kyoto, con vista a financiar proyectos de energía verde en el Tercer Mundo. Sin embargo, la suma es bien modesta frente a las necesidades reales, calculadas por lo menos en cincuenta mil millones de dólares por OXFAM y en 86 mil millones anuales por el PNUD. El Banco Mundial que, según François Bourguignon, director de la

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La agroenergía

Escuela de Economía de París (EEP), tendría vocación para convertirse en esa ocasión en el Banco del Medio Ambiente,83 sería el llamado a fijar las modalidades. Nadie duda que ante la eventualidad de tales iniciativas siga siendo market friendly.

Antes de la Conferencia de Bali, 125 ONG publicaron un llamamiento que pedía, entre otras cosas, que se tomaran en cuenta no solamente criterios económicos, sino también criterios de bienestar, el reemplazo de la medida del PIB por otra que tome en cuenta el impacto sobre el clima, la creación de medios financieros para la protección de los bosques de los países más pobres, la instauración de un fondo mundial para las energías limpias y la aprobación de una convención sobre el derecho al agua.

Conviene señalar otros organismos del sistema de Naciones Unidas implicados en esas esferas, como el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente, la Organización Meteorológica mundial, la Comisión del Desarrollo Sostenible, la Convención sobre la Diversidad Biológica, el Fondo para el Medioambiente Mundial, que reagrupa a 160 países, la Convención para la Lucha contra la Desertificación, el Programa de Naciones Unidas para los Establecimientos Humanos, sin hablar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Conviene añadir también un determinado número de organismos regionales como la Agencia Europea para el Medioambiente.

El marco de las Naciones Unidas ofrece cierto espacio de autonomía a aquellos que se preocupan por la situación y se esfuerzan por que los demás tomen conciencia de la importancia del problema y de la necesaria radicalidad de las soluciones. Pero la correlación de fuerzas tiene un papel, no solo en el plano político, sino también en el de las concepciones del desarrollo y de la filosofía económica; en una palabra, en el proyecto de sociedad. Es así que Tony Blair, quien afirma que el reto es inmenso y el tiempo limitado, no vacila en advertir que se corre el riesgo de que en la Cumbre de Copenhague, en diciembre de 2009, no se llegue a un acuerdo sobre un mínimo común denominador y que cada país ceda lo menos posible.84 Además, el neoliberalismo aún no ha dicho su última palabra y todas las grandes orientaciones del sistema económico mundial, incluso sacudido por importantes crisis, todavía está sometido a orientaciones de base. Ello nos lleva entonces a hacernos preguntas sobre el discurso neoliberal, sobre el clima y los efectos del calentamiento, su lectura de la situación, las soluciones propuestas y, finalmente, sobre la lógica que preside su elaboración. Es cierto que el fenómeno climático ha adquirido tal grado de visibilidad que se ha tornado imposible ignorar su dimensión, incluso si ciertas voces se elevan todavía para minimizar o negar la pertinencia de los datos disponibles o de su interpretación.

Semejante examen nos ayudará a entender la función de los agrocombustibles en la reproducción del modelo económico.

83 84

Le Monde, 13.11.07.

International Herald Tribune, 27.06.08.

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Capítulo 3 El discurso neoliberal sobre los cambios climáticos Pese al cada vez más universal reconocimiento del carácter antrópico de los cambios climáticos, algunos, como el presidente George W. Bush, han querido ocultarlo o minimizarlo.

Pero como hay distintas maneras de tratar el tema, no deja de tener interés dedicar un espacio a analizar cómo lo aborda el discurso neoliberal.

1. Primer tiempo: negación o desdramatización del cambio 1.1. Los escépticos y su discurso Están en primer lugar los escépticos cuestionan, o bien el valor de los datos, o bien su interpretación. La complejidad de los modelos y el carácter profundamente imprevisible del clima son motivo de desconfianza para autores como Bjorn Lomborg, en Dinamarca, y Claude Allègre, en Francia. Y, de hecho, el estado y los resultados de la meteorología parecen confirmar tal duda. Como señala Pascal Engel, filósofo de la Universidad de Ginebra, al tratar el «escepticismo climático» en la revista Sciences et Avenir,85 la naturaleza puede ser caótica. Pero, ¿se trata realmente de fenómenos de origen meteorológico o de factores perturbadores de origen humano, ciertamente medibles, pero sin que eso nos permita determinar con certeza todos sus efectos? Esta es la cuestión central. En una obra sobre el tema, 85

Sciences et Avenir, marzo-abril 2007, 16.

La agroenergía

el profesor F. Ruddiman, de la Universidad de Princeton, no se inquieta demasiado. Se inclina por la primera interpretación. El proceso es ya viejo –escribe ese autor– y empezó hace unos 8.000 años con la deforestación para el desarrollo de la agricultura.86 La primera reacción del discurso neoliberal se apoya en afirmaciones y relativiza la importancia del fenómeno.

Cuando James Hansen, climatólogo de la NASA, compareció en junio de 1998, ante el senado de los Estados Unidos, declarando que estaba convencido en un 99% que el efecto invernadero estaba cambiando el clima, las industrias implicadas se inquietaron y crearon diferentes grupos de presión, como la Coalisión sobre el Clima Planetario (CCP) o el Comité de Información sobre el Medioambiente (CIM). Este último afirmaba que el calentamiento climático era una hipótesis teórica y no una realidad. Como es posible comprobar, esa es la misma estrategia que desarrollan los fumadores de puros en relación con los efectos del tabaco. Desde principios de los años noventa, se organizó un poderoso cabildeo para evitar que se pensara en aprobar un tratado internacional sobre la reducción de los GEI. Poco antes de la celebración en Río de Janeiro en 1992 de la Cumbre de la Tierra, organizada por las Naciones Unidas con el fin de tratar los problemas medioambientales, el George Marshall Institute, un tanque pensante conservador de los Estados Unidos, publicaba un informe que afirmaba que posiblemente los cambios climáticos eran resultado de una sobreactividad solar. Cuando tuvo lugar la Cumbre de la Tierra de 2002, en Johannesburgo, el World Business Council for Sustainable Development, constituido por unas 190 empresas petroleras, químicas o forestales, se comportó particularmente activo en la búsqueda de minimizar las situaciones verificables. Uno de los argumentos que se expusieron con frecuencia fue que la comunidad científica estaba dividida. El Goddard Institute for Space Studies (GISS) aseguraba a finales de 1990 que el año más cálido en los Estados Unidos había sido 1934 y no 1998, como se afirmaba, y que los seis años más cálidos de la historia meteorológica de ese país fueron entre 1930 y 1940. Sin embargo, al mismo tiempo el propio instituto tuvo que reconocer que la temperatura había aumentado en 0,21ºC desde 1920. No solo en los Estados Unidos se escucharon tales interpretaciones. En el marco del Instituto de Física del Globo, en París, el ya mencionado Claude Allègre, además de Vincent Courtillot y Jean Louis Le Moël, estimaron que había causas ajenas a la actividad humana que explicaban el calentamiento del clima, por ejemplo, las variaciones de la actividad solar, la intensidad de la radiación cósmica y los movimientos de oscilación de la tierra sobre su órbita.87 El planteamiento era, por ende, similar en todas partes: poner en primer plano las causas de origen natural, lo que tenía el efecto de minimizar las causas humanas.

Un editorial de The Economist afirmaba claramente en 2007 que hasta hacía poco el sector de los negocios tendía a responder con desdén a las afirmaciones sobre el cambio climático.88 En efecto, semejante noción implicaba que la industria había dañado el planeta y que, como resultado, le correspondía pagar las consecuencias. Como no era cosa de entrar, ni por asomo, en tal razonamiento, más valía negar los hechos. Ahora, añadía la revista, todo ha cambiado. Todo el mundo se precipita por mostrar sus acciones «verdes». Más 86 Plow, Plagues and Petroleum-How Humans took Control of Climate, Princeton University Press, 2005.

87 Le Monde, 15.07.07.

88 The Economist, 02.06.07.

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El discurso neoliberal sobre los cambios climáticos

aún, «una energía más limpia significa nuevas tecnologías y crecientes posibilidades de ganar dinero». Etienne Davignon, el financiero belga, lo confirma: «Ya están integrados medioambiente y economía. El medioambiente ya no es un capitulo aparte».89 En este convencimiento le precedió Jeff Immelt, el presidente director general de General Electric, quien declaraba en 2005: «En lo sucesivo, las relaciones entre el negocio y la ecología dependen de win-win [ganar-ganar]»90.

La ofensiva no fue solo verbal. Se trataba también de contrarrestar las conclusiones de las investigaciones de los científicos. Así, Exxon Mobil, en los Estados Unidos, gastó diez millones de dólares en financiar centros dedicados a demostrar que el calentamiento del planeta no era más que una ilusión o un fenómeno recurrente pero poco inquietante. Entre las dos docenas de instituciones involucradas, estaban el American Enterprise Institute, que en 2004 había publicado un estudio sobre el calentamiento global, titulado: «Don’t worry, be happy» (No te preocupes, sé feliz).91 La resistencia de los sectores económicos tuvo también repercusiones en la esfera política.

El gobierno del presidente George W. Bush, ya en su primer mandato, nombró en puestos claves de la elaboración de la política climática a antiguos cabilderos del carbón y del petróleo. La reacción de las autoridades gubernamentales de los Estados Unidos que siguió al informe alarmista del GIEC en 2007 es descrita por Sharon Begley en el Wall Street Journal con los siguientes términos: «No contentos con ofrecer 10.000 dólares a los científicos dispuestos a criticar el texto, adelantan un nuevo tema: incluso si la tierra se está recalentando, no hay por qué inquietarse».92 Pero la Casa Blanca no se detuvo ahí. No vaciló en modificar –y editar– el informe presentado al Senado por el doctor Jules Gerberding, referente al impacto del calentamiento climático sobre la salud, suprimiendo los párrafos sobre las enfermedades que podían desarrollarse en un futuro.93 El caso más significativo fue el de James Hansen, director del ya citado Goddard Institute for Space Studies (GISS).

Cuando en 1989, ese investigador dio testimonio frente a la comisión senatorial presidida por Al Gore, afirmó que a su escrito se habían añadido párrafos que contradecían sus propias conclusiones. Así lo reveló Mark Bowen en su obra Censuring Science, publicado por la editorial Dutton Books en los Estados Unidos. Pero el acoso continuó en los años siguientes. En 2005, el mismo investigador escribía: «la censura se ha vuelto muy intensa, y me impide, por ejemplo, escribir en los medios de comunicación», y más adelante apunta: «ni siquiera podía seguir poniendo en línea los datos de la temperatura, como lo hacía todos los meses desde hacía doce años». La Casa Blanca decidió controlar todo lo que salía de su laboratorio, explica el autor de la obra citada.

Ese fue también el caso de los investigadores del National Oceanic and Atmosphere Administration (NOAA).94 Asimismo, en Europa los industriales se organizaron para hacer 89 90 91 92 93 94

Louvain, N°. 167 marzo 2007.

International Herald Tribune, 25.10.07.

El Atlas del Medioambiente, Le Monde Diplomatique, Paris, 2007.

Citado por el Courrier International, 20-26, 09,07.

International Herald Tribune, 25.10.07.

Citado por Le Monde, 22.01.06.

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La agroenergía

que la comisión redujera sus objetivos en la preparación del paquete climático a principios 2008. Como diría Philippe Régnier: «Nunca el cabildeo de la gran industria con el patrón de la institución europea había sido tan poderoso».95 En junio de 2008 la minoría republicana del Senado continuaba obstaculizando el primer gran proyecto para luchar contra el calentamiento.96 1.2 La deslegitimación de la postura Más allá de la expresión del escepticismo y de las maniobras políticas, se produjo también una deslegitimación de la postura científica y, en ese aspecto, huelgan los calificativos.

Empecemos por una larga cita de Eric Le Boucher, en el periódico Le Monde de 9 de abril de 2007: Para sensibilizar a las opiniones, las políticas del GIEC y los ecologistas de oficio quieren asustar, y para infundir temor simplifican, y hasta añaden. ¿Acaso necesitan efectivamente considerarse economistas y predecir recesiones en los Estados Unidos? ¿Por qué afirmar con aplomo que 2 ºC de más son malos para el comercio, cuando se observa en el territorio de esos mismos Estados Unidos un desplazamiento de las actividades hacia el sur y hacia el sol? Decir que «serán los pobres quienes más sufrirán del calentamiento» emociona nuestros sensibles corazones. Pero es un truismo: los pobres sufrirán también al máximo un enfriamiento de ese mismo planeta, sencillamente porque si el mundo está hecho así siempre serán los pobres los que más sufran, pase lo que pase. Lo decimos y lo volvemos a decir: esa estrategia de los ecologistas es desastrosa para la propia causa ecologista. Los sabios del clima harían mejor con afinar sus estudios y no hacerse los militantes. La política nunca ha hecho buenas migas con la verdad.

Realmente es difícil ser más despreciativo.

La revista americana Newsweek dedicó su número 53, de 16/23 de abril de 2007, al tema del clima. En ella Jonathan Adams y Kenzie Burchell escriben que oponerse al ultrapesimismo se vuelve una herejía: «En una época más religiosa habríamos dicho que pecamos contra Dios, hoy día afirmamos que pecamos contra la naturaleza. Las voces moderadas son acalladas».97 Estamos en una era de ecopuritamismo, dicen los mismos autores. En cuanto al informe de Nicholas Sternn para el gobierno británico, Emily Vencat en ese propio número lo califica de «semiapocalíptico» y Mac Margolis no vacila en hablar de las «Casandras del clima».98 Por su parte, Richard S. Linden, profesor de Meteorología del Massachusett’s Institute of Technology (MIT), en los Estados Unidos, va aún más lejos al plantear: Recientemente se ha predicho que la tierra afronte una crisis que exige una acción urgente. Semejante afirmación no tiene nada que ver con la ciencia. Los efectos negati95 Le Soir, 23.01.08.

96 Le Soir, 7/8, 06.08.

97 Newsweek, 16/23 abril 2007, 44.

98 Newsweek, Ibídem, 62.

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El discurso neoliberal sobre los cambios climáticos

vos del calentamiento aparecen magnificados [...]. Un clima más cálido podría resultar mucho más beneficioso que el que actualmente tenemos.99 Los mismos periodistas Jonathan Adams y Kenzie Burchell se hacen eco de esas palabras y añaden: Fingimos ignorar que el aumento de la temperatura puede ser para algunos una buena noticia y que los precedentes, en particular en la Edad Media, se asociaron con la prosperidad y un progreso en la civilización.

Para ello citan la apertura de la nueva vía marítima en el Ártico, o que en Canadá, en Rusia o Escandinavia, los beneficios del calentamiento se traducirán en mayor abundancia en las cosechas, disminución de la mortalidad invernal, reducción de costos de calefacción y un posible boom del turismo y del sector inmobiliario.100 Richard S. Linden, quien no había pensado dos veces para responder a Al Gore que el calentamiento del planeta era un gran cuento, añade que el aumento de la temperatura que experimentó la India en la segunda mitad del siglo xx permitió un fuerte aumento de la producción agrícola en ese país. Y manifiesta, además, que «la exposición al frío es igual de peligrosa y menos confortable».101 En suma, que se hizo todo lo posible por minimizar el problema.

2. Segundo tiempo: las soluciones por el mercado Como la amplitud de la crisis climática se evidenciaba cada vez más con mayor claridad, se tornó difícil seguir proclamando su inexistencia. Surgió una segunda fase, con miras a demostrar que las soluciones pasaban por el mercado.

2.1 El optimismo de las perspectivas Poco a poco, se produjo un cambio de rumbo. Empezó a prevalecer el optimismo en el discurso neoliberal, basado en la confianza en el progreso y las capacidades del saber humano. Así, Peter Levene, director de la compañía aseguradora Lloyd, de Londres, duramente afectada por los recientes desastres naturales, no vacilaba en afirmar: «la raza humana ha inventado el aire acondicionado y la calefacción central. Nosotros nos adaptaremos a las nuevas condiciones».102 Mac Margolis, antes citado, plantea que «los campesinos siempre supieron descifrar las situaciones y adaptarse al clima y lo hacen desde hace milenios».103 Y el discurso neoliberal cita al arqueólogo del University Collage, de Londres, que dice: «Por cada sociedad desplomada hubo otra reafirmada»104. Por su parte Philipe Manière, director del Instituto Montaigne, en París, señala que el genio del capitalismo estriba en adaptarse: 99 Newsweek, Ibídem, 88.

100 Newsweek, Ibídem, 44.

101 Newsweek, Ibídem, 89.

102 Newsweek, Ibídem, 53.

103 Newsweek, Ibídem, 63.

104 Newsweek, Ibídem, 72.

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La agroenergía

A largo plazo, soy muy optimista. La historia de la humanidad se construye con problemas muy graves a los que se ha hallado solución. En cinco, diez o quince años, habrá formas de crecimiento inusitadas con fuentes diferentes de energía, medios de transporte individuales y colectivos que funcionen por un modelo alternativo, etc.

Jeffrey Sachs escribe: Numerosos ideólogos del libre mercado ridiculizan que pensemos en que las limitantes impuestas por los recursos naturales podrían provocar un enlentecimiento del crecimiento mundial. Afirman que el temor a carecer de recursos, particularmente de alimentos y de energía, nos acompaña desde hace doscientos años sin que hayamos sucumbido. Por el contrario, la riqueza sigue aumentando a un ritmo mucho más rápido que la población.105 Ese es el genio del capitalismo: adaptarse continuamente a los nuevos datos de la experiencia.106 Según los expertos europeos, el desarrollo de las energías renovables, en especial, solo encuentra su equivalente en la revolución industrial.107 «El capital naturaleza ha sido reemplazado por el capital industrial». Comprueban que el nuevo giro energético ya ha creado 100.000 empleos y generado una cifra de negocios de 20 mil millones de euros (se trata especialmente de los agrocombustibles). En fin, que prima el optimismo. Se hallarán soluciones y, lo que es más, en el marco del sistema económico actual, que tanto ha promovido la innovación. Por demás, «el costo de la inacción sería superior al de la acción: entonces, resultaría más caro reparar los daños del calentamiento que invertir para evitarlos».108 Y conviene reconocer que la industria se adapta rápidamente a la nueva situación. Los esfuerzos para reducir el consumo de energía tienen un costo. La eficacia energética ha mejorado en un 1,6% anual desde 1990, con una disminución de las emisiones de CO2 en la atmósfera en 10 gigatoneladas solo en 2006, según un informe del Consejo Mundial de Energía. En la actualidad, por recibir los mismos servicios se consume un 40% de energía menos que hace quince años. En Alemania, las emisiones de CO2 se redujeron en un 20,4% entre 1990 y 2007, la mitad gracias al desplome de la industria del Este. En Bélgica, la reducción de la emisión de los GEI fue de un 6% en 2006 con relación a 1990. Los resultados se debieron a la vez al esfuerzo doméstico y al de las industrias: mejoramiento de la tasa de rendimiento energético, tecnologías más eficaces, altos precios de la energía e incitaciones de los poderes públicos.109 Sin embargo, en Europa el año 2007 marcó una elevación de un 1,1% de las emisiones de CO2, debido, según la Comisión, a la aplicación de los derechos a contaminar.110 105 106 107 108 109 110

The Jakarta Post, 24.06.08.

Le Monde, 30.05.07.

Citado por Le Soir, 10/11.03.07.

Le Soir, Ibídem.

Science et Vie, enero 2008, 24-26.

Ver más adelante.

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El discurso neoliberal sobre los cambios climáticos

En los Estados Unidos se producen esponjas metálicas (ZIFS) capaces de absorber 83 veces su propio volumen. Pueden servir de filtro en las chimeneas de los centrales que usan carbón, y después se les quita el CO2 acumulado, que puede a su vez ser eventualmente enterrado. No obstante, el alto costo de esa solución, que alía cobalto y zinc con moléculas orgánicas, impide su aplicación generalizada.

La lógica de la economía capitalista se desenvuelve con arreglo a un doble principio, no lo olvidemos: primeramente, la relación costo/beneficio (calculado sin las externalidades) debe ser positiva en favor de este último y, en segundo lugar, la competencia exige no elevar los costos de producción, so pena de desaparecer del mercado. Ello se aplica también en el caso de las medidas a adoptar para frenar la destrucción climática: asegurarse de los beneficios a corto o a mediano plazo y evitar adoptar políticas que pudieran brindar ventajas a competidores menos tacaños. Una vez más, cuando el proceso de acumulación del capital corre el riesgo de ser frenado o paralizado, los actores económicos adoptan medidas consideradas «racionales», en función de la lógica del sistema. Por tanto, a corto plazo solo una reglamentación generalizada impuesta por los poderes públicos puede dar solución al problema. Pero esta última seguramente corre el riesgo de resultar a su vez atemperada por el peligro de la competencia del país que posee «la ventaja comparativa» de legislaciones ecológicas menos apremiantes, igual que por la amenaza de dislocación de las industrias cuando ello se torne más rentable para el capital. Hasta los estados están sometidos a la ley del mercado, y los gobiernos, aunque sean socialistas, se sienten en la obligación de defender sus empresas tanto en el interior como en el exterior, en contradicción con la protección del clima. El caso de los Estados Unidos.

También, la preocupación ecológica se convierte en un argumento comercial. Basta con referirse a la industria del automóvil que basa actualmente su publicidad en el carácter menos contaminante de sus últimos modelos, en momentos en que la Comisión Europea está planteando reducir la emisión de CO2 a 120 gr/km para 2012. La Logan Eco2, de Renault, se presentó en el salón de Shangaï en noviembre de 2007 con un lanzamiento a la atmósfera de 136 gr/km, lejos de las cantidades precedentes. Volkswagen, que había adquirido numerosas tierras en Brasil y que estableció un acuerdo con Adler, Daniel, Mitland (ADM)111 para producir agrodiesel, lanza el Bluemotion y lo presenta como el auto menos contaminante del mercado (102 gr/km). La firma se compromete en España a plantar 17 árboles por cada auto nuevo que venda, lo que permitiría absorber, según dice, el CO2 emitido por los 50.000 primeros kilómetros del vehículo. El grupo PSA, en Francia, presenta conjuntamente el Blue Lion, Peugeot, y el Airdream, Citroën, que emiten menos de 130 gr/km, con energías fósiles. Ford no se queda a la zaga con su Econetic y el motor híbrido Ecoboost, que equipa la Ford Explorer America. Mercedes anuncia «el auto biónico», que alía alta tecnología y débiles emisiones de CO2. Opel, del grupo General Motors, destaca la tecnología Flextrême que garantiza la propulsión por electricidad; el motor de gasolina o diesel solo sirve para recargar las baterías.112 Toyota Lexus opta por el auto híbrido (petróleo y electricidad).

111 112

Adler, Daniel, Mitland.

Le Soir, 12.09.07.

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La agroenergía

La publicidad va más lejos. Peugeot incita a comprar nuevos modelos en el siguiente anuncio: «El 20% de los autos más viejos son responsables del 60% de las emisiones contaminantes automotrices. Vamos a reemplazarlos». Hay que decir que las exigencias europeas son ambiciosas: para 2012 ya no se podrá emitir más que 60 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, mientras que en 2007 lo establecido eran 160 gramos, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea). Ese mismo organismo estimaba que difícilmente se alcanzaría la meta de reducir a 140 gramos para 2008.

Por supuesto que no hay objeción ninguna a que se produzcan vehículos menos contaminantes. Pero no podemos olvidar que el ofrecimiento del parque automotriz a escala mundial anula por una parte la disminución lograda y que la preocupación ecológica se ha puesto de manifiesto solo recientemente mientras que la contaminación de los vehículos ya había sido denunciada por científicos y ecologistas desde hace décadas. Hubo que esperar que se anunciaran medidas internacionales para que se convirtieran en argumento publicitario. Por demás, como escribe Carlos Migueles: «Con semejante publicidad, las marcas esperan recuperar lo que tienen que gastar para compensar los costos en que han incurrido».113 Se han señalado con gran alharaca de publicidad otras iniciativas para demostrar las preocupaciones y la eficacia de los actores globales. Monsanto anuncia para mediados de 2015 una semilla de algodón resistente a la sequía, en previsión de cambios climáticos.

General Electric refuerza la eficiencia energética de sus productos.114 El etanol no solo será suministrado por los Estados Unidos y Brasil, sino también por Canadá y Rusia. Las compañías de seguros inventan nuevos productos. Katrina –el ciclón que devastó Nueva Orleáns– sentó las bases para un verdadero «nuevo mercado» en tal sentido.115 La Universidad de Yale y el tanque pensante Ceres organizan un seminario sobre los riesgos y las oportunidades del calentamiento climático, con los directores de las 1.000 compañías nominadas por la revista Fortune como las más rentables del mundo.116 En África, se ejecutan políticas inteligentes para remediar las calamidades climáticas, escribe Pedro Sánchez, de la Universidad de Columbia en Nueva York. Gracias a fundaciones privadas, explica, sobre todo la del matrimonio Gates o la del financiero Rockefeller, se está llevando a cabo en África una verdadera «revolución verde»: «se promueve que los campesinos enriquezcan sus suelos agotados, que utilicen semillas hibridas y que trabajen con el sector privado para penetrar los mercados».117 En suma, el genio del sistema capitalista consiste en transformar los desastres en oportunidades y las tragedias en beneficios, dándole siempre al sector privado el liderazgo de lo humanitario.

A finales de 2007, la industria papelera en Francia publicaba una página publicitaria en los diarios de ese país:

113 El Negocio de Contaminación, Alai, 28.12.07.

114 Newsweek, 16/23 abril 2007, 46.

115 Newsweek, Ibídem, 54.

116 Newsweek, Ibídem, 55.

117 Newsweek, Ibídem, 64.

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El discurso neoliberal sobre los cambios climáticos

Sí. El papel contribuye a la lucha contra el efecto invernadero mediante la utilización de la madera que proviene de los claros, de las plantaciones renovadas y de la caída de los aserraderos. La fabricación del papel favorece el crecimiento de los árboles y por tanto permite la absorción de gas carbónico. El papel fabricado y luego reciclado, una vez que se usa sigue conservando el gas carbónico que contienen sus fibras.118 El carácter ilusorio de semejante afirmación procede menos de lo que plantea que de lo que no dice, pues: ¿Cuál es la parte del producto que sale de las plantaciones de eucalipto, con efectos ecológicos y sociales desastrosos en las zonas tropicales? ¿Con qué energía se produce la pulpa de papel? ¿Cuánto CO2 se lanza a la atmósfera a causa de su transporte?

No podemos aislar un factor sin caer en la mentira. Pero la fibra ecológica es portadora actualmente y el mercado de apodera de ella. Hasta McDonalds en su propaganda hace alarde de que «sensibiliza a los niños para que manifiesten gestos ecociudadanos».

De este breve muestreo de opiniones concluyentes, en realidad eclécticas, pero significativas y destinadas a introducir al lector en la gran diversidad de argumentos de un liberalismo fiel al marco de su lógica original, terminaremos con una última cita, de John Lellewellyn, consejero económico superior en Lehman Brothers, que resume bien la filosofía de base: El calentamiento mundial parece ser una de esas fuerzas tectónicas –como la globalización o el envejecimiento poblacional– que cambia gradual pero poderosamente el panorama económico.119 En semejante perspectiva, se trata entonces de un reto real que se abre a las oportunidades que puedan aprovechar quienes sean capaces de hacerlo. Ciertamente hallarán las tecnologías adecuadas y estarán en condiciones de continuar el proceso de acumulación del capital. De ello se hacía eco una propaganda aparecida en el periódico americano US Today, el 24 abril de 2007: «How global warming can make you wealthy?» (¿Cómo el calentamiento global puede hacerle rico ?). Frente a esa avalancha de optimismo, el climatólogo Jean Pascal van Ypersele, vicepresidente de un grupo de trabajo del GIEC, llegó nada menos que a la conclusión que «el discurso de los economistas que propone esperar el mundo radiante donde las tecnologías ahorradoras de CO2 costarán más baratas, es peligroso».

2.2 El respeto a la ley del mercado ¿Quiere decir esto que para los autores del sistema neoliberal no hace falta cambiar nada?

Evidentemente, no. En todos los autores neoliberales y en la mayoría de los socialdemócratas se observa, no obstante, una condición fundamental que se aplica a las adaptaciones: respetan las leyes del mercado. Así lo plantea Nicholas Sternn de la London School of Economics y autor del informe sobre el cambio climático financiado por Tony Blair, cuando afirma que hacen falta «acuerdos que asocien los logros de Kyoto y los mecanismos del 118 25.10.07.

119 Newsweek, Ibídem, 46.

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mercado para operar la transición de los modelos de desarrollo».120 También, los Acuerdos de Kyoto tienen previstos intercambios entre industrias contaminantes y países en desarrollo: las cuotas de CO2, que hacen entrar los GEI en la esfera de los valores de cambio.

La plataforma financiera londinense ha desarrollado una bolsa de CO2, que se ha convertido no solo en el centro del comercio, en pleno crecimiento, para los créditos-carbono, sino también en la guardiana de los precios para la captura de este último por las zonas ricas en biodiversidad.121 El funcionamiento del sistema prevé que cada país pueda disponer de una cuota autorizada de «unidades de cantidad» (UQA) por los años del periodo entre 2007 y 2012. La fecha fue fijada por los Acuerdos de Kyoto con miras a lograr la reducción de un 5,2% de los GEI con relación a 1990. Ciertos países están por encima de su cuota, por emisiones demasiado abundantes, y otros por debajo, donde cabe efectuar intercambios. Se han previsto tres mecanismos. El primero es el comercio entre estados y lo que se llama «la venta de aire caliente». Un Estado que emita demasiados GEI puede comprar cuotas a otro país que no llegue a los límites establecidos. Sin embargo, esa operación no puede sobrepasar un máximo de un 10% de las UQA y el control se lleva a cabo a través del secretariado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Un segundo mecanismo se denomina «Operación conjunta» (MOC), y permite a un país industrializado realizar reducciones de emisión en otro país industrialmente desarrollado, por ejemplo, en Europa del este, a un costo menor que si debiera hacerlas en el suyo, por ejemplo, de los países de la Europa occidental a los antiguos países socialistas del este. Así se les cargan a su crédito las «Unidades de Reducción de Emisión» (URE). El tercero, el «mecanismo de desarrollo propio», atañe a la acción de esos mismos países en regiones en desarrollo. En 2007 representaban un mercado de casi diez mil millones de dólares. Las iniciativas adoptadas para replantar un bosque, por ejemplo, son susceptibles de proporcionar una contribución a sus UQA. El conjunto está estrictamente comprobado internacionalmente. En diciembre de 2007 había más de dos mil proyectos y el objetivo era disminuir en dos mil millones de toneladas las emisiones de CO2 desde entonces hasta el año 2012. Pese a todo, cuando pase esa fecha habrá que seguir dividiendo entre dos la cantidad de emisiones, si queremos mantener el aumento de la temperatura del globo por debajo de 2° C. He ahí el por qué se ha desarrollado un importante mercado bursátil de UQA. En 2006 asistimos a un desplome del precio de la tonelada de CO2, probablemente porque la política había sido demasiado generosa; pero en conjunto el éxito de la operación fue notable.

El mercado había acumulado ese propio año 20,5 mil millones de dólares y podía alcanzar los 80 mil en algunos años.122 Sin embargo, ello permitió a las industrias satisfacer la reducción de emisiones sin por ello tener que reducir su emisión de gas con efecto 120 121 122

Le Monde, 21.09.07.

Enrique Leff, Géopolitique de la biodiversité et développement durable, Alternatives Sud, Vol XIII, N°. 2, 196.

Financial Times, 30.10.07.

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El discurso neoliberal sobre los cambios climáticos

invernadero.123 Como se ha indicado antes, en Europa eso se tradujo en un aumento de la emisión de CO2 por la industria. No obstante se prevé que las emanaciones serán más severas después de 2012. En 2007 el precio de la tonelada se fijó en unos 24 euros.

En el tema se especializaban nuevas firmas, como Low Carbon Accelarator, Powernet Carboro, European Carbon Exchange, etc. Y el eco business está en plena expansión.

Según el ministro alemán del Medioambiente, los cuatro mayores productores de energía europeos deben haber ganado entre seis mil y ocho mil millones de euros.124 En enero 2008 la Comisión Europea propuso constituir un mercado interno en Europa para las 12.000 empresas devoradoras de energía del continente, con una posibilidad de licitación a partir de 2013. Por su parte, la Unión Europea estableció el Sistema Comercial de Intercambios de Cuota de Emisiones (Sceqe).

Resulta interesante observar que en determinados medios norteamericanos, ese sistema es criticado, no solo porque amenaza con ser una fuente de corrupción, de dumping y de chantajes, lo que es completamente verdadero, sino sobre todo porque impone una limitante a las actividades económicas, mientras que las medidas que respetan los principios del mercado (market friendly), como los impuestos sobre las emisiones de CO2 y la eliminación del gravámen de las energías renovables, aportarían, según ellos, incitaciones en vez de barreras. Así, un estudio fechado en abril de 2007, de David Victor y Michael Wara, de la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos, indica que a las industrias le cargan ganancias injustificadas que han destruido un hangar industrial con un efecto invernadero muy alto (el HFC-23).

El Mecanismo de Desarrollo Propio (MED) habría permitido a estos últimos recibir 4,7 mil millones de dólares cuando, posiblemente, el costo de la destrucción no llegó a 100 millones de dólares.125 Eso es lo que manifiesta Daniel Esty, de la Universidad de Yale, en su obra Green to Gold, citada por Fareed Zaxaria126 y, en el plano político, lo siguió George W. Bush, quien utilizó el mismo argumento para negarse a ratificar el protocolo de Kyoto.

Se tiene el derecho a estimar que todo lo que contribuya a disminuir una emisión de los GEI debe ser bienvenido y, con ello también iniciativas de este tipo. Pero, ¿acaso no será ir demasiado rápido en la faena e ignorar que ese género de solución se inscribe primeramente en una lógica de reproducción del sistema económico y no como una respuesta a un problema de civilización, lo cual en resumidas cuentas es la baza fundamental? Basta con un ejemplo. La sociedad norteamericana Arcadia Biosciences contempla financiar el desarrollo en China de cultivos de OGM (especialmente de arroz) mediante compensaciones previstas por el mercado de carbono. El razonamiento es el siguiente. Con el arroz que Arcadia modifica genéticamente los campesinos necesitan utilizar mucho menos fertilizante que emite óxido nítrico. Además, este último es 300 veces más nocivo que el dióxido de carbono (CO2). Con la venta de cuotas de CO2, los campesinos podrán financiar la compra de semillas transformadas. El experimento debería llevarse a cabo en la provincia de Ningxia, al norte del país. Pero las perspectivas de la compañía no se detienen ahí. Del arroz podría pasarse al trigo, al maíz, a la caña de azúcar, a las remolachas, a las plantas 123 124 125 126

Wall Street Jounal, 10.10.07.

World Rain Forest Bulletin, 02.06.07.

Le Monde, Newsweek, 16-23 abril 2007, 21.

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La agroenergía

oleaginosas, al algodón, hasta a los terrenos de golf. Como la agricultura contribuye más al efecto invernadero que el transporte (entre un 14 y 17%, según diversos cálculos), la compañía tienen la gran esperanza de que el experimento chino, previsto de aquí a 2012, pueda ser universalizado y aplicado a otros continentes. Ya ha vendido su patente a otras varias empresas, entre ellas a Monsanto, para los oleaginosos.127 El Wall Street Journal de 10.10.07, que también relata el hecho, añade una precisión aportada por el director de la empresa californiana: «el problema en China, dice, es que el espíritu tradicional del campesino y la falta de respeto al derecho de propiedad intelectual dificultan hacer dinero».

Es por eso que Monsanto ya había hecho antes borrón y cuenta nueva. El diario añade, sin embargo, que China sigue estando reticente a aplicar a otros cultivos aparte del algodón el principio de los OGM. El grupo que se llama Leadership Global pour une Action Climatique (LGAC) se sitúa en la misma lógica. Se trata de un esfuerzo conjunto del Club de Madrid, que reagrupa a unos 64 antiguos jefes de Estado o de gobiernos, «para fortalecer la democracia en el mundo», y de la Fundación de Naciones Unidas, iniciativa del magnate de los medios de comunicación americanos Ted Turner, en asociación publica privada y destinada a «asumir los desafíos del mundo». Allí estaban hombro con hombro la señora Brandtland, antigua primera ministra de Noruega, quien fue también presidenta de la primera Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Fernando Enrique Cardoso, antiguo presidente de Brasil, José Iglesias ex director del Banco Interamericano de Desarrollo, Lionel Jospin, antiguo primer ministro socialista francés, Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, George Soros, el financiero americano, John Wolfensohn, ex presidente del Banco Mundial, Ernesto Zedillo, antiguo presidente de México, y el propio Ted Turner. El grupo presentó al G8 de Berlín, el 11 de octubre de 2007, un informe titulado: «Proyecto para un Acuerdo post-Kyoto sobre el cambio climático».

En la introducción se señala que ese acuerdo debe insertarse «en las normas establecidas por el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, a integrar en sus estrategias la reducción de la pobreza». El informe sigue insistiendo en las asociaciones público/privadas: El sector privado es al que le corresponde llamado a realizar inversiones en las etapas de realización y de difusión. Sin embargo, es preciso que los gobiernos brinden un marco de trabajo claro y previsible para facilitar la inversión.128 John Kerry, el antiguo candidato demócrata en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, dice lo mismo. Hacen falta soluciones que «den garantías al mercado», declaró en Bali en la Conferencia de Naciones Unidas, y saludó en particular a las 27 compañías de la lista de las 500 más grandes de la revista Fortune, que habían aceptado «el desafío del clima». Recordó en tal sentido que poco antes había tenido lugar una reunión en Clarence House, la residencia del príncipe Carlos de Inglaterra, donde 150 compañías convinieron que se podía hacer dinero con la economía verde. Eso era lo que deseaba realmente 127 128

David Adam, Guardian Unlimited, 08.01.08.

Informe suscrito conjuntamente por Ricardo Lagos y Timothy E. Worth.

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el senador demócrata y antiguo candidato a la presidencia de los Estados Unidos cuando afirmaba en Bali que hacía falta encontrar soluciones que «dieran garantías al mercado».

Con esa visión, concluyó Nicola Bullard, del Focus for the Global South, de Bangkok, «algunas compañías van a ganar y otras van a perder, pero el capitalismo sobrevivirá»129.

La Global Reporting Initiative, por su parte, reúne numerosas empresas en el mundo, para «un desarrollo sostenible y transparente», en función de cuatro dimensiones: ética (código de conducta), económica (mercado), social (responsabilidad) y ambiental (sostenibilidad).

Es una de las expresiones del Global Compact, este acuerdo con las Naciones Unidas que permite a las empresas utilizar el logo de esta última, mediante la adopción de un código de conducta. Kofi Annan, en esa época secretario general de la ONU, propuso dicha solución, a raíz del fracaso de una decena de negociaciones para la utilización de reglas de comportamiento ecológico y social para las empresas transnacionales, y que habrían podido constituir el inicio de un Derecho económico internacional provisto de sanciones y de un organismo judicial. La oposición de los sectores de negocios y de los principales gobiernos de los países industrializados paralizó dicho proyecto. En cambio, el Global Compact, que es una iniciativa con el principio de la voluntariedad, permite a las empresas transnacionales autolegitimarse mediante una intensa propaganda en todos los medios masivos, sobre la base de un discurso moralizante que con mucha frecuencia se contradice por las prácticas que denuncian varias ONG y tribunales de opinión como, en particular, el Tribunal Permanente de los Pueblos, de Lima, en mayo de 2008, que sesionó sobre las prácticas ecológicas y sociales de las transnacionales europeas en América Latina, que por demás no fueron verificadas en lo absoluto por los organismos independientes.

Una vez más, algunos se sentirán tentados a decir: finalmente importa poco, con tal que se hallen soluciones. Precisamente sobre ese punto es que vale la pena reflexionar. ¿Podemos en verdad hablar de soluciones sin replantear la cuestión en un marco global? Sería efectivamente bien asombroso que un sistema económico, cualquiera que este sea, no trate de aportar determinados remedios a una situación que lo bloquea hasta en su propia supervivencia ¿Pero acaso se trata de soluciones favorables a la humanidad en su conjunto y susceptibles de garantizar el futuro del planeta? En otras palabras, ¿lo que se está buscando es salvar al género humano y sus capacidades vitales, o preservar la suerte del capitalismo? Además, es un discurso ético que a menudo apoya las tomas de posición del mundo capitalista.

La primera convicción en la base del razonamiento neoliberal es el carácter insoslayable del mercado capitalista como fuente de progreso. En esa perspectiva, este último es efectivamente indisociable del crecimiento cuyo motor principal es el valor de cambio. Es cierto que el capitalismo ha resultado ser en la historia el sistema más eficaz para producir bienes y servicios. Tiene también la ventaja de poseer una gran flexibilidad y en la medida en que goza de la libertad necesaria de adaptarse a todas las circunstancias. Es incluso capaz de transformar en fuente de beneficio y de acumulación los efectos no deseados de sus propias obras. Según el razonamiento, debemos, pues, sacar de ello la conclusión que sus protagonis129

Bulletin électronique du Focus for the Global South, N°. 135, Dic. 2007.

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tas son los actores que tienen más posibilidades y que a menudo hasta son los únicos capaces de resolver realmente los problemas que plantea el calentamiento del planeta. El papel de los poderes públicos consistirá, entonces, en crear las condiciones para ejercer esta lógica, al reducir los riesgos de las inversiones y permitir a los intereses privados actuar allí donde las ganancias se tornen posibles. En otras palabras, como en muchas otras esferas, se trata de colectivizar los riesgos y privatizar las ganancias. Tal razonamiento tiene la ventaja de la claridad y es lógico en sí mismo. Es incluso capaz, una vez que se aplica, de tener una eficacia a corto y a mediano plazo. Lo comprobamos, por ejemplo, en la disminución de las emisiones de GEI por la industria. Los grandes institutos financieros de los Estados Unidos, Goldman Sachs, Citigroup, Lehman Brothers, incluso han llamado la atención sobre la ventaja de invertir «verde» y los accionistas han tomado conciencia de ello.130 Todo el tema es también objeto de discusiones intensas en el seno del Foro Económico Mundial de Davos, que según el primer ministro japonés Yasuo Fukuda, se ha convertido en el «mayor mercado [the largest bazar] para las relaciones entre inversionistas».131 El único fallo, si bien de consideración, es que el sistema no toma en cuenta los factores que no entran directamente en el cálculo económico del mercado, o sea, las externalidades. Como en el pasado, las zonas de sombra siguen siendo considerables, y lo veremos cuando se aborde la cuestión de los agrocombustibles. Mientras que la ecología permanezca al margen de la construcción económica no se tomará en cuenta (será una externalidad). Y solo cuando llegue el día en que los perjuicios a la naturaleza se conviertan en un obstáculo para la acumulación del capital el sistema empezará a integrarlos a sus preocupaciones. En ese momento, según la ley de su propia lógica, el capitalismo estará en condiciones de transformar las medidas conservadoras que se volverán indispensables y las búsquedas de alternativas, en factores de acumulación, es decir, en ganancias.

Tal comprobación podría a primera vista echar agua al molino del razonamiento neoliberal, puesto que la necesidad de tener ganancias (ley orgánica del capitalismo) empuja a la acción. Así se aproxima al razonamiento de Adam Smith o al de Bill Gates, cuando hablaba en Davos, en enero de 2008, del capitalismo del siglo xxi y subrayaba la capacidad de autorregulación del sistema. Pero, evidentemente, eso no puede inscribirse más que en la lógica de la acumulación y la primera reacción consiste en mantener a cualquier precio la tasa de ganancia. Así, cuando la Unión Europea anunció su voluntad de reducir en un 20% su tasa de emisión de los GEI para 2020, la reacción de ciertas industrias fue prever una deslocalización de la producción hacia regiones menos exigentes con el tema. La aplicación de esa lógica se detiene entonces en los sectores donde la acumulación es posible. Peor, como en el caso de los agrocombustibles, crea nuevas externalidades (destrucción de la naturaleza y desastres sociales) que únicamente serán tomadas en cuenta si, a su vez, los efectos se tornan tan negativos que frenen nuevamente la acumulación del capital.

Es el caso, por ejemplo, de los monocultivos de la palma oleaginosa (palma africana) que actualmente se extienden en las zonas tropicales, entre otras, para producir agrodiesel.

130 131

New Herald Tribune, 11/12.08.07.

Finantial Times, 25.01.08.

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Utilizan pesticidas destructores de los suelos y de los mantos freáticos y provocan la desaparición de la agricultura campesina, lo que, a su vez, genera desplazamientos masivos de poblaciones y culmina en una urbanización salvaje y migraciones externas. Mientras que las ganancias del capital sean mayores que los inconvenientes, y mientras que la protesta social permanezca incontrolable, la extensión de ese modelo agrario continuará sin tomar en consideración las externalidades. Entretanto, los daños y las víctimas son «los demás». En ese momento es que se puede comprobar hasta qué punto es irracional el mercado capitalista como regulador de la economía, porque está dominado exclusivamente por una sola lógica. Fidel Castro lo señala en una nota de reflexión: Se concibe la energía como si fuera otra mercancía. Ya Marx advirtió que no se debía a la perversidad o a la insensibilidad de uno u otro capitalista individual, sino que es consecuencia de la lógica del proceso de acumulación que tiende a la incesante «mercantilización» de todos los aspectos materiales y simbólicos de la vida social.132 Por demás, se puede establecer un paralelo esta vez con otros sectores de la esfera social, puesto que se les aplica una lógica semejante. Así, por ejemplo, mientras el bienestar de las personas de edad fue una externalidad, permaneció marginal y se presentaba como un costo que muchas veces se consideró insostenible para el proceso de acumulación.

Por tal razón, la resistencia a que se establecieran sistemas de pensión fue sistemática.

Tras largas y duras luchas sociales estos fueron instaurados finalmente. En cambio, cuando el capital financiero pudo transformar los fondos de pensión en instrumentos de política acumulativa, incluyendo el recurso a la especulación, la actitud cambió. La privatización de los regímenes de pensión se puso en el orden del día, por supuesto, para los interesados, junto a los riesgos vinculados a la mercantilización para que fueran fuente de ganancias. Los beneficiarios tuvieron que someterse a ello y se sabe el precio que tuvieron que pagar algunos, sobre todo en los Estados Unidos. Esa misma lógica preside todo el «modelo de desarrollo» contemporáneo, es decir, el crecimiento espectacular de aproximadamente un veinte por ciento de la población mundial, dejando a un lado las «multitudes inútiles» de las cuales hablamos en el capítulo introductorio de esta obra.

El mismo principio se introduce para las energías nuevas y los agrocombustibles. Su adopción debe avenirse al proceso de acumulación del capital: concentración de la propiedad del suelo, monocultivo, explotación de la mano de obra, control de las multinacionales sobre la comercialización. En esta óptica, hay necesariamente que incorporar la naturaleza al mercado y administrarla por la vía de los mecanismos económicos que, a su vez, establecen nuevas externalidades. Por tanto, la realidad se reduce a uno solo de sus componentes, lo que evidentemente falsea las perspectivas y no pemite contemplar soluciones completas. Karl Polanyi, el economista estadounidense, especialista en la historia del capitalismo, lo notó: la característica de este último es haber extraído el sistema económico de su inserción en la sociedad y haberle impuesto después las leyes de su propio funcionamiento.

132

Se intensifica el Debate, 10.05.07.

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3. Las lagunas del enfoque neoliberal Priyadarshi R. Shukla, presidente del Indian Institute of Management, de Ahmenabad, resume bien las lagunas principales de este enfoque: Una excesiva preocupación tendiente a crear un régimen de reducción basado en «derechos» (derechos de propiedad comercializables) y no en responsabilidades, por ejemplo, el contaminante que paga); una atención más orientada a la eficacia (rentabilidad) y no a la equidad en la distribución de la carga, una incapacidad para estimar los dividendos o las penalidades en función de la acción o de la inacción frente al cambio climático, y finalmente una débil apreciación de las diferentes condiciones históricas del país en desarrollo, de su nivel, de sus prioridades y capacidades (especialmente institucionales).133 En resumen, como escribe Eduardo Gudynas: «Hay que incorporar la naturaleza al mercado y administrarla a través de los mecanismos económicos»134.

Y he aquí otro aspecto del problema planteado: ¿qué hay con las economías del Sur particularmente relacionadas en el tema de los agrocombustibles, cuyo desarrollo se inscribe como una de las soluciones que propone el mercado? Es cierto que la falta de tierras y el alto costo de la mano de obra obligan a las economías del Norte a promover la producción de agroenergía en el Sur y, al mismo tiempo, de forma bastante contradictoria, a adoptar también medidas de conservación para los «pozos de carbon» (los bosques). En ese segundo campo, el sistema de la bolsa de cuotas de CO2 y la venta de créditos para la fijación del carbono sirven para financiar la protección de los bosques considerados «por los países desarrollados máquinas para fijar el gas de efecto invernadero», opina Eduardo Gudynas, en un artículo titulado: «la naturaleza de cara a la tormenta global»135. Entonces, se refuerza la dependencia de los países del Sur (lo mismo que sucede con las materias primas) al tiempo que se permite a los países desarrollados industrialmente continuar, atenuándolo, su modelo contaminante de crecimiento. Según este mismo autor, el Sur se ve así reducido al papel de amortiguador ecológico, bajo la tutela de un mercado verde transnacional, particularmente funcional para el modo de producción capitalista contemporáneo. En cuanto a los problemas de la repartición de la riqueza mundial o de las opciones propias que el Sur pudiera tener sobre su desarrollo industrial, siguen siendo perfectamente ignoradas. En cambio, los «actores globales» que son las empresas transnacionales tienen el campo libre.

En vísperas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima a celebrarse en Bali, los Estados Unidos y la Unión Europea se entrevistaron en Ginebra para proponer de consuno acelerar la eliminación de barreras arancelarias sobre los bienes y servicios, empezando por el comercio de tecnologías que reduzcan los daños ocasionados por los GEI. Victor Menetti, del Foro Internacional sobre la Globalización, en Suiza, destacó oportunamente 133 134 135

Climat et Développement, une articulation souhaitable, Alternatives Sud, Vol. XIII (2006), N°. 2, 147.

E. Gudynas, La naturaleza frente a la tormenta global, Alai, 10.10.07.

Alai, 10.10.07.

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El discurso neoliberal sobre los cambios climáticos

que semejante proposición se insertaba en el marco de los intercambios desiguales y que nuevamente serían los más fuertes quienes sacarían beneficio de ese tipo de transacción.

Añadía que tales disposiciones contribuyen inevitablemente al debilitamiento de los estados del Sur, que cada vez son menos capaces de tomar decisiones sobre su propio destino económico. La liberalización de los intercambios, incluso si determinadas restricciones provisorias han sido previstas en espacio y tiempo, significa inevitablemente la prevalecía de los intereses de los más fuertes, y entra en conflicto con el bienestar general de toda la humanidad.

Conviene además hacer hincapié en que el derecho de propiedad intelectual que en el marco de la OMC corona el edificio de las normas internacionales tampoco le concede ventajas a los países del Sur. Por el contrario, puede incluso convertirse en un obstáculo para la aplicación y la difusión de los conocimientos en materia de conservación del medioambiente. El Club de la Bahía de San Francisco, en California, cuando reunió a los industriales de Sillicon Valley preocupados por el saneamiento del medioambiente, así lo reconoció, y propuso una difusión más abierta de los conocimientos en ese campo. En cuanto al Banco Mundial, declaró su beneplácito con la proposición de los Estados Unidos y la Unión Europea sobre la liberalización de los intercambios comerciales porque estimó que ello aumentaría considerablemente el volumen de los intercambios y el valor del comercio mundial.

Pero no se pregunta en lo absoluto quiénes serán los beneficiados ni cuál será el impacto ecológico de miles de cargueros y de camiones encargados de llevar a la práctica semejante conducta.

Con miras a continuar esta búsqueda de información sobre la agroenergía es útil preguntarse ahora cuál es el estado actual de los recursos energéticos. Sabemos que el futuro de las energías fósiles se calcula por décadas, que la utilización de otras materias primas no renovables, como el uranio, recibe fuertes críticas, que las investigaciones y las experimentaciones sobre lo renovable están en pleno auge y que algunos presentan los agrocombustibles como una solución inesperada. Se trata, entonces, de un paso necesario para interrogarse sobre las soluciones propuestas y ponerlas en el marco de la lógica económica del sistema capitalista, a fin de ver en qué medida constituyen una solución real a los problemas del clima o si responden más bien a las exigencias de la reproducción del capital.

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Capítulo 4 Los agrocombustibles o la agroenergía La crisis climática, lo mismo que la de la energía, ha invitado a investigadores y a políticos a buscar soluciones, y entre las que se contemplan los agrocombustibles ocupan un lugar destacado. La primera postura consiste en abordar el tema en sí mismo: ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las características propias de los agrocombustibles, desde los puntos de vista agronómico y energético? En un segundo tiempo, abordaremos el contexto socioeconómico de su producción puesto que existe efectivamente un gran abismo entre sus potencialidades y la manera social y ecológica en que se producen.

1. Las características de los agrocombustibles De la misma manera que se ha hablado de «hulla blanca», a propósito de la energía hidráulica, podríamos llamar «hulla verde» a la energía que proviene de los vegetales. Se trata bien sea de los agrocombustibles para los vehículos, o de los agrocombustibles que quemamos en las calderas o en aparatos de cocción.

«Los agrocombustibles son combustibles derivados de la biomasa, en principio renovables permanentemente por la captación de la radiación solar, gracias a la fotosíntesis de los vegetales», escribió el profesor José Walter Bautista Vidal, de la Universidad de Brasilia y padre del etanol en Brasil. Añadió que el sol la posee para vivir 11.000 millones de años y que cada día la radiación solar produce en potencial de energía el equivalente de la totalidad de las reservas de petróleo de la historia.136 Por 136

J. W. Vidal, Brazil-Civilizaçao suicido, Brasilia, 2002, 25-28.

La agroenergía

consiguiente, es comprensible que los países del Sur, donde el sol resulta particularmente fuerte, y que disponen de grandes extensiones territoriales, con una densidad de población débil y grandes reservas de agua, se sientan atraídos por esa solución.

Esta era, por cierto, la opinión de Joseph Borrell, quién por entonces presidía la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, cuando afirmaba que los agrocombustibles significaban una oportunidad para el Sur. En África, un cabildeo sobre el tema de los agrocombustibles observaba que 379 hectáreas estarían disponibles para este fin en 15 países del continente.137 En Brasil, según el Banco Interamericano de Desarrollo, se estaría hablando de 120 millones de hectáreas, lo que hizo declarar al profesor J.W.B. Vidal, antes citado, que Brasil tiene vocación para en el futuro convertirse en el proveedor de energía limpia y renovable, de la humanidad, una idea que el presidente Lula puso en práctica con el aumento de la producción de etanol a partir de la caña de azúcar.

En efecto, por definición los agrocombustibles son neutros en términos de producción de CO2, porque cuando se les consume, envían a la atmósfera la cantidad de gas carbónico que habían acumulado durante su crecimiento. Si comparamos su combustión en el motor, con la de las energías fósiles, los agrocombustibles emiten menos GES: 60% de CO2 de menos para el agrodiesel y 70% de menos para el etanol.

Sin embargo, esa comprobación solo toma en cuenta la combustión propiamente dicha. Ahora bien, aparte de los aspectos sociales de los que hablaremos más adelante, estamos obligados, para llegar a conclusiones realistas, a introducir en el cálculo el conjunto del ciclo desde la producción a la distribución de los agrocombustibles. Ciertamente, estos pueden producir en realidad más GES que los carburantes tradicionales, si se incluyen las emisiones de una agricultura que utilice fertilizantes y herbicidas químicos, los procedimientos de fabricación y los transportes. Eso fue lo que hizo decir al doctor Bernard Pisehesmier, que por entonces presidía la Wolkswagen, que algunos de ellos correspondían más al «lobo disfrazado de cordero porque su equilibrio en términos de CO2 es todavía peor que los carburantes tradicionales».

Por demás, añadía, «reciben estímulos fiscales de recursos presupuestarios limitados y, por ende, representan malas inversiones. Eso no puede considerarse como duradero en el sentido ecológico o económico del término».138 Pese a ello, la producción de agrocombustibles se ha vuelto una preocupación mundial.

En los Estados Unidos se producían 5 mil millones de litros en 1995, y 38 mil millones en 2005. Las previsiones para 2010 son de 100 millones. Richard Greenwald escribía en 2008: «gracias a Richard Branson, George Soros, General Electric y British Petroleum, Ford y Shell, Cargill y el grupo Carlyle, la idea de la energía renovable se ha vuelto uno de los conceptos tan evidentes como la “maternidad” o “el pastel de manzana”».139 El profesor Vidal añade, por otra parte, que la utilización de semejante fuente de energía debe ser compatible con la producción de alimentos y respetar el manto freático. Para ello propone que se constituya una Agencia Internacional de Energías Renovables, encargada de controlar la aplicación de esas condiciones de producción.

137 138 139

Grain, www.grain.org.

Ecoactif, 17.06.07.

Richard Greenwald, Time, 14.04.08.

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Los agrocombustibles o la agroenergía

2. Los diversos tipos de agroenergía Existen varios tipos de agroenergía. El primero es el etanol (sustituto de la gasolina), que es un alcohol producido por fermentación de los azúcares simples (remolachas, topinambur, caña de azúcar, etc.) procedente ya sea de plantas ricas en almidón (papa, cereales, etc.), o de plantas leñosas (madera, paja, etc.). Se puede también producir un éter (producto de la reacción entre un alcohol y un ácido) derivado del etanol, el ETBE (etil-tercio-butil-éter).

El segundo tipo está compuesto por el ester (compuesto químico fruto de la reacción entre un alcohol y un aceite) de aceite vegetal o agrodiesel (sustituto del gasoil)140. Con miras a entender mejor esos procesos, vamos ahora a presentar las fuentes vegetales de agrocombustibles de diversas generaciones.141 Los agrocombustibles de primera generación Los carburantes conocidos como de primera generación, cuyo listado aparecerá más adelante, son productos derivados del alcohol (etanol) o del aceite vegetal (agrodiesel), destinados a volverse los equivalentes de los carburantes fósiles, la gasolina, por un lado, y el diesel, por el otro. Proceden por lo general de cereales o de plantas ya utilizadas para la alimentación de los humanos o de los animales o en usos industriales (farmacia y cosméticos). El etanol se utiliza mucho más que los EMHV (ester metílico de aceite vegetal) o agrodiesel, pero el consumo de los segundos vale más o menos la décima parte del primero. Mientras que el etanol se produce y consume esencialmente en los Estados Unidos y en Brasil, los agrodiesel siguen siendo hasta el presente una especificidad europea. Los Estados Unidos, Brasil y Europa garantizan también lo esencial de la producción y del consumo de agrocombustibles en el mundo. Su producción ha conocido un crecimiento considerable en el curso de estos últimos años, en particular a partir de 2002, y puede preverse una fuerte progresión en los años futuros. Desde esa fecha el crecimiento anual de la producción mundial de agrocombustibles ha sido de un 15%. (véase el gráfico)142 Numerosos países en desarrollo lanzan actualmente amplios programas de agrocombustibles basados en la caña de azúcar o en plantas ricas en aceite, como la palma oleaginosa, el Jatropha y la pongamia,143 y al mismo tiempo la Unión Europea reduce sus barbechos. A continuación les presentamos algunos detalles sobre los alcoholígenos o los oleaginosos.

• Los generadores de alcohol o de etanol Entre las plantas alcoholígenas más utilizadas se encuentran la remolacha, la caña de azúcar, el maíz, el trigo, la papa, el topinambur o pataca, y el sorgo azucarero. En los Es140 Agrawal, 2005 141 www.wikipedia.org 142 Prieur-Vernat, His (2007). Les biocarburants dans le monde. IFP (Innovation Energie Environment), 6 p.

143 Fuente: F.O. Licht Consulting Company, comunicación personal, 17 julio 2007.

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tados Unidos el maíz es lo que se utiliza en gran escala para producir etanol, pero con un rendimiento mucho menor que la caña de azúcar que, por el contrario, se ha utilizado en Brasil desde los años sesenta.

De una forma más marginal, otras plantas entran a considerarse. La caña de Provenza, cuya producción promedio es de unas veinte toneladas de materias secas, se utiliza también para producir la energía térmica Es el caso también del cáñamo de Manila, del meliloto, del jacinto de agua dulce. Ciertas plantas de las praderas podrían desarrollarse especialmente para fines energéticos y existen estudios en tal sentido. Así, la luzerna, cuyas hojas suministran proteínas, puede producir energía a través de los tallos. Pero el secado sigue siendo para ella un problema porque no se seca mientras está en pie.144 El jacinto de agua dulce presenta ciertas ventajas. Es una planta cuyo crecimiento es óptimo entre 25 y 30°C, lo que lleva a estudiar su cultivo en cuencas de aguas calientes y, sobre todo, de aguas residuales de las centrales térmicas eléctricas. En Ile-de-France, en invernadero y en agua caliente, ha producido de 140 a 230 kg de biomasa por hectárea y por día. Su alimentación por efluentes líquidos urbanos industriales o agrícolas combina descontaminación y producción de energía.

El euforbe, por su parte, susceptible de desarrollarse en medios secos y pobres, contiene un látex del que sería posible extraer hidrocarburos y sus semillas son ricas en aceite. En fin, los helechos, las aulagas y las retamas se adaptan fácilmente a los suelos pobres y a las condiciones climáticas difíciles, y permiten alcanzar también rendimientos bastante elevados. Sin embargo, hay que constatar que frente a la enorme demanda energética actual y futura, la mayoría de las fuentes energéticas no se comparan con ventaja a las fósiles.

144

Maurice Luneau, La documentation française, Colección pluralismo, París, 1982.

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Figura 1. Evolución de la producción de agrocombustibles en el mundo, en millares de toneladas

Fuente: FO Licht Consulting Compagny, comunicación personal, 17 de julio de 2007.

• La línea oleaginosa y agrodiesel El aceite vegetal-carburante (HVC), conocido lo mismo por los nombres de aceite vegetal puro (HVP) o de aceite vegetal bruto (HVB), puede ser utilizado (hasta en un 100%) como carburante por todos los motores diesel (creado originalmente para ese tipo de carburante), bajo reserva de modificaciones menores tendientes a calentar el carburante en cuestión o, sin modificación, mezclado con gasoil ordinario (30% con todos los vehículos y hasta 50%, según el caso), pero este aceite es también la materia prima bruta que sirve para fabricar el agrodiesel propiamente dicho, que es un ester alcohólico utilizado como carburante incorporado en el gasoil.145 El agrodiesel es, por tanto, el segundo carburante vegetal utilizado mundialmente después del etanol, pero su contribución es todavía modesta, con una producción mundial estimada en 3,7 millones de toneladas anuales, es decir, apenas el 10% de la producción total de etanol. Su consumo tampoco está garantizado en el futuro, esencialmente en Europa, en razón de la dieselización importante del parque automóvil: unos dos tercios de los nuevos autos con matrícula en Europa están equipados con un motor diesel.

145

Idem 44.

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Se puede utilizar en un motor de combustión bien aceite vegetal (colza, tornasol, palma, soya, maní, etc.), o bien esteres de aceite.146 El ester presenta dos ventajas sobre los aceites brutos: menos viscosidad y mejor aptitud para autoinflamarse en el motor. Determinados constructores de tractores agrícolas proponen motores que permitan la utilización de aceites no esterifiados, pero el caburante más utilizado en Europa en la actualidad es el ester metílico de aceite de colza. Ensayos efectuados con 30% de ester en vehículos de transporte colectivo de varias decenas de ciudades han demostrado que no hay ningún problema con los motores. En 2003 y 2004, Daimler-Chrysler, en colaboración con el Instituto Central de Investigación sobre los productos químicos salados y marinos de la India, y con la Universidad de Hohenheim, de Alemania, ha ensayado el agrodiesel obtenido a partir del aceite de semillas de Jatropha curcas en tres Mercedes adaptados que, en 2005, recorrieron 30.000 kilómetros en condiciones difíciles, franqueando sin problemas gargantas a más de 5.000 metros de altitud.147 Sin embargo, el profesor Rudolf Maly, jefe del proyecto en Daimler-Chrysler, precisa que ese carburante todavía no ha alcanzado su calidad óptima, pero satisface a la norma europea y se caracteriza por su sencillez de fabricación.

Las dos categorías del agrodiesel: 1. La primera posee una doble base. Por una parte, el agrodiesel se produce a partir de aceites vegetales que se transforman por una reacción de transesterificación, de ahí su apelación científica de esteres metílicos de aceites vegetales (EMHV). Por otra, el agrodiesel se fabrica a partir de grasas animales y de aceites usados como las grasas de la fritura. En Francia, los agrodiesel que se fabrican a partir de las grasas animales y vegetales se conocen por su apelación comercial: diester.

2. Una segunda categoría, producida por síntesis química a partir de los mismos aceites vegetales, grasas animales o aceites usados. El procedimiento consiste en una hidrogenación catalítica (adición de hidrógeno) del aceite, y el producto obtenido es una mezcla de hidrocarburos (combinación química de átomos de carbono y de hidrógeno), sin compuestos oxigenados, como el caso de los esteres. Ese procedimiento está en curso de industrialización. Presenta la ventaja de producir un gasoil de alta calidad, cuya utilización no requiere adaptación de los motores de los vehículos.

Las materias primas que se utilizan para obtener agrodiesel son numerosas especies vegetales oleíferas con rendimientos en aceite que varían de una especie a otra. Proceden de las algas verdes, del hueso de las almendras, del maní, la colza, el lino, la aceituna, la palma, de las pepitas de la uva, del ricino, el sésamo, el tornasol, la mostaza, la soya, el palmito, la yuca, la canola, el buriti, la copra, los guisantes proteicos, etc.148 Es evidente que se trata de cultivos no alimentarios que presentan la mejor alternativa en la producción de agrocombustibles porque permiten limitar un uso de cultivos alimentarios 146 147 148

La esterificación es un reacción química entre un aceite y un alcohol que produce el ester, glicerina y ácidos grasos.

Pellet J.D. et Pellet E., Jatropha curcas, le meilleur des biocarburants, Paris, Ediciones Favre SA, 2007, p. 63 ACE, 2006 ; Agarwal, 2005 ; Augustus et al., 2001 ; Chutkaew, 2006 ; Ramadhas et al., 2003.

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que pueden estar en la base del alza de precios de los alimentos y, por tanto, de la inseguridad nutricional en los países del Sur. Podemos citar, entre otros, el Jatrofa curcas, la copra, la Pongamia pinnata (o Karanj), el Madhuca longifolia (Mahua), la Moringa oleífera (Saijan o nerverdier), la Cleome viscosa, el lino, el eucalipto, el çarbol de mantequilla (honey tree o mahua), etc.

La extracción del aceite vegetal se puede efectuar por simple prensado o por absorción química. El aceite vegetal bruto (HVB) se utiliza directamente en los motores diesel adaptados en razón, en particular, de su viscosidad relativamente alta o transformado en mono esteres metílicos (esteres metílicos de aceite vegetal, EMHV) y en glicerol por una reacción de transesterificación con moléculas de metanol. Ese producto transformado, también llamado diester, es un agrodiesel no tóxico que no contiene azufre y es altamente biodegradable. Conviene observar que incluso los aceites usados de la fritura, los aceites de los mataderos o de las pescaderías y los del cambio de aceite o en la limpieza se pueden utilizar como agrodiesel.

Las grasas animales se agrupan en cinco grandes categorías: la manteca de cerdo, el sebo de los bovinos y ovinos, las grasas de los huesos, las de las aves y los aceites de pescado, excluidos estos últimos de la producción de agrocombustibles en razón de su alto tenor en yodo. Las características de las grasas animales son tales que no hay reales dificultades para realizar su transesterificación con el metanol o el etanol a condición de partir de una materia grasa que no tenga agua, ácidos grasos libres, azúcares y proteínas solubles. La refinación de la materia prima debe adaptarse a cualquier tipo de grasa. Los esteres que se obtienen así respetan las especificaciones del agrodiesel. Sin embargo, sus propiedades en frío no son adecuadas para una utilización en invierno, si se emplean solas o mezcladas en el gasoil. En cambio, la utilización de los esteres en grasa animal mezclados con los esteres de tornasol, por ejemplo, debería retardar o impedir la cristalización de los primeros y reducir el índice de yodo de los segundos, lo que los hace conjuntamente más aceptables como agrocombustibles. (El índice de yodo caracteriza el tenor de un aceite en vínculos dobles que con el tiempo tienen tendencia a oxidarse y hace necesario el uso de aditivos de estabilización cuando se almacenan esteres).

En fin, el costo de las grasas animales es atractivo comparado con el de los aceites vegetales; su disponibilidad en Francia, por ejemplo, sigue siendo sin embargo limitada, puesto que siempre es inferior a 400.000 toneladas anuales.

2. Los agrocombustibles de segunda generación A fin de mitigar la utilización de productos alimentarios para la producción de carburante en un medioambiente mundial crítico, las investigaciones se orientan hacia nuevas líneas, por ejemplo, la de transformar la lignina y la celulosa de los vegetales (paja, madera, residuales) en lugar y reemplazo del azúcar y del almidón, pero, también de utilizar microalgas que viven en el mar y que permiten obtener rendimientos en aceite de treinta a cien veces superiores a los de los vegetales terrestres. Se conocen en el mundo más de 100.000 especies de microalgas y cada año se descubren cerca de 400 nuevos taxones.

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Con relación a la primera generación presenta ventajas pues no entra en competencia con la producción alimentaria y necesita menos insumos fósiles. Por otra parte, la línea de los agrocombustibles de la segunda generación149 contempla utilizar la totalidad de la planta, lo cual actualmente es objeto de investigaciones (en particular a través de procedimientos por pirolisis y gasificación). Sin embargo, es la línea de la madera o de la lignocelulosa lo que suscita hoy día la mayor atención. El proyecto consiste en desarrollar la producción de árboles de rápido crecimiento y utilizar la propia materia leñosa para producir carburante.

Ello supone técnicas nuevas, que todavía no están a punto porque no basta con solo transformar la biomasa en alcohol o extraer de ella el aceite de ciertas plantas sino también servirse del tronco y de las propias ramas que son materiales duros que hay que triturar para transformarlos. Hasta ahora las plantaciones de eucaliptos, de álamo o de pinos sirven sobre todo para producir pulpa de papel o para ser transformados en carbón de madera.

Con miras a acelerar el proceso de crecimiento y, por tanto, la productividad, también se están realizando pruebas de producción de maderas genéticamente modificadas.

Antes de abordar el tema propiamente dicho, recordemos que la madera siempre se ha utilizado como combustible sólido. Incluso durante milenios ha sido el único combustible para usos domésticos o para usos industriales. Al ser un carburante que se obtiene por pirolisis de la madera no se clasifica por lo general en la categoría de los agrocombustibles que remite más bien a los productos líquidos. A veces se utilizaba la madera, otras el carbón de madera. En los continentes del sur la madera de los bosques se explota principalmente para cocinar y para calentarse (más de 75% de la madera que se explota se destina a usos energéticos y menos del 25% como material de construcción). En cambio, en los países industrializados esas proporciones se invierten.

A partir de los años sesenta, junto a los bosques naturales han aparecido plantaciones destinadas especialmente a producir el máximo de energía (y no forzosamente madera para la construcción): los eucaliptos de Brasil, los álamos y los sauces o álamos que permiten producir en Europa. Una mejor selección genética de las especies de árboles, y otros modos de cultivo y de recogida, permiten rendimientos mejores: por ejemplo, en Europa, la tala de álamos y sauces de revolución corta (recogidos al cabo de cinco o seis años) permiten producir de diez a trece toneladas de madera seca por hectárea (en contraste con las de tres a cinco para un bosque clásico). Sin embargo, la energía de madera acentúa la contaminación atmosférica. Es cierto que el bosque no contiene prácticamente azufre y su combustión no emite gas sulfuroso SO2, pero, en cambio, desgaja una tasa importante de partículas en sus humos. Emite también hidrocarburos y compuestos orgánicos que se condensan en estado líquido (alquitranes), de los cuales actualmente se tienen pocos datos cuantificados. Una combustión más completa, a una temperatura más alta, permite disminuir esos desechos indeseables. Los demás gases salidos de la combustión (óxido de carbono, CO, óxidos de nitrógeno, NOx, metano, CH4) son muy variables en dependencia de los aparatos de combustión. Pero hay progresos en curso. Así, en Austria, «reino» de la calefacción con madera, las emisiones de contaminantes de los aparatos se dividen por diez en diez años. En cuanto al CO2 que emite la combustión de la madera, este se reabsorbe 149 www.naturavox.fr/article.php3?id_article=2923

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por las plantas y árboles para su crecimiento y, en resumidas cuentas, se reciclan. Desde ese punto de vista, la madera, para una misma cantidad de energía producida, contribuye de doce a quince veces menos que el carbón al efecto invernadero, de siete a doce veces menos que el fuel o el gas natural, y de dos a cuatro veces menos que la electricidad.150 Además de la contaminación atmosférica, podemos también citar las contaminaciones químicas por causa de la explotación forestal y a la deforestación debida al uso de la madera como fuente de energía. Pero hay otros factores a tomar en consideración: la sequía de los suelos por absorción de grandes cantidades de agua y la utilización de fertilizantes y pesticidas químicos, para no hablar del fenómeno del monocultivo, del que hablaremos más adelante.

• La línea lignocelulósica El metanol o «alcohol de madera» obtenido a partir del metano por transformación de la madera es un biocarburante que puede reemplazar parcialmente la gasolina, o puede utilizarse como aditivo del gasoil y en ciertos casos para combustible. Sin embargo, es muy tóxico para el hombre y los animales de sangre caliente. La celulosa, que puede ser considerada como una de las moléculas las extendidas en el planeta, puede ser transformada, gracias a la degradación enzimática o la gasificación, en alcohol o en gas que puedan servir de agrocombustibles. Esta nueva línea halla un comienzo de aplicación en Canadá, en los Estados Unidos y en Suecia, pero su puesta a punto tomará todavía algunos años.

3. El contexto ecológico y socioeconómico de la producción de los agrocombustibles No basta con conocer las características de los diversos tipos de agrocombustibles y lo que desde el punto de vista teórico pueden aportar como solución a las crisis tanto climática como energética. También hay que ubicarlas en su contexto concreto, o sea, analizar cómo se producen y cuáles son las consecuencias ecológicas, económicas y sociales de su producción, transformación y distribución. Para ello, estudiaremos algunos casos concretos que pertenecen tanto a la línea del etanol (Brasil) o a la del agrodiesel (Colombia, Indonesia, Malasia y África).

3.1 El etanol a partir de la caña de azúcar. Brasil Recordemos que el etanol es el resultado de la transformación del azúcar o del almidón en alcohol (metanol) que o bien puede convertirse en un carburante a parte completa, o bien mezclarse con la gasolina. Cuando se produce la combustión en los motores, el etanol emite de un setenta a un setenta y cinco por ciento menos de CO2, pero su eficacia real con relación a la energía fósil es discutible cuando se toma en cuenta la totalidad del ciclo de su producción y de su distribución. Un artículo de la revista Sciences afirma que si se considera la deforestación producida, el etanol de maíz y el diesel de soya duplican la producción de GEI. 150

Sobre el tema de la contaminación atmosférica y el efecto invernadero, véase «Que-je?» N°. 2667 sobre L’environnement.

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Según el profesor David Tilma, de la Universidad de Minnesota, harían falta 93 años para que el etanol recupere el carbono emitido cuando se limpian las tierras para su producción.

Brasil es un caso particularmente ilustrativo de la producción de etanol ya que después de los Estados Unidos es el mayor productor mundial. La primera crisis petrolera de principios de los años setenta empujó el país, con grandes extensiones sembradas de caña de azúcar, a utilizar esa fuente de energía. El regreso del petróleo a precios baratos puso fin a un primer período de entusiasmo, al punto que el Banco Mundial y el FMI presionaron al gobierno para que suprimiera los créditos a los agrocombustibles. La empresa petrolera Petrobras también estuvo lejos de alentar ese sector. Con la nueva crisis petrolera (explosión de los precios), la producción se recuperó. A partir de 2004 la mitad de los autos rodaban con alcohol puro o con una mezcla y en 2007 la proporción pasó al 80%. Ese propio año se produjeron 58 mil millones de litros y las previsiones para 2010 eran de 70 mil millones.

El objetivo sería llegar a una producción de 100 mil millones de litros por año, utilizando para ello 30 millones de hectáreas de tierra (o sea, cinco veces más que en 2007). Dicha cifra no sobrepasa las potencialidades teóricas, puesto que la Amazonia sola podría suministrar, al decir de los partidarios de la fórmula, hasta 70 millones de hectáreas. Por tanto, hay reservas de extensión. Eso es lo que afirma el ingeniero Expedito Parenti, cuando señala: «Tenemos 80 millones de hectáreas en la Amazonia, que se convertirá en la Arabia Saudita del biocarburante». Pero no solo se trata de la caña de azúcar. Otros cultivos (tornasol, soya) podrían ocupar también unos 60 millones de hectáreas.151 Con miras a estimular el proceso, la ley 693 de 2001 preveía la utilización de un 10% de etanol en el consumo del carburante para 2009 y, de ser posible, de un 25% hacia 2025.

El cultivo de la caña de azúcar progresó rápidamente. En el período 2007-2008, estaban dedicadas a ello 6,6 millones de hectáreas, o sea, un 7,40% de más que el año precedente.

Se produjeron 528 millones de toneladas de caña de azúcar, de las cuales más del 88% se destinaron al etanol.152 De aquí a 2014 se prevén 114 centrales de transformación de caña de azúcar. En 2005, se exportaron a los Estados Unidos, Japón y Suecia 2,5 mil millones de litros, y esas cifras están llamadas a aumentar.

Como vemos, Brasil se ha empeñado a fondo en la producción de etanol. En 2006, se suscribió un acuerdo con los Estados Unidos, particularmente interesado en disminuir su dependencia de la energía fósil producida en el Medio Oriente o en los países considerados poco favorables, como Venezuela. En 2005, los Estados Unidos importaban el 58% de su consumo de etanol desde Brasil, y si aspiraban a responder a los objetivos trazados por el presidente Georges W. Bush para 2017, el país tenía que procurarse al año más de 135 mil millones de litros de etanol del Brasil. Es cierto que los Estados Unidos producen etanol a partir del maíz, lo que significa 3.037 litros por hectárea, mientras que en Brasil una hectárea de caña de azúcar produce 6.879 litros.153 Algunos han hablado de una OPEP de los agrocombusti151 152 153

(Edivon Pinto y Marleen Melot, O mito do biocombustibles, Comisión de la Pastoral de la Tierra, CNBB, Brasilia, 2007).

Oracio Martins de Calvalho, La expansión de la oferta de etanol, www.alainet.org/active/19020.

Americaeconomia, 02.04.06.

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Los agrocombustibles o la agroenergía

bles. Petrobras está, por demás, asociado al proyecto. En 2007, el presidente Lula Certains emprendió una gira europea y estableció contactos con la Comisión, con miras a presentar las ventajas de su política energética. En ocasión de celebrarse la Cumbre Europeo-latinoamericana de Lima, en 2008, mientras se manifestaban ciertas dudas en Europa respecto a los agrocombustibles, la delegación brasileña se mostró particularmente preocupada por defender sus posiciones. El presidente Lula desea que se llegue a un acuerdo para reanudar en el seno de la OMC las negociaciones de los Acuerdos de Doha. Afirma que la política brasileña en la materia consiste en querer contribuir al bien de la humanidad. En julio de 2008 suscribió un acuerdo con el presidente Uribe, de Colombia, para desarrollar los agrocombustibles y su declaración común confirmaba que estos últimos no afectaban el precio de los productos alimentarios y calificaron con palabras muy duras los movimientos y organizaciones opuestos a esos proyectos.

La acción de Brasil se extiende a África, donde unos quince países suscribieron acuerdos para la utilización de la tecnología brasileña en el dominio de los agrocombustibles. Entre las naciones africanas que pactaron con el Estado sudamericano estuvieron Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. En noviembre de 2008, por iniciativa del presidente Lula, tuvo lugar una conferencia internacional en Sao Paulo en la que este anunció que la producción mundial de agrocombustibles crecerá un 200% para el 2014, restándole terreno a los combustibles fósiles. El acontecimiento reunió a más de dos mil personas, entre las cuales, había cerca de ochenta ministros. Paralelamente a la conferencia, el mandatario brasileño encargó a la Agencia de Promoción de las Exportaciones e Inversiones de su país (APEX-Brasil) organizar la Primera Exposición Internacional sobre los Biocombustibles.

Sin embargo, el razonamiento no puede detenerse en las solas consideraciones de productividad por hectárea y en el mejoramiento de las condiciones de combustión de los agrocombustibles. Es importante detenerse también en los efectos ecológicos y sociales de su producción y en el tipo de modelo económico que define su contexto.

En el plano del medioambiente, los efectos no difieren de los que se han señalado en todas partes acerca de los monocultivos, es decir, la utilización de fertilizantes y pesticidas peligrosos para la biodiversidad, para la calidad de los suelos y del agua y para la salud de los seres humanos. Se señala también que en la región de Sao Paolo, zona de gran extensión de la caña de azúcar, la acidez de los suelos ha aumentado considerablemente, lo cual tiende a hacer desaparecer otros cultivos, por ejemplo, el de las frutas. Hay que añadir que en la misma región el 60% del bagazo se quema a fin de facilitar la limpieza de las tierras, lo que es particularmente perjudicial para el medioambiente. De ello resulta una destrucción de los microorganismos de los suelos y una contaminación del aire que favorece las enfermedades respiratorias. Ello provocó también una baja del grado de humedad, de 13 a 15%, según datos del Centro Nacional Brasileño de Estudios del Espacio.

Los cultivos de la caña de azúcar no invaden directamente los bosques ni en particular la selva amazónica, que no es una región azucarera. De hecho, en varios estados que actual-

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mente producen azúcar la selva original ha sido destruida desde hace tiempo. No obstante, de manera indirecta, la extensión actual de la caña de azúcar provoca un desplazamiento, sobre todo de los pastos y de la soya, hacia regiones actualmente boscosas y particularmente hacia la Amazonia. La destrucción de la pequeña agricultura por la concentración de tierras también tiene como efecto desplazar a los campesinos, de los que una parte se transforma en colonizadores legales o ilegales de las zonas forestales y otra se incorpora a las favelas urbanas.

El Cerrado, en el centro norte del país, es particularmente vulnerable al desplazamiento de la ganadería por las plantaciones de eucalipto, pero también por la caña de azúcar. Se trata de una de las zonas del Brasil más ricas en biodiversidad. Se identifican más de 10.000 plantas, de las que un buen número son únicas en el continente, y la cantidad de especies de mamíferos se estima más elevada que la de África. En 40 años el Cerrado habrá perdido la mitad de su superficie y 162 mil hectáreas de lo que en Brasil se llama «zona de conservación» se habrá transformado en plantación de caña de azúcar.

Los desplazamientos de población también son una consecuencia de la extensión de los monocultivos, entre ellos, de los agrocombustibles. Con la extensión de Brasil y por razones que evidentemente no solo se deben a ese sector agrícola, entre 1985 y 1996, o sea, en un periodo de diez años, han sido desplazadas de sus tierras 5,3 millones de personas, lo que significa la desaparición de 941 mil fincas rurales.

Todo ello lleva, finalmente, un cuestionamiento todavía más fundamental, el del modelo de desarrollo rural que supone semejante auge de los agrocombustibles, y particularmente del etanol, en un país como Brasil. El modelo, tal como se presenta en la práctica, involucra a la vez aspectos económicos, sociales y políticos.

La dimensión económica y social del modelo brasileño El crecimiento de la producción de agrocombustibles con miras a elevar los ingresos del país constituye la base de la lógica de las decisiones gubernamentales. Se trata, en particular, de acrecentar con esta perspectiva las posibilidades de una redistribución de la riqueza, en especial mediante los programas de «cero hambre» y de «ayuda familiar» que ya han demostrado su eficacia en la gestión y la disminución de la miseria y el hambre.

Los planes de producción de agrocombustibles en Brasil se apoyan a corto y mediano plazo en innumerables investigaciones. Para al largo plazo, los trabajos se refieren al etanol celulósico (árbol), es decir, el carburante de última generación que podría traer resultados hacia los años 2015 (Adilson Roberto Gonçavez, Terra Economica, 14.03.07). Esa acción promovería sobre todo los monocultivos de eucalipto, por ejemplo, con todas las consecuencias sobre la sequia paulatina de los suelos lo mismo que el desarrollo de los OMG para elevar la productividad. Para el conjunto de dichos proyectos, se han destinado sumas considerables. Así, durante los tres primeros meses de 2007, en ese sector se han invertido 6,5 mil millones de dólares, o sea, 66% más que durante igual período del 2006.

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La fuente de inversiones es a la vez local e internacional. En el primer caso, las empresas importantes son las implicadas. Así, Odebrecht, especializada en la petroquímica, decidió invertir 5,3 mil millones de dólares en la producción de etanol de aquí al 2013. En diez años, la firma espera producir de 30 a 40 millones de toneladas. Pero otras empresas grandes siguen también el movimiento, ya sea para la producción, o para la transformación y distribución de los agrocombustibles. Se trata sobre todo de Cosan, Bonfim, CDC Bioenergia, Guarani y por supuesto, de Petrobras.

Asimismo para realizar los objetivos de la producción es imprescindible recurrir a las inversiones extranjeras y también se exige para realizar los objetivos de la producción. No solamente las grandes firmas que ya se han citado en este trabajo, como Cargill, Bunge, ADM, Syngenta y otras compran muy grandes extensiones de tierras para poder establecer el monocultivo de la caña de azúcar (o de soya y palma para el agrodiesel), sino que también se interesan en este sector el capital financiero de los Estados Unidos y del Japón.

Por eso, George Soros ha decidido invertir 200 millones de USD para producir alcohol en Minas de Gerais y Bill Gates aporta 86 millones para financiar la empresa Ethanol, con miras a garantizar el suministro de los Estados Unidos. Se señalan posturas similares por parte de P. Wolferson, el antiguo director del Banco Mundial, y de Vinod Khosla de Sun Microsystem. Por la parte japonesa, se suscribió un acuerdo con Petrobras y Nipon Alcool Banki, para crear la Japan Ethanol Co. La Sumitomo Corporation, Mitsui y la Japan Bank International Corporate (J.B.I.C.) estám igualmente activas en el sector, sin hablar de intereses europeos, especialmente suecos.

El modelo económico en juego está orientado claramente hacia la exportación donde estaremos hablando para los años venideros de las tres cuartas partes de la producción brasileña con miras a alimentar 50% del mercado mundial. Pero hay obstáculos para semejante proyecto. Las infraestructuras del país son insuficientes en viales, puertos fluviales y medios de transporte. Esa debilidad podría llegar a constituir un freno. Para ello, se prevé construir un alcoducto de 1150 Km de longitud entre la región de Goyas y Sao Paulo, capaz de transportar 6 mil millones de litros de etanol por año, lo cual va a permitir multiplicar por dos la producción de Goyas de aquí al 2013 lo cual sería 16 veces menos costoso que el transporte por carretera. Pero exigiría una inversión de 500 millions de reales (más de 200 millones de dólares).

El modelo centrado en el monocultivo tiene también aspectos sociales. Supone en primer lugar una notable eliminación de fuerza de trabajo, sobre todo por el desplazamiento de agricultores pequeños. En 2005, se registró una pérdida de 300,000 empleos en la agricultura. Lo cual aumenta la migración interna, la urbanización incontrolada y la presión sobre la frontera agrícola.

Por demás, el trabajo en los cañaverales es especialmente penoso. Según un estudio llevado a cabo por Fontana de Laat y publicado por el Movimiento de los campesinos sin tierra, en 2008, los macheteros cortan 400 kilos de caña cada 10 minutos, a un ritmo de 131 machetazos lo cual exige flexionar 138 veces el torso. De ellos resulta una sobrecarga cardiaca (480 latidos por minuto). En una jornada, totaliza el tratamiento de 11,54 toneladas de caña, 3792

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machetazos y 3994 flexiones. Auque se prevé una pausa cada media hora, en la mayoría de los casos no se observa, con riesgos graves consecuentes para la salud y serias afectaciones para la esperanza de vida de los trabajadores. A ello se añade que los salarios son muy bajos al límite de la subsistencia, lo cual ha hecho decir a algunas personas que se trata de una sociedad de verdadera esclavitud. No cabe duda que semejante explotación de la mano de obra provoca beneficios importantes para los propietarios de tierras agroexportadores y para las sociedades anónimas nacionales y extranjeras. Todo ello refuerza una estructura social desigual, que ya es una de las más severas del mundo y que no es coherente en absoluto con los proyectos de reducción de las desigualdades que ha prometido el Partido del Trabajo.

En fin, en el plano político, se ha reforzado la estructura de dependencia Norte/Sur. Tiende por supuesto a construir una integración en el seno de una economía dominante internacionalmente que contradice los esfuerzos realizados actualmente para lograr un acercamiento entre los países latinoamericanos, en particular, en el marco de las iniciativas bolivarianas (ALBA).

Semejante orientación está en consonancia con la visión del presidente Lula: un crecimiento económico fuerte, que permita contar con los medios para llevar a cabo una política social en favor de los más pobres. pero también impugna la filosofía de base de tal política, es decir, su costo ecológico y social y la ausencia de reformas estructurales que permitirían hacer, de los grupos desfavorecidos, actores reales y evitar así la reproducción constante, aunque sea atenuada, del abismo entre ricos y pobres.

No puede decirse que al gobierno brasileño haya sido indiferente ante el problema. João Pedro Stedile, fundador del Movimiento de los campesinos sin tierra, economista de profesión, publicó a principios de 2007 un artículo sobre el tema en Monthly Review (febrero 2007). Allí señalaba que las medidas en favor de la agricultura rural que había tomado el gobierno de Lula eran impresionantes. Destacaba particularmente un acceso mejor al crédito y a los seguros, un importante esfuerzo por la electrificación de las zonas rurales, la construcción de viviendas, una asistencia técnica en aumento, la definición de determinados territorios indígenas y menos represión política (federal).

En cambio, escribía, las políticas macro-económicas favorecen el agronegocio, sobre todo para el comercio internacional, inspiradas en la políticas neoliberales de la OMC y del Banco mundial al oponerse por ejemplo, al etiquetado de los productos transgénicos. En efecto, el gobierno de Lula ha mantenido libres de gravámenes los productos agrícolas destinados a la exportación y legalizó las soyas transgénicas, en tanto que los bancos públicos aumentaron su apoyo al agronegocio (12 mil millones para las empresas agroalimentarias transnacionales más importantes. Por otro lado, no se han cumplido algunas promesas electorales: en particular una reforma agraria verdadera, la revisión del índice de productividad, la expropiación de las plantaciones que utilizan el trabajo esclavo, el control de los monocultivos de soya y algodón, la creación de cooperativas agro-industriales para los campesinos.

