Privatización de los bienes comunes by comunidaduaed

Privatizaciรณn

bienes comunes de los

Discusiones en torno a la sustentabilidad, precarizaciรณn y movimientos sociales

Privatización

bienes comunes de los

Discusiones en torno a la sustentabilidad, precarización y movimientos sociales Guadalupe Margarita González Hernández Humberto Márquez Covarrubias Roberto Soto Esquivel Coordinadores

Universidad Autónoma de Zacatecas

MÉXICO

2017

Esta investigación, arbitrada por pares académicos, se privilegia con el aval de la institución coeditora.

Primera edición, marzo del año 2017 © 2017 Universidad Autónoma de Zacatecas ISBN 978-607-8368-46-4 © 2017 Por características tipográficas y de diseño editorial Miguel Ángel Porrúa, librero-editor Derechos reservados conforme a la ley ISBN 978-607-524-123-4 Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de gemaporrúa, en términos de lo así previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, por los tratados internacionales aplicables. IMPRESO EN MÉXICO libro

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San

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Álvaro

Obregón,

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CDMX

Introducción Guadalupe Margarita González Hernández*

Actualmente se vive una fase de extensión y profundización de la extracción del plusvalor desde distintos ámbitos: el deterioro de los términos de inter cambio; el papel que cumple el Estado; la apropiación del territorio, de los recursos naturales y de los bienes comunes; la migración y, finalmente, bajo los proyectos de la banca del desarrollo, las microfinanzas. La clase capita lista ha revolucionado, intensificado y ampliado las formas más complejas de extraer excedente y, por consiguiente, de maximizar sus ganancias. Las tra dicionales maneras de obtenerlo a través de la extenuación de la jornada de trabajo o de la intensificación de la productividad se compaginan con la explo tación de los recursos naturales, la apropiación de los bienes comunes y pú blicos, así como con la aplicación de políticas económicas de fomento a la inversión extranjera. Al maximizar la obtención de plusvalor bajo la forma de la modalidad rela tiva, el uso intensivo del trabajo mediante la profundización de la composición orgánica de capital, en la cual el desarrollo tecnológico ha tendido a cambiar las composiciones nanotecnológicas de los materiales, ha traído consigo fuertes riesgos o advertencias no sólo en el medio ambiente, sino en los procesos pro ductivos, la relación contractual entre el capital y el trabajo, las normativida des e, incluso, en la asociación producto-consumidor. En tanto, la aplicación de estos modelos de innovación, sin evaluar áreas como la agricultura y sin analizar el contexto socioeconómico, político y cul tural de la región donde se lleva a cabo, provoca el desperdicio de recursos y capacidades de agentes y actores involucrados; a la vez, se intensifican las de sigualdades en producción, productores y territorios, y se deteriora la calidad * Responsable de la Red Internacional de Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Humana. 5

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Guadalupe mARGARITA González Hernández

de vida de productores, productos y suelos, lo que permite el posicionamiento hegemónico del capital. Y para ello, las metamorfosis de la clase capitalista en oligarquía rentista, agroexportadora o asociada al capital transnacional no es problema. Los trabajos de Humberto Márquez Covarrubias, James Cypher, Víctor López Villafañe, Carl-Ulrik Schierup, Guillermo Foladori, Noela Invernizzi, Édgar Záyago Lau, Óscar Pérez Veyna, Elivier Reyes y Karla Viridiana Rosales reflejan asiduamente cómo la capacidad política de la clase capitalista determina el rumbo del modelo económico a nivel regional y local, así como sus intereses en la aplicación de políticas económicas, incluso en gobiernos progresistas como los últimamente manifestados en América del Sur. Al final, el proceso de intensificación y amplificación de la extracción del plusvalor no pudo efectuarse exclusivamente con la correlación de fuerzas a favor del capital, por lo que fue imprescindible un aliado que permitiera el control social y político de la población: el Estado. Contrario a su bandera ideológica de retiro voluntario de la economía, el Estado ha mermado su capacidad de control político, de distribuir a cuen tagotas la riqueza social, y ha creado las condiciones para proteger y renta bilizar los intereses económicos mundiales y locales. Los cambios en los marcos legales, la apertura de mercados y de procesos de producción a los grandes capitales transnacionales han intensificado la degradación ambiental y humana, en concreto en los países periféricos a las dinámicas globales del capital. Con la anuencia del Estado, el capital ha desmembrado todas las redes de cooperación, producción y reproducción entre la sociedad y ha extraído la riqueza natural sin respeto, ni medida con el fin de consolidar su posición hegemónica y garantizar su supervivencia gracias al mantenimiento de la ganancia. En este sentido, los textos de Humberto Márquez Covarrubias, Henry Veltmeyer, Édgar Záyago Lau, Carl-Ulrik Schierup, James Cypher, Víctor López Villafañe y Guadalupe Margarita González Hernández ayudan a entender el posicionamiento estatal como agente facilitador de la acumu lación de capital. La extracción del plusvalor en el periodo neoliberal sólo es posible por la explotación de la fuerza laboral del hombre. Jornadas laborales extenuantes, desaparición o disminución de derechos laborales, colusión o apabulla miento de la fuerza sindical, transferencia de creatividad, trabajos forzados, abaratamiento de la venta, integración de los trabajadores a las finanzas como sujetos de microcréditos que los sumergen en deudas impagables, migra ción a los centros neurálgicos de desarrollo tecnológico y productivo han di mensionado en una fase superior la acumulación ampliada de capital.

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Introducción

Así, la migración global es parte de la dinámica actual del desarrollo capi talista en su versión neoliberal como el mecanismo de transferencia, no sólo de la fuerza de trabajo calificada y no calificada, y disponible por sí misma, sino como creadora de plusvalor y, por lo tanto, de ganancias, al tiempo que la fuerza de trabajo migrante es estigmatizada y criminalizada con el pro pósito de abaratarla, precarizarla y hacerla vulnerable ante posibles crisis económicas. Cabe resaltar que la acumulación de capital, el incremento de la xenofobia, la explotación e intensificación de trabajo han provocado un fortalecimiento de las clases dominantes y el surgimiento de movimientos anticapitalistas, entre ellos, movimientos de los mismos marginados y asociaciones independientes, casos debatidos por Humberto Márquez Covarrubias, Raúl Delgado Wise, Carl-Ulrik Schierup y Roberto Soto Esquivel. La acumulación de capital a una fase superior sólo puede ser explicada a través de las diferenciaciones territoriales. La extracción de materias primas e insumos desde el sur, demandada por los procesos productivos de punta y por los patrones de consumo localizados en el hemisferio norte, ha sido esen cial para el funcionamiento de la acumulación capitalista mundial desde sus orígenes; no obstante, en la época neoliberal actual, su intensificación y pro fundización ha sido mayor. Con la extracción desmedida de los recursos na turales del suelo y del subsuelo, así como con el acaparamiento y el despojo de tierras a campesinos y comunidades indígenas, que carecen de los títulos de propiedad privada establecidos por la lógica capitalista, y con apoyo y justi ficación del Estado, agente que busca el desarrollo económico con distribución de la riqueza por medio de la venta de materias primas, el capital sustenta su nueva forma de acumulación. Pero el campo no sólo es motivo de disputas centro-periferia; la ciudad es el espacio territorial donde se manifiestan claramente las correlaciones de fuerza entre las relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, en es pacios segregados y fragmentados en los que se da la prioridad a los espacios de comercialización y producción en detrimento de los de convivencia y ge neración de prácticas cotidianas; al tiempo que la ciudad es la expresión de las decisiones políticas y económicas que se realizan fuera del ámbito terri torial, donde se suscitan modelos alternativos de organización ciudadana. El capital, en búsqueda de nuevas formas de apropiación y reproducción de plus valor, en coacción con el Estado, utiliza los espacios públicos y rentabiliza el patrimonio para darle un nuevo orden de funcionamiento y planeación al espacio urbano. En tanto, la ciudadanía, ya sea bajo procesos de contestación o de proposición, construye modelos alternativos de convivencia social, muchos

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de ellos con un cariz incluso anticapitalista. Los ensayos de James Cypher, Henry Veltmeyer, Édgar Záyago Lau, José Déniz Espinós y Guadalupe Margarita González Hernández pueden dar cuenta de ello. La intensificación de las desigualdades regionales y sociales, la exclusión, la precarización y la marginación propiciadas por las clases hegemónicas con la anuencia del Estado han permitido el resurgimiento de resistencias, luchas y movimientos en contra del despojo y el cercamiento de bienes co munes, declarados movimientos anticapitalistas con soluciones alternativas que revelan la plena descomposición y crisis del actual estado de vida civili zatorio. No obstante, tales movimientos, en algunas de sus modalidades, aún tienen que madurar en su definición. Este tipo de movimientos sociales no reconoce que existen asimetrías de poder entre agentes, regiones y países que provocan el deterioro y la profundización de las desigualdades. Por lo tanto, más que ser movimientos que contrarresten el deterioro ambiental o que evidencien el despojo, deben convertirse en luchas en la arena política, don de la experiencia histórica vivida por parte de sindicatos, organizaciones no gubernamentales, clase capitalista, trabajadores precarios, marginados, cam pesinos despojados y comunidades expulsadas ha sido distinta, quienes le han dado sentido diferente al debate de los impactos del capitalismo. Estas pistas son descubiertas por Darcy Tetreault, Henry Veltmeyer, Carl-Ulrik Schierup, Carlos Mallorquín, Guillermo Foladori, Noela Invernizzi, Édgar Záyago Lau y Guadalupe Margarita González Hernández. El presente libro está diseñado bajo dos temáticas de investigación, la pri mera, referida al análisis de la globalización, crisis y alternativas al desarrollo, evidencia el actual proceso de transformación del sistema capitalista mundial a partir de una perspectiva histórica y contextualizada. Desde la teoría crítica, estructuralista e institucionalista, se examinan las grandes tendencias inmer sas en fenómenos como la globalización, la dinámica del capital, el papel del Estado, las crisis, los mercados laborales, la financiarización, el extractivismo, las desigualdades sociales y los movimientos sociales. La cuestión de desarrollo es caracterizada a partir de los grandes problemas, como el desarrollo desigual, la nueva división internacional del trabajo, el intercambio desigual, el cambio climático y los conflictos sociales, que se complementan con la exploración de las grandes alternativas de desarrollo en el plano teórico y práctico. Esta temática es expuesta en los trabajos de Darcy Tetreault, Carlos Mallorquín, James Cypher, Henry Veltmeyer, Édgar Záyago Lau, Humberto Márquez Covarrubias y Víctor López Villafañe. La segunda temática estudia el desarrollo, la migración y los movimientos sociales en los ámbitos regionales y locales, en los que las nuevas y complejas

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Introducción

dinámicas migratorias abordan las problemáticas sociales de los distintos tipos de migración y su reconfiguración geográfica, así como los circuitos y patrones migratorios; además, se analizan los mercados laborales, las condiciones de vida y de trabajo, los sindicatos, las organizaciones civiles, los movimientos so ciales, la violación de los derechos humanos, la intromisión del crimen orga nizado, las dinámicas del capital que se caracterizan por una marcada re estructuración en los sistemas de innovación que modifica las modalidades del trabajo científico-tecnológico, el Estado y las clases sociales en el ámbito es pacial y temporal, sin desconectarse de los grandes procesos globales. Dentro de la segunda temática se encuentran las aportaciones de Raúl Delgado Wise, Carl-Ulrik Schierup, Guadalupe Margarita González Hernández, José Déniz Espinós, Guillermo Foladori, Noela Invernizzi, Édgar Záyago Lau, Roberto Soto Esquivel, Óscar Pérez Veyna, Elivier Reyes y Karla Viridiana Rosales. Es pertinente comentar que este libro es una segunda entrega de los tra bajos realizados en el marco de la Red Internacional de Desarrollo, Susten tabilidad y Seguridad Humana, como una de sus tareas de discutir, inter cambiar y difundir todo lo relacionado con el seguimiento del proceso de desarrollo, sustentabilidad y seguridad humana, sin pretender establecer un paradigma único o una definición exclusivamente normativa, en la búsqueda de una agenda alternativa que posibilite la participación estratégica de una amplia diversidad de sectores de la sociedad civil en el proceso de transfor mación social. Al respecto, su publicación fue apoyada con recursos del profocie 2014-2015 y forma parte del proyecto “Integración de Redes Temá ticas de Colaboración de Cuerpos Académicos” del prodep Tipo Superior, al cual la red pertenece. Se agradece a los participantes miembros de la red su colaboración para enriquecer la discusión y su apoyo para el logro de este libro. En especial, a Roberto Soto Esquivel y a Humberto Márquez Covarrubias, quienes ayudaron a su coordinación.

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Primera parte

Globalizaciรณn, crisis y alternativas al desarrollo

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Tres formas de ecología política Darcy Tetreault*

Introducción

¿Qué es la ecología política? Ésta no es una pregunta fácil de responder. Desde la década de 1970, el término ha sido utilizado para referirse a los diversos enfoques críticos que estudian el nexo entre la sociedad y la natu raleza. Ciertamente, las definiciones abundan, pero no son consistentes y con el tiempo se han ampliado y vuelto ambiguas.1 Como se verá, esta ten dencia refleja dos visiones epistemológicas para investigar el desarrollo: la perspectiva materialista, asociada con la economía política marxista, y el post estructuralismo, centrado en el análisis del discurso y la construcción social de los problemas ambientales. Peter Brosius (1999) identificó tal dicotomía con cierta precisión y ha sido adoptada por autores como Alimonda (2006) y Martínez Alier (2011). Sin negar la utilidad heurística de diferenciar las dos corrientes, argumento en este escrito la existencia de una tercera forma de ecología política que busca trascen der las dicotomías materialismo/idealismo, estructura/agencia y objetividad/ subjetividad. En ese afán, algunos investigadores que se identifican como ecologistas políticos han recurrido a una u otra clase de eclecticismo (por ejemplo, Blaikie, 1999; Bebbington, 2011); mientras que otros, en una fron tera borrosa con el ecomarxismo, aplican al razonamiento dialéctico de Marx para trascender las mismas divisiones (por ejemplo, Peluso y Watts, 2001; Harvey, 1996; Foster et al., 2010). * Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 1 Véanse las definiciones encontradas en los siguientes textos: Blaikie y Brookfield (1987: 17), Blaikie (1999: 114), Escobar (1999: 3), Watts (2000: 257), Lipietz (2002: 25), Robbins (2004: 12), Alimonda (2006: 51), Palacio (2006: 147), Bebbington (2011: 26) y Leff (2012: 1). Además, véase Robbins (2004: 6-7), para una lista de siete definiciones entre 1979 y 2000. 13

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El objetivo de este texto es esbozar las tres formas de ecología política y señalar dónde la tercera forma se traslapa con el ecomarxismo. De esa manera, pretende contribuir a mapear el complejo terreno de este creciente campo de investigación a través de una amplia pero no exhaustiva revisión de la literatura. La primera sección traza la genealogía de la ecología política, con referencia a textos que abordan el tema con mayor detalle. La segunda indica cómo las tres formas se han reunido en la escuela latinoamericana de la eco logía política. La tercera investiga el grado en el cual los enfoques materia lista y postestructuralista pueden ser reconciliados, con respecto a debates de larga data en la filosofía occidental sobre materialismo versus idealismo. La cuarta esboza la tercera forma de ecología al destacar las diferencias entre posturas constructivistas “suaves” (o moderadas) y “duras” (o extremas), además de presentar algunos ejemplos de cómo el constructivismo suave o moderado ha hecho acercamientos con enfoques materiales al recurrir al eclecticismo o al razonamiento dialéctico, el cual tiene la ventaja de ser más coherente en términos epistemológicos. La emergencia de dos formas de ecología política

A Eric Wolf se le atribuye el uso por primera vez del término ecología polí tica en un artículo publicado en 1972, año en que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo.2 Aquél fue un periodo en el cual las preocupaciones ecológicas empezaron a recibir mucha atención de los medios masivos de comunicación, como reflejo del amplio mo vimiento medioambiental que estaba formándose en Estados Unidos, Europa y en otros lugares. Las explicaciones neomalthusianas, que vinculaban el crecimiento demográfico con la degradación ambiental, eran populares en los círculos dominantes, con hitos en las publicaciones de Paul Ehrlich (1968), Garrett Hardin (1968) y Donella Meadows et al. (1972). Poco después, los enfoques marxistas para analizar los problemas ambientales aparecieron en trabajos como los de Barry Commoner (1972), Hans Magnus Enzensberger (1974) y André Gorz (1975), dando énfasis en la necesidad de ver los pro blemas ambientales a través del análisis de clases y las consecuencias de las contradicciones inherentes al desarrollo capitalista por su imperativo cre cimiento económico. Además, durante la década de 1970, emergió la 2 Véase Bryant y Bailey (1997), Blaikie (1999), Watts (2000), Robbins (2004), Palacio (2006), Delgado Ramos (2013). En una consideración distinta, Enrique Leff (2012) reporta que el tér mino ecología política apareció en la literatura académica en 1935, en un artículo escrito por Frank Throne. Asimismo, Forsyth (2003) hace referencia a un libro publicado en 1967, por B. Russett, con el término ecología política en el título.

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Tres formas de ecología política

sociología ambiental como un área distinta de investigación en Estados Unidos, en un tardío “reconocimiento del hecho de que los ambientes físi cos pueden influir (y a su vez ser influidos por) sociedades y comportamientos humanos” (Dunlap y Catton, 1979: 244). De acuerdo con Bryant y Bailey (1997), el campo de la ecología política apenas existía hasta la segunda mitad de la década de los ochenta, cuando se publicaron diversos estudios emblemáticos, como los de Blaikie (1985) y Hetch (1985). Estos estudios y muchos otros reflejan un intento por aplicar el análisis estructural y de clase para explicar la degradación ecológica en esce narios regionales específicos. En ese sentido, la primera fase de la ecología política fue dominada por un enfoque neomarxista estructuralista basado en supuestos materialistas. La “cadena de explicaciones” de Blaikie y Brookfield (1987) es ilustrativa. Su método toma como punto de partida los factores basados en el lugar que afectan la manera en que los diferentes actores explotan los recursos natu rales; estos actores luego se vinculan a grupos sociales más amplios y, final mente, se hacen las conexiones con factores no locales que emanan del Estado y de la economía global. En otro ejemplo, Redclift (1987) emplea un enfoque del sistema mundial para analizar la historia del desarrollo de la agricultura global en un intento por identificar vínculos con los procesos de transformación y deterioro ambiental desde el periodo colonial. Greenberg y Park (1994), en su artículo introductorio del primer vo lumen del Journal of Political Ecology, sugieren que los primeros trabajos en el campo de la ecología política reflejan una fusión entre una “economía polí tica ampliamente definida”, la ecología cultural (también conocida como antro pología ecológica) y la ciencia natural de la ecología. Identifican las raíces de la ecología política en las teorías de la dependencia, los estudios del campe sinado y la teoría del sistema-mundo que emergieron en las décadas de los sesenta y setenta. A ellas se añade la ecología cultural que fue desarrollada en Estados Unidos durante el mismo periodo, que explica las prácticas de ma nejo ambiental y las creencias del campesinado y grupos indígenas del Tercer Mundo, en particular con respecto a su adaptación funcional a los ecosistemas. Al rastrear la emergencia de la ecología política, Watts (2000) empieza con la confluencia de tres grupos de ideas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial: la fertilización cruzada entre la cibernética, la teoría de sis temas y la ecología de comunidades; el desarrollo de respuestas humanas a peligros y desastres; y los temas gemelos de la evolución cultural y el mate rialismo cultural dentro de los campos de la antropología y la geografía. En

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la reconstrucción genealógica, durante la década de 1970 estas ideas en traron en contacto con los estudios del campesinado, las teorías de sistemamundo, las teorías de la dependencia y el marxismo estructural, lo que originó la primera fase de la ecología política. La segunda fase se puso en marcha a inicios de la década de 1990 (Bryant y Bailey, 1997; Watts, 2000; Durand et al., 2012), con la emergencia del análisis del discurso, el giro hacia los estudios de caso a nivel local que daban voz a la gente afectada ambientalmente y a los grupos marginados, y con el enfoque en las formas cotidianas de resistencia. En esa línea, los trabajos tempranos en el área de la ecología política eran criticados inter alia por prestar poca atención a la manera en que el medio ambiente y los problemas ambientales son cons truidos socialmente por una miríada de actores (Watts, 2000). El enfoque estructuralista que dominó la primera fase no desapareció. Fue sujeto de críticas severas, desde una perspectiva postestructuralista y pos moderna,3 por ser demasiado rígido y determinista, no dar cabida suficiente a los sujetos sociales (o sea, la agencia), y no prestar suficiente atención a los temas de género, raza y cultura. Desde el punto de vista postestructuralista extremo, fue criticado por suponer que la investigación científica puede ser la base para construir metanarrativas que reflejen una realidad objetiva, así como por dar por sentado la existencia no problematizada de la naturaleza y de la interacción humana con pautas determinadas por las relaciones sociales que dimanan de cierto modo de producción. Al inicio, la visión posestructuralista de la ecología política tomó el ca mino de la deconstrucción del discurso dominante de desarrollo sustentable articulado en el Informe Brundtland en 1987, y consagrado subsecuentemen te en la agenda que surgió de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. En ese sentido, el trabajo pionero de la ecofeminista india Vandana Shiva (1994a; 1994b) expuso el carácter imperialista del Programa Ambiental Global orquestado por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como los tintes patriarcales del discurso convencional del desarrollo sustentable en torno a la conservación de la bio diversidad. Asimismo, Wolfgang Sachs (1993) reunió una colección de tra bajos para examinar críticamente las narrativas ambientales que circulan en 3 De acuerdo con algunos autores, existen diferencias entre posmodernismo y postestructu ralismo. Aggar (1991), por ejemplo, sugiere que el postestructuralismo es una teoría del cono cimiento y del lenguaje, mientras que el posmodernismo es una teoría de la sociedad, la cultura y la historia. Al mismo tiempo, reconoce que hay un traslape sustancial entre los dos términos y que autores como Michel Foucault y Jean François Lyotard podrían ser reivindicados por cualquier ámbito. En otro ejemplo, Sarup (1993) asocia el posmodernismo con el trabajo de Lyotard, pero sugiere que los dos términos pueden ser utilizados como sinónimos.

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las agencias de desarrollo y en conferencias internacionales, con el propósito de develar los poderosos intereses corporativos, las agendas imperialistas y las nociones racistas que yacen detrás de los principales programas de desarrollo sustentable para la gestión ambiental. Con respecto a alternativas, estas contribuciones tempranas a la ecología política postestructuralista abo gaban por la necesidad de actuar localmente, recuperar el conocimiento ecológico tradicional y fortalecer las instituciones locales para la gestión co lectiva de los recursos (véanse Agarwal y Narain, 1993; Esteva y Prakash, 1997; y Shiva, 1994a). Emergió poco después otro estilo de análisis de discurso postestructu ralista en el ámbito de la ecología política, mucho más autorreflexivo en su consideración de las implicaciones epistemológicas del “giro al discurso”. En esa línea, el trabajo del antropólogo colombiano Arturo Escobar es emblemático: El análisis del discurso postestructuralista no es solamente una teoría lin güística; es una teoría social, una teoría de la producción de la realidad social que incluye el análisis de representaciones como factores sociales, inseparable de lo que comúnmente se piensa como “realidad material”. El postestructu ralismo se enfoca en el papel del lenguaje en la construcción de la realidad social; trata al lenguaje no como un reflejo de la “realidad” sino como consti tutivo de ella (1996: 326).

Escobar no niega la existencia de una realidad biofísica que es prediscur siva y presocial; sin embargo, insiste en que “la naturaleza siempre es cons truida por nuestros procesos discursivos y de significación” (1999: 1-2). Así, busca analizar las dimensiones culturales de los conflictos socioambientales (Escobar, 2006). De manera similar, Peet y Watts (1996) adoptan un enfoque postestructuralista conocido como ecología de la liberación con el propósito de ayudar a develar los discursos de resistencia y darles más difusión. Llevado a su conclusión lógica, el método de deconstruir textos puede ser usado para desacreditar, no sólo los discursos de las poderosas agencias de desarrollo dominantes, sino también aquellos asociados con movimientos ambientales y sociales. Esto es lo que hace Forsyth, en su esfuerzo por “demos trar las fuerzas políticas detrás de las diferentes explicaciones de la ‘ecología’ como una representación de la realidad biofísica” (2003: 4). Al igual que la mayoría de los ecologistas políticos influidos por la teoría lingüística post estructuralista y por la sociología constructivista, no niega la existencia de un mundo biofísico real per se, sino que argumenta que la ciencia es incapaz de reflejar sus estructuras subyacentes de causalidad, que finalmente llevan

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al relativismo, al “rechazo de las declaraciones universales de la verdad, y más extremo, el rechazo del objetivismo o de cualquier propósito unitario de explicación” (Forsyth, 2003: 70). Hacia finales de la década de 1990, estas dos formas generales de eco logía política se habían desarrollado lo suficiente para distinguir con claridad los dos prototipos: uno materialista, influido por la economía política marxista, y otro postestructuralista, influido por una escuela de pensamiento francesa encabezada por Jacques Lacan, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jean Braudrillard y otros.4 Brosius lo expuso sucintamente en sus comentarios sobre el trabajo de Escobar: [La forma materialista] representa una fusión de la ecología humana con la economía política. Toma como su punto de partida la existencia de una base material/ecológica no problematizada y una serie de actores, diferencia damente empoderados y con intereses claros, disputando las demandas de los otros por los recursos en un contexto ecológico particular. Opuesto a esto está una forma de ecología política influenciada por la teoría postestructu ralista social y representada por el trabajo de Watts, Rocheleau y otros. Lo que más caracteriza esta perspectiva es que interpreta a la “naturaleza”, así como a las identidades e intereses de varios agentes, como contingentes y proble máticos (1999: 17).

Con la emergencia de la forma postestructuralista de la ecología política, trazar la genealogía del ahora pluriepistemológico campo de la ecología polí tica devino en una tarea complicada. Un esfuerzo amplio puede ser encontrado en Robbins (2004), quien se enfoca mayormente en la tradición angloame ricana. Además de revelar las influencias de trabajos anteriores de las áreas de economía política y ecología cultural, Robbins hace referencia a la geo grafía europea del siglo xix e inicios del siglo xx, a la investigación temprana en asuntos de salud ambiental y bienestar en Estados Unidos, y a la investi gación sobre desastres naturales, la cual progresó a lo largo del siglo xx para convertirse en las preocupaciones actuales acerca del cambio climático. Áreas contemporáneas de traslape e influencia, de acuerdo con Robbins (2004), incluyen los estudios de la propiedad común, el materialismo verde (conocido también como ecomarxismo), los estudios del campesinado, los estudios del desarrollo feminista, la historia ambiental crítica, los estudios poscoloniales y, finalmente, el postestructuralismo. 4 Véase Sarup (1993) para un compendio general del postestructuralismo/posmodernismo que resume y contrasta las contribuciones de dichos autores, las feministas francesas y los denomi nados “nuevos filósofos”.

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Tres formas de ecología política

Es interesante que Robbins considera al anarquista ruso Peter Kropotkin (1842-1921) como el primer ecólogo político. Ello tiene resonancia con las opiniones expresadas en la literatura iberoamericana de ecología política, por ejemplo Martínez Alier (2011), Alimonda (2012) y Leff (2012), quienes su gieren que los narodnikis y los filósofos anarquistas del siglo xix eran precur sores del pensamiento contemporáneo de la ecología política. He aquí las raíces de algunas de las tensiones que actualmente existen entre la ecología política (en su forma materialista) y el ecomarxismo; es decir, los viejos debates entre anarquistas y marxistas. Otro esfuerzo ambicioso por trazar el campo de la ecología política ha sido emprendido por Enrique Leff (2012), un representante clave de la escuela latinoamericana de ecología política, quien ha migrado progresivamente, a lo largo de los años, del neomarxismo al postestructuralismo.5 Desde su pers pectiva, la ecología política abarca la ecología profunda, el ecofeminismo, la ecología cultural y la etnobiología. Leff menciona entre los precursores a Herbert Marcuse, Ivan Illich, Walter Benjamin, Martin Heidegger y Claude Lévi-Strauss. Indica los traslapes contemporáneos entre la ecología política y el ecomarxismo y presta mucha atención a las contribuciones de Michel Foucault. Además, considera la descolonización del conocimiento como otra corriente intelectual que ha confluido en la ecología política, junto con las epis temologías del Sur, con referencia al trabajo del Boaventura de Sousa Santos. En esta reconstrucción abigarrada, la ecología política es definida como “el estudio de las relaciones de poder y el conflicto político en torno a la distri bución ecológica y las luchas sociales por la apropiación de la naturaleza” (Leff, 2012: 5). Leff propone una epistemología política (denominada epistemología ambiental) que se orienta hacia una política de la diferencia; esto es, una que busca guiar a los movimientos socioambientales para la reapropiación de la naturaleza. Mas su aproximación “no ofrece una base epistemológica fuerte para una política de la diferencia —que reconozca la diferencia entre lo real y lo simbólico— en la construcción social de la sustentabilidad” (2012: 16). Como tal, representa una postura postestructuralista dura o extrema. 5 Leff ha pasado de un análisis marxista heterodoxo de los procesos ecológicos en las diná micas de acumulación del capital (Leff, 1986) a un discurso complejo y epistemológicamente pluralista en la década del 2000, que se inclina hacia el posestructuralismo. En un texto afirma que “el discurso de la ecología política no es el discurso lineal que hace referencia a los hechos, sino aquél de la poesía y la textura conceptual” (2003: 38). De acuerdo con lo anterior, su trabajo reciente es de alguna manera poético, aunque ambiguo. Al mismo tiempo, exhibe erudición considerable.

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Ecología política latinoamericana

Enrique Leff es uno de los innumerables investigadores que han contribuido a la formación de la escuela latinoamericana de ecología política. Arturo Es cobar es otro. Dicha escuela emergió desde finales de la década de los ochenta y ha sido esbozada y descrita inter alia por Alimonda (2006; 2011), Palacio (2006) y Delgado Ramos (2013), todos afiliados al Grupo de Trabajo en Eco logía Política, una comunidad académica no institucionalizada, patrocinada por el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales. Héctor Alimonda ve la escuela latinoamericana de ecología política como un programa de investigación enfocado en la modernidad/colonialismo, el cual cuestiona la visión hegemónica de la ciencia occidental y las metanarra tivas, y busca entender el nexo sociedad-naturaleza mediante el punto de vista de la primera periferia del sistema colonial europeo (2011: 23). Argumenta que la perspectiva modernidad/colonialismo implica un diálogo multidisci plinario continuo con las tradiciones latinoamericanas de pensamiento crítico y hace hincapié en la importancia de los trabajos de Aníbal Quijano, Fernando Coronil y Walter Mignolo sobre la colonialidad del poder, el poscolonialismo, las geopolíticas del conocimiento, el conocimiento subalterno, el pensamiento fronterizo y otros similares. Desde un ángulo diferente, Alimonda (2006; 2011) —al igual que Palacios (2006)— observa traslapes entre la ecología política latinoamericana y la historia ambiental, especialmente en cuanto a la coloni zación de la naturaleza, que incluye la del imaginario colectivo y los significados simbólicos de la naturaleza. Aquí yace la corriente postestructuralista de la ecología política latinoamericana. Alimonda adopta la epistemología política de Leff y aboga por colocar el análisis de las relaciones de poder en el centro de la ecología política latino americana. De ese modo, intenta reconciliar los acercamientos materia listas y postestructuralistas, y celebra su complementariedad en la medida en que ésta pueda contribuir a una política de la diferencia. Desde su pers pectiva: “Una Ecología Política que parta de la centralidad de los dispositivos materiales y discursivos del poder no correría el riesgo de caer en el economi cismo o en el biocentrismo, ni tampoco en circuitos cerrados idealistas, que pierdan de vista la conexión de las prácticas sociales con la materialidad del mundo” (2006: 51). Palacios (2006: 147) también sugiere colocar la política en el centro de la ecología política latinoamericana, en el sentido más amplio de la palabra, para incluir la política de los movimientos socioambientales e indígenas. Se inclina hacia un acercamiento postestructuralista que reconoce las contri

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buciones de Forsyth (2003) al exponer los mitos de los principales discursos científicos en relación con el medio ambiente. Según Palacios (2006: 147), “la ecología política discute los aspectos de la fabricación, construcción o sistematización social de la naturaleza no sólo en cuanto a los asuntos ‘materiales’, como tales, sino a su construcción imaginaria o simbólica”. De tal manera, rechaza la pretensión de objetividad de la ciencia social positivista y explícitamente asume una postura política, comprometido con los reclamos de justicia ambiental hechos por grupos subalternos, dando legitimidad a sus narrativas y visiones del mundo. Delgado Ramos advierte que, junto con el estudio de la colonización de la naturaleza, la ecología política incluye un análisis del metabolismo socio económico de las sociedades, o sea “la apropiación, transformación, distri bución y consumo de energía y materiales, y la consecuente generación de desechos” (2013: 48). Su propia investigación refleja la orientación materia lista. En consecuencia, ve al ecomarxismo y a la economía ecológica crítica como las principales corrientes de pensamiento reunidas en la tradición latinoamericana de ecología política (Delgado Ramos, 2013). No obstante las diferencias epistemológicas, él sigue de cerca a Alimonda (2006) en es bozar la genealogía del campo y en rendir homenaje a Enrique Leff, Arturo Escobar y Joan Martínez Alier. Además, Delgado Ramos destaca las contri buciones de Héctor Alimonda, Germán Palacios y Víctor Toledo. A decir de todos, el trabajo de Joan Martínez Alier es un punto de refe rencia central para la escuela latinoamericana de ecología política. Él es el fundador y editor en jefe de la publicación Ecología Política desde su comienzo en 1994. En años recientes, ha promovido y coordinado la construcción de un proyecto global de investigación para estudiar conflictos de distribución eco lógica e injusticia ambiental: Organización de Justicia Ambiental, Pasivos y Comercio (ejolt). Martínez Alier es tal vez mejor conocido por su trabajo sobre el ecolo gismo de los pobres, el cual desafía la noción de que la protección del medio ambiente es un asunto que brota de las sociedades ricas (o segmentos adine rados de las sociedades del Sur), cuyas necesidades materiales básicas han sido aseguradas, dando lugar a preocupaciones posmaterialistas (una tesis asociada con el trabajo de Ronald Inglehart). En esa relación, Martínez Alier define la ecología política como el estudio de los conflictos de distribución ecológica. En Estados Unidos, este tipo de conflictos ha dado lugar a movimientos de justicia ambiental que se oponen al establecimiento de instalaciones para residuos tóxicos y de industrias contaminantes en o cerca de comunidades de bajos ingresos, habitadas por población hispana, afroamericana e indígena

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(Guha y Martínez Alier, 1997; Schlosberg, 2007; Harvey, 1996). En el Sur global, los conflictos ecológico-distributivos enfrentan de manera prototípica a los grupos subalternos (con sus aliados en la sociedad civil) contra actores privados y estatales. Estos últimos son promotores de la expansión de activi dades extractivas, industrias contaminantes y megaproyectos de desarrollo ambientalmente destructivos, mientras que aquéllos luchan sobre la base de sus necesidades materiales contra la desposesión de su territorio, recursos na turales productivos, espacios recreativos y paisajes culturales; en defensa de su salud, su sustento y formas de vida. Esto es lo que Martínez Alier llama el ecologismo de los pobres. Corresponde a las luchas de abajo que buscan “sacar los recursos naturales de la esfera económica, del sistema de mercado gene ralizado, de la racionalidad mercantil, de la valoración crematística (reducción del valor a costos y beneficios monetarios) para mantenerlos o devolverlos a la oikonomia (en el sentido con que Aristóteles usó la palabra, parecido a ecología humana, opuesto a crematística)” (Martínez Alier, 2012: 59). De acuerdo con dicha definición, el ecologismo de los pobres se traduce en mo vimientos sociales anticapitalistas y en defensa de los bienes comunes. Martínez Alier enfatiza la forma materialista de su enfoque. Hace explí cito que su libro El ecologismo de los pobres “no tiene un enfoque constructivista y no puede entenderse sin la base sólida que proveen las ciencias ambientales” (2011: 20). Al mismo tiempo, reconoce que los dos estilos de ecología política pueden ser combinados o, cuando menos, complementarios. Sobre ese punto, aclara cómo el análisis del discurso puede ayudar a explicar el uso de distintos lenguajes de valoración en el ámbito cultural de los conflictos socioambientales. A fin de completar un poco más este esbozo de la ecología política lati noamericana, es preciso mencionar el trabajo de Durand, Figueroa y Guzmán (2012), quienes ofrecen una revisión amplia de la ecología política mexicana. Ellos afirman que la ecología política “no constituye un cuerpo teórico uni ficado” (2012: 289). Desde su punto de vista, existen tres perspectivas: 1) la neomarxista, que consideran deficiente en tanto da poca importancia a la capacidad de los actores sociales; 2) la perspectiva centrada en los actores sociales, que destaca la capacidad de agencia y relega las explicaciones es tructurales a un segundo plano; y 3) la ecología política postestructuralista, que parte de la premisa de que la realidad es socialmente construida. Se inclinan hacia las últimas dos, sin distinguir claramente entre ellas, cuando abogan por la necesidad de “dirigir, con mayor énfasis, nuestra mirada hacia el poder, en los lenguajes y las practicas [sic] de dominación que ocurren dentro y entre las instituciones de gobierno, la iniciativa privada, las organi

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zaciones no gubernamentales, la academia y las comunidades” (2012: 299). Por otra parte, reconocen la necesidad de dirigir investigaciones a “los víncu los entre procesos locales de degradación y conflicto ambiental, con aconte cimientos que se desarrollan a nivel global, resaltando el papel de la política internacional y el flujo de capitales” (2012: 299). Al igual que otros represen tantes de la ecología política latinoamericana, muestran una apertura hacia la pluralidad epistemológica. Materialismo versus idealismo

Detrás de la emergencia de las dos formas de ecología política delineadas con anterioridad, hay debates filosóficos de mucho tiempo en cuanto a la habi lidad humana de comprender la esencia interna y el funcionamiento de nuestro entorno material. Son debates acerca de la naturaleza de la realidad y la conciencia humana, de cómo se perciben y construyen discursivamente modelos para interpretar el ambiente social y natural. Con múltiples permu taciones que trascienden el espectro político, giran alrededor del conflicto entre dos posiciones ontológicas y epistemológicas: materialismo versus idealismo. El grado en el que las dos visiones paradigmáticas son irreconciliables alude a las tensiones que existen en la actualidad en la ecología política, así como a los límites de una posición intermedia basada en el eclecticismo. Kant fue un idealista, al igual que Hegel, cuyos razonamientos dialécticos fueron apropiados y transformados más tarde por Marx en su materialismo histórico. De acuerdo con Kant, la realidad es caótica e incomprensible en sí misma. Sólo adquiere significado para los humanos a través de intuiciones puras (espacio y tiempo) y categorías a priori (por ejemplo, causa y efecto, unidad, pluralidad y totalidad). Estos constructos mentales actúan como filtros, por lo que se perciben las cosas, no en su esencia, sino en la forma en que se manifiestan en el pensamiento. El materialismo asevera la primacía del mundo material. En otras palabras, todo lo que existe depende del medio ambiente natural. Así, la materia es anterior e independiente del pensamiento. Ésta es una suposición que subyace en la ciencia positivista, así como en el marxismo, en el análisis político eco nómico estructuralista y en la forma material de la ecología política. El idealismo, en contraste, radica sobre la creencia de que las ideas tienen el poder para determinar la realidad. Lo anterior incluye a las filosofías sustentadas en las premisas metafísicas de que las esencias conceptuales y/o espirituales con ciben la realidad; de modo semejante, las teorías sociales constructivistas

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afirman la primacía del lenguaje en modelar nuestra realidad experimentada de manera subjetiva. El materialismo tiende al ateísmo y al papel central del azar; mientras que el idealismo comprende creencias religiosas y espirituales concernientes a la existencia de seres divinos o de Dios. En el campo de la ecología política, el ambientalismo verde profundo (deep green, véase Devall, 2001) es idealista en la medida en que pone énfasis en la necesidad de que la humanidad resta blezca o fortalezca nexos espirituales con el mundo natural y con otras especies. Asimismo, referencias a lo sagrado de la Madre Tierra —particularmente en los discursos de los movimientos indígenas de resistencia contra la desposesión en el continente americano— reflejan una forma espiritualista de idealismo. Incidentalmente, estos discursos presentan un dilema para los ecologistas políticos y para los ecomarxistas comprometidos con las nociones materia listas. Harvey (1996: 389), por ejemplo, las clasifica “tanto problemáticas como empoderadoras” y John Bellamy Foster (2000) pinta a todos los sistemas de creencia espiritual con la misma brocha teleológica y las rechaza desde el punto de vista del materialismo marxista. En la filosofía occidental, las visiones materialistas e idealistas pueden ras trearse hasta la antigua Grecia. Platón fue un idealista. Argumentaba que las abstracciones geométricas y las formas ideales son más reales que las formas que percibimos. En su teoría, los objetos físicos, los organismos vivientes y sus cualidades (como la bondad o la justicia) corresponden a formas ideales, cuya existencia trasciende el mundo material y a las mentes de la gente. Estas formas ideales dan perfil a las manifestaciones imperfectas en el mundo ma terial, como las sombras en las paredes de una cueva, a las cuales nuestras per cepciones sensoriales se encuentran limitadas. En contraste, Epicuro, un filósofo griego que nació poco después de la muerte de Platón, fue materialista. Su trabajo sería el tema de la tesis doctoral de Marx. La visión de la realidad de Epicuro retoma las ideas desarrolladas anteriormente por Leucipo y Demócrito, quienes vieron al mundo hecho de átomos diminutos en un vacío. Los átomos, según Epicuro, no se mueven de acuerdo con patrones determinados; algunos viran bruscamente, dando lugar al elemento del azar. Con base en esa visión, se deriva la máxima epicúrea: “Nada es creado nunca, por el poder divino, a partir de la nada” (citado por Foster, 2000: 35). Aun durante la era de la Ilustración, mientras los descubrimientos cientí ficos empezaron a arrojar dudas sobre los dogmas de la Iglesia, en las mentes de muchos de los grandes filósofos europeos dominaban varias formas de idea lismo. Descartes expresó de manera breve y concisa: “Pienso, luego existo”.

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Hegel derivó su pensamiento dialéctico a partir del tratamiento de Kant del enfrentamiento entre dos principios: necesidad y libertad. La dialéctica hegeliana era idealista, basada en la tensión entre dos ideas opuestas (dua lismos), cuya resolución hace avanzar a la filosofía, que a su vez configura a la sociedad. Marx hizo una ruptura epistemológica con el idealismo (Veltmeyer, 1978). Afirmaba que los seres humanos dependen del mundo material, debido a la necesidad de producir y reproducir las condiciones de su existencia bio lógica y social por medio del trabajo. Así, en el materialismo histórico de Marx, la historia avanza no a través de la interacción de ideas sino por la praxis en el mundo real, la resolución dialéctica de la contradicción entre fuerzas y rela ciones de producción. Siguiendo al filósofo de la ciencia Roy Bhaskar, Foster distingue tres niveles de materialismo: el ontológico, que afirma “la dependencia unilateral del ser social con respecto al ser biológico (y, de forma más general, físico) y la emer gencia del primero a partir del segundo”; el epistemológico, que asevera la existencia independiente y la actividad transfáctica de al menos algunos de los objetos del pensamiento científico; y el de la práctica, que testifica “el papel constitutivo de la agencia transformadora humana en la reproducción y transformación de las formas sociales” (Bhaskar, citado en Foster, 2000: 2). En opinión de Foster, aunque el enfoque de Marx se hallaba principalmente en el materialismo práctico, fue consistentemente materialista en los tres niveles a lo largo de su vida, empezando por su tesis doctoral. Sin entrar en debate de si hubo o no un rompimiento epistemológico en el trabajo de Marx —Veltmeyer (1978) sigue a Althusser en sostener que lo hubo y que ocurrió precisamente en 1845—, existe la certeza de que el en foque de Marx fue consistentemente materialista en términos ontológicos. Asimismo, en términos epistemológicos, el materialismo histórico de Marx se tradujo en un método estructural-histórico de análisis de clase que influyó fuer temente la primera fase de la ecología política y que sigue constituyendo la base epistemológica de numerosos trabajos en la actualidad. No obstante, el análisis estructuralista en la ecología política fue atacado en los años noventa del siglo xx por ser demasiado rígido y determinista, no sólo por sociólogos y marxistas heterodoxos, quienes cuestionaban el papel subordinado de la agencia en el cambio histórico y el protagonismo asignado al proletariado industrial, sino también por los postestructuralistas, quienes empezaron a cuestionar aun la base ontológica del materialismo, en su giro hacia el análisis del discurso. En ese sentido, la escuela francesa de pensamiento postestructuralista, que emergió en las décadas de 1960 y 1970, representó un ataque directo al

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marxismo, así como a las teorías económicas liberales de la modernización. Inspirada por los trabajos de Nietzsche, la hermenéutica de Dilthey, la fenome nología de Husserl y las teorías críticas de la escuela de Frankfurt, esta escuela de pensamiento esencialmente idealista sostiene que toda experiencia es me diada e interpretada a través de símbolos del lenguaje (Lacan). El lenguaje es visto como inestable e indeterminado en lo que se refiere a la relación entre significado y significante; un texto oculta tanto como revela y puede ser decons truido para exponer temas binarios suprimidos, desestabilizando sus afirma ciones verdaderas (Derrida). Así, discursos, ideas y hechos son verdaderos sólo en la medida en que provengan de gente y grupos sociales poderosos; los dis cursos científicos no tienen mayores fundamentos para sostenerse como ver daderos que la literatura de ficción o los mitos locales (Foucault). Según los postestructuralistas franceses, el progreso humano es una ilusión heredada desde la época de la Ilustración; Hegel y Marx la compartieron y, en conse cuencia, sus trabajos están incluidos entre las metanarrativas para ser recha zadas a favor de las narrativas heterogéneas, pequeñas, locales y culturalmente específicas. Llevado a un extremo, dicho acercamiento epistemológico tiende al relativismo, por lo cual todos los discursos son igualmente (in)válidos, y la verdad y la falsedad objetivas son por completo indistinguibles. La tercera forma de ecología política

En vista de las diferencias aparentemente irreconciliables entre materialismo e idealismo, vale la pena preguntar en qué medida las dos formas de ecología política esbozadas pueden ser reconciliadas. No hay duda de que posicio nes extremas —análisis estructuralista rígido y determinístico, por un lado, y posturas relativistas absolutas, por el otro— se hallan en pugna. Sin embargo, como se ha visto, varios autores que han abordado la tarea de mapear el campo de la ecología política están dispuestos a dar la bienvenida tanto a acercamientos materialistas como postestructuralistas. Además, algunos eco logistas políticos promueven el eclecticismo, ya sea de manera abierta (Blaikie, 1999) o implícita (Bebbington, 2011), en su esfuerzo por desarrollar una tercera forma de ecología política que pretende ser un punto intermedio y com plementario entre las dos formas generales. Sobre ese camino intermedio, es importante señalar que un acercamiento materialista no es necesariamente uno estructuralista; la investigación etno gráfica puede también descansar sobre nociones materialistas (véanse Garibay y Balzaretti, 2009; Panico y Garibay, 2014). De la misma manera, no toda la ecología política postestructuralista es idealista. Hay innumerables posiciones

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intermedias. Éstas han sido esbozadas por los autores que distinguen entre enfoques constructivistas con distintos grados de compromiso con el materia lismo ontológico (por ejemplo, Demeritt, 1998; Lezama, 2004). En una formulación, Jones (2002: 247-248) resalta el “espectro de pen samiento que constituye el construccionismo social” y argumenta que hay una falacia epistémica que sugiere que todos los acercamientos constructivistas “rechazan la existencia de una sola realidad externa (realismo ontológico)”. Desde esa perspectiva, hay una alternativa: “Aceptar el relativismo epistemo lógico (por ejemplo, que nunca podremos conocer la realidad exactamente como es), mientras se rechaza el relativismo ontológico (por ejemplo, que nuestras representaciones del mundo no están constreñidas por la naturaleza)”. Jones denomina a esto el constructivismo moderado y lo contrasta con el cons tructivismo extremo del relativismo ontológico, relacionado con el posestruc turalismo y el posmodernismo. Robbins hace una distinción similar entre constructivismo suave y duro. El segundo “hace soberanos los sistemas simbólicos de los humanos sobre todas las otras realidades, aparentemente incapacitando la investigación empírica de las ciencias ambientales tradicionales” y el primero “sostiene que nuestros conceptos de la realidad son verdaderos y tienen fuerza en el mundo, pero que reflejan entendimientos de una realidad empírica incompletos, incorrectos, tendenciosos y falsos” (2004: 114). En estos términos, el acercamiento suave o moderado coincide con el lla mado de Escobar (1999: 3) a una “posición más equilibrada que admita tanto el constructivismo de la naturaleza en contextos humanos […] [como] la na turaleza en un sentido realista, que es, la existencia de un orden independiente de la naturaleza”. Como ya se aludió, Escobar admite al materialismo ontoló gico, sin soslayar un enfoque epistemológico en la cultura y el lenguaje. En el extremo contrario están los ecologistas políticos comprometidos con un acercamiento materialista, aunque vean algún mérito en el constructi vismo. Martínez Alier es un ejemplo. En el medio, la tercera forma de ecología política recurre al eclecticismo o razonamiento dialéctico para superar la di visión entre materialismo y postestructuralismo. Muestra de ello es el trabajo del sociólogo británico Anthony Bebbington, quien ha realizado numerosas investigaciones sobre la minería en la región andina de Sudamérica. Bebbing ton ha sido influido por la teoría de la estructuración de Anthony Giddens sobre la agencia humana, la visión de Alberto Melucci en torno de los nuevos movimientos sociales como sistemas de acción, el enfoque en la resistencia cotidiana (everyday forms of resistance) de John Scott, la teoría de la acción comu

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nicativa de Jürgen Habermas, el enfoque orientado al actor de Norman Long y el trabajo sobre poder y conocimiento de Michel Foucault. Por consi guiente, su propio perfil busca ser “menos estructuralista y menos marxiano” (Bebbington, 2011: 32; énfasis del original). Al mismo tiempo, Bebbington pretende no perder de vista las dinámicas de la acumulación de capital en el ámbito global. Así, propone visualizar los procesos de cambio ambiental a través de los lentes de lo glocal; esto es, to mando en cuenta los factores económico políticos en los ámbitos local, na cional y global, que se articulan en formas complejas para transformar entornos territoriales específicos. Con este método busca explorar “las diferencias, las tensiones y los proyectos divergentes que coexisten dentro de los movimien tos sociales, en el interior de las comunidades campesinas y, de hecho, dentro de las mismas empresas extractivas” (2011: 33). En la práctica, esto equivale a un enfoque orientado al actor, que abarca una examinación de las estrategias cotidianas de subsistencia y resistencia, así como los discursos que son ejer cidos por diversos actores en el ámbito de batalla cultural. Entre la ecología política y el ecomarxismo, se localizan estudios con un enfoque dialéctico. Peluso y Watts analizan la relación sociedad-natu raleza con la meta de entretejer los hilos estructurales y etnográficos de la investigación de conflictos socioambientales violentos como “un fenómeno en un lugar específico enraizado en las historias locales y relaciones sociales, pero conectados a procesos más grandes de transformación material y rela ciones de poder” (Peluso y Watts, 2001: 5). Su punto de partida son los derechos por los cuales diferentes actores ganan acceso a los recursos en el proceso de trabajo de transformación de la naturaleza. Abogan también por un “acer camiento orientado al actor que incluye actores en los ámbitos local, nacional y global, integrando un análisis del discurso en estudios geográficos sobre cómo el mundo biofísico es transformado por factores sociales, históricos y culturales” (Peluso y Watts, 2001: 5). Ello se traduce en estudios de caso que exhiben la riqueza de datos empíricos con explicaciones que buscan articular patrones y regímenes de acumulación, formas de acceso y control sobre los recursos naturales, relaciones sociales de producción, los actores involu crados en dichas relaciones y los campos de poder institucionales y discursivos en los cuales operan. En una coherente exposición de pensamiento dialéctico, David Harvey plantea la división materialista-idealista en los siguientes términos: Las teorías del reflejo del lenguaje (la idea de que las palabras son miméti cas de las realidades que describen) chocan aquí con las ideas constructivistas

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(la visión de que nuestro entendimiento de lo “real” es construido a través de las palabras). Y hay toda clase de posiciones intermedias y formulaciones sin téticas dialécticas que tienden un puente sobre o median estos binarios simples. No puedo resolver estas controversias (dudo que alguien alguna vez pudiera) (1996: 83-84).

Harvey contribuye a trascender la división al proponer un marco teórico consistente en seis momentos que interaccionan dialécticamente al impulsar el cambio histórico: lenguaje/discurso, creencias/valores/deseos, instituciones/ rituales, prácticas materiales y relaciones sociales y de poder. En su formu lación, aunque el “lenguaje tiene un papel vital que jugar en la construcción de entendimientos de una acción mediadora en el mundo” (1996: 85), no recibe un papel privilegiado en determinar la realidad, como lo asignan los postestructuralistas. En otras palabras, no existe una relación definitiva en un solo sentido entre el lenguaje y las prácticas materiales. En última instancia, Harvey sigue a Marx en afirmar que las prácticas materiales de producción y reproducción operan “tanto como el punto inicial como el punto de medición del logro” (1996: 93; énfasis en el original). Conclusión

La ecología política es un campo de investigación científica que exhibe plura lidad epistemológica. Entre los dos prototipos identificados por Brosius (1999) —materialista y postestructuralista— hay un camino en el medio que cons tituye una tercera forma de ecología política, un tercer prototipo que toma en cuenta no sólo cuestiones histórico-materiales y distributivas, sino también la dimensión simbólica-discursiva de los conflictos socioambientales. Sobre la base común del materialismo ontológico, el constructivismo moderado puede ser reconciliado con el materialismo, incluso con respecto al análisis estructural que va más allá del ámbito local, o bien mediante el eclecti cismo o el razonamiento dialéctico. Esta tercera forma de ecología política ha sido terreno fértil para debates y reflexiones epistemológicos, y ha orientado un número creciente de investigaciones en América Latina acerca de las com plejas relaciones de poder implicadas en la configuración productiva de terri torios específicos.

