Informe observatorio ddhh desde los territorios 19 9 2015 by Comité Permanente por la Defensa De Los Derechos Humanos

INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y DIH

Informe comparativo de acciones de los actores armados en los periodos con cese unilateral de fuego (20 de diciembre de 2014 a 22 de mayo de 2015) y sin cese unilateral de fuego (23 de mayo a 10 de julio de 2015)

Observatorio de paz desde los territorios.

observatorio.paz2015@gmail.com

INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y DIH Informe comparativo de acciones de los actores armados en los periodos con cese unilateral de fuego (20 de diciembre de 2014 a 22 de mayo de 2015) y sin cese unilateral de fuego (23 de mayo a 10 de julio de 2015)

INTRODUCCION El presente informe es el resultado de la labor de diversas organizaciones sociales y campesinas defensoras de derechos humanos, que han contribuido en la construcción de procesos que propenden por visibilizar y denunciar la situación de derechos humanos en los territorios, además de la promulgación, formación y exigencia de respeto a los derechos humanos en Colombia. El observatorio se propone el acompañamiento y monitoreo permanente a las regiones donde el conflicto social y armado ha estado latente. Asimismo, este espacio de construcción colectiva se convierte en un mecanismo para documentar los hechos de violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. También contribuye como mecanismo de denuncia y visibilización para las organizaciones y comunidades que en su cotidianidad viven bajo la confrontación armada, y la sistemática violación de sus derechos; por lo cual cobra mayor importancia el poder representar y tipificar los hechos o situaciones que representan graves vulneraciones, y que involucran a diversos actores armados legales e ilegales. Las organizaciones que integran el Observatorio son: -

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH.

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño- CAHU COPANA

Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Centro y Oriente de Colombia – DHOC.

Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”.

Las fuentes de información con las que cuenta el observatorio y la construcción de los informes que se emitirán, parten de la recopilación de los hechos y situaciones que han sido recopilados por las organizaciones que hacen presencia en las zonas rurales. La información, por tanto, proviene fundamentalmente de las organizaciones que integran el observatorio en su labor de trabajo con las comunidades y los testimonios ofrecidos por éstas. Además, se incluyen también datos provenientes de otras fuentes directas e indirectas. Para la emisión de este primer informe del observatorio, se ha tenido en cuenta el contexto actual del país, de cara a los diálogos entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno Nacional en la Habana - Cuba, para lo cual hemos recogido elementos importantes que hacen parte de las declaratoria de cese unilateral del fuego decretado en diferentes momentos por las FARC-EP. Teniendo en cuenta la dinámica territorial, las organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos se han dado a la tarea de integrar dentro de sus planes organizativos, la labor de veeduría y verificación constante a los acuerdos preliminares, o a los acuerdos que se han dado en el transcurso del proceso de dialogo en la Habana. Esta labor, parte de las iniciativas territoriales que confluyen en otros escenarios de carácter nacional e internacional, permitiendo que la información pueda ser remitida desde los territorios con la mayor veracidad.

Presentación y / o Análisis El análisis de la información se ha desarrollado atendiendo a los hechos ocurridos en las zonas de mayor impacto de la confrontación armada, territorios rurales en los cuales la población civil ha tenido que enfrentar innumerables vulneraciones a sus derechos fundamentales, para lo cual se ha hecho mención a los testimonios y fuentes directas, provenientes del ejercicio de documentación de comunidades y organizaciones agrarias, indígenas, afrodescendientes y defensoras de derechos humanos. Como parte del ejercicio de visibilización y denuncia por parte de las comunidades, se hace referencia a los principales hechos que han tenido lugar en el marco de los periodos de cese unilateral decretados por las FARC – EP en el transcurso del año 2014 y hasta agosto de 2015. Esta tipificación con las consecuentes cifras en el marco del cese y su ruptura, se señalan a continuación: 2. Hechos ocurridos: Con cese de fuego

Sin cese de fuego

20 de diciembre 2014 a 22 de mayo 2015

23 de mayo a 10 de julio 2015

Allanamiento, desembarco de tropas y/o ocupación de predios/núcleo urbano

Bombardeos y ametrallamientos Ataque de fuerza pública a población civil/personas protegidas (incluido desplazamiento forzado, amenazas, ataques a actividades organizativas, fumigaciones) Muerte de civiles/personas protegidas en acciones militares

Operativos militares Estigmatización de población civil por responsables políticos y/o militares (señalamientos, etc)

Detención y/ o judicialización de civiles

Ataque de FARC a Fuerza Pública Ataques a infraestructura por FARC Ataques a vehículos por FARC

4 0 0

11 29 7

Ataque de FARC a población civil/personas protegidas

Combates

Muerte de civiles por acciones de guerra Asesinato líder social por desconocidos o paramilitares Hechos de amenazas a líderes sociales (varias son múltiples) Ataque a líderes sociales/comunidades por paramilitares o desconocidos (incluido desplazamiento forzado)

3. Fuentes en relación con los hechos ocurridos La información sistematizada en este informe se recopiló de: -

Las organizaciones sociales integrantes del Observatorio (CPDH, CAUCOPANA, Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, DHOC). Fuentes oficiales (Defensoría del Pueblo, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Presidencia). Organizaciones de derechos humanos que han emitido acciones urgentes o denuncias (Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima ASTRACATOL, Red de Derechos Humanos del Sur de Colom bia, Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, Comisión Intereclesial Justicia y Paz, ONIC, USO, Colectivo de Abogados, FLIP). Noticas de prensa escrita accesible, online (El Espectador, El Mundo, Prensa rural, RemaCCP, La Nación, El T iempo, Caracol, Bluradio, Radio Macondo). Otros informes periódicos emitidos previamente sobre veeduría del cese unilateral de las FARC - EP (Frente Amplio por la paz y CERAC).

En síntesis, el objetivo de este informe es recopilar los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en Colombia, desde el inicio del cese de fuego unilateral decretado por las FARC-EP el 20 de diciembre de 2015 hasta el 10 de julio de 2015. Dentro de este marco temporal se analizarán de forma comparativa los hechos ocurridos durante el período de duración del cese (del 20 de diciembre de 2014 al 23 de mayo de 2015) hasta su finalización (del 23 de mayo a 10 de Julio de 2015), fundamentalmente desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pese a las falencias que se presentan en relación con la recolección de información, consideramos que los datos señalados en el presente informe son lo suficientemente representativos como para poder derivar de ellos análisis globales del contexto, en el que nos encontramos.