Sin embargo, existe en Brasil un modelo alternativo basado en la iniciativa campesina. El ejemplo más conocido es la cooperativa Bindozana en Alagoas, descrita por Ignacio Sachs, en un documento titulado: “Biocombustives o alimentos concurrência o complementaridade”

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(Conferencia nacional popular sobre Agroenergía, Curitiba, 28-31.10.07, São Paulo, MST et al.). Il y a aussi la Cooperbo, organisée conjoinhtement par le MST (paysans sans terre) et le MPA (paysans), au Rio Grande do Sur. Los movimientos sociales y la Pastoral de la tierra, órgano de la Conferencia episcopal brasileña (CNBB) proponen precisamente priorizar la agricultura campesina. La Conferencia de Curitiba había reunido diversos movimientos sociales, especialistas del sector, ardientes defensores de la agroenergía que hacían de ello una cuestión de orgullo y nacionalismo brasileño, pero todos preocupados no obstante, por la justicia social. De ahí salió una declaración fechada el 31 de octubre de 2007 titulada: Por una soberanía alimentaria y energética. El documento afirma la necesidad de uns relación armónica entre el hombre y la naturaleza que signifique respetar la biodiversidad, los suelos, el agua, excluya el monocultivo y la extensión de la frontera agrícola. La producción de la energía no puede ocupar el lugar de la de alimentos, ni determinarse por las leyes del mercado. la declaración exigía también una reforma agraria y estimaba que las iniciativas en la esfera de los agrocombustibles debían responder en orden prioritario a las necesidades locales y regionales, y no a la exportación y que la producción debía descentralizarse, sobre la base de la agricultura rural. Como se ve, no se trataba de un rechazo absoluto a los agrocombustibles, sino más bien a la enumeración de las condiciones ecológicas, económicas y sociales de su producción y control.

La conclusión de João Pedro Stedile es que el gobierno de Lula ha sido ambiguo porque, mientras que los ministerios de la reforma agraria y del medioambiente defendieron el modelo familiar, los de la economía, la industria, el comercio y la agricultura, promovieron el agronegocio. La balanza se ha inclinado a favor de esos últimos modelos, en tanto que la reforma agraria se paralizó prácticamente o se redujo a medidas de compensación social.

El etanol en otros países del Sur Otros países se lanzaron por el mismo camino. En el Caribe, cabe citar a Jamaica. En Centroamérica, están los casos de Guatemala, de Honduras y del Salvador. En este último país, hay trabajadores hondureños y nicaragüenses que se incorporan a los cortes de caña. Los acuerdos entre los presidentes Lula y Bush atañen en particular al desarrollo de refinerías en el Salvador, en conexión con las plantaciones de Honduras y de Nicaragua, para reforzar así el poder del capitalismo local (los Pellas, en Nicaragua, los Maduro en Honduras, los Calderón en Salvador). Por demás, en América latina, el etanol está en pleno auge. Es el caso de Ecuador donde más de 50.000 hectáreas se han dedicado a ese cultivo y recibe una ayuda de China para desarrollarlo. En Méjico, en vista de la importancia que tiene el maíz en la alimentación local, se aprobó una ley en diciembre de 2002 que limita la producción de etanol a los excedentes del maíz blanco (La Jornada, 13.12.07). En cambio, en Venezuela, el esfuerzo que se ha hecho para aumentar la producción de maíz en el marco del plan para el 2007, excluye cualquier transformación en etanol (Argenpress, 19.04.07).

En Asia, los productores tradicionales de azúcar elevan su rendimiento para introducirse en el mercado del etanol. Se trata por ejemplo, de Filipinas, en particular en la isla de

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Negros, donde se señala que los cañaverales invaden las tierras del Estado (Brempunkt, 237, sept. 2002, 23). Sin embargo, la crisis alimentaria (Filipinas debe importar varios millones de toneladas de arroz cada año) pone un serio freno a esa expansión. En Hawai, el gobierno local aprobó en 2006 una ley que exigía el consumo de 20% de agrocombustibles para 2020. Allí también se manifiesta el interés de los inversionistas extranjeros y encontramos el nombre de Vinod Khosla, el dueño de Sun Microsystems quien ha invertido en la Hawai Bioenergy. Tres de los grandes propietarios dueños de 10% de las tierras de la isla, se han orientado en una dirección parecida.

El etanol en los países del Norte El Sur no tiene el monopolio del etanol. En Italia existen proyectos para producirlo a partir del maíz. En Bélgica, la producción de etanol la promueven los gobiernos federales y regionales. Se produce esencialmente a partir de la remolacha azucarera. La fábrica de Wanze, en Valonia, que depende de las empresas alemanas Südsucker está llamada a producir 300 millones de litros al año. En Flandes, se trata de Acco en Gante y de Amylum en Alost. Como esa producción no resulta rentable necesita una participación del Estado, en particular, la defiscalización del sector.

En los Estados Unidos, en 2007 y se utilizaron 15% de las tierras disponibles para los agrocombustibles (hacía falta 121% para responder a las necesidades definidas por la política) De ahí, el deseo de maximizar la producción y utilizar las transformaciones genéticas, lo que los granjeros norteamericanos llaman la Monsanto moonshine. En Louisiana, las aguas costeras están contaminadas con nitrato y la Academia de Ciencias nacional ha lanzado un grito de alarma. El Senado de Estados Unidos prevé para 2022 pasar de 28 mil millones a 136 mil millones de litros la producción anual, y de ellos 57 mil millones a partir de almidón de maíz. La cantidad de nitrato vertida por el Mississipi al Golfo de Méjico aumentaría de un 10 a un 34%, lo cual lo convertiría en un verdadero receptáculo de desechos tóxicos del Cinturón verde. Pero, eso es lo que provoca la célebre «zona muerta» que, actualmente se extiende por numerosas costas incluída las de Brasil es decir, la ausencia de toda vida marítima salvo la de las algas y que en el verano de 2007 alcanzaba los 20.000 km² (Alexandre Koos, Le Monde, 13.03.08).

3. 2 El agrodiesel a partir de la palma oleaginosa.

El caso de Colombia y del Sudeste asiático El aceite de palma fue desde muy atrás utilizado por las poblaciones del África tropical. En el año 1583, se señala incluso su exportación en cantidades pequeñas. A partir de finales del siglo xviii, se convirtió en un verdadero producto de exportación y reemplazó el comercio de esclavos.154 En 1840, Inglaterra se abastecía en Niger 15.000 toneladas de aceite. En el Congo belga, Lever creó en 1911 plantaciones y fábricas, y pasó entonces de la recogida en palmares silvestres a la producción industrial. En 1913, las importaciones de Francia 154

Martin Lyll, Commerce and Economic change in West Africa–The Palm Oil Trad in the Ninetheen Century, Cambridge University Press, 1997.

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alcanzaban las 200 mil toneladas de aceite que procedían del mesocarpio (parte carnosa de la nuez de palma) y 300,000 toneladas de palmistes (procedentes de la almendra) Con el régimen de plantaciones, la producción de palmistes ha disminuido en beneficio de la primera.155 A partir de los años 1990, la demanda europea de productos derivados de la palma de aceite se ha mantenido casi estable, mientras que la de la India, Pakistán, China y Medio Oriente ha explotado. Ese nuevo mercado, como el de Europa oriental se desarrollará más porque una parte de la población adopta hábitos occidentales de consumo.156 Indonesia y Malasia empiezan a producir agrodiesel con esa misma materia prima. La línea ahora es rentable únicamente en países donde se pagan salarios muy bajos. El aceite de palma para los agrocombustibles se desarrolló masivamente en el Sudeste asiático (particularmente en Malasia) pero al precio de una nueva aceleración de la deforestación para proporcionar las tierras necesarias. No olvidemos que el rendimiento del aceite de palma es de 5.000 litros por hectárea y por año.

En África era donde estaba la mayor producción hasta en los años 60 y por esa razón en América latina se habla de palma africana. En esa época, ese continente suministraba 74% del aceite de palma y 50% del aceite de palmiste. En 1989, las proporciones se redujeron a 14% para el primero contra el 78% para Asia y a 21% para el palmiste. La tendencia se reforzó con los años y en 2000-2001, para un total mundial de 23.361 millones de toneladas de aceite de palma, Malasia e Indonesia producían el 82,6%, África el 6,5% y América del Sur, un 5%.

La utilización del aceite de palma es múltiple. En primer lugar, es un producto básico para la alimentación: margarina, aceite de mesa, crema glacé, chocolate, comida precocinada, alimento para animales, etc., pero también se usa abundantemente para producir pinturas y esmaltes. En fin, la industria farmacéutica es una fuerte consumidora. A ello se añade la existencia de una veintena de subproductos interesantes, como por ejemplo, el furfural, bactericida antihongos e insecticida natural, igual que la lignina que procede de la madera y que sirve para los contraplacados. Últimamente el aceite de palma ha comenzado a transformarse masivamente en agrodiesel, sobre todo después que se dispararon los precios del petróleo. De ahí la enormidad de la extensión de las explotaciones en todo el mundo tropical y semi-tropical. A comienzos del siglo 21, se destinaron a ese cultivo 20 millones de hectáreas. Para acelerar el proceso, en Indonesia se procedió a desmontar los campos por medio del fuego, lo cual incendió gigantescas extensiones de tierra en 1997y y 1998 en una zona más amplia que la de los Países Bajos expandiendo una humareda que llegó a Tailandia y a Filipinas y lanzó a la atmósfera millares de toneladas de CO2. En ese pais en 2007, se habían dedicado a los palmares 6 millones de hectáreas con planes para crecer hacia los antiguos bosques. A finales de los años 50, en Malasia se transformaron las plantaciones de caucho en palmares por impulso de la Federal Land Development Authority (FELDA). Ese organismo gubernamental garantizaba en 2005, 20 % de la producción.157 Papua Nueva Guinea se con155 M. Kindela, Congo Vision, 17.04.07.

156 www.laconscience.com/article.

157 International Herald Tribune, 31.08.06.

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virtió en el tercer exportador mundial. Otros países asiáticos también se volvieron productores, Tailandia producía en 2007 8,5 millones de litros de aceite de palma al año de 400 mil hectáreas llamadas a convertirse en 800 mil en 2009 y en 1.600 en 2029. Camboya, India, islas Salomón también son productores. En China, el consumo de aceite vegetal se ha duplicado en 1996 y 2006, para alcanzar 13 millones de toneladas, con un estimado de aumento de 500 a 600 mil toneladas al año. El aceite de palma entraba en un 12% en el total en 2000.

Hay que añadir que se importaban de casi 2 millones de toneladas en 2006. (Agriculture and Agrifood, Canada, 17.04.07).

En Africa, Nigeria, que pasó de 160 mil hectáreas de cultivo de palma en 2003 a 300 mil en 2007, se dispone a dedicarle 3 millones de hectáreas en un futuro próximo. En Costa de Marfil, en 2007 se producía 250 mil toneladas de aceite de palma. Se señala también al Congo que dedica 214 mil hectáreas a ese cultivo y prevé aumentar esa cifra en un futuro próximo con ayuda de inversionistas europeos, japoneses, chinos y americanos, hasta tres millones de hectáreas en las provincias de Ecuador, Bandundu y Kasaï occidental. Camerún producía en 2007, 250 mil toneladas de aceite al año, con ayuda de Francia, del Banco Mundial y del FMI. En América latina, Colombia ocupa el primer lugar, pero Ecuador, Brasil, Méjico y Centroamérica también producen.

Para mostrar fehacientemente que el tema abordado no tiene nada de puramente teórico y que se inserta en la vida cotidiana de los seres humanos, el texto siguiente, extraído de notas de viaje personales tomadas en Colombia en julio y agosto de 2007 y, revela la dimensión humana del «gran proyecto» de la energía verde, y hace revivir Las viñas de la ira, de John Steinberg.

En Colombia, la Comisión intereclesiástica Justicia y Paz, es uno de los organismos, constantemente amenazado, que se preocupa por las violaciones de los derechos humanos de las poblaciones rurales expulsadas de sus tierras, en particular para agrandar los espacios que se destinan a los agrocombustibles. Una tarde, viajé al norte de Bogotá, en compañía de uno de sus miembros a una comunidad indígena, a mitad de la ladera de una montaña para pasar una noche de plegaria. Reunidos en un lugar sagrado circular. A la luz de una fogata en el centro, escuchábamos a un anciano relatar cómo las compañías agrícolas lo habían expulsado de sus tierras en medio de una masacre. Se reza por los muertos. Largos silencios. Los miembros de la comunidad vienen a reunirse con el grupo. Se saludan tocándose la frente (acogida por el pensamiento) e intercambiando algunas hojas de coca.

Hacen uso de la palabra, uno tras otro, pues «la palabra es el alma» El anciano que preside me pide intervenir en primer lugar pues yo también soy un «abuelito» (un anciano).

Intercambio espiritual, donde se expresan el respeto a la tierra madre y la importancia de la vida humana. Reconocimiento también hacia el pueblo hermano que los acoge en sus tierras. Contrastes: el anciano se llamaba Victor Hugo y antes de la ceremonia ¡les pidió a todos que apagaran los celulares! No me quedé toda la noche porque al día siguiente ¡tenía que trabajar!

Efectivamente, al día siguiente tendría lugar un seminario internacional sobre los agrocombustibles, para el que me habían pedido que hiciera el discurso de apertura. Entre

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los participantes no solo había latinoamericanos y europeos, sino también asiáticos. Se intercambiaron experiencias y los ecos fueron como los de todas partes: la poca atención que se le da a los efectos sociales y ecológicos de la producción de las energías verdes. Al día siguiente, pasé la jornada con una delegación internacional cerca de la frontera de Venezuela, en un afluente del Orinoco en Arauca, para escuchar los testimonios de las personas obligadas a desplazarse, sobre todo campesinos. Se trataba de una audiencia destinada a preparar una sesión de un Tribunal Internacional de Opinión que tendría lugar al siguiente mes de noviembre en Bogotá. Durante medio día se sucedieron los relatos más dramáticos, muchos testigos tenían que hablar detrás de una puerta para no ser reconocidos: expulsiones por las empresas petroleras o del agronegocio, masacres por los paramilitares y el ejército, bombardeo de una ciudad por un helicóptero de una empresa petrolera americana. Interrogamos a los testigos. Un parlamentario europeo se mostraba petrificado por la emoción e incapaz de formular la más mínima pregunta. Mientras que la delegación esperaba el avión de regreso, dos policías del Departamento administrativo de Seguridad (DAS) vinieron a pedirnos los pasaportes y a acusarnos de actividades ilegales amenazándonos de expulsión. La respuesta está clara. Habíamos prevenido a las autoridades de Bogotá. Una llamada telefónica lo confirma.

Después viene la visita en el norte del Chocó, una región que está en la frontera con Panamá y cerca de la costa atlántica. La primera escala del avión es Medellín, que se ha convertido en una verdadera metrópoli, cuya estructura social podemos comprender a grandes rasgos sobrevolándola a baja altura y al aterrizar en el aeropuerto situado en el mismo centro de la aglomeración. Enorme desarrollo en los barrios más ricos,con muchos edificios altos y extensiones a perder de vista en los barrios más pobres. No tiene el tamaño de Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, cuya zona Norte exhibe su opulencia en tanto que el Sur aglutina barrios donde se amontonan centenares de miles de personas, sobre todo de refugiados internos. De Medellín, una nueva escala, hasta un pequeño pueblo, Atrato, situado no lejos de la frontera panameña. Los viajeros somos varios, especialmente miembros de Justicia y Paz, entre estos una religiosa del Sagrado Corazón, y la Comisión de ética del Sur Atrato de la que yo formo parte junto a un jurista español y dos jóvenes africanos entre otros, de los cuales, uno de ellos acaba de salir de prisión por haber manifestado en Georgia frente a la Escuela de las Américas (para la formación de militares latinoamericanos, de bien triste reputación).

Antes de aterrizar, sobrevolamos las plantaciones de bananos. Más tarde las atravesamos en auto antes de llegar al pueblecito local. Desde el restaurante, observo los detalles de la vida cotidiana y me vuelven a la memoria muchos elementos de la novela de García Márquez Cien años de soledad. De ahí, tomamos dos autos para ir a otra pequeña ciudad del interior, donde nos recibieron en el convento de monjas. Se trataba de una congregación colombiana, fundada por la Madre Laura para trabajar con las poblaciones indígenas. Se les llama las «Lauritas». Tienen presencia en varios países latinoamericanos para realizar trabajo social con esas poblaciones. Esa congregación, muy comprometida socialmente, ha extendido su acción a los medios más pobres. Pasamos una parte de la velada con las religiosas. Nos cuentan de su trabajo en esta región donde los grandes propietarios poseen millares de hectáreas y donde actualmente se extienden progresivamente las plantaciones

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de palma africana. Describen la llegada masiva de campesinos expulsados de sus tierras en las diferentes ciudades y particularmente donde nos encontramos. Hablamos de ciudades, pero la mayoría de las calles no están asfaltadas y los servicios generales son rudimentarios. Un barrio levantado apresuradamente alberga en casas hechas con planchas de madera y cubiertas de zinc a los rurales desplazados del interior.

Las monjas explican cómo esos campesinos fueron despojados en su mayoría de sus bienes.

Como ya no les queda nada están obligados a desenvolverse como pueden. No tienen ninguna compensación financiera, ni seguridad social, tienen grandes dificultades para enviar a sus hijos a la escuela, los jóvenes no tienen trabajo. En suma, pasan por situaciones a menudo dramáticas que el equipo de siete religiosas no logra afrontar. Una de ellas declara. «Entre los refugiados internos, hay numerosos afrodescendientes (las poblaciones negras) y también algunas poblaciones indígenas. Se suele utilizar el terror para sacarlos de sus tierras.

Los paramilitares que son grupos armados informales, pero íntimamente ligados al ejército, amenazan y asesinan simplemente para crear el miedo». Otra añade: «los paramilitares son un verdadero aparato del estado, porque el vínculo con los poderes militares, políticos y económicos es patente. El gobierno actual pretende desmovilizar a los paramilitares, pero de hecho, su presencia es mayor que antes, van igual de armados y una determinada cantidad que se inserta nuevamente en la vida civil, obtiene prácticamente impunidad y ocupa puestos muy importantes en la esfera política, incluso hasta en el Parlamento».

La Superiora de la pequeña comunidad añade que esas prácticas políticas están vinculadas con la constante extensión de la gran propiedad terrateniente. No hace mucho una gran parte de las tierras era boscosa. El resto la cultivaban los agricultores pequeños o las comunidades indígenas. Primero se implantó la gran ganadería extensiva, luego los cultivos de banano y actualmente la palma oleaginosa. Fueron los militares quienes al principio ejercieron la fuerza para ayudar a los propietarios a despojar poco a poco a los campesinos de la tierra. Luego vinieron los paramiliateres para culminar la triste tarea que los militares no podían hacer.

Les preguntamos si la guerrilla era activa en la región. Respondieron que había estado muy activa en los años noventa, pero que ahora se había refugiado en las montañas. Al principio se trataba de campesinos despojados de sus tierras que se organizaban en resistencia armada. En el transcurso de los últimos 40 años, esa resistencia, en particular de las FARCS se transformó en una organización militar que para seguir armándose recurrió al impuesto sobre el narcotráfico y al secuestro. En la región, en todo caso no gozan de particular simpatía de la población, incluso la desplazada, pero tampoco se les considera enemigos, porque en las regiones que controlan, la situación del campesino es mejor.

El narcotráfico está presente en todas partes. Los paramilitares viven de él. También los militares muchas veces están implicados y la guerrilla eleva los impuestos a la droga.

Miembros de la Comisión Justicia y Paz afirman que el narcotráfico ha penetrado toda la sociedad colombiana. Una parte importante de las inversiones que vemos en las construcciones urbanas de Bogotá y de Medellín de hecho proceden de esa fuente. El gobierno, ayudado por los americanos, destruye los cultivos de coca, sobre todo en las regiones

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montañosas y alejadas de las ciudades, por la vía de la fumigación, pero ello no resulta muy eficaz y en cambio, produce efectos ecológicos desastrosos. El blanco es los pequeños agricultores, quienes a menudo desplazados de sus cultivos tradicionales no tienen otro recurso de existencia, pero los grandes traficantes logran abrirse un lugar en la sociedad.

Por la noche pernoctamos en un local parroquial con colchones de espuma esparcidos por el suelo. Privilegio de la edad: me dan una cama de planchas y tras una corta noche, retomamos el camino. En primer lugar, el gran eje que conduce hasta Medellín y que atraviesa hasta perderlo de vista la ganadería extensiva que se extiende por millares de hectáreas.

Los animales están dispersos y es relativamente poco numeroso. Pasaremos por 16 puestos militares en el transcurso de dos días, signo de la militarización de la región. En dos de ellos, tuvimos que presentar nuestros documentos de identidad. Los jeeps toman después caminos rurales, desde donde se ven caminos de nueva implantación y pequeñas casas de madera y chozas. Son grupos de familia de los paramilitares que proceden de otras regiones. Al cabo de unos 75 km, llegamos a la zona de la palma africana. Esta vez nos adentramos en veredas completamente rodeadas de plantaciones de palmeras, plantas relativamente bajas cuyos frutos están en la base de los árboles. A lo largo de una de esas veredas, se acopian los frutos cortados. Los camiones los recogen y los llevan a una refinería vecina.

Una hectárea de palmeras da 5.000 litros de agrodiesel. Por tanto, es una producción muy rentable. El trabajo solo exige una mano de obra bastante reducida y que cada día la llevan al lugar. Los fertilizantes y pesticidas utilizados para las plantaciones son químicamente muy destructivos. No hay una sola ave. Los campesinos nos cuentan que en los arroyos y ríos ya no quedan peces. Uno de ellos muestra las huellas de quemaduras en le piel que sufrió cuando se bañaba en el río. Los productos químicos son esparcidos por avionetas y no respetan nada, ni suelos, ni agua, ni las raras especies donde pervive aún un hábitat.

Por fin llegamos a un lugar indicado por un gran panel hecho a mano. Zona humanitaria.

Al cabo de 10 años de luchas sangrientas llevadas a cabo por la Brigada 17 del ejército y los paramilitares actuando para las empresas de palma y luego a partir de 2001, de desplazamientos forzados sucesivos, un grupo de campesinos se unió para cultivar algunas hectáreas por su cuenta de plantaciones de palma. Se les expropió de sus propiedades ancestrales que databan de más de 120 años. Constituyeron lo que se llama «una zona humanitaria de biodiversidad» Los acompañaron miembros de la brigada internacional de paz para protegerles. Se constituyó una Comisión de ética internacional para alertar a las instancias internacionales, en caso de violaciones graves de sus derechos. La Comisión intereclesiástica Justicia y Paz previno a las autoridades de Bogotá de nuestra misión allí.

Hay que decir que un agricultor pequeño en esas regiones es alguien que posee entre 50 y 100 hectáreas. Los cultivos estaban diversificados, la ganadería relativamente extensiva, los bosques abundantes, lo cual permitía a los campesinos proseguir una vida relativamente normal incluso si las condiciones de trabajo eran duras. El Chocó era la región de la mayor biodiversidad del país. Había allí algunos kilómetros de distancia una ciudad con escuela primaria, centro de salud, acueducto que traía el agua de la montaña, una serie de iglesias y de templos de diferentes denominaciones cristianas. Actualmente ya no queda nada de esa comunidad; la escuela, el centro de salud, el acueducto fueron destruidos para

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extender los cultivos de la palma. Cada vez que crece hay nuevas masacres. En diciembre de 2005, en Pueblo Nuevo y en octubre 2006, en Brisas entró en acción un nuevo grupo de paramilitares llamado «Águilas Negras» en conexión con el ejército y la policía.

Nos bajamos de los jeeps y fuimos hacia un pequeño grupo de habitaciones a penas construidas. Hacía solo algunos meses que los campesinos se habían instalado en aquellas tierras.

Se les está siguiendo un proceso judicial, como «invasores» pero todos habían tenido tierras de las cuales se les había expulsado. Varias compañías de palma están activas en la región, empujadas por el boom de la agroenergía y en el lugar donde estamos, se trata de Urapalma, sociedad anónima. Como los campesinos no querían ceder sus tierras, las amenazas no se hicieron esperar. Se les decía: «Si no quieren vender sus tierras, se las compraremos a sus viudas». Desgraciadamente se pasó del dicho al hecho. En la comunidad que visitábamos 113 personas fueron asesinadas, primero fue el ejército y después los paramilitares. Otro tanto sucedió en muchos lugares. No voy a describir la forma en que fueron masacrados pues sobrepasa los límites de lo soportable. Hace poco, uno de ellos, un negro que debía asistir a una reunión internacional en Chicago para denunciar las injusticias cometidas en Colombia, fue asesinado algunos días antes de viajar. La monja que estuvo presente con nosotros encontró su cadáver en el rio. Fue una advertencia para los demás.

Estaban allí también, algunos miembros de la Brigada internacional de la paz, jóvenes italianos, españoles, americanos, canadienses, franceses que se unían para vivir con la comunidad, trabajar con ellos y asumir todos los riesgos para protegerlos. Ese era el sentido de la «zona humanitaria y de biodiversidad», en otras palabras, una zona simbólicamente protegida, establecida en 5 hectáreas recuperadas por uno de los campesinos, al borde de los palmares. La visita que hacíamos a nombre de la «Comisión ética» también se proponía evitar que continuaran los atropellos y permanecieran en el silencio y la ignorancia.

El gobierno se preocupa por su reputación internacional, lo cual explica el temor por las revelaciones ya que se ha alertado a determinadas instancias judiciales internacionales.

Al mediodía nos fuimos juntos a unos dos kilómetros de allá, en dirección al cementerio que se encuentra a la orilla de las plantaciones. Los bulldozers lo han destruido por completo y se han profanado las tumbas. Sobre un trozo de tierra que se hallaba fuera de la plantación, los campesinos han vuelto a poner las pequeñas cruces de madera pintadas de blanco. Cuando llegábamos, por el sendero, lleno de agua y de lodo, uno de los campesinos mató una víbora.

Ya en el lugar nos reunimos en silencio. Uno de los campesinos toma la palabra. Explica la historia del cementerio. «Aquí teníamos un pueblo. Prácticamente no queda nada. Las máquinas han aplastado por completo el cementerio. No sabemos quién de nuestros seres queridos está aquí y por eso hemos vuelto a colocar simbólicamente algunas cruces, sin saber quién está debajo». La emoción es muy grande. Juntos rezamos el Padrenuestro y luego nos quedamos un momento largo orando en silencio, no solo por los padres y abuelos enterrados allí, sino también por todos los masacrados. A lo lejos se oye el canto de las sierras que operan en el bosque vecino.

Esa visión me conturba profundamente. Lo que llega del corazón es casi rabia cuando uno ve cosas de ese género. El capitalismo no respeta nada. Hay que ganar dinero. Hay que

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convertirlo todo en mercancía. Es el supremo valor. Los seres humanos ya no cuentan ni siquiera los que reposan en paz en ese cementerio rural. Volvemos a atravesar el camino rodeado de palmeras: las palmeras de la muerte.

Por la noche, todos comparten la comida: sopa de frijoles. La velada se organiza a la manera de un intercambio de testimonios, de cantos. De la región de Cacarica llegan comunidades a sumarse al grupo. Son negros jóvenes. Otros campesinos también acuden de los alrededores, hombres, mujeres, niños. Han venido caminando durante dos, tres, cuatro horas para poder pasar algunas horas reunidos. Los de Cacarica han hecho una jornada entera de viaje bajando por el río Curvarado que pasa a una veintena de kilómetros de allí.

La velada comienza con los testimonios. El recordatorio de las expulsiones, de las masacres.

Uno tras otro, los campesinos vienen a narrar sus historias. Cuentan las amenazas de los militares, las matanzas de los paramilitares. Un hombre acude: narra cómo ambos progenitores fueron asesinados por los paramilitares. Uno tras otro brindan, sus testimonios con voz tranquila, triste. Es verdaderamente lacerante. La asistencia está silenciosa. Una anciana de origen africano toma la palabra: «Soy una abuela y tengo 29 nietos. Me expulsaron de mis tierras. Mis nietos ya no pueden ir a la escuela. No tenemos asistencia médica, ni siquiera un pequeño centro asistencial. Somos campesinos. Queremos trabajar la tierra. Me gustaría tanto que mis nietos pudieran estudiar también, desarrollarse en la vida. ¿Qué hemos hecho para sufrir pareja suerte? Deseamos vivir en paz, cultivar nuestras tierras. Aquí había vida y ahora tenemos muerte. Y sin embargo, no hemos perdido la esperanza. pensamos que el Señor no nos ha olvidado. Seguimos luchando. No nos dejaremos desalentar ni por las amenazas, ni por la violencia. Queremos vivir en paz».

Los jóvenes de Cacarica expresan sus sentimientos cantando. Es un rap, y el autor de las palabras es uno de ellos. Explica que el rap se origina entre los negros americanos y que son cantos de protesta. En varios momentos aportan su contribución a la velada que transcurre bajo un techado de zinc sobre suelo apisonado. Sus cantos son impresionantes. Un ritmo sacudido que expresa la historia de su comunidad. Ellos también fueron testigos de la expulsión de sus padres de sus tierras. Piden justicia. Acusan a los grandes propietarios y a las compañías del agronegocio. Denuncian a los paramilitares que han masacrado a sus compañeros. Acusan al ejército, al gobierno y en particular al presidente Uribe que es un gran latifundista, posee minas y es artesano de la impunidad de los paramilitares. Algunas canciones son muy duras. Sin embargo acaban formulando un deseo de luchar y no de desesperanza.

Cuando terminan los testimonios, me piden que intervenga con una oración. Toda la asamblea está silenciosa. Hay que recordar a los muertos y a las victimas. Sobre todo recordar no obstante que la vida es más fuerte que la muerte. El símbolo de la resurrección es precisamente el del triunfo de la vida. Dios está presente. Es quien quiere la Vida. También Jesús fue perseguido por la justicia y finalmente ejecutado, porque se opuso a la dominación y a la explotación de los pobres por los poderosos. Pero resucitó y es fuente de esperanza.

Una joven mujer entona una canción a la virgen negra. Es una larga melopea, cantada suavemente, ante la escucha atenta y emocionada de la audiencia. «La virgen es la que

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amó, quien sufrió. También amó al pueblo negro. Por eso la llamamos la virgen negra. Es ella quien nos da esperanza. Es quien piensa en nosotros como una madre. La virgen negra. la virgen negra». Sigue un largo silencio, cada cual rememorando su historia.

Pero, la alegría de vivir retoma sus fueros. Se invita a todos a decir un refrán, a narrar un cuento. La vida se afirma sobre la muerte, la alegría sobre la tristeza. Unos y otros, de comunidades diferentes se esfuerzan por participar en la fiesta. Algunos, sin ningún oído, cantan absolutamente desafinados. Todos echamos la carcajada. Los niños prepararon una canción, que no acaba nunca, si bien les permitió tomar también parte. Como hay algunos extranjeros, se les pidió cantar a los dos americanos presentes Catastrófico.

Los italianos se les unieron con un poco más de brío. También me pidieron hacer alguna contribución. Como ni tenía muchas dotes en este aspecto, escogí enseñarles la canción francesa «Frére Jacques». Al principio no iba la cosa del todo mal. Menuda sorpresa al ver que todos podían cantar en francés. Huelga decir que terminó en tremenda cacofonía.

Pero todos rieron de buena gana y fue una verdadera fiesta. Así nos quedamos hasta tarde en la noche, pero como había sucedido por la mañana teníamos que levantarnos temprano, así que todos regresaron a sus chozas o a las pequeñas tiendas a la única luz de la luna visible apenas a través de las nubes.

Duermo sobre unas planchas, felizmente con mosquitero porque ¡los insectos también estaban de fiesta! A mi lado, una pareja de catalanes roncaban que daba gusto. No era fácil conciliar el sueño, pero ayudado por el cansancio finalmente me dormí. A las cuatro y media de la madrugada, me desperté sobresaltado por el canto estrepitoso de un gallo que ya vislumbraba los primeros rayos de sol. Estaba a mi lado del otro lado de la cubierta de plástico. Todos nos levantamos. Había llovido la noche entera. La tierra apisonada. Incluso las casas, eran puro fango. No fue fácil vestirse. Felizmente habían preparado una enorme vasija de café. Ayudó a espabilarnos.

A las seis todo el mundo estaba listo para comenzar la operación de destrucción de los palmares. Seguimos el sendero que llevaba a la carretera. Estaban allí un centenar de personas, campesinos, miembros de la brigada, jóvenes y viejos. Machete en mano. Antes de iniciar la operación, uno de los campesinos sin tierra toma la palabra. Es miembro de una iglesia cristiana que se llama Iglesia cuadrangular (por los cuatro ángulos de la tierra). Pidió recogimiento. Me puse a su lado. Continúa con el Padre Nuestro y me uno. Luego, con los ojos bajos, en actitud de recogimiento, pide la bendición de Dios para todos los amantes de la justicia, «Que Dios no de la fuerza para seguir luchando, para que se restablezca la justicia, para luchar por la vida, por nuestra familia, por la fraternidad entre los hombres.

Y ahora, todos con nuestros machetes, vamos a destruir esta obra de muerte». El grupo se adentra en las plantaciones. Cada uno escoge un árbol y los machetes completan la obra para destruir los palmares.

Como muchos de nosotros, tenía que regresar a Bogotá, de suerte que mi participación allí fue solo simbólica. Había que ponerse en camino para regresar a la capital., Me despido con emoción de quienes compartieron conmigo tan intensamente unas horas. Pero ¡se presentaba un problema! Durante la noche, un fuerte tornado derrumbó numerosos árboles

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sobre la única vía que permitía llegar a la «zona humanitaria». No había manera de que los vehículos pasaran. Hubo que seguir a pie. Unos cuantos nos pusimos en camino. Por desgracia, dos días antes yo había hecho un mal movimiento, al entrar en un auto y mi pierna derecha no estaba en muy buena forma. Pero tengo un paraguas que me sirve de bastón y emprendí el camino lleno de baches y de fango. Los kilómetros se suceden monótonos entre las filas de palmas. Al rato nos cruza un camión que transporta a los trabajadores.

Se quedó dentro del perímetro de las vías obstruidas por los árboles caídos. Tras unos 10 kilómetros de caminata, llega una motocicleta. Nos hace moto-stop. Es uno de los campesinos del lugar. Nuevamente, privilegio de la edad, me asignan la moto y sigo los otros diez kilómetros que faltaban por recorrer para llegar al río. Me pregunto ¡como logramos no darnos unos buenos baños en la zanja de los caminos! ¡Me acuerdo de la película Diario de motocicleta y casi me tomo por el Che! Cuando por fin llegamos a buen puerto, el que me traía llama por teléfono de su celular al pueblecito del otro lado del río. Contacta a otras dos motos que acaban por venir a buscar a los demás que habían seguido a pie, cuando ya el sol empezaba realmente a picar fuerte.

Finalmente nos reunimos todos y tomamos una piragua para atravesar el río y agarrar un jeep del otro lado. Nueva alambrada militar. Más de 70 km en jeep por caminos imposibles. Camiones atascados, en suma, todo lo necesario para perder el avión, pues el trayecto en verdad nos tomó más tiempo del previsto. Finalmente, entroncamos con la carretera principal. El jeep no rueda más que a 40 km por hora porque en cada zanja, se estremece por todos los costados. En la ciudad donde pasamos la primera noche, cambiamos de vehículo. A toda velocidad nos dirigimos al aeropuerto donde felizmente el avión tenía una hora de retraso, sino hubiéramos tenido que quedarnos allí.

El regreso fue como la ida: parada y cambio de avión en Medellín y finalmente aterrizaje en Bogotá. Durante el viaje, no pude evitar pensar en todo lo vivido en los dos días precedentes. Me pasaba constantemente por la mente como si fuera una película. ¿Cómo aceptar situaciones semejantes? ¿Cómo es posible que la jerarquía eclesiástica no se haga presente para defender la justicia? ¿Cómo se puede construir una sociedad sobre semejantes parámetros? Al pasar por Medellín me acordé de Urapalma, cuya sede se encuentra en esa ciudad. ¿Quiénes son los accionistas? Probablemente, excelentes personas, buenos padres de familia, buenos cristianos que se sientan alrededor de una mesa de tapete verde y toman decisiones económicas, en función de la lógica de la ganancia, sin hacerse otras preguntas. Hay que denunciar ese sistema. Hace falta saber ¿quienes son los accionistas?

Conocer ¿qué bancos que los financian y cuáles son sus conexiones internacionales? Hace falta atreverse a decir que son culpables de la muerte, que reducen a la miseria a millares de personas, que impiden desarrollarse los talentos humanos, que son un obstáculo para que haya niños que puedan un día contribuir al bienestar de la humanidad, que ellos son representantes de los intereses materiales contra los valores humanos.

Podría pensarse quo todo aquello significa detener un progreso que exige sacrificios para alcanzar un bien superior. Pero ¿qué progreso y cuáles sacrificios? ¿Continuar con un modelo energético que congestione nuestras ciudades y permita que el 18 de agosto de 2007 haya 580 km de embotellamiento en Francia, para solo citar dos ejemplos fáciles? Al precio

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de daños irreparables para la biodiversidad, las reservas de agua, a los suelos, al clima, en detrimento de la agricultura campesina y en provecho del agronegocio dominado por las grandes empresas, y lo que es más grave todavía, al precio de sacrificios humanos, sociales y culturales que afectan a millones de seres. Pero, otro modelo es posible, de respeto a la biodiversidad, a los derechos humanos y al clima, pero eso exige una voluntad política.

Al día siguiente de nuestro regreso, la policía del ejército bajó a la «zona humanitaria». Diez hectáreas de palmares fueron destruidas (de 25.000, que en su mayor parte exigió aniquilar un bosque originario, de millares de años de antigüedad) Los campesinos cortadores de palmas comparecieron ante un tribunal por «destructores del medio ambiente». ¡El colmo!

La presencia internacional impide por el momento que ocurran masacres. Cuando se llevó a cabo en Bogotá el seminario sobre los agrocombustibles, se produjo una discusión con el viceministro de la agricultura y un representante de la Federación de plantadores de palmas. Este último declaró que Urapalma no era miembro de la Federación y que él no podía asumir ninguna responsabilidad en lo sucedido. En cambio, añadió, las demás plantaciones respondían a un verdadero espíritu de empresa, respetaban su responsabilidad social y disponían de un código de conducta. En cuanto a los títulos de propiedad de los campesinos y de las comunidades indígenas y negras, según sus propias palabras, es una cuestión compleja porque muchos de ellos son falsos. Comprobar todo eso lleva tiempo y el estado colombiano que ha subsidiado las plantaciones debe velar por la recuperación de su aporte y no puede pagarse el lujo de muchos años de espera. En resumidas cuenta, el bla, bla, bla, frente a los campesinos desposeídos e indefensos. Curioso discurso. ¡Cuando se sabe que únicamente entre 2001 y 2005, a 263.000 familias de campesinos les expropiaron 2,6 millones de hectáreas, bien por las compañías del agronegocio, o por los propios paramilitares y que la pobreza rural pasó de 66 a 69% entre 2003 y 2004!

El viceministro por su parte, arguyendo estudios científicos, afirmó que Colombia era un modelo de respeto de la biodiversidad en materia de palmares. Decir lo contrario sería ofender al pais. Frente a esos dos interlocutores, ¡parecía que hablaban de otro planeta! ¿Cuál era la lógica que primaba en tales discursos y prácticas? la del progreso que representaban los monocultivos destinados a responder al consumo de los más ricos del mundo y dentro de poco a producir «la energía verde» de la que tanto se habla pero que en realidad parece más destructora ecológica y socialmente que las ventajas que aporta. Es también la lógica de la ganancia, porque las plantaciones representan mucho más valor añadido que la agricultura campesina y contribuyen así a la acumulación del capital. Se ha hablado de socialismo real ¿por qué no se habla también de capitalismo real?

Testimonio episódico. Sin duda. Pero el sonido de las voces que se suman a otras voces; los miles de hectáreas de palmares que se acumulan en los llanos después de haber destruido los bosques y expulsado a los campesinos de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Chiapas y atravesando el océano alcanzan a los de Camerún, Nigeria, Congo para llegar a Indonesia y Malasia y extenderse hasta Papua y Nueva Guinea; los tristes monocultivos de soya que han disminuido la biodiversidad y rechazado a los humanos del paisaje en Paraguay, Argentina, Brasil; el «azúcar amargo» que se volvió en combustible maloliente, fruto de un trabajo esclavo; todo ello ha acabado por crear un rumor creciente que se transforma

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poco a poco en clamor ensordecedor, mezcla de los gritos de la tierra y de los oprimidos, que pronto los pretextos de la racionalidad económica no podrán acallar. Entonces, ¿es un discurso apocalíptico, precisamente el que queremos evitar? ¿Exceso de lenguaje de un observador que se implica al punto de perder en ello el equilibrio? ¿Prejuicio anticapitalista que hace olvidar que el progreso siempre tiene un precio? Corresponde al lector sacar sus propias conclusiones. Y porque es preciso, regresemos a un lenguaje más analítico.

3.3 El sudeste asiático: Malasia e Indonesia En un artículo aparecido en el Guardian de 8 de diciembre de 2005, George Monbiot indicaba las destrucciones masivas que se preparan en el Sudeste asiático para suministrar carburantes al resto del mundo. «Al hacer la promoción de los carburantes vegetales. Escribe, como hacen la Unión Europea, los Estados Unidos y los medios de ecologistas, tal vez imagina crear un mercado para el aceite de freír usado o el aceite de colza. En realidad, están creando un mercado para uno de los cultivos más destructores del planeta» y efectivamente en la península malaya se están construyendo, cuatro nuevas refinerías, una en Sarawak y dos en Rotterdam. Dos consorcios extranjeros –uno alemán y otro estadounidense– ponen a funcionar dos plantas rivales en Singapur. Todas esas empresas van a hacer carburante vegetal a partir de la misma fuente: el aceite de palma.

«La demanda para carburfante vegetal», escribe el Malaisian Star «vendrá de la Unión europea. Esta nueva demanda vendría como mínimo a absorber la mayoría de las existencias de aceite de palma de Malasia». En Sumatra y Borneo, unos 4 millones de hectáreas de bosques se han reconvertido en plantaciones de palmares oleaginosos. Y se programan nuevas talas: 6 millones de hectáreas en Malasia y 16,5 millones en Indonesia. Casi todos los bosques restantes están amenazados.

Es necesario percatarse de lo que está pasando in situ. Antes que las palmeras oleaginosas que son pequeñas y raquíticas no estén plantadas, hay vastos bosques de árboles, que almacenan carbono en proporciones importantes que son talados y quemados. Primero se utilizan las zonas más secas, luego, las plantaciones se desplazan hacia bosques pantanosos que crecen en las turberas. Cuando los árboles se talan los plantadores proceden a secar el suelo.

Cuando las turberas secan se oxigenan y liberan más carbono todavía que el que contienen los árboles. En términos de impacto sobre el medioambiente, tanto local como internacional, el aceite de palma como carburante vegetal es aún más destructor que el petróleo bruto de Nigeria, plantea George Monbiot. El gobierno británico lo ha entendido así, cuando escribe en un informe del mes de agosto de 2008, que “los principales riesgos ambientales estarán presumiblemente vinculados a un importante crecimiento de la poroducción de materia bruta para los carburantes vegetales, en particular en Brasil con la caña de azúcar y en el Sudeste asiático con las plantaciones de palmeras oleaginosas».

En Indonesia, más o menos la tercera parte del aceite de palma lo produce los pequeños agricultores que con frecuencia han perdido su derecho a la tierra en favor de la expansión de las plantaciones. Al beneficiar de dos hectáreas a título de «retribución» se encuentran atados de pies y manos y vinculados a la industria del aceite de palma

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que les ha concedido créditos a cambio de su cosecha. Eso significa que de entrada, no reciben el mejor precio por su producción. Según Abet Nego Tarigan, vice director de Sawit Watch, una organización que representa a las comunidades rurales, los agricultores y los trabajadores asalariados afectados por la producción de aceite de palma en Indonesia, «las decisiones tomadas en Europa en materia de agrocombustibles tienen consecuencias directas en Indonesia para millones de gente. En esa carrera loca, los poderosos productores de aceite de palma no han vacilado en borrar las comunidades de las tierras que trabajaban desde muchas generaciones atrás. Los trabajadores asalariados y los agricultores pequeños hemos sido explotados sin ningún escrúpulo y se van a perder tierras agrícolas de gran valor, que cultivábamos para producir los alimentos que necesitábamos para vivir y ganar nuestro sustento. Los proyectos que propone la UE nos agravan aún más la situación. Si las cosas siguen como van, los pobres serán cada vez más numerosos y todas las tierras acabarán en manos de unos pocos».

Indonesia promueve la producción del agrodiesel a partir del aceite de palma, tanto para la exportación como para el consumo interno. Lo hemos visto, en estos momentos, cerca de 6 millones de hectáreas de bosques se han desmontado en favor de la expansión. Los planes regionales prevén dedicarle 20 millones de hectáreas suplementarias.

Se discuten proyectos para establecer en el corazón de Borneo una plantación de palma oleaginosa de 1,8 millón de hectáreas, que será la mayor del mundo. Cerca de 1,3 millón de hectáreas de bosques se han destruido en solo tres años. Esos planes y proyecciones son susceptibles de tener fuertes repercusiones sobre los bosques indonesios que quedan y sobre las poblaciones que de ellos dependen. Y el país ha perdido 72% de sus bosques antiguos y 40% de la totalidad de sus bosques.

En Malasia, la mayor deforestación realizada en los últimos tiempos se acredita a las plantaciones de palma oleaginosa. El gobierno malayo está elaborando una política nacional sobre los agrocombustibles para promover la producción y el consumo interno. Asimismo, el gobierno de ese país ha aprobado cerca de 45 proyectos de producción de B100, un biodiesel de aceite de palma al ciento por ciento en asociación con el sector privado para construir tres plantas de producción del nuevo carburante con miras a la exportación En Indonesia la llegada de los agrocombustibles ha supuesto inversiones de las transnacionales europeas, japonesas, chinas y americanas y la superficie de tierras indonesas cultivadas para la producción de aceite de palma está llamada a crecer de aquí al 2020 en una superficie equivalente a casi cinco veces la superficie de los Países Bajos. Según Sawit Watch, su colega de Oxfam, unas 400 comunidades han emprendido litigios financieros vinculados a esta producción. En la región de Kalimantan Oeste es donde la expansión de esas plantaciones es más fuerte. En Malasia y en Indonesia provocan también un desastre ecológico. Aparte de la deforestación y la eliminación de la biodiversidad, cada vez que hay una cosecha; para las casi cinco toneladas de aceite que se producen en una hectárea, no se recogen menos de cuarenta toneladas de desechos sólidos.

Pero estos muchas veces se queman, y emiten grandes cantidades de CO2 a la atmósfera.

Por otra parte, se han observado numerosas irregularidades por la manera en que las empresas de palma adquieren y conservan las tierras, tales como el no reconocimiento al derecho consuetudinario porque a veces las plantaciones se establecen sin permiso del

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gobierno; la ausencia de información a las comunidades, acuerdos no negociados, la manipulación a los lideres tradicionales para forzar las ventas, las indemnizaciones que no se pagan las ventajas prometidas pero no cumplidas, las tierras no atribuidas a los agricultores pequeños o no preparadas, los campesinos abrumados de deudas injustificadas, los estudios de impacto sobre el medioambiente llevados a cabo demasiado tarde, las tierras no preparadas en los plazos previstos, el empleo de la coerción y de la fuerza para aplastar la resistencia comunitaria, las violaciones graves de los derechos humanos.

Por demás, resulta difícil producir palmeras oleaginosas de manera integrada porque son voluminosas y sus raíces fibrosas se expanden hasta muy lejos. Cada palmera pesa más de tres toneladas y las plantas que se pueden cultivar en la plantación son escasas. A los animales que viven en el suelo, como los gusanos de tierra, les resulta muy difícil abrirse allí camino. Por demás, resulta igualmente difícil y costoso librarse de las palmeras muertas y de sus raíces, porque hace falta un equipo de excavación para sacar las raíces o utilizar productos químicos para destruirlas. Ya la FAO se inquieta por las perturbaciones para la seguridad alimentaria y numerosas organizaciones ambientales plantean el problema de las perturbaciones ecológicas.

Según el Banco Mundial, las modificaciones en la utilización de los suelos tales como la deforestación o el secado de las turberas para producir, por ejemplo, aceite de palma, pueden anular durante décadas las ventajas en términos de reducción de gas de efecto invernadero (Informe sobre el desarrollo mundial, Banco mundial, 2008). El Banco propone el establecimiento de sistemas de certificación que permitan medir e indicar los rendimientos ambientales de los agrocombustibles (por ejemplo, un índice verde de reducciones de las emisiones de gas de efecto invernadero) que podría contribuir a reducir los riesgos ambientales asociados a la producción de biocarburantes en gran escala. No obstante, para ser eficaces, requieren de la participación voluntaria de todos los grandes productores y compradores y la implantación de sólidos dispositivos de control, lo cual está no solamente lejos de lograrse actualmente, sino que entra en contradicción con los intereses inmediatos de las empresa productivas y de los Estados.

3.4 El agrodiesel a partir de Jatropha curcas. El caso de África Entre las plantas oleaginosas perennes que convienen para las plantaciones en las sabanas y los ecosistemas marginales de países en desarrollo, el Jatropha curcas o purguera merece señalarse.158 La idea de hacer de este aceite un carburante no es nueva. Durante la Segunda Guerra mundial, en 1942, el colonizador francés había ya hecho experimentos con este carburante para prevenir una eventual carencia de petróleo. Los ensayos fueron poco probatorios y el proyecto quedó abandonado. A principios de los años noventa, se retomaron los experimentos mediante la instalación de un motor de aceite vegetal para hacer funcionar un molino de cereales y un grupo electrógeno. Desde entonces, diversos estudios han confirmado su viabilidad técnico-económica y sus ventajas ambientales. Esta planta ocupa un lugar privilegiado entre las fuentes de energía salida de la biomasa, pues su cultivo y su explotación 158

http://www.malikounda.com/nouvelle_voir.php?idNouvelle=5102. Publicado por Gwen.

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no presentan las desventajas conocidas para los cultivos de colza, tornasol, soya o palma oleaginosa. En India, como señala la Sriphl (Society for rural Initiatives for Promotion of Herbal, Rajasthan), el gobierno ha seleccionado el Jatropha curcas por varias razones, en particular: el poco costo de las semillas, su elevado tenor en aceite, el crecimiento posible en condiciones climáticas diversas y la cosecha de semillas en la estación seca.159 Originario de América latina donde ya los mayas lo habían utilizado por sus propiedades medicinales, el Jatropha curcas ha transitado por las islas de Cabo Verde y Guinea Bissau antes de que los portugueses lo introdujeran en África y en Asia.160 En el Sudeste asiático, estos últimos incitaron a los campesinos tailandeses a cultivarlo por el aceite que contenían sus semillas, bueno para fabricar un jabón apreciado por su espuma particular y para alimentar las lámparas de aceite.161 En la República Democrática del Congo no es una planta indígena, pero se encuentra en pequeñas cantidades en todas partes en los patios y allí la utilizan principalmente para cercar las parcelas y delimitar los cuartones para el ganado. Actualmente, la planta se ha propagado por todas las regiones tropicales.162 La encontramos en Mali, BurkinaFaso, Senegal, Niger, Madagascar, Egipto, India, China, Vietnam, Tailandia, etc.

Junto a la palma oleaginosa, una planta más bien «burguesa» que se asocia a deforestaciones masivas, el Jatropha curcas aparece como una planta «proletaria» porque cualquiera puede hacerla crecer. En plantación, su costo de explotación es con mucho inferior al de la palma oleaginosa. Otra ventaje ecológica, es un agente eficaz de lucha contra la erosión.

159 160 161 162

Chutkaew, 2006; Gübitz y al., 1996.

Gübitz y al., 1998; Heller, 1996.

Chutkaew, 2006.

Henning, 2002.

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Las ventajas del Jatropha curcas – Aparte de sus cualidades como materia prima para producir agrodiesel, el aceite de jatropha se utiliza también en la jabonería y como aceite para la iluminación (fabricación de la cera de las velas) El residuo de extracción o (tortas de borujo) sirve como abono orgánico de valor comparable al excremento de ave. Una tonelada de torta de borujo de jatropha equivale a 200 kg de abono mineral (NPK 12:24:12), – No es comestible, el aceite de este arbusto empleado en la línea de los agrocombustibles contribuye a aliviar la presión sobre los aceites de cocina.

– Por demás, crece en tierras áridas. En principio no compite con los cultivos comestibles por ocupar las tierras buenas, no requiere la destrucción de los bosques sino por el contrario es un buen agente de repoblación forestal, de lucha contra la erosión y la desertificación.

– En comparación con la colza (cuyo rendimiento en aceite es de 662 litros por hectárea) y con la soya (rendimiento en aceite: 446 litros por hectárea), este arbusto, con un rendimiento promedio en aceite de unos 1.900 litros por hectárea (con posibilidades de alcanzar rendimientos más elevados) es el más interesante.

– Al contrario de cultivos que, como la colza o la soya, necesitan cada año gruesas inversiones energéticas desde la preparación de lo campos hasta la recogida, pasando por la fertilización de los suelos y la lucha contra los parásitos, el J. curcas se siempre para que dure de 40 a 50 años aproximadamente, no requiere fertilizantes salidos del petróleo y presenta una gran resistencia a los parásitos.

– Su siembra permite luchar contra la desertificación y la erosión, y puede al cabo de algunos años convertir las tierras hasta entonces incultivables, adecuadas para los cultivos alimentarios. De suerte que puede entonces aumentar las superficie agrícola útil.

– En el plano local, podría contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas del mundo y proporcionarles ingresos para que disminuyan las migraciones por motivos económicos.

A escala internacional, las ventajas que ofrece el Jatropha curcas despiertan el interés de compañías inglesas, americanas y de otras nacionalidades. A pesar de sus propiedades oleaginosas y su sobriedad, todavía la planta no se ha explotado industrialmente. Hay investigaciones en curso en el marco de plantaciones de algunos cientos de hectáreas en África y en le India: los promotores de ese proyecto son empresas occidentales, que operan muchas veces en colaboración con universidades y autoridades motivan poco a poco los intereses indígenas.163 Los petroleros y los Estados llevan a cabo actualmente varios experimentos de cultivo intensivo.

La India es uno de los precursores y ha lanzado un amplio programa de plantación y selección de los cultivos de mejores rendimientos. El gobierno ha previsto plantar allí unos 40 millones de hectáreas de aquí al año 2012. También se han desarrollado plantaciones en el resto de Asia (Indonesia, China, Vietnam, Filipinas, Tailandia, etc.). En Indonesia el precio de las semillas se dispara, la tonelada de este grano que de pronto se ha vuelto muy apreciado llegará a costar hasta 1.000 dólares norteamericanos. En diciembre de 2005, el gobierno de Myanmar publicó un decreto cuyo propósito era explotar 500.000 acres de plantaciones de Jatropha curcas –o sea, 202.345 ha– en cada una de las 14 provincias del país, para reemplazar en un período de tres años una parte de su consumo de gasoil. La producción de agrodiesel para 163

Pellet 2007.

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entonces se estima en 50 millones de galones por provincia, o sea 227.300.000 de litros. En Surinam, la sociedad norteamericana Tropilab anunció su intención de plantar 50.000 hectáreas de jatropha, y luego construir un refinería para transformar in situ el aceite bruto en agrodiesel. Y la planta interesa también a los inversionistas occidentales.164 En Mozambique existen proyectos importantes en el sur del país y se está desarrollando una plantación de 11.000 hectáreas.

En la India los días 9 y 10 de junio de 2006 se llevó a cabo una conferencia con el tema del Jatropha, con miras a lograr la independencia energética. Los participantes analizaron la situación y preconizaron medidas para alcanzar un nivel elevado de independencia energética. Actualmente, la India tiene que importar el 73% de los 125 millones de toneladas del petróleo bruto que consume anualmente, y sus propias reservas le permitirían únicamente unos veinte años de consumo. En un primer tiempo, de los 296 millones de hectáreas de tierras no explotadas con que cuenta, la India prevé dedicar unas cuarenta de ellas a ese cultivo. Según un informe de la Universidad Indira Gandhi, «el cultivo de Jatropha curcas puede constituir una contribución significativa a la producción de agrocombustibles y al desarrollo sostenible del país […]; beneficiosa tanto para los cultivadores como para los industriales […], el J. curcas es único entre las fuentes de energía renovables, sencillo de cultivar y requiere inversiones relativamente flojas».165 Desde su entrada en vigor, el Protocolo de Kyoto añade un argumento jurídico sobre cuotas de emisiones de CO2 que hay que respetar. La India y ciertos países africanos han tomado conciencia de las potencialidades del Jatropha curcas, y se han lanzado en proyectos de envergadura al contar con el posible aporte en capitales de los CER.166 Tales plantaciones presentan efectivamente serias ventajas. En primer lugar, la planta proporciona un carburante cuyo balance energético es neutro. Además, permite la reforestación de tierras que hasta entonces habían permanecido en barbecho. Finalmente, en determinadas condiciones pueden cultivarse hortalizas entre los árboles, las que por la sombra y el humus que proporcionan fertilizarán los suelos. Es el caso de cultivos de huerto, como el pepino, el tomate, e pimientos etc.,167 lo que permite hacer frente a los gastos incurridos durante años en que los costos de la plantación resultaban superiores a los ingresos.

Sin embargo, no podemos limitarnos a señalar las ventajas que muchas veces están solo en el plano teórico. Huelga señalar que hay interrogantes aún sin respuesta en el plano científico por carecerse de investigaciones suficientes sobre las propiedades de la planta y las condiciones para explotarla. Por otra parte, el contexto en el que se desarrollan los nuevos proyectos reproduce una vez más el modelo de monocultivo, sin respetar las especies consagradas a las producciones de alimentos ni las regiones boscosas. La situación se comprueba tanto en África como en Asia.

164 http://www.librairie-environnement.com/10418_jatropha_meilleur_biocarburant.html 165 http://www.librairie-environnement.com/10418_jatropha_meilleur_biocarburant.tml 166 CER (Certified Emissions Reductions), es decir, «reducciones certificadas de emisiones». Un CER es entonces un certificado que garantiza que un proyecto dado generará el equivalente de una tonelada de CO2 menos que el mismo proyecto que opera por métodos tradicionales.

167 Sriphl, 2007; Tanu, 2006.

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Las propiedades del Jatropha curcas El J. curcas es una planta que puede desarrollarse en zonas climáticas muy variadas. Según Katwal y Soni, puede crecer en zonas de clima tropical y subtropical, pero también se desarrolla en regiones áridas, a partir de 250 mm de pluviometría anual. Esta última es una de las razones por las cuales se desarrolla este cultivo en África occidental donde las precipitaciones son escasas. Esta planta puede además soportar hasta tres años de sequías consecutivas. Sin embargo, los rendimientos en semillas tienen una fuerte dependencia de las condiciones climáticas que encuentren. El Jatropha curcas se desarrolla particularmente bien en las regiones de poca altitud (0-500 m), y en aquellas donde la temperatura promedio anual sea al menos de 20°C. Pero puede también crecer hasta una altitud de 1800 m, y en temperaturas más bajas. En cambio, no tolera las heladas.

Al nivel de las condiciones edáficas (sol), el Jatropha curcas tiene buena adaptación a todo tipo de suelo; la planta es capaz de desarrollarse en suelos moderadamente sódicos o salinos, ferralíticos y en suelos degradados o erosionados, por lo regular poco adaptados para otros cultivos, razón por la cual no entra necesariamente en competencia. La planta es capaz de crecer en regiones semiáridas y de terrenos pobres, incluso en aquellos donde no prospera ninguna hortaliza. Puede entonces desempeñar un papel importante en la valorización de tierras marginales y en la lucha contra la erosión pues, sembrada en hileras, proporciona humus y retiene humedad. La Sriphl indica que resulta interesante empezar a plantar Jatropha curcas en suelos de poca fertilidad localizados en terrenos marginales. Los suelos solamente deben estar bien drenados y por ende, debidamente aireados para que el sistema radical de la planta, que es bastante importante, se desarrolle en buenas condiciones. Ese vegetal presenta por demás otras ventajas, como su aptitud para utilizarse como cercados vivos que protegen las tierras contra la erosión eólica y sirven de seto alrededor de canteros de hortalizas o de cuartones para el ganado. La mayoría de los órganos del Jatropha curcas son aprovechables; las hojas para usos medicinales o como legumbre para determinadas especies, el látex como medicamento, le fruta completa colmo combustible y las semillas como pesticida.

El aceite y el borujo son con creces los productos más importantes. El aceite se puede usar de medicamento, como combustible o como ingrediente de base para jabones y otros cosméticos. En numerosos casos, la torta del borujo tiene un elevado contenido de nitrógeno y se utiliza como materia orgánica para luchar contra la erosión y el descenso de fertilidad en los suelos.

La situation fitosanitaria de Jatropha curcas Openshaw (1999) observa que pocas enfermedades o depredadores parecen afectar particularmente el cultivo de manera importante. Lo causal se debe a la presencia de esteres de forbol, de ácido cianídrico y de curcina a nivel de su tallo, hojas, frutos y semillas.* Los extractos de hojas y semillas de J. curcas han demostrado tener propiedades moluscicidas, insecticidas y fungicidas.** No obstante, estudios llevados a cabo en Nicaragua describen determinados insectos que se alimentan de los frutos del J. curcas, que provocan la malformación e incluso el aborto de las semillas. La pérdida de rendimientos máxima registrada en las semillas fue entonces del orden de 18,5 % (Guharay, 1997 citado por Gübitz et al., 1998).*** La TNAU (2006) señala que en la India hay determinados insectos J. curcas, y afectan las plantaciones. * De la Vega Lozano, 2007; Foidl et al., 1996; SRIPHL, 2007 ** Gübitz y al., 1998. *** Grimm C., Guharay F. (1997). Potential of entomopathogenous fungi for the biological control of true bugs en J. curcas plantations in Nicaragua. En Biofuels and Industrial Products from J. curcas. Graz: Gübitz, Mittebach y Trabi (Eds.), pp 40-46.

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Inconvenientes del Jatropha curcas El Jatropha curcas es hospedero de un virus que afecta la yuca a través de la mosca del género Bemisia, que transmite el virus del mosaico africano de la yuca y reduce su rendimiento de un 20 a un 80%.* En opinión de Syfia international (2001), el gusano ugandés de la mosca ha provocado caídas en la producción de 3,5 a 5 millones de toneladas de tubérculos en algunos años y tres mil personas han muerto de hambre en 1994. Eso afecta consecuentemente la seguridad alimentaria. En el este de África incluso se ha descontinuado el cultivo en algunas regiones.** El estudio de la situación fitosanitaria del Jatropha curcas es por tanto muy importante cuando sabemos que en determinados países como Australia y en las islas del Pacifico, se considera incluso una planta invasiva y perjudicial.*** Las perspectivas africanas del Jatropha curcas En África y en Asia (principalmente en la India), con el establecimiento de programas de experimentación a gran escala (en decenas de miles de hectáreas) de producción de agrocombustibles a partir de especies locales cultivables sobre tierras infértiles (el Jatropha curcas o purguera y el Pongamia Pinnata sobre todo). Los agrocombustibles refinados extraídos de esas oleaginosas ya se están utilizando en los vehículos de motor diesel sin necesidad de modificación; el aceite en bruto, sencillamente filtrado, puede alimentar motores simples y robustos como el de los modelos indios por ejemplo, que equipan la mayor parte de los molinos y descascaradoras, sobre todo en los países del Sahel. En Mali, dcesde 1987 se han emprendido investigaciones tendientes a evaluar el interés del aceite de purguera como combustible con el concurso de la cooperación técnica alemana y del Pnud y se llevan a cabo en paralelo en los demás países del este de África. El experimento se ha llevado a cabo exitosamente en Mali para alimentar las plataformas multifuncionales, a la vez en el marco del proyecto Plataformas y por organismos especializados como Malifolkecenter. Junto a otras oleaginosas vivaces como el neem, esas especies se pueden hallar en numerosos países y resisten a la sequía. * Fauquet y Farguette, 1987. ** Otim-Nape y al., 1997 *** El Instituto de bosques de las Islas del Pacifico ha clasificado esa planta como una amenaza para el ecosistema local. http://www.hear.org

Los países africanos no productores de petróleo (Panpp), organización fundada por iniciativa del presidente senegalés Abdoulaye Wade que reagrupa a 25 países africanos de los cuales 13 fueron fundadores de dicha organización (a saber: Bénin, Burkina-Faso, la RD del Congo, Gambia, Ghana, Guinea, Madagascar, Mali, Marruecos, Niger, Senegal, Sierra Leona y Zambia) apuestan por los agrocombustibles principalmente por el Jatropha. El 7 de diciembre de 2006, Farba Senghor, ministro de agricultura de Senegal, anunció que el Estado iba a distribuir entre los productores 250 millones de plantas de Jatropha. En teoría si todas se siembran sobre la base de un promedio 1.500 litros de aceite por hectárea, Senegal se autoabastecería para su consumo doméstico actual que es 375 mil millones de litros anuales. El 30 de noviembre y 1ro de diciembre de 2006 tuvo lugar en el Cabo, Sudáfrica, la primera conferencia africana sobre los mercados de agrocombustibles: Biofuels Markets Africa. Como resultado algunos países, muy optimistas, aspiran a convertirse en el «Medio Oriente de los agrocombustibles».

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Es el caso también de la República Popular del Congo, donde se estiman las necesidades en productos petroleros para los diez y veinte años venideros en unos tres millones de toneladas anuales de los cuales casi 42% de gasoil que se puede producir saldrá de unas 650.000 hectáreas de plantaciones de Jatropha. El país, en razón de su gran extensión y de la abundancia de tierras cultivables (más de 130 millones de hectáreas de tierras cultivables de las cuales solo 4% aproximadamente se utilizan anualmente para la agricultura) y de la disponibilidad de la fuerza de trabajo (casi 80% de la población activa está desempleada), reúne teóricamente el potencial necesario para desarrollar el cultivo de este arbusto y convertirse en uno de los principales exportadores de agrodiesel. El arbusto se adapta bien a las condiciones ecológicas del país.

Según los impulsores de esas iniciativas, la promoción y el desarrollo del Jatropha curcas encontrarían condicione favorables, particularmente porque existe una cierta tradición en la práctica de cultivos de renta (palma oleaginosa, cafeto, cacao, caña de azúcar) Las inversiones masivas públicas y privadas en la línea Jatropha (plantaciones comerciales y lugareñas) podrían ser una de las soluciones a la pobreza y al desempleo. El desarrollo de esta línea permite a la vez satisfacer las necesidades y demanda de gasoil del país y también relanzar los sectores industriales, garantizar el consumo del transporte; ya que el país podría así respetar los compromisos contraídos en el protocolo de Kyoto. Si únicamente 3% de la superficie de la República Popular del Congo se dedicaran a sembrar Jatropha curcas, es decir, unos 70.350 km2 (7.350.000 hectáreas), con una producción mínima de 1,5 tonelada de aceite por hectárea, el país produciría 11.025.000 toneladas de aceite brutas. Lo cual representaría un ingreso anual de 5,5 mil millones de US dólares aproximadamente. Son razonamientos similares a los que se han esgrimido a propósito del etanol procedente de la caña de azúcar.

Otros países africanos manifiestan intención de invertir en los agrocombustibles con la esperanza de lograr asignarse una parte del mercado de la Unión Europea. Es el caso particular de Sudáfrica.12 En Tanzania estima que casi la mitad del territorio nacional pudiera prestarse a ese tipo de producción13 y el gobierno busca inversiones con los productores europeos como Sun Biofuels en Reino Unido.14 En Mozambique, cerca de 33 millones de hectáreas –casi cuarenta por ciento de la superficie del país se ha detectado como suministrador potencial de agrocombustibles sobre todo para el mercado europeo.15 En Mali, Aboubacar Samaké, jefe del Pnvep (Programa nacional de valoración en energética de la planta purguera), deposita grandes esperanzas en ese carburante vegetal. Según estima, el costo de producción del litro de aceite de Jatropha curcas, como se puede estimar entre 170 FCFA y 250 FCFA contra 475 FCFA, o sea, al doble, para el gasoil, el programa podría a término ser fuente de ahorro especialmente en la factura de importación petrolera del país, en la producción de electricidad en medio rural y en el consumo de vehículos, según dice. El programa inmediato prevé electrificar cinco ciudades en cinco años. También está en proyecto, el aumento de la producción nacional de semillas de purguera gracias al ordenamiento de perímetros hecho por las poblaciones rurales. Todo lo cual totaliza un presupuesto de 708 millones de FCFA, más de un millón de euros. En ocasión de celebrarse el 45 aniversario de la independencia del país, el presidente de la República, Amadou Toumani Touré declaraba: «La promoción de la explotación del carburante agrícola a una escala mayor, derivada del “bagani”, la planta purguera, debe tenerse en cuenta a la hora de trazar estrategias

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alternativas». Incluso se trata de crear una compañía de desarrollo para mejorar su rendimiento en semillas, su ciclo cultural, los rendimientos del aceite producido como carburante.

Un ejemplo interesante de utilización local del agrocombustible es el testimonio ofrecido por Batou Bagayoko, jefe del poblado maliense de Kéléya, quien no oculta su satisfacción el ver las calles de su localidad alumbrarse por la noche porque la electricidad es muy rara en Mali.

Situada a 100 km al sur de Bamako, Kéléya es la primera localidad que se beneficia de la corriente que se produce por un generador alimentado con aceite de purguera (J. curcas).168 En Burkina-Faso, la Association Belwet trabaja en sinergia con la sociedad Nature Tech Afrique (especializada en el sector de energías renovables) y la firma alemana de agrodiesel D.B.D. (Deutsche Bio Diesel) sobre todo para transformar el borujo de semillas de jatropha en alimento para el ganado. Según. Larlé Naaba Tigré, el presidente de Bawlet, el Jatropha permite recuperar suelos degradados y desarrollar un mercado rural de aceite, y promover la utilización de esta última como combustible doméstico para cocer los alimentos con miras a reducir el empleo de la madera, desarrollar la fabricación de jabón a base de aceite de Jatropha y producir ingresos adicionales a los campesinos En Madagascar, la venta del aceite de Jatropha es un ingreso suplementario estimado en un millón de ariaris (472 dólares) por campesino y por año (el 60% de los malgaches viven con menos de un dólar al día). «Además de sus virtudes energéticas, el jatropha tiene condiciones para remplazar el carbón, se ha utilizado como abono o para hacer velas o jabón «asegura Sally Ross, directora de la sociedad D1 Oils Madagascar. Etablie en Londres, la empresa se ha interesado muy de cerca en la isla de Madagascar y en su flora llena de recursos. Reemplazar el diesel por el gasoil verde puede ser tanto más fácil cuanto que la tecnologia la pueden utilizar los motores diesel en un 100% y porque el precio del litro de gasoil de jatropha debe equivaler al del gasoil ordinario. Las plantaciones han empezado a finales de 2008 en tres regiones de Madagascar en una superficie total de 1.631 hectáreas con 1.500 campesinos.

No obstante, es importante preguntarnos en qué forma se están desarrollando los diversos proyectos. En el caso de los megaproyectos, el monocultivo es al parecer, la modalidad principal de producción para el Jatropha curcas. El campesinado se transforma en tales casos en proletariado rural y los cultivos se propagan bastante más allá de las zonas áridas. Conviene recordar que la productividad de la planta en las tierras mejores se incrementa considerablemente. Otra forma de garantizar el futuro de esta línea de combustible verde consiste en incorporar a los propios campesinos en el proceso. Es el esquema que hallamos en Papua Nueva Guinea o en Colombia con la palma oleaginosa. También así lo explica Sally Moss, directora de la empresa D1 Oils Madagascar: «La empresa entrega plántulas jóvenes a los agricultores quienes recogen las semillas, las muelen y sacan el aceite que la compañía les compra para refinarlo y transformarlo en carburante verde». En ese momento se trata de integrar al campesinado en posición de simple ejecutante, en relación de dependencia total de las compañías cuyo interés es acrecentar los márgenes de ganancia y consecuentemente controlar los costos. Existe también un modelo de desarrollo diferente, que se apoya en la producción campesina y se destina a satisfacer las necesidades locales. Es una solución que 168

http://www.malikounda.com; Publicado por Gwen.

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también tiene el mérito de respetar la biodiversidad. Pero por supuesto que difiere totalmente del que hemos descrito antes.

Roja escarlata para la planta macho y verde para las hembras, el jatropha podagrica tiene hojas fuertes verde oscuro y un tallo abombado en la base y posee extraño ramaje terminal en «mazo» Tiene floración todo el año, crece con lentitud y su altura puede alcanzar 1,50m en su medio originario. Puede vivir a plena luz o bajo un sol tamizado hasta una temperatura mínima de 10°C. Esta categoría de planta cuenta unas 160 especies de árboles, arbustos o de plantas medicinales.

El jatropha curcas que hubiera podido desarrollarse en función de los intereses locales de la población y bajo control público de los cultivos en tierras inadecuadas para usarse para los cultivos alimentarios, ya cae en manos de los intereses económicos de empresas agrícolas muchas veces multinacionales. No solamente los espacios de biodiversidad no son respetados y las tierras cultivables a menudo recubiertas de monocultivos, sino que según un informe de Oxfam internacional sobre Tanzania, ya se observan expulsiones de grupos socialmente vulnerables. Una vez que se introduce en esa lógica, el cultivo del Jatropha reproduce entonces el conjunto de mecanismos ecológicos y sociales arriba descritos a propósito de la caña de azúcar y la palma oleaginosa.

Conviene añadir que no hay garantías de que existan aún estudios científicos profundos al respecto y que en ciertos casos no pueden preverse las consecuencias, como la de la la proliferación de ciertos insectos perjudiciales, que podrían añadir no pocos elementos a favor del tema. En ocasión de celebrarse la Conferencia internacional sobre los retos y perspectivas de los agrocombustibles en Ouagadougou del 27 al 29 de junio de 2007, la mesa redonda sobre el Jatropha planteó muchas preguntas que quedaron sin respuesta «¿Estamos hablando de una planta con futuro para las grandes explotaciones familiares? ¿Cuáles son sus requerimientos en agua? ¿Qué variabilidad tiene la producción? ¿Cuáles variedades conviene utilizar? ¿Qué índice de éxito se logra en las plantaciones? ¿Cómo conducir el cultivo? ¿Qué resistencia tiene a los insectos (a las termitas)? ¿Cómo se comporta en plantaciones industriales?169 ¿Cuál puede ser su impacto sobre el ecosistema? Tantas preguntas sin respuesta merecen serios estudios.

Los conocimientos actuales son insuficientes para una explotación a gran escala. Es indispensable hacer experimentos en pleno campo lo mismo que ensayos de utilización del carburante que procede de los aceites de purguera, en particular para las explotaciones familiares y la electrificación rural. Los análisis de toxicidad son indispensables pues el Instituto de Investigaciones de Numea en Caledonia reporta casos de intoxicación con semillas de Jatropha y los riesgos principales más graves todavía en caso de los niños son la deshidratación, el colapso cardiovascular y una depresión del sistema nervioso central, si bien no se ha reportado formalmente ningún caso mortal en el hombre. El Dr. Kurt Hostettmann señala que la planta contiene esteres de forbol con propiedades tóxicas, especialmente irritantes para la vista y la piel. Recientemente estas afectaciones se confirmaron en los laboratorios por investigadores de la Universidad de Graz, en Austria, en 1999.

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Synthéses & Conclusions: Conférence Internationale «Enjeux et Perspectives des Biocarburants pour l’Afrique» 27-29 de noviembre de 2007, Ouagadougou, Burkina Faso.

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Todas estas consideraciones obedecen a una exigencia distinta de la de la simple ganancia.

Pertenecen a la doble lógica de las necesidades por una parte y a la de la precaución por otra.

Plantas similares al Jatropha curcas En los países del Sur no solo presenta ventajas el Jatropha curcas para producir un agrodiesel.

También están el karanj (millettia pinnata) y el moringa oleífero, cuyas características aparecen en los siguientes cuadros.

Karanj (Millettia pinnata) El Karanj (Millettia pinnata) es un árbol de la familia de las Fabáceas de rápido crecimiento, fijador del nitrógeno, muy resistente a la sequía, que crece a pleno sol, en suelos difíciles, incluso salados y produce aceite. Es más conocido como Pongamia pinnata. Recientes estudios genéticos le dan también el nombre de Millettia pinnat (y también por sus sinónimos: Cytisus pinnatus L., Derris indica (Lam.) Bennet, Galedupa indica Lam., Galedupa, pinnata (L.) Taub., Pongamia glabra Vent., Pongamia mitis Kurz, Pongamia pinnata (L.) Pierre).

En Uganda y en Camerún (en la región de Kumbo) se han llevado a cabo programas de plantación de este árbol por iniciativa del Himalayan Institute of Yoga Science and Philosophy. Este árbol tiene un fuerte potencial para luchar contra la desertificación, sobre todo en la zona saheliana. Es pposible plantar 200 árboles por hectárea y cada árbol permite producir a partir del 6to o 7mo año entre 25 y 40 kg de frutos con un tenor en aceite de 30 a 35%. Una persona puede recoger diariamente (en 8 horas de trabajo) 180 kg de fruta. Los rendimientos promedio son de 5 toneladas/hectárea en el décimo año ¡lo cual es excelente! A diferencia de el Jatropha curcas para la que hay que esperar 3 años para lograr aceite el Millettia pinnata, produce desde los primeros años.

Los borujos que se obtienen una vez que se extrae el aceite son excelentes fertilizantes.

Moringa oleífero El Moringa oleífero, llamado con frecuencia sencillamente Moringa, es un árbol de la familia de las Moringáceas que puede medir hasta 10 m. Es originario del norte de la India y actualmente se ha expandido por casi todas las regiones tropicales, resiste bien la sequía y crece rápidamente. El la India, el Moringa es una planta comestible que se cultiva por sus frutos que se comen cocidos y exportados frescos o en conserva. En el Sahel, las hojas de Moringa oleífera se consumen como legumbres y las de Moringa stenopetala constituyen la comida básica del pueblo Konso en Etiopía. Análisis nutricionales han demostrado que las hojas de Moringa oleífero son más ricas en vitaminas, minerales y vitaminas que la mayoría de las legumbres. Constituyen un alimento completo porque contienen el doble de proteínas y de calcio que la leche, tanto potasio como el banano, tanta vitaminaA como la zanahoria y tanto hierro como la carne de res o las lentejas y dos veces más vitamina C que una naranja. Muchos programas utilizan las hojas de moringa oleífera contra la malnutrición y sus enfermedades asociadas (ceguera, etc) además, las semillas de Moringa contienen un polielectrolito catiónico que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de las aguas (elimina la turbidez) al sustituir el sulfato de alúmina u otros floculantes. sus semillas presentan una doble ventaja. Primeramente sustituyen floculantes importados por un producto local de fácil acceso, lo cual propicia un importante ahorro de divisas para los países del Sur, dicho floculante, a diferencia del sulfato de alúmina es totalmente biodegradable.

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Moringa oleífero Después se puede también extraer de sus semillas un aceite alimentario interesante, sobre todo para África donde muchos países carecen de aceites alimentarios.También es una materia prima interesante para la industria cosmética (jabón, perfume) Es posible la utilización mixta de Moringa para producir lo mismo aceite que usarlo de agente floculante porque el borujo que sale de la extracción del aceite conserva sus capacidades floculantes. Su reforestación masiva contribuye a la preservación del medioambiente porque ese árbol ha resultado un para-fuego eficaz. El 18 de junio de 2003, M. David Sonnenburg de Africa Eco Foundation demostró en ocasión de la Cumbre de la Tierra, la posibilidad de hacer funcionar 20.000 vehículos rodando durante 60 días con aceite de Moringa y de Jatropha. El objetivo de su visita a la India fue explorar las posibilidades de producir aceite de Moringa a gran escala o polvo de las semillas.* Los demás cultivos perennes que suscitan interés son en particular la Palma Babassu (Orbigniya speciosa), el cocotero, el árbol mantequero, el de aceite de castor (Rucinus communics), el Neem (Azadirachata indica), el «medere et le Cardoon (Cynara cardunculus),** una hierba gramínea como el panizo o switchgrass que promete mucho porque resiste a la sequia y necesita de menos aportes que el maíz*** para producir etanol. Se emplea comúnmente para controlar la erosión en el Midwest americano en el marco del Conservation Reserve Program. Contribuye también a disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero debidas a la producción de agrocombustibles (etanol y gránulos) pues aumenta la materia orgánica del suelo donde se cultiva.**** * http://www.moringanews.org/news.html, le 18/06/2003 Biocarburante de aceite de Moringa en Sudáfrica. ** Brew-Hammond,A. & Crole-ReeS,A., oct. 2001, id.op.cit, et MMEE /Malifolkecenter, Conférence Régionale: Le pourghére (Jatropha): outil de lutte contre la pauvreté en Afrique, Bamako, 16-17 Janvier 2006. *** Mersie Ejigu, L’Afrique a besoin d’énergie renouvelable. Point de vue dans le monde, le 22/06/2005. **** http://www.reap-canada.com/online_library/Reports%20and%20Newsletters/Bioenergy/21%20Le%20 panic.pdf

4. Los efectos colaterales de los agrocombustibles Los agrocombustibles actualmente se perciben cada vez más como una solución muy parcial al agotamiento de las reservas mundiales de energías fósiles y a la crisis climática que vive el planeta. Su explotación a escala mundial tiene efectos perversos que reducen su eficacia o su verdadera posibilidad de aplicación a la vez en el plano ecológico y social, como lo hemos podido comprobar en el transcurso de este trabajo. Recordemos brevemente en qué consisten.

4.1 Los efectos ecológicos sobre los agrocombustibles La destrucción de los bosques primarios y en general la implantación de los monocultivos, tienen consecuencias ecológicas importantes en los sistemas de precipitaciones y de los mantos freáticos para el medioambiente y los suelos. Esa situación se ha visto agravada estos últimos años con la emergencia de nuevas fuentes de aprovisionamiento en carburantes.

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• Los efectos sobre las aguas La conversión de bosques primarios (cuenca del Congo, la Amazonia y la selva del Sudeste asiático) en plantaciones perturba los ecosistemas y por tanto el ciclo del agua, y altera a la par el nivel de pluviometría en las regiones aludidas e incluso en aquellas que están más lejanas. El recurso al monocultivo induce también a una utilización masiva e intensiva de fitosanitarios pesticidas, fungicidas, etc.) y de fertilizantes minerales en su mayoría. Se trata en particular del diurón, metasulfurón, glifosato, cipermetrín, etc.

Los fertilizantes y pesticidas que se utilizan en los monocultivos (en la palma oleaginosa por ejemplo) también son la causa de la contaminación de las aguas tanto de superficie como subterráneas lo cual ha sido palpable en Indonesia y en Malasia170. La reducción del manto freático también es una consecuencia señalada en muchos lugares, de Brasil e Indonesia, en función del monocultivo de la palma oleaginosa o de la caña de azúcar.

• Los efectos sobre los suelos El reemplazo del bosque primario por el secundario (las palmas de aceite, el eucalipto, por ejemplo) o por otros cultivos (caña de azúcar, maíz) para satisfacer las necesidades de producción de agrocombustibles, induce una ruptura del equilibro suelo/agua. Esos dos elementos de la naturaleza viven en simbiosis. Los árboles protegen al suelo de una caída brutal del agua en chorros. Esta ruptura ha traído como consecuencia la aparición de cabezas de erosión en los suelos denudados o recubiertos parcialmente por el monocultivo171. Pero, la presencia del bosque contribuye a la estabilización de los suelos y consecuentemente a la reducción de los efectos erosivos del agua de lluvia y del chorreado.

En Estados Unidos se ha observado que el monocultivo del maíz producía más erosión que cualquier otro cultivo. Los granjeros del Midwest abandonaron la rotación de cultivos en favor de la soya y del maíz exclusivamente y vieron cómo aumentaba el índice de erosión del suelo.172 La falta de rotación de los cultivos causó vulnerabilidad en los cultivos a diferentes enfermedades y por ende, esos cultivos necesitaron una aplicación cada vez mayor que los demás de pesticidas (en los Estados Unidos 41% de herbicidas y 17% de insecticidas se aplican en al cultivo del maíz).173 La conversión de determinadas tierras en terrenos cultivables conlleva su salinización y acidificación. De un informe publicado en la revista Science en 2005 por Robert Jackson y al., se colige que el reemplazo de los bosques en la Pampa argentina por plantaciones de eucalipto ha traído la salinización de los suelos. Las plantas tienen que buscar el agua a profundidad y por lo tanto traen consigo a la superficie las sales minerales disueltas. Las consecuencias son aún más dramáticas en la estación de sequía cuando se observa una reducción sustancial de la corriente y del nivel en los cursos de agua aledaños a las parcelas cultivadas. Igual ocurre en Brasil en Minas de Gerais. Según ese propio autor, de ello resulta un desequilibrio en los nutrientes 170 171 172 173

Sarojeni V. Rengam, PAN ASIA, correo electrónico sarojeni.rengam@panap.net y panap@panap.net, www.panap.net Alejandra Parra, Rada, Network for Environment Rights Action.

Pimentel et al., 1995.

Pimentel y Lehman 1993.

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Los agrocombustibles o la agroenergía

minerales del suelo que conduce por una parte al agotamiento del calcio, del magnesio y del potasio que las plantas necesitan fuertemente y por otra, un enriquecimiento en sodio conducente a la aparición de suelos cada vez más salinos174 y por rende, impropios para la agricultura.

Por demás, numerosas medidas puestas en práctica en diferentes suelos en África, Asia y América Latina han demostrado que la utilización intensiva de pesticidas y fertilizantes en las plantaciones de palma oleaginosa, en el maíz y en otros monocultivos, conduce verdaderamente a la acidificación de los suelos, haciéndolos por largo tiempo impropios para cualquier otra utilización ulterior.

• Los efectos sobre el medioambiente global Esos efectos se traducen también por un cambio climático a escala mundial y causa une destrucción masiva de los ecosistemas tropicales.175 La utilización de los bosques tropicales como tierras cultivables induce cambios climáticos a mediano y largo plazo nada despreciables a escala planetaria. Existe una interacción activa entre los tres elementos: el agua, el bosque, el clima. Su simbiosis es delicada al punto que una manipulación poco sensata de uno de ellos provoca un desequilibrio del sistema en su conjunto a veces con consecuencias inconmensurables. La interacción de esos componentes puede tener implicaciones a gran escala. Así, un estudio llevado a cabo en la Universidad de Oxford, pone de manifiesto que la deforestación incontrolada de la cuenca del Congo provocó reducciones de la pluviometría por ejemplo en las región de los Grandes Lagos en los Estados Unidos (aproximadamente de 5 a 15%), en Ucrania y en la zona septentrional del Mar Negro (Rusia).176 El cambio climático afecta seriamente a los bosques tropicales donde se ha observado en estos últimos años una disminución de las precipitaciones.

Según un estudio oficial llevado a cabo en Suiza, la producción y la fabricación de agrocombustibles corre el riesgo de ser aún más perjudicial que la gasolina y el diesel de origen fósil.

Sus consecuencias sobre el medioambiente son tributarias de la hiperfertilización de los cultivos y de la acidificación de los suelos agrícolas con la pérdida consecuente de la biodiversidad de las especies.177 Señalemos asimismo que, según ese propio estudio, una de las agresiones de los agrocombustibles al medioambiente se sitúa al nivel de la producción de la propia materia prima. Por ejemplo, en África tropical uno de los métodos que se utiliza para extender el cultivo de la palma oleaginosa y la práctica de la agricultura por medio de la quema de los campos tiene una consecuencia inmediata en la emisión de una cantidad importante de CO2 y de hollín, que aumentan la contaminación del aire. En Minas de Gerais, en Brasil, se ha señalado un fenómeno similar acerca de la transformación del eucalipto en carbón de madera para la industria siderúrgica. Esta práctica agrícola muy extendida en el 174 175 176 177

Robert Jackson y al. in Chris Lang, http://chrislang.org Georges Monbiot en The Guardian 08.12.05 Ecosystem services of the Congo Basin forest, Danae S. M. Maniatis, Oxford University, 2007, http:// globalycanopy.org/themedia/Ecosystem%20Servives%20CB.pdf Ökobilanz von Energieproduckten: Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen. Informe final abril 2007. Estudio encargado por el ’Office Fédéral de l’Environnement y el ’Office Fédéral de l’Agriculture.

Empa, departamento tecnología y Sociedad, St-Gall: R. Zah, H. Böni, M. Gauch, R. Hischier, M. Lehmann, P. Wäger, se puede bajar en: www.bfe.admin.ch

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medio rural provoca una reducción de la fauna del suelo, importante para su estructura así como para la fijación del nitrógeno atmosférico. Denuda el suelo y lo vuelve susceptible a la erosión y en suma, provoca la reducción de la fertilidad e incluso la desertificación en caso de que se le someta a una aplicación intensiva y más prolongada.

En Indonesia, la transformación del bosque tropical en plantaciones de palma de aceite es una fuente importante de vertimiento de CO2 en la naturaleza. Como se ha visto, se utilizan dos zonas, las secas y las pantanosas. Después de haberlas desarrollado en zonas más secas resultado de la tala del bosque, las plantaciones se desplazan hacia las zonas pantanosas en las turberas. Cuando se secan, estas últimas liberan a la atmósfera más óxido de carbono que el absorbido por los árboles.

En el reino animal se ha señalado en Indonesia una reducción sensible en la población de orangutanes. Al principio, se estimaba que había una población de 300.000 y solo quedan unos 50.000. En 20 años, el 80% de su hábitat se transformó en una plantación de palma oleaginosa.178 Los rinocerontes de Sumatra, los tigres, gibones, tapires, násicos y millares de otras especies de animales de África y de América Latina podrían correr la misma suerte.

Recordemos que según un informe publicado por los Amigos de la tierra en septiembre, se estima que entre 1985 y 2000, el desarrollo de las plantaciones de palma oleaginosa ha sido responsable del 87% de la deforestación en Malasia. En Sumatra y en Borneo, unos 4 millones de hectáreas de bosques se han convertido en plantaciones de palma oleaginosa.

Hasta el célebre parque nacional de Tan Jung Puting en Kalimantan ha sido destrozado por los plantadores. Desdichadamente, nada parece detener el proceso y los efectos a largo plazo constituyen una fuerte amenaza para la situación climática de esos pozos de carbono que son los bosques tropicales.

4.2 Los efectos sociales de los agrocombustibles También hemos comprobado que los efectos sociales de la producción de agrocombustibles son particularmente graves. Como las situaciones son muy variables de una región a otra, las abordaremos bajo dos ángulos diferentes: el de los países del Sur y el de los países del Norte.

Los agrocombustibles son de manera general bien acogidos por los agricultores y los decisores políticos de los países del Norte, pues son generadores de empleos y considerados como una oportunidad para la agricultura familiar y, sobre todo, como un medio para reducir su dependencia de un barril de petróleo que es cada vez más caros y para colmo es producido en el extranjero. Algunos agricultores del norte están satisfechos porque los agrocombustibles son uno de los factores que conlleva aumento de precios de las materias primas al productor (el maíz en los Estados Unidos) al cabo de varios años de estancamiento en los precios. Por otra parte, permiten también la utilización de tierras cultivables dejadas en barbecho según 178

The independent, 17.09.06. Para un análisis general y crítico de los agrocombustibles.

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las cuotas de producción impuestas por la política agrícola común (PAC) de la Unión Europea. Pero hay otros que comprueban también que eso provoca un estado de dependencia cada vez más fuerte de las grandes empresas europeas que controlan los precios y los mecanismos del mercado. De suerte que hay una doble reacción, cuya exacta medida no se ha estudiado.

