Migración y Desarrollo es una revista orientada a la reflexión, la investigación y el análisis sobre temas concernientes al vínculo entre migración y desarrollo desde una mirada crítica alterna a la postura dominante: la perspectiva del Sur, cuyo eje central son los derechos humanos. A través de la aludida perspectiva se examina de manera integral, comprehensiva, la problemática derivada de esta relación en el contexto de la globalización neoliberal: explotación laboral, exclusión, discriminación social, violencia, inseguridad humana, criminalización, despojo, desplazamiento forzado, conflictos ambientales. Más que la negación del Norte se trata de una visión incluyente que demanda la redefinición de los indicadores del desarrollo, fundada en el respeto a los derechos humanos en contraposición al paradigma dominante de seguridad nacional que criminaliza y discrimina. La revista se edita en los formatos impreso y digital en los idiomas español e inglés. Contribuye a la construcción del pensamiento crítico en las Ciencias Sociales y en las Humanidades a partir de la minuciosa selección de manuscritos que son evaluados por pares académicos mediante el sistema doble ciego y que se organizan en tres secciones: Artículos, trabajos inéditos y traducciones al español; Coyuntura y debate, ensayos breves sobre temas de actualidad; y La voz de los actores, proyectos e iniciativas de la comunidad migrante (declaraciones, entrevistas, manifiestos, comunicados, principios, acuerdos, protocolos, entre otros). Asimismo, colaboran integrantes de la Red Internacional de Migración y Desarrollo (rimd) e investigadores adscritos a otras instituciones internacionales. Se publican textos con rigor científico y analítico, con metodologías y técnicas de investigación creativas e innovadoras. Es preciso aclarar que no se aceptan aquellos estudios basados en un enfoque unilateral que atienda a los intereses hegemónicos de los principales países receptores de migrantes. Forma parte del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y está indexada en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (Clase) y Scientific Electronic Library Online (Scielo-México).
Migración y Desarrollo, volumen 16, número 30, primer semestre 2018, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas», a través de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Jardín Juárez 147, colonia Centro, 98000 Zacatecas, Zacatecas. Teléfono: (01 492) 922 91 09, www.uaz.edu.mx, www.estudiosdeldesarrollo.net, revistamyd@estudiosdeldesarrollo.net, revistamyd@uaz. edu.mx, Editor responsable: Raúl Delgado Wise. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Vía Red Cómputo 04-2015-060212200400-203, issn : 2448 -7783, otorgados ambos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de última actualización: Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Maximino Gerardo Luna Estrada, Campus Universitario ii, avenida Preparatoria s/n, fraccionamiento Progreso, Zacatecas, 98065. Fecha de la última modificación, junio de 2018. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de los editores de la publicación. Todos los textos aquí incluidos se encuentran bajo la licencia Creative Commons 4.0 Atribución/No comercial/No derivadas
Impreso y hecho en México Printed and made in Mexico
Contenido Juan Artola 1950-2018 Lelio Mármora
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Artículos La problemática socionatural: cómo la migración reproduce las desigualdades en la era del cambio climático Thomas Faist
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¿Una nueva «gobernanza» de la migración? Lo que dicen las organizaciones internacionales Antoine Pécoud
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Replanteando el brexit como un nacionalismo progresista: perspectivas de la migración laboral y los estándares laborales Charles Woolfson
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Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos de los países del norte centroamericano, México y Estados Unidos, en materia de tráfico de migrantes Rodolfo Casillas R.
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Tendencias y patrones de la migración de retorno en México Alejandro I. Canales y Sofía Meza
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Coyuntura y debate
Representaciones mediáticas y migración: análisis de discursos periodísticos respecto al coyotaje en la «crisis migratoria» de 2014 Eduardo Torre Cantalapiedra
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La voz de los actores Pensando en clave psicosocial y confesional. Testimonios dentro de los albergues de migrantes Jorge Antonio Morales Cardiel
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Juan Artola 1950 -2018 Lelio Mármora* La Red Internacional de Migración y Desarrollo y la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo lamentan profundamente el fallecimiento de nuestro entrañable amigo y compañero, Juan B. Artola Belvis, acaecido en Montevideo, Uruguay el 7 de enero de 2018. Juan Artola fungía como Secretario Ejecutivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo, fue durante varias décadas funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones y se destacó siempre por sus contribuciones académicas y su inquebrantable compromiso político con los derechos humanos de los migrantes. Su importante legado y ejemplo de vida nos acompañarán siempre.
El recuerdo de Juan Artola conduce necesariamente a la imagen de un gran lector, tanto de novelas de ficción como de trabajos científicos. Su amistad y afectos iban muchas veces acompañados con su generosidad, leía los libros y después los regalaba a los amigos. Juan B. Artola Belvis nació en Montevideo, Uruguay, el 2 de febrero de 1950, se casó y tuvo dos hijos. Entre 1969 y 1973 estudió Sociología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Montevideo. * Director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA), Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina.
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En 1996 completó una Maestría en Relaciones Internacionales, con especialización en Negociaciones Internacionales, en la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua. Su trayectoria personal y profesional lo llevó a recorrer diversos países y a ejercer diferentes funciones como investigador o como gestor de políticas y programas, especialmente en el tema migratorio, que ocupó gran parte de su vida. A princios de la década de 1970 partió de su país natal, Uruguay, perseguido por la dictadura militar en ese momento en el poder. Desde entonces comenzó su participación en varios proyectos y programas en distintas regiones de América Latina. Fue funcionario a cargo de América Central, México y el Caribe de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos, entre 1976 y 1981 residió en Ginebra, Nueva York y México. De 1981 a 1985 fungió como consultor de planificación territorial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) en la zona sur de Nicaragua. De 1985 a 1988 trabajó en Nicaragua y Costa Rica como consultor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (acnur) en proyectos para refugiados centroamericanos. Dentro del área de las organizaciones no gubernamentales en el tema migratorio fue Secretario Ejecutivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo, desde agosto 2013. Desde 1988 inició actividades en la Organización Internacional para las Migraciones (oim), los cargos que ha desempeñado son múltiples: jefe de misión, oim Nicaragua (1988 -1991); jefe de misión, oim Managua (1991-1996); oficial regional de desarrollo de proyectos, Oficina Regional de oim para la zona andina, Lima (1997-1998); jefe de misión, oim Puerto Príncipe (1998 -2001); jefe de misión para República Dominicana y Haití, oim Santo Domingo (2001-2004); jefe de misión, oim México (2005 -2009); director regional para América del Sur oim (2010 y 2012). Aparte de su trabajo en la oim, enfocado principalmente en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, Artola desarrolló de manera paralela actividades en el campo académico, en específico docencia, elaboración de ensayos o investigaciones sobre la problemática migratoria. En su carácter como profesor trabajó en la Maestría en Políticas de Migraciones Internacionales, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires (desde 2006); Maestría sobre Políticas y Gestión de las Migraciones Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires (desde 2013); impartió los cursos de Especialización (virtual) sobre políticas migratorias internacionales; y Migraciones Internacionales,
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en la Organización Internacional para las Migraciones, Mar del Plata, Argentina (desde 2006 ). Concerniente a sus investigaciones cabe destacar su labor como miembro del equipo de investigación sobre Población haitiana en República Dominicana (2002-2003), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y oim. Asimismo formó parte del proyecto en torno a los «Trabajadores temporales en la zona fronteriza de los estados de Chiapas y Tabasco, 2007, México» (Centro de Estudios de México y Centroamérica, San Cristóbal de las Casas, México y Organización Internacional para las Migraciones). Entre sus publicaciones destacan las siguientes: El tráfico de niños haitianos hacia República Dominicana (2002); Los nuevos rostros de la migración en el mundo (2006); What is new in the new multilateral discussions on migration, International Network on Migration and Development, Research Series (2008); La relación entre migración y seguridad: realidades y desafíos (2011); «Las relaciones entre migración y seguridad y su impacto en los flujos migratorios en México», en Relaciones Estado-diáspora: la perspectiva de América Latina y el Caribe (2006); «La Frontera Sur de México», en Intra-Caribbean Migration and the Conflict Nexus, Human Rights Internet (2006); «Migración internacional: escenarios y desafíos», en ¿Invisibles? Migrantes internacionales en la escena política (2007); «La nueva agenda internacional de las migraciones», en Migraciones en el Sur de México y Centroamérica (2009); «Las migraciones en la agenda multilateral», en México: país de migración (2010); y el artículo «Debate actual sobre Migración y Seguridad» (Migración y Desarrollo, 2005). Tanto la producción intelectual de Juan, su espíritu crítico, así como sus valores humanos de solidaridad y amistad quedarán por siempre en nuestro más querido recuerdo.
La problemática socionatural: cómo la migración reproduce las desigualdades en la era del cambio climático The socio-natural problematic: how migration reproduces inequalities in the era of climate change
Resumen. La migración transfronteriza es una de las diversas maneras en que las personas
se han adaptado al lento y al rápido advenimiento de los cambios medioambientales del Antropoceno, era en que las actividades del hombre han producido consecuencias globales relevantes hacia los ecosistemas del mundo. A fin de explorar las desigualdades se requieren estudios sistemáticos acerca de cómo la migración surge a partir de complejas interacciones entre los procesos sociales (políticos, económicos, culturales) y medioambientales. Hasta ahora, dos generaciones de académicos se han referido al debate del cambio climático y la migración. La primera teorizó la migración como una respuesta mecánica al cambio climático; mientras que la segunda conceptualizó la migración vinculada al cambio climático como una adaptación en las relaciones y en la seguridad humana, al ubicar en el centro de la cuestión las acciones del hombre. El énfasis en el «migrante resiliente» ha negado los efectos del cambio climático en las categorías de la clasificación de personas según las desigualdades sociales. Este estudio analiza la evolución de los conceptos en los debates acerca del nexo migración y cambio climático y algunos mecanismos sociales de (re)producción de las desigualdades. Palabras clave: cambio climático, seguridad humana, migrante resiliente, inequidad social. Abstract. Cross-border migration is one of the many ways in which people have adapted to
both the slow and sudden advance of environmental changes in the Anthropocene epoch, in which the activities of human beings have produced global consequences for the world’s ecosystems. This paper aims to explore the inequalities that require systematic study with regard to how migration increases as a result of the complex interactions between social (political, economic, cultural) and environmental processes. To date, two generations of researchers have engaged the climate change debate as it relates to migration. The first theorized migration as a mechanical response to climate change; while the second conceptualized migration as being tied to climate change as an adaptation in the relations governing human security, situating at its core the question of human beings’ actions. The emphasis on the «resilient migrant» has omitted the effects of climate change on the categories of classification of people according to social inequalities. This paper analyzes the evolution of those concepts in the debates around the migration-climate change nexus and some of the social mechanisms of inequality reproduction. Keywords: climate change, human security, resilient migrant, social inequalities.
* Profesor de Estudios Transnacionales, Desarrollo y Migración de la Universidad de Bielefeld, Alemania. Traducido del inglés por Jorge Miguel Veizaga Rosales y Georgia Aralú González Pérez.
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issn impreso 1870 -7599 | issn red cómputo 2448 -7783 | 11-29
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El debate sobre migración y cambio climático ha sido alentado y sostenido por los reiterados y terribles escenarios relativos al número de personas que supuestamente serían desplazadas en las próximas décadas. Las cifras oscilan entre 200 y 700 millones de «refugiados climáticos» para el año 2050 (cfr. Myers y Kent, 1995; Christian Aid, 2007). El cambio climático «se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y en la cual se observa la variabilidad natural climática a lo largo de periodos comparables» (unfccc, 1992:3). Desde finales de la década de 1980, los Reportes Evaluativos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (ipcc por sus siglas en inglés) han sido parte del constructo científico del consenso que se ha mantenido relativamente estable con respecto a un factor clave: la sensibilidad del clima de acuerdo con la duplicación del co2 atmosférico, expresada en el incremento previsto de la temperatura media global. Existe además evidencia que sugiere, por un lado, una correlación positiva entre el volumen de los flujos migratorios de 172 países y, por el otro, los indicadores de pesca excesiva, desertización, escasez de agua, salinización del suelo, deforestación, contaminación del aire, erosión del suelo y consecuente contaminación (por ejemplo, Faist y Schade, 2013). De manera que los efectos negativos del cambio climático son valorados como un caso especial de la degradación medioambiental. Esto último implica también procesos que no se relacionan ni casual ni directamente al calentamiento global, por ejemplo el impacto de los proyectos de desarrollo (cfr. construcción de represas y proyectos de desarrollo). El pensamiento simplista que subyace a los desalentadores escenarios acerca del dramático incremento de refugiados climáticos es que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (gei) en particular y la degradación medioambiental en general aluden a que las personas están obligadas a responder de modo directo a las consecuencias del cambio climático, tal es el caso de la elevación del nivel del mar, hecho que propicia migrar hacia áreas de mayor altitud. Aunque al parecer la naturaleza y la sociedad/cultura pueden separarse claramente; es una dicotomía falsa. Sería mejor concebirla como un vínculo. La división entre naturalezasociedad y naturaleza-cultura asume una respuesta mecánica unilineal, insostenible por dos razones. Primera, los seres humanos han alterado el clima en el que
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Cambio climático y migración en el Antropoceno
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vivimos, de ahí que el químico Paul Crutzen en los 1990 popularizó el término Antropoceno, el cual sostiene que los humanos se han convertido en una fuerza geológica. Segunda, los riesgos asociados con el cambio climático se experimentan de distinta manera por diversos grupos de individuos. En resumen, las vulnerabilidades son diferenciadas. Ello es comprensible si se observan las desigualdades sociales involucradas en la dinámica de la degradación medioambiental y en la movilidad de los afectados. Lo anterior puede verse como una suerte de relación transversal: a pesar de que las emisiones de gei no pueden ser detenidas por las patrullas fronterizas, las consecuencias en las desigualdades sociales son muy irregulares. Los sectores más pobres de la población mundial, es decir, aquellos que menos han contribuido al calentamiento global, son los más golpeados (Human Development Report, 2007). Aun así, gracias a décadas de investigación sobre migración internacional, se sabe que los estratos más pobres de las sociedades son los más proclives a participar en la migración transfronteriza (Ahmed, 1997). En ese sentido, la relación entre la migración inducida por el cambio climático y las desigualdades sociales asociadas deben complementarse desde una perspectiva en correspondencia con factores socionaturales inherentes. Dicho enfoque enfatiza de igual modo que el cambio climático no sólo se refiere a la previsión científicamente determinada de los peligros, sino que además debe integrar aspectos sociales y naturales. Por ende, las interrogantes empíricas fundamentales son las siguientes: ¿de qué manera impactan las desigualdades sociales del cambio climático en la migración y cómo ésta (re)produce tales desigualdades?, ¿qué mecanismos operan? El Antropoceno se caracteriza tanto por un aspecto social —el conflicto entre el capital y el trabajo en el siglo xix— como por un aspecto socionatural. En otras palabras, no nos enfrentamos únicamente a las dinámicas y a las consecuencias de la explotación de humanos por humanos, pues este mecanismo básico se correlaciona con la explotación de la naturaleza por los seres humanos —y las consecuencias que esa explotación entraña en las relaciones sociales en un sentido amplio— sino también a las implicaciones migratorias y las desigualdades en el contexto del cambio climático presentes en las investigaciones. Los efectos del cambio climático han producido muy diversos procesos: existe la migración que deriva de la lenta degradación y aquella del cambio rápido. Un ejemplo del cambio lento se observa en varios de los Estados Isla del Pacífico en el transcurso de la década pasada (cfr. Shen y Gemenne, 2011) y
También se la conoce como la «Paradoja de Giddens» (Giddens, 2009), ya que Anthony Giddens aplicó esta vieja idea al cambio climático. 1
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desastres masivos, tal es el caso de las inundaciones de distintas ciudades en los deltas de los ríos, por ejemplo en Bangladesh (Etzold et al., 2016 ). Los efectos del cambio climático de inicio lento podrían ser más drásticos en el futuro, de ahí que sea imprescindible tomar en cuenta la paradoja de la degradación.1 Ésta consiste en que las secuelas negativas del cambio climático no son visibles de inmediato en la vida diaria. Así, el argumento indica que la mayoría de la gente no hará nada al respecto hasta que las consecuencias sean devastadoras. No obstante, en ese momento podría ser demasiado tarde, tanto para mitigar el cambio climático como para adaptarse de manera creativa. Podríamos comparar semejante situación con la que enfrenta un fumador. Los fumadores normalmente son conscientes de que su hábito es peligroso, incluso la mayor parte del daño se produce antes de que comiencen a experimentar reacciones negativas en su salud, de modo que dejan de fumar hasta que ya es demasiado tarde. La paradoja de la degradación posee importantes implicaciones en los estudios de la migración en el sentido de que no debemos esperar que el cambio climático se genere seguido por un desplazamiento inmediato. Con todo y eso, se ha hecho hincapié en los múltiples casos de cambio climático de inicio rápido (Black, Kniveton y Schmidt-Verkerk, 2013). Ya sea que se considere un cambio climático de inicio lento o de inicio rápido, los estudios migratorios son óptimos cuando se analizan las dinámicas internas del movimiento transfronterizo y se aplican conceptos que comprenden las dinámicas endógenas (autogeneradas): causación acumulativa y pobreza relativa (véase, por ejemplo, Massey, 1990). Sin duda esto debe continuar. Debe considerarse más que antes la forma en que los factores exógenos —como el cambio climático— se convierten en endógenos dentro de los procesos de movilidad, es decir, tomar en cuenta cómo las personas y las organizaciones tratan de hacer frente a la transformación de su entorno. Bajo esta perspectiva es necesario partir de un antiguo y valioso supuesto acerca del «excepcionalismo» del ser humano, en especial en la sociología. Durante gran parte del siglo xx, los sociólogos insistieron en la relación dual que mantienen los seres humanos con el medioambiente, al estar sujetos a límites biológicos y físicos, aunque nunca negaron su capacidad única de cultura y de comunicación simbólica. En realidad, ese es el trasfondo en contra de las suposiciones sociológicas acerca de los hechos sociales. No sorprende que una de sus
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premisas centrales sea que un hecho social siempre se basará en otro hecho social en oposición al hecho psicológico. Lo anterior tiene su origen en una de las figuras fundadoras de la sociología quien sostiene que la «realidad objetiva de los hechos sociales» (Durkheim, 1964) supera a todos los esfuerzos por incorporar factores naturales. Ello impide la discusión de hechos que no sean puramente sociales, por ende, rechaza o al menos subestima los hechos biológicos y físicos, incluso realiza ciertas objeciones a la investigación sobre la confluencia de los factores biológicos, físicos y sociales. Consecuentemente, en la actualidad existe una creencia generalizada de que el entorno biofísico podría ser ignorado. Dicho fundamento también se vincula con las creencias acerca de la naturaleza excepcional de la especie humana. Lo cierto es que, tal como el cambio climático lo muestra, los seres humanos en definitiva no estamos exentos de las limitaciones ecológicas quizá porque manipulamos los principios naturales. Es evidente que debemos rechazar ese «excepcionalismo» (Dunlap y Catton, 1979) en los estudios migratorios e incluir lo que podría denominarse hechos socionaturales. Es prioritario ejecutar acciones para trascender la perspectiva del «excepcionalismo». Primero, debe observarse la mutua interacción entre la naturaleza y la sociedad y la cultura. Estos enfoques se hallan de manera implícita en los textos de Karl Marx (1981), los cuales abordaron la transformación mutua de la naturaleza y la sociedad en el proceso del capitalismo, además avizoró la brutal explotación de la naturaleza por el hombre, que resultó en una «fisura metabólica» (Foster, 2000). Sin embargo, esta conceptualización todavía se refiere a la naturaleza y a la sociedad como dos entidades diferentes. Frente a ello existe una segunda tarea. Si es plausible asumir que la naturaleza y la sociedad se complementan una a otra, se tendrían que pensar como un nexo. Por ejemplo, los seres humanos son parte de su entorno socionatural al respirar aire (y gérmenes) que a su vez permite la vida y el cambio, de igual modo determina su posición en el tiempo y el espacio. En ese contexto, la segunda parte del análisis se concentra en la manera en que las dos generaciones previas han desarrollado el debate del cambio climático y la migración. El argumento es que se requiere de una tercera generación que preste más atención al modo en que las respuestas al cambio climático, incluyendo la migración (como adaptación), participan en la reproducción de la estratificación social existente. La tercera parte detallará la relación entre la migración y las desigualdades como una cuestión socionatural en el contexto del cambio climático.
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El vínculo entre naturaleza y sociedad/cultura bajo la forma de la relación entre el cambio climático y la migración ha atravesado hasta ahora dos generaciones enteras de académicos, pero se requiere de una tercera generación que se sustente en los argumentos de la segunda. En los 1980 y hasta principios de la década de 2000, la primera generación de académicos que estudiaban el vínculo entre migración y cambio climático se concentró en la idea del refugiado medioambiental, vulnerable tanto al lento como al rápido advenimiento de la presión del clima. La definición más difundida del refugiado medioambiental es aquella que se refiere a «las personas que han sido forzadas a dejar su hábitat tradicional, temporal o permanentemente, debido a un claro desorden medioambiental (natural y desencadenado por el hombre) que ha amenazado y afectado gravemente su calidad de vida» (El-Hinnawi, 1985). En términos de una perspectiva alarmista y muy maximalista dicha concepción se adecua bastante bien, pues las nocivas consecuencias del cambio climático amenazan los medios de vida, la seguridad del Estado y deriva en conflictos armados, los cuales desencadenan mayor migración. De modo que los escenarios más comunes predecían que los cambios medioambientales y los desastres obligarían a millones de personas a dejar sus hogares (cfr. Myers y Kent, 1995). Siguiendo la línea de la argumentación, la presión medioambiental conduce a una mayor competencia por la tierra, la invasión de áreas ecológicamente frágiles y el empobrecimiento. Paralelamente, esos eventos provocan conflictos políticos y étnicos que precipitan la violencia y la guerra que con frecuencia son las causas inmediatas del escape de la población. En consecuencia, millones de refugiados deben salir de sus países, por lo que se espera que pidan asilo en países desarrollados, o que ingresen a ellos como migrantes indocumentados. Los que logran escapar a países vecinos son considerados una amenaza que atenta contra la cohesión social y contra la identidad nacional de la población nativa. La mayoría de estos motivos es de «sentido común»; a medida que se eleva el nivel del mar o que los bosques desaparecen, el individuo tendrá que moverse. No obstante, hay abundante evidencia de que la secuencia causal que va de la degradación al conflicto y a la migración podría ser muy sencilla. De inmediato se planteó una crítica obvia: rara vez el deterioro de las condiciones climáticas
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Tres generaciones en el debate del cambio climático-migración
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es la única causa de la emigración. Por lo regular, la migración es una práctica ocasionada por múltiples razones, en este caso, la interacción de las condiciones naturales y a menudo la percepción de que las condiciones económicas y políticas son más propicias para conseguir oportunidades de vida en el extranjero. En otros términos, la migración forzada siempre tiene múltiples causas. Incluso en una situación extrema como en la de Bangladesh, ejemplo que muestra la esencia del desplazamiento medioambiental, es posible encontrar una compleja causalidad para el empobrecimiento y la migración, misma que incluye patrones de propiedad de la tierra, divisiones étnicas y principalmente proyectos de desarrollo económico. Los estudiosos de la migración se percataron de que los factores exógenos, a menos que sean de carácter extraordinario (inundaciones o erupciones de volcán) rara vez derivan en una respuesta migratoria masiva, directa y mecánica, aun en Estados Isla del Pacífico, donde el peligro de inundación es permanente en la visión de sus habitantes. Además del cambio climático, otras causas que funcionan como importantes predictores de la migración son las oportunidades económicas en el extranjero (Fornalé, Guélat y Piguet, 2016 ). Pese a todo, la primera generación del debate fue crucial en la investigación, puesto que resaltó el evidente vacío en la teoría de la migración. En resumen, fue la investigación medioambiental la que dramatizó el vínculo y sugirió un número muy elevado de migrantes potenciales, mientras que los estudiosos de la migración enfatizaron en la ubicuidad de la movilidad y en la observación de que la migración inducida por el cambio lento del clima se ajustaba a los patrones de migración ya determinados. Los flujos establecidos de migración internacional no representan más de 3 por ciento de la población mundial. Si bien las teorías de migración son capaces de explicar el lento inicio del cambio y la migración, no ofrecen respuestas para el rápido inicio del cambio, hecho que denota una gran ausencia en las teorías de migración. El debate en la primera generación de académicos se sustentaba en la premisa de que la política mitigaría el cambio climático. A medida que en el nuevo milenio era cada vez más notorio que el calentamiento global continuaría aun cuando se tomaran medidas radicales de mitigación, el discurso respecto al vínculo también comenzó a cambiar de forma gradual. En la segunda generación, la adaptación y la protección de la seguridad humana ocuparon la agenda de investigación y política. Concerniente a la adaptación, las personas debían ajustarse a condiciones climáticas y medioambientales cambiantes a fin de moderar los efectos dañinos del cambio climático. Según el
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Panel Internacional sobre el Cambio Climático (ipcc), un grupo de expertos que documenta y explica el cambio climático, es el «proceso de ajuste al clima actual o esperado y a sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación busca moderar los daños o aprovechar las oportunidades benéficas» (ipcc, 2014:5). Las propuestas para la adaptación tienen dos versiones: adaptación in situ, como control de inundaciones y ajuste de cosechas o migración interna e internacional, incluyendo la relocalización. Tienen en común que no son meras respuestas y ajustes mecánicos al cambio climático, en todo caso es la intervención activa de los humanos lo que se ubica en el centro de la adaptación (cfr. Simonet, 2010). Para legitimar esta perspectiva cambiante, las teorías migratorias empezaron a desempeñar una función cada vez más importante en la investigación sobre el cambio climático y en el diseño de políticas; aunque todavía en un nivel muy bajo en comparación con el impacto de la investigación y el activismo medioambiental, que continúan indignados por las consecuencias del cambio climático. Complementariamente, los reportes del ipcc muestran que la migración se ha vuelto más significativa cuando se discuten las posibles respuestas. Dentro de esta narrativa de adaptación emergente y en consolidación destacan los enfoques de la nueva economía de la migración laboral (nelm, por sus siglas en inglés) y de los medios de vida. Ambos enfoques sostienen que los migrantes (potenciales) asumen el riesgo ejerciendo su representación, de ahí que en los estudios migratorios se empleaba la premisa de que la movilidad espacial además de reactiva es proactiva. La nelm describe las decisiones migratorias como una respuesta a la imposibilidad de conseguir seguro formal o como una manera de diversificar el ingreso a través de la migración como un acuerdo informal de préstamo (Poirine, 1997). Por su parte, desde el enfoque de los medios de vida, que observa desigualdades en la disponibilidad de recursos y en su expansión, y de nuevo la migración, es una manera de diversificar las fuentes de ingreso mediante las remesas (Ellis, 2000). Esta segunda generación de académicos se caracterizó también por otro cambio: la seguridad no se consideró únicamente como seguridad del Estado, sino como seguridad humana, en contraposición a la situación previa. La seguridad humana se define como «una condición que existe cuando el núcleo vital de la vida humana está protegido y cuando las personas poseen la libertad y la capacidad de vivir con dignidad» (ipcc, 2014:759). La seguridad humana se empleaba junto con otro término de moda: resiliencia. El migrante resiliente surge
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como la figura característica de aquel que se adapta. En la terminología del reporte Foresight (2011) se describe como alguien de gran movilidad y muy emprendedor al momento de forjar su destino bajo condiciones adversas y que participa en la «adaptación transformativa», principio opuesto a la simple «adaptación incremental». En biopolítica, la figura del migrante resiliente (no el concepto de adaptación) podría interpretarse como la reencarnación neoliberal del migrante contemporáneo (Bettini, 2014). En general, el uso de la resiliencia como una estrategia para adaptarse al cambio climático se vincula de modo estrecho con las principales ideas de la asociación entre migración y desarrollo. Sobre la base de sus propios recursos, los migrantes producen beneficios que se consideran positivos para quienes se quedan en el lugar de origen, en concreto, miembros de la familia, e incluso colectivamente. Lo anterior se parece a la idea de los «migrantes como agentes del desarrollo», en el reciente debate sobre migración y desarrollo, alentado por el Banco Mundial a comienzos de los años 2000. El principal mecanismo que permite la consecución de la «triple-ganancia», tanto para los migrantes y aquellos que les importan (incluyendo sus comunidades de origen), como para los países de emigrantes y los Estados de inmigración, son las remesas financieras y sociales. Esto significa que, en última instancia, son los propios migrantes los responsables de procurar la adaptación al cambio climático, de modo que eximen de responsabilidad a los gobiernos y a las organizaciones internacionales. Se requiere entonces, como ya se había indicado, de una tercera generación académica que se constituya a partir de la segunda que aún está en curso. En general, la idea de adaptación como agencia proactiva debería conservarse mas no el concepto de resiliencia que es excesivamente ideológico. Se debe tomar en cuenta más que nunca que la adaptación a cambios climáticos adversos (re) produce aspectos socioestructurales y de estratificación social, como las desigualdades sociales. Un hallazgo trascendental y consolidado es que aquellos que carecen de poder, estatus, recursos y quienes, por tanto, están en desventaja relativa con respecto a esos criterios, son los más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático (McLeman, Schade y Faist, 2016 ). Todavía más: la vulnerabilidad y la exposición a las consecuencias del cambio climático es más alta en regiones y comunidades definidas como economías extractivas (materias primas), conectadas con una débil institucionalización de la sociedad civil, en especial ingresos altos y desigualdades de riqueza y un grado relativamente bajo de libertad de prensa (Roberts y Parks, 2007).
La reproducción de desigualdades categóricas Las desigualdades sociales aluden a la distribución desigual de costos y beneficios referidos a bienes entre unidades sociales tales como individuos, grupos, organizaciones, regiones y estados. Los bienes o recursos involucrados pueden ser de tipo económico (ingresos, propiedad de la tierra); político (autoridad del hogar, autoridad en el lugar de trabajo, autoridad legal); cultural (estilo de vida); social (acceso a redes sociales, es decir, capital social); honorífico (prestigio, reputación); civil (derechos, ciudadanía); y humano (habilidades, educación formal). La distribución desigual de esos recursos involucra diversas posibilidades para acceder a y para moverse entre, por ejemplo, las posiciones sociales definidas por las clases. Propician además, la diferencia en términos de oportunidades de vida, aun así se vislumbra cierta disparidad en cuanto al acceso y
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Al considerar el amplio contexto en el que está ocurriendo la migración relacionada con el clima, es relevante notar que los principales productores de los cambios climáticos, cuyos efectos negativos en las oportunidades de la gente, se hallan geográfica y socialmente separados de los más afectados, quienes replican con varios argumentos. Sin embargo, las percepciones sobre esos argumentos están sesgadas. La mayor parte de la atención en los países de la oecd y en la investigación se concentra en grupos capaces de llevar a cabo la migración internacional. En adición, la migración transfronteriza usualmente requiere más recursos que la migración interna o algún tipo de ajuste in situ. Se presta menos atención a las personas que son desplazadas al interior de los estados y a aquellos que no tienen esperanza y han sido despojados, incluso aunque pretendieran alejarse de zonas peligrosas no pueden moverse. Nociones como la vulnerabilidad propician dudas acerca de las capacidades diferenciales para enfrentar los cambios climáticos. A fin de evaluar las desigualdades sociales, se utilizan normas de igualdad, por ejemplo la satisfacción de los derechos humanos básicos, considerados como parámetros que permiten estimar otras categorías de desigualdades. En resumen, esta tercera generación aquí prevista plantea la manera en que los eventos socionaturales se encuentran implicados en la reproducción de las desigualdades sociales y la estratificación actuales, complementariamente contribuye al cambio de las instituciones sociales y de las percepciones culturales en torno a la problemática socionatural.
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al empleo de recursos. Las desigualdades no siempre son observables de modo directo, en especial si se toman en cuenta los patrones de desigualdad muy arraigados, como las estructuras de clase (cfr. Van Hear, 2014). En el otro extremo del espectro, varios patrones de desigualdad se observan y miden con mayor facilidad, por ejemplo la movilidad social de individuos y grupos. Pese a que en ciertas categorías, como el género, la desigualdad no está ausente, es indispensable distinguir de modo analítico entre dos conceptos, es decir, categorías que denotan heterogeneidad pero muestran la diferencia. Heterogeneidad no es lo mismo que desigualdad. Ciertas heterogeneidades —género, etnicidad, edad, estatus legal, religión y grado en el cual las personas o grupos mantienen vínculos a través de las fronteras (transnacionalismo)— en términos de la desigualdad radica en la adscripción de los grupos sociales a las categorías: las distinciones categóricas y las clasificaciones culturales de las heterogeneidades atribuidas a individuos y grupos poseen implicaciones tangibles con relación a la distribución de recursos materiales y simbólicos. Esto supone que las categorizaciones referidas a heterogeneidades derivan en desigualdades sólo si dichas transacciones reproducen límites estables y persistentes entre categorías. De ahí que la expresión «desigualdades categóricas» (Massey, 2007) sea apropiada para describir los procesos de categorización a partir de heterogeneidades. La causalidad entre desigualdad y migración dentro del cambio climático se puede observar en ambos sentidos, desde las desigualdades hacia la migración y viceversa. Concerniente a la migración como resultado de la desigualdad, ya se ha documentado que la clase como heterogeneidad desempeña un papel fundamental, puesto que los segmentos más pobres de la población son vulnerables a los riesgos medioambientales (para las siguientes afirmaciones empíricas, véase los estudios de caso en McLeman, Schade y Faist, 2016 ). Estos grupos normalmente pueden moverse dentro de sus países; no obstante, el cruzar las fronteras internacionales a largo plazo podría ser la única opción, tal es el caso de los Estados Isla que se han hundido. En ese contexto, la relocalización puede garantizar una vida digna; todos los habitantes de la isla Kiribati han sido relocalizados (Schade, 2013). Aunque en ocasiones esos costosos programas podrían ser un fracaso, por ejemplo, los inuits de Alaska fueron relocalizados en áreas que en la actualidad se están convirtiendo en pantanos (Bronen, 2013). Referente a las poblaciones atrapadas que ni son capaces de generar una adaptación in situ, ni de optar por la migración como adaptación la situación es precaria. Esta categoría de personas
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constituye la mayor parte de los afectados por la destrucción del medio ambiente y el cambio climático. La intersección entre clase y género representa un nexo obvio: las mujeres son particularmente vulnerables, al igual que los que no tienen tierra, pues la probabilidad de que ellas mueran en el caso de un desastre natural es ocho veces mayor que la de los hombres (Adeniji, 2011; ipcc, 2014). Las personas que no son pobres deciden migrar como un mecanismo para acumular oportunidades (Tilly, 2005), ello comprende la disponibilidad de una cierta cuantía de recursos financieros o lazos sociales que reduzcan los costos y los riesgos de la migración transfronteriza de larga distancia. Más allá de las heterogeneidades mencionadas (clase, género, edad, religión, localización/ciudadanía o etnicidad), son las espaciales las que marcan la diferencia al momento de enfrentar los riesgos inducidos por el cambio climático. La población en áreas urbanas se caracteriza por su capacidad para manejar el cambio climático, en el Norte global más que en el Sur global, etcétera. La gente suele migrar en la dirección equivocada hacia lugares amenazados por inundaciones y no lejos de ellas. Así sucede con la migración hacia áreas urbanas en los deltas de los ríos de mínima elevación, como Dhaka y Shanghai (Lasailly-Jacob y Peyraut, 2016 ). En cuanto al sentido contrario, es decir, de la migración a las desigualdades, las remesas son un planteamiento esencial en la investigación, se argumenta que las remesas financieras (y sociales) de la migración transfronteriza suelen reproducir las estructuras de clase en la población de origen. Existe también un cúmulo de evidencia, por ejemplo, en los Estados Isla del Pacífico y en México, las remesas tienen efectos ambiguos en tanto contribuyen a la reducción de la pobreza y exacerban las desigualdades (véase Aksakal y Schmidt, 2015). En sí, las remesas poseen ventajas y desventajas debido a la ubicuidad de los riesgos de daño moral en la escala de los estados y de los hogares. Los gobiernos emplean las remesas con la intención de corregir los déficits monetarios, incluso podrían evitar cambios estructurales en la provisión de la protección social, como en la salud y la educación. Después de todo, gran parte se destina a esas dos áreas. Con respecto al hogar, los familiares podrían hacerse más dependientes al contar con el ingreso proveniente del exterior en vez de reconstituir las fuentes de ingreso locales (Horst et al., 2014). El estatus legal es otra heterogeneidad asociada con las desigualdades en la migración. Se trata de algo crucial puesto que se refiere a la constitución políticolegal de la categoría de refugiados climáticos. Uno de los obstáculos científicos fundamentales —y aquí es donde de nuevo la cuestión socionatural se vuelve
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preponderante— es la dificultad de catalogar legalmente a los migrantes como refugiados en el contexto del cambio climático, lo que haría factible su protección (Kälin, 2015). Es casi imposible asignar con precisión desastres naturales particulares como consecuencia del cambio climático. Pese a que no se puede establecer ninguna causa legal con relación a la causalidad entre cambio climático y migración, existen diversas opciones y por ende un amplio espacio social para los «innovadores de reglas» (Sunstein, 1996 ).2 Este tipo de emprendedores ha tratado activamente de constituir derechos humanos específicos para refugiados en situaciones de migración inducida por el clima. Una de sus propuestas busca implementar una relocalización planificada y es quizá el elemento básico de su propuesta para un régimen de refugiados climáticos (Bierman y Boas, 2008). Los autores han definido el término «refugiado climático» tomando en cuenta solamente a las personas que huyen de los efectos directos del cambio climático (al interior o a través de las fronteras), es decir, el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos (sequías y escasez de agua). En ese contexto, el uso del término «refugiado» resultó muy controversial a causa de su significado legal bajo los términos de la Convención de Ginebra para los Refugiados. Asimismo, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (unhcr), que es la organización de la Naciones Unidas para los refugiados, rechazó la utilización del término «refugiado climático» o «refugiado medioambiental» y cualquier intento de extender el mandato de la Convención. Se arguyó que «otorgar el estatus de refugiado a los refugiados medioambientales distorsionaría la definición y haría presión sobre los extremadamente escasos recursos del régimen internacional para los refugiados» (Suhrke, 1994:492). Dicha oposición podría ser una de las razones por las cuales los términos «migración medioambiental» y «migración climática» predominaron desde entonces en el debate y la investigación. Es notoria la existencia de argumentos adicionales en el debate acerca de la necesidad de códigos legales para los migrantes inducidos por el cambio climático.
Nota de los traductores: se ha traducido libremente la expresión original «norm entrepeneurs» haciendo énfasis en la connotación innovadora y creativa de los empresarios y emprendedores. 2
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Con antelación se mencionó que la primera generación de estudiosos del cambio climático y la migración, al usar un enfoque mecánico de la «naturaleza», subestimaron las capacidades adaptativas de los seres humanos frente a los incipientes cambios ecológicos. La segunda generación de académicos se concentró en un tipo particular de agencia con respecto a la «sociedad». El principal protagonista fue el migrante resiliente que procura adaptarse exitosamente al cambio climático. Esta nueva generación difundió una versión muy neoliberal de la movilidad: un migrante móvil y dócil que actúa de manera anticipada y previsora. Complementariamente, no se ha prestado suficiente atención al hecho de que no se puede probar la relación entre el cambio climático y los eventos particulares, al menos no por medio de los métodos de las ciencias naturales. Al asumir un enfoque combinado «naturaleza-sociedad» (cfr. Mooney, Duraiappah y Larigauderie, 2011), nos percatamos que la migración mantiene intactas las profundas estructuras de las desigualdades sociales y refuerza mecanismos de exclusión (cfr. Faist, 2016). Este obstáculo no ha impedido a los innovadores de reglas denunciar el terrible destino de muchos migrantes que aceptan o incluso se hallan forzados a la movilidad inducida por el cambio climático. La investigación debe ampliarse y no sólo vincular el cambio climático con las desigualdades, sino además incorporar la violencia civil. En la mayoría de los casos, el cambio climático y la violencia son considerados como dos amenazas independientes, cada una contribuye de manera potencial al flujo de migrantes en el mundo. Estudios recientes indican que el cambio climático y la violencia civil se interrelacionan causalmente. Se sabe que los estallidos de violencia civil se asocian de forma estrecha con el fenómeno de El Niño —Oscilación Sur— (enos, por sus siglas en inglés) (Hsiang, Meng y Crane, 2011). La probabilidad de que surja un conflicto civil durante los años de El Niño se duplica con relación a La Niña; todavía más, el enos podría explicar el 21 por ciento de los conflictos civiles entre 1950 y 2005. Se trata de una correlación muy significativa, ellos aunado al hecho de la evidencia que sugiere un nexo entre el calentamiento global y un mayor riesgo de violencia civil en gran parte del África Subsahariana (Burke et al., 2009). Dado el potencial del cambio climático para influir en la frecuencia y severidad de eventos climáticos como El Niño, no solamente el calentamiento global tiene la capacidad de generar migración directamente a través del desplazamiento, lo hace de igual modo indirectamente al
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desencadenar conflictos civiles en las áreas afectadas en el mundo. Otra vez las guerras civiles producen más migración y flujos de refugiados. Sin embargo, se conoce muy poco sobre los mecanismos sociales involucrados. Referente a la transformación en las percepciones del cambio climático, la migración debe situarse en el contexto de las transformaciones político-económicas generales, la más característica es el modo de organización de la vida económica. Algunos expertos aluden a una «fisura metabólica» (Foster, 1999). Este término se refiere a las tendencias hacia las crisis ecológicas en el marco del capitalismo. Karl Marx ya había teorizado una ruptura en la interacción metabólica entre la naturaleza y la sociedad/cultura derivada del modo de producción capitalista y la creciente brecha entre las zonas urbanas y rurales. Hizo hincapié en una «grieta irreparable en el proceso interdependiente del metabolismo social» (Marx, 1981:949). Sostuvo incluso, que esa brecha era irreconciliable con cualquier tipo de sustentabilidad (cfr. Rosa et al., 2015) y con la explotación de los hombres comparable a la explotación del suelo. Paralelamente, otro de los fundadores de la sociología, Max Weber, declaró que la sociedad industrial funcionaría «hasta que la última tonelada de combustible fósil fuese reducida a cenizas». Se ha demostrado que el capitalismo se mantiene como una fuerza universal y al mismo tiempo «local en todas partes» (Latour, 1993:117). Es justo en la escala local donde han tenido lugar los conflictos sobre mitigación y adaptación al cambio climático en los últimos años, lejos de reuniones mundiales espectaculares pero inconsecuentes. Son los conflictos climáticos locales y no la gobernanza climática global los que han logrado algún progreso en el tratamiento del rampante incremento del carbono en la atmósfera.