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Fuentes consultadas

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Preámbulo

La primera parte del ensayo discute y presenta dos libros de reciente aparición que examinan aspectos del desarrollo desde una perspectiva latinoamericana. Se hace una crítica a ciertas interpretaciones sobre el estructuralismo latinoame ricano en uno de ellos y a los silencios y desconocimientos del mismo en el otro. Otra idea es intentar trascender la aparente contradicción entre la gestión de los recursos renovables y la transformación y reforma de las relaciones sociales para pensar el desarrollo desde la noción de las asimetrías de poder, lo cual requiere una lectura alternativa del estructuralismo. En la primera sección se revisan algunos conceptos de Raúl Prebisch para escrudiñar la idea del mer cado, precios y ganancias; en la segunda, se propone una serie de categorías y conceptos para pensar las asimetrías de poder a partir de la noción de la heterogeneidad, consecuencia de las diversas formas de posesión en separación de los recursos productivos y necesidad de constituir al agente. Para concluir, se ofrece un bosquejo de un mapa político que podría generarse desde una perspectiva que inicia en la visión sobre la heterogeneidad económico-social de la región. En la región latinoamericana, la política del desarrollo parte del de sacuerdo:1 un discurso surgido de la confrontación y del antagonismo de las formas de reflexionar en torno a la reorganización y la transformación * Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 1 Jaques Ranciere teoriza acerca de esta área discursiva: “La actividad política es la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar; hace ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí donde sólo el ruido tenía lugar, hace escuchar como discurso lo que no era escuchado más que como ruido” (1996: 45). 35

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de las relaciones sociales asimétricas entre agentes de diverso orden, por un lado, y respecto de los discursos entonces hegemónicos de procedencia eu ropea y anglosajona, por el otro. La narrativa que sigue no supone que pueda sostenerse de modo con gruente la idea de la existencia de un ángulo o perspectiva privilegiada general para reflexionar sobre la política del desarrollo, pero el pensamiento estruc turalista latinoamericano se distingue por la manera en que planteó la trans formación de las sociedades de la periferia y deja abierta la posibilidad de que pueda ser útil incluso para pensar problemáticas del centro. Recientemente, en América Latina han aparecido dos libros cuyos obje tivos plantean discutir problemáticas regionales, tanto teóricas como prácticas, en materia de políticas del desarrollo. A su manera, ambos se proponen encarar posibles alternativas desde la periferia, asumiendo la existencia de ciertos discursos y vocabularios surgidos en la región, o sea, con lógicas teóricas que contravienen o trascienden aquellas que gobiernan los aparatos discursivos en los ámbitos políticos y académicos del centro. Algunos han denominado el proyecto como un movimiento decolonial del saber/poder (Lander, 2000); otros lo llaman la perspectiva del Sur (Connell, 2007). De hecho, algunas de las ideas examinadas en los textos anteceden por décadas a su bautismo actual con dicha designación. No obstante, los libros se acercan desde diversos ángulos a la problemá tica del desarrollo: es a partir del ámbito de la “ecología” que Gobernanza ambiental en América Latina (De Castro et al., 2015) afronta la reflexión; a su vez, Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo xxi (Bárcena y Prado, 2015) lo hace desde la “economía”. Los entrecomillados reflejan las mutaciones teóricas y del vocabulario que subyacen a los planteamientos y que con dificultad pueden agruparse bajo ciertas “disciplinas”. Es posible que desde algunos de los textos incluidos en Gobernanza ambiental… puedan aducirse violaciones a sus postulados al ser incorporados en una discusión sobre una política del desarrollo. Mas ello puede ser pro ducto de cierto desconocimiento del estructuralismo latinoamericano cuya visión de la política y la economía se fundamenta en una característica multi escalar del objeto por examinar y transformar, término extensivamente uti lizado en Gobernanza ambiental… Heterogeneidad es una noción teórica eminentemente latinoamericana; en un inicio se empleó para pensar la región respecto a la homogeneidad de la economía del centro y más tarde se convirtió en un concepto meridiano y

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más general (Mallorquín, 2011).2 Las condiciones de existencia del “océano de pequeñas y medianas empresas” (Bertola, 2015: 269), la variabilidad pro ductiva que presenta, su volatilidad y variados ritmos son características de la región que no pueden eludirse y requieren una explicación. Aquí se subraya que las formas de ejercer cierto poder entre las unidades y las zonas debe domi nar el enfoque: supone una perspectiva que va más allá de una visión tecnoló gica y no es exclusiva del trópico (Guy y Skott, 2006; 2013; Dosi et al., 2010); se trata de las asimetrías de poder que gobiernan las “interacciones sociales y arreglos institucionales” (De Castro, Hogenboom y Baud, 2015: 17). Desde la década de los cincuenta, la tesis llamada centro-periferia (estruc turalismo latinoamericano), relacionada con el nombre de Raúl Prebisch, resaltó que la evolución y la transformación de las sociedades o economías de los países periféricos suponía la deconstrucción y reconstrucción de las ciencias sociales eurocéntricas. Sin embargo, Neoestructuralismo… (Bárcena y Prado, 2015) presenta una variedad de narrativas para pensar y superar la heterogeneidad; el desarrollo supone una tasa de crecimiento (o un oxímoron) y transformaciones sociales. Complementariamente, el desarrollo supone un cambio cualitativo que requiere reformar las relaciones asimétricas de poder: La reproducción de las asimetrías productivas se asocia también a la evolución de variables que están más allá de lo tecnológico. Existen dinámicas sociales y políticas que afectan el ambiente institucional y los incentivos al aprendizaje, y que refuerzan los mecanismos acumulativos del cambio técnico […], debe resaltarse que no existe nada de inevitable o inmutable en la divergencia de los países menos desarrollados (Cimoli y Porcile, 2015: 229).

Lo anterior se evidencia con la distinción entre la idea de crecimiento y la de desarrollo: esta última comprende cambios cualitativos en las asimetrías de poder que presentan ciertas relaciones sociales y que gobiernan el horizonte económico-social de la región latinoamericana. Las transformaciones sociales suponían una tasa de crecimiento y una serie de reformas del Estado y en la economía. Puede ilustrarse también con el título de un texto clásico de Celso Furtado (1967), uno de los progenitores del estructuralismo latinoamericano: 2 Para Alejandro Nadal, la noción de heterogeneidad surge cuando reflexiona sobre la imper tinencia del discurso económico hegemónico para pensar los procesos del desarrollo susten table: “Finalmente, la macroeconomía de la sustentabilidad requiere desagregar y restaurar cierta heterogeneidad a las variables macroeconómicas […]. Debido a que el medio ambiente es un objeto multidimensional heterogéneo, se requiere un esfuerzo especial para restaurar alguna flexi bilidad a los instrumentos de política macroeconómica” (2011: 57 y 146).

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Teoría y política del desarrollo económico. Aquí la política se asemeja a la noción de gobernanza como parte de un proceso que dirigía a la sociedad y criticaba los discursos entonces hegemónicos de que la evolución de las sociedades se resolvía por su cuenta si se otorgaba al mercado primacía para usar y distribuir los recursos productivos, lo cual implicaba asumir como dada la entonces división del trabajo internacional. El surgimiento de la cepal en 1947 y el pensamiento autóctono lo trasfor maron todo en la teoría y en la práctica.3 Preocupan ciertos silencios y hasta retrocesos teórico-prácticos con la reciente aparición de los textos antes mencionados. En concreto, el discurso crítico de la reciente especialización y la exportación de ciertos productos: primarización (Martínez Alier y Walter, 2015), extractivismo, commodities, rentista (Andrade, 2015), por parte de la aca demia de la periferia latinoamericana, sin considerar que se trata de un periodo coyuntural que ha llegado a su fin (Cypher, 2015). En efecto: fueron preci samente esos patrones de exportación los que se intentaban transformar con los encadenamientos hacia atrás y adelante —como lo expresaba A. O. Hirschman— propuestos por las políticas de industrialización de la década de los cincuenta dentro del estructuralismo latinoamericano. Además, los procesos de destrucción creativa, si se me permite un tono schumpeteriano, generaron condiciones en la región, sociales y en infraes tructura, que niegan la pertinencia del uso de dichas categorías para el día de hoy. La contrapartida discursiva, y hasta exacerbada, insiste en la búsqueda de transformaciones tecnológicas cercanas a las de frontera al referirse a las que se observan en el centro (Moreno, 2015; Porta, 2015). Son las dos caras de una perspectiva atrapada por una lógica discursiva que niega aspectos teóricos que configuran la columna vertebral del estruc turalismo latinoamericano. Se exige a ciertos gobiernos que impidan el uso de los recursos no renovables con fines de recaudación de ingresos y su distri bución, sin ofrecer alternativas de reorganización y transformación productivasocial específicas; pero, cuando en algunas ocasiones éstas se fomentan por gobiernos y agentes, se les increpa con la idea de que forman parte del 3 Discurso autóctono producto de un largo proceso de transformación teórica durante las dé cadas de los cincuenta y sesenta (Mallorquín, 2008). Durante la transición teórico-práctica, el centro meridiano de la perspectiva subraya la importancia de pensar las asimetrías de poder (Di Filippo, 2013) de las relaciones sociales que constituyen a la economía y los agentes involucrados, ca tegoría que conjuga naciones, regiones, geografías y unidades productivas de toda índole: “Esta forma de concebir el desarrollo pone el acento en la acción; en los instrumentos del poder po lítico y en las propias estructuras del poder; y éstas son, en último término, las que explican la orientación, eficacia, intensidad y naturaleza de la manipulación social interna y externa de la cultura, los recursos productivos, la técnica y los grupos sociopolíticos” (Sunkel y Paz, 1970: 38; Hernández, 2015).

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universo capitalista (Andrade, 2015). El texto presenta, sin embargo, varios estudios en los que el uso de los recursos por agentes productivos refleja una lógica productiva y un vocabulario y metas muy particulares, los cuales con travienen en gran medida el discurso acerca de la relevancia de la hegemonía del valor mercantil como única vía del desarrollo (Kleiche-Dray y Waast, 2015; Barkin y Lemus, 2015; Walter y Urkidi, 2015; Aguilar-Stöen et al., 2015); en ocasiones se olvida dicho aspecto cuando realiza un historial de lo que se denomina como la visión latinoamericana en torno al medio ambiente (Mar tínez Alier y Walter, 2015). Neoestructuralismo… (Bárcena y Prado, 2015) deambula de manera oscilante entre una visión en la que la transformación estructural supone un liderazgo del proceso bajo el mecanismo de la innovación industrial y, simultáneamente, propone ser conservacionista en materia ambiental (Bielschowsky, 2009; Caldentey Pérez, 2015; Bárcena y Prado, 2015) sin ofrecer opciones en cuanto a la de organización productiva. En ambos libros prevalece una perspectiva, en parte superada teóricamente en los textos clásicos del estructuralismo latinoamericano. La noción de pro ductividad (física) y fomento, recuperada por algunos de los textos en Neoes tructuralismo… es intensificar la inversión en sectores de alto contenido tecnoló gico de capital, máquinas y encadenamientos productivos desde sus primeras fases hasta su terminación (mayor valor agregado, mucho mejor si se trata de un producto de exportación), mientras que Gobernanza ambiental… da por sen tado que algunas prácticas y estrategias en el uso (integrado) de los recursos productivos tradicionales y hasta precolombinos (Kleiche-Dray y Waast, 2015) pueden sustentar ciertos ritmos de aumento de productividad a largo plazo, a pesar de la existencia de aspectos limítrofes intra y extrarregionales (capaci dad de carga) que van mutando dados la migración y crecimiento de las ciudades (Parker et al., 2015; Sejenovich, 2015). No obstante, la evolución teórica del estructuralismo latinoamericano, así como la visión que presenta la ecología marxista o ecodesarrollo (Leff, 2007; Mallorquín, 2014), advierten que las nociones de productividad, difusión y expansión tienen que ver con las diversas formas bajo las cuales pueden reorga nizarse los procesos de trabajo. Ello entraña la transformación de las asimetrías de poder de las relaciones sociales hegemónicas. Precisamente ése fue el proyecto político iniciado por Prebisch. La tesis central del estructuralismo latinoamericano supone identificar y transformar las asimetrías de poder, reformar el universo económico y social. Por lo tanto, la política de industrialización (denominada por algunos como la industrialización por sustitución de importaciones, isi) forma parte no sólo

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del conjunto de políticas proyectadas para defender los precios e ingresos de la periferia, también del imaginario práctico de la transformación política y social. La reorganización espacial y productiva de la política propuesta ge neraría los mecanismos que destruirían la hegemonía de la oligarquía terra teniente. Eludir tales aspectos propicia la invención de una interpretación eco nómica o, peor aún, tecnológica de la historia. Por ejemplo, en la década de 1930, el argumento de Mihail Manoilescu (Love, 1996; 2011) era sencillamente que la industrialización es un impera tivo, pues el comercio entre economías que exportaban productos manu factureros y materias primas ostentaba un intercambio desigual entre las economías en cuestión. La división internacional del trabajo favorecía a las economías industriales debido a que la productividad del trabajo indus trial era mayor al de la agricultura en razón de “cuatro o más, a uno” (Love, 2011: 107).4 Prebisch se distingue de esta postura, en dos aspectos cruciales: a) Rechaza la idea de la existencia de un intercambio desigual entre centro y periferia. Lo que se ha denominado el deterioro de los términos de intercambio tiene otro sustento: conlleva una pérdida de ingresos en ciertas épocas, así como la exis tencia de un incremento favorable en otras. La noción de valor/precio en Prebisch, que se refleja en los intercambios, no representa alguna forma o esen cia ya sea de trabajo o utilidades. b) Negaba que la productividad agrícola fuese necesariamente menor que el de otras áreas de la economía. Relativo a la conformación de los precios, Prebisch expresaba, en un sentido peyora tivo, que las tradiciones del pensamiento económico relevaban argumentos metafísicos.5 Durante la “creciente del ciclo”, aspecto que evidencia la característica ondulatoria del ciclo capitalista, y sus consustanciales desequilibrios, ocurre un incremento de dinero que impulsa hacia arriba producción y precios. No sucede lo que diría la teoría ortodoxa, una baja de los mismos debido a las innovaciones técnicas; éste es el proceso que da “lugar al beneficio de los empresarios” (Prebisch, 1948: 330). No niega las innovaciones, el progreso técnico (frutos del progreso técnico), pero objeta que se suponga la presencia 4 “Esta superioridad se debía al ‘capital específico’, por ejemplo, el capital por trabajador, el cual era mucho más alto en la industria que en la agricultura. El capital específico también indicaba el ‘grado de mecanización’ en cierta industria o actividad económica” (Love, 2011: 107, en Kattel et al., 2011). 5 “En cada etapa de este proceso productivo se crea un valor. No doy a la expresión valor ningún sentido metafísico” (Prebisch, [1949], 1993: 417). Para la teoría de la ganancia en Prebisch, véase Mallorquín (2006).

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de una evolución monotónica entre la ganancia y la productividad. El precio se constituye de varias capas sucesivas de creación de dinero, utilizadas a lo largo de varios y distintos procesos circulatorios mediante los cuales se pagan los factores o insumos requeridos. Insiste que, en dicho proceso, el origen del dinero es una creación del empresario, no proviene de un supuesto ahorro. Para simplificar el argumento, el dinero creado —no cruza fronteras— “absorbe” el “incremento de la producción terminada” (1948: 332). Vale la pena referir algo respecto a la noción de valor o precio en Prebisch, porque ayudaría a reflexionar acerca de la manera en que diversas comunida des en la región plantean las equivalencias o los precios de sus intercambios. En otras palabras, debe examinarse la idea de beneficio o ganancia. Utiliza la contabilidad convencional adoptada por los empresarios: el va lor que dicha proporción de producción en el mercado corresponde a costos y precios (1948: 332), y la diferencia es el beneficio. El residuo del incremento del dinero que queda en el espacio económico vuelve en “forma de beneficio a manos de los empresarios” (1948: 332), lo que deriva la tesis de que es el instrumento monetario el medio típico de acumulación del capital. Existe un límite que impide que el proceso continúe sin interrupciones, cuando la masa de beneficios es por sí sola suficiente para realizar las inversiones sin el aditamento de nuevos incrementos de dinero, […] pero en la realidad no se llega nunca a ese límite por una razón muy sencilla […]. En el límite a que me refiero el incremento de dinero que usan los empresarios se habrá reducido a cero, pero antes de reducirse a cero habrá comenzado a decrecer el incre mento de dinero, por lo mismo que al crecer el beneficio, los empresarios ne cesitan cada vez menos recurrir a incrementos de dinero y van así reduciendo su magnitud (1948: 334-335).6

Pero no sucede el efecto esperado: la disminución de precios, ya que existen obstáculos; de lo contrario volvería la concepción ortodoxa. El beneficio que dicha perspectiva presupone no se elimina por completo. Ello se debe a que en la economía capitalista los beneficios son “irreversibles” (1948: 336). No pueden reducirse porque surge una insuficiencia relativa de la demanda porque el beneficio no florece en la última etapa de producción y venta del producto en cuestión, sino que estuvo generándose a través de varios procesos y etapas productivas entre diversos empresarios mientras se acercaba su culmi 6 Prebisch se distingue radicalmente de Keynes y del pensamiento neoclásico respecto a la noción de la función del ahorro (Mallorquín, 2016).

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nación en el consumidor final, o sea, hasta que se materializaba aquel evento de incertidumbre que Marx llamó el salto mortal.7 El precio de hoy, el precio final, genera el beneficio en toda la cadena de operaciones hasta llegar al precio que se paga también hoy al productor pri mario, o sea que éste va a recibir hoy un monto de beneficio en función del precio de consumo vigente. […] De manera que el valor de oferta de esa mer cadería ha cristalizado, por decir así, la serie de beneficios generados en el proceso productivo, mucho antes que el artículo salga al consumidor final. Este último, en su demanda, confirmará, ratificará o no, esa cristalización de be neficios. […] ¿Será posible que los empresarios se hagan reembolsar los unos a los otros el beneficio que se han venido pagando y cristalizando en el pro ducto final? No es posible. El beneficio ya ha sido confirmado entre los empre sarios y no se puede volver atrás. Esto es precisamente lo que impide al sistema económico reducir instantáneamente sus beneficios acumulados cuando la demanda no es suficiente para absorberlos (Prebisch, 1948: 337).

En contraste con la economía ortodoxa, la competencia no tiene influen cia alguna sobre el monto general de los beneficios en la economía, ya que está dado “exclusivamente por la diferencia entre el incremento de producción y aquella parte de los incrementos de dinero que quedan en el espacio eco nómico. En consecuencia, a mayor cantidad de incrementos de dinero, mayores beneficios, cualquiera que haya sido el monto de la rebaja de los costos a raíz de las innovaciones técnicas que introducen los empresarios” (1948: 355; cursivas del autor). La cuantía del beneficio acontece por dos fenómenos: la actividad produc tiva y la monetaria, por lo que la competencia no altera la “cuantía ni las va riaciones”, sino su distribución “dentro del conjunto de los empresarios” (1948: 355; cursivas del autor). Esto no significa que la competencia no sea importante, sólo quiere decir que su función no es la de “bajar el monto de los beneficios totales que está dado por otros factores sino para establecer la forma en que el beneficio se distribuye entre los empresarios” (1948: 355; cursivas del autor). 7 “Es claro que si todas las etapas del proceso productivo se cumplieran por un solo empre sario, desde la producción de la materia prima hasta la venta del artículo final del consumo, el beneficio aparecerá sólo al final del proceso, según la relación de la oferta y la demanda. Pero la realidad no es así. Hay varios empresarios distribuidos en las distintas fases; y no se espera la venta final para liquidar el beneficio repartiéndolo entre los participantes en el proceso. Los empre sarios se pagan beneficios entre sí con anticipación a la venta final; […] dada precisamente por la duración del proceso. Volvemos pues aquí a encontrar el tiempo” (1948: 338).

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Varía la cuantía del beneficio, “no por la competencia, ya que todos los empresarios, hayan o no realizado innovaciones técnicas, reciben su parte alícuota del mismo pero con base en dicho mecanismo” (1948: 358). Lo que afecta la cuantía del beneficio es el “retorno de la parte de los incrementos de dinero que había salido a otros espacios” durante “el ascenso cíclico” (1948: 358). La producción en proceso supuso ingresos de contrapartida (factores pro ductivos y beneficios), pero los ingresos pagados hoy superan a la producción terminada en el curso del “crecimiento del ciclo”. No existe sincronía entre el proceso productivo y el circulatorio, entre la aparición de los recursos líquidos en el mercado y los productos, y por lo tanto, no puede haber un “perfecto equilibrio entre la demanda global total de ingresos y beneficios pagados y la oferta global (valor de los artículos terminados)”, porque entonces tendría que asumirse una “igualdad entre el tiempo del proceso de circulación de los ingresos y beneficios y el tiempo que tarda el proceso íntegro de la pro ducción” (1948: 418). Hoy, el dinero y la demanda final pagados llegan al mercado mucho antes que la producción en proceso en el transcurso del mismo día; existe, en opi nión de Armando Di Filippo (1981: 54), una asincronía.8 En la visión de Prebisch, la realidad económica la gobierna el tiempo, elemento ontológico último que induce el desequilibrio consustancial de los procesos productivos y circulatorios; explicación de la evolución cíclica de las economías capitalistas: disparidad de tiempos entre el proceso productivo y el circulatorio, entre la entrada y la salida de recursos en el centro y la periferia, entre los diversos procesos productivos. Una vez que se acepta que ciertos ingresos/dinero parten hacia otro es pacio (centro-periferia), el fenómeno del deterioro de los términos de inter cambios se explica por los ritmos dispares respectivos de sus demandas rela tivas. Pero al mencionar la demanda, el argumento de Prebisch no siempre asume la forma ortodoxa sobre las dispares elasticidades precios-demanda entre los agentes en cuestión.9 8 “No hay ningún mecanismo automático en la economía por perfecta que sea la libre con currencia, que asegure la perfecta correlación entre el tiempo de formación de los valores y el tiempo de la circulación de los ingresos generados en el proceso productivo al crear esos va lores” (Prebisch, 1948: 419). 9 “Los productos agrícolas tienen una baja elasticidad precio de la demanda porque se uti lizan como insumos para un producto o bien final. Por ende, un descenso (aumento) en su precio no se traslada de manera plena al producto final; el precio del insumo es sólo un componente del precio del bien final. Además, tienen una baja elasticidad ingreso de la demanda debido a que son considerados (o se aproximan a) bienes inferiores (por ejemplo, la curva de Engel es cóncava).

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En el discurso ortodoxo, las asimétricas elasticidades se explican al aducir que el incremento del ritmo del crecimiento del ingreso en el centro y, por lo tanto, su demanda concerniente a los productos de la periferia no van nece sariamente en la misma dirección o velocidad. La periferia debe diversificar su estructura productiva, la cual se adaptaría a una demanda-ingreso en aumento en una economía, sector o área de mayor productividad. Sin embargo, esa visión hace factible hablar en términos de elasticidades, y de ahí a precios que no cambian fácilmente (sticky prices) cuando estos fenómenos son efectos de una distribución antagónica de recursos y asimetrías de poder diverso.10 De modo insistente, Prebisch alude a las disparidades, no asimetrías, como se diría en la actualidad, entre economías centrales y la periferia, las cuales se manifiestan de manera diversa en las respectivas economías y también en la forma de confrontar las fluctuaciones cíclicas. No existe política anticíclica per se que impida la merma de los ingresos desde la periferia hacia el centro: en la menguante cíclica pierde lo ganado durante el periodo creciente del ciclo. Se requería, además, una política específica que genere la propagación del progreso técnico; puesto que las pérdidas de ingreso hacia afuera obedecen a un fenómeno constitutivo de las relaciones asimétricas entre las economías en cuestión. Si a tales fenómenos se agregan las pérdidas que son producto del declive en la relación de precios entre la periferia y el centro, se suscita un proceso acumulativo-reiterativo durante el cual el centro no solamente se apropia de los frutos de su progreso técnico sino de aquel ocasionado por la propia periferia. El fenómeno más relevante de la explicación acerca de la apropiación, o por lo menos la salvaguarda, de aquellos frutos del progreso técnico tiene que ver con las diferentes formas en que las economías mantienen sus niveles de ingreso en el centro y con los esfuerzos para que los efectos de las fluctuacio nes cíclicas no propicien un descenso en los ingresos de los factores produc tivos en claro contraste con las economías periféricas —dada la debilidad relativa de sus organizaciones sociales—, donde los ajustes de las devaluaciones y las contracciones la obligan sistemáticamente a ello. En ciertos relatos, el deterioro de los términos del intercambio supone reflejar las dispares elasticidades ingreso de la demanda entre el centro-peri A este factor hay que añadir la superioridad tecnológica del centro en la exportación de ma nufacturas. Estas dos propiedades de los bienes que exporta e importa la periferia, con juntamente con la superioridad tecnológica del centro y la estructura de los mercados de bienes y factores, formaron la explicación del deterioro secular de los términos de intercambio” (Caldentey, 2015: 64). 10 En el mismo relato, Caldentey (2015) presenta también la narrativa en términos de las asimetrías de poder.

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feria, aunque en Prebisch resulta claro que dicho fenómeno integra algunos aspectos organizativos de índole financiero y sindical entre los agentes en cuestión. Igualmente, la noción de la inflación estructural, producto teórico de Furtado (1954) y Noyola (1987), incorpora las asimetrías de poder implícitas como explícitas de la obra de Prebisch. Tanto la ausencia de un signo negativo de los términos de intercambio entre centro-periferia durante ciertos periodos como la estabilidad nominal de precios no son indicios de un equívoco teórico del estructuralismo: son aspectos de la configuración de las relaciones sociales contingentes en trans formación. En términos de Wittgenstein (Wade, 2001: 109), puede decirse que el discurso presenta cierta semejanza familiar con el marxismo. Por lo mismo, no toda la discusión en Neoestructuralismo… gira en torno a las dife rentes elasticidades precios-demanda. Desde otro vocabulario teórico, en el examen de la obra de Robinson por parte de Knight (2015) y en el texto de Boyer (2015), la temática del poder11 de la mano de obra y otros agentes encabeza la reflexión sobre la tasa de acumulación real o esperada. El aspecto más preocupante de Gobernanza ambiental… no son las analogías entre la noción de deterioro de los términos del intercambio y el balance comercial físico deficitario (Martínez Alier y Walter, 2015; Sejenovich, 2015) de la periferia, sino su manera de evitar la discusión política en cuanto al papel del Estado en las transformaciones sociales y que requieren por lógica ambien tal una política específica sobre el uso y manejo integrado de los recursos. La noción de gobernanza nos ubica en un espacio ambiguo: entre examinar las políticas gubernamentales y sus disposiciones legales administrativas, la violación sistemática y su reconstrucción. Se mencionan los diversos vocabu larios, científicos y autóctonos de la región, de la justicia ambiental en juego, entre diversas instancias: locales, estatales, nacionales, pero no se visualiza teóricamente a los agentes. Es cierto que son los movimientos sociales (Martínez Alier, Sejenovich; Baud, 2015) quienes evocan los diversos e híbridos discursos y la razón de su lucha, pero su propia diversidad descrita en el libro no permite dilucidar la constitución de los agentes. Es posible reivin dicar la siempre contingente evolución de las identidades en proceso de cons titución, la lucha de los pobres o las etnias, pero no se establecerá concep tualmente algún principio que nos facilite decidir por uno u otro proyecto ambiental. 11 La incorporación de la reflexión feminista de Montaño (2015) termina por sí sola con las concepciones tradicionales de la academia sobre la relación unívoca entre productividad física e ingresos.

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En otro sentido, Gobernanza ambiental… ofrece un avance sustantivo por la diversidad de sus estudios específicos y los modelos discursivos comparados, en torno del uso y abuso de los recursos productivos, pero sin vocabulario que pueda delimitar el alcance de los resultados y sus evaluaciones (Walter y Urkidi, 2015; Parker et al., 2015). Incluso, si se describieran bajo una noción más general como gobernanza postliberal, no podrían agruparse bajo una misma lógica histórica. Posesión en separación y la constitución de los agentes

Las economías, los agentes y sus respectivos horizontes en mutación no obe decen ninguna preestablecida racionalidad, ya que sus condiciones de exis tencia no observan características generales. La diversidad de formas de po sesión en separación forma parte de ciertas condiciones de existencia de las unidades productivas, producto de las asimetrías de poder entre sí y los agentes, lo cual hace imposible elaborar una explicación general de los obs táculos estructurales y su transformación. En otras palabras, se niega la exis tencia de un representante general o racionalidad preconstituida como se observa en la economía ortodoxa. La hegemonía de ciertos agentes sobre ciertos ramos, sectores, economías, así como las razones de su éxito económico, no pueden definirse con anticipa ción al análisis específico. Ante la ausencia de nociones que presuponen agentes preestablecidos, su constitución se convierte en el centro de la reflexión teóricopráctica. Ello explica que el deterioro de los precios del intercambio no se deba necesariamente a las características de los productos que se comercian, porque dicho deterioro puede presentarse en la periferia cuando intenta exportar pro ductos manufacturados hacia el centro. Algunos de los movimientos sociales, de manera ex ante, implican articular su lucha autonómica sin una política de gobernanza más allá de sus espacios bajo su control (Barkin y Lemus, 2015); como los zapatistas que hacen a un lado políticas estatales del desarrollo o crecimiento, tampoco intentan trans formar su vocabulario y prácticas; otros parecen buscar una especie de apartheid administrativa en la manera de organizar sus tareas productivas y de repro ducción. Durante el periodo de su constitución como movimiento, en sentido estricto, no son agentes. Las metas y los objetivos están en proceso, así como la incorporación de otros movimientos, discusión de estrategias y de confron tación local o a nivel nacional, aspectos todos por definirse.

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Sin embargo, existen fronteras y límites de las entidades llamadas agentes dentro de las condiciones conceptuales de las unidades: aquellas condicio nes de posesión en separación respecto a otras unidades productivas y la mano de obra en cuestión. No se trata únicamente del proceso de trabajo de la unidad productiva, sino también de las condiciones de existencia de tales actividades, labores e intercambios necesarios para materializar y ejercer una lógica pro ductiva en la unidad de producción correspondiente. En términos estrictos, son actividades realizadas fuera del proceso de trabajo, pese a que su articu lación hacia adentro forma parte de las condiciones de existencia de activi dades en posesión en separación por otras unidades productivas (Barkin y Lemus, 2015). Pero el estructuralismo latinoamericano otorga una importancia primordial a la incorporación del Estado en dicha política; supone incluso efectos como la construcción de mercados; es por ello que la dicotomía con trapuesta entre Estado y mercado no pertenece al ideario estructuralista lati noamericano: la acepción es un invento del pensamiento neoliberal y forma parte de su relato negro de la historia del proceso del desarrollo regional. La transformación/reconstrucción de la agricultura o del campo y, por lo tanto, las reformas agrarias discutidas durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, implicaban la disgregación de los vastos espacios concentrados en pocas manos y, por ende, las lógicas productivas cuasi feu dales. La posesión en separación de las condiciones de existencia de las unidades productivas entre sí y la incorporación de la mano de obra en las ha ciendas se realiza mediante mecanismos que oscilan entre la forma salarial/ mercantil de mano de obra estacional, provenientes de las unidades pro ductivas de subsistencia, las cuales, a su vez, al igual que la mano de obra, podrían encasillarse en la lógica productiva de las grandes propiedades o haciendas. Para Prebisch, la promoción de la disgregación de dichos espacios crea un océano de pequeños propietarios cuyos agentes poseen en separación ciertas de sus condiciones de existencia, lo que hace factible pensar la ampliación del radio de acción del mercado. Esta transformación, por ejemplo, cambia ría radicalmente las asimetrías de poder de las unidades productivas entre sí y respecto a las grandes unidades agrícolas —cuya modernización/industria lización debía impulsarse—, y modificaría el horizonte salarial y político de la mano de obra. Políticamente, se proponía derrotar a la oligarquía terra teniente. El Estado generaría mercados donde no existían con anterioridad elementos teórico-políticos que fueron anticipados y criticados por la corriente dependentista (Kay, 1989). Asimismo, apoyaría la constitución de empresas estatales.

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Por lo tanto, la noción de mercado tiene una acepción muy distinta a la que presenta la corriente neoliberal o marxista; los mercados son los intersticios o espacios que deben cubrirse o articularse entre sí y cuya racionalidad no necesariamente obedece a una lógica mercantil. El término tecnología co mercial o tecnología de intercambio (trade technology) de procedencia cuasi keynesiana (De Vroey, 2004) ayuda a pensar los aspectos institucionales de poder que explicarían la manera en que se articulan entre sí las unidades pro ductivas y la mano de obra. En efecto, este planteamiento cuestiona incluso la posibilidad de proponer un ámbito donde el óptimo de Pareto sea pertinente para la discusión; incluso aspectos como la oferta y la demanda12 entrañan hablar de poder compra (como expresaban los escritores del siglo xix). La posesión en separación de ciertas condiciones de existencia de las uni dades productivas, así como el de la mano de obra, obliga a dichas entidades a intercambiar o circular algunos bienes para obtener aquellos elementos que se requieren en la reproducción de sus respectivas unidades productivas y de la mano de obra. Las unidades productivas, en particular las agrícolas, no siempre calculan y comercian hacia adentro bajo la misma lógica comercial-mercantil que puede observarse cuando lo efectúan con un horizonte hacia afuera. De hecho, la diversidad de formas organizativas y vocabularios (saberes) que presenta el imaginario social latinoamericano refleja los mecanismos mediante los cuales muchas comunidades y unidades productivas articulan de modo interno esos procesos productivos/comerciales, aunque no necesa riamente hegemónicos en sus regiones, y da sustento a su adaptación ante grandes cambios económicos del entorno circundante. La heterogeneidad es consecuencia de las asimetrías de poder, que a su vez son originadas por la forma en que se poseen en separación ciertas condiciones de la existencia de las unidades productivas. En otras palabras, la presencia del uso del dinero (Bettelheim, 1975) no supone fatalmente la presencia de relaciones mercanti les como se despliega bajo la teoría del valor-trabajo y neoclásica en su acepción utilitaria. Las asimetrías de poder cuyas condiciones de existencia obedecen a las variadas y específicas formas de poseer en separación ciertos medios de la reproducción de las unidades productivas hacen del ejercicio teórico por construir una teoría general, un laberinto perverso en el mejor de los casos.13 12 Caldentey (2015) cree factible el uso del modelo de Debreu para pensar la asignación eficiente de los recursos productivos; para Nadal (2004) esa tarea es imposible dentro de sus propios postulados. 13 Una discusión teórica similar se presenta con el enfoque poskeynesiano. Sintéticamente, Nadal (2013) considera que esta crítica demostró que la teoría de la productividad de los factores adolecía de una circularidad fundamental. Sólo es posible determinar la productividad del

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El mercado no aparece como una entidad unitaria en términos de información para sus participantes, ni obra de manera inconsciente sobre múltiples pro cesos laborales bajo la lógica y el dominio del intercambio de productos con base en la forma fuerza de trabajo abstracta socialmente necesaria. El esta blecimiento de los precios es una forma —entre otras— de ejercer cierto poder por parte de algunas unidades productivas, de comandar ciertos recursos: cosas y hombres. Se niega, por ende, una teoría general del valor, ya sea fundada en el trabajo o en las utilidades. Otra manera de decir lo mismo es plantearlo en términos cuasi marxistas, aunque en contraposición: no existe una relación unívoca y necesaria entre las relaciones de producción y específicas fuerzas productivas; aunque en ciertas instancias la propia organización de la división del trabajo del proceso laboral puede convertirse en una fuerza productiva, en lugar de su acepción común como un instrumental: maquinaria, hoz. La noción de heterogeneidad estructural presupone la existencia de diversos tiempos y espacios para exa minar las condiciones que hacen plausible la reproducción de las condiciones de existencia de los capitales invertidos. Y son las asimetrías de poder, gene radas por la manera de poseer en separación varias de las condiciones de existencia de las unidades productivas, la fuente de la heterogeneidad. No se trata del patrón tecnológico, si bien en parte las supone por el horizonte de precios que induce a corto y largo plazos. En la perspectiva poskeynesiana, la generación de precios y costos se presenta con la acepción de aquellas empresas que imponen precios, y otras que los absorben (price setters, price takers). Efectivamente, el pensamiento poskeynesiano manifiesta similitudes familiares con el estructuralismo latinoamericano al incorporar aspectos de las asimetrías de poder para su explicación, por lo que invoca la obra de Kalecki (Lavoie, 2009). Palabras finales

Tras intentar desplazar nociones ortodoxas y del marxismo referentes al uso de los recursos productivos, se ha propuesto, a partir del estructuralismo latinoamericano, convertir el discurso sobre manejo integrado de los recursos productivos en un problema de reorganización productiva pensando en la constitución de los agentes. Distintas categorías de agentes pueden vislum capital si se conoce el precio de los bienes de capital (porque eso es lo que permite sumar má quinas heterogéneas y edificios de todo tipo), pero los precios no son independientes de la dis tribución del ingreso y, en el caso del “capital”, el precio depende de la tasa de ganancia. Por lo tanto, para conocer la productividad del capital es necesario conocer la tasa de ganancia, pero para ello es necesario conocer ¡la productividad del capital!

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brarse si se examinan en su participación productiva en cuanto a los elementos que poseen en separación para la constitución de las unidades productivas. Se recuperaría por medio de dicho experimento no tanto el aspecto ambiental, pero sí la búsqueda de alianzas y agrupamientos que definirían una estrategia más general de la reorganización del producto y su distribución: un problema político por excelencia. Se insistió en que la presencia de algo que se ase meja a un mercado no tiene unidad necesaria para reflexionar en sus condi ciones de existencia y en sus efectos. El uso del dinero y los precios se tornan en meras convenciones, sin ningún valor ontológico primordial. Ciertas uni dades productivas podrán articularse entre sí vía arreglos y convenios con el propósito de absorber costos visibles e invisibles (Montaño, 2015, en Bárcena y Prado, 2015). El Estado podría emplear una lógica contable para atraer aquellos océanos de empresas pequeñas y medianas, y proponer alternativas productivas con siderando aspectos del patrimonio natural. Desde abajo hacia arriba surgirán muchas posibles alianzas que fomenten la reconstrucción de otras rutas y lógicas productivas, lo cual no hará desaparecer la heterogeneidad económicasocial. En otras palabras, las reformas sociales deben reconstruir todo el tejido y las interacciones e instituciones que las políticas neoliberales desarticularon bajo la lógica de la desregulación. Hoy, las reformas estructurales deben tomar otra dirección, que no excluya políticas de innovación industrial y que haga de su adopción una estrategia transparente en la que las comunidades y las autoridades, locales y nacionales, reconozcan que las trayectorias industriales hegemónicas no facilitarán la creación de una nueva lógica productiva más so lidaria con el medio ambiente. Pero a partir de una política multiescalar (Giampietro et al., 2012) las asimetrías productivas entre productores, regiones y naciones pueden convertirse en el objeto principal por transformar, aunque tengan que subordinarse aspectos medioambientales. Por lo que supone la noción de heterogeneidad, la idea de que algo llama do capitalismo tenga una unidad constitutiva debe cuestionarse. Suficientes estudios presentan formas polimorfas de producción y de distribución que niegan tendencias generales hacia una necesaria dirección. La existencia de trayectorias tecnológicas debe verse siempre producto de trasformaciones contingentes que Schumpeter denominó creatividad destructiva. Ello ubica fuera de un ámbito ambiental para reflexionar sobre los cambios por venir, y conlleva a concentrarse en mejorar las ideas acerca de la cuestión del agente y su posesión en separación de ciertas condiciones de existencia de la reproducción de las unidades de producción. El uso de la noción de posesión en separación es crucial porque supone en última instancia idear formas

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de poseer en unidad ciertas condiciones de existencia del uso y distribución de los recursos productivos. Formas comunitarias y socialistas de todo tipo ya existen, en antiguos modelos que podrían recuperarse, así como novedades organizativas cuya cacofonía precolombina no debe asustar. Fuentes consultadas

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¿Qué explica la persistencia del modelo primario exportador latinoamericano entre 1850 y 2015?* James Martin Cypher**

El frágil cambio paradigmático a la industrialización dirigida por el Estado

El presente escrito analiza la hipótesis de que la estructura económico-política establecida en América Latina durante el siglo xix ha perdurado en el siglo xxi, contrariamente a lo que parecía un alejamiento paradigmático de un sistema dirigido por las exportaciones de materias primas (commodities) a partir de la Gran Depresión en 1929. Durante el periodo 1930-1980 se promovieron po líticas de desarrollo nacional basadas en la industrialización por sustitución de importaciones (isi). No obstante —según la explicación convencional— esta realineación de las políticas nacionales fue detenida por la crisis de la deuda externa en la década de los ochenta (Cypher, 1989). Según esa interpretación, los gobiernos latinoamericanos fueron obligados por los acreedores inter nacionales del sector privado y las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) a abandonar la políti ca de desarrollo nacional, excepto el fomento de las exportaciones en con diciones de neutralidad dirigida por el mercado en relación con la compo sición de las exportaciones. Adicionalmente, se plantea la hipótesis alternativa de que los progra mas de desarrollo coordinados por el Estado también fueron desplazados en aquel momento debido a que la élite de los sectores agrario, minero y finan ciero (samf) —la fuerza motora detrás de la creación del modelo primario exportador en el siglo xix— nunca fue superada durante los años treinta * Traducción del inglés de Cynthia Arredondo Cabrera. ** Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 57

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y setenta del siglo pasado. Esta élite estuvo detrás de los golpes de Estado que impuso el neoliberalismo en los años setenta porque no se hallaba dispuesta a aceptar la reforma agraria. Durante el siglo xix, la élite de los samf promulgó la ideología liberal centrada en la exportación de materias primas como único enfoque racional de la organización económica, lo cual la habilitó para confinar a las políticas públicas dentro de los parámetros ricardianos de ventaja comparativa —la piedra de toque de su programa—, no obstante el hecho de que el intercambio internacional se basaba, entonces y ahora, en características de ventajas abso lutas. Lejos de las fábulas de la economía neoclásica, en el siglo xix los samf usaron todos y cada uno de los posibles subterfugios predatorios a fin de auto concederse enormes porciones de tierra, para 1) la producción tipo hacienda, 2) la exportación a gran escala de cultivos comerciales (especialmente pro ductos tropicales con alta elasticidad de ingreso) y 3) las operaciones extractivas en los sectores minero, petrolífero, de hule y forestal. Mediante esta nueva estructura de propiedad la élite de los samf prosperó con los ingresos extraor dinarios captados directamente por las rentas absolutas y relativas de recursos naturales o robados de modo indirecto a través de operaciones mercantiles secundarias, que apoyaron la reproducción de la esencialmente preindustrial subyacente base económica.1 1 Al final de la Primera Guerra Mundial la teoría de las ventajas comparativas contó con las aportaciones de Heckscher y Ohlin. Según esta reformulación, las naciones de la periferia deberían especializarse en sus estructuras económicas en relación con su factor de producción más abundante. Entonces, las naciones de América Latina tienen que seguir en el sendero es tablecido desde la época colonial —con una especialización en productos intensivos— en recursos naturales, mediante el uso intensivo de lo que los neoclásicos llamaron simplemente tierra. Es decir, bajo los supuestos neoclásicos, fueron sólo tres factores de producción —tierra, mano de obra y capital. Por medio de la mano invisible que coordinó las fuerzas del mercado de la manera más eficiente, cada nación tuvo que combinar estos factores de forma óptima para llegar al nivel de producción máximo con el uso mínimo de los llamados factores de producción. Así, se con formaron las leyes de la teoría libre cambista neoclásica determinada por la donación del factor relativo; las naciones de América Latina fueron destinadas, en un inicio, a una fase de catching’up, en la que la brecha entre la periferia y el centro debe disminuir y, eventualmente, desaparecer. Esto fue la conclusión de Heckscher y Olhin según su teoría de factor price equalization (la igualación de los precios de los factores de producción). Es decir, el anhelado progreso de los positivistas pudiera ser algo más que un sueño (Heckscher, 1919: 285). Convenientemente, la construcción de Heckscher —en contra de la evidencia empírica disponible— presumió que la tecnología de punta fuera asequible. Supuestamente puede adquirirse en versión estándar: así, al considerar este supuesto como si fuera un hecho, los países de América Latina fueron cercados en un pro ceso de dependencia con una tendencia cultural profundamente enraizada de rehuir en un proceso de aprendizaje autónomo en cuanto a la formación y el fomento de una capacidad tecnológica endógena (Leonard, 2003: 81-82; Street, 1981: 178).

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No obstante su presencia hegemónica, dicha élite rentista supuestamente no tenía un papel en la formación de la política económica nacional al inicio de la Gran Depresión. En los años veinte del siglo pasado diversas coali ciones de desarrollistas, influidas por la herencia del positivismo y de varios grados de coherencia, se encontraban en una etapa incipiente de forma ción y alcanzaron un cierto estatus hegemónico en la década de los treinta (Gauss, 2010; Sikkink, 1991). En vez de estar ausente o subordinada, la élite de los samf formó una relación simbiótica con estas nuevas coaliciones de desarro llistas entre 1930 y 1970. De una manera activa y oportunista, la élite de los samf floreció con discreción al mantener los nichos económicos estableci dos históricamente, al tiempo que creaba puntos de apoyo en el interior del emergente sector industrial con el objetivo de apoderarse de las nuevas rentas económicas disponibles. Simultáneamente, esta astuta facción se ocupó de incorporar una leyenda negra relacionada con 1) la eficacia, 2) el enfoque y 3) los objetivos de la era isi (Hira, 2007). El tropo leyenda negra buscó desle gitimar el proyecto isi y echar atrás la trayectoria que había puesto los preceptos estructuralistas de América Latina en el primer plano de la formulación de po líticas. En la búsqueda de cumplir el proyecto ideológico, la élite del samf con fiaba en las aportaciones continuas de aquellos practicantes y defensores de la ortodoxia económica que de manera permanente abogaban por las expor taciones como motor del desarrollo, parábola del siglo xix aplicada hasta la era isi, más tarde a partir de la llegada del neoliberalismo, llegando también a los regímenes posneoliberales en el siglo xxi durante el auge de las materias primas, que terminó a finales de 2011 (Cypher, 2014). Por lo tanto, mientras la hipótesis convencional de modernización interpreta el ascenso del modelo isi como una nueva etapa —parte del proceso de catching’up—, la hipótesis ins titucionalista de mínima perturbación postula la improbabilidad de una ruptura con la estructura político-económica institucionalizada en el siglo xix, sin importar las apabullantes condiciones enfrentadas por los países de América Latina durante la Gran Depresión de 1929 (Bush, 1994: 294-295). No obstante, en países económicamente más pequeños —también en Vene zuela, aunque por distintas razones—, la clásica era de isi nunca se materializó del todo. En esas formaciones sociales, el antiguo régimen de acumulación basado en las rentas de la tierra —como rentas ricardianas, o rentas diferen ciales y rentas absolutas— se transformó, mas nunca fue desplazado, ni si quiera momentáneamente, desde el inicio de la segunda revolución industrial en 1870. Lo que una vez pareció la emergencia de un proceso de cambio institu cional progresivo —el surgimiento de la era isi— finalmente degeneró en

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metamorfosis circulares de dependencia del sendero y produjo cambios ins titucionales regresivos —la reconsolidación de políticas de crecimiento sustentada en exportaciones de recursos naturales— como resultado eventual de políticas oportunistas/rentistas extractivistas de reprimarización a partir de 1990 y una amalgama de políticas neoliberales introducidas en la década de 1980. El dinamismo exportador ha sido, por supuesto, asociado con el desarrollo: sin embargo, ése nunca ha sido el caso en América Latina, si bien Argentina una vez estuvo cerca (en el siglo xix) de ser la excepción a la regla (BulmerThomas, 1994: 46-82). El desarrollo económico = ∫ (∆ sector exportador ↑) asociado a las exportaciones ha sido un tema analizado perenne y exhausti vamente, mostrando escasa, o tal vez ninguna, validez: la relación causal que ha sido vista a menudo como 1) invertida, 2) bidireccional o, con mayor fre cuencia, 3) indeterminada (Riezman, Whiteman y Summers, 1996; Rodrik, 1994). En la medida en que las exportaciones y el desarrollo se articulan positivamente, la evidencia empírica indica que la composición de las expor taciones es un factor determinante en esa asociación (Hausmann, Hwang y Rodrik, 2007). En general, los economistas ortodoxos de América Latina, que operan dentro de los venerados parámetros impuestos por la teoría estática de la ventaja comparativa, no diferenciaron entre las potenciali dades de desarrollo de la continuación de las exportaciones de materias primas, tal y como se estableció en el siglo xix, y las alternativas políticas di señadas para replantear la base productiva nacional y del sector exportador con el objetivo de entrar en actividades económicas que mejoraran la producti vidad. Un cambio de tal naturaleza demandaba trascender la perspectiva pasiva de la élite de los samf centrada en las exportaciones; asimismo, exigía rechazar de manera permanente su influencia hegemónica en la estruc tura socioeconómica; por el contrario, ésas fueron precisamente las condiciones que permitieron al este de Asia seguir políticas desarrollistas dirigidas plena mente por el Estado (Kay, 2002; Storm y Naastepad, 2005). Como la hipótesis anterior revela, la reinserción actual de la oligarquía de los samf como la facción hegemónica ocurrió dentro de un contexto evo lutivo que ha requerido la extinción objetiva del otrora poderoso estrato del hacendado, es decir, que en el siglo xxi los grandes terratenientes latinoameri canos buscan maximizar las rentas de sus tierras —mientras que los hacen dados fueron muy descuidados en cuanto al uso de la tierra. Por lo general, lo que requiere desde hace lustros es la adopción de funciones de producción agroindustriales. A veces los nacionales mantienen sus terrenos solos, pero si hay más beneficios comparten la propiedad y el control de las tierras con las

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empresas transnacionales de países centrales y de China. Cabe destacar que el modelo de enclaves extractivos del siglo xix, con frecuencia bajo el control de capital transnacional, se ha reconstituido y extendido al siglo xxi con modi ficaciones.2 Actividades complementarias, como servicios de exportación e importación, seguros, transporte y créditos bancarios que facilitan el comercio exterior, aún representan vías relevantes para la apropiación indirecta de las rentas de la tierra y de utilidades excedentes derivadas de estructuras oligo pólicas y oligopsónicas del mercado de comercio exterior. Tal como sucedía en el siglo xix, algunos conglomerados (o grupos) han compartido con el capital transnacional el proceso de apropiación del excedente económico na cional. Como fue el caso a partir de 1850 a 1913, la política estatal oligárquica del acaparamiento de tierras basada en 1) grandes concesiones mineras petroleras y la expropiación de bienes comunes para las empresas extrac tivas, 2) la conversión de tierras indígenas al cultivo agrario a través de los “juegos de manos” (o de “fuerza y fraude” como lo enunció Veblen en reite radas ocasiones) de las Cortes de los Estados de América Latina —dado que muchas de las tierras no están regidas por la ley escrita, pero sí por la ley de la costumbre y tradiciones durante siglos—, 3) o la combinación de los dos pro cesos. Todas esas formas de desposesión hacen claro eco de la segunda mitad del siglo xix cuando “decenas de millones de acres fueron pasadas como una subvención al sistema de grandes latifundios” (Glade, 1969: 239). Al considerar tales procesos, es claro que solamente en raros casos —como en Argentina y Brasil— hay efectos de encadenamientos industriales aguas arriba o abajo en la producción endógena de maquinaria pesada agrícola. En la industria petrolera y minera, la maquinaria, las pruebas científicas y los pro cesos de refinación/transformación básica de los productos son hechos en el extranjero. En Chile, por ejemplo, el nivel de refinación nacional del cobre es, en la actualidad, menor que hace algunos lustros. Concerniente a la industria petrolera, parece que sólo en Brasil ha habido una política seria de Petrobras (derrotado durante el golpe de Estado a mediados de 2016) para aumentar rápidamente el contenido nacional por el fomento de una red de proveedores nacionales altamente calificada en la industria metalmecánica. Ni en el siglo xix ni en el xxi los excedentes económicos acumulados durante un periodo de dinamismo exportador y mejoramiento en los térmi nos de intercambio han resultado en un nexo exportación-inversión. De ese modo, cuando los retornos nacionales se han incrementado debido al forta 2 En el siglo xix los enclaves fueron en muchas ocasiones bastiones de prácticas precapi talistas, sobre todo en cuanto al uso de mano de obra, como fue documentado por Turner (2009) en México.