Sin embargo es en el sur donde los efectos serán más perjudiciales porque allí tendrá lugar lo principal de la producción, puisque “sur les 16 millions d’hectares dont l’Europe a besoin pour fournir ses usines d’agrocarburants et nourrir le bétail consommé par sa population, seuls 13 % de ces surfaces sont situées sur son territoire”. (Les Amis de la Terre, cité par Le Monde, 29.11.08). En efecto, la demanda siempre creciente de los agrocombustibles a escala planetaria que al cabo choca con el ordenamiento general del planeta. La Unión Europea con sus metas de 10% de agrocombustible a incorporar al diesel para el 2010, y 20% de energía renovable en 2020 va a necesitar utilizar más tierras cultivables si quiere alcanzar ese objetivo. Pero si no dispone de suficientes espacios, tendrá que recurrir a los países del sur actualmente suministradores de más del 50% de los agrocombustibles en el plano mundial.

Esa ambigüedad plantea el problema de los espacios cultivables suplementarios que debieran dedicarse a los cultivos y se les otorga a los agrocombustibles sabiendo que los países del sur siguen enfrentando el espinoso problema de la seguridad alimentaria. Por demás, esta situación ha dado lugar a las expulsiones y/o expropiaciones de las poblaciones autóctoans de las tierras de sus antepasados. Cualquier resistencia a las expropiaciones acaba en represión y con frecuencia con la muerte de seres humanos a manos de los paramilitares.

Esas expulsiones conducen a movimientos masivos de población hacia los grandes centros urbanos donde los campesinos acaban por engrosar las cifras de desempleados en los barrios marginales donde con frecuencia viven en la mayor precariedad.

Según el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre problemas autóctonos, casi 60 millones de individuos corren el riesgo de ser expulsados de sus tierras para dejar espacio a los cultivos de donde se sacan los agrocombustibles.179 Es el caso de cinco millones de personas de la región indonesa de Kalimantan Oeste. Hay otros que tienen que quedarse trabajando en las plantaciones en condiciones infrahumanas y deplorables que no respetan los derechos fundamentales de los trabajadores. Las mujeres trabajadoras están particularmente más discriminadas aquí y también mucho peor pagadas que los hombres.

Recordemos que en Colombia solamente se han censado 4 millones de desplazados internos debido en parte a la extensión de los monocultivos, lo cual con el incremento de la producción de agrocombustibles no hará más que aumentar.

Las expulsiones de los campesinos han empezado ya antes de la expansión de los agrocombustibles. Ese fue el caso, por ejemplo, de los años 70 en Paraná (Brasil) donde 2,5 millones de personas fueron desplazados para cultivar la soya que se utiliza como fuente alimentaria o en Río Grande del Sur, donde 300.000 personas tuvieron que abandonar sus tierras por la misma razón.

En todos los continentes del sur y sobre todo en América latina y en el Sudeste asiático se mencionan casos precisos registrados en los informes del Movimiento para los bosques 179 http://mwcnews.net/content/view/14507/235/

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tropicales cuya sede está en Uruguay.180 Es el caso en Kalimantan Occidental en Indonesia, de la destrucción de los jardines de los Dayaks. Estos últimos producen madera, miel, plantas medicinales, frutas y en lo adelante deben cultivar la palma. Las poblaciones vieron disminuir primero sus ingresos que luego fluctuaron con los precios del mercado internacional. En el propio país al este de Sumatra, 10.800 familias se vieron obligadas a emigrar por culpa de la empresa PT Citra Mandiri Vidya Nusa, propiedad del antiguo ministro de la agricultura. En Camerún, las poblaciones fueron expoliadas de sus tierras, sin consultarles y las reinstalaron en nuevas zonas bajo promesa de las compañías de indemnizarles, pero no les han cumplido. El derecho consuetudinario no se ha respetado y una parte de los jefes tradicionales fueron comprados o engañados, En Camboya, dos años después de haberse iniciado la explotación de la palma, las poblaciones desplazadas por la compañía Mong Rethihy Investment Cambodia Oil Palm, seguían sin recibir tierras.

Ese tipo de prácticas provoca numerosos conflictos. En Camboya en 2004, los campesinos afectados por el caso arriba citado, prendieron fuego a 500 palmas provocando a la compañía pérdidas por 70.000 USD. En Indonesia, en 1998 en Kuala Batu, los campesinos incendiaron un campamento de trabajadores y 49 de los implicados fueron arrestados.

Cuatro empleados de la compañía Sarawak Oil Palm (en realidad efectivos de las compañías privadas de seguridad) causaron baja en Indonesia y los Dayaks acusados tuvieron que comparecer ante los tribunales. En el propio país son los militares quienes intervienen para sacar a la gente de sus tierras para beneficio de las compañías Tanjung Katung Sejaktera y PT Dasa Anugeran Sejati. Se señalan casos semejantes en Malasia, Filipinas, la India, Nigeria, Ghana, Papua Nueva Guinea. En Colombia, en la región de Curvarado, antes descrita, se perpetraron incluso masacres.

Entre las poblaciones más vulnerables se encuentran los pueblos indígenas. Ya hemos hablado de los Dayaks en Sumatra, pero en la misma isla, en la zona del parque nacional de Bukit Tiga Puluk, los indígenas perdieron 3.000 hectáreas, lo cual dio lugar a un conflicto serio, que sigue sin resolverse. En Paraguay, la deforestación ilícita del Aroleyo se lleva a cabo en territorios indígenas– En el Bolívar Sur en Colombia las comunidades afro-descendientes son expulsadas. En Myanmar, en 2006, la compañía Yan Maing Myint expulsó a las minorías étnicas con el concurso del ejército y la preparación de las tierras para las plantaciones se realiza con reclutamiento forzado.

Hay que señalar también las penosas condiciones de trabajo en las plantaciones y los efectos sobre la salud. En primer lugar esta el ritmo y la duración de las jornadas laborales. En Salvador los trabajadores cortan entre 5 y 12 toneladas diarias (F. Faux, Le Soir, 27.02.07).

En Brasil. Las cifras son a menudo superiores. En el primer caso, la jornada laboral se prolonga siete por siete horas, para un salario que equivale a 2.5 dólares diarios. En Malasia, las mujeres aportan el 50% de la fuerza laboral bajo la forma de trabajo temporero en la distribución de los abonos y de los fitosanitarios, lo cual es tóxico. Se reporta un gran número de accidentes y de enfermedades. Los tallos de la caña o las hojas de palma son muy cortantes y el la labor resulta peligrosa para los ojos. Hay escaso control médico. Con 180

www.wrm.org.uy.

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frecuencia se señalan enfermedades de la piel, quemaduras genitales, fatiga, dolores de cabeza, a consecuencia de los productos químicos que se utilizan como fertilizantes o como pesticidas y de las prolongadas jornadas laborales sin descanso.

Muy a menudo los sindicatos se prohíben, tanto en Asia como en América Latina o si acaso existen son sometidos a medidas represivas que les impiden realizar su tarea en defensa de los intereses de los trabajadores. En Colombia numerosos dirigentes sindicales de esos sectores han sido asesinados. En el estado de Sao Paulo, en junio de 2007, se organizó una huelga de cortadores de caña para reclamar una semana de 30 horas y el pago por metro en vez de por tonelada. En septiembre de 2008, más de 200.000 trabajadores de la caña de azúcar se fueron a la huelga en el Valle del Cauca en Colombia, para lograr condiciones de trabajo más humanas y protestar contra la extensión del monocultivo de la caña de azúcar en perjuicio de las zonas de producción de arroz y el bosque tropical.

Como se aprecia, las consecuencias sociales de la extensión de los agrocombustibles son muy serias. El proceso sigue la lógica de la explotación de la mano de obra, como factor de producción a bajo costo. Igual que la destrucción ecológica, los efectos sociales pertenecen a los factores externos y las que dominan la toma de decisiones, son las exigencias de la acumulación del capital.

En fin, cabe añadir que en los países del Sur, la plantación de diversas formas de agrocombustibles (palma oleaginosa, eucalipto, etc.) constituye una fuente de ingresos a corto y mediano plazo nada despreciable para los estados que no vacilan en promoverlas pese a sus consecuencias. De ello resulta un reforzamiento de las desigualdades sociales y una fuente adicional de corrupción.

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Capítulo 5 Las dimensiones socioeconómicas de la agroenergía 1 El modelo agrícola en la base de los agrocombustibles Como la agroenergía se desarrolla actualmente en el marco de la lógica del capitalismo, no es ocioso hacer un recordatorio acerca de las condiciones generales de la producción agrícola como factor de acumulación. Es obvio que la producción de alimentos es esencial para la supervivencia de la humanidad. Además, en la actualidad hay quienes expresan serios temores sobre la posibilidad de alimentar a la totalidad de los seres humanos en un futuro no muy lejano. Sin embargo, la FAO es formal, la tierra puede nutrir a 12 millones de personas. En 1963 ya hubimos de abordar este problema con Michel Cépède, delegado de Francia en la FAO, y con Linus Grond, secretario general de la Federación Internacional de Institutos de Investigaciones Socioreligiosas (FERES).181 Las proyecciones demográficas prevén una población de nueve mil a diez mil millones de habitantes para 2050, con una estabilización de las cifras a partir de dicho periodo. Entonces, ¿cómo puede ser que de seis mil millones de personas hoy más de ochocientos millones sufran por hambre, y que cada cuatro segundos muera un ser humano muera por este motivo?182 Sin 181 182

Nourrir les Hommes, Ed. del Cep y Paris, Office général du Livre, Bruselas, 1963.

Jean Ziegler, relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza en el mundo, L’Empire du Chaos, París, Fayard, 2005.

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prejuzgar ciertas causas naturales, se puede afirmar que el factor dominante es de orden político-económico. Así lo señala el informe de Fred Magdoff, profesor de Agronomía en la Universidad de Vermont, en los Estados Unidos: «la malnutrición crónica y la inseguridad alimentaria son causadas esencialmente por la pobreza y no por falta de producción alimentaria».183 Plantear tales problemas reviste un sentido importante para el tema de los agrocombustibles, porque inevitablemente harán competencia a la producción alimentaria y, al mismo tiempo, porque se insertan en la lógica dominante de la actividad agrícola. ¿Cuál es, entonces, el modelo de economía agraria promovido por el sistema económico contemporáneo? El argumento clave es precisamente el de la alimentación mundial. Frente a la dimensión del fenómeno del hambre, el argumento consiste en que únicamente una producción creciente podrá dar respuesta a las necesidades. Además, siempre en el mismo orden de ideas, la pequeña unidad campesina resulta bien ineficaz desde este punto de vista. De manera que hace falta promover una agricultura capaz de producir masivamente.

Esto es tanto más necesario en tanto los hábitos alimentarios se transforman y uniforman bajo el criterio de la «globalización». No solo los alimentos se extraen de la agricultura, sino también otros insumos industriales para las empresas farmacéuticas o cosméticas, y tiene lugar en el presente una explosión de la demanda de agrocombustibles. ¿Cómo dar respuesta, entonces, a la doble exigencia: alimentar a la humanidad y producir materias primas y combustibles verdes?

La respuesta es relativamente sencilla en el marco de esa lógica: hay que extender el monocultivo, lo que permite reducir los costos por el juego de una economía de escala y disminuir la utilización de la mano de obra gracias a las posibilidades de la mecanización. Ello exige entonces concentrar la propiedad de la tierra y proceder a contrarreformas agrarias. Incrementar la productividad es también una necesidad, de ahí a la vez del esparcimiento de abonos que enriquezcan los suelos, la aplicación de productos químicos que destruyan los parásitos y la utilización de técnicas de OGM que hagan más resistentes a las plantas a los compuestos naturales o artificiales. Por otra parte, también resulta ventajoso universalizar determinadas razas de ganado mayor, menor o mediano, porque ello facilita su comercialización. Como la fuerza de trabajo agrícola abunda puede seguir siendo barata. Esa es la ley del mercado. El tratamiento industrial de las producciones agrícolas y de la ganadería permite racionalizar el tiempo de manipulación y su distribución puede entonces entrar en los circuitos internacionales a la par de los productos industriales.

Todo ello permite crear progresivamente un mercado agrícola mundial que alinee sus precios a los más rentables y contribuya así a la racionalización de la economía agraria. Se trata de una verdadera revolución verde, igual que la revolución industrial. Para llevar a cabo tareas tan hercúleas, para –recordémoslo– poder alimentar de nueve mil a diez mil millones de individuos, a la altura de la mitad del siglo xxi solo empresas de gran dimensión y capaces de trascender las fronteras de los estados estarían en condiciones de dar respuesta a la tarea y asumir el reto. He aquí lo esencial de la posición del modelo 183

«A Precarious Existence: the Fate of Billions», en Samir Amin, Poverty, Pauperization and Capital Accumulation, Monthly Review, octubre de 2003.

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capitalista. A partir de esas comprobaciones, el discurso se vuelve moralizante y casi mesiánico, sobre todo cuando aborda el tema de los agrocombustibles. En el caso de ese tipo de combustible, su carácter menos contaminante y, por lo tanto, menos destructivo del clima, en comparación con la energía de origen fósil, permite efectivamente calificarlos de «biocarburantes» en el sentido simbólico de la palabra.

Semejante lenguaje no carece de lógica, pero las zonas de opacidad son considerables. En primer lugar, como en todo razonamiento económico capitalista, las externalidades no son tomadas en consideración. Mientras que las ganancias sobre inversiones no resulten afectadas por la contaminación de los suelos, del agua y de la atmósfera o, también, por el costo colectivo de la urbanización incontrolada o por la resistencia de los países despojados o desplazados, el conjunto de esos factores seguirá siendo ignorado. Los mercados agrícolas diferenciados que respondan a las exigencias de la soberanía alimentaria o a los habitantes culturales o hasta a la propiedad colectiva de tierras de cultivo por comunidades campesinas o indígenas (ejidos en Méjico, tierras colectivas en Vietnam o en China, propiedad comunal en Sri Lanka) constituyen herejías para una economía de mercado capitalista. Deben entonces dar espacio a soluciones más racionales y más eficaces desde el punto de vista económico.

Además, es ahí que esto se pone difícil: eficaz ¿en función de qué? ¿El equilibrio ecológico del planeta o el bienestar de los campesinos que –recordémoslo– todavía representan casi la mitad de la población mundial; la sostenibilidad de la producción agrícola, o finalmente la acumulación del capital que no solo de medio se convierte en fin y se encierra también en los plazos corto y mediano? Esta última preocupación borra del panorama todo lo que no contribuya a la ganancia y a sus inseparables componentes: mercantilización de todas las actividades humanas (reducidas a su valor de cambio), rentabiliad financiera obligatoria, competitividad despiadada, espíritu de empresa vinculado exclusivamente a la propiedad privada de los bienes de producción, centralidad del dinero convertido en mercancía.

Se trata verdaderamente de una perversión de lo que podrían llamarse las constantes de la economía. Es cierto que ninguna de ellas puede descuidarse: el mercado es un bien regulador de la oferta y la demanda, cuando la relación social entre las partes es equitativa; una rentabilidad que incluya todos los parámetros del bienestar humano permite evitar los despilfarros; la competencia conjura los monopolios paralizantes y refuerza la eficacia de los procesos de producción. Finalmente, el espíritu de emprender debe poder ser patrimonio de todos los seres humanos, al inscribirse en el marco de una apropiación socializada de los bienes de producción –lo cual no significa ni una mera extensión de los accionistas, ni necesariamente la estatalización de todos los sectores. En cuanto a la utilización de un instrumento universal de intercambio de bienes y servicios como es la moneda, es un medio útil de transacción –sin que tenga que ser el único.

Todo ello significa que los elementos que constituyen la actividad económica están sometidos a un criterio superior que les da un sentido y les atribuye un lugar en el seno de la estructura del sistema de producción y de intercambio. En un primer modelo, ese criterio lo constituye el bien común de la humanidad, es decir, la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos del mundo. En ese momento, lo que se prioriza es el valor de uso, o

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sea, la contribución a la vida y a su reproducción, y se introduce de manera positiva la idea de que determinados sectores no sean asimilados a mercancías y no puedan ser medidos por el rasero de la pura rentabilidad financiera o, incluso, ser sujetos a patentes y a competencia monetaria. Se trata, por ejemplo, del agua, de las semillas, de los servicios públicos; en particular, de la salud y de la educación. Corresponde a cada sociedad definir democráticamente las fronteras de esos sectores de bien común que, por otra parte, pueden evolucionar según el tiempo y el espacio.

En el otro modelo, lo que forma el parámetro de base es la acumulación del capital, considerada como el motor principal del funcionamiento de la economía. El discurso identifica entonces, con arreglo a ese criterio, los diversos componentes de la economía, como si no pudieran existir de otra manera. De ahí el dogma del mercado, que desemboca en lo que se llama «pensamiento único», y la fuerza de convicción de aquellos que pretenden que no hay alternativas. Más todavía, el sistema está naturalizado, de manera que le niega al mercado todo carácter de construcción social. Y, sin embargo, las desigualdades sociales que expresa el famoso gráfico del PNUD en forma de copa de champaña para ilustrar la distribución de los ingresos en el mundo (el 20% más ricos es el que absorbe el 82,4% de las riquezas mundiales y el 20% más pobre se distribuye el 1,6%) está ahí para indicar que es una minoría la que a escala mundial, monopoliza el consumo y el poder de decisión sobre la economía, mientras que las «multitudes inútiles» están reducidas en el gráfico a la supervivencia y a la miseria. Pero, la producción de la riqueza en el mundo podría permitir a todos, no solamente disfrutar de la vida, sino ser también actores capaces de contribuir al bienestar general. ¿Cómo se traduce todo eso en el campo de la organización de la economía agraria? Samir Amin resume sabiamente la cuestión: La agricultura capitalista, representada por una clase de campesinos nuevos ricos, hasta latifundistas modernizados, o por propiedades explotadas por las transnacionales del agronegocio, se dispone a ganarle la batalla a la agricultura campesina. Recibió luz verde de la OMC en Doha. La producción se distribuye entre dos sectores cuya naturaleza económica y social es perfectamente disímil. La agricultura capitalista, regida por el principio de la rentabilidad del capital, localizada casi exclusivamente en América del Norte, en Europa, en el cono sur de América latina y en Australia, ya no emplea sino a algunas decenas de millones de agricultores que no son verdaderamente «campesinos».

Pero su productividad, función de la motorización [...] y de la superficie de la que cada cual dispone, evoluciona entre diez mil y veinte mil quintales de equivalente en cereales por trabajador y por año. Las agriculturas campesinas [...] se distribuyen a su vez entre aquellas que se han beneficiado de la revolución verde (abonos, pesticidas y semillas selectas), no obstante muy poco motorizadas, cuya producción evoluciona entre cien y quinientos quintales por trabajador y que se sitúan antes de esta revolución, cuya producción oscila en torno a los diez quintales solamente por activo. La diferencia entre la productividad de la agricultura mejor equipada y la de la agricultura campesina pobre, que antes de 1940 era de diez a uno, ahora es de dos mil a uno.184 184

Samir Amin, «Le capitalisme et la nouvelle question agraire», FTM, Dakar, 2004.

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Tal descripción de la situación actual permite pensar en los mecanismos que se han activado para llegar a semejante resultado y que citaremos a vuelapluma: prioridad a la exportación, inaccesibilidad al crédito de los agricultores pequeños, importación de productos alimentarios, deforestaciones masivas, monocultivo y concentración de la propiedad. Un actor en esta actividad Blairo Maggi, gobernador de Mato Grosso en Brasil y gran productor de soya lo afirma sin cortapisas: «Toda la economía tiende a la concentración. Los precios unitarios caen y hace falta enormes volúmenes para sobrevivir».185 Las consecuencias sociales son gigantescas. Abourahmane Ndiaye, de la universidad de Burdeos, las sintetiza en una expresión impactante: «Veinte millones de productores eficaces [...] disponiendo de un aparato pesado de producción fabrican cinco mil millones de excluidos. La dimensión creadora de la operación no representa más que una gota de agua frente al océano de destrucciones que exige». Esos fenómenos han sido admirablemente analizados por autores como el ya citado Samir Amin, o Marcel Mazoyer y Jacques Berthelot, en una literatura abundante y que sintetiza en gran parte el número de Alternatives Sud sobre la cuestión agraria y la globalización.186 Un nuevo paso ha sido dado con la concesión de gigantescas propiedades de tierras en los continentes del Sur, en particular en África y en Asia. Así, un jefe tribal en Ghana vendió 38.000 hectáreas de tierras comunitarias a una sociedad noruega. En el año 2008, la sociedad surcoreana Daewoo alquiló por 99 años un millón de hectáreas en Madagascar, o sea, la mitad de la tierra de cultivo en ese país, lo cual James Petras llama “neocolonialismo por invitación”. En Laos, entre dos y tres millones de hectáreas son objeto de tales transacciones.

En Camboya, la compañía china Haining Group obtuvo 21.250 hectáreas en la provincia de Kampong Spem. En África se han otorgado concesiones a empresas de Japón, China y los Estados Unidos, para plantaciones alimentarias o para agrocombustibles. La FAO habla de un nuevo colonialismo.

«Revolución verde» y «reforma agraria» toman en ese marco significaciones bien específicas, destinadas a promover el agronegocio. Los subsidios a los agricultores en periodo de excedentes y que, según Jean Ziegler, se elevaban en el año 2005 a 349 mil millones de dólares anuales se convirtieron, en buena parte, en un medio para transferir el dinero público al sector privado y priorizar a los que entraran en la lógica del capitalismo agrario. Y, finalmente, lo principal que no se dice en toda esta cuestión es que la transformación de la agricultura campesina en agricultura productivista es también –y, sobre todo, puede ser– para el capitalismo uno de los nuevos horizontes que permitan hacer frente a las crisis de acumulación en los campos industriales y financieros. Una confirmación de ello vemos en Francia donde, a partir de 2006, con el alza del precio de los cereales: «los inversionistas se han interesado de pronto en las materias primas agrícolas, y la especulación es en parte responsable de la brutalidad del despegue».187 La demanda de ciertos países emergentes ha permitido liquidar los inventarios y la Unión Europea propuso suprimir el barbecho en el año 2008. El desarrollo de la agroenergía, igualmente decidido por la propia Unión Europea, actúa como acelerador, al punto que algunos se replantean el tema de la alimentación mundial: «Hemos administrado 185 186 187

National Geographical Magazine, febrero de 2007, 25.

Alternatives Sud, Vol. IX, 2002, N°. 4.

Leticia Clavreul, Le Monde, 16–17.09.07.

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los excedentes, seguramente hará también falta administrar los déficits».188 Lo mismo sucede con el maíz en las Américas o el arroz en Asia. No obstante, como recuerda el profesor Hans Christoph Binswanger, antiguo profesor de la Universidad de Saint Gall, en Suiza, «el valor agregado que genera la agricultura es sistemáticamente inferior al de la industria».189 Las razones para ello son múltiples: una demanda bastante inelástica (siempre los mismos productos); condiciones para un incremento de producción más limitativas; amortizaciones más lentas de las maquinarias utilizadas al ritmo de las estaciones; límites de los adyuvantes, abonos y pesticidas peligrosos para la salud o para la fertilidad de los suelos; una competencia que solo puede operar sobre los precios y débiles márgenes entre precios y costos. Como es evidente, las diferencias con la industria son considerables, sin hablar de las que hay con las lógicas de los mercados financieros. Entonces, ¿cómo la agricultura puede convertirse en una nueva frontera para la acumulación del capital?

Eso no puede suceder más que por un incremento de la demanda y para ello hay tres posibles mecanismos. El primero podría ser la satisfacción cuantitativa de las necesidades de alimentación del inmenso grupo poblacional mundial que no logra satisfacer su hambre. Pero ese tema no está en el orden del día porque el modelo de crecimiento prioriza el desarrollo del 20% de la población mundial y deja de lado a aquellos que solo contribuyen marginalmente a producir un valor agregado y son incapaces de convertirse a corto o a mediano plazo en consumidores. La emergencia de países como China o la India ha tenido un buen impacto en la demanda porque se trata de países muy poblados y el 20% de los chinos y de los indios consumen más pan o carne y eso significa una buena cantidad de clientes capaces, por lo tanto, de contribuir al menos indirectamente al agotamiento de los stocks europeos, americanos o asiáticos y a dar un impulso a las crías de ganado de Argentina, Brasil o Colombia. Pero, por el momento, lo esencial de la demanda la satisfacen los países emergentes por sí mismos.

La segunda solución consiste en diversificar los productos, en función de un cambio cualitativo de la demanda. En el plano alimentario se trata, por lo general, de procesos relativamente largos (consumo de carne, por ejemplo), salvo cuando la revolución en los transportes permite una nueva oferta atractiva e innovadora. La llegada a los mercados occidentales de productos frescos o exóticos transportados por vía aérea ha encontrado salida en los estratos de ingresos superiores o medios. De ahí el desarrollo casi industrial de determinadas producciones (las flores, por ejemplo) en las regiones de periferia, con costos ecológicos considerables y condiciones sociales muchas veces deplorables. Se trata de países que no prestan demasiada atención a esos aspectos del problema. Basta con que la actividad aporte divisas útiles a la retribución del capital local, y capaces, gracias a las importaciones, de mantener o hasta de incrementar el modelo de consumo de las clases altas y medias. Conviene, sin embargo, añadir que la mayor parte del tiempo son los inversionistas extranjeros quienes operan sin dejar lugar más que a una burguesía que sirve de intermediaria (compradora) pero resulta influyente en la esfera política nacional.

188 189

Ibídem.

«Impératifs économiques et écologiques d’une politique agricole à long terme», Horizontes y Debates, 7° año, N° 11, 26.03.07.

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Las dimensiones socioeconómicas de la agroenergía

La tercera solución es una demanda nueva no alimentaria para diversos tipos de industrias y, más precisamente ahora, la de los agrocombustibles que vienen como anillo al dedo para reanimar los precios de los productos agrícolas y su función de refugio financiero en situación de crisis. Y aquí interviene la manera de producir más eficazmente para que los costos se reduzcan al mínimo y se maximicen las ganancias: el monocultivo. Este último transforma enormes espacios de agricultura campesina o de bosques, en función de la producción de un vegetal único, soya, eucalipto, palma oleaginosa, caña de azúcar, maíz, trigo, con todas las desventajas ecológicas y sociales de ese tipo de actividad agrícola. He ahí, entonces, por qué la agroenergía se inscribe, también, en la nueva frontera del capitalismo, con la doble ventaja de contribuir a la acumulación y de responder en apariencia a las preocupaciones ecológicas que se vuelven insoslayables. Hace falta garantizar que ambos objetivos sean compatibles.

2 Las ventajas económicas y financieras de los agrocombustibles El sector de los agrocombustibles ha suscitado un gran interés en los medios de negocios.

Como hemos visto, durante un tiempo bastante largo la negativa a admitir las causas y consecuencias de los cambios climáticos fue la primera reacción. Cuando el problema dejó el campo de las externalidades para entrar en el de la acumulación, las perspectivas cambiaron. El enfoque de los picos de producción de la energía fósil y el aumento de los precios del petróleo fueron añadidos a la lista de los daños climáticos y culminaron en el interés por los agrocombustibles. La opinión pública, alertada sobre el tema por los informes científicos, las decisiones políticas y los medios masivos de comunicación, se dispuso a legitimar cualquier medida susceptible de disminuir las emisiones de CO2 en la atmósfera y de resolver la crisis energética. Por otra parte, varias grandes potencias mundiales, como los Estados Unidos y la Unión Europea, sin hablar de los países emergentes, como China y la India, se preocuparon cada vez más de su dependencia por la energía fosil del Medio Oriente o de otras regiones «inestables» en África o en América Latina. Los estados del Norte y también los del Sur se lanzaron a promover el sector renovable de la energía por una serie de medidas que iban desde el subsidio directo hasta la eliminación del gravamen fiscal o la disminución de los derechos de aduana.

El contexto pues, era favorable a la posibilidad de hacer inversiones rentables en las energías verdes y en particular en los agrocombustibles. Las tecnologías de la primera generación de etanol y de agrodiesel estaban a punto, lo que permitía una recuperación rápida de la inversión. Las investigaciones sobre una segunda o una tercera generación (utilización de los desechos vegetales y, luego, de la celulosa, o sea, de la madera) ya están en buen camino, con esperanza de que den resultados rápidos. Por demás, gozan de un fuerte financiamiento proveniente de los fondos públicos. También ha habido ocasión de promover nuevas tecnologías monopolizadas por grupos poderosos, sobre todo en el campo de los OGM. El sector de los agrocombustibles posee, entonces, numerosas facetas en la esfera de los intereses económicos. Mientras que en el caso del petróleo y del gas las empresas públi-

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cas llevaban la voz cantante, dejando al sector privado el refinamiento y la distribución (incluso si algunas empresas estatales a veces están dominadas por el capital privado, como el caso de Petrobras de Brasil), los agrocombustibles, en cambio, entran directamente al sector privado, desde la etapa de producción. Ciertas empresas multinacionales o grandes propietarios adquieren enormes cantidades de tierra. En general, son las empresas locales que, a primera vista parecen gozar de autonomía financiera porque tienen status jurídico propio, pero con frecuencia están vinculadas entre sí por accionistas comunes institucionales o personales, o bien forman parte de grupos más complejos que las introducen en el seno del capital internacional y hasta a veces suelen ser solo el nombre local de una empresa transnacional. Es el caso de la palma oleaginosa o de la soya.

El etanol en las regiones tropicales está ligado por lo general a las grandes explotaciones azucareras ancestrales de la antigua oligarquía, reconvertidas al capitalismo agrario. Es el caso en Brasil y en Filipinas. Pero allí también hay inversiones internacionales, bien de parte de los «híper ricos» en busca de nuevas colocaciones de capital rápidamente rentables, como los ya citados Bill Gates o George Soros, o bien de las multinacionales del automóvil, de la química o del agronegocio. Era por tanto substancial abordar el tema de las ventajas económicas y financieras, lo que continuaremos en lo adelante al tratar las nuevas dimensiones del agronegocio, las inversiones privadas y públicas y las redes internacionales del capital implicado en la esfera de los agrocombustibles.

2.1. Las nuevas perspectivas del agronegocio Con los agrocombustibles, la agroenergía cobra un nuevo auge. La producción y la distribución de productos agrícolas había interesado a grandes empresas multinacionales hacía ya más de un siglo. A este apogeo se añade el negocio de semillas, sobre todo después del momento en que se hizo posible aplicar la genética a los sectores de la agricultura y de desarrollar los OGM. La industria química lanzó al mercado productos fertilizantes y pesticidas para aumentar o proteger los rendimientos agrícolas. Se crearon vínculos entre esos diversos sectores. Ciertas firmas como Monsanto, por ejemplo, combinan varias funciones.

En vista del desarrollo de los agrocombustibles, dos sectores nuevos se interesan en la agricultura, las sociedades petroleras y la industria del automóvil. En el primer caso se trata de conservar los monopolios establecidos sobre los recursos energéticos y en el segundo, de mantener el control de los nuevos carburantes adaptándoles al ritmo exigido por las tecnologías aplicadas a los motores. Algunos ejemplos concretos permiten entender las múltiples implicaciones y las alianzas que se anudan en torno a esta nueva actividad.

Prácticamente todas las sociedades petroleras se interesan actualmente por los agrocombustibles. Resaltan los nombres de TOTAL, en África, de Shell (que invierte en investigaciones para producir etanol a partir de la celulosa), de BP, de Exxon, aunque también de firmas más jóvenes como Petrobrás, en Brasil, o Repsol, en España y en América Latina, o Ecopetrol, en Colombia, que posee un 50% del capital de siete empresas productoras de palma y que ha invertido 23 millones de dólares en la empresa Ecodiesel Colombia s.a. Por supuesto, las más involucradas en la nueva actividad son las empresas del agronegocio.

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Algunas de ellas, sin embargo, establecen vínculos estrechos con las firmas petroleras o las empresas del automóvil, sin hablar de los acuerdos que se conciertan en el propio seno del sector. Solo citaremos algunos casos para ilustrar la dinámica en curso.

Así, Archer Daniel y Midland (ADM), uno de los gigantes del agronegocio, suscribió acuerdos con Cargill y Bunge para la producción de agrocombustibles. Esas dos grandes empresas están directamente implicadas en esa esfera. Cargill, empresa de los Estados Unidos, posee 2,6 millones de hectáreas de soya transgénica en Paraguay. Sin duda, no se trata únicamente de producir carburantes, pero la nueva dinámica privilegia ese sector. La empresa de control la Central Energetica do Vale do Sapucai (Cevasa), en el estado de Sao Paulo, reúne los intereses de varias multinacionales. Cargill ha construido también un megapuerto para trasportar semillas de soya al Paraguay, con una capacidad de exportación de un millón de toneladas por año. Lo mismo sucedió en Santarèm, en el Paraná, en Brasil, a través de la sociedad Cargill Agricola s.a., que es su filial brasileña. Recientemente, la empresa perdió un proceso contra el estado del Paraná por un asunto de control fiscal.

Bunge, también norteamericana se implicó en la exportación de azúcar y de alcohol desde Brasil. Para ello, compró la empresa Santa Juliana de Minas de Gerais y trató de comprar la planta Vale do Rosario, la tercera en importancia en el país en la producción de etanol.

Con otro gigante, DuPont, creó una empresa local llamada Treus, destinada a producir maíz y soya híbrida y se asoció también con BP para producir etanol a partir de la caña de azúcar.

La multinacional suiza Syngenta es muy activa en América Latina, en especial para el desarrollo de enzimas para maíz híbrido (maíz 3272). Suscribió un acuerdo por diez años con Diversa Corporation, para la producción de enzimas transgénicas para el etanol. La empresa Monsanto que, con Syngenta y DuPont, controla el 44% de la venta de semillas en el mundo, estableció acuerdos para producir biocarburantes a base de OGM; entre otros con Dow Chemicals para producir semillas de maíz resistentes a ocho herbicidas y con la empresa Basf para investigar nuevas formas transgénicas de maíz, soya, algodón y canela: la inversión fue de 1,5 millón de dólares. Se concluyó otro acuerdo con Cargill, para juntos construir la empresa Renessen, destinada también a producir formas transgénicas de maíz y de soya para los agrocombustibles y para forrajes. Tales alianzas tienen para Monsanto el objetivo de elaborar una estrategia de competencia con Syngenta y DuPont.

Otras empresas de dimensión más modesta están igualmente presentes en estos sectores y no nos queda sino dar algunos ejemplos. Cabe mencionar, entre otras, a Global Food, empresa americana aliada en Brasil con la firma Santa Elisa para constituir la Compañía Nacional de Azúcar y Alcohol (CNAA), con una inversión de dos mil millones de reales para la construcción de cuatro plantas en Goias y Minas de Gerais. Si salimos del continente latinoamericano para abordar otras latitudes podemos citar en África, por ejemplo, la sociedad francesa de caucho (Sofinal, s.a), cuya sede estará en Luxemburgo y que posee plantaciones de palma en Liberia, en Costa de Marfil, en Indonesia, en Camerún y en Nigeria. La sociedad de caucho de Grand Bereby (SOGB), con ayuda de la Sociedad Financiera Internacional (SFI), uno de los organismos constituyentes del Banco Mundial, ha

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invertido seis millones de dólares en plantaciones de palma en Costa de Marfil. La Socapalm (sociedad camerunesa de los palmares), que pertenece al grupo Bolore, en Francia, invierte también en África en las plantaciones de palma. En Papuasia se creó una empresa mixta, la Pacific Palm Plantation Ld., con un 20% de participación del gobierno para la explotación de 23 mil hectáreas de palmas oleaginosas.

Empresas a la vez químicas y farmacéuticas se han interesado asimismo en el sector de los agrocombustibles. Se trata de Bayer, de Dow Chemicals, de DuPont (que ha suscrito acuerdos con BP para distribuir etanol en Inglaterra) y también de Basf. No obstante, es interesante ver hasta qué punto las estrategias industriales se construyen a partir de intereses diversos. Acabamos de comprobarlo en la multiplicidad de grandes sectores tradicionales.

Pero están también grupos y personalidades que ven en ese sector en crecimiento una oportunidad de obtener ganancias financieras. Es el caso de Peter Cremer Gruppe, que ha invertido 20 millones de dólares en Singapur en una refinería que permita producir agrodiesel.

Otras empresas financieras están igualmente involucradas, como Kidd and Company, de los Estados Unidos, que controla la empresa Coopernavi, en Brasil; de Merril Lynch, de Stark y Och-Zit Management, con fondos de inversiones activos en Brasil, y de Infinity, de Londres, que ha puesto capital en cuatro plantas productoras de etanol en Brasil. Podemos añadir a la lista a Louis Dreyfus, de Francia, que ha inyectado capital en cuatro plantas del Tavares de Melo de Pernambuco, y de Tereos, también francesa, que invirtió en Cosan y en la FrancoBrasileira de Azucar, dos empresas brasileñas.

Recordemos una vez más que cierto número de personas bien conocidas en los medios financieros también se han implicado en el sector. Se trata, por ejemplo, de George Soros, que es accionista de Adecoagro en Minas de Gerais y en Matogroso, en Brasil, o James Wolfensohn, antiguo director del Banco Mundial y administrador del Brasil Sun Renewable Energy Company (Brenco), fundado por André Philippe Reichstuk, antiguo presidente de Petrobras, donde invirtió dos mil millones de dólares. Allí encontramos a Vinod Khosla, de la empresa Sun Microsystem, uno de los fundadores de Google y también accionista de Brenco. Carlos Slim, el principal hombre de negocios de México, que según Forbes es la segunda mayor fortuna mundial, invirtió en agrocombustibles en Paraguay. Huelga citar a Bill Gates, accionista de Pacific Ethanol, empresa activa en Brasil. En Europa, Nord Zucker-Sud Zucker y en la India BHL invierten también en los agrocombustibles. Ese tipo de inversión ha comenzado a interesar también a los fondos de pensión y, como lo señalaba el Wall Street Journal del 26 de agosto de 2006, no sin correr un verdadero peligro al insertar los agrocombustibles en la esfera de la especulación.

Como se trata de un sector de vanguardia con perspectivas de desarrollo ulterior, otros tipos de empresas se adentran a su vez en ese campo. Es el caso de determinadas empresas forestales como Stora Enso, Aracruz, Aranco, y Botnia, en América Latina. Recordemos que el etanol de segunda y tercera generación contempla la utilización de celulosa, o sea, de productos forestales.

Finalmente, se abren perspectivas enteramente nuevas para crear organismos vivos artificiales capaces de producir energía. Se trata, por tanto, de trascender la perspectiva

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puramente vegetal para tratar de entrar en nuevos campos de lo vital, y eso es lo que hace la empresa Sinthetic Genomics, de los Estados Unidos.190 2.2 La colaboración de los poderes públicos Hemos ya tenido oportunidad de señalar la intervención de los poderes públicos, nacionales e internacionales en la esfera de la producción de agrocombustibles. No solamente actúan con los instrumentos habituales de los estados, es decir, la desfiscalización –como, por ejemplo, en Papuasia para la producción de la palma oleaginosa, o en los Estados Unidos para el etanol a partir del maíz–, las concesiones otorgadas a las empresas nacionales e internacionales, sino también el co-financiamiento de la investigación y la producción.

Así, el Estado colombiano aportó una ayuda financiera en forma de crédito con interés bajo a varias empresas de palma. Es el caso, por ejemplo, de Urapalma, que desarrolló plantaciones en la región del Chocó, a veces de manera ilegal, como lo demostró un tribunal del país. Es interesante notar que el apoyo a ese tipo de plantación está integrado al plan Colombia, que financia especialmente la utilización del glifosfato, producido por Monsanto y aplicado localmente por Dyncorp, y que es un herbicida que se utiliza a menudo indiscriminadamente y en dosis altas.191 El argumento para la aplicación del Protocolo de Kyoto se utiliza también para apoyar la iniciativa de Monsanto, a través de la Compañía Agrícola Colombiana Ltda., en particular para la producción de maíz transgénico, capaz de dar etanol con la tecnología M810. DuPont de Colombia goza de favores muy similares.

USAID ha invertido 700 mil dólares de los fondos antidroga para fnanciar los palmares en el marco del Colombian Agrobusiness Partnership Program. Este último está destinado, según su propia definición, a dar apoyo a las actividades privadas, con miras a favorecer la producción o la transformación de productos agrícolas legales y rentables en las regiones o en los lugares aledaños a las producciones ilícitas. Las empresas que se han beneficiado de esta ayuda son sobre todo Uraba, Union of Palm Growers, y Urapalma.192 En Papuasia, Nueva Guinea, el Banco Asiático de Desarrollo estima que ese tipo de producción es el mejor modo de reducir la pobreza y ha decidido financiarlo.193 En cuanto al Banco Mundial, a través del CFI, destinado a apoyar el sector privado de los países pobres, financia las plantaciones de palma en Costa de Marfil. La razón dada es la multiplicación del empleo, la elevación del nivel de vida, el aporte de divisas extranjeras y la preocupación por el medioambiente. Según el World Rain Forest Movement, la realidad es bien diferente, tanto en el plano económico como social.194 Se comprueba, por los ejemplos aportados, no solo la implicación mutua de los diversos sectores económicos interesados por el fenómeno, sino también el apoyo de los poderes públicos tanto nacionales como internacionales. Los agrocombustibles representan una esfera de vanguardia especialmente interesante para los 190 191 192 193 194

EcoPortalnet, 21.09.07.

«América Latina en Movimiento», Alai, 17.07.07.

The Center for Public Integrity, 24.09.07.

World Rain Forest Movement, WRF 02.06.06.

WRF, 06.06.06.

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inversionistas en un momento de la crisis financiera. Tiene todo para que las tecnologías en que se apoya sean exitosas, que ya estén bien a punto o en pleno desarrollo, medidas estatales que exigen proporciones crecientes de combustibles de origen vegetal y un acuerdo universal sobre la necesidad de reducir la utilización de la energía fósil.

Por demás, hay intercambios constantes entre el sistema económico y el político, que hacen muy permeables las fronteras y contribuyen a reforzar el poder del primero sobre el segundo. Las personalidades pasan del uno al otro de manera sistemática. Los cabildos allegados a los parlamentos y los gobiernos han tomado proporciones gigantescas. De manera que no podemos considerar las instituciones políticas como independientes o como real contrapeso del poder económico. La autonomía es muy relativa. Lo anterior también se aplica a la esfera de los agrocombustibles.

Solo a modo de ejemplos, pues un estudio sistemático sería mucho más esclarecedor, vamos a dar el nombre de algunos administradores de firmas y empresas multinacionales citadas en esta obra y destacados por Geoffrey Geunes, de la Universidad de Lieja.195 Así, ADM, de los Estados Unidos, cuenta entre sus administradores presentes o pasados a las siguientes personalidades: Brian Mulroney, antiguo primer ministro del Canadá; Robert S. Strauss, ex presidente del Comité Nacional Demócrata y antiguo embajador en Rusia; John R. Block, ex secretario de Agricultura de los Estados Unidos; Richard Buró, republicano, antiguo embajador en la República Federal Alemana; Andrew Young, demócrata, antiguo embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas.

Si tomamos a Unilever, allí encontramos que son o han sido administradores lord Brittain, antiguo vicepresidente de la Comisión Europea; la baronesa Chalker of Wallasey, parlamentaria del partido conservador y ex ministra de Desarrollo Internacional; Wim Dik, antiguo ministro holandés de Comercio Exterior; lord Simon of Highbury, laborista, ex ministro de Comercio y la competitividad en Europa, antiguo consejero de Tony Blair, pero también administrador de Suez y consejero del Deutsche Bank, de Allianz y del banco Morgan Stanley Internacional; Onno Ruding, ex ministro de Finanzas de los Países Bajos y administrador de Robeco Group (Rabobank), de RTL, de Pechiney y de Citybank; Claudio X. González, ex senador del PRI en México y antiguo consejero especial Kellog, de General Electric, de Kimberly-Clark, de Banamex, de Telmex y de JP Morgan Chase; Oscar Fanjul, ex secretario general del ministerio español de la Industria y la Energía y consejero BBVA, de Ericsson y de Marsh y McLennan; George J. Mitchell (demócrata), antiguo líder de la mayoría senatorial en los Estados Unidos, PDG de Walt Disney y administrador de FedEx, de Xero y de Staples.

Señalemos también a BP, cuyo presidente era en 2007, Peter Sutherland, antiguo comisario europeo para la Competencia y ex director de la OMC, miembro del comité consultivo internacional de Coca Cola y presidente de Goldman Sachs International. La Royal Dutch/ Shell, por su parte, tiene como vicepresidente a lord Kerr de Kinlochard, antiguo jefe de servicios diplomáticos británicos y ex embajador de la Unión Europea en los Estados Uni195

Palme, finance et pouvoir politique, junio 2007.

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dos; a Wim Kok, antiguo primer ministro de los Países Bajos; a sir Anthony Acland, antiguo subsecretario de Estado en el Foreign and Commonwealth Office y ex embajador en los Estados Unidos. La firma BASF tuvo como administrador al vizconde Etienne Davignon, antiguo vicepresidente de la Comisión Europea y antiguo presidente de la Agencia Internacional de Energía y, entre otras posiciones, administrador de Suez, Total y Unicore. En Dupont encontramos a Sean O’Keefe, antiguo director de la NASA y director adjunto para el presupuesto de los Estados Unidos, y a Goran Lindhal, quien fue asesor especial de Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas. En Indonesia, la firma PT Austindo Nusantara Jaya, activa en la producción de palma, tiene como administradores a Arifin Siregar, antiguo ministro de Comercio de Indonesia, ex embajador en los Estados Unidos, representante de su país al FMI y en el Banco mundial; a Adrrianto Machribie, administrador de Freeport McRohan, firma estadounidense asociada a ese grupo y donde se desempeña J. Bennett Johnston, antiguo senador republicano; a Roy J. Stapleton, ex secretario de Estado para la Investigación y la Información y antiguo embajador en Singapur, en China y en Indonesia, también administrador de Conoco Phillips; y a Henry Kissinger, ex secretario de Estado demócrata de los Estados Unidos.

Podríamos también componer la nomenclatura en otro sentido y destacar en las diversas administraciones, gobiernos y otras comisiones, cuáles son los miembros de los grandes grupos que han sido reclutados, como, por ejemplo, Condoleza Rice, secretaria de Estado de la administración de George Bush y antigua administradora de Chevron, o Kathleen B. Cooper, antigua economista en jefe de Exsson, que fue después subsecretaria de Comercio en los Estados Unidos.

La intención al citar a todos esos nombres no es proponer una teoría del complot, ni dudar de la integridad de personas específicas, sino más bien mostrar a qué lleva una lógica y, finalmente, un sistema, que resta importancia a las diferencias y tiende a unificar los intereses. Por tanto, es difícil establecer los límites de las competencias y creer en la independencia de las decisiones políticas. Los contrapesos son débiles con relación al poderío de los aparatos económicos y a sus lógicas.

3. Los agrocombustibles y la crisis alimentaria En estos últimos tiempos prácticamente no han faltado los gritos de alarma a propósito de la crisis alimentaria. Como se sabe, esta se debe esencialmente a la falta de medios para procurarse víveres y no por falta de capacidad de la tierra para producir y nutrir a su población.

Recordemos que, según la FAO, las posibilidades de la producción agrícola pueden garantizar la subsistencia de unos doce mil millones de individuos, mientras que las previsiones demográficas de las Naciones Unidas hablan de una población mundial de 9.300 millones de personas en 2050, y demuestra así que la tierra dispone de recursos necesarios para alimentar a todos. N’empèche que selon la Banque mondiale, les besoins doubleront d’ici 2050.

Según el antiguo relator especial de las Naciones Unidas, Jean Ziegler, en 2008 habría en el mundo 854 millones de personas que sufren de hambre a causa de la pobreza y dos mil millo-

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nes por la malnutrición. Si vamos a dar crédito al director general de la FAO, señor Jacques Diouf, en ocasión de impartir una conferencia en la Universidad de La Habana en julio de 2008, el año 2007 vio aumentar a 50 millones la cifra de personas que padecen hambre. Le même chiffre est avancé pour 2008.

Es decir, entonces, que el aumento de los precios de los alimentos tiene un efecto directo sobre el fenómeno del hambre en el mundo, pero, aparte del azúcar, todos los productos alimentarios han subido de precio desde principios del siglo xxi, con un serio crecimiento a partir de 2007. Ello provocó en varios países de todo el orbe, como en Haití y en países de África (Senegal, Burkina Faso, Egipto, etc.) los motines por el hambre, sin hablar de numerosas reacciones sociales en muchas otras regiones del mundo. El impacto es evidentemente mucho más fuerte en los países pobres que dependen casi por entero del exterior para su alimentación. Según la FAO, las importaciones de cereales cuyos precios han explotado han hecho crecer la canasta alimentaria en un 90% en los países en desarrollo, contra un 22% solo en los países más ricos.196 Au même moment, les grandes firmes agroalimentaires voyaient leurs bénéfices exploser. Ainsi Cargill annonçait un profit en hausse de 86% pour le premier trimester de 2008, par rapport à la même période de 2007. ¿En qué medida el desarrollo de los agrocombustibles ejerce una influencia sobre el alza de precios de los alimentos? Los partidarios de los combustibles de origen agrícola afirman que son tres factores los que entran en juego, mientras que los adversarios aseguran, por el contrario, que ese factor es en verdad la razón cardinal. Para elucidar ese problema vamos a apoyarnos en el excelente estudio realizado por el economista francés Jacques Berthelot, especialista en cuestiones agrarias, que alude precisamente a la explosión de los precios agrícolas.197 Berthelot indica dos tipos de razones fundamentales que afectan los precios de los cereales, las que se refieren a la oferta y las vinculadas a la demanda. Para la demanda, cita la producción creciente de agrocombustibles que en ciertas regiones reducen el volumen de cereales disponibles para la alimentación tanto de los humanos como de los animales; el incremento del consumo alimentario en los países emergentes como China, India o Brasil; el aumento demográfico mundial y la especulación sobre los sectores de la economía que toman el relevo de los demás sectores actualmente en crisis. En lo tocante a la oferta, J. Berthelot cita tres factores: las caídas de producción debidas en particular a razones climáticas; el aumento del precio del petróleo, que actúa sobre el costo de los insumos (fertilizantes, pesticidas) y los trasportes, y las restricciones a la exportación de países que desean garantizar su seguridad alimentaria.

El propio autor añade que, obviamente, hay que distinguir las causas estructurales de las coyunturales. Entre las primeras, podemos incluir, junto a otras, los cambios climáticos, la falta de inversiones en el sector agrícola y el cambio progresivo del régimen alimentario en los países emergentes. En cambio, las causas coyunturales son, por ejemplo, las malas condiciones climáticas (en particular, como sucedió en Australia en el año 2007), la dismi196 197

FAO, en Leticia Clavreul, Le Monde, 20.10.07.

Solidaridad: http:/solidarite.asso.fr, 30.05.08.

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nución de las existencias y el brusco desarrollo de los agrocombustibles, un factor que es obvio que podría convertirse en estructural.

La respuesta del Banco Mundial al problema es imperativa. Según los cálculos de sus expertos, los agrocombustibles son en un 65% responsables del alza de precios de los productos alimentarios. En el caso particular de los precios del maíz se trata, según el FMI, de un 70%, sin hablar de los efectos indirectos, por ejemplo, cuando los agricultores de los Estados Unidos abandonan otros cultivos por el maíz.198 En este sentido, los Estados Unidos tienen una responsabilidad importante habida cuenta de la dimensión de su producción. Un aumento del precio del maíz a causa de los agrocombustibles repercute en la cotización del producto en el mercado mundial y tiene consecuencias sobre la inseguridad alimentaria de las poblaciones que se alimentan con él. México, en particular, ha tenido en tal sentido una amarga experiencia. A raíz del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, ese país se volvió un gran exportador de maíz.

El alza de los precios es tanto más notable cuando la producción de etanol a partir del maíz parece ser una herejía económica y solo puede mantenerse mediante subsidios del Estado.

Las verdaderas razones de semejante situación habría que buscarlas, por una parte, en lo político (el deseo de disminuir la dependencia energética de los Estados Unidos), aunque también en lo económico (la influencia y el poder de los grades grupos del agronegocio). La producción de maíz ha pasado de 607 millones de toneladas en 2006/2007 a 776 millones de toneladas en 2007/2008, en su mayoría en función del afán por producir etanol.

En Europa la presión es igualmente fuerte, pues para alcanzar en 2010 el objetivo de 10% de agrocombustibles para mezclar con el carburante fósil de los automóviles (actualmente se ha puesto en tela de juicio incluso en el seno de la Comisión Europea) habría que dedicar el 20% de las tierras cultivables para los agrocombustibles, pero Europa no dispone para eso de tierras suficientes. De ahí su interés en los países en desarrollo (Indonesia, Malasia, etc.) que sí tienen suficientes tierras cultivables que pueden valorizarse y dar así respuesta a sus necesidades. Certes, a partir de 2008, les prix retombèrent brusquement, mettant en lumière le caractère speculatif du phénomène, mais par rapport au début de la décennie, ils manifestent toujours un niveau supérieur.

Entonces, está claro que si bien los agrocombustibles no son la única causa del alza de los precios de los alimentos, también es cierto que constituyen un factor importante para ello.

Si en determinadas regiones, como Brasil, la disposición de tierras permite teóricamente llevar a cabo una política alimentaria a la par del desarrollo de los agrocombustibles, en la realidad las situaciones contradicen esa tendencia. Al sumarse al monocultivo de la soya y del eucalipto, el de la caña de azúcar produce un desplazamiento de determinados cultivos alimentarios y de la ganadería, lo que, a su vez, repercute en la reducción de las zonas forestales. En otras regiones del mundo, sobre todo en el Sur, las consecuencias de la extensión de los monocultivos tiene una repercusión directa sobre la desaparición de los bosques. Por demás, Jacques Bertholet demostró en su estudio que la India y China 198

J. Berthelot, Ibídem, 36.

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no eran un factor determinante en el alza de los precios alimentarios, pues, hasta ahora, ambos países han satisfecho las necesidades de un consumo mayor por sus propios medios.

Frente a esa acumulación de contradicciones y de los efectos tan poco positivos del incremento de los agrocombustibles, conviene preguntarse las razones que impulsan a desarrollarlos de una manera tan intensiva.

4. Los agrocombustibles y la reproducción del capital Por supuesto que hay diversas maneras de abordar el problema de los agrocombustibles, ya sea desde el punto de vista técnico o desde el ángulo de los consumidores. En esta obra hemos querido hacer hincapié en la función económica de esa producción y, en particular, en el papel que desempeña en la reproducción del capital especialmente en este período de crisis financiera y de crisis de producción. De hecho, la reflexión lleva a concluir que el brusco aumento de producción de los agrocombustibles se inserta ante todo en la lógica del capitalismo y que esta última es la que explica el desarrollo repentino y rápido de un problema bien preciso del sistema económico, el de la energía, estratégico para el conjunto de las actividades humanas. Tal comprobación no es un descubrimiento insólito habida cuenta de la hegemonía de la lógica capitalista sobre el conjunto de la economía mundial. Sin embargo, la cuestión es tanto más cardinal dado que la utilización intensa de la energía se encuentra en el mismo centro del modelo de desarrollo que vehicula el capitalismo, en el momento en que se anuncia el pico de la energía fósil y donde la conciencia del cambio climático se vuelve un problema político.

En efecto, como hemos comprobado a lo largo de este trabajo, se trata de un problema doble que afecta la energía fósil. Primero, el agotamiento progresivo de las fuentes de energía, en particular del petróleo, el gas, a más largo plazo del carbón e incluso, ahora, de la fuente mineral que es el uranio. Para algunas de ellas, sobre todo para el petróleo y el gas, el pico de las reservas posibles se ha alcanzado o sobrepasado ya. Este es el caso específico de los Estados Unidos y de ciertos países europeos. De ahí, el tema de la dependencia con respecto a otras regiones del mundo en cuanto al suministro de energías fósiles. Esa es la preocupación fundamental de los responsables de la economía capitalista. Sin recursos energéticos nuevos y, en lo inmediato, sin el control de los actuales, el sistema no puede reproducirse. De ahí la necesidad de garantizar, primero, el suministro inicial de las regiones controladas política y militarmente por Occidente y, después, sobrepasar rápidamente el ciclo de la energía fósil. Es en ese punto donde los agrocombustibles revisten su significación, como parte integrante de las energías renovables. Se trata, es obvio, de una cuestión real y objetiva, a la que pueden darse varias respuestas: hallar soluciones que respondan a la exigencia de su valor de cambio, base del sistema capitalista, o por el contrario, preocuparse por su valor de uso, es decir, por satisfacer el «buen vivir» de las poblaciones. Volveremos sobre este tema en las conclusiones.

El segundo problema tiene que ver con los daños climáticos provocados por los carburantes fósiles y la urgencia de tomar medidas referentes al medioambiente. El capitalismo consideró los problemas ecológicos como externalidades, hasta que la gravedad de la situación

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empezó a afectar el proceso de acumulación, que es un fenómeno relativamente reciente pero que se impone cada vez más y debe, por tanto, tomarse en consideración incluso en el marco de la lógica del capital. En este aspecto también surgen varias respuestas posibles, algunas que toman en cuenta la totalidad del ciclo energético de los agrocombustibles y sus efectos y otras que solo toman en cuenta el factor inmediato de su aplicación técnica a nivel de la producción energética. Pero antes de abordar la cuestión de la reproducción del capital más detalladamente, conviene preguntarse cuál es la parte que corresponde a los agrocombustibles en las nuevas políticas energéticas.

4.1 El lugar de los agrocombustibles en las nuevas políticas La primera constatación es que los agrocombustibles se utilizan sobre todo para los transportes. Pero ese sector solo representa el 14% de la emisión de GEI (10% para el transporte por carretera, 2% para el marítimo y 2% para el aéreo, los dos últimos en fases claramente ascendentes), la industria entra en un 31%, y el sector residencial y los servicios en un 19%. Para estas últimas actividades se trata sobre todo de la utilización del diesel, aunque también de la electricidad que suministra en gran parte el carbón y la energía nuclear.

Por su parte, la agricultura entra en un 18% en la producción de GEI y es el caso en particular de la ganadería, que emite de 70 a 75 millones de toneladas de gas por año. Pero, es importante recordarlo, el consumo de carne, sobre todo a causa de las transformaciones alimentarias de los países emergentes, podría haberse duplicado en el año 2050. El transporte solo entra de una manera relativamente modesta, si bien no despreciable, entre los factores que afectan el clima. Recordemos que en Europa y en los Estados Unidos la parte de las energías renovables debería alcanzar el 20% para el año 2020. Eso significa que el 80% de la energía será todavía de origen fósil. Si la mitad de las tierras arables europeas fueran transformadas para producir energía de origen agrario, no responderían sino a una parte de la necesidad prevista y probablemente apenas al incremento de la demanda de aquí al año 2020. Por demás, el proceso completo de producción y de distribución de los agrocombustibles no resuelve el problema climático. Su rendimiento es relativamente menor y hace falta producir más para obtener el mismo resultado. Además, de manera directa o indirecta, la emisión de CO2 al parecer no es muy inferior a la que proviene de la energía fósil, si tomamos en consideración el conjunto del ciclo de producción, de transformación y de distribución. Incluso si esos factores pueden ser mejorados por avances tecnológicos, está bien claro entonces que los agrocombustibles no son sino una parte minoritaria de la solución, tanto para la energía como para la protección del clima. De ahí la pregunta: ¿por qué eso interesa tanto actualmente al capital?

4.2 Los agrocombustibles como elementos de la reproducción del sistema económico capitalista a corto y mediano plazo Frente a los problemas climáticos, el discurso neoliberal, no es ocioso recordarlo, consistió primeramente en negar la existencia del problema o en minimizarlo. El resultado fue la deslegitimización del clima y un desprecio por el discurso científico de los climatólogos.

Como en muchos otros casos, la reacción que siguió fue transformar el problema en opor-

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tunidad, lo que termina en un discurso oportunista: la ciencia y las tecnologías acabarán por hallar soluciones. Finalmente vino el giro del discurso ecológico e, incluso, de lo que podríamos llamar «la mentira verde» que consiste en mostrar hasta qué punto las recientes tecnologías industriales, las mejoras introducidas en el consumo de los vehículos y hasta las nuevas mezclas de gasolina o de diesel contribuyen a la protección de la naturaleza y al mejoramiento del clima cuando lo cierto es que prolongan un consumo destructor del medioambiente incluso si las proporciones son menores y una gran parte de sus ventajas son absorbidas por el aumento de las necesidades de energía.

Por demás, la primera reacción a la disminución de las fuentes de energías fósiles fue explotar nuevas reservas, sobre todo en las zonas de biodiversidad, y, después, explotar las demás fuentes de producción energética, como la nuclear y los agrocombustibles, todo ello en la idea de mantener el modo de consumo actual.

En el curso de los últimos años la búsqueda intensiva de nuevas fronteras para la acumulación del capital se intensificó en razón sobre todo de las crisis de producción y financieras.

Los servicios públicos fueron privatizados cada vez más, lo que permitió su transformación en mercancías y la agricultura rural se transformó en empresas capitalistas.

Cuatro grupos de empresas transnacionales actúan ahora de conjunto; los grupos petroleros, químicos, del agronegocio, y del automóvil. Eso les permite conservar o recuperar el control de la producción y de la distribución de la energía en sectores nuevos y ampliar consecuentemente su fuente de acumulación. No se trata, en lo absoluto, de un complot, sino sencillamente del resultado de la propia lógica del sistema económico. Eso es lo que desearíamos explicar con mayor detalle. Hay varios elementos que intervienen efectivamente para hacer de los agrocombustibles un elemento importante de la acumulación del capital.

• El control de la propiedad de la tierra, base de la producción El origen de la producción de etanol o de agrodiesel es de orden vegetal. Para dominar el sector, el control de la tierra se realiza de manera directa o indirecta. La primera solución consiste en la adquisición de tierras y de ello Brasil es un ejemplo. La segunda, se lleva a cabo por medio del control del trabajo de los pequeños agricultores, quienes conservan sus tierras y entran por la vía de contratos en una dependencia respecto a las grandes empresas del agronegocio. Es el caso de Monsanto, especialmente con la introducción de los OGM, aunque también el de determinadas empresas de palma oleaginosa. El aporte del trabajo de los campesinos se lleva a cabo por diversos mecanismos: el suministro de semillas o de plantas, la venta de fertilizantes y pesticidas, la compra del producto y eventualmente de los créditos usureros a las familias de los campesinos endeudados. En cuanto a los pecios que se les ofrecen, corresponden a duras penas a reproducir el nivel de subsistencia de las poblaciones aludidas. Es lo que algunos han llamado «la captura de los pequeños agricultores». En consecuencia, estamos asistiendo a la constitución de una de las bases del sistema capitalista, el control de los elementos necesarios para la producción, ya sea mediante la adquisición de la propiedad directa, o por la sumisión total del trabajador que sigue siendo propietario de la tierra.

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• La explotación del trabajo El nivel de explotación de los trabajadores en el Sur sigue siendo físicamente extremo.

En ciertos casos, se trata de formas esclavistas, como en varias plantaciones de azúcar en Brasil o en Colombia. En otras, el trabajo se paga a un nivel mínimo, prácticamente sin seguridad social ni pensión. Los sindicatos son excluidos o su acción resulta ineficaz por las represiones o la corrupción. Cuando se trata de agricultores pequeños, rara vez les es posible sobrepasar el nivel de subsistencia y se ven sometidos a un régimen muy similar al de la servidumbre. En cuanto al monocultivo, elimina una parte importante del trabajo, y provoca así la migración hacia las ciudades, lo que permite reducir al mínimo las preocupaciones relacionadas con la fuerza de trabajo.

En suma, la máxima explotación del trabajo es un hecho extendido y corresponde a la lógica del capital que consiste en ejercer presión sobre los diversos elementos que intervienen en el costo de producción, con miras a maximizar las ganancias y apropiarse así de la plusvalía. Los costos sociales de semejante operación no se incluyen en la contabilidad del capital y son la colectividad o los individuos quienes deben asumirlos.

• La producción de nuevas tecnologías de gran riesgo ecológico, pero de elevada rentabilidad Se trata de la promoción de los OGM, especialmente para la soya y el maíz, con intervenciones similares previstas para los árboles el día en que la tecnología permita utilizarlos para producir energía de origen vegetal. Hay riesgos en los OGM, pues aunque mejoran la rentabilidad de los vegetales e, incluso, de los animales, su extensión amenaza con poner en peligro numerosas especies y sus efectos a largo plazo no se han medido realmente.

Esta actividad está dominada por algunos gigantes de la química y del agronegocio: Monsanto, Cargill, Bunge, Bayer, etc. Numerosos gobiernos han puesto freno a la utilización de modificaciones genéticas, pero con harta frecuencia sus esfuerzos se ven contrarrestados, bien por el poder de las empresas transnacionales, o bien porque las semillas son transportadas sin control posible de una región a otra por el viento o por los insectos u otros animales. Hay que añadir que ese tipo de cultivo utiliza, por lo general, mucha más agua, y que determinados efectos colaterales en particular sobre los suelos no son de despreciar. El crecimiento de la productividad gracias a nuevas tecnologías en una coyuntura de precios crecientes permite por supuesto un aumento de las ganancias, lo que entra en la lógica de la acumulación del capital.

• La exclusión del costo de las externalidades Como hemos dicho antes a propósito de las migraciones campesinas hacia las ciudades, una serie de costos han sido transferidos a la colectividad o atribuidos a los individuos. La destrucción de la biodiversidad, de los pozos de carbono, la contaminación del agua, de los suelos, la esterilización de los mares, comportan costos sumamente importantes que no se contabilizan, con tal que no afecten la reproducción del capital. Son las colectividades las que tienen que soportar a mediano o a largo plazo los efectos de tales prácticas. La enorme extensión del monocultivo acaba por crear zonas de desertificación, agotar los suelos, reducir el

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manto freático y destruir la biodiversidad. Esos desastres naturales son el resultado directo de la eliminación de tales costos, de la contabilidad de las operaciones productivas. Pero un día alguien va a soportar los efectos de todo ello, incluyendo los financieros. Ese será el caso de los estados, en la medida en que sean capaces de ello, o, si no, simplemente el bienestar de los ciudadanos estará en juego sobre el tapete.

Ya hemos aludido a la expulsión de campesinos, que ha provocado una urbanización incontrolada en los continentes del Sur. Su origen no es el desarrollo de funciones urbanas o industriales, sino esencialmente el excedente demográfico rural, debido no solo al crecimiento de la población sino sobre todo a la expulsión sistemática de los agricultores pequeños por el desarrollo de una agricultura capitalista. También se sabe cuáles son los efectos de las migraciones forzosas en todo el mundo. El muro construido en la frontera de México con los Estados Unidos y que impide a los campesinos empobrecidos emigrar al Norte lo ilustra a las claras. Cada año allí se producen más muertes que las que hubo durante todo el tiempo de existencia del Muro de Berlín. En Europa los cadáveres africanos que flotan en las playas de Italia o en el sur de España dan cumplida fe. Las causas pueden diferir de un sitio a otro, ya sea por la concentración sistemática de tierras, o por los efectos de los cambios climáticos, pero el resultado es el mismo: son pueblos enteros que pagan el precio de la lógica del desarrollo económico cuyos factores todos son externos al cálculo económico.

Por otra parte, la individualización de las responsabilidades es también otro rasgo del pensamiento y la práctica neoliberales. Las migraciones hacia las ciudades o hacia el extranjero se atribuyen a decisiones personales. Así, en Colombia, el presidente Uribe estima que el problema de las personas desplazadas ( migrantes internos en su mayoría a causa de la concentración de tierras) debe resolverse caso por caso (cuando se trata de una lógica social) en función de decisiones administrativas y no judiciales. Eso permite enmascarar las verdaderas responsabilidades, evitar hacer de ellas un problema de derecho y consagrar definitivamente la expropiación de tierras. La individualización del problema se torna también un mecanismo de la externalidad.

• La transferencia de fondos públicos hacia intereses privados Como la producción de agrocombustibles por el momento no es rentable, ni siquiera con el aumento de los precios del petróleo, para hacerlos competitivos con la energía fósil se convierten en exigencia los subsidios a la producción, la eliminación de los impuestos por la venta y la reducción de las tarifas aduanales, si bien es cierto que el rápido incremento de los precios del petróleo y del gas ha disminuido en algo la importancia de las transferencias.

Pero en la mayoría de los casos, la necesidad de un subsidio por parte de los poderes públicos sigue siendo importante. El análisis contable muestra que son las grandes empresas las que monopolizan lo esencial de las ayudas de los estados. Los agrocombustibles reproducen, por tanto, el clásico mecanismo que hallamos en las demás esferas, en particular, la de armamentos o la de los subsidios a la agricultura, tanto en los Estados Unidos como en Europa.

Es lo que pudiéramos llamar un neokeynesianismo verde.

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La lógica siempre es la misma. En la medida en que los sectores no son rentables o en caso de crisis financiera, el capital recurre al Estado, que utiliza los fondos públicos para incitar las inversiones a riesgo para salvar de la debacle los capitales financieros. Los fondos públicos son el patrimonio común que, so pretexto de eficacia económica, se transforma entonces en bien privado, fuente de acumulación.

Hay que añadir la importancia de las inversiones públicas para las infraestructuras necesarias a la nueva industria: viales, ferrocarriles, puertos, almacenes necesarios no solamente para la producción, sino también para la distribución de los agrocombustibles. Se han efectuado gastos considerables en esos sectores que muchas veces son a su vez privatizados.

• La reproducción de la dependencia Norte-Sur Las necesidades principales en nuevas fuentes de energía se sitúan en los países del Norte, a los que podemos añadir los países emergentes como China y la India. El grueso de la producción de los agrocombustibles, en cambio, se localiza en el Sur, que se ve obligado a soportar los costos ecológicos y sociales de tal operación. Por eso el etanol se promueve en Brasil, Ecuador, Argentina, Filipinas, mientras que el agrodiesel está más extendido en países como Colombia, Malasia, Indonesia, Papua-Nueva Guinea y otros en África Central. Por el momento, esas refinerías suelen ser construidas en el Norte, como en la región española de Asturias, o en los Estados Unidos.

Por ende, el modelo de dependencia económica una vez más resulta reproducido. Los capitales del Norte, como están en la fuente de los decisores, no toman en cuenta las externalidades del Sur salvo cuando afectan el ritmo o la importancia de la acumulación.

Incluso si la producción de agrocombustibles es una fuente de divisas exteriores para un cierto número de países, ello no significa automáticamente un desarrollo autónomo ni una ventaja socialmente repartida.

La renta agrícola, lo mismo que la del petróleo o la de las minas, fomenta la constitución de una clase social orientada esencialmente hacia el exterior. Desempeña el papel de intermediario entre las empresas multinacionales y la población local y no constituye realmente una burguesía nacional, lista para invertir en iniciativas de producción destinadas, en primer lugar, a la población. El modelo es esencialmente exportador. Los intereses de esa elide local tienden a acrecentar las exportaciones, fuente de divisas de las cuales una parte importante sirve para el crecimiento de las importaciones destinadas a procurarles un nivel de vida similar, incluso superior al de las mismas clases sociales de los países industrializados. Cuando más, un clase media superior puede también disfrutar del aporte de los bienes adquiridos en el exterior, sin que por ello el conjunto de la población y, sobre todo, los más pobres, vean su suerte realmente mejorar. Como en la lógica neoliberal, al Estado se le ha amputado numerosas funciones, especialmente en la redistribución de la riqueza, las desigualdades sociales no hacen sino crecer.

Todo ello entra en la lógica misma del sistema capitalista, que encuentra ventaja en desarrollar intensamente el poder adquisitivo de una minoría capaz de procurarse bie-

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nes de alto valor agregado, en vez de producir bienes ordinarios para la mayoría de la población.

• La especulación La previsión de un aumento de los precios de las producciones agrícolas bajo los efectos del crecimiento de la demanda, debida en parte a los agrocombustibles, desencadenó de inmediato una serie de prácticas especulativas. El capital financiero eleva así sus ganancias y los fondos de pensiones no son ajenos a ello. El aporte de los agrocombustibles a la economía virtual es, por tanto, apreciable. Al principio de los años 2000 se ha asistido a un desplazamiento de la especulación del petróleo y de los otros sectores de la economía hacia los productos alimentarios. Pero, incluso si esos diversos factores estuvieron en el origen de tales fenómenos, al parecer los agrocombustibles se cuentan entre de ellos y, por cierto, no son de los menos responsables.

• La relegitimación del capital Ha surgido un discurso nuevo, el de la economía verde. Casi todos los campos de la producción y la distribución se han puesto en el diapasón. Se ha construido una nueva hegemonía sobre el consenso de la opinión pública que actualmente es particularmente sensible a los problemas de los cambios climáticos. Los actores económicos aparecen como los benefactores de la humanidad, lo cual les da una nueva legitimidad.

Es cierto que la industria ha hecho esfuerzos para reducir la emisión de CO² y, en otros sectores, para evitar los despilfarros. Eso ha tenido un efecto real y beneficioso. Sin embargo, no basta. Los esfuerzos que ha llevado a cabo la industria se hicieron en momentos en que la emisión de los GEI se convertía en un costo real y ya no solo en una externalidad. Como consecuencia, había que actuar sobre ese factor, fruto del costo de los problemas ecológicos o resultado de medidas adoptadas por los estados, en aplicación del Protocolo de Kyoto. Al volverse la sanción económica por la contaminación una práctica corriente, cuesta menos caro tomar por uno mismo la iniciativa de reducir las emisiones nocivas que seguir contaminando.

La relegitimación supone también recurrir masivamente a la industria de la publicidad y, por ende, a los medios de comunicación social. Se gastan sumas enormes en paneles publicitarios louant le caractère écologique des entreprises et de leurs produits, y en poner anuncios en la prensa, la radio o la televisión. Es el precio de crear un consenso. Los medios masivos de comunicación dependen para sobrevivir de ese apoyo financiero, lo que, de una forma o de otra, reduce su capacidad crítica con relación a la realidad de contenido de la publicidad. Todo ello entra en la lógica del capital que también necesita una base ideológica, sin preocuparse demasiado de la adecuación del discurso a la realidad, las diversas condenas a Monsanto y a otras firmas por daños causados al medioambiente dan fe de ello.

Del conjunto de esas consideraciones se puede, entonces, llegar a la conclusión que la función del desarrollo de los agrocombustibles es la de la obtención de la ganancia rápida, fuente

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segura de la acumulación a corto lazo. No hay más que una contribución nula o escasa al problema del clima y solo un aporte marginal al consumo de combustible. Seule une production massive couvrant des centaines de millions d’hectares pourrait signifier un apport à la crise énergétique et l’on peut espérer que les résistqnces populaires et politiques ne le permettront pas. En cambio, los datos ecológicos y los efectos sociales negativos de los agrocombustibles son considerables. Incluso si se trata de resultados económicos positivos únicamente para algunos sectores de los intereses capitalistas, estos últimos poseen múltiples ramificaciones en lugares estratégicos de la economía capitalista mundial, que se benefician en su conjunto. La especulación es una de esas ilustraciones. La fonction principale du développement industriel des agrocarburants est donc bien la reproduction et l’accumulation du capital à court et moyen terme.

5. Los agrocombustibles y el modelo de desarrollo Hay todavía que dar un paso para entrar en una perspectiva más profunda, la del propio modelo de desarrollo. Los progresos considerables de la utilización de la energía, gracias a las fuentes fósiles, primero el carbón y luego el petróleo y el gas, construyeron las bases materiales de la utopía del Siglo de las Luces. Esta última consistía en un progreso lineal de la humanidad hacia un futuro ilimitado donde el género humano afirmaría su dominio sobre la naturaleza. La ciencia estaba llamada a desempeñar en eso un papel clave y sus notables aplicaciones tecnológicas permitieron multiplicar sus posibilidades gracias a los nuevos recursos energéticos.

El sistema económico capitalista separó la producción del trabajador a través de la división del trabajo y de la industrialización, e hizo del capital el elemento motor de la actividad económica. Ello permitió llevar a cabo rápidos progresos al poner a disposición bienes y servicios que integraron la utilización cada vez más masiva de una energía barata, como factor decisivo, no solo de la producción sino también de la distribución. De ello resultó un verdadero modelo de desarrollo que alejaba o marginaba cualquier otra forma de producción y que afincaba su legitimidad en su propio éxito, lo que le permitía establecer su lógica como evidencia.

El tránsito masivo al petróleo, a partir de la mitad del siglo xx, aumentó considerablemente la productividad del trabajo y generó una mayor fluidez en la producción y la distribución de bienes y servicios. También generó el desarrollo de la agricultura y permitió el auge del capital financiero por la explosión de la esfera monetaria y la creación del dinero bancario.

Asimismo, transformó los métodos militares y la manera de llevar a cabo las guerras.

El papel preponderante de la energía tuvo como efecto, frente a la doble crisis de las fuentes energéticas fósiles en vías de extinción y la destrucción climática que le está asociada, la puesta en tela de juicio del propio modelo de desarrollo, con todos sus componentes, sus condiciones materiales, sus repercusiones sociales y el modo de consumo que lo caracterizaba. El problema consiste en saber hasta cuándo la humanidad podrá concebir como único futuro el desarrollo capitalista, cuando se siguen acumulando las contradicciones y las impugnaciones se precisan.

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Uno de los obstáculos para las nuevas soluciones reside en la importancia de las ventajas económicas. En esencia, estas últimas ciegan a los actores, que se preocupan sobre todo por la reproducción de un sistema que les otorga una posición dominante material, política y cultural y han interiorizado el modelo a un punto tal que identifican sus intereses con el bienestar de la humanidad. Los agrocombustibles, cuya utilidad relativa no vamos a cuestionar, les permiten una evasión al futuro. En efecto, estos últimos aparecen o se nos presentan como una solución que posibilitará reproducir el mismo modelo por nuevos métodos.

Mientras que la crisis energética y climática parece marcar cada vez con mayor claridad el fin de un modelo, su imaginario es el de una continuidad. Se buscan soluciones que no afecten en lo más mínimo las relaciones de poder sobre las decisiones económicas, ni la forma de producir, ni la manera en que las riquezas mundiales se reparten, ni el modo de consumo. Pero, todo indica que el ritmo de utilización de la energía no podrá mantenerse y que las nuevas energías solo cubrirán una parte relativamente modesta de la expansión de las necesidades energéticas tal como han sido previstas.

Por otra parte, los costos económicos, sociales, ambientales y políticos de las nuevas soluciones son muy pesados y acaban por poner en duda su verdadera eficacia para mejorar el clima y responder a las necesidades energéticas. Cierto que no se trata de predicar un pesimismo absoluto, ni de creer, como hacen algunos, que la humanidad ya ha escrito en su agenda la fecha del fin de sus días, sin reconocer la realidad. Por un lado, la doble crisis climática y energética significa que se acabó la ilusión de un crecimiento sin límites y, por el otro, que las desigualdades de cara a la vida han creado a escala mundial un sistema social económica y moralmente insoportable.

La lógica de acumulación del capitalismo es incapaz de responder a esos retos porque sigue considerando como externalidades todo lo que no entre directamente en el cálculo del valor de cambio. El modo de producción y de distribución vinculado a esa lógica no es sostenible, porque se orienta a una sobreutilización de las materias primas y de la energía, por la fabricación de productos desechables o de corta vida, la extensión de los transportes a causa de la deslocalización y a la dispersión de los sitios de producción, y la liberalización de los intercambios que dan ventaja a los más fuertes. En cuanto al consumo, se establece en el seno de ese mismo modelo, llevado por la lógica de la acumulación, o sea, por el valor de cambio en vez del valor de uso. Ocurre lo contrario a la idea por lo general admitida de que el cliente es el rey y que la demanda condiciona la oferta. El consumo está condicionado en sus prácticas por la estructura de la producción económica y por el conjunto del aparato ideológico que lo acompaña a la vez para legitimarlo y para incitar la compra de bienes y servicios que el mercado ofrece.

De seguro la ciencia y la técnica aportarán todavía numerosas respuestas concretas y nos felicitamos por ello. Sin duda en el curso de los años venideros se lograrán progresos importantes en materia de ahorro de energía y de utilización de nuevas fuentes energéticas. La energía fósil barata, cuyo ciclo se termina, apenas contribuyó a promover la investigación y las inversiones en ese campo. En la actualidad se multiplican los avances y florecen los experimentos.

Pero ese no es el problema fundamental. Lo que está en juego es toda la filosofía del desarrollo.

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Algunos hablan de decrecimiento, un término que ya utilizó el Club de Roma en los años sesenta y que retomó Ramón Fernando Durán, miembro de Ecologistes en Action, en un notable trabajo sobre el petróleo, La historia trágica del petróleo en el mundo, escrito para el Congreso Petrolero Mundial de Madrid, en junio de 2008. El autor, cuando constata el final del ciclo de la energía fósil y la ilusión de una transición energética que al propio tiempo conserva el modelo de crecimiento y de acumulación actual, llega a la conclusión de que dar continuidad al modelo neoliberal conduce a la profundización de la crisis y a una inevitable salida por la vía de la guerra. De manera que se hace necesario un cambio radical que el autor llama «de transición postfósil por el decrecimiento», que también debiera dar toda la prioridad al clima.

Mejor que hablar de decrecimiento, concepto difícil de negociar en una opinión pública influida por el consumo contemporáneo, preferimos hablar de la sustitución de un crecimiento cuantitativo por un crecimiento cualitativo. No se trata, entonces, de disminuir el bienestar, sino, por el contrario, de favorecerlo con una mejor calidad de vida. En nuestras conclusiones volveremos sobre el tema.

Las resistencias a la presentación de los agrocombustibles como respuesta a la doble crisis contemporánea no se han hecho esperar. La conciencia del costo social e individual de las externalidades del modelo se ha desarrollado rápidamente, en el plano ecológico y a la vez en el plano social. Una serie de movimientos han intervenido: campesinos, ecologistas, de trabajadores y, progresivamente, también los poderes actuantes se han involucrado. Los argumentos que hemos desarrollado en esta obra han sido utilizados por unos y otros para demostrar los límites de la utilización de los agrocombustibles como medio de lucha en favor del clima y para denunciar los efectos negativos sobre el medioambiente natural y sobre las poblaciones campesinas. Esas reacciones han llegado también al nivel de determinados gobiernos, en particular en Europa, donde se ha puesto un freno a los primeros entusiasmos, que ha buscado llevar a los gobiernos de los países miembros de la Unión a moderar sus excesos.

Incluso los movimientos más radicales, como el Movimiento de los Sin Tierra, en Brasil, no han adoptado posturas que excluyan completamente la utilización de agrocombustibles. Está claro para todo el mundo que el ciclo de carburantes fósiles está llegando a su fin y que sus efectos negativos sobre el medioambiente son perjudiciales. De manera que es preciso hallar soluciones alternativas. La utilización de agrocombustibles entra en esa lógica, pero de forma mucho menos decisiva de lo que se había imaginado al principio. Las condiciones de aceptación de la producción de agrocombustibles, por los movimientos ecológicos y sociales, se pueden resumir en cinco puntos: 1. Respeto a la biodiversidad, es decir, renuncia a la solución de los monocultivos, para dar prioridad a las plantaciones diversificadas que no pongan en peligro las especies vegetales y animales existentes.

2. Limitación de la frontera agrícola, es decir, evitar la usurpación de los bosques y, en particular, de los bosques originales. Ello significa la utilización de tierras disponibles y la protección legal de los pozos de carbono y de las zonas de biodiversidad o de implantación de poblaciones indígenas.

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3. Respeto a los suelos y los mantos freáticos, lo que prohíbe la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos, para dar prioridad a una agricultura orgánica.

4. Promoción de la agricultura campesina, al permitirle perfeccionar sus métodos de trabajo, su acceso al crédito y a la comercialización de sus productos.

5. Combate al monopolio de las sociedades transnacionales.

Si se respetan tales parámetros, la producción de agrocombustibles se orientará automáticamente en primer lugar a las necesidades de las poblaciones locales. Ciertamente, hay posibilidades de responder a esas necesidades con una producción que respete los cinco principios. Pero está claro que ello significa una negación radical de la lógica del capital y una sumisión de la economía a las necesidades humanas básicas. Soluciones llamadas de segunda y tercera generación podrán sin duda aumentar la parte de los agrocombustibles en una solución de los problemas energéticos y climáticos, pero hay que seguir siendo modestos en las perspectivas de futuro. La posibilidad de producir también excedentes energéticos para poblaciones urbanas y utilizar ciertos espacios colectivos para una producción más intensa con miras a satisfacer las necesidades colectivas queda, por supuesto, abierta, pero con límites precisos ecológicos y sociales. No se hallará solución global que no ponga en tela de juicio el modelo de desarrollo ni plantee la cuestión de las alternativas.

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Capítulo 6 Las pistas para solucionar las crisis climáticas y energéticas y el lugar de los agrocombustibles ¿Acaso hay una solución para lo que actualmente aparece como una situación sin verdadera respuesta? Y si la hubiera, ¿cuál sería el lugar de los agrocombustibles? ¿Permiten las nuevas tecnologías calzar los esfuerzos de reducción del consumo? ¿En qué condiciones podrá cambiar la definición de las necesidades? Esa es la preocupación nuestra que expondremos a continuación.

1. Las pistas tomadas en cuenta y sus límites Para dar respuesta a la doble crisis de la que hemos hablado extensamente en los capítulos precedentes, la del agotamiento del petróleo y el calentamiento climático, hemos seguido tres pistas principales: la reducción del consumo de la energía fósil, la utilización de fuentes de energía renovables no agrícolas gracias a las nuevas tecnologías, y el recurso a los agrocombustibles.

La reducción del consumo de energías fósiles Como este tema es bien conocido en la actualidad gracias a las intensas campañas, ofreceremos únicamente un recordatorio de las principales orientaciones. Entre las iniciativas en curso que se orientan a la reducción del consumo de energías fósiles podemos señalar, outre les efforts accomplish par les industries pour réduire les emissions de CO2, en particular la utilización más intensa de los transportes colectivos, el

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aislamiento de las casas con miras a reducir las pérdidas térmicas y su localización correcta en relación con el desplazamiento de la radiación solar. Están también la utilización de bombillos de bajo consumo, de bombas de calor para limitar a la vez el uso de los clorofluorados y de la calefacción por gas o fuel para conseguir agua para usos sanitarios y para el acondicionamiento de aire. Con esta óptica, por ejemplo, unas quince ciudades, entre ellas, Nueva York, Chicago, Tokio, Toronto y Karachi han suscrito un programa ambicioso de 5 mil millones de dólares para la modernización de antiguos edificios, con el fin de tornarlos más eficientes desde un punto de vista energético.199 Numerosos planes referentes al clima se ponen en práctica en ciudades y administraciones.

Las energías renovables no agrícolas y las nuevas tecnologías Recordemos que una energía renovable es aquella que por un ciclo natural se reconstituye sobre una base constante y no se agota con su consumo inmediato.200 Entre las fuentes no agrícolas nos encontramos con diferentes sectores: la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía eólica, la energía de residuales, la energía de la pila de hidrógeno y la geotérmica. No vamos a entrar en los detalles técnicos, nos concentraremos a la vez en lo que ellas pueden presentar para satisfacer las necesidades energéticas y en su eficacia ecológica. Efectivamente, como señalan Ives Scania y Nicolás Chevossus, “las energías renovables tienen serios defectos. El primero: no son en un 100% “verdes”. El segundo, verdadero pecado original que las caracteriza a todas, es su “densidad energética” baja.201 Hay que ser conscientes de que, según Greenpeace, solo una tercera parte del consumo energético del año 2030 provendrá de fuentes renovables; en cifras, 19% de la biomasa, 11% de las fuentes hidráulicas y 3% de las demás fuentes.

• La hidroenergía La energía hidroeléctrica o hidroelectricidad se obtiene por conversión de la energía hidráulica de diferentes corrientes de agua (río, arroyo, saltos de agua, corrientes marinas, etc.). La energía cinética de la corriente de agua se transforma en energía mecánica por una turbina, y luego en energía eléctrica por un alternador. La energía hidroeléctrica es una energía renovable. También se considera una energía limpia, aunque a veces es objeto de protestas ambientales, bien a causa de su influencia territorial, o más recientemente a causa de su balance de carbono.

En realidad la construcción de presas sobre los ríos, con miras a hacer funcionar las turbinas, no comenzó sino a partir de los años 1920. La mitad de las que existían a principios del milenio se construyeron entre 1920 y 1975, y la otra mitad desde ahí y hasta el año 2000. En otras palabras, la era neoliberal marcó una aceleración importante del fenómeno. Después de esa fecha, y más precisamente después de los años 1990, se aprecia que su construcción declina. Efectivamente, las dificultades técnicas y las resistencias populares se acrecientan 199 En The New York Times, 06.02.07 200 Anónimo.

201 Science et Vie, 1086, marzo 2008, 56.

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y el agua empieza a faltar.202 Quant à l’Amérique latine, elle a fait l’objet de nombreux conflits, notamment au Brésil, autour du Rio San Francisco. Por otro lado, los lugares muchas veces se encuentran lejos de los consumidores, lo que exige que se instalen líneas muy largas de alta tensión. En 2004, la hidroenergía representaba el 16% de la producción eléctrica mundial. En Francia, equivalía al 92% de todas las energías renovables del país. La historia reciente de las grandes presas es cada vez más movida, de China a la India, de Brasil a Sudáfrica. Los perjuicios ecológicos que provocan su construcción han sido severamente criticados. La presa de Assuán, en Egipto, provocó la erosión del delta del Nilo.

En cuanto a las manifestaciones de oposición, han dejado de contar entre las poblaciones desplazadas; los pueblos autóctonos han quedado apartados de sus territorios, y los lugareños, amenazados por las inundaciones. Tal fue en particular el caso de China, con la presa de Pubugú. Pero el ejemplo más espectacular en ese país fue evidentemente el de la presa de las Tres Gargantas, en el río Yangtzé. Este último goza de la reputación de tener una capacidad de producción que genera 18.200 MW (megavatios) de electricidad y la totalidad del proyecto ocupa 600 km de largo.

Antes del año 2025 deben estar en explotación un centenar de embalses en el curso norte del río, pero esos proyectos se han visto seriamente afectados por las fuertes sequías que han azotado la región en 2007 y 2008. Ha habido que inundar 1.000 k2 y desplazar a un millón trescientas mil personas a causa del proyecto. Su suerte está lejos de ser envidiable, tanto en el plano de la vivienda como en el de las condiciones de vida. En cuanto a la represa de Xilnou, la segunda en importancia, estará en operación posiblemente en 2015, si bien también suscita resistencias.

Podemos concluir que la hidrología basada en la construcción de grandes presas ha alcanzado su cima y que ya no constituirá una solución en el futuro que pudiera seriamente sobrepasar la proporción actual. En cambio, la multiplicación de obras de pequeña dimensión, que cause daños limitados y se destinen a la alimentación, para agua de regadío o como fuente de energía para regiones precisas, podrá responder a numerosas necesidades. Solo la pequeña hidráulica parece tener un cierto futuro, sobre todo para abastecer a las comunidades locales en los países del Sur. La utilización de los océanos como fuente de energía también ha sido objeto de experimentos. Las corrientes de mareas como fuente energética ya eran conocidas en el siglo xii, pero es desde 1996 en Rance, Francia, que se aplica el principio sobre una base industrial. Gran Bretaña invirtió decenas de millones de euros en programas de energía marina. Las condiciones de rentabilidad, sin embargo, son difíciles de reunir.

Otra tecnología consiste en captar la energía de las olas utilizando el movimiento de la onda. Se llevó a cabo un experimento en Isla Reunión, pero esas instalaciones fueron barridas por un ciclón. En cada uno de los dos casos precedentes apenas si puede hablarse de resultados que estén a la altura de los desafíos de la energía mundial.

202

Michel de stot y al, Energie et Climat, Paris, Fundación Jean Jaurès y Plon, 2006,45.