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¿Una nueva «gobernanza» de la migración? Lo que dicen las organizaciones internacionales A new kind of migration governance? The perspectives of International Organizations
Resumen. La migración internacional se ha convertido, desde los 1990, en tema de crecien-
te discusión y cooperación a escala mundial. Las organizaciones internacionales y la comunidad internacional han emprendido una serie de iniciativas para «gestionar» mejor la migración y convertirla en el objetivo de los mecanismos de «gobernanza global». Esto implica una construcción intelectual y política específica de la migración como un problema genuinamente global que merece atención mundial. Al analizar críticamente los informes producidos por las organizaciones internacionales sobre migración, este artículo revela la forma en que tales actores enmarcan la migración y realizan sus recomendaciones acerca de cómo debe ser gobernada. En contraste con las representaciones dominantes en muchos países receptores, las narrativas de migración internacional presentan una apreciación positiva de la migración, vista como una característica normal de un mundo globalizado y como un elemento central en las estrategias de desarrollo. Pero este optimismo viene acompañado de una despolitización de la migración que oscurece la contribución de los actores internacionales a los debates políticos contemporáneos. Palabras clave: migración, gobernanza global, organizaciones internacionales, tratados. Abstract. International migration has become, since the 1990s, a topic of increased discus-
sion and cooperation at the global scale. International organizations and the international community have undertaken a series of initiatives to better manage migration and transform it into a mission of the mechanisms of global governance. This implies a specific intellectual construction of migration as an actual global problem that merits worldwide attention. After critically analyzing the reports produced by international organizations working on development, this paper reveals the form in which actors frame their recommendations regarding migration and development and how they should be governed. In contrast to the dominant portrayals of the matter in many receiving countries, the narratives of international organizations cast a more positive light on migration, seeing it as a normal characteristic of a globalized world and a central element in development strategies. But his optimism is accompanied by a de-politization of migration that masks the contribution of these international actors on contemporary political debates. Keywords: migration, global governance, international organisations, discourses.
* Universidad de París 13. Traducido del francés por Georgia Aralú González Pérez y Falina Yazmín Méndez Cardona.
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La expresión es de Barnett y Finnemore (1999).
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La misión de la Organización de las Naciones Unidas (onu), al igual que las instituciones que forman parte de ella, es «emprender medidas para resolver una gran cantidad de obstáculos que enfrenta la humanidad en el siglo xxi» (onu, s/f). De ese modo, dirigen su atención a diversas áreas: desarrollo, prevención de conflictos, lucha contra el calentamiento global, protección de mujeres y niños, derechos humanos. Las organizaciones internacionales trabajan con la intención de identificar problemas, recopilar datos y proponer soluciones. Se trata de verdaderos «misioneros de nuestro tiempo»,1 quienes transmiten al planeta un mensaje optimista, basado en la cooperación internacional y el ideal de un mundo mejor. En efecto, con frecuencia son objeto de reproches y críticas. Se les culpa de no cumplir sus metas, se hace escarnio de su idealismo o ingenuidad, se lamenta por la falta de recursos y apoyo estatal, se deplora el funcionamiento excesivamente democrático, se denuncia su sumisión política a unos cuantos Estados; en fin, las razones de insatisfacción se multiplican. Pese a lo anterior, todavía gozan de cierto crédito moral y político, que les permite, a través de un socio central, representar a muchas organizaciones de la sociedad civil e investigadores. Después de quince años ha crecido el interés de la onu y de diversas agencias especializadas por la migración internacional. A primera vista, es una buena noticia: las migraciones constituyen, sin lugar a dudas, uno de los «problemas que enfrenta la humanidad en el siglo xxi». Si existe un espacio en el que incluso las democracias más avanzadas no implementen los principios de la ley y la justicia a los que supuestamente se ciñen, se trata de las políticas migratorias. La actual «crisis migratoria» en el Mediterráneo es un claro y trágico ejemplo de la incapacidad de Europa para proponer una respuesta que atienda los objetivos planteados por la movilidad de las personas. Esta situación conduce a múltiples formas de violencia, ya sean «muertes en la frontera», condiciones de vida y trabajo de migrantes irregulares o distintas manifestaciones de racismo y discriminación contra los inmigrantes y sus descendientes. La ruina de los Estados en dichos ámbitos constituye un contexto potencial favorable para las organizaciones internacionales, cuya razón de ser se produce cuando los gobiernos son incapaces de resolver los problemas que enfrentan. Concerniente a ello, la crisis migratoria —entendida, por un largo periodo, como característica de la época liberal mundial, posterior a la Guerra
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Fría— (véase Weiner, 1995) legitimó su interés en un tópico que, si no es nuevo a escala internacional, durante mucho tiempo ha sido fuertemente obstaculizado por la «tiranía de la nación» (Noiriel, 1991), es decir, fundado en el principio (en realidad desfavorable para las organizaciones internacionales), que asienta que los Estados serían libres y soberanos en la admisión y el trato de los extranjeros. De acuerdo con sus abogados, la onu y las organizaciones internacionales poseen el potencial de renovar las políticas migratorias, por ejemplo mediante el desarrollo de un enfoque integral, basado en ciertos principios normativos como los derechos humanos y los intereses de todas las partes, incluidos los países menos desarrollados. En ese sentido, el presente artículo examina el tratamiento de las cuestiones migratorias así como los caminos políticos que proponen. Por ende, se pretende comprender, más allá de lo que hacen, aquello que predican: ¿sería posible descubrir en su prosa indicios de renovar la «gobernanza» migratoria? El corpus en el que se centra este análisis consiste en una serie de informes emitida por la onu y las organizaciones que son miembros de uno u otro modo de su sistema,2 al igual que documentos de distintos procesos intergubernamentales.3 En lugar de identificar las diferencias (a menudo menores) existentes entre dichos documentos y las instituciones que los publicaron, se toman en cuenta las convergencias, las cuales hacen del corpus un todo coherente y homogéneo.4
Un poco de historia Los problemas relacionados con la migración internacional con frecuencia se muestran como un «nuevo desafío», característico de la era actual de globalización. En realidad durante la década de 1990 aparecieron las cavilaciones que ahora dominan, en especial (pero no en exclusiva) en los países del Norte: los países de destino comenzaron a considerarse insuficientemente equipados para En particular los Informes de Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (oim), el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) de 2009, los informes publicados por la Asamblea General de Naciones Unidas, por la Organización Internacional del Trabajo (oit) o el Banco Mundial. 3 Es el caso de la Comisión Mundial sobre Migración y Desarrollo (2005), así como informes de conferencias intergubernamentales como los Diálogos de Alto Nivel sobre Migración o los Foros Mundiales sobre Migración y Desarrollo. 4 Para un análisis más detallado del corpus y el método de análisis, véase Pécoud (2015). 2
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Véanse las convenciones 97 (1949) y 143 (1975) de la oit.
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la vigilancia de sus fronteras, de manera que idearon nuevas estrategias (como la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, iniciado por la administración de Clinton en 1994 o la externalización del control migratorio en Europa). Asimismo, el tema de los inmigrantes indocumentados irrumpió en el debate político en Francia, Estados Unidos y otros lugares de Europa, además se implementaron nuevas medidas de represión (detención y expulsión de migrantes). En ese contexto, la migración se convirtió en un desafío identificado como problemático que se discutía en los foros internacionales. De ahí que fuera el tema medular de un capítulo de la Declaración de El Cairo en la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de 1994. Luego, a partir de la década de 2000, las iniciativas se multiplicaron: en 2003 surgió una Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales (cmmi). En 2006, se organizó en la onu el primer Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (antes de una segunda edición en 2013 y otra a realizarse en 2019). En 2007, por primera vez se llevó a cabo en Bruselas el primer Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo, que desde entonces se ha celebrado anualmente. Esta celeridad, sin embargo, no debe soslayar el hecho de que las organizaciones internacionales se han interesado durante mucho tiempo en el fenómeno migratorio. Desde 1917 la Organización Internacional del Trabajo (oit), fundada simultáneamente a la Sociedad de las Naciones (sdn) en la época del Tratado de Versalles, pretendía proteger los derechos de los trabajadores migrantes. A lo largo de un periodo histórico, conocido como «primera globalización», que abarca de mediados del siglo xix hasta la Primera Guerra Mundial, el mundo experimentó importantes flujos migratorios. Los sindicatos —miembros, Estados y empleadores de la oit— estaban consternados por el efecto social de dumping ocasionado por el reclutamiento de trabajadores extranjeros. En 1949 se adoptó la primera convención internacional destinada a defender a los trabajadores migrantes, lo que atenuaría las divergencias entre el trato hacia ellos y hacia los no migrantes.5 A partir de entonces los esfuerzos han continuado, pero con un éxito moderado. El tratado de derecho internacional más acabado del tema, a saber la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes y los Miembros de su Familia, se aprobó en 1990, pero nunca ha sido ratificado por los
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Estados occidentales. Si bien las organizaciones internacionales han identificado el problema y han propuesto algunas soluciones, los gobiernos han sido muy reacios a adoptar tales recomendaciones. En un contexto de explotación masiva de la mano de obra extranjera, tanto en la Europa de los gloriosos 1930, así como en América del Norte o en los países del Golfo, aunado a una elevada susceptibilidad de los Estados respecto a la interferencia de una agencia de la onu en su política de reclutamiento en esta materia, los derechos de los migrantes nunca se han convertido en una cuestión de cooperación internacional real. La comunidad internacional se ha preocupado también por el tema de los refugiados. Desde 1921 la sdn creó el puesto de alto comisionado destinado a los refugiados rusos, antes del establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados en 1950 y la adopción de la Convención de Ginebra relativa al estatus de los refugiados (1951). A diferencia de los trabajadores migrantes, la protección otorgada a los refugiados es un tópico de amplio consenso. De esa manera, la onu se ha convertido en un actor imprescindible, incluso si el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) interviene principalmente en los países del Sur (y menos en los países del Norte). Por otro lado, el mandato de acnur se ha modificado de modo gradual a fin de responder al contexto de crisis descrito con anterioridad y la voluntad de los Estados de controlar mejor los flujos migratorios (Michel, 2006). El interés actual de la onu por las migraciones parte de cierta continuidad histórica, incluso si exhibe características específicas. Si las organizaciones internacionales insisten en proteger los derechos de los migrantes, la impopularidad de la Convención de 1990 parece haberlos persuadido de reducir sus esfuerzos en términos de derecho internacional y de limitarse a las llamadas iniciativas «no vinculantes» (non-binding), calificadas de igual manera de soft law (a diferencia de los tratados que, una vez ratificados por un Estado, son legalmente autorizados). Complementariamente, sus iniciativas tienden a difuminar la distinción entre migrantes y refugiados: acnur se refiere a la migración mixta para nombrar situaciones en las que ambas categorías son difíciles de identificar; mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (oim) alude a «migrantes» con la intención de hacer énfasis en las personas que se encuentran en situaciones de migración forzada.6 6 La oim define un migrante como «cualquier persona que (...) cruce (...) una frontera internacional o se traslade al interior de un Estado, independientemente de: 1. el estado legal de la persona, 2 . la
Una visión optimista pero regulada de la migración Contrariamente a la representación de la migración, misma que domina en varios países, en el Norte pero también en el Sur, los discursos internacionales acerca de la migración sostienen la normalidad de las migraciones y subrayan sus efectos positivos. Según la onu, es «indispensable aceptar la migración como una realidad cotidiana en la vida de los individuos, las familias, las comunidades y los Estados» (onu, 2002:4). Se deduce que las sociedades humanas están destinadas a ser cada vez más multiculturales, de ahí que en el futuro es probable que las personas cuenten con más de una nacionalidad, se identifiquen con diferentes culturas y compartan su tiempo entre diversos países (cmmi, 2005). Aunque dependan política y financieramente de los Estados, las organizaciones internacionales se erigen en oposición a varios gobiernos. En consecuencia, las organizaciones internacionales no inquieren si la migración debiera tener lugar sino cómo debe regularse para producir los beneficios esperados. Justo aquí se genera un debate semántico en torno al término naturaleza voluntaria o involuntaria de desplazamiento, 3. las causas de desplazamiento, 4 . la duración de la estadía» (oim, s/f).
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Este renovado interés de las organizaciones internacionales por la migración conlleva cambios institucionales. En 2016, la oim, que siempre había sobresalido por su apertura al sistema de la onu, se convirtió en una organización afiliada a ella y ahora se erige como «la agencia de las Naciones Unidas a cargo de la migración». Un año antes, en 2015, la comunidad internacional aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), que se suman a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm); estos últimos no hacen alusión a la migración, el objetivo 10.7 de ods es facilitar la migración y la movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable, en particular a través de la implementación de políticas migratorias planificadas y bien administradas. Aunque parezca impreciso tal objetivo establece un marco de política integral para las políticas migratorias y reconoce su importancia en términos de estrategia global. En 2016 se celebró la Cumbre de las Naciones Unidas para los Refugiados y los Migrantes, ahí se adoptó la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (onu, 2016 ), la cual marca el inicio de un ciclo de debates que conducen a un pacto global de la migración segura, ordenada y regular.
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utilizado para designar la regulación de los flujos migratorios: gobernanza de la migración o gobernanza global de la migración se emplean con frecuencia. La gobernanza es una noción polisémica que generalmente se refiere a los mecanismos a través de los cuales se gobierna un fenómeno; esto incluye no sólo el papel de los gobiernos sino de otros actores (la sociedad civil o el sector privado), en varios niveles (de local a global). En cuanto a la noción, igualmente común, de la buena gobernanza, designa de manera normativa la cooperación necesaria entre los diferentes actores, hecho que condiciona el logro de los objetivos identificados por los Estados y la comunidad internacional. Por ejemplo, en este contexto, la gobernanza climática no compete únicamente a los gobiernos, comprende además a actores no gubernamentales (ong, empresas, medios de comunicación, etcétera) y actores públicos en distintos niveles de responsabilidad (ciudades, regiones, etcétera); sólo la cooperación entre dichos actores permitirá combatir el calentamiento global. El uso de este concepto de gobernanza posibilita a las organizaciones internacionales justificar su intervención en un área de política pública y sus socios no estatales (las ong o municipalidades). Asimismo tiene la ventaja diplomática de no centrar el debate solamente en la responsabilidad de los gobiernos (contempla también sus fracasos). Por tanto, dicha noción se critica a menudo debido a la despolitización que opera, pues abarca una amplia gama de actores, pero atenúa su responsabilidad. No obstante, cuando se trata de migración, la extrema sensibilidad de los Estados con respecto a cualquier forma de interferencia en el dominio de su soberanía conduce a una modificación del vocabulario utilizado. En efecto, la noción de gobernanza es empleada por investigadores y observadores, pero sigue siendo impopular entre los Estados que la consideran como una apertura hacia actores no estatales que no desean incluirla en el área de las políticas estatales. Así, el término que se ha impuesto es la gestión de la migración (o migration management). Tal noción, omnipresente hoy en los debates internacionales, transmite varias ideas que deben aclararse si se pretende comprender el pensamiento de las organizaciones internacionales sobre el sujeto. Una de ellas destaca la inevitabilidad de las migraciones: si es necesario gestionarlas es porque se trata de una característica imprescindible de las sociedades humanas, aunque no haya consenso. En ese sentido, gestión se distingue de control, término que presupone que los Estados pueden, si así lo desean, cerrar sus fronteras de manera hermética. Pese a todo, la gestión supone cierta dosis de
El término gestión propicia otra connotación, de inspiración empresarial o utilitaria. Desde esa perspectiva, los migrantes son un recurso que al igual que el agua, la energía o los recursos humanos, que debe ser gestionado de manera óptima. He ahí uno de los principios de la nueva gestión política, que aboga por la aplicación al sector público y las elecciones políticas de criterios diseñados inicialmente para el sector privado y centrados en la relación costo-beneficio. El primer principio de gestión migratoria es su utilidad económica: los flujos migratorios se hallan tan bien gestionados que, utilizando una expresión común en la jerga de las organizaciones internacionales, tienen un impacto de tipo triple-win (triple ganancia); es decir, benefician a los Estados de destino y salida, y a los migrantes. Aquí intervienen las relaciones entre migración y desarrollo. En el seno de las organizaciones internacionales, los problemas de migración se asocian, de forma casi sistemática, con los de desarrollo. Semejante asociación es en parte táctica: conscientes de la reticencia de los Estados a compartir su soberanía, las organizaciones internacionales se preocupan por abordar las políticas migratorias a través del prisma de otros temas que son objeto de un consenso más amplio. Aquellas sobre desarrollo son convenientes, no sólo porque se trata de un tema bastante consensuado, sino porque el vínculo causal entre el (bajo) desarrollo y los flujos migratorios es muy aceptado por expertos y políticos. Cabe destacar que la relación entre migración y desarrollo, aunque parece razonable, no está exenta de dificultades. Por un lado, su preponderancia oculta
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control: un fenómeno gestionado es un fenómeno bajo control, que probablemente no escapará a la capacidad reguladora de los Estados; la gestión es, por ende, un vocablo tranquilizador que sugiere que los Estados mantienen la solidaridad. Adicionalmente, el término confirma la exclusión del caos y los abusos que caracterizan en la actualidad las realidades migratorias; las migraciones bien gestionadas son, entonces, de interés para los Estados y los migrantes. El vocabulario del objetivo 10.7 de ods, citado con anterioridad, evoca migraciones ordenadas, seguras y planeadas. Ello conduce a las organizaciones internacionales a excluir cualquier forma de laissez-faire (dejar-hacer), fronteras abiertas y libertad de circulación. Si las migraciones son inevitables y necesarias, la gestión de sus Estados también lo es.
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otras asociaciones posibles, menos visibles pero potencialmente pertinentes. Los vínculos entre migración y comercio internacional o entre migración y exportación de armas nunca se discuten en los foros internacionales. Por otro lado, dicho nexo se basa en una ambigüedad: de modo esquemático, en el caso de los gobiernos occidentales, utilizan el desarrollo con la finalidad de reducir la migración, mientras que para los países del Sur, el desafío es promover la migración y apoyar el desarrollo. Aunque todos los Estados coinciden en este nexo, le otorgan significados políticos diferentes. Se trata de funciones bien documentadas del discurso político: lo que dicen es a veces menos importante que lo que ocultan, además conllevan ambivalencias que, si son perjudiciales en términos de coherencia, poseen la ventaja de crear puentes discursivos entre los actores, cuyas posiciones políticas divergen. No obstante, la centralidad del desarrollo en el discurso de las organizaciones internacionales en torno a las migraciones no es solamente táctica, es parte de su utilitarismo: la migración se entiende únicamente como un modo de conseguir objetivos socioeconómicos. Al igual que el Banco Mundial (2005), que les ha dedicado un reporte completo, las organizaciones internacionales son unánimes al insistir en las remesas, presentadas como la prueba más tangible de los beneficios económicos de la migración. En adición, defienden el uso de programas de migración temporal como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) que recomienda «ampliar los programas que promueven el trabajo temporal en sectores como agricultura y turismo» (2009:5). Este tipo de política, implementada ampliamente en la Europa de los gloriosos 1930 y que todavía está muy extendida en regiones como el Medio Oriente, satisfaría las necesidades económicas de los países de destino, al tiempo que se garantizarían las remesas y el retorno de los migrantes a su país de origen con fines de desarrollo (y, por lo tanto, la ausencia de fuga de cerebros). Como toda retórica tecnocrática, tal utilitarismo es entonces despolítico: al afirmar que las elecciones de los gobiernos deberían guiarse sólo por la optimización de los efectos económicos de la movilidad de los migrantes, elimina cualquier posibilidad de debates políticos sobre la base no sólo de criterios económicos, también ideológicos, morales o relacionados con la historia de las sociedades. Las organizaciones internacionales se oponen de manera contundente a un mundo de migraciones caóticas, ineficaces y abusivas con un horizonte de migración bien gestionado, beneficioso y controlado. Dado que es difícil ser partidario del primer escenario, esta no es una elección.
Conclusiones Algunas veces las organizaciones internacionales efectúan las preguntas correctas. Hace un siglo, la oit había diagnosticado correctamente los efectos nocivos de la competencia entre trabajadores nacionales y migrantes, la cual todavía está muy viva. La solución propuesta —que garantiza los derechos de los migrantes para evitar un efecto de tipo dumping— es bastante sensata pero no ha encontrado la aceptación de los Estados. Al afirmar tanto la inevitabilidad de la migración como sus efectos positivos en el desarrollo, las organizaciones
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Si bien dicho utilitarismo se encuentra muy extendido en los foros internacionales, está sujeto a cierta disensión. En el seno de la onu, algunos actores como la oit, el acnur o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (acnudh) hacen mayor hincapié en la vulnerabilidad de los migrantes y los refugiados y en la necesidad de proteger sus derechos fundamentales. A ellos se unen actores de la sociedad civil como la Comisión Católica de Migración, que constituye uno de los socios principales de las organizaciones internacionales en ese ámbito. Para esas instituciones, cuya posición podría describirse como «idealista», los derechos de los migrantes, aparte de ser un imperativo del derecho internacional, son un elemento esencial para el llamado desarrollo «humano» y la realización de los beneficios potenciales de la migración; son ellos los únicos capaces de prevenir una deriva neoliberal, en la que los trabajadores migrantes tendrían que soportar la flexibilidad de un mercado de trabajo globalizado. En contraposición, los pragmáticos, como la oim o el Banco Mundial, opinan que un mayor respeto de los derechos de los migrantes resultará automáticamente en una mejor gestión de la migración, ello evitará ciertos abusos (trata, tráfico o explotación de migrantes indocumentados) y promoverá el desarrollo de las regiones de origen. Se fundan en los obstáculos encontrados por la Convención alusivos a los derechos de los trabajadores migrantes, argumentan que sólo un enfoque centrado en los beneficios económicos de la migración puede convencer a los Estados de escuchar las recomendaciones de las organizaciones internacionales. A pesar de que el mundo de las organizaciones internacionales está familiarizado con ese tipo de debate, dichas diferencias no les impiden trabajar en conjunto y fusionar sus antagonismos en un post-Consenso de Washington.
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internacionales plantean hoy un diagnóstico avalado por investigadores y asociaciones, pero hasta la fecha poseen poca continuidad. Esta situación se interpreta de diversas maneras. Para algunos, aunque las organizaciones internacionales tienen buenas ideas tendrían que enfrentrar a los Estados, que basan su soberanía en un capitalismo globalizado que prospera gracias a la explotación de los migrantes. Sus recomendaciones serían sensatas, pero inaudibles en los países del Norte obsesionados con el control de sus fronteras y convencidos de que los migrantes representan una amenaza. Los Estados occidentales, acostumbrados a dar lecciones de buena gobernanza y derechos humanos al resto del mundo, estarían ciegos a sus propias deficiencias en materia de política migratoria; derivado de lo anterior, serían insensibles a los discursos razonables de las organizaciones internacionales. Pese al contexto desfavorable ya descrito, todos aquellos que abogan por un cambio de política deberían unirse. Los críticos de los organismos internacionales, por otro lado, enfatizan la pusilanimidad de sus recomendaciones. Intentan abordar los desequilibrios actuales en políticas migratorias pero no logran innovar, como lo demuestra su apego a las políticas tan difundidas en los programas de migración temporal. Esto constataría una adhesión al orden actual del mundo, fundado en el derecho de los Estados para controlar la migración y la aceptación de las desigualdades que lo estructuran, hasta el punto de considerar normal, e incluso deseable, que los migrantes de los países pobres lleguen a hacer el «trabajo sucio» en los países ricos. La ausencia de cualquier reflexión acerca de la libre circulación, aun si se observa como un horizonte lejano, indica la incapacidad de las organizaciones internacionales para repensar profundamente las políticas de migración y dar forma a nuevos horizontes. Bajo el pretexto de promover el desarrollo, sus recomendaciones sólo respaldarían el statu quo. En términos de activismo y acción política, ambas interpretaciones conducen a posiciones y estrategias opuestas. Sería muy ingenuo, incluso entre los más entusiastas, creer en la capacidad de las organizaciones internacionales para cambiar el mundo. La historia muestra que en ocasiones han desempeñado un papel útil, o al menos, que transmitieron o facilitaron iniciativas apropiadas. Por ejemplo, es significativo que en varios países una de las cuestiones en torno a la cual la sociedad civil se está uniendo es la Convención de la onu sobre los Derechos de los Migrantes (véase Grange, 2008). Si bien no se podría esperar que las organizaciones internacionales aborden los innumerables problemas que plantean las políticas migratorias actuales, es posible vislumbrar potenciales aliados,
Referencias Banco Mundial (bm) (2005), Global economic prospects 2006. Economic implications of remittances and migration, Washington, bm , en http://www.worldbank.org/en/ topic/migrationremittancesdiasporaissues/overview Barnett, Michael N. y Martha Finnemore (1999), «The politics, power, and pathologies of international organizations», International Organization, 53(4), pp. 699 -732. Comisión Mundial de las Migraciones Internacionales (cmmi) (2005), Les migrations dans un monde interconnecté. Nouvelles perspectives d’action, Genève, cmmi, p. 51. Grange, Mariette (2008), «Droits de l’homme et migration: l’émergence d’un enjeu international», Hommes et Migrations (1271), pp. 120 -129.
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o fuentes de ideas o herramientas que puedan —modestamente y con plena conciencia de sus limitaciones— trabajar en nuevas orientaciones políticas.
Michel, Agier (2006), «Protéger les sans-Etats ou contrôler les indésirables: où en est le hcr?»,
Politique Africaine, 103.
Noiriel, G. (1991), La tyrannie du national. Le droit d’asile en Europe (1793 -1993), Paris, Calmann-Lévy.
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Antoine Pécoud
www.un.org/fr/sections/about-un/overview/ Organización de las Naciones Unidas (onu) (3 de octubre de 2016), «Resolución apro-
Replanteando el brexit como un nacionalismo progresista: perspectivas de la migración laboral y los estándares laborales Repositioning Brexit in terms of a progressive nationalism: perspectives on labour migration and labour standards
Resumen. Este artículo trata acerca de las implicaciones del brexit e intenta trazar un ca-
mino para que la izquierda avance. Se replantea el debate respecto de la inmigración, la libre movilidad del trabajo y los estándares laborales en términos de las políticas de austeridad y de un creciente nacionalismo con el propósito de desvincularlo de las actuales narrativas xenofóbicas de la derecha. Se expone que el nacionalismo progresista, que rechaza el proyecto de integración europea al servicio del capital, tiene la capacidad de mejorar los derechos laborales de un modo inclusivo y no xenofóbico. La conjunción de un contramovimiento antiausteridad en todos los niveles en Gran Bretaña, junto con un amplio internacionalismo basado en las luchas de los sindicatos, puede garantizar estándares laborales decentes en una Gran Bretaña post-brexit para trabajadores nativos e inmigrantes. Palabras clave: Brexit, libre movilidad, estándares laborales, austeridad, Unión Europea, nacionalismo progresista. Abstract. This article seeks to address the implications of Brexit and attempts to chart a way forward for the left. It tries to reposition the Brexit debate over immigration, free movement of labour and labour standards in terms of the politics of austerity and a progressive nationalism in order to detach it from current xenophobic narratives of the right. The issue of labor standards is one area that paradoxically the current Conservative administration has sought to champion. It is suggested that a progressive nationalism that rejects the European project has the potential to advance labor rights in a post-Brexit Britain in an inclusive and non-xenophobic way if linked to a wider internationalism that builds on trade union struggles for decent labour standards especially for migrant workers. Keywords: Brexit, free movement, labor standards, austerity, European Union, progressive nationalism.
*Profesor emérito, Estudios Laborales, Linköping University. Nota de los traductores: se ha preferido mantener el término brexit en su versión original ya que no existe uno equivalente en español. En general el término se ha usado para referirse a la salida del Reino Unido de la Unión Europea; de cualquier forma, el artículo ofrece una explicación acerca de su significado. Traducido del inglés por Jorge Miguel Veizaga Rosales y Selene Carrillo Carlos.
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Es una comunidad política de derecho establecida con el Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993; se conforma por 28 Estados europeos. 1
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Por muy incómodo que pueda ser para la izquierda, la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea (ue)1 en el referéndum del 23 de junio de 2016 fue el resultado de la elección de la mayoría (participó 72.2 por ciento del electorado), a pesar de que el margen fue estrecho: 48.1 por ciento a favor de permanecer contra 51.9 por ciento a favor de salir (Electoral Commission, 2017). En vista de la realidad política del momento, podría afirmarse que la izquierda no tiene más opción que explorar las posibilidades de que exista un «brexit de izquierda». El propósito de este documento es comenzar ese proceso de reflexión que se ha vuelto más urgente a causa del sorpresivo resultado de las elecciones generales del Reino Unido en junio de 2017. El discurso antiinmigración y la islamofobia dieron un impulso tóxico a la campaña a favor de la salida durante el periodo previo al referéndum sobre la ue en 2016. Era evidente la referencia que hizo el Partido de la Independencia del Reino Unido (piru) a los sentimientos antiinmigrantes de la «pequeña Inglaterra». Para quienes tuvieron que soportar los anuncios extremistas y la asquerosa propaganda del piru durante la campaña del referéndum, esto se convirtió en una experiencia triste y de profundo impacto. Los progresistas sentían repulsión ante la idea de tener algo en común con aquellos racistas, ya sea que fueran abiertamente declarados o no muy bien encubiertos, lo cual inhibió el pensamiento crítico entre ellos. La tenazmente febril atmósfera política creada por la campaña a favor de la salida llevó a muchos a asumir una actitud reaccionaria en apoyo a la ue. Así sucedió en particular entre las asediadas comunidades étnicas minoritarias de Gran Bretaña, como negros y asiáticos, quienes han considerado la elección del brexit como un síntoma de esclavitud de la nostalgia postimperial. Era perfectamente comprensible que esa actitud restara claridad a los argumentos, en su mayoría acallados, que pugnaban por la recuperación de la soberanía nacional que exige cancelar la participación del Reino Unido en la ue, pero sobre la base de una premisa totalmente diferente, de que la salida da lugar a la posibilidad de lograr avances en beneficio de la clase trabajadora. Este artículo alude a ese complejo temático: demanda de soberanía nacional, el problema de la libre movilidad laboral en la ue y en concreto el futuro de los estándares laborales en la Gran Bretaña post-brexit. El abordaje se realiza desde una perspectiva de izquierda que evalúa las oportunidades políticas de resistencia
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a la austeridad neoliberal contemporánea a través del planteamiento de un «nacionalismo progresista», el cual rechaza el proyecto integracionista de la ue porque sirve a los intereses del capital antes que a los del trabajo. El artículo se organiza del siguiente modo: en principio, se presenta un esbozo argumentativo del nacionalismo progresista en el contexto de la Gran Bretaña del brexit. En seguida, se efectúa un breve repaso de los patrones electorales del controvertido referéndum de la ue de 2016 con el propósito de esclarecer las dinámicas políticas que condujeron al brexit. Se plantean cuestionamientos controversiales concernientes a la contribución de la ue en el área de los derechos laborales, luego se discuten las contradicciones de la libre movilidad del trabajo. En el contexto de la Gran Bretaña del brexit se critica el paradójico compromiso retórico del actual gobierno conservador con la «justicia social» y la protección de los derechos laborales. Se evalúan las elecciones generales del Reino Unido de junio de 2017 y sus sorprendentes resultados en cuanto a las probabilidades de avance para la izquierda. También se considera la actual coyuntura para las negociaciones acerca de los términos del brexit entre Reino Unido y la ue. Concluye con la idea de que un nacionalismo progresista es posible en la Gran Bretaña post-brexit, cuyo carácter es internacionalista. Ello permite enfrentar el populismo de derecha y la xenofobia en el desarrollo de un movimiento de masas antiausteridad.
Nacionalismo progresista y el brexit En un oportuno ensayo, justo después de la votación del brexit, el gran académico egipcio marxista Samir Amin (2016) planteó la pregunta clave: ¿soberanía nacional, para qué? A primera vista, defender la «soberanía nacional» en una era de globalización de las fuerzas económicas podría parecer anacrónico. Sin embargo, en una contribución reciente en el Journal of Labor and Society, Amin hace una importante distinción entre lo que él denomina «soberanía nacional (...) al servicio de (...) los monopolios financieros» y «nacionalismo progresista» (2017). Según él, el Estado nación «sigue siendo el único contexto para el desarrollo de las luchas decisivas que en última instancia transforman el mundo» (2017:8). Amin describe dos conceptos antónimos de «soberanía nacional» que, o es potencialmente regresivo, excluyente y divisorio, o bien es progresista, incluyente y solidario. En su opinión, «no deberíamos reducir la protección de la soberanía a
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la modalidad del nacionalismo burgués. La defensa de la soberanía no es menos importante para la protección de la alternativa popular en el largo camino hacia el socialismo» (2017:8). Aquí, asume una perspectiva que se orienta hacia cuestiones de soberanía y nacionalismo en la misma línea de la tradición marxista clásica, a la vez que se remonta al trabajo de Lenin e incluye en diversos grados figuras más contemporáneas, tales como el Eric Hobsbawm tardío y Tom Nairn (Spencer y Wollman, 2002:44). Siguiendo el «nacionalismo progresista» de Amin, éste se concibe tanto «popular» como esencialmente «democrático». Su contenido se define en primera instancia en oposición a las élites nacionales gobernantes, porque entraña «luchas (de clases) decisivas» en aras de los derechos democráticos. También requiere de una acuciosa observación empírica sobre el carácter específico de esas luchas de clase democráticas a escala nacional a fin de identificar su potencial internacionalista para vincularse con otras de la misma naturaleza democrática y popular. Por definición, un nacionalismo progresista implica una clara oposición a la configuración política remota e integracionista de las instituciones supranacionales de la ue neoliberal. Por tanto, la recuperación de una soberanía nacional democrática es incompatible con la continuidad de la participación en la ue y con la supremacía de la Corte de Justicia de la ue por encima de la ley nacional soberana. La naturaleza no eleccionaria y políticamente incuestionable de la ue, cuyo ejemplo es la Comisión Europea y sus directores, ha sido descrita por Amin como la «negación absoluta de la democracia» e «imposible» de ser reformada. Esta visión del gobierno de la ue no corresponde con el planteamiento de Yanis Varoufakis de que «todavía es posible lograr una ue democrática» a través de «un movimiento paneuropeo de desobediencia a las élites transnacionales» con la intención de «crear el pueblo europeo» (Varoufakis, 2016; Denayer, 2016 ). Para la izquierda europea y más allá de ésta, el discurrir sobre esas posiciones divergentes conlleva importantes implicaciones, cuando menos en la localización del lugar de los conflictos en el Estado nación y en el establecimiento de alianzas estratégicas en un contramovimiento internacionalista de austeridad. Una actitud de izquierda a favor de salir de Europa considera que el rechazo a la ue neoliberal representa un rechazo a las intervenciones en la toma de decisiones en la política doméstica, bajo la forma de austeridad y la acción de instituciones financieras europeas supranacionales con capacidades de rigurosa disciplina fiscal que han erosionado la independencia económica de los Estados miembros. Por tanto, la inversión industrial planificada para reconstruir economías locales, así
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como las intervenciones estatales y las formas democráticas de propiedad pública que podrían producir trabajos decentes y al mismo tiempo generar crecimiento sostenible, solamente pueden existir fuera de la ue. Desde esa perspectiva, el brexit ofrece un espacio con el propósito de que las fuerzas progresistas propongan el control democrático en la dirección del desarrollo económico y en la toma de decisiones en los ámbitos nacional, subnacional, regional y local. Ese programa de renovación democrática se opone con claridad a la visión conservadora de la Gran Bretaña post-brexit como una versión europea aislada de un «Singapur occidental», caracterizado por desregulación, impuestos mínimos a las corporaciones, salarios bajos, sindicatos débiles y una fuerza laboral de migrantes temporales «no ciudadanos» que en su mayoría carece de la protección de leyes laborales (McTague y Guerrera, 2017). En contraste con tal visión distópica, el contraargumento para un brexit de izquierda se sustenta en considerar hasta qué punto es posible asegurar en el futuro post-brexit mejores estándares laborales y protección para todos los trabajadores en Gran Bretaña, nativos o extranjeros.
El voto en el referéndum de la ue y la migración En principio, se revisa el maltrecho asunto de la migración laboral y su papel en el referéndum. Los flujos migratorios al Reino Unido, en especial desde otros Estados miembros se convirtieron en el tema de referencia para los debates sobre la participación en la ue. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, la migración laboral de la ue comenzó a crecer luego de su expansión en 2004, de 65 mil en ese año a 125 mil en 2007. Hubo un descenso de la migración de la ue hacia el Reino Unido durante la crisis financiera de 2008 y 2009 entre los ciudadanos de la ue8.2 Hasta el 2012 se mantuvo constante en alrededor de 90 mil migrantes anuales. Desde entonces, la migración laboral se ha incrementado en los que se originan en ue123 y ue15.4 En el primer caso, luego de que se levantaran los controles transnacionales a principios de 2014, siete años después 2 La conformaban República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 3 Integrada por Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. 4 Incorporación de Austria, Finlandia y Suecia en enero de 1995.
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de que Bulgaria y Rumania se unieran a la ue; y en el segundo, cuando las condiciones de los mercados laborales eran débiles en los Estados miembros del sur de Europa (ue15). La estimación de la migración neta de los países de la ue y de otros a finales del año 2015 mostraba un exceso de 333 mil, de los cuales apenas un poco más de la mitad no era de origen europeo (ons, 2016a). Se estima que 2.1 millones de personas de la ue trabajan en el Reino Unido, lo que resulta en un total de más de 3 millones que viven en Gran Bretaña (cerca de 1 millón provienen de nuevos Estados miembros de la ue). Aquellos que tienen nacionalidad de la ue constituyen alrededor de 13 por ciento de la fuerza laboral total del Reino Unido, a la par de otros países europeos más antiguos, como Francia y España (cerca de 12 por ciento) (Migration Observatory, 2016 ). Desde la elección del brexit en 2016, y quizá como una reacción al auge de los «crímenes de odio» y al clima social en general hostil para los extranjeros, ha habido un descenso en la migración neta al Reino Unido de 248 mil, en específico en profesiones como el cuidado médico que dependen en gran medida del trabajo migrante. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, entre los ciudadanos de la ue8 (nuevos Estados miembros de Europa del Este) se han observado los cambios: descenso en la inmigración (disminuyó en 25 mil) hasta los 48 mil y un aumento en la emigración (más de 16 mil) hasta los 43 mil en 2016 (ambos cambios son estadísticamente significativos); los datos confirman que es la migración neta más pequeña (+5 mil) desde que se anexaron a la ue en 2004 (ons, 2017). Dejando de lado las estadísticas, el problema político del gobierno conservador era que durante el proceso hacia el referéndum, había «fallado de manera evidente» en el cumplimiento del compromiso público de David Cameron en 2013 de reducir «radicalmente» la migración neta en los años siguientes, hasta llegar a una cifra de «solamente decenas de miles» (Cameron, 23 de marzo de 2013; The Independent, 26 de febrero de 2015). La subsecuente promesa de la primera ministra Theresa May, como sucesora de Cameron, era «controlar el número de personas que vienen a Gran Bretaña provenientes de la ue»; cabe mencionar que también se enmarcó en un objetivo de «decenas de miles» (May, 17 de enero de 2017). El tema pendiente era la cuestión de la libre movilidad del trabajo desde otros países de la ue. Ante la pregunta planteada luego del referéndum, 33 por ciento de los entrevistados expresó que la migración era la principal razón para apoyar el brexit (Lord Ashcroft Polls, 2016 ). Sin embargo, un dato curioso es que una alta
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proporción de los que votaron a favor de la salida no se concentraba en áreas de mucha inmigración, a excepción de pueblos que experimentaron flujos migratorios significativos desde Europa del Este en busca de trabajo agrícola, por ejemplo Wisbech en Cambridgeshire y Boston en Lincolnshire. Más importante aún, el análisis del voto del brexit por área sugiere que «áreas con predominancia del sentimiento antimigrante se caracterizan normalmente por factores estructurales de largo plazo, que resultan en bajos salarios, bajos niveles educativos y elevado desempleo junto con una relativa homogeneidad étnica y cultural» (Lawton y Ackrill, 2016 ). Esa investigación coincide con otros análisis que usan sondeos de YouGov y Lord Ashcroft, los cuales encontraron que «la votación estaba correlacionada con perfiles distritales de edad, educación (ya sea que tengan algún grado académico o no), ingresos y clase social (a pesar de algunos valores extremos)» (Lawton y Ackrill, 2016). Por tanto, las proporciones elevadas de votos a favor de la salida se observaron en distritos con un perfil de mayor edad, pocos residentes con un nivel educativo equivalente al grado universitario, menores ingresos medianos y menores tasas de empleo en ocupaciones de alta calificación. Esas áreas se localizan en las decadentes comunidades industriales del norte de Inglaterra, en las regiones centrales y en algunos sitios de Gales; en otras palabras, en zonas duramente golpeadas por las políticas de austeridad de los gobiernos laborista y conservador. Una minuciosa investigación dirigida por el Instituto de Estudios Fiscales ha revelado que las políticas de austeridad polarizan a la población al ampliar las desigualdades sociales y económicas a partir de la crisis de 2008 y al mismo tiempo se ha empeorado el estándar de vida de la familia trabajadora promedio mediante una disminución de los ingresos reales (Belfield, Cribb, Hood y Joyce, 2015). El programa de austeridad de la anterior coalición (liderada por los conservadores con David Cameron como primer ministro), introducía recortes al sector público en 2010 que intentaban enfrentar el enorme déficit presupuestario heredado de la crisis de gasto del gobierno laborista previo. Los recortes en la educación y los servicios sociales incluyeron reducciones de personal en la mayoría de las oficinas de gobierno, situación que significó alrededor de 300 mil empleos redundantes y el congelamiento generalizado de los pagos. Estas medidas contrastaron con los billones de libras de financiamiento público asignadas para salvar al errático sistema bancario, sin mencionar los múltiples escándalos corporativos y sospechas de evasión de impuestos de parte de compañías e instituciones financieras del Reino Unido que se suponían de buena reputación.
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Además de los recortes establecidos por la coalición precedente, otros recortes previstos por el gobierno conservador de May incluyeron un tope a los créditos fiscales y los niveles de beneficios. Se predijo que tales medidas exacerbarían las desigualdades sociales e impactarían con severidad en hogares de bajos ingresos y en edad laboral (ocde, 2015). En la realidad económica a mediados de la década de 2010, a excepción de Londres y el sudeste, no había una sola región en Gran Bretaña en que los ingresos hubieran regresado a los niveles previos a la crisis financiera (Haldane, 2016). No obstante, la creciente desigualdad y la pobreza no explican por sí mismas el resultado del referéndum. Las poblaciones inmigrantes, ya sea que hayan tenido una fuerte presencia o no, en parte fueron consideradas culpables de las dificultades económicas —reales pero con un origen más profundo— experimentadas por los locales. Lo que estas áreas de fracaso económico tienen en común es la desigual carga de sacrificios que soportan sus poblaciones y que producen una desvinculación política respecto de la «izquierda rezagada». Ello ha alimentado profundos resentimientos dirigidos en contra de los inmigrantes y en contra de quienes se han beneficiado de la reconfiguración económica producida por la globalización y la integración europea que ha favorecido el sur metropolitano y las mejores áreas de Gran Bretaña (Goodwin y Heath, 2016; Haldane, 2016; Mason, 2016 ). Es en ese espacio político donde han fluido las corrientes xenofóbicas que atraviesan transversalmente las líneas de los partidos, en gran medida, de igual manera en que ha surgido el apoyo a los partidos de la extrema derecha por toda Europa. En los términos del Centro Nacional de Investigación Social: «La victoria de la salida no solamente tenía que ver con aspectos objetivamente demográficos. En la misma medida, o quizá con mayor énfasis aún, las cuestiones de identidad estaban asociadas al voto de salida, en especial, el sentimiento de identidad nacional y la percepción del cambio en el tiempo» (Swales, 2016:2). No cabe duda de que los debates sobre inmigración, que se manifestaron tan terriblemente durante la campaña del referéndum, seguirán siendo muy importantes en el futuro inmediato para la organización de sindicatos y grupos de izquierda de diferentes tipos en Europa y en otros territorios. En cierta forma, se trata de un viejo cuestionamiento que desde un principio ha preocupado a los movimientos laboristas y a las luchas en apoyo a los grupos marginales: ¿qué hacer con los «migrantes», los extraños, los extranjeros, los nómadas? (Anderson, 2013). En una época en que la forma del Estado (nación) se encuentra
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amenazada y al mismo tiempo, sigue siendo la forma según la cual las poblaciones comprenden la distribución y la responsabilidad del poder político, la «migración» y la «seguridad» se han convertido en cuestiones fundamentales inextricablemente unidas al problema de la soberanía nacional. Por tanto, dentro de este entramado de problemáticas, ¿dónde encajan los asuntos europeos de los derechos laborales y de libre movilidad del trabajo?