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lecimiento del sector exterior, el estímulo para una futura acumulación y crecimiento ha estado generalmente ausente o ha sido muy débil. Al contrario, han proliferado suntuosos símbolos ceremoniales de riqueza y estatus, al igual que la fuga de capitales, las actividades especulativas y el consumo de artículos de lujo de las naciones centrales, ya sea en la forma de superfluos objetos importados directamente, viajes indulgentes o a través de la adqui sición de extravagantes viviendas en el extranjero. El auge de las materias primas en el siglo contexto social y consecuencias económicas

xix :

Entre 1850 y 1913 ocurrió lo que se ha denominado el siglo xix en América Latina. En esos años se identificaron varios momentos históricos clave: • Pleno desarrollo en Inglaterra de las capacidades industriales competitivas que condujeron a precios estables o decrecientes de las manufacturas de exportación hacia América Latina. • Rápido mejoramiento en el transporte ferroviario, naviero en barcos de vapor y en procesos laborales en puntos estratégicos de embarque que provocaron la disminución de los costos de transporte hacia y desde Amé rica Latina en aproximadamente 50 por ciento. • Comienzo de la segunda revolución industrial (o tecnológica), que incor poró mucho de la Europa continental, Estados Unidos y, en menor grado, de las regiones de colonos blancos del imperio británico a un proceso de industrialización intensivo en capital y recursos naturales. América Latina era un beneficiario fundamental de dichos procesos, los cuales crearon una demanda aparentemente perpetua de minerales, alimentos básicos y pro ductos intermedios basados en recursos naturales. A pesar de algunos dra máticos colapsos, la tendencia general de los precios de las materias primas era ascendente o estable, en tanto el volumen se disparaba. Por ejemplo: 1) de 1877 a 1900 el valor de las exportaciones mexicanas se incrementó cerca de 100 por ciento, 2) de 1870 a 1900 las exportaciones chilenas crecieron en valor alrededor de 146 por ciento, 3) y en los mismos años, las exportaciones argentinas aumentaron en valor aproximadamente 417 por ciento (Cortés, 1992: 164). • Lenta transición del dominio hegemónico británico al estadounidense, así registrado por varios indicadores que incluyen tendencias en el comercio y flujos financieros, en particular en los términos de inversión extranjera directa en la que Estados Unidos sostuvo un sólido margen en 1913.

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• Ascenso del capitalismo oligopólico como la segunda fase del capitalismo; fue el capitalismo oligopólico en la década de 1870, primero en Alemania y Estados Unidos, posteriormente en Europa. Mientras que los británicos mantuvieron la estructura del capitalismo competitivo en la producción, en paralelo cambiaban hacia actividades financieras con el objeto de pro longar su posición hegemónica en declive. La importancia del capitalismo oligopólico, entendido como una nueva fase, se encuentra en la hipótesis Prebisch y Singer: las naciones centrales se volvieron creadoras de precios debido a su poder oligopólico o monopólico, en tanto que las naciones de la periferia eran tomadoras de precios, atrapadas en una red de competidores mundiales que se disputaban los dividendos del mercado. El siglo xix creó las condiciones para un creciente auge exportador que no estaba amenazado por el deterioro de los términos de intercambio, al menos hasta 1870, fecha después de la cual Prebisch y Singer identificaron los comienzos de una caída secular. Incluso entonces, algunos países fueron protegidos por términos de intercambio muy buenos, en especial Uruguay y Argentina, hasta aproximadamente el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Tal como muestra un clásico estudio del periodo, de Víctor BulmerThomas, el auge exportador no derivó en un crecimiento justificado en las exportaciones (Bulmer-Thomas, 1994). El estudio evidencia que el crecimiento del sector exportador fue insuficientemente correspondido por las res puestas de producción en el sector no exportador (excepto de modo breve por Argentina y Chile), necesarias para conducir a la economía entera a un ritmo de crecimiento que se igualara al de la economía estadounidense.3 Esto fue el efecto de un sistema burdo y torpe (pero mantenido con rigidez) construido durante la era colonial y subsecuentemente enmendado (para mal) por la élite exportadora de agrominerales que llegó a dominar las economías y el marco de formulación de políticas de las nuevas repúblicas de América Latina en el siglo xix (Burns, 1980: 132-154; Glade, 1969: 127-128, 188; Loveman, 2001: 75-79, 83-93).4 3 Los componentes clave del modelo pueden encontrarse en dos factores: 1) la tasa no minal del crecimiento de las exportaciones, lo cual es una función de la capacidad creciente de absorción de insumos primarios en las naciones del núcleo industrial 2) y la tasa nominal de cre cimiento en la porción no-exportadora de la economía nacional en la periferia, que fue una función de la estructura institucional disfuncional e inepta, legacía parcialmente de lo que fue llamado el capitalismo hispánico por Loveman (2001). Los elementos cruciales acerca de la for mación de este capitalismo en América Latina fueron los antecedentes institucionales enraizados en la estructura socioeconómica de España así como fueron diseñados, inculcados e implantados por el imperio de Roma y después transferidos al Mundo Nuevo —un proceso denominado por Glade como capitalismo bastardo (Glade, 1969: 41-43, 45-38, 112-114, 142-145). 4 Al final del periodo, 1) las fuerzas de producción han sido ampliadas velozmente, 2) la ri queza rápidamente se acumuló en manos de la gran burguesía 3) y una clase de profesionales y

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La distinción entre el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento eco nómico impulsado por las exportaciones es muy relevante y raramente enten dida. El hecho de que ni el caso argentino ni el chileno probaran ser ejemplos sustentables dio lugar a una tercera distinción: desarrollo basado en exporta ciones. En concordancia con lo que Bulmer-Thomas indicó, la separación entre el crecimiento del sector exportador y la relativa atrofia del sector no expor tador, en el que se encontraba 70, 80 o 90 por ciento de los países de América Latina, podría llegar a ser extrema —como México en el porfiriato. Salvo un gobierno chileno de corta duración (Pinto, 1962), ningún grupo con poder político parecía cuestionar el destino de América Latina —la ley de ventaja comparativa funcionó notablemente para la élite exportadora de agromine rales—. Tal como la ley de la gravedad, era imposible cuestionar las leyes económicas en aquel entonces, mucho menos una que asigna a América Latina su lugar natural en la economía internacional. Moverse en contra de tales per cepciones era infructuoso. Cualquier intento de alterar el orden debía ser detenido, presumiblemente, por el bien de todos; al menos por el bien de la élite nacional y sus socios extranjeros.5 En este sentido, la distinción más relevante entre las actividades relacio nadas con la minería y el petróleo en América Latina (ambas en los siglos xix y xxi) ocurrieron dentro de los enclaves económicos. Los altamente deseables efectos de eslabonamiento hacia atrás, hacia adelante y horizontales, resul tado de externalidades positivas de inversiones en infraestructura, industria pesada y manufactura, como plantea Hirschman, son factores completamente ausentes cuando la producción se lleva a cabo dentro de una estructura de en clave (Hirschman, 1989 y 1977). Los impactos multiplicadores y aceleradores que recibirá un país por la producción de bienes intermedios —dado que son, en extremo, intensivas en el uso de capital, maquinaria y equipo avanzado e investigación y tecnología— han sido abrumadoramente experimentados en las naciones centrales. En muchos casos, aun los cuerpos gerenciales y los técnicos son (o fueron), en buena medida, importados. La estructura de técnicos había surgido, pero los resultados de la Bella Época para más de 80 por ciento de la po blación quedaron más cerca de lo que documentó Turner (2009) en México. 5 Los esfuerzos protoindustrializadores, seguidos con difidencia en algunas naciones, y más extensivamente en Brasil, no constituyeron un rompimiento con los preceptos hegemónicos de la teoría de las ventajas comparativas. La influencia de Comte, Spencer y el positivismo sobre la formación de las políticas nacionales no puede ser ignorada por completo: esta tendencia fue una señal de un grado modesto de discontinuidad en la formación de la economía política nacional en unas naciones, como Chile y México, entre otras, pero no fue suficientemente forjado para desalojar en una manera determinantes las estructuras institucionales arraigadas por efectos de terminante de un proceso de dependencia de trayectoria y bloqueo en el patrón de acumulación (Ardao, 1963).

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enclave de la producción minera y petrolífera por lo habitual asegura que los efectos dinamizadores e indirectos de la producción de materias primas duras no puedan tener un papel en América Latina. La élite de los samf engloba una gran variedad de intereses mercantiles (incluida la banca), así como a terratenientes agroexportadores, una matriz de comerciantes de la industria extractiva, entidades financieras, etcétera. En consecuencia, opera bajo condiciones estructurales en las que el capital fi nanciero, el capital extractivo y el capital agrícola funcionan de forma simul tánea con el capital comercial. En esta configuración, las entidades económicas nacionales podrían simbióticamente combinarse con capital transnacional en la extracción y el reparto de los excedentes económicos: con frecuencia, pero no de manera general, las empresas nacionales (incluidas aquellas que operan como grupos) han funcionado como socios menores. Durante la era de isi, tales conglomerados —o grupos económicos nacionales— eran predomi nantemente industriales, aunque continuamente tenían grandes proporcio nes de capital dedicado a intereses mercantiles y financieros (Leff, 1978). Así fue como emergió la burguesía “coaligada” —una clase única e indisoluble de terratenientes y capitalistas— que estaba vinculada a corporaciones transna cionales (Kay, 1989: 407-408). Entre los años treinta y sesenta, la élite de los samf bajó su perfil, asimiló (a medias) el modelo isi y —al mismo tiempo— buscó una medida para derrocar las políticas industrializadoras. La isi, en tonces, no fue una etapa consolidada, no fue una etapa con permanencia, no fue una piedra de toque para ordenar la trayectoria histórica y la evolución de América Latina. Fue una anomalía —un momento de paso— cuando la visión de la modernización medida por la industrialización de América Latina fue tomada por dada casi universalmente (menos, por supuesto, por la élite de los samf). Dicha élite fue la fuerza motora detrás de los golpes de Estado en América del Sur, comenzando en Brasil en 1964 —porque la amenaza latente de la reforma agraria y las nacionalizaciones de las industrias extractivas (reali zadas o anticipadas) fueron insoportables (Montero, 2014)—; su carta fuerte —el derecho de participar en episodios de fuga de capitales— ha quedado en entredicho y la élite de los samf también estuvo trabajando de manera cercana con el Consenso de Washington en los años ochenta —porque el Consenso fue sólo un eco de su postura implacable desde el siglo xix. Es claro que el resultado de la derrota casi completa de las políticas desarrollistas en los años ochenta y la reencarnación de la élite de los samf desde aquel entonces hasta el momento actual es un ejemplo extraordinario de un proceso de metamorfosis circular y acumulativa debido a factores de dependencia del sendero.

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El auge de las materias primas del siglo xxi

El auge de las materias primas impactó principalmente a Sudamérica, al mejorar la relación exportaciones + importaciones / producto interno bruto (pib), o el índice de comercio, para toda América Latina de 28.6 por ciento en 1990 a 38.5 en 2000 y a 44.7 por ciento en 2010, mientras que los términos de intercambio aumentaron en 34.4 por ciento entre 2003 y 2012 (cepal, 2012; 2014a; 2014b; De Medieros, 2012: 33). En 2007, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela fueron clasificados como países exportadores de materias primas con más de 51 por ciento de sus exportaciones enfocadas en materias primas; para 2010, incluso Brasil fue igualmente clasificado (Cavalcanti, Mohaddes y Raissi, 2012: 38; De Negri y Varela, 2011: 8). Al tiempo que subieron los precios de las materias en 2002, se elevó también el desempeño económico agregado (por ejemplo, el ingreso real per cápita de Perú aumentó dos tercios, 2002-2012). En cuanto al auge de materias primas del siglo xxi, se presentan algunos puntos en contraste con el siglo xix: • Los agronegocios son distintos a la agricultura de plantación o agricul tura de cultivos comerciales; tampoco se asemejan a la tenencia de tierras de una hacienda. Los agronegocios tienen algunos puntos en común con las actividades industriales, ya que son condicionados por la dinámica del cambio tecnológico, en particular la biotecnología. Asimismo, la rápida evolución de maquinaria y equipos, así como los productos petroquí micos cada vez más sofisticados, son insumos requeridos. No hay duda de que en gran parte de América Latina ha ocurrido un cambio estruc tural hacia los agronegocios (Kay, 2014). No obstante, funcionan en gran medida como un nuevo enclave donde casi toda la intrincada y multies tratificada matriz de insumos es importada o suministrada por ramas lo cales de empresas transnacionales. Con excepción de Argentina y Brasil, los efectos de los encadenamientos hacia atrás y hacia delante de los agronegocios son ausentes o mínimos. • El modelo isi dejó un legado y una base industrial en varios países, incluidos especialmente Argentina, Brasil y México. Esto debe ser contras tado con el proceso de protoindustrialización poco sistemático, insoste nible y esencialmente basado en el laissez-faire, que surgió, de tiempo en tiempo y de lugar en lugar, durante el siglo xix.

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• Dos países, Brasil y Argentina, han buscado usar actividades centradas en recursos naturales como base para el desarrollo tecnológico e industrial endógeno, consistente con la tesis de los staples.6 • Ecuador ha intentado también, desde 2006, alcanzar tal transición (Cypher y Alfaro, 2016).7 • Varios países —incluidos Argentina, Brasil y México— han experimentado incrementos significativos en las capacidades tecnológicas de las compañías constructoras de propiedad nacional al participar como pares en el auge de construcción de puertos, caminos, ferroviarios, etcétera, para mover la masa física creciente de los commodities al exterior. Ello debe ser contras tado con el siglo xix, cuando virtualmente todos los proyectos de infraes tructura (en concreto los ferroviarios), instalaciones mineras y petrolíferas eran, por necesidad, importados. Plus ça change, plus c’est la même chose

El análisis y la evidencia documentada y presentada en este trabajo vinculados al auge de los commodities del siglo xxi en América Latina es consistente con: 1. La hipótesis que postula que la estructura económico-política establecida en América Latina en el transcurso del siglo xix perduró ampliamente en el siglo xxi, a pesar de lo que parecía ser un alejamiento paradigmático de la configuración basada en commodities e impulsada por las exporta ciones que reinó hasta comienzos de la Gran Depresión de 1929. 2. La prevalencia en el largo plazo de las metamorfosis circulares y de pro cesos de la dependencia del sendero. Este enfoque refuta la noción 6 La tesis de staples fue anticipada por Furtado (1971: 91-94); aún no es conocida a lo largo de América Latina salvo en raros casos (véase Watkins, 1963, 1977). Con respecto a Argentina: “La petrolera ypf ha comenzado a incorporar 15 nuevos equipos de perforación en el megacampo patagónico Vaca Muerta para acelerar el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, con una inversión de unos 1,200 millones de dólares en cinco años, según ha informado la compañía argentina. Con los nuevos equipos, la compañía estatal contará con 80 unidades de perforación, de las cuales 19 están en la formación que podría albergar una de las mayores reservas mun diales de crudo y gas natural no convencionales. Para sumar estos 15 nuevos equipos, ypf firmó dos contratos por un monto cercano a los 1.200 millones de dólares y un plazo de cinco años, con posibilidad de extensión por otros tres años, explica la petrolera. Vaca Muerta, que se extiende sobre unos 7.4 millones de acres mayormente en la sureña provincia de Neuquén, albergaría la segunda mayor fuente de recursos mundiales de gas y la cuarta de petróleo, según la Adminis tración de Información de Energía (eia, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Los nuevos equipos serán de la clase walking rigs, lo que permitirá desplazarlos sin necesidad de desmon tarlos, reduciendo los costos de explotación” (Reuters, 2014). 7 En Ecuador, Petroecuador ha empezado a implementar estrategias similares en el contexto de una política industrial emergente. No obstante, en Brasil, Argentina y Ecuador los hacedores de la política no lograron prever el colapso del mercado de petróleo a partir de mayo de 2014.

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prevaleciente de la política económica de América Latina como una es tructura transformada de manera permanente por su enfrentamiento con el modelo isi. Dichas interpretaciones ayudan a explicar el hecho de que el Consenso de Washington fue acogido con facilidad y después transformado en el “Consenso de los Commodities” a inicios del siglo xxi (Svampa, 2013). 3. El soporte conceptual del Consenso de los Commodities se encuentra enrai zado en los constructos ideológicos ricardianos del siglo xix. Eso explica la anodina reacción de América Latina frente al término del más reciente auge de materias primas a finales de 2011. Los formuladores de políticas, inflexibles y anticuados, han buscado refugio ideológico en el hecho de que, a principios de 2015, los términos de intercambio y el nivel de los precios de las materias primas se posicionaron en niveles superiores a los de 2002. Asimismo, vieron que el enorme rol de China como creador de demanda de materias primas sería sostenible por décadas; sin embargo, esta deman da no lo fue debido a que ha dependido de un aprovisionamiento mera mente contingente para satisfacer carencias en infraestructura y vivienda. En tanto esas necesidades disminuyan en el futuro cercano —como se ha notado sobre todo a partir de agosto de 2015—, también decrecerá la capa cidad de China para dirigir la dinámica de la producción de materias primas (Bradsher, 2015; Economist, 2015; Gough, 2015). 4. En otro tiempo, la élite de los samf fue la fuerza formativa detrás de la creación del modelo primario exportador en el siglo xix, de ahí que sea fundamental desde 2002 en la promoción de la legitimación de los pro gramas de transferencia de ingresos para los más necesitados. Pero lo ha hecho sin dejar la extracción y el conspicuo consumo de las rentas cre cientes provenientes de los recursos naturales. 5. El rechazo de la hipótesis convencional de modernización que interpreta el auge del modelo isi como una nueva etapa parte del proceso evolutivo del catching’up. 6. La hipótesis institucional de dislocación mínima que postula la improba bilidad de un quiebre con la estructura política económica institucionali zada en el siglo xix. Es decir, independientemente de las desalentadoras condiciones enfrentadas y conquistadas en los países grandes de América Latina entre 1930 y 1980 (como fue documentado por la subida del Índice del Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas) y de las construcciones teóricas de los estructuralistas latinoamerica nos formuladas para superar el modelo primario exportador, la élite de los samf perduró, se adaptó y se unió con la naciente burguesía industrial de

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la época de la isi. Finalmente reafirmó, a partir de 1980, su hegemonía ideológica y estructural a través de metamorfosis circulares y procesos de la dependencia del sendero adverso. 7. La consolidación del Consenso de los Commodities por parte de los go biernos progresistas. Aquí existe otra muestra de la dislocación mínima del patrón de acumulación determinado anteriormente por las fuerzas acumulativas que establecieron la trayectoria del sendero porque —en vez de usar el excedente acumulado por el auge de las commodities (2002-2012) para reestructurar el aparato productivo hacia la industrialización o las nuevas especializaciones sustentables— estos gobiernos progresistas pro fundizaron la dependencia a los mercados exteriores de materias primas, mientras usaron solamente una parte del excedente recibido por tales países con la intención de financiar programas populares (y necesarios) de transferencias de ingreso hacia los más débiles. En vez de imponer im puestos sobre ingresos extraordinarios e impuestos sobre las formas de ingreso que ahora casi no son gravables (Fairfield, 2015) —como el interés recibido por ser dueño de acciones y bonos y acerca de la especulación en bienes raíces y rentas extraordinarios por la venta de tierras e ingresos muy altos— para transferir una parte significativa del excedente hacia proyectos nacionales en apoyo a una política industrial y de ciencia apli cada, estos gobiernos han facilitado una acumulación ampliada de riqueza de la élite de los samf —sellando así su providencia. La caída en los precios de las commodities a partir de 2012 —que aceleró estrepitosamente el proceso en 2015— implicaría la caída de gran parte de los programas populares. Para colmo, bajo las nuevas condiciones políticas frágiles, la élite de los samf sería capaz de derrotar estos gobiernos o dejarlos acorra lados por golpes blandos. Por la pasividad de los gobiernos progresistas o los neodesarrollistas frente a la nueva ola de concentración de ingresos y la masa de la nueva riqueza acumulada (Fairfield y Jorratt, 2015), la élite de los samf cuenta ahora con mayor poder económico, político y mediá tico para socavar y revertir cualquier paso progresista que ha sido introdu cido desde 2002. Fuentes consultadas

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El banquete del capital rentista: territorios devorados y economías de enclave Humberto Márquez Covarrubias*

Un punto sin retorno

El capitalismo contemporáneo se hunde en su propio pantanal. El desarrollo capitalista basado en la lógica de producir por producir, acumular por acumular, observa una tendencia inexorable de decrecimiento de la tasa media de ganancia, por lo cual la disrupción recurrente entre producción y circulación es parte de la normalidad, aunque siempre sea presentada como un espantajo. La gran depresión verificada en la primera década del nuevo milenio tiene como epicentro la caída de la rentabilidad y sus secuelas se presentan como cor tocircuitos en el proceso de valorización, que no logra la unción entre la pro ducción y la circulación. Con la caída de la masa de ganancia se detienen el crecimiento, el empleo y las ventas. Sectores medios y bajos del capital desapa recen y grandes consorcios emblemáticos de las finanzas y las industrias globales entran en bancarrota, que sólo puede ser superada con progra mas estatales de rescate a cargo de los contribuyentes, el recrudecimiento de las políticas de flexibilización laboral y las imposiciones de agresivos planes de austeridad que en conjunto golpean a los trabajadores y la calidad de vida de la mayoría de la población. Entre los mecanismos contratendenciales aflora la mercantilización de recursos que de suyo no son mercancías: la fuerza de trabajo, la naturaleza y el dinero. Los signos de identidad del capitalismo actual en curso de deca dencia son el monopolio, la escasez y la especulación. Tras bambalinas se operan movimientos de concentración de capital que consolidan el poder de * Responsable del Programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 73

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los monopolios internacionales y se alientan nuevas oleadas de emigración de capitales para colocar los excedentes en regiones estratégicas del mundo, incluidas las periferias, donde su gran atractivo es el trabajo barato y los recursos naturales desregulados. El proletariado internacional se reconfigura con su jerarquización y segmentación: obreros industriales, trabajadores pre carios, falsos autónomos, migrantes forzosos, etcétera. La naturaleza es re ducida a la noción de recurso productivo en el que tierra y territorio son presa de la apropiación y la mercantilización. En tanto, el dinero como capital fic ticio se emite para especular en bolsas de valores, paraísos fiscales, bancos de las sombras, lavado de dinero y también en fondos de inversión dirigidos a la apropiación de la naturaleza, el control de los procesos productivos y la explo tación del trabajo barato. Las crisis recurrentes inhiben las inversiones competitivas que alimentan el mito del progreso capitalista, y en su lugar los capitales predadores saltan en busca de recovecos y nichos donde anidan recursos naturales escasos y rentables, así como fuerza de trabajo barata, además de gobiernos dóciles que ofrecen condiciones institucionales inmejorables para materializar la extracción de las ganancias superlativas. En ese sentido, la crisis del capitalismo no sólo lo es del capital sino también de su alma gemela, el trabajo. El proletariado es más abundante que nunca, pero el régimen basado en el trabajo abstracto muestra contradicciones de todo tipo. En el sistema productor de mercancías predomina el trabajo muerto, acumulado bajo la forma de capital, que se apropia del trabajo vivo para san grarlo. La ética del capitalismo, que quisiera ser universal, arguye que el trabajo es la premisa de la humanidad (Labor omnia vincit, Virgilio, Geórgicas, i, 145); sin embargo, es un régimen de explotación que enajena el producto del trabajo, aniquila el tiempo de vida en beneficio del tiempo de trabajo, su carácter abs tracto lo despoja de contenido y lo hace indiferenciado simplemente para producir dinero. Además genera una subjetividad alienada en la que estar excluido del trabajo es aniquilante, pero estar en el trabajo es enajenante, luchar como proletario es reproducir la lógica de la explotación y repudiar el trabajo es señal de conducta antisocial. La articulación económica está per meada por el ídolo del trabajo abstracto. El momento actual no puede ser peor si se toma en cuenta que el proletariado internacional es mayoritario y, al mismo tiempo, tres cuartas partes de la humanidad están excluidas del trabajo y muchos de quienes están dentro son sometidos a una constante precarización. El imperio del trabajo abstracto en pos de generar dinero envilece las rela ciones sociales.

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La crisis del desarrollo capitalista, de la morfología del capital y la com posición social del trabajo desemboca en una sintomática crisis civilizatoria. En apariencia, la gran recesión tan sólo es una crisis estructural del capitalismo por efectos de la caída tendencial de la tasa de ganancia y la dislocación entre producción y consumo que arroja la sobreacumulación, una abundancia de mercancías sin posibilidad de realización. La fractura estructural del proceso de valorización deja entrever que los soportes de la civilización capitalista han sido trastocados y no sólo se cuestiona la posibilidad de restablecer los ciclos de acumulación sino también las posibilidades de reproducción de la vida humana. Para contrarrestar la tendencia declinante de los beneficios, el capitalismo ha socavado los fundamentos de la riqueza: la sociedad y la na turaleza, al punto en que la inercia del sistema nos conduce hacia un punto sin retorno que pone en predicamento la vida misma. No se trata del fin de la humanidad, ni siquiera del fin del capitalismo, pero sí de la inviabilidad del sistema y de su lógica suicida. La crisis datada en 2008, que es una secuela de la crisis de 1970, no sólo es un colapso del modelo neoliberal de los últimos 30 años, sino que cimbra los fundamentos de la valorización del capital y que branta la reproducción de la vida. El capitalismo está atrapado en un callejón sin salida: una crisis redoblada de su lógica de reproducción, capital y trabajo, y también una crisis de su entorno planetario que posibilita la generación de riqueza y la reproducción social. No necesariamente es una crisis terminal, aunque sí marca un derro tero incierto que conduce a la humanidad hacia un peligroso punto de no retorno. La iniciativa siempre la ha tenido el poder del gran dinero, no así la clase trabajadora, que está fragmentada y desorganizada. La compul sión por acceder a altos márgenes de ganancias y superganancias conlleva a los agentes del sistema en crisis a emprender la conquista de nuevos espacios de valorización y a reproducir la lógica de las crisis, y con ello a arrastrar a la humanidad hacia paraderos inciertos. No deja de ser paradójico, por ejemplo, que la escasez de bienes originarios, como el territorio y sus recursos, ofrecen un nicho seguro para apropiarse de las rentas, y que ésa sea una de las salidas recurrentes a la crisis de valorización. O que la precarización del tra bajo, que incluye mecanismos de superexplotación, reduzca a grandes par celas de la humanidad a mera fuerza de trabajo, energía sólo útil que genera dinero acrecentado mediante la producción de mercancías y que en buena me dida ni siquiera se consideren necesarias para ello.

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Fluidez y territorialidad

El capital no es una cosa sino un proceso incesante de valorización en el que prevalece el valor de cambio sobre el valor de uso. Acerca de la ubicuidad y la territorialización, en la lógica del capital predominan la fluidez y el mo vimiento, la medida del trabajo abstracto sobre el trabajo concreto, el tiempo de trabajo sobre el tiempo de vida, la ganancia del capital sobre la calidad de vida de la población. Sin embargo, el capital en su movilidad no puede aprehen der del todo ciertos elementos indispensables para materializar el proceso de valorización; mucho menos con aquello que no puede producir y que, por lo tanto, no tiene valor, que no son mercancías. Elementos como la tierra, el agua, el aire, la fuerza de trabajo, la cultura son ajenos al capital, pero pueden ser convertidos en mercancías, incluso declarados como propiedad privada. Dis tintas argucias legales y procedimientos de expropiación y despojo permiten que los elementos sin valor, no producidos, puedan ser intervenidos e incrus tados en la órbita mercantil, mas no podrán ser producidos ni sustituidos. El avance de las tecnociencias no ha logrado, como suponía el determi nismo tecnológico, producir materiales completamente artificiales que sus tituyan a la naturaleza ni implementar procesos de trabajo completamente automatizados que hagan prescindible el trabajo vivo. El trabajo pretérito, plasmado en el capital cosificado, aún tiene que apropiarse del trabajo vivo y de los elementos naturales. La forma de apropiárselos es recurrir a métodos violentos, pues los posesores ofrecen resistencia a que se conviertan, sin más, en mercancías. Pese al determinismo tecnológico, siguen siendo elementos indispensables para la producción capitalista. No obstante, el capital dispo ne de diversos mecanismos económicos y extraeconómicos, legales y extra legales, para apropiarse de ellos y devorarlos en su insaciable tráfago de acumulación. La fórmula del dinero progresivo resulta en una acumulación compulsiva, progresiva, desordenada, que sólo obedece a una lógica autorre ferencial, un síndrome de acumulación compulsiva. En su loca y frenética carrera acumulativa, el capital activa poderosas fuerzas productivas cuyo capitán de vuelo es una tecnociencia ciega que pre tende generar conocimientos en pos de maximizar ganancias sin reparar en daños ambientales y sociales de todo tipo. Las capacidades productivas acre centadas reclaman mayores cantidades de insumos productivos provenientes de la naturaleza, como materia bruta extraída directamente del suelo o el sub suelo, así como materia prima procesada y transformada con tecnologías de la tercera ola, como la biotecnología, la ingeniería genética, la nanotecnología; además de perfeccionar los procedimientos de coordinación del trabajo

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en el tablero mundial con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Los grandes centros de producción y consumo reclaman una mayor cuantía de materias primas y recursos naturales para alimentar el frenético tren de vida de las grandes urbes e industrias. Para ello, se reorganiza una división internacional del trabajo en la cual los países periféricos tienen que ceder su territorio con la finalidad de establecer nuevas configuraciones de eco nomías de enclave bajo la forma de grandes extensiones de monocultivos de exportación, para satisfacer la demanda alimenticia y de materias primas de las grandes economías pujantes en detrimento de las necesidades alimenti cias de las poblaciones pobres que padecen crisis alimentarias crónicas de desnutrición, hambruna y mortandad. Las demandas acrecentadas son desigua les en términos espaciales y sociales porque están enfocadas en los segmentos de mercado integrados por consumidores solventes, en un contexto donde la capacidad de reproducción de los recursos naturales transita a un ritmo incom parablemente menor, lento, en contraste con la frenética medición del tiempo corto, inmediato, de la producción capitalista, en el que el tiempo no es otra cosa que dinero. No en balde los emprendimientos extractivos agotan en el corto plazo los yacimientos y abandonan de inmediato las tierras destruidas y contaminadas, convertidas en despojos inútiles que sólo dejarán la impronta del saqueo. Actualmente, vastos territorios, que son reservorios de recursos biológicos y sociales, están siendo acaparados con el interés de extraer altas rentas. En esa medida el capital se ancla en territorios ubicados en las periferias, como lo hizo con anterioridad la industria deslocalizada que emigró de los centros a los márgenes para explotar la fuerza de trabajo barata de los países del sur. A sabiendas de que el capital no es una cosa o un proyecto y, por lo tanto, no es la máquina, la fábrica o la mina, la clave reside en el entramado de las rela ciones sociales que buscan afanosamente convertir el trabajo abstracto en dinero acrecentado. La valorización del capital es un proceso de materiali zación volátil, y más aún en épocas de globalización mercantil en las que el dinamismo expansionista es su sello distintivo, de tal suerte que su fijeza es volátil, pues el dinero y las formas de capital industrial, comercial y financiero emigran hacia nuevos páramos, otros horizontes, atraídos por la promesa de grandes ganancias. El capital territorializado que, por ejemplo, adquiere la forma de un emprendimiento extractivo, no representa ninguna promesa de largo aliento; al contrario, siempre pende la amenaza del abandono a la menor provo cación y lo más probable es que el capital dejará a su suerte aquellos empla

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zamientos que súbitamente pierdan atractivo financiero o comercial, que no generen rentas suficientes. Con toda seguridad se lanzará a la aventura, en busca de nuevos nichos de negocios que prometan nuevas y más abundantes fuentes de riqueza, como los instrumentos financieros, los negocios inmobi liarios, las plantaciones de monocultivo, las guerras, las nuevas tecnologías, el lavado de dinero; para el capital todo está permitido. Concentración e hipertrofia

Así como el capital es una mezcla confusa de incesante fluidez y anclaje terri torial, también es un complejo articulado de concentración e hipertrofia que le confiere fuerza, pero que lo postra en un convaleciente estado de crisis, en terapia intensiva. La teoría convencional argumenta la existencia del libre mercado y la competencia como signo vital del capitalismo; sin embargo, la realidad desmiente ese aserto y da muestras de que predominan los grandes intereses de capitales monopólicos apuntalados por el Estado: las grandes cor poraciones multinacionales respaldadas por los Estados de los países centrales y los organismos internacionales que ejercen controles sobre los primor diales circuitos financieros, comerciales, políticos y diplomáticos, y que con trolan las principales fuentes de materias primas y fuerza de trabajo para la generación y apropiación de riqueza. El comando de la economía mundial lo ejerce el capital monopolista y las corporaciones multinacionales son la figura emblemática: siguen una ten dencia de concentración de capitales y de poder. De manera particular destaca el capital financiero que realiza actividades industriales bajo una lógica rentista (Serfati, 2013). Las grandes corporaciones dominan las finanzas, la agricul tura, la industria, el comercio y los servicios. Ejemplos se encuentran en todos los sectores. En la agricultura, la tendencia es consolidar las grandes corpo raciones multinacionales, por lo que Bayer está por adquirir Monsanto, Dow, Dupont, Syngenta y a otras más (Bunge y Mattioli, 2016). Los grandes con sorcios agroalimentarios conforman un bloque hegemónico que controla el régimen alimentario global desde la base, con las semillas, pasando por el crédito, la tecnología, la comercialización y la publicidad, hasta determinar los tratados de libre comercio que regulan los mercados. El poder de mo nopolio es tal que la biodiversidad del planeta representa para ellos el teatro de operaciones. Los capitales rentistas entran en escena en pos de monopolizar nichos de negocio, como las actividades extractivas y los servicios, en las que existe seguridad para la inversión. En concreto, el capital busca agenciarse las rentas

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extraordinarias de economías astringentes donde priva la escasez, el control monopólico y la especulación. El capital financiero-rentista de esta etapa considera a la naturaleza un espacio para intervenir y saquear los recursos en ella contenidos, porque los referentes económicos, la demanda y los precios, anticipan ganancias extraordinarias. La primacía del rentismo sobre los recursos vitales vulnera los fundamentos naturales y sociales que soportan la vida humana. Los gobiernos de los países periféricos promulgan acuerdos, leyes y pro gramas que garantizan la inversión rentista y pretenden legitimar el saqueo. Por ejemplo, en México el neoliberalismo representa el desmantelamiento de los últimos reductos de la Revolución mexicana que sobrevivían en el sector rural, en particular en el sistema ejidal, donde se resguardaba la sociedad campesina. La gestión del despojo sienta sus reales con la apertura y libera lización comercial emprendida desde 1980 y se apuntala con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) y más recientemente con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ttp). El paquete de con trarreformas amparado en el llamado Pacto por México, a la sazón la crista lización del partido del dinero y el orden, significó la legalización del despojo en materia energética (petrolera, eólica, eléctrica), minera y educativa, entre otras; además, se han implementado diversos decretos expropiatorios. Las reformas se complementan con una violencia estatal de amplio espectro cuya consigna es la “guerra contra el narcotráfico” y disposiciones que criminalizan los movimientos de resistencia; una necropolítica que sirve de pretexto para la imposición de un régimen de violencia permanente. Pretéritas ofensivas territoriales

En distintas etapas del desarrollo capitalista se han expropiado de manera violenta los territorios y sus recursos: el colonialismo, la acumulación originaria, el imperialismo, las guerras de conquista y el despojo en la era del capital global. La división de la sociedad en clases tiene en el despojo uno de sus determinantes, puesto que origina la propiedad privada de los medios de pro ducción y da continuidad a la dinámica de lucha social para la separación de las condiciones de existencia de las clases subalternas que terminan despo seídas y la acumulación de capital de los grandes círculos de dinero. En la génesis del capitalismo, el despojo ya no tiene el cometido de atesorar riqueza o mantener a los aristócratas o militares. No es como en las Cruzadas, en las que el afán era la apropiación de mercancías, de trabajo pretérito, sino que en el comienzo del sistema capitalista se trata de crear las condiciones de po sibilidad para la valorización del valor.

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En buena medida, el despojo y la rapiña explican la formación de clases sociales propietarias de medios de producción y de clases sociales que sólo tienen su pellejo. La acumulación originaria aparece como una necesidad histórica en la configuración del capitalismo; no es un complemento de la acumulación capitalista. El pillaje y el despojo no representan los únicos medios para el desarrollo del capitalismo, también contribuye el capital comercial de las ciudades-Estado del norte de Italia. En los albores del capitalismo, el colonialismo presenta en los países de la ofensiva colonial formaciones sociales complejas que en términos capitalistas son embrionarias y la burguesía aún ostenta un estado pueril y tiene que aguardar para desplegar la fuerza que le permitirá ejercer el dominio de las relaciones sociales y territoriales. En esa tesitura, los territorios colonizados, como la actual América Latina, padecen tres siglos de saqueo y pillaje, sobre todo de la parasitaria colonia española que canalizó los recursos expropiados a derroches y guerras, no necesariamente a acumular capital; más bien trans firieron la riqueza al centro industrial en ciernes, Inglaterra, el gran receptáculo de la empresa colonial multinacional. La burguesía europea emprendió la separación de los individuos de sus condiciones materiales de vida, que impiden o estorban la acumulación; con ello el capitalismo pudo gestarse y desarrollarse. Marx estudia la acumu lación originaria en Inglaterra, la economía más avanzada de la época, cuyo objetivo es la creación de individuos libres. Por carecer forzosamente de los medios de producción que les permitan satisfacer las necesidades, quedan reducidos a fuerza de trabajo, su única propiedad, que de modo obligatorio tienen que vender; en contrapartida, se erige y consolida la clase poseedora de los medios de producción que contratará a esa fuerza de trabajo disponible para explotarla. El despojo también se despliega como una empresa imperialista. Existen nuevas y constantes acumulaciones originarias caracterizadas como acumu lación por desposesión o acumulación por despojo (Harvey, 2004), en situa ciones históricas distintas a las estudiadas por Marx. Un elemento imprescin dible para el análisis es el carácter monopolista del capital que pretende obtener rentas, ganancias extraordinarias en aquellos espacios donde priva la escasez, la especulación y el control de los mercados. La concentración del capital en pocas manos, aunado al tránsito de exportación de mercancía a exportación de capitales desde países desarrollados, conlleva el reparto del mundo entre asociaciones de capitalistas y países imperialistas. El imperia lismo representa nuevas formas de despojo. El capital monopolista desea incrementar la tasa de ganancia con la exportación de capitales a los países

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subdesarrollados porque prevalecen salarios y renta de la tierra más bajos, y pueden extraer materias primas. La compulsión de acumular por acumular, la necesidad de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia y la tentativa de rentabilizar las condiciones de escasez concitan al capital a emprender distintos métodos de despojo y apro piación de la naturaleza. La burguesía industrial enfrenta el declive de la tasa de ganancia y la oligarquía financiera los bandazos especulativos, además de emprender una lucha de clases conjunta en contra de las clases y movimientos contrapuestos al capital. El despojo de las condiciones materiales y espirituales mediante la violencia para consolidar la propiedad privada de los medios de producción es la condición de posibilidad de la acumulación, pero también es una de las estrategias más recurrentes para afrontar la crisis derivada de la caída de la tasa media de ganancia. Emigración compulsiva de capitales

Los rasgos de fluidez y territorialidad, concentración e hipertrofia se ponen a prueba en momento de crisis. La caída de la ganancia y el estrechamiento de los ámbitos de rentabilidad obligan a buscar nuevos horizontes de valori zación, so pena de caer fulminados o subsistir con apoyos extraordinarios y selectivos de los Estados. Bajo la crisis civilizatoria actual, el capital monopolista busca nichos de negocio donde explotar las burbujas especulativas que se presentan como ventanas de oportunidad; antes lo hicieron con las empresas punto com y el sector inmobiliario, ahora lo hacen con los minerales, el petróleo y los ali mentos. En los sectores donde se aprecia una escasez relativa de recursos y una demanda efectiva en la economía global anidan nichos de inversión que per miten el acceso a ganancias extraordinarias. Quienes tienen posibilidades de acceder a tales ganancias supernumerarias son los monopolios que pueden capitalizar la propiedad sobre los recursos escasos o reclamar una cuantía mayor del plusvalor social en el momento del intercambio desigual. Como respuesta a la recesión de la economía global, la oligarquía finan ciera decide emigrar una parte del capital a sectores donde se encuentran refugios seguros y buenos dividendos; uno de ellos es el sector agrícola en el que, pese a la variabilidad climática, la demanda de alimentos es “poco flexible”, pues obviamente la población tiene que alimentarse y ofrece una cierta seguridad en la rentabilidad. En la era del capital global, donde se presume el avance de la ciencia y la tecnología, las capacidades productivas y los flujos de inversión, aflora, sin

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embargo, un régimen de escasez por distintos flancos. El fenómeno del cambio climático genera severas pérdidas agrícolas, pero abre la cancha a los especuladores del hambre y a acaparadores de bienes comunes naturales (tierra, agua y clima) para reconvertirlos en factores de producción privados en grandes emprendimientos. El agotamiento de los combustibles fósiles aumenta el costo de producción, agudiza los efectos ecológicos por los métodos tóxicos de extracción y la carrera insostenible de energías supuestamente alternativas. El aumento de la demanda de minerales estimula la minería destructiva a cielo abierto. La urbanización caótica y la expansión de centros turísticos agudizan la disputa de expropiación a los poseedores originales de territorios. El régimen de escasez entonces tiene al menos una doble modalidad; por una parte, se trata de la escasez relativa de recursos naturales no renovables cuyas fuentes se están agotando y cada vez son más difíciles de explotar y re quieren mayores inversiones, equipamiento más sofisticado, tecnología, pero también procesos más corrosivos y tóxicos; por otra parte, se están tornando escasos para el consumo productivo y reproductivo de las regiones periféricas que están siendo saqueadas y sometidas como meros eslabones precarios de redes de valorización de los capitales globales, economías de enclave que producen alimento, energía y materiales para alimentar a otras regiones cen trales. La escasez es síntoma de la transferencia de plusvalor y un dispositivo del desarrollo desigual. Fuerza gravitacional de la decadencia

“La renta es el resultado de las relaciones sociales en las que se lleva a cabo la explotación de la tierra. No puede ser resultado de la naturaleza más o menos sólida, más o menos duradera de la tierra. La renta debe su origen a la socie dad y no al suelo” (Marx, 1970: 113-114). Los recursos naturales no renovables y sus derivados arrojan utilidades extraordinarias en forma de renta, pero la renta no deviene de la fertilidad de la tierra, de la veta de la mina o del es pectro electromagnético, sino del fondo común de plusvalor que se apropia el capital global sobre el cual el capital monopólico obtiene el sobrelucro a costa del resto de los empresarios, es decir, la renta se apropia en la esfera del intercambio, es una sobreganancia obtenida a costa del resto de empresarios (Bartra, 1979). El punto crítico en la cuestión de la renta es que una parte del plusvalor generado por el trabajo vivo se convierte en renta y es apropiada por la oligarquía financiera, la fracción del gran capital que especula en los sectores donde priva la escasez relativa de recursos naturales, como ocurre en la minería, el petróleo, la agricultura, etcétera.

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La fuerza de atracción gravitacional del capital global que se afana en sa quear la naturaleza, la economía y la sociedad es la renta. La sobreganancia de monopolio toma la forma de renta cuando a la ganancia derivada de la inversión productiva se suma el ingreso proveniente de la apropiación de un bien que no puede producirse (Bartra, 2011). Muestra de ello son los mercados de la alimentación, la salud o la educación, que presentan una demanda se gura y entrañan rentas, pero hay sectores todavía más lucrativos, como los conformados por recursos naturales relativamente escasos que son privati zados y, al ser mercantilizados, adoptan un mayor margen de lucro extraordi nario. El capital consigue mayores rentas cuanto más escasos son los recursos vitales o estratégicos que logra monopolizar. Conforme se acrecienta la escasez concerniente a recursos naturales y productos necesarios, aumentan las cotizaciones internacionales y sustancial mente el margen de utilidad de los capitales que ejercen un control mono pólico, los producen o especulan con ellos. La utilidad extraordinaria extraída de los recursos naturales no renovables y sus derivados adquiere la forma de renta. Los recursos y los productos indispensables para la reproducción del sis tema capitalista, que además de mantener una demanda consistente son es casos o incluso raros, registran incrementos sensibles de precios; de ahí que quienes los poseen, elaboran o especulan con ellos de manera monopólica acceden a superutilidades. La ganancia extraordinaria tiene una racionalidad, pues actúa como contratendencia del decrecimiento de la tasa de ganancia inmanente al de sarrollo capitalista y contrarresta la volatilidad de los mercados. En cambio, los capitales que no detentan el monopolio sobre los recursos naturales están expuestos a esos problemas y además son obligados a competir. La decadencia rentista del capitalismo intensifica los conflictos sociales, incluso anuncia el riesgo de un suicidio colectivo, puesto que cifra las expectativas de mayores ga nancias en la medida en que acrecienta el régimen de escasez y con ello los flagelos del hambre, la pobreza y la violencia. La escasez de bienes vitales re presenta una “ventana de oportunidad” para los negocios. Lo fugitivo permanece

Los ámbitos del capital no tienen límites espaciales y temporales. La acumu lación originaria es un momento fundacional de la producción y acumulación capitalista cuando se materializa la separación de los productores de sus medios de producción para convertirlos en capital y a los trabajadores libe rados en fuerza de trabajo presta a subordinarse al patronazgo del capitalista.

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Es la metamorfosis iniciática del trabajo autónomo en trabajo forzado que tendrá que perpetuarse con el desarrollo del capitalismo a fin de confrontar las sucesivas caídas de la tasa de ganancia mediante el despojo de productores directos de sus medios de producción para de nueva cuenta apropiarse de terri torios y generalizar la proletarización. La separación de las condiciones de existencia de los productores a favor de la propiedad privada de los medios de producción y la liberación de fuerza de trabajo es un momento fundacional y propagador del desarrollo capitalista, un proceso de largo aliento que beneficia la concentración de capital y la formación del proletariado. En consecuencia, la sociedad se divide en clases posesoras y desposeídas. Los detentadores del capital se entregan a una bús queda afanosa por maximizar las ganancias, en una espiral de acumular por acumular que antepone la lógica de valorización de la reproducción de la vida humana y a la reproducción del entorno planetario, sin menoscabo de que en ello se cuestione la preservación de la vida. El supuesto de la acumulación “originaria” como un hecho histórico irre petible o “exterior” al sistema capitalista es criticado de manera creativa (Com posto y Pérez, 2012). La permanencia y la persistencia de prácticas depre dadoras de la acumulación de capital como depredación, fraude y violencia es analizada a través de conceptos como el oxímoron “acumulación primitiva permanente” (Amin, 1974; Dobb, 1971; Bartra, 2010), el descriptivo “acumu lación por desposesión” (Harvey, 2005) o el término singular de despojo (Gilly y Roux, 2008). En este sentido, el capitalismo produce para el cambio, por lo que invierte capital productivo en la industria y los servicios, y también recurre a métodos espurios como despojo, robo y expropiación. Para apropiarse de recursos na turales y sociales que no pueden ser producidos por el trabajo humano, que carecen de valor al no ser mercancías, pero que son vitales en la reproducción de la vida humana, el capital incurre en la violencia de modo que los elementos vitales puedan integrarse en su férula. La tierra, el territorio y la biodiversidad quedan reducidos a ingredientes de un banquete capitalista. Para valorizar aquello que asume como propio, lo consume, lo devora sin contemplaciones. El sistema basado en la producción de mercancías imprime una etiqueta de precio en elementos que no poseen ningún valor, debido a que no son fruto del trabajo humano, sino que existen de por sí en la naturaleza. Estos ele mentos están sometidos a un régimen de devastación, escasez y especulación en una espiral destructiva que soporta el lucro desmedido. La irracionalidad capitalista no desiste de convertir en mercancías a la na turaleza y a la humanidad, que no se reproducen como valores de cambio; y

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el dinero, que es un medio de pago, mas no mercancía (Polanyi, 2003). La ra cionalidad irracional del capitalismo es violenta, pues no tiene miramientos en su intento por obtener la ganancia o, más específicamente, la renta, una sobreganancia derivada del control monopólico de los elementos que sin serlo son tratados como mercancías. Cabe resaltar que el capital financiero especula con las falsas mercancías: dinero, tierra, agua, energía y los llamados commodities. Al hallarse insertos en los circuitos mercantiles, en determinadas coyunturas económicas, pueden registrar alzas de precios y se sujetan a embates especulativos; en tiempos de auge con precios y demanda ascendentes, pero con escasez relativa de algunos de estos bienes, se desencadena una pelea frenética de los capitales para apro piarse, así sea por la fuerza, de las fuentes o los yacimientos donde radican o entrañan tales bienes. Un recurso social significativo es el dinero, un medio de cambio que también es tratado como mercancía; el capital ficticio se en carga de especular con el dinero y desde esa esfera acomete embates especu lativos contra otros elementos que tampoco son mercancías, pero que se subsumen en la valorización. La acumulación por despojo se presenta como una necesidad histórica del capital para contrarrestar la caída tendencial de la tasa de ganancias, es decir, las crisis recurrentes, y expandir los espacios de valorización, una necesidad que supone una fuerte dosis de irracionalidad porque es depredadora, e incluso puede resultar suicida. El despojo conlleva a la mercantilización de casi todos los elementos materiales y espirituales que sustentan la vida humana. En ese embudo se agregan los saberes, la creatividad, el patrimonio, la historia. El desarrollo del capitalismo observa nuevas y constantes modalidades de acumulación originaria basadas en el despojo, la depredación y el fraude; sin embargo, a diferencia de su momento iniciático no ocurren para que el capi talismo se constituya sino para insertar en los rieles de la valorización a espacios y recursos amplificados, demandados y rentables. En tanto se apropia de lo producido mediante la violencia o recursos leguleyos, el capital es trabajo pre térito, trabajo muerto, que se adueña del trabajo nuevo, trabajo vivo; asimismo, detenta elementos vitales no producidos, como la tierra, la fuerza de trabajo y el dinero; es decir, es un impulso de apropiación totalizadora, de lo produ cido y de lo no producido, de lo muerto y de lo vivo. El saqueo de bienes comunes naturales (tierra, aire, agua) y la degradación ecológica han convertido a la naturaleza en una mercancía y en un espacio de intervención del capital provisto de tecnologías intensivas y predadoras. La acumulación por desposesión no se constriñe a lo económico; el torbellino de la mercantilización abarca los ámbitos de la cultura, la historia, la creatividad

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intelectual y más allá (Harvey, 2005). A diferencia de la acumulación origi naria que ocurrió a nivel nacional para crear las condiciones del capitalismo y el mercado interno, la acumulación por despojo se ejecuta a nivel global con el capital monopolista y la formación del mercado mundial. Un aspecto medular del despojo, más allá de su carácter permanente, es que es un acto precedente al proceso de producción y la acumulación. Pese a ser un hecho consustancial al capitalismo maduro, orientado siempre por el incesante proceso de acumulación, la expropiación, el cercamiento y la pri vatización de los recursos, no explica la acumulación, sino que sólo funda menta el acaparamiento de tierras y materias primas, además de la formación de más proletariado, una conjunción de elementos que crearán nuevas economías o enclaves productivos generadores de plusvalor. En las orillas del mundo

La globalización mercantil agudiza la extracción secular de plusvalor desde países menos desarrollados mediante la competencia, en el mejor de los casos, pero sobre todo a través del monopolio. Diversas vías profundizan el extrac tivismo del excedente, tales como el interés de deuda, el comercio de materias primas y productos manufacturados (Dussel, 2014). La transferencia de plus valor consecuenta mayormente las rutas trazadas por los monopolios más que por la competencia. En la escenografía de la acumulación mundial las periferias representan el papel de reservorios de materias primas y bienes primarios dentro de la demanda del mercado internacional con altas cotizaciones, aunque a menudo presentan la forma de bienes comunes naturales o bienes públicos; están resguardados por regímenes de propiedad social, comunal o público, formas de propiedad que son disueltas, según la lógica del capital, por el despojo y sus variantes para permitir la apropiación por grandes consorcios privados que sólo quieren sustraer los bienes en la mayor cantidad y en el menor tiempo posible, al menor costo, sin importar los efectos sociales y ambienta les que implica la sustracción. Las economías periféricas son persuadidas u obligadas a abandonar su pretensión de industrialización, si acaso la tuvieran, para adoptar modelos regresivos de reinserción al mercado mundial como proveedores de bienes pri marios, de ahí que su estructura productiva, al menos en términos del Pro ducto Interno Bruto (pib), adopte la figura de una economía reprimarizada y tercerizada. En esa lógica, son los sectores agrícola, minero y de servicios los que captan grandes flujos de inversión extrajera directa, generan rentas y

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recursos fiscales que eventualmente pueden ser redistribuidos por los go biernos gestores en programas de bienestar social, si existe el interés político de incluir a la población, como sucede en los gobiernos progresistas, pero sin nada a cambio, como en los gobiernos neoliberales. Este patrón de acumu lación orientado a las exportaciones de materias primas y productos básicos (commodities) puede experimentar un auge momentáneo, asociado a la bonanza de demanda de las grandes economías globales y a la presencia de altos precios en el mercado mundial, pero no irradia mayores beneficios a la llamada economía real, puesto que está desarticulada del resto del aparato productivo, e incluso puede destruir sectores económicos al canalizar recursos preferen ciales al sector exportador. La pujanza exportadora también emerge a costa de los trabajadores, las comunidades y la naturaleza, que son expoliados por dos vías: la mayor explotación del trabajo y el despojo de bienes, sabe res y territorios. El auge de grandes emprendimientos que saquean el patrimonio de las comunidades y la naturaleza para exportar las materias primas desarticula cadenas productivas y destruye pequeñas y medianas empresas industriales, a la vez que representa una entrada de divisas favorable que faculta a deter minados gobiernos progresistas a implementar programas de redistribución del ingreso, aunque con graves daños ambientales. Para ello se han empleado diversos vocablos: extractivismo (Gudynas, 2009; Acosta, 2011; Svampa, 2011), acumulación por desposesión (Harvey, 2005) o reprimarización (Cypher, 2009). Reproducida por la academia, organizaciones no gubernamentales, mo vimientos sociales y medios de comunicación, esta terminología describe un momento particular de la coyuntura económica global desde una mirada eco lógica que no explica del todo la lógica de funcionamiento del capitalismo en la que se inscriben, por lo que sus conclusiones son igualmente acotadas. Este modelo de desarrollo, llamado extractivista por cuanto saquea los recursos naturales, es la forma rentista y especulativa, parasitaria y predadora, del capitalismo en esta etapa de crisis sistémica. Secular transferencia de excedentes

Para desentrañar el papel actual de las economías latinoamericanas, y a la vez advertir las contradicciones del modelo extractivista en sus versiones progre sista y neoliberal, asociado al ascenso del flujo exportador de materias primas, el punto crítico estriba en desentrañar que el móvil del capital extractivo con siste en que la extracción de recursos naturales genera rentas, que en periodos de escasez resultan extraordinarias (Bartra, 2011), y que la renta no es más

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que parte de la plusvalía social generada por el trabajo, por lo que la sobrega nancia registrada en la minería, los agronegocios y el capital ficticio proviene, no de la fertilidad de la tierra o de la divinidad monetaria, sino del trabajo vivo, valga decir, de la explotación laboral. La economía de enclave ha sido la modalidad histórica del capitalismo pe riférico para generar y transferir plusvalor hacia los centros de la economía mundial. Ejemplo de ello son las minas y las plantaciones. En la etapa de la globalización, los enclaves se han actualizado como espacios económicos de excepción demarcados por el Estado para saqueo de recursos naturales, explo tación de trabajo y transferencia de excedente. Los gobiernos son los gestores de los megaemprendimientos del capital multinacional y se imponen bajo el discurso del progreso y la modernidad, pero a menudo imperan en las comunidades indígenas y campesinas mediante el engaño o la violencia. El gobierno implanta y legitima, permite la acumu lación por desposesión; con los megaproyectos, las formas de producción no capitalistas en las cuales viven las comunidades afectadas, especialmente las indígenas, son destruidas; sus tierras y saberes son apropiados y las per sonas, desechadas. Consecuentemente, los megaproyectos impulsan la insaciable geofagia capitalista y organizan la transferencia de plusvalor. Los megaproyectos del capital multinacional en emprendimientos mineros, turísticos y agríco las despiertan una gran voracidad del capital para adueñarse de los territorios del sector social, en particular donde sobreviven los pueblos originarios y las comunidades campesinas. El monstruo que come tierra

Un rasgo definitorio de estos tiempos de crisis es que el capital busca nuevos espacios de valorización a fin de contrarrestar el declive de las ganancias y co locar los excedentes. Una salida ha sido mercantilizar recursos naturales y sociales que no pueden ser producidos por el trabajo humano y que, por lo tanto, no poseen valor; no son mercancías, pero el capital está empecinado en tratarlos como si lo fueran. Los recursos naturales y sociales no se reproducen como valores de cambio; al contrario, son apropiados, tasados con un precio e insertados en los circuitos del mercado. Se trata de elementos vitales para la naturaleza (tierra, agua, aire, biodiversidad) y la sociedad (trabajo, cono cimiento, saberes, patrimonio, cultura). Ante la mercantilización de la naturaleza, el desbocado capital financiero ha canalizado un torrente de inversión hacia actividades extractivas, agrícolas,

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pesqueras, agrocombustibles, plantaciones forestales, turismo e infraestruc tura. El capital ficticio se viste con un ropaje de la “economía verde y azul” y justifica su incursión ofreciendo supuestas soluciones a la crisis climática, cuando su verdadero cometido es acaparar y mercantilizar bosques, aire, mar y el ciclo de la vida misma. Dicha inversión ecologista en realidad significa un frenético despojo de los territorios de pueblos indígenas, campesinos, pes cadores, pastorales y otras formas de comunidades locales. En un banquete de órdago, el territorio y la biodiversidad son devorados por capitales carroñeros. La naturaleza es transfigurada en “capital natural”, una fuente de materias primas y energía, y los pobladores son despojados y reconvertidos en fuerza de trabajo barata o en personal desechable. En la ló gica del capital, la materia prima, la energía y la fuerza de trabajo deben ser consumidos lo más rápido posible, en el menor tiempo, al menor costo, para producir la mayor cantidad, sin importar las consecuencias socioambien tales. Que los recursos naturales no sean renovables o sean escasos o consti tuyan el soporte material de comunidades no importa; tampoco interesa que el trabajo vivo se precarice, explote y deseche. Las crisis se presentan como luminosas ventanas de oportunidad para que los capitales rapaces extraigan abultadas rentas al exacerbar los problemas sociales y ambientales más agudos. El entorno planetario en su conjunto ha sido trastocado desde la raíz hasta la atmósfera por fenómenos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de suelos. La recurren cia de las crisis, en especial la agrícola, junto a la dependencia de los hidrocar buros y la mayor demanda de alimentos, forrajes y agrocombustibles, repre sentan el nuevo ambiente de lucro para capitales especulativos que migran hacia espacios económicos donde centellean las señales de altos márgenes de rentabilidad. Son capitales carroñeros que se alimentan de la apropiación y el saqueo de las tierras de las periferias del mundo, otrora despreciadas, pero que con las crisis ecológica y agrícola revisten un nuevo significado, la renta, para el proceso de valorización. Indudablemente, estos capitales son capitales de la crisis. En sintonía con la gran depresión mundial, el modelo agrícola de la lla mada revolución verde, que había elevado los rendimientos y disminuido los precios de cereales y leguminosas, se colapsa en 2007, en la medida en que se desmantela la autosuficiencia alimentaria y se promueven las importaciones. Estimulado por el aumento del costo de los alimentos y la dificultad para acceder a ellos, el capital financiero se apoderó de los alimentos (commodities) para especular. Los embates especulativos inflaron los precios de los alimentos a niveles sin precedentes.