Acciones de la Fuerza Pública: Durante los meses en los que entró en vigencia el cese al fuego unilateral, se produjeron 76 acciones iniciadas por la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), de las cuales 63 involucraron directamente a la población civil. Dentro de éstas, hemos recogido acciones de diferentes características, como bombardeos, combates, ocupaciones de predios, allanamientos, etc. Con posterioridad al final del cese unilateral de fuego de las FARC-EP, se produjeron 27 acciones iniciadas por la Fuerza Pública; en todas ellas se vio afectada la población civil. si bien la Fuerza Pública se mantuvo activa durante todo el periodo de cese de fuego unilateral, se observa un aumento porcentual de las acciones que involucran directamente a población civil con y sin cese unilateral, que pasan del 82´8 % de acciones que afectaron directamente a civiles con cese unilateral, al 96´4 % de las acciones sin cese unilateral; además, las acciones militares se mantuvieron prácticamente en los mismos niveles de intensidad con y sin cese de fuego, de aproximadamente 15 acciones mensuales durante el cese a 16 una vez finalizado el mismo.

Acciones de la Fuerza Pública 80 70 60

76 60

50 40 27

20 10 0 Con cese unilateral decretado Iniciadas por la Fuerza Pública

Sin cese unilateral decretado Afectaron a población civil

Tabla 1: Acciones de la Fuerza Pública

Dentro de estas acciones, las comunidades refieren dos tipos de acciones fundamentalmente; por un lado, se dan múltiples casos de bombardeos y/o ametrallamientos en lugares muy cercanos a núcleos poblados que afectan directamente a la población, impactando en las viviendas, afectando cultivos de pancoger, fuentes de agua y ganado. Un ejemplo claro de ello, fue lo sucedido el 26 de febrero de 2015 en la región del Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, donde un menor de 12 años falleció como consecuencia de un infarto producido durante un ataque llevado a cabo sobre la zona por una patrulla de la XIII Brigada del Ejército, Fuerza de Tarea Sumapaz, donde se encontraba en ese momento el joven acompañado por su madre y dos hermanos 1. Hechos similares han ocurrido también en otros lugares del país, como en el departamento del Cauca y en el departamento de Antioquia. En el primero, los bombardeos ocurridos el 21 y 22 de mayo de 2015, contra campamentos de las FARC-EP, en los que perdieron la vida 27 miembros de la insurgencia, también se presentaron hechos que afectaron a la población civil: según informaron las comunidades, durante los hechos murieron también campesinos que trabajaban y vivían en la zona, lo que además ocasionó el desplazamiento de al menos 352 personas residentes en la zona .

http://www.comitepermanente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=732:ninomuere-de-infarto-fulminante-a-causa-de-ataque-indiscriminadodel-ejercito-en-la-localidad-desumapaz&catid=2&Itemid=155 http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=875:dp-guapi-23-de-mayo-2015&catid=137:denuncias-cauca-2015&Itemid=355

A esta situación se suman acciones de allanamientos ilegales en las viviendas de campesinos (por lo general las más cercanas a los hechos), el señalamiento y estigmatización a los pobladores como auxiliadores de la guerrilla, encontrándose hechos como la repartición de volantes a los civiles que contienen una invitación a la desmovilización. Otros hechos señalados por las comunidades son los allanamientos de viviendas, desembarco de tropas y ocupaciones de predios o instalaciones municipales por parte de la Fuerza Pública; las denuncias e informes de las organizaciones muestran que se trata de hechos frecuentes en las zonas rurales del país, donde se evidencia de forma más intensa el conflicto armado. En este sentido, las organizaciones han recogido denuncias y testimonios de campesinos y comunidades que refieren aspectos bajo los que afirman que durante el cese al fuego unilateral el Ejército se extendió por el territorio a lugares donde antes no hacia presencia; esto ocurrió al menos en Caquetá, Cauca, Antioquia o Meta; en ese proceso de control territorial, en muchas ocasiones se ha producido la ocupación por parte del Ejército Nacional de predios de campesinos, así como de instalaciones públicas municipales y bienes protegidos por el DIH. Este último es el caso de los militares que fueron atacados en el municipio de Buenos Aires en abril (2015), quienes permanecieron en el polideportivo municipal durante varios días seguidos en marzo y de nuevo volvieron en abril (2015) sin las debidas precauciones y poniendo en riesgo a la comunidad, hecho por el que están siendo investigados 9 militares ; una situación similar fue la ocurrida con los militares que murieron en Santafé del Caguán en junio de 2015 que habían permanecido durante 2 meses junto al cementerio municipal, siendo finalmente víctimas, según la versión oficial al caer en un campo minado, aunque las comunidades afirman que se trató de un ataque de las FARC-EP al haber permanecido los militares durante mucho tiempo en el mismo lugar con las mismas rutinas. Las situaciones señaladas constituyen violaciones del DIH, ya que uno de los actores armados del conflicto como es el Ejército Nacional, ha puesto en riesgo a la población civil de cara a un posible ataque por parte de

Así se recoge en testimonios recogidos por la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos o CAHUCOPANA. http://reddhfic.org/images/pdfs/cpv%203.pdf http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/investigaran-nueve-militares-por-ataque-farc-buenos-aires-cauca http://www.elespectador.com/noticias/judicial/cuatro-militares-muertos-y-tres-heridos-zona-rural-de-e-articulo-566825

Acciones de la Fuerza Pública sobre población civil 35 29

30 25 20

15 10 7

0 Allanamiento, Bombardeos y desembarco de ametrallamientos tropas y/o ocupación de predios/núcleo urbano

Ataque de fuerza Muerte de pública a población civiles/personas protegidas en civil/personas protegidas (incluido acciones militares desplazamiento forzado, amenazas, ataques a actividades organizativas, fumigaciones)

Con cese unilateral decretad

0 Otros operativos militares

Sin cese unilateral decretad

Tabla 2: Acciones de la Fuerza Pública

Igualmente, las comunidades han denunciado la ocupación de predios por parte de la Fuerza Pública, que a menudo vienen acompañados de agresiones y ataques a los pobladores y que producen el desplazamiento de los mismos, ante el miedo generado por la instalación de militares junto a sus viviendas en zonas rojas, donde el conflicto armado es muy fuerte. Estas acciones muchas veces no se denuncian, pues son muy habituales y ocurren en zonas rurales de difícil acceso y sin comunicaciones. La utilización de bienes civiles para acciones de guerra viola el principio de distinción del DIH . http://prensarural.org/spip/spip.php?article16619; http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=906:dp-argelia-6-de-julio-del-2015&catid=137:denuncias-cauca-2015&Itemid=355; http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=911:dp-13-de-julio-argelia&catid=137:denuncias-cauca-2015&Itemid=355 http://cahucopana.blogspot.com/2015/03/informe-comision-de-verificacion-con.html