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Unión Europea, derechos laborales y contradicciones de la libre movilidad Teniendo en cuenta la erosión del poder sindical durante los años de Thatcher en el Reino Unido, reconocidos sindicalistas han afirmado que la legislación de la ue ha logrado derechos tangibles para los trabajadores y una considerable protección para el empleo (McClusky et al., 2016 ). Se mencionan las directivas de alcance europeo que exigen tratamiento equitativo, límites en la jornada laboral, el derecho a vacaciones pagadas, licencia por maternidad y paternidad, protección para los trabajadores en comisión, protección del empleo en caso de que las compañías tengan nuevos dueños, creación de consejos laborales en las grandes compañías europeas, previsiones de salud y seguridad e implementación de directivas de igualdad y contra la discriminación. Es pertinente resaltar que tales directivas estarían amenazadas por el brexit (Gold, 2016 ). Empero, mientras la legislación en la Corte Europea ha logrado notables avances, en la realidad resulta que la implementación en el ámbito nacional ha sido débil en muchas ocasiones; por ejemplo, con respecto a la salud y la seguridad en el trabajo, pues la legislación británica precedía las directivas europeas que solamente fueron contrarrestadas por el giro de la ue hacia la «legislación ágil» y el apoyo a la desregulación, lo que caracterizó las políticas neolaboristas (Beck y Woolfson, 2000; Woolfson, 2006 ). En las campañas del referéndum de la ue y de las elecciones generales de 2017, la cuestión de los derechos laborales tuvo gran importancia. Las aseveraciones de los principales promotores del brexit de que esos derechos no serían afectados al salir de la ue fueron reforzadas por la idea de que en muchas áreas los derechos de los trabajadores británicos ya eran mayores que los que ofrecía la ue. Esta perspectiva fue confrontada por el Trades Union Congress (tuc) que estaba a favor de la ue (Trades Union Congress, 2016). Sin embargo, vale la pena recordar
su presentación fue un golpe maestro. De hecho, los delegados estaban tan impre-
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que la posición del movimiento sindical británico respecto de la membresía en la ue no siempre fue tan obcecadamente pro europea. La aparición de Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea en el British Trades Union Congress en septiembre de 1988 estableció un punto crítico al persuadir a la mayoría de los delegados sindicales de apoyar un futuro europeo. Era muy atractiva la promesa de un «Contrato social» que mejoraría los derechos laborales en la difícil época de disminución de la influencia política e industrial bajo el hostil gobierno de Thatcher. La intervención de Delors se impuso sobre el trabajo previo de la organización en el Reino Unido concerniente a la idea de consolidar un único mercado, que se estableció en 1992 dentro del Tratado de Maastricht (Delors, 1988). Los delegados recibieron de buen grado las promesas de apoyo de Delors para la negociación colectiva y el «diálogo social», así como la visión de una «Europa social». El actual secretario general del tuc recuerda que
sionados que quedaron rendidos ante el «hermano Jacques». Pero la negociación por la que tan persuasivamente abogó Delors, una Europa con un equilibrio entre los por el otro, ha comenzado a deshacerse (O’Grady, 2016).
En septiembre de 1988, como una respuesta directa a la intervención de Delors en el tuc, la airada primera ministra Margaret Thatcher pronunció su famoso y euroescéptico «Discurso de Brujas», en el que indicó la fisura fundamental en la política conservadora entre pro y anti europeos, la que eventualmente llevaría al referéndum: «No hemos restablecido con éxito las fronteras del Estado británico (...) solamente para verlas reimpuestas a escala europea junto con un super-Estado europeo que ejerce una nueva dominación desde Bruselas» (Thatcher, 1988). La ironía de la historia es que no fue únicamente la implacable hostilidad de Thatcher con los sindicatos limitó el mejoramiento de los derechos laborales del Reino Unido como consecuencia de la participación en la ue, sino también las subsecuentes políticas del Nuevo Laborismo bajo la administración de Tony Blair durante una década desde 1997 en adelante (Smith, 2009). Dichas políticas mantuvieron gran parte de la legislación antisindical de Thatcher y continuaron la resistencia a directivas europeas clave, en concreto las referidas a la limitación de la jornada laboral. Esta resistencia fue coordinada en Europa por Peter Mandelson, el leal lugarteniente de Blair y coarquitecto del
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intereses de las empresas y los empleadores por un lado y los obreros y ciudadanos
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Nuevo Laborismo. Como Comisionado de la ue para el comercio, Mandelson trabajó con intensidad para evitar aquellas directivas que el Nuevo Laborismo consideraba que obstaculizaba la competitividad de las empresas, y al mismo tiempo promovía enérgicamente una agenda desregulatoria de la denominada «Mejor regulación» a escala europea. Desde 1980, las medidas pro trabajo, emblemáticas de la «Europa social» y promovidas por Delors en diversas instancias, se han abandonado sistemáticamente en la medida en que las políticas de austeridad han sido impuestas por toda Europa (Deakin, 2016). Además, la fuerza de la política europea ha estado casi totalmente ausente en años recientes en términos del mejoramiento de los estándares laborales y de los derechos de negociación colectiva, en especial desde la crisis económica y financiera global (Foster, 2016). Tan evidente ha sido el vacío de política que un «grupo de alto nivel» autoconstituido y conformado entre otros por László Andor, excomisionado para el Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, así como Anna Diamantopoulou, su predecesora como comisionada, en conjunto con un grupo de notables europeos, se vieron en la necesidad de elaborar un reporte titulado «Europa desigual» en la primavera de 2015 (Friends of Europe, 2015). En ese reporte se advertía: «La Europa social ha sido relegada al fondo de la agenda de política de la ue» (Friends of Europe, 2015:11). Entre sus recomendaciones estaba el vigilar «la implementación de la directiva para el cumplimiento de la estabilidad del trabajador» y la introducción gradual de «la garantía de un piso salarial» (Friends of Europe, 2015:32). La más reciente resurrección de una visión de la «Europa social» bajo la forma de los «Pilares Europeos de Derechos Sociales» fue una respuesta política predecible por parte de la Comisión Europea frente a la necesidad de contrarrestar lo que se percibía como el peligro del emergente populismo euroescéptico (European Commission, 2017c). Si bien incluyen distintas propuestas progresistas, los «veinte principios» enunciados en realidad prometen muy poco para revertir las tendencias previas de erosión de los estándares laborales a través de una mayor flexibilización del trabajo que busca asegurar la adaptabilidad de los trabajadores a las demandas de un mercado neoliberal en el «nuevo mundo del trabajo» (European Commission, 2017d). Las propuestas de «condiciones laborales justas» siguen siendo recomendaciones no vinculantes de la Comisión Europea para los Estados miembros, «estableciendo el contexto» antes que la obligación de sancionar leyes específicas, sin mencionar el imperioso uso del término «debería» en todos los documentos (Stierle, 2017).
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Se ha considerado que la Corte Europea es capaz de intervenir cada vez más en los mercados laborales y en las relaciones industriales; un ejemplo es el caso Laval, que se discute más adelante. Por su parte, la Comisión Europea se ha mostrado reticente en cuanto al declive de la representación sindical como resultado de la legislación nacional restrictiva, pues ha considerado que tales asuntos competen a los Estados miembros interesados. De forma simultánea, como parte de la «Troika» europea (junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo), la Comisión Europea ha promovido la «reforma» de las protecciones laborales y el desmantelamiento de los acuerdos de negociación colectiva en el sur de Europa y en la periferia oriental de los países de la eurozona golpeados por la crisis (Sommers y Woolfson, 2014). Incluso los intentos de la ue de enfrentar las formas más groseras de explotación laboral, por ejemplo de los migrantes estacionales vulnerables, han demostrado ser legislativamente débiles en lo principal y crecientemente complicadas por las preocupaciones acerca de la «seguridad» (Fudge y Herzfeld Olsson, 2014). De igual modo, el progreso hacia una estrategia europea común para resolver el trabajo no declarado en la economía gris o informal es en extremo lento. Estos fracasos por sí mismos, sin mencionar la depredación de la Troika y la destrucción del tejido social de Grecia, merecen el rechazo total de los reclamos de la ue de una agenda social viable que proteja los derechos de los trabajadores. Pero la incapacidad de ofrecer protección contra la explotación transfronteriza de los trabajadores migrantes de la ue ha demostrado ser el mayor fracaso. A pesar de una nueva directiva para el cumplimiento de la estabilidad laboral, incluso en economías muy reguladas como la sueca, la explotación del trabajo migrante europeo continua incólume (Neegaard y Woolfson, 2017). Nathan Lillie y Anna Simola explican en una reciente contribución que «las contradicciones sin resolver entre la libre movilidad regulada supranacionalmente y la soberanía nacional han pasado al frente de la escena, lo que ha precipitado la crisis. Este es un serio obstáculo para el proyecto europeo, el cual está esencialmente incrustado en el diseño de la integración europea» (2016:7). Desde la renuncia del ex primer ministro David Cameron, al día siguiente de que se anunciara el resultado del referéndum, la perspectiva de mayor peso del gobierno conservador era que el brexit presuponía el fin de la obligación del Reino Unido de aceptar la libre movilidad de las personas de otros Estados miembros con el derecho de vivir y trabajar en Gran Bretaña. En palabras de la sucesora, Theresa May, el gobierno del Reino Unido quería «establecer control de la libre movilidad
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de modo que se acabe esa libre movilidad» (12 de octubre de 2016). El control sobre las fronteras (quién entra, quién sale y quién tiene el derecho de quedarse y bajo qué condiciones) era considerado el elemento fundamental de la soberanía nacional. La libre movilidad del trabajo se constituye en una de las cuatro «libertades fundacionales» del proyecto europeo a las que todos los Estados miembros se deben suscribir. Se determinó por primera vez en el tratado que establecía la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y se le otorgó personalidad legal en la Directiva de Libre Movilidad (The European Parliament and the Council of the European Union, 2004; véase también Charter of Fundamental Rights of the European Union, artículos 15 y 45). En su concepción original fue una estrategia para asegurar que en los países vecinos que en el pasado estaban en guerra (en especial Francia y Alemania), el trabajo en las industrias clave se movería con libertad a través de las fronteras hacia donde hubiera escasez. Al mismo tiempo, el consenso internacional se crearía desde abajo con el propósito de asegurar la paz continental donde previamente hubo enemistad. Los tratados europeos sucesivos ampliaron la noción de la libre movilidad de trabajadores (y autoempleados) hasta incluir a miembros de sus familias. El Tratado de Maastricht de 1992 introdujo la noción de «ciudadano europeo» con derechos de vivir y trabajar en cualquier Estado miembro. Es más importante aún notar que Maastricht y el advenimiento de la unión monetaria europea representó la consolidación del neoliberalismo como la principal orientación política de la ue. De esa manera, la libre movilidad fue neoliberalizada en tanto la ue consolidó su dimensión económica al privilegiar las fuerzas del mercado por sobre las consideraciones sociales. El significado de la «libre movilidad» se transmutó desde el logro de un bien colectivo mayor a través del intercambio transnacional y se convirtió en el movimiento del homo economicus individual («movilidad» en el discurso oficial de la ue antes que «migración»). En ese sentido, los individuos que se mueven libres en respuesta a los incentivos económicos ofrecidos por un solo mercado europeo podrían maximizar las utilidades personales antes que las solidaridades sociales por todo el espacio europeo. Con base en lo anterior, el éxito de los arquitectos de la política europea fue más allá de lo esperado porque las sucesivas expansiones crearon nuevos flujos de trabajo de sur a norte y de este a oeste. En 2004, ocho nuevos Estados miembros de los países exsocialistas del antiguo bloque oriental se unieron a la ue: Hungría, Eslovaquia, República Checa,
Nota de los traductores: se refiere a un proceso particular mediante el cual las empresas logran ciertas ventajas comerciales con precios por debajo del costo de producción para eliminar a la competencia.
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Eslovenia, Polonia y los tres Estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania; mientras que Rumania y Bulgaria se unieron en 2007. Los términos de adhesión a la ue para los Estados poscomunistas de Europa Oriental implicaron una negociación unilateral —libre movilidad de capital y trabajo entre economías de diferentes capacidades y niveles de desarrollo. El desarrollo económico general de los nuevos miembros semiperiféricos, en particular luego del colapso de la Unión Soviética, estaba en un nivel mucho más bajo que el de Occidente. Por consiguiente, el antiguo bloque oriental ofrecía no solamente nuevos mercados para el capital europeo, en un proceso que se describe como «colonización económica», sino también una fuerza laboral preparada, flexible y calificada, ambos a disposición del capital entrante (Picketty, 2018). Dispuesta a ejercer nuevos derechos de movilidad, esta fuerza de trabajo podría ser considerada como un enorme «ejército laboral de reserva» para los Estados miembros centrales que realizarían trabajos por salarios y en condiciones laborales que en general los trabajadores domésticos rechazaban. La expansión oriental creó problemas sin precedentes en el manejo ordenado de la libre movilidad, inconvenientes que la ue no ha sido capaz de resolver. El término «dumping social»5 o «dumping salarial» ha sido usado para aludir a la eliminación de salarios y condiciones negociadas de modo interno por el trabajo extranjero de la ue (Bernaciak, 2012). Los ahorros que se ofrecen a los empleadores con dicho modelo de negocios parecen ser sustanciales; sin embargo, la escala del problema podría subestimarse debido a la ausencia de datos confiables (European Parliement, 2016). De hecho, la evidencia disponible del descenso salarial y de los efectos en el empleo creados por la libre movilidad del trabajo es ambigua. Ciertos estudios sugieren que si existen efectos, éstos son negativos y pequeños; pero con relación a los efectos en el empleo, podrían ser mayores en periodos de crisis económica e impactar más en las ocupaciones de menor calificación, en específico teniendo en cuenta la flexible naturaleza del mercado laboral del Reino Unido (Devlin et al., 2014; Nickell y Saleheen, 2015; Portes, 2016). Lo cierto es que la mayoría de los efectos son contrarrestados por la contribución positiva al crecimiento del pib, estimulada por el trabajo migrante; mientras que estos últimos contribuyen más en impuestos y aportes sociales que lo que reciben como beneficios (ocde, 2014). Más relevante aún ha sido la percepción social
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de los impactos de la presencia del trabajo extranjero en los mercados laborales locales (Wadsworth, 2015). En ese caso, la política de la migración laboral ha alimentado el prejuicio popular y las inseguridades surgidas de la austeridad. La percepción de que el trabajo migrante compite con bajos salarios se ha convertido en el impulsor de la hostilidad frente a la inmigración. A medida que la primera ola de «libre movimiento» se puso en marcha desde los nuevos Estados adscritos en 2004, emergieron con rapidez nuevos problemas de relaciones industriales en tres antiguos Estados miembros: Irlanda, Suecia y el Reino Unido. Esos Estados optaron por no imponer los «acuerdos transicionales» diseñados para limitar el flujo de trabajo a sus mercados laborales. La Comisión Europea apenas consideró proyecciones muy modestas de las cifras que podrían esperarse que llegarían de Europa Oriental para aprovechar los salarios que, en el caso de los países bálticos, eran cinco veces más grandes en Suecia que en Letonia (European Commission, 2006:17). Los países que permitieron la libre movilidad inmediatamente después de la expansión europea experimentaron graves conflictos industriales, resalta el conflicto Laval que surgió por la presencia de trabajadores letonios de la construcción en el mercado laboral sueco. El veredicto de Laval de la Corte de Justicia Europea y otras tres determinaciones asociadas son consideradas perjudiciales para una de las piezas clave de la legislación de protección que proporciona estándares laborales comunes para los trabajadores transfronterizos: la Directiva de los Trabajadores Comisionados (Woolfson y Sommers, 2005). A pesar de que técnicamente el conflicto Laval se origina de una cuestión de «libertad de servicios» antes que de la «libertad de movimiento» (ya que la fuerza de trabajo letona permaneció empleada por el proveedor de servicios del «Estado anfitrión»), la realidad es que a ellos se les pagaba de manera sustancial por debajo de la tasa vigente negociada en colectivo para los trabajadores de la construcción en la región de Estocolmo. La figura legal era que como «trabajadores comisionados» los letonios no formaban parte del mercado laboral sueco; esa figura fue desmentida por la realidad, porque los trabajadores habían cruzado la frontera con la finalidad de trabajar con menor salario y en peores condiciones respecto a las defendidas por los sindicatos, que tenían con anterioridad un papel fundamental en la regulación de salarios y condiciones laborales. Sigue siendo difícil de comprender el hecho de que muchos trabajadores de la ue han sido reclutados en áreas del mercado laboral pobremente reguladas, en las que su adaptabilidad y disposición a trabajar de modo arduo a cambio de
La «revolución silenciosa» de Theresa May La conservadora primera ministra Theresa May ha intentado sin malicia recuperar una ira profundamente arraigada, cuyas raíces objetivas se encuentran en el resentimiento social creado por la austeridad en amplios sectores de la población (The Guardian, 14 de julio de 2016). Al hablar en nombre de la «nación», May ha intentado infiltrar la noción de «justicia social», una causa tradicionalmente de izquierda, con un contenido que es a la vez antieuropeo y antiinmigrante. Así, la política de la justicia social y la política de la identidad han sido deliberadamente integradas de una forma perversa. El logro de este salto ideológico, muy distinto de la política de su predecesor, ha requerido de la elaboración de una nueva narrativa, fundada en que el gobierno conservador lidera la causa de la «familia ordinaria de clase trabajadora» para la cual «la vida es más difícil de lo que creen muchas personas en Westminster» y quienes «apenas se las arreglan»
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salarios comparativamente más bajos sin quejarse, son muy atractivos para los empleadores y donde el cumplimiento efectivo de los estándares laborales ha sido irregular (Migration Advisory Committee, 2014). En esos sectores ha sido complicado para los empleadores encontrar fuerza de trabajo local que acepte los bajos salarios que están dispuestos a pagar, mientras que los trabajadores migrantes, a pesar de ganar más de lo que obtendrían en sus países de origen siguen siendo vulnerables a la explotación y están condenados a la exclusión como una subclase en un mercado laboral segmentado. En Europa occidental no ha sido sencillo para los sindicatos organizar a esta nueva fuerza de trabajo migrante que en distintas situaciones comprende a trabajadores de corto plazo y de permanencia temporal (Marino, Penninx y Roosblad, 2017). Referente a los trabajadores de los nuevos Estados miembros de la ue con poca experiencia en sindicatos y guardan resabios sobre tales organizaciones debido a su vinculación con sindicatos en sus países de origen durante la era de la Unión Soviética, existen obstáculos en la organización de esa fuerza de trabajo (Fitzgerald y Hardy, 2010). La libre movilidad se presentaba además como una perfecta oportunidad populista para el actual gobierno conservador con la intención de hacer de la cuestión migratoria interna de la ue una ventaja en la política del brexit.
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(los llamados jam)6 (The Spectator, 14 de julio de 2016). El cambio en el vocabulario populista añade una nueva dimensión, también populista, a lo que May ha denominado «revolución silenciosa» en la política británica representada por el voto del brexit. En su discurso, May expresó que el voto para dejar la ue «no se trataba solamente de la ue sino de algo más grande —algo que la ue había llegado a representar. Se trataba de un sentimiento —profundo y con frecuencia justificado— que muchos tienen en la actualidad, de que el mundo funciona bien para unos pocos privilegiados, pero no para ellos» (The Independent, 5 de octubre de 2016 ). May prosigue reconociendo que entre las «profundas raíces» de esta «revolución», no fueron los ricos los que hicieron los mayores sacrificios después de la crisis financiera, sino más bien las familias ordinarias de la clase trabajadora. Y si eres uno de los que perdió su empleo, que lo mantuvo pero con menos horas, recibió una paga inferior mientras las cuentas del hogar se disparaban o bien —y sé que a varios no les gusta admitir esto— alguien que se encuentra sin empleo o que trabaja por salarios más bajos debido a la inmigración no calificada, la vida simplemente no parece
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justa (The Independent, 5 de octubre de 2016; énfasis añadido).
El nuevo léxico político de «justicia» presentaba la paradójica imagen de un gobierno conservador que en reiteradas ocasiones ofrecía garantías de que los derechos de los trabajadores eran su principal preocupación. Por tanto, al afirmar que los derechos de los trabajadores británicos serían protegidos después de salir de la ue, el ministro de gabinete responsable del brexit, David Davis, manifestó en la conferencia del Partido Conservador en octubre de 2016: A todos aquellos que tratan de atemorizar a los trabajadores británicos, diciendo «cuando nos vayamos los derechos laborales serán reducidos», yo digo firme e inequívocamente, «no será así». Gran Bretaña ya está más allá de la ley de la ue en múltiples áreas —y ofrecemos dicha garantía: este gobierno conservador no reducirá esos derechos en la vida laboral (The Spectator, 2 de octubre de 2016).
Nota de los traductores: jam corresponde a la definición en inglés de quienes apenas se las arreglan, es decir, «Just About Manage».
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7 Nota de los traductores: neologismo que alude a la emergencia de un nuevo tipo de economía que implica una flexibilización extrema de los empleos, trabajos temporales, bajo la figura de consultorías y contratación de trabajadores independientes para la realización de tareas concretas y definidas.
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Las garantías de preservar los derechos de los trabajadores conferidos a consecuencia de pertenecer a la ue merecieron un capítulo separado en el White Paper del brexit de febrero de 2017, que establecía la base legislativa para la retirada de Gran Bretaña de la ue (hm Government, 2017). El manifiesto electoral del Partido Conservador de 2017 llevó el reposicionamiento de la política conservadora un paso más adelante hacia la «gente trabajadora común» (Conservative Party, 2017). En un quiebre retórico con la ideología de sus predecesores, Margaret Thatcher y David Cameron, May rechazó el denominado «libre mercado irrestricto» y el «culto al individualismo egoísta» al prometer que su gobierno actuaría «como una fuerza de bien (...) al servicio de la gente trabajadora de este país» (Conservative Party, 2017:7-9, 38). La «gran meritocracia» conservadora prometía una «Gran Bretaña más justa que funcione para todos y no solamente para unos pocos privilegiados» (Conservative Party, 2017:47, 5). A pesar de ello, hay que reconocer que May también se preocupó por resolver un asunto políticamente crítico: los trabajadores explotados en la denominada «economía gig»,7 generada por el crecimiento de las compras por internet de bienes y servicios y todos aquellos con remuneraciones por debajo del salario mínimo nacional, cuyo número fue estimado por la Oficina Nacional de Estadísticas en más de 360 mil (ons, 2016 b). La escasez de oportunidades de empleo fijo a tiempo completo a partir de la crisis ha hecho que una gran parte de la fuerza laboral tenga un empleo precario (Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2016; 2017). Para estos trabajadores, los acuerdos de flexibilización laboral representan el único aspecto positivo en un mercado laboral caracterizado por una creciente inseguridad. A menudo, se les obliga a aceptar una relación contractual de tipo «autoempleo» y se les paga «a destajo» en vez de pagarles como a empleados directos en plena posesión de todos sus derechos laborales. Ello permite a las compañías minimizar sus obligaciones estatutarias de otorgar vacaciones pagadas, seguro de salud, licencia por paternidad o maternidad o aportar a las pensiones (Booth, Evans y Osborne, 18 de julio de 2016 ). Los escándalos que fueron publicitados de amplia manera y que involucraron a las marcas más conocidas del Reino Unido (Sports Direct) y compañías a la vanguardia de la economía gig (Uber, Deliveroo, Asos, Hermes y Addison Lee),
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mostraban demandas legales de derechos laborales en las que la fuerza de trabajo vulnerable y étnicamente diversa demandaba y lograba mejorar sus derechos laborales como trabajadores y no como autoempleados (Woodcock, 2016 ). El gobierno conservador de May implementó con acierto una evaluación independiente de alto nivel de las prácticas de empleo actuales para establecer recomendaciones con la promesa del manifiesto electoral de «asegurarse que los trabajadores de la economía gig estén adecuadamente protegidos» (Conservative Party, 2017:16 ). Lo novedoso del reciente contexto era que se percibía la necesidad de priorizar el cumplimiento y el mantenimiento de estándares laborales justos como parte de la construcción de un brexit populista, «haciendo que el mercado trabaje para los trabajadores» (The Independent, 5 de octubre de 2016 ). Sin embargo, la falsa solidaridad con los más explotados o con aquellos que «apenas se las arreglan», implicó sus propias y rígidas directrices de exclusión. En esa narrativa, se dio una gran importancia al proceso de focalización de los migrantes indocumentados denominados «ilegales», quienes por definición no formaban parte de «la nación». May, en su papel de ministra del interior del gobierno previo, se ocupó de manera insistente en el tema de la inmigración ilegal. Ahora, con la nueva retórica de la «justicia», esas personas han sido identificadas como las principales culpables de los bajos salarios y de las deficientes condiciones laborales de los trabajadores nativos británicos. La designación de un director de Control de Mercado Laboral, a partir del Acuerdo de Inmigración de 2016,8 tenía el objetivo de «hacer que fuera más difícil vivir y trabajar en el Reino Unido» a través de la criminalización de esos trabajadores, e incluso con la imposición de sanciones cada vez más fuertes a los empleadores de trabajadores indocumentados que incluían la posibilidad de privación de libertad de hasta dos años (Fudge, 2016 ). Por tanto, los ataques hacia la mano de obra extranjera e indocumentada forman parte de la actual estrategia conservadora para acumular capital político de la coyuntura xenofóbica generada por el referéndum de la ue. En un giro a la derecha, el gobierno conservador de May ha capturado con agilidad el apoyo de las bases antiinmigrantes de apoyo del Partido para la Independencia del Reino Nota de los traductores: la versión original es Inmigration Act y su traducción como «Acuerdo de Inmigración», en vez de concentrarse en los aspectos jurídicos que supone la versión original, enfatiza el carácter institucional y oficial del documento en cuestión y sus implicaciones en términos de políticas públicas. 8
Nota de los traductores: el término 3d resulta de la conjunción de dirty, dangerous y demeaning. No se han encontrado en español expresiones equivalentes que incluyan la letra «d» al inicio, por lo que se mantiene el término original.
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Unido. De forma semejante, Amber Rudd ha sido designada como la nueva ministra del interior y ha propuesto pedir a las empresas británicas que reporten a los empleados que no sean ciudadanos del Reino Unido en un esfuerzo para promover que los empleadores contraten trabajadores locales en lugar de extranjeros. Al plantear dicha propuesta, Rudd negó explícitamente cualquier viso de racismo (bbc News, 5 de octubre de 2016). Sin embargo, esta iniciativa fue inmediatamente considerada «divisoria» desde el interior de su propio partido, «inútil» a los ojos de los empleadores y sus representantes que necesitaban contratar trabajo del exterior y «xenofóbica» para los sindicatos y los referentes de la opinión pública progresistas (Ross, 13 de octubre de 2016 ). Si bien los conservadores retrocedieron en su propuesta original, estaba claro que aún tenían la intención de solicitar esos reportes en el futuro. Si la libre movilidad ha de ser eliminada, todavía existe el problema de diseñar una política migratoria racional que incluya la evaluación del mercado laboral en el que hay una verdadera escasez de mano de obra que no puede ser atendida por la contratación de fuerza de trabajo doméstica. El brexit propone un nuevo dilema para los empleadores en sectores específicos intensivos que dependen del trabajo migrante, como agricultura y horticultura (y en elaboración de alimentos, procesamiento de carne, restaurantes, almacenes), que en la actualidad han constituido sus modelos de negocio sobre la base de la explotación del trabajo migrante barato y abundante (Swales y Baker, 2016 ). O bien tendrán que invertir en tecnologías de automatización que reemplacen el trabajo humano y las tareas 3d (sucias, peligrosas y enajenantes)9 que realizan, o deberán buscar nuevas fuentes para la contratación que no provengan de la ue, lo cual no es algo que el actual gobierno conservador acepte de buena manera. La opción de una «ruta corta» podría ser la más atractiva en cuanto a costos, ya que siempre habrá la necesidad de una fuerza de trabajo flexible, que atienda las demandas de grandes cadenas de supermercados en cuanto a la entrega en el plazo requerido de frutas y verduras perecederas. Importantes ministros de gobierno reconocen las dificultades que crearía una abrupta supresión de la libre movilidad laboral y abogan para que cierto tipo de «acuerdos transicionales» sean implementados. Así, David Davis, ministro de gobierno responsable del brexit, declaró durante una visita a Estonia en la
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primavera de 2017 «en el sector del hospedaje, hoteles y restaurantes, en el sector de los servicios sociales, en el trabajo agrícola, se requerirá de tiempo —tomará años y años para que tengamos ciudadanos británicos haciendo esos trabajos» (Bloomberg, 20 de febrero de 2017). La sugerencia de que la puerta no se «cerraría de inmediato» no agradará a los más ardientes fanáticos de un «brexit extremo», pero queda claro que la supresión inmediata de la migración no calificada propiciaría considerables problemas en la industria y en el sector público, incluyendo la atención de las necesidades de personal del Servicio Nacional de Salud. Empero, las declaraciones de Davis plantearon un desconcertante problema que no se discute: ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno conservador, en los años siguientes y por medio de qué políticas, para persuadir a los trabajadores nativos para que «realicen esos trabajos» con el tipo de remuneraciones y bajo las condiciones que ofrecen esos sectores? Por un lado, la situación futura de las personas con nacionalidad europea que ya viven y trabajan en el Reino Unido se resolvería durante las negociaciones del brexit (y de igual modo, en el caso de los más de un millón de británicos residentes en otros Estados miembros de la ue). Por otro lado, la esencia de la política de migración laboral post-brexit solamente sería revelada con posterioridad. Cualquiera que sea la lógica propuesta para la política migratoria post-brexit del Reino Unido persistirá la amenaza de nuevas divisiones en la fuerza laboral basadas en la nacionalidad y en la situación migratoria. La legitimación del Estado de la aplicación de estándares diferenciales de protección laboral, como sería entre ciudadanos del Reino Unido y de la ue, derivaría en la institucionalización de un rango de migrantes laborales de «segunda clase» cuyos derechos de vivir y trabajar en Gran Bretaña en los mismos términos que los trabajadores nativos han disminuido significativamente.
Las elecciones generales de 2017 Las elecciones generales de junio de 2017 fueron la más reciente culminación de la crisis no resuelta respecto a la aventura europea británica que dividió las bases de ambos partidos, desde que Gran Bretaña se unió a la Comunidad Económica Europea en 1973. Estos conflictos irresolutos han involucrado por décadas a los partidos Conservador y al Laborista, pero ahora, en tiempos más recientes, aparecen en su forma más problemática y volátil. A fin de entender porqué May
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convocó a elecciones, no solamente es preciso considerar a Europa y la necesidad de fortalecer su capacidad de negociación en vista de las perspectivas de difíciles negociaciones con la Comisión sobre los términos de la salida de Gran Bretaña. También es indispensable tomar en cuenta asuntos más cercanos al país. Se consideraba que el Partido Laborista se encontraba en una crisis terminal ocasionada por la sorpresiva elección en septiembre de 2015 de Jeremy Corbyn, un izquierdista declarado, como líder del Partido Laborista. El Nuevo Laborismo, en la gestión de Tony Blair desde 1997 en adelante, en un esfuerzo por «modernizar» el partido y apelar al presunto centro del electorado británico, se distanció de sus fieles partidarios del movimiento sindical y trabajador organizado. En contraste, durante los años del gobierno de la coalición dirigida por los conservadores entre 2010 y 2015, el Partido Laborista hizo muy poco por distanciarse de aquellas políticas. Con la elección de Corbyn como líder del partido, que marcaba una clara separación con el Nuevo Laborismo, el partido se consumió en un conflicto interno que resultó en dos discusiones aisladas acerca de su situación de liderazgo. La primera fue derrotada en una elección abierta de miembros regulares del partido. Luego, a finales de junio de 2016, Corbyn enfrentó una revuelta abierta, pues más de sesenta miembros del equipo de oposición laborista del «gabinete encubierto» de primera línea renunciaron en masa en el lapso de unos cuantos días. Subsecuentemente, el «deslucido desempeño» de Corbyn fue atacado por una «moción de no-confianza» apoyada por 172 miembros laboristas del Parlamento a nombre de la campaña por la permanencia durante el proceso del referéndum de la ue. Con solamente cuarenta Miembros del Parlamento (mp) que se oponían a esa moción de «no-confianza», Corbyn se mantuvo desafiante y se negó a retroceder y «traicionar» a los miembros del Partido Laborista que votaron por él. Eso fue lo que inició un segundo liderazgo que enfrentaba la posición de Corbyn como líder del partido, reconfirmada por 61.8 por ciento de los miembros, que frente a 38.2 por ciento de su rival más cercano le daba la victoria por un margen mayor que el de la elección inicial (Labour Party, 2016 ). A fin de aprovechar todas las divisiones públicas del Partido Laborista y también para destruir el disenso en su propio partido y en la Cámara de los Lores donde los conservadores no tenían apoyo mayoritario al brexit, Theresa May anunció una repentina elección general en abril de 2017. El anuncio se hizo a pesar de haber realizado otra antes de que fuese necesario según la ley, la cual tendría que efectuarse en algún momento antes de 2020 (Asthana y Walker, 19
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de abril de 2017). En las encuestas de opinión, los conservadores tenían una ventaja sobre los laboristas de veinte puntos porcentuales. Concerniente a May, la ventaja era mayor, con 52 puntos porcentuales respecto de Jeremy Corbyn, circunstancia que mejoraría la mayoría parlamentaria conservadora de 17 mp con una arrolladora victoria en las elecciones generales. El «Equipo May», bajo el liderazgo de la primera ministra, tenía un mantra para su campaña que prometía un liderazgo «poderoso y estable», capaz de lograr «el mejor acuerdo brexit para Gran Bretaña» (May, 2 de mayo de 2017). En consecuencia, el manifiesto electoral conservador reiteraba la posición de May de un «brexit extremo», «para el Reino Unido, no llegar a ningún acuerdo es mejor que llegar a un mal acuerdo»; lo que implicaba —de ser necesario— perjudicar el acceso británico al mercado común europeo y la integración aduanera con el objetivo de retomar el control de la inmigración de la ue (Conservative Party, 2017:35). Para May, la priorización de la supresión de la libre movilidad de los ciudadanos europeos en Gran Bretaña y la eliminación de la supremacía de la Corte Europea de Justicia sobre la ley inglesa eran objetivos primarios aún a costa del libre comercio con Europa. Esto era lo que se habría de proponer como la posición «no negociable» del Reino Unido en las negociaciones del brexit. El mensaje de la Comisión Europea era claro: sin la libre movilidad, el Reino Unido no podría acceder al Mercado Común Europeo. Igualmente controversial era la cuestión acerca del monto de la «factura del divorcio» del Reino Unido, el monto calculado por el que el Reino Unido era demandado, correspondiente a la estimación de las futuras contribuciones al presupuesto de la ue. La cifra propuesta por la Comisión Europea oscilaba entre 40 y 100 billones de euros (es decir, hasta 86 mil millones de libras o un poco más de 111 mil millones de dólares americanos), una suma que el gobierno británico calificó de excesiva y que no tomaba en cuenta las contribuciones previas. No menos controversial era la cuestión sobre el tipo de la futura frontera de tierra entre el Reino Unido y la ue, entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y la República de Irlanda (un Estado miembro de la ue). A la República de Irlanda le preocupaba en especial la posibilidad de la restricción a la libre movilidad y el establecimiento de puestos aduaneros en la frontera con el norte y los impedimentos al comercio. La resolución de tales prioridades de negociación fue planteada por la Comisión Europea como un prerrequisito «estrictamente necesario» para que el diálogo del brexit avanzara en el proceso de una «retirada ordenada» y como algo preliminar a cualquier acuerdo comercial futuro entre el Reino Unido y la
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ue (European Commission, 2017a:2). Las «directrices para la negociación» de la Comisión exigían que el Reino Unido demostrara un «progreso suficiente» en dichos asuntos antes con el propósito de que otros puedan ser considerados (European Commission, 2017b). El Reino Unido, por otro lado, deseaba que las negociaciones relativas a un futuro acuerdo comercial con la ue y temas como los derechos de los residentes en el Reino Unido con nacionalidad de la ue prosiguieran discusiones paralelas. En vista de las agendas divergentes, parecía en primera instancia que las negociaciones del brexit fracasarían antes de que hubieran comenzado formalmente (Watts, 4 de mayo de 2017). Sin embargo, el Reino Unido no tenía el tiempo a su favor al enfrentarse a negociadores cada vez más impacientes, seleccionados de entre lo mejor de la Comisión Europea. El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea contiene la base legal para que el Reino Unido notifique su intención de retirarse de la ue. Se ha estipulado que las negociaciones concernientes a la retirada concluyan el 29 de marzo de 2019, es decir, en un periodo de dos años; a la vez que se estableció que las discusiones postergadas comenzarían el 19 de junio de 2019, a tan sólo once días de las elecciones generales. No obstante, a medida que avanzaba la campaña de las elecciones generales, quedó claro que el brexit y los términos de la negociación con la Comisión Europea no eran lo más importante en la mente del electorado. Los asuntos domésticos cobraron relevancia. Muchos votantes conservadores mayores estaban desconcertados con la propuesta del manifiesto electoral del Partido Conservador de imponer ilimitados impuestos al costo de los cuidados a domicilio para los ancianos, que serían cobrados luego de su deceso contra el valor de la propiedad del hogar, a excepción de las últimas cien mil libras. La reacción hostil a eso que se llamó «locura impositiva» obligó a May a retractarse y a prometer públicamente en el futuro un «margen de protección» frente a los cargos de los propietarios de casas. Otras medidas políticas propuestas que contribuyeron a la fría recepción del manifiesto Conservador incluían: una «evaluación de capacidades» para pagos de combustible de invierno de los jubilados, que debilitaba la indexación de «triple cerrojo» de 2.5 por ciento anual en las pensiones del Estado; la abolición de las comidas escolares gratuitas de los niños; un compromiso para reintroducir la escolaridad selectiva; y una confusión acerca de si los conservadores en el gobierno incrementarían o no el impuesto al ingreso. Las propuestas fueron diseñadas por un compacto dúo de asesores de confianza de May, quienes la acompañaron desde que era ministra del interior y la aislaron de las opiniones
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más diversas de aquellos que en su propio partido no fueron consultados en torno al contenido del manifiesto. Estos errores de apreciación política llegarían a ser fatales para las aspiraciones de May de hacer desaparecer el Laborismo en la siguiente generación. El manifiesto electoral del Partido Laborista abogaba con fuerza por la antiausteridad y un punto significativo de divergencia con relación a las políticas previas del Nuevo Laborismo y del Centro que buscaban el consenso (Labour Party, 2017). El manifiesto, tanto en su versión prematuramente «filtrada» como en su forma final, ofrecía un conjunto de políticas para la renacionalización progresiva de los servicios de ferrocarriles, agua, energía y correo, mayor regulación estatal, eliminación de las matrículas de los estudiantes, mayor devolución regional de impuestos, mayores impuestos redistributivos a los ricos y un impuesto al salario excesivo de los ejecutivos. Los compromisos de seguridad e igualdad en el trabajo prometían mejorar en gran medida los estándares laborales. Dichas propuestas incluían igualdad de derechos para los empleados desde el primer día, sin importar que fuesen a tiempo completo o parcial, temporales o permanentes. Una segunda área de compromiso era declarar ilegales los «contratos de cero horas». La práctica cada vez más frecuente de dar contratos de trabajo que no tienen ninguna garantía de horas fijas de empleo y de colocar obreros «a requerimiento» a la disposición del empleador sería prohibida. La prevalencia de los contratos de cero horas creció con rapidez luego de la crisis, desde 143 mil en 2008 hasta un estimado de 900 mil o más empleados en 2015 (2.8 por ciento de la fuerza de trabajo) (Government uk, 2016 ). Además, el Laborismo presionaría a las agencias y a los empleadores que recurren a la imposición «tramposa» del estatus de falso autoempleado con la intención de evitar responsabilidades de la seguridad social. Los derechos para iniciar una demanda en el tribunal laboral, introducidos en 2013 y que varían entre 390 y mil 200 libras esterlinas (500 a mil 500 dólares americanos) serían eliminados, lo que permitiría la atención legal a los agravios laborales, como despido injustificado, reclamos de igualdad remuneración o de discriminación sexual, particularmente difíciles de acceder para los trabajadores con los salarios más bajos. El compromiso de promover la negociación colectiva sectorial alentaría la representación colectiva de los sindicatos. En caso de que un gobierno laborista fuera elegido, el manifiesto Laborista prometía que los derechos de los sindicatos mejorarían al revertir las medidas restrictivas impuestas por la Trade Union Act de 2016 de la administración de la coalición conservadora previa. Millones de trabajadores del sector público,
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cuyos incrementos salariales anuales se han mantenido en 1 por ciento, también han visto restringido su derecho fundamental de participar en la acción industrial. De acuerdo con la Trade Union Act de los conservadores, se requiere que como mínimo participe en la elección 50 por ciento de quienes tienen el derecho a votar respecto de cualquier huelga. En los «servicios públicos importantes», al menos 40 por ciento de los que tienen el derecho debían votar en apoyo a la continuidad de las actividades, mientras que las abstenciones serían consideradas como votos por el «no» (Smith, 2015:357; Labour Party, 2017:47- 48). Las medidas propuestas por los laboristas para reequilibrar la legislación de protección al empleo hacia los derechos de los empleados a la representación colectiva comprendían una parte esencial del manifiesto del partido. El énfasis de la campaña de los laboristas en las políticas antiausteridad se vinculó con las preocupaciones del electorado en torno del futuro del Servicio Nacional de Salud, de la economía, la vivienda y el empleo. Antes de concentrarse en el brexit y en la inmigración, estos temas fueron los que resonaron en el electorado e hicieron que las elecciones generales fuesen una competencia más cerrada. La vasta experiencia de Corbyn de hacer campaña y de comunicarse con la gente común demostró ser un activo crucial puesto que se presentaba en concentraciones masivas de sus partidarios por todo el país, en los que participaban cientos y a veces miles de personas. El corresponsal en Gales del diario The Guardian, que de ninguna manera apoyaba a Corbyn, escribió acerca de su mitin: «La gente de Corbyn era tanta en Colwyn Bay que nadie pudo creer que tantas personas vivían en Colwyn Bay» (Williams, 9 de junio de 2017). El manifiesto en su integridad tenía una relevante atracción popular, que confundió a la crítica interna del partido y a los principales diarios quienes acusaron a Corbyn de promover una agenda de «extrema izquierda» que «llevaría a Gran Bretaña de vuelta a los años 1970» (ComRes, 2017; Business Insider uk, 12 de mayo de 2017). Inspirados por la política de izquierda de Corbyn y atraídos porque abogaba por un programa antiausteridad, decenas de miles de nuevos miembros se unieron al partido, de modo tal que el partido podía presumir de contar con cerca de 500 mil integrantes. Esto transformó al Laborismo en la organización política de mayor tamaño en su historia. Enormes concentraciones públicas por toda Gran Bretaña llenaban de energía a esos nuevos partidarios laboristas, en especial entre los jóvenes, hecho que condujo a experimentados analistas políticos a hablar del nacimiento de un nuevo movimiento social, acertadamente denominado Momentum (Wintour, 5 de octubre de 2016). Tal «giro a la izquierda» en la base del
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Partido Laborista representó un impulso clave para posicionar al Laborismo como una alternativa política creíble frente a las políticas de austeridad conservadora. A tan sólo dos semanas de las elecciones, la inalcanzable ventaja conservadora previa en los sondeos disminuyó hasta ser apenas de 5 puntos porcentuales; en tanto que la ventaja en el nivel de aprobación de May respecto de Corbyn descendió hasta los 17 puntos porcentuales, todavía significativa pero no tan alarmante como lo era con anterioridad (Pasha-Robinson, 26 de mayo de 2017). Después, justo cuando parecía que el Laborismo definitivamente había llevado el debate lejos del brexit y hacia las políticas de austeridad impuestas por los conservadores, una bomba terrorista explotó en Manchester en un concierto de pop donde murieron 22 personas y otras resultaron heridas. Un segundo ataque terrorista en el centro de Londres seis días antes de las elecciones causó ocho decesos y docenas de heridos. A raíz de estos trágicos eventos se detuvo temporalmente la campaña electoral, lo que permitió a May reorientar las elecciones hacia cuestiones de seguridad. Luego del ataque en Manchester, Corbyn mencionó la relación entre las intervenciones de la política externa del Reino Unido y los ataques terroristas en el país, así como el apoyo del Reino Unido a los regímenes represivos de Medio Oriente que apoyaron esas actividades. Tras el ataque de Londres, el líder laborista enfatizó con elocuencia los efectos de los recortes de austeridad para controlar las cifras durante los seis días que Theresa May fungió como ministra del interior, los cuales, si se elegía al Laborismo, serían revertidos. Además, era de conocimiento público la propia y persistente oposición de Corbyn al apoyo del Reino Unido en las intervenciones militares en Iraq, Afganistán y otros lugares. Si Corbyn podía ser considerado como «débil con el terrorismo», los conservadores parecían estar listos para recuperar el terreno electoral perdido frente a los laboristas durante la fase previa de la campaña (Stewart y Mason, 26 de mayo de 2017). En las últimas horas de la campaña Theresa May declaró «ya es suficiente» y prometió una nueva y dura legislación contra el terrorismo. Una contienda electoral que comenzó con la eliminación de la «libertad de movimiento» se convirtió en una que suprimía «la libertad y los movimientos» de los sospechosos de terrorismo. La prensa popular denunció a los «laboristas apologistas del terror» y detalló las reuniones de apoyo solidario a la resistencia palestina en las que participó Corbyn y en implacables columnas describió aquellas con los líderes republicanos de Irlanda ocurridas en la década de 1970 (Daily Mail, 2017). Parecía que a pesar de que se cerraba la brecha en las encuestas de opinión, la
El resultado de las elecciones del 8 de junio tuvo una significación histórica. El Laborismo aseguró 40 por ciento del voto popular en comparación con 42.4 por ciento que obtuvieron los conservadores, un resultado tan notable como inesperado. Las encuestas sugerían que May podía incrementar el número de mp conservadores en más de sesenta, ello implicaría que el Laborismo se quedase con 164 mp, apenas la mitad del total de 326 que se requieren para formar un gobierno de mayoría general. En términos de los escaños parlamentarios ganados, el total de los conservadores alcanzó 318 miembros, que representa una pérdida de 13 escaños y elimina su mayoría previa. El Partido Laborista desafió todas las expectativas: incrementó su representación de forma impresionante en 30 mp para alcanzar 262, no lo suficiente para conformar un gobierno de mayoría, pero sí para reinstalar al Laborismo como el partido de oposición más importante. El resultado de la elección, en términos de los escaños obtenidos en el Parlamento, deriva de las particularidades del sistema de partidos de Reino Unido; sin embargo, desde una perspectiva sociológica con respecto a la votación, el colapso del voto del piru y de otros partidos ha marcado el retorno de los votantes a los dos partidos principales. En realidad, el voto conservador aumentó en 2017 (aunque no tanto como en el caso del voto laborista). Ambos partidos recobraron electores en desmedro de los partidos pequeños. De no haber sido por el resurgimiento del Partido Conservador en Escocia, donde ganó 13 escaños en total, incluyendo 12 correspondientes al Partido Nacional Escocés (pne) que apoya la independencia de Escocia, el resultado habría sido más negativo aun para el gobierno conservador (bbc News, 9 de junio de 2017). En contraste con la votación en Inglaterra en el referéndum de la ue en 2016, los votantes escoceses apoyaron la opción de la permanencia por una clara mayoría de casi dos a uno (62 por ciento, frente a 38 por ciento) (bbc News, 27 de junio de 2016). Esto le dio al pne la oportunidad de confrontar la legitimidad de la agenda de «brexit extremo» del gobierno conservador y de plantear que debería reconocerse el interés escocés por mantener la relación comercial con Europa basada en el mercado común y las fronteras abiertas. No obstante,
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humillación electoral laborista era casi segura y solamente estaba en discusión la escala de la derrota.