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La economía mundial recibió una mayor demanda de bienes salarios, en específico de alimentos, debido a la explosión demográfica y al aumento nunca antes visto del proletariado. De manera sintomática, países densamente poblados, a la sazón mercados laborales emergentes, como China, India e Indonesia, además de que se insertaron en los circuitos de acumulación global, adoptaron los patrones consumistas, como la dieta occidental basada en pro ductos cárnicos y lácteos, una pequeña revolución cultural neoliberal que incrementó la demanda de forrajes y productos agropecuarios. Por añadidura, el declive del petróleo barato propulsó la demanda de fuentes alternativas como los biocombustibles, por ejemplo, el etanol derivado del maíz, cuyo efecto es que se desvían las cosechas no para el consumo humano sino para la generación de energía. A partir de la etapa poscolonial, la agricultura fue un sector controlado, cada vez más, por grandes corporaciones, como Monsanto, Cargill y Nestlé —productores de insumos, granos y alimentos procesados respectivamente—, que concentraban capitales y se expandían por el planeta, si bien coexistían con el sector campesino que simultáneamente producía para subsistir y para el mercado que lo explotaba. Dicha coexistencia ambigua dominada por las prácticas monopólicas también era regulada por los gobiernos que intervenían en los mercados de tierras y con el otorgamiento de créditos, insumos y distri bución de productos. Así, en la era del capital global el panorama agroalimentario se transforma. La ofensiva territorial rememora los comienzos de la expansión del comercio mundial y el campo se torna un espacio más atractivo para los grandes con sorcios, de modo que los gobiernos se hallan a la ofensiva, dejaron atrás la regu lación para malbaratar las tierras en beneficio de inversores extranjeros. La compra masiva de tierras descuella como uno de los grandes negocios: se es tima que de 2001 a 2011 “se firmaron 2,012 contratos de compraventa de tierra por un total de 228 millones de hectáreas” (Bartra, 2014). Luego del estallido de la burbuja especulativa en 2008 y la subsecuente propagación de la recesión, el sector agropecuario se transformó en un espacio muy atractivo para el capital porque la propiedad territorial arraiga rentas que son acrecentadas por la garantía de ingresos, dada una demanda persistente de alimentos que compensa factores adversos como la inestabilidad climática. Los fondos de inversión y los oligopolios graneleros especulan con los ali mentos en las bolsas y las tierras de cultivo en pos de una alta rentabilidad. El sector agroalimentario se convirtió en un espacio atractivo para la inversión directa que se apodera de tierras y aguas, y produce alimentos y materias primas. El capital global sediento de rentas emprende entonces una conquista

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de territorios sin antecedentes. La expansión territorial sigue la lógica de acaparar tierras (land grabbing), controlar la producción y financiarizar la agricultura. Uno de los fenómenos globales más conspicuos del despojo y el rentismo es el acaparamiento. El negocio agrícola controlado por el capital finan ciero se registra, por ejemplo, en los pools de siembra en Argentina y otros países sudamericanos. La geofagia del capital no sólo es apropiación de tierra y territorio, sino también de la configuración económica contenida en su espacio. La reinser ción de las economías periféricas a la globalización mercantil como provee dores de trabajo vivo, materias primas y productos básicos hacia los países centrales reconstruye las economías de enclave por medio de megapro yectos. Una de sus figuras es la economía de plantación del nuevo milenio, los monocultivos de exportación, que acaparan vastas extensiones territoriales para convertirlas en “desiertos verdes”, como sucede con la producción de soya en Sudamérica. La imposición del monocultivo exportador obedece a un sistema de producción y distribución diseñado por los monopolios agroali mentarios que descansa en paquetes tecnológicos a partir de semillas gené ticamente modificadas con altas dosis de pesticidas que aniquilan el ciclo vital de los cultivos y modos de vida campesino o comunal. La tentativa de asentar el monopolio del cultivo único comienza por el acaparamiento de tierras y la concomitante destrucción de la biodiversidad; cristaliza con la formación de un enclave de especialización productiva que responde a la demanda externa de alimentos. La progresión de la agricultura monopólica ha captu rado las tierras agrícolas de Argentina para producir soya transgénica y de Brasil para maíz. México e India, centros de origen y biodiversidad del maíz y la berenjena, respectivamente, están en riesgo de sucumbir. En Michoacán, a pesar de la prohibición en el cambio de uso del suelo forestal, grupos de talamontes, auspiciados por los grandes exportadores de aguacate, deforestan hectáreas de bosque con el objeto de establecer el monocultivo del llamado oro verde. Incluso Estados Unidos, en el medio oeste, controla la producción trans génica de maíz y soya. Amén de monopolizar la producción, las corporaciones fabrican pesticidas que envenenan la tierra y provocan enfermedades en traba jadores y consumidores, al tiempo que producen las medicinas que curan tales enfermedades. Todo es negocio. Los monopolios agroalimentarios han prometido que sus métodos incre mentarían la productividad y resolverían el problema del hambre. Sin embargo, ese problema no ha sido resuelto; gran parte de los productos agrícolas se ha usado en la elaboración de biocombustibles y alimentos para animales; apenas

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10 por ciento se destina al consumo humano. El fin real era patentar la semilla y ser dueños de los alimentos. También argumentaron que emplearían menos químicos; en realidad ocupan más. Por ejemplo, introdujeron la toxina bt al maíz, a la soya, al algodón y a la canola, al igual que el herbicida round up. El nuevo colonialismo encuentra una vertiente en la biopiratería. El capital se vale de investigadores y empresas para adueñarse de recursos bio lógicos y conocimientos colectivos tradicionales de los pueblos originarios o campesinos mediante la imposición de la propiedad intelectual que confiere derechos exclusivos sobre los recursos y conocimientos para convertirlos en mercancías. Con ese ímpetu, por ejemplo, los magnates Bill Gates y Carlos Slim pretenden apropiarse del conocimiento de los pueblos originarios articu lando las tecnologías de la computación y de los organismos genéticamente modificados para mapear los territorios y obtener la información genética de más de 7 millones de especies. Las fuentes de energía, en especial las de origen fósil, dan muestras de agotamiento; en consecuencia, presionan la oferta y encarecen los combus tibles. No obstante, las proyecciones han cambiado con la implementación de la técnica de la fractura hidráulica para extraer petróleo y gas esquistos, con severos impactos ambientales. Pese a ello, el mundo registra una astringencia energética que deriva en rentas y exacerba el extractivismo asociado al aca paramiento de tierras y aguas. Una nueva fiebre del oro impulsa a los capitales financieros y extractivos a la conquista de territorios periféricos para saquear minerales y tierras raras que ahora son un refugio provechoso de la inversión especulativa y rentista. La gran industria mundial demanda cantidades ingentes de minerales. La economía más grande, Estados Unidos, importa 19 tipos de minerales y alrededor de un tercio de 26 minerales. China es otro de los grandes de mandantes de minerales. En los territorios intervenidos, la conquista toma la forma de megaminería en la modalidad de tajo abierto, al servicio de capi tales financieros, sobre todo canadienses y británicos anclados en las bolsas de valores de Toronto y Londres y rearticulados como redes de valor global. Los capitales son integrados por proveedores y subcontratación que ejecutan el saqueo voraz de minerales en grandes extensiones territoriales con tecno logías altamente destructivas, que horadan, pulverizan e intoxican el medio ambiente. El método de geofagia extractivista destroza cerros completos y deja una huella indeleble, un cambio horripilante en el paisaje en forma de cráter; mediante el lixiviado se extraen metales, como oro y plata, utilizando elementos químicos muy tóxicos y contaminantes como el cianuro. Los yacimientos minerales de América Latina dependen de si son capaces de cubrir

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la demanda de las grandes economías. El saqueo de minerales en México, principalmente por corporaciones canadienses, es revelador. Se estima que entre 2001 y 2010 han extraído el doble del oro y la mitad de la plata saquea da y atesorada por la Corona española en tres siglos de conquista (Zúñiga y González, 2011). En adición, 70 por ciento del territorio nacional tiene po tencial minero y la mitad es propiedad social. A diferencia del Virreinato, el saqueo no se derrocha, se inscribe en una lógica expansiva de acumulación. Un dato sintomático es que el capital ya no intenta, a través del despojo, generar individuos libres de medios de producción para proletarizarlos; ahora los desecha por completo. El gran margen de maniobra de la burguesía se estrecha a causa de las contradicciones inherentes al desempeño del capitalismo, además de los mo vimientos sociales que resisten el despojo. Al carecer de legitimidad, el capi tal recurre al vil despojo, sin preocupaciones éticas. Otras modalidades del despojo territorial son los gasoductos, termo eléctricas y generadores de energía eólica; la mayoría es operada por empre sas multinacionales con financiamiento de la banca nacional y el Banco Mundial. En defensa del territorio y de la vida

De manera permanente, el capitalismo ha amenazado a los pueblos originarios, campesinos y comuneros, pero también lo hace con grupos sociales proleta rios y urbanos, para despojar a todos de los bienes comunes y convertirlos en capital como medios de producción, trabajo asalariado y personas de sechables. En la era del capital monopolista en crisis, la conjunción de intereses empresariales y gubernamentales aún se ampara en el discurso del pro greso, el crecimiento, el empleo y el combate a la pobreza mediante una amplia gama de megaproyectos en la construcción de infraestructura, com plejos turísticos, minas, parques industriales e hidroeléctricas, entre otros. La expropiación de la tierra, el territorio y en general el espacio común recurre a métodos violentos legales o extralegales, que incluyen presión, engaño, amenaza o agresión. La cuestión ambiental y la vida comunitaria están en la palestra con los megaproyectos extractivos. Desde una perspectiva crítica, se denuncia el eco cidio generado por mineras, plantaciones de cultivos transgénicos y monocul tivos, hidroeléctricas, proyectos turísticos y carreteros. Ese medio es crucial porque produce nada menos que los alimentos básicos para la reproducción

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de la vida y gran parte de las materias primas que demanda la industria. Los megaproyectos no sólo extraen materia bruta y energía, también se quedan con el plusvalor generado por los trabajadores asalariados que mantiene a los capitalistas, la burocracia, el ejército. La agrimensura capitalista ha reconvertido los espacios comunes en espa cios del capital. Los monocultivos y los agrocombustibles imponen semillas, fertilizantes, herbicidas que contaminan la tierra y provocan enfermedades, además de que las comunidades pierden el control de la tierra y el proceso productivo y, en última instancia, se quedan sin alimentos. Los proyectos eco turísticos requieren que el territorio sea despejado de pobladores originarios, indígenas o campesinos, para el deleite de los consumidores del paisaje y la biodiversidad mercantilizadas. La explotación de minas y otras modalidades extractivistas cumplen con saquear la materia bruta alojada en el territorio, operación en la que los pobladores son un estorbo; a su paso dejan pobreza, alcoholismo y prostitución en las comunidades afectadas. Los movimientos sociales en resistencia al despojo territorial han proli ferado. La mayoría se mantiene anclada en su territorio y se ocupa de su problemática particular. No hay todavía una articulación perdurable. Sin embargo, algunos han alcanzado gran visibilidad internacional por la fuerza de su programa y cohesión interna. Ejemplo de ello son Vía Campesina, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (mst) y el Ejército Zapa tista de Liberación Nacional (ezln). Estos movimientos enfrentan, a su manera, la emergencia global de las crisis alimentaria, medioambiental y fi nanciera, aunada a la problemática del acaparamiento global de tierras a cargo de gobiernos, élites e inversionistas nacionales y transnacionales que pretenden controlar los recursos más preciados del planeta. La colosal entrega de bienes comunes se traduce en beneficios a los gestores gubernamentales y a empresas transnacionales. Pese a que no comparten una agenda común, sí tienen una visión general que cuestiona lo que los zapatistas denominan la hidra capitalista. Por más de dos décadas, la Vía Campesina y la Campaña Global por la Reforma Agraria, aliados con 26 países: Asia, África, América y Europa, han luchado por la reforma agraria, la defensa de la tierra y los territorios, y la soberanía alimentaria, con un papel protagónico del campe sinado y el rescate de la producción agrícola familiar para la soberanía alimen taria con pautas agroecológicas. Lo anterior supone la necesidad de articular alianzas con otros pueblos amenazados por el desalojo y el empobrecimiento derivados de la especulación inmobiliaria urbana, los pueblos ocupados mi litarmente, los consumidores que pagan elevados precios por alimentos de

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mala calidad, las comunidades desalojadas por industrias extractivistas y los trabajadores rurales y urbanos (Vía Campesina, 2012). El mst es un movimiento de masas autónomo que articula a campesinos que luchan por la tierra y la reforma agraria en al menos 23 estados de Brasil, y que cuenta con unos 2 millones de miembros. Ocuparon más de 3,900 lati fundios en una superficie de 22 millones de hectáreas que se convirtieron en asentamiento para más de 450 mil familias de trabajadores rurales. Esas tierras fueron repartidas a razón de 10 hectáreas por familia, mientras que el resto del territorio es propiedad comunal para el trabajo colectivo (mna, 2012). El ezln surgió en México en contraposición al inicio formal del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) para oponerse a la embestida neoliberal y reivindicar el derecho a la tierra, la autonomía y la cultura de la población indígena. Sin apegarse a los criterios político-administrativos oficiales, el zapatismo está organizado en 31 municipios autónomos y cinco Juntas de Buen Gobierno. Para cubrir la supervivencia, tanto los zapatis tas como los sin tierra han desarrollado diversos modelos alternativos de producción. En la región andina, diversos movimientos sociales y frentes políticos lo graron vencer en las urnas a políticos neoliberales y entronizar a gobiernos de corte popular que se dedicaron a administrar la economía extractivista e implementaron reformas políticas y sociales, como la promulgación de nuevas constituciones y programas de redistribución del ingreso para el bienestar de poblaciones ancestralmente marginadas y excluidas. Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador encabezan los proyectos de corte posneoliberal del buen vivir y el llamado socialismo del siglo xxi, en tanto que Argentina, Brasil y Uruguay se han plegado al neodesarrollismo. En conjunto, han alentado el “ciclo progresista” que entraña la contradicción de promover un “neodesarrollismo” sin lograr transformar la estructura productiva, más allá del rentismo, y padeciendo el acoso sistemático del imperialismo estadounidense, las oligarquías y las derechas impacientes. De manera más modesta, organizaciones y movimientos defienden su territorio o sus condiciones de trabajo, sin mayores pretensiones políticas. El campesinado, desde el más pequeño y empobrecido, protege la pequeña propiedad de la que obtiene medios de vida, así sean escasos; en tanto, la clase obrera debe luchar contra la apropiación de su trabajo y contra la relación social que le sustenta. Un ejemplo de la convergencia de lucha de ambos sectores es la huelga de 50 mil jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja Ca lifornia, quienes exigieron mayores salarios y mejores condiciones de vida, un movimiento que concitó el despliegue policial del gobierno mexicano como

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si fuesen narcotraficantes y la indiferencia de los medios de comunicación. Por un momento, esta lucha primaria del proletariado agrícola puso en jaque al gobierno. El episodio remarca la necesidad de unificar a campesinos y obreros para afrontar los problemas inmediatos y resistir la lógica profunda del capital empecinado en destruir la vida. Las pugnas contemporáneas por la tierra, el territorio y la vida son múl tiples y diversas, perdurables y esporádicas, articuladoras y monotemáticas, transformadoras y defensivas. Van desde la pelea por la tierra y la reforma agraria, pasando por las condiciones de trabajo y el acceso a los servicios, el rechazo a los transgénicos, la defensa de la soberanía alimentaria y las formas sustentables de agricultura como la agroecología, hasta la custodia del territorio frente a grupos criminales y paramilitares y ante la imposición de megaproyectos. Entonces, la lucha por la defensa de los bienes comunes naturales es cri minalizada por contravenir los intereses del capital. Ante el riesgo de que los comuneros obstruyan los megaproyectos, los gobiernos responden enviando ejércitos y policías para, supuestamente, preservar el orden y la seguridad; en realidad tienen el cometido de resguardar intereses y privilegios otorgados al capital. Los líderes comunitarios y los defensores de derechos humanos que los acompañan a menudo enfrentan la fabricación de delitos y la prisión ofi ciosa como secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio y robo con violencia. A los presos se les imputan delitos considerados graves y sin po sibilidad de libertad bajo fianza. Bajo la égida del capital de la crisis, ficticio y rentista, la defensa del terri torio y de lo común puede ser simplemente una lucha defensiva, restaura dora de aquello que está en riesgo de ser arrebatado, pero también puede ser una lucha anticapitalista y en defensa de la vida (Laval y Dardot, 2015; Harvey, 2014; Hinkelamert y Mora, 2005; Dussel, 2015; Bartra, 2014; Márquez, 2013). El significado de tales conflictos reside en la reivindicación de un remanso, un vivir bien, y una aspiración al desarrollo humano, una alternativa sistémica al capitalismo. Fuentes consultadas

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Desarrollo y resistencia en el crepúsculo de la época neoliberal Henry Veltmeyer* Édgar Záyago Lau*

Introducción

Este artículo parte del concepto de acumulación por desposesión de David Harvey (2003) con el propósito de analizar el surgimiento de los nuevos mo vimientos sociales en América Latina. La lente recae sobre los movimientos sociales que surgieron a partir del capital extractivo. Primordialmente, este tipo de capital ha tenido dos componentes. Por un lado, la inversión extranjera a gran escala, la cual sustrae los beneficios económicos de la explotación de recursos naturales y, por el otro, el conjunto de políticas y acciones de los gobiernos que dan carta abierta a dichas inversiones (Spronk y Webber, 2007; Veltmeyer y Petras, 2015). No es objeto de este trabajo profundizar en los aspectos políticos y eco nómicos de la acumulación por desposesión mediante el extractivismo. Sin embargo, creemos que el concepto de Harvey tiene potencial analítico para descifrar tanto las dinámicas actuales del desarrollo capitalista como los pro cesos de resistencia en América Latina.1 Las fuerzas de resistencia han florecido con el interés de enfrentar a esta nueva faceta de acumulación, con cara extrac tiva pero con un carácter de pillaje más extremo y violento. Los productores directos, en especial los campesinos, son destinados a seguir una o ambas vías de desarrollo: migrar o convertirse en asalariados. En el siglo xvii en Inglaterra, Marx utilizó el concepto de acumulación ori ginaria para analizar la separación de los productores directos de sus medios * Docentes investigadores de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Univer sidad Autónoma de Zacatecas. 1 Dentro de los análisis críticos del capitalismo desde América Latina se invoca conti nuamente a David Harvey (2003) y su concepto de acumulación por desposesión. En contraste, Eduardo Gudynas (2013) sostiene que, pese al uso generalizado del concepto, éste no ofrece algo nuevo para entender las dinámicas del capitalismo en América Latina. 99

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de producción.2 No obstante, varios estudiosos, como Rosa Luxemburgo y, recientemente, David Harvey, argumentan que ese tipo de acumulación no surge exclusivamente con el inicio del capitalismo. El fenómeno, discuten, puede encontrarse en toda su historia, al margen del sistema (Luxemburgo) o en periodos de crisis de acumulación (Harvey). Durante la época de Marx, en la Inglaterra industrial la acumulación ori ginaria consistía en restringir el acceso de los productores directos a los recursos de subsistencia (bienes comunes) (Marx, 1967). Esto obligó a los pro ductores a abandonar su modo de vivir y sus comunidades, y generó un prole tariado (una clase sin medios para subsistir con excepción de su capacidad de trabajo) y un creciente ejército industrial de reserva. Empero, como bien indica Harvey (2003), este proceso no es propio del origen del capitalismo. El capitalismo es un sistema que cambia y adquiere diferente morfología según el contexto. Lo anterior se observó en la década de los setenta del siglo pasado en respuesta a una crisis de acumulación de largo plazo. El sistema capitalista modificó el papel del Estado en el desarrollo: pasó de un modelo dirigido por el Estado (State-led development) hacia otro basado en el libre mer cado (neoliberal). Actualmente, nos encontramos en una etapa donde la acumu lación busca nuevas fronteras; una de ellas es la explotación de las materias primas (extractivismo). El avance del capital extractivo en América Latina es el talante contem poráneo de la acumulación por desposesión e implica nuevas formas de apropiación y pillaje de los bienes comunes. Esto ha generado nuevos es quemas de resistencia, que han prosperado producto de la lucha de clases. Tal es el caso de los grandes segmentos de campesinos desposeídos y prole tarizados —los pobres rurales, según la jerga de los economistas del Banco Mundial (bm)— que se ven obligados a emigrar y abandonar la agricultura local. Otra cuestión clave en los diversos debates que circundan este proceso es lo que algunos marxistas conciben como la cuestión agraria. El tema es explicar la transición hacia el capitalismo desde el agro, además de estudiar cómo el campesinado puede sobrevivir, si es el caso, la embestida del capital (Otero, 1999). 2 Marx entiende la acumulación originaria como un proceso violento en el cual los pro ductores directos son separados de los medios de producción. El origen del capitalismo, en efecto, fue abrupto; en palabras de Marx: “En letras de sangre y fuego” (Harvey, 2003: 162). Los magnates industriales ingleses utilizaban los denominados Inclosure Acts para expropiar legal mente las tierras comunales (Perelman, 2000). Así, la desposesión del campesinado era con siderada legal (Perelman, 2000: 114). En cualquier caso, la expulsión de campesinos y pobla dores del campo causó una lucha de clases agitada. Tales luchas desempeñaron un papel importante en la organización social de Gran Bretaña del siglo xvii.

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David Harvey inició una nueva línea de discusión dentro del debate sobre el desarrollo capitalista actual y el proceso de transformación productiva y social. Más allá de los debates tradicionales, figuran en su análisis las fuerzas de choque en el ciclo de acumulación por desposesión y la lucha de clases. En ese sentido, argumentamos que el avance del capital extractivo en varias zonas de América Latina constituye una forma contemporánea de este tipo de acumu lación; es una estrategia para capturar los bienes comunes, mientras que precipita la formación de nuevas fuerzas de resistencia y lucha. Se elaboró el argumento en etapas sucesivas. En primer término, se explora la transición del modelo de desarrollo, de la mano del Consenso de Washington, al denominado nuevo desarrollismo. Posteriormente, se analizan los flujos de inversión extranjera en América Latina bajo el reacomodo geo político del capital. En tercer lugar, se examina la dinámica de la acumu lación por desposesión en Ecuador, un caso paradigmático del fenómeno. Después, se revisan otros casos regionales que expresan dicha acumulación. Se proveen, al final, unas breves conclusiones. Del Consenso de Washington al nuevo desarrollismo

Ningún manual de política pública ha tenido tanta influencia en América Latina como el del Consenso de Washington. El Consenso patrocinó un modelo en el que el Estado promovía políticas apegadas al libre tránsito del capital. Al mismo tiempo que avanzó la implementación del modelo, también lo hicieron la pobreza y la marginación social. Los pobres rurales (campe sinos forzados a abandonar la agricultura y sus comunidades) y los nuevos pobres urbanos (semiproletariado obligado a trabajar por su cuenta) fueron los más afectados por este capitalismo. La presencia del Consenso de Washington en América Latina comenzó en 1989 con los postulados del economista John Williamson (1990) y más tarde se fortaleció con el apoyo sectario de instituciones internacionales como el bm, el Fondo Monetario Internacional (fmi), el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otras más (Fine y Jomo, 2006). La mayoría de las economías en América Latina adoptó ese modelo de política económica, mientras que aquellos que mos traron resistencia fueron castigados con el desprestigio internacional y la falta de acceso a créditos. Esta práctica, de corte neocolonial, tiene parangón con la del colonialismo español en América Latina: la espada en una mano y la Biblia en la otra.

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El neoliberalismo puede resumirse en algunas políticas: disciplina y equi librio macroeconómico, liberación del comercio externo y promoción de inversión extranjera directa (ied), desregulación del mercado y las fuerzas de libertad económica, y desmantelamiento del Estado de bienestar. Presumi blemente, dichas prescripciones de política pública tendrían que haber es timulado el crecimiento económico; no obstante, los resultados económicos y sociales fueron desastrosos. El neoliberalismo implicó una década perdida para el desarrollo de América Latina: cristalizó una mayor pobreza, aumentó la desigualdad y limitó el crecimiento económico real. Nuevos movimientos sociales surgieron en respuesta y también fuerzas políticas que impulsaron un balance entre Estado y mercado, así como un desarrollo más inclusivo (Ocampo, 2005; Infante y Sunkel, 2009; Veltmeyer y Petras, 2015). Desde 1990, casi todos los gobiernos de la región adoptaron estas nuevas políticas para perseguir dos objetivos. El primero fue impulsar el crecimiento por encima de cualquier otra prioridad. A esto se le denominó reforma estructural e incluía la privatización, la apertura e integración económica, la desregulación del mercado y la liberalización del comercio y los flujos de capital. El segundo tenía que ver con una nueva política social orientada a la reducción de la pobreza. A este itinerario se le conoce como el nuevo desarro llismo (Bresser-Pereira, 2006 y 2007). Nueva geoeconomía del capital

A fin de comprender los cambios producidos en América Latina, especial mente en Sudamérica, vale la pena seguir el rastro de los flujos de ied. Un buen punto de partida es el inicio del nuevo orden mundial y el modelo neo liberal desde 1980. La política de ajuste estructural, impuesta bajo la tutela del Consenso de Washington, abrió paso a un flujo de capital sin precedentes en forma de ied. De 1990 a 1996, en el contexto de las reformas estructu rales, América Latina experimentó un incremento exponencial de ied: pasó de 8,700 millones de dólares en 1990 a 61 mil millones en 1998 (unctad, 2008: 256, 267-268, 362). Hasta 40 por ciento de este capital se usó en la compra de las paraesta tales, principalmente en el sector energético, telecomunicaciones y manufac tura. Arellano (2010) establece que cerca de 50 por ciento se invirtió en servicios, incluida la banca, mientras que los sectores manufacturero absorbió 25 por ciento y el sector extractivo, 10 por ciento. Las renovadas fuerzas del capital en la economía mundial y el incremento del hambre por las materias primas en países que entraron al ciclo de acumulación (por ejemplo, China)

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reestructuraron los flujos de capital productivo. La ied se redujo en el sector servicios entre 60 y 47 por ciento, y se elevó entre 10 y 30 por ciento en las iniciativas extractivas (Arellano, 2010). En 2011, la ied hacia América Latina mostró un crecimiento de 34.6 por ciento, por encima de Asia, el cual creció sólo 6.7 por ciento en el mismo periodo (unctad, 2012). En síntesis, el flujo de inversiones llegó a 150 mil millones de dólares en 2011, 15 veces más en cifras absolutas que a comienzos de la década de los noventa del siglo xx (Zibechi, 2012). La expansión del capital extractivo en América Latina se manifestó en los cambios en la estructura de las exportaciones y en el proceso de reprimarización de las economías (cepal, 2010: 17). En algunos países el proceso fue más evidente. Brasil, por ejemplo, recibió 32.8 por ciento de la ied hacia América Latina en 2000; y en 2008, en plena crisis financiera global, logró captar 45 por ciento de la ied destinada a la región (cepal, 2010; 2012). El auge en la demanda de materias primas (metales, minerales, biocomes tibles y productos agroalimentarios) en el mercado mundial no sólo tuvo impacto económico sino también político. En ese contexto, distintas corrientes políticas en Sudamérica llegaron al poder e intentaron enlazar el extractivismo con la plataforma del nuevo desarrollismo (Garavito, Barrett y Chávez, 2005). Neodesarrollismo y neoextractivismo: reflejos desde Ecuador

El desarrollo capitalista de la década de los noventa del siglo xx trajo con sigo grandes flujos de inversión extranjera hacia América Latina, junto con la formación de poderosos movimientos sociales contra el capital y su avatar neoliberal (Petras y Veltmeyer, 2005; 2009). Al fin de este periodo, los levan tamientos y movilizaciones sociales combatieron a las políticas del Consenso de Washington e intentaron trascender al neoliberalismo. Estas acciones ter minaron por nutrir el debate sobre la posibilidad de otro mundo o desarrollo alternativo. El ascenso de la izquierda electoral se logró gracias al capital político ga nado por los movimientos sociales. El cambio en las urnas implicó una recon figuración del mapa político de los gobiernos de la región —una ola roja (Venezuela, Bolivia y Ecuador, con una orientación hacia el socialismo del siglo xxi) o rosa (con referencia a gobiernos como Argentina, Brasil y Chile que tenían una orientación posneoliberal, aunque procapitalista).3 La orien 3 Para una revisión más profunda de los regímenes posneoliberales de centro-izquierda véase, entre otros, a Garavito, Barrett y Chávez, 2005; Gaudichaud, 2012; Petras y Veltmeyer, 2014.

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tación política de dichos regímenes es distinta: populista radical (ostentada en un nuevo socialismo) y capitalista pragmático (con arreglo en los intereses del capital). A pesar de sus diferencias ambas plataformas operan con agrado hacia: i) el nuevo desarrollismo (facilitado por el Estado) y ii) un nuevo extrac tivismo, mediante el cual se busca reducir la pobreza y redistribuir el pro ducto social de manera equitativa (Albuja y Dávalos, 2014). En la coyuntura, varios países, en concreto Bolivia4 y Ecuador, destacados por el activismo político e intelectual de sus comunidades y organizaciones indígenas, intentan ir más allá del neoliberalismo y el desarrollismo mediante la consolidación de un modelo orientado al vivir bien, que implica promover el desarrollo en condiciones de solidaridad social y armonía con la naturaleza (Acosta, 2009; Huanacuni, 2010; Prada, 2012). Ambos pretenden construir go biernos respetuosos de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas y la naturaleza. Las políticas en el interior han reavivado el debate sobre cómo construir un modelo de desarrollo alternativo y distinto al capitalista. El ángu lo más avanzado de la discusión se relaciona con el socialismo del siglo xxi, como lo interpretaba Hugo Chávez y lo expone Álvaro García Linera (2013).5 Al respecto, sobresalen los debates que se viven en Ecuador. Por ejemplo, un tema acalorado que envuelve la discusión sobre el desarrollo en ese país es la contradicción entre el buen vivir y la política extractivista. Alberto Acosta, economista, político y participante en la elaboración del plan de gobierno de Ecuador (Alianza país), se ha convertido en uno de los más fervientes críticos de la política de desarrollo de Correa. Según Acosta (2009), el extractivismo contiene una contradicción insalvable con el vivir bien, especialmente, por sus consecuencias socioambientales (Acosta, 2009). En el mismo sentido, Albuja y Dávalos (2015) detallan, en su ensayo de la política de Rafael Correa, cómo la estrategia de desarrollo en Ecuador es una copia del nuevo desarrollismo (activismo estatal para promover una dis tribución más igualitaria del producto social) y el extractivismo (uso de la renta para aliviar la pobreza). Correa promueve la extracción y la exportación de recursos naturales de Ecuador, en alianza con los inversionistas extranjeros. 4 En Bolivia se han observado acciones de resistencia en contra de las iniciativas extrac tivistas del Estado. Las movilizaciones indígenas reaparecieron en el país ante el anuncio de construir una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (tipnis) y la continuación de la explotación petrolífera en áreas protegidas (Hoy Bolivia, 2015; ibce, 2015). 5 En la concepción de García Linera (2013: 6) el proceso revolucionario en plena vigencia en Bolivia tiene como primer elemento la construcción del poder del Estado; con la intención de dirigir los procesos productivos, extractivistas y no extractivistas, para incrementar la propiedad comunal y el control sobre la distribución social de la riqueza.

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Se trata, a su entender, de una oportunidad económica de la cual el país tiene que valerse, aunque entrañe confrontarse con los grupos indígenas y las comunidades afectadas por las operaciones del capital. Una manifestación elocuente de esta lucha es la protagonizada por la Confederación de Naciona lidades Indígenas del Ecuador (conaie). La batalla contra el extractivismo llevó a la organización a coordinar un levantamiento indígena y popular y un paro nacional el 11 de agosto de 2015 (conaie, 2015). La política en Ecuador se alinea con las prácticas del nuevo extractivismo6 que incluye la mercantilización de la tierra y sus recursos, la violación de los derechos territoriales de los pueblos y las comunidades indígenas, la expansión de los mecanismos de explotación petrolera —en prístinas aguas glaciales del país, así como en el mar abierto y reservas naturales como Yasuní-itt y los territorios indígenas—, la industrialización de esquisto bitu minoso, la minería a cielo abierto, el agroextractivismo en forma de agroin dustria, incluido el uso de pesticidas y semillas u organismos genéticamente modificados, los sistemas de monocultivos, la privatización de los servicios pú blicos (que comprende el agua y los pintorescos paisajes de la industria del turismo), el uso de la biotecnología y la geotecnia para la conversión de tierras de cultivo a productoras de biocombustibles y, en general, la subsunción de estos grupos a la acumulación del capital.7 En 2007, el presidente Correa inició el proyecto Yasuní-itt y, a cambio, ofreció la suspensión de extracción de petróleo en parte del Parque Nacional Yasuní Ishpingo-Tambococha llamada Tiputini (itt). La transacción alcanzó 3,600 millones de dólares. El proyecto fue recibido con beneplácito por los grupos ambientalistas, los simpatizantes del posdesarrollo y los arqui tectos del Plan Nacional para el Buen Vivir. El parque Yasuní-itt tiene una reserva de 846 millones de barriles, aproximadamente o, lo que es lo mismo, 20 por ciento de la reserva probada de petróleo del país. El objetivo de la iniciativa era la conservación de la biodiversidad, el resguardo de los pueblos indígenas (en aislamiento voluntario) y el control de las emisiones de co2. El Fondo Fiduciario Yasuní-itt se lanzó el 3 de agosto de 2010, pero sólo logró recabar 200 millones de dólares a finales de 2012, lo que propició un giro de 180 grados en la política sobre Yasuní-itt: “El mundo nos ha fallado”, apuntó Correa y catalogó a los países más ricos del mundo de hipócritas, pues dijo que mientras éstos son responsables del grueso de las emisiones de gases de 6 Estas contradicciones tienen que ver con lo que economistas interpretan como “la maldición de los recursos”, o en caso de Acosta, “la maldición de la abundancia” (Acosta, 2009; Auty, 1993). 7 Existe una literatura abundante sobre estas cuestiones.

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efecto invernadero, obligan a naciones pobres, como Ecuador, a sacrificar su crecimiento económico en pos del medio ambiente (The Guardian, 2013). El plan para extraer el petróleo del Yasuní-itt renovó el debate sobre la estrategia de desarrollo en Ecuador (Chimienti y Matthes, 2013). Muchos economistas, ambientalistas y activistas exhibieron los riesgos del modelo: superación de pobreza mediante extractivismo. Una estrategia que críticos como Alberto Acosta caracterizan como una traición al Plan Nacional para el Buen Vivir.8 Correa, desde su elección en 2007, ha emprendido una serie de negocia ciones con las empresas extractivas con el fin de conseguir una mayor partici pación en el mercado mundial. Espera, en consecuencia, aumentar los ingresos del Estado y reducir la pobreza. En términos reales, de hecho, Correa ha logrado su cometido. Según el Programa de las Naciones Unidas para el De sarrollo (pnud, 2014) la tasa de pobreza en Ecuador se redujo en 50 por ciento desde 2003. Tal situación se atribuye a un incremento de 100 por ciento de los gastos fiscales dirigidos a programas sociales de bienestar, pero ¿cuál es el costo del logro? Esto es, precisamente, lo que se halla en el centro de la discusión. El extractivismo es un acelerador en la estrategia económica de Correa. La administración de Ecuador ha incrementado, por ejemplo, la tasa de extracción del aceite de palma y de minerales a gran escala. Ambos esquemas son altamente dañinos sobre los ecosistemas y el modo de vivir indígena y cam pesino. El ambientalismo de Correa no es más que retórica y un justificante falaz del extractivismo. Sus propios discursos lo evidencian: Siempre dijimos que el mayor peligro para nuestro proyecto político, una vez derrotada sucesivamente en las urnas la derecha política, era el izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil. ¡Qué lástima que no nos equivocamos en aquello! Ahora resulta que el buen vivir es cerrar las minas y el petróleo, ¡y seguramente volver a una sociedad de recolectores! (Correa, en Acosta, 2009: 9).

En ese contexto, se advierte cómo el poder de la acumulación por despo sesión termina por subsumir el ideal de un desarrollo alternativo, ecológico y sustentable en Ecuador. 8 El Plan Nacional para Buen Vivir 2009-2013 hace hincapié en la importancia de la redis tribución y la reducción de la desigualdad, además de la protección del medio ambiente.

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Acumulación por desposesión ¿hacia la apropiación del bien común?9

De acuerdo con Harvey (2003: 149), la privatización permite despojar a los productores de sus bienes (tierra, agua y recursos naturales) mediante la colocación de una barrera o cerca entre los productores y sus medios de pro ducción. Este fenómeno se remonta a principios de los ochenta, en los albores del surgimiento de una contrarrevolución conservadora, lo que originó la cons trucción de un nuevo orden mundial. El Consenso de Washington logró implementar sus políticas en el globo, lo que incluyó la desregulación de la libertad (propiedad privada, capital, mercado) y el desmantelamiento del Es tado de bienestar. El objetivo de dichas políticas fue activar el proceso de acumulación de capital y estimular el crecimiento económico a través de la creación de condiciones favorables para la inversión. El argumento fue retomado por Spronk y Webber (2007) en el análisis de las guerras de agua y gas en Bolivia entre 2000 y 2005. Los analistas utilizaron los conceptos de Harvey, acumulación por desposesión y cercado del bien común, para estudiar la dinámica de la resistencia. En su opinión, el análisis de Harvey sobre el Estado y la política neoliberal permite esclarecer las manifesta ciones del capital y la lucha de clases que origina. En América Latina, el fenó meno se manifiesta en dos momentos. Primero, desde el control de los bienes comunes por las multinacionales mediante la ied; y segundo, en la resistencia organizada, donde varios movimientos sociales impugnan la mercantilización de recursos naturales vitales (gas, agua, minerales, bosques y selvas). La resisten cia en América Latina, bajo este esquema, va más allá de la simple protesta: exige la restitución de los bienes comunes, fuentes de vida y supervivencia. La acumulación por desposesión no es exclusiva de países al sur del con tinente. Tal es el caso de México, cuyo sector de generación de electricidad, controlado por reconocidas empresas del Estado (que incluye la extinta com pañía Luz y Fuerza del Centro), está en vías de sufrir una privatización de facto. Además, la acumulación por desposesión también afecta a propietarios, comu neros y ejidatarios, ya que pueden ser despojados de sus predios si contienen petróleo y gas (Becerril, 2014).10 Otra dimensión del fenómeno se expresa en los megaproyectos de desarrollo. García Rivas (2014) expone cómo la cons Para una elaboración del paradigma del bien común (The Commons) véase a Bollier, 2014. El proyecto de nueva ley para ese sector, dado a conocer por los presidentes de las comi siones de Energía y de Estudios Legislativos, señala que el gobierno decretará, en un plazo de 10 días, la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extran jeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad, en caso de que no lleguen a un acuerdo sobre la indemnización (Morelos, 2015). 9

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trucción de tres grandes presas hidroeléctricas en el estado de Nayarit fue posible gracias a la colusión de la clase política con el capital extractivo. El Estado mexicano actuó como facilitador para despojar de los bienes comunes a los pobladores. Esto, incluso, es resguardado bajo el manto legal del marco constitucional mexicano. El acaparamiento de tierra es otro mecanismo que hace factible la acumu lación por desposesión. En esa circunstancia, las secuelas socioeconómicas cimbran a la agricultura. Las transnacionales agroextractivistas lideran el aca paramiento de tierras a gran escala. Según Borras et al. (2012), el proceso de apropiación comprende 220 millones de hectáreas, con consecuencias adversas para las poblaciones y las comunidades desplazadas. En América Latina la demanda del mercado mundial por la energía y los combustibles impulsó el proceso de acaparamiento. La región mantiene una economía de agrocom bustibles bastante robusta, la cual ocupa mayormente tierra de producción alimentaria. Ello ha transformado el panorama productivo en América Latina, pues se ha pasado de una economía rural de campesinos y agricultores fa miliares, orientada a los mercados locales, a un sistema de producción basa do en el agronegocio, dirigido al mercado mundial. La escala de esta econo mía en el Cono Sur —Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay— es enorme. Tan sólo en Argentina, destino de capital extractivo por excelencia, la minería de cielo abierto y la producción de biocomestibles han capturado cerca de 30 millones de hectáreas de las mejores tierras, suelo fértil, cuencas y reservas naturales (http://laangosturadigital.com.ar). América Latina ha cedido gran parte de su territorio y patrimonio a la explotación del capital extrac tivo y muchas de sus industrias son controladas por empresas transnacionales con sede en centros imperiales (Veltmeyer y Petras, 2014). El acaparamiento también afecta al agua y otros recursos que han servido a las empresas mul tinacionales del agronegocio y a las comercializadoras de materias primas (commodity traders). En años recientes, un sinnúmero de investigaciones al respecto han circulado en los medios académicos. Giarracca y Teubal (2014), entre otros,11 han investigado la economía política de la soyización y las consecuencias del acaparamiento, lo que engloba a la tierra de uso tradicional de comunidades indígenas, así como recursos fo restales, agua y minerales. En estas comunidades, según Borras et al. (2012), las tierras son de propiedad común. Los habitantes comunitarios sin título de propiedad son vulnerables a ser despojados legalmente o con violencia, lo que induce la cohesión social en contra de los impactos negativos del extrac tivismo (Giarracca y Teubal, 2010 y 2014). 11 La economía de soya en los países involucrados —Brasil, Bolivia y Paraguay— es objeto de estudio para varios investigadores (por ejemplo, Brent, 2015).

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En el contexto de la soyización también se generan daños a la salud y al ambiente mediante la aplicación de pesticidas y agrotóxicos.12 El proceso de contaminación y daño al medio ambiente no es circunstancial. Es parte del proyecto económico y político de la acumulación por desposesión. La polución obliga a los que habitan cerca de minas, valles, ríos y selvas a abandonar sus predios. Al dejar vacantes sus tierras, los agentes del capital extractivo terminan saliéndose con la suya, ya que se adueñan sin problema de las tierras una vez abandonadas. Piñeiro Moreno (2015) destaca, por ejemplo, la lucha del pueblo mapuche en Chile que ha logrado enfrentar al capital extractivo. Empero, los impactos en la salud de las mujeres de este grupo son claramente visibles: “Las mujeres ahora son mucho más vulnerables a enfermedades como resul tado de la contaminación del aire y el agua. En Campo Maripe son las mujeres las que enferman […] 90 por ciento de ellas sufren secuelas en su salud […] la mayoría tiene cáncer […] así como otros problemas de salud” (Piñeiro Moreno, 2015: s/p). Esto, lógicamente, ha causado escozor en la comunidad mapuche, aunque ha nutrido su lucha. Debe admitirse, no obstante, que los agentes de la acumulación por desposesión en muchas ocasiones logran negociar con las poblaciones locales. La estrategia neocolonial del capital extractivo, de castigo y recompensa, tiene el poder de capturar voluntades; especialmente, con el hambre y la pobreza de aliadas. En contraste, las negociaciones y la presión del capital extractivo no prosperan en otras tantas ocasiones, lo que da vida a un gran número de movimientos sociales en América Latina (Bebbington, 2011; Bebbington y Bury, 2013; cedib, 2014; Veltmeyer y Petras, 2014). Conclusiones

La investigación explora una nueva fase en el desarrollo capitalista, la cual tiene repercusiones en las relaciones sociales de producción y en la lucha de clases. Esta fase propicia la acumulación por desposesión a través del capital extractivo. El análisis no puede, en ningún caso, reemplazar las herramientas analíticas de Marx sobre el capitalismo y la relación capital-trabajo; tampoco es nuestro cometido. Exploramos, más bien, una nueva fase del capitalismo anclada a varias formas de capital, pero con una variante distintiva: en lugar 12 En algunas comunidades agrícolas del territorio mapuche se ha denunciado que “casi el diez por ciento de las mujeres embarazadas entre quince y cuarenta sufrieron abortos espon táneos en los últimos diez años, cuando la media nacional es del tres por ciento” (Polischuck, 2015: 2). En otras comunidades, sedes de plantas de Monsanto, cfm Mandiyú, “el cuarenta y uno por ciento de las familias han tenido algún integrante con cáncer en los últimos diez años” (Polischuk, 2015: 3).