Asimismo, otro de los ámbitos donde se está afectando a la población civil involucrándola en el conflicto armado, tiene que ver con la infracción del principio de distinción entre combatientes y civiles es en lo que se refiere a las judicializaciones. Éstas se han mantenido todo el tiempo, tanto con el cese decretado, como sin cese, afectando a campesinos y líderes sociales fundamentalmente, a quienes se acusa de ser auxiliadores o colaboradores de la guerrilla o parte de las estructuras insurgentes, deteniéndoles y judicializándoles bajo cargo de rebelión, al que en ocasiones se añaden otros cargos como financiación, secuestro y concierto para delinquir, entre otros. Según datos proporcionados por el INPEC al CPDH, en diciembre de 2014 habían 2.261 personas sindicadas o condenadas por delito de rebelión y conexos; a éstos se han sumado varias personas más a lo largo de estos meses, que muchas veces son detenidas y judicializadas con una nula actividad probatoria y sin tener alguna relación con la actividad armada, de hecho, muchas de estas personas están privadas de la libertad porque supuestamente pertenecen a organizaciones guerrilleras, pero la realidad es que son dirigentes políticos de oposición, líderes sindicales y campesinos, estudiantes y activistas defensores de derechos humanos, o simplemente por ser campesinos que viven en zonas de conflicto. Muchas veces las acusaciones se basan en testimonios de supuestos desmovilizados que no se sostienen, lo que conlleva a que las personas sean puestas en libertad por vencimiento de términos (los procedimientos se intentan alargar) y las causas finalmente archivadas. Tal es el caso de los 7 líderes sociales y un comunero indígena que fueron absueltos el 14 de mayo de 2015 en el Putumayo tras años en prisión, en un proceso cargado de irregularidades . Durante el cese al fuego unilateral, fueron detenidas y judicializadas al menos 31 personas. Una vez terminado éste y hasta el 10 de julio de 2015, fueron judicializadas otras 15 personas; en este último caso, todas las personas detenidas fueron parte de un mismo proceso, acusadas de pertenecer a una célula urbana del ELN y participar en la explosión varios artefactos en Bogotá; estas personas son reconocidos líderes sociales y estudiantes integrantes del Congreso de los Pueblos y varias de ellas ni siquiera se encontraban en Bogotá el día en que sucedieron los hechos de los que se les acusa .

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=861:cp-municipio-de-puerto-asis-putumayo-15-de-mayo-de-2015&catid=134:actu alidad-2015&Itemid=358 http://www.colombiainforma.info/politica/derechos-humanos/2542-congreso-de-los-pueblos-los-detenidos-son-lideres-sociales-de-reconocida-trayect oria

Detención y/ o judicialización de civiles 35

30 25 20 15

15 10 5 0 Con cese unilateral decretado

Sin cese unilateral decretad

Tabla 3: Detenciones y judicializaciones de civiles

Acciones de las FARC-EP: Respecto a las acciones de la guerrilla de las FARC-EP, a lo largo de estos meses, sí se observa claramente la diferencia entre el tiempo que duró el cese de fuegos y cuando éste terminó, lo que revela un cumplimiento del cese unilateral, tal y como ya reflejaron los informes de veeduría del cese.

Acciones de las FARC- EP 35

30 25 20 15 10 5

11 7

4 0

0 Ataque de FARC a Fuerza Pública

Ataques a infraestructura por FARC

Con cese unilateral decretado Tabla 4: Acciones de las FARC-EP

5 1

Ataques a vehículos por Ataque de FARC a FARC población civil/personas protegidas Sin cese unilateral decretado

Dentro de estos hechos, las FARC –EP han realizado, desde que terminó el cese al fuego unilateral, al menos 11 ataques contra la fuerza pública, 29 contra infraestructuras (energéticas, viales y petroleras) y 7 ataques y quemas de vehículos; además han sido registrados 5 ataques contra población civil/personas protegidas. Durante el cese, los datos correspondientes fueron 4 ataques contra la Fuerza Pública, ninguno contra infraestructuras o medios de transporte y sólo uno contra población civil/personas protegidas. En contraposición, durante el cese solamente se identificaron 4 ataques contra la Fuerza Pública; la autoría de algunos de estos hechos ha sido puesta en tela de juicio por las comunidades, existiendo varias versiones al respecto, como en el caso de lo ocurrido en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca, del que hablaremos más adelante. Estos hechos revelan las afectaciones no solamente en términos de vidas humanas, sino también económicos que causa el conflicto armado y los beneficios que el cese bilateral al fuego trae para todos los actores sociales. Los ataques contra la infraestructura son unas de las principales armas de la guerrilla en medio del conflicto y una de las principales vías a través de las que se ha vuelto a escalar el conflicto en medio de las negociaciones. Como ya reflejaba el Tercer informe de veeduría del Frente Amplio por la Paz , basado en cifras oficiales, el impacto económico del conflicto en la infraestructura petrolera fue muy fuerte en sentido positivo, desapareciendo prácticamente el costo económico a lo largo de los meses que duró el cese de fuego.

Acciones de grupos paramilitares: Otro de los actores principales en escena son los grupos paramilitares; las acciones de estos grupos, afectan especialmente a la población civil, dirigiendo a líderes políticos y sociales sus amenazas y ataques. Estos grupos han protagonizado numerosas acciones a lo largo de los últimos meses; por un lado, las organizaciones y comunidades han señalado el aumento de la presencia de grupos paramilitares en las diferentes regiones del país. En muchos casos varios líderes sociales y políticos han recibido amenazas firmadas por estos grupos; durante los meses que duró el cese de fuego se realizaron al menos 73 amenazas que en muchos casos eran colectivas y anunciaban campañas de limpieza social por parte de los grupos paramilitares, como las Águilas Negras, Urabeños o Clan Úsuga. Una vez finalizado el cese, se han mantenido las amenazas, habiéndose registrado del 23 de mayo al 10 de julio de 2015 al menos 13 hechos de amenazas. Pero además, durante los meses de cese de fuego hubo al menos 21 ataques y 28 asesinatos de líderes sociales que fueron ejecutados por paramilitares o por desconocidos, donde hubo previamente amenazas. Una vez terminado el cese, al igual que ocurría con las amenazas, se han mantenido tanto los ataques (10) como los asesinatos (5), lo que rebela el mantenimiento del accionar de estos grupos, que se dirige fundamentalmente contra personas y comunidades organizadas.