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en las elecciones generales de 2017 el pne perdió 21 de sus 56 mp de Westminster, circunstancia que limitó sus ambiciones de realizar un segundo referéndum de independencia si el gobierno continuaba con un «brexit extremo». Las elecciones todavía mantuvieron al pne como el tercer mayor partido en el parlamento, con la posibilidad de tener voz para apoyar el acuerdo final del brexit. El espectacular fracaso de Theresa May en la aventura electoral ha debilitado su situación en apariencia inaccesible como primera ministra a tal punto que su ruina era inevitable, detenida tan sólo de modo temporal por el miedo a un mayor caos interno en el partido y más divisiones incontrolables con relación a Europa y, no menos relevante, la posibilidad de una victoria laborista si otra elección general fuera necesaria. Con su propio futuro en la balanza, la arrepentida y abrumada la primera ministra May se disculpó ante la jerarquía del partido por «habernos metido en este embrollo», destituyó a sus dos asesores más cercanos y prometió un estilo de gobierno más inclusivo (bbc News, 12 de junio de 2017). Tras debilitarse la autoridad de May, el coro de demandas de la prensa liberal y desde el interior del Partido Conservador (dirigidas por su propio canciller) creció tanto que ella flexibilizó su postura de «brexit extremo» y modificó su preocupación por controlar la inmigración antes que priorizar los asuntos económicos (The Independent, 19 de junio de 2017; Hammond, 20 de junio de 2017). Quedó claro a partir del tradicional «Discurso de la Reina» poselectoral presentado por la monarca al Parlamento (aunque éste haya sido escrito por el gobierno y enfatice su agenda legislativa propuesta) que el brexit requerirá de un conjunto de nuevas resoluciones legales en los próximos dos años. Además de un Decreto Derogatorio que transfiera formalmente la legislación europea existente hacia la legislación británica, habrá una serie de disposiciones para repatriar el control de áreas clave de política tales como inmigración, comercio, aranceles aduaneros, agricultura y pesca (Queen’s Speech, 2017). De nuevo, se hacía la promesa de proteger los derechos de los trabajadores pero esta vez sin una elaboración más detallada. La naturaleza extenuada de la agenda política propuesta reveló lo débil que se ha hecho el gobierno conservador. Frente a la ausencia de una mayoría general, Theresa May optó por un arreglo para las votaciones, se respaldó en los votos de los 13 mp de Irlanda del Norte del Partido Democrático Sindical (pds). No es una coalición formal sino un acuerdo de apoyo al gobierno en un esquema de voto por voto (denominado «confianza y disponibilidad»). Incluso al interior del Partido Conservador era
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evidente el malestar en cuanto a la dependencia del gobierno en los elementos socialmente más conservadores (opuestos al matrimonio de un mismo sexo y al aborto) en la política de Irlanda del Norte (Miller y Lewis, 2017). La gran relevancia del pds como «creadores de reyes», que fortalecía el gobierno de minoría de May, quizá también debilitó el ya frágil «Acuerdo de Buen Viernes» de Irlanda del Norte referido al poder compartido con la comunidad nacionalista. El acuerdo terminó con años de conflicto y violencia sectaria durante las décadas de «los Problemas». Incluso aún antes de las elecciones el acuerdo de poder compartido se rompió, con lo que emergió de nuevo la posibilidad de un gobierno provincial directamente desde Londres. Asimismo se complicó la postura negociadora de May de un «brexit extremo» frente a la Comisión Europea ya que el pds estaba a favor de un «acuerdo integral de libre comercio y de aduanas» y de una frontera sin fricción con la República de Irlanda, ambos preferían un «brexit flexible» (dup, 2017:19). Para el liderazgo a futuro de May del Partido Conservador, el precio del apoyo del pds era alto en términos políticos y financieros. Para el Laborismo, el liderazgo parlamentario políticamente precario de Corbyn hasta las elecciones ahora estaba más allá de cualquier duda e incluso los antiguos adversarios y críticos se apresuraban a volver a bordo. Las elecciones demostraron de modo definitivo que la facción proneoliberal de Blair del Partido Laborista se equivocó en su totalidad al evaluar la fuerte predisposición antiausteridad del electorado. El Partido Laborista no fue muy claro ni antes ni después de las elecciones de 2017 acerca de los argumentos progresistas para salir de la ue y reclamar la soberanía nacional como base para el avance del socialismo. A pesar de su euroescepticismo, Corbyn parecía simplemente hacer eco a los conservadores al aceptar que «respetar el voto del referéndum de la ue» de 2016 hacía que el salir de la ue fuese una necesidad política democrática. De igual forma, concerniente a la supresión de la «libre movilidad», no se hizo ningún análisis crítico. El manifiesto Laborista se comprometió a eliminar la libre movilidad y a limitar la cifra de inmigrantes a cifras de metas específicas y estaba a favor de «reglas justas y administración razonable» (Labour Party, 2017:28). Estas dos cuestiones no resueltas de las actitudes hacia la ue y en torno a la libre movilidad del trabajo representaron el talón de Aquiles del Partido Laborista, lo cual podría limitar su mayor avance.
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Hacia la segunda fase de las negociaciones del brexit
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Es imposible predecir el rumbo que han de tomar las negociaciones del brexit con la Comisión Europea, o lo que el futuro en el largo plazo le tiene reservado a la asediada minoría conservadora del gobierno de Theresa May, otra vez «humilde», pero fatalmente debilitada. Mucho dependerá del avance de las negociaciones del brexit y de las tensiones entre la búsqueda de un brexit «extremo» o uno «flexible» o «un poco más flexible». La Comisión Europea ha asumido desde el principio y con determinación la actitud de no dar «concesiones» en las negociaciones (bbc News, 19 de junio de 2017). Desde la perspectiva de Bruselas y de los principales Estados miembros, como resultado del brexit, la economía del Reino Unido debe ser menos próspera al estar fuera del mercado común y de la unión aduanera de la Unión Europea, aunque solamente sea para motivar a los demás. El negociador principal de la Comisión, Michel Barnier, se retracta y afirma, «tratamos de enseñar a la gente (...) lo que significa el dejar el mercado común» (bbc News, 3 de septiembre de 2017). La fase 1 de las negociaciones con la Comisión Europea concluyó en diciembre de 2017. El gobierno británico aceptó la demanda inicial de la Comisión de pagar una «factura de separación», que contemplaba contribuciones del Reino Unido al presupuesto de la ue hasta el 2020. Además, se ofrecían sólidas garantías para los ciudadanos de la ue que ya residían en el territorio. A ellos se les permitiría continuar viviendo y trabajando y quienes no tenían residencia permanente podrían obtener «carta de residencia» después del brexit. La libre movilidad estaría vigente dos años después de marzo de 2019. Los que llegaran después tendrían que registrarse y May pareció sugerir, en una posterior aclaración, que no serían elegibles para tener los mismos derechos que los ciudadanos de la ue en cuanto al acceso a los beneficios sociales y a la condición de residentes. Sin embargo, los ciudadanos del Reino Unido que vivieran en un país de la ue mantendrían sus derechos de ciudadanía, excepto si se mudaran a otro país. Después del brexit, durante ocho años los juzgados del Reino Unido derivarían los casos que involucren personas de nacionalidad europea a la Corte Europea de Justicia para su tratamiento (European Comission, 2017f). Las negociaciones, a menudo desesperantes, casi se empantanaron en el minuto final debido a una intervención del psd que apoyaba al gobierno de May y que solicitaba que la relación de Irlanda del Norte al interior del Reino Unido siguiera teniendo las mismas bases que en la actualidad (lo que de alguna manera
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contradecía la intención declarada por el gobierno del Reino Unido de dejar la unión aduanera de la ue). Las promesas de que no habría una «frontera rígida» ni se reinstalarían puestos de control aduanero entre la República de Irlanda y el norte (la nueva frontera terrestre entre el Reino Unido y la ue), bastaron para contentar a los líderes del psd pese a la falta de claridad en lo que concierne a su puesta en práctica. Parecía que la Comisión había impuesto sus prioridades de negociación al Reino Unido y no al revés (McTague, 8 de diciembre de 2017). Más allá de los inconvenientes presentados, el completar «exitosamente» la fase 1 demostró que existía el «progreso suficiente» para proceder con la siguiente, lo que fue aprobado con entusiasmo en una reunión decembrina del Consejo Europeo de Ministros que representaban a los jefes de gobierno de otros 27 Estados miembros. Con probabilidad, el «gran avance» tenía que ver con el deseo de la Comisión de no menoscabar aún más la débil posición de May como primera ministra; de lo contrario, podría ser reemplazada por el secretario del exterior Boris Johnson, un indeseable prospecto por ser un «partidario radical del brexit». Cualquier entusiasmo en el gobierno de May acerca del «gran avance» desapareció al darse cuenta de la complejidad de las negociaciones de la fase 2, que versaban sobre la naturaleza de las futuras relaciones entre Gran Bretaña y la ue luego del brexit. Un periodo de «transición» de dos años daría tiempo a la preocupada comunidad empresarial del Reino Unido para adaptarse a las nuevas condiciones del brexit después de marzo de 2019. No obstante, esos acuerdos transicionales estaban condicionados a que el Reino Unido aceptara los términos establecidos por la Comisión Europea y de que no asumiera «ninguna acción o iniciativa (...) que pudiera perjudicar los intereses de la Unión (...) en ninguna organización, agencia, conferencia o foro internacional» (European Comission, 2018). Lo anterior impide que el Reino Unido establezca algún acuerdo comercial independiente (pero no evita el explorar posibilidades) durante el periodo transicional. Tal como la Comisión lo declara sin ambigüedad, en ese lapso, «para efectos de los tratados (...) el Parlamento del Reino Unido no será considerado como un parlamento nacional». Por si acaso, agregó: «Durante el periodo de transición el Banco de Inglaterra no será considerado como un banco central nacional» (European Comission, 2018). Michel Barnier, parte de la Comisión, detalló las sanciones imponibles por la ue en caso de algún incumplimiento de las reglas a lo largo de la transición. Las sanciones, al menos en primera instancia,
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serían impuestas por la Comisión y no por los procedimientos más extensos de la Corte Europea de Justicia. Incluían el impedir el acceso al mercado único para sectores específicos y contener vuelos de la aviación civil desde el Reino Unido a la Europa continental (The Guardian, 6 de febrero de 2018). La rigidez de la postura negociadora de la ue, que enfatizaba el hecho de que el Reino Unido estaría obligado a aceptar cualquier nueva ley europea sin tener ningún recurso o representación después del brexit, provocó que los mp líderes del brexit acusaran a la Comisión de intentar convertir a Gran Bretaña en un «Estado vasallo» (Johnson, 17 de diciembre de 2017). El corrosivo tono de los documentos de la Comisión presagiaba el carácter de la confrontación en futuras discusiones. Referente al comercio, el diálogo programado para comenzar en la primavera de 2018 prometía ser difícil debido al lento progreso de las negociaciones previas que habían dejado poco tiempo (menos de un año) para acordar aspectos relativos a las futuras condiciones comerciales. La Comisión y algunos líderes europeos clave, como la canciller alemana Angela Merkel, dejaron muy en claro que no se le permitiría al Reino Unido «seleccionar» los aspectos más convenientes de los actuales acuerdos comerciales si la ue aceptaba su participación en el mercado único. Por ejemplo, no habría continuidad para los «derechos de paso» totales basados en el reconocimiento de la ue o la garantía de una «equivalencia general» a las reglas financieras del Reino Unido. Así, la lucrativa provisión de servicios financieros de los bancos del Reino Unido resulta improbable a menos que el Reino Unido decidiera aceptar las cuatro «libertades» fundamentales de la ue, incluyendo la resistida libertad de movimiento. Ambos frentes tienen expectativas divergentes acerca de lo que puede lograrse en última instancia. El Reino Unido busca mantener cuanto sea posible de sus actuales ventajas en un acuerdo comercial «personalizado», mientras que la ue podría ofrecer, en el mejor de los casos, un acuerdo comercial similar al de Canadá. Esto se alejaría de los actuales acuerdos comerciales, o de la necesidad del Reino Unido de uno que equivaliera al denominado Canadá «más, más, más» que integre a los servicios financieros. Dada la multiplicidad de expectativas y objetivos, ocasionada por una falta de claridad de ambas partes sobre el tipo de relaciones futuras, la única certeza es que llegará el día del brexit, sin importar la finalización del tiempo de transición acordado en diciembre de 2020, y todavía habrá discusiones. Entonces, no debería desestimarse la posibilidad de que el Reino Unido eventualmente se «libere» de la ue sin ningún acuerdo brexit. Al mismo tiempo, la Europa fortalecida con los restantes 27 Estados miem-
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bros y unificada temporalmente por la determinación de ir más allá del brexit ha empoderado al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para anunciar a aquellos «socios en todo el mundo (...) que están esperando a nuestras puertas, para cerrar acuerdos de comercio con nosotros» ( Juncker, 13 de septiembre de 2017). Australia y Nueva Zelanda, candidatos para lograr acuerdos comerciales con la Gran Bretaña post-brexit, fueron identificados como futuros socios. Juncker procuró situar a la ue como el verdadero líder del libre comercio global en contraste con el proteccionismo estadounidense, por lo que anunció triunfalmente, el mismo día en que se logró el acuerdo del brexit en la fase 1, un nuevo y amplio acuerdo comercial con Japón. A fin de impulsar tal aspiración, se plantearon las probabilidades de un inminente acuerdo con el bloque Mercosur, junto con negociaciones para incrementar las que se tienen con México (Hanke, 8 de diciembre de 2017). El temor a la competencia regulatoria de parte de la Gran Bretaña post-brexit ha adquirido relevancia para los líderes europeos. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo que representa a todos los jefes de gobierno de la ue, y Michel Barnier, cada uno por su cuenta, han advertido que un futuro acuerdo comercial del Reino Unido con Europa «debe garantizar un mismo campo de juego en términos de la competencia y de la ayuda estatal, y debe involucrar garantías frente a las ventajas competitivas injustas a través de —inter alia— dumping fiscal, social y medioambiental» (Hughes, 31 de marzo de 2017; Stone, 20 de julio de 2017). Barnier expresó: «Depende de los británicos decirnos si todavía se adhieren al modelo europeo (...) su respuesta es importante porque orienta la discusión hacia nuestra futura sociedad y las condiciones de su ratificación» (Bloomberg, 9 de noviembre de 2017). El canciller del Reino Unido, Philip Hammond (en aras de mantener la opción «flexible» de acceso al mercado único), negó que el gobierno conservador quisiera convertir el Reino Unido en una economía desregulada al estilo de Singapur. Hammond declaró que la Gran Bretaña del post-brexit mantendrá un «modelo social, económico y cultural que se puede reconocer como europeo (...) Escucho a menudo decir que Gran Bretaña está considerando participar en una injusta competencia en regulación e impuestos. No es nuestro plan ni nuestra visión a futuro» (Maidment, 30 de julio de 2017). En contraste, Boris Johnson (como defensor principal del brexit «radical») abogó por las atractivas perspectivas que le esperan a una Gran Bretaña post-brexit desregulada. Además, condenó a la Comisión Europea por «encerrar juntas a las naciones en una gigantesca y cada
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vez más rígida caja de gatos de cinta roja» y se lamentó que «los países que nos ven como líderes en desregulación y mercados libres, e intentando resistir el papel centralizador de la Comisión (...) muy a menudo (...) menos poderosos que la gran fuerza centrípeta de la integración» (Johnson, 15 de septiembre de 2017). La intervención de Johnson, característicamente combativa y animada, forzó a May, a que en su muy pregonado «Discurso de Florencia» intentara resolver el «callejón sin salida» de las negociaciones de la fase 1; y que reafirmara que «los asuntos regulatorios son cruciales (...) compartimos un compromiso con altos estándares regulatorios. La gente en Gran Bretaña no quiere bienes defectuosos, malos servicios, un pobre medioambiente o prácticas laborales de explotación y no puedo imaginármelos pensando que eso es aceptable» (May, 22 de septiembre de 2017). Empero, tales aseveraciones parecen ser desmentidas por las propuestas políticas internas del gobierno provenientes del Departamento de Empresas, Medioambiente y Estrategia Industrial orientadas a «maximizar oportunidades regulatorias» para impulsar la economía del Reino Unido luego del brexit, en específico aluden a la alternativa de eliminar las protecciones laborales y, en especial, la directiva de la ue del Tiempo de Trabajo (Kentish, 9 de febrero de 2018). Es muy improbable la resolución inminente de esas perspectivas contradictorias con relación al marco regulatorio de la Gran Bretaña post-brexit en un gobierno conservador fracturado, disminuido por una primera ministra debilitada, asolado por un gabinete interno y un partido feudal, rumores de escenarios en los que se reemplaza su liderazgo y el desgaste por insípidos escándalos sexuales. El aspecto fundamental que queda por resolver y que subyace en las divergentes posiciones del Reino Unido y de la Comisión Europea es el grado de «alineamiento regulatorio» o «divergencia regulatoria» que la Gran Bretaña post-brexit busca o se le permitiría tener con las regulaciones de la ue. Para esta última, la idea de una Gran Bretaña desregulada al estilo Singapur «justo en su puerta» socavaría el «campo de juego igualitario» entre los restantes 27 Estados miembros es inaceptable (European Comission, 2017e). Por consiguiente, la adecuación regulatoria con las normas de la ue determinará en última instancia si habrá un brexit «radical» o «flexible».
Conclusiones Las relaciones comerciales serán cruciales para el futuro de los estándares laborales en la Gran Bretaña post-brexit. En efecto, Reino Unido será un «tercer país»
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si desea acceder al mercado único europeo y en lo concerniente a enfrentar barreras adicionales arancelarias (y no arancelarias), a menos que se opte por un acuerdo de estilo noruego (que ofrece acceso al mercado único pero requiere libertad de movimiento para la ue y la aceptación de todas sus regulaciones sin que le corresponda una representación). Ese resultado no es probable dada la política del brexit y plantea un dilema adicional. Al no haber negociado alianzas comerciales por cuenta propia durante los cuarenta años de participación en la ue, el Reino Unido debe enfrentar la necesidad de adoptar una solución expedita de «cortar y pegar» las existentes con la ue en sus acuerdos equivalentes. Sin embargo, cualquier nuevo convenio puede brindar una oportunidad a las partes extranjeras de potenciar concesiones significativas en temas regulatorios. Por ejemplo, una posibilidad, es el tratado de libre comercio propuesto (si bien de manera preliminar) con Estados Unidos. Esto implicaría que el Reino Unido rebaje sus estándares medioambientales y de seguridad y que entregue el control del establecimiento de estándares nacionales clave a organismos internacionales de arbitraje (Bloomberg, 26 de julio de 2017). Los estándares laborales y su cumplimiento, en particular con respecto a aquellos que son vulnerables bajo la tutela de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (omc), en un contexto general de débil gobernanza global (Tsogas, 1999; World Trade Organisation, s/f). Un brexit «radical» en el que la Gran Bretaña postbrexit comercie con Estados Unidos con las regulaciones de la omc sería un incentivo para que el gobierno conservador desmantelara los ya débiles derechos laborales del Reino Unido. No obstante lo anterior, existe un escenario más optimista, aunque muy condicionado al regreso al poder de un gobierno laborista. El progresivo «giro a la izquierda» del laborismo representa una separación con el Nuevo Laborismo y el Blairismo. De ahí que el discurso de Corbyn en la conferencia del Partido Laborista en otoño de 2017, rechazara explícitamente el «modelo en crisis» y los «fallidos dogmas del neoliberalismo» establecidos por primera vez por Margaret Thatcher como un abordaje viable para la política económica y social con equidad (Corbyn, 27 de septiembre de 2017). En el futuro, un gobierno laborista estaría comprometido con la preservación del progreso de los estándares laborales a través de mejores protecciones legislativas de los derechos laborales y al revertir las leyes contra los sindicatos comerciales de las administraciones previas. Este ímpetu, orientado a la «re-regulación» del mercado laboral en busca de objetivos generales de justicia social y al rechazo de la ideología del libre mer-
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cado, significaría un enorme avance, junto con un nuevo camino de soberanía democrática popular, sin las restricciones pro mercado de una Europa cada vez más federalizada. El tema central de este artículo alude a la manera en que se pueden desarrollar las posibilidades para que el Reino Unido tenga una «salida hacia la izquierda» de la ue. Las elecciones generales de 2017 han mostrado un nuevo contexto político matizado por el enojo y la frustración populares generados por años de austeridad. Un electorado más joven y el retorno a la política de quienes se desencantaron previamente por las políticas del Nuevo Laborismo, pero que ahora están inspirados por el deseo de eliminar la austeridad, fueron la fuerza de cambio que dio lugar al importante resultado electoral del Laborismo. Esto representa un nuevo impulso que, de ser aprovechado de forma adecuada, podría ser el primer paso hacia un cambio social significativo y un realineamiento fundamental en la política del Reino Unido hacia la izquierda. La victoria de la izquierda que aseguró el liderazgo de Corbyn y el impresionante incremento del apoyo al Laborismo en las elecciones de 2017 no necesariamente se traduce en un enfoque crítico con relación a la participación en la ue. Muchos de quienes conforman las bases del movimiento sindical y laboral, al igual que numerosos votantes jóvenes, todavía siguen siendo fuertemente «pro europeos» en su orientación política. El debate acerca de la membresía en la ue no puede ser postergado indefinidamente pero conlleva el peligro de reiniciar divisiones que debilitan. De alguna manera, la izquierda no podría avanzar sin haber antes discutido las posibilidades de un brexit que utilice la soberanía nacional como el camino hacia las políticas antiausteridad que puedan enfrentar el equilibrio de las fuerzas de clase. En Gran Bretaña, la prioridad para la izquierda consiste en desarrollar una crítica a la naturaleza neoliberal de la ue como un obstáculo directo para lograr el control democrático popular sobre los determinantes de la política económica y social a escalas nacional, regional y local. Esta perspectiva rechaza las afirmaciones idealistas de que «otra Europa es posible» y que ofrecen «una Europa de solidaridad», no porque tales afirmaciones carezcan de valor en sí mismas, sino porque no ofrecen ninguna estrategia real para enfrentar las estructuras antidemocráticas profundamente enraizadas al gobierno europeo neoliberal que no pueden más que resistir las profundas y exhaustivas reformas (Guinan y Hanna, 2016). En términos más sencillos, la «Europa social» ha fracasado frente a la masacre neoliberal al hacer que el modelo europeo sea imposible. El nacionalismo progresista aquí esbozado necesita que Gran Bretaña sea
Agradecimientos Bridget Anderson, Peo Hansen, Judy Fudge, Branka Likic-Brboric, Arunas Juska y John Foster realizaron valiosos comentarios. Todas las opiniones y errores son responsabilidad del autor.
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soberana y completamente independiente de la ue, pero no implica un retroceso hacia preocupaciones insulares o xenofóbicas. La movilización en términos de nuevas formas de autodeterminación nacional puede mantener las fortalezas del carácter unificado del movimiento sindical y laboral y al mismo tiempo puede promover un fuerte internacionalismo basado en una identidad de clase compartida. Estas luchas llevan la semilla de futuros enfrentamientos transformadores con el capital, organizados en primera instancia a escala nacional, pero confirmando los aspectos comunes con las luchas en otras partes, en contra de la dura austeridad impuesta por la Comisión Europea con la complicidad de los gobiernos nacionales con el propósito de lograr la «recuperación» de la economía europea. En adelante, el crecimiento del ingreso en el Reino Unido en los próximos cinco años es incierto y es muy probable que el estándar de vida disminuya aún más, a menos que haya un cambio significativo en la orientación de la política del gobierno (Hood y Walters, 2017). Sin duda, se intensificará el conflicto entre una mayor austeridad y un gobierno comprometido con la protección de los intereses de la mayoría de la población a través de intervenciones del Estado en la economía y en la sociedad, ya que la apuesta política no podría ser mayor. Reiterando las palabras de Samir Amin, la soberanía nacional reclamada a la ue integracionista y neoliberal es «el campo de batalla decisivo», que ofrece posibilidades para la movilización de clase que entraña la mutua solidaridad de todos los sectores de la fuerza laboral inglesa nativa y migrante. La idea de un nacionalismo progresista, basado en la expansión de las solidaridades de clase, antes que la idea concebida de una «nación» unitaria, tiene como núcleo la defensa de los derechos laborales y garantías para todos los que trabajan y viven en Gran Bretaña, sin importar género, etnicidad o país de origen.
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Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos de los países del norte centroamericano, México y Estados Unidos, en materia de tráfico de migrantes
issn impreso 1870 -7599 | issn red cómputo 2448 -7783 | 95 -121
Resumen. El creciente tráfico ilícito de migrantes en la región Centroamérica-México-Esta-
dos Unidos exige posicionamientos nacionales y regionales realistas y con sustento legal, de ahí la importancia de realizar un análisis comparativo de los marcos jurídicos de los países involucrados, en particular sobre sus convergencias y divergencias que eventualmente dificultan o impiden la acción regional. No significa que todos los países involucrados cuenten con un marco jurídico similar, sino que sepan prever disposiciones que faciliten la actuación regional —sin faltar a sus experiencias nacionales— y que sea efectiva en sus alcances internos e internacionales para las poblaciones migrantes que se comprometieron asistir y proteger, una vez signado y ratificado el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de las Naciones Unidas. Pese a la crítica, México, Estados Unidos y los tres países del norte de Centroamérica poseen diversas convergencias en sus marcos jurídicos nacionales que forman una plataforma básica y mínima, indispensable para la acción conjunta con distintas dimensiones y alcances, aplicables contra las redes de tráfico y por una protección efectiva de la población migrante. Palabras clave: Centroamérica, tráfico de migrantes, delincuencia organizada, legislación, normatividad heterogénea. Abstract. The growth of the illicit trafficking of migrants in the Central America-MexicoUnited States region requires national and regional alignments of policy that are realistic and have legal authority, hence the importance of undertaking a comparative analysis of the legal frameworks on the countries involved, in particular with regard to where they converge and diverge, which affect how they may impede or block regional action. This does not mean that all of the countries involved have similar legal frameworks, only that one can find predispositions that may facilitate regional intervention —without discounting their national experiences— and that may be effective in their internal and international capacities regarding migrant populations that they are committed to assist and protect, as per the ratification of the United Nations' Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air. Mexico, the United States and the three countries that make up North-Central America have some similarities in their national legal frameworks that make up a basic, minimum platform, indispensable for joint action across various dimensions and scopes, that may be applied against trafficking networks and which could provide protection for the migrant populations. Keywords: Central America, trafficking of migrants, organized crime, legislation, regulation. * Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), México. Correo-e y página web: rodolfo.casillas@flacso.edu.mx y www.rodolfocasillasr.org
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Rodolfo Casillas R.*
MIGRACIÓN y DESARROLLO
Convergences and divergences in the legal frameworks of the North-Central American countries, Mexico and the United States regarding the trafficking of migrants
y colega Juan Artola
La movilidad humana internacional es una preocupación global. De unos años al presente, las cifras de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, apátridas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, migrantes documentados e indocumentados han incrementado a causa de múltiples aspectos, entre ellos, la globalización del mercado como factor de atracción de países desarrollados (Estados Unidos), y la inseguridad y la violencia como factor de expulsión en países en desarrollo (Guatemala, El Salvador, Honduras y México). Semejantes lógicas sociales, políticas y de mercados contemporáneas han potencializado la migración internacional, fenómeno cada vez más cotidiano. Los procesos migratorios no siempre son libres y seguros, en contraposición, hoy existen migraciones calificadas de negativas, en específico por sectores sociales e institucionales en los lugares de tránsito y destino. La complejidad migratoria actual hace de la pobreza extrema, la falta de oportunidades de educación y de trabajo, la insuficiencia de acceso a los derechos, los desastres naturales, las violencias sociales y las guerras, un todo relacionable, real o en el imaginario, para emigrar de los lugares de origen y entrar en otros puntos territoriales equidistantes con la esperanza de una vida mejor. Ello explica la ausencia de libertad y seguridad en la población migrante. A partir del escenario anterior, la civilización ha transitado de una migración mayoritariamente voluntaria a una forzosa: en innumerables ocasiones, la voluntad individual se condiciona por una situación forzada simbólica, directa o indirectamente como en los casos de grave inseguridad pública. El proceso migratorio ha dejado de ser un asunto individual, ahora se considera intermediado por personas, asociaciones y organizaciones de distinta índole, incluidas las delictivas. En opinión de Gamio (1971), desde 1920, en la frontera México-Estados Unidos, una parte de la migración fuera de control gubernamental la han manejado los llamados pasadores, que con el devenir se convirtieron en traficantes profesionales; de manera indistinta y equívoca se les denomina «coyotes y polleros», sobre todo después del término del Programa Bracero en 1964 (López, 1998).
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En memoria del querido amigo
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Introducción
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Con fundamento en tales transformaciones de y en el proceso migratorio, surge el tráfico de migrantes, actividad característica de la sociedad del mercado; en la medida que éste se globaliza, las actividades que en él ocurren tienden a ser igualmente globales. Así, según el artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el tráfico de migrantes se define como la «facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material». De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (onu), cada año los traficantes de migrantes obtienen ganancias cercanas a los 7 mil millones de dólares (unodc, 2012). El aumento de la migración internacional ha conducido, de manera justificada o no, al establecimiento de normatividades cada vez más selectivas por parte de los Estados receptores. La creciente necesidad de ingreso indocumentado, que evada los controles migratorios, demanda mayor participación de redes de tráfico internacional de migrantes en los niveles transcontinentales, como no había ocurrido antes. En el caso de México, esa participación transcontinental de las redes de tráfico quedó evidenciada con la masacre en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, dada la heterogeneidad de migrantes de distintas nacionalidades, incluyendo uno de la India. Asimismo, cabe mencionar los 43 migrantes de nacionalidades distintas secuestrados y luego rescatados por la Policía Federal entre 2007 y 2014; muchos de ellos no habrían llegado a México sin la participación de esas redes delictivas (Observatorio Nacional Ciudadano, 2014). En el ámbito internacional, en términos del crecimiento del número de migrantes, la región Centroamérica, México y Estados Unidos es una de las más importantes: en 2015 concentró un cuarto de la población migrante (ilo, 2016 ). Según un análisis de las estadísticas gubernamentales de México de eventos de detención y devolución a los países de origen de la población indocumentada, se observará una tendencia constante en el tiempo, si bien en algunos años hubo bajas significativas en el volumen de detenciones por parte de la autoridad migratoria mexicana. Examinar las series estadísticas permite señalar de manera inequívoca que se trata de un proceso social constante y con futuro incierto (Rodríguez, 2011). La progresión en los recientes decenios de la migración (documentada e indocumentada) se debe principalmente a dos factores: por un lado, las violencias
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en los países de origen y su contraparte de seguridad en los países de destino; por otro, la paupérrima situación económica de los primeros y su contracara de estabilidad y mejores salarios en los segundos (Castles y Milleri, 2004). En cuanto al primer factor, según el Informe Global 2015 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (idmc), la expansión de la violencia criminal en México ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas, la cifra global del país arroja 281 mil 400 desplazados internos (idmc, 2015). Adicionalmente, ha convertido al migrante internacional en una víctima de secuestro masivo: poco más de 70 mil fueron secuestrados y luego liberados por la Policía Federal en siete años; sin embargo, no existen datos sobre los que no fueron rescatados (Observatorio Nacional Ciudadano, 2014). El aspecto económico es la consecuencia que propicia con más claridad los factores asociados con la oferta-expulsión de fuerza de trabajo y con la demanda-atracción en Estados Unidos. De acuerdo con el Pew Research Center, en los últimos años la participación de los inmigrantes en la fuerza laboral ha aumentado, de 12 por ciento en 1995 pasó a 17 por ciento en 2014. Con relación a la violencia hacia los migrantes internacionales, el gobierno mexicano se ha abstenido de hacer públicas las cifras, a pesar de que las noticias han invisibilizado la práctica delictiva continúa. Hasta la fecha se desconoce el número de migrantes internacionales secuestrados en 2017 y aquellos que lograron ser liberados por la policía. Tampoco se sabe qué han hecho otros países en esa materia. En las condiciones de expulsión anteriormente descritas, la migración voluntaria cede (cada vez con mayor contundencia), a una migración forzosa que acude a redes de tráfico de migrantes (a manera de ejemplo, véase los registros de la emif Sur de los últimos años), ya sea operado por miembros de organizaciones criminales o bien por victimarios solitarios. Este delito implica no sólo un daño a la integridad de los países y las comunidades, sino a la salud y a la vida de las personas cuando las redes delictivas victimizan a la población migrante. Se pretende analizar las convergencias y las divergencias en los marcos jurídicos de los países centroamericanos, México y Estados Unidos en materia de tráfico de migrantes, a efecto de concluir qué tan viable es establecer una forma de colaboración regional de acción en contra del tráfico de migrantes, en correspondencia con la Conferencia Regional sobre Migración (crm), los Mandatos de las Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos y del Pacto Mundial sobre Migración de fecha reciente (2017).
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Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos de países del norte centroamericano, México y Estados Unidos en materia de tráfico de migrantes
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Las previsiones jurídicas en torno al tráfico de migrantes derivan de un largo proceso y de difíciles acuerdos internacionales. Si bien es hasta el año 2000 que la onu difunde el instrumento internacional más importante en la materia, en la historia es posible identificar elementos jurídicos aplicables en normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional del trabajo. Es de esa manera como deben revisarse los avances recientes sobre el tráfico de migrantes aunque sólo se concentre en cinco países. El corpus iuris relativo a la protección de los derechos de los migrantes es escaso. En opinión de Ferrajoli (2010), una de las diferenciaciones o discriminaciones jurídicas que se ha acentuado es la distinción entre ciudadanos y no ciudadanos. En efecto, los migrantes en tránsito o situación irregular siguen sin ser considerados por ciertos Estados agentes de derechos. Incluso en algunos, la migración irregular es valorada como un delito (Stumpf, 2006), y sigue vigente la «criminalización que niega su acceso a derechos económicos, sociales, culturales y a la justicia, así como discriminación que margina socialmente y sitúa a estos sectores en alta vulnerabilidad para violar sus derechos humanos» (Estévez, 2014:77). Bajo el principio de igualdad y no discriminación de derechos humanos ( jus cogens) que protege a toda persona sin distinción basada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, los migrantes poseen derechos civiles y políticos que no pueden condicionarse a su situación migratoria irregular. En ese sentido, sobresalen diversos tratados: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (dudh); los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención contra la Tortura; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la propia de las Personas con Discapacidad, entre otros.1 Este conjunto de En la dudh, Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá votaron a favor. Honduras estuvo ausente. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos fue firmado y ratificado por Estados Unidos, México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 1
y Panamá. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue firmado y ratificado por todos estos países, excepto Estados Unidos (México hizo una reserva). Referente a la Convención contra la Tortura, todos los países analizados son Estados parte. De la Convención sobre la Discriminación, todos los países anteriores son parte; no obstante, sólo México y Costa Rica reconocen al Comité para tratar quejas individuales, los demás aunque firmaron y ratificaron dicho tratado no aceptan la labor de este Comité. Relativo a la Convención contra la Discriminación de la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de las Personas con Discapacidad, sólo Estados Unidos ha firmado, mientras los demás han firmado y ratificado.
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tratados constituye un avance significativo pero insuficiente en su formulación conceptual y aplicación efectiva por los Estados miembros, dados los desafíos recientes de la delincuencia organizada descritos. Al comprender la migración contemporánea como un tópico mayoritariamente económico-laboral, la Organización Internacional del Trabajo (oil) ha desarrollado algunas convenciones que incluyen los derechos de los trabajadores migrantes. Destacan los convenios 97 y 86 de 1949 sobre los trabajadores migrantes, y los convenios 143 y 151 de 1975, que incluyen los anteriores. Asimismo, las recomendaciones r100, r019, r002, r026, r061 y r062, y los convenios 21 (1926 ) y 66 (1939) sobre Inspección de los emigrantes. También, desde 1925, los convenios 118, 157, 19 y 48 y recomendaciones r167 y r025 concernientes a la seguridad social para trabajadores migrantes. El logro más simbólico ha sido la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158 del 18 de diciembre de 1990, y fundamentada en los convenios 97 y 143. Pese a que se trata de un instrumento limitado, es fundamental porque insta a que los Estados miembros aseguren los derechos de los trabajadores, sin condicionarlos por su situación migratoria irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo. Paralelo a este desarrollo, en la Oficina de la onu contra el Delito y la Droga (unodc) se preparó, para el año 2000, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional: uno de sus Protocolos —el referente al Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire— entró en vigor el 28 de enero de 2004. Dicho Protocolo tiene por objeto, según su artículo 2, prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, promover la cooperación entre los Estados miembros con ese fin, además de aportar una definición acerca del tráfico ilícito de migrantes. Es un instrumento penal, con un enfoque de derechos humanos, que pretende castigar a los traficantes que al beneficiarse financiera o materialmente se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas sometiéndolas en muchas
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ocasiones a condiciones infrahumanas (se pone en riesgo la vida o la seguridad de las personas migrantes). Subraya también la trascendencia de generar acciones en términos de prevención, protección y asistencia a los migrantes y sus familias. Este instrumento, al menos para el caso de México, no es de índole penal, sino administrativo en lo que respecta a la persona migrante. Con base en la normatividad migratoria mexicana, una persona extranjera que ingresa o reside en el país sin la autorización correspondiente por parte de la autoridad gubernamental, comete una falta administrativa y no un delito penal. De inicio se trata de una primera y fundamental diferencia entre la norma migratoria mexicana y los otros Estados analizados aquí. Cuadro 1 Incorporación del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (2000) Año Año de la firma de incorporación del Protocolo al Protocolo
País
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El Salvador
2002
2004
Norma nacional
Año de adopción
Ley de Migración
1958
Immigration and Nationality Act
1965
Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act
1996
Ley de Migración
1998
Código de Migración
2016
Estados Unidos
2000
Guatemala
-
2004
Honduras
-
2008
Ley de Migración y Extranjería
2004
México
2000
2003
Ley de Migración
2011
2005
Fuente: elaboración propia con base en la unodc y la propia de cada país citado.