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de explotar exclusivamente el trabajo, también explota los recursos naturales. Las implicaciones económicas y políticas de esta dinámica son de gran calado, aunque no se profundizó en ellas. Sin embargo, hay ciertos elementos que destacan, los cuales desplegamos en tres dominios. En primer lugar, los aspectos geoeconómicos del capital en la coyuntura del proceso de desarrollo contemporáneo de América Latina. Se estableció que el desarrollo capitalista actual se fundamenta en el capital extractivo. En se gundo, se ilustró cómo la acumulación de capital avanzó en América Latina bajo el marco de un nuevo desarrollismo con espíritu neoliberal. El tercero exploró la intersección del concepto de acumulación por desposesión de David Harvey con las esferas analíticas anteriores. Su interrelación, a su vez, genera varias implicaciones que se resumen a continuación. La acumulación por desposesión se facilita a través de varios mecanismos del capital extractivo. Uno de ellos es la privatización, del cual sobresalen las políticas de pillaje. Mediante dicho esquema se entregan al sector privado transnacional y a la clase dominante mundial los medios de producción de sectores estratégicos (Bernd Hamm, 2014). El segundo mecanismo es el acaparamiento de tierras, agua y otros recursos. Esta estrategia permite el acceso directo del capital a fuentes de recursos naturales y materias primas, por ejemplo, agrocomestibles y agroalimentos, cuya demanda es alta en el mercado mundial. En consecuencia, vastas extensiones de tierra han sido transferidas a las corporaciones multinacionales, ya sea con el propósito de explotar la riqueza natural o construir megaproyectos de desarrollo para el beneficio privado. El tercer mecanismo, con vista en los sectores minero y extracción de com bustibles fósiles, es de concesionar, mediante contratos de largo plazo, la explo ración y la explotación de recursos del subsuelo. Los derechos de las comu nidades indígenas que habitan y trabajan esas tierras son violentados en el proceso. La acumulación por desposesión vía extractivismo, además, degrada la base ecológica y afecta la salud de los pueblos originarios. En el siglo xx, la acumulación y el desarrollo capitalista despojaron a las comunidades rurales de sus medios de producción, dando como resultado una transformación social violenta, ante la vista de las agencias de coope ración y desarrollo internacional. En el nuevo milenio los agentes del capital, con una cara nueva, incrementaron la acumulación extensiva del capital y pro piciaron el desplazamiento, la migración forzada y la proletarización del sector rural. A manera de resistencia, la población formó un bloque de lucha. Las implicaciones sociales y sobre todo políticas de esta nueva forma de acumu

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lación requieren de una mirada más a fondo. Se espera, no obstante, que entre las líneas de este trabajo hayamos podido motivar el interés para dar se guimiento al nuevo ciclo de explotación y resistencia. Fuentes consultadas

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Crisis del capitalismo ¿Fin de las soberanías económicas? Víctor López Villafañe*

Introducción

Las crisis económicas en el capitalismo no son la excepción, sino la norma (Roubini y Mihm, 2011: 4). Sin embargo, existen tres elementos novedosos en las crisis globales del capitalismo. El tamaño medido en valores monetarios es astronómico debido al papel creciente del sistema financiero global que ha creado nuevos instrumentos para negociarse y enriquecerse. Otro elemento es que representan enormes oportunidades de negocio por las gigantescas transferencias de dinero que su solución representa, y que terminan siendo absorbidas por subsidios en forma de alza de impuestos, reducciones salariales, quiebras de pequeñas y medianas empresas, devaluaciones de monedas y pér didas de ahorros instantáneas, entre otros efectos que caen como peso sobre la espalda de pueblos alrededor del planeta. Finalmente, desde el punto de vista de la historia del capitalismo, las crisis regionales y sistémicas se han pro ducido de modo recurrente desde principios de la década de 1970. Se han con tabilizado cinco crisis globales y 42 crisis bancarias entre 1970 y 2011. ¿Cuáles han sido los principales elementos y factores desencadenantes de las crisis? En general, las políticas económicas heredadas del New Deal en Estados Unidos y vigentes entre 1945 y 1970 fueron desmanteladas sistemá ticamente. El peso político y social de los sindicatos fue reducido en gran me dida y las condiciones del mercado de trabajo fueron radicalmente alteradas para dar por terminado un largo ciclo de cien años de aumentos en los sa larios reales. La elección del presidente Ronald Reagan en 1980 selló el cambio y fue el punto de partida para su conversión en modelo en todo el mundo. * Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 115

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Además, el cambio tecnológico incentivó el aumento de la productividad, pero los salarios reales disminuyeron y esta fórmula resultó en una explosión de la acumulación capitalista, lo que dio lugar a uno de los periodos de ganancias más grandes en la historia del capitalismo mundial (Wolf, 2010). La declinación de la tasa de ganancia entre 1950 y 1970, calculada en 50 por ciento, representa el telón de fondo de los cambios que se gestaron para revertirla y crear las condiciones que disminuyeran el salario real de los traba jadores. Los procesos inflacionarios hicieron una reducción automática de los salarios, aunado a combinación de desempleo por el arribo de trabajadores en la periferia del sistema, así como del ingreso de mujeres al mercado laboral, y crearon condiciones nuevas con el objeto de generar presiones que debili taron la fuerza de los trabajadores. Surgió un sistema financiero global que era subprime de arriba abajo con la creación de instrumentos financieros esotéricos y opacos. Complementaria mente, se creó un sistema bancario paralelo e informal (shadow banking system) que no es regulado como el sistema bancario formal. Ello genera un escenario perfecto para burbujas de crédito y activos. Los shadow banks y otros tomaban dinero de depósitos para pagarés y lo transformaban en títulos no líquidos, riesgosos y de largo plazo, como los títulos hipotecarios. La toma de riesgo, al realizarse la transacción, se fundamenta en que habrá rescates, indemniza ciones y financiamiento para los inversionistas especuladores que han efec tuado las transacciones. Todas las crisis después de 1970 se suscitaron fundamentalmente en la periferia del sistema capitalista, como las mexicanas de 1982 y 1994 y la crisis de deuda de los años ochenta en América Latina, al igual que la crisis de Asia en 1997, entre las más destacadas. En años recientes y como consecuen cia de la crisis financiera de Estados Unidos, países como España, Portugal, Italia y especialmente Grecia han entrado en crisis recurrentes de deuda y han adoptado programas de ajuste estructural que significan transferencias de sus ciudadanos, que en su mayoría no tuvieron nada que ver con los créditos a los gobiernos, a los bancos e instituciones financieras responsables, causa principal de las crisis. Resalta que fueron principalmente los bancos europeos que hoy se ubican entre los más grandes del mundo quienes prestaron cuantiosos prés tamos a gobiernos que se suponía que serían insolventes. La mayoría de las crisis empiezan con una burbuja que se acompaña de una excesiva acumulación de deuda (aumenta el crédito y los inversionistas se endeudan para entrar a la espiral ascendente de la burbuja). Las acciones del mercado bursátil, la vivienda y el sector inmobiliario son los sectores que se encuentran en la cúspide de las burbujas. La burbuja inmobiliaria en Estados

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Unidos siguió ese proceso: el sector fue considerado como una inversión segura que nunca pierde valor. La gente llegó a utilizar sus casas como cajeros auto máticos. Pero cuando la oferta excedió a la demanda, la burbuja se detuvo, la confianza en el aumento del valor se desvaneció y conseguir préstamos se hizo más difícil. De esa forma se acaba el oxígeno para mantener viva la burbuja y los préstamos se terminan; los precios caen y empieza el desendeudamiento. Es el momento de buscar activos seguros y líquidos, y evitar el activo foco de la burbuja. Así sucedió entre 2007-2008 en Estados Unidos. Lo que empieza como una crisis financiera más tarde se desperdiga hacia la economía real. En el siglo xix se sucedieron varias crisis, pero todas tuvieron causas seme jantes (burbujas crediticias), y en las del siglo xx el auge especulativo más la excesiva acumulación de deudas se colocaron en el centro de las crisis. Gobiernos, corporaciones e individuos se endeudaron, en tanto que los bancos y otras instituciones financieras prestaron sin demasiados controles (Roubini y Mimh, 2011: 30). Las crisis de los años noventa del siglo pasado en países emergentes se convirtieron en el antecedente de lo que acontecería en Estados Unidos. Para 2006 el crédito era abundante con tasas de interés históricamente bajas, por lo que la burbuja creció en el sector inmobiliario. La diferencia con otras crisis fue la innovación financiera y el aumento de incentivos y compensaciones para intermediarios, banqueros y comerciantes del dinero. Además, fueron muy importantes las regulaciones establecidas como efecto de la crisis de 1929, las cuales terminaron desmontadas bajo las presiones del capital financiero y especulador que triunfó en cuestiones políticas cuyo aliado fue la ideología del fundamentalismo del libre mercado. La ley más relevante derogada en 1999 fue la ley Glass-Steagall, establecida en 1933 para controlar la especulación financiera. Durante esos años se formó también una cadena de transacciones de la economía de Estados Unidos con el mundo. Este país se convirtió en receptor de fondos de China, Japón y otras economías con la finalidad de aumentar su poder crediticio y así alimentar la enorme burbuja que fue desarrollándose. Debe recordarse que Japón y China se habían convertido en sus principales inversionistas finan cieros. En el caso de Japón, debido a su proceso de deflación, mantuvo tasas de interés casi en el nivel de cero, que fueron un tremendo aliciente para las inversiones en instrumentos de crédito. A dicho proceso se le conoció en inglés como yen carry trade e involucró miles de millones de dólares transfe ridos a la economía especulativa de Estados Unidos. Por otra parte, los orígenes de la crisis de 2008 en Estados Unidos se remontan al último tercio del siglo xix. Desde 1870 hasta 1970 dos tendencias

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clave habían surgido: el promedio del salario real de los trabajadores se había incrementado cerca de 1.3 por ciento al año, mientras que la productividad había aumentado a un promedio cercano a 2 por ciento anual. Por ende, a lo largo de un siglo los trabajadores habían gozado de un poder de compra ince sante gracias a los incrementos de los salarios reales. Los cambios en el mercado laboral limitaron los incrementos del salario real: la revolución que la computarización significó para el desplazamiento de mano de obra, las cor poraciones estadounidenses realizaron inversiones productivas en zonas geo gráficas de salarios bajos, el movimiento masivo de la incorporación de la mujer y los flujos de inmigración. Todo lo anterior modificó el mercado laboral en Estados Unidos y los empresarios ya no tenían que pagar salarios altos (Wolf, 2010). De esa manera, las políticas neoliberales han forjado el primer modelo del capitalismo en 200 años basado en la supresión laboral, en hacer añicos el poder de la clase obrera y de la sociedad civil. Anteriormente, los largos ciclos de crecimiento económico de la economía mundial se asociaron a la con junción de la innovación tecnológica, salarios crecientes para la clase trabaja dora y un mayor poder de consumo de la sociedad en general (Mason, 2015). La crisis de la deuda de la década de 1980 en América Latina

El intervencionismo limitante de las soberanías económicas nacionales no es algo nuevo. Estados Unidos lo practicó después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall para Europa y el Plan Dodge para Japón, cuyos propó sitos eran la recuperación de sus economías y la conformación de un bloque que tendría en Estados Unidos a su pivote principal. Además promulgaron legislaciones que sancionaban a aquellos países que establecían conexiones económicas con el enemigo; la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socia listas (urss). Por su parte, ésta tenía una hegemonía plena sobre los países co munistas de Europa del Este, donde de modo similar aplicaba sus programas económicos, haciendo de ellos una periferia que servía a sus intereses. Así, el periodo de la Guerra Fría permitió que Estados Unidos y la urss impusieran sus intereses económicos sobre sus principales aliados. El Banco Mundial (bm) y el Fondo Monetario Internacional (fmi), instituciones creadas en 1944, poco a poco se convertirían en instrumentos de intervencionismo económico con programas de asistencia y orientación que limitaron cada vez más las sobe ranías económicas de los países en los que se aplicaron los programas. En las últimas décadas han surgido organismos como la Organización Mundial del

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Comercio (omc) y varios instrumentos, como los acuerdos de libre comercio, sobre inversión y regulaciones en materia de propiedad intelectual, que repre sentan limitaciones para llevar a cabo políticas soberanas en materia económica en los países subdesarrollados (Wade, 2003). América Latina fue un caso destacado del intervencionismo del fmi des de la década de 1970, cuando iniciaron los problemas que más tarde desem bocarían en la deuda externa y el arribo de los programas de ajuste que ese organismo impondría a varios países del continente como forma de solución. La deuda externa adquirida fue producto de la excepcional liquidez inter nacional y los fondos disponibles de bancos, derivados de los excedentes fi nancieros provenientes principalmente de los llamados petrodólares. De esa forma, 57 por ciento del total de los fondos de bancos de Estados Unidos se dirigieron hacia América Latina. Se otorgaron préstamos con tasas de interés ajustables en cada refinanciación. El uso que dieron a estos préstamos fue di ferente a lo largo del continente. Brasil los utilizó para su desarrollo industrial; México para demanda local de bienes de consumo provenientes del exterior; Chile y Argentina usaron los préstamos en juegos especulativos. En Argentina los fondos del exterior contenían la inflación, un problema constante en su eco nomía por el control del tipo de cambio (Schvarzer, 2002). En 1979, Estados Unidos aumentó la tasa de interés a 20 por ciento anual, hecho que, aunado a la caída de los precios del petróleo, provocó que en 1982 México declarara la moratoria de los pagos de la deuda externa, causando un primer escándalo mundial y la rápida intervención del fmi. La encomienda dada a México consistió, primordialmente, en los siguientes puntos: devaluar el peso, bajar el gasto público e incrementar las tarifas de los servicios públicos. ¿Qué impacto tuvieron estos programas en América Latina? Los países sujetos a los programas de ajuste sufrieron recesión económica; los salarios cayeron y hubo aumentos considerables de la inflación. En algunos casos, como el mexi cano, se entregó más de 14 por ciento del Producto Interno Bruto (pib) al pago anual de la deuda. De ahí que los desequilibrios generados en todo el decenio de 1980 desgastaran a los gobiernos de la región. Keynes había advertido las consecuencias perversas en cuanto a las reparaciones de guerra exigidas a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, por sus efectos nocivos sobre el crecimiento económico. Pero su mensaje no fue escuchado y constituye una de las razones de la caída económica de Alemania y el posterior surgimiento del nazismo (Schvarzer, 2002: 68). Lo que el programa económico del fmi pretendía era la generación del superávit comercial, al elevar las exportaciones y reducir las importaciones. Sin embargo, se provocaba recesión económica por la caída del mercado

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interno. En adición, las divisas fueron producidas por el sector privado y el gobierno tuvo que comprarlas; México, Venezuela y Chile tenían empresas pú blicas, no así Argentina o Brasil, que gastaban hasta 40 por ciento de su pre supuesto anual para adquirir las divisas y entregarlas como medio de pago al exterior. En consecuencia, hubo una fuga extraordinaria de capitales en toda América Latina, que se convirtió en exportadora de dinero. Con los programas del fmi, la inversión pública disminuye y, por consiguiente, empleos y salarios se reducen. La crisis de la deuda significó una presión enorme sobre la ba lanza comercial, fiscal y, en general, sobre los equilibrios macroeconómicos. En el caso argentino, en el que la dictadura militar había dado paso al go bierno democrático de Raúl Alfonsín, éste resultó débil para negociar con el fmi y tuvo que entregar el gobierno anticipadamente. El nuevo presidente, Carlos Menem, si bien propuso un programa de recuperación de la soberanía económica, al final impuso privatizaciones, apertura comercial y desregu lación económica. El Plan de Convertibilidad en 1991 fijó por ley la paridad del peso argentino al mismo nivel que el dólar estadounidense, medida que al principio parecía resolver el problema de la gran inestabilidad cambiaria y la alta inflación, pero que se unió a otros factores que culminaron en un gigantesco desastre económico en 2001 y 2002. En México, el bajo crecimiento económico, la reducción de los salarios y las privatizaciones de las empresas públicas llevaron al rompimiento de la unidad del partido dominante que había gobernado al país desde 1929. En 1988 surgió la amenaza política de un nuevo nacionalismo económico en contra de las medidas neoliberales enarboladas por un frente político, cuyo líder era el hijo del presidente Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó el petróleo en 1938 y diseñó el primer programa de desarrollo económico para construir el México moderno. Un fraude electoral en ese año terminó con estas aspi raciones y los programas neoliberales no sólo continuaron en México sino que se reforzaron y abrieron el camino de una nueva relación de dependencia con Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), cuyas negociaciones empezarían en 1989 y culminarían en 1994, cuando entró en vigor. Crisis económicas y respuestas comparadas

Según Peter Gourevitch, en su libro Politics in Hard Times. Comparative Responses to International Economic Crises (1988), las crisis económicas, una vez que inician, generan conflictos y debates sobre el tipo de estrategias económicas para enfrentarlas. Los años de auge fortalecen la coalición de apoyo y las crisis la

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fracturan, lo que provoca conflictos con el propósito de formular nuevas. Tales políticas económicas requieren de apoyo y los factores para realizarlas se enmarcan dentro de los mecanismos de representación (partidos políticos y grupos de presión) y de cómo se organiza el Estado (sistema de leyes electo rales y relaciones entre poderes), el tipo de burocracia con que cuenta, los actores económicos que tienen una mayor influencia (ideología y modelos eco nómicos) y, finalmente, la posición del país en el escenario internacional. La respuesta a la crisis deflacionaria de 1873-1896 fue que Inglaterra man tuvo una política de libre mercado, ya que contaba con una coalición fuerte de libre comercio (colonias de ultramar). Casi todos los demás países aplicaron respuestas proteccionistas, como Alemania, con su coalición del hierro y el centeno (protección a industrias infantes y trabajo servil y barato). Francia rea lizó algo parecido al caso alemán bajo la presión de su coalición de pequeños agricultores y de empresarios de la rama pesada que no era competitiva. Suecia, igualmente, debido al peso político de su coalición de grandes y pequeños agricultores y nuevos industriales en textiles y hierro. Estados Unidos aplicó políticas tarifarias mixtas: altas en industria y bajas en la agricultura. Concerniente a la Gran Depresión de 1929, Inglaterra con el Partido Con servador en el poder devaluó la libra, revivió tarifas y subsidios, así como regulaciones para la agricultura y ayuda limitada a la industria. En Alemania los nazis se apoyaron en las masas y la población no organizada, llevando a cabo un populismo cargado de racismo y nacionalismo. Los empresarios ale manes se integraron sólo como participantes en el programa de nacionalismo e imperialismo nazi. En Francia la crisis derivó políticamente en el Frente Po pular de 1936 con políticas de aumentos salariales, sistema nacional de retiro, mayores derechos a sindicatos. Este programa no funcionó y condujo a la debacle de 1940. En Suecia, el Partido Agrario y Social Demócrata recuperó el pacto de 1938 en el que se estableció que los sindicatos no harían huelgas ni presionarían para una socialización mayor. Los empresarios suecos acep taron pagar más en salarios y que la representación del poder sindical estu viese presente en el gobierno. Además, la agricultura sueca conservó los sub sidios que gozaba con anterioridad. Estados Unidos dividió en dos etapas su respuesta. Primero con el New Deal en su fase inicial de 1933, en el que el programa económico estableció regulaciones, pero no hubo estímulo de la demanda. Sin embargo, en el New Deal fase 2 de 1938 las regulaciones fueron acompañadas de estímulo a la demanda con un programa de seguridad social y pleno empleo. En las crisis de las décadas de 1970 y 1980, y con la llegada al poder de Margaret Thatcher en 1979, Inglaterra impulsó programas para reducir la

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acción estatal: privatizaciones, reducción de salarios, subsidios al sector empre sarial y movilización individual. En Alemania, la Coalición Demócrata Cristiana con Helmut Kohl al frente llevó a cabo una política moderada neoliberal para enfrentar altos impuestos, altos salarios y altos costos de seguridad social, y para mantener competitiva a la industria alemana. En Francia, François Mitterrand llegó al poder en 1981 como líder de una coalición socialista y emprendió dos programas: uno con mayor protagonismo estatal por medio de nacionalizaciones y una reestructuración industrial con redistribución de la riqueza. Posteriormente, esta coalición de poder adoptó un programa que contenía medidas neoliberales. En Suecia, los socialdemócratas habían vuelto al poder en 1982 y su política consistió en estructurar instituciones y crear solidaridades entre trabajadores de cuello blanco y azul. Su capital histórico supo regular los conflictos causados por las crisis anteriores. Además, alentaron el desarrollo de la industria de alta tecnología. En Estados Unidos, Ronald Reagan había sido electo en 1980 y su programa principal consistió en reducir los impuestos a los ricos y aumentar el gasto militar. Reagan, al igual que Thatcher, propuso reducir el papel del Estado, al que se consideraba parte del problema de la crisis económica. Elección de las políticas económicas en el entorno de crisis

Siguiendo a Gourevitch, en tiempos prósperos es fácil olvidarse de la impor tancia del poder político en la formación de las políticas públicas. El sistema social presenta estabilidad y la economía funciona bien. Pero en tiempos económicos difíciles la confortable ilusión desaparece: la elección entre pro puestas de política económica surge de la política. La política económica victoriosa es aquella a la que sus adherentes tienen el poder de hacerla ley (Gourevitch, 1988: 35-54). La opción de política económica se da en el marco de un conjunto de po sibilidades que pueden ser consideradas y que dependen del mercado de ideas económicas prevalecientes. Los gobiernos aplican políticas económicas según el dominio de las narrativas que provienen de las principales teorías eco nómicas vigentes. Sin embargo, los grupos políticos en el poder tienen pre ferencias de acuerdo con sus intereses y en las últimas décadas, en una gran mayoría de países, dichos grupos están vinculados a los poderes industrial y financiero internacional y local, de tal manera que sus políticas económicas básicamente se han circunscrito a instrumentar políticas neoliberales como forma de accionar en tiempos de estabilidad y de crisis económica.

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Gourevitch expone la existencia de cinco grandes alternativas de políticas económicas hasta la crisis de las décadas de 1970 y 1980: 1) Neoclásica. Se busca una eficiencia mayor del sector privado y la tarea del gobierno consiste solamente en dejar al mercado actuar por su cuenta. En las crisis económicas es el mercado el que reordena eficientemente los recursos. Así, libre de ataduras, el mercado destruye y crea al mismo tiempo, retira del mercado a los ineficientes y premia a los competitivos. La respuesta neoclá sica es procíclica ante los malos tiempos, ya que deja trabajar al mercado aún a costa de desempleo y quiebras. Frente a la depresión económica, la pres cripción es la deflación; ante el desempleo, el gobierno debe aminorar el gasto y eliminar impuestos para reducir los costos de las empresas. El desempleo re duce los salarios, lo que constituye un aliciente en la generación de nuevos empleos. Y frente a la disminución de los precios, los inversionistas y consu midores reinician la demanda. 2) Socialización y planeación. Los gobiernos reemplazan el control privado con el público y al mercado por la planeación. Se parte de la idea de que el mercado produce muchas irracionalidades —manipulación financiera, sobreinversión productiva, contaminación— y de que sólo bajo la planeación pueden minimizarse sus efectos perniciosos. En esta política existe una socialización de costos y ganancias privadas que se producen en las economías de mercado. Los partidos de corte socialdemócrata buscan la democrati zación de la economía y la política, apoyan la democracia industrial y creen en las formas constitucionales. Existe un fuerte criticismo a las fuerzas del mer cado irrestrictas que buscan redefinir los patrones de poder e incentivos en el mercado. 3) Proteccionismo. Se defienden las empresas nacionales y los sectores en competencia con el extranjero. En especial, aquellas industrias llamadas infantes que requieren de tiempo para desarrollarse y ser competitivas. Puede devaluarse la moneda y otros valores como la seguridad nacional; la autosufi ciencia alimentaria y la fuerza militar tienen una alta consideración. Por lo ge neral, es viable conciliar la unidad política de los empresarios y los trabajadores. 4) Estímulo de la demanda. Típica opción keynesiana que busca sacar a la economía del estancamiento por medio del gasto público deficitario. Un ciclo depresivo genera mucha capacidad industrial ociosa, es decir, mucho capital disponible pero poca demanda. De este modo, hay que combatir el estan camiento con déficit del gobierno. Los presupuestos se equilibrarán en el fu turo, cuando el crecimiento económico haga posible que los gobiernos esta bilicen sus presupuestos fiscales. El estímulo de la demanda puede tomar varios caminos: gasto militar, consumo, compras del gobierno y transferencias.

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5) Mercantilismo. El Estado ayuda a sectores específicos o empresas en par ticular a través de subsidios, regulaciones de mercados específicos, reorgani zación de compañías o industrias, créditos específicos y compras gubernamen tales. La intervención del gobierno se da a nivel micro, dirigida a problemas de organización y estructura industrial. Es la política industrial. Japón la utilizó como instrumento para acelerar su crecimiento. En Estados Unidos se ha aplicado en especial en los contratos de empresas vinculadas a la defensa militar del país. Se requiere contar con una maquinaria institucional para realizar discriminaciones. En el caso japonés fue su poderoso Ministerio de Industria y Comercio Internacional (miti, por sus siglas en inglés) el que ejecutaba dicha política industrial. Estado, elección de políticas económicas y representación política

Elegir una política económica ocurre en el contexto del Estado y de quienes detentan el poder político, que representan por lo general los intereses de los principales actores económicos y sociales. En términos marxistas, se trataría de las fracciones de las clases dominantes, quienes eligen las políticas econó micas y las ponen en acción, pues cuentan con la autoridad y el apoyo polí tico para ejecutarlas. Así, una primera explicación sobre la elección de una determinada política se relaciona con el mapa de actores y el perfil que pre sentan dentro de la economía. Si existen empresarios muy competitivos, lo más seguro es que apoyen el libre comercio; los menos competitivos, el proteccio nismo. Algo semejante sucede con los trabajadores (calificados o no), pro ductores de bienes masivos intensivos en mano de obra o de bienes de capital o en el sector bancario y agrícola; su influencia depende de su peso y función en la economía local, de si la tasa de sindicalización es alta o no y de si trabajan para firmas internacionales o no (Gourevitch, 1988: 54-66). Otra explicación se refiere a la importancia de la vasta red de asociaciones designadas para representar a los actores sociales y para manejar las rela ciones entre gobierno y sociedad. De relevancia sería la intensidad y vincu lación de las relaciones entre grupos de interés y los partidos políticos, el grado de centralización o dispersión de las redes para formar las políticas públicas, la intensidad de estructuras corporativistas y la organización interna de par tidos y grupos de interés. Luego se tiene la estructura del Estado con sus reglas e instituciones y su efecto sustancial en los resultados: si cuentan con burocracias altamente de sarrolladas y calificadas o lo contrario. Además, los actores sociales poseen

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modelos ideológicos económicos para evaluar costos y beneficios. Los países cuentan con tradiciones de análisis económico, unos de gobierno activo, otros de laissez-faire. Finalmente, en este grupo de determinantes, la economía y la posición internacional en que se encuentran los países afecta a las políticas públicas al actuar sobre los actores domésticos. Se tiene que considerar el poder económico nacional en el contexto internacional y las rivalidades político-militares. Por ejemplo, la Inglaterra victoriana apoyaba su política de libre comercio en función de su poder naval y Ronald Reagan en Estados Unidos imponía los déficits presupuestarios por el imperativo de la defensa militar. Formación de coaliciones

Las crisis provocan cooperación y conflicto entre empresarios, trabajadores y agricultores. El determinante central es la relación entre ellos y su conexión con la competencia internacional. Los sectores de negocios pueden ser “progre sistas” y buscar alianzas para la mejora de salarios, condiciones de trabajo y sistemas de seguro social; o “conservadores” que favorecen programas de inversión para el crecimiento económico, limitación de salarios, sindicatos dé biles y seguro social reducido. Progresistas y conservadores han cambiado con el tiempo. A fines del siglo xix los progresistas eran internacionalistas y bus caron el apoyo del trabajo para un sistema comercial abierto, pero a principios de la década de 1930 abandonaron la colaboración con este sector y poste riormente reformularon la alianza. Los empresarios progresistas se encuentran por lo habitual vinculados a la industria de alta tecnología, son de orientación exportadora, se hallan en la manufactura de bienes electrónicos y químicos. Por el contrario, los conser vadores predominan en industrias intensivas y de gran concentración geo gráfica de mano de obra, como hierro, acero y minería. Algo fundamental por destacar en la historia de formación de coaliciones es que en las crisis de los años setenta y ochenta el sector trabajo perdió a sus aliados empresariales, que habían establecido una alianza desde la solución de la crisis de 1929. Por lo que respecta a la relación entre el sector laboral urbano y la agri cultura, en la crisis de finales del siglo xix ambos mantuvieron demandas similares, ya que los dos sectores requerían productos baratos de alimentos, de bienes industriales, y en la crisis de 1929 estuvieron en alianza en varios países. Sin embargo, en las décadas de 1970 y 1980, el trabajo perdió el apoyo de la agricultura, que se había reducido y contaba con subsidios. En Suecia y Francia, sindicatos y partidos políticos con férreo acento laboral eran fuertes partici

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pantes en las coaliciones políticas, mientras que en Estados Unidos, sólo en la década de 1930, los sindicatos tuvieron una firme presencia en el poder político. Todo lo anterior explica que en la solución a la crisis de 1929 la ma yoría de los países produjo políticas de bienestar social con beneficios para trabajadores y empresarios. En la década de 1980 la situación se revirtió desde entonces, porque el Estado y sus aliados progresistas fueron objeto de crítica y señalados como obstáculos para el desarrollo económico. La relación entre Estado y actores sociales ha cambiado con las tres crisis; al igual que la relación entre el Estado y los actores específicos (sustancia) y el papel del Estado en la sociedad (forma). En la primera crisis, el Estado pro movió el desarrollo del mercado favorable a los empresarios capitalistas e instrumentó políticas de coerción contra el trabajo y otros movimientos de protesta. En la segunda, al principio se orientó a las élites empresariales, después su estructura creció y su poder político también, por lo que pudo unir intereses laborales y agrícolas. En la tercera, el problema fue localizado en el modelo de un Estado fuerte que daba voz a los obreros y bienestar a los pobres. Crisis económica y el papel del Estado

Uno de los grandes temas de la economía mundial del siglo xxi consiste en conocer cuál es el papel del Estado, al que el neoliberalismo ha convertido en su principal enemigo. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos prejuicios han impedido descubrir el papel que debe desempeñar el Estado, como el aforismo de que “el mejor gobierno es el que gobierna menos”. Los republi canos han insistido en que bajar los impuestos resolverá cualquier problema de la economía y en que mientras más se reducen los impuestos, la tasa de crecimiento será más alta (Stiglitz, 2010: 241-254). Sin embargo, el éxito de la economía y el sistema de bienestar sueco está sustentado en el pago de impuestos de su población. Un sistema con una buena sanidad, una buena educación, buenas carreteras y buena protección social debe contar con recursos para hacer frente a los servicios públicos, lo que exige impuestos elevados. Los suecos hicieron que su sistema de protección social ayudara a la gente a adaptarse al cambio de la globalización. Este sistema se combinó con una buena educación y el reciclaje de trabajadores hizo que la economía fuera más flexible. El Estado de bienestar, en lugar de verlo como algo maligno para el capitalismo, ha sido un factor indispensable para permitir el desarrollo de una sociedad innovadora. Por otro lado, las empresas ahora funcionan con una separación entre pro piedad y control (gestión); los que toman decisiones no son agobiados con

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el costo de los errores ni se llevan la recompensa por los éxitos. La crisis de 2007 y 2008 ha provocado una intervención sin precedentes del gobierno es tadounidense y sus críticos no se manifestaron. En un solo mes se le otorgó a la banca mundial la cantidad de 4 trillones de dólares con la intención de salvarla de la quiebra (Attali, 2009: 145). El rescate de los bancos por el pre sidente Bush ha sido la continuidad de lo que ha sucedido en el último cuarto de siglo: el establecimiento de un Estado de bienestar corporativo (Stiglitz, 2010: 244). Es decir, un sistema en el que sectores poderosos cuentan con grandes subsidios y ayudas fiscales o subvenciones encubiertas: agricultura, petróleo, minas, autos y, especialmente, el sector financiero. De este modo, puede considerarse que el rescate al sector financiero ha resultado ser una de las redistribuciones más importantes de riqueza producidas en un periodo tan corto en la historia de ese país. Asimismo, debe recordarse que muchas de las industrias exitosas de Estados Unidos también se han beneficiado de la pre sencia del gobierno. El mayor segmento de las nuevas tecnologías de la infor mación, el internet, se creó con fondos públicos. ¿Qué debe hacer el gobierno? Los economistas han desarrollado una breve lista de ejemplos en los que los mercados fallan. La lista incluye monopolios, externalidades y fallas en la información. Una ironía del debate político actual es que la izquierda haya tenido que tomar un papel activo para hacer que los mercados funcionen en forma debida. Muestra de ello es la aplicación de leyes que impiden la formación de monopolios, sobre publicidad de datos con el interés de obtener mejor información, sobre la contaminación y la regulación del sector financiero para limitar las externalidades. La derecha, por su parte, afirma que sólo hace falta garantizar los derechos de propiedad y aplicar los contratos. 1. Mantener el empleo. Una de las manifestaciones más obvias de las fallas del mercado son los episodios de desempleo e infrautilización de las capaci dades. Por ello, mantener el pleno empleo y una economía estable, debe ser el centro de las políticas económicas de los gobiernos. En la historia de Es tados Unidos está el ejemplo de la ley del empleo de 1946, que reconocía que el pleno empleo era un objetivo nacional, del cual el gobierno debería responsabilizarse. 2. Promover la innovación. Existen bienes que el mercado nunca suministrará espontáneamente en cantidad suficiente. Esto incluye bienes públicos de cuyos beneficios pueda gozar toda la sociedad. En el siglo xix el papel del go bierno fue notable en el progreso de la agricultura y las telecomunicaciones (por ejemplo, se estableció la primera línea telegráfica entre Baltimore y Washington). Ahora la investigación que se realiza en universidades públicas

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ha producido numerosas innovaciones desde internet hasta la biotecnología. Es deseable diseñar un buen sistema de patentes para encontrar el equilibrio, creando incentivos para la innovación sin restringir de modo alguno el empleo del conocimiento (mejorar el régimen de propiedad intelectual). 3. Dar protección social y seguridad. A una compañía de seguros privada no le gusta tener que pagar facturas, y hará todo lo posible por descubrir quién corre un riesgo. El gobierno cumple un papel vital en proporcionar protección ante muchos riesgos importantes, como el desempleo y la discapacidad. 4. Evitar la explotación. Los mercados, aun siendo eficientes, pueden pro ducir unos resultados socialmente inaceptables. En los mercados competitivos, los salarios los fija la intersección entre la oferta y la demanda, y no hay nada que enuncie que un salario equilibrado es aquel que permite vivir. Normal mente, los gobiernos intentan corregir la distribución de la renta que hace el mercado. El gobierno no puede evitar todas las formas de explotación, pero puede reducir su alcance: por eso se han aplicado leyes contra la usura, leyes de salarios mínimos y jornadas laborales, seguridad e higiene y limitaciones al crédito abusivo. Sin embargo, el papel del Estado difiere de un país a otro y de una época a otra. La lección aprendida del sector financiero se confirma en otros: lo que se necesita no es una desregulación total, sino más regulación en determinadas áreas y menos en otras. La globalización y las nuevas tecnologías abren la po sibilidad de nuevos monopolios mundiales con una riqueza y un poder que no se había imaginado antes. El hecho de que en las entidades empresariales la propiedad esté sepa rada del control y sean otros lo que gestionen la riqueza, ha aumentado la necesidad de regular mejor la gobernanza corporativa. La conversión a eco nomías de innovación tiene profundas consecuencias para el mercado. Producir ideas es diferente a producir acero. Uno puede saber fácilmente si existe competencia o no en el mercado del acero. Los beneficios sociales y pri vados de la innovación difieren también en gran medida y por ello la actuación del Estado es fundamental. Al respecto, el sector privado se preocupa de saber de qué parte del valor de la idea puede apropiarse, no de los beneficios para la sociedad en general. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas destinan recursos a la inves tigación en medicamentos rentables. Así, el gobierno tiene que hacer investi gación básica para las enfermedades de los pobres. En la economía innovadora del siglo xxi, el gobierno tiene que asumir un papel para sufragar la inves tigación básica, para marcar la dirección de la investigación, con subvenciones

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y premios que incentiven aquella que responda más a las necesidades gene rales, y un régimen equilibrado de propiedad intelectual. Los mercados son imperfectos, el gobierno también, pero las fallas del gobierno —mencionan algunos— son peores. La conclusión inevitable es renunciar al gobierno. Dicha argumentación es capciosa y plantea falsas alter nativas. No se trata de elegir, sino de disponer de ciertas formas de acción colectiva. Cuando los mercados fallan, el gobierno asume la responsabilidad. Sabiéndolo, debe hacer lo que pueda para evitar las calamidades; la pregunta es: ¿qué, cuánto y cómo debería hacerlo? Entonces, el gobierno debe dictar las reglas (leyes) y nombrar los árbitros (reguladores y jueces). La sociedad debe tener confianza en que las reglas se establecen con equidad y en que los árbitros actúan con justicia. En Estados Unidos ha habido demasiadas reglas dictadas por el sector financiero y los árbitros han sido parciales; por eso los resultados no han sido equitativos. En opinión de Stiglitz, la única forma de controlar los abusos es utilizando los procesos democráticos. La democracia y las fuerzas del mercado son esen ciales para un mundo justo y próspero (Stiglitz, 2010: 271): “La democracia necesita al mercado porque no puede haber libertad política sin libertad económica. Y el mercado que no es infalible, ni justo, ni eficaz, necesita a la democracia, o al menos al Estado, para garantizar los derechos de propiedad, de libertad intelectual y de empresa, y para permitir el pleno uso de los medios de producción” (Attali, 2009: 117). Pero las posibilidades de que los procesos democráticos prevalezcan de penderán de las reformas que se introduzcan en las contribuciones a las cam pañas electorales. Por ejemplo, en Estados Unidos el sector financiero ha pa gado a los dos partidos mayoritarios y se ha hecho con el mando para dictar leyes a su favor. En muchos otros países ha ocurrido algo parecido. La demo cracia se ha convertido en el campo de acción de los agentes económicos más poderosos. ¿Pueden existir regulaciones que acaben con los bancos demasiado grandes para quebrar o ser reestructurados? o ¿es factible limitar el compor tamiento excesivo en riesgo? El nuevo capitalismo requerirá confianza, incluida la confianza entre Wall Street y el resto de la sociedad. Los mercados financieros y el gobierno han fallado, pero no podemos prescindir de ellos. Se necesita una nueva serie de contratos sociales basados en la confianza entre todos los ele mentos de la sociedad, entre los ciudadanos y el gobierno, y entre esta gene ración y las generaciones futuras (Stiglitz, 2010: 254).

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La teoría económica de las crisis del capitalismo

Los economistas que estudian las crisis económicas lo hacen con la finalidad de saber cómo y por qué fallan los mercados (Roubini y Mihm, 2011: 38-46). Los economistas neoliberales, por el contrario, están obsesionados en cómo y por qué los mercados funcionan bien. Los economistas del siglo xix, además de Adam Smith, tenían el consenso de que los mercados se autorregulan, moviéndose siempre hacia un equilibrio mágico. David Ricardo, Jean Baptiste Say, León Walras y Alfred Marshall refinaron las tesis de Adam Smith y empe zaron a crear el edificio matemático para probar ese equilibrio. Posteriormente, el profesor Eugene Fama y otros de la Universidad de Chicago construyeron modelos matemáticos a fin de demostrar que los mercados son racionales y eficientes. De este modo, en 1970 la hipótesis del mercado eficiente era con vencional en el sector académico de Estados Unidos. Un crítico de esta teoría fue Robert Shiller, de la Universidad de Yale, quien demostraba que un activo rara vez se halla en equilibrio, más bien se encuentra en fluctuación. En adición, podía haber una dosis de irracionalidad. Así, surgió la corriente económica denominada conductivismo financiero. Los trabajos de Shiller y otros revelaron que el capitalismo es extraordinariamente inestable, propenso a auges y caídas. Los autores de lo que se puede llamar la cuna de los estudios de las crisis económicas se enlistan a continuación: John Stuart Mill estudió el ciclo de auge/caída de la economía capitalista. Carlos Marx se basó en la declinación de las ganancias como fundamento de las crisis capitalistas que provocaría que se bajaran los costos y se llevara a la economía a la sobreproducción y el desempleo. Keynes consideraba que la crisis era provocada por insuficiencias en el mercado de trabajo; para que funcionara bien se requería que el gobierno interviniera y aumentar la demanda agregada. Hyman Minsky creó la hipó tesis de la inestabilidad financiera ocasionada por tres tipos de deudores: quienes adquirían instrumentos para protegerse o como cobertura, quienes lo hacían de forma especulativa y los ponzi que adquirían deuda suponiendo que podrían refinanciarla; en las rachas especulativas los segundos y terceros son, de acuerdo con esta hipótesis, los que menos pueden pagar sus deudas. Según Robert Heilbroner, un economista crítico del capitalismo con una larga trayectoria y producción intelectual, el sustrato de las crisis capitalistas residía en el hecho de que el sector privado se convertía en un permanente agente perturbador del ciclo económico. Por lo tanto, el Estado debía actuar para recomponer lo que el sector privado descomponía en su forma de actuar sobre los mercados (Heilbroner, 1997). En cierta medida, lo que existe en el

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capitalismo es un modelo económico de desequilibrio constante en el que el papel del Estado resulta ser una pieza fundamental. El capitalismo contiene energías expansivas que pueden acarrear consecuencias indeseadas y ame nazar seriamente el funcionamiento equilibrado de la sociedad. Sin embargo, el sistema capitalista contiene la capacidad de enfrentar las amenazas con cambios institucionales que pueden aligerar e incluso remover sus efectos negativos (Heilbroner y Thurow, 1998: 226-227). En este sentido, el elemento central del capitalismo es la relación entre empresa y gobierno o, desde una perspectiva más distante, entre economía y Estado. El Estado se dedica a gobernar y la economía a producir y distribuir. Pero son dos dominios de influencia con límites borrosos. No obstante, el campo de influencia de las empresas históricamente ha venido creciendo y de alguna manera el crecimiento del Estado ha sido una respuesta a dicho fenómeno empresarial de constante concentración de riqueza. En los años treinta del siglo pasado se dio un cambio importante y pro fundo en los países en los que la economía no se subordinó al Estado (fascismo). Se expandió el papel del campo de la influencia pública y surgió una nueva obligación. Ésta fue la consigna de empleo para todos, lo que significaba que el crecimiento económico sería llevado a sus límites reales. En la posguerra, suce dieron cambios institucionales que estimularon la demanda, en específico el nuevo flujo de ingresos de los planes de pensiones y los seguros de desempleo. El campo de influencia público creció como nunca antes y se responsabilizó, como mínimo, de impedir el desempleo masivo y, como máximo, de la obtención de empleos para todos. Hacia 1970, los gastos sociales eran casi de 50 por ciento del pib en algunos países y con el fenómeno de la inflación, resultado de aumentos de salarios, precios y petróleo, el Estado abandonó sus antiguos objetivos y fijó una nueva meta: combatir la inflación. Sin embargo, los mercados no siempre se comportan ordenadamente. De vez en cuando funcionan en desorden, como cuando se derrumba el mercado de valores o enloquece el mercado de petróleo. La competencia feroz ocasiona el sufrimiento de las empresas débiles y ahora se agrega la presión de grandes empresas transnacionales. En suma, el campo de influencia privado genera dificultades que exigen que el campo público aplique remedios. El sistema de mercado capitalista conlleva varios inconvenientes: incer tidumbre de la perspectiva de inversión y tecnología, desigual distribución del ingreso, volatilidad del crédito, tendencia al monopolio, desplazamiento de la mano de obra por la tecnología y creación de grandes grupos corporativos. El elemento común es la inestabilidad inherente de un sistema económico cuyas energías se generaron de manera desigual y cuyo mecanismo de regu

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lación interna es volátil. Las dinámicas indeseables de la esfera económica deben ser contenidas, reparadas o dirigidas en otra dirección por el único medio capaz de hacer valer un contrapeso al de la esfera económica: el go bierno (Heilbroner, 1997). En 200 años de historia del capitalismo se ha visto el aumento extraor dinario del tamaño y la fuerza del sector privado. Desde esta perspectiva, el incremento en las funciones reguladoras y de bienestar del gobierno adquiere un aspecto diferente. La seguridad social, el seguro de desempleo, la polí tica fiscal y monetaria ya no aparecen como extensiones independientes de su alcance, sino como medidas defensivas contra la creciente capacidad organi zacional y desorganizadora del campo de influencia privado. Para Adam Smith la acumulación se detendría, junto con el crecimiento, agregando la decadencia moral de la clase trabajadora. En opinión de Marx, el proceso de expansión se vuelve turbulento y desorganizado, por lo que existen periodos de crisis y reestructuración y la clase trabajadora actúa como agente de su liberación. Keynes expone que habría una situación de subempleo duradero que puede subsanarse con las posibilidades políticas. Y debería so cializarse la inversión como medio con el objeto de asegurar un acercamiento al empleo para todos. Joseph Schumpeter advierte que la destrucción crea tiva (posibilidades tecnológicas) es un área incesante de expansión del capi talismo. El elemento común de estos pensadores incluye la inestabilidad inherente de un sistema económico cuyas energías se gestaron de modo de sigual y cuyo mecanismo de regulación interna es volátil (Heilbroner, 1997). Heilbroner concluye su análisis sobre el capitalismo del siglo xxi haciendo referencia al libro de Michael Albert y Robin Hahnel Looking Forward, Participatory Economics for the Twentieth-first Century, en el que proponen un modelo de economía participativa de compromiso de todos los ciudadanos en la deter minación mutua de cada fase de sus vidas económicas a través del análisis y el voto. Esta concepción supone que la igualdad social y económica ha reempla zado a la desigualdad social y económica como norma respaldada por la sociedad (Heilbroner, 1997: 178-179). El papel de la ciencia económica

A fin de realizar el New Deal de 1933, el presidente Roosevelt tomó en consi deración las prédicas de Keynes en contra de la anterior solución de que los mercados eran eficientes y se corregían ellos mismos, sin intervención de nada y de nadie. Keynes tenía claro que si la economía de mercado quería sobre vivir, debería crear empleo. De ese modo, la solución keynesiana no produjo

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ni una sola crisis bancaria entre 1945 y 1971, ya que había estricta regulación (Stiglitz, 2010: 283-319). Sin embargo, lo que fue adquiriendo notoriedad en el ámbito de las ideas económicas fue propuesto por León Walras y su paradigma del modelo de equilibrio general creado en 1874, que postulaba que los mercados podían solucionar la mayor parte de los problemas económicos de la sociedad. Incluso Stiglitz hizo estudios críticos a este modelo e indicó que pequeñas imperfec ciones de información cambian radicalmente la naturaleza del equilibrio (Stiglitz, 2010: 288). Dani Rodrik cita el caso de la Isla de Mauritania donde el economista James Meade en 1960 concluyó que para abandonar la economía de mono cultivo debería establecerse una serie de industrias intensivas ligeras a fin de crear oportunidades de empleo, lo que precisaba de un gobierno activo en la participación del desarrollo (Rodrik, 2011: 159-183). Las directrices adoptadas por James Meade no eran extrañas dentro del pensamiento del desarrollo económico prevaleciente en aquellas épocas. Economistas que habían impul sado las tesis sobre el desarrollo, como W. Arthur Lewis, Raúl Prebisch, Paul Rosenstein-Rodan y Albert Hirschman, nunca hubieran sostenido ideas rela tivas a que el libre comercio y el gobierno pequeño eran las mejores vías para promover el desarrollo económico. Empero, en la década de 1980 el punto de vista predominante de los expertos en el tema del desarrollo económico y sus seguidores en Estados Unidos había cambiado dramáticamente. El concepto de Estado había pasado de ser un factor primordial para el crecimiento económico a ser su principal obstáculo. La división internacional del trabajo fue transformada de una amenaza a panacea y en los años noventa se le agregó la libre movilidad del capital al paquete de nuevas políticas. El fmi y el bm se volvieron los adláteres de las nuevas políticas que adquirieron la famosa etiqueta del Consenso de Washington: desregulación, liberalización comercial y financiera, privatización, disciplina fiscal y evitar que las monedas se sobrevaluaran. Dichas políticas se aplicaron en América Latina, que se convertiría en el primer continente en aplicarlas, circunstancia que condujo a la famosa década perdida de nulo crecimiento económico de los años de 1980. El concepto de Consenso de Washington fue acuñado en 1989 por el economista John Williamson para describir un conjunto de 10 fórmulas relativamente específicas que constituyen el paquete de reformas estándar para los países en desarrollo azotados por la crisis. Los promotores de esta ideología económica colocaban a la apertura a la economía global como el factor decisivo para que una economía dejara de ser pobre, pues los países cerrados tenían grandes restricciones derivadas

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de la actuación de los gobiernos al impedir el libre flujo comercial y finan ciero. La apoteosis de esa narrativa, según Rodrik, se produjo cuando J. Sachs y A. Warner publicaron el artículo “Economic Reform and the Process of Global Integration” en 1995, en el que indicaban que los países abiertos al comercio internacional crecían 2.45 por ciento más rápido en el largo plazo que las economías cerradas (Rodrik, 2011: 165-166). No obstante, estos revi sionistas hacían una mala interpretación del fenómeno de crecimiento eco nómico en el este de Asia, donde el papel del Estado había sido crucial para su rápido desarrollo. Asimismo, hacían una fuerte crítica al programa de indus trialización por la sustitución de importaciones (isi) de América Latina, al que asociaban con la crisis de la deuda que se abatió sobre el continente desde 1982. Olvidaban que precisamente este programa había provocado el crecimiento impresionante de México, Brasil, Turquía y otras naciones. Rodrick (2011) expresaba que la diferencia más importante entre América Latina y el este de Asia consistió en el hecho de que el porcentaje dedicado a la inversión fue más bajo en el subcontinente latinoamericano. Una vez que el programa de isi fue desmantelado, no ocurrió un gran cre cimiento económico, sino un periodo de crisis recurrentes y bajo rendimiento económico, como en el caso mexicano, que sin lugar a dudas fue el país más aventajado en poner en práctica las reformas implantadas por el Consenso de Washington. Cabe mencionar que el bajo crecimiento y las crisis fueron un aliciente para argumentar que se requería una segunda ronda de reformas a fin de que las economías pudieran completar todo el ciclo. Así se pusieron en marcha programas de flexibilidad laboral, acuerdos comerciales internacio nales, independencia de los bancos centrales, reformas en los regímenes de propiedad intelectual y administración de gobierno. México sigue siendo ejemplar al llevar a cabo reformas recientes en el ámbito energético, en el que el Estado cede a las empresas privadas los privilegios para la producción de petróleo. El desarrollo económico en los países atrasados significa que los pobres dejan de ser pobres, pueden incorporarse como participantes directos y gozar de los beneficios de su trabajo. Los países pobres sufren de múltiples problemas, pero Rodrik (2011) manifiesta que deben atacarse a su tiempo uno por uno y no todos de golpe. Si el problema principal tiene que ver con la restricción de insumos y tecnología importada, entonces la apertura comercial es una prioridad. Si hay deficientes incentivos para el desarrollo empresarial, es imprescindible hacer un paquete de incentivos para el sector privado. Con el propósito de mejorar la orientación exportadora, deben otorgarse subsidios e instalar zonas procesadoras de exportaciones.

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El enfoque tradicional de política industrial consiste en colocar una lista de sectores que deben ser promovidos, mediante una serie de instrumentos de política económica como protección tarifaria, exenciones fiscales, subsidios a la investigación y el desarrollo. Pero un enfoque orientado a los procesos sería de mayor impacto, como reposicionar instituciones existentes para el desarrollo industrial y comercial como punto central en el diálogo entre gobierno y sector privado. Una nueva narrativa económica para el desarrollo es deseable. El de sarrollo y el crecimiento económico son posibles sólo a través de la acumu lación de capacidades adquiridas en el tiempo, en un abanico de áreas que van desde el aumento de las capacidades laborales y tecnológicas hasta el mejo ramiento de las instituciones públicas. Los preceptos del fundamentalismo del libre comercio permanecen arraigados en las reglas de los organismos eco nómicos internacionales (omc, fmi y otros), así como en tecnócratas y políticos que gobiernan en la mayoría de países desarrollados y en desarrollo. Una narrativa económica alternativa es indispensable para recalibrar el equi librio entre Estados y mercados, y colocar en el horizonte el bienestar de los pueblos. Conclusiones

En Europa es la llamada Troika —la colusión del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el fmi— la encargada de resolver el problema de endeu damiento de las economías griega y española por medio de programas de austeridad y desregulación, ya conocidos en otras regiones del mundo con funestos resultados para sus poblaciones. Desde entonces, estos países, al igual que América Latina en la década perdida, tienen crecimientos negativos o muy pobres, con altísimos niveles de desempleo y la austeridad ha significado nuevas y onerosas redistribuciones del ingreso. Además, los programas para salir de la crisis han sido impuestos, no por sus gobiernos electos democráti camente, sino por acciones unilaterales dictadas desde el exterior. En el caso griego, la coalición política Syriza electa en enero de 2015, y opositora en un principio en aceptar las tesis de la Troika, ha tenido que rendirse y resignarse a darle la amarga medicina al pueblo griego. Ignacio Ramonet (2015) indica en relación con el caso griego: La gran lección de ese escarnio es que, definitivamente, en el marco de la Unión Europea (ue) y, particularmente, en el seno de la zona euro, se ha per dido el control ciudadano sobre decisiones que determinan la vida de la gente.

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Hasta tal punto que podemos preguntarnos: ¿de qué sirven las elecciones si en lo esencial, o sea las políticas económicas y sociales, los nuevos gobernantes se ven obligados a hacer lo mismo que los precedentes? En este nuevo des potismo europeo la democracia se define menos por el voto o por la posibilidad de escoger que por el imperativo de respetar reglas y tratados (Maastricht, Lisboa, Pacto Fiscal) adoptados hace tiempo, que resultan para los pueblos ver daderas cárceles jurídicas sin posible evasión […] es sencillamente el paso de un Estado de bienestar hacia un Estado privatizado, en el que la doctrina neo liberal se impone con un dogmatismo feroz, puramente ideológico.

Por eso, se ha enfatizado en la pregunta de si se está asistiendo al fin de las soberanías económicas de los países. Esta soberanía, derivación de la soberanía a escala nacional, debe ejercerse con amplia libertad y autonomía para la toma de decisiones en cualquier momento de su vida económica, incrementar el desarrollo, solventar una crisis o para resolver cualquier pro blema que les afecte económicamente. La soberanía económica, por otro lado, debe ser instrumentada de tal manera que busque los beneficios de toda su población. Existe una larga experiencia histórica de influencias y limitaciones a las soberanías económicas de los países. Las limitaciones se han hecho por mediación directa de países hegemónicos, como en las reparaciones a ene migos en la Primera Guerra Mundial bajo la forma de programas económicos impuestos para la reconstrucción de Europa o de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. La era de la Guerra Fría trajo también legislación unila teral de Estados Unidos, que impedía establecer relaciones económicas con el enemigo comunista. Igualmente, su legislación contra Cuba contenida en la Ley Helms-Burton prohibe y castiga las relaciones económicas con ese país caribeño. De manera generalizada el fmi y el bm fueron determinando políticas, en especial después de la década de 1970, en las que reorientaron su influencia hacia programas de ajuste y austeridad en países afectados por crisis de deuda. Posteriormente, la omc y los acuerdos comerciales bilaterales y de inver sión en todo el mundo, a los que se han agregado regulaciones en materia de propiedad intelectual, han menguado la capacidad soberana de los países en casi todo el planeta. Un caso último es el Acuerdo de Asociación Transpacífico (tpp, por sus siglas en inglés) firmado por 12 países en octubre de 2015 —entre ellos Estados Unidos, Japón, Canadá y México. El acuer do aumenta los beneficios en producción industrial, sector financiero y servicios, y otorga mejores condiciones a los derechos de la propiedad inte

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lectual. Todo ello en favor de las grandes compañías multinacionales, que poseen mayores porciones de control y dominio en las economías nacionales de los países participantes. En el pasado, por lo menos hasta antes de 1970, las respuestas a las crisis económicas se diferenciaban, tanto por la existencia de diversas coaliciones de poder como por la pluralidad de opciones económicas. No sólo en el caso de países capitalistas avanzados, como se ha reseñado, sino también en países subdesarrollados. En México, el régimen cardenista, entre 1934 y 1940, puso en acción un programa de nacionalismo económico que pretendía re vertir, entre otras cosas, los daños causados por la crisis de 1929, con aumento de salarios, reforma agraria y expropiación del petróleo. Las crisis históricas del capitalismo en los últimos 200 años formaron una especie de embudo a partir de 1970, hecho que restringió las opciones de política económica a una sola, por lo que se proclamó el triunfo del neoli beralismo. Con ello, se han fortalecido las coaliciones de poder político tecnofinancieras, promotoras del libre comercio y extractivistas en casi todos los países con economías subdesarrolladas o emergentes. Sin embargo, existen notables rebeliones a los dictados del fmi, como la de Malasia en 1997 —que acusó a los especuladores de ser los responsables de la crisis económica de Asia— y la de Argentina bajo el gobierno del presidente Néstor Kirschner, quien tomó posesión en 2003 luego de la gigantesca crisis económica y po lítica en ese país. Debilitar al Estado y a los procesos democráticos es debilitar la toma de decisiones soberana, y esto ha facilitado la llegada de coaliciones de poder financiero y de libre comercio. No sólo hay encadenamientos industriales comerciales y financieros a escala global, sino también encadenamientos po líticos de estos grupos. En el pasado, las verdaderas soluciones a las crisis con sistían en restablecer algún tipo de equilibrio en el régimen capitalista, con la introducción de innovaciones tecnológicas, aumentos de productividad y de salarios. Cuando la solución a las crisis reiteradamente se concentra en otorgar beneficios sólo a uno de los polos del sistema, en realidad se aprecia el arribo de mayores males, y posiblemente la entrada al fin de una etapa del capita lismo como forma económica de la existencia humana. Fuentes consultadas

Attali, Jacques (2009), ¿Y después de la crisis qué? Propuestas para una nueva democracia mundial, Barcelona, Gedisa.