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• La energía solar y las células fotovoltaicas La energía solar está en el origen de todas las energías existentes. Bajo esta rúbrica hablaremos específicamente de células o captores solares fotovoltaicos, recordando que también la fotosíntesis está en la base de la producción de la biomasa que se utiliza como fuente de energía verde.

Las células fotovoltaicas son semiconductores capaces de convertir directamente la luz en electricidad. El fenómeno fue descubierto por Antoine Becquerel en 1839, pero hubo que esperar casi un siglo para que los científicos profundizaran en él y pudieran explotarlo. La tecnología fotovoltaica está en pleno auge. En todas las latitudes del planeta se estudian numerosas posibilidades de utilización que luego se experimentan con la esperanza de una comercialización futura.

La complejidad de los procedimientos de fabricación de módulos fotovoltaicos y el débil rendimiento de producción suponen costos elevados que frenan el volumen de la venta.

Podemos esperar que en el futuro la tecnología fotovoltaica llegue a madurar (procedimientos sencillos, mejores rendimientos de producción) y que el aumento del volumen de producción reduzca el costo de los módulos.

Pese a esas dificultades, la evolución de la tecnología fotovoltaica es globalmente positiva. Se han mejorado los métodos de fabricación. Actualmente el 90% de la producción total de módulos se realiza en Japón, los Estados Unidos y Europa, a través de grandes compañías como Siemens, Sanyo, Kyocera, Soleas, y BP Solar, que tienen el 50% del mercado mundial. El saldo del 10% de la producción corresponde a Brasil, la India y China, principales productores de módulos en países en vías de desarrollo.

La composición de una célula fotovoltaica La célula fotovoltaica está compuesta por un material semiconductor que absorbe la energía luminosa y la transforma directamente en corriente eléctrica. El principio de funcionamiento de esta célula recurre a las propiedades de la radiación y a las de los semiconductores.

La célula individual, unidad de base de un sistema fotovoltaico, solo produce una potencia muy floja de 1 a 3 W, con una tensión de menos de un voltio. Para producir más potencia, las células se ensamblan para formar un módulo (panel). Las conexiones en serie de varias celdas aumentan la tensión para una misma corriente, mientras que si se ponen en paralelo crece la corriente conservando la tensión. La mayoría de los módulos comercializados se componen de 36 células en silicio cristalino, conectados en serie para aplicaciones en 12 voltios. La interconexión de módulos entre sí –en serie o en paralelo– para obtener una potencia aún mayor, define la noción de campo fotovoltaico. El generador fotovoltaico se compone de un campo de módulos y de un conjunto de elementos que adaptan la electricidad producida por los módulos a la especificación de los receptores. Ese conjunto, también llamado Balance of System (BOS), incluye todos los equipamientos entre el campo de los módulos y la carga final, a saber, la estructura rígida (fija o móvil) para colocar los módulos, la cablería, la batería para el caso de almacenamiento y su regulador de carga, y el ondulador para cuando los aparatos funcionen en corriente alterna.

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En el Norte, en los Estados Unidos, el estado de California lanzó un ambicioso plan que bautizaron con la consigna «un millón de techos solares para el 2017».203 El objetivo era construir edificios (o adaptar) con cero electricidad que se autoalimentaran con fluido eléctrico gracias al sol y cero contaminación con materiales no tóxicos. Se han propuesto también proyectos de gran dimensión, como la instalación en el Sahara de un parque de paneles solares de varios km2, capaces de alimentar Europa. Pero incluso si la solución es técnicamente viable, plantea también problemas políticos que generan el riesgo de hacerla difícilmente realizable y, en todo caso, vulnerable. A término, la energía solar se perfila como una solución real, esencialmente para la vida doméstica y para los transportes locales. En 2008, une voiture propulsée par l’énergie solaire a réalisé le tour du monde. Rappelons aussi que plus de 60 projets pour un “Plan solaire” ont été identifiés dans le cadre de l’Union pour la Méditerrannée (UPM). (Le Monde, 25.11.08).

• La energía eólica Una parte de la radiación solar incidente calienta la atmósfera de manera desigual por encima de tierras y mares y crea así zonas de baja y alta presión que ponen en movimiento masas de aire. Por tanto, entre los polos y el ecuador el sol calienta el globo terrestre de manera muy desigual. Las diferencias de temperatura que de ello resultan provocan diferentes densidades de las masas de aire de las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. Ese movimiento es lo que constituye el fenómeno general de los vientos en la superficie del planeta.

El viento es entonces una masa de aire en movimiento que transforma la energía térmica que la propia masa de aire ha recibido de la radiación solar en energía cinética. Dos parámetros esenciales caracterizan el viento. El primero, determinante para la cantidad de energía que es susceptible de proporcionar y para su velocidad, y el segundo es la dirección de su desplazamiento. Además, la velocidad y la dirección de los vientos pueden estar fuertemente influidas por las condiciones locales del lugar de implantación, en particular, el relieve y los obstáculos aledaños. Estos pueden crear turbulencias importantes.

Una eólica transforma la energía cinética del viento en energía mecánica. O bien esa energía se utiliza directamente como en las eólicas de bombeo o en los antiguos molinos de viento, o bien se transforma en electricidad a través de una generadora. En este caso, hablamos de aerogenerador. Son posibles dos utilizaciones diferentes: la principal es el acople del aerogenerador a la red. Esta es la vertiente sobre la que hasta el momento se ha realizado el mayor número de experimentos e investigaciones, porque es la que ofrece un mejor rendimiento.

La segunda es la utilización de la instalación como planta electrógena eólica. En ese caso se dirige más bien a las regiones aisladas. Según Lester R. Brown, para cubrir un 40% de la demanda mundial de energía haría falta poner 1.5 millones de turbinas eólicas de dos megavatios. Frente a los 65 millones de vehículos automóviles producidos anualmente, estima que no es una tarea imposible; evidentemente se trata de una opción política. Sin embargo, tiene límites. Para cubrir toda la producción de energía de Francia, habría que utilizar dos 203 In Le Monde, 02.06.07.

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departamentos enteros, y Alemania con sus 20.000 eólicas, llega al límite de lo posible en el marco de las restricciones actuales.

Tipos de eólicas Existen actualmente dos grandes familias de eólicas. Las de eje vertical y las de eje horizontal. Las eólicas de eje vertical no requieren sistemas de orientación con relación a la dirección del viento, pero son en general de concepción bastante complicada.

Las eólicas de eje horizontal (de hélice) son de concepción más flexible y tienen un rendimiento elevado.También son las más utilizadas. Sus características comunes son: el montaje en la cima de un pilón y que están equipadas con un sistema de orientación en el viento. Atendiendo a la cantidad de paletas con que cuenta la hélice, podemos distinguir dos grupos: de rotación lenta «múltiple» y de rotación rápida «aerogeneradores».

Las eólicas de rotación lenta «múltiple» que desde hace un tiempo están relativamente extendidas por los campos, por ejemplo, en Francia, sirven exclusivamente para bombear agua. Las eólicas de rotación rápida, de dos o de tres paletas, constituyen actualmente la categoría de eólicas que más se utilizan y se dedican esencialmente a la producción de electricidad, de ahí que se conozcan más comúnmente como aerogeneradores. A partir de una determinada potencia, esas eólicas vienen, por lo general, provistas de una hélice de paso variable. En ese caso, la inclinación de las paletas, con relación a la dirección del viento puede modificarse y permitir así la conservación de un rendimiento alto, independientemente de la velocidad del viento y de la velocidad de rotación de la eólica.* * Guy Cloes du Cota: Guide des Energies Renouvelables. Ministerio de la Región Valona, Bruselas.

La instalación de las eólicas debe necesariamente respetar las siguientes condiciones: situarlas sobre una placa o sobre una colina de pendiente suave (la velocidad del viento aumenta con la altura), sobre una superficie despejada y regular, a una distancia suficiente (100m por lo menos) de obstáculos naturales (árboles, desniveles) o artificiales (casas, paredes, postes, etc.); esos obstáculos crean viento y consecuentemente turbulencias que perturban considerablemente la rotación regular de las paletas de la eólica y pueden provocar, después de un corto periodo de utilización, la destrucción de la máquina. Deben orientarse hacia los vientos dominantes y de ahí el interés en medir, aparte de la velocidad del viento, su dirección.

El rendimiento energético de una eólica varía en función de la velocidad del viento elevada al cubo. Actualmente una eólica puede soportar vientos de 200 km/h y, sin embargo, dos años atrás no soportaba vientos de más de 90 km/h. De manera que ha habido un claro progreso. Sin embargo, la energía eólica necesita una energía auxiliar para los días en que no haya casi viento, y un dispositivo de almacenamiento (batería) para acumular la energía producida.

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Aparte de las numerosas ventajas que comparte con las demás fuentes de energía renovables, la explotación de energía del viento presenta una serie de características propias: – Es modulable y puede adaptarse perfectamente al capital disponible y a las necesidades en energía. De suerte que no hay inversiones superfluas.

– Los gastos de funcionamiento son bastante limitados habida cuenta del alto nivel de confiabilidad y la relativa sencillez de las tecnologías que intervienen.

– El precio de costo de una eólica posiblemente va a disminuir en los años venideros, como resultado de los ahorros en su fabricación a escala.

– Técnicamente a punto, las eólicas resultan rentables en las regiones de fuertes corrientes de aire.

– El periodo de alta productividad se sitúa con frecuencia en invierno, cuando los vientos son fuertes en correspondencia con el periodo del año en que la demanda en energía es también más fuerte.

Sin embargo hay también inconvenientes.

– Aunque en clara disminución, el costo de instalación sigue siendo alto, y fuera del alcance de los países en vías de desarrollo.

– La instalación debe ser precisa y rigurosa puesto que implica la colocación y el ensamblaje de una torre de diez a treinta metros de alto.

– La exposición a un viento regular (fuerza y dirección) es muy importante. Cualquier irregularidad o falta de viento durante varios días puede plantear problemas. De manera que hay que prever una gran capacidad de almacenamiento (buena cantidad de baterías).

– La utilización de abundante material para su construcción (metal, cemento, etc.) es costosa, incluso ecológicamente.

Los efectos de los parques eólicos sobre el medioambiente local deben considerarse con mucha atención a la hora de planificar. En general, los impactos pueden superarse por soluciones técnicas y estéticas que no afecten la viabilidad de los proyectos. A una escala regional de estudios que pongan en relación las potencialidades del viento con los valores ambientales, que permitan identificar las regiones privilegiadas para la implantación de parques eólicos y aquellas en las que desarrollarlos sería perjudicial al medioambiente. En este sentido hay soluciones válidas, pero limitadas en relación con la demanda mundial de energía.

• El hidrógeno La pila de hidrógeno se presenta como uno de los mejores medios de reemplazo para el petróleo en los transportes. El hidrógeno es, pues, el elemento más abundante del universo.

Ciertamente el dihidrógeno (H2) hay que producirlo, al contrario del petróleo que necesita simplemente ser extraído del subsuelo. El gas hidrógeno entra en la fabricación de una pila que se utiliza como fuente de energía eléctrica.

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Composición y funcionamiento de la pila de hidrógeno La pila de hidrogeno es una pila de combustible que utiliza el dihidrógeno y el dioxígeno con producción simultánea de corriente eléctrica, agua y calor, con arreglo a una reacción química de funcionamiento de la pila que, en estado natural, da una explosión y puede por tanto ser controlada y utilizada para producir energía explotable. Cada célula electroquímica elemental proporciona unos 1.20 voltios de tensión. La intensidad depende de la cantidad de materia (de dihidrógeno y de dioxígeno) que se introduce. Pero esas células electroquímicas no bastan para alimentar un motor de auto. Por ende, se les asocia en serie o en paralelo con miras a elevar la potencia aportada. Planchas bipolares permiten ensamblar las células elementales que tienen por función distribuir los gases (H2 y O2), recuperar el agua, enfriar el corazón de la pila (la membrana) y colectar la corriente eléctrica. El aislamiento de las células electroquímicas elementales se denomina comúnmente «Módulo» o «stack» 2 H2 (gas) + O2 (gas) 2 H2O (liq) + calor + electricidad (Fuente: http//fr.wikipedia.com)

Mientras que las pilas clásicas transforman directamente la energía química en energía eléctrica con funcionamiento discontinuo, la pila de combustible transforma la energía química en energía eléctrica, pero de manera continua y con combustibles más baratos.

Las primeras pilas de combustibles se desarrollaron para alimentar las cápsulas espaciales Gimini, cuyo vuelo si personal a bordo tuvo lugar el 8 de abril de 1964, y el primer vuelo con personal, el 23 de marzo de 1965. Desde entonces, la industria aeronáutica y la industria espacial siguen siendo las principales usuarias de ese tipo de generadores.

La pila de hidrógeno o pila de combustibles presenta numerosas ventajas. En primer lugar, incluso produce a partir de combustibles fósiles, es una energía más limpia que el petróleo y, por tanto, permite luchar contra la contaminación. Solo expulsa agua así que no hay contaminación. El dihidrógeno posee también un poder energético mucho más alto que el petróleo (120 MJ/ Kg para el dihidrógeno contra 45 MJ/ Kg para el petróleo).

En cambio, hay también inconvenientes. El dihidrógeno no es todavía un combustible perfecto. Siempre tiene problemas que no se han resuelto. Actualmente se produce en un 95% a partir de combustibles fósiles, por tanto, no renovables. Además, el dihidrógeno se almacena mucho más difícilmente que el petróleo, pues hace falta o bien comprimirlo bajo alta presión, lo que implica utilizar tanques voluminosos y pesados, o bien licuarlo a baja temperatura, lo que implica problemas de aislamiento térmico. Además, algunas de esas propiedades físicas –inflamabilidades en el aire, por ejemplo– complican el almacenamiento.

Si las pilas de combustibles aún no son competitivas en el plano económico, es sobre todo porque los precios del conjunto EME (Electrodo-Membrana-Electrodo) tienen sobre las otras tecnologías la ventaja de tener mejores rendimientos energéticos (generalmente más del 50%, contra alrededor del 30% para los motores térmicos), causar menores desechos contaminantes y limitar considerablemente las molestias sonoras.

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La pila de hidrogeno es una tecnología a punto. Las pilas ya existen y las investigaciones actuales se proponen, sobre todo, mejorar sus características. Además, la pila de hidrógeno solo emite agua, de modo que permite, mediante un empleo masivo, resolver los problemas vinculados a los gases de efecto invernadero. Sin embargo, habría que desarrollar medios propios de producción de dihidrógeno y establecer una infraestructura de distribución, ciertamente costosa pero necesaria. La pila de hidrógeno podría entonces permitir al automóvil independizarse del petróleo. Se ha cruzado el cabo científico, queda su aplicación con sus componentes económicos y políticos.

La electricidad así producida puede utilizarse para alimentar un vehículo. Gracias a una asociación entre Total y BMW se ha creado un grupo de investigadores para concebir un vehículo híbrido que funcione con gasolina y con hidrógeno. El vehículo diseñado posee una autonomía de 200 km y más allá de esa velocidad la gasolina toma automáticamente el relevo. Determinados países están bien adelantados en este aspecto. Alemania disponía ya en 2007 de estaciones de servicio en Munich (para 20 vehículos), en Hamburgo y en Berlín. En la capital alemana ese propio año el parque debió pasar de 16 vehículos a varios centenares, gracias a una asociación público-privada.204 Para un constructor como BMW, la solución ecológica vendrá de formulas mixtas que asocien economías de energía, agrocombustibles de la segunda y hasta de la tercera generación, motores híbridos, hidrógeno y electricidad. Selon le National Research Council de l’Académie des Sciences des Etats-Unis, les producteurs d’automobiles pourraient mettre en circulation deux millions de voitures roulant à l’hydrogène d’ici 2020. (The New York Times, 29.11.08) El hidrógeno constituye una pista de futuro, pero será necesario que transcurran probablemente varias decenas de años antes de ver su que su aplicación se generalize.

• La energía de desechos Los desechos de origen agrícola, tanto de procedencia doméstica como de industrial, pueden servir como materia prima en la producción de corriente eléctrica y de gas metano, que después de ser tratado puede tener diversas utilizaciones. Recordemos en primer lugar que la incineración de desechos domésticos solo permite recuperar una parte de la energía que se utilizó para producirla, lo que pone de manifiesto que sería más sensato a fin de evitar un desperdicio energético limitar su producción. Los desechos pueden reagruparse en dos categorías: – Los desechos industriales: residuos de hidrocarburos, alquitranes, solventes usados y otros desperdicios que la industria produce. Se pueden transformar en centros especiales de incineración en calor o en electricidad.

– Los desechos agrícolas y agroindustriales: principalmente, la paja de los cereales más cultivados en el mundo (arroz, maíz, trigo). Se pueden obtener de dos a seis toneladas de paja por hectárea. En cuanto a los desechos agroindustriales, proceden sobre todo de los centrales azucareros y de las plantas procesadoras de aceite.

– Los desechos sufren una descomposición por calor (pirolisis) que produce gases combustibles. Hace falta de cinco a siete toneladas de desechos para producir el equivalente 204

Le Soir, 04.06.08. De l’hydrogène en attendant les voitures.

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de una tonelada de fuel. La energía del horno de incineración se capta para calentar el agua, para producir vapor y generar electricidad o explotarse en cogeneración (calor y electricidad).

Los desechos se transforman en energía con arreglo a dos posibles vías: – La incineración: los desechos se queman al producir calor, electricidad o ambos (cogeneración).

– La metanización (fermentación anaeróbica): los desechos de origen biológicos se transforman en metano y gas carbónico (biogás).

La metanización de la materia orgánica La metanización es una digestión anaeróbica, o fermentación metánica, que transforma la materia orgánica compleja en compost, metano y gas carbónico, por un ecosistema microbiano complejo que funciona en ausencia de oxígeno. La metanización permite eliminar la contaminación orgánica al consumir poca energía, al producir pocos desperdicios y generar una energía renovable: el biogás. El metano, como representa del 55 al 85% del volumen del biogás producido, puede ser utilizado como fuente de energía, de suerte que 1 m3 de metano (8,750 kcal) es el equivalente de un litro de fuel-oil.

El gas metano (biogás) se puede utilizar una vez tratado como gas natural. Proporciona combustible industrial para producir electricidad y calor, y carburante automóvil o inyectado en el gas de la ciudad. La incineración de los desechos presenta grandes inconvenientes para el medioambiente: contaminación atmosférica (polvos, gases ácidos, dioxina, metales pesados, etc.), efecto invernadero. Los residuos de depuración de los humos son desechos tóxicos. Ese procedimiento, como bioprocedimiento, puede sin embargo ser puesto en funcionamiento en un digestor para depurar las emisiones cargadas de materia orgánica cuando produce energía en forma de metano.

Otros estudios se orientan hacia una explotación y una utilización del gas metano de las hulleras, comúnmente llamado grisú. En Francia se han llevado a cabo prospecciones en las cuencas de la Lorena y de la Valonia (sobre todo en las minas de Charleroi y de Borinage) consideradas como la cuna de la minería.205 Estas últimas tienen potencialidades reales aunque, por supuesto, limitadas.

• La geotermia La geotermia, del griego geo (tierra) y termia (calor), es la ciencia que estudia los fenómenos térmicos internos del globo terráqueo y la técnica cuyo objetivo es explotarlos. Por extensión, la geotermia designa también la energía geotérmica salida de a la energía de 205 En Le soir, 24.09.06.

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la tierra convertible en calor206. El calor de la tierra proviene de la desintegración de elementos radioactivos presentes en las rocas y el núcleo terrestre, que generan un flujo de calor hacia la superficie. Cuanto mayor es la profundidad, más elevado es el calor, que va aumentando un promedio de 3°C cada 100m. Pero ese gradiente geotérmico puede ser más elevado en determinadas configuraciones geológicas particulares. En las zonas sísmicas o volcánicas el «gradiente térmico» puede llegar a ser diez veces más importante e, incluso, alcanzar los 100°C en ciertos lugares.

Los tres tipos de geotermia – La geotermia poco profunda o de baja temperatura corresponde a temperaturas en un rango entre 30°C y 100°C. Las fuentes se sitúan en profundidades comprendidas entre 1.000 y 2.500 m en formaciones rocosas y permeables llenas de agua situadas principalmente en cuencas sedimentarias de muy gran dimensión. La inversión en geotermia es, aproximadamente, de 400 a 600 euros el kW instalado, pero el costo de funcionamiento es muy débil, de 0,05 a 0,1 centavos de euro por kWh térmico.

– La geotermia profunda, a alta o «media» temperatura, corresponde a fuentes de aguas calientes bajo presión, de manera que la temperatura está comprendida entre 90°C y 180°C. Pueden situarse entre algunos centenares de metros y varios kilómetros de profundidad. En la actualidad es posible ejecutar instalaciones que permitan producir cantidades de electricidad que van de algunos kW a algunos MW, los cuales corresponden a una inversión de un rango entre 1.000 y 4.000 euros por kW instalado y a una duración de vida de 30 a 50 años. Las encontramos en las cuencas sedimentarias, zonas privilegiadas de la geotermia de baja energía, pero a profundidades superiores, que van de 2.000 a 4.000 m, en multitud de zonas muy localizadas. Con frecuencia se trata de agua caliente que remonta las profundidades por los chorros de las fallas.

– La geotermia muy profunda a muy elevada temperatura, o «energía alta», explota yacimientos de vapor seco o húmedo (mezcla de agua + vapor) situados entre 1.500 y 3.000 m de profundidad en las zonas volcánicas o de las fronteras de placas, donde la geotermia es particularmente intensa, y donde la temperatura oscila entre unos 200 y unos 350°C. El costo del kWh producido varía, según el método que se utilice, entre 4,5 y 7 centavos de euro.

Los tres tipos de geotermia extraen el calor contenido en el suelo. Esta energía ya se explotaba desde hace millones de años en las redes de calefacción y de agua caliente en China, en la Roma antigua y en la cuenca mediterránea. El aumento del precio de la energía y las necesidades de emitir menos gas de efecto invernadero la hacen actualmente más atrayente. En varios países ya se está utilizando, como en Nicaragua a partir del volcán Motomombo, o en Isla Reunión.

Las ventajas de esta fuente de energía son que es gratuita, renovable y que explotarla no cuesta caro. Las instalaciones que utilizan la geotermia no contaminan la atmósfera.

La cogeneración, o sea, la producción de electricidad al propio tiempo que el calor, puede aumentar más todavía su interés. Sin embargo, es una energía difícil de transportar y 206

Fuente www.futura-sciences.com

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debe utilizarse in situ. Las instalaciones para bombear el agua caliente en tales casos son igualmente importantes.

El uso principal de este tipo de energía es la calefacción de viviendas o edificios. Pero la geotermia puede también servir para la calefacción de invernaderos, de instalaciones de piscicultura,1207 o de espacios para cría de animales en general, para el secado de productos agrícolas, para proteger de las heladas los viales (serpentines de agua caliente bajo el asfalto), para la climatización o para la refrigeración.

La energía geotermal tiene un impacto débil sobre el medioambiente. Emite poco CO2.

Exige también que se tomen en cuenta los gases contenidos en el agua, pero que pueden desorberse: metano, hidrógeno sulfurado, CO2, etc. Dado que contiene sales y metales pesados, hay que cuidar de no derramar el agua geotermal en la naturaleza. Esos riesgos no son considerables si se reinyecta el agua en el subsuelo. En suma, esta solución, que resulta interesante técnicamente, aún tiene limitaciones para su aplicación.

Los agrocombustibles fruto de la fotosíntesis Por supuesto, los agrocombustibles también entran en las perspectivas de solución para el futuro, pero en una medida mucho menor que la que se previó en un principio. Su desarrollo desenfrenado empieza a provocar un rechazo creciente y su posible interés se ve cada vez más impugnado.

El obstáculo es, en primer lugar, el balance energético de su producción, es decir, la diferencia entre la cantidad de energía necesaria utilizable en un ciclo completo de producción y la cantidad de energía restituida por los agrocombustibles cuando se utilizan como combustibles. Al tema se han dedicado varios estudios y se han obtenido distintos resultados.

Esta diferencia es tributaria del tipo de agrocombustibles estudiado (etanol, EMHV, etc.), del origen de la planta (trigo, maíz), del método de producción (lugar de transformación, si está próximo o no al campo), del lugar donde se produzca (Europa, Brasil, Indonesia).

Según un estudio publicado en Science en agosto de 2007 y llevado a cabo por Renton Righelato, del World Land Trust, y Domonick Spracklen, de la Universidad de Leeds, a los efectos de los GEI sería incluso más ventajoso proteger y restaurar los bosques y praderas que utilizar la misma superficie para producir agrocombustibles. Además, con ayuda de una simulación para un periodo de 30 años, se estimó que reemplazar los bosques por plantaciones destinadas a aprovisionar los automóviles en flexfuel liberaría hasta nueve veces más CO2 en igual periodo. También, de Paul Cruntzen, premio Nobel de Química en 1995, del Instituto alemán Max-Planck, han sido difundidas advertencias sobre los agrocombustibles. De ese estudio, suscrito por un equipo internacional de investigadores y publicado en la revista Atmospheric Chemistry and Physics Discussion, en septiembre de 2007, se colige que la producción de un litro de agrocombustible puede contribuir hasta dos veces más al efecto invernadero que la combustión de la misma cantidad de combusti207

Desde 1992, en Gironda, la geotermia proporciona calefacción para una piscicultura de esturiones que se propone producir, dentro de poco, caviar.

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ble fósil. El equipo de investigadores se enfocó en particular en las emisiones de protóxido de nitrógeno (N2O), gas con efecto invernadero emitido por la agricultura intensiva y 296 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2). Una parte de los fertilizantes nitrogenados que se utilizan para elevar los rendimientos están degradados en N2O. Otra advertencia procede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Formaba parte de las inquietudes en septiembre de 2007, en ocasión de celebrarse la mesa redonda sobre el desarrollo sostenible. La OCDE estima que entre las tecnologías actuales, en comparación con la gasolina y el diesel, solo los agrocombustibles producidos a partir de la caña de azúcar, la celulosa, las grasas animales y el aceite de cocina usado pueden reducir sensiblemente el efecto invernadero. Las demás técnicas de producción pueden en teoría alcanzar una reducción del 40% de las emisiones de GEI, pero cuando se toma en consideración la acidificación de los suelos, la utilización de los fertilizantes, la pérdida de la biodiversidad y la toxicidad de los pesticidas, las incidencias globales del etanol y el agrodiesel sobre el medioambiente exceden con rapidez las de la gasolina y el diesel, sin hablar de los efectos sociales a los que nos hemos referido largamente. De todo ello podemos sacar la conclusión que las alternativas a la energía fósil no permitirán de ninguna manera reemplazarla a corto y a mediano plazo. Seguirán siendo, por lo tanto, preponderantes en los años venideros, con al menos un 80%. O sea, que seguirán ejerciendo sus efectos climáticos negativos, incluso si nuevas tecnologías logran atenuarlos. Su desaparición progresiva no puede ser paliada a mediano plazo por el conjunto de energías alternativas, a pesar de los progresos visibles. Incluso existen razones para inquietarse. El despliegue de los agrocombustibles según el modelo previsto solo hace agravar los problemas ecológicos y sociales y es imperativo preverles un término. Solo queda una solución válida a largo plazo. Cambiar el modo de consumo de la energía, lo que parece ser contradictorio con la lógica económica contemporánea. De ahí, la necesidad de plantear el problema de un nuevo modelo de desarrollo de cara a lo que pudiéramos llamar una verdadera crisis de civilización.

2. Una lógica postcapitalista de la economía y un nuevo modo de desarrollo Como no solo se trata de echar a andar procesos que resuelvan a corto plazo el problema de la energía, hace falta operar una transición que permita a la vez transformar el modo de desarrollo basado en una explotación que no tiene en cuenta los recursos energéticos y a la vez hallar y desarrollar nuevos recursos y tecnologías. Lo uno no irá sin lo otro y sería ilusorio creer que los adelantos científicos y técnicos podrán en el marco de la lógica del capital resolver el problema. Ello necesariamente conducirá, a pasos grandes o pequeños, a orientarse hacia una lógica postcapitalista. Hacerlo de modo racional, en vez de esperar a que una crisis global nos obligue, parece la vía más razonable. De ahí la necesidad de un marco general para inscribir en él la solución de los problemas energéticos.

Ese proyecto se articula en torno a cuatro ejes, indivisibles e interdependientes entre sí, que guardan correspondencia con los elementos fundamentales de la existencia humana.

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Se trata de la utilización duradera de los recursos naturales, de la prioridad del valor de uso por encima del valor de cambio, de la generalización de la democracia y de la interculturalidad.

2.1 La utilización duradera de los recursos naturales En muy poco tiempo hemos asistido a una verdadera explosión de una conciencia colectiva que ya sabe que la utilización indiscriminada de los recursos de la naturaleza pondría en peligro la continuidad de la propia vida física y biológica. La humanidad no solo se ve frente al agotamiento de ciertas riquezas naturales, sino que tiene también que encarar la destrucción de elementos esenciales para su vida, como son los suelos, el agua, el aire, la atmósfera, el clima. Las sociedades desarrolladas industrialmente consumen de tres a cuatro veces las posibilidades teóricas de renovación ecológica del planeta.

El restablecimiento de un equilibrio en la utilización de los recursos naturales se ha vuelto, entonces, un problema de supervivencia. Por demás, los recursos no renovables, en especial en la esfera de la energía, no pueden entregarse a la lógica única de la acumulación del capital y deben poder ser administrados de manera colectiva para contribuir de forma racional al bien común de la humanidad.

Lo anterior significa una nueva filosofía de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Se trata de pasar de la noción de explotación a la de simbiosis. Es, pues, lo contrario de la idea del progreso sin fin, que hace inagotable la naturaleza según la herencia del Siglo de las Luces. Eso significa el reencuentro de determinados valores destacados por el pensamiento de las sociedades precapitalistas, sobre todo, la unidad fundamental entre la humanidad y el mundo natural y la solidaridad como base de la construcción social. Las referencias deben producirse, por supuesto, tomando en cuenta el progreso real de un pensamiento analítico que reemplace las causalidades y los mecanismos de funcionamiento de la naturaleza y de las sociedades en la esfera física o social y superando así un pensamiento mítico, que identifique el símbolo con la realidad. Semejante perspectiva significa también un distanciamiento con respecto al socialismo del siglo xx, fuertemente influenciado por el pensamiento cientificista y por una visión lineal del progreso.

El final del siglo xx estuvo marcado por una crítica a la modernidad, que se tradujo en las ciencias sociales por influencia de las nuevas orientaciones de las ciencias naturales. Tal fue el caso, en particular, de la introducción de los conceptos de complejidad y de incertidumbre, con Prigogine, de la manifestación del papel del azar y de lo aleatorio, tanto en las ciencias físicas como biológicas, aunque también en las ciencias sociales, con Edgar Morin. Este último desarrolló una postura crítica al evadir el postmodernismo radical que niega la existencia de sistemas y estructuras, destaca en primer lugar la historia inmediata construida por los individuos y privilegia los «pequeños relatos» a los «grandes relatos», es decir, las teorías explicativas. Morin reconoce la realidad de lo aleatorio y de lo incierto en ciencias sociales cuando afirma la existencia de un paradigma fundamental que encontramos lo mismo en el mundo físico, biológico o antropológico, o sea, el paso constante del desorden a la autoreorganización, o la continuidad de la vida.

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Además, según Edgar Morin, lo que actualmente está en jueg es la propia posibilidad de reorganización. La actividad humana produce efectos irreversibles que tienen consecuencias catastróficas sobre el contexto natural y sobre los propios grupos humanos. El sociólogo y filósofo francés llega incluso a conclusiones muy pesimistas, pues estima que probablemente ya es demasiado tarde. Sin embargo, no es necesario llegar a tal extremo para tomar conciencia de la necesidad de una reacción radical. Es evidente la existencia de un problema ético: la necesidad de garantizar los procesos de reorganización en las diferentes esferas. Se trata de la propia vida, como lo ha demostrado Enrique Dussel en su obra: La ética de la Liberación.208 Esto lo ha entendido también un determinado grupo de actores sociales, cuando fundaron, a través de México, en 2004, la red de intelectuales y artistas En Defensa de la Humanidad. El tema de la energía está directamente ligada a esos problemas. En la medida que su producción y su utilización contribuyan a la agresión contra la reproducción de la vida, no podrá evadir la cuestión fundamental de la relación con la naturaleza.

2.2 Priorizar el valor de uso por encima del valor de cambio Esos conceptos fueron elaborados por Marx y han pasado al lenguaje común. El valor de uso es aquel que poseen los productos o los servicios para poder ser utilizados por los seres humanos, y el valor de cambio es el que adquieren esos elementos cuando entran en el mercado. Además, la característica del capitalismo es privilegiar el valor de cambio como motor del desarrollo económico. Es lógico, porque solo el valor de cambio permite hacer ganancia y, como consecuencia, generar un proceso de acumulación.

De ello resulta una naturalización del mercado, que deja de ser considerado una relación social. La prioridad del mercado se convierte en un dogma al que todo lo demás se le somete de manera automática. Este último impone su lógica al conjunto de relaciones humanas colectivas y a todos los sectores de la actividad. Su ley se aplica incluso a sectores como la salud, la educación, el deporte y la cultura. Tal lógica excluye otros parámetros ajenos al intercambio económico, en particular, de tipo cualitativo, como la calidad de vida o las llamadas externalidades, es decir, todo lo que precede o prosigue a la relación mercantil y que permite contabilizar un conjunto de costos. Dar prioridad al valor de uso significa privilegiar al ser humano sobre el capital. Esa prioridad comporta una serie de consecuencias. A renglón seguido citaremos algunas de ellas.

Con un predominio del valor de uso se alargaría la duración de la vida útil de los productos, lo que, según Wim Dierckxsens, economista holandés que labora en Costa Rica, supone numerosas ventajas. En efecto, para acelerar la rotación del capital y contribuir a su acumulación, se ha reducido la vida de los productos. Su prolongación permitiría utilizar menos materias primas y menos energía, producir menos desechos y, por ende, proteger mejor el medioambiente natural. Permitiría también disminuir la influencia del capital financiero.

Idéntica lógica posibilitaría aceptar precios diferenciales, según las regiones del mundo, para los mismos productos, industriales o agrícolas. Actualmente, la ley de mercado exige 208

Enrique Dussel, L’éthique de la Libération, L’Harmattan, París, 2004.

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un alineamiento mundial a los precios más bajos, y en especial en la agricultura. En este campo esto equivale a una alineación a los precios de las regiones que han adoptado una modalidad productivista de tipo capitalista (con frecuencia subsidiada y que practica el dumping). En cambio, los argumentos vinculados al valor de uso pueden justificar precios diferenciales que contradicen el dogma del mercado. ¿Por qué tiene que tener el arroz el mismo precio en los Estados Unidos y en Sri Lanka, si en ese último país el arroz forma parte de la historia y la cultura y si su producción es una exigencia para la soberanía alimentaria. Tales consideraciones no compaginan con la lógica del mercado, sino más bien entran en la del valor de uso.

Así se podrá relocalizar las producciones y evitar los innumerables costos de transporte que son perjudiciales para el medioambiente y provocan en muchos puntos del planeta congestión en las vías de comunicación y hasta paralizaciones en carreteras y autopistas.

Valorizar el valor de uso permitirá asimismo favorecer la agricultura campesina que en sí misma genera cantidades significativas de empleo. En el sector de servicios la educación se redefinirá prioritariamente en función de las personas y no del mercado, y la producción de medicamentos deberá realizarse tomando en consideración las enfermedades existentes en todo el mundo y no en dependencia de la rentabilidad de su venta.

Priorizar el valor de uso significa, entonces, centrarse en la vida humana. Será imposible desconocer y no ocuparse de que el 20 o el 30% de la población mundial viva en la indigencia, porque constituyen «multitudes inútiles» que no contribuyen a producir un valor agregado ni tienen poder adquisitivo. Ayudará también a no vulnerabilizar al resto de las poblaciones sin privilegios, porque son las necesidades humanas las que se vuelven el motor de la economía, lo que inevitablemente significa también el establecimiento de mecanismos de redistribución de la riqueza y la generalización de la seguridad de existencia.

La energía, por su parte, se torna un valor de uso destinado, según el primer principio que es el de respetar la naturaleza, a satisfacer las necesidades reales de los seres humanos y no a servir a la acumulación del capital.

Semejante perspectiva exige, como es natural, una nueva filosofía de la economía. Ya no se le puede definir solo como una actividad que produce valor añadido, hay que considerar que su función, como se ha dicho, es producir la base material necesaria para la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos en el conjunto del universo. Finalmente, ello culmina en una ética de la vida, es decir, la exigencia de garantizar la base vital para todos.

2.3 Generalización de la democracia Generalizar la democracia involucra al conjunto de las relaciones humanas. Como es evidente, el primer campo de aplicación es el político. La democracia representativa es claramente deficitaria y ha alcanzado en el presente un punto de no credibilidad en no pocas partes del mundo. Ese fenómeno se manifiesta en especial con el alto grado de abstenciones, allí donde el voto no es obligatorio. De manera que resulta indispensable completar la representación por otros mecanismos que hoy día se denominan participativos. Incluso si por la abusiva utilización este último concepto se torna inconsistente y ambiguo, aunque el

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contenido sigua siendo fundamental. Se trata de extender el espacio de la responsabilidad del ciudadano.

Existen numerosas fórmulas posibles, desde la bien conocida del presupuesto participativo, como la que se inició en Porto Alegre, hasta el control regular de los elegidos por sus electores, a través del proceso de rendición de cuentas o, incluso, de referendos. Ello supone también la supresión de los cabildeos, la eliminación del predominio del dinero para poder ser candidato a puestos públicos y, por supuesto, la transparencia de los procesos de integración de las listas electorales y mecanismos de funcionamiento de los partidos.

Pero no solo debe poderse generalizar la democracia en el campo político. Se trata de todos los lugares donde se construyen las relaciones sociales, desde las de género, que deben basarse en la igualdad, hasta el funcionamiento mismo de los movimientos sociales y, finalmente, las relaciones de producción. Nada es más antidemocrático que la relación de producción capitalista, lo que se manifiesta desde la empresa hasta los organismos financieros internacionales. En todas partes domina la misma lógica, la de la prevalecía del valor de cambio y, por ende, del poder de decisión casi exclusivo del capital. Un procedimiento democrático ya no podrá vincular la decisión económica a la propiedad privada del medio de producción. Por supuesto que hay múltiples maneras de contemplar el proceso democrático económico que no están necesariamente ligadas a la nacionalización de todos los sectores. Las formas cooperativas, las asociaciones de productores, la propiedad de comunidades locales, son otras tantas formas diferentes de garantizar un funcionamiento democrático. De ahí, la importancia de redefinir el estado y sus funciones. Una vez más la energía está en el centro del problema, pues su control colectivo a los diversos niveles de poder es la única garantía de su utilización racional.

Es por eso que se necesita un nuevo enfoque filosófico. La democracia se caracteriza por la dialéctica entre la creatividad y la organización. Excluye o relativiza fuertemente el vanguardismo. Considera el conjunto de derechos humanos como una posibilidad de participación, sin ignorar que el primero de ellos es el derecho a la vida. Esa filosofía recrea asimismo la centralidad del sujeto individual y colectivo. En cuanto a la dimensión ética de ese tercer eje, concierne al respeto de la democracia en el seno de cada uno de los sistemas de relaciones sociales, ya sea de partidos políticos, de empresas, de movimientos sociales y de todas las instituciones culturales, sin olvidar las relaciones de género.

2.4 La multiculturalidad El cuarto eje se refiere a la multiculturalidad y a la interculturalidad, la participación de todas las culturas, los saberes, las filosofías, las religiones en la construcción del «nuevo mundo posible». Se trata, entonces, de la postura opuesta a la hegemonía cultural de Occidente, que no es solo en el plano económico, con la imposición del modelo capitalista, sino también en el plano de los valores. Por supuesto, la interculturalidad únicamente puede concebirse con la integración de los otros tres ejes arriba descritos, ya que su unidad es indispensable. No sería cuestión de aceptar una filosofía que vehicule los principios fascistas o una religión que predique la inferioridad de las mujeres. La manera de representarse la

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La agroenergía

energía en las numerosas tradiciones y el desarrollo ético que las acompaña, constituyen un enorme patrimonio para replantear el tema de su papel en el desarrollo humano.209 En esencia atañe al aspecto de la naturaleza, a la moderación en el consumo y a la ética de la solidaridad.

En el marco de esos cuatro grandes principios, se trata, pues, del respeto a las cosmovisiones o a las maneras de interpretar la realidad, permitiendo a todas las riquezas culturales de la humanidad contribuir al bien común, sin que se reduzcan a un aislamiento constitutivo de ghettos. Semejante posición exige, evidentemente, una filosofía de la interculturalidad como dinámica cultural, es decir, una concepción abierta de la cultura y de sus posibilidades de transformación. Ello supone también una concepción laica del Estado como garantía de la participación intercultural. En fin, la ética en este campo se traducirá en el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración en numerosas iniciativas sociales y culturales.

Construir el modelo postcapitalista que algunos llaman el socialismo del siglo xxi, es una iniciativa que goza de las experiencias del pasado y también de las nuevas sensibilidades vehiculadas por los movimientos sociales de la nueva generación y que hacen hincapié en los valores y en los aspectos cualitativos de la vida, al igual que en la democracia como medio y no solo como fin. Al propio tiempo, se trata de una construcción en la continuidad, porque hubo un pensamiento y prácticas acumuladas que son ricos en enseñanzas. Es en esta perspectiva que el proyecto puede suscitar esperanzas y entusiasmos, mucho más allá de los cálculos mezquinos de la acción partidaria. Vale la pena, por supuesto, proseguir una lucha que culmine en la construcción de alternativas y desarrollar el pensamiento crítico necesario en tal sentido. La solución para la doble crisis de la energía y del clima se encuentra en una visión global de cambio de civilización y no solo en un conjunto de soluciones técnicas. Únicamente a ese precio la humanidad podrá adentrarse en una vía que permita su supervivencia. Combinar ese cambio radical de sociedad, con las medidas inmediatas que permitan ahorrar la energía y utilizar nuevas fuentes que respeten la naturaleza y las relaciones sociales, constituye la base de la política a seguir.

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Eso es lo que hemos tratado de mostrar en un estudio realizado por la Unesco. (François Houtart y Geneviève Lemercinier, Culture et Energie, l’Harmatan, París, 1982).

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Segunda parte Palma aceitera en Colombia Capítulo 1 Palma aceitera: Una estrategia de control social y de territorios

A

Héctor-León Moncayo

propósito del cultivo de la palma aceitera, que se ha publicitado tanto en el país, como si fuera el gran proyecto de exportación y de desarrollo económico, se ha discutido bastante especialmente en relación con la guerra. Ustedes mismos, seguramente lo han tratado en extenso en este Seminario.

Lo que voy hacer, entonces, es presentar una hipótesis para la investigación. No es una hipótesis muy aceptada y yo diría que es aventurada, pero la voy a dejar para las reflexiones.

En general se tiene la idea de que todo este proyecto del cultivo de la palma africana es un proyecto económico fundamental, rentable para el capital nacional e internacional y entonces parece generalmente aceptado que toda la guerra, todo el despliegue de violencia y terror que hemos padecido en Colombia (y en otros países) ha sido un mecanismo para avanzar en el cultivo de palma. Es decir, en el orden de la argumentación, el objetivo sería la palma, como negocio, y el medio la guerra, la violencia y el terror. Bueno, yo discrepo de esa hipótesis generalmente aceptada, tengo algunas dudas, por eso voy argumentar otra hipótesis que sería un poco al contrario, y de una vez la enuncio,

Palma aceitera en Colombia

en forma un tanto exagerada para mayor claridad: para mí, la palma africana es un medio para desarrollar una política de guerra, de violencia y de terror.

Expliquémosla siguiendo algunos pasos:

La estrategia exportadora para los países periféricos Es claro que en estos países sí se viene planteando la exportación de bienes primarios como opción de desarrollo –aquí utilizo la palabra desarrollo en el sentido convencional, aunque todos sabemos que puede ser criticable, es más, que estamos en desacuerdo, pero, para no distraer la atención, aceptémosla provisionalmente tal como la usan los capitalistas y los tecnócratas a su servicio. Se parte de un nuevo orden mundial, de una nueva división internacional del trabajo en la cual estos países de la periferia, (que anteriormente –recuerden los años 60 y 70– intentaron modelos de industrialización) hoy en día tendrían que asumir nuevamente el papel de exportadores de materias primas, de productos semielaborados y de recursos naturales, mientras que en los otros países de acuerdo a unas ventajas que llaman comparativas estarían exportando productos de alta tecnología. Eso para nosotros es criticable, pero para los defensores del modelo es un proyecto válido. De lo que se trata para ellos es de encontrar cuáles son los productos con los cuales nos podemos insertar en el mercado mundial. Es una actitud pasiva frente a la evolución del mercado mundial capitalista.

Pues bien, frente a ésta que es efectivamente la estrategia de quienes dirigen la mayoría de estos países, es necesario, de todas maneras, hacer unas precisiones. Hay que distinguir entre la retórica y la realidad. Hay muchas cosas que se dicen y se presentan como gran alternativa, pero no pasan de ser parte de la publicidad a favor de este orden mundial.

Por ejemplo, aquí nos hemos reído mucho del ministro de agricultura cuando pondera las bondades y las posibilidades de nuestros productos exóticos. Habla de la uchuva, del chontaduro, incluso del maracuyá, que ya está dejando de ser exótico, y nos quiere convencer de que vamos a conquistar el mundo, los mercados de los países del norte, vendiendo uchuvas, chontaduro, maracuyá, etc.

Bueno, entonces hay cosas que son parte de la retórica y cosas que corresponden a la dinámica previsible del capitalismo. Por lo tanto, conviene separar lo que son los argumentos del lado de acá, de nuestras elites criollas, y el argumento del lado de allá, del lado de las multinacionales y el capital internacional. Y del lado de allá parece estar claro que su interés fundamental son los recursos naturales. Cuando decimos recursos naturales es una gama muy amplia que va, por supuesto, desde materias primas, agrícolas o minerales, y combustibles hasta el agua, la biodiversidad, etc. Es decir, un abanico muy amplio donde los intereses del capital internacional están enfocados en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el caso de la biodiversidad probablemente no se trata de que sea un negocio rentable en lo inmediato, pero a largo plazo sí lo es. Es por eso que en términos de geopolítica, la noción de control territorial, control militar y político, no es algo que se pueda explicar por razones inmediatas sino por razones estratégicas, a largo plazo; es decir, si las multinacionales, y las potencias que las defienden, están tratando

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Palma aceitera: Una estrategia de control social y de territorios

de controlar territorios es fundamentalmente para impedir que su competidor llegue a esos mismos territorios antes que ellas, así los recursos no sean explotables inmediatamente. La visión es de mediano y de largo plazo. En el caso de la biodiversidad, por ejemplo, ya hay biopiratería y otras formas de apropiación y control. Se está trabajando lentamente en esos recursos, valiosísimos desde el punto de vista estratégico, y ahí no cabe el análisis de la rentabilidad, sino el proyecto futuro.

En síntesis, desde el lado del capital internacional hay cosas que parecen estar claras y cuando uno mira el sentido de las inversiones de las multinacionales, tanto las de Norte América como las de Europa, se encuentra de manera nítida el despliegue de todo este proyecto estratégico. Claro está que allá también pude haber propaganda, también desde los Estados Unidos o desde la Unión Europea se habla de las maravillas que se pueden lograr a través de la inversión extranjera en estos países, pero donde más claramente se ve la retórica es en nuestras élites. La razón está en que hay resistencia de parte de nuestros pueblos a la imposición de este modelo, a esta inserción perversa en el mercado mundial, de ahí que el esfuerzo publicitario desde nuestras oligarquías criollas sea mucho mayor.

Nos abren unos enormes abanicos de posibilidades; sostienen que podemos competir en el mundo con recursos naturales. Inclusive con cálculos estratégicos que van a la inversa del sentido común. Por ejemplo, cualquiera diría: si tenemos petróleo deberíamos desarrollar una política de explotación y de exportación contenida o lenta; sin embargo, desde la oligarquía se dice lo contrario: vamos a explorar y a explotar, a producir y a exportar rápidamente todo lo que tenemos, porque el precio está bueno. Seguramente porque según sus argumentos el día de mañana el petróleo va a ser remplazado por otros combustibles, y nos podríamos quedar con el petróleo bajo la tierra, sin haber hecho el gran negocio. Eso, por supuesto, no es lo que piensan en los Estados Unidos donde sí existe una política contenida de explotación y utilización de petróleo.

Pero bueno, se dice que tenemos recursos naturales, energéticos o minerales y además tenemos materias primas o productos agrícolas. ¿Y en este caso cuál es la política? Comencemos por hacer una diferenciación. Tenemos en primer lugar productos agrícolas de exportación, tradicionales, como el café, el banano, el azúcar, el tabaco, el cacao, y otros más. Y, en segundo lugar, productos agrícolas, no tradicionales, de exportación, que algunos llaman “Pante” en la literatura que celebra las “nuevas posibilidades” de los países periféricos. Son los nuevos, con los cuales se ha incursionado en el mercado internacional, algunos exóticos (para el hemisferio norte) y otros no tanto, por ejemplo flores y frutas.

Esta es, repito, una de las estrategias que se plantean para nuestros países. El caso de Chile es bien conocido, ahí no es por lo exótico, porque son las mismas frutas que se producen en el hemisferio norte; lo que ocurre es que el ciclo productivo es opuesto: mientras en el norte están en invierno, acá abajo están en verano y a la inversa, por lo tanto se justifica el abastecimiento de frutas así sean las mismas.

Hay otros productos que también que empiezan a tomar fuerza como las flores, algunas verduras, espárragos, algunos productos animales o de la pesca. Sin embargo, estos Pante pueden ser no una bendición sino una maldición. Recuerdo un estudio, antiguo pero muy interesante, que muestra una particularidad realmente perversa: Estos productos,

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Palma aceitera en Colombia

que al igual que los otros están sometidos a unos ciclos de precios muy acentuados en los mercados mundiales, presentan así mismo una tendencia de largo plazo de reducción en el precio. Es por eso que ahí se han empleado fórmulas de cadenas productivas, distintas a la formula vertical en que la empresa multinacional es dueña de la finca y de toda la plantación. En dichas cadenas, son los campesinos quienes cultivan este tipo de productos y se los venden al único comprador que es empresa nacional o internacional; eso permite establecer un colchón de seguridad para esta última, de modo que cuando lo precios son malos o la rentabilidad es baja entonces el problema lo asumen los campesinos (en el caso extremo les dejan de comprar). Eso, al parecer, está sucediendo en Asia, África y América Latina.

En esta feria de ilusiones debo mencionar, finalmente, otra alternativa: la maquila.

Como se sabe, se trata de importar el producto semiterminado para que aquí se termine, o se envase, con destino al mercado del norte. La multinacional se aprovecha de la mano de obra barata, de la ausencia de normas laborales, fiscales, medioambientales, etc. para producir barato y entonces llevarlo a Estados Unidos (ocasionalmente a Europa). Es el caso que se da en México, en Centro América, en los países de las Antillas y se supone que a todos nuestros países les llegaría alguna propuesta de maquila. Sin embargo, aquí cuenta la proximidad geográfica. En México comenzó, como todos, por las confecciones, ahora productos electrónicos, fabricación de motores para la Ford. Esta es otra de las ilusiones que nos venden. Nosotros, algún día, sí vamos a tener industria de alta tecnología pero gracias a la maquila. Pero, en el caso de Colombia, ¿es una opción realista? ¿Es verdaderamente rentable para las multinacionales? Yo por ejemplo digo que nosotros estaríamos doblemente equivocados porque la maquila de por sí es una opción empobrecedora, de sobre explotación, de destrucción del medio ambiente, etc. pero ni siquiera maquila va a haber, porque si se trata de ofrecerle garantía a la inversión extranjera eso ya lo han hecho otros. En centro América, en los países del Caribe (además de México). La verdad es que cuando las condiciones son las mismas, el precio del transporte se vuelve lo más importante y las regiones mencionadas están más cerca de los Estados Unidos. (Como si fuera poco en China fabrican de todas maneras más barato). Pienso, por lo tanto, que se trata otra vez de publicidad.

En conclusión, se habla de todas estas opciones, pero no forzosamente todas estas opciones van a ser empleadas, entonces no hay una coincidencia entre las dinámicas que traen las multinacionales y las ilusiones que nos venden las oligarquías criollas. Esto es lo que quería dejar sentado en el primer punto.

Las posibilidades de la Palma aceitera ¿Cómo ubicamos la palma en este contexto? Claro, correspondería a los productos agrícolas de exportación no tradicionales. Pero, ¿tiene posibilidades reales de ser un producto exitoso de exportación? Tengo mis dudas. Examinémoslo con algún detalle, aunque no voy a presentar cuadros completos de estadísticas. Es posible verlos en la página web de Fedepalma. Cuento con que, seguramente, ustedes ya han discutido sobre el asunto.

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Palma aceitera: Una estrategia de control social y de territorios

La palma aceitera se ha explotado durante muchos años, durante casi todo el siglo 20.

No obstante, el mercado mundial del aceite de la palma toma fuerza más bien desde los años 50; desde los años 70 y sobre todo en los 80, empieza una producción importante directamente destinada a la exportación. En países como Indonesia y Malasia, especialmente, aunque en Nigeria, por supuesto, ya era tradicional su explotación.

Bueno, el aceite de palma es apenas uno de los 17 aceites vegetales que son utilizados en el mundo. Su mercado, por lo tanto, está muy relacionado con el mercado de los otros, hoy principalmente de soya y de colza. En esas circunstancias, una característica que se ha observado en los últimos tiempos, es que el aceite de palma, desde el año 50 y casi hasta nuestros días, muestra una tendencia descendente en el precio, lo que indica que hay una dinámica de producción que va mucho más rápida que la dinámica del consumo. Pero no tanto respecto del consumo total global de aceites, sino por las sustituciones que se hacen entre unos y otros en el mercado mundial. Seguramente ustedes ya han hablado de esto largamente pero permítanme repetir estas acotaciones elementales: el aceite de palma es utilizable como aceite comestible de uso humano, pero en calidad no compite con los otros aceites como soya o girasol, ni con los nuevos que han venido apareciendo, y ni siquiera con el de maíz. Sólo podría competir en precios, dados sus bajos costos sobre todo por forma como se explota. Sin embargo, aunque puede ser un buen aceite barato para comer no es muy apreciado, incluso hay quienes sostienen que es perjudicial para la salud. En cambio, una de sus mayores utilizaciones es como materia prima para la producción de lubricantes o de jabones; esa es efectivamente una demanda bien importante. Se puede utilizar también un producto elaborado de la palma, el aceite o la torta de palmiste, en la fabricación de concentrado para animales, pero casi siempre está destinado al consumo interno de cada uno de los países productores y casi no se mueve en el mercado mundial.

En síntesis, lo que quisiera resaltar es lo siguiente: primero, que hay una tendencia de sobre oferta; segundo, que el precio tiende a bajar en el aceite de palma, y tercero, que el problema del mercado mundial es la sustitución entre los aceites. Esto nos sirve como telón de fondo para aclarar lo que ha sucedido en los últimos tiempos, que se presenta como el gran argumento a favor de las grandes oportunidades de la palma en el mercado. Efectivamente, al observar las cifras parece como si se estuviera quebrando la tendencia. ¿Qué ha ocurrido? En primer lugar dejemos en claro que lo sucedido en la última década, pero no solo con el aceite sino con todas las materias primas, es el resultado del crecimiento desmesurado de China y de la India y junto a ellos otros países que ya se denominan potencias emergentes como Sudáfrica y Brasil. Quiere decir, entonces, que se trasformó el mercado mundial; se crearon o desarrollaron unos grandes compradores de materias primas: metales, energía y también aceites. Eso mejoró lo que se llama los términos de intercambio para los países América Latina. Es por esto que, del 2002 para acá, los países de América Latina vienen creciendo, todos, a tasas muy importantes, incluida Colombia (no es un milagro del Mesías que tenemos en la presidencia).

A todos les ha ido bien, lógicamente debido a esta situación nueva del mercado mundial pero la verdad es que siguen vendiendo lo mismo: materias primas, recursos naturales etc.

Naturalmente, esto también ha impactado el mercado del aceite. Como ustedes saben, uno de los más importantes es el de soya, cuya producción es hoy en día transgénica, a veces

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Palma aceitera en Colombia

subsidiada como en Estados Unidos y Brasil que es, por cierto, un gran competidor en el mercado mundial. Pues bien, debido a la situación descrita empiezan a subir los precios de los aceites estimulando la producción y abriéndole campo a los de menor calidad. Así, se da el caso de que en el 2005 la producción mundial de aceite de soya resultó, por primera vez, inferior a la de aceite de palma. Esto representa un efecto favorable para el comercio del aceite de palma, pero no deja de ser un resultado hasta cierto punto coyuntural. Sin embargo, para Colombia no ha significado un impacto favorable extraordinario.

En efecto, en Colombia, la producción de 700 mil toneladas no tiene nada que hacer frente a los 35 millones de toneladas que se produce en el mundo. Ni la producción ni la exportación de Colombia es significativa. Es más, ni siquiera sería significativa en el mediano plazo. Según los propósitos de Fedepalma, hacia el 2020 estaríamos produciendo 3 millones y medio de toneladas de aceite de palma, es decir el 10% de la producción mundial, si aceptamos que nadie más aumenta la producción. Entonces, no es gran cosa la participación de Colombia; no determina ni el precio ni las dinámicas del mercado; tiene que aceptar las condiciones. Pero además, en los últimos años es necesario tener en cuenta la reevaluación. Aunque el precio internacional mundial subió y aparentemente era bueno exportar, aquí bajó en pesos, en consecuencia lo que se hizo en el último año (2006) fue vender en el mercado local. Comienza a presentarse el fenómeno de sustitución, aplicado en el terreno doméstico en forma perversa. Lo que a Colombia le sucedió fue más bien el resultado de la apertura de los 90. Como se sabe, al igual que los cereales, se arruinaron también las oleaginosas (la soya prácticamente se acabó) y en consecuencia se empezaron a disparar las importaciones de aceites. En esa medida, el aceite de palma empieza a sustituir en el mercado doméstico lo que nos faltaba de los otros aceites, es decir, estamos remplazando aceite que podría ser más o menos bueno por aceite malo. Entonces, el éxito de que se ha hablado, o mejor, las “grandes oportunidades” –ya que disminuyó levemente la producción a pesar del aumento en las hectáreas cultivadas– se refieren al mercado local y no al mercado mundial. ¡Qué paradoja! Y si se insiste en el éxito futuro será porque nos va ayudar a compensar nuestros déficits y no tanto porque nos vamos a volver el gran exportador mundial.

En síntesis, lo que quería plantear en este segundo punto es que, teniendo en cuenta la naturaleza del mercado mundial de los aceites, no me parece que el cultivo de palma pueda llegar a formar parte de una estrategia exportadora colombiana, ni siquiera desde el punto de vista de los defensores de este modelo neoliberal. Sería un caso más de propaganda.

El milagro de los agrocombustibles Llegamos entonces al tema que se está discutiendo aquí y que podría revertir mi razonamiento: los famosos biocombustibles o mejor, agrocombustibles. Se trata de otra dinámica mundial que se ha venido publicitando mucho, es decir la posibilidad de sustitución de los derivados del petróleo por agro combustible. Como se sabe, hay dos opciones, el biodiesel y el etanol, que estarían ya en competencia. Una primera aclaración: la mayoría de los analistas está de acuerdo en que como máximo se llegará a desplazar el 10% de gasolina que se está usando actualmente en el mundo, utilizando uno o ambos expedientes. Pero ade-

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Palma aceitera: Una estrategia de control social y de territorios

más, es solo para el transporte y no para todos los derivados sin que signifique un ahorro de energía. Inclusive muchos dicen que se va a necesitar más energía, o casi tanta energía para refinar esos productos y convertirlos en combustibles como la que se va a ahorrar. En suma, lo que quieren resolver es el problema de los automóviles.

Nuevamente entran en juego China e India. Si la dinámica de estos países continúa como viene y ellos quieren adoptar el modelo de civilización de los Estados Unidos (y lo han dicho) no hay combustible en el mundo que alcance para sus ciudades y esa cantidad de automóviles. Claro, desde el punto de vista de los negociantes, a quienes la ecología no les conmueve, se diría: ¡he ahí el gran negocio! Supongamos, por lo tanto, que se va a avanzar en el reemplazo de la gasolina. Pero, entonces, el mercado mundial se va a mover según las posibilidades de sustitución entre etanol y biodiesel. Y por ahora el segundo no parece muy bien ubicado. La crisis del año pasado y principios de éste, tuvo su origen más bien en el etanol.– En la medida en que el etanol se puede sacar de varios productos agrícolas, entre ellos la caña de azúcar y el maíz, las decisiones tienen que ver con las condiciones del mercado para estos cultivos. Al respecto, conviene anotar que Estados Unidos, donde se subsidia la agricultura, juega y especula con excedentes, lo cual explica la opción, en ese momento, por el maíz. La crisis desencadenada enseguida por el alza del precio del maíz –y padecida sobre todo en México que se volvió importador– se debió a su destinación para la producción de etanol. Es por eso que en el mundo se ha estado hablando de una crisis alimentaria asociada con el negocio de los agrocombustibles.

En consecuencia, si en este mercado supuestamente creciente de agrocombustibles el aceite de palma tiene una oportunidad, solo la tendría dentro de una feroz competencia, dadas las posibilidades de sustitución con el etanol. Todavía no se han visto los resultados y se mantiene la discusión. Para algunos, de aquí al 2020, va a haber una gran demanda de aceite de palma transformable en biodiesel, pero para otros, el etanol ofrece mejores condiciones y menores costos. De hecho, también en Colombia, donde se ha promocionado tanto la palma, lo que se ha visto es un despegue del etanol a partir de la caña de azúcar. Y no propiamente por la excelencia del negocio sino como una solución para la posible crisis de los potentados del azúcar, comenzando por Ardila Lule. Como se sabe, la rentabilidad del etanol depende enteramente de la coerción (ley que obliga a la sustitución de la gasolina) y de los enormes subsidios y exenciones que se les otorgaron. En cambio, el montaje de las plantas refinadoras de aceite de palma para convertirlo en biodiesel marcha muy lentamente, aunque no faltan los subsidios y prebendas. Es evidente que se trata del proyecto predilecto y consentido de los paramilitares y de Uribe (¡prometió de 3 a 6 millones de hectáreas!) y que hemos llegado a 300.000 hectáreas cultivadas (en producción y en desarrollo) pero ni siquiera de su parte los argumentos son convincentes.

Bueno, como conclusión de este tercer punto yo diría que, a pesar de todo, no es tan claro que la palma sea el gran negocio. Con el auge de los agrocombustibles, si es que continúa y se llegan a utilizar todos los productos posibles, puede ser un buen negocio, pero no es el gran negocio y menos la gran estrategia exportadora. Sigue siendo, como otras ilusiones, parte de la propaganda del modelo.

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Palma aceitera en Colombia

La hipótesis propuesta La explicación de esta inocultable promoción de las virtudes del cultivo de palma, es decir, la esencia de mi hipótesis, consiste en que dicho cultivo es ante todo una alternativa de ocupación territorial y control de la población, enmarcada en una estrategia militar.

Recordemos un poco las particularidades del cultivo de palma. Hay dos grandes modalidades de explotación: la tradicional que es de recolección, es decir la que existía en África y que fue incorporada a estos países tropicales (aquí también se da), y la de plantación, es decir, la producción en gran escala, agroindustrial. Obviamente la alternativa escogida es la segunda. El monocultivo, tumbar el bosque nativo para sembrar palma deliberadamente, con todas la prácticas que se han criticado, abonos, pesticidas etc.

Al respecto, no cabe duda que existe por parte de este gobierno una política agresiva de plantación de palma, una política que pretende involucrar a todo el país y convertirse en un objetivo patriótico. Un detalle curioso: Ustedes se habrán dado cuenta del manejo que le ha venido dando Uribe al SENA, en el más puro estilo populista. Dice aumentar el número de egresados y el truco ha sido multiplicar y simplificar las “especialidades” de modo que los cursos pueden ser de 6 o 3 meses y hasta de un mes y pueden ser de bordado, de pintura en madera, de pirograbado, etc. –Hay uno superespecializado que se llama “arte country para decoración de cuartos de bebé” de un mes– Todos esos certificados equivalen a “graduados”, con eso le da más de 4 millones de egresados del SENA en el año. Pues bien, en el caso de la palma, a cambio de la antigua formación integral, tenemos tres cursos: siembras de palma, mantenimiento de palma y cosecha de palma.

Es decir 3 especialidades y 3 tipos de graduados. Vaya usted a creerles que van a contratar una gente para la siembra, otra gente para el mantenimiento y otra para la cosecha.

Da la idea de que van a crear miles y miles de puestos de trabajo. No creo, al contrario, lo que se dice es que este cultivo, por cierto de tardío rendimiento, no genera mucho empleo. Con todo esto lo que quiero indicar es que la promoción, la propaganda, no siempre es demostración de la solidez de una propuesta y sus posibilidades económicas. Pero sigamos adelante.

A propósito del empleo, es importante hacer otra precisión. Para el cultivo industrial de la palma hay dos posibilidades de subordinación al capital. La forma vertical y la forma horizontal. En la primera, el gran capital nacional o internacional compra las fincas (o se apoderan de las tierras) para montar las plantaciones. En la horizontal –como vimos típica de los PANTE– son los campesinos con fincas de 10 o 20 hectáreas quienes siembran y las empresas les compran el producto. Incluye formas asociativas campesinas.

Esta es la que mejor les conviene desde el punto de vista de los costos. Como en casi todos los productos de agro exportación no tradicional, en este caso quien corre con todas las desgracias de las oscilaciones del precio es el campesino, porque, al final, le van a decir: si quiere le doy cuatro (4) pesos la tonelada porque ya eso no vale nada.

Terminarán, como ha sucedido en Colombia con otros productos, y tal vez ustedes conocen muchas anécdotas, pagando para que se le lleven el producido porque ya está estorbando en la finca.

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Palma aceitera: Una estrategia de control social y de territorios

Estas particularidades de la forma horizontal explican muchas cosas. Cuando se desarrolla, como en Colombia, una campaña militar que implica control territorial, lo primero que se hace (la analogía con el trabajo agrícola no es tan gratuita) es “limpiar el terreno”: se trata de aterrorizar y expulsar a la población. Pero luego, para conservar el territorio, hay que buscar una alternativa. Sería absurdo desplazar y asentar miles y miles de efectivos militares durante todo el tiempo, para controlar el territorio. No sería sensato desde el punto de vista militar. Entonces, la estrategia que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales, es el repoblamiento del territorio, con gente que sea o fiel o que sea sometida por el terror, o que se vuelva dependiente económicamente. Esto último es lo que permite el cultivo de la palma. En el caso colombiano, después del desplazamiento forzado, hay dos posibilidades para repoblar territorio: con nuevas familias que son, por razón o por fuerza, fieles, o con gente que retorna, pero retorna en condiciones de subordinación al incorporarla a un cultivo de éstos, bajo la forma llamada horizontal.

Como hemos dicho, un primer problema para el campesino es que corre con los costos; un segundo problema es que la palma empieza a dar buen fruto a los tres (3) o cuatro (4) años, alcanzando su mejor producción entre los cinco (5) y los siete (7). ¿Quién va a garantizarles la sobrevivencia durante todo ese tiempo? Es decir que el campesino estará por mucho tiempo dependiendo del crédito, del Estado (o los poderes existentes en la localidad) o de la propia Empresa que les va a comprar. Es lo que se llamaba en el siglo XIX “esclavitud por deuda” que no desapareció nunca en el siglo XX y que, si seguimos como vamos, se va a reproducir en el siglo XXI. Entonces la gente que llega al territorio antes desocupado, se halla indefensa y subordinada, también por razones económicas, al control político-militar que exista.

Si miramos los antecedentes encontramos algo curioso: en Indonesia y en Malasia, grandes productores, también hubo conflicto armado, también hubo un terror, un desplazamiento.

Algo similar en Nigeria. También en Birmania que es un gobierno narcomilitar por eso a Colombia ahora le dicen la Birmania de Sur América. En realidad, más que curioso es significativo. Si pasamos a Colombia vemos que en la operación paramilitar, contrariamente a lo que piensan algunos, hay mucho de sistemático, de planificado. La estrategia paramilitar no fue defensiva. Si uno mira el “fenómeno” anecdóticamente podría pensar que sí fue defensivo, pero al examinar el proceso en su conjunto, sobre todo su despliegue geográfico y el hecho claro de su victoria no solo militar sino política, comprueba que se trató de una ofensiva. Se ha repetido hasta la saciedad que era para combatir guerrillas, pero nosotros sabemos que nunca fue así; fue para quebrar los movimientos sociales campesinos y cívicos y, finalmente, para aterrorizar a la población. El desplazamiento no fue un resultado “colateral” sino un propósito deliberado. Una campaña de copamiento y control territorial que, obviamente, significaba también desplazar a la guerrilla.

Es en este sentido como se ha sugerido que, desde el comienzo, estaba el objetivo de expandir el cultivo de la palma. No obstante, es fácil comprobar que muchos otros intereses –minería, agua, recursos naturales en general, otras plantaciones y hasta industrias– estaban detrás de esta “limpieza” de los territorios. Es cierto que la formación de nuevos enormes latifundios indica que se trataba de un nuevo despojo de las tierras de los campesinos parcelarios, las comunidades indígenas y negras. Pero: ¿Para la ganadería? El pobre

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Palma aceitera en Colombia

crecimiento del hato ganadero colombiano en los últimos 20 años parece contradecirlo. La tierra, por sí misma, es poder, se acostumbra decir en Colombia. Y es cierto. Pero algún destino habrá que darle. En ese orden de ideas pienso que fue en el curso de la campaña paramilitar de control territorial, y no desde el principio, cuando surgió la idea del cultivo de palma con el propósito de repoblamiento que se ha mencionado. Propósito que se fue reforzando en la medida en que iba culminando la acción bélica propiamente dicha y se pasaba a una etapa de consolidación de la victoria, acompañada de procesos de legitimación de la misma. En la medida en que se aclimataba la idea del posconflicto, de la paz, la reconciliación y el “retorno”.

Ignoro hasta qué punto los propios jefes paramilitares, –que por cierto tienen otras fuentes de riqueza– consideran sinceramente que la palma es también ese gran negocio que se viene diciendo. Lo cierto es que era indispensable presentarlo como tal. Y así se ha hecho. Es tal la publicidad que sobran las referencias. Pero además, tiene otras ventajas.

Una es la posibilidad de presentarla internacionalmente como un magnífico expediente de sustitución de los cultivos de uso ilícito. Ahí sí estoy seguro que no hay sinceridad. La otra ventaja es de alta política: para un gobierno personalista y autoritario siempre será fundamental contar con un colosal objetivo patriótico. Y en estos tiempos neoliberales, conforme al modelo de reinserción en el mercado mundial que se describió al principio, qué mejor que decir que se ha encontrado por fin, el gran producto exitoso, la llave del progreso. Para satisfacción, incluso, de los tecnócratas neoliberales criollos y del exterior. En ese punto deja de importar la validez de la argumentación económica, aunque sea un nuevo fracaso exportador, de todas maneras habrá cumplido su propósito político-militar.

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Capítulo 2 Política del gobierno Uribe para masificar la agroindustria palmera, y su continuidad en el gobierno Juan Manuel Santos Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Entre Uribe y Santos se evidencia un cambio de formas, mas no de políticas en lo que al desarrollo del sector palmero se refiere. De Uribe, obsesivo en proponer a los empresarios ampliar su producción mediante el soporte gubernamental a través de la política de incentivos, pasamos a un Santos mesurado que promueve de modo paulatino, metas anuales para el sector con resultados mayores a los de su antecesor, en lo que a extensión de los cultivos se refiere.

Control territorial, control PARA el mercado mundial. (Gobierno Uribe) Colombia continúa viviendo un conflicto social, político y armado, en medio del acuerdo de agenda firmado entre la guerrilla de las Farc y el gobierno para buscar el fin de la confrontación armada y de la disposición del ELN de participar de una mesa de negociaciones. La estrategia paramilitar del Estado en los últimos 22 años es responsable de cerca del 80% de las violaciones del derecho a la vida y a la libertad personal. A las guerrillas se les atribuye entre el 17 y 20% de responsabilidad en la comisión de daños irreparables a la vida e integridad personal210.

210

Con respaldos regionales y toleranas en los gobiernos vecinos.

Palma aceitera en Colombia

Entre el 2000 y 2008, la política pública económica del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, denominada eufemísticamente de “Seguridad Democrática” y “Estado Comunitario”. Bajo el presupuesto de que “una agricultura débil equivale a un terrorismo fuerte”211, en el fondo tal afirmación redefine el sentido estratégico territorial de la agricultura, concebida como agroindustria y copamiento militar.

Así el eslogan de la seguridad “democrática” durante 8 años pretendió, bajo la militarización de territorios estratégicos en el marco del mercado global, redefinir su uso y su significación conforme a los intereses inversionistas. La militarización lograría la “confianza inversionista” y posibilitaría una reconversión del sentido de los territorios rurales. Se trataba de brindar garantías para los “derechos” empresariales en agronegocios legales e ilegales, obras de infraestructura y operaciones extractivas de los recursos naturales.

Esta idea de seguridad se cimentó en la negación de la existencia de un conflicto social y armado. Despojado el análisis de la realidad de una mirada causal se desvinculó la ausencia de la reforma agraria de su relación con el origen de la violencia socio política.

A través de una inversión ideológica de la realidad, la existencia de las guerrillas en Colombia se concibe como el fruto criminal de operaciones externas de vieja data, como el comunismo internacional. Despojado el actor contradictor político militar de motivaciones que pretenden transformar situaciones estructurales de exclusión, de imposición en lo político, en lo económico por un modelo de acumulación capitalista, la salida fue la militarización integral. El fracaso de negociación con las Farc y con el ELN atribuido siempre a estos, en medio de las trampas del diseño del Plan Colombia.

La integralidad significó operar no solo sobre los alzados en armas, sino a quienes se les concibió como su oxígeno o su base. Se cualificaron los medios y mecanismos de control y de represión. La operación represiva con la operación psicológica propagandística y publicitaria que desliga las relaciones causales de los problemas.

La sociedad, la población fue concebida como blanco de esas lógicas militares represivasseductoras, como actor pasivo víctima o como sujeto activo. La persona, las colectividades se constituyeron en responsables de la seguridad, los civiles se debían al Estado y el Estado utilizaba un disfraz civil. Sus actividades debían estar encaminadas a autoprotegerse de las amenazas terroristas. Las comunidades fueron sujetos de deber para garantizar el derecho del mercado, de los inversionistas.

Así el espacio territorial era concebido más allá de un escenario para la guerra militar, en un escenario de resignificación de su sentido material, biótico, espiritual. Se trató entonces de una militarización de la conciencia, de la sensibilidad y de la voluntad civil. Un cuerpo colectivo que protege al Estado-Nación de las amenazas. Y sean amenazantes los habitantes cuyas concepciones disientan o que habiten corporal – socialmente y de un modo distinto los territorios. Tales disfunciones se requiere un “Estado comunitario”.

211

Uribe, A. (marzo de 2005). Discurso: Segunda Tertulia del crecimiento económico en Bogotá.

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Política del gobierno Uribe para masificar la agroindustria palmera, y su continuidad en el gobierno Juan Manuel Santos

Durante estos 8 años la militarización se desarrolló bajo tres ejes: 1. Militarización Territorial – El aumento del pie de fuerza pasó de cerca de 150 mil efectivos a 400 mil, la presencia policial en la totalidad de los 1200 municipios de Colombia. Ampliación de operaciones de inteligencia –bajo medios legales e ilegales– a sectores disidentes o independientes en la rama judicial, en el legislativo, en las empresas de medios, a organismos no gubernamentales de derechos humanos, organizaciones sociales, realización de actuaciones de saboteo y control. Operaciones tácticas aéreas y terrestres ofensivas y de control de comunicación sobre las guerrillas, y el rompimiento de redes de apoyo.

– La renovación con firmas de Convenios militares, asesorías técnicas, formación en escuelas europeas, estadounidenses e israelís de militares y policías; la implementación de 7 espacios para los Estados Unidos. Mantenimiento del apoyo técnico operativo a través del Plan Colombia I y Plan Colombia II –Consolidación–.

2. Vinculación de civiles en estructuras de control militar, incluyendo servicios de seguridad.

– Planes operativos de control social con redes de informantes y de cooperantes, pagos con recompensas por información –falsa o no– sobre quienes son concebidos como terroristas.

– La presencia militar en los caseríos con la figura de “soldados de mi pueblo”, civiles que participan como militares dentro de sus comunidades. El control social territorial con planes asistencialistas y policivos como las familias “guardabosques”, civiles que bajo el pretexto de cuidar parques nacionales ejercen control sobre la movilidad poblacional.

– La desmovilización paramilitar de más de 30 mil mujeres y hombres, que bajo un proceso llamado “paz” institucionalizó la estrategia criminal encubierta del Estado. Se propusieron organizaciones disfrazadas de civilidad y de paz –pacificación– para el control social en los espacio rurales y urbanos donde esta estrategia se consolidó. Constitución de iniciativas productivas –agronegocios– y de seguridad en un modelo de reconciliación con las víctimas del despojo violento y reingeniería en los mecanismos de control para las empresas.

3. Control Social Territorial.

– Ampliación de los ámbitos de operación militar combinando lo represivo y lo social humanitario subordinado.

– Definición de áreas territoriales de control bajo el modelo de Zona de Rehabilitación.

Otorgamiento de facultades de policía judicial, facultades de excepción a los militares sobre las autoridades civiles y restricción a la movilidad de extranjeros, capturas y allanamientos sin orden judicial.

Las regiones de operación estratégica eran los corredores Meta, Guaviare y Guainía, el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato (Chocó), Catatumbo (Norte de Santander), Valle, Cauca, Tolima, Putumayo, Huila, Caquetá y la región del Sumapaz, además de Sucre y Bolívar.

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Palma aceitera en Colombia

En la presentación realizada por la entonces ministra de Defensa, Martha Lucía Ramirez, precisa que el eje de esta política es “precisamente lograr el completo control del territorio por parte del Estado para asegurar el pleno imperio de la ley, la gobernabilidad y por ende el fortalecimiento del Estado de Derecho”212 Los territorios priorizados por el Estado están ubicados en áreas extensas adjudicadas o en proceso de adjudicación a comunidades afrodescendientes e indígenas o en territorios ocupados por colonos que no han surtido los trámites de titulación en áreas periféricas del país ricas en biodiversidad.

Los (ocho) 8 años de aplicación de la política de Defensa y Seguridad Democrática plantearon como objetivos al 2012, la “recuperación” de los territorios por la vía militar, jurídica y social en función del desarrollo de agronegocios, obras de infraestructura y proyectos productivos.

La fórmula es simple: presencia militar, legalización de la ilegalidad en los territorios estratégicos generan “confianza inversionista” y “desarrollo”, asistencia para sus habitantes, es la fórmula técnica del modelo neoliberal.

En el documento de la “seguridad democrática” de los dos periodos del expresidente Uribe, se precisa que el “ciclo de recuperación y consolidación” consta de tres fases: a) “la recuperación del control estatal del territorio” por la combinación de inteligencia militar y de actuaciones de la fuerza pública b) “mantenimiento del control estatal del territorio” mediante la ocupación de los territorios por parte de la fuerza pública y mediante la judicialización por parte de los organismos judiciales de los “miembros de las organizaciones terroristas y a quienes cometan delitos de alto impacto social, según el tipo de manifestación delincuencial” y c) “consolidación del control estatal del territorio”, iniciando “proyectos productivos sostenibles de mediano y largo plazo... Los ministerios y demás entidades que participen en los proyectos de atención integral serán coordinados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, para que éstos proyectos sean ejecutados cuando exista el suficiente control territorial”213.

El primer Ministro de Agricultura de la administración Uribe, Carlos Gustavo Cano, en su informe de gestión, anotó que la política agraria está ligada directamente a la geopolítica de la Seguridad Democrática: “Es así como el Presidente Uribe ha afirmado que una agricultura débil, conduce a un terrorismo fuerte, ya que cada vez que se debilita la agricultura lícita, se fortalece la ilícita, y se fortalecen así, las fuentes de financiamiento del terrorismo… Luego, nuestra lucha contra el terrorismo, pasa por la defensa del trabajo rural…De esta suerte, la agricultura adquiere un valor estratégico geopolítico”214.

El ministro resaltó la siembra de la palma aceitera, como el principal agronegocio de tardío rendimiento: “Los cultivos de tardío rendimiento, especial fuerza le estamos dando, particu212 213 214

Presidencia de la República. (2003). Política de Defensa y Seguridad Democrática: Presentación de la Ministra de Defensa Nacional, Martha Lucía Ramírez. p. 9. Bogotá.

Ibíd, pp. 43-44 Presidencia de la República. (31 de enero de 2008). Presentación de informe de gestión, 21 de julio de 2004. Recuperado de http://www.presidencia.gov.co/ministrosII/minagricultura.htm

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Política del gobierno Uribe para masificar la agroindustria palmera, y su continuidad en el gobierno Juan Manuel Santos

larmente a la palma aceitera, donde Colombia ha alcanzado los más altos niveles de productividad en el mundo”215.

Posteriormente, Andrés Felipe Arias ministro de agricultura precandidato presidencial en 2010, expresó que la política agraria debería estar basada en: “la extinción de dominio, y en el fortalecimiento de la Seguridad Democrática a través del incremento de batallones de alta montaña, y de Brigadas Móviles. La idea es ir liberando el territorio e ir sustituyendo el que es liberado con actividad económica formal. Así el ‘manejo social’ del campo se consolida con el aliado natural de la ‘Seguridad Democrática’”216.

El valor estratégico que en la Seguridad Democrática se le atribuyó a la agricultura se asocia al agronegocio de la palma. En la “Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el Desarrollo Social” en la que se propone como objetivo fundamental el fortalecimiento de la Política de Seguridad Democrática. Este fortalecimiento se sustenta en la Doctrina de Acción Integral (DAI) con una intervención social del Estado en 53 municipios de Colombia, a través de Acción Social, las Fuerzas militares y los empresarios. Indicando “que se han logrado en el tema de proyectos sostenibles enmarcados en cinco líneas productivas principales: café, cacao, caucho, palma de aceite y proyectos forestales”217.

Para la estrategia de Fortalecimiento de la “Democracia y el Desarrollo Social”, objetivo Plan Colombia II, “La tarea de consolidación territorial es compleja por las características de la amenaza terrorista que padece Colombia. (…) En este sentido, el apoyo a la DAI es un aspecto prioritario en el objetivo de consolidar el control del territorio”218.

En la aplicación de la estrategia, los Centros de Coordinación de la Acción Integral (CCAI) se constituyeron en la instancia coordinadora de todas las entidades públicas en función de su objetivo. Los proyectos productivos y la inversión social pasan necesariamente por este filtro, integrado por el sector privado, fuerza pública y el ejecutivo, condicionando toda gestión productiva y social, a los agronegocios, como la palma aceitera, a la consolidación del control de territorios: “El CCAI seguirá trabajando para que cada una de las entidades del orden nacional, en coordinación con la FP, las gobernaciones y alcaldías, el sector privado, organizaciones sociales y la comunidad, influyan en los planes de acción y el presupuesto para atender la priorización de estos municipios. De esta forma, se tomarán decisiones de inversión social con criterio de seguridad, y se generará valor público a partir de la coordinación interagencial, especialmente entre los civiles y la FP”219.

Un episodio que da buena cuenta del desarrollo del agronegocio de palma aceitera con la estrategia militar es la entrevista sostenida en julio de 2005 entre el presidente Uribe y el 215 216 217 218 219

Ibíd.

Bedoya, G.(2004). Campesino sin campo. En Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.(Ed).

Reelección: El embrujo continúa, Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. (p. 262). Colombia.

Departamento Nacional de Planeación: Dirección de Justicia y Seguridad (febrero 2007). Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el Desarrollo Social 2007 - 2013, p. 11.

Ibíd, p. 57.

Ibíd, p. 74.

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ex primer ministro de Malasia Tun Mahatir Bin Mohamad. Habló de las ventajas que para el sector ofrecen las grandes extensiones de tierras disponibles en Colombia: “Al igual que ustedes nosotros teníamos problemas de terrorismo, teníamos guerrillas en las selvas que hacían muchos ataques y alteraban el orden público y la paz. Y en ese tipo de situaciones nosotros no podíamos atraer a los inversionistas (…) Tratamos de ganarnos el corazón y las mentes de los terroristas también, para poderles demostrar que ellos también tienen un interés en el país, que para ellos es mejor dejar su lucha y dejar sus armas, y organizarse, incorporarse y ganarse la vida de forma decente en Malasia (…) Empezamos en 1948, cuando estábamos bajo el régimen británico y solamente terminamos en 1990. Nos tomó 40 años esa lucha para que ellos dejaran las armas y se reinsertaran y dejaran los actos terroristas que estaban perpetrando”220.

En una lógica similar, pero en otro contexto, el presidente Uribe garantizaría la tenencia de la tierra a los campesinos siempre y cuando se controlen militarmente los territorios: “¿Qué se me hizo el Padre de Roux? Él me decía esta mañana que le llamara la atención a los campesinos para que no vendan la tierra. No la vendan. Le llegó el momento a la tierra nuevamente en Colombia. En la medida que derrotemos a los violentos, que los vamos a derrotar, a ellos no les queda más camino, y en la medida que podamos avanzar con estas políticas sociales le llegó el momento a la tierra. Le llegó el momento al campesinado para salir adelante. Hay que difundir en todas partes, Gobernador y Alcalde, que el campesino no venda la tierra. Que vamos es a ayudar a que salga adelante.”221 Esa pretensión se concretaría en la segunda fase del Plan Colombia, como lo expresa el mismo presidente: “los cultivos alternativos son una parte importante del Plan, especialmente en aquellas zonas donde la inversión privada no llega, con Caucho, palma africana y ayudar a las Familias Guardabosques y destacó que hay regiones en Colombia donde lo único que se debe hacer como cultivo alternativo es la protección de la selva o ayudar a su recuperación”222.

Los documentos oficiales y las intervenciones del entonces primer mandatario, abstraen del todo, el papel jugado por la estrategia paramilitar en el control social de los territorios, que contiene evidentes similitudes con las fases de la “Recuperación estatal de territorio” de la aludida “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, como lo dejaron ver todos los medios de información nacionales, cuando alertaron sobre la “Paramilitarización del país”, en septiembre de 2004.

Los medios recogieron los informes que durante años elaboraron organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos y sintetizaron el desarrollo del paramilitarismo, identificando cua220 221 222

Presidencia de la República (26 de marzo de 2008). Recuperado de http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/julio/21/08212005.htm Uribe, A. (22 de septiembre de 2002)”El presidente Álvaro Uribe Vélez entregó proyecto de palma de aceite en el Magdalena Medio”: Estas fueron las palabras del presidente en Sabana de Torres al entregar las mil hectáreas, Santander (SNE). Retomado de http://portal.fedepalma.org/noticias/244.htm Brigada Logística Ejército Nacional de Colombia. (16 de Marzo de 2008). Entrevista del presidente Uribe con las emisoras del ejército el 9 de febrero de 2007. Recuperado de http://www.ejercito.mil.co/ index.php?idcategoria=189129

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tro etapas: 1) El terror mediante masacres que marca el ingreso de paramilitares a determinados territorios, generando desplazamientos masivos; 2) Los asesinatos selectivos para eliminar los sobrevivientes que persisten en procesos de afirmación de derechos y penetración paulatina de circuitos políticos, económicos y sociales; 3) El trabajo comunitario aceptado por las personas que prefieren no abandonar sus tierras, que se incorporan a proyectos de inversión social y productivos como la palma aceitera; 4) la consolidación del dominio real del territorio mediante formas de legalización de las expropiaciones y negocios, recepción de recursos públicos a través de asociaciones tipo ONG.223 Los avances en el control de territorios, en las distintas fases del desarrollo del paramilitarismo y el paso oficial de recuperación estatal en función de agro negocios como la palma aceitera, se imbricaron de manera evidente, como se puede constar en casos específicos del asesinato, desaparición forzada, desplazamiento forzado, siembra de palma aceitera, créditos de la entidad pública Finagro, incentivos palmeros en el Curvaradó; también en la aprobación de generosas leyes que favorecen con créditos, exenciones e incentivos la producción de cultivos de tardío rendimiento, particularmente la palma, aprobados por un congreso de la república del que 30 de sus miembros están en la cárcel y 60 en total han sido investigados por la Corte Suprema de Justicia, sindicados de vínculos con paramilitares.

Los objetivos de la seguridad, en los ocho (8) años de gobierno Uribe, estuvieron signados por más de 6.500 detenciones ilegales y arbitrarias, más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales o crímenes a sangre fría por militares que hacen pasar a sus víctimas como guerrilleras, más de un millón y medio de desplazados internos, el reconocimiento de la existencia de más de 50 mil desaparecidos forzados. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas: “Durante los primeros cinco años de la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, se tiene que, por lo menos, 14.017 personas han perdido la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica entre julio de 2002 y junio de 2008. Esta cifra corresponde al período de aplicación de la política de “Seguridad Democrática” promovida por el actual Gobierno colombiano”. Entre julio de 2002 y junio de 2008, por lo menos, 24.802 personas perdieron la vida a causa de la violencia sociopolítica224.

La obsesión palmera de Uribe en Curvaradó y Jiguamandó Desde 1996 el Estado colombiano conoce denuncias de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó y de organizaciones de Derechos humanos en las que manifiestan que fueron víctimas de desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones, torturas, y de la ocupación de sus tierras en la siembra de palma aceitera, ganadería extensiva, por empresas implicadas con grupos paramilitares que están perfectamente identificadas.

Ese año marca del desarrollo de una estrategia militar de ocupación y de desalojo en los límites de Antioquia y Chocó, justo cuando Uribe Vélez es gobernador del departamento Antioquia, im223 224

El Tiempo (26 de Septiembre de 2004). (pp. 1-8 y 1-11).

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (s.f.). Control Territorial para el mercado mundial. En Mundubat, Luchas Campesinas: Propuestas, redes y alianzas. (pp. 201-220). Bilbao: Editorial Gakoa.

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plementando el programa institucional de grupos armados privados, conocidos como Convivir.

Así pretendió camuflar la estrategia paramilitar al lado del llamado “Pacificador de Urabá”, General Rito Alejo del Río Rojas, quien dirigió las operaciones militares “Septiembre Negro”, en Mutatá, Dabeiba, Curvaradó y Jiguamiandó y “Génesis” para el Cacarica, Salaquí y Truandó.

Al mismo tiempo Uribe promovió la carpeta del plan de desarrollo llamado “Antioquia la Mejor Esquina de América” en el que se entrecruzan proyectos de infraestructura, de operaciones extractivas de recursos naturales y de agroindustria y ganadería extensiva. Ese plan explicitó el sentido de los intereses estratégicos antioqueños hacia el mercado mundial del noroccidente de Colombia, con centro, sur y norte América, el este de Suramérica y el pacífico.

Así se planteó, en medio del desplazamiento de la población y de una crisis sistemática de violaciones de derechos humanos y una profunda crisis humanitaria, la construcción de la carretera panamericana, ahora llamada, Transversal de las Américas, para romper el llamado “Tapón del Darién” que separa a Colombia de Panamá; el gaseoducto de Ballenas en Venezuela, Costa Atlántica –Chocó con Centroamérica; el proyecto de Interconexión Eléctrica con América Central; la extracción mecanizada de recursos forestales; el canal Atrato– Truandó uniendo al pacífico y el Atlántico y agronegocios de banano, de palma de aceite, y la constitución del Puerto Marítimo de Urabá, de Zonas Francas y de un aeropuerto internacional, entre otros.