Como se observa en el cuadro anterior, los países del norte centroamericano, México y Estados Unidos firmaron el Protocolo, lo que constituye una primera acción común. Aun así, el tiempo promedio entre la adopción del Protocolo por la onu en 2000 y la ratificación por parte de Estados Unidos, México y países centroamericanos es de 4.7 años; México fue uno de los que tardó menos (tres años), mientras que a Honduras le llevó ocho años. El desfase en la firma/incorporación
Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos
103
Rodolfo Casillas R.
al Protocolo, para efectos prácticos, facilitó la acción unilateral inercial, pero complicó la actuación regional de los Estados involucrados. En torno a la relación entre la adopción del Protocolo Internacional y la expedición de la legislación local de cada país, hay quienes todavía no han modificado sustancialmente su normatividad respecto al tratado; tal es el caso de El Salvador y Honduras los cuales cuentan con leyes en la materia antes del Protocolo. Con todo y eso, el tiempo promedio entre la expedición del Protocolo por la onu y la adopción de un nuevo marco legal del resto de los países es de 9.8 años; un periodo muy amplio que de nuevo favorece la acción unilateral inercial y dificulta la acción regional bajo el mismo marco jurídico (protocolo) o de ciertos valores compartidos en las normatividades nacionales. No obstante, es posible afirmar que el conjunto de países examinados ya cuenta con disposiciones específicas en materia migratoria en sus leyes nacionales. Es indispensable resaltar que de los cinco países, sólo Estados Unidos posee una normatividad concreta acerca del tráfico ilícito de migrantes, los demás integran ese elemento en sus leyes generales sobre migración o inmigración y extranjería. Tal diferencia aunque no necesariamente significa un problema más para la operación, debe contemplar la importancia de los estados federados en Estados Unidos, algo que no ocurre en el resto de los países analizados. Concerniente a las previsiones jurídicas por parte de los Estados miembros, interesa hablar de los que establecen en sus leyes nacionales. Debe entenderse la brecha que existe entre la migración en tránsito irregular y el tráfico ilícito de migrantes. Dos fenómenos entrelazados pero muy distintos en diversos puntos. Según lo expresa la guía legislativa correspondiente al Protocolo aludido, «la mera entrada ilegal puede constituir delito en algunos países, pero no se reconoce como una forma de delincuencia organizada y por lo tanto se sustrae al ámbito de la Convención y sus Protocolos» (unodc, 2012:345). Dicha precisión es relevante en este estudio pues brinda cobertura internacional a la disposición mexicana de considerar el ingreso o la estadía indocumentada como falta administrativa. Así, y cumpliendo con la visión del Protocolo, las legislaciones locales deben adoptar una actitud neutral sobre si las personas que migran de forma indocumentada debiesen ser imputadas por algún otro delito; en contraposición, acoger una tendencia hacia la prevención y el combate del tráfico ilícito de migrantes, o bien hacia la protección de los derechos de los migrantes objeto de tráfico ilícito. A continuación se sintetizan objetivos, finalidades y principios generales de las disposiciones en torno al tráfico de migrantes vigentes en los cinco países
examinados: obsérvese la diversidad conceptual en los enunciados, lo que dificulta la acción regional. Disposiciones jurídicas generales sobre el tráfico de migrantes en el norte centroamericano, México y Estados Unidos
MIGRACIÓN y DESARROLLO
El Salvador Objetivo: control migratorio y dictar las disposiciones a que debe sujetarse el ingreso y salida de las personas del territorio nacional. Finalidad: una legislación moderna que estimule el movimiento turístico hacia el país sin que el Estado debilite las medidas indispensables a la propia seguridad. Guatemala Objetivo: reconocer y garantizar la libertad de toda persona de entrar, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones 104
que las que se establezcan en las leyes. Finalidad: garantizar a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, razón por la cual el Estado se
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organiza para proteger a la persona y la familia siendo su fin supremo el bien común. Principios generales: 1. Legalidad, integridad, probidad, no discriminación, debida diligencia, protec-
ción de la persona, reunificación familiar, confidencialidad, profesionalización y debido proceso. 2 . Respeto a los derechos humanos de las personas. 3. Garantía del derecho a migrar, los derechos de migrantes y el derecho migra-
torio como categorías distintas pero complementarias. 4 . Integración de los compromisos adquiridos por Guatemala ante la comunidad
internacional. 5. Seguridad de las personas migrantes durante el origen, tránsito, destino y
retorno. 6. Preservación del territorio nacional. 7. Cuando se trate de menores, el procedimiento para la atención y protección se
regirá por los principios de interés superior del niño, no discriminación, unidad familiar y derecho a la reunificación familiar, comunicación y preservación de relaciones
personales y contactos directos entre los niños y padres, no violencia y trato digno, y protección de la vida privada, especialización del personal y funcionarios a cargo, principio de no devolución, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y derecho a expresar su opinión de forma libre. Honduras Objetivo: regular la política migratoria del Estado, la entrada y salida de personas nacionales y extranjeras, así como el plazo extraordinario para regularizar situaciones migratorias. Finalidad: que los extranjeros gocen de los mismos derechos que los hondureños, con las limitaciones que por razones calificadas de orden público, seguridad, necesidad o interés nacional establece la ley.
Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos
protección y seguridad, legalidad y debido proceso, confidencialidad de los registros
México Objetivo: regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de Estados Unidos Mexicanos y al tránsito y la estancia de extranjeros en el
105
mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de la seguridad nacionales. Finalidad: alcanzar los objetivos determinados con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley. Principios generales: 1. Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y
extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular reconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. 2 . Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los
derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, el ingreso, la permanencia, el tránsito, la deportación y el retorno asistido de extranjeros en su territorio.
Rodolfo Casillas R.
de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y
3. Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de
personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. 4 . Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre
las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio. 5. Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un
MIGRACIÓN y DESARROLLO
nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional. 6. Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el or-
den y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades. 7. Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región,
106
como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales. 8. Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros. 9. Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que
los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables. 10. Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como
criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país. 11. Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el
país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección así como el pleno
respeto de las culturas y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no
grantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional. Estados Unidos Objetivo: mejorar la disuasión. Finalidad: controlar la migración ilícita a Estados Unidos y que haya mayor seguridad fronteriza.
Al tratarse de leyes de migración y extranjería, la mayoría de las normatividades tienen como objetivo regular o controlar el ingreso (entrada), la permanencia (transitar) y el egreso (salida) de las personas nacionales o extranjeras. Estados Unidos es el país que más se apega a los principios del Protocolo de la onu y de la Ley modelo contra el tráfico ilícito de migrantes del mismo organismo internacional, y que mantiene una política de «disuasión» de la inmigración indocumentada constante: estridente con el actual presidente Donald Trump y menos vociferante pero más exitosa en mayores volúmenes de detenciones con su antecesor, Barack Obama. Respecto a los principios generales, El Salvador, Honduras y Estados Unidos, no los incluyen. Como es sabido, la interpretación y la aplicación de las normas con base en principios resultan elementos fundamentales dentro de cualquier Estado democrático de derecho, máxime en normas que involucren derechos de las personas. En este caso, tanto el Protocolo como la Ley modelo de la onu recomiendan que estos principios versen en cuatro grandes rubros: no discriminación, no devolución, ser congruente con el derecho internacional de los derechos humanos y considerar las necesidades especiales de las personas objeto de tráfico ilícito. Los dos países que cuentan con principios (Guatemala y México) se apegan a lo establecido en los compromisos internacionales: ambos profundizan más en la parte de la no discriminación, en consideraciones específicas de las personas objeto de tráfico (menores, mujeres, indígenas, con alguna capacidad especial, una situación de vulnerabilidad, derechos para la no devolución), y en fundamentos relativos a la atención e investigación de los casos (debido proceso,
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Rodolfo Casillas R.
12 . Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emi-
Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos
contravengan las leyes del país.
legalidad, profesionalización, diligencia). Si esos enunciados son importantes, igualmente relevantes son las disposiciones sobre los actos o conductas dignas de sanción y la penalización correspondiente. Obsérvense las diferencias entre países registrados a continuación. Tipos penales vinculados con el tráfico de migrantes
MIGRACIÓN y DESARROLLO
en el norte centroamericano, México y Estados Unidos El Salvador Penalización de 4 a 8 años de prisión: 1. La persona que por sí o por medio de otra u otras, en contravención a la ley, intentare introducir o introduzca extranjeros al territorio nacional, los albergue, transporte o guíe, con el propósito de evadir los controles migratorios del país u otros países. 2 . La persona que albergue, transporte o guíe a nacionales con el propósito de evadir los controles migratorios del país o de otros países. 3. Las personas que con documentación falsa o fraudulenta trataren de hacer o hicieren salir del país a salvadoreños o ciudadanos de cualquier otra nacionalidad; 108
o los que utilizaren documentación auténtica, cuyo titular es otra persona.
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Guatemala Penalización de 6 a 8 años de prisión: Quien con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material, promueva o facilite de cualquier forma el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras. La misma pena se aplicará para quien, según los fines del párrafo anterior, de cualquier forma facilitare o promoviere el transporte o tránsito de una o más personas extranjeras. 1. Comete el delito de facilitación ilícita de permanencia quien con el fin de obte-
ner, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material, facilite la estadía de personas extranjeras en territorio nacional, mediante la creación de un documento de viaje o de identidad falso, o facilite el suministro del documento. 2 . Comete delito de facilitación ilícita de trabajadores migrantes extranjeros
quien o quienes con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o cualquiera de orden material, faciliten o favorezcan a entidades privadas que operan en el territorio nacional, la contratación de personas migrantes extranjeras sin las autorizaciones correspondientes.
3. Comete el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos quien, con ánimo de lucro o
forma o manera, capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio a guatemaltecos para emigrar a otro país sin cumplir con los requisitos legales. 4 . Comete este delito quien con el mismo fin que se establece en el primer pá-
rrafo, promueva, favorezca, facilite, guíe, ofrezca, instruya, planee o coordine de cualquier manera el tráfico ilegal de guatemaltecos. El delito no será aplicable a migrantes, padres, tutores, responsables o familiares en grado de ley de los migrantes guatemaltecos. Honduras Penalización de 6 a 9 años de prisión: Quien trafique con hondureños, o personas de cualquier nacionalidad u origen, conduciéndolos o haciéndolos conducir por el territorio nacional, para introducirlos ilegalmente a otro Estado con cualquier propósito.
Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos
cualquier otro beneficio material o personal dentro del territorio nacional, de cualquier
México Penalización de 8 a 16 años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario
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mínimo: 1. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro tamente un lucro. 2. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro. 3. Albergue o transporte por el territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente. Estados Unidos No más de 10 años de prisión, multa o ambas: Actos o intentos de traer extranjeros no autorizados hacia o dentro de Estados Unidos, transportarlos, albergar extranjeros ilegales o alentar su entrada, o conspirar para cometer estas violaciones, a sabiendas o con indiferencia imprudente del estado ilegal.
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país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirec-
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Uno de los aspectos clave de la definición de normas para combatir el tráfico ilícito de migrantes es la determinación correcta y consensuada del concepto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de la onu, consiste en «la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material». Al respecto, sobresalen dos elementos: 1. la conducta o la acción de facilitar la entrada ilegal de una persona a un Estado donde no sea nacional o residente permanente; 2 . el propósito de que esta conducta sea a efecto de obtener, ya sea directa o indirectamente, un beneficio de orden material (unodc, 2017:71).2 La no intención o fin de beneficio, en los términos expresados, posibilita el reconocimiento de la acción solidaria que en principio en México la realiza el «pollero»; no así el «coyote» ni el traficante, que actúan en la lógica del mercado. Debido a la complejidad en su dinámica, el tráfico ilícito de migrantes se asocia con varias conductas que culminan con la facilitación del «ingreso ilegal» a un Estado sin que el migrante cumpla con los requisitos legales asentados para ese efecto. Tales conductas (estipuladas en el artículo 6 del Protocolo) se refieren a facilitación del transporte, permanencia irregular, uso de documentos de identidad y viaje alterados o de otro titular. De manera más reciente, se han presentado otras conductas, por ejemplo, la promoción: los traficantes acuden a las comunidades para ofrecer las ventajas de un destino determinado o las nuevas modalidades de tránsito en las que los migrantes ingresan a diferentes países con todos los documentos en regla y cumpliendo con los requisitos migratorios hasta llegar al país de destino. Estas modalidades usan la ley para violar la ley, lo que implica que los traficantes únicamente incurren en tráfico ilícito cuando facilitan el ingreso de manera irregular en el país destino y sólo pueden ser procesados en ese territorio. De ahí que las nuevas tipificaciones del delito hayan recurrido a lo que establece el artículo 6.1.b del Protocolo.
La unodc considera que independientemente de si el Estado incluye o no dichos beneficios, la legislación nacional debe reconocer que se trata de un crimen estrechamente relacionado con el «beneficio financiero u otro beneficio material». Asimismo es indispensable incluir salvaguardas que garanticen que las organizaciones religiosas, la sociedad civil y las personas que actúan sin cualquier propósito de lucro queden excluidas de la aplicación de delitos (unodc, 2017). 2
El Instituto Australiano de Criminología identifica 10 categorías diferentes de agentes que colaboran en un episodio de contrabando de migrantes como reclutadores, transportistas, informantes y lavadores de dinero; en la parte superior de la organización los financiadores supervisan el contrabando e invierten las ganancias. 3
Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos
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Para el derecho penal el tráfico de migrantes constituye un proceso delictivo en el que participa una compleja red de actores (Schloenhardt, 2002): 3 organizadores, dirigen y contratan a las personas que participan en la operación, supervisan el proceso y eligen rutas y medios de transporte; enganchadores, entablan contacto con los posibles migrantes, proporcionan información sobre las condiciones de viaje y ofrecen las tarifas; transportistas, se ocupan de los aspectos prácticos y guían a los migrantes durante el viaje por una o más fronteras; mensajeros, proporcionan información relativa a los controles aduaneros y reportan probables riesgos; y proveedores de servicios, intervienen en un oficio o cargo específico, como falsificadores de pasaportes y visas, supervisores de trenes, taxistas y agentes de viaje, personal de aerolíneas, cobradores de cuotas y dueños de vehículos o embarcaciones (unodc, 2012). A mayor complejidad organizacional corresponde un mayor número de mediaciones, de distintos actores que son subsumidos en agrupaciones o bien permanecen en la opacidad social y analítica, sobre todo cuando su área de acción abarca dos o más países. Desde esa perspectiva, en los cinco países examinados existe una heterogeneidad en cuanto a la forma de redactar y estructurar el tipo penal; algunas son limitadas y otras más exhaustivas. El Salvador integra no sólo la introducción de extranjeros al territorio sino también el intento, el albergue, el transporte o la guía; de igual manera penaliza la documentación falsa o fraudulenta para hacer o intentar salir a salvadoreños. No considera el fin del beneficio de orden material. Por su parte, la normativa de Guatemala se apega más al Protocolo, pues introduce las acciones de promover o facilitar ingreso, transporte o tránsito, permanencia, salida de una o más personas nacionales o extranjeras con el afán de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o material. De modo semejante, considera la creación o el suministro de un documento de viaje o identidad falso y en el caso de facilitación ilícita de trabajadores migrantes extranjeros penaliza a quienes favorecen a entidades privadas inmiscuidas en su contratación. La definición más limitada pertenece a Honduras: denota el tráfico de hondureños o de extranjeros en términos de su traslado por el territorio nacional para llevarlos a otro Estado con cualquier propósito (no señala, en concreto, el
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beneficio de orden material). En ese sentido, no hace referencia al artículo 6 del Protocolo en razón de la habilitación de una persona para permanecer en un país de forma ilegal. Concerniente a la penalización por documentación falsa, la incluye en su Código Penal. En tanto, México contempla la introducción al país o a otro Estado y la permanencia (albergue y transporte) de extranjeros o nacionales. Alude a la fabricación o falsificación de documentos en el Código Penal Federal. Por último, Estados Unidos reconoce actos o intentos de ingresar (conspirar también) y la permanencia (albergar) con beneficios materiales o financieros; asimismo, remite al uso de documentos fraudulentos. Con relación a los años de prisión, van de 4 a 16 años: México es el país con las penas más amplias (de 8 a 16 años), mientras que El Salvador sólo prevé de 4 a 8 años. Dada la complejidad y división técnica de participaciones delictivas, frente a procuraciones de justicia que soslayan la investigación de redes de tráfico de migrantes, o que cuentan con presupuestos limitados o personal no capacitado o insuficiente, no resulta sorprendente que el número de detenidos y de procesados por este delito sea menor en las estadísticas nacionales. Si bien en ocasiones se mencionan las nacionalidades de los delincuentes, no se informa si actúan regionalmente (cabe presumir que así lo hacen, pero falta la evidencia judicial). La acción o conducta delictiva, con el medio usado, suele ser acompañada de agravantes como parte del proceso delictivo. Desde la lógica de los Estados analizados, esos agravantes, diferentes en cada país, se muestran a continuación. Agravantes relativos a la comisión del tráfico de migrantes en el norte centroamericano, México y Estados Unidos El Salvador Si los sujetos pasivos sufren privaciones de libertad en el extranjero: 1. Fueren víctimas de delitos de cualquier orden. 2 . Fallecieren por causas violentas o de naturaleza culposa. Guatemala La pena prevista para el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos será aumentada en dos terceras partes, cuando: 1. La persona migrante sea menor de edad. 2 . La mujer migrante se encuentre en estado de gravidez. 3. Se ponga en peligro la vida,
la integridad o la salud del migrante por las condiciones o medios en las que se tícipe sea funcionario o empleado público. 5. El autor o partícipe sea notario, que en el ejercicio de sus funciones y con conocimiento favorezca o facilite la comisión del delito. 6. El hecho se realice por un grupo de tres o más personas, se trate o no de delincuencia organizada. 7. La persona migrante resulte ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes. 8. Cuando la persona migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea víctima de otros delitos de cualquier orden o falleciere. Honduras 1. Si los responsables del delito fueren empleados o funcionarios públicos. 2 . Los
sujetos pasivos sufran privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de delitos de cualquier orden o fallecieren por causas violentas, aunque sea en forma
Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos
ejecute el hecho, o se le cause grave sufrimiento físico o mental. 4 . El autor o par-
accidental. México
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1. Si son niños y adolescentes o cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un
hecho. 2 . En condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta. 3. Cuando el autor material o intelectual sea servidor público. 4 . Servidor público que auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a violar las disposiciones de la ley, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro en dinero o especie. Estados Unidos Si el delito fue parte de una organización comercial en curso o de la empresa: 1. Los extranjeros fueron transportados en grupos de 10 o más. 2 . Los extranjeros fueron transportados de una manera que pone en peligro sus vidas. 3. Los extranjeros presentan un riesgo para la salud o ponen en peligro la vida de personas en Estados Unidos.
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niño o adolescente o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del
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De acuerdo con la onu, para cumplir con el artículo 6 del Protocolo los Estados miembros deben valorar como circunstancia agravante de estos delitos aquella que ponga en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados o dé lugar a un trato inhumano o degradante. A causa de la naturaleza ilegal del delito y a la ambición de quienes lo cometen, los riesgos para las personas migrantes abarcan deshidratación por extensas caminatas, asfixia por ocultamiento en automóviles, naufragio de la embarcación que los transporta y ser víctimas de la delincuencia organizada (secuestro, extorsión, robos, violaciones, entre otros) (cndh, 2011). Al respecto, únicamente El Salvador no incluye esta circunstancia. De los agravantes más comunes sobresalen la edad y el estado de salud del migrante (menores, adulto mayor, mujer en estado de gravidez o persona con discapacidad); cuando el autor o partícipe sea funcionario público; o cuando el delito se cometa en el marco de una organización criminal. Lo anterior marca un cambio en el enfoque conceptual del tráfico ilícito de migrantes, históricamente visto como un delito contra el Estado, su soberanía y leyes migratorias. Con este tipo de agravantes la onu y los países adscritos al Protocolo se centran en las personas migrantes. Así, al definir al bien jurídico tutelado como soberanía del Estado, el tráfico se consuma en el momento en que el traficante facilita el ingreso ilícito o irregular del migrante a un país determinado. Por el contrario, si el bien jurídico tutelado es la dignidad humana, el ilícito se consuma cuando el bien jurídico es puesto en peligro o se ve materialmente afectado, lo que puede ocurrir en cualquiera de las fases del tráfico. Para que la tutela de la dignidad humana de la persona migrante suceda, los Estados miembros han dispuesto de un conjunto de medidas jurídicas de protección y asistencia, mismas que se sintetizan en el cuadro 2. El reto jurídico estatal del tráfico de migrantes ha sido potenciar las leyes y las políticas públicas en cuanto a la protección de las personas migrantes. Es posible observar en el cuadro 2 que todos los países poseen una gama importante de derechos migratorios. Resalta Guatemala, que tiene 60 derechos, tanto generales (migrar, acceso a dependencias del Estado, nacionalidad, familia, trabajo, educación, no discriminación, a la propiedad) como específicos (niños y adolescentes no acompañados, maternidad y salud sexual de las mujeres, contra la violencia, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, personas adultas, trabajadores migrantes y sus familias, personas migrantes víctimas de trata).
Cuadro 2 relativas a la migración internacional en el norte centroamericano, México y Estados Unidos País
Derechos migratorios
Derechos de los refugiados
23 derechos. Medidas especiales para niños,
El Salvador
adolescentes y personas en condición de discapacidad.
8 derechos
60 derechos. Derechos de los trabajadores
Guatemala
Honduras
México
migrantes y sus familias, condiciones especiales de migrantes, refugiados, en asilo político y asistencia humanitaria. Los extranjeros están sujetos a los mismos derechos y obligaciones que los hondureños, con las restricciones que por razones calificadas de orden público, seguridad nacional, intereses o conveniencia social establezcan la Constitución y las leyes. 10 derechos.
11 derechos
36 derechos
16 derechos y 1 transitorio
Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos
Medidas jurídicas de protección y asistencia a la población migrante
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Estados Unidos
de incompetencia mental de un extranjero para que pueda estar presente en el proceso, el fiscal general prescribirá salvaguardias a fin de proteger sus derechos y privilegios.
10 derechos
Fuente: elaboración propia con base en las leyes locales consultadas.
Cabe destacar que Estados Unidos y Honduras carecen de un apartado desarrollado, ya que aluden a los derechos constitucionalmente establecidos y a los contenidos en tratados internacionales, es decir, no existe una especificidad en situaciones de vulnerabilidad (edad, raza, sexo, situación de riesgo). En particular, en las normatividades analizadas sobresale el apartado de refugiados y de asilo como derechos de cualquier persona en América, reconocidos por diversos tratados internacionales 4 ante situaciones de peligro o fundados temores, y que De los países estudiados, salvo Estados Unidos que sólo firmó el Protocolo, todos se integraron al Protocolo de 1967 y a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. También se encuentra la Convención sobre Asilo Territorial adoptada en Caracas, Venezuela, en 1954, la cual ha sido firmada y ratificada por El Salvador y México. 4
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10 derechos. Si no es posible por razones
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al final suelen ser mecanismos legales destinados a proteger a las personas desde un enfoque de derechos humanos. Es crucial que los Estados parte del Protocolo, además de mencionar los derechos inalienables y aplicables a cualquier persona, independientemente de su situación migratoria, lleven a cabo esfuerzos por generar medidas de asistencia y protección que supongan derechos en particular (en concreto que tengan en cuenta a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad: niños y adolescentes, mujeres, indígenas, adultos mayores y personas con alguna capacidad especial), entre ellos la protección frente al secuestro, violencia, muerte, tortura y otras penas; la asistencia a personas en peligro; la facilitación de información sobre la notificación al personal consular; la remisión a los migrantes que soliciten asilo, etcétera. En principio, esas labores de protección son, o debieran ser, desarrolladas de manera institucional por dependencias especializadas en cada país como una responsabilidad nacional y desde esas instancias, pero no en exclusiva, con las del entorno internacional inmediato. Las instancias nacionales se presentan en el cuadro 3. Cuadro 3 Instancias de coordinación y cooperación relativas a la migración internacional
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en el norte centroamericano, México y Estados Unidos País
Instancia gubernamental de migración
El Salvador
Dirección General de Migración y Extranjería
Guatemala
Instituto Guatemalteco de Migración
Honduras
Instituto Nacional de Migración
México
Instituto Nacional de Migración
Estados Unidos
Bureau of Population, Refugees and Migration
Fuente: elaboración propia con base en las leyes locales consultadas.
Hay una instancia específica en los cinco países para temas migratorios, la cual se dedica a establecer la política gubernamental de migración e inmigración. En el caso mexicano, la Unidad de Política Migratoria, dependiente de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob) es la que se encarga de los aspectos conceptuales y el procesamiento estadístico; mientras que el Instituto Nacional de Migración (inm) es responsable de la parte operativa. Todas las instancias compendiadas son de carácter nacional
Los cinco países estudiados ostentan convergencias que forman una plataforma básica y mínima indispensable para la acción conjunta, con sus distintas dimensiones y alcances nacionales, potenciados por la visión y actuación regional, contra las redes de tráfico y la efectiva protección a la población migrante. En principio, todos son Estados parte de la onu y firmaron el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; asimismo, cuentan con marcos jurídicos que incluyen actos o conductas delictivas del tráfico de migrantes, medios comisivos, régimen de sanciones, medidas de protección y asistencia a la población migrante e instancias del Ejecutivo encargadas de la temática migratoria. Aparte, esos países son escenario de un proceso migratorio regional (aunque con participaciones allende la región analizada), con participación de múltiples agentes formales e informales, legales e ilegales. La firma y ratificación del Protocolo, que complementa la Convención de la onu contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, compromete a los Estados parte a generar políticas más sustantivas y concretas en el ámbito de la migración, sobre todo en cuanto al tráfico ilícito. A medida que la migración se ha elevado en los últimos años en la región Centroamérica-MéxicoEstados Unidos, el tráfico ilícito de migrantes, junto con la participación de la delincuencia organizada, ha experimentado también un alza importante (nuevos modus operandi). Este complejo fenómeno, vinculado a su vertiente de la delincuencia organizada, exige posicionamientos conjuntos y regionales que supongan acciones realistas y estructurales. El Protocolo y su complemento, la Convención de
Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos
Conclusiones
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y entre sus funciones se encuentra realizar acciones de coordinación interinstitucional y de cooperación internacional migratoria, una labor necesaria que enfrenta varias dificultades conceptuales relativas a actos o conductas sancionables, de cobertura por los medios comisivos considerados, por la mayor o menor dureza en el régimen de sanciones, disposiciones estipuladas en el marco jurídico para la protección y asistencia a la población migrante, estructura de gobierno más o menos desarrollada de cada país para la debida atención de la temática migratoria (constituyen materia de otro análisis presupuesto, personal, infraestructura y resultados obtenidos por país, la suma regional y la acción regional).
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Palermo, son clave para los cinco países porque establecen lineamientos mínimos para la adopción de un instrumento jurídico que considere objetivo, finalidad y propósito de la ley; la correcta tipificación del delito y sus agravantes; acciones de prevención, protección y asistencia a los migrantes; cooperación internacional, entre otros pilares en el combate al tráfico ilícito de migrantes. La presentación de las disposiciones jurídicas en las cinco naciones evidencia el grado de desarrollo desigual entre países en los tópicos jurídicos expuestos. No se trata de que los países involucrados posean un marco jurídico similar, sino que prevean disposiciones que faciliten la actuación regional conservando el respeto a sus experiencias nacionales para que sus alcances internos e internacionales sean efectivos en las poblaciones migrantes que los Estados miembros se han comprometido a proteger. A casi dos décadas de la adopción del Protocolo, no se han emprendido las medidas apropiadas que generen una estrategia integral e interregional frente al fenómeno del tráfico ilícito: los Estados miembros no han informado aún con estadísticas verificables qué logros han alcanzado en la aplicación de sus mandatos nacionales según su compromiso signado y ratificado en convenciones y protocolos internacionales. Dos de los puntos más sobresalientes que expresan esta falta de voluntad y responsabilidad tienen que ver con que las normativas de El Salvador y Honduras no han sido actualizadas a la expedición del Protocolo y que Estados Unidos reconoce una normatividad específica acerca del tráfico ilícito de migrantes, mientras que los demás comprenden dicho elemento en sus leyes generales sobre migración, inmigración y extranjería, o bien, en sus códigos penales. Sin duda, ello dificulta la creación de políticas públicas más profundas y extensas (tal y como lo requiere ese proceso social). Por el contrario, las acciones ejecutadas se pierden entre las asignadas de manera unilateral al fenómeno de la migración, que por lo regular se centra en la detección, la detención y la expulsión del migrante indocumentado. Debido a tal naturaleza, la mayoría de las leyes analizadas carece de una visión general de prevención y combate al tráfico ilícito de migrantes, así como de protección de los derechos de los migrantes. En ese sentido, resulta crucial tener presente la heterogeneidad en la redacción, la estructura y la penalidad del tráfico ilícito de migrantes. Salvo Guatemala, el país más acorde con el Protocolo, los demás muestran limitantes porque no incluyen el fin de beneficiarse de modo financiero o material (El Salvador y Honduras), no aluden a la permanencia (Honduras), no consideran penalizar la documentación falsa o fraudulenta y tampoco
Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos
insertan como agravante toda circunstancia que ponga en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados o un trato inhumano o degradante (El Salvador). Es entendible que, de acuerdo con los hechos particulares de cada país, exista una diversidad de prácticas delictivas y que sean más recurrentes en un sitio y se asocien a otros ilícitos; sin embargo hay evidencia de sus articulaciones mayores, que hacen plausible el que se les observe, examine y atienda desde una perspectiva conforme a la actuación regional de un proceso delictivo global. Acerca de los derechos, se incorporan numerosas prerrogativas hacia las personas migrantes, incluso se especifican para sectores en vulnerabilidad (menores, mujeres, adultos mayores o personas con alguna capacidad especial). Adicionalmente, los cinco países integran los derechos de refugio y asilo, aunque con diversos requisitos. El avance jurídico es relevante, pero insuficiente ante la certeza de que la población migrante sigue pagando altos costos por su movilidad internacional fuera de los marcos legales, las redes de tráfico siguen actuando con impunidad (excepto por la pérdida de algunas personas que se ubican en eslabones operativos), y los esfuerzos bilaterales y multilaterales continúan siendo limitados y deficientes.
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Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos
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Tendencias y patrones de la migración de retorno en México Trends and patterns of return migration in Mexico
Resumen. En este documento ofrecemos un análisis de los perfiles, volúmenes y patrones
de la migración de retorno en México, comparándolos en tres momentos diferentes: a) antes de la crisis económica y durante el gran auge de la emigración a los Estados Unidos; b) durante la crisis económica y momentos de mayor endurecimiento de la política antiinmigrante, y que implicó un virtual desplome temporal de la migración mexicana; c) la etapa posterior a la crisis económica, y en un contexto de moderado reimpulso de la emigración de mexicanos a los Estados Unidos. Nos interesa discutir si el crecimiento del retorno a fines de la década pasada fue sólo un fenómeno coyuntural producto de las peculiares circunstancias que lo provocaron, o por el contrario, implicó cambios en los perfiles y patrones del retorno, que aunque se redujeron en volumen, persisten actualmente conformando un fenómeno emergente cuyas implicancias y consecuencias aún no están claramente definidas. Palabras clave: migración de retorno, crisis económica, hogares, regiones, México. Abstract. In this paper we offer an analysis of the nature, volume and patterns of return
migration in Mexico, comparing them across three distinct moments: i) before the economic crisis and during the great boom in emigration to the United States; ii) during the economic crisis and periods of increased strengthening of anti-immigrant policies, and which resulted in a temporary collapse of Mexican migration; and iii) the later stage of economic crisis, and within a context of a moderate resumption of Mexican emigration to the United States. We discuss whether the growth of return migration at the end of the last decade was only a circumstantial phenomenon, the product of particular circumstances, or on the contrary, that it implied a change in the nature and pattern of return migration, that although the volume was reduced, its continuance represents an emerging phenomenon whose implications and consequences are still not clearly defined. Keywords: return migration, economic crisis, households, regions, Mexico.
* Universidad de Guadalajara.
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issn impreso 1870 -7599 | issn red cómputo 2448 -7783 | 123 -155
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Alejandro I. Canales* Sofía Meza*
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Estimaciones propias con base en datos de Current Population Survey, módulo mensual de enero de
2008 a febrero de 2018. Cifras anualizadas con fundamento en promedios móviles de los datos men-
suales para cada año.
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Hasta 2008 el análisis y la problematización de la migración de retorno en México no había ocupado un lugar preponderante en el debate sobre las migraciones, es hasta la crisis económica de ese año que derivó en el endurecimiento de las políticas antiinmigrantes y el aumento de deportaciones implementadas desde mediados de la década de 2000, que el retorno comienza a ser un tema trascendental. Desde los primeros años de la crisis se observó un intenso flujo de retorno que superó con creces al registrado en años anteriores. Ello, aunado a la reducción del flujo de salida de migrantes desde México, llevó a que algunos autores hablaran de una fase de saldo migratorio nulo para ese periodo (Galindo, 2015; Passel, Cohn y González-Barrera, 2012); otros fueron más allá y plantearon la hipótesis de un posible colapso de la migración de mexicanos a Estados Unidos (Durand y Arias, 2014). Sin embargo, es evidente que las cifras no son tan concluyentes al respecto. En un primer momento se registró incluso un saldo neto negativo, que condujo a que el volumen de mexicanos residentes en Estados Unidos disminuyera de 12 millones en 2008 a 11.6 millones en 2011, nivel que se mantuvo hasta mediados de 2014. A finales de ese año inicia una nueva fase que reimpulsa la emigración mexicana, lo que permitió que el volumen de mexicanos residentes en Estados Unidos incrementara a más de 12.2 millones a inicios de 2018; un volumen que superó al que había hasta antes de esa crisis.1 Un componente central en esta tendencia de la migración es el flujo de migrantes de retorno, el cual si bien una vez pasados los momentos más álgidos de la crisis económica y de las deportaciones se habría reducido sustancialmente, aún se mantiene en niveles superiores a los prevalecientes en décadas anteriores (Canales y Meza, 2016 ). En ese sentido es posible afirmar que aunque la migración de retorno se originó en una situación de tipo coyuntural, donde se conjuntaron distintas condiciones (crisis económica junto a una política de restricciones y deportaciones), adquiere mayor relevancia en la dinámica y estructura del sistema migratorio México-Estados Unidos, cuyos impactos y consecuencias son de diverso tipo (Gandini, Lozano y Gaspar, 2015).
Tendencias y patrones de la migración de retorno en México
Introducción
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Frente a ello, interesa analizar perfiles, volúmenes y patrones durante el boom del retorno y compararlos con los prevalecientes antes y después de la crisis económica. El objetivo es investigar si el crecimiento del retorno fue sólo un fenómeno coyuntural producto de las peculiares circunstancias que lo provocaron, o por el contrario, implicó cambios en los perfiles y patrones del retorno, que a pesar de que disminuyeron en volumen, abarcan un fenómeno emergente cuyas implicaciones y consecuencias todavía no están definidas de forma clara. Sobre el flujo de retorno se ha desarrollado una amplia literatura. Destacan los textos de Gandini, Lozano y Gaspar (2014 y 2015), quienes han hecho aportes significativos a la caracterización sociodemográfica de tales flujos, así como su distribución territorial y rural-urbana.2 Los estudios de retorno en México suelen centrarse en el análisis de los datos del Censo de Población de 2010, que ofrece una gran potencialidad para entender el fenómeno del retorno, pero por razones obvias no recoge la dinámica del fenómeno a partir de entonces. En nuestro caso, es prioritario examinar el retorno que incorpore la información estadística y demográfica más reciente en México; eso permitirá identificar nuevas fases y coyunturas del proceso de retorno, además de otras dimensiones del flujo migratorio. Es posible establecer tres grandes fases o momentos del retorno en la actual coyuntura histórica de las migraciones México-Estados Unidos: a) antes de la crisis económica, que coincide con el auge de la emigración a Estados Unidos; b) periodo de la crisis económica y de mayor endurecimiento de la política antiinmigrante; c) etapa posterior a la crisis económica, en un contexto de reimpulso de la emigración de mexicanos a Estados Unidos. El estudio incluye el análisis y entendimiento del retorno en México comparando su dinámica, composición y perfiles en esos tres aspectos de su tendencia en las últimas dos décadas. En la primera sección se revisan las causas y determinantes del retorno, se describen brevemente sus niveles y tendencias, hecho que permite identificar tales etapas. En la segunda, se expone el perfil sociodemográfico de los migrantes de retorno, se consideran los periodos señalados. En la tercera, se reflexiona acerca de los hogares, se identifican patrones de retorno individual y colectivo o familiar. En la cuarta, se ponderan los patrones de la configuración territorial del retorno con base en las regiones migratorias y entidades federativas. Para una revisión exhaustiva de los estudios sobre migración de retorno en México véase Canales y Meza, 2018.
2
Retorno en el marco de la crisis económica La crisis económica financiera en Estados Unidos detonó la contracción de los mercados de trabajo en los sectores donde típicamente se concentran los migrantes mexicanos: construcción, manufactura, agricultura y servicios.3 Ramírez y Aguado (2013), apoyados en un modelo logístico, analizaron los factores determinantes de la migración laboral de retorno entre 2007-2009; encontraron que la falta o término de su trabajo, así como la falta de ingresos suficientes para permanecer en aquel país, fueron los factores que más incidieron en la propensión para regresar a México. Además de resultar perjudicada con la disminución del empleo disponible, la migración mexicana tuvo que lidiar con la precarización del mismo. Al respecto, Canales (2014) indica que los migrantes son uno de los sectores más vulnerables y con menor poder de negociación social y política, por lo que era previsible que una de las consecuencias de la crisis económica fuera la virtual transferencia hacia ese grupo de gran parte de su costo. En el caso de los mexicanos el desempleo alcanzó en su peor momento 13.3 por ciento; por su parte, más de 20 por ciento se empleaba en condiciones de alta precariedad laboral, proporción que duplicaba la de otras minorías étnicas y demográficas, y triplicaba la de los trabajadores blancos no latinos. La evolución de la crisis tomó varias formas, ello afectó el empleo de distintos tipos de migrantes de modo diferenciado. En una primera etapa, como crisis financiera, tuvo grandes impactos en los trabajadores migrantes altamente capacitados;4 en tanto que los de baja calificación laboral fueron afectados de Ramírez y Aguado (2013), con datos de la emif Norte, indican que entre 2007-2009 la mayoría de los migrantes de retorno reportó haber trabajado en Estados Unidos: 36.3 por ciento lo hizo en el sector de la construcción; 30.3 por ciento en el de servicios; y 22.3 por ciento en el agropecuario. 4 Para analizar las características de la vulnerabilidad de la migración latinoamericana con altos niveles de escolaridad frente a la crisis, puede consultarse a Gandini y Lozano, 2015; mientras que para priorizar el caso mexicano véase Gandini y Lozano, 2012. 3
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Si bien múltiples factores intervienen en el repentino auge del retorno de mexicanos, la presente investigación se centra en dos de ellos: los efectos de la crisis económica y las consecuencias de la política de restricciones y deportaciones.
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Retorno: causas y determinantes
manera directa por la disminución en la demanda de trabajadores en el sector de la construcción y la precarización del empleo en servicios no calificados. Lo anterior provocó que la crisis financiera derivara en una crisis de empleo para los inmigrantes de baja calificación, lo que agravó su situación de vulnerabilidad social y laboral, puesto que se redujeron sus opciones de empleo y empeoraron sus condiciones laborales, salarios y jornadas laborales (Castles y Miller, 2010).
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Retorno en el marco de la política antiinmigrante y de deportaciones
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A finales de los 1990 se gesta un cambio radical en la orientación de la política migratoria de Estados Unidos que se consolida a partir de los atentados del 11 de septiembre. La base ideológica es la doctrina de la seguridad interna que pone como prioridad la lucha contra el terrorismo, y relega a un segundo y tercer orden el enfoque de derechos humanos en la definición de la política migratoria (Alarcón, 2016 ). Con el objetivo de reforzar la seguridad en las fronteras se promueven políticas y programas antiinmigrantes como el de Comunidades Seguras, que implicaron la implementación de diversos mecanismos de control no sólo en las zonas fronterizas, sino también en los lugares de vivienda y trabajo de los migrantes en Estados Unidos (Canales y Meza, 2018). Esta clase de políticas gubernamentales fortaleció actitudes de discriminación y xenofobia por parte de distintos sectores estadounidenses en contra de los inmigrantes latinos en particular. Massey, Pren y Durand (2009), al igual que Ramírez y Aguado (2013), insisten en cómo la promulgación de la denominada Ley Patriota (usa Patriot Act), junto a otras políticas discriminatorias elaboradas años antes a escala nacional y local, han contribuido a esa construcción social del migrante como potencial peligro criminal. El resultado de esas reformas legales fue la expansión de la tipificación de los crímenes y delitos relacionados con la inmigración, así como el número de delitos y faltas estatales y federales que conducen a la eventual remoción de los inmigrantes. Junto a ello, restringen los criterios de los jueces de inmigración que pudieran llevar a una limitación o suspensión del proceso de remoción de inmigrantes. Por último, se amplían las categorías y tipificaciones de no ciudadanos sujetos a detención y posible remoción (Meissner et al., 2013). Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 se reformaron las leyes y actas que regulan tanto la situación de los migrantes indocumentados, como las atribuciones de los distintos agentes vinculados al control
Niveles y tendencias del retorno en México: entre mitos y datos Uno de los puntos que propició el debate y análisis del retorno en el país fue el volumen que alcanzó en la segunda mitad de la década de 2000. La conjunción de una crisis económica y de empleos en Estados Unidos, por un lado, y el endurecimiento de la política migratoria y de deportaciones, por el otro, marcaron el contexto del incremento, inusual hasta ese entonces, de los volúmenes de migrantes mexicanos de retorno en México. Los datos corroboran inicialmente dicha tesis y muestran que, en efecto, hay un crecimiento sustantivo del volumen de retornos a partir de la crisis económica de 2008. Sin embargo, las mismas fuentes ilustran una disminución Es importante reflexionar sobre el estigma del retorno debido a una deportación, como lo hace Masferrer (2014); o la repercusión cuando se retorna en un lugar diferente al de origen, así como las dificultades para reinsertarse en el país de origen bajo un contexto de criminalización de la deportación o repatriación, como lo plantean Lozano y Martínez (2015). 5
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migratorio y de la población en general (Alarcón y Becerra, 2012). Lo anterior amplió la capacidad de vigilancia y control del gobierno con la finalidad de capturar posibles terroristas. Entre esas políticas, la Ley Patriota propició la implementación de radicales medidas de control social y político de la población; se incluyó la aplicación de redadas masivas en zonas fronterizas y al interior del país, que aunque fueron diseñadas para perseguir y atrapar terroristas, en la práctica remitieron sobre todo contra los migrantes latinos e indocumentados (Massey, Pren y Durand, 2009).5 Uno de los principales instrumentos en los que se basa la estrategia de endurecimiento de la política antiinmigrante es la nueva política de deportaciones, que además de criminalizar la inmigración indocumentada ha derivado en una masiva deportación de extranjeros, lo cual afecta de manera preferente a los inmigrantes mexicanos (Rivera, 2015). Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, las deportaciones de mexicanos prácticamente se habrían duplicado: de 1.3 millones en el periodo 1998 -2006 a casi 2.5 millones en 2007-2015. En ese lapso se deportaron casi 270 mil mexicanos cada año, ello conformó uno de los principales componentes del retorno de mexicanos en la última década (Canales y Rojas, 2017).
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del retorno en años recientes, en especial desde la recuperación del empleo en Estados Unidos, y la reducción del volumen de deportaciones y remociones implementadas por las autoridades norteamericanas. A partir de 1990 los censos y conteos de población mexicanos, así como las encuestas demográficas, preguntan por el lugar de residencia de los individuos cinco años antes del levantamiento censal o la encuesta. Eso permite medir la migración de retorno reciente, lo que da una idea panorámica de la tendencia del retorno en las últimas tres décadas.6 Como se observa en el siguiente gráfico, hasta el quinquenio 2001-2006 el retorno se mantenía en volúmenes muy reducidos; en el mejor de los casos representaba un flujo inferior a 60 mil retornos anuales, siendo su punto más bajo en dicho periodo con menos de menos de 40 mil retornos anuales. No obstante, en la segunda mitad de los 2000 el retorno se incrementó significativamente: pasó de 121 mil migrantes anuales de 2004 2009 a más de 165 mil en 2005 -2010. Desde entonces el flujo empezó a descender: tuvo un volumen de 111 mil retornos anuales en 2009 -2014 y de 2010 -2015 fue de 88.6 mil. Si bien este último flujo representa la mitad de lo experimentado en el quinquenio anterior (2005 -2010), casi duplica el volumen histórico hasta antes de 2005. La tendencia indica que México experimentó un boom del retorno en el lapso de la crisis económica, el endurecimiento de las políticas antiinmigrantes y las deportaciones masivas. Asimismo, señala que cuando la economía y el empleo en Estados Unidos se recupera, el retorno se reduce de manera significativa aunque se mantiene por encima de los niveles históricos.