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Gourevitch, Peter (1988), Politics in Hard Times. Comparative Responses to International Economic Crises, Londres/Ithaca, Cornell University Press. Heilbroner, Robert (1997), El capitalismo del siglo xxi, México, Nueva Imagen. Heilbroner, Robert y Lester Thurow (1998), Economic Explained. Everything you Need to Know about how the Economy Works and where it’s Going, Nueva York, Touchstone. Mason, Paul (2015), “The End of Capitalism has Begun”, The Guardian, 17 de julio. Ramonet, Ignacio (2015), “El diktado de Alemania”, La Jornada, 9 de agosto. Rodrik, Dani (2011), The Globatization Paradox. Democracy and the Future of the World Economy, Nueva York, W.W. Norton & Company. Roubini, Nouriel y Sthepen Mihm (2011), Crisis Economics. A Crash Course in the Future of Finance, Nueva York, Penguin Books. Schvarzer, Jorge (1998), Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y el 2000, Buenos Aires, A-Z editora. (2002), “La larga crisis de la deuda de América Latina”, en Víctor López Villafañe y Jorge di Masi (coords.), Del tlcan al Mercosur. Integración y diversidad en América Latina, México, Siglo XXI Editores. Stiglitz, Joseph (2010), Caída Libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial, México, Taurus. Wade, Robert (2003), “What Strategies are Viable for Developing Countries Today? The World Trade Organization and the Shrinking of Development Space”, Review of International Political Economy, vol. 10, núm. 4, noviembre, pp. 621-644. Wolf, Richard (2010), “Capitalist Crisis and the Return to Marx”, 18 de marzo, disponible en http//rdwolf.com

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Segunda parte

Desarrollo, migraciรณn y movimientos sociales

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Migración forzada, desarrollo desigual e imperialismo. Una mirada desde el pensamiento crítico y la experiencia mexicana Raúl Delgado Wise*

El tema migratorio ha cobrado creciente importancia y visibilidad a raíz de la crisis de refugiados sirios en la Unión Europea. No obstante, la agenda de discusión sobre la temática continúa dominada por una visión limitada y unilateral del nexo entre migración y desarrollo, que atiende sobre todo a intereses corporativos prevalecientes en los principales países receptores de migrantes bajo la batuta de Estados Unidos. Esta visión omite toda reflexión acerca del contexto en el que se despliega la migración contemporánea, así como de sus causas e implicaciones más profundas, en el supuesto de que la movilidad humana constituye un acto libre y voluntario ajeno a cualquier tipo de condicionamiento estructural o de agentes nacionales o supranacionales. Asimismo, esta mirada deja de lado toda consideración de clase asociada al fenómeno migratorio y elude la íntima relación que guarda el fenómeno mi gratorio con la cuestión laboral bajo el imperialismo contemporáneo. El propósito del presente trabajo es contribuir a subsanar estas limitantes, al ampliar el horizonte analítico desde el que se ha tendido a circunscribir la discusión, partiendo de la necesidad de desentrañar críticamente la natura leza del contexto en el que toma lugar la migración contemporánea. Interesa, ante todo, poner de relieve los rasgos más sobresalientes de la dinámica de reestructuración que distingue a la globalización neoliberal y que conlleva una embestida, sin precedentes, en contra de la clase trabajadora. Sobre esa base, que entraña una profundización de las asimetrías entre países y regiones y de las desigualdades sociales, se aborda, en un segundo apartado, la reinserción subordinada de las periferias a dicho contexto como proveedoras de fuerza de trabajo barata y recursos naturales. Ello imprime un sello distintivo a la * Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 141

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movilidad humana que no puede ni debe ser soslayado: la migración forzada. En un tercer apartado se revisan diversos indicadores estratégicos que per miten llevar a cabo un adecuado balance de la problemática de la migración y el desarrollo en el horizonte Norte-Sur, tomando como referente un caso paradigmático: el corredor migratorio México-Estados Unidos, a la sazón el principal corredor migratorio del mundo. Finalmente, a manera de conclusión, se enuncian tres tesis desmitificadoras para avanzar hacia una agenda alter nativa en la materia. El contexto de reestructuración capitalista bajo la égida neoliberal

Si bien la movilidad humana es un proceso histórico que encierra ciertas con tinuidades, es indispensable resaltar que, en el contexto del imperialismo contemporáneo, experimenta transformaciones de primer orden que le con fieren un nuevo perfil y dinamismo. No debe perderse de vista, en ese sentido, que la clase trabajadora, en especial aquélla proveniente de los países peri féricos o subdesarrollados, es compelida a desplazarse en condiciones de cre ciente vulnerabilidad ante la falta de opciones laborales y de subsistencia en los lugares de origen. En similar tenor, resulta importante consignar que la nueva movilidad humana se compone, a nivel internacional, mayoritariamente de flujos Sur-Norte y Sur-Sur, que en conjunto absorben cerca de 80 por ciento de los 232 millones de migrantes internacionales que pueblan la Tierra. A ello se agrega un significativo contingente de migrantes internos ubicados princi palmente en el Sur, que suman alrededor de 750 millones. Esto significa que hoy, uno de cada siete habitantes del planeta es un migrante. Más aún, si se considera que alrededor de 90 por ciento de ellos son migrantes laborales, uno de casi tres trabajadores en el mundo se ubica en esa categoría y por lo ge neral se hallan sometidos a condiciones de mayor vulnerabilidad y discrimi nación en el empleo (un, 2010; Delgado y Márquez, 2007; 2009). No se trata sólo de un cambio cuantitativo y de dirección de los flujos poblacionales, sino de una drástica recomposición del escenario laboral bajo el estigma de la precarización y explotación extremas, donde las migraciones internas e internacionales fungen como una pieza clave. La recomposición se inscribe en el complejo proceso de reestructuración que determina al sis tema capitalista mundial dentro de la égida neoliberal y que se caracteriza en esencia por: • La acentuación de las dinámicas de internacionalización del capital a través de una profunda transformación del entramado geoeconómico coman

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dado por las grandes corporaciones multinacionales. Esta transfor mación da lugar a la configuración de redes globales de capital monopolista caracterizadas por el establecimiento de cadenas globales de producción, comercio y servicios que, por medio de operaciones de compraventa, intra firma bajo mecanismos como outsourcing o subcontratación. Las redes se extienden, como tentáculos, hacia las regiones periféricas en busca de recursos naturales y fuerza de trabajo barata. Mediante el nuevo anda miaje, las grandes corporaciones multinacionales llevan a cabo una ofen siva global contra la clase obrera que les permite un abaratamiento, sin precedentes, de los costos laborales. En consecuencia, los países de África, América Latina, Asia y el exbloque soviético se convierten en suminis tradores de una abundante oferta de fuerza de trabajo barata, flexible y desorganizada, junto con recursos naturales en los planos nacional e inter nacional (Harvey, 2007; Schierup, Hansen y Castles, 2006; Delgado y Márquez, 2009; Foster, 2010). Más aún, este giro hacia eslabonamientos productivos globales es realmente impresionante: “Las 100 mayores corporaciones globales han desplazado su producción en forma más decisiva hacia sus filiales extranjeras [principalmente en el Sur], en donde ahora se encuentran cerca de 60 por ciento del total de sus bienes y de sus empleados y más de 60 por ciento de sus ventas a nivel global” (unctad, 2010). Lo anterior representa un “nuevo ‘nomadismo’ [que] ha surgido en el interior del sistema de producción global, en que la selección de localidades se determina a partir de dónde es más barata la mano de obra” (Foster et al., 2011a: 18). Incluso, un rasgo sobresaliente del capi talismo global contemporáneo es su nivel de articulación e integración en redes, gracias a las cuales las operaciones de las grandes corporaciones mul tinacionales dominan el comercio internacional. Al menos 40 por ciento del comercio transnacional se relaciona con operaciones de outsourcing, incluidos subcontrataciones y comercio entre filiales de una misma com pañía (intrafirm trade) (Andreff, 2009). También se estima que en el Sur global hay 85 millones de trabajadores directamente empleados en plantas de ensamblaje y que se han establecido más de 3,500 zonas de proce samiento en 130 países (McKinsey Global Institute, 2012). La estrategia de reestructuración ha transformado la geografía global de la producción hasta el punto de que actualmente la mayor parte del empleo industrial en el orbe (más de 70 por ciento) se localiza en el Sur global (Foster et al., 2011b). • La financiarización vinculada con las estrategias especulativas urdidas por el capital financiero, en tanto fracción significativa del capital

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monopolista internacional, alude a estrategias especulativas, propias de un capital ficticio, a fin de generar con facilidad ganancias en el corto plazo, lo cual obra en contra del desempeño de la llamada economía real y desemboca en fraudes masivos y crisis recurrentes. La alta volatilidad y los juegos especulativos también aceleran la depuración de capitales, situación que beneficia la concentración y centralización del capital mo nopolista, puesto que propicia fenómenos lacerantes como el desempleo, las hambrunas y la pauperización. En este juego perverso incursionan no sólo los grandes capitales y ahorros del llamado Primer Mundo, sino que se comprometen recursos financieros de las periferias, como fondos soberanos, presupuestos públicos, fondos de pensiones y fondos de inversión. Se trata, en esencia, de recursos que se desvían de la actividad productiva o la promoción del desarrollo social para entrar en la econo mía casino mundial con enormes costos para el grueso de la población (Amin, 2010; Bello, 2005). Cabe destacar que el capital monopolista finan ciero ha logrado apropiarse de ese modo de una enorme y desigual porción de la plusvalía social: 225 millones de millones de dólares en 2012, lo que triplica el Producto Interno Bruto (pib) global (McKinsey Global Institute, 2012). • La reestructuración de los procesos de innovación con distintos meca nismos, como la subcontratación (outsourcing) y la subcontratación a nivel internacional (offshore-outsourcing), posibilita a las grandes corporaciones poner el creciente contingente de trabajadores científico-tecnológicos del Sur a su servicio, transferir riesgos y responsabilidades y capitalizar osten sibles beneficios mediante la concentración de patentes. Este proceso se caracteriza por: a) la creciente internacionalización y fragmentación de las actividades de investigación y desarrollo, tendencia que se conoce como innovación abierta y que contrasta abiertamente con los procesos de inno vación tradicionales que ocurrían a puerta cerrada en los departamentos de investigación y desarrollo de las corporaciones multinacionales (oecd, 2008); b) la creación de ciudades de la ciencia, como el Silicon Valley en Estados Unidos y los nuevos Silicon Valley que se han establecido en regiones o países periféricos, en particular en Asia, donde se crean si nergias colectivas para acelerar procesos de innovación (Sturgeon, 2003); c) el desarrollo de nuevos métodos para controlar agendas de investigación (a través de capital de riesgo, venture capital), asociaciones empresariales (partnerships) y subcontrataciones, entre otros, y la apropiación de pro ductos generados por el esfuerzo científico (mediante la adquisición de patentes) por parte de grandes corporaciones multinacionales; d) la rápida

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expansión de una fuerza laboral altamente calificada en el Sur global, sobre todo en las áreas de las ciencias e ingeniería, que es aprovechada por las corporaciones multinacionales para fines de investigación y de sarrollo en los países periféricos con el reclutamiento en las asociaciones empresariales, el outsourcing y el offshoring (Battelle, 2012). De hecho, esta tendencia también puede considerarse como una etapa superior en el desarrollo de redes globales del capital monopolista. Dentro de esa vertiente se produce una mercantilización sin precedentes del trabajo científico, con una visión de corto plazo y ajena a preocupaciones sociales (Sana, 2010; West, 2011; Kumar y Joseph, 2005; Sturgeon, 2003; Partha sarathi, 2002). Resulta pertinente observar al respecto que el número de patentes registradas en Estados Unidos se incrementó en poco más de 4 millones a partir de 1991, lo que supera el número de patentes acumu lado a lo largo de los tres siglos previos (Smith, 2012). • La degradación ambiental ocasionada por la privatización a ultranza de la biodiversidad, los recursos naturales y los bienes comunes en beneficio de las grandes corporaciones multinacionales, cuyos afanes insaciables de lucro son antepuestos, sin escrúpulos, a los costos sociales y ambientales que generan. La expansión y la reedición de formas extractivistas de apropiación de los recursos naturales y acaparamiento de tierras (land grabbing) se ha traducido en una mayor depredación de los ecosistemas, contaminación, hambrunas y enfermedades que ponen en riesgo la simbiosis entre naturaleza y sociedad (Foladori y Pierri, 2005; Foladori, 2001; Foster, 1999; Hinkelammer y Mora, 2008; Márquez, 2010a). En el corazón de dicho proceso, que se localiza en la base de la reinserción asimétrica y subordinada de las periferias en la esfera del capitalismo neoli beral y que imprime su sello a las migraciones contemporáneas, subyace un rasgo consustancial a la arquitectura capitalista contemporánea: la so breoferta masiva de fuerza de trabajo. Con la incorporación de la ex-Unión Soviética, China e India al mercado capitalista mundial, la oferta laboral para el sistema se duplicó, al incrementarse de 1.46 a 3.1 mil millones de traba jadores. A ello se agrega la violenta y desbordante liberalización de fuer za de trabajo que ha tenido lugar en las economías periféricas a consecuencia de la implantación de los programas neoliberales de ajuste estructural. En un artículo reciente, John Bellamy Foster, Robert McChesney y Jalim Jonna (2011b) estiman que la reserva global de fuerza laboral absorbe a 65 por ciento de los trabajadores del planeta, para erigirse en uno de los signos vitales de nuestros tiempos.

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Como corolario, la precarización laboral alcanza dimensiones hasta hace poco inimaginables. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (ilo, 2012) correspondientes a 2011, laboran en condiciones de vulnerabilidad 1,520 millones de trabajadores —que representan 49 por ciento de la masa laboral del planeta—, es decir, carecen de seguridad en el empleo y no tienen acceso a derechos laborales mínimos; 910 millones de trabaja dores —29.4 por ciento— obtienen un ingreso salarial menor a dos dólares por día, lo que los ubica en una situación de pobreza extrema; existen 203 millo nes de desempleados en el mundo y alrededor de la mitad de los trabajadores se inscribe en las filas de la informalidad. Se trata, claramente, de una violencia sistémica que debe ser comprendida y combatida por todos los medios al alcance, por lo que la academia comprometida está llamada a desempeñar un papel relevante. La profunda crisis multidimensional —financiera, de sobreproducción, ambiental y social— que aqueja a la humanidad entera acentúa la problemá tica y hace aún más apremiante la necesidad de profundizar en ella, en con creto en la perspectiva de contribuir a vislumbrar y promover opciones de transformación social. Desarrollo desigual y reinserción de las periferias

El concepto de desarrollo desigual dispone de un gran poder explicativo para desentrañar el proceso histórico de polarización entre clases sociales y ámbitos espaciales. La consideración del desarrollo desigual no entraña un análisis di cotómico o maniqueo, sino que tiene como propósito develar las dinámicas históricas, estructurales y estratégicas de explotación y dominación de las élites plutocráticas, que se apropian del excedente económico generado en las peri ferias y en el centro mismo del sistema mundial capitalista (Márquez, 2010b). Un elemento central de la arquitectura global del neoliberalismo es la profundización de las tendencias al desarrollo desigual que son inherentes al capitalismo y cuyo trasfondo es la relación capital-trabajo que le es propia, en tanto proceso de polarización económica, social y política entre regiones, países y clases. Destacan en particular dos tendencias: la agudización de las asimetrías entre países y regiones y el acrecentamiento de las desigualdades sociales. Si bien esta trama es propia de la dinámica capitalista en general, bajo la globalización neoliberal se agudiza en grados extremos. El mecanismo sine qua non mediante el que se ha implantado esta ten dencia lo componen los programas de ajuste estructural promovidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales han sido y

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siguen siendo el vehículo para la desarticulación de las economías perifé ricas y su reinserción, asimétrica y subordinada, a las economías de los países centrales. La exportación directa e indirecta de fuerza de trabajo se convierte en un elemento clave del proceso. La primera alude a las redes globales de capital monopolista que funcionan en una lógica de enclave, en la que el componente exportado —en virtud del elevado componente importado— se limita al bajo valor de la fuerza de trabajo incorporado a la mercancía. En la actualidad, en ese tipo de plantas laboran, como se apuntó antes, 85 millones de trabajadores del Sur. Por su parte, la exportación directa de fuerza de trabajo vía migración laboral involucra aproximadamente a 151 millones de trabajadores provenientes de la periferia. Todo ello configura una nueva división internacional del trabajo, en la que la exportación indirecta de fuerza de trabajo entraña la transferencia neta de ganancias de las periferias al centro, mientras que la exportación directa de fuerza de trabajo implica la transferencia de los costos de formación y reproducción social de la fuerza de trabajo que emigra, además de su ca pacidad para generar riqueza. Ambos mecanismos se asocian a la explotación laboral extrema. El nuevo rostro de la movilidad humana: la migración forzada

A fin de caracterizar la nueva migración se emplea la noción de migración forzada. Se utiliza este término para diferenciarla de la migración como acto voluntario y libre, que figura como presupuesto de la visión dominante. La noción de migración forzada alude al desplazamiento de personas que son literalmente expulsadas de sus territorios y que buscan acceder a medios de subsistencia y oportunidades de movilidad social, en su propio país o fuera de él, o bien de personas que no encuentran condiciones de empleo acordes a su capacidad y formación en sus lugares de origen. A la presión de emigrar se suman trabas a la migración (creciente criminalización de los migrantes) que deprecian la fuerza de trabajo y la someten a situaciones de alta vulnerabilidad, exclusión social y explotación extrema. Por lo tanto, se distinguen cuatro modalidades de migración forzada (Delgado y Márquez, 2009; Castles, 2003; Gzesh, 2008): 1. Migración por violencia, conflictos y catástrofes ambientales. Los conflictos sociales, políticos y comunitarios, los desastres naturales y la realización de grandes obras de infraestructura y urbanización afectan severamente a

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comunidades, grupos sociales, familias e individuos, al grado de obligarlos a abandonar sus lugares de origen, incluido su propio país. En este rubro se distinguen las categorías de asilo, refugio y desplazamiento; modali dades que afectan de manera particular a las poblaciones de los países subdesarrollados, puesto que son reconocidas en el derecho internacional, existen instrumentos legales de protección. El número actual de refugiados y asilados se estima en 15.2 millones (unhcr, 2010). El cambio climático y la degradación ambiental constituyen una fuente de migración forzada que no pertenece a las categorías de asilo y refugio (Castles, 2003). Su adecuada conceptualización demanda una perspectiva analítica que, por un lado, evite las especulaciones numéricas (Myers y Kent, 1995; Shuaizhang et al., 2010; Lonergan y Swain, 1999; Black, 2001) y, por el otro, no trivialice los impactos negativos de los cambios ambien tales. Es preciso enfatizar, entonces, los impactos del desarrollo desigual y, consecuentemente, las capacidades de adaptación de las poblaciones más pobres, siempre las más vulnerables a las contingencias ambientales, tanto naturales como antropogénicas (McAdam, 2010). 2. Tráfico y trata de personas. Esta forma de migración forzada se ha incremen tado en forma alarmante en los últimos años y se ha convertido en un negocio altamente lucrativo, debido a las políticas restrictivas de los países receptores y a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarro llados. La trata de personas se asocia a coerción, rapto o engaño, e incluye la explotación sexual y las adopciones ilícitas, entre otras graves viola ciones a los derechos humanos. La respuesta mundial frente a su creci miento fue la Convención contra la Delincuencia Organizada Transna cional efectuada en Palermo en 2000. También existe el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mu jeres y niños, que son los más vulnerables. Los términos “trata de seres humanos” y “tráfico ilícito de migrantes” han sido erróneamente usados como sinónimos y por esa razón con frecuencia se incluye la categoría en alguna de las otras aquí mencionadas. Se considera que existen al menos 2.45 millones de personas que desempeñan trabajo forzoso como resultado de la trata interna o externa de seres humanos (oim, 2008). 3. Migración por despojo, exclusión y desempleo. La globalización neoliberal pro voca tensiones sociales permanentes que despojan a amplios sectores de la población de los países subdesarrollados de sus medios de producción y subsistencia, y los obliga a emigrar en la búsqueda de una fuente de sus tento familiar. Los mayores flujos migratorios laborales contemporáneos

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pertenecen a esta categoría, cuyo sello característico es la vulnerabilidad y la explotación extrema. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, existen alrededor de 100 millones de migrantes laborales a nivel mundial (Awad, 2009). Tal forma de migración, aun cuando dis pone de ciertos medios de protección —como los contemplados en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias de 1990—, carece de me canismos para su efectiva implementación. En vez de tipificar de forma adecuada la problemática y los riesgos a los que están expuestos los mi grantes, se les ubica en la categoría de “migrantes económicos”, que pre supone la existencia de un entorno de libertad y movilidad social. 4. Migración por sobrecalificación laboral relativa. Los sectores laborales de alta calificación, como académicos, investigadores, intelectuales, científicos, tec nólogos, ingenieros y profesionistas conforman una masa crítica para el desarrollo nacional. No obstante, las periferias disponen de mercados la borales precarios, apoyos institucionales limitados, infraestructura defi ciente y remuneraciones bajas, por lo que una porción importante de estos trabajadores resulta, paradójicamente, una población redundante, con un grado de sobrecalificación que no puede aprovecharse en los lugares de origen. La carencia de oportunidades, los debilitados sistemas de inno vación, la segmentación del mercado laboral y el limitado respaldo insti tucional provocan que muchos trabajadores de alta calificación no en cuentren en su propio país o lugar de origen una ocupación acorde con sus capacidades y formaciones. Si bien los migrantes no afrontan grandes problemas para desplazarse ni buscan satisfacer sus necesidades más ele mentales, recurren a la migración como opción para realizar sus poten cialidades laborales e intelectuales, pese a padecer, en muchas oca siones, de degradación laboral y discriminación salarial en los lugares de destino. A las categorías de migración forzada referidas se ha añadido, en espe cífico en el marco de la crisis por la que atraviesa la globalización neoliberal, la migración de retorno en un contexto de crecientes deportaciones masivas y la acentuación de la xenofobia, la discriminación y la exclusión social en los principales países receptores de migrantes. En este caso se trata de una doble migración forzada: fueron forzados a abandonar su país de origen y son obli gados a retornar a él en condiciones de profunda adversidad.

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Lecciones de la experiencia del corredor migratorio México-Estados Unidos

Con la finalidad de desentrañar empíricamente la relación entre desarrollo desigual y migración forzada se recurre al caso del sistema migratorio confor mado entre México y Estados Unidos, por ser muy representativo del fenó meno analizado. Por un lado, Estados Unidos, además de figurar como la principal potencia capitalista por excelencia y de encabezar la referida estra tegia de reestructuración capitalista, es el primordial receptor de migrantes y emisor de remesas del mundo. Por el otro, México despunta como un país rela tivamente industrializado de la periferia que adopta, a rajatabla, los programas de ajuste estructural y se convierte en uno de los principales emisores de mi grantes y receptores de remesas del orbe, además de figurar como el país con mayor tránsito migratorio. Entre ambos países se teje, asimismo, una moda lidad de integración regional auspiciada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), que atiende a los intereses estratégicos de las grandes corporaciones transnacionales de base estadounidense. Previamente se mencionó que México se distingue por figurar en los pri meros planos de la migración mundial. En efecto, como se aprecia en el cuadro 1, en 1990 se situó en el sexto sitio; mientras que en 2000 ascendió al segundo, casi a la par de la Federación Rusa, que ocupó la primera posición; en 2010 se situó en la primera posición y en 2013, por razones que serán referidas después, descendió al segundo lugar apenas por debajo de la India. Si bien el país cuenta con una población inferior a la de la Federación Rusa y muy inferior a la de India, cabe preguntarse cuáles son las razones que han ubicado a México en la cima de la migración mundial. Sobresale en primer término que la migración, y en particular la migra ción hacia el país vecino del norte —a la sazón principal país receptor de migrantes del mundo—, cuenta con una larga historia que data de finales del siglo xix. No se trata, empero, de un fenómeno de crecimiento lineal. Al contrario, la figura 1, referida en específico al flujo migratorio hacia Estados Unidos, evidencia que la escalada emigratoria del país comienza a finales de la década de 1970, periodo en el cual la economía mundial entra en un pe riodo de recesión, que coincide con la desaceleración del proceso de sustitu ción de importaciones ante las dificultades para avanzar hacia la fase de sustitución de bienes intermedios y, sobre todo, bienes de capital (Cypher y Delgado, 2012). Pero la escalada migratoria se acentúa aún más y se torna exponencial cuando se abandona el modelo de sustitución de importaciones y se produce el viraje hacia el modelo neoliberal. Con la suscripción del tlcan, la escalada migratoria se eleva hasta colocar a México en la cúspide

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Población emigrante

Mundo 154’161,984 Fed. Rusa 12’749,832 Afganistán 7’295,340 India 6’845,565 Bangladesh 5’635,489 Ucrania 5’575,082 México 5’043,269

Origen ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Población emigrante

Mundo 174’515,733 Fed. Rusa 10’702,336 México 10’040,849 India 8’120,278 Ucrania 5’714,739 Bangladesh 5’695,075 China 5’493,899

Origen

2000

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Población emigrante

Mundo 214’199,193 México 12’441,703 India 11’398,091 Fed. Rusa 10’725,449 China 8’432,427 Bangladesh 6’476,821 Ucrania 6’356,532

Origen

2010

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Posición

Población emigrante Mundo 231’522,215 India 14’166,558 México 13’212,220 Fed. Rusa 10’832,708 China 9’342,485 Bangladesh 7’757,315 Paquistán 5’687,563

Origen

2013

Fuente: Tables of Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, region, country or area of destination. Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations 2012 and 2013.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1990

Población nacida en México según país de destino (undesa)

Cuadro 1

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de la migración mundial. Este curso, de suyo preocupante, se asocia a la de sarticulación del aparato productivo nacional y a la maquilización de la eco nomía apuntalada por la reestructuración neoliberal que, lejos de reducir las brechas con Estados Unidos, tendió a acentuarlas, como se manifiesta en el cuadro 2. Figura 1 Migración México-Estados Unidos

42 .0

10 20

00 20

60 19

50 19

40 19

30 19

20 19

10 19

00 19

90 18

80 18

70 18

60 18

50 18

Fuente: Compilación de Censos decenales, 1850-1990; Pew Hispanic Center, 1994-2010; Passel y Cohn, 2011; simde-uaz, de 2011 a 2014 con base en la cps suplemento de marzo.

Cuadro 2 Asimetrías México-Estados Unidos en el contexto del tlcan México Asimetrías pib per cápita dólares corrientes Índices de la producción industrial Gasto en investigación y desarrollo (% del Salario manufactureros (dólares por hora) Índice de Desarrollo Humano

1994

Estados Unidos

2012

1994

2012

4,540 9,240 26,820 48,450 71.74 101.65 80.49 121.13 pib) 0.29 0.48 2.48 2.90

2.10 51

2.60 61

12.00 4

9.30 3

Fuente: simde, uaz. Elaborado con base en inegi, enoe Cuarto trimestre 2012 y Banco de información económica inegi, U.S. Bureau of Labor Statistics bls. Current Population Survey, 1994, 1995, 2011 y 2012.

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El panorama descrito quedaría incompleto si no se considera que a los 12 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos habría que sumar una comunidad de origen mexicano de poco más de 30 millones. En adición, no puede omitirse, en tanto reflejo de las condiciones en las que se despliega la migración mexicana, que el país cuenta también con el mayor número de migrantes indocumentados del planeta (Passel y Cohen, 2010), los cuales se estiman en poco más de 6 millones, y que se ha convertido en el principal corredor de migración de tránsito del orbe. Es indispensable tener presente que la emigración mexicana no sólo ha experimentado cambios cuantitativos de primera magnitud, sino que ha regis trado transformaciones cualitativas de gran envergadura. Entre otras, de un patrón circular se ha transitado a uno de carácter más permanente; la parti cipación femenina e indígena han crecido significativamente; el espectro de actividades laborales en el que se insertan los mexicanos se ha diversificado hacia el sector industrial y una variada constelación de servicios, no obstante que la agricultura estadounidense continúa mexicanizada; el fenómeno se ha extendido a casi toda la geografía del país y de Estados Unidos como se aprecia con claridad en la figura 2 hay una creciente selectividad: los niveles de cali ficación laboral de los emigrantes mexicanos se incrementaron ostensiblemente y con ello su participación en las esferas de ciencia, tecnología e innovación de Estados Unidos. Cabe subrayar que a raíz de la crisis en Estados Unidos desencadenada en 2007 se produce una desaceleración de la migración mexicana, acompa ñada de deportaciones masivas de mexicanos acaecidas a lo largo de la admi nistración del presidente Barak Obama, las cuales ascienden a poco más de 2 millones, junto con un endurecimiento sin precedentes de las políticas migra torias y de control y militarización fronterizos. Estas circunstancias se agravan por el desbordante incremento de la migración de tránsito que recorre el terri torio nacional, en especial de origen centroamericano, y de modo reciente por la incursión del crimen organizado en actividades relacionadas con el tráfico y trata de personas. En este tenor, resulta incuestionable el incremento de las violaciones a los derechos humanos más elementales de quienes participan en los flujos migratorios. Para fines analíticos, es fundamental colocar, en su justa dimensión, los enormes beneficios que la migración entraña para los países de destino, en este caso Estados Unidos, los cuales tienden por lo general a ser invisibilizados e incluso distorsionados, y sopesar los costos de la migración para los países de origen y tránsito, los cuales van más allá de los impactos positivos —y sobre dimensionados— de las remesas recibidas por México.

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Arizona

Utah

Idaho

Hawai

Nuevo México

Colorado

Wyoming

Montana

Texas

Oklahama

Alabama Misisipi Lousiana

Kentucky

Indiana

Ohio

Michigan

Vermont

Virginia del Oeste Virginia

Pensilvania

Florida

Georgia

Rhode Island

Massachusetts

Nueva Hampshire

Maine

Quinto lugar

Cuarto lugar

Tercer lugar

Segundo lugar

Primer lugar

Distrito de Columbia

Maryland

Delaware

Connecticut Nueva Jersey

Nueva York

Carolina del Norte Tennessee Carolina del Sur

Illinois

Arkansas

Misuri

Iowa

Wisconsin

Minnesota

Kansas

Nebraska

Dakota del Sur

Dakota del Norte

Fuente: simde, uaz. Estimación basada en el us Bureau of Census, American Community Survey (acs) 2012.

Alaka

California

Nevada

Oregon

Washington

Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, 2012

Figura 2

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Concerniente a los países de destino y en particular a Estados Unidos, no debe perderse de vista que la inmigración permite llenar el vacío demo gráfico que generan simultáneamente dos fenómenos demográficos com plementarios: por un lado, el descenso de la fecundidad en el marco de la llamada segunda transición demográfica y, por el otro, el proceso de enveje cimiento de la población derivado del fin de la primera transición demográ fica. La combinación de ambos procesos configura una peculiar situación de inestabilidad demográfica, que tiene serios impactos en la dinámica y esta bilidad económica y social de la sociedad estadounidense. En concreto, el sistemático descenso de la fecundidad y la natalidad, junto al envejecimiento, se manifiestan en un persistente déficit de población en edades activas y de la fuerza de trabajo necesaria para sustentar la dinámica y el crecimiento eco nómico, lo que pone en predicamento la capacidad de reproducción económica de la población, sus estilos de vida y patrones de consumo y reproducción social. Lo anterior es relevante en el caso de los requerimientos de fuerza de trabajo para cubrir las necesidades del mercado laboral. Tómese en conside ración que entre 2000 y 2012 la población de Estados Unidos se elevó en 35 millones de personas. Por grupos étnicos, la de origen mexicano fue la que experimentó el mayor crecimiento absoluto. De hecho, contribuyó con 38 por ciento al crecimiento demográfico estadounidense de los últimos 12 años. Por el contrario, la población blanca nativa no latinoamericana, a pesar de constituir el principal grupo étnico, con una población de más de 190 millones de personas, apenas aportó al crecimiento 2.4 millones de personas, las que representaron menos de 7 por ciento del total. Este panorama, que pone de relieve la importancia de la inmigración para Estados Unidos, se muestra en la figura 3. Cabe advertir que las diferencias en el crecimiento demográfico son aún más evidentes si se desagregan por grupos de edad. En efecto, mientras la población blanca no latinoamericana y en menor medida los negros no lati noamericanos tienden al envejecimiento, esto es, a un incremento de población en edades mayores y reducción de niños y jóvenes, la población de origen latinoamericano (inmigrantes y nativos) experimenta el proceso inverso: un incremento de población infantil y adultos jóvenes. En ese sentido, su aporte al crecimiento de la fuerza de trabajo y, consecuentemente, a la satis facción de la demanda laboral resulta crucial. Otra contribución significativa se expresa en términos del aporte de los inmigrantes al crecimiento económico. Con base en la estimación del valor del pib generado por la fuerza de trabajo según su grupo étnico y origen migratorio, es posible calcular, con un alto grado de precisión, el aporte que

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Figura 3 Estados Unidos: Crecimiento demográfico de los principales grupos étnicos 2000-2012

Negros no latinoamericanos 12%

Otros nativos 15% Otros inmigrantes 16%

Blancos no latinoamericanos 7% Mexicanos 11%

Población de origen mexicano 38%

México americanos 26%

Otros latinoamericanos 13%

Fuente: simde. Estimaciones basadas en cps, suplementos de marzo, 2000-2012.

los inmigrantes mexicanos han hecho al crecimiento económico reciente de Estados Unidos. Entre 2000 y 2012, el crecimiento del pib se sustentó funda mentalmente en el aporte que hicieron las distintas minorías étnico-migra torias. Los trabajadores nativos blancos no latinoamericanos, a pesar de repre sentar 64 por ciento de la población ocupada, contribuyeron con sólo 35 por ciento del crecimiento del pib, mientras que los nativos afroamericanos y otras minorías no latinoamericanas aportaron 14 por ciento. En tanto, los grupos de inmigrantes y sus descendientes, entre los que destacan los mexicanos, fueron los que mayores contribuciones hicieron al crecimiento de la economía del país más rico del mundo (véase figura 4). Para los países de origen, como México, es fundamental recordar que la migración entraña importantes costos que van más allá de los supuestos beneficios que significa la recepción de remesas. Al respecto, estimaciones para el periodo 1994-2011, basadas en datos oficiales, evidencian que el costo de la migración para México, considerando la edad y el nivel educativo de los migrantes en el momento en el que ingresaron por vez primera a Estados Unidos, implicó un costo (incluidas sólo canasta básica y educación pública) que duplica el monto acumulado de remesas recibidas en el periodo (Delgado, Márquez y Gaspar, 2015). A ello habría que añadir el costo de oportuni dad que, en términos del desarrollo nacional, supone la exportación del bono demográfico.

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Figura 4 Estados Unidos: contribución al crecimiento del pib, 2000-2012 Otros inmigrantes 18% Blancos no latinoamericanos 35%

Afroamericanos 5%

Otros nativos 9%

Inmigrantes y nativos de origen latinoamericano 51%

Otros nativos latinoamericanos 3% Inm. latinoamericanos 8% Méxicoamericanos 12% Inmigrantes mexicanos 10%

Fuente: simde. Estimaciones con base en datos de bea, Gross Domestic Product by Industry Accounts, 2000 a 2012, y Current Population Survey, suplementos de marzo, 2000 y 2012.

A partir de esas estimaciones, es evidente que la sociedad mexicana subsidia a la economía estadounidense a través de la migración laboral. Se trata de una modalidad de intercambio desigual entre ambos países que no es ni ha sido reconocida en la literatura correspondiente. A manera de conclusión

Lo hasta aquí expuesto aporta diversos elementos con la intención de desmiti ficar la visión dominante acerca de la relación entre migración y desarrollo, al tiempo que delinea una ruta alterna, comprehensiva, incluyente y potencial mente emancipadora para superar la problemática y los desafíos planteados: 1) La migración forzada es parte del engranaje de la reestructuración capitalista bajo la égida neoliberal. Los enfoques individualistas, microsociales y trans nacionalistas resultan limitados para dar cuenta del complejo entramado estructural que subyace a las migraciones internacionales en el capitalismo contemporáneo, porque tienden a aceptar acríticamente la formulación unidireccional y descontextualizada del vínculo entre migración y de sarrollo. En el contexto de la globalización neoliberal se reconfiguran las relaciones internacionales con el objeto de dar paso a una nueva división internacional del trabajo que expresa una profunda recomposición de las relaciones de clase a favor del capital y, en específico, del capital monopo

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lista. En la reconfiguración entra en escena el desbordamiento del ejército industrial de reserva a escala global, la configuración de redes globales de capital monopolista para aprovechar y perpetuar los bajos costos labo rales y grandes diferenciales laborales en la periferia del sistema y la mi gración laboral forzada hacia los países centrales, en tanto mecanismos que exigen disciplina obrera, divisionismo de clase y fuente de ganancias extraordinarias para las grandes corporaciones multinacionales. 2) La migración forzada satisface la demanda de fuerza de trabajo, reduce costos la borales y contribuye con el crecimiento económico del país receptor. Los migrantes son requeridos porque satisfacen la demanda laboral y abaratan sus pro cesos productivos en los países centrales, mediante la generación de un escenario que promueve la desvalorización de la fuerza de trabajo. En lugar de reconocer públicamente tal aporte, los gobiernos de los países recep tores difunden un discurso discriminatorio y criminalizador que concibe a los inmigrantes como una carga para la sociedad receptora y un peligro a la seguridad interna. Al estigmatizar la fuerza de trabajo y en múltiples sentidos convertirla en indocumentada (al establecer una cuota de visas muy inferior a la demanda del mercado laboral), de forma perversa se contribuye a su abaratamiento, flexibilización y vulnerabilidad. Dentro de esta perspectiva, el Estado cumple un papel trascendente en la regulación de los flujos migratorios de conformidad con los intereses de las clases dominantes y las corporaciones que representan. Al ocultar esta realidad, los migrantes se presentan, ante los ojos de la opinión pública de las socie dades receptoras, como culpables de muchos de los males que las aquejan: desmantelamiento del Estado de bienestar, disminución de las clases medias, desempleo y precarización laboral, etcétera. Lo más grave es que ello suscita confusión y enfrentamientos en el seno de la clase obrera, que obstaculizan la posibilidad de hacer un frente común a la embestida global del capital. 3) La exportación de fuerza de trabajo, en su doble vertiente (directa e indirecta), da lugar a formas superlativas de transferencia de excedentes que profundizan las dinámicas de desarrollo desigual. Con la exportación de fuerza de trabajo, surgen dos nuevas modalidades de intercambio desigual, con más desven tajas para la periferia que aquella sustentada en el intercambio de pro ductos primarios por productos industrializados ampliamente analizada y documentada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) y por los teóricos de la dependencia a partir de los plan teamientos de Emmanuel (1972). Así, la exportación indirecta de fuerza de trabajo, derivada de la participación de los países periféricos en las redes globales de capital monopolista a través de la instalación de plantas

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de ensamble que operan bajo la modalidad de nuevos enclaves exporta dores, significa la transferencia neta de ganancias al exterior. Se trata de una modalidad extrema de intercambio desigual que anula toda probabilidad de desarrollo y crecimiento económico en la periferia. No puede existir una modalidad más perjudicial y lacerante de intercambio desigual que la que implica la transferencia de la totalidad del excedente producido. Adicionalmente, la exportación directa de fuerza de trabajo vía migración laboral supone no sólo la transferencia de los costos de formación y repro ducción de la población forzada a desplazarse de sus lugares de origen, sino también la pérdida del recurso vital para la acumulación de capital en el país emisor. La creciente incorporación de fuerza de trabajo altamente calificada de la periferia al centro agrava aún más la problemática y com promete sobremanera las posibilidades de construir un sistema nacional de innovación sobre el que se configuren las perspectivas de desarrollo nacional del país emisor. Analizar las nuevas modalidades de intercambio desigual plantea importantes desafíos teórico, metodológico y empírico para avanzar en la concepción y la caracterización del capitalismo contem poráneo y la problemática del desarrollo desigual. Los postulados que enarbolan las teorías del intercambio desigual, sustentados en las dife rencias salariales (los diferenciales en las tasas de plusvalor) que emergen de los obstáculos a la movilidad poblacional (lo que se conoce como global labor arbitrage) abren una relevante veta analítica. Queda claro, por lo tanto, que aceptar la falsa premisa de que la migración posibilita el desarrollo de los países de origen es aceptar el modelo neoliberal y sus formas extremas de explotación laboral, extracción de excedentes y de predación ambiental. Conlleva, asimismo, una profunda incomprensión del significado de la cuestión laboral en la actualidad y rendirse ante la idea pos modernista de que no hay alternativas sistémicas. Ante ese escenario, resulta imprescindible pugnar por la unidad de la clase trabajadora y la construc ción de un poder social contrahegemónico capaz de confrontar el orden (o desorden) social imperante y revertir las causas profundas de la migración forzada y el desarrollo desigual. Fuentes consultadas

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Memorándum para el poder popular. Migración, precariedad y nuevos movimientos sociales en el postapartheid en Sudáfrica* Carl-Ulrik Schierup** Nuestras comunidades están tan destruidas. Millones de sudafricanos se van a dormir con hambre. Hay tanta desesperanza. Vivimos con tanta desigualdad, pobreza, hambre y desempleo. Cuando emergen los movimientos sociales, esto infunde humanismo y conciencia social en nuestra gente. Ellos ofrecen un espacio de urgencia que se opone a la política del Mesías. Kota Ayanda Presidente del Movimiento de los Desempleados, 2014

El apartheid ha llegado a usarse como una densa metáfora en los estudios sobre migración y la noción de trabajo no libre o forzado, en diversos con textos geográficos y sociales del Norte y el Sur globales; también se ha consi derado como un caso arquetípico de hiperexplotación laboral basado en la violencia de clase, la exclusión de los derechos ciudadanos, la expulsión hacia los países de origen sojuzgados y legitimados a través de mitologías de raza, cultura, etnicidad o identidad nacional. Pero el movimiento antiapartheid y la lucha por una sociedad democrática no racial fue, simultáneamente, una de las luchas emancipatorias anticoloniales más importantes del siglo xx. En este doble sentido, el apartheid ha sido crucial para los estudios críticos de la migración. Los desafíos, las rupturas y las trayectorias aún indefinidas del desarrollo sudafricano del periodo postapartheid todavía son esenciales para las investigaciones concernientes a migración, poscolonialismo e imperialismo de globalización, alegóricamente denominado apartheid global (Bond, 2004). Un largo conflicto contra el régimen sudafricano del apartheid dirigido por el Congreso Nacional Africano (cna) se dirigía a la victoria al final de los años ochenta. El cna —apoyado por su alianza tripartita con el Partido Comu nista de Sudáfrica (pcsa) y el poderoso Congreso de Sindicatos de Comercio de Sudáfrica (cscsa)— inició negociaciones con el antiguo enemigo y pilar * Traducción del inglés de Jorge Miguel Veizaga Rosales. ** Director del Instituto de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Sociedad (remeso) de la Universidad de Linköping, Suecia. 163

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político del apartheid, el Partido Nacional de los Afrikaners, desde inicios de los años noventa. Esto condujo a la eliminación formal del apartheid en 1994 y a la toma del poder político por un gobierno encabezado por el cna sobre la base de elecciones democráticas libres. La nueva Sudáfrica, nacida de la Re volución Nacional Democrática, sería transformada en una Nación Arcoiris inclusiva, una seductora parábola del Premio Nobel Desmond Tutu (1996) para designar la unidad multicultural del Pueblo Arcoiris de Dios en un Estado pre viamente definido por la profunda grieta del apartheid entre blancos y negros. Era el sueño de la Sudáfrica no racial incorporado en la filosofía Ubuntu que habla de la “esencia misma del ser humano” (Tutu, 1999: 31) en cuanto a los lazos universales de la compasión, el compartir, el cuidado y la generosidad. Abraza el valor africano de la hospitalidad simbolizado por la parábola de Nelson Mandela de “un viajero que va por el país”, que “se detendría en un pueblo y no tendría que pedir comida o agua” (Mandela, 2012). Incluye la cualidad del perdón y la pacificación que guía la célebre Comisión Sudafri cana de Verdad y Reconciliación (csvr), la cual se supone cerraría la era del apartheid, un largo capítulo de opresión de raza-clase y violencia de mutua destrucción. Así, Ubuntu representa esencialmente un tipo sudafricano de dis curso humanitario que funge como un “puente de consenso entre la tradición colonial racista reformada de la élite colonialista blanca que va de salida y el nacionalismo africano reformado de los que vienen” (Neocosmos, 2011: 368). Sin embargo, para las fuerzas políticas de izquierda en el movimiento contra el apartheid, el establecimiento de la democracia liberal y la igualdad formal de los ciudadanos ha sido todavía una revolución inconclusa (Alexander, 2010). Desde esa perspectiva, Ubuntu significa más que un evangelio humanitario; representa la visión anticapitalista de un contramovimiento que construiría el poder popular cristalizado como un memorando suplicatorio en el Congreso del Pueblo del Freedom Charter en 1995 (anc, 1955). Se transferiría la riqueza mineral de la República a la propiedad del pueblo y se redistribuiría la tierra a aquellos que la trabajan. La Nación Arcoiris realmente existente se convertiría en un edificio rocoso diseñado por arquitectos de la pobreza, según Moeletsi Mbeki (2009). El origen de las actuales élites de riqueza y poder es, como en el pasado, los recursos sudafricanos subterráneos de metales preciosos y minerales. Antes bien, el cofre de oro de Sudáfrica, el poderoso complejo corporativo minero industrial, es —de acuerdo con el agudo análisis de Mbeki— una trampa tóxica al final del arcoiris. El ilimitado reino del extractivismo depredador ha continuado gene rando la precariedad del trabajo y de la ciudadanía en un enorme sector de pobres negros dentro de una sociedad profundamente racializada. Además,

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no está el negro en el arcoiris, insiste Reshoketswe Mapokgole (2014) en otra exposición crítica en la que se examina la multifacética xenofobia, como afro fobia o negrofobia, que incita a los nativos negros pobres en contra de los negros pobres extranjeros, en una sociedad donde la desigualdad es pro funda como el océano y donde el régimen de hiperexplotación migratoria sigue siendo uno de los problemas más controversiales. En el contexto del debate sobre la actual crisis económica, política y social con estas y otras opiniones más extremas, se pretende explicar la tran sición de Sudáfrica y su sistema migratorio, que va desde una administración centralizada del trabajo forzado por la burocracia estatal del apartheid hacia un Estado neoliberal de precarización y flexplotación (Bourdieu, 1999) deter minado por la instrumentalización corporativa de la inseguridad. Se sigue analizando el enigma de la xenofobia y su papel en el mantenimiento y la reproducción de la hegemonía en un momento marcado por la “ciudadanía insurgente” y una múltiple “sociedad incivil” a lo largo de “espacios inven tados” y más allá del alcance del gobierno neoliberal. Esto se completa con una discusión acerca de las opciones de una reconstituida y contrahegemónica izquierda sudafricana para construir el renacimiento del poder popular en una coyuntura definida por la lucha por los corazones, las mentes y los cuerpos de un incontrolable grupo precario en ciudadelas multiétnicas y en un mundo laboral informalizado. Trabajo no libre como un legado colonial

En 1948 el apartheid fue el marco en el que el régimen migratorio y laboral sudafricano se distinguió por “una extrema coerción extraeconómica de la mayor parte de la fuerza de trabajo” (Legassick, 1974: 255). El trabajo for zado durante el apartheid (1948-1994) puede ser visto como una prueba en contra de la doctrina marxista que considera el trabajo libre como la quinta esencia laboral en el capitalismo: esto es, la libertad del trabajador asalariado respecto a la propiedad de los medios de producción, pero también la libertad de vender su fuerza de trabajo a través de la negociación, la firma o la con clusión de un contrato (Marx, 1976). Más ampliamente, al reflexionar en las nuevas tendencias de la migración internacional del trabajo en los años ochenta, Miles (1987) y Cohen (1987) sostienen que el trabajo “no libre” refleja de modo más apropiado las condiciones reales de una amplia gama de traba jadores bajo el capitalismo, en el pasado o el presente, expuestos a exclusión social, racismo, segmentación discriminatoria del mercado laboral y diferentes

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maneras de coerción formal e informal y, por tanto, no son capaces de ofrecer libremente su trabajo en el mercado. Phillips (2013: 172) argumenta que el trabajo forzado es una forma de incorporación adversa cada vez más común, una inclusión excesivamente explotadora de trabajadores pobres y vulnerables en las cadenas globales de producción, concomitante con la reestructuración neoliberal de los mer cados de trabajo y de los regímenes migratorios, los cuales en la mayoría de los casos sólo reproducen desigualdad, pobreza y precariedad. Fudge y Strauss (2013) observan que la falta de libertad producida e instituida por el empleo y la inmigración varía en el tiempo y en el espacio, pero ahora es tí picamente contingente con las diferentes formas de trabajo temporal y flexible impulsadas por el aumento de la subcontratación y una gran variedad de empleo y agentes. Esto implica restricciones a la movilidad de los obreros, a los cuales se les prohíbe cambiar de empleo y se limita la libertad de agencia. En esa misma línea, Benjamin (2013) insiste en la persistencia del trabajo no libre en Sudáfrica en la actualidad, aunque el régimen particular que repro duce la falta de libertad ha cambiado drásticamente. El apartheid implicó el fortalecimiento de los rasgos diacríticos del capi talismo colonial. Como tal, representó una tercera fase en la estrategia de acumulación capitalista en Sudáfrica, en la desposesión de los negros africanos de su tierra y en la producción y reproducción de un gran sistema de migración laboral, en principio establecido bajo el gobierno colonial británico desde el inicio de la minería de oro a mediados del siglo xix y que se extendió por todo el sur de África. Después de finalizar la guerra sudafricana y de que se estableciera la Unión Sudafricana como un dominio británico en 1910, la élite Afrikaner, que probó tener capacidades para la administración del Estado y para disponer efectivamente de trabajo negro y barato, se convirtió en un aliado estratégico de los blancos anglocapitalistas que controlaban la indus tria minera y propició una potencial alianza con la élite negra profesional y de negocios enraizada en el colonialismo británico del siglo xix (Mbeki, 2009). Las Reservas Nativas —instituidas a través del Código de Tierras de 1913 y basadas en una alianza entre las compañías mineras controladas por ingleses y los terratenientes Afrikaners— significaron un paso más en la alienación colonialista de los negros africanos de sus tierras y fortalecieron los fundamen tos del régimen de migración laboral. El apartheid efectivamente modificó y además consolidó este proceso histórico de alienación fabricando extranjeros a partir de los antiguos nativos mediante la lógica del denominado desarrollo separado, implícita en las empequeñecidas tierras de los nativos, llamadas bantustans, quienes estaban impedidos de tener ciudadanía en la blanca Repú

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blica de Sudáfrica y que a través de medidas reforzadas de administración y seguridad, han sido enjaulados en una permanente condición de migrantes y trabajadores forzados (Benjamin, 2013). El control de los granjeros blancos sobre la inmensa mayoría de la tierra agrícola (tomada por los colonizadores durante el siglo xix) y la carga impositi va discriminatoria sobre los pequeños propietarios negros privó a la población rural negra de la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto se combinó con la contratación de trabajo temporal administrado por agencias centralizadas, con la construcción de recintos reglamentados de trabajadores migrantes en las zonas mineras y leyes de movilidad y circulación restrictivas diseñadas para contener los asentamientos urbanos de negros (Frankel, 1979). Las políticas de segregación urbana incluyeron arrasar barrios racialmente mixtos al favorecer la creación de villas periurbanas negras. A través de la bantustanización muchos habitantes urbanos perdieron la ciudadanía sudafricana y estuvieron sujetos al régimen laboral establecido. La relocalización de los negros sudafricanos de las villas y las áreas rurales de blancos hacia los bantustans implicó políticas de desalojo forzado (Henrard, 1995-1996). El apartheid forzó a millones de negros sudafricanos a migrar entre tierras nativas rurales sobrepobladas y empequeñecidas, recintos mineros, granjas blancas y fábricas en áreas urbano industriales. Esto fue acompañado por un régimen regional sudafricano más amplio, que proveía trabajo migrante con tratado a minas, agriculturas comerciales e industrias sudafricanas. Al igual que la migración dentro del territorio de la posterior República de Sudáfrica, inició a mediados del siglo xix (cuando la industria minera colonial del dia mante y el oro se fundaron) y continuó durante el siglo xx. En el periodo co lonial, las comunidades proveedoras de mano de obra a lo largo de la región de África del Sur fueron controladas por medio de un gobierno indirecto en alianza con las autoridades nativas (Mamdani, 1996); durante el apartheid, continuó con la colaboración de Pretoria por medio de los jefes tradiciona les en los bantustans y su influencia en la región. Los trabajadores migrantes provenían de todos los estados y territorios fronterizos (actualmente Mozam bique, Lesotho, Zimbabwe, Malawi y Suazilandia), con la mayoría de los cuales la República logró acuerdos bilaterales de reclutamiento (Wentzel y Tlabela, 2006). En las minas sudafricanas, 40 por ciento de la fuerza laboral estuvo constituida por no sudafricanos durante la mayor parte del siglo xx, y cerca del momento de la liberación la proporción era de 60 por ciento (Crush, 2003). La migración a las minas se hallaba en gran medida regulada durante el apartheid, mientras que el trabajo indocumentado era más fre cuente en la agricultura. Prevalecía la migración circular, que consistía en el

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control de los asentamientos de negros en áreas urbanas. La bantustanización de la migración interna implicó innumerables trabajadores no asalariados, principalmente mujeres en las comunidades de origen; una condición para la reproducción de fuerza de trabajo migrante hiperexplotada. Cuando se abandonó el control del ingreso de los migrantes de los bantustans en 1986, los trabajadores fronterizos nunca obtuvieron la residencia. Del fordismo racial a la precariedad neoliberal

El apartheid y su sistema integral de trabajo hiperexplotado negro migrante forzado fue diseñado, en esencia, para atender las necesidades laborales de la industria minera y de la agricultura capitalista. Pero pasó a estar en conflicto con las demandas capitalistas en competencia en tanto Sudáfrica se convertía en el Estado en desarrollo más industrializado de África a través de políticas de sustitución de importaciones (Legassick y Wolpe, 1976). Se trataba de una versión particular de fordismo periférico (Lipietz, 1982), un fordismo racial (Gelb, 1987) en el cual el dinamismo industrial y la diferenciación económica fueron frenados por el profundo dualismo racial del apartheid, una eco nomía política basada en la extracción de recursos naturales y la estrategia de acumulación predominante heredada del colonialismo. Tal disyuntiva ha sido identificada como un factor importante del declive económico a largo plazo de los años ochenta, además de una situación estructural que ha permane cido con la Sudáfrica democrática del nuevo milenio, a pesar de los cambios radicales en el contexto político y en las relaciones de raza y clase (Mbeki, 2009). La década que precedió al derrumbe del apartheid, alrededor de 1990, estaba marcada por recesión económica, sanciones internacionales y crecientes rupturas en la hegemonía blanca. La exclusión de los negros africanos de las profesiones calificadas se volvió cada vez más contraproducente para sectores influyentes del capital. Y no fue menos importante un poderoso mo vimiento social antiapartheid —en particular, la creciente fortaleza de una tendencia de unidad comunitaria que se entrometía en los espacios de trabajo, en las villas de negros, constituida en su totalidad por trabajadores migrantes (Bramble, 2003)— que desarrolló la estrategia de suministrar mano de obra barata en un callejón sin salida. Los beneficios del régimen de acumulación fueron reducidos por las protestas de las masas y huelgas, y para mantenerlos se requirió, cada vez más, recurrir a la policía y al ejército, lo que implicó inversiones en un aparato de seguridad tan costoso como endeble (Mbeki, 2009).