https://drive.google.com/file/d/0B3EbbuCNQshZRlNyd0VKc1B4ZnBQVdzWTJpX1ljLURkSHlZ/view

Acciones de grupos paramilitares 80

70 60 50 40 30 20 10

28 10

21 5

0 Asesinato líder social por Hechos de amenazas a líderes desconocidos o paramilitares sociales (varias son múltiples)

Con cese unilateral decretado

Ataque a líderes sociales/comunidades por paramilitares o desconocidos (incluido desplazamiento forzado)

Sin cese unilateral decretado

En conclusión, viendo comparativamente el accionar de los diferentes actores armados a lo largo de los meses incluidos en el informe (desde el 20 de diciembre de 2014 hasta el 10 de julio de 2015) en relación con la población civil, observamos una clara diferencia entre el Estado, con la Fuerza Pública y los grupos paramilitares que han mantenido su actividad a lo largo del tiempo, y la insurgencia, que no ha realizado casi ninguna acción durante los meses de cese al fuego, concentrando su accionar cuando éste se acabó, mayoritariamente contra las infraestructuras. En lo que se refiere al respeto al DIH, resulta clara la no distinción entre combatientes y población civil en muchos de los hechos recogidos y analizados anteriormente. La Fuerza Pública a menudo se localiza entre la población civil para protegerse de ataques, lo que es claramente contrario al DIH y no garantiza que no sean atacados por los insurgentes; igualmente muchos de los combates que se han dado entre guerrilla y fuerza pública han ocurrido cerca o en zonas pobladas, lo que ha conllevado que algunas personas fueran heridas o asesinadas como consecuencia del fuego cruzado (al menos 5 personas durante estos meses).

3.1 Algunos casos representativos 3.1.1. Municipio de Caloto, Cauca

El día 16 de febrero del 2015, en el municipio de Caloto, en el Resguardo Indígena de Huellas, vereda El Carpintero, aproximadamente las 6:00 de la mañana, cuando los miembros de la comunidad indígena Nasa (compuesta por aproximadamente de 400 comuneros) estaban iniciando sus labores diarias, algunos de ellos se percatan que desde la parte alta de la vereda descendía un contingente de militares (más tarde se pudo constatar que pertenecían a las brigadas Móviles No. 14, 17 y 37 y de Comandos de Operaciones Especiales COPES - GOES adscritos operacionalmente de la Fuerza de Tarea Apolo orgánicas a la III División del Ejército Colombiano). Se dio inicio a un operativo militar donde los militares llegaron a las viviendas de los pobladores, ingresaron a la fuerza y apuntando sus armas de dotación en contra de indígenas indefensos, dispararon al interior de los predios, al aire y contra las paredes, requisaron los hogares y señalaron a los pobladores de ser auxiliadores o integrantes de la guerrilla. Posteriormente preguntaron por la ubicación de la guerrilla mientras rodeaban la zona y finalmente realizaron recopilación fotográfica y videográfica de los pobladores. A un poblador de la zona un grupo de militares intento ponerle a la fuerza un uniforme camuflado. Durante el operativo también utilizaron los hogares indígenas como trincheras de ataque y de defensa, dispararon indiscriminadamente sus armas de dotación desde y en dirección a varias viviendas de pobladores de la vereda, los habitantes se encontraban tirados en el piso, encerrados en sus casas y/o debajo de las camas. Los impactos de arma de fuego afectaron fachadas, techos y pisos, baterías sanitarias y enseres de varias viviendas. Posteriormente se presentó un enfrentamiento armado entre militares y una unidad guerrillera de la Compañía “Ambrosio González” de las FARC-EP, que había instalado un campamento móvil la noche anterior en un apartado lugar de la vereda. El ataque indiscriminado se prolongó durante aproximadamente hora y media, después el grupo de militares se retiró de los hogares indígenas ocupados y se dirigieron hacia la parte alta. Manteniéndose los ataques indiscriminados en inmediaciones de las casas de comuneros indígenas nasas. Mientras duró el operativo también se realizaron otras acciones que involucraron directamente a la población civil. Cerca de las 7:30 de la mañana uno de los soldados al pasar por un lugar en donde se encontraba la tubería del acueducto que abastece de agua a habitantes del sector, le disparó a la tubería y dañó el acueducto. Algunos de los integrantes de la Fuerza de Tarea Apolo se ubicaron a escasos metros de los lugares de habitación de los pobladores, otros ingresaron hasta el aula máxima de la institución educativa de la vereda El Carpintero y otros se apostaron en inmediaciones de la caseta comunal, utilizando nuevamente los bienes protegidos como trincheras de ataque y de defensa y disparando sus armas de dotación de forma indiscriminada. Cerca de las 7:58 de la noche, sobre la zona de la vereda El Carpintero empezaron a sobrevolar dos avionetas y un helicóptero. Posteriormente en tres ocasiones la avioneta rafagueó indiscriminadamente sobre la vereda. El helicóptero lanzo una luz de bengala y posteriormente lanzo dos artefactos explosivos. Asimismo el ataque indiscriminado se trasladó hacia la vereda Natala del municipio de Toribio. Como consecuencia de los hechos, las comunidades indígenas decidieron declarase en asamblea permanente. Según la verificación del Censo de las personas refugiadas en la caseta comunal de la vereda de El Carpintero, municipio de Caloto, son 188 personas representadas de la siguiente manera: Cuarenta y ocho (48) Niños de los cuales dos (2) son infantes, cinco (5) Mujeres lactantes, veinte (20) Adultos mayores, treinta y cinco (35) mujeres, treinta y seis (36) hombres y cuarenta y cuatro (44) jóvenes.