Seis años después, en el 2002, “La Mejor Esquina de América” tomó impulsos en los aspectos de planeación, de estudios de viabilidad y en particular del agronegocio de la palma aceitera para la producción de agrocombustibles. El caso regional Bajo Atrato, ilustra de buena manera la aplicación concreta de la política agraria concebida como estrategia de control militar. La relación entre economía, tierra, territorios y seguridad militar integra la militarización, violaciones de derechos humanos, vía judicialización, exacerbación de los medios para lograr sus fines.

En su momento el entonces presidente Álvaro Uribe renombró estos territorios colectivos con la genérica denominación “Urabá” ó “Sur de Urabá”. La forma de nombrar por si es excluyente y hace alusión a esa visión “paisa”, que pretende negar la existencia del Chocó, del bajo Atrato o la pretensión que ella está incluida en Antioquia. Es la superposición territorial verbalizada de la colonización. Negar la existencia de un territorio, el Bajo Atrato o suponer su existencia al hablar de lo que lo limita el “Sur de Urabá”. El recurso discursivo a través del cual se hace percibir la realidad de una manera, oculta la criminalidad estatal bajo la imagen del progreso.

Así, por ejemplo, nombrar equívocamente un espacio territorial, posibilitó ocultar la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad. Hablar del Urabá, del Sur de Urabá es obviar la criminalidad estatal en los territorios colectivos, que es conocida nacional e internacionalmente. Se aseguran discursivamente las inversiones, a pesar de la continuidad de la violencia sociopolítica.

También, el uso del discurso verde, enmascara la violencia y la impunidad, justificando la inversión empresarial. El crimen se viste de verde” en el agronegocio de los agrocombustibles que Uribe llama biocombustible o biodiesel. Tal discurso verde encubrió los daños ambientales en una región concebida como Zona de Reserva Forestal.

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El discurso institucional se asienta en la idea del progreso, del desarrollo, asegurado por la militarización, la confianza inversionista, por el “Estado comunitario”. Aquel estadio donde la comunidad se hace sujeto de deberes, de responsabilidad en la seguridad y la economía, donde se usa de ésta, donde se coloniza su mente, su voluntad para disponer de la existencia territorial para los agronegocios.

En 2004, Uribe, por ejemplo, motivó la siembra de palma en la región del Bajo Atrato, a pesar que una comisión dirigida por en Incoder, constató que el 93% de la palma estaba sembrada ilegalmente en territorios colectivos de los afrodescendientes de Curvaradó. Uribe desconoció lo que su gobierno sabía: que estas familias fueron desarraigadas violentamente desde 1996 y en una serie de fases de represión en 1997, en 1999 y en una operación de tierra arrasada en el 2000.

Posteriormente, en el “Consultorio Empresarial” convocado por la Cámara de Comercio de Medellín solicitó un informe sobre los avances de los cultivos en la región del Urabá: “El informe nuestro es que en el sur de Urabá están sembrando cinco mil hectáreas de palma aceitera. ¿Cuántas van ya? Van a ajustar 10 mil en dos años. ¿Cuántas han sembrado ya? 3.500. En regiones como Urabá, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, esto es de gran importancia. El año pasado se sembraron 22 mil en el país. Este año aspiramos que se siembren 30 mil y el 20 de julio vamos a ingresar una nueva exención tributaria al Congreso para que quede exento el biodiesel, que se puede producir a partir del aceite de palma, a fin de darle vía libre a que el país no tenga demoras en sembrar 600, 700 mil hectáreas de palma africana. El Gobierno encontró 170 mil”.225 En la inauguración, en octubre de ese año, de una hidroeléctrica en Frontino, Antioquia, motivó a los empresarios del banano a continuar con la expansión de la palma, sin nombrar al bajo Atrato, pero refiriéndose a él, pues no existe otro lugar en el nor occidente de Colombia en donde se desarrolló tal agroindustria, en su momento Uribe manifestó: “Por ejemplo, el sector privado, necesita en Urabá, para los cultivos de banano y para otros cultivos que empiezan a ser muy prósperos en la región como Palma africana, generalizar el riego por goteo. El Gobierno Nacional le va a prestar al sector privado bananero un dinero importante para su sistema de riego. Ese puede ser un gran socio”226.

Y ese mismo mes, a pesar del conocimiento del recrudecimiento de la estrategia paramilitar en el Jiguamiandó y del control absoluto de tipo paramilitar en Curvaradó aseveró claramente a empresarios de Medellín, que Urabá se empezaba a beneficiar con la política de promoción de palma aceitera de su gobierno.

225 226

Presidencia de la República (30 de Abril de 2004). Palabras del presidente Uribe durante el Consultorio Empresarial, Cámara de Comercio de Medellín. Recuperado de www.presidencia.gov.co/prensa_new/ sne/2004/abril/30/24302004.htm-60kPresidencia de la República (1 de noviembre de 2012). Álvaro Uribe Vélez, Inauguración de las hidroeléctricas la Vuelta y la Herradura, Frontino Antioquia Octubre 26 de 2004. Recuperado de http:// web.presidencia.gov.co/discursos/discursos2004/octubre/hidroelectricas.htm Obtenida 011012.

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Mientras Uribe Vélez expresaba esto, se realizaba una segunda comisión de verificación dirigida por el Incoder. Ella constataría la información ya recogida sobre la apropiación de esos territorios por parte de empresarios para el desarrollo del agronegocio, del uso de mecanismos fraudulentos y de la violencia ejercida con estos propósitos. Semanas después, la única exigencia del gobierno a las organizaciones humanitarias fue pedir copia de los videos grabados por las organizaciones de derechos humanos, en particular, el de la Comisión de Justicia y Paz, en donde se aprecian operaciones paramilitares y la labor de personas ligadas al gobierno de Uribe, en el servicio diplomático, como Ignacio de Guzmán, posteriormente jefe de campaña del candidato Vargas Lleras.

En ese momento, ya el Washington Post se había referido al tema en un extenso artículo.

La resistencia de la gente que iba regresando en las constituidas Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, y conocida la situación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una peregrinación internacional, iba desenredando la tramoya palmera.

A pesar de tanta evidencia, el primer mandatario al referirse al Bajo Atrato expresó: “Urabá se empieza a beneficiar de nuestra política de la promoción de la palma africana, que tiene un gran futuro para producir combustibles biológicos”.227 Un discurso verde, ambiental ocultaba la criminalidad.

En Mayo de 2006, el presidente de la República anunciaba con entusiasmo a los empresarios de Antioquia que la palma del “Sur de Urabá” ya estaba a punto de cosecha para la extracción de aceite y propuso su uso en el Atrato. Para esta fecha, ya se conocía el informe del Incoder que reconocía la siembra de palma en territorios colectivos (15 de marzo de 2005); la Directiva 008 del Procurador General de la Nación que pedía al gobierno resolver la problemática de tierras en el Curvaradó (21 de abril de 2005); la resolución 039 de la Defensoría del Pueblo que solicitaba que se detuvieran todas las actividades relacionadas con el agronegocio en el Curvaradó y Jiguamiandó (junio de 2005).

Simultáneamente, las estructuras paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas se desmovilizaron como parte de una reingeniería militar pero también con el propósito del desarrollo del Proyecto de Alternatividad Social (PASO). Entre otros, el del control social territorial a través de la cooptación de consejos comunitarios y organizaciones de base, la creación de otras para el desarrollo de agronegocios, asegurados con desmovilizados o la fuerza pública.

No obstante estas realidades, los informes institucionales y el proyecto PASO, el presidente instó a los empresarios al agronegocio de la palma: “Yo le voy a hacer una sugerencia para que la discutan en este simposio. El sur de Urabá está próximo a iniciar la producción de aceite de palma. Yo creo que ese podría ser el combustible para utilizarlo no en mezcla sino en un ciento por ciento en plantas de los municipios ribereños del Atrato”228.

227 228

Presidencia de la República. (26 de octubre de 2006). Álvaro Uribe, Encuentro “Colombia, democracia y paz” Medellín, Antioquia. Recuperado de http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/discursos/discursos2004/octubre/encuentro.htm Presidencia de la República. (24 de Julio de 2006). Álvaro Uribe Vélez, II Simposio internacional de energía y frontera en el sector rural. Medellín, Antioquia.

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Y finalmente agregó en una visión futurista: “Colombia puede pasar de 300 mil hectáreas de palma africana a 6 millones” En septiembre de 2006 en un consejo de seguridad en Carepa, Antioquia, en presencia de varios ministros de su despacho, empresarios y autoridades locales Uribe Vélez manifestó, como lo reseñó el Ministerio de Defensa: “Finalmente, en lo referente al tema de cultivos de palma africana que hay en el sur de la región, el Jefe de Estado expresó que allí se necesita una clarificación de títulos, la cual se espera adelantar en las próximas semanas, para después concretar un acuerdo de muy buena fe entre empresarios y las comunidades afrodescendientes, para llegar a una exploración racional de la palma africana en esa zona, que le ayude a todo el mundo a generar ingresos, aplicar tecnología, a generar empleo, eso necesita un gran proceso de concertación y los vamos a impulsar”229.

En 2007, el presidente Álvaro Uribe continuó asumiendo la problemática de los cultivos de palma con el genérico “sur de Urabá”. En coherencia con su discurso estratégico, engañoso, plantea que tienen la disposición de impulsar una solución a la problemática generada por “paramilitares y guerrillas”. Así Uribe distorsionó la realidad, volviendo a la tesis de dos demonios, transfiriendo la responsabilidad a “actores ilegales” ocultó la responsabilidad en la construcción del paramilitarismo y en el despojo violento para la siembra de palma.

Igualmente, Uribe no hizo alusión a que los palmeros de la región de Bajo Atrato, beneficiarios del paramilitarismo, a través de la violencia y de medios fraudulentos accedieron a créditos e incentivos de Finagro. También, olvidó decir, que el emporio empresarial contó con la protección permanente de paramilitares y militares de la Brigada 17 del ejército, y ahora de la brigada 15 y del la policía de Urabá.

Independientemente de la voluntad de las comunidades afectadas por el agronegocio, el presidente persiste en mantener la palma aceitera. Su anuncio de la concertación siempre ha estado subordinado a la permanencia de la palma aceitera sembrada en los territorios colectivos, luego del despojo, no está en discusión la ilegalidad ni la criminalidad, está en discusión cómo sostener el agronegocio. “Encontramos un problema grave con tierras de consejos comunitarios negros al sur de Urabá, lo estamos superando, allí hubo de todo, presiones de la Farc, robos de la Farc, presiones de los paramilitares, robo de los paramilitares.

Estamos devolviendo toda esa tierra a sus dueños, los consejos comunitarios negros y estamos impulsando unas alianzas estratégicas entre ellos e inversionistas para poder continuar el desarrollo de palma africana pero, sin el despojo al consejo comunitario”230.

Las Alianzas Estratégicas, ya implementadas ilegalmente por los empresarios de la palma de esta zona del país desde el 2001 con constitución de asociaciones campesinas, falsificación de documentos públicos, para intentar legalizar la ocupación violenta de esas tierras, fue dejada de lado por Uribe.

229 230

Ministerio de Defensa (s.f.). Recuperado de http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=4486 el 9 Jul 2008 18:28:30 GMT. Presidencia de la República. (22 de junio de 2008). Recuperado de http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/mayo/22/11222007.htm 08:39:32 GMT

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En diciembre de 2007, hablando, nuevamente a los empresarios en Medellín, les llamó fuertemente la atención por no aprovechar las ventajas de la política de zonas francas para la exención de impuestos e instó a hacer uso de este incentivo para la palma aceitera, obviando la conocida problemática: “Sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos de biodiesel”231.

La implementación de una política pública agraria para hacer fuerte el campo, en materia de palma aceitera y “biodiesel” se ha impuesto por encima de las constataciones de entidades del propio gobierno, y del Ministerio público, quienes establecen la ocupación violenta e ilegal de territorios colectivos por parte de empresarios de la palma.

Para Uribe condiciones como las de la tenencia legal y no violenta de las tierras, sin violaciones sistemáticas de derechos humanos, no son parte de su política.

Ni siquiera el Auto de la Corte Constitucional en mayo de 2010, que impidió la restitución de la propiedad a las comunidades negras, porque se iba a realizar en medio de una polémica legitimación y legalización de los intereses empresariales con un consejo comunitario creado a la medida de los victimarios ha válido para que cese su obsesión. Uribe manifestó públicamente en relación con el Auto, que las tierras debían entregarse antes del 7 de agosto fecha en que terminó su mandato. Así pretendió hacer a un lado de la orden constitucional que fijó unos plazos para la restitución de la tierra con la identificación precisa de los habitantes de Curvaradó y Jiguamiandó.

En esa misma intervención, el 21 de mayo en el marco de la afrocolombianidad Uribe manifestó: “me parece muy grave que vengan nuevos conquistadores, así se hagan llamar ONG, a disociar y a crear más problemas. La comunidad ha visto que el gobierno es su defensor frente a ese fraude, que se dejó cometer en el pasado con las tierras en Curvaradó y Jiguamiandó”.232 Su obsesión le impidió observar sus propias incoherencias, sus contradicciones, y constatar su propio cinismo. La obsesión por los agrocombustibles lo hacen preso del olvido estratégico, su memoria “inversionista”, es la de la impunidad y la de una criminalidad que pretende legalizar la ilegalidad, legitimar la ilegitimidad.

Uribe desconoció públicamente que durante los últimos 14 años, en parte de su gobernación y después en su presidencia, se desata un plan sistemático de exterminio de la población. La violencia estatal y su estrategia paraestatal, logro del despojo violento, la colonización empresarial, protegida por el paramilitarismo y la fuerza pública, con la finalidad de imponer una economía a gran escala, basada en agronegocios de palma, de banano, de ganadería extensiva, extracción minera, y de obras de infraestructura 231 232

Presidencia de la república. (12 de diciembre) Presidente Uribe pide a bananeros de Urabá aprovechar esquema de zonas francas. Recuperado de http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/diciembre/12/09122007.html RCN Noticias. (2010). Uribe tildó de nuevos conquistadores a algunas ONG. Retomado de: http://www. canalrcnmsn.com/node/19340 el 28 de octubre de 2013.

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eléctrica y vial con altísimos costos humanos, el exterminio de comunidades originarias, y con daños ambientales irreparables en la Zona de Reserva Forestal del Bajo Atrato.

Sus planes antes de dejar el gobierno eran lograr focalizar recursos o presupuesto de la nación hasta el 2017 brindando la seguridad inversionista para el capital nacional e internacional. Los próximos gobiernos serían simplemente administradores de la “seguridad democrática y del Estado Comunitario”.

Durante el periodo de Uribe, la Corte Constitucional se refirió a los casos de Curvaradó y Jiguamiandó. El 18 de mayo de 2008 un Auto de la Corte impidió la legitimación de la ilegalidad: “La Corte Constitucional, en consideración a los informes de la Procuraduría General de la Nación y de las diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como de las organizaciones de población afrocolombiana que han documentado las amenazas, persecuciones, seguimientos, tentativas de homicidio, irrespeto por los símbolos y manifestaciones culturales de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, y que muestran que las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no han sido acatadas en su integridad por el Estado colombiano, reiterará que tales medidas son vinculantes y deben ser acatadas. En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará al Gobierno Nacional que adopte sin dilaciones las medidas decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las Resoluciones del 6 de marzo de 2003, 7 de noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005 y 7 de febrero de 2006.”233 Uribe ocultó con sus expresiones mediáticas, la decisión de la Fiscalía, inicialmente una decisión inédita, llamada del capítulo de la paraeconomía, con la medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional de 25 empresarios y algunos paramilitares por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir, usurpación de tierra y delitos contra el medio ambiente cometidos en Curvaradó y Jiguamiandó234.

La Resolución evidenció la responsabilidad de los empresarios de la palma y de la ganadería extensiva, así como de funcionarios públicos que por su acción u omisión favorecieron la creación, realización y ejecución de los delitos investigados (aprobación de créditos, conceptos y licencias).

Pese a ello, pasados más de cinco (5) años desde que los representantes legales de los consejos Comunitarios de las cuencas del río Curvaradó y Jiguamiandó presentaran la denuncia penal, aún no existen decisiones de fondo, resoluciones de acusación o juzgamientos en contra de los responsables y no se investigan la totalidad de 142 crímenes de lesa humanidad, 233

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Corte Constitucional. (18 de mayo de 2010). Adopción de medidas cautelares de protección inmediata para la salvaguarda de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó víctimas del desplazamiento forzado, Auto. Recuperado de http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/5C422A9D98EDED78C12577BC0033B119/$file/Au to+suspensi%C3%B3n+restituci%C3%B3n.pdf.

Comisión Intereclesial de Justicia y paz. (24 de mayo de 2010). Un avance, aunque no cesa la impunidad ni la paraeconomía en bajo Atrato. Recuperado de http://justiciaypazcolombia.com/Un-avanceaunque-no-cesa-la

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15 desplazamientos forzosos. Por eso, en la actualidad se encuentra en trámite ante el sistema interamericano y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el caso de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.

Esta decisión de la Fiscalía, más el Auto del 18 de mayo de 2010 de la Corte Constitucional que obstaculizó la restitución ilegitima de predios colectivos para favorecer a los empresarios, y la audiencia de la Corte Interamericana, en su momento, generaron la reacción de Álvaro Uribe Vélez acusando a la Comisión de Justicia y Paz de generar divisiones y de colonizar a la población.

Así, poco se pudo esperar de una restitución real y material del territorio. Los factores de poder, a pesar de estas decisiones siguen activas en la persistencia de la estrategia de control social para los agronegocios. Las obsesiones de Uribe son la expresión de la decadencia del Estado de Derecho, son la manifestación, de los límites de las democracias liberales en que el poder real, es el poder del capital, sus lógicas de operación y de instrumentalización de la vida y del territorio para el mercado mundial. Obsesiones que matan, que reproducen la muerte, que legitiman la muerte.

Palma aceitera en el gobierno Santos En su política agropecuaria, bajo el eslogan de la “Ola Agro”, Santos prioriza es la palma aceitera, los aceites y grasas vegetales, pretendiendo aumentar y mejorar la productividad de las áreas sembradas y la reducción de los costos de producción235.

Busca pasar de 370 mil a 480 mil hectáreas sembradas en cuatro años, lo que permitirá generar, según él, 65 mil empleos estables dentro del sector. En mayo de 2012, en la asamblea anual de Fedepalma236, elogia el gremio como “modelo de responsabilidad empresarial para el país” y, contra toda evidencia, califica su producción como adecuada ambientalmente por su contribución “a la conservación de la biodiversidad”.

“Se preveía producir 857 mil toneladas de aceite crudo de palma y llegamos a 941 mil toneladas la cifra más alta de producción en una década. ¡Y qué decir de las exportaciones!

Pasamos de vender 83 millones de dólares en aceite de palma en 2010 a 191 millones de dólares en 2011. Es decir, aumentaron un 130 por ciento. Sumando las exportaciones de todos los productos derivados de la palma, pasamos de vender 124 millones de dólares en 2010 a 271 millones en 2011, un aumento del 117 por ciento. Y este año las cifras siguen en ascenso: en el primer trimestre las ventas internas de aceite de palma crecieron 10 por ciento con respecto al mismo trimestre del año pasado y las exportaciones aumentaron 235 236

Presidencia de la República. (8 de mayo de 2012). Gobierno puso en marcha ‘Ola Agro’, para impulsar reactivación del campo colombiano. Recuperada de http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Febrero/ Paginas/20110223_10.aspx.

Presidencia de la República. (8 de mayo de 2012). Palabras del presidente Juan Manuel Santos en la Asamblea anual de Fedepalma. Recuperada de http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Mayo/Paginas/20120530_09.aspx

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más de 8 por ciento. En materia de empleo hemos cumplido con los objetivos propuestos y el año pasado casi 60 mil personas trabajaron directamente con este sector además de otros 70 mil empleos indirectos generados”.237 Como en el anterior gobierno, la palma sigue siendo una siembra propicia para el control social y militar de los territorios. En esta dirección elogia a los palmeros por su contribución: “A mí me alegra mucho y los felicito de corazón por la comunicación fluida que tienen los palmicultores y la Policía. Sé que están trabajando en la cofinanciación de dos fuertes de carabineros uno en Puerto Wilches y otro en Tumaco por valor de 9 mil millones de pesos”238.

Como modelo de desarrollo empresarial, presenta la región de María la Baja en Bolivar: “En esa zona hacían presencia todos los actores armados y muchos eran escépticos sobre su futuro, pero hoy luego de una alianza entre empresarios y campesinos es la región palmera más productiva del país y una de las más productivas del mundo”239.

Con Uribe, comparten su percepción de las ventajas comparativas para el mercado global que ofrecen la siembra de palma y producción de aceites en nuestro país. Se alegra de ser el primer productor de palma en América Latina; ve la producción sostenible no como necesaria para la sobrevivencia de los ecosistemas sino como requerimiento para ingresar a mercados exigentes ambientalmente; ve oportuna la reducción de la oferta de aceite de soya en los mercados de Estados Unidos, habla de una desaceleración de la producción de aceite de palma en Asia que se convierte en oportunidad ante el crecimiento de la producción colombiana240.

También comparten, con el exmandatario, el tratamiento privilegiado al sector palmero en lo que a incentivos y financiamiento estatal se refiere: el sector ha sido beneficiario del 7% del total de créditos que dispone el “Programa Desarrollo Rural con Equidad”, equivalente a 140 mil millones de pesos. Santos, destaca también que el sector ha sido beneficiario del 11%, 67 mil millones de pesos por el Incentivo de Capitalización rural o subsidio a la tasa de interés de créditos. “Y, además de todo esto, Finagro aumentó en un 63 por ciento el monto de los créditos para la palma de 172 mil millones de pesos, en 2010, a 280 mil millones de pesos el año pasado.241” Y los 15 mil millones de pesos para los palmicultores afectados por la ola invernal.

Ofrece incentivos, también, para enfrentar la pudrición del cogollo, y con el antecedente, en el gobierno anterior, de los subsidios a los grandes empresarios, incluidos los de la palma, habla de entregar tres (3) y cinco (5) millones por hectárea para sustitución de cultivos afectados con la enfermedad, pero, también para todo aquel que haga nuevas siembras. Señala que serán entregados a “pequeños productores” lo que de suyo beneficia a los monopolios de aceite de palma como el empresario y ex ministro de agricultura Carlos Murgas quien funciona con el modelo de alianzas productivas.

237 238 239 240 241

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Así Santos indicó: “Desde esta semana, tengo entendido, está funcionando la ‘línea de reconversión productiva’, que con recursos de Finagro, va a estimular y apoyar la siembra y la renovación de cultivos, sobre todo los afectados por esta pudrición de cogollo. Antes, el Ministerio de Agricultura les venía reconociendo un incentivo a los pequeños productores un estímulo de éxito de unos 3 millones de pesos por cada hectárea cultivada o renovada. Ahora, en este mismo momento, los pequeños palmicultores que renueven sus cultivos o que simplemente siembren unos nuevos con variedades resistentes a las enfermedades recibirán un incentivo de hasta 5 millones de pesos por cada hectárea. Esta medida no solo va a beneficiar a los afectados por la pudrición de cogollo, sino a cualquiera de los pequeños palmicultores que siembre cultivos con las nuevas variedades de palma”242.

Finaliza su presentación de los apoyos económicos al gremio, con la disposición presupuestal para renovación, siembra y sostenimiento de la palma: “El gran total de la cartera acumulada al mes de abril tan solo para la renovación, siembra y sostenimiento de palma asciende a más de 740 mil millones de pesos, lo que demuestra la magnitud de lo que se está financiando tan solo en este sector”243.

Las “Alianzas Productivas”, llamadas en el gobierno de Uribe “Alianzas Estratégicas” entre empresarios y poseedores de tierras, es presentado como modelo de generación de empleo y de entendimiento empresarial en el que se incluye a los pobladores rurales de las zonas palmeras. Expresó la existencia de más de 100 en el país, con la participación de 6.500 familias. El ejemplo y modelo a mostrar es María la Baja Bolivar.

Reconoce como modelo también, las relaciones construidas entre empresarios –Indupalma– en Santander, municipio de Sabana de Torres, “En Sabana de Torres, Indupalma les entregó los títulos de propiedad de más de 2.200 hectáreas a 150 campesinos que cultivan palma africana. Eso no fue un regalo, sino algo mucho mejor: fue un negocio gana–gana para todos los involucrados. Lo que hizo Indupalma fue reunir a los campesinos para que trabajaran unidos; y luego hablaron con los bancos para que prestaran la plata con la garantía de la tierra y el compromiso de Indupalma de comprar la producción. No me extraña que Santander sea pionero en este tipo de proyectos, porque esta es una de las regiones que más se beneficia del cultivo de la palma”244.

La generosa entrega de títulos por parte de empresarios de Indupalma, no es una reforma agraria empresarial como lo han anunciado, sino un negocio que pretende librar de responsabilidades laborares a las compañías que se lucran de la compra del producto, el procesamiento y comercialización. Además con la presencia de las fuerzas militares en las áreas plantadas, garantizan el control social que ha venido promoviendo la Doctrina de la Acción Integral, desde el Ministerio de Defensa, en el gobierno anterior y en el actual.

Como lo muestra la misma Indupalma, lo que se da en realidad es una venta de tierras, cultivos ya plantados y por plantar, a través de créditos por un periodo de 12 años. Los 242 243 244

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productores “nuevos propietarios” soportan los créditos con la hipoteca de la tierra y se comprometen a vender el producto al precio que establezca la bolsa de Rotterdam. Las caídas en los precios castigan al productor y no al empresario, que es el que gerencia el proyecto.

La empresa promovió la constitución de una asociación denominada “Unidades Autónomas Empresariales (UAE)” sobre la que recae el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas por los campesinos.245 Esta modalidad de producción de palma aceitera, libra de toda responsabilidad laboral a los empresarios, en este caso de Indupalma, que además se desentienden de los riesgos en que el agronegocio está inmerso en Colombia. El costo de las plántulas, el tratamiento de enfermedades, la fertilización, la adecuación de terrenos, los drenajes, la siembra, la cosecha, son asumidos enteramente por el “propietario” hasta que entregue el producto a la empresa. No existe, además posibilidad de decidir a quién vender el producto debido a que el único comprador en la región es la empresa.

Leyes y legalización del despojo para la palma o leyes para la legalización del despojo y consolidación de la palma Alejandro Reyes, asesor del Ministerio de Agricultura, para la elaboración del aparte relativo a las tierras de la ley 1448 vigente desde el 1 de enero de 2012, planteó de modo escueto que ante una ocupación irregular de territorios por parte de empresarios que están haciendo productiva la tierra, tomaron la decisión de mantener el cultivo a favor del empresario y que el propietario real se beneficie de una suma de dinero como arrendamiento: “Hay un problema serio y es que parte de las tierras despojadas fueron revendidas posteriormente a inversionistas y algunos de esos inversionistas montaron grandes plantaciones forestales, principalmente palma o maderables, en las tierras que antes habían sido despojadas. Cuando se estaba preparando la ley se pensó ese problema y se dijo, bueno, ¿qué debe hacer el país? Si hay una plantación de palma en plena producción, por ejemplo en el Magdalena Medio y la justicia ordena devolverla, ¿en qué condiciones las devolvemos? Decidimos dejar que continúe la producción de palma y distribuimos esa riqueza entre los empresarios de buena fe y los campesinos, reconociendo a los campesinos la propiedad de la tierra y que los empresarios paguen una suma a modo de arriendo de la tierra”246.

En la misma entrevista, el asesor gubernamental se refirió ahora al proyecto de ley de desarrollo rural, en el que se establece “el derecho real de superficie” como otra solución al problema de los altos costos de la tierra con el que se han encontrado, por ejemplo, inversores interesados en la implementación del agronegocio de la palma aceitera: 245 246

Indupalma. (20 de febrero de 2012). Nace nueva clase empresarial en Colombia. Recuperado de http:// www.indupalma.com/boletines/nace-nueva-clase-empresarial-en-colombia el día 30 de julio de 2012.

León, J. (29 de julio de 2012). El Presidente Uribe Está Jugando con Fuego. La Silla Vacía. Recuperado de http://www.lasillavacia.com/historia/el-expresidente-uribe-esta-jugando-con-fuego-34916 el día 2 de agosto de 2012.

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Palma aceitera en Colombia

“Hoy la tierra está sobrevaluada y sometida a un régimen de oligopolio, en el que pocos propietarios tienen el poder sobre la tierra, de tal manera que el precio de la tierra es tan alto que no da el cierre financiero de ningún proyecto productivo. Los palmicultores se van a buscar tierra y apenas los grandes propietarios saben que están buscando mil hectáreas, el precio de la hectárea se duplica. La idea es crear un mercado de usos de la tierra. Hoy en Colombia el mercado del uso de la tierra es tan malo que tiene 40 millones de hectáreas de ganadería de baja productividad y solo un poco más de 5 millones en agricultura”247 La adquisición de tierras por parte de extranjeros está permitida en Colombia, afirma Alejandro Reyes, no solo para la implementación de palma aceitera sino para la producción de alimentos. Presenta como dificultades para estos negocios, la inseguridad en la tenencia de la tierra, la ausencia de registro sobre algunas de ellas, el conflicto armado y el narcotráfico, afirmaciones que dan razón a la crítica de que la ley de tierras lo que pretende es la formalización de la propiedad rural, de tierras que han sido usurpadas, garantizando su seguridad jurídica para inversionistas extranjeros: “En cuanto a la compra de tierras por extranjeros, Colombia no la prohíbe sino en las zonas fronterizas. De resto pueden comprar tierra en el país. Sin embargo, paradójicamente lo que protege a Colombia del land grabbing es nuestra inseguridad en la tenencia de la tierra, nuestras deficiencias en registro y el orden público y narcotráfico que hacen a Colombia poco atractiva para la inversión de tierras”248.

Adicionalmente promete a los empresarios trabajar para que los agrocombustibles tengan libre acceso en el mercado de los Estados Unidos, “con ese propósito, el Ministerio de Minas y Energía envió una petición a la Agencia de Protección Ambiental de dicho país, solicitando que se tengan en cuenta los resultados del estudio de ciclo de vida de los biocombustibles, contratado con recursos del BID, en el cual se estableció la alta sostenibilidad ambiental y social de nuestro biodiesel”.249 Sobre su producción que el 45% de palma se destinó para la mezcla de “biodiesel” en 2011.

Exalta las bondades del TLC para el agronegocio y la producción de agrocombustibles: “nuestros productos de palma de aceite –y sus derivados– ahora tienen acceso permanente y preferencial a Estados Unidos”250.

Prosperidad sobre la ruina campesina Santos y los empresarios pesentan modelos de producción de palma aceitera en diversas regiones del país que consideran emblemáticos por implicar a la población en su desarro247 248 249 250

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Presidencia de la República. (8 de mayo de 2012). Palabras del presidente Juan Manuel Santos en la Asamblea anual de Fedepalma. Recuperada de http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Mayo/Paginas/20120530_09.aspx

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llo. Pretenden que sean replicados en todo el país, no solo para el aceite de la palma sino para otras cadenas productivas. Habló, especialmente de dos experiencias, la de los Montes de María, Bolivar, y la de Sabana de Torres, Santander.

María La Baja “Eso tiene un potencial enorme, porque Colombia como lo hemos dicho tantas veces–, Colombia tiene un potencial de aumento de su producción de alimentos. Cuando uno simplemente viaja de Cartagena aquí a María La Baja y ve esa tierra, dice como decía Carlos (Murgas) estamos a muy poco del puerto de Cartagena y Cartagena está a dos horas de Miami y Miami se nos abre con el mercado en diez días. El potencial de esta zona, cuando liberamos los Montes de María yo decía: estos aguacates, yo añoro ver este aguacate –me acuerdo muy bien cuando lo dije después de dar de baja al bandido ese de 'Martín Caballero' (Gustavo Rueda Díaz, de las Farc)–, yo añoro que este aguacate se pueda vender en un supermercado en Miami en ojalá no mucho tiempo. Lo vamos a poder vender en muy poco tiempo”.251 María la Baja es uno de los municipios de la región de los Montes de María a dos horas, por carretera de Cartagena. La Presencia de la Insurgencia de las Farc, el Eln y el Epl, se usó como pretexto del despojo, cuando empresarios, hacendados, militares, policías, tomaron la decisión de controlarla militar y socialmente.

Entre el año 1999 y 2002, de acuerdo con Alfredo Molano, los paramilitares dirigidos por Rodrigo Mercado ”Cadena” y Juancho Dique cometieron 56 masacres en la región y probocaron el desplazamiento de 20.677 personas252. Dentro de sus crimenes atroces figuran la masacre de El Salado en la que asesinaron a 70 campesinos en febrero de 2000, la masacre del Chengue donde asesinaron a 27 personas, la masacre de Alpuján, María La Baja, donde asesinaron a 13 personas en marzo de 2000, la masacre de Retiro Nuevo, María la Baja, donde asesinaron a 5 personas en abril de 2001.

En medio del despojo y la crisis del distrito de riego, tras la quiebra de productores de arroz por la entrada en vigencia de la liberalización del mercado del cereal, Carlos Murgas Gerrero, Carlos como lo nombra en el texto citado por el presidente Santos, quien fuera ministro de agricultura y presidente de Fedepalma, propuso el modelo de “Alianzas Productivas”, sobre la base de que el éxito del negocio de la palma no estaba en la posesión de las tierras sino en el control del negocio.

“Para publicitar su proyecto –comenta Alfredo Molano– compró unos pocos predios, que sumados no serían más de 100 hectáreas, alrededor del antiguo molino de arroz. Seleccionó media docena de parceleros medio quebrados y les propuso cultivar palma, para lo cual Hacienda Las Flores financiaría la semilla, la asistencia técnica, los fertilizantes y, de remate, 251 252

Presidencia de la República. (8 de mayo de 2012). Palabras del presidente Juan Manuel Santos en la planta extractora de aceite de palma de María La Baja. Recuperado de http://wsp.presidencia.gov.co/ Prensa/2012/Mayo/Paginas/20120504_12.aspx Molano, A. (2011). Montes de Maria. Recuperado de: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/ articulo-271613-montes-de-maria, el día 30 de julio de 2012.

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les compraría el fruto tan pronto se comenzara a cosechar. Mientras tanto los futuros socios serían jornaleros de su propia parcela... La novedad consiste en que el dinero es administrado por la Promotora Las Flores para pagarse por la derecha todos los insumos que la producción del corozo ha requerido, desde la semilla hasta el transporte a la extractora Hacienda Las Flores para ser llevado a Codazzi y procesado como biocombustible... los paramilitares rondan, panfletean y cobran seguridad... Alrededor del distrito, el conflicto de tierras no se detiene, tanto así que el gobierno está diseñando dos Reservas Campesinas, que podrían estar ubicadas en la zona alta de la serranía, de manera que cumplan un papel similar al de los embalses: regular un insumo específico: la mano de obra”253.

A conclusiones similares a las de Molano, llega una tesis de maestría de la Universidad Javeriana sobre el desarrollo de la palma aceitera en María la Baja. Se refiere, en particular, al adverso contexto agropecuario, en particular la crisis del distrito de riego para la siembra de arroz y, agregamos, el contexto de violencia que “pacificó” la zona via masacres paramilitares, con el pretexto de combatir a las guerrillas lo cual benefició evidentemente a Murgas.

“El modelo de alianza estratégica llega a María la Baja en el año 98 con 4 parcelas demostrativas pertenecientes a pobladores poseedores de tierra, cada una con 5 hectáreas, las palmas las regaló el ex Ministro de Agricultura y propietario del grupo empresarial Hacienda las Flores Carlos Murgas Guerrero, los costos de preparación del terreno los proveyó la gobernación de Bolívar y los palmicultores colocaron la mano de obra para la siembra, fueron 4 parcelas cada una con 5 hectáreas y créditos no reembolsables. Es así como la propuesta del cultivo de palma aprovechó la desestructuración del territorio, producto de políticas públicas agrícolas neoliberales y la confusión e incertidumbre de los campesinos hacia donde orientar su producción.254 Su conexión con la palma plantada en Curvaradó y Pedeguita

253 254

Ibíd.

Gómez, A. (2010). Palma Aceitera y desarrollo local: implicaciones en un territorio complejo. Recuperado de http://javeriana.academia.edu/andresgomez/Papers/144173/Palma_de_aceite_y_desarrollo_local_Implicaciones_en_un_territorio_complejo.

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Vale agregar que a la planta de María la Baja, llega el corozo producido por empresarios implicados en paramilitarismo en Urabá y el Bajo Atrato Chocoano, como Irving Bernal Giraldo, uno de los propietarios de la compañía La Plantación S.A., dedicada a la siembra de palma híbrida en la región. “Lo que se está cosechando en estos momentos –afirma el gerente de la compañía– lo estamos enviando a una extractora de María la Baja y al Magdalena a 400 kmts de Urabá. Por ello la intención de este foro es mostrar las bondades de esta nueva palma Alto Oleico, para que los empresarios se animen y en un esfuerzo conjunto montar la planta extractora en la región”255.

Esfuerzo conjunto, ya lo hicieron en Curvaradó y Jiguamiandó estos mismos empresarios de la mano de los paramilitares Vicente Castaño, Raul Hasbum Y Jesús Ignacio Roldán Pérez, razón por la cual Irving Bernal Giraldo, empesario bananero y palmero, se encuentra privado de la libertad, desde donde orienta sus negocios.256

Este modelo palmero de Maria la Baja, inspirado por Carlos Murgas Guerrero, beneficiario de la crisis de la producción arrocera, pero sobre todo de la violencia paramilitar de la que fue víctima la población, es el que adopta para replicar en el país el gobierno Santos, dentro de su locomotora agropecuaria.257 255 256 257

La voz Impresa de Urabá, El aceite de palma híbrida importante oportunidad de producción y exportación, Agroindustria. p. 12.

Justicia Agraria. (18 de septiembre de 2012). Colombia: Banacol empresa implicada en paramilitarismo y acaparamiento de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Recuperado de http://www.tni.org/es/report/colombia-banacol Presidencia de la República. (2012). Palabras del presidente Juan Manuel Santos en la planta extractora de aceite de palma de María La Baja. Recuperado de http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/ Mayo/Paginas/20120504_12.aspx el día 8 mayo de 2012.

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Sabana de Torres – Magdalena Medio Sabana de Torres, es uno de los 32 municipios que integran la región del Magdalena Medio, parte de los departamentos de Santander, Cesar, Bolivar y Antioquia. Es el tercer municipio con mayor producción de palma aceitera en la región con una extensión de 9.656 hectáreas cultivadas de un total de 110.278 ha. Toda el área cultivable de este municipio es de 13.500 ha, cubriendo la palma el 71% de esa extensión. Lo que ocurre en Sabana de Torres ilustra en buena medida lo que acontece en esa importante región del país.

Una de las empresas líderes en el desarrollo del agronegocio es Indupalma con presencia desde el año 1961, la misma que 51 años después decide entregar tierras con palma aceitera o con capacidad para la producción, como se muestra arriba. Esta decisión se da luego de varios sucesos históricos que han sido reseñados por diversas entidades y organizaciones, desde hace mas de hace 50 años.

El proyecto Nunca Más, en su informe de de la zona quinta correspondiente al periodo 1966–1988, documenta la persecución a los trabajadores agremiados en el sindicato de Indupalma y otras empresas, quienes se organizaron para la exigencia de sus derechos laborales desde 1963, siendo objeto de judicializaciones, bajo el argumento de promover sabotajes a la agroindustria.

De acuerdo con el informe, en la década de los ochenta, los sindicatos padecieron la represión de las fuerzas militares, que desapareció al inicio de la década de los 80 dos sindicalistas de Indupalma. A partir de 1988 se dio inicio a la actuación paramilitar en la zona, a través del grupo paramilitar MAS: “Sobrevienen entonces los asesinatos selectivos, algunas masacres, las detenciones y la desaparición de obreros, sindicalistas o no, y de los activistas. La connivencia de las empresas con el paramilitarismo, en particular de Indupalma, fue evidente para todos”.258 En las plantaciones de palma, los trabajadores que aparecían en las listas de los paramilitares eran intimidados, golpeados, agredidos verbalmente. Varios asesinatos sucedieron mientras los trabajadores esperaban los buses que los transladaban hacia sus residencias.

Dos trabajadores de la empresa Palmas Oleoginosas Bucarelia afiliados a Suntrainagro, fueron asesinados en 1988 luego de haber sido detenidos, amenazados y torturados. En 1990, dos más, pertenecientes a la misma compañía fueron asesinados. En 1991 desaparecieron dos sindicalistas de la empresa Oleoginosas Las Brisas S.A., que aparecieron luego asesinados. En 1992 fueron torturados física y psicológicamente otros dos sindicalistas, de la misma empresa, por paramilitares del MAS, muy cerca de un retén militar, quienes les exigían que entregaran los nombres de los demás miembros de su agremiación259.

258 259

Informe Nunca Mas. (24 de diciembre de 2008). Crímenes de Lesa Humanidad en la Zona 5ª. Recuperado de http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/analisis.pdf el día 6 de agosto de 2012.

Ibíd, aparte “Magdalena Medio Santandereano” pp. 284 ss.

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En 1991 fueron detenidos, torturados y ejecutados por miembros del Batallón Nueva Granada, dos trabajadores de la empresa palmera Monterrey. En 1996 un miembro del sindicato de esta compañía, fue detenido e interrogado por su actividades dentro del sindicato, por parte de militares.

En 1992, otro sindicalista de la empresa palmera Agrícolas del Norte fue víctima de dos atentados contra su vida cuando se desplazaba en un bus de Cootransmagdalena. En 1997, trabajadores y sindicalistas de Sintrapalma en Puerto Wilches fueron asesinados mientras se transportaban en vehículos que movilizaban trabajadores de la compañía palmera.

Luego de este crimen, los paramilitares exigieron a los trabajadores que renunciaran de su afiliación a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y les ordenaron que se afiliaran a una cooperativa que ellos les iban a indicar. En esa reunión amenazaron de muerte a dos sindicalistas más de Sintrapalma.

En 2009 fue asesinado en Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches, un destacado líder sindical perteneciente a Sintrainagro que reclamaba a la palmera Brisas su reincorporación luego del despido del que fue objeto en 2007.

Informes posteriores sobre la región, como el de la Misión Internacional de verificación sobre el Impacto de los Agrocombustibles en Colombia, publicado por FIAN Internacional260, no han mostrado mejoría en la situación laboral y de derechos humanos. El que se haya convertido en la región del país con la mas grande extensión de palma aceitera tiene relación directa con las afectaciones laborales, ambientales y de derechos civiles y políticos, en una región, escenario de la confrontación entre las guerrillas y el Estado y ahora de control creciente de las estructuras paramilitares y militares, aún después de los certámenes públicos de desmovilización.

El estudio cita datos del mismo gobierno, según los cuales, en el periódo comprendido entre 1994 y 2007, han sufrido el desplazamiento forzado 88.265 personas. Sabana de Torres, considerado como el tercer municipio con los mas altos índices de expulsión, tiene un registro de 3.367 personas desplazadas, y a 2010 la alcaldía municipal, reportó 351 familias en esta condición261.

El Desplazamiento forzado de este municipio como en los demás que lo padecen en el Magadalena Medio, tiene relación directa con el despojo de tierras. A partir de informes 260

261

La Misión Internacional de Verificación sobre los Impactos de los Agrocombustibles en Colombia se realizó del 2 al 12 de julio de 2009 y fue convocada por la Organización Indígena Nacional de Colombia (ONIC), La Vía Campesina Colombia, Censat Agua Viva, Proceso de Comunidades Negras y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. La misión contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil y cuerpos legislativos de Austria, Alemania, Bélgica, Brasil, Francia, España, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Indonesia, México, Paraguay y Uruguay. Ver, FINAN Internacional, Informe Regional del Magdalena Medio. Recuperado de http://www.fian.org/recursos/publicaciones/documentos/ impacto-de-agrocombustibles-en-colombia?set_language=es, el 8 de diciembre de 2012.

Alcaldía de Sabana de Torres. (2010–2011). Plan Integral único PIU para la atención a la población en situación de desplazamiento ubicada en el municipio de Sabana de Torres. Recuperado de www. sabanadetorres-santander.gov.co.

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Palma aceitera en Colombia

de la Contraloría General de la República y del Proyecto de Protección de Bienes Patrimoniales de la Población Rural Desplazada de Acción Social y el Banco Mundial, el total de tierras despojadas en la región podría corresponder a unas 503.200 ha que no son posibles de ser recuperadas por la presencia paramilitar ahora bajo el nombre de los Rastrojos y de las Aguilas Negras que se ha intencificado en la región.

Algunas investigaciones muestran que en Sabana de Torres, el total de empleos agrícolas en palma aceitera equivale a un 78%. En este escenario, los sindicatos Sintrapalmas y Sintrainagro han hecho visible el deterioro de las condiciones laborales que han pasado de contratos laborales a la tercerización laboral a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). En este proceso, han desaparecido puestos de trabajo directo pasando de 800 trabajadores en 1990 a 240 en 2009. Sintrapalma informó, que de 16.000 trabajadores en la zona palmera, solo 700 están empleados de manera dirercta, de los cuales solo 300 se encuentran sindicalizados.

Las CTA, creadas por ley desde 1988 hacen socio de las mismas a los trabajadores a quienes se les exige como aporte, su mano de obra. En esta condición, pierden los derechos laborales de previsión, seguridad social y compensación con los que cuentas los trabajadores de planta de las empresas.

En 2008 esta situación laboral motivó una fuerte protesta de 47 días, de los trabajadores en Puerto Wilches, municipio limítrofe de Sabana de Torres. Hecho que provocó, inicialmente, la movilización, según reportes que la iglesia local entrego a los miembros de la Comisión de Verificación “fueron los descuentos que les imponen a manera de sanción, por los frutos que se desprenden del racimo de la palma al caer al piso después de cortarlo”.

Reinvindicaron los trabajadores su derecho a la vinculación directa... y el fin del modelo de cooperativas de trabajo asociado como forma de vincular mano de obra.”262 En la actualidad, el 90% de trabajadores de Indupalma está subcontratados bajo esa modalidad.263 Como lo muestran los informes citados, en Sabana de Torres y los municipios vecinos de la región del Magdalena Medio, las empresas de palma han desarrollado sus proyectos en medio de desapariciones, torturas, asesinatos de un significativo número de dirigentes sindicales y del desplazamiento forzado de muchas familias. Han convertido la región en área de monocultivo, concentrando buena parte de la mano de obra, pasando de contratos laborales permanentes a vinculaciones de trabajadores a través de Cooperativas de Trabajo Asociado para evitar el pago de prestaciones sociales y demás garantías laborales.

Es fácil comprender, en un contexto de conflicto laboral, de persecución al derecho a la agremiación sindical, que se adopten estratagemas como entregar tierras a campesinos, haciendo traspasos de propiedad, para que figuren como dueños, donde el derecho al uso del suelo, ocupado en palma aceitera, queda en poder de los empresarios, quienes sin asu262 263

Ibíd.

Ramírez, R. (2012). Informe Final: Diagnóstico sobre la situación de los trabajadores de la agroindustria de la palma en el Magdalena Medio y Meta. Recuperado de www.comunicandes.org/pdf/informe_ palmero_colombia.pdf

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mir riesgo alguno en la cadena productiva, se benefician del producto recibido en sus extractoras. Este, es el otro modelo que Santos pretende replicar no solo para la producción de palma, sino para los monocultivos de su locomotora agrícola.

Tres empresas y un gremio modelos de prosperidad palmera Daabon Organic, Oleofolores, Aceites Manuelita, han sido erigidos por el gobierno Santos como modelos de la agroindustria de la palma en Colombia, en su presentación de los Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia264. Por su parte, Fedepalma sigue siendo el interlocutor gremial del gobierno del que también forman parte las tres compañías.

Daabon Organic, es para el gobierno modelo de negocios al conocer las costumbres de los clientes, modelo de investigación de mercados y modelo en compras que no requieren almacenamiento. Afirma, que respeta todos los eslabones de la cadena productiva, garantizando las ganancias de cada uno, que ha incursionado en el mercado de orgánicos, siendo la segunda empresa del mundo en producir palma orgánica, respondiendo a las exigencias de este mercado.

Exporta a Japón, Australia, Alemania, Reino Unido, República Dominicana y Estados Unidos, cuenta con certificados de “Ecocert: Producción orgánica certificada (1992), –Bio Suisse Certification (2003), –ProForest Certification (2003)”265.

Esta exitosa empresa ha tenido serios problemas en el país. En las Pavas, Sur de Bolivar, está implicada en conflictos de tierras con campesinos, víctimas del desplazamiento forzado, a quienes les quieren impedir su derecho a la adjudicación de tierras, razón por la cual la empresa británica Body Shop, decidió romper con ella relaciones comerciales. También sus propietarios se encuentran implicados en investigaciones por falsedad en documentos para beneficiarse de recursos públicos destinados a campesinos pobres dentro del escándalo conocido en Colombia como Agro Ingreso Seguro y están involucrados en otro escándalo por poseer títulos de tierras en una área de Reserva Natural en el parque Tayrona.

En el caso de las Pavas, un predio que suma 1184 ha, perteneciente a cuatro (4) fincas, fue abandonado por su propietario y ocupado inicialmente durante los años 1994–2003 por cerca 123 familias víctimas de desplazamiento forzado, asociadas a Asocab, quienes después de años de posesión y amparados en la legislación colombiana de adjudicación de predios cuyo dominio ha sido extinguido, solicitaron la titulación de los mismos, recibiendo amparo de la Corte Constitucional. Al finalizar ese periodo 2003, las familias fueron amenazadas por paramilitares, generando nuevos desplazamientos forzados. Nuevamente en 2006 el antiguo poseedor, quien está investigado por narcotráfico, regresa a la zona, con hombres armados y amenaza a los campesinos, provocando nuevos desplazamientos de las familias.

264 265

Ministerio de Agricultura. (noviembre de 2010). Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia: Documento de desarrollo sectorial. Recuperado de https://www.mincomercio.gov.co/ptp/descargar.php?id=60717 Ibíd.

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En 2008, una vez la comunidad está fuera del territorios, el consorcio el Labrador, constituido por las empresas C.I Tequedama, propiedad de José Ernesto Masías y Aportes San Isidro S.A., propiedad de la familia Dávila Abondano dueños, del grupo Daabon, aparecen reclamando el predio argumentado que les fue vendido por el anterior propietario. En 2009, los campesinos regresaron pacíficamente al territorio y amparados en la ley, se negaron a ceder los predios siendo desalojados, en una actuación ilegal de la policía. En 2011, nuevamente las familias regresan al predio, en el que permanecen, siendo objeto de amenazas de parte de trabajadores de la empresa266.

El grupo Daabon, por su parte, argumenta que por los daños a su buena imagen “decidimos retirarnos totalmente del Consorcio Labrador en marzo del 2011. Desde entonces, no tenemos ningún vínculo con el mismo”267. Sin embargo los episodios más graves, como las actuaciones paramilitares de despojo, sucedieron antes de la fecha señalada por la compañía, lo que no la exime de su responsabilidad actual.

Otro episodio que afecta a las familias de las Pavas, reclamantes del derecho de dominio de estos predios, es la invasión por parte de la empresa San Isidro, ex socia de Daabon, ocurrida el mes de junio de 2012, en la que la empresa se valió de un grupo de personas asociados a la Federación Nacional Sindical Nuevo Liderazgo, avalada por la Central General de Trabajadores (CGT) para destruir las siembras de productos para el autosostenimiento de las familias y sembrar palma aceitera de dos años de nacida.

El mismo Incoder, entidad del gobierno, se pronunció públicamente rechazando esta actuación empresarial, en los siguientes términos: “más de cien hombres ingresaron a las 3.000 hectáreas de la hacienda con tractores y empezaron a arrasar las cercas y la siembra de los colonos asentados allí legalmente. La denuncia señala que los hombres pertenecen a Aportes San Isidro, firma a la que la familia Dávila Abondano le vendió su parte en Las Pavas”.268 La adquisición ilegal de las tierras, la evidente interacción de paramilitares y empresarios en pos de esos territorios, hicieron que, gracias a la intervención de la agencia internacional británica Christian Aid, The Boddy Shop rompiera relaciones comerciales con la compañía colombiana. Así lo publicó la empresa: “Tras recibir el informe independiente, The Body Shop entregó a Daabon los detalles de las áreas específicas en donde la cooperación y el compromiso del Consorcio podrían ayudar a resolver positivamente algunas de las dificultades encontradas. Habiendo dado a Daabon un tiempo suficiente para poner en marcha estas medidas, The Body Shop ha revisado los avances hasta la fecha y, aunque entendemos que se están haciendo esfuerzos en una situación compleja, no vemos que una solución sistémica 266 267 268

Pontificia Universidad Javeriana. (2011). Caso campesinos Hacienda las Pavas. Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio. Recuperado de http://retornoalaspavas.files.wordpress.com/2011/02/w_1112105-lc3adnea-de-tiempo-las-pavas-3.png El Espectador. (16 de julio de 2012). Grupo Daabon dice que no tiene nada que ver con la hacienda Las Pavas. Recuperado de http://www.elespectador.com/economia/articulo-360235-grupo-daabon-dice-notiene-nada-ver-hacienda-pavas el 15 de agosto de 2012.

El Tiempo. (13 de julio de 2012). Incoder denuncia nueva invasión ilegal a las Pavas. Recuperado de http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12028628.html el 16 de agosto de 2012.

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y de larga duración esté pronta a ser alcanzada, a pesar de nuestro compromiso. Por consiguiente, The Body Shop ha formalmente puesto fin a su relación comercial con Daabon”269.

Para completar el perfil de esta compañía palmera, la Fiscalía General de la Nación, dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad por los delitos de apropiación a favor de terceros y celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Las personas aseguradas son Juan Carlos, Alberto y Alfonso Dávila Abondado, propietarios del grupo empresarial Daabon. Esta decisión fue tomada por la Fiscalía en enero de 2012, luego de comprobar que recibieron 2.634.703.151 pesos (1.463.700 US) del programa Agro Ingreso Seguro.

Para hacerse con estos recursos, como lo confirmó la Fiscalía, los Davila Abondano se valieron de evidentes artimañas. Parcelaron en cinco (5) partes, una finca llamada Las Mercedes ubicada en zona rural de Rioacha, Guajira; lo mismo hicieron con otra finca llamada La Tequendama ubicada en Aracataca Magdalena. Los Davila Abondano falsificaron documentos, y constituyeron empresas ficticias, involucrando en el plan a cuatro funcionarios de su empresa270.

Además, el grupo Daabon se encuentra comprometido en un nuevo escándalo por la construcción de un hotel de 7 estrellas en una área que pertenece ancestralmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el parque Tayrona, en un predio que aparece a nombre del grupo empresarial, a pesar de tratarse de un área protegida. El asunto se complejiza cuando justo un primo y un hermano del presidente Juan Manuel Santos, quienes han estado presentes en el proceso que buscaba la construcción del hotel y con él muchos miembros de su gobierno. La construcción se suspendió al estallar el escándalo en los medios de información271.

Los Dávila Abondano han sabido sacar provecho de lo orgánico y lo ecológico, como hemos visto. Se embarcaron también en un negocio familiar, poco conocido, porque solo satisface a las personas más adineradas del mundo, el de una naval, que es un puerto para pequeñas embarcaciones de lujo, tipo yate, construido en Santa Marta.

Los ciudadanos del lugar denunciaron que para su construcción acabaron con una montaña, ubicada en un lote de su propiedad, pero parte de una reserva forestal, que produjo la ruptura de una laguna subterranea que terminó inundando en 2010 dos barrios de Santa Marta. No obstante esta situación, la naval se inauguró en 2011.272 269 270 271 272

The Body Shop, Declaración sobre el caso Las Pavas, Traducción no oficial. Recuperado de www.pcslatin.org/drupal/files/Body_Shop.pdf El Nuevo Día. (25 de enero de 2012). Los Dávila Abondano a responder por fraccionamiento ficticio en AIS. Recuperado de http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/129857-los-davila-abondano-a-responder-por-fraccionamiento-ficticio-en-ais el día 20 de agosto de 2012.

Obtenida 20/08/12 Arrázola, M. (22 de octubre de 2011). Los empresarios del Tayrona. El Espectador.

Recuperado de http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-306953-los-empresarios-deltayrona el 20 de agosto de 2012.

Mayorga, D. (14 de enero de 2012). La nueva joya en el caribe samario. El Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-320917-nueva-joya-el-caribe-samario el 20 de agosto de 2012.

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Palma aceitera en Colombia

Oleoflores, para el gobierno Santos es modelo de desarrollo de todos los eslabones de la cadena productiva de la palma aceitera desde la producción de semillas hasta la transformación de los aceites para la exportación. Como logros principales, presentan la asociación con pequeños y medianos productores, la producción de la semilla con la patente Murgas Lowe, que es productiva antes de 24 meses y la “vocación social” de que es portadora273.

Sus propietarios y miembros de la junta directiva, son mayoritariamente, integrantes de la familia del exministro de agricultura y ex presidente de Fedepalma Carlos Murgas Guerrero. La conforman Carlos Roberto Murgas, Maria Victoria Davila de Murgas, Adolfo Antonio Gómez Danies, Abel Mercado Jaraba, Rosa María Munarriz de La Rosa, Juan Carlos Murgas Davila, Carlos Jose Murgas Davila y Juan Pablo Dávila274.

Según proexport “Hacienda Las Flores”, propiedad de Murgas, es un complejo agroindustrial de las que hacen parte la Hacienda Las Flores, El Carmen y La Dilia con 1500 ha en palma aceitera. Oleoflores, por su parte, se encarga del procesamiento de la palma de las haciendas y de la región de los Montes de María y del Catatumbo. Murgas y Lowe S. de H se ocupa de la producción y distrubución de semillas y frutiflores de la producción y comercialización de frutos distintos a la palma aceitara.

La presencia de Oleoflores y otras compañías de Carlos Murgas en el Catatumbo, al igual que en los Montes de María, pocos años después de la llegada de los paramilitares a la zona, permite afirmar que, al menos, son beneficiarios de esta estrategia criminal, como lo sintetiza el sociólogo y periodista Alfredo Molano Bravo.

De acuerdo con Molano, los paramilitares del Catatumbo, son los mismos que avanzaron desde Magdalena Medio, Aguachica y San Martín Cesar. Su presencia fue facilitada por el mayor del Ejército Jorge Alberto Lazaro Bergel, comandante de Agua chica. En 1999, 280 hombres de Mancuso, Carlos Castaño y Jorge 40, ocuparon el Tarra, Tibu y La Gabarra.

Citando al Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, se evidencia que en todo el Catatumbo fueron asesinados, entre 1998 y 2005, 11.200 personas.

Tres años después llegaron los palmeros, con la estrategia del gobierno de sustituir palma por hoja de coca y con ellos Murgas con sus empresa “Promotora Hacienda Las Flores” y su plan de Alianzas empresariales, suministró semillas, soportó los planes de fertilización, facilitó créditos con el Banco Agrario, compró el corozo y acrecentó un fondo para la construcción de una planta extractora en la región.

Pero también, Murgas adelantó compras de tierra, aprovechando el bajo costo que la violencia paramilitar y militar impuso. La empresa, también de su propiedad, Bioagroindustrial de Colombia, adquirió, entre otras la finca Finlandia, tal como lo citó Molano: “Uno de los últimos predios adquiridos por Bioagroindustrial, la finca Finlandia, de 86 hectáreas, fue pagada en 21’775.000 pesos. Es decir, a 253.157 pesos la hectárea”, “La compra masiva de tierras en Norte 273 274

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Op cit, p. 110.

Cámara de Comercio de Barranquilla, Certificado de Existencia y Representación Legal de Oleoflores S.A, 31 de mayo de 2012.

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Política del gobierno Uribe para masificar la agroindustria palmera, y su continuidad en el gobierno Juan Manuel Santos

de Santander se ha extendido a El Carmen, Convención y Gramalote. Cooperativas de paramilitares desmovilizados estarían también tras las ofertas, para proyectos agroindustriales”275 Murgas, además, se benefició del escandaloso Agro Ingreso Seguro. La suma de la que se benefició su compañía Oleoflores S.A fue de 2.864,406,510 pesos y ha pasado inadvertido, a pesar de ser uno de los aportes más altos entregados por el gobierno como subsidio de riego y drenaje276. El portal La Sillavacía.com muestra además, que fue uno de los mayores aportantes de la campaña para la reelección de Álvaro Uribe y para el desarrollo de un referendo que buscaba una reforma constitucional que abriera paso a un tercer período del presidente Uribe, proceso que está siendo investigado al superar en sus cuentas los topes permitidos por la ley colombia.

Aceites Manuelita Es presentada por el gobierno, como la empresa que ha logrado poner su experiencia en la producción de azúcar en el Ingenio Manuelita, al servicio de la producción de palma de aceite y en el montaje de una planta para la producción de agrodiesel. Procesa fruto de cerca de 14.000 ha de sus plantaciones y de 54 proveedores de los Llanos. Pretende, según el gobierno, duplicar para 2020 sus plantaciones para llegar a 20.000 ha.277 La junta directiva está constituida por Harold Enrique Rafael Eder Garcés, Adolfo León Velez Velez, Santiago Escobar Roldan, Norma Constanza Arbelaez Herrera, Alberto José Otoya d., Iván Posse Pratt, Bernandro Atehortua, Carlos Mauricio Arias Peña, Mauricio Tamayo Rocha y José Manuel Zambrano Eder. Actúa como gerente Rodrigo Belalcazar Hermández y encarga, para algunas transacciones, a Martha Isabel Terreros Wilches. La sociedad es parte del grupo empresarial Inversiones Manuelita S.A, de la que es subordinada278.

Ha sido seriamente cuestionada por el ambientalista Andrés Hurtado, dada su irresponsabilidad en el manejo ambiental de los cultivos en los llanos orientales, en el río Cravo Sur, Casanare: “Un estudio de impacto ambiental previo a las plantaciones que Manuelita adelanta a orillas del río Cravo Sur, concluyó que no existen ecosistemas dignos de tenerse en cuenta para su conservación. Esto suena a chiste barato. Entonces desecaron las lagunas y arrinconaron la poca fauna que quedó y cortaron los caminos de paso tanto a fauna como a seres humanos. Y como desecaron las lagunas, entonces cometieron el abuso supremo, de sacar en un momento dado, el agua del río Cravo Sur y perjudicar así a los vecinos de abajo, y lo hicieron mediante poderosas bombas y tuberías. Tengo fotos de los cultivos, de la inexistencia en ellos de las lagunas, de la desaparición de la fauna en las plantaciones, de 275 276 277 278

Molano, A. (3 de marzo de 2012). Paramilitarismo y Palma en el Catatumbo. El Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-330074-paramilitarismo-y-palma-elcatatumbo el 20 de agosto de 2012.

Lewin, J. (29 de octubre de 2009). Estos son los 51 beneficiarios de Agro Ingreso Seguro que aportaron a campañas de Uribe. La Silla Vacía. Recuperado de http://www.lasillavacia.com/historia/5033 el 20 de agosto de 2012.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural... Op cit, p. 109.

Cámara de Comercio, Certificado Nacional, Aceites Manuelita S.A, 31 de mayo de 2012.

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Palma aceitera en Colombia

las tuberías que están todavía a orillas del río. Manuelita posee 14.000 hectáreas para sus plantaciones y hasta ahora solo ha sembrado 3.200”279.

Tanto la matriz Inversiones Manuelita S.A, como la subordinada Aceites Manuelita S.A., fueron beneficiarias de abundantes recursos del programa Agro Ingreso Seguro.

En particular, Aceites Manuelita reportó a sus accionistas $836.713.705 a 2012, según lo declarado a Cámara de Comercio, recibió dinero destinado a agricultores pobres por $2.674.472.075.280 Según la revista Dinero, esta empresa palmera se ha hecho a 40.000 ha de tierra en el Meta y Casanare281, una área que ya se está volviendo conflictiva por la compra masiva de tierras sin surtir los procedimientos legales, tal como concluyó el diario El Espectador con relación a la empresa palmera Poligrow que acaparó 6.000 hectáreas de tierras, dejando serías dudas sobre la legalidad de la adquisición de acuerdo con hallazgos de la Superintendencia de Notariado y Registro y afirmaciones del Ministerio de Agricultura282.

La Federación Nacional de Palmicultores de Colombia –Fedepalma– Aunque ha dedicado tiempo y recursos explicar que las plantaciones de palma aceitera, nada tienen que ver con las estructuras paramilitares en regiones como las del Bajo Atrato Chocoano, ha redactado sendos comunicados para explicar que no tienen ningún tipo de vinculación como gremio, en la implementación del agronegocio en los Consejos Comunitarios de Curvaradó y no desprecia oportunidad para pregonarlo, dos hechos dejan serias dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones.

El primero tiene que ver con la presencia de un funcionario de esta agremiación en una reunión con Vicente Castaño en la región del Urabá Antioqueño, en momentos en que se estaba definiendo por parte de empresarios y paramilitares la implementación de este agronegocio en las tierras que fueron despojadas a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó.

El abogado de las empresas palmeras, con presencia en la región Carlos Daniel Merlano Rodriguez, quien diseñó la estrategia jurídica para la legalización de los predios usurpados a las comunidades, declaró ante la Fiscalía: “yo asistí a una reunión a finales del 99 no preciso si fue antes o después de la constitución de la empresa, –Urapalma– se que hubo una reunión en una finca en San Pedro de Urabá, asistió Herman Gomez, esposo de Katia, Javier Daza, Antonio Zuñiga, Carlos Zuñiga, e Italo Giovanni Cianci Vega quiero 279 280 281 282

Hurtado, A. (s.f). La pobre Manuelita. El Tiempo. Recuperado de http://m.eltiempo.com/opinion/columnistas/andrshurtadogarca/la-pobre-manuelita/8773384/1.

Lewin, J. (29 de octubre de 2009). Estos son los 51 beneficiarios de Agro Ingreso Seguro que aportaron a campañas de Uribe. La Silla Vacía. Recuperado de http://www.lasillavacia.com/historia/5033 el 21 de agosto de 2012.

Dinero. (21 de febrero de 2012). Los nuevos llaneros. Dinero.com. Recuperado de http://www.dinero. com/caratula/edicion-impresa/articulo/los-nuevos-llaneros/113492 el 21 de agosto de 2012.

Cfr file:///home/abilio/Escritorio/Acaparamiento%20de%20tierras/articulo-368868-caso-tipo-macondomapiripan.html Obtenida 21/08/12

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hacer mención que Italo Cianci como siempre, estaba con un séquito de amigos barranquilleros y no por eso se puede colegir que esos muchachos estaban concertados, y a esa finca llegó Vicente Castaño, en esa reunión se hacía alusión a reuniones pretéritas en las que no intervine, a esa reunión asistió un ingeniero de apellido Bernal –Fernando– de Fedepalma no por eso se puede decir que ese señor esté concertado, solo daba conceptos, en esa reunión se habló de una lluvia de ideas con respecto a la palma, que el ferri, que las vías, como se llegaba, como se salía, contratos que llevaban espacios en blanco y algunos de ellos, llevaban sellos de autenticación de la notaría de Chigorodó...”283 Fedepalma reconoce a Noticias Uno, la existencia entre sus empleados de un consultor externo llamado Fernando Bernal, quien según el noticiero, negó su participación en dicha reunión.

Sin embargo, ahí no termina la intervención de Fedepalma en esas áreas de Colombia en la que los empresarios de la palma aceitara, con paramilitares, funcionarios del gobierno, militares, y policías, se apropiaron a sangre y fuego de esos territorios. Como lo ha documentado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y lo han denunciado los miembros de la Asociación de Zonas Humanitiras y Zonas de Biodiversidad del Curvaradó y Jiguamiandó, los empresarios de la palma aceitera, la ganadería extensiva y el plátano, varios de ellos implicados en procesos penales, facilitaron la elección de un falso representante legal al que el gobierno de Uribe pretendía entregar las tierras del Curvaradó. Se trata de Germán Marmolejo.

La Corte Constitucional, mediante Auto del 18 de mayo de 2010 evitó tal entrega de tierras y declaró la inexistencia de representante legal en la cuenca del Curvaradó, dejando sin piso la pretensión de legalidad de la elección de Marmolejo. Previamente, Fedepalma sostuvo reuniones con Marmolejo acordando la presencia del gremio en el Curvaradó para adelantar la recuperación de las plantaciones de la palma, bajo el supuesto de que eran las comunidades, en su libre decisión, las que a través de Marmolejo hacían la solicitud.

Así lo publicó el gremio palmero en una noticia de su propia web en febrero de 2010 bajo el titular “Lideres de Curvaradó piden desarrollar proyectos productivos en la región”.

“Marmolejo Rentería le solicitó a Fedepalma que ayude a generar procesos de desarrollo y empleo que contribuyan a cambiar la calidad de vida de las comunidades, porque considera que de la única forma que puede funcionar adecuadamente un proyecto de esta naturaleza es con la Federación como garante. Ante la petición, la respuesta del Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington es que se van a tener en cuenta estos Consejos Comunitarios y planteó hacer una mayor presencia gremial en el Urabá para “entender y atender” las necesidades de la zona”.

Termina la nota precisando la ruta a seguir: “Se refirió a las 500 hectáreas que tienen desde hace más de tres meses, que eran operadas por las empresas que abandonaron 283

Noticias Uno. (1 de agosto de 2010). Revelan vínculos entre paras y palmicultores. Fiscalía General de la Nación, Proceso 3856 –Fase de Juicio– Ampliación de Indagatoria rendida por Carlos Daniel Merlano Rodrigues de junio de 2010. Recuperado de http://noticiasunolaredindependiente. com/2010/08/01/noticias/revelan-vnculos-entre-paras-y-palmicultores/ el 21 de agosto de 2012.

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Palma aceitera en Colombia

las tierras, que son de las comunidades, para que la palma que hay sembrada en ellas no se muera. Explicó que Fedepalma puede buscar inversionistas para generar procesos productivos que el gobierno nacional entre a respaldar, dado que la comunidad está dispuesta a destinar parte de su territorio al cultivo de la palma de aceite”.284 Por su parte, los miembros de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan en las zonas humanitarias y de biodiversidad en un comunicado público respondieron a esta noticia: “Desconocemos la decisión de Fedepalma de intervenir en nuestro territorio, estos empresarios bien saben que nuestras tierras son zona de reserva forestal y que aquí para sembrar palma nos asesinaron, desaparecieron, ultrajaron las tumbas de nuestros seres queridos”285.

El modelo de alianzas productivas de la prosperidad democrática, promovido por poderosos empresarios afiliados a Fedepalma, sigue viendo una oportunidad en la entrega material de predios por parte del gobierno nacional para continuar con la expansión del monocultivo en esta área, contra la voluntad de los miembros de los consejos comunitarios que están habitando esos territorios.

284 285

BusinessCol. (19 de febrero de 2010). Líderes de Curvaradó piden desarrollar proyectos productivos en la región. BusinessCol.com, Negociemos con Colombia. Recuperado de http://www.businesscol.com/ noticias/fullnews.php?id=10315 el 21 de agosto de 2012.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (1 de marzo de 2010). Desconocemos al señor Germán Marmolejo Renteria, como representante legal de la cuenca del río Curvaradó, tal como lo presenta el diario el Tiempo.

Recuperado de http://justiciaypazcolombia.com/Desconocemos-al-senor-German el 21 de agosto de 2012.

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Capítulo 3 Combustible al Fuego: Impacto del aceite de palma en las comunidades desplazadas y afrocolombianas Gimena Sánchez Garzoli y Arild Birkenes

Expansión de la economía agrocombustible en Colombia El aceite de palma, junto con otros cultivos como la caña de azúcar, el maíz, y el grano de soya, han ocupado el centro de debates nacionales en los últimos años, por el dilema de convertir productos alimentarios en combustible para el transporte. Los promotores de lo que algunos han llamado “biocombustibles” o “agrocombustibles”, términos usados para referirse a combustibles extraídos de cultivos de plantas, resaltan los supuestos beneficios económicos y ambientales de su uso, tales como la creación de empleo en zonas rurales, la diversificación de fuentes de abastecimiento de combustible, la reducción en la emisión de gases causantes del efecto invernadero, y la contribución equitativa del sector transporte para cumplir con las determinaciones del tratado de Kyoto.

Sin embargo, son crecientes las críticas contra la industria agrocombustible. Algunos de sus opositores afirman que esta industria es la responsable de la deforestación de millones de hectáreas de selvas tropicales. Un ex-relator especial para te-

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mas alimenticios de la ONU afirmó286 que el maíz necesario para llenar un tanque de combustible de un automóvil es suficiente para alimentar a un niño por todo un año, y que convertir comida en combustible, cuando hay cientos de millones de personas en el mundo enfrentando la amenaza de la hambruna, equivale a un “crimen de lesa humanidad”. Otros afirman que el agrocombustible no contribuye con la reducción de emisiones de CO2, y que el incremento en el precio de los alimentos trae consecuencias negativas sobre poblaciones urbanas que ya son bastante pobres.

Confiando en un futuro próspero para la industria agrocombustible, la Administración de Álvaro Uribe Vélez puso en práctica una política nacional de aumento del área territorial destinada a la producción del aceite de palma. De 300.000 hectáreas (ha) hoy, se pretende llegar a un estimado de 3.5 millones de hectáreas para el año 2020, con la posibilidad de ampliarla a seis millones de hectáreas. La implementación de esta política convertiría a Colombia en uno de los más grandes exportadores de aceite de palma en el mundo, junto con países como Malasia e Indonesia que actualmente producen más del 80 % del consumo mundial de agrocombustible.

Parte de la confianza de las autoridades colombianas en el futuro de la industria de la palma, proviene de decisiones políticas tomadas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, conducentes a incrementar la porción de combustible renovable en los sectores de transporte. La productividad de la biomasa es más alta en ambientes tropicales y, como consecuencia, la Unión Europea y los Estados Unidos dependerán en gran parte de la importación de agrocombustible para alcanzar las metas trazadas. Colombia, con sus grandes reservas de tierra fértil para la producción de biomasa, estaría posicionada en un lugar privilegiado para suministrar esos mercados. En la Unión Europea, los planes incluyen un aumento en la porción de consumo de agrocombustible en el sector transporte de un 10%, como parte de una política que tiene como objetivo alcanzar un 20% de energía proveniente de fuentes renovables en el consumo de energía para el año 2020. En enero de 2008, la Comisión Europea presentó una propuesta para la generación de una directiva encargada de elaborar una nueva política de obligatoria implementación para todos los estados miembros.

Por otro lado, a pesar de que la política estadounidense está menos preocupada en las consecuencias ambientales, ésta ha demandado por parte de políticos de Estados Unidos una sustitución del 30 % del consumo de petróleo actual por agrocombustible para el año 2030. 287 La industria de agrocombustible, también es apoyada por representantes de países dependientes del petróleo y por intereses comerciales multinacionales tales como la industria automovilística, la industria biotecnológica, compañías petroleras y la industria agroalimentaria. Los beneficios para los distintos sectores varían. Un aumento en el acceso a agrocombustibles por parte de la industria automovilística, haría posible pro286 287

Lederer, E. (27 de octubre de 2007). Production of biofuels is a crime. The Independent. Recuperado de http://www.independent.co.uk/environment/green-living/production-of-biofuels-is-a-crime-398066.html US Department of Energy. ( 25 octubre de 2006). http://www.energy.gov/news/4405.htm

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longar la vida de la actual modalidad de producción porque el agrocombustible puede mezclarse con el combustible fósil sin tener que modificar los motores significativamente. La industria biotecnológica se beneficiaría al lograr acceso a un nuevo mercado en necesidad de su tecnología para convertir biomasa en combustible. La implementación de políticas en torno a agrocombustibles también ayudaría a las compañías de petróleo tradicionales a incrementar su ciclo de vida, aumentando la cantidad total de combustible disponible. La industria agroalimentaria, que ha tenido dificultades logrando la aceptación de cultivos modificados genéticamente, tendría un nuevo mercado para sus productos en el sector de agrocombustible. Por último, países pobres dependientes de la importación de combustibles fósiles y con potencial para producir agrocombustible domésticamente tendrían una fuente de energía alternativa y renovable para impulsar prosperidad económica dependiente de combustible.

Además de las controversias asociadas con la industria de agrocombustibles en otros países, la industria colombiana de aceite de palma tiene algunas características que la complican aún más. Un conflicto interno armado de más de 40 años, la supuesta “desmovilización” de 30,000 paramilitares, la fumigación masiva de cultivos de coca en zonas de conflicto, y alegaciones preocupantes de posible lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas en algunos sectores de la industria de palma.

Por esto, las justificaciones para la industria de palma en Colombia no están basadas únicamente en su capacidad para reducir emisiones de CO2 y en el impulso que le pueda dar a la economía. Las justificaciones de la política, también se basan en la creencia de que ésta podría servir como reemplazo del cultivo de coca en las zonas de conflicto y que contribuiría a solucionar verdaderamente el problema de aproximadamente cuatro millones de habitantes desplazados internamente, así como de los 30.000 combatientes paramilitares, en forma de nuevos puestos de trabajo.

En respuesta a numerosos informes de resistencia popular contra la política de aceite de palma, y también a la evidencia de posibles vínculos entre esta política y desplazamientos forzados, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) lideró una misión de recolección de datos y entrevistas en Nariño y Cauca, en la región sur de Colombia en febrero 2008, para observar la implementación de proyectos de palma aceitera y sus consecuencias para las comunidades afrocolombianas de la región.

El informe se concentra en los intereses incompatibles entre la política de agro-combustible con los de la mayoría de las comunidades de base afrocolombianas, a quienes se les había adjudicado la propiedad colectiva de un estimado de 5.6 millones de hectáreas de tierra a causa de la Ley 70 de 1993 (ley de las comunidades negras), que se creó como consecuencia de las reivindicaciones exigidas por las comunidades negras en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, y como desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución colombiana.

Este territorio es reconocido como uno de los de mayor biodiversidad por metro cuadrado en el mundo (es de destacar su gran riqueza en cuanto a bosques tropicales) y está lo-

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calizado en el Territorio Región del Pacífico, donde el 95 % de la población es afrocolombiana. Es de anotar que esta población ha persistido en la defensa de la cultura propia en armonía con la naturaleza, óptica que estuvo presente en tiempos de la conquista y la colonia que traspasó de generación en generación, a través de una genética de la vida, lo que ha posibilitado la conservación del ecosistema hoy presente en la región. El suelo, el clima, y las condiciones de tiempo hacen que esta zona sea altamente apropiada para plantaciones de palma de aceite, igualmente atractivas para compañías de aceite de palma y los capitales que las apoyan, incluyendo el Gobierno e instituciones de financiamiento internacional.

Además, el conflicto armado interno ha facilitado en estas zonas la apropiación de estas tierras por grupos ilegales armados para ganancias económicas y el avance en la agenda de la industria del aceite de palma. Los conflictos de intereses entre las plantaciones de palma de aceite y los afrocolombianos en los territorios colectivos son reconocidos por Fedepalma, (Federación Nacional de Compañías de Aceite de Palma). En su página web, esta asociación afirma que la Ley 70 protege los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas, constituyéndose éstas en “un obstáculo para la industria de aceite de palma”. 288 Mientras cada uno de estos temas amerita una atención particular, el siguiente informe se concentra en la relación entre la industria del aceite de palma en el pacífico colombiano y la población civil afrocolombiana, en respuesta a los alegatos de violaciones de derechos humanos y empobrecimiento de la población civil afrocolombiana como resultado de la política de agrocombustible promovida por el Gobierno Nacional.

Hallazgos de las visitas de campo y entrevistas En febrero 2008, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), condujo una misión de búsqueda de datos en Colombia, en un esfuerzo por lograr un mejor entendimiento de las conexiones entre el conflicto armado, político y social, el proceso de desmovilización paramilitar, la expansión de las plantaciones de palma de aceite y el desplazamiento interno. Durante la misión, Wola se reunió con varias personas y organizaciones, incluyendo autoridades colombianas, ONGs internacionales y nacionales, líderes comunitarios y religiosos, personas empleadas por compañías de palma y miembros de comunidades afectadas por la violencia relacionada a las plantaciones de palma en Chocó, Nariño y Cauca. La Misión también realizó visitas de campo en las zonas de Nariño y Cauca, donde los proyectos de palma están siendo ejecutados, y en el Valle del Cauca, donde se cultiva la caña de azúcar. En suma, los hallazgos de La Misión indicaron claramente que los proyectos de aceite de palma no son una solución viable y duradera para las personas internamente desplazadas, quienes reivindican el derecho a re-establecerse en sus zonas de origen o para civiles que no quieren ser desplazados.

288

Fedepalma. (s.f). Titulación de Tierras: “La vigencia de la Ley 70 ha representado para los cultivadores de palma muchas dificultades para extender sus áreas de cultivo y generar proyectos a gran escala, bien sea como propietarios particulares o con proyectos productivos con alianzas”. Recuperado de www. fedepalma.org/titulacion_tierras.htm

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Los proyectos de palma no permiten seguridad alimentaria para las poblaciones desplazadas y los civiles. En cambio, son una amenaza seria en relación a las prácticas agrícolas colectivas de pequeña escala, ambientalmente sustentables, usadas por los habitantes nativos de la costa del Pacífico. Estos proyectos generan conflicto y división social entre la población local. Es evidente que la introducción y el aumento de la presencia de agentes armados, que protegen los intereses de las compañías de palma, generan más violencia, nuevos desplazamientos forzados y una amenaza a la vida cotidiana de los habitantes en las zonas de cultivo de palma. En muchos casos, el cultivo de palma está ligado a la existencia de grupos paramilitares que no han desmantelado completamente sus estructuras políticas, económicas y militares.

Existen conexiones directas e indirectas entre los proyectos de palma y la violencia, en tanto que las violaciones a los derechos humanos, incluyen desplazamientos internos y asesinatos. Líderes de comunidades que se oponen a la implementación de cultivos de palma han sido sujetos de amenazas, intimidación, violencia y desplazamiento interno. Los proyectos de palma están violando los derechos políticos, culturales, económicos y ambientales de las comunidades afrocolombianas. Las consecuencias ambientales del cultivo de palma incluyen pérdida de la biodiversidad, sobreexplotación de los recursos de agua, deforestación, erosión, y contaminación del suelo por químicos empleados en la producción de palma.

El ciclo de desplazamiento forzado de la población nativa de tierras ricas en recursos naturales y su reemplazo por colonizadores que representan intereses económicos relacionados, en ocasiones, con el narcotráfico, está causando a las comunidades afrocolombianas una tremenda pérdida del control sobre sus territorios y de sus recursos naturales.

La repoblación es seguida usualmente por disputas de tierras y la eventual usurpación de las mismas a mano de colonizadores de territorios afrocolombianos. Estos intereses implican el despojo de tierras, que según la Constitución de Colombia no se pueden vender, ni enajenar, ni tampoco alegar propiedad por prescripción. Las estrategias utilizadas por la industria de palma para lograr acceso a nuevos territorios incluyen el debilitamiento y la desestabilización de la estructura organizacional de las comunidades afrocolombianas. En numerosas ocasiones, durante la misión WOLA, se escucharon denuncias de corrupción de autoridades locales por parte de los intereses de los palmicultores para legalizar apropiaciones de territorios obtenidos ilegalmente. Aún más serias son las denuncias graves de relación entre los proyectos de palma y traficantes de droga, paramilitares, narcotráfico y lavado de dinero de narcotráfico. Estas denuncias y los hechos que Wola ha conocido, constituyen elementos importantes que contribuyen a que la industria del aceite de palma aporte un alto nivel de impunidad en varias partes del país, debilitando instituciones locales y consolidando las estructuras económicas de grupos armados ilegales. Dados tales descubrimientos, Wola está alarmada por la decisión de las autoridades colombianas de priorizar proyectos de palma en zonas rurales donde se ha realizado el desplazamiento interno de centenares de personas, como medio de “reducir la pobreza en la costa Pacífica”.

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Palma aceitera en Colombia

Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en el departamento del Chocó Después de la adopción de la Ley 70 en 1993 que le otorga a los afrocolombianos organizados en consejos comunitarios, el derecho a obtener títulos de propiedad colectiva sobre sus territorios ancestrales, las compañías de aceite de palma han intensificado la presión para lograr el acceso a las tierras de las comunidades afrocolombianas en la región del departamento del Chocó. Las estrategias de presión incluyeron la contratación de paramilitares que desplazaron violentamente, intimidaron, y forzaron a ceder fraudulentamente a los afrocolombianos a ceder partes de los territorios colectivos a las compañías de aceite de palma. Éstas, también emplearon la violencia, la confusión y el desplazamiento generado por el conflicto armado, político y social para usurpar vastos territorios de tierra.

En algunos casos, las zonas fueron repobladas por colonos de otras partes del país para trabajar en las plantaciones de palma. En otros casos, personas escapando del conflicto en comunidades aledañas, se desplazaron a las tierras abandonadas por las personas desplazadas. El caso más documentado de usurpación de tierras es el de las comunidades de las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó. Wola ha venido documentado la situación que viven los desplazados de estas zonas, así como los problemas de seguridad que estas comunidades han enfrentado al regresar a sus tierras. Para mayores detalles de documentos previos preparados por Wola en este tema, vea la lista de referencias al final.

En agosto del 2007, debido a presiones de la comunidad internacional, principalmente de Estados Unidos, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, ordenó que 18,000ha de tierra sean regresadas a estas comunidades. A pesar de que existan decisiones administrativas para que los territorios sean devueltos a sus propietarios legales, las compañías de palma continúan operando ilegalmente en los territorios colectivos, siguen siendo deforestadas en contra de la voluntad de los habitantes y las comunidades, legítimas propietarias de las mismas, y todavía hoy reciben amenazas de muerte para evitar que éstas recuperen sus tierras.

Es importante destacar que en diciembre de 2007, la Fiscalía inició investigaciones contra 23 compañías de palma por haber contratado a paramilitares para desplazar forzosamente a comunidades y de esta suerte establecer plantaciones de palma en los territorios legítimos de éstas.

A pesar de estos positivos avances legales y el reconocimiento de las personas desplazadas como propietarias legítimas y legales, por parte de las autoridades colombianas, las amenazas y ataques contra los que regresan van en aumento. La realidad es que estos avances sólo se han visto en el papel y no en el terreno, evidenciándose en la quema de casas y en la destrucción de sus cultivos de comida para reemplazarlas por vacas que son dejadas a propósito en su propiedad. Los paramilitares sucesores del Bloque “Elmer Cárdenas”, que se han “desmovilizado” y que oficialmente se hacen llamar las “Águilas Negras” o “Autodefensas Gaitanistas”, son los principales autores de estas acciones violentas. Éstos, así como paramilitares de otras estructuras, están presentes en Pavarandocito, Llano Rico, Santa María, Mutatá, Riosucio, Nuevo Oriente, Playa Roja, Belén

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de Bajirá y Caño Manso, donde continúan ejerciendo control sobre la población local.

Ejemplo de ello es que en septiembre del 2007 los paramilitares hirieron a dos personas miembros de la Comunidad de Curvaradó.

Testimonio de Enrique Manuel Petro, un líder de 68 años de la Comunidad de Curvaradó, presentado en un evento en el Congreso de Los Estados Unidos en noviembre 2006.289 Desde octubre de 1996 hasta hoy se han cometido 113 crímenes en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. Estos crímenes incluyen asesinatos, desapariciones y unos 15 desplazamientos forzados. La apropiación violenta de las tierras que fueron tituladas a los afrodescendientes y mestizos, se ha dado gracias al apoyo, tolerancia y omisión por parte de la Brigada 17. Esta apropiación coincide con las plantaciones ilegales de palma aceitera “africana” por parte de las compañías Urapalma, Palmado, Palmura, Agropalma y otras.

Uno de los tantos asesinatos que nosotros los afrodescendientes y personas de raza mestiza hemos tenido que vivir es la muerte de nuestro hermano afrodescendiente, Orlando Valencia. El 15 de octubre del 2005, quince minutos después, fue detenido por la policía y liberad; luego caminó hacia mi casa en Belén de Bajirá. Fue ese el momento en el que lo desaparecieron los paramilitares.

Su cuerpo fue encontrado ocho días después en el río León. Orlando tenía sus manos amaradas y una herida en la frente de su cabeza.

Desde su asesinato, yo he continuado conjuntamente con otros afrodescendientes, en la tarea de defender nuestros territorios, pues se está sembrando palma aceitera en contra de nuestros deseos. A muchos de nosotros nos han sacado de las tierras. Las compañías de palma, con la protección de los paramilitares y el Ejército, cultivaron 130 hectáreas de mis tierras sin que yo diera autorización alguna.Yo tenía entonces 150 hectáreas. Después, vino mi desplazamiento, pero luego decidí retornar a mi finca. Los paramilitares me han amenazado y me han dicho que si me quedo me asesinan. Yo fui a la Brigada 17 y conversé con el General Pauselino La Torre, quien llamó al gerente de Urapalma, un buen amigo de él. En la presencia de este miembro del Ejército, ellos escribieron un documento donde se comprometieron a pagarme por mis tierras. Este documento fue firmado por el General, el Gerente y yo. Pero cometí el error de pensar que podía negociar con ellos y que ellos respetarían mi derecho a vivir y reconocerían el daño que me han causado.

Nunca me pagaron por las tierras y continuaron con el cultivo de palma aceitera en mi finca, con la protección de paramilitares vestidos de civil que portaban radios y armas de fuego. Esta actividad paramilitar continuó en la presencia de soldados de la Brigada 17 y la policía de Belén de Bajirá.

En marzo de este año, un grupo de 40 familias (80 por ciento de ellas de origen afrodescendiente), cuyas tierras fueron robadas por los paramilitares, y mi persona, decidimos viajar a Bogotá para informarle al Gobierno y varias embajadas (incluyendo la Embajada Estados Unidos), así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), que teníamos planeado crear una Zona Humanitaria en cinco hectáreas de mi tierra. Durante la visita les mostramos el acuerdo que fue firmado con el Gerente de Urapalma y todos reconocieron que yo soy el propietario de la finca.

Adicionalmente, un mapa creado por el Incora (la agencia del gobierno encargada de titular tierras) muestra que yo soy el dueño de esta finca.

289

Washington Office on Latin America. (20 november 2006). The Plight of Marginalized Populations: A Briefing on Afro-Colombians. Association of Internally Displaced Afro-Colombians USA, US. Recuperado de http://www.wola.org

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Palma aceitera en Colombia

En abril de este año construimos una Zona Humanitaria en mi finca. Esta es una zona neutral, que es solo para la población civil. Este territorio está localizado en mi propiedad y tiene cercas alrededor que muestran de forma clara que ésta es un área habitada por civiles. Desde que construimos la Zona hemos recibido mucha intimidación. Algunos civiles pasan y nos filman. Paramilitares reconocidos llegan y nos hacen preguntas acusándonos de ser guerrilleros. Algunos nos han amenazados de muerte a mí y a mi familia.

En dos ocasiones,Teresa Castaño (hermana de Castaño Gil) y Carlos Merlano (el abogado de Urapalma), han venido a conversar conmigo. Ellos me han ofrecido dinero para que continúe la siembra de palma aceitera en mis tierras. Teresa Castaño fue acompañada por un paramilitar conocido como el “Gago” cuando se reunió conmigo.Yo les informé que no tengo ninguna intención de vender mi tierra, porque quiero dársela a mis hijos. También les informé que quiero arreglar el daño ambiental que se le ha hecho a estas tierras para que no se pierda la biodiversidad. El cultivo de palma aceitera es muy dañino para nuestros territorios, porque lleva a la desertización del suelo. Después de cosechar la palma aceitera, es casi imposible lograr que crezcan nuevamente los bosques. También la planta seca nuestros ríos y las aves migratorias no retornan a las áreas donde se planta palma aceitera.