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La Convención por una Sudáfrica Democrática (codesa) negoció con el cna y el Partido Nacional a principios de los años noventa, y logró el fin del apartheid mediante las primeras elecciones universales multipartidistas en 1994. Aseguró la democracia política y la ciudadanía para los negros y evitó una prolongada guerra civil, pero aceptó el precio de liquidar valores de igualdad social y políticas de redistribución que eran centrales para sindi catos de comercio y fracciones de izquierda del cna. También tuvo que ver con el abandono de las demandas de cambios en la propiedad, que durante la lucha contra el apartheid se concibieron como las bases sobre las cuales se lo graría el desarrollo económico y social sudafricano justo y sostenible, tales como la nacionalización de las minas y una reforma agraria para el beneficio de los pobres rurales. En efecto, lo establecido aceleró el desarrollo iniciado durante el apartheid acosado por la crisis en los años ochenta, un caso específico de transforma ción a partir de un régimen de regulación estatal, Estado desarrollista caracte rístico del África poscolonial, hacia un régimen neoliberal (Buhlungu, 2010). El concepto de redistribución para el crecimiento originado en el cscsa e incrustado en el Programa de Reconstrucción y Desarrollo (prd) del cna, ori ginalmente neokeynesiano —con la ayuda de instituciones monetarias inter nacionales— ya en 1996, fue en gran medida cambiado por la máxima de “crecimiento para la redistribución” inscrita en el programa de ajuste estruc tural neoliberal: la Estrategia de Crecimiento, Empleo y Redistribución (ecer). Ésta implicó el desmantelamiento de las regulaciones de la moneda nacional, la adopción de acuerdos de libre comercio, la disminución de impuestos, la reestructuración de las corporaciones e informalización perjudicial de los de rechos laborales y de las organizaciones de obreros, la reducción del Estado de bienestar y la privatización de los servicios públicos. Entre las consecuencias se cuenta la transferencia masiva de utilidades corporativas fuera de Su dáfrica, ya que se permitió a los capitalistas sudafricanos retirar sus inversio nes y riqueza acumulada a lo largo del apartheid, lo cual se combinó con una macro —y micro— financiarización tendiente a generar una inercia especu lativa y una crisis económica en los años 2000 (Bond, 2013). En el proceso, Ronnie Kasrils (2013) —antiguo miembro del comité eje cutivo del cna— se lamenta en un tono retrospectivo: “La batalla por el alma del Congreso Nacional Africano se ha perdido ante el poder y la influencia de las corporaciones”; un pacto de Fausto que otorga a Sudáfrica una economía “tan atada a la fórmula neoliberal global y al fundamentalismo de mercado, que ha quedado muy poco espacio para aliviar las terribles condiciones de las masas de[l] pueblo”. Más aún, en el trasfondo, el escenario central de lucha

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por las condiciones postapartheid fue identificado por Terreblance (2003: 95-96) como una codesa ii encubierta; es decir, negociaciones informales entre miembros de la élite política del cna y la oligarquía blanca con el control de la economía sudafricana. De ese modo, observa Mbeki (2009), la transición refleja el persistente poder e influencia del postapartheid del Complejo de Minería y Energía (cme) de Sudáfrica, dirigido por la poderosa corporación angloame ricana en una cuarta fase (Terreblance, 2003) de la búsqueda de una estra tegia ventajosa de acumulación en el punto en el que el apartheid centralizado por la burocracia de Estado y su amplio aparato de seguridad ha cumplido su papel al proveer trabajo barato a la industria minera con la influencia de la sindicalización y la lucha antiapartheid. Los “oligarcas” del cme han intensi ficado ahora la búsqueda de una nueva alianza con la clase media negra, moderna, liberal y urbana de Sudáfrica, cuyos orígenes se remontan al colo nialismo británico y que ha sido históricamente una fuerza importante en el interior del cna. La clave de esta alianza —que depende de la “transición de la élite” consentida (Bond, 2000), implicada en las políticas de reconciliación— consistía en llegar a convertirse en las políticas del llamado empoderamiento económico negro (een) y significó la transferencia de acciones corporativas a un número limitado de negros seleccionados denominados individuos ante riormente en desventaja (iads) —que incluía prominentes líderes de sindi catos—; se suponía de modo eventual que los efectos se esparcirían y alivia rían la pobreza entre la mayoría negra. Por medio de la alianza con una emergente élite política y económica negra, la oligarquía del cme podría retener el control de los enormes recursos naturales de Sudáfrica, mientras que, al mismo tiempo, con la ayuda del bloque neoliberal, podrían resguardar su capital contra posibles perturbaciones políticas, transfiriendo las oficinas centrales y los beneficios a Londres. Fue un trato ventajoso para el cme, pero con el capital doméstico manufacturero y el trabajo organizado perdió espacio. En el acuerdo estaba implícita una instrumentalización de la globalización en términos de una apertura radical hacia la importación de bienes de consumo industrializados y baratos provenientes, sobre todo, de Asia. Lo anterior resultó en la reducción de los costos del trabajo para el cme, la creciente competencia internacional destructiva para el sector industrial doméstico que no era del cme y un proceso adverso de desindustrialización (Mbeki, 2009), factores que han contribuido a la formación de un nuevo e inmenso postapartheid sudafricano precario, atrapado en una red de agencias que generan empleo temporal, contingente e inseguro, y la mercantilización de los instrumentos públicos para combatir la pobreza.

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En la sociedad más desigual del mundo, cerca de la mitad de la población vive por debajo de la línea nacional de pobreza, la cual, indiscutiblemente, de sacredita la agenda neoliberal mercantilista que ha orientado la guerra contra la pobreza declarada por los líderes del cna (Maharaj, Desai y Bond, 2011). El desempleo es alto: entre 25 por ciento oficial y una estimación de 40 por ciento. Las provisiones compensatorias de bienestar junto con las inversiones en vivienda, servicios municipales y, hasta cierto punto, el creciente acceso a la educación promovieron el planteamiento de un contrato social entre el cna y los pobres del país, lo que garantizó la victoria en elecciones parlamen tarias consecutivas, pero no alcanzaron el imaginado y prolífico “derrame” de la riqueza de la nación hacia los que tienen más desventajas. La desigualdad promedio interracial de ingreso ha disminuido en el pe riodo postapartheid, pero todavía es amplia. Además, la desigualdad interracial entre negros sudafricanos se ha elevado. La representación de los negros entre los estratos de profesionales y administrativos ha crecido sustancialmente. Existen cada vez más casos que han ingresado a la élite corporativa a través de —entre otras— la acción afirmativa y el een, pero esto ha sido a expensas de la continua explotación de una enorme masa de trabajo barato y precario, en particular de mujeres negras y jóvenes, y de migrantes internos y fronte rizos (Gentle, 2011). La pobreza y el desempleo siguen concentrándose en las antiguas áreas bantustans, que tienden cada vez más hacia asentamientos informales periurbanos, villas negras en condiciones similares a las chabolas o favelas en los países menos favorecidos del globo, con un elevado flujo de migrantes internos y fronterizos; ya sea que hayan sido despojados de sus casas con la privatización de la vivienda, la segregación o proyectos gubernamen tales monumentales —los pobres se han concentrado en las denomina das áreas de relocalización temporal (Ranslem, 2015). La privatización y la corporativización de los servicios públicos y la institución de regímenes automatizados de prepago, para el caso de las necesidades básicas como el agua y la electricidad en muchas ciudades, tensiona aún más las condiciones de vida de los pobres (Narsiah, 2002). En correspondencia con el libreto neoliberal, la responsabilidad de ocuparse de la pobreza de los negros ha sido asignada a los propios negros pobres —entre otras, bajo la forma de “autoayuda” a través de microcréditos. Sin embargo, esto muy difícilmente ha funcionado como instrumento para promover condiciones de vida susten tables; más bien ha servido como un redituable mecanismo de expoliación y, por ende, ha exacerbado las divisiones de raza, clase y género (Bateman, 2012; Hietalahti, 2013).

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Vicisitudes de la flexplotación

El postapartheid sudafricano puede presumir algunas de las leyes de protec ción laboral más avanzadas en el mundo. Empero, en correspondencia con la estrategia de acumulación con base en salarios bajos, que existe y se man tiene, las reglas de las relaciones laborales han sido reajustadas de acuerdo con el discurso neoliberal de la flexibilidad (Bezuidenhout y Kenny, 2000). La legislación promueve la mercantilización del trabajo con la flexibilización quo ante bellum a través de la informalización que genera desindicalización y precarización del trabajo (Benjamin, 2013). La eliminación del apartheid como un sistema racial de administración del trabajo legalmente estable cido permitió un amplio margen de acción para el reclutamiento mejorado de negros sudafricanos en ocupaciones calificadas en trabajos profesiona les de clase media y puestos gerenciales en instituciones del Estado y pri vadas. Pero simultáneamente se desarrollaron estrategias de triangulación de empleo, orientadas a “externalizar el trabajo” mediante la subcontra tación (outsourcing) y, en particular, el traslado de la responsabilidad de reclutamiento, empleo, salario y condiciones laborales desde enormes cor poraciones rentables hacia la práctica de una multitud de intermediarios laborales privados, determinantes de la informalización del empleo (Altman, 2006) y el crecimiento de nuevas formas de trabajo barato, inestable y pre cario (Benjamin, 2013, 2013b). Por lo tanto, múltiples prácticas corporativas de informalización desde arriba (Theron, 2010) han reemplazado la fuerza extraeconómica del apartheid de arriba abajo —basado en la premisa del desarrollo separado y la exclusión de los sudafricanos negros de la ciuda danía— como un factor para la producción y la reproducción de un ejército de reserva enorme, barato y socialmente inseguro y para la persistencia de trabajo no libre (Benjamin, 2013). La enorme y precaria masa laboral se compone por una muy elevada proporción de negros, en un grado considerable por migrantes y creciente mente femenina. Los espacios que ocupa se convierten en sitios de repro ducción de la informalización desde abajo (Theron, 2010) en términos de las estrategias clandestinas de vida desarrolladas por los pobres y que están más allá del alcance de los contextos regulatorios. Un área gris cada vez más amplia existe “donde las fronteras entre la producción formal e informal se hacen borrosas e indistinguibles […] y donde el empleo difícilmente con duce a la inclusión y a la ciudadanía” (Barchiesi, 2010: 68). Se ha registrado que la mayoría de los empleados ha caído en la precaria categoría de traba jadores pobres (Altman, 2006), muchos de los cuales “nunca tendrán un hogar

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decente, ni enviarán a sus hijos a buenas escuelas ni disfrutarán de atención a la salud de buena calidad” (Bisseker, 2013). Ellos están ligados a nuevas formas de trabajo forzado, marcado por la represión de la agencia organizada debido a desregulación, desindicalización, escasez, desánimo, servidum bre de deudas y disolución étnica-racial de solidaridades más amplias. Es una precarización informal con la que los sindicatos laborales han perdido contacto (cfr. Paret, 2013; Hlatshwayo, 2010; Theron, 2010; Schierup, 2015). Los migrantes originarios de los antiguos bantustans se encontraban a la vanguardia de la lucha contra el apartheid, pero siguen hoy en día entre los más desaventajados de Sudáfrica. A pesar de que el sistema migratorio del apartheid ha dejado de existir formalmente, el legado colonial todavía está más o menos presente (Xulu, 2010: 212). El subdesarrollo y la pobreza en las antiguas áreas bantustans generan las migraciones internas hacia las zonas urbanas donde ellos experimentan el mismo tipo de pobreza que les impulsa a dejar sus co munidades rurales (Xulu, 2010: 212). En tanto, trabajadores informales pre carios comparten espacios con la diversidad de los más desaventajados de Sudáfrica, bajo condiciones sociales que a menudo no son menos desgra ciadas que bajo el reinado del apartheid. Aquí ellos encuentran una creciente población de trabajadores migrantes irregulares transfronterizos y se hacen compañía con refugiados, a muchos de los cuales se les ha negado el asilo. Los migrantes viajan desde regiones vecinas donde el régimen del apartheid solía reclutar trabajadores; muchos también vienen como trabajadores indocumentados de lejanas partes de África, tales como el Congo y So malia (Tati, 2008). El centro gravitacional de la migración transfronteriza se ha movido desde la preponderancia de contratos de trabajo formalmente regulados en el apartheid hacia el empleo de trabajadores indocumentados en la década de los años 2000 (Tati, 2008; Gordon, 2010). La adopción de la ortodoxia neoliberal como la orientación política de la Comunidad de Desarrollo de África del Sur (cdas) y la implementación de programas de ajuste estructural monitoreados internacionalmente a lo largo del África subsahariana ha pro ducido desposesión a través de sobreendeudamiento, apropiación corpora tiva de los bienes comunes, reducción del sector público, desregulación del mercado laboral, desempleo, depreciación de los salarios y guerras internas de mutua destrucción; asimismo, ha producido una creciente confianza en estrategias de supervivencia informales basadas en las migraciones fronterizas y el pequeño comercio que considera a Sudáfrica como destino principal. La constante respuesta sudafricana ha sido contener la migración con la reafir mación de la soberanía del Estado, políticas migratorias excluyentes y mayor

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seguridad (Evans, 2010: 105; Trimikliniotis, Gordon y Zondo, 2008), una con dición reforzada por nuevas restricciones legales sobre la migración transfron teriza y la adquisición de la ciudadanía en 2014 (Dube, 2014). Además, el control inconsistente de las fronteras y las prácticas institucionales en el apa rato político-administrativo han dado lugar a fronteras permeables (Tsianos y Karakayali, 2010), a pesar del discurso oficial restrictivo. La Fortaleza Su dáfrica (Crush, 1999; Trimikliniotis, Gordon y Zondo, 2008) —de manera si milar a la Fortaleza Europa y a los regímenes migratorios en las denominadas nuevas “economías de crecimiento” en el África subsahariana (como Nigeria, Ghana y Botswana)— aprovecha la migración irregular y al mismo tiempo la denuncia (Guilfoyle, 2010 citado por Tobias, 2012). Durante el periodo postapartheid, los migrantes ilegales han sido el blanco favorito del desprecio de los políticos y los medios. Ellos están expuestos al acoso cotidiano de los negros nativos que habitan las villas, una condición que se exacerba por el empoderamiento de los oficiales de la policía en el involucramiento con organizaciones de base comunitaria y al educar a la ciu dadanía en asuntos migratorios junto con la motivación para “‘desarraigar’ y reportar ‘inmigrantes ilegales’ a las autoridades estatales” (Neocosmos, 2006: 96-97). Rigurosas redadas policiales en villas periurbanas informales, deportaciones continuas y un régimen restrictivo de ciudadanía junto con fron teras porosas y entradas clandestinas de transportistas privados, interme diarios laborales, la policía y otras agencias públicas (Tshabalala, 2015) se activan por medio del nepotismo condicional y la corrupción. Por lo tanto, la regulación principalmente formal de la migración transfronteriza bajo el apartheid ha sido reemplazada por un régimen informal (Segatti, 2011). De acuerdo con su lógica, “los periodos de ‘tolerancia’ y ‘rigurosidad’ alternan convenientemente con periodos de necesidad de trabajo y exceso de trabajo” (Segatti, 2011: 56), lo cual equivale a afirmar que los migrantes tienen que ser necesariamente indocumentados para que puedan ser incorporados en nove dosos tipos de trabajo precario informalizado. Además, la precarización del trabajo y de las condiciones de vida alentada por la estrategia de acumulación postapartheid del cme llevarán al “contrato social” del cna con los trabajadores pobres de Sudáfrica a un punto de quiebre (Cohen, 2013). La masacre en agosto de 2012 de 34 trabajadores mineros por la policía sudafricana, en un intento por romper la huelga contra la compañía minera Lonmin, en los límites de la villa de Marikana en el cinturón de pla tino Rustenburg, fue el clímax macabro de un prolongado conflicto laboral que involucraba, por un lado, a la compañía Lonmin, al poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y a cuadros dirigentes del cna; y, por

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otro, a mineros que luchan por salarios y mejores condiciones laborales a través de la disidencia de la Asociación de Sindicatos de Mineros y Cons tructores (asmc), incluidos numerosos trabajadores migrantes atrapados en los trabajos más riesgosos. El conflicto fue presagiado por un largo proceso de luchas amargas por trabajo y la comunidad, y se convirtió en el preludio de más momentos críticos por venir. Se basó en los quiebres en la hegemonía de la alianza política tripartita de Sudáfrica, en la división del trabajo, la ca lificación, el ingreso, el estatus de identidad y en los intereses y privilegios creados en lealtades verticales y horizontales transversales a la fuerza laboral. Sigue un memorando separado de la cscsa y la lucha de sus afiliados contra el apartheid, que una vez unió a los trabajadores negros entre divisiones étnicas y nacionales, y amplió una visión del trabajo digno entre las villas de negros y los recintos de trabajadores migrantes. A decir verdad, el jueves sangriento de Marikana, declaró Frankel de forma burlona (2013: 163), fue una “pequeña atrocidad en el océano” al con seguir la destrucción cotidiana del trabajo, vidas humanas, tierra y dinero en el interior de la industria sudafricana minera. Más allá de los impecables reportes corporativos que muestran el manejo sostenible de la fuerza de trabajo y el responsable desarrollo comunitario de Marikana, se expone el fatal en redo de la reestructuración corporativa y la informalización predatoria del trabajo y las condiciones de vida con la complicidad de los sindicatos y del gobierno. La intromisión de intermediarios laborales que contratan tra bajadores temporales es un medio frecuente para recortar los estándares laborales (Forrest, 2013) y sucede en amplios sectores del trabajo, incluidas operaciones mineras esenciales en los pozos (Frankel, 2013; Bezuidenhout y Buhlungu, 2011). Es una hiperexplotación intensiva del trabajo de un con tingente contratado y formado por migrantes laborales precarios provenientes de las empobrecidas reservas de mano de obra donde el régimen del apartheid reclutaba trabajadores para las minas, dentro de Sudáfrica y de la región más amplia de África del Sur. Expuestos a las prácticas ilícitas de intermedia rios inescrupulosos, son forzados a aceptar cualquier empleo, trabajar en áreas riesgosas a las que los trabajadores permanentes no irían, aceptar largas jornadas que extienden cualquier regulación formal y, según enfatiza Frankel (2013), sin ninguna oportunidad de confiar en la capacidad del departamen to de trabajo de monitorear sus propias leyes y reglamentos. La dependencia respecto a las redes criminales o de traficantes, locales o internacionales, severas prácticas de usureros y cobradores matones y terra tenientes de duro puño, les obliga a asumir una servidumbre por deuda y una condición de facto de trabajador no libre. El papel de los prestamistas de

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dinero sustentado en las comunidades, los mashonishas, ha sido asumido por poderosas —pero igualmente inescrupulosas— instituciones microfinan cieras administradas por bancos sudafricanos, las cuales han ocupado las zonas mineras, según reportan Bateman y Sharife (2014), un lucrativo mercado en un “programa deliberado para comprometer a los individuos más vulne rables y explotados del país”. Se ha obligado a muchos trabajadores mineros a que asuman deudas impagables, con bancos como el Ubank y otros, que tienen al num como principal accionista. Tal vez éste sea uno de los factores que da lugar a la agonía y rabia que encendió la sangrienta confrontación en Marikana (Bond, 2013). Existe un estado de inseguridad y represión entre muchos obreros que residen en la localidad, al igual que entre los migrantes sudafricanos, pero son los migrantes transfronterizos los que se encuentran especialmente en riesgo. Por ende, el régimen migratorio colonial y de apartheid, basado en la hiperexplotación del trabajo forzado masculino y precario, se reproduce bajo las actuales condiciones informales, junto con mujeres y familias en las zonas rurales pobres que dependen de sus magros ingresos. Las mujeres jóvenes víctimas de tráfico de personas tienen muy pocas opor tunidades de empleo y a menudo terminan como prostitutas en las villas miseria que rodean las minas. Esos lugares son los peores barrios en ciudades como Marikana. En adición muestran, en su condición de reflejo espacial, las jerarquías laborales y ocupacionales industriales en las que los trabaja dores migrantes externos se ubican en el fondo y con una capa superior de gerencia y control, todavía constituida en su mayoría por blancos, que ha sido mantenida con alianzas entre empleadores y sindicatos así como consensos transversalmente horizontales y esfuerzos que unen a trabajadores nacio nales y extranjeros. Surgen conflictos xenofóbicos y etnonacionalistas que son racionalizados racialmente entre las comunidades mineras y en las propias minas. Es materia prima para nuevos modos de control, que permiten ver cómo se cierra el círculo de las relaciones capital-trabajo: “[El] espacio puede ser usado para conformar, pero también para fragmentar”, afirman Bezuidenhout y Sakhela (2011: 254). El apartheid generó conglomerados regulares de mi grantes en comunidades mineras segregadas como nodos de control en su sistema de trabajo forzado. Sin embargo, los hechos no sucedieron como se esperaba (Bezuidenhout y Buhlungu, 2011), ya que dicho espacio fue ocupado por el movimiento de trabajadores negros como un bastión de la lucha por la liberación. En retrospectiva, 1994 fue el momento en que los líderes sindi cales y los activistas comenzaron a posicionarse en el interior del partido gobernante y en las instituciones del Estado, y muchos trabajadores negros ascendieron en la escala ocupacional hasta asumir posiciones clave en la

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jerarquía empresarial. Esto también se vio acompañado de nuevos modos de control corporativo. La era del conglomerado regular de trabajadores mi grantes se terminó, dando lugar a una estratificación por profesión, ingreso y clase, especializada conforme a los criterios étnico-nacionalistas de los asen tamientos de negros en el interior de comunidades mineras racialmente seg mentadas como Marikana (Frankel, 2013). Bezuidenhout y Buhlungu (2011) concluyen que mientras el control en el apartheid dependía de la burocracia centralizada y de la contención policiaca, el control corporativo actual se de termina por la segmentación fragmentaria y la diferenciación, definidas por el mercado e inscritas en la política económica de rerracialización, con la com plicidad de la élite política negra y del movimiento obrero. Las políticas de flexibilización e informalización del empleo, el bloqueo represivo de las pro testas laborales, combinado con una política migratoria indecisa, enfrentan a los sindicatos a enormes desafíos y difíciles elecciones. Según Hlatschwayo (2010), los migrantes son muy rara vez vistos por los sindicatos como agentes que puedan ser incluidos en una lucha más amplia para cambiar la relación de fuerzas en el trabajo y las ciudades. En consecuencia, los sindicatos tienen parte de responsabilidad en la persistencia de la xenofobia. Enigma de la xenofobia, ¿vértigo del apartheid o precariedad del presente?

“Mi acento es ridiculizado y se burlan de mí cuando camino en la calle; muy prejuzgado y discriminado porque mi piel es diferente. Mis hermanos de sangre me llaman Nigger, Kaffir, Nyukunyuku, Kwerekwere, cucaracha y cho colate”. Así resume Ndumiso Mbatha (2013) una extraña síntesis transhis tórica y postapartheid de Kaffir y Kwerekwere. El primer término fue utiliza do en la colonia británica para el nativo negro africano y una denominación común y peyorativa para el sudafricano negro en el apartheid, y el segundo es el mayor insulto actual que denota al extranjero negro africano con acento peculiar, cultura extraña y con una pigmentación imaginada más oscura que los negros sudafricanos nativos. La xenofobia postapartheid implica un oxí moron: es una afrofobia (Mapokgole, 2014) que estigmatiza y vilipendia al extranjero y tiene su personificación en el migrante ilegal originario del África subsahariana. Lejos de ser compartidas por todos los sudafricanos, las actitudes xenó fobas han sido constatadas como igualmente representadas entre “los pobres y los ricos, los empleados y desempleados, hombres y mujeres, blancos y negros, conservadores y radicales” (Crush y Pendleton, 2004: 2). Aún más,

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es un acoso abierto de negros-contra-negros que sufren los migrantes en las villas pobres de negros que constituye el estigma de una enfermedad viral de xenofobia en los medios nacionales e internacionales. Alexandra es una de las localidades de negros más empobrecidas de Sudáfrica, vecina de Sandhurst, una de las áreas residenciales más ricas de Johannesburgo y también el prin cipal centro de negocios de Sudáfrica, de intercambio de valores, oro y dia mantes. Alexandra continúa siendo el símbolo concreto del mencionado estigma. En mayo de 2008, los ataques a los migrantes en dicha localidad es taban en los titulares de la prensa sudafricana e internacional. La chispa se expandió como un incendio por todas las localidades en el país. Dejó más de 60 muertes de migrantes, cientos de heridos, más de 150 mil personas sin hogar y propiedades demolidas o saqueadas; la mayoría de las víctimas eran migrantes transfronterizos, pero también trabajadores migrantes sudafricanos que se supone que no pertenecían a la comunidad local. Aunque brutalmente separados, y a pesar de que parezcan realidades independientes, los opulentos asentamientos como Sandhurst y las villas miseria como Alexandra, en la actualidad, y no menos que durante el apart heid, se encuentran íntimamente conectados (Mingxitama, 2008). Al igual que en otras ciudades globales del mundo, la riqueza históricamente acumulada de zonas como Sandhurst y Johannesburgo —que en el apartheid eran habi tadas solamente por blancos y hoy son compartidas por un creciente número de negros acaudalados— es producida por el arduo trabajo de un crecien te conglomerado laboral precario y multiétnico en localidades muy pobres como Alexandra. A la vez, los blancos y los negros ricos de clase media fueron los que “expresaron la mayor sorpresa y disgusto por la violencia que tuvo lugar” y “en un acto de mala fe, [ellos] se separaron a sí mismos de los residen tes de Alexandra que cometieron los violentos actos” (Mapokgole, 2014: 45), los cuales fueron juzgados como incomprensibles. La autora concluye que tal circunstancia dejó a la violencia en el vacío “desconectado de la vida que ellos, los ricos, vivían”, absolviéndolos, por lo tanto, de cualquier responsabilidad. Las diversas masacres o pogroms (Neocosmos, 2008) en 2008 fueron sola mente un episodio de la violencia infligida a cuerpos, refugios y propiedades de los trabajadores migrantes, refugiados y vendedores callejeros extranjeros en las ciudades sudafricanas. Todo ello ha sido una característica de la era postapartheid desde su inicio (Crush, 2000; Neocosmos, 2015). El 2015 fue el peor año desde 2008 en términos de violencia contra los migrantes subsaha rianos, según el Foro de la Diáspora Africana (adf, 2015); en la mencionada carta-convocatoria al presidente, concluye que “como sociedad, estamos mucho peor que en 2008, ya que la actitud y los discursos xenófobos han penetrado

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las instituciones del Estado y han afectado tanto la base como la cúspide del Estado”. Una nueva ola de violencia comenzó en enero de 2015 con ataques contra los pequeños comerciantes somalíes en Soweto. Continuó con ata ques mortales a extranjeros que viven y trabajan en Durban, supuestamente promovidos por maliciosas declaraciones en contra de los extranjeros, reali zadas por el rey zulú Goodwill Zwelithini y por Edward Zuma, hijo mayor del presidente sudafricano Jacob Zuma. Finalmente, luego de una larga demora, el 16 de abril de 2015 el propio presidente Zuma declaró a la Asamblea Na cional que condenaba los ataques xenófobos y las acciones criminales, enfati zando el hecho de que los sudafricanos en general no son xenófobos. Con una actitud políticamente correcta, convocó al respeto por la vida, la dignidad humana, la cohesión social y a Ubuntu, y urgió a todos los sudafricanos a mo vilizarse contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y el sexismo. A través de una mezcla de cercanía y distancia, separación y rectitud, preocupación moral y mala fe, discurso malicioso y negación políticamente correcta del mismo, en el más alto nivel de la institucionalidad política, las políticas migratorias brutalizadas y Ubuntu, transmitían el significado de la xenofobia como una estratagema política con ramificaciones mucho más extensas que las del comportamiento “incomprensible” de los más pobres de la sociedad. Se trata de un enigma que sigue siendo un asunto de interpreta ciones críticas diversas. Desde la lectura de Franz Fanon y Steve Biko se advierte la deplorable situación de xenofobia en la Nación Arcoiris como un vértigo de apartheid (Matsinhe, 2011), o como un odio del negro infligido a sí mismo (Mbembe, 2015). La xenofobia se representa aquí como un fantasma del pasado “que mancha a la nación con una excesiva negrura” (Matsinhe, 2011: 133). Se ha visto como un antecedente de las prácticas burocráticas postapartheid bajo la forma de la identificación por catalogación, que margina y separa pobla ciones, al considerar a los no nacionales como el equivalente funcional de los negros sudafricanos en el viejo régimen (Misago, Landau y Monson, 2009). Lo anterior revela la necesidad de “exorcizar los demonios internos” (Landau, 2011). Otra explicación que se encuentra a menudo expone por qué ocurrió la xenofobia (Bond, Ngwane y Amisi, 2010), orientada hacia la violencia de po bres-contra-pobres como una consecuencia de persistentes desigualdades de raza y clase. Gordon (2010) desarrolla un marco explicativo más amplio de leyes, política económica y luchas respecto a los privilegios de la ciudadanía. Argumenta que la división entre ciudadano y extranjero está estipulada por la discriminación jurídica que hace eco en el sentido común del discurso

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político, los medios y la tradición popular compartida entre la comunidad. Más aún, todo eso no funciona simplemente para destacar la diferencia ge nética o cultural, sino para “crear la vulnerabilidad particularmente intensa que deja expuestos a los migrantes a formas de violencia y explotación” (Gordon, 2010: 7). Para que realice dicha función, “tales migrantes deben estar exentos de las normas constitucionales que fueron diseñadas para pro teger las libertades individuales”. Ésa es una condición forjada mediante la representación discursiva del “‘Estado de excepción’, visto como el derecho del Estado a la autodefensa”. En realidad, la xenofobia realmente existente y producida por el Estado, articulada por el acoso diario a los migrantes en localidades pobres y de modo progresivo en guetos del centro de las ciudades de Pretoria, Johannesburgo y Durban, emerge aquí como una precondición y pena corporal para la inge niería de un régimen jurídico-político de una multitud xenoracial de nuevos negros (Sivanandan, 2001), que son trabajadores migrantes pobres, tan terrible como pueda entenderse (Mbembe, 2015). Ellos se convierten en las princi pales víctimas, mientras las luchas por la obtención de ciudadanía, derechos sociales y económicos, beneficios y acceso a los servicios públicos, prome tidos por la transición a la democracia, se hacen cada vez más ásperas en las villas de negros, en las que se exponen a una perjudicial flexibilización del trabajo, desempleo y subempleo, la informalización de las condiciones de vida, la corporativización de los servicios públicos y el encierro en la trampa de deuda de una industria de microcrédito que además destruye “escasas reservas de confianza comunitaria inter e intraétnica, mutualidad, reci procidad y solidaridad” (Bateman, 2014: 19), al punto de dar rienda suelta a la violencia mutuamente destructiva. De ahí que el sistema racista del apartheid, de “maximización del trabajo barato con poca carga financiera para el Estado” (Desai y Walsh, 2010: 12), haya sido suplantado por un “contingente de trabajo barato sin derechos en el interior de un contingente de trabajo barato formado por negros sudafricanos […] miembros de una sociedad sin el apoyo del Estado […] controlados por la violencia tanto del Estado como de otros sudafricanos pobres que se ven a sí mismos como portadores (y po sibles beneficiarios) de ciertos derechos y concesiones”. Una multitud de actores marginados, que tienen en común la falta de pro tección, vulnerabilidad extrema y dependencia en acuerdos institucionales difusos, puede parecer —en efecto— un espacio fértil para la proliferación de una sociedad sin restricciones del tipo todos-contra-todos, con la “psicología de la violencia” operando “sobre la base del eslabón más débil” (Mingxitama, 2008: 196). No obstante, las políticas discriminatorias que procuran la preca

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riedad para la flexplotación, al igual que el estigma poscolonial, la desigual dad y la exclusión racializada, pueden “conducir a cualquier tipo de reaccio nes diferentes, desde la autoinmolación hasta la lucha de clases” (Neocosmos, 2015); y, al final de cuentas, a pesar del diseño específico del apartheid estatal de divisiones étnico-raciales, los trabajadores migrantes de la gran región de África del Sur, junto con los nativos-extranjeros desnacionalizados de los bantustans sudafricanos (Neocosmos, 2006), fueron una parte esencial de la lucha común contra el apartheid. Éste es precisamente el acertijo en el centro del rompecabezas xenófobo para abordar un análisis más complejo (Neocosmos, 2006). Desde esa pers pectiva, la xenofobia aparece como un extraño producto de la Revolución Nacional Democrática, lo que exige implícitamente la reconstrucción de una peculiar discrepancia entre, por un lado, una práctica y un discurso panafricano inclusivo y altamente movilizador, desarrollado por una ciudadanía activista durante el decisivo periodo de la lucha antiapartheid en los años ochenta —lo que incluye a los migrantes de los bantustans y de toda la vasta región de África del Sur— junto a una amplia comunidad apoyada en el sindicalismo comercial como vanguardia política; por el otro lado, una estrecha concepción de ciu dadanía xenófoba y pacifista que marca una ideología estatal postapartheid de construcción nacional sobre la base de una nueva y encubierta hegemonía de raza-clase negra y blanca. Aquí, en nombre de los derechos humanos y ajus tando cuentas con las injusticias históricas, el fantasma del pasado está repre sentado no como xenofobia, pero sí como migración, igualada per se con el maligno sistema de trabajo forzado, que debe ser justamente expulsado al basurero de la historia. Ello se enmarca en declaraciones políticas afrofóbicas y una legislación que exacerba la brutalidad policiaca, la corrupción y la com plicidad de la comunidad en la internalización del control de la migración y de la expulsión de los migrantes ilegales, lo cual refleja las profundas estruc turas del populismo chauvinista. ¿A dónde se dirige la revolución inconclusa?

La interminable violencia xenófoba ha planteado las contradicciones de una cada vez más profunda y abierta crisis política y social, y ha impulsado la crí tica sobre las discrepancias entre el sueño y la realidad en un país “encerrado en la espiral descendente de la trampa de la pobreza y una espiral ascen dente de la trampa de la desigualdad” (Naudé, 2013). El abrazo del neo liberalismo ha “robado el sueño sudafricano”, se lamenta Satgar (2011). Las pasadas dos décadas de integración de la República a los circuitos globales

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de acumulación han dado fin a la credibilidad del discurso positivo post apartheid del excepcionalismo sudafricano y convirtieron a Sudáfrica en uno de los muchos laboratorios regionales y nacionales del neoliberalismo afri cano discriminatorio (Satgar, 2012). Alexander (2010) deplora encontrar, en “Sudáfrica: una revolución inconclusa”, las temibles consecuencias del rumbo marcado por el acuerdo político neoliberal postapartheid: un horrible mundo de […] barbarie capitalista con sus devastadores resultados de elevado y creciente desempleo, creciente desigualdad social, terrible vio lencia criminal, conflictos racistas y xenófobos de mutua destrucción […] muy lejos de la casi utópica euforia revolucionaria con la cual muchos suda fricanos emitieron tan orgullosamente sus votos, ignorantes de lo que se acordó en los diabólicos detalles del proceso de negociación […] [en] 1994 (Alexander, 2010).

Empero, a pesar de la caprichosa forma de la “maldición de los recursos naturales” (Naudé, 2013) y un sector manufacturero cada vez menos compe titivo, Sudáfrica sigue siendo excepcional de alguna manera en el contexto más amplio regional y africano. En su papel como hegemonía subimperial heredada del Estado apartheid, aunque revestido con nuevas formas, Sudáfrica es la economía más grande del continente y se perfila como una fuerza regional en la Nueva Carrera para el África (uk Communist Party, 2014) con deman das para un cambio de régimen que tiene diversos nexos con la política de inversiones y préstamos (Ndletyana, 2011). Es la Fortaleza Sudafricana que ha reformado un sistema migratorio y de trabajo forzado con orígenes colo niales por toda la región de África del Sur y el África subsahariana. Al mismo tiempo, es una sociedad en la que los imaginarios xenófobos representan la concreción de una ideología de excepcionalismo que presenta a los “suda fricanos como superiores a los del resto del continente […] [y] a los esti mados seres humanos que exhiben diferencias de las normas establecidas como extranjeros en la comunidad y, por lo tanto, enemigos de la nación que pueden, por ende, convertirse en legítimos blancos de la violencia” (Neocosmos, 2015). El crisol de Marikana —la democracia de Sharpeville (Frankel, 2013)— representa un punto de quiebre: la crisis política y social sudafricana requiere ser comprendida con el trasfondo de la crisis de la globalización neoliberal en general, y en particular con la estrategia de acumulación postapartheid con su dependencia unilateral en el extractivismo predatorio forjado por la oli garquía cme sudafricana. Desde tal perspectiva, el jueves sangriento de

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Marikana es el presagio de una nueva fase gradualmente violenta en la bús queda de una estrategia de acumulación viable que, hasta ahora, no tiene ningún consenso a la vista. De manera más optimista, en un tono como el de Polanyi (1957 [1944]), tal vez se evidenciaría una leve crisis en la estrategia de acumulación neoliberal vinculada a un contramovimiento diverso y popular que cuestiona la acumulación por desposesión (Harvey, 2005) que ha derrum bado el sueño y la lucha por justicia social, bienestar y dignidad que los su dafricanos pobres depositaron en la Revolución Nacional Democrática. Para el movimiento de los trabajadores —destruido con la complicidad de sus líderes en las estrategias de gestión neoliberal y separado de las comuni dades y trabajadores migrantes en el fondo de la sociedad (Theron, 2010)—, la trayectoria neoliberal significó una paradoja de la victoria (Buhlungu, 2010). En tanto, los sindicatos laborales son debilitados a través de la reestructu ración corporativa y la transición de la élite, a la par que la promesa inicial del trabajo digno y la ciudadanía inclusiva es ensombrecida por la pobreza, el trabajo precario y la servidumbre por deudas. Grandes sectores de trabajadores sindicalizados y muchos trabajadores migrantes se estancan en los trabajos más difíciles a cambio de salarios insignificantes, lo que ha sido radicalizado por el crisol de Marikana. Una tormenta subsecuente de inestabilidad laboral en todo el país ha producido una profunda división en el movimiento laboral. El resultado todavía es incierto. No obstante, un sector informal precario permanece en los márgenes del movimiento laboral que ha liquidado su celebrado sindicalismo comunitario, alguna vez arraigado entre las localidades pobres. En su lugar, ha surgido una ciudadanía insurgente (Miraftab, 2009) que tiene a los pobres como un nuevo sujeto político (Desai, 2002). Se expresa durante los años 2000 como una re sistencia micropolítica a las privatizaciones, desahucios forzados y mercanti lización de las necesidades básicas, como la electricidad o el agua (Ngwane, 2011; Gentle, 2011; Hart, 2013). En contraste con los “espacios invitados” para la deliberación de accionistas con la sociedad civil, las empresas y el Estado, los pobres crean sus propios “espacios inventados” como lugares para la protesta y la acción comunitaria no solicitada (Miraftab, 2009). Este movimiento informal de los pobres sudafricanos, al margen de cualquier derecho sustancial y más allá del control del Estado, también ha sido caracterizado, siguiendo a Chatterjee (2002), como una sociedad incivil activista (Neocosmos, 2011). Es un movimiento de los desposeídos, aunado a un creciente movimiento de estudiantes negros militantes que cuestionan la supuesta subordinación de la élite política al legado colonial de la nación. Puede entenderse como sepa rada de las apreciadas organizaciones de la sociedad civil (osc) y organi

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zaciones no gubernamentales (ong) orientadas a lograr la despolitización de la agenda de derechos humanos y ligada mediante su incorporación en el gobierno neoliberal. Sin importar que suscribamos o no la controversial definición de pre cariado de Guy Standing (2011) como una nueva, particular y peligrosa clase, podríamos estar de acuerdo con la premisa de que, en efecto, es peligrosa. Lo es peligrosa en el sentido de que es una sociedad incivil, es decir, flotante, pero un sujeto genuinamente político situado en los márgenes de la informalidad. Es indisciplinado y no confiable y se halla más allá del alcance de la mentalidad gubernamental que coopta, disciplina y despolitiza a la so ciedad civil autorizada. Por lo tanto, la creativa informalización desde abajo de los pobres contiene en ella más que un ajuste flexible y afirmativo a la informalización corporativa desde arriba. Es una semilla que puede desarro llarse como rebelión. Una transmutación del facilitador de la flexplotación a una resistencia guerrillera a la tiranía de los mercados (Bourdieu, 1999). De tal manera concebida, la proliferación de la sociedad incivil sudafricana incluye una multitud de nuevos movimientos sociales y comunitarios, entre ellos el Movimiento de los Desempleados, el Movimiento de los Sin Tierra, inspirados por los movimientos latinoamericanos de pobres. La cita del presidente del Movimiento de los Desempleados ilustra esfuerzos vinculados con el mundo que podrían arraigarse en un espacio inventado, con independencia de actos espectaculares de protesta, e indica una visión política más amplia: En vez de apoyarse en la vieja retórica de lemas vacíos, estamos experimen tando con nuevas ideas de solidaridad. La gente está hambrienta; por eso estamos alentando a los hogares a que construyan jardines. Tenemos inicia tivas tales como la cocina del pueblo, incluidas panaderías. Algunas de las luchas más largas y fuertes en el país han invertido mucho en proyectos de construcción tales como guarderías. Tenemos que aprender de esto. Inicia tivas como éstas ayudan a construir nuestras comunidades y ayudan a crear plataforma, nuestra tarea secundaria de infundir conciencia social y política y construir un movimiento masivo (Kota, 2014).

La actual multitud rebelde sudafricana cuenta asimismo con organiza ciones y movimientos críticos originados en las comunidades de la diáspora africana que levantan sus voces en defensa de condiciones de vida simples y contra la xenofobia (adf, 2015; Willén, 2015). Sin embargo, estas voces son mar ginadas, argumentan Desai y Walsh (2010), a favor de recomendaciones civiles al Estado mediante reportes inmaculados financiados por organizacio nes internacionales de derechos humanos; el Estado es, en muchas formas,

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cómplice y oficialmente la denuncia juega con fuego al alentar y al explotar la violencia xenófoba. En tanto, las profundas divisiones sociales en Sudáfri ca se dirigen hacia un punto crítico y se ha abierto un mar de desconfianza entre los líderes del cna y el electorado; la xenofobia resulta una estrata gema crucial para un bloque de poder aún hegemónico en la actual compe tencia política. Salpicar un proyecto de transformación económica mal gestionado con populismo limitado podría reflejar el propio y preclaro interés de la élite del cna de retener la legitimidad frente al pueblo, al indicar las fronteras de pertenencia (Peberdy, 2001). Para Hart (2013), se trata de una estrategia para gobernar —concerniente a la teoría de la hegemonía de Gramsci (1971) y la original perspectiva de Laclau sobre el populismo (1977)—, contener la crisis social y para cooptar, redirigir, apaciguar y explotar políticamente al diverso y todavía difuso precariado en la Sudáfrica actual. Su trabajo explica la articulación específica en Sudáfrica del problema general de la transición de la élite en el poscolonialismo, problema planteado por Franz Fanon (1967) en el que “los nacionalismos poscoloniales son, al mismo tiempo, crucialmente importantes y tremendamente peligrosos”, lo que puntualiza lo difícil del trabajo implicado en la desnaturalización del nacionalismo (Hart, 2013). Con respecto a la Sudáfrica del postapartheid, la agenda política del cna se con sidera de modo paradójico como portadora de una reproducción peligrosa de las estructuras centrales del apartheid, a través de la recirculación mito lógica del imaginario de la Revolución Nacional Democrática por medio de la coalición hegemónica de raza y clase (Hart, 2013), recirculación en el interior del cambiante comportamiento del organicismo integral que aprecia lo endógeno. Una limitación a la creatividad política de los espacios inventados de los pobres puede ser, y de hecho se instrumentaliza por medio de la política de “el azote hace a los perros”. Los activistas que se atreven a trascender los estrechos espacios de invitación (Miraftab, 2004) para la deliberación demo crática inventan sus propios espacios no solicitados con la intención de realizar actos de protesta contra desahucios, privatizaciones, corrupción, nepotismo, desempleo y condiciones de vida y trabajo en deterioro. Con frecuencia, los activistas se enfrentan con balas de goma, gases pimienta y acusaciones cri minales (upm, 2013). Sin embargo, el uso excesivo de la fuerza no es una señal de fortaleza de la hegemonía, sino de su inminente crisis. La política de bienestar social es un dispositivo adecuado para el consenso que genera hege monía, y pueden mencionarse diversos ejemplos a lo largo de la historia, tales como la Ley de Pobres inglesa, la contención de Bismark del incipiente

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movimiento laboral alemán, los conglomerados de trabajadores de élite en el socialismo, el New Deal y el Estado de bienestar, el kemalismo, el peronismo y las políticas de la Nación Arcoiris de apoyo social y provisión de servicios para los pobres. Empero, su poder de integración ha sido reducido por la priva tización, la mercantilización y la financiarización. En esta coyuntura, el de sarrollo de ideas políticas neoconservadoras para monitorear la formación de identidad entre los más desaventajados ha probado ser el esquema favorito a fin de reestilizar la hegemonía bajo condiciones neoliberales (O’Brien y Penna, 1998), lo cual parece tener un progresivo impacto día a día. Al igual que en otros lugares, y no menos que en los cambiantes escenarios políticos de una Europa integral (Holmes, 2000), la política de nacionalismo endógeno se ha convertido en la clave para el gobierno de los pobres en Sudáfrica (Hart, 2013; Willén, 2015). Tal política expresa o configura la retra dicionalización actual de Sudáfrica, lo que conlleva, entre otras cosas, un patriarcado estilizado posmodernamente, con los viriles modales del pre sidente Zuma como un modelo para las familias negras rotas entre los pobres de la nación (Hart, 2013). También pareciera que se replicara la intención del apartheid de aliarse con los “jefes tradicionales”, manipulados para con trarrestar las rebeliones urbanas de aquel entonces, así como al cada vez más fuerte sindicalismo comunitario transétnico. En esa perspectiva, una política tradicionalista de endogenismo puede volver bajo la forma de una fragmen tación etnonacional balcanizante de la democracia no racial liberal de la Nación Arcoiris, de la cual la confrontación entre nativos y extranjeros de las naciones fronterizas será solamente una faceta. No obstante, el cna no es el único que compite por los cuerpos, las men tes y las almas del incontrolable precariado sudafricano. En un contexto de agravada crisis económica, social y política, le hace compañía a los nuevos y articulados proyectos contrahegemónicos de la izquierda (Munusamy, 2015). El poder financiero alternativo que emerge entre los países brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) puede considerarse como una ventaja. Constituye una opción potencialmente más independiente y se vincula con la oligarquía interna, así como con los países industriales tradicionales bajo la supervisión del Norte global, lo que aparenta ser una trayectoria cada vez más creíble. Uno de los resultados más controversiales de la izquierda es el carismático exlíder de la liga juvenil del cna, Julios Malena, quien fundó el partido Lucha dores por la Libertad Económica (lle), después de haber sido excluido del cna al haber acusado en público a sus líderes de complicidad en el caso Marikana. A favor de Malena puede mencionarse que es uno de los pocos líderes polí ticos y miembros del Parlamento que se atrevió a visitar las localidades

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de negros relacionadas con la explosión xenófoba de 2015. Al hablar en Alexandra, pidió a los nativos pobres, residentes en hacinamiento, que dejaran de ser violentos con sus hermanas y hermanos negros que viajaron para que darse en Sudáfrica desde más allá de las fronteras; que más bien se unieran con ellos para combatir contra la corrupta coalición gobernante, identificada como el verdadero progenitor de una miseria compartida. Sin embargo, lo que resulta más provocador es que el partido lle ha vuelto a incluir en la agenda política de la nación cuestiones del Freedom Charter hace tiempo olvi dadas, incluidas, en particular, la nacionalización de las minas y una reforma agraria radical. Sin sorpresa alguna, esto ha llevado a los oráculos del capital corporativo a pronosticar una devastadora tormenta sobre el arcoiris. Lo hace recordar que los líderes africanos con ambiciones antimperialistas viven de manera peligrosa. El movimiento no resuena en los pobres y, para muchos, el partido lle se distingue como un germen de esperanza, una potencial réplica sudafricana de los movimientos de izquierda populista de Venezuela, Bolivia, Grecia y España. Pero se mantiene en pie a pesar de la dura crítica desde todo el espectro político. Malena es calificado por diversos oponentes políticos como populista y demagógico, un “Hitler en proceso” y sus partidarios uniformados (con sobretodos rojos) como una réplica de las tropas de asalto sa. Otro movimiento sudafricano contrahegemónico es una amplia coalición de fuerzas inclinadas a la izquierda que se reúnen alrededor del recientemente fundado Frente Unido (fu), con su columna vertebral en los sindicatos laborales que dejaron de estar alineados con la cscsa y con el cna después de Marikana. El fu que, al igual que el partido lle, ha cambiado su dirección en 180 grados hacia el pasado, podría convocar de forma más convincente los recuerdos que subsisten de las pasadas luchas por el poder popular. Con la atención enfo cada en las promesas traicionadas del Freedom Charter, ejerce presión desde la izquierda sobre el cna y su coalición tripartita para hacer algo respecto a la trayectoria neoliberal que se dirige hacia un callejón sin salida. El movimiento de los pobres, la migración y la xenofobia son sus tres temas principales; desde su perspectiva, el dar significado a una conciencia que fortalece e impulsa una izquierda sudafricana revitalizada requerirá apoyarse en la renovada legiti midad de los pobres informales de la nación y mantener la tendencia hacia un discurso orgánico excluyente de la nación. Esto tendría que ver con la nece sidad de los sindicatos laborales de recuperar su propio patrimonio histórico de sindicalismo comunitario. Por lo tanto, retomando a Kota Ayanda en nuestro epígrafe, para ingresar en “un terreno de urgencia como opuesto a la polí tica del Mesías”, a través de escuchar a, aprender de y recuperar alianzas con movimientos de precarización y despojo de “nativos” y “extranjeros”,