3.1.2. Municipio de Buenos Aires, Vereda La Esperanza Los días 14 y 15 de abril de 2015 en el centro poblado de la vereda La Esperanza, corregimiento El Porvenir, del municipio Buenos Aires (departamento del Cauca), en desarrollo de acciones militares ofensivas de control territorial se presentó un enfrentamiento armado entre un grupo de integrantes del Batallón del Combate Terrestre No. 110, de la Brigada Móvil N° 17, adscrita operacionalmente a la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional con integrantes de la Columna Móvil “Miller Perdomo” de las FARC-EP, en las que se efectuaron ataques indiscriminados en zonas pobladas, ataque y daño en bien cultural (Polideportivo), daño a bien civil, afectaciones psicológicas a civiles y se presentó un saldo trágico de bajas y heridas a combatientes (once (11)militares y un (1)guerrillero pierden la vida y otros veintiún (21)militares resultaron heridos). Aproximadamente un mes antes, el 19 de marzo de 2015, un grupo de 35 militares de la Brigada Móvil N° 17, adscrita operacionalmente a la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional había llegado a la vereda y se instaló en el Polideportivo municipal, donde permanecieron una semana, pese a la solicitud de los pobladores de que se retiraran del lugar ya que les exponían ante un posible ataque de la guerrilla. El 11 de abril DE 2015, de nuevo un grupo de militares llegó a la vereda, volviendo a instalarse en el Polideportivo municipal. En la noche del 14 al 15 de mayo, el grupo de militares fue atacado por la Columna Móvil “Miller Perdomo” de las FARC- EP; en enfrentamientos que duraron más de 6 horas, se vio afectada la población de la vereda, las ráfagas de fusil impactaron varias viviendas, de las que sus pobladores intentaron salir a rastras para poder esconderse en sitios más alejados de los enfrentamientos; varios militares también intentaron refugiarse en viviendas cercanas para huir del ataque, en la cocina de una de éstas fue encontrado un militar muerto.

3.1.3. Municipio de Guapi, Consejos Comunitarios de Alto Guapi y Bajo Guapi, En desarrollo de la acciones combinadas (militares y policiales) ofensivas, sistemáticas e indiscriminadas, en el marco de la operación "Marcial", desarrollada, entre los días 21, 22 y 23 de mayo de 2015, en los territorios ancestrales de los Consejos Comunitarios de Alto Guapi y Bajo Guapi, veredas San Agustín, La Junta, San Vicente, El Rosario, El Naranjo y Temuey del municipio de Guapí en el Departamento del Cauca, en una posible nueva infracción a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) de Humanidad, Necesidad Militar, Distinción y Proporcionalidad. El día 21 de mayo de 2015, sobre el mediodía, se inició un ataque por parte de fuerzas combinadas (Policía y Ejército) contra un campamento guerrillero en Sector El Caucho de la Vereda San Agustín, ubicado a cerca de 70 metros del centro poblado de la vereda; durante los hechos se realizaron bombardeos y ametrallamientos, así como desembarco de tropas en el lugar, que fue seguido de un enfrentamiento armado, afectando a varias veredas, cuyos pobladores tuvieron que refugiarse en las viviendas, interrumpiendo sus labores diarias. Al día siguiente, 22 de mayo, se produjo un nuevo operativo muy similar, con el saldo de 26 personas muertas, presuntamente miembros del Frente 29 de las FARC-EP, así como la detención de un menor de edad que se encontraba herido, y la incautación de armamento, medios de comunicación, equipos electrónicos y material de intendencia.

El día 23 de mayo un nuevo operativo, con bombardeos y ametrallamientos volvió a afectar el mismo sector, además de producirse sobrevuelos que se extendieron a lo largo del río Nati, afectando y atemorizando a los pobladores de las veredas situadas en la zona. Estos operativos afectaron a la protección y seguridad de la población civil, al realizar bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, ataque al medio ambiente, a bienes indispensables para la población civil y ataque a bienes culturales, que a su vez generaron pánico en la población civil y el desplazamiento forzado colectivo al momento se calcula en trescientas cincuenta y dos (352) personas de las cuales 33 familias integradas por ciento sesenta y cinco (165) personas, – veintisiete (27) niños de 0 a 5 años (13 niños y 14 niñas), cincuenta y siete (57) niños de 6 a 17 años (28 niños y 29 mujeres), sesenta y ocho (68) personas entre 18 y 60 años (32 hombres 36 mujeres) y trece (13) mayores de 60 años (6 hombres y 7 mujeres) - proceden de la vereda San Agustín, 44 familias integradas por ciento cuarenta y tres (143) personas proceden de la vereda Las Juntas y 44 personas proceden de la vereda Balsitas.

3.1.4. Municipio de Argelia, Corregimiento El Mango, El lunes 22 de junio los pobladores del Corregimiento El Mango, municipio de Argelia, mostraron su preocupación por el riesgo que corren los pobladores del corregimiento y los agentes de policía en su vida, integridad personal y bienes, debido fundamentalmente a que posiblemente se presentaran enfrentamientos armados en el centro poblado, como efecto de los operativos militares en la zona y la suspensión del cese unilateral al fuego de las FARC-EP, la instalación de la estación de policía en el centro poblado (en casas de civiles que se vieron obligados a desplazarse forzadamente) y el estancamiento del proceso de cumplimiento de la medida cautelar otorgada por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en el cual se resolvió entre otros “Ordenar al Presidente y al Director General de la Policía Tomar las medidas necesarias inmediatas para trasladar la Subestación de Policía del Corregimiento El Mango del Municipio de Argelia del Departamento del Cauca”. Por este motivo se dirigieron a la Estación de Policía e iniciaron diálogos con los agentes con el fin de conseguir que éstos se trasladaran del lugar que ocupaban en ese momento a otro donde no pusieran en riesgo la vida de los pobladores. Como consecuencia de esas conversaciones, el día 23 de junio acordaron la salida de los policías del centro poblado, siendo acompañados éstos por los pobladores en una caravana humanitaria, para garantizar la seguridad de los agentes en su salida del lugar. Tras estos hechos se inició un conflicto entre la comunidad y la Fuerza Pública que se extendió durante semanas. Por un lado, los pobladores exigían que la Fuerza Pública respetara el DIH, así como la medida cautelar otorgada por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de trasladar la estación de policía a un lugar donde no se pusiera en peligro a la comunidad. Por el lado contrario, la Fuerza Pública y las instituciones del Estado insistían en la necesidad de volver al centro poblado del Corregimiento, por la “obligación constitucional de estar en todo el territorio”; además, tanto la policía nacional en un comunicado público como el coronel IVAN RAMIRO PEREZ MANZANO, Comandante Departamento de Policía Cauca, en declaraciones a medios de comunicación señalaron que lo que estaba ocurriendo en El Mango era una acción de las FARC-EP, criminalizando y estigmatizando así a la población que había actuado de forma pacífica. En este conflicto, las partes, así como varias instituciones locales, departamentales y nacionales (Alcaldía, Gobernación…) mantuvieron diálogos con el fin de poder llegar a un acuerdo de solución del mismo, de forma que la Policía pudiera llevar a cabo sus funciones sin poner en peligro a la