El Incoder reconoció legalmente mi propiedad sobre estas tierras en un pronunciamiento que hizo, y el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, ha dicho públicamente que 18.000 hectáreas de tierra deberían ser retornadas a los habitantes del Curvaradó, pero no he podido vivir en paz en mi tierra hasta hoy. El desmovilizado ex comandante de las AUC, Vicente Castaño, vive cerca de mi finca. Me han dicho que él está enojado conmigo y que yo los he “cansado” con mis denuncias y demandas. Los gerentes de Urapalma han comenzado procesos legales contra mí y los grupos nacionales e internacionales que me acompañan. Ellos nos acusan de invadir sus tierras, porque creamos una Zona Humanitaria en cinco hectáreas de mi propiedad privada. Ellos me acusan de invasor y no sé en que resultará esta acusación tan injusta.

En entrevistas con representantes de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó, realizadas en marzo, Wola fue informada que los paramilitares mantienen sus estructuras económicas forzando a los residentes a formar asociaciones económicas responsables por varias actividades económicas que tienen lugar en la zona, incluyendo compañías de extracción, tales como tala de madera y asociaciones de transporte. Estos paramilitares administran dichas asociaciones y obligan a los miembros a pagarles unas cuotas. En relación con las plantaciones de palma, los paramilitares proponen que los miembros de las comunidades “tengan un acuerdo con ellos”, “arreglemos entre nosotros”, suelen decir.

Este acuerdo consiste en que los miembros de las comunidades permitan que la palma de aceite sea cultivada en sus tierras y luego que trabajen en esas plantaciones bajo términos señalados por los paramilitares. Las personas que forman parte de tales asociaciones se convierten en objetivos de las fuerzas guerrilleras presentes en la zona. Al trabajar en proyectos económicos controlados por paramilitares, los grupos civiles se encuentran atrapados entre la competencia territorial y control de población y de proyectos económicos por parte de los grupos armados ilegales de la zona.

La Misión fue informada de que además del Curvaradó y Jiguamiandó en el bajo Atrato chocoano, la mayoría de los afrocolombianos rurales cuentan con pocas opciones económicas

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para subsistir, siendo asesinados y desaparecidos por la guerrilla, al haber sido vistos en labores de tala de árboles. En el 2006, se alega que las FARC decapitaron a 15 personas por aceptar talar árboles con instrumentos proporcionados por los paramilitares, generando el desplazamiento de 500 personas. El diario El Tiempo reportó que cuatro campesinos cultivadores de palma fueron asesinados al parecer por las FARC en noviembre de 2007.290 Presiones sobre civiles por parte de la insurgencia están hoy vigentes. En julio de 2008, las farc secuestraron a ocho afrodescendientes que estaban navegando por el río Atrato.291 Una vez liberados, los secuestrados informaron a la agencia de prensa Reuters, que la insurgencia les ordenó informarles a los afrocolombianos de la zona que: “sus barcos serán hundidos si los capitanes de ellos no les cancelan pagos de protección a las Farc”. Muchas violaciones a los Derechos Humanos, por parte de los grupos insurgentes, no se reportan por el temor de que si salen a la luz pública, las víctimas serán asesinadas en las zonas donde habitan. En muchos casos, los civiles se ven atrapados en medio de los grupos armados ilegales.

En Curvaradó, la dinámica de guerra se ha prolongado al punto en que los paramilitares siguen amenazando e intimidando a personas de la comunidad, que se han rehusado a involucrarse en la industria de la palma. En sus lugares de residencia, la insurgencia ha construido propiedades en Caño Manso, obligándolos a permanecer en silencio. Los parientes del líder de las personas desplazadas, Enrique Petro, recibieron una llamada diciendo: Pedro está muerto. Vamos a terminar con toda la familia en Bajirá. Así mismo, la comunidad está siendo acosada por empleados de las compañías de palma. En octubre del 2007, un empleado de la palma le dijo a un líder del consejo de la comunidad que: “ese guerrillero está cortando palma…algo similar le va a pasar”, como le pasó a los dos hombres que fueron heridos por disparos. Dos meses después, las “Águilas Negras” le dijeron a los miembros de la comunidad que: los jefes no van a aceptar el retorno de las tierras a sus dueños legales. En febrero del 2008, fuentes locales obtuvieron información acerca de la existencia de un contrato para matar a los ex representantes legales de los territorios colectivos. Los líderes de la comunidad describieron cómo los paramilitares restringen la libertad de movimiento de la comunidad, cortándole el acceso a las principales rutas de circulación por tierra y río.

Una situación perturbadora es el hecho de que el Ejército colombiano se encuentra presente en la zona, y en lugar de proteger a las comunidades de las FARC y de los paramilitares, defiende los intereses de la industria de la palma. Algunos soldados afirmaron que ellos tendrían que retirarse para permitir que los paramilitares lleguen a las zonas humanitarias.

En diciembre de 2007, soldados de la Brigada 15 llegaron a la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, con una lista de los representantes de la comunidad y procedieron a acusarlos de refugiar a las guerrillas en sus tierras. Existen testimonios de personas de la zona, que afirman que la Brigada 15 se está uniendo con las compañías de palma.

Durante las entrevistas recibimos muchos testimonios alegando que en esta zona los narcotraficantes vienen lavando su dinero en medio de empresas de palma aceitera. Debido a 290 291

El tiempo. (26 de noviembre de 2007). Cuatro campesinos cultivadores de palma fueron asesinados, al parecer por las Farc.

CNN. (July 25, 2008). FARC turns over 8 hostages to Red Cross.

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que esta situación es considerada un “secreto abierto” y que la Misión no tiene cómo comprobar dicha información, vemos importante que autoridades colombianas responsables investiguen estos alegatos.

Entre el 2007 y 2008, se realizaron varios reportes acusando de manera falsa a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y a las Brigadas Internacionales para la Paz (PBI), acompañantes nacionales e internacionales de estas comunidades, de ser colaboradores de la guerrilla. Tales acusaciones, algunas hechas por representantes de compañías de palma, tienden a estigmatizar la labor de los defensores de derechos humanos en la zona, convirtiéndolos de esta suerte en objetivos militares. Todo indica que ésta es una estrategia para disminuir el monitoreo nacional e internacional de las violaciones que se llevan a cabo en la región.

De acuerdo con el Defensor del Pueblo, el tiempo del que disponían los cultivadores de palma para objetar las resoluciones administrativas que declaran ilegal la ocupación de casi 18,000 hectáreas de territorios afrocolombianos en Curvaradó, se terminó en marzo del 2008. Las comunidades desplazadas continúan deshaciéndose de los cultivos de palma para poder plantar los productos que necesitan para subsistir sin la ayuda de autoridades gubernamentales. Las comunidades están asumiendo grandes riesgos al reclamar sus derechos sobre las tierras, debido a que las “Águilas Negras” continúan intimidándolos y algunos oficiales locales, en un acuerdo con el cultivo ilegal de la palma, no hacen nada para detenerlos, y en algunos casos los asisten. El 17 de mayo, la policía local trató de sacar a uno de los miembros del Consejo Comunitario de Curvaradó (comunidad que fue desplazada por operaciones paramilitares hace más de 11 años). La policía y el inspector permitieron que los ocupantes ilegales liberaran su ganado de estos predios. Cuando los animales empezaron a correr hacia los dueños legítimos, algunos de ellos sacaron sus machetes en defensa propia. Luego, la policía sacó sus propias armas y empezó a atacar a los miembros de la comunidad, arrestando a tres miembros de la comunidad sin ninguna causa. Gracias a la acción de la organización acompañante, estos tres miembros fueron liberados días después, pero una acción similar se volvió a repetir poco tiempo después.

Desde la visita de Wola a Colombia, en febrero 2008 la situación en Curvaradó cambió dramáticamente. Esta situación puede ser mirada desde dos lugares diferentes. El primero tiene una connotación positiva en tanto que permitió pasos importantes conducentes al proceso de retorno a las tierras de las comunidades; visto por el lado negativo, se han cometido nuevas violaciones serias a los Derechos Humanos contra los habitantes de esta comunidad y aquellos que las acompañan. Debido a los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos sobre este caso, se conformó una Comisión Gubernamental para el Reconocimiento y Delimitación de los Territorios en Curvaradó, cuyo propósito es el de determinar cuáles son los territorios que se van a retornar a las comunidades afrodescendientes y mestizas del Consejo Comunitario del Curvaradó. El trabajo de esta Comisión es clave para avanzar con el proceso de retorno de las tierras. Desafortunadamente, personas opuestas a la devolución de las tierras han intentado obstaculizar el proceso y la devolución ha sido más retórica que material. El hecho de que hay un proceso de devolución de tierras, ha implicado así mismo un aumento de violencia y presión contra los miembros de la comunidad de Curvaradó y las organizaciones que los apoyan.

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Cuando dicha Comisión estaba por comenzar su trabajo en junio 2008, un grupo que acompañaba este proceso, incluyendo a miembros de la comunidad de Curvaradó y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, fueron intimidados y agredidos físicamente por un grupo de hombres, entre paramilitares y autoridades locales de Riosucio, que intentaban impedir el trabajo de la Comisión, pero debido a la presión internacional la Comisión logro continuar con este proceso. La campaña de desprestigio en los medios de comunicación y otras partes, incluyendo protestas públicas en ciudades por parte de personas que representan los intereses de las compañías de palma, en torno a los acompañantes nacionales e internacionales y miembros del Consejo Comunitario de Curvaradó, sigue con mucha fuerza.

Esta situación llevo a que en septiembre de ese año, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz recibiera siete amenazas por parte de los grupos paramilitares. El 3 de septiembre, uno de sus miembros, Yimmi Armando Jansasoy Muñoz, fue secuestrado e intimidado por paramilitares durante una hora aproximadamente. Éstos amenazaron a Yimmi con que tenía el deber de dar información confidencial acerca de los habitantes del Curvaradó y que si no lo hacía lo iban a matar junto a su familia. Yimmi fue liberado, pero siguió amenazado y monitoreado, al igual que la Comisión.

El 14 de octubre asesinaron a Walberto Hoyos en Caño Manso por manos del paramilitarismo. Walberto, un miembro mestizo de la comunidad del Curvaradó, quien había sobrevivido a un atentado en septiembre de 2007, fue testigo, junto a su hermano Miguel, de la desaparición de Orlando Valencia, un líder prominente afrocolombiano, en octubre de 2005.

Días antes, la Embajada de los Estados Unidos había visitado la zona para apoyar el proceso de devolución de las tierras. Ese día, él había recibido un anuncio para testificar acerca del asesinato de Orlando. Entonces, estaba provisto de medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En octubre 2008, representantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunciaron públicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la existencia de una estrategia para frenar el esfuerzo de restitución de tierras en esta zona, que incluye asesinatos y amenazas contra acompañantes, difamación, persecución y judialización contra ellos y las personas de las comunidades con quien ellos trabajan. 292 Adicionalmente, las tensiones en esta región aumentaron por mano de las estructuras del paramilitarismo, específicamente las “Autodefensas de Colombia Gaitanista”, que se han declarado dueños de la zona. Este grupo impuso un paro armado el 15 de octubre. Durante este paro varias municipalidades en la zona de Urabá tuvieron que parar sus actividades comerciales debido a las órdenes recibidas por ellos. Además, los “Gaitanistas” circularon panfletos relacionados con personas en la región donde notaban que el objetivo del grupo es “combatir en contra de los insurgentes en la zona”. En este panfleto, plantean que debido al incumplimiento de los acuerdos que estableció el Gobierno colombiano con las AUC, dentro del proceso de desmovilización, ellos se ven obligados a controlar la zona con miras a defen292

Audiencia Sobre Medidas de Protección para la Comisión Inter-eclesiástica de Justicia y Paz, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, OEA, 23 de octubre de 2008.

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der los intereses de las comunidades293. La presencia de este grupo es una gran amenaza a la seguridad física de los afrocolombianos y acompañantes que se encuentran en la zona, y obstaculiza los procesos de justicia en casos como el de Curvaradó.

La industria del aceite de palma y las políticas nacionales para promover la usurpación dinámica de los territorios afrocolombianos en Nariño y Cauca, siguen el mismo patrón que en el Chocó. Pero la situación en el sur es aún más complicada, debido a la presencia del control ejercido por grupos armados ilegales, que incluyen a las guerrillas, paramilitares y narcotraficantes sobre territorios destinados al cultivo de la coca. Esta situación ha permitido de manera flagrante que en muchos departamentos del país, se haya agudizado la campaña de fumigación, por los esfuerzos antinarcóticos de Colombia y Estados Unidos en Putumayo y Caquetá a través de la implementación del Plan Patriota.

Municipalidad de Guapi, Cauca La concentración reciente de esfuerzos antinarcóticos, como la aspersión de fumigaciones aéreas en el departamento de Nariño, financiados por los Estados Unidos, ha dispersado el cultivo de coca y ha acarreado problemas, tales como la violencia generada por grupos armados ilegales en la zona costera de Cauca. Las municipalidades de Guapi, Timbiqui, y López de Micay se están convirtiendo cada vez más en zonas de recepción de desplazamiento interno, motivados desde los departamentos aledaños de Nariño y Valle del Cauca. Las autoridades locales294 estiman que, entre el 2001 y el 2006, las fuerzas armadas, los grupos guerrilleros y los paramilitares, generaron el desplazamiento de 972 familias.

Hasta octubre del 2007, 148 de estas familias continuaban desplazadas. En el 2007, los enfrentamientos entre las FARC y el ELN en la zona del río Guapi, así como los enfrentamientos entre el Ejército y las FARC, y la falta de seguridad alimentaria, por efectos de las fumigaciones en El Charco (Nariño), Guapi y Timbiquí (Cauca), generaron desplazamientos forzados y brotes epidemiológicos de enfermedades nunca antes vistas en la zona.

Las personas desplazadas que fueron entrevistadas, indicaron que el desplazamiento al centro urbano de Guapi y dentro de los territorios afrocolombianos pertenecientes a los 18 consejos comunitarios localizados en zonas rurales, permanece invisible. Las autoridades locales minimizan este fenómeno a propósito, pues no buscan asistencia de las autoridades debido al miedo, la falta de confianza en los procedimientos de registro y la poca posibilidad de recibir ayuda. Una explicación acerca del por qué tantas personas desplazadas no están registradas, es que la mayoría se dispersó individualmente o en pequeños grupos, lo que sumado evidencia el gran caos humanitario a que están siendo sometidos los afrocolombianos en Colombia y específicamente en la Costa Pacífica, al sur.

Otra explicación es que las personas desplazadas que se registraron fueron sacadas del sistema, debido a que regresaron a sus zonas de origen. En tales situaciones, ningún tipo 293 294

Public Opinion Communiqué, Central Front Urabá (October 15th 2008). Pamphlets in Uraba are the result of terrorism and not the rearming of the AUC. El Espectador.

Entrevistas. Personas pidieron no ser identificados por razones de seguridad.

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de verificación fue llevado a cabo para asegurarse de que éste fuera el caso. A pesar de su falta de notoriedad, el desplazamiento forzado se está convirtiendo en un problema craso; ha habido un crecimiento en el centro urbano, en una región que ostenta condiciones de pobreza notorias. Los desplazados internos reportan que la sobrepoblación es un problema en los lugares donde residen. En una de las casas visitadas por la Misión, 11 personas vivían en un refugio de tres cuartos que no poseía instalaciones de agua y sanitario apropiadas.

Las graves condiciones socio-económicas de Guapi, la convierten en un sitio de recepción desfavorable para integrar un gran número de desplazados internos. A pesar de que las personas desplazadas tienen acceso a servicios de salud y educación, estos servicios son restringidos, de manera que resultan insuficientes para satisfacer otras necesidades esenciales, como la compra de uniformes para el colegio y otros útiles escolares necesarios. La falta del servicio de salud para las personas en situación de desplazamiento, trajo como consecuencia la muerte de dos de ellos en el 2007. La asistencia humanitaria que brinda Acción Social, el Ejército colombiano, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, se limita a un envío de comida cada tres meses. Como tal, no es un programa sistemático de protección y asistencia, y no hace mucho para proveer soluciones duraderas a la población desplazada. Un representante de las autoridades locales confirmó el apoyo inadecuado a las personas desplazadas. Es de preocuparse que las personas desplazadas afirmaran que la “ayuda” ofrecida por las autoridades consiste principalmente en la presión para volver a las zonas de origen sin garantías de seguridad. De acuerdo con algunas de las personas que se entrevistaron en la Misión: las personas desplazadas que retornaron a sus zonas de origen fueron asesinadas.

Alianzas estratégicas: ciclo de empobrecimiento y dependencia En el departamento del Cauca se está implementando la política nacional relativa a las alianzas estratégicas entre las compañías de palma de aceite y los consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas o con accionistas de propiedad privada dentro de los territorios colectivos, para promover la actividad comercial. Este método implica incentivar la organización de campesinos locales en asociaciones para homogenizar sus tierras, con el objeto de avanzar en el cultivo de palma de aceite. Cabe anotar que por la durabilidad del cultivo, de 20 a 25 años aproximadamente, y por la tendencia al deterioro del tronco y las raíces, resulta difícil la recuperación del terreno con miras a poderlo adaptar nuevamente para efectos de la agricultura, tardándose en promedio 200 años en su recuperación.

Estas tierras usufructuadas en razón de estas alianzas, y producto de la expropiación ilegal e ilegítima de empresarios y militares-paramilitares, difícilmente volverán a las manos de los propietarios originales, socavando los cultivos de pancoger de las comunidades afrodescendientes e impidiendo un retorno estable que permita una vida en torno a la agricultura. Los miembros de las comunidades son invitados por las compañías para esta-

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blecer “alianzas cooperativas,” que prometen apoyar con la provisión de semillas y créditos para el cultivo a los participantes, garantizando un mercado para sus productos. Dado el tiempo que toma plantar las semillas y extraer los frutos (aproximadamente cuatro años), las compañías se comprometen a proporcionar un ingreso a los participantes a cambio del monopolio de los productos.

A su vez, la naturaleza de gran escala de estos proyectos requiere una fuerte inversión por parte de las instituciones financieras nacionales y un flujo de capital privado. En este caso particular, los participantes de las alianzas toman préstamos que deben ser reembolsados a partir de los cinco años después de que la palma de aceite empiece a dar frutos. Éstos tienen muchos problemas pagando los préstamos.

Tal es el caso de Tumaco. Allí, este tipo de alianzas ha traído como consecuencia el empobrecimiento y deterioro de las condiciones de trabajo al tratar de cumplir con las cuotas y los requisitos de las condiciones de préstamo. En primer lugar, la seguridad alimentaria es afectada negativamente, por el hecho simple de cultivar un sólo producto en lugar de varios. Luego, estas alianzas estratégicas hacen que las comunidades dependan de la fluctuación de precios del petróleo en el mundo. Similarmente, las comunidades no tienen los medios necesarios para influir sobre los precios que son establecidos unilateralmente por las compañías. En tercer lugar, la alianza es un factor en el monopolio que remueve todo el poder de negociación de las comunidades, al igual que su capacidad de vender sus productos a otras comunidades. En las últimas décadas la experiencia ha sido un fracaso y ha obligado a la comunidad a abandonar el cultivo con irreparables consecuencias para la biodiversidad en la zona y la economía de las familias.

Consejo Comunitario del bajo Guapi: un caso de la estrategia división–conquista El Consejo de la Comunidad Afrocolombiana del bajo Guapi, se formó en 1998 en el contexto de la Ley 70. El territorio de las comunidades que lo componen se extiende sobre un área de 43.196 ha, con una población estimada de 3,500 habitantes, distribuidos en 16 comunidades. Durante la asamblea del Consejo Comunitario del 2004, recibimos testimonios de los habitantes que alegan que el Partido Conservador, a través del alcalde de Guapi, interfirió en los asuntos internos del Consejo, al presionar a algunos de sus miembros y manipular las decisiones tomadas en la asamblea para garantizar el apoyo a sus proyectos políticos y económicos.

Uno de los primeros pasos que el electo Consejo Comunitario tomó, fue el distanciarse y, eventualmente, separarse de la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro del Pacífico Caucano, Cococauca,295 y de seguir los pasos de los 295

Cococauca incluye: el Consejo Comunitario los Manglares de Micay, el Consejo Comunitario Mamuncia, el Consejo Comunitario Integración, el Consejo Comunitario Playón rio sigui, el Consejo Comunitario de Sanjoc, el Consejo Comunitario de Cuerval, el Consejo Comunitario de Napi, el Consejo Comunitario de San Francisco, el Consejo Comunitario de Chanzará, la Asociación Juntos por el progreso (Jóvenes

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proyectos de desarrollo del Partido Conservador. Durante el período 2004–2007, se tomó el liderazgo de la alcaldesa Brasilia Romero, quien vino con la voluntad de implementar los proyectos de palma de aceite en la municipalidad. El Consejo Comunitario y el Grupo Regional de Consejos Comunitarios, se vieron fuertemente debilitados en los años anteriores a la asamblea. Gran parte de este debilitamiento se debió a la falta de apoyo del Gobierno para los proyectos de autodesarrollo de las comunidades. Por ello, las ganancias económicas irreales de tales proyectos de palma y el empobrecimiento crónico, llevaron a divisiones internas, de manera que no se continuó con el proceso de consulta. Los elegidos para liderar el consejo tomaron la decisión de aceptar el proyecto de palma sin seguir los procedimientos definidos y adecuados. 296 Los representantes legales recién electos del Consejo Comunitario y la Asociación Nacional de Alcaldes Afrodescendientes, Amunafro,297 firmaron un acuerdo para cultivar la palma de aceite en estos territorios.298 Personas entrevistadas alegan que Amunafro trabaja con varios representantes que apoyan las políticas del Gobierno Colombiano en materia de palma aceitera y que en muchas ocasiones son ellos los que hacen cabildeo para implementar proyectos de agronegocio del Gobierno. Representantes de este grupo han hecho lobby extensamente en Estados Unidos y reciben hoy apoyo financiero de USAID. 299 El 29 de octubre del 2007, el presidente Álvaro Uribe nombró como representante ante la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal, al director de Amunafro. En febrero de 2008, 51 consejos comunitarios y organizaciones afrocolombianas remitieron una carta al Congreso de los Estados Unidos, que pretendió restar el apoyo a la Comisión Presidencial, por considerarse que dicha instancia

296 297

298 299

y mayores)– Junpro, la Cooperativa de mujeres productivas de Guapi – Coopmujeres y Asociación de organizaciones populares de Micay – Asopomy.

Entrevistas. Personas pidieron no ser identificados por razones de seguridad.

La pagina web de Amunafro, http://www.amunafro.com/noticias.html explica que “Amunafro es una organización creada a partir de las dinámicas de las Asociaciones regionales de Alcaldes de las regiones del Pacífico, Norte del Cauca, Urabá y Costa Caribe que tiene como objetivo general: Diseñar y desarrollar marcos legales e institucionales para involucrar la perspectiva étnica en la administración pública de carácter nacional, departamental y municipal, y aprovechar los recursos existentes y potenciales (nacionales e internacionales), aplicables a localidades y comunidades con población Afro descendiente” y que “fue creada el 04 de Agosto del año 2004 en el marco de la Segunda Conferencia de Fortalecimiento Institucional Afrocolombiano, realizada en la ciudad de Cartagena. Los órganos de dirección de Amunafro son: La Asamblea General, que es la instancia máxima de autoridad, en donde actualmente tienen voz y voto 61 Alcaldes; Un Consejo Directivo compuesto por 19 miembros, siendo su Presidente el señor. Alcalde de Cali, Apolinar Salcedo Caicedo y su Secretario el señor alcalde de Buenaventura, Saulo Alfredo Quiñónez; y una Dirección Ejecutiva liderada por Oscar Gamboa Zúñiga.”

Acuerdo entre las partes. Personas entrevistadas pidieron no ser identificados por razones de seguridad.

Ver página web de Amunafro, http://www.amunafro.com/noticias.html: Noticias: El equipo técnico de Amunafro, entre los que se destacan su director ejecutivo, Óscar Gamboa Zúñiga, y su representante en Washington, Luis Gilberto Murillo, visitó a los congresistas estadounidenses Charles Rangel, Gregory Meeks, Mike Honda, Sam Farr y Donald Payne. El propósito de esta visita era gestionar la inclusión de partidas específicas para el pueblo afrocolombiano e indígena en el próximo paquete de ayudas que se aprobará para Colombia. La propuesta fue presentada al Congreso de Estados Unidos y ha recibido el respaldo de muchos miembros de los legisladores norteamericanos; Reuniones con Usaid.

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se constituye en un retroceso en cuanto a los derechos civiles y políticos de los afrocolombianos, en vista de que: “es una especie de mirage, una forma de complacer a los miembros de Caucus del Congreso Negro y sus aliados, para de esta forma, lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia”. 300 En tal sentido, expresan que el propósito de la Comisión es: “presentar al Presidente de la República planes de acción y estrategias para la adopción de recomendaciones y de manejar los recursos dirigidos a su implementación”.301 En otras palabras, a diferencia de la Comisión Consultiva de Alto Nivel establecida por la Ley 70, la Comisión Presidencial: “no contribuye con el fortalecimiento de la participación, sea de los mecanismos existentes de diálogo o de la autonomía de las comunidades afrocolombianas”.302 De esta manera, la creación de la Comisión y las alianzas entre la administración Uribe y algunos de los alcaldes afrocolombianos, así como administradores locales, es vista por los afrocolombianos de base como una estrategia para imponer el desarrollo de proyectos de palma de aceite, proyectos que a todas luces van en detrimento de los planes de uso, manejo, ordenamiento territorial y planes de etno-desarrollo de los consejos comunitarios afrocolombianos.

Es contradictorio hablar de tales proyectos desde la óptica de la Ley 70, porque dichos proyectos contradicen el propósito de la misma, consistente en la preservación de la identidad cultural de estas comunidades y la conservación ambiental. Dado que proyectos de tal magnitud incluyen planes oficiales para cubrir 5.000 ha de tierra con árboles de palma, se requeriría, por consiguiente, la consulta de los consejos comunitarios vecinos, pero esta consulta no se llevó a cabo. Representantes de los consejos comunitarios vecinos, organizaciones regionales, autoridades ambientales y organizaciones comunitarias, han expresado su profunda preocupación por la implementación del agronegocio. El consenso al que llegaron los líderes afrocolombianos fue que el proceso de consulta previa, libre e informada, no fue realizado de manera correcta, además adujeron que no hubo una evaluación acerca de los potenciales daños ambientales. Queda claro entonces, que los esfuerzos por implementar el proyecto van de la mano con la política nacional de promover y comercializar el aceite de palma.

En el Chocó, existe una fuerte presión sobre los miembros de los consejos comunitarios, líderes, y otros que alzan su voz de preocupación u oposición en contra de las políticas y proyectos promovidos por el Gobierno colombiano. Sus voces son silenciadas mediante la intimidación y amenazas de asesinatos por parte de grupos armados ilegales. El incidente en el que los líderes comunales caminaron hacia Asomanos Negra, una organización comunitaria, luego de una reunión en Guapi en mayo 2007, entre una delegación del Presidente colombiano y miembros de consejos comunitarios y organizaciones comunales, es un ejemplo de los obstáculos que los líderes enfrentan al intentar defender los derechos de sus comunidades. En aquella ocasión fueron intimidados y amenazados.303 300 301 302 303

Carta de las organizaciones afrocolombianas sobre la “Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal, Febrero 7 de 2008. Recuperado de http://www.renacientes.org:8080/otros/noticias/CARTA-DE-LAS-ORGANIZACIONES-AFROCOLOMBIANAS-SOBRE/ Ibíd.

Ibíd.

Información de Asomanos Negra.

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Nariño: Un departamento golpeado por la violencia, las fumigaciones y el desplazamiento La campaña antinarcótica, que incluye operaciones militares y la fumigación aérea de forma intensa en el Putumayo, departamento vecino, ha llevado a la expansión de los cultivos de coca y la intensificaron del conflicto en Nariño. 304 Las consecuencias sociales y humanas para los civiles son devastadoras. Mientras los grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares) se encuentran en abierta confrontación para el control de la tierra y el acceso al mar (en donde impera el negocio del narcotráfico), hay tremenda presión militar, social y económica sobre la población civil. Un aumento en las confrontaciones entre los grupos armados y ataques indiscriminados contra los civiles ha llevado a un deterioro de la seguridad para los civiles de los municipios de Policarpa, Cumbitara, El Charco, Leiva, Santa Bárbara de Iscuandé y Rosario. Además, el conflicto entre las FARC y el ELN cuyas alianzas con los carteles de la droga y métodos de lucha difieren, ha traído nefastas consecuencias a la población civil de Nariño.

Lo anterior ha conllevado al desplazamiento interno masivo. Actualmente, el departamento de Nariño es una de las áreas más golpeadas por este flagelo. No sólo los afrocolombianos han sido altamente afectados, sino también las comunidades indígenas han sido víctimas de esta situación. Por ejemplo, los indígenas “Awa” de esta área han sido devastados en los últimos cinco años como resultado de la combinación de conflicto armado, violencia, fumigaciones y desplazamiento. El desarraigo de estas comunidades está amenazando la supervivencia e integridad cultural de este grupo; en enero de 2007, más de 400 indígenas y campesinos fueron forzados a huir de Samaniego y Santa Cruz por conflictos entre estos grupos. 305 La falta de desmovilización real y el reagrupamiento de estructuras paramilitares en estas áreas también han forzado a miles de personas a huir a Cali, Popayán, Santander de Quilichao, Pasto y Ecuador. Los que quedan en áreas de combate, son sometidos a bloqueos y control por todos los grupos armados y están sufriendo una crisis humanitaria de grandes proporciones. El municipio de El Charco, tuvo el desplazamiento más grande del departamento. Más de 8,000 personas, la mayoría afrocolombianos, huyeron en marzo de 2007 a causa de confrontaciones entre el Ejército y las farc.306 La situación en la cordillera occidental del norte de Nariño y sur del Cauca es particularmente dramática. Desde el 2002, la población civil, en su mayoría comunidades indígenas y afrocolombianas, han sido golpeadas por las acciones militares e ilegales de todos los grupos armados y los narcotraficantes, que operan en el área. En entrevistas con per304 305 306

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). (abril de 2008). La aspersión de cultivos de uso ilícito en Colombia: una estrategia fallida, John Walsh, Gimena Sanchez-Garzoli y Yamile Salinas Abdala (Indepaz).

Información de la ONIC. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). (7 de abril de 2007). Aerial fumigation is contributing to the worst recent humanitarian crisis in Colombia, experts say. TransAfrica Forum and WOLA. Recuperado de: www.wola.org

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sonas afectadas, nos informaron que en muchas ocasiones las Fuerzas Armadas actúan desconociendo la autonomía de los pueblos afrodescendientes e indígenas, sus autoridades tradicionales, su territorio colectivo y la misma legislación colombiana que les reconoce de manera especial. El Ejército, las farc y los paramilitares de la “Organización Nueva Generación”, los “Rastrojos” y las “Águilas Negras”, forman bloqueos donde cobran impuestos por actividades económicas, tanto legales o ilegales. Testimonios de pobladores locales y de familiares de víctimas evidencian que los paramilitares simplemente cambiaron de nombre porque en las filas se observan a muchos hombres que se “desmovilizaron”.

De otro lado, los grupos armados restringen el movimiento de los habitantes cobrando tarifas por pasaje en los puestos de control. Las personas que no pagan son asesinadas, secuestradas o intimidadas. Así mismo, en estos retenes se efectúan asesinatos selectivos.

En uno de estos puestos de control ambulantes, la representante de Wola presente en Colombia, fue examinada por paramilitares con armas debajo de sus camisas, luego de que se le detuviera mientras se viajaba en su vehículo.

Los habitantes de esta zona nos informaron que paramilitares de la “Organización Nueva Generación” y el Ejército mataron a cinco campesinos en el 2007. En los casos atribuibles a este último, se acometieron ejecuciones extrajudiciales, en las que varias personas de la región fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate. El “Batallón Boyacá”, encargado de las operaciones en el área, según se informa, trabaja en connivencia con los paramilitares. Los testimonios de víctimas indican, según las organizaciones de derechos humanos, que en esta zona hay casos de grupos paramilitares que detienen civiles para luego entregarlos al Ejército y finalmente proceden a presentar a estas personas como bajas de guerrilleros en combate. También, se han presentado situaciones en donde el Ejército detiene a personas y las entrega a los paramilitares para que las ejecuten y desaparezcan.

El Consejo Comunitario de las Comunidades Afrocolombianas de la Cordillera Occidental en Nariño y el Copdiconc, estima que 20.000 personas fueron desplazadas y otras 2,800 asesinadas entre el 2000 y el 2007.307Actualmente, el 80 % de los habitantes de estas comunidades fueron forzados a dejar sus hogares. Los desplazados y líderes de esta región le contaron a nuestra delegación cómo los paramilitares que entraron a los palenques en el 2000, asesinaron a varios civiles, con el agravante de que se cometieron tratos inhumanos y degradantes (en aquella ocasión cortaron los cuerpos de estas personas en público, atando los restos a flotadores y tirándolos a los ríos para fomentar terror). Los desplazados por esta causa contaron que los paramilitares llenaban entre cuatro a cinco balsas con restos y las soltaban en el río. A pesar de varias peticiones al Ejército para que diera garantías de protección a estas comunidades, no hubo un esfuerzo real para tal efecto. Peor aún, las personas desplazadas notaron que el Ejército, los paramilitares y la policía, trabajaban juntos con frecuencia. No se hizo ningún registro de las personas asesinadas y dada la manera en que se desecharon los cuerpos, sería casi imposible recuperarlos. Estas violaciones 307

Entrevistas, comunicados y cartas de Copdiconc y Nomadesc. Ver en particular S.O.S. Nariño y Sur del Cauca, Copdiconc, el Proceso de Comunidades Negras, Nomadesc y la Campaña Nacional e Internacional de Derechos Humanos “PROHIBIDO OLVIDAR” Julio 12 de 2007.

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flagrantes a los derechos humanos por parte de grupos paramilitares, al mismo tiempo que se daban las confrontaciones armadas entre el Ejército (incluidos bombardeos aéreos) y la guerrilla siguen generando nuevos desplazamientos.

Las personas desplazadas reportan que a causa de la presencia guerrillera en la zona, la comunidad es falsamente acusada de pertenecer a estas estructuras armadas. Por ello, el Ejército actúa de manera indiscriminada cuando opera en sus territorios. Los grupos armados ilegales y los narcotraficantes están en un conflicto territorial por el control de esta zona estratégica para el narcotráfico y actúan sin moderación contra la población civil.

A pesar del anuncio oficial del proceso de desmovilización que culminó en agosto del 2006, las violaciones a los derechos humanos por parte de los paramilitares, incluyendo los demás grupos armados en confrontación, continúan de manera sistemática y generalizada, de suerte que han suscitado nuevos desplazamientos. En el 2007, 13 líderes afrocolombianos de las comunidades Copdiconc, recibieron protección provisional de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, a causa de la gravedad de las amenazas persistentes contra sus vidas. La Comisión en mención exigió al Estado colombiano tomar las medidas pertinentes para la protección de los líderes y demás miembros de la comunidad. No obstante, éstas se han limitado a la dotación de avanteles y un vehículo, sin que esto realmente permita una protección que fortalezca el proceso organizativo.

El tejido organizativo continúa debilitándose a pesar de los esfuerzos de la comunidad y sus líderes por fortalecerlo, pues las presiones y la violencia en contra y la falta de voluntad política por parte del Estado de apoyarlos para enfrentar esta difícil situación, es evidente. Los líderes de esta comunidad quieren retornar y de esta manera mantenerse en su territorio, pero el Estado no ha tomado las medidas para el retorno o para evitar que esta comunidad se desintegre debido al desplazamiento interno.

Luego de la visita de Wola, la situación de inseguridad de los líderes de Copdiconc se deterioró. El 11 de julio, varios miembros de Copdiconc fueron detenidos en un reten paramilitar, en el municipio de Policarpa. Dos de los detenidos, José Arcos, vicepresidente del Consejo Comunitario, y María Antonia Amaya, fueron secuestrados por estos hombres y liberados en los días que siguieron, debido a la presión internacional. ONGs presentes en la zona han hecho evidente el surgimiento de desplazamientos internos, violencia, desapariciones forzadas y asesinatos.

El cultivo de la palma de aceite en Tumaco El municipio de Tumaco, en la frontera con Ecuador y con acceso al mar en Nariño, tiene una de las más grandes y antiguas concentraciones de plantaciones de palma de aceite en el país. Como en los otros departamentos de la costa Pacífica, la gran mayoría de la población es descendiente de esclavos africanos. Las primeras plantaciones fueron establecidas en la década de los sesenta pero la producción no creció en escala hasta 1972, cuando Palmas de Tumaco empezó a cultivar más intensamente. El defensor del pueblo anotó:

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“en 1980 la producción de langostino y palma africana estaba creciendo mientras que las oportunidades para las comunidades negras e indígenas se volvieron más difíciles. En muchos lugares del Pacífico, las grandes industrias se expandieron de manera incontrolable e invadieron los territorios habitados por minorías étnicas en la región”.308 Desde entonces, unas pocas compañías establecieron plantaciones en el municipio, con el agravante de llevarse a cabo serias violaciones a los derechos humanos, el desplazamiento forzado de los habitantes locales y graves daños producidos al medio ambiente. Cinco líderes afrocolombianos fueron asesinados entre 1992 y 2004, mientras que más de 300 fueron asesinados en el 2004, como resultado directo o indirecto de su labor de defensa de sus territorios contra las invasiones por parte de las compañías de palma de aceite. A través del Incora, las compañías de palma fueron capaces de reclamar de manera fraudulenta tierras consideradas estériles por el Estado colombiano. En la década de los ochenta los cultivos de palma fueron implementados de manera extensiva, con la entrada de otras empresas como Palmeiras y Astorga. Antes de la llegada de los paramilitares a Nariño en la década de los noventa, las compañías de palma utilizaban servicios de seguridad privada para intimidar a la población local y forzarla a cultivar palma de aceite. Los testimonios de afrocolombianos, que habitaban en estas zonas por aquel entonces, enfatizan que estas compañías utilizaron la intimidación como estrategia para expandir sus proyectos empresariales de agronegocio.

Los afrocolombianos le expresaron a la Misión con preocupación que para muchas personas de las comunidades, el cultivo de la palma aceitera está asociado con la pérdida de territorios tradicionales, la destrucción de una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo y la violencia contra sus comunidades. Algunas de las personas asesinadas como Francisco Hurtado Cabezas, José Arístides, Rafael Valencia Camacho y Yolanda Cerón eran líderes históricos del movimiento afrocolombiano y personas religiosas que apoyaban este movimiento con mucha devoción y rigor. Hurtado, había denunciado a Palmeiras por sus abusos contra el ambiente y reivindicó los derechos territoriales como primer representante legal elegido para uno de los consejos comunitarios en la zona del río Mira, Tumaco. También fue un líder que luchó para conseguir la Ley 70 y defender los derechos territoriales de las comunidades negras. Cerón era una monja que trabajaba con la Pastoral Social, peleando junto con las comunidades afrocolombianas por sus derechos. Estos asesinatos y la intimidación llevaron al desplazamiento de otros tantos.

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Reunión con WOLA y IDMC.

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Yolanda Cerón*,una hermana católica que trabajaba en la Diócesis de Tumaco, era defensora de alto perfil de las poblaciones afrodescendientes marginalizadas que habitan la costa Pacífica. Comenzando en septiembre del 2000 cuando los paramilitares de las AUC comenzaron a establecer su presencia en Nariño, la hermana denunció la colaboración cercana que existiera entre ellos y la II Brigada de la Infantería Marina en esta región. En abril 2001, la hermana denunció en un evento publicó estas conexiones e insistió en una carta escrita con el Obispo de Tumaco que se investiguen estas alegaciones. Menos de cinco meses después, el 19 de septiembre del 2001, Cerón y un familiar estaban saliendo de la Iglesia de Nuestra Señora de Piedad en Tumaco cuando un hombre armado la asesinó con múltiples balas de fuego. Ella murió en ese instante frente a las puertas de la Iglesia que está localizada muy cerca de una estación de policía. La hermana era conocida por exponer las alianzas criminales y de corrupción que estaba llevando al aumento del cultivo ilegal de palma aceitera en la zona.

Luego de siete años, el caso de la hermana sigue en la impunidad y hay varias investigaciones en proceso. Dos de las personas acusadas por conexiones con este crimen lograron salir de detención (uno de ellos debido a enfermedad y otro con un anuncio que le dio la libertad; hoy se ha probado que se trató de un documento falso). Este señor fue capturado nuevamente y entró en el proceso de “justicia y paz”. El paramilitar Guillermo Pérez Alzate, conocido como “Pablo Sevillano”, confesó en enero de 2008 que dio la orden de asesinar a la hermana y que el perpetrador de este homicidio fue un soldado llamado Jhon Jairo Mesa, extraditado a los Estados Unidos en mayo del 2008, por crímenes relacionados con el narcotráfico y está siendo procesado en Tampa, Florida.

El 27 de octubre, “Pablo Sevillano”** se declaró culpable en la Corte de Florida por crímenes de narcotráfico contra ciudadanos de los Estados Unidos y en un acuerdo con los fiscales de ese país será sentenciado entre 10 a 40 años de cárcel. Defensores de derechos humanos colombianos están preocupados, en vista de que, debido a la extradición, las investigaciones relacionadas con el crimen de la Hermana Yolanda, entre otros, atribuidos a “Pablo Sevillano”, no avancen.*** * Comisión Inter-Sectorial de Justicia y Paz, Traducción al Ingles de WOLA. (October 2, 2008). Entrevistas con amigos de Yolanda.Yolanda Cerón, Seven Years of Impunity. ** Alias “Pablo Sevillano” se declaró culpable en E.U. de narcotráfico, Radiosantafe. (Octubre 28 de 2008). *** Entrevistas.

Los afrocolombianos dijeron a Wola, que preferían trabajar con cultivos tradicionales o diversos. Dejaron sentadas las difíciles condiciones laborales en las plantaciones de palma y enfatizaron que no tienen contratación directa, no reciben seguridad social, trabajan jornadas largas sin tiempo de descanso (lo que redunda en que las condiciones de trabajo resultan peligrosas, careciendo de los equipos requeridos para protegerse). Esta situación convierte a los afrocolombianos en sirvientes de sus propias tierras. El cultivo de palma establece entonces unas relaciones de imposición más que aquellas que pudieran permitir una relación distinta con la tierra. Tal situación queda al descubierto con el hecho de que este tipo de economía resulta a veces como única opción económica. “Aunque la palma de aceite es legal y de esa manera es una alternativa al cultivo de la coca, trae los mismos problemas a la comunidad que había antes con la coca. Ni la coca ni la palma de aceite benefician realmente a los campesinos afrocolombianos”, dejó sentado un afrocolombiano que cultivaba palma.

En 1980, Tumaco creció de 30 a 60,000 habitantes, gracias a la paulatina urbanización, generada por el desplazamiento de muchos afrocolombianos por efectos de la expansión de la

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palma de aceite. Mientras que en 1994, el 90% de las propiedades eran de los campesinos, a causa de las dinámicas del despojo, la tenencia legítima de la tierra se redujo a 21.7% en 2007 por las conquistas de las grandes plantaciones. El área oficialmente cubierta en el municipio por concepto de plantaciones es de 35,000 ha, pero es probable que se hable de área de 70 y 80,000 ha.

En el Cauca, las comunidades afectadas reportan que las compañías de palma han empleado varias tácticas de intimidación coactivas para que los afrocolombianos cedan sus territorios a las compañías. Una es mandar a personas armadas a los territorios con el fin de “negociar” con los líderes diciéndoles: “o nos venden la tierra o negociamos con las viudas.” La segunda táctica es proponerles que vendan o arrienden la tierra a las compañías, mientras éstas supervisan el cultivo. Luego, presionan a los dueños a que dejen sus tierras para que las compañías puedan tener control completo de la operación. La tercera táctica consiste en amenazar e intimidar a los líderes para silenciarlos. Una estrategia más, que se ha venido utilizando recientemente, es tratar de convencer a miembros de los consejos comunitarios de participar en la implementación del agronegocio, como forma de dividir las estructuras organizacionales internas de las comunidades y expandir de esta manera los cultivos de palma.

Otro problema no menor, tiene que ver con que los cultivos de palma han sido infectados por una plaga llamada pudrición de cogolla (PC). La Misión escuchó voces de observadores que hablaron del crecimiento de esta peste en relación con las recurrentes fumigaciones aéreas en Tumaco. La infección de PC es problemática por la manera en que está afectando a cultivos de pancoger, en detrimento de la seguridad alimentaria en la zona. Es probable que la mayoría de las palmas estén enfermas de PC. Muchos afrocolombianos podrían perder los pocos beneficios que reciben del cultivo de palma y esto implicaría, como un mal adicional, desempleo, carencia de alimentos y la imposibilidad de que los pequeños cultivadores puedan pagar los créditos. Un agravante mayor, es que los campesinos destruyeron sus cultivos tradicionales para producir palma. En este sentido, hay por delante un futuro poco promisorio en el que aparece como única alternativa el cultivo de coca para compensar las pérdidas de ingresos y la falta de recursos para la sobrevivencia.

En marzo de 2006, dos de las compañías de palma fueron condenadas por la oficina del Procurador General de la Nación, dado que ocupar territorios implica posesión “de mala fe”. La Misión verificó, por medio de documentos confiables, que los gerentes de las compañías habían sido condenados a cárcel por los mismos abusos pero estaban libres durante la Misión. Palmeiras S.A. y Palmas Oleaginosas Salamanca, vienen ocupando aproximadamente entre 800 y 1.500 ha de tierras colectivas, que históricamente han pertenecido al Consejo Comunitario de Alta Mira y Frontera. Estas empresas se han apropiado de tierras pertenecientes al Consejo, sin el permiso de las autoridades afrocolombianas. Algo similar sucede con Astorga, que está operando en las tierras colectivas del Consejo Comunitario de Río Rosario.

Estas compañías obtuvieron las tierras de manera ilegal, comprándoselas a los afrocolombianos individuales que vivían en los territorios. A todas luces, esta práctica es ilegal

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porque viola los artículos 7 y 15 de la Ley 70. En 2003, el Incoder reconoció los derechos históricos de los habitantes afrocolombianos al territorio colectivo de Alto Mira y Frontera.

Además, Corponariño forzó a Palmeiras S.A. a pagar una multa y replantar 50.000 árboles por el daño ecológico que causó en estos territorios. Por su parte, Palmas Oleaginosas Salamanca ha sido sometida a sanciones y multas por daños ambientales severos, entre ellos, deforestación, daño a los manglares y contaminación de fuentes de agua, causada por la implementación de palma de aceite.

Las autoridades en asuntos territoriales actuaron para rectificar esta situación. En marzo del 2006, el Incoder expidió una resolución declarando que las dos compañías de palma eran ocupantes de mala fe de 800 ha del territorio colectivo del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera. Aunque Incoder reconoce que las compañías han ocupado dichas hectáreas ilegalmente, los habitantes locales nos informaron que el tamaño del área puede ser aún mayor. A pesar de las sanciones que impartieron Corponariño y las resoluciones emitidas por el Incoder, las tierras usurpadas no han sido devueltas.

Alianzas estratégicas de Cordeagropaz Uno de los programas de alianza estratégica para el desarrollo de la palma de aceite es el de Cordeagropaz. La cual, ha recibido financiamiento de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Fondo para Inversiones para la Paz y Créditos del Banco Agrario y Bancolombia. Esta alianza ofrece créditos a los campesinos afrocolombianos para costear la adquisición de semillas, fertilizantes y los costos de labor, así como apoyo técnico para que puedan producir la palma de aceite. En el momento en que estos cultivos dan fruto, el campesino tiene que devolver una parte del préstamo. Aunque la mayoría del monto está asegurado por el Fondo Agropecuario de Garantías, la compañía de palma debe cubrir el costo del crédito, en caso de que el campesino no pueda pagarlo. La compañía puede asumir la producción de la palma hasta que el préstamo se haya pagado, a lo que se suma que el interés de esos préstamos es alto. Los costos de producción de la palma exceden la mayoría de las veces la cantidad entregada al campesino, creándole una mayor carga financiera.

Según las entrevistas, Cordeagropaz ofreció inicialmente créditos para múltiples proyectos y parecían estar de acuerdo con los planes de desarrollo de las comunidades afrocolombianas. Sin embargo, con el tiempo, la compañía de palma Astorga ha asumido posiciones importantes a favor de la entrega de créditos para efectos de cultivo de palma aceitera, haciendo difícil la obtención de créditos para otros proyectos agrícolas. Adicionalmente, a las siete asociaciones de campesinos que forman parte de estas alianzas, se les pide firmar contratos de comercialización con compañías según los cuales ellos venden su producto exclusivamente a la compañía de palma de aceite con quien tienen el acuerdo. Hay mucha presión sobre los campesinos para ser parte de estas asociaciones. Varios de ellos describieron esta situación como una forma de “terror psicológico”, a través del cual, si no se asocian con las alianzas, ninguno de sus productos se comprará. Muchos expresaron preocupaciones sobre las alianzas y los créditos diciendo que en vez de funcionar como un “Banco de Oportunidades” funciona como un “Banco de Necesidades”.

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Personas entrevistadas indicaron que parte de la estrategia de la palma es darle a ésta la opción de tener tanta publicidad positiva, si no falsa, posible. Las compañías de palma y los que las apoyan también juegan un gran papel en el financiamiento de y el apoyo a las campañas y esfuerzos de los políticos locales. Las campañas políticas y de publicidad conectadas con los proyectos de palma también están ligadas a esfuerzos para desacreditar los consejos comunitarios, haciéndolos parecer como un obstáculo para el desarrollo en la región y bloqueando las iniciativas de desarrollo propuestas por las propias comunidades.

Los líderes notaron que hay mucha presión sobre miembros de las comunidades para unirse a las alianzas y aceptar créditos para cultivar la palma. Los habitantes que no son parte de las alianzas y aceptan este sistema, con frecuencia enfrentan situaciones de desempleo y otros problemas socioeconómicos. La gente explicó, cómo la falta de empleo y oportunidades ha estimulado a los jóvenes a involucrarse con grupos armados ilegales y cómo las mujeres tuvieron que meterse a la prostitución para sobrevivir.

De otra parte, hicieron evidente que hay diferentes esquemas de vinculación para campesinos que trabajan en la industria de palma aceitera. Una forma de vinculación consiste en que se estimula la ganancia de acuerdo al fruto que producen y le venden a los palmicultores. Otra, tiene que ver con el modelo de contratación, en el que se nombran cooperativas de trabajo asociado (CTA). Este último, consistente en que los trabajadores reciben remuneraciones según los contratos que las cooperativas firman con las empresas, dependiendo de la época de las cosechas y los subcontratistas dependen a su vez de los contratistas, siendo los que reciben los jornales. Este sistema impide la contratación directa del trabajador con la empresa y la sindicalización del mismo. Las personas entrevistadas explicaron que a veces tenían que trabajar turnos muy largos. Por ejemplo, en ocasiones trabajaron de cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde, pagándoseles menos de un dólar por día.

Si las palmas no producen, ellos no reciben salario. No tienen ninguna protección laboral y obtienen pocos beneficios. El acuerdo es desfavorable para el productor local, porque son las compañías las que dictan el precio de compra del producto.

La explotación de los obreros es un objetivo y también un resultado del desplazamiento forzado, cuando las plantaciones están localizadas en tierra usurpada. Como fue demostrado en el caso Jiguamiandó y Curvaradó, la implementación de las plantaciones de palma fue uno de los objetivos más importantes, a partir de los desplazamientos forzados. La violencia extrema ha creado grupos de trabajadores altamente móviles e indigentes que están dispuestos a aceptar prácticamente cualquier condición ofrecida por las compañías de palma. De esta manera, la miseria y la explotación de los trabajadores en las plantaciones no es más que una extensión de la lógica de eliminar resistencia y acelerar la extracción de plusvalía. Pero a veces, los obreros resisten, tal como sucedió en enero y febrero del 2008 en Puerto Wilches, departamento de Bolívar. Allí las condiciones obligaron a una huelga que duró catorce días.

A partir de estas circunstancias, es previsible que las condiciones de trabajo en las plantaciones de palma se deterioren cada día más como resultado de los costos elevados en relación impuesta por competidores en el mercado global. Por ejemplo, las plantaciones de palma de aceite procedentes de latitudes asiáticas (Malasia e Indonesia) son significativamente más grandes y tienen mayor rendimiento por hectárea que las plantaciones de palma en Colombia.

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De esta manera, las enfermedades y la caída del precio de la palma de aceite en el mercado global, tendrán consecuencias devastadoras en Colombia; el caso Tumaco es emblemático.

La subcontratación, bajo la figura de asociaciones laborales, ha liberado la responsabilidad de las compañías como directas empleadoras y ha transferido los riesgos comerciales a los campesinos. Si no son desplazados a la fuerza y dejados en condiciones de miseria, invierten tanto su tierra como préstamos u otros bienes, cargando en la espalda la carga más pesada y beneficiándose poco de la comercialización, pues terminan siendo víctimas de los precios dictados por las compañías y las fluctuaciones de precios a nivel mundial. Este es el modelo de trabajo que se está ensayando en Guapi.

Colombia es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del sindicalismo. En 2008, fueron asesinados 41 sindicalistas. El porcentaje de impunidad en estos casos sigue alrededor del 96 %. La violencia sindical produjo discusiones alrededor del Tratado de Libre Comercio con Colombia, en el Congreso de Los Estados Unidos, de tal manera que entre 2007 y 2008 los congresistas norteamericanos preocupados por la situación laboral en Colombia, han insistido en que el Gobierno colombiano dé pasos firmes para prevenir asesinatos de sindicalistas y combata la impunidad en estos casos. El representante George Miller (California), el Presidente del Comité de Educación y Labor de la Cámara de Representantes de Estados Unidos remitieron una carta de 15 páginas al presidente Álvaro Uribe Vélez, en el mes de septiembre, donde se le solicita al Gobierno Nacional que avance en las investigaciones sobre los asesinatos de casi 2.700 sindicalistas en Colombia desde el año1986.* * Letter from Representative George Miller (CA) to President Alvaro Uribe. (September 12, 2008). Recuperado de http://www.wola.org

El Gobierno colombiano en respuesta a la presión internacional, aprobó una legislación que reformara el Código Laboral acerca del derecho a la huelga y la administración de cooperativas asociadas de trabajo (CTA). Pero en vez de generar soluciones, estas nuevas leyes han creado nuevos problemas, en los que las asociaciones de sindicalistas en los Estados Unidos, debilitan aún más los derechos laborales. En el caso de la ley de cooperativas asociadas, aprobada en el Congreso colombiano en junio 2008, con el propósito de preparar a Colombia para el TLC, se establecen estas cooperativas, que sirven de intermediarias entre los trabajadores y los empleados. La consecuencia, es que éste queda exento de la responsabilidad de garantizar los derechos laborales al empleado. En este sentido, expertos en derechos laborales en Colombia ven en esta ley una dinámica de anti-trabajador, diseñada para aumentar la competitividad de las industrias. Los trabajadores se convierten en “empleados” y tienen que vender su labor bajo un contrato comercial. Ellos no pueden negociar de forma colectiva, formar sindicatos o ejercer su derecho a la huelga, porque las cooperativas compiten entre ellas para conseguir el trabajo.

En septiembre 15, más de 10.000 trabajadores, una gran parte de ellos afrodescendientes, empleados en la industria de caña de azúcar en Cauca y Valle del Cauca, iniciaron una movilización masiva en respuesta a la falta de voluntad de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar, Asocaña, en mejorar las condiciones laborales. Es

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importante anotar que esta industria, cuya pretensión es aumentar los cultivos para la producción del agro-combustible de etanol, también beneficiará el TLC con Estados Unidos. Muchos de estos trabajadores estaban protestando contra el modelo de las cooperativas, que desde su punto de vista no garantizan sus derechos laborales. La Misión de Wola se reunió con varios de estos trabajadores en Valle del Cauca, quienes nos contaron lo peligroso y difícil que eran las condiciones laborales para ellos. La respuesta del Gobierno colombiano a esta demostración fue mandar a los Escuadrones Antidisturbios, Esmad, para dispersar a los trabajadores que estaban protestando. El resultado fue más de 40 trabajadores y sus familiares heridos. Los representantes del Gobierno, en vez de preocuparse por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, comenzaron a señalarlos, incluyendo al Senador Alexander López Maya, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, porque supuestamente fueron manipulados por las FARC. 309 Estas acusaciones llevaron a la detención de dos asesores del Senador y otros trabajadores.

Es necesario precisar además, que las fumigaciones en el departamento de Nariño han sido un obstáculo al cultivo de la palma de aceite. Casi la mitad de las quejas formales presentadas por los afrocolombianos y otros campesinos a las respectivas autoridades, sobre daños generados por las fumigaciones, fueron hechas por personas asociadas con el programa de cultivo de palma de aceite. Según Cordeagropaz, entre el 2002 y el 2005, 300 ha aproximadamente con 2.557 palmas, pertenecientes a 90 productores asociados con su alianza, fueron dañadas.

El impacto ambiental de la producción de aceite de palma La región del Pacífico es un área de excepcional biodiversidad y se necesitan licencias ambientales para explotar sus recursos naturales comercialmente. Sin embargo, según las autoridades ambientales con las cuales se reunió nuestra Misión, y la Oficina del Procurador General, pocas de las compañías en la región han obtenido estas licencias.

En Guapi, por ejemplo, las autoridades ambientales locales solo sabían de la emergente plantación de palma, que implicaría el despeje de 15.000 hectáreas de selva en el municipio, a través de vías informales. Cuando la Misión preguntó si las autoridades ambientales iniciarían una investigación sobre la compañía Palmas Oleaginosas Salamanca, les contaron que tal situación tenía que tramitarse por medio de la oficina departamental en Popayán.

En Jiguamiandó y Curvaradó, se obtuvieron licencias aunque existen muchos reparos sobre la forma como se entregaron. En gran parte, como respuesta a la presión, Codechocó, un subsidiario regional del Ministerio del Medio Ambiente, ordenó la suspensión de todas las actividades dirigidas al establecimiento de plantaciones de palma de aceite en abril de 2005, e invocó sanciones contra las compañías de palma. Según la Oficina del Defensor del 309

Wola. (September 26, 2008). Not so Sweet: Striking Sugar Cane Workers in Colombia under Attack.

Recuperado de http://wolablog.typepad.com/weblog/colombia/

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Pueblo, las compañías han destruido de manera permanente la topografía, flora y fauna, excavando túneles y despejando la selva, lo que redundó en el aumento de la sedimentación de los ríos y redujo el acceso, mientras también contribuyó a la deforestación, la depleción de los recursos de agua y la pérdida de biodiversidad.

Las versiones de las comunidades en los departamentos de Nariño y Cauca, fueron corroboradas por la Oficina del Defensor del Pueblo en el Chocó, agregando que la pérdida de biodiversidad e identidad cultural, como resultado de las plantaciones, son procesos irreversibles.

Además, esta situación es política y económicamente irreversible, como lo ha demostrado el Ministerio de Agricultura, cuando ha presionado a las comunidades en Jiguamiandó y Curvaradó para efectos de plantación de palma de aceite. Tales intereses quedaron plenamente planteados, cuando en una reunión con Wola, representantes del Ministerio de Agricultura, justificaron la política diciendo que la no continuación de las plantaciones significaría un gasto considerable en el marco de sus inversiones, sin tomar en cuenta a las comunidades y sus respectivos derechos a la devolución de sus tierras o sus derechos a ser compensados.

La situación para los líderes de comunidades afrodescendientes en Tumaco, que resisten pacíficamente tanto al cultivo de la palma aceitera como al cultivo de coca, se ha deteriorado de manera considerable desde que WOLA estuvo en la zona. Hechos ocurridos después de la visita lo corroboran. El 24 de junio, algunos paramilitares entraron en el pueblo Candelilla del Mar y detuvieron a un grupo de afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera por dos horas. Retuvieron a Felipe Landazury, líder afrocolombiano.

Después de dos horas, los paramilitares liberaron a los restantes que estaban con él y luego lo asesinaron. Felipe, era conocido en la zona por su trabajo denodado de oposición al cultivo de palma en los territorios colectivos de las comunidades negras y de proponer estrategias para que las comunidades no se desplazaran de la zona. Prontamente iba a ser elegido como presidente del Consejo Comunitario en la asamblea que seguía.

Al principio de octubre de 2008, otro líder afrocolombiano de la zona que defendía los territorios colectivos de las comunidades negras contra el cultivo de coca y de palma, Armenio Cortes, también fue asesinado por un grupo ilegal. Todo indica que los paramilitares están aumentando las amenazas contra todos los sectores de la sociedad civil en la zona.

El desplazamiento interno en Colombia se ha usado por los actores armados por décadas enteras para controlar política, económica, territorial y socialmente a los civiles. Por consiguiente, es consecuencia imprevista del conflicto armado, político y social. Como resultado, unos cuatro millones de civiles han sido obligados a abandonar sus hogares en las últimas dos décadas, la mayoría provenientes de zonas rurales que se desplazan a zonas urbanas en búsqueda del protectivo anonimato. Las últimas cifras del Gobierno muestran, que casi 300,000 personas fueron desplazadas a la fuerza en el 2007.

Los objetivos militares de los grupos armados han tendido a la conquista territorial a gran escala, descrita recientemente como “contra reforma agraria”. Las cifras son difusas, aunque pueden oscilar entre dos a seis millones de hectáreas despojadas, la mayoría tomada de desplazados internos y controlada por grupos paramilitares que se desmovilizaron formalmente en el 2006.

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Aunque el objetivo oficial de estos grupos era luchar contra la guerrilla y defender las instituciones del Estado, los 30,000 paramilitares desmovilizados han sido responsables por la mayoría de las violaciones contra los derechos humanos en Colombia en los últimos años. Estas violaciones incluyen masacres de civiles, asesinatos de líderes de derechos humanos y sindicalistas, tortura, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y limpieza social, en muchos casos justificadas por señalamientos a personas al catalogarlas de alcohólicos, homosexuales y mendigos. La violencia extrema, además de poner a la guerrilla en la defensiva, ha cumplido con los objetivos no militares de controlar territorios económica, social y políticamente.

Los grupos armados de izquierda, han luchado contra el Estado por más de 40 años ostensiblemente para rectificar desigualdades estructurales. Pero su agenda política ha sido cada vez más difícil de identificar, principalmente por los asesinatos a civiles, los secuestros por razones políticas o por dinero, la tortura, la extorsión, el desplazamiento forzado, la reclusión forzada, el reclutamiento forzado y el narcotráfico. El ELN, el más pequeño de los dos grupos guerrilleros restantes, ha estado en negociaciones de paz con el Gobierno, desde diciembre del 2006, pero con poco progreso. Las FARC-EP, el otro gran grupo guerrillero, tiene aproximadamente 9.000 combatientes bajo su comando pero ha recibido serios golpes militares en el primer semestre del 2008.

A nivel nacional, los grupos paramilitares continúan la represión y las violaciones a los derechos humanos para ejercer control político, social y económico sobre vastos territorios. Los paramilitares no se han desmovilizado, en cambio, se han reorganizado y reestructurado en una dinámica en donde han emergido nuevos grupos. Sus estructuras operacionales, militares, políticas y financieras no fueron desmanteladas. Recientemente, hubo un aumento en las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, líderes sindicalistas, líderes indígenas, líderes de desplazados internos y luego del 6 de marzo del 2008, en donde las víctimas de crímenes de Estado se movilizaron de manera masiva, se agudizó este panorama. Además, hay un gran riesgo de que los territorios y otros recursos ilegalmente adquiridos, se legalicen a través de iniciativas oficiales con miras a estimular la prosperidad económica, y de esta manera, obviar la responsabilidad del Estado en ofrecer soluciones sostenibles para las víctimas, incluyendo los desplazados internos.

El 2008, cobró en este sentido nefastas consecuencias. Por un lado, los paramilitares asesinaron, atacaron y amenazaron a líderes afrocolombianos desplazados. En junio, Martha Cecilia Ramos, la presidenta de la Asociación de Mujeres Desplazadas de San Francisco,Asodesfran, fue asesinada cuando retornaba a su casa en la ciudad de Buenaventura, después de haber realizado un evento para niñas y niños desplazados. Diego Luis Balanta, líder de la Asociación de Personas Internamente Desplazadas Afrocolombianas,Afrodes, sobrevivió a un atentado donde fue baleado con arma de fuego en agosto.* Al principio de octubre, la Mesa Distrital de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Tumaco, anunció que grupos ilegales habían amenazado y agredido a miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desplazados, Asdpfrod.** Éstos también saquearon más de dos toneladas de alimentos que se encontraban en la oficina de la organización, que pertenecieran a 50 familias de desplazados. * **

Informacion de Afrodes.

Comunicado de la Mesa Distrital de Desplazados en Tumaco.

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La Unión Europea La política oficial de la Unión Europea en Colombia está focalizada en la paz, la estabilidad, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la competencia e intercambio. Este último enfoque ha transformado a Colombia en el segundo socio comercial de la Unión Europea después de los Estados Unidos, con un gran aumento de inversión privada europea en el país.

La Unión Europea, incluida la Comisión y los estados, no tienen el mismo nivel de apoyo financiero en cuanto a lo militar, que los Estados Unidos y su lucha contra la insurgencia y el narcotráfico. Además, el Parlamento Europeo ha sido muy crítico respecto al componente militar del Plan Colombia (además de las campañas de fumigación aérea), que como es sabido, obtiene recursos económicos de los Estados Unidos. De esta manera, siendo muy conciente de la necesidad de usar métodos no represivos para erradicar el narcotráfico y sofocar la insurgencia, la Unión Europea ha apoyado el establecimiento de laboratorios de paz en zonas de conflicto durante los últimos años.

El primer laboratorio creado en el Magdalena Medio tuvo un presupuesto anual de ocho millones de euros y ofreció apoyo a 800.000 personas aproximadamente, en términos de colegios y oportunidades de vida, pero también haciendo aportes relevantes a los proyectos de palma de aceite. Aunque el apoyo europeo para las plantaciones de palma de aceite refleja algunas de las mismas políticas relacionadas con el agronegocio y esfuerzos para promover la paz y la prosperidad en Colombia, es claro que éstas no distan mucho de las políticas que tienen los Estados Unidos en Colombia respecto al agronegocio.

En el 2007, los gobernantes de la Unión Europea patrocinaron una propuesta de la Comisión Europea para que un 10% del combustible tuviera sus fuentes en los agrocombustibles para el año 2020. Pero luego de un proceso de consulta con la sociedad civil, grupos de expertos y reportes sobre las consecuencias negativas para el medio ambiente, la Unión Europea enmendó la política ese mismo año. Aunque mantiene el objetivo original, ésta requiere certificaron ambiental de todo agrocombustible, importado o producido en la Unión Europea. Sin embargo, la política modificada no incluye provisiones sobre derechos humanos o laborales para prevenir el tipo de violaciones que se reportan en Colombia. Entonces, a pesar del patrocinio admirable del esquema de certificaron ambiental, la falta de otro ejecutable de certificación de derechos humanos, estimula la entrada de la palma de aceite al mercado europeo, cuyo eje central resulta siendo el desplazamiento forzado, la invasión de tierras y el lavado de dinero. En realidad, dicha certificación no deja de ser una norma en papel que, en la práctica, tendrá dificultades para ser verificada y sancionada si no está aplicada o si está infringida.

Estados Unidos En el 2007, el congreso estadounidense alteró significativamente la composición del paquete de asistencia fiscal a Colombia para el año 2008. Entre el 2000 y el 2007, Estados Unidos le dio a Colombia un paquete de asistencia económica, en el que un 80% era militar y el 20% restante era social y económico. El nuevo paquete firmado por el presidente Bush

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en diciembre del 2007, cambió el enfoque de asistencia económica y social del paquete. La Ley de Apropiaciones Consolidadas (H.R. 2764) para el año 2008, contiene un paquete en el que el 56% está dirigido a un enfoque militar y el resto a apoyo económico y social.

Este cambio indica un fuerte interés por parte del congreso estadounidense, en tener una política de asistencia a Colombia que sea más efectiva en llegar a sus metas. Las condiciones en derechos humanos para efectos de la certificación existente, implica en parte, una asistencia de orden militar, en el que el Departamento de Estado pueda certificar que las Fuerzas Armadas colombianas no estén violando los derechos a la propiedad y al territorio de los afrocolombianos. Con este nuevo paquete se podrán implementar hasta 15 millones de dólares en asistencia alternativa para desarrollo, que se pueden asignar a los afrocolombianos y comunidades indígenas. La nueva legislación también prohíbe el uso de fondos estadounidenses antinarcóticos para inversión en proyectos de palma de aceite, si éstos están causando problemas ambientales y desplazamiento forzado.

En los años 2006 y 2007, varios oficiales estadounidenses expresaron un gran interés por mejorar las condiciones de vida de las comunidades afrocolombianas. Cuando el presidente Bush visitó Colombia en marzo del 2007, se reunió con un grupo de líderes afrocolombianos, incluida Zulia Mena, la primera congresista afrocolombiana y defensora de la Ley 70. En declaraciones hechas por oficiales del Departamento de Estado y Condoleezza Rice, secretaria de Estado, dieron apoyo a los afrodescendientes en América Latina, con énfasis marcado en los afrocolombianos. La Cámara de Representantes aprobó la resolución 426, introducida por el representante James McGovern (demócrata), y co-patrocinada por 42 representantes310 sobre las personas internamente desplazadas. La resolución dice que: “los afrocolombianos y los pueblos indígenas son desproporcionadamente afectados por el desplazamiento, representando casi una tercera parte de los desplazados”.

En los últimos años, miembros del Congreso de Estados Unidos, han visitado a Colombia y han expresado a las autoridades colombianas preocupaciones sobre la situación de los afrocolombianos.

Varios políticos han prestado énfasis en la preocupación que les causa la palma de aceite y las consecuencias negativas que trae para los derechos humanos y territoriales de los afrocolombianos. El 9 de noviembre del 2006, el representante Donald Payne (demócrata africano americano) de New Jersey, y otros once miembros de la organización de congresis310

Rep Baldwin, Tammy (WI), Rep Bordallo, Madeleine Z. (GU), Rep Clay, Wm. Lacy (MO), Rep Costa, Jim (CA), Rep Davis, Jo Ann (VA), Rep Delahunt, William D. (MA), Rep DeLauro, Rosa L. (CT), Rep Doggett, Lloyd (TX), Rep Engel, Eliot L. (NY), Rep Faleomavaega, Eni F.H. (AS), Rep Farr, Sam (CA), Rep Fattah, Chaka (PA), Rep Fortuno, Luis G. (PR), Rep Gonzalez, Charles A. (TX), Rep Grijalva, Raul M. (AZ), Rep Gutierrez, Luis V. (IL), Rep Higgins, Brian (NY), Rep Hinchey, Maurice D. (NY), Rep Honda, Michael M. (CA), Rep Jackson-Lee, Sheila (TX), Rep Kucinich, Dennis J. (OH), Rep Langevin, James R. (RI), Rep Lantos, Tom (CA), Rep Lee, Barbara (CA), Rep Lynch, Stephen F. (MA), Rep McCollum, Betty (MN), Rep McDermott, Jim (WA), Rep Moore, Gwen (WI), Rep Payne, Donald M. (NJ), Rep Pitts, Joseph R. (PA), Rep Price, David E. (NC), Rep Renzi, Rick (AZ), Rep Rush, Bobby L. (IL), Rep Schakowsky, Janice D. (IL), Rep Sherman, Brad (CA), Rep Smith, Christopher H. (NJ), Rep Stark, Fortney Pete (CA), Rep Sutton, Betty (OH), Rep Watson, Diane E. (CA), Rep Wexler, Robert (FL), Rep Wolf, Frank R. (VA) y Rep Woolsey, Lynn C. (CA).

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Combustible al Fuego: Impacto del aceite de palma en las comunidades desplazadas y afrocolombianas

tas negros (Black Caucus), le escribieron al embajador estadounidense Wood en Colombia para expresar sus inquietudes sobre la seguridad del líder del Curvaradó, Enrique Petro, y de los civiles afrocolombianos y los desplazados afectados por la violencia, producto de las amenazas para la implementación de palma de aceite. En agosto del 2007, el representante Payne introdujo la resolución de la Cámara de Representantes 618, sobre la situación de los afrocolombianos. En mayo del 2008, la resolución 618 contaba con el patrocinio de 61 miembros de la Cámara.311 El Departamento de Estado y oficiales de la embajada estadounidense, han monitoreado el caso de las violaciones de derechos humanos contra las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó. Incluso, representantes de la Embajada han visitado el área y han tratado de avanzar en el mejoramiento de la situación.

Aunque se han visto cambios de enfoque en la legislación de Estados Unidos y el interés de algunos miembros del Congreso, existe todavía una honda preocupación sobre cómo se implementará, de acuerdo al apoyo económico de los EEUU en las zonas rurales del país. Una iniciativa que merece monitoreo es el Centro para la Acción Coordinada e Integrada (CCAI, por su sigla en inglés). Este es un plan para introducir la presencia del Estado colombiano en zonas rurales donde el ejército implementa proyectos de infraestructura en áreas abandonadas históricamente con el apoyo de Usaid.

Una preocupación no menor es la idea de introducir proyectos liderados por el Ejército en zonas de intereses geopolíticos. La casi nula posibilidad de que sean los mismos habitantes quienes desarrollen proyectos alternativos en estas zonas, es cada vez más evidente; a lo que debe sumarse un aumento de la inseguridad de miembros de Usaid y otros grupos, que están en la procura de implementar proyectos de desarrollo en zonas de conflicto.312 Preocupados por el contenido del programa de desarrollo alternativo de Usaid en Colombia y con el propósito de hacer aportes conducentes a hacer más efectivos los programas financiados por los Estados Unidos, organizaciones con programas humanitarios en Colombia, que forman parte de la agrupación de Diálogo Interagencial en Colombia (DIAL), lidera311

312

Los co-auspiciadores de la resolución son: Rep Bishop, Sanford D., Jr. (GA), Rep Brown, Corrine (FL), Rep Butterfield, G. K. (NC), Rep Capuano, Michael E. (MA), Rep Carnahan, Russ (MO), Rep Christensen, Donna M. (VI), Rep Clay, Wm. Lacy (MO), Rep Cleaver, Emanuel (MO), Rep Cohen, Steve (TN), Rep Conyers, John, Jr. (MI), Rep Costa, Jim (CA), Rep Cummings, Elijah E. (MD), Rep Davis, Danny K. (IL), Rep Doggett, Lloyd (TX), Rep Ellison, Keith (MN), Rep Faleomavaega, Eni F.H. (AS), Rep Farr, Sam (CA-17), Rep Fattah, Chaka (PA), Rep Gonzalez, Charles A. (TX), Rep Gordon, Bart (TN), Rep Green, Al (TX), Rep Grijalva, Raul M. (AZ), Rep Gutierrez, Luis V. (IL), Rep Hare, Phil (IL), Rep Hastings, Alcee L. (FL), Rep Hinchey, Maurice D. (NY), Rep Holt, Rush D. (NJ), Rep Honda, Michael M. (CA), Rep Jackson, Jesse L., Jr. (IL), Rep Jackson-Lee, Sheila (TX), Rep Jefferson, William J. (LA), Rep Johnson, Eddie Bernice (TX), Rep Johnson, Henry C. “Hank,” Jr. (GA), Rep Kilpatrick, Carolyn C. (MI), Rep Kucinich, Dennis J. (OH), Rep Langevin, James R. (RI), Rep Lee, Barbara (CA), Rep Lewis, John (GA), Rep Lofgren, Zoe (CA), Rep McGovern, James P. (MA), Rep Meek, Kendrick B. (FL), Rep Miller, Brad (NC), Rep Moore, Gwen (WI), Rep Moran, James P. (VA), Rep Norton, Eleanor Holmes (DC), Rep Oberstar, James L. (MN), Rep Price, David E. (NC), Rep Rush, Bobby L. (IL), Rep Schakowsky, Janice D. (IL), Rep Scott, David (GA), Rep Shays, Christopher (CT), Rep Smith, Christopher H. (NJ), Rep Solis, Hilda L. (CA), Rep Stark, Fortney Pete (CA),Rep Towns, Edolphus (NY), Rep Waters, Maxine (CA), Rep Watson, Diane E. (CA), Rep Watt, Melvin L. (NC), Rep Wexler, Robert (FL), Rep Woolsey, Lynn C. (CA), Rep y Wu, David (OR).

A Compass for Colombia Policy, Lawg, CIP, Wola, Usoc, October 2008. pp. 17-18.

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Palma aceitera en Colombia

dos por Lutheran World Relief, contactaron a Usaid con el fin de establecer un proceso de consulta con ellos acerca de sus programas de desarrollo alternativo. Usaid previamente había lanzado un proceso de consulta sobre su portafolio de Derechos Humanos con ONGs de Estados Unidos y grupos de la sociedad civil en Colombia. Usaid aceptó esta propuesta y en el último año realizó varios talleres de consulta en diferentes partes del país con el apoyo de DIAL.313 Uno de los resultados de estas reuniones ha sido la de establecer un grupo de trabajo sobre monocultivos y palma aceitera. En este sentido, Wola ha planteado que todo tipo de consulta con expertos y otros actores permite un sano debate y discusión, así como que este tipo de interacciones ayudan a informar el programa de desarrollo alternativo. Los proyectos financiados por Usaid en las jurisdicciones territoriales de afrodescendientes e indígenas, deberían priorizar las propuestas de desarrollo presentadas por las autoridades étnicas. A sabiendas que por autoridades étnicas debe entenderse a los representantes de los consejos comunitarios y cabildos, cuya autoridad gira en torno a un saber sobre los planes de vida y propuestas de desarrollo de la comunidad; estos planes, en últimas, deberían ser financiados desde el punto de vista de una autentica participación.

El TLC entre Colombia y los Estados Unidos agudizará las violaciones a los Derechos Humanos Durante la visita de la Misión, numerosas personas expresaron sus preocupaciones acerca del impacto que tendrá, de darse el visto bueno al TLC entre Colombia y Estados Unidos, sobre los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas e indígenas y, en particular, que las violaciones a los derechos humanos inherentes al cultivo de palma de aceite se agudizarán a partir de este acuerdo. Se anotó que el Gobierno colombiano tiene planes de aumentar la superficie del cultivo de palma de aceite a la cifra de los seis millones de hectáreas, con la asistencia del TLC. Una preocupación de los consejos comunitarios y organizaciones de base afrocolombianas, es que no se realizó una consulta previa con las comunidades afrocolombianas, más tomando en cuenta que sus territorios serán impactados de manera directa. Además, muchos expresaron que no tenían conocimiento sobre el contenido del TLC. Líderes afrocolombianos agregaron que el presidente Álvaro Uribe ha hecho evidente la falta de interés en los derechos de las comunidades afrocolombianas y que en 2006, en una reunión con Fedepalma, anunció lo siguiente: “…y eso nos obliga, Ministro, a acelerar lo siguiente: tiene que dedicarse el Ministerio, pero con perseverancia. Rogaría que haga una cuarentena de los empresarios de Tumaco y los compatriotas afrodescendientes y no los deje levantar de la oficina, donde los encierre, hasta que lleguen a un acuerdo. Tiene que ser así, esto si no es con perseverancia no (…) Enciérrelos allí y entonces propóngales como case, que el Estado aporta, que lleguen ellos a unos acuerdos sobre uso de esas tierras y el gobier313

Entrevistas con LWR.

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no aporta recursos de capital de riesgo. Y propóngales una fecha y les dice: señores, nos declaramos en cónclave y de aquí no salimos hasta que tengamos un acuerdo”.314 Varias autoridades y representantes legales de comunidades afrodescendientes del sur del Pacífico le escribieron al presidente Uribe, expresando sus preocupaciones por este anuncio. 315 En dicha carta explican que la palma aceitera ha tenido por décadas enteras un impacto negativo ambiental y social en sus territorios (caso Tumaco) y que sus comunidades siguen sin agua potable, electricidad, educación adecuada. Adicionalmente, la combinación del cultivo de palma aceitera y los esfuerzos antinarcóticos, tales como las fumigaciones aéreas, han producido violencia y problemas para ellos. Así lo dejan ver los líderes entrevistados, quienes rechazan los dos monocultivos, respectivamente de palma y coca, e insisten en que se aplique la consulta previa para buscar otras soluciones de desarrollo alternativo, que no sean necesariamente la implementación de la palma de aceite en sus comunidades.

En los dos últimos años, miembros de los consejos comunitarios y grupos de base afrocolombianos, residentes y en exilio, han realizado varias visitas al Congreso de los Estados Unidos, para expresar sus preocupaciones acerca del TLC. En abril de 2008, 168 grupos de base, afrocolombianos y consejos comunitarios, mandaron una carta a Nancy Pelosi, expresando sus profundas preocupaciones al respeto. En ella argumentaron que el TLC, tendrá la consecuencia indirecta de validar proyectos económicos en varios casos donde hubo apropiación ilegal de tierras colectivas de los afrocolombianos, usurpadas de forma violenta por los grupos ilegales. También dijeron que el Gobierno colombiano ha introducido legislaciones perjudiciales como la Ley Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural y cambios considerables al Código de Minas, legislaciones que a todas luces debilitan los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes.

Los afrocolombianos pidieron a los congresistas de los Estados Unidos316 que no apoyen el TLC, porque el tratado carece de regulaciones laborales capaces de proteger a los afrodescendientes e indígenas de las prácticas discriminatorias endémicas en Colombia. Argumentaron que el TLC pondría en serias desventajas a los pequeños agricultores afrodescendientes e indígenas, en relación con los agricultores estadounidenses, altamente subsidiados, resultando un mayor empobrecimiento de estas poblaciones y arriesgando su extinción.

Las reglas de inversión de los tratados de libre comercio ponen en peligro a las comunidades afrocolombianas e indígenas, al traer implícitos la idea de desplazamiento forzado para la apropiación de los recursos naturales, poniendo en riesgo a estas comunidades y ocasionando un daño ambiental masivo. Adicionalmente, expresaron su preocupación de 314 315 316

Palabras del Presidente Uribe en el XXXIV Congreso de Fedepalma. (Junio 7 de 2006). Villavicencio.

Carta de Afro-Colombianos a Presidente Álvaro Uribe sobre la invasión de el mono-cultivo de palma aceitera en Tumaco. (Julio 16 de 2006).

Afro-Peruvian and Afro-Colombian Leaders Express Concerns Over FTA Impacts. (November 2006).

Y 168 Afro-Colombian Grassroots Groups and Community Councils Reiterate their Opposition to the U.S.-Colombia Free Trade Agreement. (April 17, 2008).

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Palma aceitera en Colombia

que las leyes de propiedad intelectual fortalecerán los derechos de patentes de las empresas multinacionales, aumentando así el costo de la salud pública, cuyo precio ya es inviable para la población afrodescendiente pobre y amenazando su patrimonio sobre medicinas tradicionales. El 7 de noviembre 2008 en Guapi, varios consejos comunitarios y líderes afrocolombianos, reiteraron a la Comisión Presidencial y otras instancias: “por la violación del derecho a la consulta, por los impactos negativos a nuestras comunidades, a los afrodescendientes y al conjunto de los trabajadores colombianos, por la violación a los derechos humanos, asesinatos a nuestros líderes y comunidades, nos oponemos rotundamente a la aprobación del TLC Colombia Estados Unidos.”317

Para una estrategia de desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente y los Derechos Humanos de las comunidades afrocolombianas Históricamente ha existido una falta de voluntad política por parte de las autoridades colombianas, para dar apoyo financiero a los proyectos de desarrollo de las comunidades afrocolombianas. Actualmente, la palma de aceite y otros monocultivos parecen ser las únicas opciones legales ofrecidas por las autoridades colombianas a las comunidades de desplazados afrocolombianos, como oferta para la supervivencia económica.

Luego de la creación de una estructura legal constitucional e internacional que le permite a las comunidades afro tomar control de su propio desarrollo, los afrocolombianos le han presentado sus planes de desarrollo al Gobierno. Éste ha considerado sus iniciativas sólo parcialmente en documentos de CONPES de los años 1997, 2002, 2004 y los planes nacionales de desarrollo de los años 1995, 1998 y 2000. La consideración de estas iniciativas no ha llevado a la integración completa de estas ideas en los documentos.

De manera similar, la legislación y los planes de las autoridades colombianas acerca de los desplazados, son implementadas de manera parcial. Por esta razón, pocas de las propuestas de las comunidades afrocolombianas, integradas en documentos oficiales, se vuelven realidad. De acuerdo con el Conpes 3310/2004, el Departamento de Planeación y los ministerios del Interior y de Justicia (Dirección de Etnias) y la Comisión Consultora de Alto Nivel 5 de las comunidades negras, se pusieron de acuerdo para designar la Subcomisión de Desarrollo y Planeación como entidad mediadora para el desarrollo de un plan a largo plazo, capaz de permitir el desarrollo sostenible de las comunidades afrocolombianas.

Un plan a largo plazo para los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, fue desarrollado por consultores regionales como un capítulo adicional en el Plan Nacional de Desarrollo del 2006 al 2010.318 Para los afrocolombianos, sus territorios ancestrales 317 318

Acuerdo de las Comunidades Afrocolombianas organizadas en Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnicas en los Municipios de Timbiquí, Guapi y Lopez de Micay, en el marco de la reunión de la Comisión Intersectorial, Guapi, Cauca, Noviembre 7 de 2008.

El Pueblo Afrocolombiano: Una perspectiva hacia el poder, por Jimmy Viera Rivera. (2007). Instituto del Pensamiento Liberal.

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Combustible al Fuego: Impacto del aceite de palma en las comunidades desplazadas y afrocolombianas

son un espacio vital, que no solo les permite resolver sus necesidades más esenciales, sino también constituyen lugares geográficos que implican relaciones culturales, espirituales y estéticas.

Al final, los territorios afrocolombianos son esenciales para la conservación de sus tradiciones culturales y visión del mundo. El plan propuesto guía al Estado colombiano acerca del cómo desarrollar políticas con un enfoque dirigido hacia las poblaciones afrocolombianas, palenqueras y raizales. Así mismo, contiene estrategias para la formulación de políticas que les permitirían a los afrocolombianos vencer sus condiciones de pobreza y exclusión, y al mismo tiempo garantizarían el respeto por la integridad étnica, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, económicas y organizacionales. De acuerdo con este plan, las prácticas ambientalmente insostenibles, como la implementación de monocultivos, que no son nativos de los territorios, conducen de manera inevitable a la pérdida de la biodiversidad y al desplazamiento interno, siendo un obstáculo de gran envergadura para la preservación de su cultura.

Recomendaciones Para políticos estadounidenses: El Gobierno de los Estados Unidos debe aplicar los condicionamientos de los derechos humanos, en particular, el condicionamiento acerca de la palma aceitera, que está estipulado en la ley de operaciones exteriores de los Estados Unidos, y en este sentido, no deben financiar proyectos de palma o proyectos que apoyan el cultivo de la palma en territorios étnicos afrocolombianos. Adicionalmente, el Congreso estadounidense debería realizar labores de monitoreo para asegurar que los casos que violan el aparte sobre condicionamiento F sean investigados y llevados a la justicia de forma rápida y eficaz.

El Gobierno de los Estados Unidos debe insistir en que, antes de cualquier votación sobre un acuerdo comercial bilateral con Colombia, se requiere lo siguiente: se desmantelen las estructuras económicas, políticas y militares de los grupos paramilitares, y que haya un progreso significativo en materia de derechos humanos y derechos laborales. Cualquier acuerdo comercial que se produzca, debería tomar en cuenta las propuestas de proyectos económicos desarrollados por las comunidades afrodescendientes y proteger los modos de sustento de los pequeños agricultores afrodescendientes, de la misma suerte que hacer de la reducción de su pobreza una meta central.

Miembros del Congreso de los Estados Unidos deberían aprobar resoluciones en la Cámara de Representantes que fortalezcan los derechos humanos y territoriales de las comunidades afrocolombianas.

Los políticos estadounidenses deben insistir en que las autoridades colombianas devuelvan de forma eficaz las tierras a sus propietarios legítimos en Jiguamiandó, Curvaradó, Alto Mira y Frontera. La devolución de tierras debería darse sin el condicionamiento de que se acepte la palma. Los propietarios legítimos deben recibir compensación por la deforestación y el daño ambiental generado por el cultivo ilegal de la palma en estos territorios.

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Palma aceitera en Colombia

Miembros del Congreso estadounidense deberían pedir un reporte de la Government Accountability Office (GAO), que investigue los nexos entre los grupos armados ilegales, la industria de la palma de aceite y alegatos de lavado de dinero en proyectos pasados y corrientes apoyados directa o indirectamente por la USAID. Para USAID: La USAID debería ayudar a fortalecer los consejos comunitarios afrocolombianos, elaborando proyectos que se enmarquen en la idea de completa consulta, utilizando el mecanismo de consulta previa, libre e informada con los líderes y las comunidades donde se implementarán estos proyectos. En este sentido, su apoyo debería estar conducente a proyectos desarrollados, planeados e implementados por los propios líderes de los consejos comunitarios y comunidades en cuestión. El Plan Integral de Desarrollo Afrocolombiano y los planes de vida de los consejos comunitarios tienen la posibilidad tangible de guiar los proyectos financiados por la USAID de manera que se beneficien las propias comunidades.

La USAID debe verificar que todos los proyectos financiados por ellos, vinculados directa o indirectamente a los cultivos de palma aceitera, no se están implementando en territorios que fueron apropiados de forma violenta o fraudulenta por grupos armados ilegales. Debería pues, desarrollar un protocolo de tierras en el que plantee claramente que sus proyectos se realizan en lugares donde no hubo dinámicas de despojo de tierras y que sus contrapartes no tienen ningún vínculo con el crimen organizado o estructuras paramilitares.

La USAID debería garantizar que se mantenga la distancia entre sus programas y las iniciativas militares. Es importante que USAID tenga unas directrices claras, tanto en esencia como en apariencia, de no estar involucrada en programas asociados a iniciativas militares.

Políticos de la UE: Patrocinar una moratoria sobre el agrocombustible de las grandes plantaciones de palma.

En la ausencia de una moratoria, expandir la certificación de la palma para defender a los propietarios legítimos, a los desplazados y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación en todos los países.

Detener el apoyo a las plantaciones de palma en Colombia, que no han consultado a profundidad a las comunidades afrocolombianas y las personas desplazadas.

Presionar a las autoridades colombianos para la devolución de las tierras a sus propietarios legítimos en Jiguamiandó y Curvaradó, Alto Mira y Frontera.

Restituir la tierra usurpada a los propietarios legítimos y compensarlos por la deforestación y el daño ambiental generado por el cultivo ilegal de la palma en sus tierras.

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Fortalecer los consejos comunitarios afrocolombianos, implementando proyectos que tengan plena consulta a líderes de estas comunidades. El Plan Integral de Desarrollo Afrocolombiano debería guiar los proyectos financiados por la UE para beneficiar a las comunidades afrocolombianas.