En la presente investigación la migración de retorno comprende a aquellas personas originarias de México que en algún momento residieron en Estados Unidos, y que regresaron a vivir a su país. Los censos de población y las encuestas demográficas mexicanas especifican el tiempo y los momentos del retorno, de tal modo que el migrante de retorno sería aquella persona nacida en México que hasta cinco años antes del levantamiento censal o la encuesta radicaba en Estados Unidos, y volvió a México durante los últimos cinco años. En otras encuestas la referencia temporal de la residencia en Estados Unidos y del momento del regreso a México varían, pero se mantiene la definición original de mexicanos que emigraron a aquel país y regresaron a su lugar de nacimiento. Esa forma de medir la migración de retorno, además de su sencillez, posee la virtud de que puede hacerse un análisis comparativo en diversos momentos, pues la misma metodología ha sido usada en encuestas demográficas nacionales así como en los censos y conteos de población. No obstante, tiene también limitaciones relevantes: restringe la medición del retorno a la población mayor de cinco años, por lo que no es posible examinar la migración de menores que acompañan a sus padres en el retorno.
6
826 604
291
289
180
267
557 443
247
2010 -2015
2009 -2014
2005 -2010
2004 -2009
2001-2006
2000 -2005
1995 -2000
1992-1997
1990 -1995
1987-1992
196
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población (1990, 2000, 2010), Conteo de Población (1995, 2005), Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (enadid) (1992, 1997, 2009, 2014) y Encuesta Intercensal (2015).
Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) ofrecen un análisis más detallado de esa tendencia, pues permiten identificar trimestre a trimestre las distintas fases del retorno, además de los puntos de inflexión en sus tendencias recientes.7 En concreto, desde 2005 a la fecha (cuarto trimestre de 2017), es posible reconocer tres fases en la tendencia del retorno en México: a) El retorno adquiere su máxima expresión en la segunda mitad de los 2000. Los datos de la enoe corroboran ese hecho y registran que entre 2005 y 2009 la migración de retorno alcanza un volumen de 337 mil migrantes anuales en promedio. b) Entre el primer trimestre de 2010 y el primer trimestre de 2014 el retorno experimenta una fase de reducción sostenida, pasa de 300 mil a sólo 100 mil migrantes de retorno cada año. c) Desde el primer trimestre de 2014, y hasta la actualidad, el retorno ha permanecido estable: alrededor de 100 mil migrantes al año, cifra menor al tercio de la cantidad obtenida en los momentos de mayor retorno, pero significativa en un contexto de reducción de los flujos de emigración a Estados Unidos (Canales y Meza, 2016).
7 Las cifras que aporta la enoe no necesariamente concuerdan con las estimadas a partir de los censos y encuestas demográficas pues difieren en el concepto y la dimensión temporal del retorno que cada instrumento mide así como en la metodología de recolección de la información.
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(flujos quinquenales, miles de personas)
Tendencias y patrones de la migración de retorno en México
Gráfica 1 Tendencia histórica de la migración de retorno a México
Gráfica 2 Migrantes de retorno. Flujo anualizado con base en promedio de trimestre móvil 400 000 350 000 300 000
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200 000 150 000 100 000 50 000
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1-4 2006
2007
4
0
2005
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250 000
Fuente: elaboración propia con datos de la enoe (primer trimestre de 2005 a cuarto trimestre de 2017).
Más allá de las desemejanzas en los volúmenes que se estiman con distintas fuentes estadísticas, lo relevante es constatar un mismo patrón y tendencia del retorno; ello se refleja tanto con datos de censos y encuestas demográficas como con la medición continua trimestre a trimestre que proporciona la enoe, y que puede definirse como un proceso de auge y contracción. Con base en tales tendencias, es primordial analizar si esas múltiples fases del retorno implican también patrones y perfiles diferentes en cada momento, o si por el contrario, sólo se reflejan en sus montos y volúmenes absolutos.
Características sociodemográficas del retorno reciente El retorno es un fenómeno esencialmente masculino, según lo evidencia su constancia a lo largo del tiempo. Antes, durante y después de la crisis económica la participación masculina en la migración de retorno superó en relación de
cenario. En el quinquenio 1995 -2000 la correspondencia era de 187 hombres por cada 100 mujeres, la cual se incrementó a 257 en 2005 -2010, en plena crisis económica, y se redujo a 211 en el periodo de poscrisis entre 2010 y 2015. Estas disimilitudes son más patentes al comparar las tasas de retorno por sexo, es decir, la proporción que representan los migrantes de retorno respecto a la población mexicana residente en Estados Unidos al inicio de cada quinquenio considerado.8 Los datos indican que los hombres muestran desde siempre una mayor propensión a regresar que las mujeres. Antes de la crisis, 4.5 por ciento de los hombres volvía a México, contra sólo 3.0 por ciento de las mujeres. Esa diferencia se acentuó durante la crisis, cuando la tasa de retorno de los hombres subió a 9.7 por ciento: prácticamente 1 de cada 10 migrantes hombres regresó en el quinquenio 2005 -2010, mientras que la proporción de las mujeres fue de 4.7 por ciento. Finalmente, en el periodo de poscrisis las tasas llegaron a sus niveles originales antes de la crisis y se mantuvo la mayor propensión de los hombres a reingresar al país. Cuadro 1
Tendencias y patrones de la migración de retorno en México
2 a 1 a la femenina; lo notable es que dicha preeminencia se acentuó en ese es-
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Características sociodemográficas de la migración de retorno
Volumen absoluto
Distribución relativa (%)
Tasas de retorno (%)
19952000
20052010
20102015
19952000
20052010
20102015
19952000
267 150
825 609
442 503
100
100
100
3.8
7.5
3.7
Hombres
173 929
594 553
300 139
65
72
68
4.5
9.7
4.6
Mujeres
93 221
231 056
142 364
35
28
32
3.0
4.7
2.7
257
211
Sexo
Índice masculinidad
187
2005- 20102010 2015
Tales tasas se calculan como el cociente entre los migrantes de retorno en determinado periodo quinquenal y la población mexicana residente en Estados Unidos al inicio de ese quinquenio, y así para cada subpoblación que se considere. Por ejemplo, la tasa de hombres para 2005 -2010 es la relación entre los migrantes de retorno masculinos en ese quinquenio registrados por el Censo de 2010, y el total de migrantes mexicanos hombres asentados en Estados Unidos en 2005 consignados por Current Population Survey del Buró del Censo de Estados Unidos. Se toma como referencia la población establecida en ese país, por estar expuesta a experimentar un evento de retorno. 8
Alejandro I. Canales | Sofía Meza
proveniente de Estados Unidos
Volumen absoluto
MIGRACIÓN y DESARROLLO
volumen 16 | número 30 | primer semestre 2018
Tasas de retorno (%)
19952000
20052010
20102015
19952000
20052010
20102015
19952000
266 416
741 050
399 654
100
100
100
3.8
7.5
3.7
5-19
40 979
79 631
41 623
15
10
9
5.7
8.4
6.4
20-39
168 509
523 619
239 603
63
63
54
4.8
10.4
5.4
23
30
2.1
4.8
2.7
6
2.0
2.9
1.5
Edad
134
Distribución relativa (%)
2005- 20102010 2015
40-59
43 671
187 863
134 427
16
60+
13 235
34 045
26 617
5
4
Edad promedio
31.4
33.7
36.3
Edad mediana
30.0
32.0
35.0
220 416
741 050
399 654
100
100
100
3.8
7.5
3.7
Primaria completa
101 327
285 620
134 301
46
39
34
4.1
9.3
4.7
Preparatoria incompleta
74 369
298 265
159 997
34
40
40
4.0
9.2
4.5
Preparatoria completa
25 624
97 172
64 763
12
13
16
2.4
4.1
2.3
Licenciatura o más
19 096
59 993
40 593
9
8
10
2.4
4.3
2.1
Escolaridad
La tasa de retorno corresponde a la proporción que representan los migrantes de retorno de cada quinquenio respecto a la población mexicana residente en Estados Unidos al inicio del quinquenio correspondiente. Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población (2000, 2010), Encuesta Intercensal (2015) y Current Population Survey (2000, 2010, 2015).
En cuanto a la composición por edad del retorno, la mayor proporción la ocupa la población en edades jóvenes, plenamente activas. Sin embargo, se observa una situación de envejecimiento del retorno, lo cual se explica por el envejecimiento propio y natural de toda población migrante. En concreto, los migrantes de retorno con más de 40 años pasaron de 21 por ciento en 1995 -2000 a 27 por ciento en 2005 -2010 y a 36 por ciento en la actualidad. Por el contrario, los infantes y adultos jóvenes redujeron su participación de 15 y 63 por ciento en el primer quinquenio, respectivamente, a 9 y 54 por ciento en el quinquenio de la poscrisis. Este cambio es un fenómeno natural que responde, en cierto modo, al envejecimiento de la población mexicana residente en Estados Unidos. No obstante, al analizar las tasas de retorno se percibe que el comportamiento frente a éste es marcadamente diferenciado por edad, pero en sentido
Tendencias y patrones de la migración de retorno en México
135
Alejandro I. Canales | Sofía Meza
inverso al ya señalado; la propensión a retornar tiende a disminuir con la edad, y ser mayor entre jóvenes y niños. Asimismo, la crisis manifiesta un impacto diferenciado por edades, lo que profundiza esa distinción en el retorno. Antes de la crisis la tasa de retorno era de 5.7 por ciento en los menores de 20 años y de 4.8 por ciento en los migrantes de 20 a 39 años. Se advierte que la tendencia está por encima de la prevaleciente entre migrantes de 40 a 59 años y mayores de 60. Si bien la crisis habría afectado a todos, tuvo más incidencia en los migrantes jóvenes. La tasa de retorno de personas entre 20 y 39 años incrementó a 10.4 por ciento, cifra que superó a la de menores de 20 años y aún más a la de mayores de 40 años. Un dato sobresaliente es que la crisis no parece haber tenido gran impacto en adultos mayores de 60 años, pues fueron el sector con menos incremento en tasa de retorno. En el periodo de la poscrisis, entre 2010 y 2015, las propensiones de retorno volvieron a sus niveles originales antes de la crisis, y reprodujeron el modelo general donde la tasa de retorno se reduce sistemáticamente con la edad. Esto plantea una situación peculiar. A pesar de que el retorno en la poscrisis muestra un mayor envejecimiento (participación de adultos y adultos mayores), sus tasas son casi las mismas que en el quinquenio antes de la crisis. Ello indica que el cambio en la composición relativa del retorno en la poscrisis obedece más a un proceso estructural de envejecimiento de la población migrante, que a una variación en el comportamiento respecto al retorno de cada estrato etario. La migración de retorno evidencia también una selectividad por nivel de escolaridad; es mayor tanto en volumen como en tasas en los migrantes con menor escolaridad, y desciende de forma significativa entre los de más escolaridad. Así, la mayor proclividad se encuentra en los migrantes de baja y muy baja escolaridad. Aun cuando su participación tiende a reducirse, todavía en 2010 -2015 40 por ciento de los retornados no había completado el nivel de preparatoria, mientras que otro tercio apenas había finalizado los estudios de primaria. Asimismo, aunque ha incrementado la proporción de retornados con niveles medios y altos de escolaridad, todavía se mantiene en niveles mínimos. Aunado a lo anterior, la crisis económica agudizó la problemática pues la brecha entre las tasas de retorno se incrementó. Si antes y después de la crisis la tasa de retorno en los migrantes de baja escolaridad alcanzó alrededor de 4 por ciento, se elevó a 9 por ciento en 2005 -2010. En contraposición, la tasa de retorno entre los migrantes de mayor escolaridad (preparatoria completa o más) que ya era baja antes de la crisis, apenas tuvo 4 por ciento durante ésta; luego
retomó en 2010 -2015 los niveles precedentes, que no superaban 2.5 por ciento. En ese sentido, la crisis económica afectó a los migrantes en diferente medida e intensidad: el impacto en la propensión de retorno fue superior entre quienes sólo poseían estudios de primaria completa o preparatoria incompleta.
MIGRACIÓN y DESARROLLO
Hogares y retorno
volumen 16 | número 30 | primer semestre 2018
136
Una manera alternativa de dimensionar el retorno es examinar su presencia en los hogares. Según los datos, el volumen de hogares con migrantes de retorno sigue el mismo patrón que el retorno examinado a nivel individual. Antes de la crisis en el quinquenio 1995 -2000 se registraban 191.5 mil hogares con migrantes de retorno, lo que representaba sólo 0.8 por ciento de los hogares en México. Diez años después, en 2005 -2010, el volumen se triplicó, pues se documentaron 628.5 mil hogares con migrantes de retorno, cantidad equivalente a 2.2 por ciento del total de hogares en este país. Tal cifra aporta información relevante si se considera que los hogares no se distribuyen de modo uniforme, sino que suelen concentrarse en determinados espacios regionales y tipos de localidades. Cinco años después, en 2010 -2015, el volumen se redujo a 363.3 mil, suma que a pesar de ser superior a la persistente antes de la crisis económica, constituye sólo 1.1 por ciento del total de dichos hogares, es decir, la mitad de la que predominó en el quinquenio anterior. Gráfica 3 Hogares con migrantes de retorno en México. Volumen total y tasa respecto al total de hogares 628.5
2.2% 363.3
1.1%
0.8%
191.5
1995-2000
2005-2010
2010-2015
Volumen (miles de hogares)
1995-2000
2005-2010
2010-2015
Tasa (%)
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población (2000, 2010) y Encuesta Intercensal (2015).
Tendencias y patrones de la migración de retorno en México
137
Alejandro I. Canales | Sofía Meza
Gandini, Lozano y Gaspar (2014) plantean un análisis sociodemográfico de los hogares y el retorno, los clasifican de acuerdo con su tipo de actividad migratoria; toman en cuenta cuatro categorías: presencia de emigrantes internacionales, presencia de migrantes circulares, recepción de remesas y presencia de migrantes de retorno. Tal enfoque permite subdividir a la vez esos hogares en presencia o ausencia. De igual modo, posibilita examinar los casos con al menos alguna actividad migratoria y caracterizar su perfil sociodemográfico, lo que aporta elementos sustanciales sobre la conjunción de diferentes formas de participación en los procesos migratorios. Por último, facilita indagar la incidencia del retorno y vincularla con otras dimensiones del proceso migratorio (remesas y emigración, en particular). No obstante, este método excluye una dimensión relevante del retorno que no suele medirse de forma empírica y sólo se remite al ámbito de teorizaciones y construcción de hipótesis y conjeturas: la manera en que el proceso de retorno se asume en cada hogar; es decir, si abarca retornos de individuos o si se trata de retornos colectivos, y por tanto, de retornos familiares o al menos de más de un miembro del hogar. Se ha comentado ampliamente si el retorno sigue una u otra modalidad (individual versus colectiva). El problema radica en que por lo común la forma de medir el retorno en censos, conteos y encuestas, no permite dimensionar directamente el proceso de retorno colectivo, y menos en el caso de hogares que reciben de modo simultáneo migrantes de retorno e inmigrantes internacionales. En censos y encuestas se define el retorno como el regreso de nacionales mexicanos al país, por lo que no se incluye a cónyuges, hijos y descendientes que hayan nacido en Estados Unidos; estos últimos son registrados como inmigrantes internacionales, es decir, personas nacidas en el extranjero que han arribado a México en los últimos cinco años. Esta situación adquiere particular relevancia, en especial si se considera que la emigración mexicana se conforma preferentemente por personas jóvenes en plenas edades reproductivas. De ahí que sea alta la proporción de migrantes mexicanos casados o con hijos nacidos en Estados Unidos; en varios casos, su retorno pudiera implicar el regreso de sus hijos, cónyuges y otros miembros del hogar no nacionales mexicanos, los cuales no son captados ni registrados como migrantes de retorno en censos y encuestas, sino como inmigrantes internacionales. En un afán por realizar aportaciones significativas a dicha discusión, proponemos una forma de medición que entraña sesgos, pero que brinda elementos
MIGRACIÓN y DESARROLLO
volumen 16 | número 30 | primer semestre 2018
138
empíricos para enriquecer el análisis y la comprensión del fenómeno. Así, estudiamos la composición de los hogares con migrantes de retorno de acuerdo con tres categorías: a) hogares con un migrante de retorno y sin inmigrantes de Estados Unidos, b) hogares con más de un migrante de retorno y sin inmigrantes de Estados Unidos, c) hogares con uno o más migrantes de retorno y uno o más inmigrantes nacidos en Estados Unidos (inmigrantes internacionales). Según estas categorías la composición de los hogares posibilita la aproximación a un aspecto difícil de medir y que por esa razón ha sido objeto de análisis hipotético, o bien de estudios de casos que no admiten tener una idea de su dimensión y magnitud estadística. En ese sentido, nuestra categorización trasciende lo propuesto por Gandini, Lozano y Gaspar (2014), porque mide y dimensiona la configuración colectiva/familiar versus individual que puede asumir el proceso de retorno, así como la presencia de otros inmigrantes internacionales no mexicanos junto con migrantes de retorno en un mismo hogar. La primera categoría refiere un proceso de retorno individual que pareciera no involucrar a otros miembros de la familia. Son hogares en los que en los últimos cinco años antes del levantamiento censal o de la encuesta, sólo ha regresado un migrante mexicano desde Estados Unidos y no han recibido inmigrantes internacionales. La segunda alude a un proceso de retorno colectivo que puede ser familiar. Comprende hogares en los cuales en los últimos cinco años se registra el regreso de más de uno de sus miembros, pero no tiene inmigrantes internacionales. El que los migrantes de retorno compartan un mismo hogar indica que pudiera tratarse de un regreso familiar. Finalmente, la tercera categoría describe una forma de retorno colectivo en la que regresa más de un miembro del hogar cuya nacionalidad puede ser mexicana o estadounidense. Esta binacionalidad del retorno supone que son procesos de retorno familiar en los que los migrantes regresan con alguno de sus hijos o descendientes nacidos en Estados Unidos, o bien su cónyuge o alguna otra persona nacida en ese país y vinculada a su hogar. Resulta de particular importancia la tercera categoría porque identifica aquellos hogares con presencia de inmigrantes internacionales cuya movilidad a México se relaciona directamente con el proceso de retorno de algún migrante mexicano, de manera que se asume como parte del fenómeno del retorno, aun cuando en estricto sentido no sean migrantes mexicanos de retorno. En todo caso, no son mexicanos, sino extranjeros. Por ejemplo, cónyuges e hijos de migrantes que nacieron en el extranjero, migran a México y forman parte del
Tendencias y patrones de la migración de retorno en México
proceso de retorno. Sin duda, esta categoría no mide a los inmigrantes internacionales que pudieran hallarse en esa condición, pero constituye un acercamiento más certero desde el cual es posible analizar sus perfiles y características fundamentales.9 Los datos indican que en los hogares el retorno como proceso colectivo o familiar no es preponderante y que tiende a reducirse en el tiempo. En el quinquenio 1995 -2000 el retorno era individual y no acompañado por más de un miembro del hogar en 70 por ciento de los hogares; 17 por ciento correspondía a retornos acompañados y en 13 por ciento de los hogares se daba la combinación de al menos un migrante de retorno con un inmigrante internacional. El predominio del retorno individual se acrecienta con el tiempo, de forma que 79 por ciento de los hogares presentaban este tipo de retorno en el quinquenio 2010 2015, contra 9 por ciento que registraba retornos acompañados y 12 por ciento con retorno combinado con inmigrante internacional. Cuadro 2 Hogares y migrantes según movilidad de retorno Volumen 1995-2000
2005-2010
139
Distribución relativa 2010-2015
1995-2000
20052010
2010-2015
Total hogares
191 524
628 460
363 270
100
100
100
Retorno individual*
134 595
464 746
286 520
70.3
73.9
78.9
Retorno acompañado nacional**
32 629
90 920
34 342
17.0
14.5
9.5
Retorno acompañado binacional***
24 300
72 794
42 408
12.7
11.6
11.7
Migrantes según modalidad de retorno Total migrantes Retorno individual
*
302 468
933 335
510 312
100
100
100
134 595
464 746
286 520
44.5
49.8
56.1
La identificación y cuantificación de estos inmigrantes internacionales asociados al retorno, hará factible depurar la medida que las encuestas y censos arrojan sobre la inmigración internacional, descomponiéndola entre aquellos inmigrantes propiamente tales, de aquellos que forman parte de la migración de retorno. Más adelante ofrecemos algunas cifras al respecto. 9
Alejandro I. Canales | Sofía Meza
Hogares según modalidad de retorno
MIGRACIÓN y DESARROLLO
Volumen
volumen 16 | número 30 | primer semestre 2018
140
Distribución relativa
1995-2000
2005-2010
2010-2015
1995-2000
20052010
2010-2015
Retorno acompañado nacional**
84 695
223 748
81 093
28.0
24.0
15.9
Retorno acompañado binacional***
83 178
244 841
142 699
27.5
26.2
28.0
* Retorno individual: un migrante mexicano de retorno en el hogar. ** Retorno acompañado nacional: dos o más migrantes mexicanos de retorno en el hogar. *** Retorno acompañado binacional: uno o más migrantes de retorno mexicanos, y uno o más inmigrantes internacionales nacidos en Estados Unidos. Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población (2000, 2010) y Encuesta Intercensal (2015).
En cuanto a la población migrante involucrada en el proceso de retorno, los niveles relativos cambian significativamente pese a que se mantiene el mismo patrón tendencial de preeminencia del retorno no acompañado. En el quinquenio 1995 -2000 sólo 44 por ciento de los migrantes involucrados en el retorno regresaban en forma individual, mientras que 56 por ciento lo hacía en forma acompañada; se repartió en proporciones casi iguales entre quienes regresaban acompañados por migrantes de retorno y quienes volvían además con algún migrante nacido en Estados Unidos. En este último caso, puede suponerse que se trata del retorno de un migrante mexicano con algún hijo o descendiente nacido en ese país. Sin embargo, tal proporción tiende a modificarse en el tiempo. El principal cambio se da en el descenso de los retornos acompañados de sólo mexicanos y en el incremento de los retornos no acompañados; mientras que el retorno que combina arreglos binacionales se mantiene estable en su peso relativo. En concreto, en el quinquenio 2010 -2015 los retornos individuales prevalecen al abarcar 56 por ciento de los migrantes involucrados en dicho proceso. En contraste, los retornos acompañados se reducen a sólo 16 por ciento del total, por lo que se convierten en una situación minoritaria. Por último, los retornos acompañados de migrantes nacidos en Estados Unidos se mantienen en 28 por ciento, lo que indica su estabilidad y persistencia en el tiempo, más allá de los avatares de las crisis económicas y las circunstancias migratorias en Estados Unidos. Ahora bien, como corolario de estas estimaciones, hay un dato novedoso y relevante que hasta ahora se encontraba en el ámbito de las especulaciones y las
Tendencias y patrones de la migración de retorno en México
141
Alejandro I. Canales | Sofía Meza
conjeturas: la composición de los inmigrantes internacionales según su vinculación con el proceso de retorno. Es preciso identificar y dimensionar cuántos se asocian al proceso de retorno de mexicanos y cuántos corresponderían a inmigrantes internacionales propiamente tales. De acuerdo con la definición usada por censos y encuestas mexicanos, inmigrante internacional es la persona nacida en el extranjero que ha inmigrado a México en el quinquenio anterior al levantamiento de la información. No obstante, dicha forma de medir incluye dos componentes muy diferentes entre sí: la inmigración internacional a México y las personas que, aunque nacieron en Estados Unidos, están vinculadas y forman parte de un hogar donde hay algún mexicano de retorno en el mismo periodo quinquenal correspondiente. La segunda categoría de inmigrante internacional se compone de personas extranjeras relacionadas familiarmente con algún migrante mexicano de retorno (hijos que nacieron en Estados Unidos, cónyuge u otra persona con un vínculo que le permite integrarse a su hogar). Entonces, a esta categoría la denominamos inmigrantes de retorno para distinguirla de los migrantes de retorno, que corresponde a mexicanos que regresan al país, y del concepto tradicional de inmigrante internacional. En estricto sentido no son migrantes de retorno, pues no están volviendo, sino que están inmigrando al país. A diferencia de otros, su particular proceso de inmigración se relaciona directamente con el retorno de algún mexicano miembro de su hogar. Cabe resaltar que la desagregación de los datos en las dos categorías muestra una situación muy particular. En la estimación global de la inmigración internacional parece dominar la categoría de inmigrantes de retorno sobre la de inmigrantes internacionales. En el quinquenio 1995 -2000, por ejemplo, 55 por ciento del total de los extranjeros que residió en el país en realidad correspondía a personas que formaban parte del proceso de retorno de algún mexicano y que por tanto estarían en la categoría de inmigrantes de retorno. En el quinquenio de la crisis, 2005 -2010, esta inmigración cobra relevancia con 71 por ciento del total de inmigrantes extranjeros. Se reduce en el quinquenio siguiente a 61 por ciento, proporción que se mantiene por encima del nivel que prevalecía antes de la crisis económica.
Cuadro 3 Inmigrantes internacionales según modalidad migratoria en México Volumen 1995-2000
2005-2010
2010-2015
1995-2000
2005-2010
2010-2015
64 444
152 593
110 966
100
100
100
Inmigrantes de retorno
35 318
107 726
67 809
55
71
61
Otros inmigrantes internacionales
29 126
44 867
43 157
45
29
39
MIGRACIÓN y DESARROLLO
Total inmigrantes internacionales
volumen 16 | número 30 | primer semestre 2018
142
Distribución relativa
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población (2000, 2010) y Encuesta Intercensal (2015).
La implicancia del dato calculado es doble. Por un lado, advierte que desde siempre se ha sobrestimado el volumen de la inmigración internacional. Lo que usualmente se mide como inmigrantes internacionales corresponde en su mayoría (por encima de 55 por ciento) a personas vinculadas directamente con migrantes mexicanos, en particular con migrantes de retorno. A ello cabría agregar a otros inmigrantes que no se asocian con el retorno, pero sí con la emigración o la percepción de remesas; en consecuencia, el volumen de inmigrantes internacionales se reduciría aún más. Por otro lado, tales estimaciones revelan que también se ha subestimado la migración de retorno al sólo considerar a los migrantes mexicanos que vuelven a su comunidad y al excluir a aquellos extranjeros que regresan con él y que forman parte de su hogar. En esa categoría se incluye a hijos y descendientes de mexicanos nacidos en Estados Unidos, cónyuges y otros inmigrantes nacidos en el extranjero y vinculados al hogar del migrante de retorno. En concreto, en el quinquenio 2005 -2010, los inmigrantes de retorno ascendieron a más de 100 mil personas, lo que representa 13 por ciento del total registrado en el censo de 2010 para ese quinquenio, proporción que se eleva a 15 por ciento en el quinquenio siguiente, 2010 -2015. Lo anterior constituye una primera aproximación de la subestimación acerca de la migración de retorno y de la sobrestimación de la inmigración internacional al examinar los datos directos de censos y encuestas. Con base en esos datos es posible plantear varias hipótesis en cuanto a la composición y dinámica del proceso de retorno, así como de la estructura de las poblaciones involucradas.
Configuración territorial y regional de la migración de retorno La migración de retorno es un fenómeno esencialmente rural. Más de 40 por ciento de los migrantes que ha vuelto lo ha hecho hacia localidades rurales o pueblos cuya población es menor a 15 mil habitantes. Sin duda, esto se asocia a que la emigración a Estados Unidos es también un fenómeno rural, como ya lo han demostrado diversos autores. Lo relevante en este contexto es que con la crisis económica y las restricciones migratorias en ese país el retorno ha intensificado
Tendencias y patrones de la migración de retorno en México
143
Alejandro I. Canales | Sofía Meza
1. Tiende a ser un proceso de carácter esencialmente individual. El retorno colectivo o acompañado (de más de un migrante por hogar) es menor y se ha reducido aún más en los últimos años. 2 . Aunque en los hogares el retorno acompañado no parece ser un fenómeno relevante, sí lo es cuando se analiza la composición de la población involucrada. Al respecto, incluso si la tendencia es a la baja, el retorno acompañado mantiene relevancia porque involucra a 34 por ciento del total de la población que participa directamente en el proceso, esto es, son migrantes de retorno o son inmigrantes internacionales que acompañan a algún migrante de retorno. 3. El retorno de hijos o descendientes junto a sus padres, familiares o algún otro miembro de su hogar es un fenómeno poco significativo a escala de los hogares, pero no marginal en relación con la población involucrada. Si bien sólo en 12 por ciento de los hogares que participan de algún modo del retorno se da la presencia de inmigrantes nacidos en Estados Unidos que acompañan a algún migrante mexicano de retorno, este tipo de retorno acompañado representa a 28 por ciento de la población involucrada. 4. Este tipo de retorno acompañado muestra una gran estabilidad y recurrencia más allá de las circunstancias y coyunturas económicas y políticas. No involucra grandes volúmenes, pero es un fenómeno persistente y estructural que ha sido relegado en los estudios y análisis de las migraciones en general y del retorno en particular. 5. La información obtenida constituye una adecuada estimación de la distorsión en la forma de medir la inmigración internacional. En México, esta forma de medir significa una importante sobrestimación porque incluye a quienes en realidad son parte de algún proceso de retorno migratorio.
MIGRACIÓN y DESARROLLO
volumen 16 | número 30 | primer semestre 2018
144
su carácter rural: 42 por ciento de los retornados residía en localidades rurales y pueblos en el quinquenio 1995 -2000; entre 2005 -2010, periodo de la crisis económica, la cifra se elevó a 47 por ciento y regresó a su nivel en el periodo de poscrisis. Asimismo, destaca la muy baja participación de las grandes ciudades y metrópolis Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla en el fenómeno del retorno y en el proceso migratorio en general, situación que se acentúa durante el periodo de la crisis económica.10 En efecto, antes y después de la crisis sólo 15 por ciento de los retornados se dirigió a estas cuatro grandes ciudades, proporción que se redujo a 11 por ciento durante el periodo de la crisis económica y de mayor endurecimiento de la política de deportaciones (quinquenio 2005 -2010). Algo semejante ocurrió en las otras zonas metropolitanas, pero con menor intensidad. Antes y después de la crisis recibían 20 y 21 por ciento de los migrantes de retorno, cantidad que disminuyó a 18 por ciento durante la crisis, a pesar del gran incremento del retorno en ese quinquenio. Finalmente, en las ciudades medias se mantuvo estable al concentrar 23 por ciento de la migración de retorno, tanto antes, durante y después de la crisis económica. La diferencia en cuanto al destino del retorno se ilustra con mayor claridad al analizar las tasas de retorno, esto es, lo que el retorno representa para la población total en cada tipo de localidad. Es preciso comentar que los datos son igualmente elocuentes: hay un fenómeno de tipo estructural que indica que la tasa de retorno tiende a reducirse según aumenta el tamaño y la importancia de las localidades. Además, dicha diferencia se acentúa y consolida durante la crisis y la poscrisis. Pese a que en el quinquenio 1995 -2000 la tasa de retorno en las cuatro metrópolis mencionadas es significativamente menor al resto de las localidades, las distinciones entre las demás no son tan marcadas, a tal punto que el retorno a pueblos y localidades rurales casi tendría el mismo peso relativo que el retorno a ciudades medias. Sólo las zonas metropolitanas regionales exhiben una tasa de retorno un poco inferior, aunque muy superior a la de las cuatro metrópolis. Durante la crisis económica, sin embargo, las diferencias se realzan y emerge el patrón ya observado. La tasa de retorno en las localidades rurales y pueblos se incrementa en más de tres veces, al pasar de 3.5 por cada mil habitantes en el En el quinquenio 2005 -2010, sólo 13 por ciento de los emigrantes provenía de las zonas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, las cuatro concentraciones demográficas más grandes del país. Por el contrario, 39 por ciento de los emigrantes a Estados Unidos provenía de localidades rurales (menos de 2.5 mil habitantes). Cálculos propios con base en Censo, 2010. 10
Gráfica 4 Migración de retorno según tipo y tamaño de la localidad en México
2005-2010
11.3
15%
2010-2015
1995-2000
2005-2010
Distribución por tipo de localidad
5.1 4.2 3.6
21%
145
2010-2015
Tasa por mil habitantes
Pueblos y ámbito rural: localidades con menos de 15 mil habitantes. Ciudades medias: localidades con más de 15 mil habitantes que no forman zonas metropolitanas. Zonas metropolitanas regionales: con más de 100 mil habitantes, no son metrópolis. Metrópolis: zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala. Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población (2000, 2010) y Encuesta Intercensal (2015).
La composición del retorno por regiones brinda más elementos para una mejor comprensión del fenómeno del retorno en México. Desde nuestra perspectiva, las tendencias y los patrones regionales del retorno expresan la combinación de dos factores: 1. La emergencia de nuevas regiones de emigración que supone la aparición de nuevas regiones de retorno. 2 . Las diferentes opciones y recursos de los migrantes frente a la política de deportaciones y la crisis económica en Estados Unidos, en particular del grado de consolidación de redes sociales y familiares
Alejandro I. Canales | Sofía Meza
1995-2000
11%
23%
1.9
15%
18%
42%
6.3
20%
23%
Metrópolis
3.0
23%
47%
Zonas metropolitanas regionales
8.6
42%
Ciudades medias
3.5 3.4 2.8 1.4
Pueblos y ámbito rural
Tendencias y patrones de la migración de retorno en México
quinquenio 1995 -2000, a 11.3 por cada mil habitantes en el quinquenio 2005 -2010. También se eleva de manera notable la tasa de retorno en las ciudades medias: de 3.4 a 8.6 por cada mil habitantes en los mismos periodos. Lo fundamental es que el aumento de la migración de retorno en las cuatro metrópolis y las zonas metropolitanas regionales es proporcionalmente menor. En el quinquenio de poscrisis 2010 -2015 se reducen las tasas de retorno en todas las localidades, se consolida el patrón señalado; es decir, la migración de retorno tiende a ser más importante en las localidades rurales y pueblos pequeños, y disminuye su peso relativo en las ciudades medias, en especial en las cuatro metrópolis.
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vinculadas a la migración que actúan como capitales sociales y culturales; es decir, recursos de los migrantes para enfrentar diversas situaciones de riesgo y vulnerabilidad derivadas de procesos estructurales (crisis económica), políticos y sociales (políticas antiinmigrantes, deportaciones masivas, entre otros). Antes de la crisis el retorno se concentraba en la región de alta tradición migratoria, en entidades del occidente de México. En conjunto, a esas entidades se dirigía 47 por ciento del retorno. Con probabilidad ello se explica por el patrón regional de emigración, según el cual y hasta los 1990 esta región concentraba más de 45 por ciento de la emigración a Estados Unidos. Asimismo, las regiones Frontera Norte y Centro concentraban 25 y 18 por ciento de la migración de retorno, cifras proporcionales a su participación en el proceso. Por último, la región Sur-Sureste apenas recibía 9 por ciento del retorno, concordante con su muy baja participación en el flujo migratorio. Con excepción de las entidades de Oaxaca y —en menor medida— Guerrero, las demás de esa zona tenían un papel marginal en la emigración a Estados Unidos hasta mediados de los 1990. No obstante, en el quinquenio 2005 -2010 sucedió un cambio sustancial en el patrón regional del retorno, el cual puede ser consecuencia de los efectos combinados de la emergencia de nuevas regiones migratorias, con impactos diferenciados de la crisis y las deportaciones en los migrantes según su origen regional. Concerniente a la región tradicional, su participación se reduce a 38 por ciento, 9 puntos porcentuales menos que diez años antes. Ello refleja, por un lado, una disminución regional en la emigración a escala nacional, resultado de la incorporación de nuevas entidades y regiones al proceso migratorio, en particular de la región Sur-Sureste. Por otro lado, su mayor historia migratoria entraña la presencia de redes sociales y familiares más consolidadas, lo que permitiría enfrentar en mejores condiciones los efectos de la crisis económica y de la política antiinmigrante. Mientras tanto, este hecho hace más probable que una mayor proporción de migrantes haya regularizado su situación y estancia legal en Estados Unidos, por lo que logró sortear con mejor fortuna la política de deportaciones y otras medidas restrictivas contra la inmigración. Frente al descenso relativo de la región con mayor tradición migratoria, surge la región Sur-Sureste, que duplica su participación relativa en el flujo de retorno debido a las mismas razones que en el caso previo, pero en sentido inverso. Ha sido documentada con amplitud la creciente emigración de mexicanos provenientes de dicha región, lo que la ha consolidado como una zona emergente en el proceso migratorio. Por tal motivo, las redes sociales y familiares aún no se
Gráfica 5 Migración de retorno según región migratoria en México 47%
Frontera Norte
25%
Centro
18%
Sur-Sureste
38%
36%
22%
24% 23%
18%
17%
2005-2010
2010-2015
9% 1995-2000
Región histórica: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Región Frontera Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Región Centro: Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Región Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población (2000, 2010) y Encuesta Intercensal (2015).
Un tema presente en los estudios y análisis de la migración de retorno es si los migrantes regresan a sus lugares de origen u optan por establecerse en otras localidades y entidades, donde se les ofrecieran mejores opciones para su reinserción económica y social. Cabe cuestionarse porqué un migrante volvería a su
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Región histórica
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han fortalecido como en la región tradicional, lo que plantea mayor vulnerabilidad de los migrantes frente a los riesgos de la crisis económica y las deportaciones y políticas restrictivas en Estados Unidos. La región Centro también ostenta un aumento en su participación relativa en la migración de retorno de 4 puntos porcentuales. Asimismo, las entidades del Norte y de la Frontera Norte presentan pequeñas variaciones, con una leve reducción que no altera en lo fundamental su proceso de retorno. En el quinquenio más reciente, y que da cuenta de la situación posterior a la crisis económica y de la disminución de las deportaciones, la estructura regional del retorno es prácticamente la misma. Se reduce ligeramente el peso de la región de mayor tradición migratoria y se mantiene el peso relativo de las demás.
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lugar de origen cuando las condiciones que en un inicio generaron su emigración no habrían cambiado en lo sustantivo. En no pocos casos los estilos de vida y las experiencias y competencias adquiridas en los lugares de destino (ya sea en el trabajo, la escuela o en la vida cotidiana) no siempre pueden desarrollarse y reproducirse en los lugares y localidades de origen; las zonas urbanas y ciudades mayores cuentan con mayores potencialidades. Complementariamente, habría que considerar el hecho de que gran parte de los emigrantes procede de localidades rurales y pueblos pequeños, pero que al migrar suele establecerse en ciudades medianas y grandes en Estados Unidos, como Los Ángeles y Chicago. Es probable entonces que los migrantes hayan adquirido y se hayan adaptado a nuevos estilos de vida de corte más urbano y metropolitano, con formas de comportamiento, patrones de consumo, estructuras sociales y familiares muy diferentes a las que prevalecen en sus localidades y pueblos de origen. Frente a ello, es natural que el migrante prefiera regresar a otros espacios que le brinden mejores condiciones para reinsertarse social y productivamente, sin perder los capitales sociales y culturales adquiridos como migrantes. Por desgracia, las fuentes estadísticas en México (censos y encuestas) no permiten identificar el lugar de origen del migrante de retorno, al menos no más allá de su entidad de nacimiento. Esta información parcial ofrece una posibilidad de análisis para una primera aproximación a la dimensión que asume el proceso. Un dato sobresaliente es que entre 21 y 24 por ciento de los migrantes de retorno se instala en una entidad federativa diferente a la de su nacimiento. Es un fenómeno ya registrado en el quinquenio 1995 -2000, con 24 por ciento. La cifra se reduce a 21 por ciento durante la crisis económica, debido quizá al incremento del retorno en localidades rurales y pueblos pequeños. Sin embargo, en la poscrisis se eleva de nuevo a 24 por ciento. En la actualidad, así como en el pasado, prácticamente 1 de cada 4 migrantes no regresa a su entidad de nacimiento. Sólo durante la crisis económica la relación se redujo por ser una situación coyuntural determinada por circunstancias específicas. De cualquier manera, no se trata de una cifra menor, pues la referencia corresponde a una unidad territorial bastante amplia que no incluye los casos de migrantes que vuelven a su entidad, pero a diferente localidad (migrantes de origen rural que suelen regresar a la cabecera municipal, a una ciudad media o a la capital del estado).
24%
21%
24%
1995-2000
2005-2010
2010-2015
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población (2000, 2010) y Encuesta Intercensal (2015).
El regreso a entidades distintas a la de nacimiento muestra un patrón muy diferenciado por entidades federativas. En el mapa 1 se identifican las entidades según su capacidad para atraer migrantes de retorno nacidos en otros estados y regiones. En el quinquenio 2010 -2015 el indicador fue el porcentaje de migrantes de retorno en cada entidad que no nació ahí. Con base en dicho indicador y considerando que en promedio 25 por ciento de los migrantes regresa a otra entidad, se elaboró una clasificación de cuatro categorías: 1. Entidades con migrantes de retorno nacidos en otras entidades y que constituyen más de 28 por ciento del retorno. 2 . Entidades con migrantes externos que representan entre 18 y 28 por ciento (con respecto al promedio nacional). 3. Entidades con migrantes externos que comprenden menos de 18 por ciento del total (muy por debajo del promedio nacional). 4 . Entidades en las que el volumen de migrantes de retorno es muy bajo (no permite sustentar el análisis).
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diferente a la de nacimiento
Tendencias y patrones de la migración de retorno en México
Gráfica 6 Migrantes de retorno que regresan a una entidad
M apa 1 Entidades según la proporción de migrantes
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de retorno nacidos en otras entidades del país, 2010-2015
30% o más: Baja California, Sonora,
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Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Estado de México 18 a 28%: Chihuahua, Coahuila, Sinaloa,
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Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo Menos de 18%: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas Muy bajo: Baja California Sur, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal (2015).
Como se observa en el mapa, en la primera categoría con alta atracción de migrantes externos se ubican las entidades de la Frontera Norte, en particular Baja California, donde 69 por ciento de los migrantes de retorno nació en otras entidades. Sin duda es un caso extremo, e ilustra un patrón de retorno en el que los migrantes tienden a permanecer en localidades fronterizas. También resaltan el Estado de México y Morelos, que ostentan una importante capacidad de atraer migrantes de retorno de otros lugares.
Conclusiones La migración de retorno presentó un repentino e inesperado crecimiento como resultado de la crisis económica de la década de los 2000 y la acción de políticas migratorias restrictivas que incluyeron deportaciones masivas. Si bien en los últimos años el volumen de retorno ha sido menor, permanece muy por encima del nivel histórico, lo que demuestra que es un componente del flujo migratorio que adquiere cada vez más importancia y que constituye un elemento sustancial del sistema migratorio México-Estados Unidos. El perfil sociodemográfico del retorno tiende a reproducir e intensificar el perfil sociodemográfico de la emigración. En su mayoría son hombres en edades jóvenes (20 a 39 años) y en menor medida niños y adolescentes, muchos regresan cuando retornan sus padres. En adición, el retorno es más intenso entre los migrantes de menor escolaridad y que provienen de zonas rurales o pueblos pequeños.