comunidad, ni alterar sus actividades cotidianas. En este marco se alcanzó un acuerdo temporal el 27 de junio, en el que el coronel IVAN RAMIRO PEREZ MANZANO se comprometía a que la Policía se instalara durante 15 días en un predio alejado del centro poblado, mientras se buscaba un lugar adecuado para la instalación definitiva de las instalaciones de la policía. Pese a ello, un grupo de agentes de Policía del Escuadrón Móvil de Carabineros – EMCAR al mando del coronel IVAN RAMIRO PEREZ MANZANO ocupó el mismo día 27 la finca de propiedad del campesino MOISÉS GAVIRIA, que dos años antes había sido víctima de la violencia, con la muerte de una hija y su esposa durante enfrentamiento armado entre el Ejército y las FARC-EP. El día 2 de julio el ESMAD ocupó otras seis fincas de campesinos en la zona, poniendo así en grave peligro a las 7 familias campesinas en cuyos predios se instalaron. El día 12 de julio se iniciaron enfrentamientos armados entre la Policía instalada en la zona e integrantes del 60 frente de las FARC-EP. Durante este tiempo, además de la ocupación de predios, el señalamiento y estigmatización de los campesinos, se produjeron otros hechos más violatorios del DIH que pusieron en peligro a la población civil, involucrándola directamente en el conflicto y poniéndola en peligro: amenazas y ataques a defensores de derechos humanos (que estaban realizando acompañamiento humanitario en la zona) y periodistas, privación del servicio de agua al resultar averiado el acueducto como consecuencia de los enfrentamientos, graves heridas a campesinos que se vieron involucrados en medio del fuego cruzado, desplazamiento forzado colectivo de 20 familias (66 personas) habitantes de la vereda Campo Alegre .

3.2. DEPARTAMENTO DE SANTANDER 3.2.1. Región del Catatumbo Ante las 18 situaciones registradas desde el 20 de diciembre de 2014 hasta el 10 de julio de 2015, que constituyen hechos de violación a los derechos humanos e infracciones al DIH, denunciadas principalmente por la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, se pudo evidenciar la profundización de la crisis humanitaria que persiste en la región. Por un lado, encontramos que las acciones por parte de la fuerza pública, Ejército y policía han estado principalmente ligadas a una persecución contra la comunidad y la organización, con intentos de judicialización a partir de detenciones arbitrarias, empadronamientos, allanamientos ilegales, hostigamientos constantes en lugares de reuniones y a los esquemas de seguridad en los que se desplazan miembros de la organización y seguimientos a sus dirigentes. Así mismo, dentro de las denuncias se evidencian acciones violentas que han puesto en riesgo la vida e integridad de la población, como los hechos de disparos de proyectiles morteros desde la base militar Chapinero en el municipio el Carmen, la vereda Chambací, situación que se presentó en semanas anteriores en otra vereda cercana; lo cual tuvo como consecuencia la generación de miedo y zozobra por parte de la comunidad, teniendo en cuenta que uno de los morteros impactó en medio de dos casas de la vereda implicada. Para más información: http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=911:dp-13-de-julio-argelia&catid=137:denuncias-cauca-2015&Itemid=355 http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=category&id=137&Itemid=355

Frente a acciones que en efecto violaron el derecho a la vida se encontraron dos situaciones que permiten inferir que las ejecuciones extrajudiciales siguen presentándose en la región: la primera el 20 de diciembre de 2014 donde se asesina a un campesino a quien se le cambia la ropa por parte de la fuerza pública, pero su familia al enterarse de la situación, se dirigió al lugar de los hechos, acompañados por la inspectora del pueblo e hicieron el levantamiento de la ropa encontrada que pertenecía al campesino ejecutado extrajudicialmente. En esta situación también se denuncia que junto al Ejercito nacional se vio a un hombre encapuchado que amedrenta y amenaza a la población. El segundo caso se presenta el 2 de febrero de 2015 donde en las horas de la madrugada a la altura del puente del río Tibú, lugar donde hay garitas permanentes del Batallón de Caballería mecanizada número 5 (GMAZA), los jóvenes venían escuchando música, al pasar el puente, un soldado dio orden de parar el carro, a pesar de que no había ningún retén y ningún tipo de señalización por parte de los soldados, sin mediar palabra uno o varios soldados dispararon por la parte trasera del carro de manera indiscriminada a pesar que la camioneta Mitsubishi roja de placas LFD 270 se detuvo en medio del puente para someterse a la requisa que la fuerza pública considerara necesaria. En el acto murió el campesino Eleseimer Niño Contreras de 21 años de edad, con un impacto de bala en la parte posterior de la cabeza, y resultó herido el dueño y conductor de la camioneta, Alberto Villamizar, con rozaduras leves provocadas por los disparos. En los medios de comunicación regionales se hizo público comunicado de la brigada que afirma, que desde el carro se disparó a la tropa en dos ocasiones y en dos retenes distintos, dejando entrever que los jóvenes pertenecen a la insurgencia, en un libreto ya conocido para generar falsos positivos. Otra situación que sigue presentándose es el hecho de las erradicaciones violentas de cultivos de uso ilícito, lo cual es una muestra latente del incumplimiento de los acuerdos en el marco de las negociaciones entre el campesinado y el gobierno nacional. A pesar de los acuerdos y conversaciones que se han llevado a cabo desde la MIA departamental y la Cumbre agraria, y frente a los compromisos en el Acuerdo de suspensión de las erradicaciones, el ejército inició a principios de febrero erradicación de los cultivos de coca, situación que los campesinos de la zona ven como una clara violación al acuerdo de suspensión de las erradicaciones.

3.2.1. Situación y Crisis Humanitaria en el Aserrío, municipio de El Tarra Desde el 2 de julio de 2015, en el corregimiento de El Aserrío del municipio de Teorama, el Ejército Nacional ingresó y ocupó el corregimiento del Aserrío, en compañía de miembros de la Sijin, Fiscalía y hombres encapuchados. Esta situación generó miedo y zozobra entre los habitantes de esta parte de la región del Catatumbo, pues la población civil temía un inminente ataque de la insurgencia que opera en la región, a causa de la presencia de la fuerza pública, que se instaló en medio de la población civil y donde esta podía quedar en la mitad de un posible fuego cruzado. Estos miembros de la fuerza pública se acantonaron en el parque central del corregimiento, frente a la iglesia y en las casas que se encuentran por la calle principal y de comercio del corregimiento El Aserrío, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al ocupar estos bienes protegidos por el mismo. De igual forma se vieron en las fincas de los campesinos del corregimiento los cuales denunciaron que de manera irresponsable disparan desde sus casas ubicadas en las fincas hacia las montañas.