Este capítulo fue escrito en memoria de Orlando Valencia del Consejo Comunitario de Curvaradó, quien fue asesinado por paramilitares en octubre 2005, por defender los derechos territoriales de los afrocolombianas en el Chocó. Orlando, tus sueños siguen vivos en Washington, DC. WOLA agradece a todas las personas valientes de los Consejos Comunitarios afrocolombianos, organizaciones de base afrocolombianas, ONGs, religiosos y miembros de las instituciones colombianas, que trabajan para proteger los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes, entrevistados durante la visita a Colombia en los últimos dos años de trabajo sobre esta temática. Estamos muy agradecidos por la información y comentarios recibidos al texto por: Yamile Salinas Abdala, Proceso de Comunidades Negras, PCN, AFRODES Colombia, Marino Córdoba y Charo Mina Rojas de AFRODES USA, Kelly Nicholls del US Office on Colombia, Justicia y Paz, Brigadas de Paz Internacionales (PBI), Proyecto Colombia, Daniel Carabali Garces y NOMADESC.

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Capítulo 4 Entre el Derecho y el Contra Derecho Comisión Intereclesial Justicia y Paz

1. Modos de apropiación y de obstrucción de la restitución Además de las maniobras ilícitas que pretendieron darle visos de legalidad a la usurpación masiva de territorios ancestrales de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, para la implementación de megaproyectos productivos altamente rentables, de los que da cuenta La Tramoya319 hasta octubre de 2005; posteriormente han sido descubiertas, diversas estrategias de “legalización” y/o obstrucción al proceso material de restitución por parte de los sectores empresariales.

Resoluciones falsas del Incora Mediante falsas resoluciones de adjudicación de títulos individuales en áreas tituladas colectivamente a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó se pretendieron legalizar 25.479 ha de tierras que fueron usurpadas material y jurídicamente a las comunidades ancestrales de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

La denuncia de este mecanismo, obligó a la superintendencia de Notariado y registro revocar las resoluciones de adjudicación de los 319

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Palma aceitera en Colombia

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Entre el Derecho y el Contra Derecho

predios “La Diana”, “La Esmeralda”, “La María”, ”La Casi-

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Palma aceitera en Colombia

ta”, ”La Ceiba”, ”La Sierpe”, ”Los Robles” y ”La Mojarra”, que sumaban una extensión de 6.506ha y que pretendían ser excluidos de los títulos colectivos de los Consejos Comunitarios, para poder disponer sobre su dominio, eran falsas.

Sin embargo, persiste sin ser revocada la falsa resolución del antiguo Incora No. 0311 con fecha del 26 de marzo de 1992, irregularmente en poder del ocupante de mala fe coronel (r) Luis Felipe Molano:

El 14 de diciembre de 2002 en la Notaría Única de Carepa, se efectuó la transacción de compraventa de una finca de 1.100ha y 8.418m2 sin nombre, ubicada en la Comunidad de Caño Manso, cuenca del río Curvaradó en la que actúa como vendedor Hugo Fenel Bernal Molano, paramilitar, narcotraficante extraditado hoy a los Estados Unidos y como compradora Sor Teresa Gómez Alvarez, de la familia Castaño, en calidad de representante legal de la asociación de productores agrícolas de Belén de Bajirá “Asoprobeba” con nit. No 811029249-5.

De acuerdo con la citada escritura pública No. 949 que formaliza el acto, esta propiedad tuvo como anterior propietario a RENE PALACIOS320, quien, según certificado de existencia y representación legal expedida el 27 de diciembre de 2002, la adquirió por adjudicación del Incora Quibdó, mediante resolución No. 0311 del 26 de marzo de 1992321.

320 321

República de Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho, Superintendencia de Notariado y Registro, Notaría Única de Carepa Antioquia, Copia de escritura Nº. 949, Notario Hernán Jaime Arango Isaza, 14 de diciembre de 2002.

Superintendencia de Notariado y Registro, Oficina de Instrumentos públicos de Quibdo, Matrícula inmobiliaria No 180-20638, 27 de diciembre de 2002.

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Entre el Derecho y el Contra Derecho

Extraditado a Estados Unidos por la DEA, de acuerdo con información de prensa, en octubre de 2008. Después de haberse anunciado su captura en Colombia en marzo de 2007. La Fiscalía negó información sobre su paradero en respuesta a derecho de petición de Justicia y Paz.

La compra hecha por Hugo Fenel Bernal Molano, de acuerdo con el certificado de tradición y propiedad fue efectuada el 17 de abril de 2002 por un monto de 100.000.000 (Cien Millones de Pesos) y la venta, de acuerdo con la citada escritura y el certificado de Tradición y Propiedad se hizo, solamente, ocho (8) meses después, exactamente por el mismo valor.

263

Palma aceitera en Colombia

En el área antes descrita se presentan dos notorias irregularidades. Por determinación de la ley 135 de 1961 y la ley 30 de 1988, vigente para la época en que se promulgó la ley 70, el Incora estaba impedido para adjudicar áreas superiores a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), correspondiente, en esa zona del país, a 450ha, tal como lo determinó para el caso de otras tierras en la zona del Curvaradó en la resolución No 2672 del seis (6) de diciembre de 2006, según la cual se ordena que se revoquen seis (6) resoluciones, de la cual se excluye esta por razones desconocidas, que superaban la UAF. De otra parte, dentro de este predio se incluyen propiedades de familias que fueron víctimas del desplazamiento forzado que cuentan con documentos de compraventa o con títulos legítimos del Incora como el del campesino Joaquin Flórez con la resolución No 225931 de agosto de 1992.

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Entre el Derecho y el Contra Derecho

En agosto de 2003, Sor Teresa Gómez Alvarez, en calidad de representante legal de Asoprobeba, efectúo entrega de tierras en calidad de comodato a cerca de 160 campesinos habitantes de la zona, en estas tierras pertenecientes a la comunidad de Caño Manso, desplazada en 1997 y a personas de su confianza provenientes de otras regiones del país, bajo la condición de que no contraten personas distintas a la familia para la realización de trabajos y que no ingresen al predio personas distintas a las autorizadas por Sor Teresa Gómez.

Suplantación de representantes legales Al revelarse parte de las estrategias ilícitas de legalización de predios, y al haber tenido el estado colombiano la obligación de invalidar, formalmente, algunas de esos mecanismos legales de apropiación, se emprendieron nuevas formas legales que pretenden incidir en el uso de los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó.

El 12 de septiembre de 2009, en el casco urbano del municipio de Carmen del Darién, empresarios promovieron una asamblea extraordinaria, en la que revocaron la representación legal del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del río Curvaradó y eligieron a Germán Antonio Marmolejo Rentería, ex concejal de Carmen del Darién.

En el acta de asamblea extraordinaria se indicó que hubo asistentes pertenecientes las comunidades de la Iguana, Cetino, Brisas y Bocas de Curvaradó, evidenciando la ausencia de la mayoría de los 23 Consejos Comunitario que conforman esta cuenca.

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Palma aceitera en Colombia

En la asamblea participaron personas provenientes de diferentes regiones del Bajo Atrato y Urabá, no pertenecientes al Consejo comunitario, además de empresarios interesados en los territorios colectivos322.

Dicha elección fue impugnada por la comunidad de Curvaradó, sin que respondiera a la misma el gobierno, lo que hizo necesaria la intervención de la Corte Constitucional para impedir que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe hiciera entrega de los territorios al representante legal impuesto por los empresarios.

Valiéndose de esta elección, Marmolejo ha actuado en diversos momentos en que las comunidades exigen su derecho al territorio poniéndose del lado de los empresarios de la ganadería extensiva como Antonio Argote y Claudia Argote, beneficiarios del paramilitarismo, ante las reclamaciones de sus derechos por parte de los legítimos dueños de las tierras, también a favor del coronel (r) Luis Felipe Molano y ha intervenido en acuerdos con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma –Fedepalma– comprometiendo la integridad territorial del Curvaradó, tal como se muestra en otro aparte de esta publicación.

Invasiones masivas a predios colectivos Desde el 13 de diciembre de 2010, se inició una nueva oleada de invasiones a predios colectivos por parte de ocupantes de mala fe y repobladores, quienes cuentan con el aval y respaldo de la empresa Banacol. Los invasores, campesinos sin tierras y ex trabajadores de las empresas palmeras, son usados por estas y otras compañías para intentar hacerse al control de los predios despojados y entorpecer el proceso de restitución efectiva y material de tierras a sus verdaderos y legítimos propietarios.

Este mecanismo pretende, que los invasores planten plátano de exportación para la empresa Banacol quien les proporciona insumos y les garantiza la compra de la plantación si les obligan, legalmente, a salir del territorio. Esta actuación de la empresa ya había tenido antecedentes en el Urabá como lo muestra el estudio Colombia: Banacol empresa implicada en paramilitarismo y acaparamiento de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó.323 En el albor de las invasiones y en simultaneidad a éstas, el ex asesor presidencial de Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, en su programa televisivo “José Obdulio”, emitido por el canal Cable Noticias, alentó la realización de “movilizaciones”, en contra de las comunidades que exigen su derecho a la restitución del territorio que habitan las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad y en contra, también, de organizaciones nacionales e internacionales de acompañamiento.

322 323

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Entre el Derecho y el Contra Derecho

En posterior emisión del mismo programa, Jaime Restrepo, asesor de paramilitares324 y miembro de la Asociación de Víctimas de la guerrilla, Vida, afirmó: “la relación de ONG con las guerrillas de las FARC por ejemplo el informe de policía judicial de diciembre del 2006 documenta claramente la relación entre las FARC y la ONG Comisión Intereclesial ahora Intercongregacional de Justicia y Paz”.

Ante la anterior afirmación Gaviria agregó: “pero ¿no podría haber de pronto una movilización por ejemplo en Urabá ir y ver las ONG?... Uno América, incluso el Centro de Pensamiento Primero Colombia, la Defensoría del Pueblo? Yo creo que valdría la pena.

Valdría la pena que dejásemos como consigna una movilización para que el mundo vaya y conozca ese campo de concentración, esas nuevas caucheras y salve a esas comunidades de esa coyunda infame de ONG’S que lo que hacen es explotarlas, oprimirlas, esclavizarlas e impedirles su libertad”325.

Falsa distinción entre población mestiza y afrodescendiente Pese a que la Corte Constitucional ha sido contundente en sostener que hace parte de las comunidades afrocolombianas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, la población mestiza que ha mantenido por décadas una estrecha relación familiar, cultural y social con la población afrocolombiana, de tal manera que son reconocidos como parte de 324 325

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Palma aceitera en Colombia

las mismas por dichas comunidades, y que en un país eminentemente mestizo como Colombia, no solo no es adecuado, sino imposible, hablar de “razas puras”, tan solo por el color de la piel; se ha pretendido mostrar el conflicto por la tierra en la región de Curvaradó y Jiguamiandó y todas las problemáticas que de allí se desprenden, como una disputa entre negros y mestizos, en la que los segundos pretenden usurpar los derechos ancestrales en perjuicio de los primeros.

Quienes han sostenido esta postura, son personas vinculados a empresarios ocupantes de mala fe326.

Inclusión del municipio de Cármen del Darién como una comunidad del territorio colectivo En la Resolución que adjudicó colectivamente los predios ancestrales al Consejo Comunitario de Curvaradó, se incluyó a la población de Bocas de Curvaradó como una de las beneficiarias e integrantes del título colectivo. Tal población ostenta hoy en día la calidad de cabecera municipal de Carmen del Darién.

De esta manera, otra estrategia que se ha detectado consiste en hacer pasar a habitantes de Carmen del Darién, que no son, ni han sido pobladores ancestrales de las tierras ancestrales, como personas pertenecientes a tales comunidades, con el fin de poder incidir en la Asamblea General en la que se elegirá al nuevo Consejo Comunitario, su junta directiva y representante legal.

Tales personas, que no han tenido, ni tienen una relación especial con la tierra, digna de ser protegida y amparada constitucional y legalmente, serían usadas por los empresarios para imponer en la representación legal a personas dispuestas a suscribir contratos con los que se negocie el uso del suelo de los territorios ancestrales y se los ceda a las empresas que buscan desarrollar megaproyectos agrícolas.

En respuesta a derecho de petición, el Director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, informó que “de conformidad con el literal b del artículo 6o de la ley 70 de 1993, las áreas urbanas de los Municipios (sic) no comprenden las adjudicaciones colectivas... No obstante que la población de Bocas de Curvaradó hoy ostenta la calidad de cabecera municipal de Carmen del Darién, aún continúa siendo parte del Consejo Comunitario del Río Curbaradó. De acuerdo al área urbana definida por el Concejo municipal, el Incoder debe expedir una resolución modificando la anterior en la cual excluya del Consejo Comunitario el área urbana de dicho municipio.”327 Se está a la espera de que eso suceda.

326 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2012/a045-12.htm III Conclusiones y órdenes numeral 4. y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (24 de julio de 2012). Comunicado del Consejo Menor de Caño Manso. Recuperado de http://www.justiciaypazcolombia.com/Comunicado-del-ConsejoMenor-de 327 Ministerio del Interior, Respuesta a su petición OFI12-0019704-DCN-2300, (16 de agosto de 2012), Archivo Comisión Intereclesial Justicia y Paz.

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Entre el Derecho y el Contra Derecho

Desmonte de la ley 70 de 1993 Pese a que ésta estrategia no pudo ser perfeccionada, se tuvo conocimiento de la intención de empresarios y paramilitares de modificar o desmontar la ley 70 de 1993, que otorga en calidad de títulos colectivos los territorios ancestrales.

De hecho, gran parte de la estrategia de maniobras fraudulentas que pretendieron legalizar el despojo, tuvo que hacerse para contrarrestar el inmenso inconveniente que supuso que la tierra usada para la implementación de agronegocios adquirió una calidad jurídica diferente a la ordinaria.

En consecuencia, sin la existencia de tal ley, la apropiación “jurídica” hubiese sido mucho más sencilla de lo que fue.

Así las cosas, se tuvo conocimiento de por lo menos una reunión llevada a cabo en una finca en Urabá, en la que participaron comandantes paramilitares de la región, inversores directos de los megaproyectos agrícolas y miembros del Alto Gobierno, en los albores del proceso de “desmovilización” de los grupos paramilitares, en los que éstos solicitaron como un punto de la negociación el desmonte de la ley 70 de 1993. El delegado del Alto Gobierno se comprometió a hacer las gestiones pertinentes en Bogotá, con miras a la consecución de ese objetivo común.

En el mismo sentido, se conoció de la intención de importantes empresarios palmeros, quienes están siendo juzgados por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, de incidir ante el alto Gobierno, con el mismo fin. En este sentido, declara Gabriel Jaime Sierra de la empresa palmera Palmas de Curvaradó, actualmente en prisión, que sus asesores jurídicos hablaron de haber tenido contacto la ex la magistrada del tribunal de Antioquia y profesora de la Universidad de Antioquia Bernardita Perez para adelantar este cometido, para lo cual recaudaron aporte las diferentes empresas328.

Efectivamente, circuló un proyecto de decreto reglamentario en el que se establecían las alianzas estratégicas y contratos de usufructo para el uso del suelo de los territorios los Consejos Comunitarios de comunidades negras a favor de los empresarios.

De este modo lo consignó el gobierno del expresidente Uribe: “con este tema, de la reglamentación de los capítulos cuatro (4),cinco (5) y siete (7) de la Ley 70 de 1993, se cuenta con un proyecto de decreto, que está en su fase final de concertación. Sin embargo, falta presupuesto para las acciones finales de perfeccionamiento del Decreto, difusión en comunidades locales y su implementación”329. Finalmente el que se haya develado esta pre328 329

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tensión con fines de legalización de la posesión paramilitar de los territorios hizo que el decreto se archivara.

Judicializaciones contra líderes y denunciantes de las empresas En el año 2004, Graciano Blandón330, Manuel Moya331, Masuel Romaña Romaña, Deofanor Cuesta Chalá, entre otras personas, en Carmen del Darién, denunciaron que la guerrilla de las FARC conformó en su región cuerpos de milicias cuya base se encuentra en las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Dijeron también que cuentan con una red de informantes, transportadores de armas u alimentos, cultivadores y que establecieron vínculos con miembros del Consejo Mayor de la Cuenca del río Jiguamiandó.

Por dicha denuncia se inició un proceso penal en el que se encuentran vinculadas 12 personas de las Zonas Humanitarias, además de otras 41 personas. El integrante de la Cuenca del Curvaradó Nelson de Jesús Gómez permaneció en injusta prisión por tres años, hasta que la juez en fase de juicio demostró que se trataba de un burdo montaje.

Otros líderes de las comunidades que han tenido el valor de denunciar la estrategia empresarial paramilitar de apropiación de sus tierras, han sido objeto de persecución judicial, en una investigación que ha tenido múltiples irregularidades: solamente hasta el día 16 de abril de 2009, se adelantó diligencia de indagatoria respecto a los señores Erasmo Sierra, Félix Alvarado, Francisco Mena y ampliación de indagatoria de la señora Ligia María Chaverra, a quienes a la presente fecha, no se les ha resuelto situación jurídica, pese a que el ordenamiento colombiano dispone que el Fiscal tiene diez (10) días para resolver la situación jurídica, una vez se haya rendido indagatoria.

La defensa, insistentemente, solicitó que se resuelva la situación jurídica de los líderes comunitarios, cuyo derecho a una investigación pronta y sin dilaciones injustificadas está siendo vulnerado, y que el hecho de estar vinculados a una investigación penal por el delito de rebelión, les supone enormes riesgos a sus vidas e integridad personales. Sin embargo, la fiscalía sigue sin tomar una decisión de fondo en sus procesos.

El proceso se sustenta únicamente en pruebas testimoniales, la mayoría de ellas de oídas y gran parte de los testimonios usados fueron recogidos por personal de Policía Judicial y por la policía de Carmen del Darién, quienes ofrecían alimentos y otras prebendas a cam330

331

Es imprescindible dejar sentado que el 18 de mayo de 2010 la Corte Constitucional ordenó detener un acto del Gobierno Nacional quien pretendía hacer una entrega de tierras colectivas al Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó elegido el 12 de septiembre de 2009, en una Asamblea Extraordinaria que presentó serias irregularidades, pero que a pesar de ello fue inscrito ante el Mininterior y éste lo reconoció, a pesar de que su elección fue impugnada y que no ha habido pronunciamiento de fondo al respecto, a pesar del vencimiento de los términos para ello. El ilegítimo e ilegal representante, Germán Marmolejo, dejó de serlo desde el 18 de mayo por orden expresa de la Corte Constitucional.

Haciéndose pasar por Representante Legal de las comunidades celebró contratos de usufructo con las empresas palmeras. Estaba siendo investigado por los delitos de Fraude Procesal y Falsedad Documental.

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bio de falsos testimonios332. Además, se ha recurrido a testimonios de supuestos desmovilizados de las FARC, quienes no hicieron parte del grupo armado ilegal, para que hagan incriminaciones y digan haber sido “compañeros de armas” de personas pertenecientes a las Zonas Humanitarias.

Por otra parte, el líder comunitario y beneficiario de Medidas Provisionales Willinton Cuesta Córdoba, fue condenado por los delitos de rebelión y homicidio por parte del Juzgado 21 Penal del Circuito Adjunto de Bogotá. El proceso se basó únicamente en testimonios, los cuales se contradecían en las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Se ha conocido así mismo, de la existencia de otros procesos, como los llevados en la Fiscalía 85 especializada de Medellín, con los radicados 7991 y 276156001103200980039, en donde han declarado personas como Germán Marmolejo, Deofanor Cuesta, Gustavo Martínez, Francisca Murillo, Graciano Blandón, Ubaldo Wilches, Socorro Robledo, Jaime Beitar, Virgilio Mena y Jesús Adán quinto.333 en el proceso se investiga la muerte de Manuel Moya y Graciano Blandón, pero se ha usado para incorporar declaraciones en contra de las comunidades que retornaron a los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, para acusarlos de ser o auxiliadores o miembros activos del frente 57 de las Farc. En similares circunstancias trascurre el proceso con radicado 1032836, que se halla en la Fiscalía 24 Especializada de Medellín, el cual se inició por un informe de la Policía Judicial por el delito de desplazamiento forzado en el Bajo Atrato Chocoano por el frente 57 de las FARC. Igualmente, en la Fiscalía 15 Seccional de Riosucio, bajo el radicado 719, cursa un proceso penal por el delito de Rebelión en donde se investiga a personas de los Consejos Comunitarios.

Estos procesos y declaraciones han sido trasladados al proceso con radicado 3856 para que obren allí también como “prueba”, con lo que se busca desdibujar por completo lo realmente acontecido en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó; hacer ver a las víctimas y denunciantes, como victimarios, y así ocultar las causas, móviles y responsables, del desplazamiento forzado y la usurpación masiva de territorios ancestrales.

332

333

En efecto, la señora Julia Francisca Palacios en mayo de 2010 cuando se entrevista con la Fiscalía con el fin de corroborar sus declaraciones hechas ante Policía Judicial en 2004, se retracta de lo dicho allí y por el contrario, coincide con otros testigos en afirmar que las declaraciones eran un requisito para “recibir ayudas” consistentes en dinero, alimento e incluso tierra para el cultivo. Afirma que al momento de ser conducidos para su entrevista ignoraban a dónde se dirigían y qué iban a hacer. Inclusive el declarante Ubaldo Wilches confiesa que estuvo 13 días preparando la declaración con miembros de la fuerza pública; igualmente, algunos declarantes denunciaron presiones por parte no la Policía Judicial para sindicar a los líderes de las zonas humanitarias. Declaración de 28 de mayo de 2010.

Por éstas y otras graves irregularidades, la defensa de los procesados ha solicitado decretar la nulidad de esos testimonios. En el marco de juicio adelantado contra NELSON DE JESÚS GÓMEZ MANCO, el 23 de mayo de 2011 se solicitó la nulidad de las pruebas practicadas por Policía Judicial en el 2004. En audiencia pública, el 25 de agosto de 2011 el Juez 21 penal del Circuito de Medellín negó la solicitud.

Dicha decisión fue apelada y el 7 de septiembre de 2011 el Tribunal Superior de Medellín confirmó los autos recurridos, negando la solicitud de nulidad.

Adán Quinto fue representante legal del Consejo Mayor del Cacarica y allí celebró un contrato de usufructo en el que cedía el uso del suelo del Territorio Colectivo a la empresa bananera Multifruits.

Por sus actuaciones ilícitas su representación fue revocada. Quinto jamás ha vivido en ninguna de las comunidades mencionadas y en cambio, sí ha sido artífice de denuncia en contra de miembros de su comunidad y de otras, como las de Curvaradó y Jiguamiandó.

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En 2008 un noticiero de televisión nacional reveló una comunicación telefónica entre el general (r) Rito Alejo del Río, hoy condenado por el crimen de Marino López en el Cacarica; y el exministro Fernando Londoño Hoyos en el que planeaban la judicialización de la Comisión de Justicia y Paz. Hablaba el general del Río del apoyo que le prestan para ese propósito un grupo de “negritos” sin implicarlo a él334.

Campañas de desprestigio Además de los procesos judiciales, las campañas de desprestigio en contra de las comunidades ha incluido un ataque mediático de desinformación, desprestigio, estigmatización y señalamiento.

Columnas de prensa publicadas en el periódico El Tiempo por José Obdulio Gaviria, entrevistas radiales realizadas por el ex Ministro del Interior inhabilitado para ejercer cargos públicos, Fernando Londoño, supuestas noticias por los canales Caracol televisión y RCN y hasta movilizaciones en contra de la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, entre otras, han hecho parte en los últimos años, de la campaña de desprestigio en contra de las comunidades que exigen una efectiva restitución de tierras a los verdaderos y ancestrales habitantes de las cuencas.

El 28 de febrero de 2011, salió del municipio de Turbo un bus con destino a Bogotá para adelantar una protesta “contra el cura de Justicia y Paz que se quiere quedar con las tierras”, así lo expresó uno de los manifestantes y agregó que iban a protestar frente a nuestras oficinas y las de la Corte Constitucional.

El primero de marzo en horas de la tarde Caracol Radio reportó que se desarrollaba una protesta enfrente a la Corte Constitucional porque las tierras de comunidades negras se pretenden entregar a comunidades mestizas335.

En la emisión de noticias de la mañana del canal RCN del día 6 de enero de 2012 se publicó una nota titulada “Fiscal investiga si voceros campesinos tienen nexos con frentes de las FARC”336. Dicha nota dice lo siguiente “Un fiscal de derechos humanos intenta establecer si algunos de los voceros de los campesinos supuestamente desplazados de la finca “Las Pavas” y del bajo Atrato, son los mismos que aparecen en una investigación abierta contra líderes del frente 57 de las Farc que se habrían infiltrado en varias ONG de Derechos Humanos. Desde junio del 2006, la justicia les sigue los pasos a varios líderes de las Farc, que presuntamente se infiltraron en dos reconocidas ONG que defienden víctimas de la violencia. Entre otras, una organización jesuita, de la que presuntamente hace parte una 334 335 336

Ver http://www.youtube.com/watch?v=elrfyvo5-yw Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (7 de marzo de 2011). Continuan señalamientos contra la Comisión de Justicia y Paz. Recuperado de: http://justiciaypazcolombia.com/Continuan-senalamientoscontra-la.

RCNNoticias. (6 de enero de 2012). Fiscal investiga si voceros campesinos tienen nexos con frente de las Farc. Recuperado de http://www.canalrcnmsn.com/content/fiscal_investiga_si_voceros_campesinos_tienen_nexos_con_frente_de_las_farc. el día 7 de noviembre de 12.

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mujer que también apoya a los campesinos que según la Fiscalía se hicieron pasar como desplazados para apoderarse de la finca Las Pavas. El documento ordena la vinculación mediante indagatoria de María Chaverra Chalero o María Chalero, entre otros jefes de las Farc que operan en el Urabá antioqueño. Tres de esos nombres coinciden con los de los líderes de una ONG de Derechos Humanos que están liderando el retorno de supuestos desplazados a sus parcelas en el sur de Bolívar y el Urabá principalmente. Uno de tales nombres coincide con el de la mujer señalada en el informe judicial como María Chavera o María Chalero, de quien se sospecha que incluso hizo presencia hace tres semanas en Bogotá, infiltrada en el grupo de manifestantes reunido en la plaza de Bolívar, en solidaridad con los supuestos desplazados de Las Pava. Una mujer con ese mismo nombre está siendo investigada porque presuntamente utilizó tres cédulas diferentes para reclamar tierras ante el Gobierno”.

Son estos algunos ejemplos emblemáticos, tanto de la campaña mediática de desinformación y señalamiento, como de procesos judiciales en contra de las víctimas, con las que los victimarios a través de medios de información masiva y manipulación de testigos falsos, pretenden deslegitimar las justas reivindicaciones de las víctimas y desviar la atención de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, cometidas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó y cuyo fin primordial es la usurpación de territorios ancestrales para la implementación de megaproyectos agroindustriales.

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Plantaci贸n primeras palmas en Curvarad贸, visita gobernador de Antioquia y otros, fotos aportada en proceso judicial por empresario paramilitar Raul Hazb煤n Fecha probable febrero de 2001

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Visita “ministros” plantaciones de palma en Curvaradó.

Prueba aportada por paramilitar y empresario Raul Hazbún.

Fecha probable 11 de noviembre de 2001

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2. Jiguamiandó y Curvaradó: Mecanismos de despojo y logros jurídicos sin disfrute de las víctimas Avances Jurídicos – Persistente Impunidad En el libro de nuestra Comisión de Justicia y Paz, publicado por el Banco de Datos del Cinep La Tramoya, derechos humanos y Palma Aceitera Curvaradó y Jiguamiandó.

Caso Tipo 5, en el capítulo “Los modos de apropiación”337, se detallan los mecanismos “legales” de apropiación usados por los empresarios, paramilitares, abogados, notarios, para apropiarse con los territorios usurpados por la fuerza a las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó entre los años 2000 al 2005.

La empresa criminal que se constituyó para el despojo de tierras y la implementación del megaproyecto agroindustrial palmero en las dos cuencas se vale por una parte, del aparato militar y paramilitar, que se encargó de desplazar forzadamente a las comunidades asentadas allí y de asegurar el desarrollo del proyecto; tras el desplazamiento, entraron a la zona empresarios palmeros, quienes fueron convocados por la comandancia paramilitar de la región, cuando no eran simples testaferros de los verdaderos dueños de las empresas, que eran los mismo empresarios paramilitares338.

337 338

Comisión Intereclesial Justicia y Paz. (2005). La Tramoya, Derechos Humanos y Palma Aceitera Curvaradó y Jiguamiandó. Caso Tipo 5. (pp. 95-108). Bogotá: Cinep.

En declaraciones ante la Fiscalía de Justicia y Paz, el comandante paramilitar alias HH, se refirió al megaproyecto en mención de la siguiente manera: La siembra de palma africana fue liderada directamente por VICENTE (…) es un secreto a voces que era un proyecto de VICENTE (…) el megaproyecto de VICENTE CASTAÑO se encontraba “en una zona ubicada estratégicamente con un futuro económico inmenso ya que como lo dije la vez pasada algún día tener que abrir el Tapón del Darién y abrir la carretera entre Colombia y Panamá y eso era a lo que le apuntaba VICENTE en esas tierras (…) todo el mundo en el Urabá y en muchas partes del país sabían que el proyecto de palma era un proyecto de las autodefensas y lo inició VICENTE CASTAÑO; éste sabía que el futuro del Urabá era esa palma y quien manejara la palma manejaba el Urabá. (…) sobre la utilización de medios ilícitos adujo que La palma se siembra con sangre. El mismo VICENTE CASTAÑO, en entrevista con la Revista Semana se refirió al tema de la siguiente manera: SEMANA: pero la reparación podría incluir, por ejemplo, las tierras que ustedes se han apropiado o comprado. VICENTE CASTAÑO: Si nos toca dar tierras para programas sociales no hay diferencia porque eso ya lo venimos haciendo con proyectos productivos en varias zonas del país. Queremos que nos dejen hacer nuevos modelos de empresas que ya hemos venido desarrollando a nivel nacional. SEMANA: ¿En dónde están desarrollando esos proyectos? VICENTE CASTAÑO: En el Urabá tenemos proyectos de palma. YO MISMO CONSEGUÍ LOS EMPRESARIOS PARA INVERTIR EN ESOS PROYECTOS QUE SON DURADEROS Y PRODUCTIVOS. La idea es llevar a los ricos a invertir en este tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado solo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. HAY QUE LLEVAR A LOS RICOS A TODAS ESAS REGIONES DEL PAÍS Y ESA ES UNA MISIÓN QUE TIENEN TODOS LOS COMANDANTES.

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Asesorados por abogados y con la complicidad de notarios de diferentes municipios y funcionarios públicos de entidades adscritas al Ministerio de Agricultura339, adelantaron maniobras fraudulentas para hacerse al control jurídico de las tierras.

Falsificaron documentos de compraventas de mejoras y de posesiones. Al constatar que las tierras estaban cobijadas bajo un título colectivo amparadas por la ley 70 de 1993 y por eso no susceptibles de enajenación, se valieron de campesinos, algunos de la región y otros traídos de otras partes del país, para constituir (con o sin su consentimiento) “asociaciones campesinas” ficticias para celebrar contratos en los que éstos, haciéndose pasar como propietarios del territorio, cedían el uso del suelo a las empresas. Recurrieron a la accesión fraudulenta de predios incrementando su extensión en más de un 10.000%. Una vez consolidada una extensa área, se desenglobaba y se fingía su venta por lotes.

Recurrieron, además a figuras inéditas como las “alianzas estratégicas”, las “actas de compromiso” y los “acuerdos” con participación de las fuerzas militares. Se valieron igualmente de resoluciones falsas de títulos individuales INCORA, para argumentar que esos predios no hacían parte del Título Colectivo.

Luego de que las tierras fueron “legalizadas”, se postularon a créditos de Finagro y el Banco Agrario, a los que accedieron efectivamente, contando con la complicidad de funcionarios de las entidades financieras del Estado. La Contraloría General de la Nación estableció, en este caso que casi el 100% de los créditos otorgados a estos para-empresarios, fueron respaldados por las entidades oficiales.

Desde el año 2005 a la fecha, han acontecido trascendentales sucesos relativos al estado jurídico de los predios ancestrales de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó y al uso al que podrían estar dispuestos.

Autoridades administrativas y judiciales, del orden departamental y nacional, reiteradamente se han referido a las graves y continuas violaciones a los derechos humanos de las comunidades y a la usurpación masiva de sus territorios ancestrales.

Han constatado que los predios no pueden ser poseídos materialmente por sus legítimos propietarios y han ordenado, requerido o solicitado a las autoridades competentes, que en el marco de sus obligaciones recuperen jurídica y materialmente tales territorios para ser restituidos a sus legítimos propietarios.

339

El jefe paramilitar RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA alias RICARDO, fue condenado penalmente por los delitos de Concierto Para Delinquir Agravado, Desplazamiento Forzado e Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica. Como parte de las pruebas que sirvieron para condenar a alias RICARDO, están los contundentes testimonios de comandantes paramilitares como RAUL HASBÚN y HÉVER VELOZA alias HH. Sostuvo éste último que “RODRIGO ZAPATA fue el encargado de legalizar muchas de esas tierras (…) él tenía el manejo para legalizarlas con el INCORA (…) eso era lo que el momento hacía él, pero la palma la manejaba era VICENTE con otras personas”.

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Así las cosas, cronológicamente reseñaremos los pronunciamientos, providencias y sentencias de la siguiente manera.

En primera medida, nos referiremos al Informe elaborado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, titulado “Los cultivos de palma de aceite en los Territorios Colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó”, publicado el 14 de marzo de 2005.

Tendremos en cuenta también la Resolución Defensorial No. 39 de dos (2) de junio de 2005 titulada “Violación De Los Derechos Humanos Por Siembra De Palma Africana En Territorios Colectivos De Jiguamiandó Y Curvaradó”, en sus párrafos pertinentes.

Posteriormente, citaremos las resoluciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante las cuales se revocaron directamente diversos actos fraudulentos, lo que permitió, en teoría, recuperar jurídicamente 25.479 hectáreas de tierras, que fueron usurpadas material y jurídicamente a las comunidades ancestrales de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

Luego, reseñaremos el Auto 222 de 17 de junio 2009, proferido por la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado LUIS ERNESTO VARGAS VILLA; la Sentencia No. 0073 de cinco (5) de octubre de 2009, emanada del Tribunal Administrativo de Chocó con ponencia de la Magistrada MIRTHA ABADÍA SERNA; la Sentencia de ocho (8) de abril de 2010, proferida por el Consejo de Estado con ponencia de MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA; el Auto del 18 de mayo de 2010 del 18 de mayo de 2010 proferido por la sala de seguimiento a la T-025 de la Corte Constitucional y el Auto 045 de siete (7) de marzo de 2012, de la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado LUIS ERNESTO VARGAS. En estos pronunciamientos, con el grado de obligatoriedad que cada uno comporta, se repite hasta la saciedad un mismo planteamiento: los territorios ancestrales de las comunidades de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó fueron violentamente despojados a sus habitantes tradicionales; allí se desarrollaron posteriormente megaproyectos agroindustriales y de ganadería extensiva. En la actualidad los territorios no pueden ser dispuestos materialmente por las comunidades ancestrales pues los paramilitares, empresarios y sus beneficiarios, continúan ejerciendo un inmenso poder sobre los mismos.

Pese a las reiteradas órdenes que teóricamente pretenden hacer que tal situación cese, las comunidades continúan en situación de desplazamiento forzado, pues no han logrado regresar a sus territorios ancestrales.

Informe de Incoder “Los Cultivos de Palma de Aceite en los Territorios Colectivos de las Comunidades Negras de los Ríos Curvaradó y Jiguamiandó” En el 2005, la situación inocultable de vulneración a los derechos humanos de las comunidades ancestrales, obligó a entidades públicas a pronunciarse al respecto. Así fue como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder, por medio del Informe titulado “Los Cultivos de Palma de Aceite en los Territorios Colectivos de las Comunidades Negras de los Ríos Curvaradó y Jiguamiandó” del 14 de marzo.

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De acuerdo al Incoder “la estrategia utilizada por los empresarios de la palma de aceite y la ganadería para intentar darle visos de legalidad a la indebida ocupación de los territorios colectivos adjudicados a las Comunidades Negras en los Ríos Curvaradó y Jiguamiandó, ha sido la compraventa de mejoras a personas particulares que dicen tener ocupación de estos territorios antes de la expedición de los títulos colectivos, o a miembros individuales de los Consejos Comunitarios. Con esta estrategia, a la fecha de la visita de verificación y de acuerdo con la información reportada, los empresarios habían celebrado 203 contratos de compraventa de mejoras con un área superior a las CATORCE MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y UNA HECTÁREAS”340.

Otra importante estrategia fue la celebración de contratos de compraventa de predios privados inicialmente adjudicados como baldíos y que no hacen parte del Título Colectivo.

Mediante esta modalidad, “los empresarios pretendieron apoderarse de 142 predios con un área aproximada de TRECE MIL QUINIENTAS NOVENTA Y DOS HECTÁREAS”341.

A su turno, la Defensoría del Pueblo exhortó a los Ministerios del Interior y de Justicia y al Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural, a adelantar todas las actuaciones tendientes a la restitución material de los territorios colectivos y resguardos indígenas afectados por la siembra de palma aceitera, así como los destinados a la ganadería y a la explotación maderera (…) al Ministerio del Interior y de Justicia para que garantice el ejercicio pleno del derecho al territorio y la autonomía, mediante la realización del derecho a la consulta previa y concertación.

Urgió al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a las Corporaciones Autónomas Regionales y a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible a que se abstengan de conceder permisos, autorizaciones y licencias ambientales, así como de aprobar Planes de Manejo Ambiental para realizar actividades de ganadería extensiva, explotación maderera y cultivos de palma africana, en territorios colectivos de las comunidades negras de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó y resguardos indígenas, sin el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos en materia ambiental y sobre territorios (Ley 70 de 1993, reglamentada por el Decreto 1745 de 1995 para comunidades afrodescendientes y Ley 160 de 1994 y Decreto 2164 de 1995 para comunidades indígenas).

Recomendó a Finagro, al Banco Agrario y demás entidades bancarias, que se abstengan de otorgar créditos para el desarrollo de proyectos agropecuarios por parte de terceros en terri340

341

Informe del Incoder. Esto viola el artículo 15 de la ley 70 de 1993, que prohíbe expresamente la ocupación de dichos territorios por personas ajenas al mismo y no les concede el efecto de la titulación a quienes ocupen el territorio ni tampoco da validez al reconocimiento de mejoras. Para todos los efectos serán considerados poseedores de mala fé. (p. 19).

Ibíd. Esta maniobra también es ilegal, pues trasgrede el articulo 72 inciso 9° y 12 de la Ley 160 de 1994 expresamente señala:”Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas Familiares, en el respectivo municipio o región. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubiesen sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a las fijadas por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar”. (p. 20).

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torios colectivos o resguardos indígenas. Solicitó a la Superintendencia Bancaria y a Asobancaria, en el ámbito de sus competencias, expedir una circular informativa dirigida a las entidades financieras sobre el carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables que tienen los territorios colectivos y los resguardos indígenas, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 2164 de 1995 reglamentario de la Ley 160 de 1994, con el fin de que se abstengan de conceder créditos a terceros, utilizables en los territorios colectivos y resguardos indígenas.

Apremió a la Superintendencia de Notariado y Registro a que instruya a las oficinas de Instrumentos Públicos para que se abstengan de registrar compra venta de tierras o de mejoras, ubicadas en territorios colectivos o en resguardos indígenas, dado que mismos son inembargables, imprescriptibles e inalienables, de conformidad con el artículo 63 de la Carta Fundamental, el artículo 15 de la ley 70 de 1993 y el Decreto 2164 de 1995 reglamentario de la Ley 160 de 1994.

Sugirió a la Procuraduría General de la Nación adelantar las investigaciones disciplinarias por acción u omisión y establecer las sanciones a que haya lugar e instó a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones con ocasión de los homicidios, desapariciones, desplazamiento y afectaciones del derecho colectivo al territorio de las comunidades afrocolombianas.

Resolución Defensorial No. 39. “Violación de los derechos humanos por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó”.

La Defensoría del Pueblo, mediante la Resolución Defensorial No. 39 de dos (2) de junio titulada “Violación De Los Derechos Humanos Por Siembra De Palma Africana En Territorios Colectivos De Jiguamiandó Y Curvaradó”, puso de presente lo que se venía denunciando años atrás por parte de las comunidades y organizaciones acompañantes.

Exhortó a los Ministerios del Interior y de Justicia y al Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural, a adelantar todas las actuaciones tendientes a la restitución material de los territorios colectivos y resguardos indígenas afectados por la siembra de palma aceitera, así como los destinados a la ganadería y a la explotación maderera (…) al Ministerio del Interior y de Justicia para que garantice el ejercicio pleno del derecho al territorio y la autonomía, mediante la realización del derecho a la consulta previa y concertación.

Urgió al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a las Corporaciones Autónomas Regionales y a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible a que se abstengan de conceder permisos, autorizaciones y licencias ambientales, así como de aprobar Planes de Manejo Ambiental para realizar actividades de ganadería extensiva, explotación maderera y cultivos de palma africana, en territorios colectivos de las comunidades negras de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó y resguardos indígenas, sin el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos en materia ambiental y sobre territorios (Ley 70 de 1993, reglamentada por el Decreto 1745 de 1995 para comunidades afrodescendientes y Ley 160 de 1994 y Decreto 2164 de 1995 para comunidades indígenas).

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Recomendó a Finagro, al Banco Agrario y demás entidades bancarias, que se abstengan de otorgar créditos para el desarrollo de proyectos agropecuarios por parte de terceros en territorios colectivos o resguardos indígenas. Solicitó a la Superintendencia Bancaria y a Asobancaria, en el ámbito de sus competencias, expedir una circular informativa dirigida a las entidades financieras sobre el carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables que tienen los territorios colectivos y los resguardos indígenas, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 2164 de 1995 reglamentario de la Ley 160 de 1994, con el fin de que se abstengan de conceder créditos a terceros, utilizables en los territorios colectivos y resguardos indígenas.

Requirió a la Superintendencia de Notariado y Registro a que instruya a las oficinas de Instrumentos Públicos para que se abstengan de registrar compra venta de tierras o de mejoras, ubicadas en territorios colectivos o en resguardos indígenas, dado que mismos son inembargables, imprescriptibles e inalienables, de conformidad con el artículo 63 de la Carta Fundamental, el artículo 15 de la ley 70 de 1993 y el Decreto 2164 de 1995 reglamentario de la Ley 160 de 1994.

Sugirió a la Procuraduría General de la Nación adelantar las investigaciones disciplinarias por acción u omisión y establecer las sanciones a que haya lugar e instó a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones con ocasión de los homicidios, desapariciones, desplazamiento y afectaciones del derecho colectivo al territorio de las comunidades afrocolombianas.

Resoluciones 6523, 6524, 6525, 6286, 3617 y 5247 de la Superintendencia de Notariado y Registro Posteriormente, ante las evidencias inocultables del fraude que se había cometido, en septiembre de 2007, la Superintendencia de Notariado y Registro dejó sin efecto las anotaciones que se habían hecho en las escrituras de predios que habían sido fraudulentamente accedidos, modalidad por la cual se pretendió la legalización de casi 20.000 hectáreas (ha) de tierras pertenecientes al Título Colectivo.

Los casos a los que se refiere la Superintendencia de Notariado y Registro son: al campesino Jeremías Durango Guisao se le adjudicó un predio de 23ha, mediante Resolución 4818 de 31 de octubre de 1990. Años más tarde, el convicto Hermen De Jesús Muñoz alias DIOMEDES, actuando supuestamente en su representación, declaró que el terreno había incrementado su extensión a 2.603 ha con 5.000 metros por el fenómeno de la accesión y debido a los trabajos de drenaje realizados por la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Curvaradó y Aledañas.342 Caso idéntico al ocurrido en el terreno “Para qué más”, originariamente de una extensión de 55 ha y 4187 metros, adjudicado a Luis Urango Quintero. Sin embargo, mediante escritura pública 742 de 8 de octubre de 2002, se declaró que debido al fenómeno de 342

En 2007, mediante Resolución 6525 la Superintendencia dejó sin efecto estas maniobras.

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la accesión y por el trabajo de drenaje de la citada asociación, el predio se acrecentó a 5.000ha343.

A Lino Antonio Díaz Almario, se le adjudicó por parte del antiguo Incora un predio en Llano Rico cuya extensión era de algo más de 18 ha. Esa cantidad se acrecentó en más de 5908 ha, a través de una accesión. La aclaración del incremento se elevó a escritura pública 094 de mayo 24 de 2000, y allí mismo se solemnizó la compraventa del predio de 5927 ha344.

El caso del señor Sixto Pérez es similar al de Lino Antonio Díaz Almario. Al señor Pérez se le adjudicó el predio “La Nevera”, de una extensión de poco más de 33 ha en 1990, mediante resolución del antiguo Incora de 4919 de 31 de octubre. Años más tarde, en 2002, el conocido con el alias de Diomedes, actuando en representación, con poder falsificado del señor Pérez, declara una accesión natural por 4207 ha con 484 metros345.

En todos estos casos, luego de la accesión irregular, adelantaban operaciones ficticias en las que “vendían” los terrenos (por conducto de las falsas asociaciones campesinas) a los empresarios, quienes posteriormente los desenglobaban y vendían a su vez los predios entre sus mismas empresas. Mediante esta modalidad, se usurparon DIECISIETE MIL SETECIENTAS DIECIOCHO hectáreas.

El 19 de febrero de 2008 mediante la Resolución 3617, la Superintendencia revocó directamente el registro de ocho (8) resoluciones falsas de los predios “La Diana”, “La Esmeralda”, “La María”, ”La Casita”, ”La Ceiba”, ”La Sierpe”, ”Los Robles” y ”La Mojarra”. El proceso se había iniciado el primero (1) de junio de 2007. La recuperación jurídica por esa modalidad ascendió a 6.506 ha.

Finalmente, mediante Resolución 5247 de 15 de junio de 2010, se revocaron diecisiete títulos por inscripción extemporánea e ilegal. De esta manera, se recuperaron mediante la formalidad jurídica, 1.252 ha.

Según la Superintendencia de Notariado y Registros, mediante las revocatorias mencionadas se recuperaron jurídicamente 25.479 ha de tierras que fueron usurpadas material y jurídicamente a las comunidades ancestrales de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

Informe de la Contraloría General de la Nación La Contraloría General de la Nación señaló en un informe titulado “Auditoría Gubernamental con enfoque Integral, Modalidad Regular, al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, vigencia fiscal 2005 y 2006, en desarrollo del Plan General de Auditoría –PGA– 2007-2008” que “Finagro aprobó redescuentos a 3 empresas (…) por la suma de 343 344 345

En 2007, mediante Resolución 6524 la Superintendencia dejó sin efecto estas maniobras.

En 2007, mediante Resolución 6286 la Superintendencia dejó sin efecto estas maniobras.

En 2007, mediante Resolución 6523 la Superintendencia dejó sin efecto estas maniobras.

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$13.049 millones (…). Como servicios complementarios al crédito, se han respaldado éstos redescuentos a través del FAG por $4.090 millones (…). Adicionalmente se ha otorgado un beneficio económico ICR por inversión de proyecto nuevo, consistente en un abono al saldo del crédito por valor de $2.892 millones.”

El financiamiento se realizó a través de tres fuentes principales de apoyo: con los redescuentos de Finagro346, con el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)347 y con los Incentivos de Crédito Rural (ICR)348. Pese a que los directivos de FINAGRO conocían de las denuncias de los hechos violatorios de derechos humanos acontecidos en la zona, de manera ágil otorgaron los mencionados beneficios a las empresas palmeras.

Quien por entonces fuera director de FINAGRO, Cesar Pardo, no solo no fue sancionado, sino que fue ascendido a presidente del Banco Agrario. Igualmente insólito resulta el hecho de que la gerente liquidadora de la Caja agraria y de Fiduagraria en sus momentos, María Fernanda Zuñiga Chaux, en el gobierno de Alvaro Uribe, es la hija de ANTONIO ZÚÑIGA CABALLERO, uno de los representantes legales de las empresas más cuestionadas, PALMURA, y ella misma integrante de su junta directiva. Vale recordar que Palmura es una empresa escindida de Urapalma, empresa de VICENTE CASTAÑO, como lo han declarado en diversas versiones ex jefes paramilitares.

El proceso penal que se adelanta en contra de empresarios, paramilitares y comisionistas de tierra por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia Ecológica, FINAGRO se declaró víctima y fue aceptada como Parte Civil, por haber sido supuestamente defraudada, al conceder los dineros públicos para la financiación del proyecto palmero.

346

347

348

Para la aplicación de la Ley 16 de 1990, se entiende por crédito agropecuario el que se otorga a una persona para ser utilizado en las distintas fases del proceso de producción, comercialización y transformación primaria de bienes de origen agropecuario. El sector agropecuario comprende explotaciones agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesqueras y forestales. Estos créditos se otorgan en condiciones reglamentadas por Finagro y están dirigidos a financiar el capital de trabajo e inversión requeridos en la producción, comercialización y transformación primaria a través de proyectos rentables, y técnica y ecológicamente viables. Los recursos del crédito agropecuario, pueden ser colocados por Finagro mediante el redescuento, o por los intermediarios financieros con sus recursos propios (créditos en sustitución de inversiones obligatorias o constitutivos de cartera agropecuaria). Ley 16 de 1990.

“Por lo cual se constituye el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, Finagro, y se dictan otras disposiciones”.

Finagro (2013). Fondo para el financiamiento del sector agropecuario finagro. Bogotá. “El fondo agropecuario de garantías, es un Fondo cuyo objetivo es respaldar los créditos redescontados ante Finagro o concedidos en condiciones Finagro con recursos propios de los intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, validados como cartera sustitutiva de inversión obligatoria o registrados como cartera agropecuaria, dirigidos a financiar nuevos proyectos del sector agropecuario y rural que sean técnica, financiera y ambientalmente viables, y que se otorguen a productores que no pueden ofrecer las garantías ordinariamente exigidas por las entidades otorgantes del crédito”.

Finagro (s.f.). Manual de servicios finagro. “El Incentivo a la Capitalización Rural ICR es un beneficio económico que se otorga a una persona natural o jurídica, por la realización de inversiones nuevas dirigidas a la modernización, competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria”. Recuperado de http://www.fenalce.org/archivos/Cap%20IV%20P-11.pdf

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Palma aceitera en Colombia

Tenemos entonces una escandalosa constatación. Cerca del 100%349 de la palma aceitera del Curvaradó y Jiguamiandó, sembrada luego de asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, por reconocidos paramilitares de la mano de empresarios, militares, policías, fue financiada, como lo reconoce la misma Contraloría, con recursos del Estado Colombiano. En pocas palabras, el Estado Colombiano, financió empresas paramilitares.

No obstante las constataciones indican que no se conocen avances de la Contraloría General de la nación en relación con este caso y mucho menos vinculación de funcionarios públicos por detrimento patrimonial de la nación.

Sentencia No. 0073, radicado 2009-0030. Tribunal Administrativo del Chocó Los representantes legales a la fecha del Jiguamiandó y Curvaradó instauraron, ante el Tribunal Administrativo del Chocó350, una acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la propiedad colectiva, a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la dignidad humana, al ambiente sano en conexidad con la vida digna, al mínimo vital, a la restitución y a la reparación integral contra el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Municipio del Carmen del Darién y las siguientes empresas, personas naturales ocupantes de mala fe: La Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá “URAPALMA S.A.”, las Palmas S.A., Palmas de Urabá Palmura S.A., Palmas del Curvaradó S.A., Promotora Palmera del Curvaradó, Lujasa Ltda., Inversiones Palmas Ltda. “INVERPALMA”, C.I. El Roble, Agropalma Ltda., Inversiones la TUKEKA (Antonio Argote) y Asoprobeba S.A y los señores Ramón DE Jesús Quintero Quintero, Wuilan López Cardona, Judith Emilsen Palacios Palacios, Jhon Jairo López Cabas, William de Jesús Ramírez Castaño, Víctor Eduardo Nichol Correa, Rodrigo Alberto Zapas Sierras, Jesús Antonio Lopera Lopera, Luz Ofelia Duque Agudelo, Luis Fernando Sierra Moreno, Carlos Mario Sierra Moreno, Arnoldo López Cardona, José Antonio Hoyos Giraldo, Javier de Jesús Aguilar Alzate, Juan Manuel Aguilar Echeverri, Darío Mauricio Alzate Ossa, Rodrigo Alberto Mejía Arango, Jesús Correa, Jesús Emilio Manco Zapata, Luis Fernando Nicholls, Fanklyn de Jesús Calle Muñoz, Armando Carvajal, Manuel Cordero, Luis Felipe Molano, Fabio Gil, Héctor Zapata, Oscar Darío Oviedo, Víctor Ríos y Alirio Osorio Borja.

Los actores narraron que sus comunidades fueron víctimas de desplazamiento forzado y que varias hectáreas de sus territorios fueron invadidas por particulares para cultivar palma de aceite o para destinarla a la ganadería extensiva.

Denunciaron, una vez más, que además de ocupar y explotar sus territorios han intentado de manera fraudulenta quedarse con ellos, con diversas estrategias para legitimar la ocupación y explotación económica del territorio.

349 350

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (10 de marzo de 2009). Gobierno financio cerca del 100% de la palma. Recuperado de http://justiciaypazcolombia.com/GOBIERNO-FINANCIO-CERCA-DEL-100-DE Sentencia Nº. 0073 de cinco (5) de octubre de 2009. Radicado 2009-0030. Magistrado Ponente Mirtha Abadía Serna.

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Indicaron que la pugna por el territorio ha vulnerado sus derechos fundamentales a la propiedad colectiva, a la dignidad humana y a la reparación integral, toda vez que el conflicto ha generado desplazamientos, amenazas y muertes. Agregaron que aunque algunas entidades estatales lograron recuperar jurídicamente 29.000 ha, a la fecha de la demanda y aún hoy en día, las tierras no han sido devueltas materialmente.

En el mismo sentido intervino el Instituto Colombiano de Desarrollo Agropecuario (Incoder) sosteniendo, nuevamente, que las empresas asentadas han querido desconocer las resoluciones expedidas por el antiguo Incora y por medio de maniobras jurídicas no las acatan.

Así mismo, sus territorios continúan en poder de empresarios que se niegan a restituirlos e improvisan argumentos para prorrogar su entrega. De esta forma el Incoder solicitó acceder a las pretensiones de la tutela.

Como principal pretensión exigieron que las empresas y personas naturales demandados suspendieran inmediatamente cualquier actividad que se encontraran realizando y se retiraran de manera definitiva de las tierras colectivas, so pena de cometer el delito de desacato.

Así fue que en el marco del proceso, el Tribunal constató, entre otras, que los miembros de la comunidad accionante han sido objeto de múltiples desplazamientos forzados, crímenes y desapariciones forzadas, torturas, saqueos y quemas a caseríos, entre otros crímenes. Que según reporte del Incoder con ocasión al desplazamiento forzado de la población perteneciente a los Consejos Comunitarios, algunos inversionistas del sector privado establecieron cultivos empresariales de palma de aceite y proyectos de ganadería extensiva en los territorios mencionados. Que si bien ha habido una recuperación parcial de algunos territorios, ésta solo ha sido jurídica, porque materialmente las comunidades no las han podido recuperar.

El Tribunal finalmente falló el cinco (5) de octubre de 2009351 accediendo al amparo solicitado. De esta manera, ordenó “a las personas naturales y jurídicas accionadas que dentro del término de 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación de la sentencia, suspendan las actividades que estén realizando e inicien, si aún no lo han hecho, a entregar de manera voluntaria la tenencia material de las tierras en condiciones aptas para la habitabilidad, por parte de las comunidades, que de conformidad con las Resoluciones expedidas por el Incora y las modificaciones efectuadas por el Incoder, son de propiedad de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó”.

En el mismo sentido el Tribunal dispuso que: “Las entregas reales y materiales de las hectáreas ocupadas por las accionadas no podrán exceder de 30 días. Para el efecto las autoridades públicas tales como: Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional, Mi351

Es necesario nombrar algunos inconvenientes que sufrió el proceso. En primera medida El Tribunal se había negado a conocer el asunto alegando que no hacía parte de su competencia. Así, lo remitió a los juzgados municipales de Santa Marta quienes igualmente se declararon incompetentes. Finalmente, la Corte Constitucional le ordenó remitir el expediente al Tribunal por ser éste el competente. Después, el Tribunal Administrativo de Chocó, mediante Sentencia de 5 de octubre de 2009 había tutelado los derechos fundamentales de las comunidades, sin embargo mediante Auto de 25 de noviembre de 2009 se declaró la nulidad de todo lo actuado por haberse incumplido con algunos formalismos.

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nisterio del Interior y de Justicia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de Desarrollo Agropecuario “Incoder”, Defensoría del Pueblo, Agencia para la Acción Social (SIC), Gobernador del Departamento y Alcalde del Municipio del Carmen del Darién, velarán, por el cumplimiento efectivo de la orden impartida en la mencionada providencia”.

Tal decisión que buscaba garantizar los vulnerados derechos fundamentales de las comunidades ancestrales, fue apelada ante el Consejo de Estado. Lo insólito del asunto es que uno de los apelantes fue, Germán Antonio Marmolejo, quien fuera patrocinado para su elección como representante de Curvaradó, por los mismos empresarios y particulares ocupantes de mala fe, afectados por la decisión del Tribunal. Su elección, ilegal e ilegítima, se llevó a cabo en una Asamblea Extraordinaria, que desconoció al representante legal del momento352.

Sentencia del 8 de abril 2010 Consejo de Estado El Consejo de Estado353 al resolver la impugnación presentada tuvo las siguientes consideraciones: (i) Que estas comunidades a pesar de ser beneficiarias de la titulación colectiva, han sido víctimas de desplazamiento forzado y sus territorios en la actualidad son objeto de actividades productivas, sin su consentimiento, principalmente de cultivos de palma de aceite y procesos de ganadería extensiva. (ii) Que se ha adelantado la recuperación jurídica de cerca de 29.000 ha, pero que aún las comunidades no gozan de la posesión material de las mismas.

Advirtió, por tanto, que las comunidades aún no gozan ni ejercen de manera efectiva todos sus derechos individuales y colectivos sobre los territorios que son de su propiedad. (iii) Que a pesar de existir resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se han adoptado medidas provisionales a favor de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó y de requerir al Estado Colombiano para que adopte y mantenga mecanismos de protección a la vida y la integridad personal de miembros de estas comunidades, entre otras medidas, la Sala encuentra que en el caso concreto la situación crítica de las comunidades afrocolombianas persiste, por lo que insiste en que el Estado Colombiano tiene la obligación de asegurarles el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos, mediante la adopción y ejecución de medidas encaminadas a cumplir tal fin, en razón que gozan de una protección reforzada de acuerdo con la Constitución y las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Colombiano.

Así las cosas, el Consejo de Estado, mediante sentencia de diez (10) de abril de 2010 confirmó la sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el nueve (9) de 352

353

Mediante Auto de 18 de mayo de 2010, la Corte Constitucional se refirió al respecto y ordenó, entre otras, la realización de un censo para determinar quiénes son los verdaderos habitantes de las cuencas, con el objeto de convocar a una nueva asamblea que elija a quién verdaderamente represente a las comunidades, para restituir las tierras en debida forma a los legítimos, legales y ancestrales propietarios.

Consejo de Estado sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, Sentencia de ocho (8) de abril de 2010. Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia.

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diciembre de 2009, en la que concedió el amparo solicitado y tuteló los derechos fundamentales vulnerados. Sin embargo, esta decisión judicial tampoco ha sido cumplida.

Auto 222 de 2009 de la Corte Constitucional.

Pese a la contundencia de los pronunciamientos de los organismos estatales referenciados, y a la recuperación jurídica –no material– de los predios, tras el regreso, por su cuenta, de los habitantes ancestrales de la comunidad de Caracolí, en el Curvaradó, la empresaria y ganadera Claudia Angela Argote y padre su Antonio Argote, de la empresa La Tukeka, usurpadores de tierras, interpusieron una acción de lanzamiento por ocupación de hecho contra los verdaderos propietarios.

Tal acción prosperó y mediante Sentencia Civil No. 0019 del 28 de agosto de 2008, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio Chocó, dentro del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado contra la lideresa de la comunidad Liria Rosa García y otros, ordenó el lanzamiento de los ocupantes del predio Caracolí, corregimiento de Belén de Bajirá, Jurisdicción del Municipio de Riosucio, decisión judicial que de conformidad con el despacho comisorio civil No. 001, radicado 2007-00163, debía cumplirse el 18 de junio de 2009.

El desalojo debió suspenderse ante la oportuna intervención de la Corte Constitucional, quien mediante Auto 222 de 17 de junio 2009354 ordenó, entre otras cosas, la suspensión de la orden judicial por efectuarse contra derecho.

Por ser trascendental el pronunciamiento de la Corte, a continuación citaremos los planteamientos medulares de la decisión y las órdenes impartidas mediante el auto.

El referido Auto concluye: 4.4 La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de cumplimiento, decidirá adoptar unas medidas cautelares de carácter urgente para proteger los derechos fundamentales individuales y colectivos de dicha comunidad, consistente en ordenar la suspensión inmediata e indefinida de la orden judicial de desalojo contra miembros de dicha comunidad, emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio – Chocó, así como la adopción de medidas de protección para la comunidad de Caracolí perteneciente al Consejo Comunitario de la Cuenca del Rio Curvaradó, las cuales deberán ser adoptadas de manera concertada con la comunidad en el marco de las medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana.

Lo anterior, en atención al carácter de sujetos de protección constitucional reforzada que tienen estas comunidades por mandato de la Constitución Política y de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Inter354

Corte Constitucional. Auto 222 de diecisiete (17) de junio dos 2009. Magistrado Ponente. Luis Ernesto Vargas Vila.

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nacional Humanitario, y de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 005 de 2009.

Auto 448 del 18 de mayo de 2010 Corte Constitucional.

Luego de la fraudulenta elección de un Representante Legal del Consejo Comunitario de Curvaradó, el Gobierno Nacional, actuando de mala fe, se empeñó adelantar una ficticia restitución de tierras a éste Consejo.

Dicha “entrega de tierras” pretendía hacerse el 19 de mayo de 2010. En el mes de marzo, el ministro del Interior de entonces, Fabio Valencia Cossio, en visita a Cármen del Darién declaró que reconocía al falso representante legal y habló de la próxima entrega de los territorios a dicho representante.

Sin embargo, ante las denuncias de las comunidades de que tal entrega sería irregular, la Corte Constitucional se pronunció mediante Auto de 18 de mayo y ordenó suspender inmediatamente tal entrega hasta tanto se clarifique quienes son los reales habitantes ancestrales de los predios reclamados y quienes las autoridades legítimas de estos Consejos Comunitarios.

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T 0-25 de 2004 (que decretó el Estado de cosas inconstitucional respecto a la situación del desplazamiento forzado) y sus autos de cumplimiento, en especial el Auto 005 de 2009 relativo a la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, se pronunció respecto a múltiples violaciones a los derechos fundamentales y graves problemáticas sociopolíticas que persisten en las comunidades afrocolombianas355 de Curvaradó y Jiguamiandó. Le ordenó a distintos entes gubernamentales y administrativos ejecutar acciones encaminadas a superar el estado actual de crisis.

En primer lugar la Corte hizo un balance y verificación de distintas acciones que había ordenado en el Auto 005 de 2009. En dicha providencia, constató la carencia de una respuesta estatal idónea frente a las necesidades de estas comunidades afrodescendientes y en esa medida ordenó una serie de acciones concretas que debían llevarse a cabo en plazos perentorios. La Corte revisa la materialización de dichos requerimiento por parte de las autoridades responsables de ejecutarlos.

La Corte le había ordenado al Gobierno Nacional que adoptara sin dilaciones las medidas decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las Resoluciones de seis (6) de marzo de 2003, siete (7) de noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005 y siete (7) de febrero de 2006356. Para lograr tal fin, se le ordenó específicamente al director de Acción So355

356

La Corte aclara que hace parte de las comunidades afrocolombianas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, la población mestiza que ha mantenido por décadas una estrecha relación familiar, cultural y social con la población afrocolombiana, de tal manera que son reconocidos como parte de las mismas por dichas comunidades.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció medidas provisionales atendiendo las siguientes consideraciones: “Que de conformidad con las Resoluciones de la Corte Interamericana de 6

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cial como coordinador del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada SNAIPD acciones relativas al diseño y puesta en marcha de planes integrales de prevención, protección y atención a la población y comunidades afrocolombianas.

En este punto, la Corte encontró graves retrasos en el cumplimiento de esas órdenes y estableció que a pesar de haber recibido información, ésta no evidencia que el proceso de caracterización de toda la población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado se encuentre en desarrollo. La Corte fue reiterativa e insistente en la necesidad de elaborar un censo de la población desplazada como presupuesto esencial en la medición del avance en el goce efectivo de sus derechos.

Así mismo, el censo es de suma importancia para el buen funcionamiento de los Consejos Comunitarios en tanto es imperativo conocer previamente al proceso de elección de los representantes de estas comunidades quiénes son sus miembros y en consecuencia, quienes se encuentra facultados para elegir a los representantes de las comunidades: en síntesis, para establecer y aclarar cuáles son las autoridades legítimas es necesario realizar el censo.

A su vez, la Corte le había ordenado al Ministerio del Interior y de Justicia el diseño e implementación de un plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por la población afrocolombiana para determinar, por lo menos, (i) la situación jurídica de los predios señalados como territorios colectivos –titulados o en proceso de titulación– y ancestrales; (ii) las características socioeconómicas de las comunidades asentadas en dichos territorios; (iii) la situación fáctica y jurídica en que se encuentran los consejos comunitarios y las autoridades locales constituidas en dichos territorios; (iv) los riesgos y potencialidades para la protección de los territorios; (v) los obstáculos jurídicos que impiden la protección efectiva de dichos territorios; y (vi) los mecanismos para garantizar la restitución efectiva de los territorios cuya propiedad haya sido transferida con violación de lo que establece la Ley 70 de 1993, incluido el establecimiento de presunciones de ilegalidad de las transacciones realizadas sobre dichos territorios sin el cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la Ley 70 de 1993.

Al respecto, la Corte encontró que, según un informe presentado por el Ministerio responsable el 18 de enero de 2010, no se ha avanzado en el proceso de caracterización efectiva de los territorios colectivos ancestrales. Con preocupación se constató el grave retraso de esa orden, ya que su cumplimiento es indispensable para dar paso a la restitución efectiva de los territorios colectivos. Así, hasta tanto en el proceso de caracterización, tantas veces nombrado, no se de marzo de 2003, 17 de noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005 y 7 de febrero de 2006 (supra Vistos 1 y 2) el Estado debe, inter alia, a) adoptar, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los miembros de las comunidades constituidas por el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curvaradó; b) adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar que las personas beneficiadas con las presentes medidas puedan seguir viviendo en las localidades que habiten, sin ningún tipo de coacción o amenaza y, c) establecer un mecanismo de supervisión continua y de comunicación permanente en las denominadas “zonas humanitarias de refugio”.

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de febrero de 2008. Medidas Provisionales respecto de la República de Colombia. Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó.

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agoten todas las etapas de carácter legal y éste haya culminado, la restitución efectiva de los territorios colectivos y ancestrales no podrá llevarse a cabo, pues de lo contrario la restitución de los territorios operaría en desmedro de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas, amparadas por ésta medida.

En ese mismo sentido, la Corte insistentemente planteó que para cumplirse con el objetivo de la orden, el cual es la restitución efectiva de los predios a los habitantes de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, debe existir como presupuesto cardinal un proceso previo de caracterización y censo de la población y comunidades, así como de elección y representatividad de los Consejos Comunitarios Mayores. Lo anterior, obedece a que el proceso de caracterización y censo de la población y comunidades, así como de elección de los representantes del Consejo Comunitario Mayor, consagrado este último en la Ley 70 de 1993 y el Decreto reglamentario 1745 de 1995, no es un mero formalismo incorporado caprichosamente por el legislador. El seguimiento estricto de estos procedimientos media como garantía para avalar la participación real y efectiva de los miembros de la comunidad en la elección de los representantes que asumirán la vocería de las decisiones que competen a los asuntos de los miembros de la comunidad y la vigencia de los derechos individuales y colectivos de las comunidades afrocolombianas.

La Corte encontró retrasos en otras órdenes impartidas como son, las relativas a la adopción de medidas para que la población afrocolombiana, reciba atención humanitaria de emergencia de manera oportuna y completa, ya que según los informes presentados no se da cuenta de las poblaciones supuestamente beneficiarias con la implementación del plan, entre otros muchos incumplimientos.

En segundo lugar, la Corte encontró que es urgente y necesario clarificar el asunto atinente a la representatividad de la comunidad de Curvaradó en aras de verificar si el derecho fundamental a la participación de estas comunidades no ha sido vulnerado.

De esta manera, se entró al punto cardinal del Auto, el cual se refiere a la entrega de tierras colectivas que pretendía hacerse el 19 de mayo por parte del Gobierno Nacional al Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó elegido el 12 de septiembre de 2009, inscrito ante el Ministerio del interior, cuya elección fue impugnada y que no había habido pronunciamiento de fondo al respecto, a pesar del vencimiento de los términos para ello.

Al respecto, la Corte puso de presente la relevancia de la protección reforzada del derecho a la participación de los pueblos afrodescendientes, estatuida en la Constitución y en instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Específicamente en el Convenio 169 de la O.I.T. Así, los artículos seis (6) y siete (7) establecen que es necesario para la cabal ampliación de este derecho que: “se asegure la participación de las comunidades, se establezcan mecanismos adecuados de consulta, se adelanten procesos de cooperación y se respete, en todo caso, el derecho de estos pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

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En ese sentido, la Corte dejó sentado que mientras persista la situación actual de incertidumbre sobre la representatividad de las autoridades comunitarias, la delimitación territorial y el censo poblacional, así como sobre la falta transparencia y efectividad del proceso de restitución material de los territorios colectivos, y continúen la división, las campañas de desprestigio y las amenazas, cualquier intervención de las autoridades administrativas o judiciales, puede contribuir a aumentar las tensiones y los riesgos extraordinarios para la vida y la seguridad personales de la población de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Se reitera una vez más la necesidad de realizar un censo que permita dar cuenta adecuada de las personas que históricamente han conformado las comunidades para establecer la legitimidad de sus autoridades.

Por otra parte, en lo relacionado con la restitución efectiva y material de las tierras colectivas, la Corte concluyó que ha habido graves retrasos respecto a la ordenado en al Auto 005 de 2009, que no se han adoptado las medidas de protección de tierras que prevé el Decreto 2007 de 2000 y que la realización de convenios y acuerdos de explotación agrícola, ganadera o minera en los territorios colectivos impedirían su restitución efectiva.

Finalmente, la Corte constató el mantenimiento de una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó y la situación crítica de orden público en la región.

En ese sentido, la Sala hizo énfasis en la grave situación de riesgo así como de amenaza que se cierne sobre las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, las cuales vienen siendo sometidas a hostigamientos, señalamientos, y persecución, por lo cual se hace necesario medidas de prevención y de protección a la vida e integridad personal y frente a posibles nuevos desplazamientos. En este contexto, la Corporación ha tenido noticia de serias amenazas contra la vida de líderes de la comunidad de Curvaradó como el señor Enrique Petro y la señora Ligia Chaverra, así como contra miembros de las organizaciones no gubernamentales que acompañan el proceso de restitución de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó y contra miembros de la Defensoría del Pueblo.

Tal estado de cosas llama la atención de la Corte Constitucional, pues se evidencia la amenaza latente de los derechos fundamentales de la población afrocolombiana que habita las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, situación que se tornaría aún más grave si se realiza la entrega de los territorios colectivos sin que previamente se haya aclarado quiénes son los verdaderos representantes de la comunidad de la cuenca del río Curvaradó, sin que se adopten medidas adecuadas para garantizar el derecho a la participación efectiva y transparente de las comunidades, y sin que se apliquen las presunciones de ilegalidad de las transacciones que se realicen para la explotación, uso, o transferencia de la propiedad, de la posesión o la tenencia de los territorios colectivos, a que hace referencia el Auto 005 de 2009.

Con base en lo anterior, la Corte encontró impostergable la adopción de medidas de protección inmediata a las comunidades, con el fin de contrarrestar los efectos de la gravísima alteración del orden público en la zona, evitando que la amenaza de los derechos fundamentales como la vida, dignidad e integridad, se materialice y la violación de los mismos se perpetúe.

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La Corte constató que los derechos fundamentales prevalecientes de los individuos y las comunidades afrocolombianas ubicadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, continúan siendo masiva y sistemáticamente desconocidos; así mismo, las órdenes impartidas en el Auto 005 de 2009 no han sido cumplidas por las autoridades. De ahí, que haya ordenado al Ministerio del Interior a realizar el censo a las comunidades. Se establecieron para ello unos plazos perentorios para presentación de informes. Tales fechas no fueron cumplidas.

Ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia que congelara todas las transacciones relativas al uso, posesión, tenencia, propiedad, o explotación agroindustrial o minera de predios amparados por el título colectivo de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, e impedir que se realicen transacciones sobre estos territorios que puedan hacer nugatoria su restitución efectiva. Sobre tales transacciones opera la presunción de ilegalidad a que hace referencia el Auto 008 de 2009.

Ordenó suspender inmediatamente el proceso de restitución administrativa y entrega física de los territorios colectivos de las cuencas de los ríos Curvaradó, hasta tanto haya finalizado el proceso de censo y caracterización a la que tantas veces nos hemos referido y se haya realizado la Asamblea General para la elección del Consejo Comunitario Mayor, de tal manera que se clarifique la legitimidad y representatividad de sus autoridades colectivas. Dicha Asamblea General deberá contar con la veeduría y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, y de la comunidad internacional, en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del CICR, de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Colombia, del Acnur y de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas interesadas en este proceso, así como de la Unión Europea y de las embajadas de países amigos que han hecho seguimiento a la situación de las comunidades de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. La realización de la Asamblea General y elección del nuevo Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó debería llevarse a cabo el diez (10) de agosto de 2010. A la fecha ni se ha realizado, ni se tienen las garantías mínimas que permitan inferir que será un proceso transparente.

Así mismo, invitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que en el marco de sus competencias judiciales y de seguimiento a las decisiones adoptadas por ese organismo internacional en las Resoluciones del seis (6) de marzo de 2003, siete (7) de noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005, siete (7) de febrero de 2006, y en la Resolución del cinco (5) de febrero del 2008, intervenga en el proceso.

Finalmente, solicitó al Ministerio del Interior y de Justicia que brinden la protección necesaria a los líderes de las comunidades, especialmente al señor Enrique Petro y a la señora Ligia Maria Chaverra, en el mismo sentido solicita a la Procuraduría General de la Nación adelante las investigaciones por las amenazas recibidas contra estas personas.

Luego, mediante Auto 384 de diez (10) de diciembre de 2010, la Corte Constitucional accedió a la solicitud elevada por el Ministerio de Interior y de Justicia, de extender los plazos que había fijado el 18 de mayo.

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Auto 0-45 del 7 de marzo de 2012 Corte Constitucional Este pronunciamiento del alto tribunal respondió a la solicitud elevada por el Ministerio del Interior de establecer una fecha límite para la realización de la Asamblea General para elegir a los representantes legales de los Consejos Comunitarios Mayores de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó. En el transfondo de la solicitud del Ministerio aparece la pretensión del gobierno de dar como resueltos los requerimientos de la Corte al haber adelantado el primero y segundo anillo del censo que determina quienes son los habitantes de la cuenca.

No obstante, la solicitud del Ministro deja clara la Corte Constitucional que efectivamente no se puede aplazar indefinidamente la asamblea pero esta no se puede realizar sin las garantías que protejan los derechos fundamentales de la población afrodescendientes de las comunidades de estas dos cuencas y asegurar la restitución material del territorio.

Hace síntesis de comunicaciones de seguimiento enviadas por las comunidades afectadas por el despojo y la ocupación ilegal de sus tierras, como también de los informes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Dial, la agencia británica Christian (Aid) y la Comisión de Justicia y Paz, avanza en la jurisprudencia sobre territorios de comunidades afrodescendientes, útil para todas las comunidades negras del país.

La Corte señaló con preocupación el “gravísimo retraso en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional” para toda población desplazada en Colombia y de las “dificultades, aprendizajes y necesidades” del proceso de restitución material de tierras de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó a la que califica como “caso emblemático” para la “restitución efectiva de tierras y territorios colectivos para las comunidades negras” (pp. 36). El censo en el que se ha centrado el gobierno, es solo una de las órdenes del auto del 18 de mayo de 2010, en la que reconoce avances.

Mostró la inexistencia de un plan integral de prevención y protección “actualmente no se responde a las situaciones de riesgo y a las consecuentes solicitudes de protección”. Este debe garantizar “el proceso de restitución material de los territorios colectivos, su integridad frente a las perturbaciones que han surgido y surgirán en relación con ocupantes de mala fe que permanecen en el territorio a pesar de que sus títulos hayan sido revocados, de sostenibilidad del proceso de retorno de la población desplazada en condición de dignidad, voluntariedad y seguridad, así como las garantías para que las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó puedan fortalecer sus lazos comunitarios, y sus prácticas culturales, religiosas, sociales y económicas” (pp. 38). En este sentido concluye que “sería imprudente presionar la realización de la Asamblea General, si antes no se constata un avance concreto y serio en el plan de prevención y protección” que dé garantías al proceso y ordena al Ministerio de Agricultura e Incoder “la ampliación del territorio colectivo, frente a ocupantes ilegales, según corresponda para garantizar la integralidad del territorio colectivo...” (p. 39). Ordena la presentación (15 de abril de 2012) y puesta en marcha de un “plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva de estas dos comunidades”. Sin este plan implementado, “no podrá realizarse la Asamblea General eleccionaria del Consejo Mayor de la cuenca del río Curvaradó” (p. 54).

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Ante la insistencia de sectores vinculados con el empresariado de desconocer a la población afromestiza como sujetos con derechos a decidir sobre el territorio del que hacen parte ancestralmente, precisa La Corte que no es el color de la piel el que determina al sujeto de derechos en los territorios de comunidades negras protegidos por la ley 70 de 1993. “La Corte reitera que la protección constitucional establecida para estas comunidades surge, no depende exclusivamente de la raza a la que pertenezcan los individuos o de la mayor o menor manifestación de características externas típicas de una raza especifica... En esa medida, es la relación con la comunidad, la apropiación de los rasgos culturales, religiosos, sociales que los identifican y diferencian de otros grupos, así como la existencia de estrechos vínculos familiares y la aceptación de la comunidad misma la que puede permitir que una persona mestiza, pueda llegar a ser miembro de la comunidad negra, y participar con pleno derecho en la Asamblea”. (p. 41-42).

Ordenó la caracterización jurídica de los territorios colectivos y predios individuales colindantes, evitar privatizaciones fraudulentas, la utilización de predios individuales para perturbar a las comunidades de los territorios colectivos y demarcar, preventivamente, predios aún no titulados (p. 47).

La Corte advierte de la ausencia de investigaciones por parte de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación, de graves hechos de violaciones a los derechos humanos y del derecho al territorio que se han presentado en el Curvaradó y Jiguamiandó, tales como homicidios, desapariciones, hostigamientos a la población, tránsito sin control de insumos para el narcotráfico, nuevos campos de siembra de coca. La Corte no conoce del cumplimiento del compromiso de adelantar una investigación sistemática de los casos de estas comunidades, mediante la conformación de un equipo de fiscales investigadores para impulsar los más de 72 casos que se tienen de dichas zonas. Desconoce avances en la investigación sobre desplazamiento forzado y delitos conexos y ordena a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación la presentación de un informe sobre el estado de las investigaciones y el inicio de las investigaciones por los hechos sobre los que no se conoce gestión alguna de estas entidades. (p. 48).

Ordenó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, conformar una “comisión especial de acompañamiento y de seguimiento al proceso de restitución de tierras colectivas” (pp. 49) y a la Contraloría General de la Nación la presentación de un informe (30 de marzo de 2012) sobre los hallazgos en la auditoría fiscal especial sobre la ejecución de recursos públicos para este proceso de restitución material y sobre la implementación de proyectos productivos para la estabilización socioeconómica de la población.

En relación con el saneamiento del territorio de presencia de ocupantes de mala fe, la Corte constata la ausencia de acciones por parte del gobierno en esa dirección y se persiste en la presencia de empresas que adelantan explotación en los territorios (pp. 52). Ordena que se informe sobre las gestiones adelantadas (18 de abril) (p. 57).

Ordenó la culminación del proceso censal (9 de marzo), la realización de la validación en el comité de censo (15 de marzo) la realización por parte de las comunidades de un reglamen-

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to interno eleccionario y la realización de la asamblea, convocada por las comunidades, en fecha límite (20 de abril de mayo) supeditada a la presentación de informe de avance del Plan Integral de protección (15 de abril de 2012) y si no convocan las comunidades el gobierno debe hacerlo un mes después (contados a partir del 20 de abril). Solicita, además a Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Comisión Especial de acompañamiento presentación de un informe sobre el plan de protección (p. 56).

Ordenó a distintas instituciones de Gobierno y Estado “acciones contundentes para agilizar y concluir el proceso de desalojo de los invasores de los territorios colectivos, adoptando un cronograma de ejecución de las medidas urgentes a tomar y las entidades responsables de tal cometido, en un plazo máximo de (1) un mes” contado desde la notificación del auto (12 de marzo). En ocho (8) días desde la fecha de notificación debe entregar un informe el gobierno de las acciones adelantadas para “congelar todas las transacciones relativas al uso, posesión, tenencia, propiedad, o explotación agroindustrial o minera de predios amparados por el título colectivo de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, e impedir que se realizaran transacciones sobre estos territorios que puedan hacer nugatoria su restitución efectiva, operando la presunción de ilegalidad a que se refiere el auto 008 de 2009”. (p. 55).

Ordenó al Ministerio de Defensa armonizar, con los contenidos del presente Auto, sus acciones dentro del plan integral de protección adoptando a más tardar el 1 de abril, “medidas eficaces, pertinentes y suficientes para garantizar la seguridad individual y colectivas”. (p. 59).

Finalmente, la Corte anuncia que remitirá al Procurador General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación las denuncias presentadas en el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre “los graves hechos ilícitos... para que en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales inicie las actuaciones pertinentes de manera inmediata” (p. 59).

Auto 112 del 18 de mayo de 2012 Corte Constitucional Mediante el Auto de la referencia, la Corte puso de presente la imposibilidad de llevar a cabo la Asamblea General que elegirá al Consejo y a su Representante Legal, por no contar con las condiciones mínimas exigidas.

Evidencia de ello, fue el asesinato del líder comunitario Manuel Ruiz y su hijo Samir Ruíz.

Manuel reclamaba sus tierras que habían sido ocupadas, por empresarios y se preparaba para acompañar a funcionarios del Incoder en la delimitación de fincas ocupadas siendo asesinado junto con Samir, su hijo, la noche anterior a esa actividad que se desarrollaría en la finca llamada “Los Piscingos”. Manuel, uno de adultos mayores, conocía la historia de las tierras en el lugar, de sus habitantes con derechos en los mismos, así como de los empresarios implicados en las ocupaciones ilegales.

Ante estos asesinatos y los graves hechos de amenazas a 48 líderes, la Corte mostró su preocupación al constatar la falta de coordinación entre las autoridades nacionales y loca-

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les para garantizar una atención adecuada y oportuna tanto a la familia de las víctimas, como de los asesinatos como garantías de protección a los demás líderes amenazados.

En cuanto a la situación general, la Corte advirtió que hasta el momento, las medidas de seguridad en las cuencas de los ríos de Curvaradó y Jiguamiandó se habían concentrado en la protección individual o perimetral asociada al proceso censal, o al desalojo en Camelias, por lo que decidió sería imprudente presionar la realización de la Asamblea General, si antes no se constataba un avance concreto y serio en medidas de prevención y protección ordenadas.

La Corte urge, en el presente Auto, se garantice por parte del Estado, la seguridad en el territorio para quienes están en él y para quienes decidan retornar; que den respuesta efectiva a los riesgos y amenazas puntuales denunciadas por las comunidades, así como condiciones de sostenibilidad del proceso de restitución material a estas comunidades afrocolombianas, de tal manera que les sea posible rehacer sus vidas en esos territorios colectivos, libres de perturbaciones a la posesión o de amenazas contra sus vidas e integridad.

De conformidad con los informes recibidos por diversas instancias, la Corte Constitucional encuentra que si bien es difícil pensar en una situación de seguridad perfecta y sin riesgos, dados los conflictos y amenazas propios de la zona frente a los cuales un plan de prevención y protección siempre puede tener falencias, aún no están dadas las condiciones de seguridad mínimas que garanticen la realización de la Asamblea General de los Consejos Comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, y la elección de los representantes legales del Consejo Comunitario de Curvaradó.

Los avances alcanzados hasta el momento en materia de diseño e implementación de medidas preventivas y de seguridad individual y colectiva, así como de articulación de esfuerzos y de superación de falencias de coordinación efectiva entre todas las entidades nacionales y locales concernidas, aún son insuficientes.

A pesar de reconocer algunos esfuerzos de comunicación, las acciones planteadas por cada entidad gubernamental, evidencian falta de diálogo y coordinación interinstitucional que repercute en la ausencia de respuesta razonable en términos de seguridad y transparencia para el proceso de elección, realización de la asamblea general eleccionaria y restitución material de los territorios.

Por otra parte, la Corte encontró que el documento enviado por el Gobierno como informe de cumplimiento de los requerimientos hechos en autos anteriores y socializado con las comunidades no incluye: (i) un diagnóstico actual de los riesgos, tanto individuales como colectivos, que amenazan a los habitantes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó; (ii) la identificación de los vacíos de protección de los programas institucionales frente a los riesgos actuales y propuestas de líneas de acción para corregir tales falencias, respondiendo a cada peligro identificado; (iii) una ruta de articulación institucional que asegure un flujo mínimo de información entre las autoridades a todo nivel, para garantizar la planeación y la ejecución de las medidas de manera eficiente y oportuna; y (iv) un mecanismo concertado y aprobado con la comunidad para la solución pacífica de conflictos. De igual manera, según

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lo dicho por las comunidades, la concertación del plan de protección urgente está inconclusa, pues éstas expresaron que debían ser consultadas en terreno, con el fin de presentar allí sus propuestas y tener la oportunidad de retroalimentar el plan, validarlo y ponerlo en marcha.

Advirtió la Corte que en los diferentes informes entregados por el Ministerio del Interior sobre el plan provisional urgente de prevención y protección, no se tienen en cuenta los criterios mínimos de racionalidad, que indican cuales son los problemas básicos que se deben abordar y que orientan el diseño e implementación de la política pública hacia la satisfacción efectiva de los derechos de la población desplazada, requisitos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y en los autos 185 de 2004, 178 de 2005, 218 de 2006, entre otros.

En relación con el componente de diagnóstico donde se identifican los factores de riesgo que pretende atacar el Gobierno Nacional, la Corte encontró que el mismo no es claro, además que la estrategia de articulación interinstitucional que exige la ejecución de las acciones y del proceso de concertación, no solo debe construirse con respecto a los participantes del Comité de Censo, sino también con las comunidades beneficiarias de medidas colectivas, pues las mismas tampoco tienen el enfoque diferencial que establecen las normas de protección, muchas de ellas fueron contempladas y ejecutadas como producto de acuerdos anteriores.

Afirmó la Corte que la responsabilidad de otorgar garantías de seguridad suficientes para la realización de (1) Asamblea General, (2) la elección de representantes y (3) la restitución del territorio colectivo, es responsabilidad directa del gobierno nacional, correspondiéndole a éste y no a la Corte Constitucional, valorar con base en los elementos de juicio a su disposición, teniendo en cuenta las observaciones y preocupaciones sobre las deficiencias advertidas, decidir si a pesar de ellas es posible la realización de la Asamblea General del Consejo Comunitario de la cuenca del río Curvaradó el 20 de mayo de 2012 como estaba previsto, o si es preferible aplazar su realización mientras se adoptan los correctivos necesarios. En efecto, la asamblea no se ha llevado a cabo por no estar dadas las condiciones mínimas que permitan hacer viable su realización.

Frente a la adopción de los reglamentos internos que deben ser construidos y concertados con las comunidades como garantía de legitimidad, la Corte encontró que, aunque ya existen algunas propuestas de los Consejos Menores, el Ministerio del Interior se ha concentrado mas bien en presentar una propuesta relacionada exclusivamente con el capítulo eleccionario, lo que resulta riesgoso, pues sin la base normativa (el Reglamento Interno) sobre la cual el Consejo Comunitario y en su nombre el representante legal, tendrá que gobernar el territorio colectivo, no se tendrán reglas claras para la administración del territorio, usos del suelo y proyectos productivos, puntos cruciales dadas las evidentes presiones de terceros interesados en usar estas tierras para sus intereses. Tampoco contarían las autoridades elegidas con instrumentos normativos para resolver conflictos internos y temas tan sensibles como cuál va a ser el rol de la población desplazada, cómo van a ser los procesos de retorno, y cómo se establecerá e integrará la población retornante, una vez adelante su regreso.

De las discusiones sobre reglamento, sobre la interpretación de quiénes tiene derecho a participar, y otros temas similares que han dado lugar a descalificaciones mutuas de di-

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ferentes sectores de las comunidades, también se evidencia que aún si se contara con las condiciones de seguridad adecuadas, no es posible avanzar en la convocatoria de la asamblea dado el clima de tensiones que afectaría la toma de decisiones. De ello, surge que es necesaria una concertación adecuada del procedimiento previo, pero con límites de tiempo razonable para que no se postergue de manera indefinida la posibilidad de contar con representantes legales para Curvaradó.

Informe técnico de Incoder sobre caracterización y saneamiento En el Informe "Caracterización jurídica y saneamiento de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó"357 del 12 de julio de 2012 conocido solo en diciembre del mismo año, el Incoder, en cumplimiento del Autos 045 y 112 del 2012 de la Corte Constitucional confirma la ocupación ilegal que siguen haciendo en los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó empresarios de la ganadería extensiva, la yuca extensiva, el plátano de exportación.

Como ocupantes de mala fe se identifica en el Curvaradó a: Jesús Antonio Lopera, William de Jesús Ramírez Castaño, Ramiro de Jesús Quintero, Darío Montoya, Carlos José Ríos Grajales (Empresa Agropecuaria Los Ríos), Claudia Ángela Argote (La Tukeka), Humberto Builes Correa (ex Senador condenado por paramilitarismo), Luis Felipe Molano Diaz (coronel retirado del Ejército), Jorge Lesmes, Juan Pablo Herrera Sierra, Gerardo Antonio Echeverry, entre otros ocupantes de extensiones menores. Las ocupaciones suman 3.671 hectáreas (ha).

En el Jiguamiandó, repiten la ocupación ilegal William de Jesús Ramírez Castaño, Darío Montoya, Carlos Ríos (Empresa Agropecuaria los Ríos) y los empresarios Luis Fernando Nicholls Correa, Carlos Mario Sierra Moreno (La Fe Sierra), Darío Portilla, Jesús Emilio Manco Zapata y el palmicultor de Palmas de Curvaradó Gabriel Jaime Sierra, entre otros, ocupantes de menores extensiones. Las ocupaciones suman 2.830 ha.

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Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, Caracterización Jurídica y Saneamiento de los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, Informe Técnico elaborado por el Incoder, en cumplimiento de los autos 045 y 112 del 2012, proferidos por la Corte Constitucional, Bogotá, D.C., 12 de julio de 2012, Texto impreso.