Tendencias y patrones de la migración de retorno en México
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Las entidades con zonas urbanas y metropolitanas de gran dinamismo económico y social ofrecen mayores opciones para los migrantes; aunado a ello la cercanía y vecindad con Estados Unidos en las entidades fronterizas eventualmente puede facilitar una nueva emigración a ese país, a la vez que se conservan los contactos y las relaciones con familiares, amigos y redes sociales desarrollados durante su estancia. En tanto, las entidades del Centro (con excepción de Morelos y Estado de México) experimentan la menor capacidad de atraer migrantes de retorno de otros estados. Son entidades en las que prevalecen mayores niveles de pobreza, marginación y desigualdad social; de ahí que predomine el retorno a localidades rurales y pueblos pequeños. La migración de retorno se conforma principalmente por personas procedentes de esas mismas localidades, pueblos y ciudades pequeñas. Por último, cuatro entidades del Sur-Sureste (Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) prácticamente no participan del proceso de retorno. Ello es reflejo de su baja participación en el flujo migratorio. En efecto, poseen las menores tasas de emigración del país y aún no se integran plenamente al flujo migratorio a Estados Unidos. En el quinquenio 2009-2014, la tasa de emigración en dichas entidades no superaba 1.4 migrantes por cada mil habitantes, un tercio de la de otras entidades de la región (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz) y casi cuatro veces inferior al promedio nacional.
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Un aspecto fundamental ya documentado es la composición de los hogares que reciben migrantes de retorno. Los datos indican que en el nivel de los hogares predomina el retorno individual, esto es, no acompañado. Además, en la actualidad, sólo en 12 por ciento de los hogares con migrantes de retorno, éste corresponde a un proceso familiar en el que regresan migrantes nacidos en México y sus hijos y descendientes que han nacido en Estados Unidos. No obstante, al considerar a la población que regresa, los datos desvelan una presencia relativamente notable de migrantes que vuelven en forma acompañada por otros miembros del hogar: 28 por ciento de los migrantes de retorno se compone de mexicanos que regresan acompañados de familiares o descendencia que ha nacido en Estados Unidos. Esta cifra entraña diversos sesgos en su construcción y al mismo tiempo brinda elementos empíricos relveantes sobre un componente del retorno del que se carece de información estadística. Por ahora nos hemos limitado a estimar su volumen y peso relativo, pero es posible profundizar más adelante el análisis a fin de de configurar un perfil social y demográfico de dichos migrantes de retorno y sus hogares. En cuanto a la configuración territorial del retorno, es un fenómeno esencialmente rural y escasamente metropolitano; asimismo, sigue el perfil del flujo de emigración a Estados Unidos. La región tradicional recibe los mayores volúmenes de retorno. Sin embargo, en términos relativos, el retorno es menor en comparación con su contribución al flujo de salida de migrantes a Estados Unidos. Lo anterior se debe, entre otras cosas, a que su mayor tradición migratoria deriva en una mayor inserción en la sociedad y la economía estadounidenses, con redes sociales y familiares más consolidadas. Todo ello constituye recursos y capitales sociales que les permiten enfrentar con mejor fortuna los avatares de la crisis económica y de la política de deportaciones. Así, el contar ya con varias décadas de migración y asentamiento en Estados Unidos se refleja en mejores opciones y posibilidades para regularizar su situación legal en ese país. Finalmente, un aspecto que suele comentarse y debatirse respecto al retorno y del que no existe mayor información estadística que respalde análisis y perspectivas se refiere a si los migrantes vuelven a sus localidades y zonas de origen o si optan por retornar a localidades urbanas (ciudades medias y zonas metropolitanas) que les ofrezcan mejores opciones de empleo y condiciones de vida. Los datos apuntan a que 1 de cada 4 migrantes de retorno no vuelve a su entidad de nacimiento.
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Tal circunstancia muestra a su vez grandes diferencias a escala nacional. Mientras algunas entidades, especialmente de la Frontera Norte (Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas), junto a Morelos y el Estado de México, cuentan con gran capacidad para atraer migrantes de retorno de otras entidades, ocurre lo opuesto en las entidades del Centro y Sur-Sureste. Ello sugiere que en cierta medida el retorno se asocia a un proceso de migración interna que sigue los mismos patrones territoriales y regionales de los flujos migratorios interestatales. Es decir, un gran flujo migratorio hacia entidades y ciudades del Norte y de la Frontera Norte, así como hacia el área de influencia de la zona metropolitana del Valle de México. Esto abre otra veta de análisis e investigación concerniente a los eslabones ocultos que vincularían la migración internacional y el retorno con las migraciones internas y los desplazamientos interestatales e interregionales en México.
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Alejandro I. Canales | Sofía Meza
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COYUNTURA Y DEBATE / JUNCTURE AND DEBATE
Eduardo Torre Cantalapiedra*
issn impreso 1870 -7599 | issn red cómputo 2448 -7783 | 157-178
Resumen. El objetivo de este trabajo es analizar las representaciones sobre el coyotaje en los discursos periodísticos informativos respecto a la migración en tránsito irregular por México. Con base en 281 textos relativos a la transmigración centroamericana en los periódicos El Universal y Reforma se examinan las representaciones mediáticas en torno al coyotaje y los coyotes en el contexto de la «crisis migratoria» de 2014, se considera la intertextualidad en los discursos periodísticos y la forma en que se ejerce el periodismo. Palabras clave: migración internacional, migrantes centroamericanos, coyotes, discurso periodístico, representaciones. Abstract. The goal of this paper is to analyze the media representations regarding migrant smuggling in the journalistic discourses and reporting regarding irregular migration from Mexico. Based on 281 texts on Central American migration in the El Universal and Reforma news organizations, it examines the media representations of smuggling generally and in the context of the migratory crisis of 2014, taking into account the intertextuality of the journalistic discourses and the way in which journalism is practiced. Keywords: international migration, Central-American migrants, coyotes, journalistic discourse, representations.
* Becario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Programa de Becas Posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México, asesorado por el doctor Enrique Mauricio Padrón Innamorato. Es necesario reconocer a la Hemeroteca Nacional de México por su labor de conservación y su disposición por difundir al público el material periodístico que posibilita la realización de investigaciones académicas como la presente. Asimismo, se agradece a Dulce María Mariscal por sus comentarios a una versión anterior del trabajo y a los dictaminadores anónimos por sus sugerencias.
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The media and migration: an analysis of journalistic discourses regarding smuggling in the context of the «immigrantion crisis» of 2014
MIGRACIÓN y DESARROLLO
Representaciones mediáticas y migración: análisis de discursos periodísticos respecto al coyotaje en la «crisis migratoria» de 2014
En este trabajo se consideran sinónimos los términos «coyotaje», «contrabando de personas» y «tráfico de personas». De igual manera se emplean como sinónimos «coyote», «pollero», «traficante de personas» y «contrabandista de personas». Para facilitar la lectura se utilizan los términos «coyotaje», «coyote» y «pollero» en cursivas, en vez de emplear entrecomillado. 2 Andreas (2001) advierte que el tráfico de personas y su persecución han crecido sustancialmente desde los 1990. 3 Cabe valorar algunas aproximaciones cuantitativas al fenómeno: París (2016) efectúa estimaciones con base en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur 2013; Dolfin y Genicot (2009) utilizan datos de 118 comunidades del Mexican Migration Project (mmp). 4 Por ejemplo, la Ley de Migración mexicana de 2011 impone penas de prisión y elevadas multas a quienes desarrollen actividades de coyotaje en el territorio mexicano (véase Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, 2017:artículo 159). 1
159 Eduardo Torre Cantalapiedra
Desde los 1990 el coyotaje1 ha sido una actividad imprescindible para entender el fenómeno de la migración en tránsito hacia Estados Unidos.2 Aunque se carece de cifras precisas sobre el fenómeno del uso de coyotes,3 puede afirmarse que decenas de miles de migrantes mexicanos y centroamericanos han solicitado sus servicios para desplazarse al territorio estadounidense. Sin embargo, la investigación concerniente al funcionamiento de tal actividad ha sido limitada, particularmente en cuanto a la migración centroamericana en tránsito irregular por México. Este déficit de conocimiento se debe en gran medida al carácter subrepticio y elusivo del tráfico de personas, por tratarse de una actividad que los Estados sancionan en sus legislaciones.4 No ha sido el coyotaje el único interés académico. Dado que las notas periodísticas y otros textos de carácter informativo configuran un universo de discursos que simbolizan los fenómenos migratorios y a sus protagonistas, al constituir una gran parte del conocimiento de sentido común que los ciudadanos tienen sobre los mismos, su análisis respecto a la migración resulta fundamental. El número de trabajos que han abordado representaciones y discursos mediáticos referentes al coyotaje y los coyotes, incluidas las contribuciones que lo hacen tangencialmente, es reducido (véase Nash, 2005; Spener, 2008; Simone y Aierbe, 2010). Se han examinado discursos periodísticos en países receptores de migrantes tomando en cuenta los siguientes tópicos: la manera en que representan la actividad del coyotaje y a los coyotes, los actores sociales cuyas voces son dominantes en los discursos de tal actividad, las malas prácticas periodísticas, entre otros.
Representaciones mediáticas y migración
Introducción
MIGRACIÓN y DESARROLLO
160
El propósito de la investigación es profundizar en las representaciones sobre el coyotaje y los coyotes en los discursos periodísticos informativos sobre la migración en tránsito por México. Se organiza en cuatro secciones: en la primera se presentan los elementos teóricos que guían el estudio; en la segunda se lleva a cabo una sucinta revisión abocada al fenómeno del coyotaje desde los estudios de los medios de comunicación de masas; en la tercera se exponen el corpus de textos informativos empleado y algunas cuestiones metodológicas relevantes —delimitar el análisis al año 2014 responde a la prominencia que en los medios de comunicación tuvo la denominada crisis de los niños, niñas y adolescentes migrantes (nnam), un terreno fértil para indagar las representaciones mediáticas sobre el coyotaje—; en la cuarta, con base en la revisión de 281 textos informativos —noticias, crónicas, entrevistas, testimonios y reportajes— de los diarios El Universal y Reforma, relativos a la transmigración centroamericana irregular, se examinan las representaciones sobre el coyotaje y los coyotes en los discursos periodísticos en el contexto de la crisis de los nnam de 2014, se consideran la intertextualidad en tales escritos y la forma en que se ejerce el periodismo.
Marco analítico
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Representaciones mediáticas y la construcción de la realidad social Rodrigo Alsina indica que la «noticia es una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible» (1989:13). Afirma que la noticia se genera a partir de la selección de acontecimientos por parte de la institución informativa legitimada para producir realidad socialmente relevante —doble institucionalidad de medios de comunicación de masas— y que es una producción discursiva que posee un proceso de elaboración textual. Por lo tanto, los medios desempeñan un papel fundamental en la construcción social de la realidad al asumir una función esencial en la mediación simbólica; deciden qué acontecimientos son importantes —«merecen» ser noticia— y originan representaciones sociales de la realidad que son compartidas. Para examinar en mayor detalle la labor de los medios de comunicación de masas en la construcción social de la realidad, es indispensable considerar el modelo de Adoni y Mane (1984). De acuerdo con estas autoras, el proceso dialéctico
Intertextualidad y ejercicio de la profesión periodística Los discursos periodísticos informativos se caracterizan por recuperar los discursos de otros actores sociales, aunque de manera fragmentaria. Una de las expresiones más obvias de esa intertextualidad se produce cuando en un texto se rescatan las voces de distintos actores mediante la citación (Genette, 1989). Esta herramienta permite plasmar los diferentes puntos de vista de los implicados en los acontecimientos. Tales actores son las fuentes de información de los periodistas, porque los limitados recursos impiden que éstos observen y analicen de primera mano todos los sucesos (De Fleur y Ball-Rokeach, 1993). Para una comprensión cabal sobre cómo la prensa escrita recobra los discursos ajenos para la generación de sus textos periodísticos, resulta esencial conocer el papel social del periodista y la forma en que ejerce su profesión. De acuerdo con Rodrigo Alsina (1989) el periodista cumple una labor institucionalizada y legitimada de ser transmisor del saber cotidiano y traductor del conocimiento de los expertos para el gran público. A partir de tal referencia y de Rodrigo Alsina y Gaya Morla (2001) es posible afirmar que los periodistas deben reunir las siguientes características: 1. poseer una amplia base cultural, pero no necesariamente ser expertos en las materias sobre las que escriben; 2 . seleccionar
Representaciones mediáticas y migración
161 Eduardo Torre Cantalapiedra
de construcción de la realidad social puede entenderse como un sistema compuesto por dos dimensiones: los tipos de realidad social (objetiva, simbólica y subjetiva) y la distancia de sus elementos con las experiencias de los individuos en la vida cotidiana. El esquema de Adoni y Mane (1984) permite reparar en que los medios de comunicación no son la única fuente de construcción de realidad social (Alsina, 1989), se trata sólo de una de las realidades que construimos, la informativa. Asimismo, posibilita reflexionar en torno de la trascendencia que tienen los medios de comunicación y la realidad social simbólica que construyen cuando cubren acontecimientos situados lejos de las experiencias de la vida cotidiana de los individuos. Dado que el tránsito irregular de migrantes se caracteriza por su afán de invisibilidad —en particular el apoyado por coyotes— y puesto que muchos sujetos no tienen experiencia directa con tales prácticas migratorias en su vida cotidiana —se sitúan hacia las zonas de relevancia remotas—, puede suponerse que las representaciones que los medios hacen sobre el coyotaje, en este caso la prensa, son sustanciales en la construcción de realidad social acerca de dicho fenómeno.
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los acontecimientos que se consideran relevantes desde el punto de vista periodístico; 3. buscar la objetividad, aunque no puedan alcanzarla a cabalidad debido a la presencia de grandes obstáculos; 4. redactar las noticias con las restricciones del proceso productivo en el que se hallan; 5. trabajar con limitaciones de tiempo, por ello no pueden detenerse en detalles; 6. producir de manera comprensible para amplias audiencias, por lo que utilizan los marcos de referencia de éstas y suelen aproximarse a los sucesos con el empleo de interpretaciones hegemónicas. Cabe mencionar la tipología de formas de ejercer la profesión según Caminos Marcet (1997), quien distingue entre periodismo de rutina y periodismo de investigación. La primera tipología se ejerce cuando el periodista adopta una posición pasiva respecto a las fuentes de información y permanece a la espera de que las mismas le suministren datos. Destaca dos razones que provocan esa conducta: el hecho de que organismos e instituciones dispongan de mecanismos para controlar las informaciones que generan en grandes cantidades y que les son beneficiosas; y que los cambios tecnológicos han modificado la práctica periodística, lo que ha supuesto que los periodistas pasen más tiempo en las redacciones. La segunda tipología se caracteriza por buscar la verdad oculta, no apoyarse en fuentes de información oficiales y recelar de ellas, basarse sólo en datos ampliamente contrastados. Puesto que el primer modo de hacer periodismo es el más generalizado, no es de extrañar que las fuentes oficiales sean referidas en los textos de los periodistas con mucha mayor frecuencia que otras (Rodrigo, 1989; Castagnani y Colorado, 2009). Con base en dicha clasificación, Torre Cantalapiedra (2018) analiza los textos informativos de la migración centroamericana en tránsito por México; encuentra que los actores estatales fueron aludidos en un mayor número de ocasiones y de un modo tal por el periodismo de rutina que se infiere que son el actor social, además de los propios periodistas, con más poder sobre y en el discurso periodístico. En cualquier caso, los periodistas no son meros transmisores de información, también orientan el texto (Castagnani y Colorado, 2009). Independientemente del tipo de cita, directa o indirecta, reproducir o referir un discurso implica su manipulación por parte del sujeto locutor-reproductor; éste hace uso de las situaciones discursivas ajenas para definir el discurso propio, por tanto, las interpreta e introduce su propia subjetividad (Méndez, 1999). La presencia de voces de otros actores sociales en los textos informativos supone que los discursos periodísticos recuperan discursos ajenos o partes de éstos, por lo que resulta provechoso considerar en el análisis esa intertextualidad, así como la manera en
Coyotes y coyotaje Se denomina coyotes, polleros o traficantes de migrantes a las personas que ayudan a uno o más migrantes a cruzar una frontera o territorio de manera irregular a cambio de una cantidad de dinero. El coyotaje es una actividad sancionada por los Estados; además, ciertas prácticas del tráfico de personas ponen en riesgo la integridad física de los migrantes o incluso sus vidas. Aunque puede realizarse por un individuo aislado, investigaciones recientes muestran que por lo común son redes (organizaciones) simples o complejas, compuestas por varias personas, quienes conducen a los migrantes a través de fronteras y territorios de forma subrepticia (véase Izcara, 2014). El término coyotes comprende: 1. en el nivel individual, es decir, individuos que realizan coyotaje sean o no miembros de redes/organizaciones dedicadas a tal actividad; 2 . en el nivel de redes/organizaciones de coyotaje a las que pertenecen.5 En este trabajo se han adoptado ciertas nociones de coyote y coyotaje por ser operativas para el análisis, pero es preciso destacar que sobre su contenido no hay un consenso en la literatura. Las contradicciones entre los hallazgos de los estudios, que dotan de significados a dichos conceptos, responden al abordaje de distintos contextos temporales —se trata de procesos que cambian rápidamente a lo largo del tiempo— y espaciales, así como a poblaciones migrantes cuya movilidad se ve facilitada (Slack y Whiteford, 2011; Izcara, 2012). 5 Izcara (2012, 2014) construye una tipología de redes teniendo en cuenta dos ejes (estacionalidad y complejidad): 1. Redes simples que operan de manera estacional apoyadas por empleadores estadounidenses, están conformadas por un líder y un número reducido de ayudantes. 2 . Redes simples que obran de modo sistemático o «coyotes locales de frontera», poseen un tamaño similar a las anteriores. 3. Redes complejas que actúan de forma sistemática, son más extensas que las anteriores, tienen una fuerte estructura jerárquica, el líder es el administrador y los ayudantes están más especializados; se dividen en líneas, que a su vez se conforman por células.
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Coyotaje y representaciones en prensa
Representaciones mediáticas y migración
que tales voces son tratadas en función del ejercicio de la profesión periodística. El propósito del estudio no es determinar quién es el autor intelectual del discurso plasmado en un texto, sino enriquecerlo teniendo presente la procedencia de la materia prima y cómo es tratada por los periodistas; tales elementos permiten inferir a quiénes favorecen determinados discursos.
MIGRACIÓN y DESARROLLO
Representación mediática del coyotaje
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En el contexto norteamericano, Spener (2008), como parte de una investigación amplia acerca del coyotaje en el sur de Texas, manifiesta varias contradicciones entre las evidencias empíricas que encuentra en campo y las representaciones negativas que los funcionarios gubernamentales sostienen en cuanto al coyotaje. Expresa que las visiones funcionariales —que considera frecuentemente simplistas, exageradas y en ocasiones bastante engañosas— prevalecen en los medios de comunicación sobre las perspectivas de otros actores sociales: las voces de los migrantes y de los propios coyotes. Según Spener (2008) es posible sintetizar la representación que los funcionarios hacen del coyotaje y los coyotes, y que retoman los medios de comunicación en los siguientes puntos: 1. los coyotes son denominados «contrabandistas» o «traficantes» que mueven víctimas pasivas y las tratan como «mercancía», lo que favorece su vinculación con otros fenómenos reprobados por la opinión pública; 2 . los «contrabandistas» están motivados únicamente por la ambición y se despreocupan por el bienestar y la integridad física de los migrantes; 3. a raíz del aumento del control fronterizo el «contrabando» sería un negocio cada vez más sofisticado y redituable, operaría con menos organizaciones de mayor tamaño; 4 . el crimen organizado que participa del tráfico de personas es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Advierte también que son dos las razones por las cuales las visiones de los funcionarios de gobierno imperan sobre las de los demás actores sociales en la cobertura que hacen los medios de comunicación: primero, porque sus visiones son consideradas como dignas de convertirse en noticia y además disponen de infraestructuras de relaciones públicas; mientras que el objetivo de migrantes y coyotes es mantener su anonimato y continuar ocultos, por lo que tienen poco interés en difundir mensajes a través de tales medios. Segundo, porque los cruces de frontera facilitados por coyotes generalmente aparecen en las noticias cuando implican una muerte, accidente o algún arresto; en tanto que los relatos de acciones exitosas del coyotaje sólo surgen cuando los periodistas cuentan con tiempo y recursos para realizar reportajes de investigación a fondo. Con relación a los discursos periodísticos en torno a la inmigración en España en los primeros semestres de 1996 y 1997, Nash (2005) analiza la cobertura del tráfico de personas en el Estrecho. Advierte que los medios de comunicación tuvieron un gran interés en el funcionamiento de las redes que efectuaban la
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actividad de tráfico de migrantes; a la vez, opina que el discurso periodístico creó una valoración negativa acerca de los traficantes, a los que distinguía de forma clara de los pasajeros —los migrantes a los que se facilitaba el cruce del Estrecho mediante algún tipo de embarcación. Conforme a la autora, la impresión subyacente era que se había producido un cambio de perfil en los traficantes de personas: «el tráfico inicial más espontáneo que abarcaba pateras y pesqueros, que combinaban la actividad pesquera con el tráfico de personas, quedaba desplazado por la generalización de redes y mafias establecidas y organizaciones con ramificaciones internacionales» (Nash, 2005:40). Al igual que en la migración hacia Estados Unidos, la transformación de las redes de coyotaje sobresale en el contexto migratorio español, pero sin que se lleve a cabo una atribución explícita a que los textos periodísticos estén haciendo eco de los discursos de los actores estatales. Para Nash la información periodística respecto al fenómeno del tráfico de migrantes en el Estrecho mostraba su complejidad, pero no resolvía de forma clara la cuestión de las responsabilidades políticas, puesto que las autoridades españolas y marroquíes habrían evidenciado su permisividad hacia los traficantes. Al abordar los discursos alusivos a trata y tráfico de personas, Simone y Aierbe (2010) encuentran que por lo general los textos periodísticos emplean dichas palabras como si fueran sinónimos a pesar de ser actividades muy distintas. Caracterizan la trata frente al tráfico por: 1. falta de consentimiento de las personas, 2 . existencia de una continuidad en la acción y 3. ser un crimen contra la persona. Asimismo, remarcan que difuminar los rasgos característicos de ambos conceptos no sólo ocasiona la confusión de la opinión pública, sino que banaliza la lucha contra la trata, criminaliza la inmigración irregular y confiere a los gobiernos legitimidad para endurecer las políticas represivas contra la migración, entre otras. Con base en la revisión de la literatura sobre discursos de los medios que abordan al coyotaje se destacan puntos relevantes para el análisis: a) carácter dominante de los actores estatales en los discursos concernientes al coyotaje; b) predominio de una imagen negativa hacia los coyotes y el coyotaje; c) cada vez más se manifiesta como una actividad en manos del crimen organizado; d) se relaciona intrínsecamente con el debate relativo a las responsabilidades de los Estados en el fenómeno migratorio; e) tales discursos tienen consecuencias sociales, por lo que es importante determinar a quiénes perjudican o benefician.
MIGRACIÓN y DESARROLLO
Corpus de textos y cuestiones metodológicas
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El corpus de textos informativos se obtuvo en dos pasos. Se revisaron todos los textos informativos —e informativos con interpretación— referentes a la migración centroamericana en tránsito irregular por México, en los dos diarios de mayor tirada nacional: El Universal («El gran diario de México») y Reforma («Corazón de México»).6 Se revisaron página por página las secciones «Nación» y «Estados» de ambos periódicos de enero a diciembre de 2014, lapso en el que se publicó un total de 281 textos (124 en El Universal y 157 en Reforma).7 Esas notas permitieron tener una perspectiva amplia de la cobertura que dichos periódicos dieron a la migración centroamericana en tránsito irregular por México en el año de la crisis de los nnam. De aquella cantidad se seleccionaron los textos con referencia al coyotaje (16 ) o que incluyesen alusiones a él (32); para analizar su contenido se tuvieron en cuenta las voces de los actores sociales mediante citas directas e indirectas. En la gráfica 1 se aprecia cómo en la gran mayoría de las notas seleccionadas tiene cabida la voz de al menos un actor social, aparte de la del periodista. Resaltan los actores estatales extranjeros y los nacionales con 35.4 y 31.3 por ciento de los textos respectivamente. Este acceso de los actores estatales recalca el predominio que poseen en los discursos sobre coyotaje. Las voces de los coyotes sólo aparecen como principal fuente de los textos en dos ocasiones (4.2 por ciento). Por su parte, la voz de los defensores de los migrantes (12.5 por ciento) ocupa el tercer lugar en cuanto a presencia en dicha selección, pero a gran distancia de los actores estatales.
Se escogieron estos dos periódicos por su amplia difusión y sus diferencias editoriales e ideológicas (Zepeda, 2005), lo que permite tener una imagen más completa de la prensa nacional mexicana. 7 En el caso de Reforma debe considerarse que el apartado «Estados» se presenta como una subsección de «Nación». Aunque ambos periódicos no siguen necesariamente las mismas reglas para clasificar las noticias dentro de esas dos secciones, el contenido en sendas publicaciones es similar. 6
Gráfica 1 Distribución porcentual de la presencia de voces de los actores sociales
Transmigrantes 8.3%
Actores estatales nacionales 31.3%
Defensores de los migrantes 12.5% Coyotes 4.2% Actores estatales extranjeros 33.4% *Cuando la noticia contempló la voz de dos o más actores sociales sólo se tuvo en cuenta la de mayor relevancia. Fuente: elaboración propia con datos de los textos seleccionados de El Universal y Reforma.
La elección del año 2014 para realizar la investigación se debe a dos razones: primero, la denominada crisis de los nnam8 supuso que la cifra de noticias acerca de la migración centroamericana en tránsito irregular se elevase de modo considerable con relación a años precedentes (Torre, 2018); segundo, las crisis son circunstancias especialmente proclives para investigar los fenómenos sociales. En este caso la crisis de nnam se ligó a la actividad del coyotaje, lo que provocó que se hicieran reportajes de esa temática y que incluso se recuperara la voz de los coyotes. La gráfica 2 muestra un auge en las cifras de noticias en los meses de junio, julio y agosto, debido a que la crisis humanitaria de los nnam alcanza su mayor relevancia mediática. Esos tres meses acumulan más de la mitad (33) de los textos informativos referidos al coyotaje.
La crisis de los nnam consistió en un auge significativo en la cifra de menores mexicanos y centroamericanos que migraban hacia territorio estadounidense de manera irregular. 8
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Otros o ninguno 8.3%
Representaciones mediáticas y migración
en los textos sobre coyotaje o que refieren al mismo, 2014
Gráfica 2 Volumen de textos informativos respecto a la transmigración centroamericana clandestina en ambos periódicos, 2014
80
44
56
60
14 3
Diciembre
0
Noviembre
11
Octubre
Septiembre
2
2
7
Agosto
Julio
Junio
Total
10
21
16
10
13 1
Mayo
3
Abril
4
Marzo
Febrero
4 0 3 0
0
9
20
10
40
Enero
Número de textos (en unidades)
MIGRACIÓN y DESARROLLO
86
100
Coyotaje
Fuente: elaboración propia con datos de los textos seleccionados de El Universal y Reforma.
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Representaciones en la prensa nacional durante 2014 Los coyotes La visión que prevalece acerca de los coyotes en los textos analizados es la de criminales que buscan lucrar con los migrantes, estos últimos retratados como víctimas ingenuas. Asimismo, se les caracteriza como personas que no son de fiar, que engañan y abandonan a los migrantes. Las voces de los actores estatales son las que tienen mayor presencia en los textos que construyen la imagen de los coyotes. En un reportaje de investigación publicado en el mes de julio, el de mayor efervescencia mediática de la crisis de los nnam, se muestran los resultados de una serie de entrevistas encubiertas efectuadas a coyotes guatemaltecos. Desde los primeros párrafos queda patente la ambición económica de los entrevistados: «Nosotros cobramos 6 mil dólares: mil 500 aquí, mil en Villahermosa y 3 mil 500 en la frontera» (Castellanos, 29 de julio de 2014). La manera en que el reportaje narra los encuentros con tales coyotes, el hecho de que se les denomine
Representación alternativa del coyotaje De manera excepcional la prensa mexicana dio cabida a las voces de los propios coyotes; inclusive recopila cómo entienden su profesión y cómo se consideran a sí mismos polleros. Meses antes del boom mediático de la crisis de los nnam, un
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«traficantes» y que se refiera al primero de ellos por su apodo («El Chuluyo») ofrece una imagen de éstos como sujetos realmente peligrosos. De acuerdo con los textos examinados, el afán de lucro de esos ambiciosos criminales les conduciría a engañar a los migrantes para sacarles el máximo provecho. Diversas notas recuperan las voces de funcionarios públicos de diferentes países que señalan la argucia utilizada por los coyotes para aprovecharse de los migrantes: el canciller de Guatemala «indicó que los coyotes vendieron la idea en Centroamérica de que los niños pueden llegar a Estados Unidos y ser reunificados, pues no pueden permanecer bajo el resguardo de la Patrulla Fronteriza por más de 72 horas» (Garduño y Corona, 15 de julio de 2014a). En otro reportaje publicado en dicho mes, en pleno boom mediático de la crisis migratoria, titulado «Los coyotes les quitan hasta sus casas» (Castellanos, 30 de julio de 2014), se ofrecen más elementos para reforzar su imagen como criminales peligrosos y avariciosos: el momento del cobro de sus servicios. El reportaje narra la historia de migrantes guatemaltecos que podrían perder sus casas por las deudas contraídas para sufragar los viajes de uno o varios de los miembros de su familia a Estados Unidos. En caso de no pagar los migrantes acabarían siendo víctimas de los coyotes a los que deben sus «honorarios». Los textos estudiados representan a los coyotes como personas desleales y poco confiables, puesto que engañan, lucran, incumplen lo pactado y son capaces de abandonar a los migrantes menores de edad. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió que «[las] familias ponen en grave riesgo a sus hijos al confiarlos a las redes de traficantes» (Hernández, 13 de junio de 2014). Además, en una nota que inserta un reportaje del Instituto Nacional de Migración, se menciona que «del total [de 370], 163 viajaban sin familiares y fueron abandonados por los traficantes» («Detienen en 8 días», 30 de marzo de 2014). Lo anterior enfatiza circunstancias conflictivas en la relación coyotes-migrantes: cuando los primeros engañan y abandonan a los segundos. En cambio, las situaciones en que la contratación de los servicios de los coyotes resultan exitosas no se reflejan en la muestra.
reportaje recoge la historia de Carlos Salazar, un coyote en el estado de Baja California. [Carlos señala] que desde los 14 años ha cruzado a más de 7 mil personas a Estados Unidos. Se considera un hombre honesto «un coyote viejo» que ha ayudado a miles [a] alcanzar el sueño de una vida mejor (...) Les cobraba barato desde que empecé el negocio, es más, a veces nada y hasta le compraba la comida de mi dinero. El goMIGRACIÓN y DESARROLLO
bierno no tiene nada que decir, la gente venía llorando y rogándome que la ayudara
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y eso hice durante tantos años (Sánchez, 22 de marzo de 2014).
Aunque ello sólo representa una fracción de los «coyotes de frontera», en un tiempo y espacio determinados, revela que la consideración de los coyotes de sí mismos y de su negocio puede ser muy diferente de la que se construye a través de los discursos de los actores gubernamentales. Carlos hace hincapié en su hospitalidad, honestidad y humanidad; elabora, de manera más o menos consciente, un discurso alternativo o discrepante al que impera en la prensa mexicana dominado por actores estatales, en el que se caracteriza al coyote de modo peyorativo.
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El coyotaje La percepción del coyotaje en los escritos analizados es la de una labor lucrativa que recurre al engaño para sacar partido de la ingenuidad de los migrantes, lo que genera situaciones de crisis migratoria. Dicha actividad es considerada un negocio ilícito que se asocia con otros y se encuentra en manos del crimen organizado. Engaño Las voces de funcionarios públicos de México, Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica en tales textos confieren al coyotaje la responsabilidad sobre las crisis de los nnam en mayor o menor grado; recalcan que la causa del auge en la cifra de menores migrantes es en gran medida resultado de una publicidad engañosa que los coyotes desarrollaron para inmigrantes desinformados. El embajador de Honduras en México «asocia el incremento de la migración infantil a una ‹campaña publicitaria› patrocinada por pandilleros
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de la Mara, los polleros y el crimen organizado para hacer creer a los hondureños en Estados Unidos que podrán regularizar a sus hijos menores de edad si se aprueba la reforma migratoria» (Garduño, 4 de julio de 2014). Asimismo, para el canciller de Guatemala: «los coyotes vendieron la idea en Centroamérica de que los niños pueden llegar a Estados Unidos y ser reunificados» (Garduño y Corona, 15 de julio de 2014a). Como se aprecia, los coyotes son referidos en un sentido figurado como publicistas abusivos en cuya red caen víctimas los migrantes, pues realizan «campañas de publicidad» donde se «venden ideas» y «hacen creer» que sus hijos podrán llegar a Estados Unidos, ser regularizados y reunificados mediante el producto que ofrecen: los servicios de facilitación de cruce irregular de territorios y fronteras. El hecho de que ciertos discursos atribuyan la responsabilidad de la crisis de los nnam a los coyotes no terminaría con el debate sobre la responsabilidad de los Estados, en la medida en que muestran su permisividad con la actividad. Por ello cabría esperar que los funcionarios públicos tuvieran interés en aparecer en los medios de comunicación para informar que están emprendiendo medidas para enfrentar ese negocio. Los titulares de dos noticias en plena crisis migratoria apoyan tal hipótesis. A principios del mes de julio de 2014 el encabezado de un texto recopila una declaración en una entrevista realizada al embajador de Estados Unidos en México: «Nos activaremos contra los traficantes de menores» (Aponte, 2 de julio de 2014); mientras que en otro el canciller mexicano advierte: «México y ca harán frente a traficantes de personas» (Gómez y Benavides, 9 de julio de 2014). Todas esas noticias acerca de la confrontación de los Estados con los traficantes de personas, en el contexto de la crisis de los nnam, refuerzan la idea de que los coyotes son en gran medida sus causantes. Cabe mencionar que si bien existe un conjunto de noticias que destaca el papel que podrían haber desempeñado los coyotes en la generación y exacerbación de la crisis de nnam, no es menos cierto que los textos informativos de los periódicos han enunciado de manera reiterada tres factores de fondo que explican la migración: «[Alejandro Hernández, redactor del primer informe de la cndh sobre secuestro de migrantes] expuso que los menores han sido expulsados de sus países por tres factores: la situación económica, la violencia y la reunificación familiar» (Domínguez, 15 de noviembre de 2014). Los dos últimos factores han ocupado un lugar más destacado en los debates respecto a las causas de la migración de los menores; algunos titulares subrayan la violencia: «Migran niños por
violencia» (Alcántara, 17 de junio de 2014) o «Huyen de los ‹maras› niñas salvadoreñas» (Domínguez, 30 de junio de 2014); y otros la reunificación familiar: «Perciben cancilleres crisis por reunificación» (Garduño, 2 de julio de 2014).
MIGRACIÓN y DESARROLLO
Negocio Es frecuente que en los textos relativos al coyotaje se resalte su carácter lucrativo al indicar las tarifas que los coyotes cobran por cada migrante adulto o menor. En el reportaje antes mencionado se plantea que el coyotaje de los nnam centroamericanos a Estados Unidos en tiempos de crisis puede ser muy lucrativo. El texto se titula «El negocio de llevar niños a Estados Unidos» y su antetítulo es «‹Coyotes› ganan con crisis migratoria [de los nnam]» (Castellanos, 29 de julio de 2014). En el cuerpo de la noticia se hace un esfuerzo por calcular las cifras del negocio: [El coyote] dijo que en cada viaje transportaba de 12 a 14 menores. Este era el segundo del mes. En esas dos jornadas su red de tráfico obtendría unos 156 mil dólares (dos 172
millones de pesos). Organizaciones y albergues que asisten a menores repatriados en Tamaulipas, Chiapas, Honduras y Guatemala consultados por este diario estiman que al menos 75 por ciento de los que migran no acompañados a Estados
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Unidos van con coyote (Castellanos, 29 de julio de 2014).
Posteriormente se llevó a cabo una nueva estimación, esta vez para el negocio del coyotaje durante la crisis económica; se obtuvo el siguiente resultado: «Cálculo conservador: si 75 por ciento de los 56 mil 547 menores detenidos pagaron 5 mil dólares por persona, las ganancias para la delincuencia organizada fueron unos 212 millones de dólares (unos 2 mil 700 millones de pesos)» (Castellanos, 29 de julio de 2014). Pocos textos retoman los costos y riesgos en los que incurren los coyotes al desplegar su actividad: tiempo que dedican, años en prisión que tendrían que pasar al ser detenidos y enjuiciados, cuotas que deben pagar en muchos casos al crimen organizado. En contraposición a la imagen del coyotaje como negocio muy lucrativo, los textos informativos destacan los infortunios económicos de los migrantes, los cuales pierden importantes sumas de dinero pagadas a los coyotes: «Los padres de esos niños, muchos radicados en Estados Unidos, pagaron a los coyotes entre 5 a 9 mil dólares, dinero que nunca recuperarán» (Martín, 14 de junio de 2014). A
pesar de que las notas explícita o implícitamente reconocen que acudir al coyotaje es una estrategia que utilizan miles de familias migrantes centroamericanas, no muestran los casos en los que las «inversiones» obtuvieron buenos resultados.
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En dichos escritos el coyotaje se asocia con el crimen organizado de diversas maneras; en primer lugar, varios textos afirman que está en sus manos: «Fuentes consultadas en la frontera confirmaron que la mayoría de los menores centroamericanos son transportados por delincuentes relacionados con el narcotráfico» (Villarino, 12 de junio de 2014). Por su parte, Jeffrey Sachs indica que «esas mismas redes criminales transnacionales [que se generaron en la década de los 1980] lucran con la gente más vulnerable, trasladándola hasta Estados Unidos» (Garduño y Corona, 15 de julio de 2014b). En segundo lugar, existen notas que mediante yuxtaposiciones constantes asocian al tráfico de personas con otras actividades delictivas de mayor gravedad operadas por el crimen organizado (tráfico de drogas y armas, trata de personas, entre otras): «Es un fenómeno migratorio regional derivado del tráfico de drogas, armas y personas» (Domínguez, 29 de junio de 2014). «Se fortalecerán las tareas de investigación para desarticular las redes de tráfico y trata, a través de la clausura de giros negros» (Garduño, 26 de agosto de 2014). «‹No es fácil trabajar con el tráfico de personas, drogas y a pesar de ello mantener un trato diferencial con nuestros niños› señaló Rosa María Leal Pérez, primera dama guatemalteca» (Notimex, 4 de julio de 2014). «Las acciones contra el crimen prevén fortalecer las tareas de investigación e inteligencia para combatir el tráfico y la trata de personas, así como la operación de pandillas y otras organizaciones criminales» (Notimex, 26 de agosto de 2014, las cursivas son mías). Tales yuxtaposiciones pueden considerarse incorrectas en la medida en que la gravedad de esos delitos es diferente, especialmente en los casos en que los coyotes no están involucrados en actividades delictivas aparte de la facilitación del cruce de fronteras. En tercer lugar, los textos favorecen la confusión entre los términos trata y tráfico; mientras que en unas ocasiones se refieren a las dos como actividades distintas, en otras se emplea el término tráfico como concepto genérico que incluiría al de trata. Se sobreentiende que el lector conoce el significado de ambas prácticas delictivas, por lo que no es necesario puntualizar el significado. Como se observa, los textos analizados asocian de manera efectiva el tráfico de personas con el crimen organizado; sin embargo, apenas
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Crimen organizado
ofrecen información acerca de la forma en que se producen nexos entre el coyotaje y otras labores criminales o las actividades que despliegan los coyotes además del coyotaje. Cuando lo hacen muestran información incompleta e imprecisa.
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Conclusiones
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La gran mayoría de las notas seleccionadas de El Universal y Reforma destaca características y acciones que revelan una imagen negativa de los coyotes y el coyotaje. Esta percepción puede deberse a las siguientes razones. Primero, el predominio de los actores estatales en los textos que refieren a los coyotes y el coyotaje —en la lógica del periodismo de rutina, numerosos textos dan cabida a información proporcionada por fuentes oficiales gubernamentales—, ya que los funcionarios públicos sostienen un discurso negativo frente a esa actividad y sus protagonistas. Los Estados se oponen al coyotaje e imponen fuertes sanciones a quienes lo despliegan, pues el hecho de que los coyotes faciliten el cruce de fronteras a los migrantes desafía el derecho soberano que tienen de decidir a quién dejan entrar o no en su territorio, consagrado por las legislaciones nacionales e internacionales. La idea peyorativa de los funcionarios públicos acerca de los coyotes posibilitaría la adhesión de la ciudadanía a la causa anticoyotaje, a la vez que legitimaría el uso de más recursos para combatir la práctica. Segundo, los periodistas, quienes no son necesariamente expertos en la materia migratoria, no tienen más referentes para conceptualizar a los coyotes y al coyotaje que los proporcionados por los actores estatales; retomar otras alternativas requeriría que el periodista le dedicara tiempo y recursos de los que por lo habitual no dispone. Además, serían visiones de la realidad menos conocidas y compartidas por los lectores, lo que las hace menos deseables para la actividad periodística que pretende llegar a audiencias amplias. Tercero, en el ejercicio de esta profesión se prima lo dramático, lo imprevisible, lo catastrófico, es decir, cuanto más elevado sea el componente negativo más noticiable es el acontecimiento, en concreto en los últimos años con la tendencia hacia la espectacularización y el sensacionalismo de la práctica (Gómez-Escalonilla y Santín, 2012). Las similitudes entre los hallazgos de esta investigación y los de otras en distintos tiempos y contextos —principalmente en cuanto a la imagen negativa de los coyotes y el carácter dominante de la visión de actores estatales— exponen la dependencia de los medios de comunicación de nociones sesgadas, incompletas
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y simplificadoras de la realidad de los coyotes y el coyotaje ofrecidas por dichos actores; construcciones sociales que adquirieron un grado de rigidez y permanencia que dificulta la captación de las rápidas transformaciones que ha experimentado el fenómeno a lo largo del tiempo. Por ello, es importante que las organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos internacionales, entre otros, lleven a cabo investigaciones cuantitativas y cualitativas que aporten visiones alternativas más objetivas, completas y diversas del tema. En particular, la relación entre coyotaje y crimen organizado es un tópico de gran relevancia, pero sobre el cual existe confusión. Una de las novedades más notables del presente trabajo es que permite evidenciar un discurso que apunta a los coyotes y al coyotaje como responsables de la crisis migratoria de los nnam de 2014, al menos como promotores del auge en los flujos. ¿Se trata de chivos expiatorios? La explicación relativa al incremento de la migración de los nnam, sea cierta o falaz, favorece el enmascaramiento de las causas estructurales de la migración: las condiciones de vida en los países centroamericanos (situación de violencia, precariedad económica, etcétera) y la reunificación familiar. Sobre todas ellas los Estados tienen responsabilidades políticas. El pago de fuertes sumas de dinero a los coyotes y los riesgos que los migrantes asumen no pueden asociarse sólo a la oferta de servicios de coyotaje, es preciso examinar las razones por las que existe una alta demanda de esos servicios. El hecho de que los discursos periodísticos señalen al coyotaje como negocio que vive del engaño a los migrantes y que está vinculado al crimen organizado —ya sea de manera poco fundamentada—, permite a los Estados justificar el empleo de más medios para combatir la práctica del coyotaje; ello significa disponer de más medios en contra de los migrantes irregulares y facilitar su detección y detención. Asimismo, son textos que pretenden desincentivar que los migrantes acudan a los coyotes con la intención de facilitar el cruce de fronteras y territorios; esta percepción funesta del coyotaje contrasta con la propuesta de Spener (2008), para quien constituye una estrategia de cruce de fronteras y de supervivencia de los migrantes, un acto de resistencia activa frente al confinamiento territorial en una región del mundo económicamente deprimida. En esta visión del coyotaje es posible afirmar que el discurso desfavorable relativo a los coyotes es en buena medida antiinmigrante, dado que se ataca una de la estrategias al alcance de los migrantes para superar las adversidades presentes en sus países de origen o lograr la ansiada reunificación de muchas familias.