La presencia de la fuerza pública dentro de las casas de la población civil, como se evidencia en el corregimiento del Aserrío, la ocupación del parque principal en el cual es transitado y utilizado por los niños y jóvenes del sector para recrearse, la iglesia la cual se encuentra ubicada enfrente del parque, impidiendo de esta manera el desarrollo a que sus feligreses profesen su culto y, lo más importante, el ocupar estos bienes ponen a los civiles como escudos humanos, obligándolos de este modo hacer parte del conflicto armado interno por el cual a traviesa el país. Así mismo se produjeron constantes allanamientos, requisas y solicitudes de documentos de identificación. Frente a este procedimiento se vio con gran preocupación que a los ciudadanos campesinos que no poseen su documento de identidad se les obligaba a que se dejaran tomar fotografías, procedimiento que es ilegal y se encuentra prohibido por la Corte Constitucional, sobre todo cuando estas fotografías posteriormente son utilizadas para realizar “falsos positivos judiciales” orquestados por la fuerza pública para demostrar resultados frente a capturas o bajas exigidas por el Gobierno Nacional. Este hecho genero el desplazamiento forzado de casi 700 personas del casco urbano del corregimiento del Aserrío. Cierre de locales comerciales pues los campesinos no salían a comprar o vender por miedo hacer victimas de señalamientos o montajes judiciales. Entorno a esto, se han realizado dos comisiones de verificación.

3.3. Situación en materia de derechos humanos en el Oriente colombiano: el caso del departamento de Casanare El jueves 12 de febrero de 2015. a las 7:30am aproximadamente, unidades militares del Ejército Nacional adscritas al Batallón de Caballería Montado No. 16 “Guías de Casanare” de la Brigada No. 16, incursionaron en el sector Casa de Zinc de la Vereda Sinai – Municipio de Sacama – Casanare, abriendo fuego contra una vivienda civil donde se encontraban estacionados (alojados) guerrilleros del Frente 28 “Alberto Guevara” de las FARC-EP. En el operativo las tropas oficiales dieron muerte al jefe de finanzas William de Jesús Franco Aguirre, alias “Olimpo” o “Maraco” y capturaron a 3 guerrilleros más, entre ellos, Juan Duque Nieto, alias 'Chucho Díaz', comandante del frente, y dos mujeres, una de ellas indígena menor de edad . Un nuevo hecho se presentó el jueves 15 de junio de 2015. 9:00am aproximadamente, unidades militares del Ejército Nacional adscritos a la Brigada Móvil No. 34 de la Fuerza de Tarea Quiron, incursionaron en el Vereda Caño Grande –Municipio de Tame –Arauca, abriendo fuego contra una vivienda civil donde se encontraban estacionados (alojados) guerrilleros del Frente 28 y 45 de las FARC-EP. En el operativo las tropas oficiales dieron muerte al miembro del Estado Mayor del Frente 28, Elias Tabaco Cucunuba, alias “Libardo” o “Monon”, a la campesina Luz Dary Fandiño y capturaron a 1 guerrillera más.

3.4. Situación de derechos humanos en el marco del Cese Unilateral, 2015

http://prensalibrecasanare.com/judicial/14688-duro-golpe-al-frente-28-de-las-farc-neutralizados-primero-y-segundo-cabecillas.html

Villavicencio Meta Fecha 7-02-2015 4:00 P.M

Hecho Ejercito dispara dentro del resguardo indígena YAGUARA II, contra dos miembros del cabildo. 04 de Agosto de Enfrentamiento con 2015 grupos al margen de la Ley 6-05-2015 helicóptero realiza 6:00 P.M. ametrallamiento sobre ﬁncas de la vereda 26-04-2015 Ráfagas de fusil por 4:00 P.M. espacio de 20 minutos, resultando impactada casa señor RUVELINO BASTIDAS 05-01-2015 Fuerza Aérea 2:50 A.M Bombardeo la ﬁnca “Meleguino” Inspección de Barranquillita, destruyendo cerca de una Hectárea de selva. 07-12-2014 Ráfagas de fusil, 5:30 A.M ametrallaron vivienda. 26-12-2014 Ametrallamiento por 3:10 A.M parte fuerza aérea colombiana, resultando una casa habitada por el señor ALDEMAR GONZALES y su familia, 3-08-2015 El día 3 de agosto a las 8:45 pm, helicópteros de la fuerza aérea colombiana ametrallaron y cohetearon en la vereda la esperanza del municipio de puerto rico por un

Responsable lugar BACOT 54, al mando Municipio teniente TOVAR Macarena

Fuerza Aérea y Ejercito Municipio Nacional Castillo, Vereda La Esmeralda Ejército Nacional – Vereda Caño Fuerza Aérea Mono N° 1 municipio Macarena Brigada Móvil N° 9 Vereda Caño Mono N° 1 municipio Macarena Fuerza Aérea.

Ejército FUDRA

Inspección de Barranquillita, municipio de Miraﬂores, departamento Guaviare

Nacional

Fuerza Colombiana

– Vereda Diamante 2, municipio Macarena Aérea Vereda Primavera, municipio Uribe Meta

DEL EJÉRCITO VEREDA SANTA NACIONAL FUERZA LUCIA Y LA AÉREA COLOMBIANA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO META

24-01-2015

espacio de 20 minutos, ese mismo día a las 8:00 pm ametrallaron y cohetearon en la vereda de santa lucia del municipio de puerto rico por un espacio de 20 minutos. Ejército nacional Ejército Nacional intercepta a dos personas presuntamente de las Fuerzas Armadas de Colombia –FARC, es de aclarar que según información de la comunidad estos fueron ultimados con tiro de gracia, ya que enfrentamiento no existió.

Vereda Fundación, municipio Puerto Rico.

Conclusiones Los hechos de violación de derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario que se han presentado en las zonas rurales, han tenido un aumento desde diciembre de 2014 y en lo que va corrido de 2015 (hasta el 10 de julio), lo cual evidencia el incremento desmesurado de afectaciones a comunidades campesinas e indígenas que habitualmente han estado en los territorios y que buscan la permanencia en ellos. Sin embargo esta lucha por la permanencia se ha visto interrumpida por los contantes ametrallamientos y bombardeos dirigidos en contra del accionar de los grupos insurgentes como las FARC- y el ELN. Pese a que el gobierno nacional y las FARC-EP han mantenido los diálogos de paz, el recrudecimiento de la violencia se continúa viviendo en las zonas apartadas. Los operativos militares que se han orientado en las regiones, bajo la modalidad de operaciones conjuntas han significado golpes importantes al interior de la insurgencia de las FARC-EP , pero a su vez los ataques realizados por parte de este grupo armado, a la infraestructura han sido hechos que han afectado sin duda la economía del país. Los hechos presentados en departamentos como el Cauca, Antioquia, Putumayo, Tolima, Córdoba y Norte de Santander han sido el vivo ejemplo de la crisis en la se ha visto inmersa la mesa de diálogos, sin embargo es de resaltar que pese a los múltiples ataques, las FARC-EP han mantenido su posición de no decaer hasta alcanzar los acuerdos con el gobierno Nacional, ejemplo de ello ha sido la declaratoria de cese uniltateral de fuego y el cumplimiento que se ha dado. En relación con los hechos que acá se relacionan es importante anotar que:

1. A pesar que el Cese uniliateral decretado por la insurgencia significó una mejoría respecto a la situación de la población civil, especialmente rural, con una disminución de las operaciones que afectan personas y bienes protegidos por el DIH, con una disminución en un 10 % las afectaciones, se percibe que durante este periodo también aumentaron las operaciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública, en especial de Bombardeos contra bienes civiles. Las acciones que afectan a la Población Civil y Bienes protegidos disminuyeron durante los periodos de tiempo en los que se ha desarrollado el Cese Unilateral de Hostilidades por parte de la Insurgencia de las FARC-EP, a pesar de la actitud ofensiva por parte de la Fuerza Pública. Si bien la Fuerza Pública continuó activa durante todo el periodo de cese de fuego unilateral, manteniéndose numéricamente el número de operaciones militares mensuales (de 15 con cese a 16 sin cese), se observa un aumento porcentual de las acciones que involucran directamente a población civil con y sin cese unilateral, que pasan del 82´3 % de acciones que afectaron directamente a civiles con cese unilateral al 96´4 % de acciones sin cese unilateral 2. Utilización del Sistema Penal como Estrategia de Guerra, persiste la Judicialización de la Defensa de los Derechos Humanos y el ejercicio del Derecho a la Protesta, a través de la persecución penal mediante las injustas judicializaciones. Éstas se han mantenido todo el tiempo, tanto con el cese decretado, como sin cese, afectando a campesinos y líderes sociales fundamentalmente, a quienes se acusa de ser auxiliadores o colaboradores de la guerrilla o parte de las estructuras insurgentes, deteniéndoles y judicializándoles bajo cargo de rebelión, al que en ocasiones se añaden otros cargos. 3. Se dio una clara disminución de las acciones bélicas que afectan la Infraestructura, especialmente energética, durante el período conocido como Cese Unilateral. Las FARC –EP han realizado, desde que terminó el cese de fuego unilateral hasta el 10 de julio 2015, al menos quince (11) ataques contra la fuerza pública, veintinueve (29) contra infraestructuras (energéticas, viales y petroleras), 7 ataques y quemas de vehículos y 5 ataques contra población civil. En contraposición, durante el cese solamente se identificaron cuatro (4) ataques contra la fuerza pública y 1 contra población civil. 4. Los hechos de violación de derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario que se han presentado en las zonas rurales, han tenido un aumento en el mes de diciembre 2014 y en lo que va corrido de 2015, esta situaciones han conllevado a que se presenten graves afectaciones a comunidades campesinas e indígenas que habitualmente han estado en los territorios y que buscan la permanencia en ellos. Sin embargo esta lucha por la permanencia se ha visto interrumpida por los contantes ametrallamientos y bombardeos dirigidos en contra del accionar de los grupos insurgentes como las FARC- y el ELN. Pese a que el gobierno nacional y las FARC-EP han mantenido los diálogos de paz, el recrudecimiento de la violencia se continúa viviendo en las zonas apartadas. 5. Los operativos militares que se han orientado en las regiones, bajo la modalidad de operaciones conjuntas han significado golpes importantes al interior de la guerrilla de las FARC-EP, pero a su vez los ataques realizados por parte de este grupo armado, a la infraestructura han sido hechos que han afectado sin duda a la población civil, el medio ambiente y la economía del país. Con cese unilateral de fuego, por tanto, se benefició al conjunto del país.

6. Los hechos presentados en el departamento del Cauca, Antioquia, Putumayo y Norte de Santander han sido el vivo ejemplo de la crisis en la se ha visto inmersa la mesa de diálogos, sin embargo es de resaltar que pese a los múltiples ataques las FARC-EP han mantenido su posición de no decaer hasta alcanzar materializar los acuerdos con el gobierno Nacional, ejemplo de ello ha sido la declaratoria de cese unilateral de fuego y el cumplimiento que se ha dado.

RECOMENDACIONES DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS. 1. Al Sistema de Naciones Unidas, países garantes y acompañantes del actual proceso de Paz, la necesidad de crear o fortalecer sistemas de veeduría, control y seguimiento de la actual situación de los territorios en conflicto, el cual de manera especial finge como prioridad en su actividad la observación de las afectaciones a la población civil, ex combatientes y en general personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. 2. A la Fiscalía General de la Nación, investigar y judicializar los hechos respecto a las graves transgresiones al Derecho Internacional Humanitario e iniciar de manera urgente un macro programa metodológico tendiente a desmontar de manera inmediata el paramilitarismo en colombia, especialmente sus expresiones económicas y políticas. 3. A la Defensoría Nacional del Pueblo y en especial su oficinas de Quejas y Alertas Tempranas, realizar seguimiento respecto a los informes de observación presentados por diversas entidades y organizaciones de la Sociedad Civil incluido el Frente Amplio por la Paz, Constituyentes por la Paz y en general organizaciones de Derechos Humanos. Se sugiere a la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas el emitir un informe de riesgo que vincule acciones integrales por parte de los organismos de investigación, control y vigilancia, tendiente a garantizar que graves hechos denunciados no se repitan. 4. A las partes en la negociación, al Gobierno Nacional y a la delegación de Paz de las Fac-ep, a encontrar de manera inmediata un cese bilateral definitivo e integral de hostilidades, que no solo involucre la cesación de las operaciones bélicas, sino también: La no judicialización de dirigentes sociales, amenazas y acciones en contra de la vida e integridad física por parte de grupos paramilitares y desestigmatización de los territorios, afectados por el conflicto social y armado. 5. A los miembros de las partes en contienda, en especial a los miembros de las Fuerzas militares del Estado Colombiano, aplicar la excepción de inconstitucionalidad y desobediencia frente a cualquier acto, orden u operación administrativa que pueda poner en riesgo el derecho a la paz y a la población civil. 6. A los medios de comunicación a contribuir al desescalonamiento del conflicto y la reconciliación nacional a través de la generación de espacios radiales y televisivos que muestren las propuestas e iniciativas de las comunidades rurales y los efectos de la guerra junto con su continuidad.