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Identifica el Incoder 10.000ha de siembras extensivas de yuca, alguna porción de ellas comercializadas al parecer por Banacol, 4.000 ha de plátano de exportación que comercializan las empresas Banacol y Augura agenciadas por los "cupos de exportación de estas compañías"358 y 6.000 ha en ganadería extensivas. Ignora, sin explicar, la plantación de más de 100 ha de palma aceitera en el territorio de Cetino, implementado por el gerente de la bananera Unibán Jesús Correa, a quien el Tribunal Administrativo del Chocó en la sentencia No 0102 del 9 de diciembre de 2009, decisión confirmada por el Consejo de Estado, identifica como ocupante de mala fe del Curvaradó y ordena su desalojo.

Incoder no se refiere al ganadero, gerente de la Subasta Ganadera de Urabá, Rodrigo Mejía, a quien también ordenó el Tribunal del Chocó en la citada sentencia, desalojar y quien ha reconocido a medios de información posesiones en el Curvaradó “yo llevo años sin ir a la finca...Yo he decidido no volver a la zona hasta que se aclare todo esto de las tierras” y quien además ha sido acusado de amenazar a víctimas reclamantes de estas tierras359 La entidad gubernamental establece que 891 ha del territorio colectivo del Curvaradó están indebidamente ocupadas por repobladores e invasores y 2.830 ha del título colectivo del Jiguamiandó. Muestra la existencia de 471 familias ajenas a la titularidad colectiva del territorio. “Este modelo de repoblamiento –señala el informe– constituye otra modalidad de ocupación ilícita del territorio colectivo adjudicado a las comunidades negras, porque generalmente es promovido por personas ajenas a las comunidades, para producir situaciones de hecho en la apropiación ilegal el territorio; o también es impulsado por em358 359

Aparte “Explotaciones Económicas que actualmente se adelantan en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó” Osorio, C. (14 de mayo de 2012). Los ganaderos acusados por la víctimas en Curvaradó y Jiguamiandó.

La Silla Vacia.com. Recuperado de http://www.lasillavacia.com/historia/los-ganaderos-acusados-porlas-victimas-en-curvarado-y-jiguamiando-33251 el día 14 de diciembre de 2012.

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presarios interesados en la implementación intensiva de un determinado cultivo para la exportación, como el caso del plátano, o para proveer el mercado interno, como es el caso de la yuca”360.

Estos repoblamientos son estimulados por empresas como Banacol y Unibán. En el caso de Nueva Andalucía, en el consejo comunitario del mismo nombre, cada una de las 36 familias, ajenas al territorio colectivo, emplea cerca de 2 ha que “explotan con cultivos comerciales de plátano, que exportan con cupos otorgados por Banacol... los repobladores se están expandió (sic) sobre otras áreas del territorio colectivo, y todos los días llegan nuevas familias por la permanente compraventa y arrendamiento de parcelas y el estímulo que al cultivo y exportación de plátano les otorga Banacol”.361 Así mismo, en el predio Santa María Asoprobeba, repoblado bajo el control paramilitar en cabeza de la prófuga de la justicia Sor Teresa Gómez, hermana de crianza de los Castaño Gil, 475 familias ocupan cada una entre dos y tres ha para un total de 1100 ha, 215 en Curvaradó y 885 en Pedeguita y Mancilla, “que explotan en forma intensiva con cultivos comerciales de plátano... que se comercializan con los cupos de exportación otorgados por BANACOL y UNIBAN y se observa una fluida y permanente actividad comercial”362.

El falso título en el que se ampara este repoblamiento y la posesión actual del coronel (r) Luis Felipe Molano, en las fincas Villa Alejandra 1 y Villa Alejandra 2 por más de 579.9ha en Caño Manso Curvaradó y en áreas no determinadas en Pedeguita y Mancilla, según 360 361 362

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, Op cit, p. 40.

Ibíd, p. 44.

Ibíd, p. 46.

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Incoder "no resisten el más mínimo análisis jurídico para acreditar propiedad privada y en consecuencia, las áreas indebidamente ocupadas y repobladas corresponden a los territorios colectivos de Curvaradó y Pedeguita y Mancilla. Por lo expuesto se recomienda solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro revocar la inscripción de este título falso que continúa vigente y formular por parte del Incoder la denuncia penal respectiva, para que la Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones penales que correspondan de acuerdo a sus competencias"363

El informe no resuelve el posible mecanismo de fraude para la elección de representante legal, al recomendar la exclusión del territorio colectivo del Curvaradó de la cabecera municipal del Cármen del Darién, pero afirmar que los pobladores de ese municipio no se excluyen del título colectivo lo que implica que personas que no tienen territorio rural en el título colectivo, podrán tomar decisiones que favorecen a empresarios implicados con la criminalidad y persisten en la presencia ilegal en los territorios.

Recomienda, finalmente, la adquisición directa de 156 predios privados que se encuentran dentro del área titulada a las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó; el reamojonamiento de esos predios, mientras se adelanta el proceso de adquisición; las acciones inmediatas de desalojo de los invasores, repobladores y terceros ocupantes de mala fe; la prohibición y congelamiento, por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, de todo tipo de transacciones de tierras en los territorios colectivos; revisar el cerramiento del predio la Esperanza en poder de los Argote; acompañar la concertación y adopción del reglamento interno de las comunidades; acompañar las acciones administrativas de res363

Ibíd, p. 48.

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titución que correspondan; la adopción e implementación de líneas productivas para las comunidades; anulación y cierre definitivo del folio de matrícula del título que sustenta el repoblamiento de Asoprobeba y control por parte de Codechocó de la tala y comercialización indiscriminada de madera por parte de poseedores de mala fe y repobladores364.

Auto 299 del 18 de diciembre de 2012365 La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, emitió su cuarto Auto referido expresamente a la protección de la vida y el territorio de las comunidades de las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó. El Auto 229 del 18 de diciembre de 2012 responde a solicitudes de precisión de órdenes que hiciera el Ministerio del Interior de los Autos del 18 de mayo de 2010 y el 045 y el 112 de 2012.

La Corte a lo largo de su pronunciamiento resalta el carácter de prioritario que da el gobierno a este proceso, las tensiones que se vienen dando en torno al mismo y la delicada situación de seguridad que se sigue presentando. A su vez ve con preocupación “que algunos sectores han desinformado a la población que podría participar en la elección de representantes, en la realización de la asamblea general de estas comunidades y en la adopción del reglamento interno, sobre los beneficios individuales que puede generar su participación en este proceso, en términos de indemnizaciones como las previstas en la Ley 1448 de 2011 y sobre las posibilidades de disposición individual o colectiva del territorio”.366 Advierte, en consecuencia, que todo el proceso debe estar orientado a garantizar la restitución material de los territorios colectivos, a mantener la integridad de los mismos, a facilitar el retorno de las personas en condición de desplazamiento forzado. Enfatiza en que “ninguna decisión individual o colectiva puede conducir a la división del territorio, su disposición material, a imposibilitar su uso y goce por parte de las comunidades, o a impedir el retorno en condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad, ni debe generar expectativas de mejores derechos en temas relacionados con la indemnización de carácter individual”367.

Para garantizar estas motivaciones, se pronuncia en relación con la exigencia de 1) medidas relacionadas con la protección de las comunidades, 2) medidas para proteger el territorio colectivo y 3) medidas de carácter general.

Las medidas para la protección de las comunidades.

Sobre este aspecto, la Corte recibe del gobierno información según la cual el censo de las comunidades culminó el 19 de julio, que la información se encuentra salvaguardada en el 364 365 366 367

Ibíd pp. 92-94.

Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, Auto 299, Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, 18 de diciembre de 2012.

Ibíd pp. 26.

Ibíd, pp. 27.

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Archivo General de la Nación; que la caracterización socioeconómica se encuentra en proceso, que falta levantar la cartografía social y sistematizar información obtenida del censo.

En relación con la realización de la asamblea, el gobierno informa a la Corte que tienen dificultades en la verificación de los requisitos “para que los mestizos sean tenidos como afrocolombianos. Por ejemplo, los elementos de orden cultural, religioso y social”368 que los identifican, la relación con la comunidad; la existencia de estrechos vínculos familiares y la aceptación de la comunidad misma.

Sobre el plan de protección el gobierno entregó un plan a la Corte, que no fue socializado con las comunidades. Ya había objetado al gobierno en el Auto 045 de 2012, como lo recuerda en la nota 86, que “[m]ás allá de la presentación de documentos generales a cargo del Ministerio del Interior no ha habido un avance significativo que se traduzca en medidas concretas y efectivas para prevenir el desplazamiento, el confinamiento u otras violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos de estas poblaciones”369 Ante la abundancia de medidas de tipo militar y policial presentadas por el gobierno en el así llamado “plan integrado de prevención y protección” al que hace referencia el Auto, señala la Corte Constitucional que “es importante subrayar, que en efecto, las medidas de seguridad deben ser complementarias, pues si bien hay problemas de seguridad relacionados con la situación de orden público en la zona, hay otros que surgen de las tensiones del proceso de restitución que en muchos casos no requieren necesariamente más presencia militar o de policía, sino de la adopción de mecanismos de prevención para reducir los riesgos de señalamiento o individualización de miembros de la comunidad como personas que ponen en riesgo la permanencia en el territorio de quienes se oponen a la restitución material”370.

Se refiere directamente, por ausencia de eficacia en la respuesta, a la lideresa amenazada María ligia Chaverra y al líder amenazado Enrique Petro.

Teniendo en cuenta la valoración de las respuestas y la situación actual de las comunidades, la Corte Constitucional toma ocho (8) decisiones que ordena cumplir en lo que a diseño e inicio de implementación respecta, en el plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del presente Auto, que sintetizamos enseguida: Primera: Levantar la reserva que pesa sobre el censo que reposa en el Archivo General de la Nación y para tal fin ordena al Ministerio del Interior diseñar e implementar, “un mecanismo ad hoc”, con participación de la comunidad y organizaciones veedoras del proceso, para apertura transparente de las urnas. Así mismo diseñar un mecanismo de divulgación de la información del censo realizado371.

Segunda: Ordenar al Ministerio del Interior conformar un comité de censo ad hoc, que resuelva los casos difíciles de reconocimiento de mestizos y personas desplazadas como 368 369 370 371

Ibíd, Ibíd pp. 28.

Ibíd, pp.29.

Ibíd pp. 45.

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parte de la comunidad negra del Curvaradó, para determinar si en esas personas están o no presentes los elementos culturales, religiosos y sociales que los identifican como tales y diferencian de otros grupos étnicos. Puede contar con un experto en antropología de comunidades afrocolombianas.

Tercera: Establecer que la categoría “estrecho vínculo familiar”, como un elemento para determinar la pertenencia o no a la comunidad negra de una persona, “está determinado, por ejemplo, por el vínculo matrimonial o la unión marital de hecho y la existencia de un vínculo familiar hasta el primer grado de consanguinidad y primero civil”372 Cuarta: Inaplicar el artículo 4 del decreto 1745, reglamentario de la ley 70 de comunidades negras, en razón de las condiciones excepcionales en las que se adelanta el proceso de restitución de tierras en el Curvaradó y Jiguamiandó, logrando así equilibrio a la hora de la toma de decisiones que afecten la integridad del territorio. Por tanto, ordena que una vez estén dadas las condiciones, la convocatoria a la asamblea “se haga por las dos terceras partes de los miembros de la asamblea general. En caso que no sea posible la convocatoria bajo este mecanismo, se autoriza que la adelante el Ministerio del Interior. Para el caso del Jiguamiandó aplica, solo en caso que se presente polarización373.

Explica la Corte que la convocatoria en caso extremo, la debe hacer el Ministerio del Interior y no las autoridades locales, “pues su cercanía con algunos sectores de la comunidad les podría quitar imparcialidad y esto afectaría la transparencia del proceso eleccionario”374, aclarando que esta es una regla de carácter excepcional.

Quinta: Explicó la Corte que el primer acto de expresión de su voluntad de retorno de los miembros de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó que se encuentran fuera de los territorios es la participación en la asamblea, mas sin embargo esta participación no implica “un mejor derecho a disponer de manera individual del territorio colectivo, asegurar su restitución material y garantizar su carácter de territorio inalienable imprescriptible e inembargable”.375 Esta precisión previene del posible interés de empresarios implicados en las ocupaciones ilegales del territorio de hacerse al uso del mismo a través de personas con derechos que no pretenden regresar a disfrutarlo conforme a los usos y costumbres tradicionales.

Por esta razón, ordena al Ministerio del Interior adelantar una campaña de divulgación sobre el objetivo del proceso de elección y de restitución de las tierras para que los participantes tengan conocimiento de sus derechos y limitaciones.376 Sexta: La Corte estableció normas mínimas al proceso eleccionario “para garantizar que la participación de las comunidades se haga con imparcialidad que redunde en su legitimidad, 372 373 374 375 376

Ibíd, pp. 45.

Ibíd pp. 46.

Ibíd pp. 36.

Ibíd, pp. 37.

Ibíd, pp. 46.

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sin que sea posible que un solo sector pueda, mediante la manipulación de estas condiciones, obtener ventajas en el proceso decisorio”377 Estas normas son: a) la participación será por delegados, tal como ha sido la costumbre de las comunidades; b) los miembros de cada comunidad participarán en la elección de sus delegados; c) cada comunidad que hace parte del título podrá elegir el mismo número de delegados; d) el número de delegados por comunidad se distribuirá proporcionalmente entre quienes habitan en el territorio y quienes se encuentran desplazados e) “será posible reconocer un número adicional de delegados a las comunidades con mayor volumen poblacional”378.

En este punto (e) altamente sensible por el volumen poblacional elevado del municipio del Cármen del Darién, la corte no establece las condiciones de adición de un mayor número de delegados a la asamblea. Toda la población de este municipio, como lo asume la Corte es considerada del territorio colectivo del Curvaradó con derecho a voz y voto, para tomar decisiones que afectan un territorio que no habita ni habitará. Queda todo por resolverse en el reglamento interno que deben consensuar las comunidades. Procedería, en consecuencia un inventario de los habitantes del Cármen del Darién que tienen tierras en el área rural de Curvaradó y Jiguamiandó y sobre esa base definir los delegados que les representarían.

Con relación a las nueve (9) comunidades del Curvaradó que no aparecen listadas en la resolución del título colectivo, reconoce que existen elementos probatorios e históricos de su pertenencia al consejo comunitario, mas considera que para formalizar su inclusión e impedir que una sola comunidad de las 14 nombradas en el título pretenda excluirlos, se requiere que su participación en la asamblea sea “convalidada previamente por la mayoría absoluta de los delegatarios de las 14 comunidades que aparecen el en el título colectivo”.379 Séptima: Con el ánimo de resolver la ausencia de previsión por parte del gobierno de los riesgos posteriores a la asamblea eleccionaria, ordena al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, incluir dentro del llamado “plan integrado de prevención y protección” medidas a mediano y largo plazo que garanticen el goce efectivos de los derechos de las comunidades y a su vez proceda señalar la fecha para que se lleve a cabo la asamblea general380.

Octava: Ante la ausencia de medidas actualizadas con enfoque diferencial para la lideresa María Ligía Chaverra y el líder Enrique Petro, ordena al Ministerio del Interior y a la Unidad de Protección la adopción de nuevas medidas de protección.

Las medidas para la protección de los territorios colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó Novena: Ante la ausencia de actuaciones de las autoridades a quienes les corresponde el saneamiento de los territorios, ordena al Ministerio del Interior el nombramiento de un 377 378 379 380

Ibíd pp. 37.

Ibíd, pp. 46.

Ibíd, pp. 47.

Ibíd.

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inspector de policía ad hoc para que adelante los procesos de desalojo y ordena a la Unidad de Protección, garantizar la seguridad del funcionario que resulte designado para esta función.381 Décima: Sobre la base de advertir que “los riesgos para la seguridad y continuidad del proceso restitutorio son muy altos”382 la Corte ordena al Ministerio del Interior y otras instancias del gobierno, la “presentación conjunta de un plan de desalojo a corto, mediano y largo plazo de las áreas de los territorios colectivos de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó indebidamente ocupadas por poseedores de mala fe y de las invadidas o repobladas por parte de personas ajenas a las comunidades afrocolombianas protegidas”383.

Requiere que se establezcan tiempos, metas concretas y responsables.

Décima primera: En relación con el destino de los cultivos, semovientes, construcciones que se encuentran dentro de los predios objeto de desalojo, tras argumentar que dejarlos al manejo de la comunidad y siguiendo el proceso civil ordinario traería riesgos mayores, ordena al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que diseñen un procedimiento ad hoc, teniendo en cuenta el artículo 99 de la ley 1448 de 2011. Agrega que se debe tener en cuenta la decisión de la víctima de acuerdo con la sentencia C-820 de 2012 en lo relativo a la entrega de proyectos productivos a terceros, las condiciones de la explotación del mismo y la reparación producto del proyecto para la víctima.384 En consecuencia plantea una ruta especial de aplicación del citado artículo en la que se debe tener en cuenta a) las condiciones de elegibilidad de un tercero para la explotación del predio ocupado con proyectos productivos; b) un plazo para que salgan los ocupantes e invasores de modo que faciliten la recuperación del predio; c) qué hacer con los bienes y predios que no sean entregados; d) a quien se entregan e) “defina la reparación colectiva a favor de toda la comunidad”385 f) adopte medidas para que el problema no se traslade a otros territorios colectivos386.

Esta orden es del máximo interés pues el procedimiento ad hoc que adopten las dos entidades gubernamentales marca el éxito o el fracaso del proceso de la restitución material. Por tanto debería consultarse el mecanismo con las comunidades y contar con la presencia de veedores internacionales que garanticen que el tercero vinculado en la administración de los proyectos productivos, no esté vinculado con empresas o personas implicadas en criminalidad, a la vez posibilitando, por ejemplo, que los predios ocupados sean devueltos a las familias de los consejos comunitarios que ejercían usufructo sobre los mismos y mantienen los criterios de unidad territorial, goce y disfrute por parte de las comunidades.

381 382 383 384 385 386

Ibíd, p. 48.

Ibíd.

Ibíd.

Ibíd p.41.

Ibíd, p. 49.

Ibíd.

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Décima segunda: Comenta la Corte el informe del Incoder en el que establece que valiéndose de pequeños títulos individuales, los ocupantes de mala fe acrecentaron la posesión ilegal de áreas de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó y recomienda la adquisición de esos predios individuales ampliando así los títulos colectivos de las dos cuencas. En consecuencia, la Corte Constitucional ordena al Ministerio del Interior y otras entidades gubernamentales elaborar y presentar el cronograma para desarrollar “el plan de saneamiento, ampliación y recuperación... con metas concretas, responsables y tiempos reales a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad del proceso restitutorio...”387.

Décima tercera: Al Ministerio de Minas y Energía, de Ambiente y a Codechocó ordena la realización conjunta de un informe sobre la presunta concesión de licencias ambientales para la exploración y/o explotación de recursos en Jiguamiandó388.

Décima cuarta: Al Ministerio del Interior y otras entidades, adoptar medidas para prevenir el desplazamiento y para la protección del territorio dentro de la región de Urabá.

Las medidas de carácter general Décima quinta: Al Ministerio de Interior presentar informe de los avances en el diagnóstico, diseño e implementación “del procedimiento de resolución de conflictos, una vez se puso en marcha al consultoría externa especializada contratada para tal efecto”389. Esta orden tiene como trasfondo el recurrente recurso a asignar como responsable de la división interna a la comunidad, abstrayendo de los factores de poder que pretenden impedir la restitución efectiva de los territorios, sobre los que abunda información. A este respecto la Corte afirma que la adopción de este procedimiento de resolución de conflictos “constituye un requisito primordial, al igual que las medidas de seguridad, para que el proceso eleccionario y de restitución del territorio colectivo siga su curso sin más dilaciones, que lo único que hacen es minar la confianza de la población en las instituciones (propias y gubernamentales), dividir a la comunidad y retardar el goce efectivo de sus derechos”390.

Décima Sexta Con el fin de evitar poner en riesgo a las personas elegidas como directivos del Consejo Comunitario de Curvaradó, dar legitimidad al proceso de elección y sostenibilidad al proceso restitutorio, la Corte determina que no tendrán aplicación los artículos 11 y 13 del Decreto 1745 de 1995 que establece las funciones tanto de la junta directiva como del representante legal de los consejos comunitarios. Ordena, en consecuencia al Ministerio del Interior “la presentación de un informe detallado sobre los avances del proceso de validación de la ruta metodológica, diseño e implementación del reglamento interno aplicable a la asamblea general o a la elección del representante de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Curvaradó, incluyendo reglas claras para el proceso eleccionario, competencias del representante legal y de la junta del Consejo Comunitario, 387 388 389 390

Ibíd, Ibíd, Ibíd, p. 50.

Ibíd, p. 42.

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la administración del territorio, usos del suelo y proyectos productivos, procesos de retorno, resolución de conflictos internos, con límites de tiempo razonables, entre otros...”391.

Vale destacar que la corte de manera clara motiva esta decisión en que ha “habido intentos de sabotear la restitución material, manipular al representante legal para que tome decisiones contrarias a los intereses del conglomerado, amenazarlo, al igual que a la junta del Consejo Comunitario y poner en riesgo sus vidas, el mecanismo de protección idóneo es que estas decisiones sean adoptadas por la asamblea general... la única forma de lograr estos objetivos, en la práctica, es impedir que el representante o la junta tengan la posibilidad de tomar decisiones que impliquen disposición material del territorio de manera parcial o definitiva, a través de posesiones o usufructos de largo tiempo.”392 Décima séptima Ante la evidente descoordinación de las entidades gubernamentales y la opción de resolver primero la elección y restitución en la cuenca del Jiguamiandó, ordena al Ministerio del Interior y otras instituciones gubernamentales el diseñar y poner en marcha un mecanismo de coordinación interinstitucional eficaz “con armonización de prioridades, tanto en el nivel central como en el territorial, que garantice una respuesta integral, oportuna y efectiva que demuestre el mismo nivel de compromiso hacia la restitución material de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó”393. Deben entregar a la Corte tanto los compromisos asumidos por institución como el cronograma de implementación de lo acordado.

En conclusión, todo este recorrido de crímenes y acciones legales, dan cuenta de una intensa actividad procesal (11 informes, decisiones constitucionales y judiciales) que imponen un término perentorio para proveer la restitución material de las tierras, ésta aún no se ha realizado.

No obstante, el gobierno de Colombia, por acción y omisión y los usurpadores de tierras y sus beneficiarios, han adelantado diversas actuaciones de hecho, que han impedido en la práctica que las decisiones judiciales y administrativas sean acatadas, y que a la postre, llevaron a la Corte Constitucional a tomar una serie de medidas para garantizar la transparencia y efectividad del proceso de restitución de tierras.

Medidas que han sido incumplidas deliberadamente y que dan cuenta del inmenso poder mafioso de facto de las estructuras criminales que continúan asentados en la zona, ejerciendo el mismo poder que tenían desde el momento de la usurpación y la consecuente responsabilidad que recae sobre el Estado colombiano por su acción y omisión en la perpetuación de la vulneración a los derechos humanos de las comunidades ancestrales de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

Tres últimas personas reclamantes de tierra asesinados del Curvaradó de los más de 146 desaparecidos y desaparecidas entre 1996 y 2012.

391 392 393

Ibíd, p. 50.

Ibíd, p. 44.

Ibíd, p. 50.

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Reclamentes de tierra recientemente asesinados en Curavad贸

Manuel Ruiz 23 de marzo de 2012

Samuel Ruiz 23 de marzo de 2012

Walberto Hoyos 14 de octubre de 2008

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Cronolog铆a Caso cuencas R铆o Curvarad贸 y Jiguamiand贸

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Capítulo 5 Palma aceitera y paramilitarismo en el sur del Cesar: El caso de la hacienda Bellacruz Colectivo Agrario Abya Yala y Coordinadora Nacional Campesina

1. Reseña histórica Colonización campesina y lucha por la tierra El terreno comprendido históricamente por la Hacienda Bellacruz, hoy conocida como Hacienda La Gloria, se ubica en tres municipios del departamento del Cesar: Pelaya, La Gloria y Tamalameque, los cuales hacen parte de la sub-región conocida como el Sur del Cesar, más próxima a las dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales de la región del Magdalena Medio que a las de Costa Caribe.

Con un área que ha oscilado entre las 6.000 y las 25.000 hectáreas (ha), la Hacienda Bellacruz ha sido una de las más extensas del norte de Colombia. La existencia de tierras cultivables de alta calidad; el paso de un oleoducto y un ferrocarril para la explotación de carbón; su ubicación como corredor estratégico para el tráfico y comercialización de estupefacientes hacia la frontera con Venezuela; y su proximidad con un aeropuerto y con la carretera que de Bogotá conduce hacia Barranquilla, hacen de la hacienda un territorio geoestratégico.

El conflicto por la tierra en los fundos de la Bellacruz se remonta a la primera mitad del siglo XX. Los ciclos sucesivos de

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guerras bipartidistas y la época de La Violencia provocaron múltiples olas de desplazamiento forzado y, correlativamente, de familias campesinas que llegaron a colonizar el sur del Cesar, provenientes de los departamentos de Santander, Norte de Santander, la Guajira y Bolívar394. Primero, se asentaron en la región montañosa hacia la serranía del Perijá, intentando proteger sus vidas, y luego descendieron a las zonas planas para fundar allí sus economías campesinas, situándose dentro de tierras baldías que aún no habían sido absorbidas por la dinámica latifundista. Dentro de esta última categoría se encuentran los terrenos que serían bautizados más tarde como la Hacienda Bellacruz.

394

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), “El Sur del Cesar: Entre la acumulación de la tierra y el monocultivo de palma”, Proyecto COLOMBIA NUNCA MAS, Informe Zona V, p. 4.

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La familia Marulanda, de gran renombre político y económico, encabezada por el patriarca Alberto Marulanda Guillo, quien sería el primer presidente de Fedegan, arribó al Sur del Cesar en el año de 1935, proveniente del Eje Cafetero con el objetivo de implementar proyectos de ganadería extensiva en la zona. Para tal fin, comenzó un proceso de acaparamiento de tierras a partir de 1946, comprando inicialmente unos predios, pero luego ampliando su dominio hasta sumar otras 6.000 ha, que serían usurpadas a campesinos y campesinas de la región, sus legítimos poseedores. La familia Marulanda impuso el terror en la zona y, por medio de estrategias de despojo que articularon medidas de hecho395 y de derecho396, se hicieron a 25.000 ha de tierra para finales de los años cincuenta.

La permanente contradicción entre campesinos sin tierra y latifundistas redundó en múltiples confrontaciones, entre las que destaca la liderada por la dirigente campesina Eloísa Corrales, quien denunció en 1968 ante el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, que de las 22.000 ha que tenía en su poder Marulanda Grillo, solo 7.200 habían sido adquiridas legítimamente, el resto pertenecían a la nación o a campesinos que fueron forzados o engañados para vender sus tierras. En 1970, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incora), creado por la recién expedida Ley 135 de 1961 o Ley de Reforma Agraria, devolvió a los campesinos 9.000 ha de la Hacienda Bellacruz que fueron parceladas y adjudicadas397. En el centro de esta gran extensión de tierra, las familias campesinas se congregaron en una vereda que daría origen al municipio de Pelaya en el año de 1983, símbolo de la resistencia campesina en la región.

En la misma década de los setenta, los hijos de Alberto Marulanda; Francisco Alberto y Carlos Arturo Marulanda Ramírez, este último que llegaría a ser Ministro de Desarrollo en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y embajador de Colombia ante la Unión Europea en la administración de Ernesto Samper, asumieron la responsabilidad de la hacienda ante la muerte del padre y conformaron la sociedad MR (Marulanda Ramírez) de Inversiones Ltda., que iniciaría un proceso de industrialización ganadera a través de la instalación de un frigorífico para exportar carne a España.

En 1986, se reactiva el conflicto por la tierra. Una comunidad campesina liderada por Mildred Corrales, hermana de Eloísa, reivindica la existencia de 1.500 ha de tierra pertenecientes a la nación que se encontraban cercadas dentro de la Hacienda Bellacruz, razón por la cual ocupan dichas tierras como legítimos sujetos de reforma agraria e inician otro proceso ante el Incora para que se declare el carácter baldío de estos terrenos.

395

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Los Marulanda obligaron a las familias a optar por dos caminos: [1] abandonar sus tierras y vender las mejoras realizadas sobre éstas; o [2] vincularse con la hacienda mediante arrendamiento. Aquellas familias que se rehusaron fueron atropelladas por ejércitos privados a su servicio, o fueron detenidos y judicializadas como rebeldes con ayuda de la policía. Cfr. Asociación de Campesinos Desplazados, Al Retorno (Asocadar), Demanda Administrativa incoada ante el Ministerio de Agricultura, diciembre de 2011.

La familia Marulanda realizó traspasos de escrituras a su nombre; suplantando dueños y poseedores, desapareciendo registros originales y registrando falsas escrituras. Incluso, Cecilia Ramirez, esposa de Alberto Marulanda, se hizo fraudulentamente beneficiaria de una adjudicación de baldíos de la nación consistente en 4.932 hectáreas, declarando ser una supuesta campesina sin tierra.

Molano, A. (6 de octubre de 1996). “Eloísa Corrales: Bellacruz II”. El Espectador.

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Durante las ocupaciones, la fuerza pública los desalojó en varias ocasiones, quemó sus ranchos y arrasó con sus cultivos. Sin embargo, la comunidad resistió en la zona rotando por las diferentes veredas. Un año más tarde, a solicitud de la familia Marulanda, 450 ha dentro de las cuales se encontraban asentadas las familias campesinas son declaradas como Zona de Reserva Forestal (ZRF) para señalar de ilegal su presencia398. De manera simultánea, el Ejército instala una base militar permanente en cercanías de la casa principal de la hacienda supuestamente con la finalidad de custodiar la ZRF399.

Gracias a la presión ejercida por el campesinado, el Incora inicia en 1990 un proceso de Clarificación de la Propiedad sobre la Hacienda Bellacruz para determinar si en ella existían tierras pertenecientes a la nación400. Como estrategia para apaciguar las aspiraciones de las familias campesinas, los Marulanda llegan a un acuerdo con el Incora para que ésta entidad les comprara 2.060 ha de tierra, pertenecientes también a la Bellacruz, pero diferentes y de menor calidad a las 1.500 ha baldías.

Ambos procesos llegarían a buen término. En el año de 1994, el Incora confirma las versiones de los y las campesinas, declarando que “los títulos aportados sobre los predios rurales denominados Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel [ubicados dentro de la Hacienda Bellacruz]… son insuficientes porque no acreditan dominio frente al Estado”401 y por lo tanto se consideran terrenos baldíos. Esta decisión fue objeto de revocatoria directa, siendo confirmada integralmente en 1996 por el Incora402. También fue presentada demanda de revisión ante el Consejo de Estado que decidió rechazarla403. Por su parte, en 1995 el Incora compró las 2.060 ha de la Hacienda Bellacruz ofrecidas por los Marulanda correspondientes a los predios de Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Elena404.

En ambos casos, el paso a seguir era la parcelación y adjudicación de los predios a las familias campesinas que los venían reclamando por más de medio siglo, sin embargo, las resoluciones del Incora representaron una sentencia de muerte y determinaron un desenlace trágico para los procesos de reclamación y adjudicación de tierras.

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“En agosto de 1986 nos tomamos esos baldíos y al día siguiente la Policía y el Ejército nos desalojó.

Eso parecía una zona de guerra, hubo atropellos, disparos y los hombres duramos presos varios días.

Cada mes hacíamos una entrada y nos quedábamos una o dos noches. En febrero de 1987 llegó un juez ambulante de Valledupar y nos dijo que teníamos que desocupar, que el Inderena había declarado la zona como reserva forestal”. Declaración de un campesino. Verdad Abierta.(1 de agosto de 2011). “Las trampas de Bellacruz”. Recuperado de: http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/3424-las-trampasde-bellacruz. el 10 de Mayo de 2013.

Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (Inderena), Resolución N° 0054 de 1987.

“Art 5. La Sociedad MR de inversiones Ltda designará a las personas que considere necesarias para la prestación de servicio de vigilancia en la zona”.

Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), Resolución N° 03948 del 6 de agosto de 1990.

Incora, Resolución N° 01551 del 20 de abril de 1994. p. 31.

Incora, Resolución N° 1125 del 13 de marzo de 1996.

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Resolución N° 0481, 1 de abril de 2013. p. 6.

Notaría Séptima del Circuito de Santa Fé de Bogotá, Escritura Pública N°. 1.900 del 2 de mayo de 1995.

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2. Los Jefes Marulanda. Paramilitarismo y despojo de tierras en el sur del Cesar La llegada del paramilitarismo al Sur del Cesar A finales de los ochenta, varios terratenientes y narcotraficantes del Sur del Cesar fortalecieron grupos de vigilancia privada, con el fin de contrarrestar extorsiones y secuestros por parte de la guerrilla, ampliar y afianzar su dominio territorial y político en la región, aumentando el tamaño de sus latifundios405. Juan Francisco Prada Márquez alias “Juancho Prada” y José María Barrera alias “Chepe Barrera” iniciaron un proceso de paramilitarización que se conocería después como las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC), que durante la desmovilización se llamaron Frente Héctor Julio Peinado del Bloque Norte de la AUC, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.

Según las declaraciones de campesinos y de paramilitares desmovilizados, el señor Francisco Alberto Marulanda Ramírez promovió la presencia paramilitar en coordinación con alias “Jimmy” y “Manaure” quienes eran los jefes de la zona y respondían al mando de “Juancho Prada”. El paramilitar Alfredo Ballena, alias Rancho, que perteneciera al “Frente Julio Cesar Peinado”, manifestó incluso que el mismo Francisco Marulanda brindó armamento con el fin de desplazar a las familias campesinas que allí habitaban406 y frustrar los avances que se habían logrado en la justicia administrativa frente al reconocimiento de las tierras baldías que se encontraban dentro del predio.

Desde 1995, paramilitares se infiltraron en la dinámica organizativa campesina y con la información recolectada sobre los líderes que reclamaban las tierras, en los meses de diciembre de 1995 y enero de 1996, empezaron a circular por las veredas amenazas con el fin de que desalojaran los predios407. Alias ‘Rancho’ afirmó ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación que: “En marzo de 1996 el comandante alias ‘Paso’ fue contratado por el doctor Francisco Alberto Marulanda y su administrador general Édgar, conocido con el alias de ‘Caballito’, para montar una unidad de las AUC en la finca Bellacruz. Eso era para recuperar tierras que años atrás habían sido invadidas por campesinos. Montaron un grupo que se hacía llamar Los Motilones, que dirigía el comandante ‘Manaure’ que era el mismo ‘Paso’. El segundo era alias ‘Óscar’, el tercero ‘El Guajiro’, y de patrulleros estuvieron alias ‘Víctor’, ‘Neco’, ‘Arete’, ‘Piña’, yo, ‘El abuelo’, ‘Chucho, un señor que le decían ‘Barbado’, ‘Gerson’ y ‘El gringo’. Esos son los que más me acuerdo. El grupo lo montó fue el dueño de la finca que era el doctor Francisco Alberto Marulanda. Yo digo esto porque yo fui su escolta y 405 406 407

Movice. El Sur del Cesar: Entre la acumulación de la tierra y el monocultivo de palma. Recuperado de http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/SURDELCESAR.pdf Unidad Nacional de Justicia y Paz (UNJP), Despacho 34. Versión libre del postulado Alfredo Ballena alias “Rancho”, 6 de julio de 2009.

Verdad Abierta. (26 de octubre de 2010). ¿De dónde salieron los ‘paras’ en el Cesar? 26 de octubre de 2010. Recuperado de: http://verdadabierta.com/parapolitica/2801-ide-donde-salieron-los-paras-encesar. el 10 de Mayo de 2013.

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él nos pagaba una bonificación para seguir cuidando la finca de su propiedad. Él vivía en Barranquilla y cada quince días llegaba a inspeccionar el terreno. Cuando se iba, el encargado era Édgar, que era el administrador general”408 Entrada de los paramilitares a la hacienda Bellacruz y las violaciones a los derechos humanos El 14 de febrero de 1996, un grupo de aproximadamente cuarenta paramilitares arribó a la zona rural del municipio de Pelaya, en tierras pertenecientes a la Hacienda Bellacruz, ultrajando a las familias campesinas con un látigo conocido como “martinmoreno”409, cortando el cabello de algunos con machetes, quemando sus vivienda y amenazándolos de muerte para que desalojaran la hacienda. Como resultado, cerca de 170 familias fueron desplazadas forzadamente. Estos sucesos marcaron el inicio del funcionamiento de la Hacienda Bellacruz como centro de operaciones del paramilitarismo en el Sur del Cesar. En términos de Jhon Jairo Rincón, fincas como bases militares410.

Incluso los peritos enviados por el Incora tras el proceso de titulación iniciado en marzo de 1996 para el levantamiento topográfico fueron obligados a regresar, pues los paramilitares amenazaron su vida e integridad. La subgerente jurídica del Incora declaró ante la Corte Constitucional411: “Nos comprometimos a iniciar prontamente el trabajo de titulación, firmamos un convenio con la gobernación del Cesar a fin de que ellos contrataran los topógrafos que se requerían para hacer los levantamientos topográficos de los predios baldíos. Inmediatamente la gobernación suscribió el contrato y entregó el anticipo, los topógrafos se desplazaron a cumplir con su trabajo, pero tuvieron que regresarse porque recibieron amenazas de atentar contra su integridad física si continuaban realizando el trabajo y a un funcionario del INCORA que los acompañaba, le despellejaron la espalda (…)”

En principio, las familias desplazadas se refugiaron en la casa campesina de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR)412 ubicada en la cabecera municipal de Pelaya desde donde enviaron mensajes para buscar protección por parte de las autoridades locales. Sin embargo, ante la incapacidad de estas para resolver la situación y la profundización de las amenazas, algunos decidieron trasladarse a la ciudad de Bogotá con el fin de exigir respuesta del gobierno nacional.

Entre tanto en Pelaya la situación se agravó para quienes aún permanecían ahí, pues los asesinatos, torturas, violencia sexual y desapariciones se agudizaron. Alias “Caballito”, 408 409 410 411 412

Op. Cit. Unjp. Versión libre del postulado Alfredo Ballena alias “Rancho”.

Látigo que se caracteriza por llevar atado a sus extremos un artefacto metálico que produce graves lesiones n la humanidad de las personas o en el cuerpo de los animales.

Rincon, J. (2010). Y la tierra dónde está. (pp.8). Universidad Nacional de Colombia.

Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero.

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), Denuncia pública frente al desplazamiento forzado en la hacienda Bellacruz.

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quien fungía como administrador de la finca de los Marulanda y a la vez comandaba al ejército paramilitar, se hizo a las listas de los miembros de Asocomunal para perpetrar los asesinatos selectivos en la vereda de Caño Alonso413. Las familias campesinas se enfrentaron además a las desapariciones forzadas de sus seres queridos y a actos de violencia sexual.

La promotora de salud Ana Rosa Arenas de Tocarema salió a Pelaya con el fin de conseguir gaza. Cuando caminaba por el carreteable que de Pelaya conduce a Caño Alonso fue interceptada por paramilitares que la señalaron de ser guerrillera. La señora Ana Rosa estuvo amarrada a un árbol durante 20 días, en la entrada de la casa principal de la familia Marulanda. Los paramilitares amenazaban a las mujeres campesinas diciendo que correrían la misma suerte por “guerrilleras”. Tiempo después, el cuerpo sin vida de la señora Ana Rosa fue encontrado desnudo y con signos de ultrajes en la vereda la Cucharita414.

El papel de la fuerza pública frente al paramilitarismo A pesar de que en el año de 1993 se instala el Batallón Tarea 27 de Contraguerrilla “Rogelio Correa Campos” al servicio de la de la V Brigada y la Brigada Móvil 2415 con el fin de combatir los focos de las FARC-EP, el ELN-UC y el paramilitarismo, se asistía a la consolidación de las llamadas “Autodefensas del Sur del Cesar”.

En la Hacienda Bellacruz, la fuerza pública hacía presencia por medio de campamentos militares situados a tres kilómetros de la vereda Trocadero, y la base militar Héroes de Corea se encontraba a seis kilómetros de La Mayoría. Sin embargo, el personal militar no hizo nada para impedir la incursión paramilitar a la hacienda Bellacruz. Contrario a lo que se esperaría, los campesinos aseguran haber visto a militares y paramilitares saludándose416. De hecho, el paramilitar Alfredo Ballena manifestó, que el señor Francisco Alberto Marulanda coordinó con el Teniente Moya, comandante del Batallón 41 de Ayacucho, la conformación del grupo paramilitar en la Hacienda Bellacruz.

Con la posterior desclasificación de informes de inteligencia del Ejército Nacional417 se demostró que para los organismos del Estado las violaciones a los derechos humanos de las familias campesinas se provocaron por considerar a estas parte de estrategias subversivas para reclutar pobladores a la ANUC-UR, fortalecer las organizaciones no gubernamentales, y consolidar un corredor estratégico entre la región del Magdalena Medio y la frontera con Venezuela que a su vez permitiría el fortalecimiento de la presencia guerrillera en la Serranía del Perijá y la ampliación de la producción y tráfico de coca. Es decir, en una clara aplicación del concepto del “Enemigo Interno” el Estado colombiano consideraba que las organizaciones sociales y la población civil eran parte de las estructuras guerrilleras.

413

Según el testimonio de Mildreth Corrales, lideresa campesina de la Asociación Colombiana Horizonte de Familias desplazadas (Asocol), entre los campesinos asesinados que aparecían en la lista se encuentran Dioselino Quiñonez, Rafael Gordillo, Eduardo Prada, José Vicente Muñoz, Olimpo Pacheco, Luis Eduardo Tocarema y Ana Rosa Areas De Tocarema.

414 Testimonio de la señora Mildreth Corrales, lideresa campesina de Asocol.

415 Movice. El Sur del Cesar: Entre la acumulación de la tierra y el monocultivo de palma. p. 11.

416 Ibíd. p. 28.

417 Ejército Nacional, Informe de inteligencia. (junio de 1996). Caso Hacienda Bellacruz.

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Palma aceitera en Colombia

Panorama de impunidad frente a los Marulanda y Fosa Común Desde entonces, la Unidad Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo una investigación penal contra los señores Carlos Arturo Marulanda Ramírez y Francisco Alberto Marulanda Ramírez por la conformación de grupos paramilitares al interior de la Hacienda Bellacruz. Francisco Alberto Marulanda fue condenado en primera instancia el 18 de julio de 2003, por el delito de concierto para delinquir agravado por tratarse de conformación de grupos armados ilegales. Empero, el 31 de enero de 2006, el Tribunal Superior de Santa Marta le revocó la condena.

Carlos Arturo Marulanda para la fecha del desplazamiento forzoso era Embajador de Colombia ante la Unión Europea en Bélgica. Ante la gravedad de las acusaciones y la presión de organizaciones internacionales es obligado a renunciar a su cargo. Para evadir de la justicia huye de Colombia y haciendo uso de su pasaporte diplomático se esconde en múltiples países hasta que finalmente es capturado en España y extraditado a Colombia para responder ante la justicia.

No obstante, terminado el período del entonces Fiscal General Alfonso Gómez Méndez, el recién elegido Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio418 consideró que las pruebas para imponer la medida de aseguramiento a Carlos Arturo Marulanda carecían de fundamento, toda vez que las violaciones a los derechos humanos alegadas por los campesinos respondían a “propaganda subversiva”. Asimismo, precluyó la investigación, dejando en vilo las aspiraciones de justicia de las víctimas.

En 2012, un grupo de familias instaura una nueva denuncia por el delito de desplazamiento forzado. La Fiscalía 20 Seccional de Aguachica emite en septiembre de 2012, una orden de captura en contra de Francisco Alberto Marulanda Ramírez, la cual hasta la fecha no se ha hecho efectiva, pese a que las víctimas le han notificado en repetidas ocasiones a la Fiscalía los municipios de la costa caribe que frecuenta419. Una vez se emite la orden de captura, es amenazado el fiscal encargado y se recrudece la persecución en contra de los líderes reclamantes de tierra, razón por la cual la investigación es reasignada a la Unidad de la Fiscalía General de la Nación contra los delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzado en Bogotá420.

En otra investigación que se adelanta por los hechos ocurridos en la Hacienda Bellacruz, se encuentra vinculado un confeso paramilitar: Manuel Alfredo Rincón alias “Pasos”, quien declaró verbalmente la existencia de una fosa común dentro de la Hacienda La Gloria que contendría cerca de 200 cadáveres, pertenecientes a personas asesinadas y desaparecidas en toda el área de influencia de los grupos paramilitares. Además, durante una remoción de tierra realizada recientemente dentro de la Hacienda para la adecuación de unos terrenos, varios trabajadores pudieron observar múltiples cráneos que emergieron durante la 418 419 420

Luis Camilo Osorio Isaza cuenta con numerosas investigaciones penales ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por los favorecimientos a militares, paramilitares y para-políticos que participaron de la estrategia de guerra sucia en Colombia.

Entrevista a líder campesino Fredy Antonio Rodríguez Corrales de Asocol.

Fiscalía General de la Nación, Resolución N°. 01700 del 21 de septiembre de 2012

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Palma aceitera y paramilitarismo en el sur del Cesar: El caso de la hacienda Bellacruz

remoción y que incluso llevaron a algunos al desmayo421. Hechos que no fueron denunciados por temor a las represalias. No se tiene conocimiento hasta la actualidad qué acciones ha tomado la Fiscalía General para clarificar la posible existencia de la fosa común y realizar la exhumación de los cuerpos.

Después de pasados más de 17 años de los hechos violentos, las víctimas siguen esperando que sus verdugos confiesen los crímenes que cometieron, que informen dónde se encuentran los restos de los desaparecidos y que reciban un castigo justo por su cometido.

3. La Dolce Vista –LDV– Agroindustria, palma aceitera y trasnacionales Legalización del despojo y apropiación de los predios baldíos Los predios que fueron declarados baldíos en 1994, nunca fueron adjudicados y a través de contratos ulteriores volvieron fraudulentamente al dominio de los Marulanda. Por su parte, los predios que fueron adquiridos por el Incora en 1995, sí fueron adjudicados, pero ilegalmente por debajo del mínimo de la UAF422 o a familias que no eran sus legítimos poseedores sino trabajadores de la familia Marulanda. Lo más aberrante es que algunas de las familias que históricamente venían reclamando su derecho a la tierra y que fueron beneficiarias de adjudicación, no se les notificó nunca que ya eran propietarias y además tuvieron que salir desplazadas de las tierras que habitaban porque allí se instaló la base de operaciones de los grupos paramilitares, como es el caso del lote Rompedero, que pertenece a uno de mayor extensión de nombre San Carlos423.

El despojo de las tierras de la Hacienda Bellacruz se perfecciona a través de una serie de negocios jurídicos que significarían el cambio del nombre y la identificación predial de la hacienda, así como la venta de la mayor parte de su área a La Dolce Vista (LDV), sociedad de capital extranjero.

En 1997, un año después del desplazamiento forzado masivo de las familias campesinas, la familia Marulanda fragmenta los predios que se encontraban unificados bajo el nombre de Hacienda Bellacruz, con folio de Matrícula Inmobiliaria N° 196-1038, a través de un contrato de desenglobe424. La hacienda se fracciona en 5 predios identificados como Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5 y Lote 6425, dentro de los cuales se encontraban las 1.500 ha declaradas como baldías en 1994, así como las tierras que venían siendo ocupadas legítimamente por los campesinos y de las que fueron desplazados a sangre y fuego.

421 422 423 424 425

Entrevista a líder campesino Fredy Antonio Rodríguez Corrales de Asocol.

Se adjudicaron predios entre 5 y 7 has, cuando la UAF de la zona oscila en los municipios de Tamalameque y La Gloria entre 35 y 47 has, y en el municipio de Pelaya entre 28-38 ha.

Verdad Abierta. (1 de agosto de 2011). Las trampas de Bellacruz. Recuperado de: http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/3424-las-trampas-de-bellacruz. el 10 de Mayo de 2013.

Notaría Primera de Cartagena, Escritura pública N° 3.744 del 30 de diciembre de 1997.

Identificados con folio de matrícula inmobiliaria individuales N° 196-29246, 196-29247, 196-29248, 196-29249 y 196-29250, respectivamente.

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Palma aceitera en Colombia

Diez años más tarde, en 2007, los Marulanda realizan otro contrato426, esta vez de englobe, para unificar nuevamente los 5 predios mencionados con anterioridad mas otros dos predios (Lote 1 Norte y Lote 1 Sur427) que habían sido adquiridos en el 2001428, pero modificando el folio de matrícula inmobiliaria al número 196-39010. El área total de extensión de la Hacienda Bellacruz asciende a 5.833 ha.

Al respecto, Cecilia Marulanda, por entonces representante legal de MR de Inversiones, manifestó en la escritura pública de englobe que los linderos de la reconstituida Hacienda Bellacruz son los mismos consignados en una escritura pública del año 1983429, aclaratoria de los linderos de la antigua Hacienda Bellacruz, “a los cuales es necesario restarle lo vendido al Incora”430 en el año 1995. De esta manera, los Marulanda desconocieron implícitamente que además de las tierras que fueron vendidas al Incora era necesario descontar los predios baldíos declarados en 1994.

Posteriormente, en el año 2009, la compañía MR de Inversiones, que en el 2008 cambió su razón social y pasó de ser una sociedad limitada (LTDA) a una sociedad por acciones simplificada (SAS), le cambia el nombre a la Hacienda Bellacruz que en adelante se conocería como Hacienda La Gloria431.

Los anteriores negocios pretendieron legalizar el despojo de tierras y la apropiación de los predios baldíos, como una antesala a la venta de la totalidad de la Hacienda La Gloria a la compañía extranjera LDV, mediante un contrato efectuado en el año 2010 en el que se transfiere el derecho de dominio a título de beneficio en fiducia mercantil a la compañía Fiducafe S.A., vocera del Fideicomiso Dolce Vista432. Es válido aclarar que fácticamente LDV era propietaria de la hacienda desde el año 2009 cuando se hizo dueña de las empresas de la familia Marulanda.

La Dolce Vista –LDV– LDV es una sociedad de capital mixto creada en Panamá y dedicada al desarrollo, siembra y extracción de aceite de palma en Colombia. LDV hace parte de una compleja cadena de empresas con la que está relacionada que conforman una sociedad transnacional. Aunque este tipo de sociedades, de carácter versátil y polifacético, tengan “la apariencia jurídica de una pluralidad de sociedades, constituye, en lo esencial, una unidad económica con un centro único de poder de decisión”433, que para el caso concreto se encuentra radicado en el grupo brasilero Sinergy, en cabeza de German Efromovich. Este tipo de sociedades 426 427 428 429 430 431 432 433

Notaría Séptima de Bogotá, Escritura pública N° 3.163 del 13 de diciembre de 2007.

Identificados con folio de matrícula inmobiliaria individuales N° 196-23971 y 196-29372, respectivamente.

Notaría 59 de Bogotá, Escritura pública N° 2.246 del 11 de octubre de 2001.

Notaría 11 de Bogotá, Escritura pública N° 2.357 del 4 de octubre de 1983.

Op Cit, Escritura Pública N°. 3.163, p. 33.

Notaría 31 de Bogotá, Escritura pública N° 1276 del 22 de septiembre de 2009.

Notaría 73 de Bogotá, Escritura pública N° 3663, del 28 de septiembre de 2010.

Teitelbaum, A. (2010). La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo. (pp 26). Barcelona: Icaria Editorial.

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Palma aceitera y paramilitarismo en el sur del Cesar: El caso de la hacienda Bellacruz

Cuadro N° 1. Estructura empresarial de La Dolce Vista

Elaborado por: Coordinadora Nacional Campesina434

El Cuadro N° 1 ilustra la estructura jerárquica hacia arriba y hacia abajo de LDV con el porcentaje de participación accionaria de cada compañía y el lugar de su constitución.

Respecto a los accionistas de LDV, sobresalen dos personas naturales: Carlos Murgas Guerrero, de quién se hará referencia en detalle más adelante, y German Efromovich, quien controla toda la estructura societaria de LDV. Efromovich es un magnate internacional nacido en Bolivia, criado en Brasil y nacionalizado en Colombia, cuyas compañías suman activos por cerca de 16 billones de pesos colombianos435. Figura como principal accionista del Sinergy Group, un conglomerado empresarial con inversiones en el sector de hidrocarburos y energías, principalmente, pero que ha incursionado también en la construcción naval, la prestación de servicios de petróleo e inspecciones técnicas, radioquímica, radio-fármacos, agricultura y aviación. El portafolio de 434

435

Se utilizaron como fuentes: Solicitud de declaratoria de ZFPEA-ELG radicada bajo el N° 1-2010-016601 del 5 de mayo de 2010 (Ver Cita 50); Adición radicada N° 1-2010-020507 del 4 de junio de 2010, a la Solicitud Nº 1-2010-016601. Págs. 1 y 2; Oficio Radicado N° 1-2010-030303, Respuesta requerimiento de información realizado por María Esparza, Asesora de la Dirección de Productividad y Competitividad del Minieterio de Comercio, Industria y Turismo, enviado por Ramiro de Francisco Reyes, representante legal de Extractora La Gloria SAS el 31 de agosto de 2010, en el marco de la Solicitud N° 1-2010016601; Certificado Nº 15178833 de Existencia y Representaciòn Legal de la sociedad Murgas Dávila S. en C., expedido el 27 de septiembre de 2010.

Tovar, E. (2 de mayo de 2011). Efromovich, el empresario que mueve cielo y tierra. Portafolio.co Recuperado de: http://www.portafolio.co/negocios/efromovich-el-empresario-que-mueve-cielo-y-tierra. el 19 de abril de 2013.

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Palma aceitera en Colombia

inversiones de Sinergy Group en Colombia incorpora empresas como Avianca, Elicol, Ras Corp., Transmeta, Deprisa y Aerogal436. A su vez, participa en el proyecto de palma aceitera en la Hacienda Bellacruz a través de la Fundación HJDK437.

Efromovich es también dueño de varios complejos hoteleros en el país y un importante accionista de Pacific Rubiales438, segunda compañía de explotación petrolera en Colombia e involucrada en graves denuncias por violaciones a los derechos humanos de los trabajadores.

Respecto a la industria agrícola, Efromovich no sólo es el principal accionista de la Tigris Energy - Dolce Vista, sino que además es propietario de las empresas King Pineapple y Manantiales del Frontino (Con su respectiva comercializadora Colombian Mountain Coffe), que respectivamente desarrollan proyectos agroindustriales de Piña, en el departamento del Quindío, y Café, en el valle del Cauca, sobre un área total de 350 ha439.

Referente a la Hacienda La Gloria, el Cuadro N° 1 indica que LDV Sucursal Colombia es dueña de cuatro empresas que operan en nuestro país y que se dedican exclusivamente al cultivo de palma aceitera en dicho predio. Una que fue creada para operar los cultivos (Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria), otra creada para operar la planta extractora de aceite de palma (Extractora La Gloria), y otras dos que fueran propiedad de los Marulanda Ramírez (Frigorífico La Gloria y MR de Inversiones), pero que ahora son controladas por LDV, como mecanismo para que los Marulanda sigan siendo partícipes y beneficiarios del negocio de la palma. ¿Prosperidad para quién? Zona Franca y Alianzas productivas El objetivo de LDV en el Sur del Cesar es crear un complejo agroindustrial a modo de Enclave para la comercialización de aceite de palma y sus derivados (torta y aceite de palmiste o de almendras) principalmente hacia el exterior. LDV llega a Colombia en el año 2009440 y para el año 2010 ya operaba 7.390 ha de tierra cultivadas o en proceso de cultivo de palma, ostentando la propiedad sobre la mayoría de los predios441.

De lo que fuera la antigua Hacienda Bellacruz, la Familia Marulanda conserva hasta la actualidad un único predio de 500 ha denominado Frigorífico La Gloria, que como su nombre lo indica, es el lugar donde se encuentra instalado el frigorífico de la familia. De este predio fueron desenglobadas 6 ha que fueron vendidas en el año 2010442 a LDV con la finalidad de construir allí una Zona Franca.

436 437 438 439 440 441 442

Op. Cit. Oficio Radicado N° 1-2010-030303.

Ibíd. Oficio Radicado N° 1-2010-030303. p. 2.

Tovar, E. (2 de mayo de 2011). Efromovich, el empresario que mueve cielo y tierra. Portafolio.co Recuperado de: http://www.portafolio.co/negocios/efromovich-el-empresario-que-mueve-cielo-y-tierra. el 19 de abril de 2013.

Ibíd.

Notaría 43 de Bogotá, Escritura Pública N° 370 del 25 de febrero de 2009. Mediante la cual se incorpora la sucursal Colombia de LDV. Plan Maestro de Desarrollo General de la ZFPEA-ELG. p. 92.

Escritura Pública N°. 045 del 5 de abril de 2010.

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Palma aceitera y paramilitarismo en el sur del Cesar: El caso de la hacienda Bellacruz

Zona franca a la medida de LDV Para este propósito, LDV constituye la sociedad Extractora La Gloria S.A.S que fue la encargada de adelantar una solicitud ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en mayo de 2010443 para que la Comisión Intersectorial de Zonas Francas conceptuara favorablemente sobre la viabilidad de la declaratoria de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Extractora La Gloria (ZFPEA-ELG) y aprobara el Plan Maestro de Desarrollo General (PMDG) que la soporta. El octubre del mismo año, tan sólo cinco meses después de presentada la solicitud, la Comisión decide aprobar en consenso el PMDG y emite concepto favorable para la declaratoria de existencia de la ZFPEA-ELG444.

El 19 de abril de 2011, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) formalizó la creación de la Zona Franca mediante la resolución N° 04558, en la que declaró “[…] la existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial denominada [ZFPEA-ELG]” y reconoció a Extractora La Gloria S.A.S. “como único usuario industrial de bienes […]”445, cumpliendo con todos los requisitos legales para su entrada en funcionamiento.

El proyecto para la Zona Franca consiste en la construcción de una planta extractora de Aceite para transformar el fruto de la palma que es cultivada tanto en predios de propiedad de LDV (v.gr. Hacienda La Gloria) como en otras fincas aledañas que tiene bajo su control.

La planta extractora habría entrado a funcionar a mediados del año 2012446 y para su construcción y puesta en funcionamiento habría demandado una inversión de $41.445.010.000 COP447, inversión que fue respaldada a través de créditos aprobados por la entidad financiera Davivienda448.

La Planta sería capaz de transformar 30 toneladas hora de racimos de fruta fresca, ampliables a 45 toneladas en el año 2013, 60 en el 2014 y 90 toneladas en el 2016. Según cálculos de la misma empresa, la producción de la ZFPEA-ELG representará el 6% de la producción total de aceite de palma y de palmiste en Colombia para el año 2014449. De manera que las exenciones tributarias que garantizará la Zona Franca son multimillonarias, teniendo en cuenta que el precio internacional del aceite de palma es de 700 USD por tonelada.

443 444 445 446 447

448 449

Solicitud de declaratoria de ZFPEA-ELG radicada bajo el N° 1-2010-016601 del 5 de mayo de 2010 y adicionada mediante comunicaciones N° 1-2010-020507 del 4 de junio de 2010, 1-2010-023194 del 30 de junio de 2010, 1-2010-030303 del 31 de agosto de 2010 y 1-2010-20 de septiembre de 2010.

Comité de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, Acta N° 7 del 25 de octubre de 2010.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Resolución N° 04558 del 19 de abril de 2011.

Verdad Abierta. (7 de septiembre de 2011). Tierra prometida en La Bellacruz. Recuperado de: http:// www.verdadabierta.com/component/content/article/158-captura-de-rentas-publicas/3530-tierra-prometida-en-la-bellacruz/. el 10 de mayo de 2013.

Oficio radicado N° 1-2010-023194 del 30 de junio de 2010, Respuesta al requerimiento de información N° 2-210-021885 del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enviado por Ramiro de Francisco Reyes, representante legal de Extractora la Gloria, en el marco de la solicitud N° 1-2010-016601. p. 2.

Cronograma de Inversiones.

Ibíd. Oficio radicado N° 1-2010-023194. p. 7 y Anexo 4.

Op. Cit. Adición radicado N° 1-2010-020507 del 4 de junio de 2010. p. 6.

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Palma aceitera en Colombia

Las Zonas Francas en Colombia son verdaderos enclaves económicos que han significado el desmonte de varias obligaciones tributarias a favor del capital extranjero. Se definen legalmente como un “área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior”450. La medida principal consiste en la fijación de una tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%451, cuando la tarifa general en el resto del territorio nacional es del 33%. A lo anterior se suma la posibilidad de no pagar aranceles e IVA sobre los bienes introducidos desde el resto del mundo a la Zona Franca, ya que no se consideran importaciones, mientras que los bienes exportados desde la Zona Franca al resto del mundo se benefician de los acuerdos comerciales firmados por Colombia. También se contempla la inaplicación del impuesto de remesas a los giros al exterior452.

Las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE), se caracterizan porque las actividades de servicios o industriales son desarrolladas por una única empresa por eso se conocen también como o Uniempresariales. Aunque normativamente se establece que las ZFPE Agroindustriales pueden producir como bien final: biocombustibles, carnes, pescados, aceites, animales, vegetales, productos lácteos, legumbres, frutas, té, sopas, caldo, vinagre, salsas, levaduras, café y/o trilla. De las 13 ZFPE Agroindustriales aprobadas por la DIAN a diciembre de 2010, 11 son de biocombustibles, de las cuales 7 tienen como base el aceite de palma453.

La cifra precedente es sólo un reflejo del carácter re-primarizador de la política económica estatal frente al mundo rural. Políticas como la Apuesta Exportadora Agropecuaria 20062020 del Ministerio de Agricultura hacen explícito el objetivo de especializar la economía colombiana en la exportación de palma de aceite. De forma que se prioriza la agroindustria para la producción de biocombustibles y se desprecia el papel fundamental del campo y del campesinado para la producción de alimentos y su relación directa con la soberanía alimentaria, principio totalmente invisibilizado en la política estatal.

Como se advirtió, el fruto de palma que será transformado por la planta extractora proviene no sólo de la Hacienda La Gloria (que aporta 4.604 ha), sino también de fincas aledañas pertenecientes a LDV (otras 2.506 ha), Frigorífico La Gloria (280 ha) y Promotora Hacienda Las Flores (3.500 ha), para un total de 10.890 ha cultivadas en palma454. Indirectamente, es decir que no existe una vinculación certera sobre la participación en el negocio, la Planta podría recibir frutos de otras 4.913 has de fincas ubicadas en la zona de influencia de la ZFPEA-ELG. 450 451 452 453 454

Ley 1004 del 30 de diciembre de 2005. “Por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 624 de 1989, Estatuto Tributario, artículos 5 y 240-1.

Ibíd. Estatuto Tributario, artículos 7, 8 y 281.

Comité Intersectorial de Zonas Francas, Secretaría Técnica. Informe Zonas Francas 2007-2010.

Solicitud de declaratoria de ZFPEA-ELG radicada bajo el N° 1-2010-016601 el 5 de mayo de 2010.

Anexo N° 20. Certificación suscrita por el representante legal de Extractora La Gloria SAS en la que se constata la vinculación del proyecto de Zona Franca con las áreas de cultivo y con la producción de materias primas nacionales.

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Palma aceitera y paramilitarismo en el sur del Cesar: El caso de la hacienda Bellacruz

Al respecto, sobresale nuevamente el nombre de Carlos Roberto Murgas Guerrero, quien además de ser socio minoritario de LDV es propietario de la compañía Promotora Hacienda Las Flores (en adelante Promotora HLF), la cual aportará 3.500 has al proyecto de la ZFPEA-ELG455. Carlos Murgas, al igual que Carlos Arturo Marulanda, fue ministro de gobierno, pero mientras el segundo lo fue de Desarrollo, el primero lo fue de Agricultura en la administración de Andrés Pastrana (1998-2012). También se desempeñó como gerente de la Caja Agraria y representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), entre otros cargos de alto nivel dentro del Estado. Como empresario, ha sido presidente de Fedepalma y fue nombrado miembro honorífico de su Junta Directiva456.

La familia Murgas Dávila controla una poderosa cadena productiva del aceite de palma: desde la producción de la semilla a través de su compañía Murgas & Lowe S. de H. hasta la transformación del fruto en aceite de palma o biodiesel por medio de empresas como Oleoflores Ltda. Respecto al cultivo, los Murgas utilizan dos modalidades, una que implica la propiedad privada sobre la tierra, como por ejemplo la que desarrolla la compañía Murgas Dávila en sociedad con LDV en la Hacienda La Gloria, y otra que no implica la propiedad privada sino la realización de Alianzas Productivas con pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, y que es abanderada por la Promotora HLF. A través de esta última modalidad es que los Murgas Dávila aportarán fruto de palma al proyecto de la ZFPEA-ELG. El impulso a las llamadas Alianzas Productivas en Colombia fue liderado por Murgas Guerrero cuando se desempeñó como Ministro de Agricultura, en un claro ejemplo de cómo los políticos colombianos gobiernan en causa propia. Desde allí presentó esta figura como una estrategia pionera de desarrollo rural que incentiva la inversión de grandes volúmenes de capital en cultivos de palma aceitera, pero a través de alianzas entre empresarios (que ponen el capital) y campesinos (que ponen la tierra y la mano de obra), con la supuesta finalidad de generar un doble beneficio: por un lado generar arraigo en los territorios y mejores condiciones de vida para el campesinado: y por el otro, impulsar el desarrollo económico del país a través de la industria del aceite de palma.

De esta forma, Carlos Murgas, como Ministro, allanó el camino en términos de política gubernamental para que él mismo, como empresario, consolidara un poderoso monopolio en la industria palmera con especial influencia en las sub regiones de Montes de María, el Catatumbo y el Sur del Cesar, al norte de Colombia. Éstos territorios poseen algo en común: todos han sido epicentros del paramilitarismo para su consolidación regional y en todos se han denunciado la perversa relación entre paramilitares, fuerza pública y empresarios, a través de la cual es posible comprender la importancia económica del fenómeno paramilitar reflejada en procesos que inician con el despojo (ya sea a través del desplazamiento forzado, las ventas forzadas u otras modalidades de despojo), pasan por una cadena de modificaciones sucesivas en la tradición de los predios, y terminan con la implementación de megaproyectos 455 456

Ibíd. Solicitud N° 1-2010-016601. Anexo 20.

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma). ¿Quiénes Somos? Recuperada de: http://portal.fedepalma.org//fedepalma.htm. el 10 de mayo de 2013.

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Palma aceitera en Colombia

(agroindustriales, forestales, mineros, de infraestructura, entre otros) que son desarrollados por poderosos empresarios que alegan su “buena fe”.

Este proceso de despojo, saneamiento y desarrollo de megaproyectos empresariales no sólo es aplicable al caso de la Hacienda Bellacruz sino que se predica igualmente a las tierras con las que los Murgas participarán del negocio de la ZFPEA-ELG. En concreto, la familia Murgas Dávila aportará fruto de palma de tierras ubicadas en el municipio de Tibú (Norte de Santander)457, cultivadas bajo la modalidad de Alianzas Productivas.

El municipio de Tibú pertenece a la región del Catatumbo, a la que arribaron los paramilitares en el año de 1998 y, hasta la fecha de su desmovilización en el año 2005, cometieron un sinfín de crímenes atroces: 600 personas desaparecidas, 11.200 personas asesinadas, más de 19.000 familias desplazadas y 60 masacres cometidas458. Tres años después del arribo paramilitar en la zona, nació el proyecto de palma de aceite en el Catatumbo de la mano de Promotora HLF. En la actualidad, Promotora HLF es aliada comercial o articuladora de las 14 asociaciones productoras de palma que cultivan 12.500 hectáreas aproximadamente y producen 125.000 toneladas de fruta anuales459.

Además de la cuestionable procedencia de las tierras sobre las que se realizan estos proyectos, el impacto social Alianzas Productivas ha sido bastante negativo. En los contratos de asociación el pequeño productor se obliga a vender el fruto de palma a la Productora HLF durante largos períodos (en general por toda la vida productiva de la planta de palma) y además, si en algún momento el productor no es capaz de responder con los créditos a los que necesariamente tiene que obligarse para adelantar los proyectos productivos, la Promotora responderá por la deuda pero se quedará con la tierra del parcelero que es ofrecida como garantía de la “Alianza”. Lejos de ser un mecanismo de arraigo en el territorio, las pequeñas economías campesinas vienen siendo sistemáticamente exterminadas en regiones como el Catatumbo o los Montes de María.

Entre los posibles compradores o clientes de los productos de la ZFPEA-ELG figuran compañías nacionales y extranjeras, de las que destacan: Colgate Palmolive, Agribrans, Purina, Alianza Team S.A., Oleoflores Ltda. (de propiedad de los Murgas Dávila), Fanagra S.A., Gradesa S.A., Famar S.A., Grupo Grasco en Bogotá y Saceites y la Federación de Ganaderos de Santander460. Es de resaltar la responsabilidad ética y judicial en la que pueden incurrir los clientes del aceite de palma producido por LDV y sus socios, el cual proviene de cultivos sembrados sobre fincas con un pasado de despojo violento y de perpetración de graves violaciones a los derechos humanos en el Sur del Cesar y en el Catatumbo.

457 458 459 460

Carta de Intención de David De La Rosa Diartt, representante legal de Promotora Hacienda Las Flores SA, se expide a solicitud de Extractora La Gloria con destino a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, el 16 de abril de 2010.

Molano, A. (3 de marzo de 2012). Paramilitarismo y palma en el Catatumbo. El Espectador. Recuperado de: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-330074-paramilitarismo-y-palma-elcatatumbo. el 10 de mayo de 2013.

Ibíd.

Op. Cit. Solicitud N° 1-2010-016601. Anexo 22. Plan Maestro de Desarrollo General de la ZFPEA-ELG. p. 87.

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4. Luz al final del túnel.

Recuperación de Baldíos por parte del Estado Los reclamantes de tierra. Antecedentes De la Hacienda Bellacruz fueron desplazadas por la violencia cerca de 287 familias. En principio, las familias se refugiaron en la casa campesina de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR)461 en Pelaya y enviaron mensajes para buscar protección por parte de las autoridades. Sin embargo, ante la persistencia de las amenazas y los hostigamientos de los paramilitares, muchas de las familias se desplazaron definitivamente a diferentes puntos del país y algunas al exilio.

En la época del desplazamiento, sólo un grupo de 130 familias decidió viajar a Bogotá a reclamar al Estado los derechos que les habían sido violentados. Se realizó una toma pacífica a las instalaciones Incora en Bogotá, a partir de la cual se lograron firmar unos acuerdos con el gobierno del expresidente Ernesto Samper. Así se inició un proceso que en principio pretendió la restitución de las tierras pero que terminaría con la reubicación de 102 familias en tres predios ubicados en los departamentos de Tolima y Norte de Santander462. La reubicación fue el único camino posible ante los graves hechos de violencia cometidos por parte de los paramilitares en contra de los líderes que reclamaban la restitución de las tierras y la imposibilidad del gobierno de brindar garantías para el retorno en condiciones de seguridad, teniendo en cuenta que los grupos paramilitares ejercían control territorial de la región en abierta connivencia con sectores de la fuerza pública, como fue ilustrado anteriormente.

Además de que este proceso no contó con la presencia de la totalidad de las familias campesinas asentadas y adjudicadas en la Hacienda Bellacruz, la reubicación no fue satisfactoria. Las y los campesinos tuvieron que aceptar parcelas con áreas inferiores a la Unidad Agrícola Familiar y con una calidad notablemente inferior a las que poseían.

Por esta razón, se han presentado ante el Estado procesos en búsqueda de la restitución por parte de familias, se han articulado procesos organizativos en la zona en procura de que se les adjudique la totalidad de la UAF como sujetos de reforma agraria y se les restituyan las tierras despojadas de la antigua Bellacruz a quienes nunca fueron siquiera reubicados.

La organización que lidera la restitución de tierras actualmente es la Asociación Colombiana Horizonte de Familias Desplazadas (Asocol), que agrupa 94 familias desplazadas forzosamente y que se encuentran ubicadas en municipios del Cesar o en departamentos aledaños. Los miembros de esta organización tienen vínculos familiares estrechos con Eloísa y Mildred Corrales, lideresas históricas de la lucha por la tierra en la Hacienda Bellacruz, e incluso sus abuelos fueron víctimas de Alberto Marulanda Grillo que en su afán 461 462

Op. Cit. ANUC-UR, Denuncia pública frente al desplazamiento forzado en la hacienda Bellacruz.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Informe N° 11, 15 de julio de 1998, p. 20.

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terrateniente les usurpó sus parcelas. Esa relación se ve materializada en la inclusión de las familias miembros de Asocol en la documentación compilada desde la inspección ocular realizada por el Incora en 1991.

Proceso de Recuperación de Baldíos Fue Asocol quien en el 2008 decidió volver a exigirle al Estado, en cabeza del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que recuperara los predios baldíos que fueron declarados por el Incora en 1994 y que nunca fueron adjudicados a sus legítimos causahabientes. Han sido muchos los obstáculos, empezando por la inaudita desaparición del proceso de Clarificación de la Propiedad iniciado en 1990 de las instalaciones del Incoder regional Cesar. En su momento, les informaron que dicha entidad no tenía registro de ningún documento relacionado con la Hacienda Bellacruz. Las familias de Asocol no dieron su brazo a torcer y perseveraron en la búsqueda hasta encontrar copia del proceso adelantado por el entonces Incora en el Tribunal Administrativo del Cesar, al cual se habían compulsado copias anteriormente en el marco de las demandas de reparación administrativa que se incoaron por la responsabilidad del Estado463.

Una vez se obtuvo copia del proceso de Clarificación, la organización Asocol solicitó al Incoder que iniciara un proceso de Recuperación de Baldíos Indebidamente Ocupados, con la intención de que el Estado recuperara el dominio fáctico y jurídico de los predios y procediera a su adjudicación a favor de las familias campesinas como legítimos sujetos del derecho a la reforma agraria.

A solicitud de la organización Asocol, el 25 de abril del año 2011 la Dirección Nacional del Incoder decide iniciar el proceso de Recuperación de Baldíos en la antigua Hacienda Bellacruz delegando en la Subgerencia de Tierras Rurales en Bogotá464. Esta decisión tiene como antecedente la inclusión del caso emblemático, dentro del Plan de choque para la restitución de las tierras del gobierno de Juan Manuel Santos dado a conocer el 20 de abril de 2010465, que más que un plan para la restitución de las tierras, fue un plan para la formalización de la propiedad rural, categoría a la que pertenecen los procesos de recuperación y adjudicación de baldíos.

Con el afán de mostrar resultados y agilizar los procesos, el Incoder los asume desde Bogotá ante la negligencia de la Dirección Territorial del Incoder en el Cesar, consecuencia directa de la fuerte influencia que ejercen la familia Marulanda y las empresas palmeras encabezadas por German Efromovich sobre las entidades regionales del Estado, y que implicaron una dilación indebida de los procedimientos.

Gracias a la presión ejercida por Asocol y su referente nacional, la Coordinadora Nacional Campesina (CNC), así como el apoyo solidario del parlamentario Iván Cepeda y su equipo 463 464 465

Op. Cit. Verdad Abierta, “Las trampas de Bellacruz”.

Incoder. Resolución N° 0868 del 25 de abril de 2011.

Sistema Informativo del Gobierno, “¡El proceso de restitución de tierras empieza ya!”, comunicado de Presidencia de la República, 20 de octubre de 2010.

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de trabajo, el 5 de septiembre de 2011 la Subgerencia de Tierras Rurales inicia formalmente el proceso de Recuperación de Baldíos Indebidamente Ocupados en la Hacienda La Gloria466.

Aun cuando la centralización de las diligencias agilizó el proceso de recuperación, éste se prolongaría por casi dos años más, debido a la abrupta interposición de recursos por parte de los abogados de las empresas. Tan solo desde septiembre de 2011 hasta agosto de 2012 se presentaron tres recursos de reposición, una nulidad y una solicitud de pérdida de fuerza ejecutoria.

Finalmente, las diligencias también fueron entorpecidas por el poder y dominio territorial que ostenta la familia Marulanda y La Dolce Vista a través de los ejércitos privados que ha constituido para custodiar la hacienda, y que incluso se sobrepone a la autoridad del Estado.

A la diligencia de inspección ocular que programó el Incoder entre los días 21 y 26 de agosto de 2012 a los predios que fueran declarados baldíos (Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, Maria Isidra y San Miguel) como parte del proceso de Recuperación467 acudieron un equipo técnico del Incoder, peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), y el Procurador Ambiental y Agrario del Cesar. También representantes de las empresas palmeras Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria (en adelante Grupo Agroindustrial HLG) y MR de Inversiones, así como miembros de la organización campesina Asocol.

El 21 de agosto, cuando la comisión se disponía a entrar a los predios, los abogados del Grupo Agroindustrial HLG (Orieta Daza) y de MR de Inversiones (Jorge Enrique Martínez), junto a varios hombres armados, con el rostro cubierto y vestidos de civil, impidieron la entrada de los miembros de Asocol y procedieron a tomarles fotos y a los vehículos en los que se movilizaban. Al día siguiente, funcionarios del Incoder informaron a los líderes campesinos que se había emitido una orden expresa para que dos de sus miembros pudieran participaran de la diligencia. Sin embargo, al ingresar al predio Venecia fueron nuevamente interceptados por hombres de vigilancia privada, quienes amenazaron e instaron a los líderes campesinos a que abandonaran la zona, manifestando que “por orden del señor German Efromovich, se prohibía a los delegados de Asocol entrar a los predios”468.

De forma que el Estado, incluso contando con el acompañamiento de la Policía Nacional fue incapaz de asegurar la entrada y efectiva participación de las organizaciones campesinas en una diligencia de la cual eran directos afectados, resultando vulnerados sus derechos. En la visita, el INCODER comprobó la existencia de hombres armados que cus466 467 468

Incoder, Resolución N° 2.294 del 5 de septiembre de 2011.

Incoder, Acta de instalación de la diligencia de inspección ocular con intervención de peritos, en el proceso de Recuperación de baldíos indebidamente ocupados, en cumplimiento de los Auto del 23 de mayo y del 10 de agosto de 2012, proferidos pro al Subgerencia de Tierras Rurales.

Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), Derecho de petición presentado ante la Directora del Incoder Bogotá, Miriam Villegas, el 27 de agosto de 2012.

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todian la Hacienda La Gloria, “quienes manifestaron que la orden de impedir el acceso de los campesinos proviene de la Gerencia General del grupo empresarial de la Dolce Vista INC”469. La dirigencia campesina ha manifestado que existen dos tipos de guardias, unos que hacen parte de Seguridad Vélez Ltda., empresa que prestaba servicios de vigilancia en la hacienda con un soporte legal para el momento de la diligencia, y otros sujetos que son contratados directamente por el Grupo Agroindustrial HLG bajo la modalidad de ejércitos privados.

La Resolución 0481 del Incoder El 1 de abril del año 2013, el Incoder emite la Resolución 0481 del 1° de abril de 2013 que pone fin al proceso de Recuperación de Baldíos. Esta resolución, de suma importancia para la resolución del conflicto en favor de los intereses legítimos del campesinado, declara la ocupación indebida de los predios baldíos Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón y Venecia. De los otros dos predios objeto de investigación: los lotes Maria Isidra y San Miguel, declaró que no se encontraban dentro de la Hacienda Bellacruz.

Se llegó a otras conclusiones de suma relevancia. El Incoder constata que el 98% del área de los predios baldíos se encuentra cultivada en palma aceitera: “En el recorrido realizado a los predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón y Venecia, se observó el establecimiento de una plantación de palma de aceite en toda el área de los predios”470.

A su vez, declara que la ocupación indebida se predica de las siguientes personas jurídicas: Frigorífico la Gloria, MR de Inversiones, LDV Estate Inc. sucursal Colombia, y el Grupo Agroindustrial HLG. Estas sociedades están representadas legalmente en la actualidad por las mismas personas, entre quienes resaltan su gerente Mario Torres Restrepo y gerente suplente Ramiro de Francisco Reyes, quienes han asumido la vocería de las empresas.

German Efromovich, había sostenido en una entrevista que los y las campesinas que por medios legales reclaman su legítimo derecho a la tierra eran “gente malvada y malintencionada, bandidos que quieren extorsionar en beneficio propio”471. Sin embargo, la resolución del Incoder demuestra que los “bandidos”, “malvados” y “malintencionados” son los dueños de las compañías propietarias de la Hacienda La Gloria y beneficiarios directos del negocio de palma aceitera asociado a ella.

El Incoder declaró que las empresas actuaron de mala fe, por lo que no le serán reconocidas las mejoras desarrolladas sobre el predio. En la resolución se manifiesta que “la buena fe en el caso que nos ocupa, no se encuentra presente, pues se contó con información 469 470 471

Incoder. (22 de agosto de 2012). Incoder denuncia nuevos obstáculos para recuperar predios de la Hacienda Bellacruz, departamento del Cesar. Recuperado de: http://www.incoder.gov.co/DT_Principal/ denuncia_hacienda_bellacruz.aspx. el 10 de mayo de 2013.

Incoder, Resolución 0841 del 1 de abril de 2013. Apartado V sobre Explotación económica. Página 29 y ss.

Rueda, M. (16 de diciembre de 2012). LAN no le abre hueco a Avianca: German Efromovich. Diario El Tiempo. Recuperada de: http://www.eltiempo.com/economia/empresas/ARTICULO-WEB-NEW_ NOTA_INTERIOR-12456861.html.el 10 de mayo de 2013.

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cognoscitiva que les permitía a los ocupantes, conocer y saber de primera mano, que los bienes que ocupaban detentaban la calidad de públicos”472. En consecuencia declara que las empresas “tenían la obligación de actuar de forma diligente y conocer la declaración de bienes baldíos, y en consecuencia, no pueden ser considerados ocupantes de buena fe por lo que no procede el reconocimiento de mejoras sobre los predios indebidamente ocupados por éstos”473.

La resolución del Incoder resalta la comunicación de la Superintendencia de Notariado y Registro que certifica que la Resolución 1551 de 1994 que declaró los baldíos fue efectivamente inscrita en el folio de matrícula N° 196-1038, que identificaba la antigua Hacienda Bellacruz474. Esto le permitió al Incoder determinar categóricamente que “…de una revisión juiciosa de títulos de parte de los hoy ocupantes, de la consulta de todos los antecedentes registrales que se encontraban a nombre de la Hacienda Bellacruz, se hubiese encontrado la declaratoria de baldíos…”475.

La decisión del Incoder puede ser objeto de revisión ante el Consejo de Estado si los abogados de las empresas palmeras interponen la demanda correspondiente. En caso de no presentarse demanda, o de que ésta sea rechazada o se resuelvan negativamente las pretensiones de los empresarios, el paso a seguir, como lo fue en 1994, será la parcelación y adjudicación de los predios a las familias campesinas.

“Ejércitos Antirestitución”.

Permanencia del paramilitarismo en la Hacienda La Gloria Al igual que hace 18 años, los grupos paramilitares que hacen presencia en la región del Sur del Cesar, que circulan dentro de la misma Hacienda La Gloria, han amenazado a las organizaciones de campesinos anunciando que “en caso de haber una restitución, se sucederá una masacre”476.

De acuerdo a información aportada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 2.590 solicitudes de inscripción en el registro de tierras despojadas se han presentado en el departamento del Cesar a diciembre de 2012, es decir, cerca del 9% del total de solicitudes a nivel nacional (29.492)477.

Visto así, no es fortuito que los grupos paramilitares denominados “Ejércitos Anti-restitución” hayan surgido en el departamento del Cesar. Según fue denunciado por el re472 473 474 475 476 477

Op Cit. Incoder, Resolución 0841. p. 40.

Ibíd.

Superintendencia de Notariado y Registro, Escrito N° 2013 11008544 radicado ante el Incoder el 15 de enero del año 2013.

Op Cit. Incoder, Resolución 0841. p. 40.

Entrevista a líder campesino Fredy Antonio Rodríguez Corrales de Asocol.

Unidad de Restitución de Tierras, “Con 2590 solicitudes de restitución de predios en cesar, la unidad de restitución de tierras confirma que el proceso en el departamento va por buen camino”, Noticias, 13 de diciembre de 2012. Recuperada de: http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=186. el 10 de Mayo de 2013.

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presentante a la cámara Iván Cepada y por la ONG Corporación Nuevo Arcoiris, los “Ejércitos Anti-restitución” estarían siendo financiados por familias prestantes del Cesar y comenzarían a operar a principios del año 2012 en los departamentos del Cesar, Magdalena y Guajira478.

Pese a que el gobierno califica a estos grupos como Bandas Criminales Emergentes (Bacrim), es decir, que no tienen la calidad de actores del conflicto sino la de delincuentes comunes479, no es difícil comprobar que se trata de los mismos grupos paramilitares que nunca se desmovilizaron (sólo se sucedió un relevo generacional de su comandancia militar), y que fueron gestados y financiados por terratenientes, empresarios y narcotraficantes de la región, cuya responsabilidad no ha sido develada ante la justicia. El nombre de “Ejércitos Anti-restitución” que asumen ahora, es un medio para hacer explícita su voluntad de impedir a sangre y fuego la restitución de las tierras, a través del asesinato selectivo de sus líderes y lideresas.

Se debe tener en cuenta que una gran parte de las personas que han activado procesos jurídicos para la restitución de sus tierras han declinado a continuarlos por temor a las represalias o porque ya han sido víctimas de ellas. El ex defensor del pueblo, Volmar Pérez, declaró que desde el año 2005 a junio de 2012, habían sido asesinados 67 líderes vinculados a procesos de restitución de tierras, no sólo en el marco de la Ley 1448 sino de procesos anteriores480.

En este contexto nacional, los líderes de la organización Asocol fueron declarados objetivo militar del “Ejército Anti-Restitución” desde principios del año 2012, siendo víctimas de varias amenazas y hostigamientos por parte de este grupo paramilitar y otros que hacen presencia en el Sur del Cesar como “Los Rastrojos”.

El 25 de enero de 2012, llegó un sufragio a la casa en donde habitaba el líder de Asocol Freddy Antonio Rodríguez Corrales en el municipio de Piedecuesta (Santander), anunciando su muerte, que aparece firmado por el grupo paramilitar “Anti-restitución de tierras”481, situación que lo obligó a desplazarse forzosamente y a pernoctar, hasta la actualidad, en casas de familiares y amigos de la región. A partir de este hecho, se han presentado reiteradas amenazas, seguimientos y hostigamientos a los miembros de Asocol. Las viviendas de los líderes ubicadas en los municipios de Pelaya, Aguachica y San Martín (Cesar) han 478 Cfr. El Espectador, “Denuncian nuevo ejército ‘Anti-restitución’ de tierras”, 22 de febrero de 2012, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-328148-denuncian-nuevo-ejercito-anti-restitucion-de-tierras; La F.M., “ONG denuncia que con dineros privados se estaría gestando un ‘ejército Anti-restitución de tierras’”, 15 de febrero de 2012, disponible en: http://www.lafm.com.co/ noticias/colombia/15-02-12/ong-denuncia-que-con-dineros-p-10. Obtenidas el 13 de Mayo de 2013.

479 El PND 2010-2014 define las Bacrim como “agrupaciones de carácter multidelictivo, con alcance transnacional, carentes de plataforma ideológica y cuyos fines son netamente económicos”. En: Departamento Nacional de Planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos, p. 404.

480 Caracol Radio. (12 de junio de 2012). Más de 60 líderes de restitución de tierras han sido asesinados en siete años: Defensoría del Pueblo. Recuperado de: www.caracol.com.co. el 13 de Mayo de 2013.

481 Coordinadora Nacional Campesina (CNC) – Asociación Horizonte de Población Desplazada (Asocol), “Continúan amenazas y hostigamientos contra líderes campesinos de la Hacienda Bellacruz”, Denuncia Pública, enero de 2012.

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sido fotografiadas por personas que se movilizan en motocicletas o camionetas sin placas que realizan varias rondas alrededor de las casas.

El 3 de abril del año 2013, tan sólo 2 días después de la expedición de la Resolución 0481 del Incoder, el grupo paramilitar “Los Rastrojos – Comandos Urbanos” reiteró la declaratoria de objetivo militar al líder campesino Freddy Rodríguez. El comunicado señala que las organizaciones para la restitución de las tierras en la región tienen nexos con grupos guerrilleros y les ordena “Renunciar a la práctica subversiva de reclamación de tierras que fueron adquiridas legalmente por sus propietarios o de lo contrario iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones de los 90 sin piedad ni temor alguno”. Específicamente, se conmina a “suspender de inmediato la campaña de lavado de cerebro …con el cuento de la restitución de tierras, principalmente con la Hacienda Bellacruz [entre otros predios]”482.

De la amenaza se desprenden dos conclusiones: (1) que existe una relación de continuidad entre los grupos paramilitares que operan actualmente y aquellos que sembraron el terror desde mediados de los noventa en el Sur del Cesar; (2) que así no esté comprobada judicialmente la relación entre los terratenientes y empresarios de la Hacienda Bellacruz y los grupos paramilitares, es evidente que el accionar militar de los últimos es completamente funcional a los intereses económicos de los primeros, es decir, de los propietarios de las tierras que fueron despojadas.

Mientras el gobierno actual continúe negando la persistencia de grupos paramilitares, como requisito necesario para su desarticulación, no será posible garantizar el retorno en condiciones de seguridad para las familias campesinas que fueron despojadas de los predios baldíos de la Hacienda La Gloria. Para el retorno será necesario además el apoyo económico del Estado, el desarrollo de economías campesinas, ya que las familias no están dispuestas a aceptar modelos de Alianzas Productivas que de seguro les serán ofrecidos por los empresarios de la palma, pero que son considerados por las organizaciones campesinas como asociaciones entre el “león” y el “cordero”, en una abierta posición de desventaja.

Finalmente, es imperioso destacar que la solución a los problemáticas campesinas pasa por la reconfiguración del territorio en condiciones de favorabilidad para el campesinado.

La simple adjudicación no es suficiente. Durante la época del desplazamiento asistimos a la transformación de las relaciones políticas, económicas y sociales en la región del Sur del Cesar que se correspondió con la imposición del modelo agro-exportador; la tierras, la vías, la zona franca, la seguridad (con presencia paramilitar), la cooptación de instituciones del Estado para el beneficio del capital privado y la relación con el capital transnacional y financiero, son la suma de todos los engranajes del modelo impuesto.

De nuestro lado se suma la dignidad persistente de la comunidad y sus familias, pese a las violaciones y atropellos constantes cometidos en contra de sí y de sus familiares, la impunidad perversa que cobija los crímenes, la lucha por un retorno con dignidad en las peores 482

Grupo paramilitar Los Rastrojos, Comandos Urbanos, Comunicado Público N° 2 del 3 de abril de 2013.

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condiciones de amenaza y zozobra, la ausencia de perspectivas dentro de un modelo rural en donde no hay cabida para el campesinado, la contradicci贸n que obliga al campesino y la campesina a asumir las problem谩ticas expuestas de manera aislada y de su propio bolsillo.

El objetivo de esta publicaci贸n y el ejercicio de memoria hist贸rica es sumar las denuncias de diferentes casos que se encuentran en una misma realidad. Sumar solidaridad en esta nueva fase de lucha campesina por la tierra y el territorio.

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Para la diagramaci贸n se utilizaron los caracteres Century y Gill sans Julio de 2014 El conocimiento es un bien de la humanidad.

Todos los seres humanos deben acceder al saber.

Cultivarlo es responsabilidad de todos.

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