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LA VOZ DE LOS ACTORES / ACTOR'S VOICE
Pensando en clave psicosocial y confesional. Testimonios dentro de los albergues de migrantes
La Ley de Migración en México promulgada en 2011 faculta a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, para que celebre convenios de colaboración con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones de la sociedad civil y particulares (art. 70 lm) a fin de que ofrezcan servicios de asesoría y representación de los migrantes en situación migratoria irregular o bien a aquellos que hayan iniciado un procedimiento administrativo migratorio. Este último aspecto es de vital importancia porque es el fundamento para la consolidación de albergues y casas del migrante a lo largo del territorio mexicano. Dicha Ley de Migración suscribe que las organizaciones pueden implementar acciones que coadyuven en la asistencia y protección a migrantes. De igual modo, insta a que se implementen acciones que brinden una atención adecuada a los migrantes en situación de vulnerabilidad (art. 72 y 73 lm), por ejemplo, los inmigrantes indocumentados que se acompañan en la Casa del Migrante Saltillo y la Casa Emaús de Ciudad Acuña, albergues a los cuales se tuvo acceso durante los años 2015 y 2016 respectivamente, para escuchar los testimonios de los inmigrantes establecidos por diferentes periodos y a quienes se les apoyó con la finalidad de continuar con su tránsito migratorio.
Clave psicosocial, cuando el tránsito se convierte en origen y destino. La Casa del Migrante de Saltillo El nombre legal de La Casa del Migrante de Saltillo es Frontera con Justicia A.C. Saltillo es la capital del estado de Coahuila de Zaragoza, el lugar se encuentra bordeado por la Sierra Madre Oriental, se trata de una las ciudades más industrializada del norte del país, en específico por el ramo automotriz. Está dividida por las vías del tren que se dirigen hacia la ciudad fronteriza de Piedras
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Negras y hacia Monterrey. Cuenta con una población de 823 mil 128 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda de 2010. El porcentaje por nacionalidades de las personas que pernoctaron en el albergue en 2015 se desglosa a continuación: Honduras (81 por ciento), El Salvador (10 por ciento), Guatemala (7 por ciento), Nicaragua (2 por ciento), este último se halla a la baja. Existe una enorme diferencia entre las nacionalidades de las personas que recibe el albergue, de ahí que dentro de la casa se rumora que es una sucursal catracha.1 Tal es el caso de Anthony, Rommel y Abrahán, inmigrantes pertenecientes al grupo étnico garífuna, originarios de Santa Rosa en la región de la Ceiba, en el caribe hondureño. Ellos externaron su deseo de arribar lo más pronto posible a Estados Unidos, puesto que debido a sus características étnicas son maltratados en México durante su tránsito migratorio, es como una especie de doble rasero, tanto por ser afroamericanos como inmigrantes indocumentados. No obstante, una vez en Estados Unidos su situación cambia diametralmente, ya que se «mimetizan» con el resto de los afroamericanos. Un elemento a su favor es que la mayoría de los pertenecientes a este grupo hablan inglés. Desde La Ceiba hasta Saltillo los tres parientes hondureños tardaron en llegar alrededor de un mes, se valieron de diferentes medios de transporte (tren, autobús, a pie y de «aventón») y descansaron en diversos albergues de la ruta. Anthony, el mayor y supuesto tío de Rommel y Abrahán, comentó que es importante pensar en los migrantes que vienen detrás, por eso no pueden prolongar su estancia en las casas de migrantes. Se observa un rápido proceso de adaptación cultural dentro de la sociedad norteamericana, además poseen más y mejores contactos para cruzar la frontera, aunado a que las redes están más consolidadas, incluso el propio Anthony las conoce y domina. En sus inicios, en los albores de 2002, el albergue daba asistencia humanitaria en cuartos rentados en un lugar distinto al actual, poco después su fundador, el padre Pedro Pantoja,2 consiguió una bodega donada por Cáritas. Al principio, la Gentilicio coloquial sinónimo de hondureño. El padre Pedro Pantoja tiene una larga trayectoria en el activismo religioso, ha sido instruido en la teología de la liberación a través de la defensa de los derechos humanos hacia los inmigrantes en el norte de México. La teología de la liberación ha tomado cuerpo en Latinoamérica al querer hacer de la Iglesia, una Iglesia del pueblo. A su vez compara y sustenta su trabajo de formación hacia la inmigración indocumentada con la carta de Jeremías, al introducir el tema de la subjetividad social, pues al igual que el profeta hebreo, aconseja a los desterrados que se conviertan en constructores y protagonistas en el nuevo país (Pantoja, 2013). Otra fuente de inspiración se encuentra en la encíclica 1 2
de los Hebreos 13,2: «No cierres la puerta al extranjero, no sea que no dejes pasar al ángel». También fundó en 1998 la Casa Emaús en la fronteriza Ciudad Acuña, Coahuila, albergue que acompaña a los deportados mexicanos. 3 La colonia Landin, ubicada al poniente de la ciudad, pertenece una de las zonas más populares e inseguras de Saltillo; en México a estos sitios se les suele denominar «barrio» o «arrabal».
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colonia donde se ubica3 era renuente con la convivencia y atención brindada al inmigrante. En ese entonces el mayor apoyo lo recibía del Banco de Alimentos, éste realizaba descuentos significativos que hasta la fecha siguen vigentes, así como las donaciones de pobladores de ejidos cercanos, «quienes por el carisma del padre Pedro Pantoja decidieron apoyar» (Tavera, 2014). Previo al comienzo de la guerra contra el narcotráfico en 2006, a partir de la cual se desataría una ola de violencia inusitada en contra de los inmigrantes indocumentados, la Casa del Migrante de Saltillo recibía en promedio a trescientas personas inmigrantes de Centroamérica a la semana. La cifra ha variado de modo contundente hasta regularizarse en el presente a doscientas personas al mes. Las autoridades del Gobierno Federal a mediados de 2014 implementaron el Programa Frontera Sur, hecho que mermó considerablemente el tránsito de inmigrantes procedentes del triángulo de Centroamérica o en su defecto ha reorientado el flujo de personas hacia otras rutas. A fin de comprender la aplicación y los resultados del acompañamiento, es necesario escuchar los testimonios que a diario se viven dentro de la Casa del Migrante. Con base en las 19 entrevistas realizadas, alrededor del 90 por ciento de los inmigrantes que llegan al albergue traen consigo una fuerte carga emocional a causa de distintos hechos violentos ocurridos durante su tránsito por México; desde asaltos con violencia, intentos de lapidamiento, humillaciones, extorsiones, secuestros, ultraje sexual hasta mutilaciones, tortura y trabajos forzados. Mediante los testimonios recabados de migrantes «sin papeles», «indocumentados» o «irregulares» como erróneamente se les conocen, no se constató que tuvieran una estancia prolongada en el albergue; hombres, mujeres y menores de edad pertenecen a tres principales nacionalidades: hondureña, salvadoreña y guatemalteca. Asimismo, se observó que antes de salir reaparecen los miedos y el estrés por las vicisitudes acaecidas durante el tránsito migratorio. Otto Alexander, inmigrante de origen salvadoreño de 57 años, es prueba fehaciente de lo anterior. Posee fuertes problemas de la vista al punto de quedar completamente ciego del ojo derecho. No tiene claro su destino, ni siquiera certeza del resto del viaje, sabe que Texas está cerca de Saltillo, desafortunadamente
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no cuenta con un lugar preciso de llegada, pues carece de los contactos que se requieren para cruzar del otro lado, ni siquiera en su propio país tiene familia. Por tanto, la ayuda de los albergues es determinante en su caso. Otto, al momento de la entrevista cumplió cuatro meses de estadía. Aunque en tres ocasiones se quedó en el albergue, en una le tocó vivir el drama de la deportación de México a su país. De acuerdo con su testimonio, los albergues no han tenido mucho éxito, incluso sufrió un accidente que lo afectó profundamente en Tapachula, en la frontera sur, del que no quiso ahondar más, pero del que con seguridad deriva el origen de la falta de visibilidad. Afirma que afuera (del albergue) existen fuertes barreras para la migración, sobre todo la inseguridad que en su opinión es el más afanoso. Otto es una persona muy cercana a los coordinadores y voluntarios de la casa, todos se han acostumbrado a su andar tranquilo al interior de ella, es uno de los más participativos en las oraciones, puesto que la ayuda celestial es para él la única forma de romper dichas barreras. Refiere que las personas del albergue poseen un corazón noble, ahí él ha encontrado el cobijo espiritual que necesitaba, por esa razón no quiere pensar en el momento inminente de su salida. Vive con el temor de que le vuelva a ocurrir lo que le pasó en las vías del tren cuando se accidentó, esas vías están justo a unos metros del albergue; diario escucha el paso del tren, hecho que le provoca mucha aprehensión. Son diversas las causas dentro del acompañamiento en migraciones indocumentadas que hacen que el tránsito se convierta en origen y destino en un momento específico. Hemos señalado varios lazos de «pertenencia» al lugar, las redes sociales que se desprenden de la práctica religiosa como un elemento valioso a considerar en la integración en la sociedad de acogida. De igual modo, destaca la información acerca de los derechos más elementales que se brinda durante la estancia en algunos albergues; por ejemplo, el asesoramiento legal dentro de la Casa del Migrante de Saltillo, en relación con el asilo y el refugio político. Sobresale el caso de Carlos, un joven de 24 años de origen hondureño, de San Pedro Sula. Su historia es una de las más conmovedoras del albergue. Más que la entrevista, fue la cercanía con él y los relatos de sus compañeros lo que influyó para conocer lo que había detrás de su proceso legal de asilo político. Carlos fue miembro de las maras en su ciudad natal, decisión que en múltiples ocasiones es irreversible, pues es sumamente difícil desertar de ellas. Carlos pagó muy caro su salida de las maras, porque su propia pandilla asesinó a su madre, él supo de esta lamentable noticia estando en México.
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No es sencillo imaginar la impotencia y el duelo que sintió al enterarse de lo acaecido, no obstante, gracias a su valor, su esfuerzo y dedicación salió adelante, incluso vislumbró un futuro distinto en México, ya no en los Estados Unidos como algún día lo pensó cuando salió de su país. Ahora Carlos cuenta con la visa humanitaria derivada del acompañamiento legal dentro de la Casa del Migrante de Saltillo, un proceso nada fácil pero que al final se logró por las características del caso. Posteriormente trabajó en la jardinería, primero en Saltillo y después en Monterrey, luego se instaló de manera permanente en Tijuana. Su acto resulta heroico, puesto que puso en peligro no sólo su vida sino el derecho que había ganado para estar de forma legal en el país. Decidió regresar por el resto de su familia, la cual padecía las mismas represalias; una hermana y dos sobrinos burlaron la seguridad fronteriza y el cerco de las propias maras, ingresaron al país encima de la Bestia, ahora su familia está con él, construyendo un nuevo destino en Tijuana. Lesly, de 48 años, es otro caso más de estancia prolongada dentro del albergue por motivos legales. Proviene de la capital hondureña, Tegucigalpa, viaja sola y al igual que Otto y Carlos ha tenido que extender su estancia en el albergue por varios meses. Tiene a su familia dividida: sus hijas están en Honduras y su esposo, de origen salvadoreño, radica en Maryland, Estados Unidos. Sin duda se trata de una auténtica familia transnacional con una estrategia migratoria de reunificación que consta de varias etapas. Es la segunda vez que se instala en la Casa del Migrante de Saltillo, en 2007 pudo ingresar a los Estados Unidos y reunirse con su esposo; sin embargo fue deportada en una redada en 2010 por Mexicali, ciudad donde trabajó durante dos años. Luego de su deportación estuvo dos meses en Honduras hasta planeó su nuevo proyecto migratorio. La experiencia de Lesly es fundamental para recorrer la ruta de tránsito, sea en albergues o trabajando por su cuenta fuera de ellos. Ha descubierto que mediante el «papeleo» migratorio, que es posible tramitar en albergues, hay opciones más viables y seguras para trabajar en México, y esperar a que se den las condiciones de volver a cruzar. Se podría decir que es una estrategia «mixta», que practican varios inmigrantes irregulares en su tránsito, sobre todo cuando éste se extiende e involucra trámites legales desde México como la visa humanitaria y otros trámites no reglamentados como la contratación de un buen pollero para atravesar la frontera. En el caso de Lesly correrá por parte de su esposo desde el norte cuando sea el momento adecuado; mientras tanto, el objetivo de sus tres hijas es instalarse y reunirse con su madre en Saltillo en un corto plazo.
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Sorprende que esta suerte de «estrategia mixta» sea usada por otros singulares personajes de la migración indocumentada, igual de transnacionales. A fin de cuentas un trámite de visado inhibe la supuesta irregularidad en el tránsito migratorio y permite trabajar de forma más segura y ordenada al trabajador migrante, cualquiera que sea la actividad que desempeñe, por ejemplo, ayudar a otros a cruzar la frontera sur de México y trasladar a esas mismas personas a lo largo del país hasta la otra frontera norte. Así sucede con Paco, otro hondureño de 46 años, quien dice ser un exreservista del ejército nacional de Honduras en los 1990, según él esto le ha dado uno de las mejores habilidades que pueda tener cualquier persona; las relaciones humanas y los primeros auxilios, le favorece en su peligrosa labor de ayudar a otros connacionales a trasladarse por la ruta de la migración irregular desde su país, actividad que ejecuta desde hace diez años. Ya estuvo en la ciudad de Washington y retornó voluntariamente a su país en 2011. Conoce muy bien la ruta migratoria en la que se puede trasladar en tren y autobús, ello lo convierte en un excelente guía no autorizado sobre el territorio mexicano por sus conocimientos geográficos. En los últimos cuatro años antes de 2015 el destino de Paco, cada vez que se aventura a migrar es México, no los Estados Unidos como el grueso de los inmigrantes de su país. Ahora espera en el albergue la posibilidad de que se le renueve la visa humanitaria para seguir trabajando de forma más tranquila en lo que se ha estado especializando: el coyotaje. En términos generales, la decisión de prolongar su estancia ocurre por múltiples factores: falta de dinero para continuar el viaje, a veces se les termina, otras son agredidos o asaltados, incluso por las autoridades gubernamentales; esperan el depósito de más recursos económicos por parte de algún familiar; problemas de salud; y de forma esporádica, por desinformación. En la mayoría de los casos se documentó que dicha situación produce efectos contrarios a los planeados inicialmente; el principal es que durante el viaje vuelvan a surgir estos mismos aspectos desalentadores. Permanecer más tiempo en los albergues provoca que los inmigrantes no sepan qué hacer con su cotidianidad, de ahí su desesperación y desmotivación al darse cuenta del transcurso inevitable del tiempo, hecho que ocasiona fuerte estrés. Laura, otra mujer inmigrante de origen hondureño, de cincuenta años, se dirige a Dallas, Texas. A lo largo de tres meses ha permanecido en el albergue; ingresó al país por Tapachula, Chiapas, y lo recorrió en un promedio de un mes, al igual que el resto. El monitoreo hacia ella por parte del personal de la casa se
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debe a una condición especial: sufrió una mutilación de su pie derecho al quedar atrapada entre los rieles del tren cuando intentaba sacar una blusa de su mochila antes de subirse. Cuando sucedió esto viajaba en la Bestia a través del desierto de San Luis Potosí. Gracias a una compañera de viaje Laura pudo recibir atención médica, pero tuvo que esperar durante horas en medio del desierto hasta que perdió la esperanza del regreso de su amiga. Pese a su condición volvió a trepar a los hombros de la Bestia para continuar la travesía, justo en ese momento recuerda que con un garrotero del ferrocarril pudo bajar porque la ambulancia ya estaba cerca. Después fue trasladada a un hospital donde le amputaron la pierna desde la rodilla. Laura considera que no debió haber sido así, puesto que sólo se había dañado el pie. Probablemente se trató de una negligencia médica, en lo que se ha vuelto un procedimiento de rutina de ciertos hospitales ante la incidencia de percances de tal tipo con inmigrantes en las vías. Tres días después personal del consulado de Honduras en Saltillo la trasladaría al albergue todavía delicada, según comenta; de igual modo, el consulado de su país la apoyaría al principio con los medicamentos. Ahora, por medio de Caritas y el albergue de Saltillo, se gestiona una prótesis que sustituya sus muletas y silla de ruedas. Sorprendentemente su deseo de cruzar a Estados Unidos sigue vigente, pues anhela reencontrarse con su esposo y que a la vez sus cuatro hijas se trasladen desde San Pedro Sula por el mismo camino a fin de lograr estar juntos en el norte. Sus parientes han seguido desde la distancia el drama que ha vivido. Por otra parte, cuando el tránsito se convierte en origen, en el caso de las personas inmigrantes que deciden regresar a su país, existe la posibilidad del retorno asistido; se presenta en el momento en que se entregan a las autoridades de migración para que los devuelvan a sus países (las autoridades mexicanas lo hacen a través de autobuses, no así en Estados Unidos que lo ejecuta en aviones, «los vuelos de la vergüenza», como se denominan en España). Algunos deciden montar de nuevo en los hombros de la Bestia, pero en dirección opuesta, de norte a sur, —a fin de cuentas es más seguro—; otros deambulan una temporada más por México antes de llegar a sus destinos. Sin embargo, corren el riesgo de caer en la trashumancia, como José Temal, indígena achí de origen guatemalteco quien habla un español fluido y dice dirigirse «hacia donde Dios lo ponga». Comenta que el resto del grupo que viajaba con él, fue bajado y golpeado brutalmente por la policía. Respecto a él, asegura que gracias a la biblia con la que viajaba en su mochila no sufrió mayores daños en este hecho violento.
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Aunque llegó hasta Piedras Negras en la frontera norte en Coahuila no quiso cruzar, decidió regresar al sur a Saltillo. No tiene miedo de estar en la ruta migratoria, comenta que disfruta de los paisajes cuando viaja encima del tren. En realidad José no tiene familia ni dinero para atravesar la frontera, en los cuatro meses de vagar por el país ha conseguido trabajar en la albañilería, vendiendo lo que puede y pidiendo la clásica charola en los cruceros de las ciudades en las que ha estado: «Prefiero estar así de errante que estar en los albergues y planear un mejor destino». En cualquier situación, o forma de realizar el tránsito sea de origen o destino, se documentó que dentro de la casa de migrantes no es una situación sencilla, ya que las personas regresan con sentimientos encontrados. Por un lado, aparece la alegría de retornar a casa y reunirse con su familia después de meses de ausencia e incertidumbre; experimentar de nuevo la libertad, lejos de arrestos, extorsiones y trámites legales, además del trato policial durante la deportación. Por otro lado, persiste un fuerte desánimo y desmotivación al no haber alcanzado las metas propuestas, el anhelado sueño americano que terminó por convertirse en una pesadilla mexicana.
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Clave confesional en ciernes al repatriado mexicano. El albergue Emaús en Ciudad Acuña En el mismo estado de Coahuila, pero más al norte, limítrofe con Estados Unidos, se encuentra Ciudad Acuña. En este sitio existe un proceso diferente de acompañamiento hacia las migraciones y otro tipo de actores involucrados. El acompañamiento se brinda hacia los migrantes mexicanos que han sido repatriados, capturados en su intento de cruzar la frontera, detenidos por infringir la ley o bien a los que han terminado de pugnar su periodo en prisión en determinada cárcel de Estados Unidos (algunos de éstos debido a su reincidencia en el intento de cruzar). La asistencia humanitaria y acompañamiento se da a través de la palabra de Dios, por parte de la Iglesia Católica en la Casa Emaús. Ciudad Acuña cuenta con una población de 134 mil 233 habitantes, es limítrofe con la ciudad Del Río, en el estado de Texas, ambas separadas por el río Bravo. La casa Emaús se localiza a tan sólo cien metros de este río y a la misma distancia del puente internacional Puerta de México, por donde devuelven a los
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migrantes repatriados. Ciudad Acuña es la sede de dicho albergue al final del camino de la ruta de la hospitalidad de las migraciones de tránsito centroamericanas, o mejor dicho, el principio de la otra ruta de la hospitalidad para los repatriados mexicanos. Para aquellos que sobrevivieron en su intento de cruzar el río o el desierto al momento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos representó, como en el pasaje bíblico de Emaús, una auténtica victoria sobre la muerte. Dos entrevistados en la casa relataron esta aventura, Rafael y Roberto Carlos: el primero lo cruzó durante 15 días con una mochila que pesaba alrededor de 40 kilos, pues cargaba la comida del grupo; caminó hasta quedar completamente agotado y deshidratado, al punto de decidir entregarse a la Patrulla Fronteriza con el propósito de recibir asistencia. El segundo pasó dos noches a la intemperie en el mismo desierto hasta casi morir de hipotermia, expuesto a verdaderos riesgos naturales. Ambos se habían separado del grupo que los acompañaba después de sufrir varias redadas. Emaús significa el camino, así como analógicamente este albergue intenta serlo con los miles de repatriados que atraviesan Ciudad Acuña año tras año; su objetivo es brindarles un lugar de descanso y refugio en medio de su trasiego migratorio, que no ha terminado a pesar de haber entrado a su país de origen. Para muchos el tránsito migratorio, por muy irónico que sea, apenas comienza, debido a la estrategia de seguridad de Estados Unidos de deportarlos de oeste a este de la frontera física mexicana, de la zona desértica a la región del río Bravo y viceversa que divide a los dos países. En 2015 pasaron por Ciudad Acuña más de 42 mil repatriados, lo que convirtió a la ciudad en el segundo punto fronterizo de mayor afluencia, detrás de Matamoros, Tamaulipas, y a la delantera de otros puntos de mayor importancia como Tijuana o Ciudad Juárez. El Instituto Nacional de Migración (inm) los recibe sólo con una hoja de repatriación y les proporciona cierta orientación hacia la central de autobuses, el comedor comunitario o el albergue Emaús, no sin antes atravesar un ejército de especuladores financieros ambulantes que intentan cambiarles los dólares que llevan consigo o los que están por enviarles. Concerniente a 2016, de enero a marzo, transitaron 413 personas (mil 200 personas al año); todos son varones de nacionalidad mexicana, deportados de Estados Unidos por no tener documentos que avalen su residencia, su promedio de edad era de 35 años. La mayor parte provenía del interior de México, pero resaltan los estados de Guerrero, Sonora y Sinaloa, los dos últimos pertenecientes
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a la región transfronteriza del noroeste del país. En la actualidad Emaús brinda hospedaje por tres días a las personas deportadas siempre y cuando cuenten con su hoja de repatriación y tenga vigencia del mismo día. Además de la cena y el hospedaje, en ocasiones se les puede dar un cambio de ropa, ya que algunos llegan vestidos todavía con el uniforme de la prisión, un conjunto de pants color blanco o naranja. La delegación local del inm estima que 85 por ciento de las personas que ingresan por Ciudad Acuña no se queda en la ciudad, la mayoría toma el primer autobús que puede, el resto se queda algunos días, otros buscan refugio en la Casa Emaús; los menos, desafortunadamente, permanece en las calles sin ningún tipo de atención básica, propensos a la indigencia (Zócalo, 6 de octubre de 2014). Existen casos en los que los repatriados deciden probar suerte en Ciudad Acuña, tal como sucedió con Óscar Rafael, uno de los primeros entrevistados quien fortalecido en la fe cristiana que escuchaba a diario en el albergue se despidió con grandes esperanzas de trascender en esa ciudad. En entrevista con el padre Hermenegildo, director de la parroquia Santa María Guadalupe, se comentaron puntos clave para entender los pormenores del acompañamiento en Ciudad Acuña. En principio, se trata de una ciudad de tránsito de migrantes mexicanos deportados; es una ciudad fronteriza mexicana «flotante», debido al poco arraigo de las personas que habitan en este lugar al ser oriundos de otros sitios; después por el corto tiempo de estadía dentro del albergue de los repatriados, aunado a su limitada fe en los evangelios; finalmente, a consecuencia de la red de tráfico ilegal de migrantes inmersa en esta urbe. La violencia y los problemas sociales terminaron por convertir a Ciudad Acuña en un lugar de paso, en una ciudad «flotante», como indica el padre Hermenegildo, además en los últimos años ha sido el lugar preferido para las deportaciones de migrantes por parte de las autoridades norteamericanas. Incluso es una estrategia de seguridad de la Patrulla Fronteriza el regresar por Ciudad Acuña a los que fueron capturados en su intento de cruzar de forma irregular por el otro lado de la frontera, entre los estados de Sonora y Arizona. Es bien sabido que el desierto es el lugar utilizado por el narcotráfico para cruzar droga mediante migrantes indocumentados. Hay claros indicios de que algunos repatriados, incluyendo los albergados temporalmente en Emaús, han sido utilizados para traficar droga por esa ruta y luego repatriados por Ciudad Acuña, lo que los convierte en «burreros», como se les conoce por aquí.
Un escenario que nos conduce a la decisión que tomaría el joven Manuel, de
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Rafael y Roberto Carlos con relación a su experiencia fronteriza. Manuel, a pesar de tener estudios de preparatoria y técnicos en enfermería, se dispuso a emprender este peligroso viaje por una única ocasión, su intención era meramente por motivos económicos. El origen de su proyecto migratorio comenzó en la ciudad sonorense de Caborca, donde conectó con el resto de los «burreros» que se internarían en el desierto. Debido a la complexión robusta se le encomendó cargar gran parte del agua y la comida para un grupo de nueve personas, cuyo tránsito comprendería 15 días con sus respectivas noches; calcula que la mochila pesaba alrededor de 50 kilos. Luego de quedar extraviado en medio del desierto, aturdido, exhausto, lleno de callos en los pies, sin alimento alguno o agua, explica que tomó la decisión de entregarse a «la migra» para ser deportado, pues el resto de su grupo se había internado ya en territorio estadounidense y se había olvidado de él. Dos días después fue deportado por Ciudad Acuña, lugar que desconocía. No obstante, al realizar un par de llamadas ahora tiene algunos dólares que le ayudarán a regresar a su ciudad a intentar replantearse qué hacer con su vida, porque reafirma su deseo de no repetir esa experiencia migratoria irregular. Desafortunadamente, en la actualidad semejante situación se ha convertido en una práctica común y en una fuente de ingresos para jóvenes del noroeste mexicano. Se desconoce si lo realizan de forma voluntaria o involuntaria. Algunos de ellos pertenecen a los grupos indígenas de la zona (yaquis, navajos y mayos) y otros son de clase media como Manuel, que ante la falta de fuentes de empleo que les permitan mejorar la condición de vida en sus lugares de origen deciden emprender ese negocio temporal ilícito. Tal mecanismo de la Patrulla Fronteriza («la migra») es considerado en Ciudad Acuña una estrategia cruel e inhumana de parte del gobierno de Estados Unidos; aparte de que ha modificado la organización comunitaria local al reconfigurar el mismo tejido social y las dinámicas económicas de la ciudad, condena a la trashumancia a muchos de los repatriados que deben recorrer miles de kilómetros para regresar a sus lugares de origen o bien intentar cruzar de nueva cuenta sin dinero ni documentos, hecho que los convierte en indocumentados y los expone al tráfico ilícito de migrantes del crimen organizado. Lo anterior desestabiliza incluso las reglas internas de la Casa Emaús, porque regularmente los tres días permitidos son insuficientes para juntar el dinero y poder regresar
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26 años, oriundo de Los Mochis, Sinaloa, que no dista mucho de la historia de
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a sus casas, si es que no son «burreros», una estancia prolongada dentro de la casa permite que los enganchadores recluten personas dentro y fuera. Por desgracia, esto sucede cuando la ayuda del gobierno mediante el programa Repatriados Trabajando se suspende. En sí, alrededor de 70 por ciento de los que se refugian en dicho albergue proviene de Sonora y Sinaloa; sin embargo, los registros con los que se cuenta son también «flotantes», con relación al lugar de origen. Tampoco existe un registro confiable del número de personas que ha llegado desde su fundación, debido a que las diferentes administraciones han manejado distintos formatos o se han extraviado datos de forma misteriosa. Semejante desorganización interna ha provocado que la ayuda al deportado desde la parroquia sea igual de intermitente, antes hubo periodos de bonanza pero en la actualidad se vive una etapa de atraso y desorganización. El padre Hermenegildo lo aprecia de esa manera, para él forma parte de la «esencia» de su administración, discierne que es el modo en cómo la comunidad religiosa puede ayudar a los repatriados y cómo Jesús ha querido que sea, aún con amplio conocimiento del enfoque psicosocial de la Casa del Migrante de Saltillo, que con anterioridad dirigía el padre Pantoja y quien a su vez fundó la Casa Emaús en 1998. La austeridad dentro del albergue sólo alcanza para proporcionar un café por la mañana y una cena por la noche. Durante el día, el desayuno y la comida son otorgados por un comedor comunitario que apoya a los adultos mayores; el ayuntamiento de Ciudad Acuña lo abrió reciententemente ante la deportación masiva de migrantes. Al interior el empoderamiento hacia el migrante se realiza a través de la palabra de Dios; no obstante, algunos migrantes repatriados sienten profundamente las enseñanzas del Evangelio, pero otros no. En opinión de don Miguel, uno de los encargados del albergue, la palabra que se transmite no siempre es sensible al género, lugar de origen o preferencia sexual. La insensibilidad del albergue se refleja en cierta intransigencia hacia algunos deportados que llegan y que requieren mayor atención, más allá del mero asistencialismo. Por ejemplo, la situación en la que se encuentra Óscar Rafael quien fue deportado por Ciudad Acuña luego de purgar una condena de 15 años en varias cárceles del estado de California. Nació en Ensenada, Baja California, desde donde muy joven migraría junto con su familia en 1995 a Los Ángeles. Allí asegura que vivió un proceso de adaptación complejo, al punto de considerarse un ser antisocial. Las mayores dificultades en su juventud se desarrollaron dentro de su
Referencias Espinoza, Leticia (6 de octubre de 2014), «Ciudad Acuña: válvula de escape para migrantes», Zócalo, p. 17. Ley de Migración (2011), Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en http://sre.gob.mx/images/stories/ marconormativodoc/leyes/dof250511.pdf Morales Cardiel, Jorge Antonio (mayo-agosto de 2017), «Migraciones indocumentadas. Proceso de acompañamiento en países de tránsito», Observatorio del Desarrollo. Investigación, Reflexión y Análisis, 6(17), pp. 87-92.
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propia familia a grado tal que su rebeldía lo condujo a formar parte de las pandillas. Desde esos grupos mexicanos de contracultura se involucró en el tráfico de drogas y armas que a la postre lo llevarían a prisión. Contrario a lo que se podría creer, Óscar Rafael afirma que dentro de las cárceles vivió el único proceso de formación personal, al tomar cursos de inglés, superación personal y sexualidad. Aunque lo más importante fue haberse encontrado consigo mismo mediante un proceso de rehabilitación personal y sanación religiosa. Pese a lo anterior, su reincorporación a la sociedad mexicana desde Ciudad Acuña es complicada, no sólo por los tatuajes que cubren su rostro y cuerpo (representan a las pandillas a las que perteneció), sino por los problemas de esquizofrenia que padece a causa de los castigos que le infligían en la prisión, durante nueve meses fue recluido en un cuarto, ya que los problemas de las pandillas lo persiguieron hasta la prisión. A sus 36 años desea mejorar y ganarse la vida de nuevo en México, no niega que siente cierto temor de enfrentar la realidad. El primer obstáculo es que se encuentra invisibilizado ante el resto de las autoridades, del propio albergue y de la sociedad de acogida. A diferencia de la Casa del Migrante de Saltillo, en la Casa Emaús no existe el «blindaje social» de la comunidad local con el enfoque de los derechos humanos, tampoco el proceso de acompañamiento psicosocial o legal dentro de la casa, indispensable en casos como los relatados. En contraposición, existe una «permeabilidad social» debido a la ausencia de control de quienes entran o salen del lugar y el enfoque meramente asistencialista hacia el repatriado. No obstante la cotidianidad de las repatriaciones en el paisaje social de Ciudad Acuña, para la mayoría de la comunidad local los migrantes siguen igualmente invisibilizados.
Pantoja, Pedro (2013), «Belén, posada del migrante. Experiencia eclesiológica y alternativa social en el dolor y la violencia social de la migración forzada centroamericana», Migración y Desarrollo (21), pp. 177-186. Tavera, Pilar, Alexis Guillen y Mauricio Pérez (2014), Solidaridad en el camino. Atlas de organizaciones de apoyo a personas migrantes centroamericanas, México, Propuesta
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Cívica.
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Semblanzas
Alejandro I. Canales es demógrafo y doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de México. Desde 1998 es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Ha sido consultor de organismos internacionales, como Celade, Cepal, unfpa , unesco y Segib. Fue fundador y presidente de la Asociación Latinoamericana de
Población, así como fundador y director de Revista Latinoamericana de Población. En la actualidad forma parte de los comités editoriales de diversas revistas académicas de México, Europa, América Latina y Estados Unidos. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores (nivel iii) del Conacyt. Sus libros más recientes son Debates contemporáneos en Migración Internacional, E pur si muove. Elementos para una teoría de las migraciones en el capitalismo global, Vidas vulnerables. Migración, derechos humanos y políticas públicas en cinco zonas fronterizas de América Latina. Correo-e: acanales60@gmail.com Rodolfo Casillas R. está adscrito desde 1991 a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede académica de México, como profesor e investigador. Su trabajo versa sobre migraciones centroamericanas y transcontinentales hacia y de paso por México, trata de personas, redes humanitarias y delictivas, y pluralidad religiosa. Recientemente publicó el libro Aspectos sociales y culturales de la trata de personas en México, y el texto «Visible and invisible: undocumented migrants in transit through Mexico», en Compassionate migration and regional policy in the Americas, coordinado por Steven W. Bender y William F. Arrocha. Su trayectoria académica puede consultarse en www.rodolfocasillasr.org Thomas Faist, doctor por la Nueva Escuela de Investigación Social, es profesor de Sociología en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Malmö y en la Universidad de Toronto. Además, dirige el Centro de Migración, Ciudadanía y Desarrollo (Comcad). Su área de investigación abarca relaciones transnacionales, migración transfronteriza, ciudadanía y política social. Ha sido coautor de The volume and dynamics of international migration and transnational social spaces y Environmental migration and social inequalities. Su próximo libro se titula The transnationalized social question: migration and the politics of inequality in the 21st Century. Actualmente dirige proyectos de investigación acerca del posicionamiento social de los migrantes en la Unión Europea y sobre estudiantes internacionales de China y Japón en el Reino Unido y Alemania. Su trayectoria
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académica puede consultarse en http://www.uni-bielefeld.de/soz/personen/ faist/ Correo-e: thomas.faist@uni-bielefeld.de Lelio Mármora, sociólogo argentino especializado en migraciones, es director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, así como en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y en el Instituto del Servicio Externo de la Nación, Argentina. Durante 1973 MIGRACIÓN y DESARROLLO
y 1974 estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones; de 1987 a 1997 fue jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones; asimismo, de 1994 a 2002 fue director del Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica en Materia Migratoria; finalmente, entre 2003 y 2007 fue director general del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Sofía Meza estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, un máster en Cooperación Internacional y Desarrollo en América Latina por la Universidad Rey Juan Carlos y una maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación ue-alc por la Universidad de Guadalajara. Ahora cursa el doctorado en Ciencias Sociales 194
en la Universidad de Guadalajara. Ha sido consultora para gobiernos estatales y municipales, empresas privadas y organismos no gubernamentales. Sus líneas de investigación comprenden procesos migratorios y cooperación internacional. En-
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tre sus publicaciones resaltan «Fin del colapso y nuevo escenario migratorio México-Estados Unidos», con Alejandro I. Canales, y «El retorno en el nuevo escenario de la migración México-Estados Unidos» en el libro Migración de retorno. Colombia y otros contextos internacionales. Correo-e: desoff@hotmail.com Jorge Antonio Morales Cardiel cursa el doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus investigaciones se centran en migración indocumentada, políticas públicas hacia la migración y geopolítica. Publicó los artículos «La enchilada light» en San Gregorio de Portoviejo, «La inmigración indocumentada por países de tránsito, nuevo paradigma de los sistemas migratorios: el caso de México y Marruecos» en Perspectivas Geográficas y «Migración y (sub) desarrollo: una aproximación teórico-estructuralista» en Diarios del Terruño. Reflexiones sobre migración y movilidad. También es autor del libro El control de fronteras a cambio de los derechos humanos. Antoine Pécoud es profesor de sociología en la Universidad de París 13, investigador asociado del Centro de Investigaciones Internacionales y miembro del Instituto de Migraciones en Francia. Estudió el doctorado en Antropología Social en la
Universidad de Oxford. Entre 2003 y 2012 trabajó como funcionario público internacional en la sede de la unesco en París. Es autor de Depoliticising Migration. Global Governance and International Migration Narratives y coeditor de varios libros y números especiales de revistas, incluidos Migration without Borders. Essays on the free movement of people, Migration and human rights. The United Nations Convention on Migrant Workers’ Rights, Migration and climate change, The politics of international migration management e International organizations and the politics of migration. Eduardo Torre Cantalapiedra, de nacionalidad española, es doctor en Estudios de Población por El Colegio de México. Actualmente, como posdoctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México sus líneas de investigación se enfocan en migración internacional y políticas migratorias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel i) de Conacyt. Es autor de «Las respuestas mexicanas frente a la Ley Arizona y el rol de los estados en la gestión inmigratoria estadounidense», publicado en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales; y «Participación de jóvenes mexicanos en daca: un análisis exploratorio en perspectiva individual y familiar en dos contextos de políticas ‹inmigratorias› contrastantes», que apareció en Huellas de la Migración. Correo-e: eduardotorrephd@gmail.com Charles Alexander Woolfson, sociólogo escocés, laboró en el Departamento de Derecho de la Universidad de Glasgow, así como en los Estados Bálticos a principios y mediados de la década de 2000 como investigador sobre normas laborales y ambiente de trabajo. Durante tres años fue designado por la Comisión Europea para impartir la Cátedra Marie Curie a tiempo completo en la Universidad de Letonia. Desde 2010 ha sido profesor de Estudios Laborales (ahora emérito) en el Instituto de In-
vestigación sobre Migración, Etnicidad y Sociedad (remeso), en la Universidad de Linköping, Suecia, donde ha escrito sobre la migración y ampliación europea, el modelo social europeo, la crisis financiera y económica global, el brexit y los estándares laborales. Cabe resaltar que pertenece al consejo editorial de International Union Rights y Work, Employment and Society. De sus publicaciones recientes destacan «Trade unions and immigration in Sweden», con A. Neergaard, «The moral discourses of ‹post-crisis› neoliberalism: a case study of Lithuania’s labour code reform», con A. Juska, y «Crisis, austerity and the demise of Social Europe», con J. Sommers.
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Normas para la recepción de originales
1. Migración y Desarrollo es una revista semestral de investigación científica ar-
bitrada y publicada por la Red Internacional de Migración y Desarrollo. 2. Los trabajos deberán ser inéditos y sus autores se comprometen a no someterlos simultáneamente a la consideración de otras publicaciones. Deberán ser resultado o avance de investigaciones originales de alto nivel, enmarcados en las Ciencias Sociales y enfocados en el problema de la migración internacional y el desarrollo. Pueden enviarse trabajos en español y en inglés; serán publicados en esos idiomas. Los autores conceden su permiso para que sus artículos sean difundidos por medios impresos y electrónicos por la Red Internacional de Migración y Desarrollo. 3. Los autores deberán remitir los originales en formato compatible con los programas estándares de procesamiento de textos (Word) en plataforma Windows tamaño carta, a doble espacio y por una sola cara, con tamaño de letra de 12 puntos en fuente Times New Roman. 4. Considerando que una cuartilla tiene 27 renglones y entre 60 y 64 caracteres con espacios e interlineado doble, los trabajos tendrán una extensión de entre 20 y 25 cuartillas; los textos destinados a las secciones «La voz de los actores», entre 12 y 15, y a «Coyuntura y debate», entre 15 y 20. 5. Los trabajos deberán acompañarse de los siguientes datos, con una extensión no mayor de diez líneas: nombre completo del autor o los autores, nacionalidad, máximo nivel de estudios alcanzado, institución, centro de adscripción y línea de investigación, cargo que desempeña, número telefónico, dirección postal, dirección electrónica, dos o tres referencias bibliográficas de las publicaciones recientes o relevantes, información que considere relevante. 6. Anexo al artículo, deberá enviarse un resumen de 150 palabras (o diez renglones) en el idioma en que esté escrito y cinco palabras clave, que faciliten su inclusión en los índices y bases de datos bibliográficos. Migración y Desarrollo traducirá, en su caso, el resumen al inglés y utilizará esa síntesis para su difusión en el portal de Internet de la propia Red. 7. Los cuadros, mapas y gráficas deberán presentarse de forma clara y precisa; invariablemente deberán incluir la fuente o el origen de procedencia, y en el
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texto deberá indicarse su colocación exacta. Es importante considerar que la revista se imprime en negro y que, por lo mismo, la información referida a los gráficos deberá ajustarse a estas condiciones; en ningún caso se podrá incluir en la publicación un elemento gráfico en color (es necesario prescindir de recursos tales como «códigos de color»). Para la mejor presentación de estos elementos, se requiere el envío de los archivos en los que se elaboró el gráfico (Excel, Illustrator, Photoshop, InDesign). 8. Se presentarán las notas a pie de página y deberán estar escritas a renglón corrido (a un espacio) y numeración corrida (progresiva), e incluirse al pie de la página correspondiente. Las llamadas deberán ser numéricas. 9. Deberán insertarse las citas en el texto abriendo un paréntesis con el apellido del autor, el año de la publicación; en caso de ser citas textuales se añadirá también el número de página. Ejemplo: (Durand, 2003:14). Las referencias bibliográficas completas se desplegarán al final del texto, en orden alfabético y de acuerdo con el siguiente formato:
Libro
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Apellido del autor, nombre [en caso de haber otro u otros autores, nombre y apellido] (año), Título del libro, ciudad de publicación, editorial.
Ejemplo Petras, James y Henry Veltmeyer (2003), La globalización desenmascarada. El imperialismo en el siglo xxi, México, Miguel Ángel Porrúa. Capítulo de libro Apellido del autor, nombre [en caso de haber otro u otros autores, nombre y apellido] (año), «Título del capítulo», en Apellido del autor, nombre(es), Título del libro, ciudad de publicación, editorial, páginas.
Ejemplo Orozco, Manuel y Steven Wilson (2005), «Para que las remesas produzcan resultados», en Donald Terry y Steven Wilson, Remesas de inmigrantes. Moneda de cambio económico y social, Washington, bid.
Artículo de revista Apellido del autor, nombre [en caso de haber otro u otros autores, nombre y apellido] (año), «Título del artículo», Nombre de la revista, número (volumen), páginas.
Ejemplo Kandel, William y Douglas Massey (2002), «The Culture of Mexican Migration: A Theoretical and Empirical Analysis», Social Forces, 3(80), pp. 125. Consulta en línea Apellido del autor, nombre [en caso de haber otro u otros autores, nombre y apellido] (año), «título del artículo», en url
Ejemplo Banco Mundial (bm) (2002), «Empowerment and poverty reduction: A sourcebook», en http://siteresources.worldbank.org/intempowerment/ Resources /4863121095094954594/draft.pdf 10. Para siglas, acrónimos o abreviaturas, la primera vez que se usen deberá escribirse el nombre completo; luego, entre paréntesis, la forma que se utilizará con posterioridad.
Ejemplo Banco Mundial (bm), Consejo Nacional de Población (Conapo), producto interno bruto (pib). 11. Los originales serán dictaminados por evaluadores anónimos seleccionados entre expertos del tema tratado por el artículo. En razón de lo cual, los nombres de los autores u otra forma de identificación solamente deberá figurar en la página inicial. Los dictámenes serán comunicados a los autores en un plazo no mayor a 60 días después de la recepción del artículo. El principio de confidencialidad será la guía.
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