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para conectar el problema de clase y precarización con las cuestiones de mi gración y xenofobia”. El escenario está listo, pero no hay puntajes preordenados. Brecht expresó en otro tiempo y lugar de la crisis: “Las revoluciones tienen lugar en callejo nes sin salida. El futuro pertenece a aquellos que reconocen lo posible, antes de que se vuelva obvio” (Brecht, 1967). Fuentes consultadas

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Del fetiche a lo común. Redimensionando los movimientos ciudadanos por la protección del patrimonio cultural Guadalupe Margarita González Hernández*

El presente capítulo aborda los actuales movimientos ciudadanos por la pro tección del patrimonio cultural a partir de dos vertientes analíticas: por un lado, desde hace dos décadas el patrimonio cultural ha profundizado el pro ceso de puesta en valor mercantil como una forma de abrir nuevos espacios de inversión al capital; por el otro, los movimientos ciudadanos no han tras cendido a un movimiento social revolucionario porque aún no logran descifrar quién es el enemigo real, ya que la mercantilización del patrimonio cultural pareciera una acción realizada por el Estado que oculta las estrategias y me canismos de apropiación del capital. La mercantilización del patrimonio cultural es vista por los movimientos ciudadanos como apropiación privada del capital en la que el Estado tiene una participación de gestión y estimulación, mas no identifican que esa apro piación está fundamentada en el marco legal privativo. Consideran al patri monio cultural como un bien común y su lucha consiste en tener las condiciones justas e igualitarias para que sea apropiado por quien tiene más derecho a él. Aquí, por el contrario, se le identifica como objeto, cosa, es un bien y, por lo tanto, sus propietarios pueden hacer de él un mecanismo para obtener ga nancias monopólicas derivadas de la extracción del plusvalor creado colec tivamente. Pero las prácticas, los ritos y las percepciones a su alrededor, incluso los conocimientos y las relaciones sociales que lo originaron, forman parte de la comunidad, son lo común. Y eso es precisamente lo que debe rescatar el movimiento ciudadano: considerar el patrimonio cultural no como un bien común, tampoco una propiedad estatal ni privada: lo inalienable que debe ser recuperado de lo apropiable. * Docente investigadora de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 197

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Movimientos sociales urbanos, nuevos movimientos sociales y nuevos movimientos ciudadanos

Una primera corriente de pensamiento se desarrolló a finales de los años sesenta e inicios de los setenta del siglo pasado en Europa, cobijada princi palmente por la influencia de la escuela francesa de sociología urbana. Un movimiento social urbano fomentado en el contexto de la crisis de expansión económica de posguerra se asociaba a la incapacidad del sistema capitalista y de la ciudad para proveer servicios básicos urbanos (vivienda, educación, agua potable, seguridad pública) que mejoraran la calidad de vida de los pobladores urbanos, y sólo se consideraba relevante si se asociaba a la crítica de la estruc tura económica basada en la relación capital-trabajo y al movimiento sindical. El principal aporte fue de Manuel Castells (1974). Una segunda postura tuvo relevancia especialmente a mediados de la década de 1990, en la que los cambios propiciados por la reestructuración productiva social de la época actual (posmoderna o posindustrial) incitan a los individuos a ser autónomos, autogestores, conscientes de sí mismos y sin re presentación en los partidos políticos ni en los sindicatos. Tampoco es esencial tomar control del Estado, ya que no les une el interés de poseer poder sino de preservar su identidad y solucionar conflictos para mejorar las condicio nes de vida. Los mayores referentes fueron Alain Touraine (2006) y Alberto Melucci (1999). La corriente de los nuevos movimientos sociales (nms) expresó la aparición de conflictos que con anterioridad no se habían presentado ni estudiado, dando lugar a la incorporación de otros sectores sociales al ejercicio político de la ciudadanía por la democracia, en el que la identidad es el elemento central para explicarlos, dejando los factores económico-políticos a un lado. Según Alain Touraine (2000), el análisis de los nms implica el paso de una sociedad industrial a la posindustrial, donde desaparece la clase obrera por arte de magia. El sujeto es capaz de crear sus propias concepciones sociales y puede desarrollar movimientos sociales de acuerdo con la concepción ana lítica de la realidad, la apropiación simbólica y la capacidad de compra que estimula el desarrollo tecnológico y científico. Bajo tal precepto, el capitalismo apoya y estimula los movimientos gay, feministas, culturales, etcétera. Sin embargo, no desaparecen los conflictos urbanos sociales a pesar de los avances tecnológicos y de la producción de la información. Por el contrario, estas actividades no industriales (tecnologías de la información, avances na notecnológicos e identidades culturales) han servido para transitar a una

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fase superior de la acumulación de capital y son vendidos como productos a la sociedad (Laval y Dardot, 2015), aunque existe una contracorriente de gene radores de tecnología y cultura que buscan un uso indiferenciado de la ciencia, la cultura y la tecnología en beneficio de la sociedad como elementos de en cuentro y organización social alternativos a la capitalista. Una corriente alterna aparece en los estudios marxistas del espacio que considera a los movimientos urbanos sociales como una valoración positiva producto de la multitud de luchas y movimientos sociales urbanos (en el sen tido más amplio del término); las innovaciones urbanas con respecto a la sostenibilidad medio ambiental, la incorporación cultural de los inmigrantes y el diseño habitacional de los espacios públicos pueden converger en el pro pósito concreto de obtener mayor control sobre los usos del excedente social (Harvey, 2013). El fundamento de la acumulación de capital se basa en la relación capitaltrabajo, pero en la actualidad el tradicional obrero no es mayoritario. Son otras formas de relación laboral, como el proletario precario (precariado), las que sustentan el proceso acumulativo y la extracción de plusvalor (Schierup y Ălund, 2015). La ciudad, por lo tanto, está habitada no solamente de obreros tradicionales, sino de una infinidad de formas de trabajo explotado por el capital (Harvey, 2013). Según esta vertiente, los movimientos sociales urbanos deben enfocarse “en esos momentos de destrucción creativa en que la econo mía de acumulación de la riqueza se transfigura violentamente en economía de desposesión, reivindicando abiertamente el derecho de los desposeídos a su ciudad, su derecho a cambiar el mundo, a cambiar la vida y reinventar la ciudad de acuerdo a sus propios deseos” (Harvey, 2013: 49). Se trata, por ende, de considerar a los actuales movimientos sociales urbanos como parte de la dinámica de acumulación de capital, pues las mani festaciones de defensa de la identidad cultural, la protección al medio ambien te o el derecho a la ciudad se basan en una lucha por la distribución más equitativa de la riqueza y el excedente social, en tanto que la contraparte, la clase hegemónica empresarial, busca extraer excedente social de varias formas (Laval y Dardot, 2015). Renta monopólica de la identidad cultural

Por motivos históricos e intereses de ciertos sectores de poder —la clase capi talista, la propietaria de los bienes de producción— que convergen en el Estado y en el mercado, el patrimonio cultural aparece como cosa, objeto, cuando en realidad comprende (y oculta) relaciones sociales, entre sujetos

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con intereses y objetivos distintos: es la negación del proceso social que su pone, “siempre vivo, de apropiación, subjetivación y objetivación, siempre reciclado a través de la producción y el uso, la expresión y el goce, la trasmi sión y la recepción, en una trasmutación constante de cuerpos y afectos” (Andrade, 2009: 26). El fetichismo del patrimonio cultural, como el de cualquier mercancía, tiene un fin: la renta monopólica (Marx, 1988). Se trata de enaltecer cualidades especiales del patrimonio como su singularidad, originalidad y autenticidad con el propósito de obtener una renta adicional o diferencial respecto al resto de los artefactos culturales. Significa que algún bien material o inmaterial cultural no sea tan único o especial para que pueda ser calculado moneta riamente, al tiempo que sea único o excepcional para ser mercantilizado con un sobreprecio (Harvey, 2006, 2013). Dado el proceso de fetichización, para los seres humanos el patrimonio cultural son las manifestaciones u objetos que constituyen testimonios importantes del proceso de la civilización y ejercen una función modélica o referencial para toda la sociedad […] El valor que se les atribuye va más allá de su antigüedad o su estética, pues se consideran bienes cultu rales los que son de carácter histórico y artístico, pero también los de carácter archivístico, documental, bibliográfico, material y etnográfico, junto con las creaciones y aportaciones del momento presente y el denominado legado inmaterial (Llull, 2005: 181).

Como son bienes de origen colectivo, se consideran bienes comunes pro ducto de las relaciones de propiedad establecidas, son expropiadas de su orden colectivo o común con la intención de ser apropiados por el capital. El derecho a utilizar ese bien común debe reconocerse sin duda a todos los que han participado en su producción y ésta es, evidentemente, la base para la reivindicación del derecho a la ciudad por parte de los colectivos que la han creado. La lucha por el derecho a la ciudad se enfrenta a los poderes del capital que se nutre despiadadamente de las rentas derivadas de la vida en común que otros han producido. Esto nos recuerda que el problema real reside en el ca rácter privado de los derechos de propiedad y el poder que éstos confieren a apropiarse, no sólo del trabajo, sino también del producto colectivo de otros. Dicho de otro modo, el problema no es el bien común en sí, sino las relaciones entre quienes lo producen o mejoran a diversas escalas y quienes se apropian de él para su beneficio privado (Harvey, 2013: 123).

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La renta monopólica es un recurso utilizado por el capital con el objeto de obtener excedentes económicos desde cualidades excepcionales y extender el proceso de acumulación capitalista a nivel ampliado en el tiempo y el es pacio (Marx, 1988). Actualmente, esa renta monopólica se manifiesta en la creación de cualidades excepcionales dirigidas a la investigación, el cono cimiento y la cultura, pues precisamente en esas áreas la homogeneidad y la competencia, en apariencia, son incompatibles con su desarrollo y se consi deran como distintivos y no reproducibles (Harvey, 2006, 2013). Además, la renta monopólica tiene dos contradicciones: la primera es que, a pesar de su condición de excepcionalidad y unicidad, siempre debe tener un valor mercantil o intercambiable, para integrarse al mercado como mer cancía, es decir, la renta monopólica siempre debe obtenerse bajo el proceso de mercantilización; y la segunda es que lo excepcional y la autenticidad como valores mercantiles siempre estarán en constante competencia por sos tener rentas monopólicas que llevarán al capital invertido a un grado mayor de monopolio u oligopolio con la eliminación de capitales (y rentas monopó licas) frágiles o débiles. Esto obliga a que las ciudades compitan por capitales (casi siempre especu lativos), que inviertan en obras que mejoren su condición competitiva más que la calidad de vida de los pobladores, y turistas, que al visitar el lugar rea licen la renta monopólica mediante discursos y prácticas auténticas, originales y únicas o de la construcción de espacios públicos, semipúblicos o privados atrac tivos donde los visitantes se sientan realizados en actividades de entreteni miento, ocio, compras u otro tipo de atracción excepcional (por ejemplo, creación de lugares de desarrollo científicos y tecnológicos) (Harvey, 2006). El Estado, en su manifestación concreta, a través de las instituciones gubernamentales locales, se involucra generando las condiciones propicias para la inversión privada (clima social y políticamente apropiado, infraestruc tura y equipamiento urbano adecuado) a un alto costo financiero, social y político. En tanto, la inversión privada principalmente se aboca a invertir en la actividad inmobiliaria y turística. La primera a través de compra, venta y renta de los edificios que mejorarán su apariencia y así crear espacios agrada bles al turista; y la segunda con la construcción de infraestructura de alo jamiento, traslado y entretenimiento adecuada para que los turistas realicen sus estancias de forma placentera desde el punto de vista económico (Harvey, 2011, 2013). Cabe destacar que el punto de confrontación política entre los marginados de estos proyectos (los expulsados de los edificios remodelados, los pobladores que no pueden acceder económicamente a las nuevas actividades de entre

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tenimiento a turistas, por ejemplo), los inversionistas inmobiliarios y turísticos y el gobierno local se presenta cuando los primeros reclaman su aportación al trabajo colectivo de hacer atractiva la ciudad. Entonces toman los lugares públicos como espacios de confrontación política en demanda de su derecho a la ciudad y a alcanzar beneficios de dicha renta monopólica suscitada por la mercantilización de la cultura y el patrimonio. Es ahí cuando el espacio público se convierte en un bien común en disputa (Harvey, 2002, 2013). Los tradicionales movimientos sociales urbanos auspiciados por la de manda de vivienda, servicios públicos, educación o salud, tal como lo vaticinó Manuel Castells (1974), no se ajustan a las demandas y a las características de los actuales movimientos urbanos en términos de dinámica y organización. Las dinámicas actuales de acumulación de capital han dejado de lado la repro ducción social para buscar y apropiarse de nuevas rutas de extracción del excedente social, las cuales se enfocan en conseguir rentas monopólicas en la autenticidad y excepcionalidad de la cultura, la ciencia y la innovación. La disputa y apropiación del excedente a través de la mercantilización de lugares y prácticas cotidianas por parte del capital ha dado pie a la auto organización de ciudadanos despojados y marginados, aunque no descifren al enemigo real entre la institución estatal que gestiona el proceso de mercantilización o el capital que se apropia y despoja el excedente social. Este proceso de movilidad ciudadana se caracteriza por ser espontáneo, con poca organización en el interior y en el exterior, pero ha cobrado vida y recaba algunos éxitos por mantener intacto el patrimonio cultural y las prácticas cotidianas. Por sus características y principios de origen son movimientos difusos, carentes de una coherencia política global, maleables y escurridizos que pueden ser controlados y reabsorbidos por las prácticas capitalistas dominantes (Harvey, 2013). En una época en la que el respeto a la propiedad privada y el desmante lamiento del Estado benefactor se hallan a la orden del día, los actuales movimientos urbanos son luchas de poder entre ciudadanos y gestores del capital inmobiliario y turístico patrimonial manifestadas en las disputas por mantener intactos, de parte de los ciudadanos, sus ritos y prácticas realizadas en los espacios públicos y el patrimonio edificado, y por el lado del capital inmobiliario de maximizar la renta monopólica del suelo a través del mejo ramiento de la imagen urbana. Los nuevos movimientos ciudadanos desarrollados en los últimos años exponen en un primer momento la extracción y la apropiación del exce dente social por la clase hegemónica capitalista cuando se supone que es un bien común. Esta apropiación privada del excedente social sucede bajo

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la modalidad de aprovechamiento y mercantilización del patrimonio cul tural, junto con otras expresiones (generación y difusión del conocimiento, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías digitales, etcétera) llevadas a cabo por empresas e instituciones multinacionales (como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o el Banco Mundial) que crean las condiciones para la legalización de la mercantili zación y la extracción de la renta monopólica manifestada en la modali dad turística. La renta turística permite extraerla extraordinariamente por el simple hecho de aprovechar económicamente una ventaja de orden cultural (en este caso el aprovechamiento económico del patrimonio cultural tangible e intan gible). La actividad turística, como parte de la organización económica, contribuye a la acumulación de capital en su fase ampliada, dando como con secuencia, en el terreno urbano y cultural, espacios fragmentados y segregados en los que pueden acceder a los productos y servicios culturales bajo la capa cidad de compra, y marginar a aquellos quienes no tienen acceso. La exclusión social que provocó la mercantilización del patrimonio cul tural es una de las formas más rentables y menos cuestionadas en el mundo para extraer el excedente social, modalidad que, en una primera instancia, refleja el grado de complejidad que las fuerzas productivas han adquirido en el proceso de producción (a tal grado que se enfoca en lo “no productivo” pero sí reproductivo socialmente); y en segunda instancia, intensifica el grado de dominación y apropiación del capital como clase social en el escenario de las relaciones sociales de producción. En opinión de Laval y Dardot (2015), se trata de un nivel más desarrollado y cualitativamente evolutivo del capi talismo como modo de producción. Harvey (2006; 2011; 2013) considera que en el actual estado de eferves cencia urbana no sólo se generarán los movimientos anticapitalistas, sino que se darán las condiciones ideales para crear las rutas alternativas de desarrollo no capitalistas. Quizá haya razón en dichas afirmaciones, pero mientras los movimientos ciudadanos en pro de la protección del patrimonio cultural no reconozcan y evidencien la apropiación y la mercantilización de su identidad por el capital, serán sólo manifestaciones de transgresión de convencionalis mos sociales, arquitectónicos y artísticos. El proceso de fetichización del pa trimonio cultural, a la fecha, ha cumplido su objetivo. Pero ¿de qué manera el capital extrae el excedente social fetichizado en el patrimonio cultural? Su mercantilización, su renta monopólica y la extrac ción del excedente social no refieren a la apropiación física o inmaterial del trabajo realizado para crear dicho patrimonio. Por el contrario, el actual

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desarrollo de las fuerzas productivas ha sometido a los saberes, los conoci mientos, prácticas cotidianas, al tiempo que dirigen la cooperación-compe tencia de los asalariados a fin de obtener su máxima rentabilidad. No es porque las prácticas cotidianas de los residentes urbanos o que sus patrimo nios inmateriales y materiales sean libres y sean robados por el capital para rentabilizarse, sino porque el capital ha creado las circunstancias para que parezcan libres cuando en realidad están sometidos a la explotación por pre siones del mercado y por las evaluaciones que miden su rendimiento: El hecho de pensar que la intelectualidad difusa existe fuera de las empresas es producida fuera de la esfera de acción y de influencia del capitalismo, cuando nunca ha sido tan manifiesto como lo es ahora que todos los sistemas educa tivos están bajo control más estrecho de la lógica del mercado, por no hablar del poderoso aparato de producción de las distracciones y del ocio de masas, que contribuye a modelar las subjetividades neoliberales […] Estas técnicas no son neutras o no aparecen a posteriori para robar lo que se habría producido en una pura producción de común, sino que proceden de la lógica de la auto valorización del capital (Laval y Dardot, 2015: 231 y 233).

Bajo esa lógica, los movimientos ciudadanos que recientemente se han expresado en torno a la protección del patrimonio cultural han soslayado, en un primer momento, el conocimiento de que el capital, en su fase de desarrollo neoliberal, ha extenuado las formas y los medios de extracción de plusvalor ante el contramovimiento laboral de la fase del bienestar social y que la mer cantilización de dicho patrimonio es sólo un mecanismo. En un segundo momento, que dicho patrimonio, tangible e intangible, es sólo un fetiche que oculta las relaciones de explotación del trabajo vivo por el capital, ya que es resultado de la extenuación de la fuerza de trabajo vivo manual y la fuerza de trabajo general o intelectual, producto de las relaciones colectivas y comunitarias que han surgido a lo largo de la historia. De lo público a lo común

El lugar público es considerado un espacio de reproducción de colectivi dades, prácticas o ejercicios donde la responsabilidad de creación y mante nimiento recae en el aparato estatal. Adicionalmente, se le supone como espacio de expresión y reproducción de acciones sociales, culturales, económicas y políticas en el que la ciudadanía se manifiesta como ejercicio del derecho a la ciudad y a la vida.

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En esa idea se reconoce que los espacios públicos, bajo las nuevas moda lidades de desarrollo neoliberal presentes en los cambios tecnológicos en la producción y el consumo, se han estado transformando a tal grado de ser sustituidos por los espacios semipúblicos (por ejemplo, los centros comer ciales) como nuevos referentes de actividades y prácticas cotidianas (Cáceres y Sabatini, 2013). Sin reconocer que los espacios semipúblicos de facto son apropiados por los propietarios del lugar, el desarrollo de espacios semipú blicos cambia el sentido de pertenencia y actuar no solamente del individuo, sino de la colectividad misma. Esta postura radica en lo que Ramírez define como espacio público: El interés de reflexionar sobre el espacio de lugares —en el contexto de predominio de espacio de flujos—, desde lo público como referente de lo común, abierto, accesible, cruzado tanto por la tendencia al debilitamiento y degradación como por la búsqueda de formas creativas de reconstrucción de lo colectivo, de estrategias de participación y de intervención social que ocurren actualmente en distintas ciudades y localidades urbanas (Ramírez, 2013: 7).

Desde esta directriz analítica, se concibe al espacio público como espacio más representativo de la complejidad social urbana, como parte de la actual dinámica socioeconómica capitalista, en la que apenas se admiten relaciones sociales antagónicas de significación y apropiación (Leal, 2013). Predominan las diferencias socioculturales y políticas, la identidad debilitada, los intereses particulares, el cambio de prácticas y usos del espacio; y se fortalece el debate de los límites de la ciudadanía, la función de las autoridades estatales y el papel transformador del diseño urbano para la construcción de políticas de espacio público (Orozco, 2013). Por ello, la ciudad es un espacio de diferencia en el acceso a bienes públicos, en el control del espacio urbano y en la reivin dicación de la ciudad (Ramírez, 2013). Una segunda versión se sitúa en el cariz de la crítica al modelo de desarrollo neoliberal y el decaimiento de la ciudad por la urbanización: el capital finan ciero volátil y perseguidor del lucro cortoplacista, la legislación y gobierno local favorable a la urbanización difusa y el boom inmobiliario y la propiedad pri vada del suelo producen espacios fragmentados, lugares lacónicos, tierras de nadie, guetos clasistas, zonas marcadas por el miedo o la marginación en la periferia que conviven y se complementan con centros urbanos especializados o temáticos que incentivan el turismo o el ocio museificado. Estas pautas vienen reforzadas por el afán de distinción de clases altas y medias que buscan marcar su imagen diferenciada y privilegiada en zonas exclusivas, a la vez que los

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sectores bajos o medio bajos se afanan en conseguir una seguridad ilusoria que creen encontrar en la propiedad de la vivienda (Borja, 2013). En este sentido, la calidad del espacio público se bifurca con la democracia ciudadana al ser la expresión espacial de los avances y retrocesos políticos, culturales y sociales que marcan el horizonte de los movimientos sociales de mocratizadores. Por lo tanto, en esa postura, la apropiación del espacio pú blico se asocia con el derecho a la ciudad no sólo porque es una expresión espacial de las prácticas cotidianas, sino porque es donde se manifiestan cada uno de los retos sociales intensificados por el modelo de desarrollo neoliberal: la precarización del trabajo, la desocupación y la economía especulativa; la escasez de vivienda accesible e integrada al tejido urbano; la privatización de los espacios públicos y los servicios de carácter universal; el despilfarro de los recursos básicos generados por las actuales formas de organización urbana; la política del miedo y la desviación del síndrome de seguridad contra los “otros” y el acceso desigual a la información y la comunicación (Harvey, 2013). Reivindicar la ciudad y ejercer el derecho a su uso implica, según esta postura, radicalizar la crítica, denunciar las ideologías de discriminación y frag mentación, combatir la naturalización de la economía especulativa y la com petitividad, cuestionar el absolutismo de la propiedad privada del suelo y otros bienes básicos, recuperar y desarrollar la memoria democrática, promover un movimiento de reforma institucional y, sobre todo, el derecho a la ciudad como el mecanismo integrador de derechos ciudadanos que van más allá de los incluidos en el marco político-jurídico (derecho a la movilidad, al lugar, al espacio público, a la centralidad, a la igualdad, a la formación continuada y al salario). Entender el espacio público como sitio de disputa y manifestación del no ejercicio del derecho a la ciudad al enunciar algunas de las contradicciones emanadas del modelo de desarrollo neoliberal significa un paso más evolu tivo del análisis de las demandas ciudadanas. Sin embargo, no es suficiente; aún la ciudad y su problemática están sobredimensionadas, analítica y metodo lógicamente, como entidad autónoma y superior al modelo de desarrollo. Ya David Harvey (2013) lo ha comprobado: la producción de vivienda, especial mente la segmentada a consumidores de altos ingresos, ha estimulado el crecimiento económico y retardado las crisis financieras mundiales en los últimos 50 años por sus características de inversiones de gran dimensión, innu merables vías de distribución, endeudamiento a largo plazo del comprador, inelasticidad de la demanda, imperfección en la información. La discusión sobre la segregación aislada da pauta a la reflexión acerca del desarrollo y ejercicio de los derechos a la vivienda y a la ciudad. En efecto, como lo evi

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dencian los casos de las residencias en cotos cerrados y aislados, quienes más tienen son los que disponen del derecho a la vivienda mejor equipada, incluso en paisaje, y a la vida urbana menos complejizada. La forma en que se llevó a cabo en un principio el proceso de industriali zación y su consecuente urbanización en los países desarrollados y la relación no igualitaria con fuertes desequilibrios en los términos de intercambio a favor de dichos países generó condiciones de acumulación de capital; en adición, las diferencias geográficas y regionales estimularon el aprovechamiento de rentas extraordinarias (renta monopólica) en la producción (Harvey, 2006) y la mercantilización de eventos excepcionales, como las costas vírgenes, el pa trimonio cultural, ventajas tecnológicas o recursos naturales (Chigon, 2010; Lavat y Dardot, 2015). La vivienda con ambiente seguro y tranquilo es sólo la expresión del aprovechamiento de mercados segmentados con el fin de abrir tierras a nuevos espacios de inversión. Las instituciones estatales, ante la ausencia de recursos financieros para crear las condiciones de convivencia urbana que forman parte de sus obligaciones, por un lado, aceptan y formulan estrategias con el interés de obtener ingresos, y, por otro, dan paso a la inver sión privada que tiene los recursos para construir equipamiento e infraes tructura urbana y crear ambientes urbanos y rurales propicios para la convi vencia social urbana. El Estado, de acuerdo con la actual escuela dominante en la economía, es emprendedor al apoyar la iniciativa privada de proyectar nuevas formas de vida urbana (Harvey, 2006, 2011) basadas en la mercanti lización de los bienes comunes (Harvey, 2013). Finalmente, la tercera postura plantea que los espacios y bienes públicos urbanos son distintos al bien común urbano. Aquéllos son objeto de promoción, dirección y control estatal y administración pública, y como tales no necesa riamente se consideran bienes comunes. El mantenimiento de bienes y es pacios públicos de las instituciones estatales o privadas, como condiciones generales de la producción, promueven la inversión y su rentabilización como ganancia en el desarrollo capitalista (Garza, 1985). En la medida en que las ciudades han sido un marco privilegiado para los conflictos de intereses y lucha de clases, los administradores urbanos se han visto a menudo obligados a suministrar bienes públicos (tales como aloja mientos accesibles, cuidados sanitarios, educación, pavimentación de calles, alcantarillado y agua) a una clase obrera urbanizada. Aunque esos espacios y bienes públicos contribuyen poderosamente a las cualidades de bien común, su apropiación requiere una acción política por parte de los ciudadanos y el pueblo (Harvey, 2013: 115).

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El bien común, pues, debe ser apropiado bajo intereses sociales, cultu rales y políticos específicos por la comunidad. No obstante, los cotos cerrados, aludiendo a sus intereses comunales específicos, excluyen al resto de la po blación (Safa, 2013). Parece ser que la búsqueda de goce comunal de los bienes naturales y sociales sigue siendo bandera de justicia social, pero con la inten ción de protegerlos, se privatizan o cercan al uso regulado y controlado, principalmente, por los de mayor poder económico. Es imprescindible esta blecer en este intento de protección comunal “el principio de que la relación entre el grupo social y el aspecto del entorno considerado como bien común será a la vez colectiva y no mercantilizada, quedando fuera de los límites de la lógica del intercambio y las valoraciones del mercado” (Harvey, 2013: 116). A diferencia del bien público, el bien común se construye colectiva mente y sólo con su apropiación social o colectiva puede mantenerse como tal ante los embates de la mercantilización. El ambiente y atractivo de una ciudad es un bien común que puede ser comercializado por la actividad turística, aunque sólo puede ser conservado, mantenido e incluso destruido por las acciones comunitarias. Como el bien común es un bien (objeto) puede ser apropiable y será siempre visto como parte de las relaciones sociales de pro piedad (Laval y Dardot, 2015), de tipo colectivo o social. Los bienes comunes, por lo tanto, pueden ser apropiados por un grupo social hegemónico producto de la definición y la naturaleza de la propiedad privada. Es la propiedad pri vada, como estructura legal dominante en la sociedad capitalista, la que per mite la adjudicación privada a un grupo social de bienes comunes constituidos socialmente (Harvey, 2013). La propiedad privada y el marco legal que la sustenta posibilita establecer como naturales ciertos bienes y servicios emanados de las relaciones sociales. La naturalización de la tierra, los minerales preciosos, el atractivo de una ciudad permite proteger su apropiación privada bajo la construcción de leyes y normativas específicas, dejando a los bienes comunes a merced de los pro pietarios privados. La adquisición de los bienes comunes no se sustenta en un robo a los originarios propietarios basados en estructuras comunales ancestrales, como comúnmente se ha dicho, sino en la extracción de un plus valor bajo la expropiación y la explotación de la fuerza de trabajo (Harvey, 2013; Laval y Dardot, 2015). En tanto los bienes públicos se hallan cada vez más descuidados por la reorientación del Estado hacia el emprendimiento empresarial acordado con el sector privado, bajo la concesión de distribución y comercialización de bienes y servicios públicos (agua potable y alcantarillado, servicio de limpieza, segu ridad pública, alumbrado, etcétera); los bienes comunes, sin adjudicación

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propietaria de la comunidad, son apropiados y mercantilizados para contribuir mediante la extracción de un plusvalor colectivo con la renta del suelo; en el caso de las ciudades, a la acumulación del capital. El espacio público, mientras sea apropiado y reapropiado por una autoorga nizada comunidad, se convertirá en bien común como una expresión de la socialización de la producción y distribución del excedente y la creación de una nueva riqueza común accesible a todos (Harvey, 2013), aunque regidos por el marco legal de la propiedad privada (Laval y Dardot, 2015). Su apropiación y el derecho a la ciudad como bien común se disputarían, por ende, entre grupos sociales con intereses antagónicos en la esfera política. La disputa por el bien común urbano se circunscribe, por ende, en el marco legal de la propiedad privada, lo cual provocaría que todo sea mercantili zable y por lo mismo, apropiable. Para superar esta discusión, Laval y Dardot (2015: 301) ofrecen una perspectiva jurista: la separación del uso público y la propiedad pública: “Sólo a partir de esta concepción se puede compren der la diferencia entre las cosas patrimoniales y comerciales, cuyo valor es estimado por un juez en términos de precio, y las cosas inestimables e inva luables por ser indisponibles, cuyo uso únicamente, no su propiedad, se de batía en los procesos”. Dicha separación permite identificar que los patrimonios intangibles, como actividades, prácticas, ritos y percepciones cotidianas, son de uso público, por lo que no pueden ser mercantilizados ni puestos en valor comercial; forman parte de lo común y no son bienes comunes: “Lo común no es sino lo público no estatal, a condición de precisar que no lo es como objeto de propiedad sino únicamente en la medida en que está absolutamente fuera del régimen de propiedad” (Laval y Dardot, 2015: 302). La lucha de los recientes movimientos ciudadanos en favor de la protec ción del patrimonio cultural se enmarca en la propiedad del patrimonio cul tural que invariablemente puede ser estatal o privada —o incluso copropiedad a través de sus asociaciones (Harvey, 2006)—, y por lo tanto mercantilizada. En ese contexto, los propietarios la defienden ante dichos movimientos al recurrir a mecanismos jurídicos e, incluso, militares. Complementariamente, deberían estar encaminados en el uso del patrimonio, pues lo común es resul tado de las prácticas cotidianas de la comunidad, que muchas veces se vincula con su propiedad. Así, el cambio morfológico de una plaza por decisión de un gobierno local y con fuertes intereses privados de mercantilizarla, a través de la prolife ración de negocios acorde con esta nueva regeneración urbana, afecta el uso y la composición de lo común desarrollado por la integración y la pertenencia

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de la comunidad que consideraba dicha plaza pública como propia. En tanto, el propietario de la plaza, el Estado, y los propietarios de los inmuebles vecinos justifican su remoción en el derecho de propiedad. La organización de la comunidad y su posible manifestación en contra de la regeneración de dicha plaza aluden al deterioro o desaparición de su identidad y pertenencia con discursos de protección a la propiedad pública que a la clase propietaria le pertenece. Los movimientos ciudadanos aún no distinguen entre uso y propiedad de lo público; atribuyen el patrimonio cultural (ya sea tangible o intangible) como parte de su identidad y su pertenencia, como un fetiche, cuando la pro piedad del patrimonio cultural es privada o estatal. Por ende, las prácticas o ritos cotidianos desarrollados alrededor de esa propiedad pública, o sea, lo común, se pierden entre el desgaste del movimiento ciudadano y el apro vechamiento de los propietarios para rentabilizar la propiedad y atraer clientes. Reflexiones finales

Los movimientos ciudadanos por la protección del patrimonio cultural no sólo luchan contra su puesta en valor mercantil, sino contra el modelo de desarrollo en su fase neoliberal, etapa en la que el capital y el Estado abren nuevas fuentes de inversión y de rentabilidad, distintas a las ya establecidas, que prefiguran nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, de extracción del plusvalor. Dentro de esa nueva dinámica, la mercan tilización del patrimonio cultural es sólo una forma de extradición del plusvalor colectivo propio del trabajo general o científico suscitado en la creatividad y el conocimiento. Adicionalmente, los movimientos ciudadanos luchan contra la propiedad privada y su régimen jurídico. La clase propietaria busca a través de la renta del suelo obtener ganancias extraordinarias, en tanto los manifestantes desean conservar la actual estructura de la infraestructura urbana y sus prácticas, ritos y percepciones cotidianos que la acompañan, dando cohesión a la identidad y pertenencia. Lo común como lo inalienable, lo inapropiable, lo público sin ser estatal, por un lado, y la propiedad, por el otro, permiten sustraer la renta mo nopólica que interesa al capital inmobiliario. Estos movimientos ciudadanos aún no distinguen que es precisamente el uso de la propiedad pública la que realmente faculta la mercantilización. Son las prácticas, las percepciones o los ritos que efectúan los seres humanos en sus relaciones sociales los que motivan a los propietarios a usar sus propie

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dades como forma de obtención de ganancias. Es la fetichización del patri monio cultural lo que impide identificar el enemigo real de la lucha. La gestión y la propiedad imposibilitan a los movimientos ciudadanos ver lo común del patrimonio cultural como parte de su vida comunitaria y como forma distinta de organización social. Los movimientos ciudadanos tienen el reto de recuperar y resaltar el uso del espacio público como el mecanismo que permite los flujos y la creación de ritos, actividades, prácticas y percepciones de pobladores y visitantes urbanos, al tiempo de tener que evidenciar que la clase capitalista se apropia de dicho uso. Para ello, es preciso reconocer que dichos movimientos ciudadanos deben trascender a movimientos sociales revolucionarios con el fin de destruir el núcleo de la apropiación, la propiedad privada, para distribuir y gozar de distinta manera la riqueza social del patrimonio entre la comunidad. Siguiendo los pasos de Henri Lefebvre (1978), Harvey (2013) consideraba que es ahí cuando empieza el papel creativo de la autoorganización y la con versión en fuerza revolucionaria de grupos tan diversos. Una de las tareas de los académicos consiste en entender los orígenes y la naturaleza de sus quejas y reivindicaciones, sin menospreciar que el capital como clase social hegemónica está entrando a una fase diferente de expansión a costa de extraer, sin miramientos, el excedente desde las prácticas comunitarias (Laval y Dardot, 2015). Fuentes consultadas

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Garza, Gustavo (1985), El proceso de industrialización en la Ciudad de México, 1821-1970, México, El Colegio de México. Harvey, David (2006), A produção capitalista do espaço, Annablume, São Paulo. (2011), Condição pós-moderna, São Paulo, Edições Loyola. (2013), Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana, Madrid, Akal. Laval, Christian y Pierre Dardot (2015), Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo xxi, Barcelona, Gedisa. Leal, Alejandra (2013), “Peligro, proximidad y diferencia: espacio público y fronteras sociales”, en Patricia Ramírez (coord.), Las disputas por la ciudad. Espacio social y espacio público en contextos urbanos de Latinoamérica y Europa, México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 87-110. Lefebvre, Henri (1978), El derecho a la ciudad, Barcelona, Ediciones Península. Llull, Josué (2005), “Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural”, Arte, Individuo y Sociedad, vol. 17, pp. 175-204. Marx, Karl (1988), El Capital, tomo iii, vol. 8, México, Siglo xxi Editores. Melucci, Alberto (1999), Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México, El Colegio de México. Orozco, Adrián (2013), “La construcción de lo público urbano en la colonia Hipódromo-Condesa, Ciudad de México. Intervención urbana y conflicto por el uso del espacio”, en Patricia Ramírez (coord.), Las disputas por la ciudad. Espacio social y espacio público en contextos urbanos de Latinoamérica y Europa, México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 147-176. Ramírez, Patricia (2013), “Introducción”, en Patricia Ramírez (coord.), Las disputas por la ciudad. Espacio social y espacio público en contextos urbanos de Latinoamérica y Europa, México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 5-26. Safa, Patricia (2013), “Deterioro urbano y calidad de vida en las grandes ciudades: una doble lucha de las organizaciones vecinales”, en Patricia Ramírez (coord.), Las disputas por la ciudad. Espacio social y espacio público en contextos urbanos de Latinoamérica y Europa, México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 489-510. Schierup, Carl y Aleksandra Ălund (2015), “Un precariado global migrante. Fuerza de trabajo, ciudadanía y espacio para la sociedad civil”, en Gua dalupe González et al. (coords.), Senderos de la insustentabilidad. Degradación humana y ambiental en el capitalismo neoliberal, México, Miguel Ángel Porrúa. Touraine, Alain (2006), Crítica a la modernidad, México, Fondo de Cultura Económica.

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Ciudad y desarrollo sostenible en América Latina José Déniz Espinós*

Introducción

Estamos en un mundo en el que predomina la acción de quienes apuestan por la captura de las ganancias, se adueñan de las riquezas producidas sin hacer partícipes al conjunto de los ciudadanos y al territorio donde se extrae esa riqueza. Una demostración de ello es la crisis que azota desde hace ocho años a los países llamados centrales, que repercute gravemente en la mayoría de su población porque sirve de pretexto para hacer ajustes radicales en el sistema, que de esta manera se reordena para seguir reproduciendo las ga nancias. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Las desigualdades en todos los órdenes aumentan en alto grado, lo que demuestra que las conquistas so ciales pueden perderse. Que en la historia de la humanidad también se retro cede. Que no todo es irreversible. Naturalmente, estos hechos tienen su explicación. No son casuales ni eran imprevisibles, como algunos quieren hacer creer. La economía es una disciplina que permite prever acontecimientos, por lo menos de manera tendencial, y auxiliada de otros conocimientos, por ejemplo, los históricos, la memoria de lo acontecido. En los años más recientes, determinadas políticas trajeron tales re sultados. El modelo de desarrollo se resquebraja, toca a su fin un ciclo. Estamos entrando en otro, que está lleno de volatilidades e incertidumbres. La acción humana y la correlación de fuerzas que se tenga marcarán el rumbo. Hoy tan sólo existe la indignación de muchos y la represión de otros. Todavía. ¿Qué ha ocurrido en los años pasados y qué ocurre ahora? Existe un pro blema de fondo y es que la economía no produce las riquezas necesarias * Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 213

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para mantener los niveles de vida de unos determinados sectores de población, lo que llevó a impulsar políticas de endeudamiento mediante el ofrecimiento de abundantes créditos, que ha traído lo que en Estados Unidos se llama el pre cipicio fiscal, deuda que supera el Producto Interno Bruto (pib). Ante ello nos encontramos con una verdadera creatividad destructiva, lo que significa cons truir un nuevo modelo de sociedad a partir de destruir los grados de bienes tar alcanzados en las últimas décadas, especialmente los que obtuvieron los sectores populares, con un costo de más desempleo y peor calidad del empleo, con una nueva organización del trabajo que ha logrado alcanzar mayores cotas de pobreza y en algunos países (como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea) la consolidación de una estrategia belicista, que consume bienes de la industria militar para así conservar o elevar la tasa de ganancia. Lo anterior cuestiona no sólo al consumo (y al consumidor) sino al propio mer cado, cada vez más controlado por las grandes empresas transnacionales. Como se ha dicho, es el final de un ciclo de desarrollo capitalista que dará paso a una nueva etapa en la hegemonía y la dominación mundial. En ese contexto, entre otras dimensiones del modelo previo que entran en crisis y que presentan dudas sobre las características vigentes se encuen tran las que conciernen al territorio, junto con las disciplinas que tienen que ver con su estudio y evolución, como la economía y, en particular, el desarrollo que es multidisciplinar y por lo tanto abarca más dimensiones de la compleja realidad. Si bien el presente es resultado de lo pasado, determinadas causas de la evolución urbana deben buscarse décadas o siglos atrás; en cambio, otras corresponden a la aplicación en las décadas más recientes de políticas orien tadas por un neoliberalismo transnacionalizado con tanto o más repercu sión que aquéllas, por lo que a dichas políticas y a sus ejecutores son a quienes deben atribuírseles la responsabilidad, sean favorables o no. Se pretende analizar la ciudad y los proyectos urbanos relativos al de sarrollo y sus diferentes visiones en América Latina, sin perder la perspectiva de la evolución histórica del territorio, los recursos humanos y naturales, las instituciones y la dinámica e intereses que producen dichas relaciones. Se parte de una caracterización de la ciudad, que es más que un lugar para vivir y trabajar, con el fin de contextualizarla en la agenda y la estrategia pública de desarrollo. Posteriormente, se exploran algunos aspectos de la urbanización en la región latinoamericana, contemplando sobre todo lo que se refiere al desarrollo sostenible y, específicamente, al caso de Curitiba, una experiencia que ha marcado pautas al respecto. Por último, se asientan unas breves reflexiones finales.

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La ciudad, más que un lugar para vivir y trabajar

Como consideran Menéndez y Aznar (2015: s/p), “la ciudad, la urbs, como espacio físico es el lugar de la vida, el ámbito de protección y retiro donde el hombre hilvana la vida con la muerte”; es donde “conforma su espacio de ciudadanía”, porque es “el genuino espacio del poder de los ciudadanos”. No es casualidad que en latín la ciudad se fragua como civitas, que en plural es civitates, esto es, ciudadanía, donde se ejerce la autonomía soberana, donde traza su frontera (la jurídica y la sagrada). Es la ciudad, la urbe, el espacio cons truido con edificios, calles e infraestructuras, donde viven los ciudadanos y donde tienen garantizados sus derechos civiles y políticos. Ahí se hallan los edificios públicos, el foro, el templo, el teatro, los baños, los acueductos y los lugares de descanso. La civitas romana es un modelo legalista, “una ciudad cuya esencia progra mática la lleva a abrirse y a crecer inexorablemente” como expone Massimo Cacciari (2011: s/p) cuando en su texto recorre la historia de la ciudad desde una reflexión filosófica y estética. En este caso, quien fuera alcalde de Venecia en tres ocasiones contrapone el modelo romano al previo y antagónico mo delo de la polis griega, a la que considera “de naturaleza étnica y, por defi nición, endogámica y estanca”. Por su parte, como sucesora del patrón romano, “la ciudad moderna europea se debate entre su condición de morada, de es pacio de acogida y encuentro de una comunidad, y su condición de máquina, de escenario de intercambio y negocio”. Además, “en la metrópolis contem poránea, la producción y el mercado marcan el desarrollo de la ciudad y arrinconan definitivamente los posos de la historia a través del confinamiento de los cascos antiguos”. Actualmente se habita la posmetrópoli, la ciudad territorio que “impone una geografía que se ha desprendido de parámetros espaciales para imponer otros, los temporales, donde los edificios se convierten en acontecimientos y las distancias en duraciones, […] aunque nuestros cuerpos sigan reclamando la necesidad de lugares”. Otros autores (González Alcantud y Calatrava, 2007: s/p) han estudiado la ciudad contemporánea desde la dualidad paraíso y conflicto: “la ciudad como lugar donde se cruzan horizontes y zonas para la armonía social e individual […] con espacios de confrontación y violencia más o menos abierta”. La ciudad es así caracterizada “como el cruce de caminos más importante de la cultura humana desde el neolítico, con sus logros y miserias”. Esto obliga a considerar lo urbano a partir de distintas especialidades y pautas, por ser un objeto de estudio no sólo plural y abierto sino transversal y nece sariamente transdisciplinar. Por todo ello, no es para nada casual que entre los temas abordados por los expertos estén los referidos a la ciudad pensada

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para los vehículos, la plaza tradicional como lugar político, la colonización urbana de espacios ignotos, la conflictividad persistente de determinados lugares, el umbral entre lo privado y lo público, los centros históricos, las utopías urbanas, etcétera. Lo cierto es que en el proceso histórico los habitantes se fueron concen trando, de tal manera que se conformaron cada vez más territorios urbanos. Se calcula, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, que actualmente 54 por ciento de la población mundial se localiza en suelos de uso urbano y que, de seguir esta tendencia, en 2050 llegará a 66 por ciento. Más de la mitad de esa población urbana mundial (53 por ciento) se concentra en Asia, mientras que en Europa lo hace 14 por ciento y en Amé rica Latina y el Caribe, 13. Entre 1990 y 2014 (apenas un cuarto de siglo), el mundo pasó de tener 10 megaciudades (con más de 10 millones de habitan tes) a tener 28, mientras que se estima que para 2030 serán 41 ciudades. Por otra parte, aproximadamente la mitad de los casi 4 mil millones de habitantes urbanos actuales residen en áreas con menos de medio millón de habi tantes (Fidel, 2015). Otras fuentes utilizan datos, pero responden a los mismos fenómenos tendenciales ya mencionados. Así, se muestra que entre 1950 y 2050 la po blación urbana mundial habrá pasado de 1,500 millones a cerca de 10 mil millones, y que entre 2000 y 2050 unos 3 mil millones de personas se instalarán en ciudades en todo el mundo. Este cambio significa que se transita “de un mundo 70 por ciento rural a un mundo 70 por ciento urbanizado” (Moreno, 2015: s/p). En adición, Valdés (2015) afirma que en 2050 la población mundial sobrepasará los 9 mil millones y 66 por ciento vivirá en ciudades; en Europa y Estados Unidos estarán entre 80 y 85 por ciento; en Asia alrededor de 50 por ciento y en África un poco menos. América Latina y el Caribe no escapan a tales tendencias y alrededor de 80 por ciento de la población vivirá en áreas urbanas (468 millones de per sonas); la mitad residirá en ciudades menores a 500 mil habitantes. En las últi mas décadas los gobiernos locales llevaron a cabo políticas neoliberales, propiciando así la disminución de la intervención y la regulación guberna mental, acompañada por la privatización de los servicios colectivos rentables y delegando las acciones inmobiliarias a los agentes del mercado, lo que pro duce una transferencia de los sobrantes monetarios hacia las zonas habitadas por los sectores de mayores ingresos. Todo esto agudiza la segregación del uso y la circulación del espacio urbano, conformando ciudades atravesadas por la polarización y la exclusión social (Fidel, 2015: s/p).

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Ciudades con fisuras, con fracturas, que reflejan y consolidan la estructura social existente. Más de 111 millones de latinoamericanos viven en vivien das degradadas y sobreutilizadas, lo que representa —según Fidel— 24 por ciento de la población urbana, la que sufre graves problemas, como el acceso al agua y el saneamiento. Las ciudades latinoamericanas se insertan en un proceso de cambio de paradigmas de desarrollo, con políticas alternativas a lo existente, que Fidel considera que están “inspiradas en los Estados del bienestar de la segunda mitad del siglo pasado y nacidas de una matriz de pensamiento neokeyne siana”. Los gobiernos que las aplican “colocan en el centro de sus acciones un fuerte acento en las cuestiones sociales, en el desafío de disminuir la pobreza, mejorar el empleo, ampliar los derechos de los ciudadanos y pro mover una mejor distribución de la riqueza”. Los gobiernos locales amplían derechos y crean ciudadanía, elaboran planes integrales y participativos con la intervención de diversos actores, para impulsar en su afán transformador tareas que se inscriben dentro de una lógica que aspira a abordar, “con decisión política, desigualdades sociales crónicas”, a “abolir de manera definitiva la asimétrica distribución de oportunidades y beneficios entre ricos y pobres”, a “combatir las persistentes formas de violencia de género, las causas de la con taminación ambiental, las carencias alimentarias y educativas, las de transporte y seguridad, el déficit habitacional y los estructurales problemas de sanea miento”. De todo ello “dependerá que las ciudades latinoamericanas dejen de ser el espejo en el que se refleja una realidad de segregación, abandono e injusticia” (Fidel, 2015: s/p). Uno de los hechos más notables en la configuración del tejido urbano ha sido que las autoridades públicas han delegado expresamente o por omi sión las acciones inmobiliarias y urbanas a los agentes del mercado. Éstos son quienes han decidido los usos del suelo y se han apropiado de las ganancias extraordinarias localizadas. En el mercado inmobiliario y obra pública urbana los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros han logrado altas tasas de ganancias, incluida la creación de grandes fortunas, facilitadas por la corrupción de dirigentes políticos al frente de la administración pública. Los precios del suelo urbano son un buen indicador del manejo económico y financiero de estos protagonistas especuladores. La escasa planificación per mitió crecimientos urbanos que no respondieron a razones públicas sino a meras razones de interés privado, de modo que se han producido, por un lado, casos de carencias habitacionales; por el otro, sobrantes de viviendas en relación directa con los sectores sociales implicados, a la vez que el trans porte público se deterioraba a favor de las infraestructuras para el uso del

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vehículo particular, con recursos financieros de origen público. De ese modo, muchas ciudades ampliaron la fragmentación del territorio y de po blación, con la creación de guetos urbanos. Abundantes espacios fueron convertidos en sumas de pequeños fragmentos con poca interacción, lo que conformó la fragmentación social, cultural, política y étnica. Asimismo, entre las fracturas más visibles y sufridas por los habitantes de las ciudades latinoamericanas están las diversas formas de violencia, en las que el tema de la seguridad ciudadana es una constante. De semejante manera debe con siderarse otra actividad económica que tiene muy destacada visibilidad en el urbanismo más reciente y que se refiere a los negocios de blanqueo de dinero de origen ilícito en el sector de la construcción y el mercado inmobiliario, desde colonias y barrios enteros destinados a sectores de ingresos medios hasta centros comerciales lujosos. La ciudad en la agenda y estrategia pública de desarrollo

Acorde con lo expuesto, hoy más que nunca se hace necesario fomentar la investigación aplicada para poder deliberar sobre algunos de los múltiples temas inherentes a la agenda del desarrollo en la ciudad, incluidas las di mensiones urbanísticas y de manera muy especial los aspectos económicos y sociales que son tan relevantes para un adecuado diagnóstico y solución de los problemas. Para ello habría que orientarse hacia los múltiples temas y disciplinas de la agenda de desarrollo económico y social de la ciudad, que entre otras cues tiones comprenden, sin orden preestablecido, el mercado de trabajo o el com bate contra el desempleo, la educación y el vínculo con el mercado laboral, el tema fiscal y tributario, el tratamiento o reciclado de residuos y desechos, la contaminación (también la auditiva) y el medio ambiente, el uso de energías limpias, la innovación tecnológica, las exportaciones y la internacionalización de empresas, el desarrollo de las pymes, la creación de nuevas empresas, el acceso al financiamiento, la infraestructura, el transporte de personas o cargas, la problemática de vivienda y el mercado inmobiliario, la política social y la pobreza, la migración interna o externa, el vínculo entre economía y sociedad local y resto del país, y la temática sectorial o territorial. Tener una agenda involucra, necesariamente, que responda a una deter minada estrategia de desarrollo, lo que implica la participación de diferentes sujetos-actores sociales vinculados al mundo de la economía, la cultura, la academia y la política, ámbito donde se toman y ejecutan las decisiones, además de que se recoge la voluntad ciudadana, fuente de la soberanía. Las

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políticas públicas en el ordenamiento territorial deben ser centrales, sin renun ciar a la responsabilidad y menos aún sin dejar esas decisiones libradas a los intereses particulares del mercado, desde donde ejercen sus poderes los actores privados que buscan sus beneficios individuales, pocas veces coinciden tes con los intereses colectivos, aparte de responder a menudo a una perspec tiva cortoplacista, aunque impacte negativamente en un proyecto a medio y largo plazos, como es el hacer ciudad. Las políticas públicas deben prever y actuar ante la posible acción de las fuerzas de la naturaleza. Es imperdonable atribuir la responsabilidad a la propia naturaleza cuando ha sido responsabilidad de quienes diseñan y ges tionan las ciudades. Asimismo, debe definirse el estilo de vida requerido, priorizar los bienes de consumo duraderos (vivienda, vehículo, otros), el perfil tributario y productivo. Por ejemplo, en este último caso, decidir si se expor tará, junto con materia prima, fuerza de trabajo o cualificarla e insertarla como un bien fundamental en el propio tejido económico y social local. Un modelo de desarrollo metropolitano que auspicie la concentración de población, el empleo y los centros comerciales (por lo tanto, de producto interno bruto) suele generar un crecimiento irregular de viviendas, sobreexplo tación de mantos acuíferos que abastecen de agua a la ciudad, saturación de descargas de aguas residuales, carreteras periféricas y habitualmente atas camientos viales, contaminación y aislamiento de zonas rurales, lo que origina más problemas sociales. Desde otra perspectiva, debería considerarse que lo más conveniente es una distribución de la población que vinculara de modo más equilibrado el área urbana y la rural, mediante corredores que las articulen y un territorio conformado por ciudades más pequeñas, y que respondan a criterios de mejor planificación que regulen el crecimiento, y no a intereses económicos privados que buscan beneficios o a criterios políticos interesados en resultados electo rales y obtención de ganancias con obra pública, aunado a la existencia de descoordinación y contradicciones entre diferentes ámbitos gubernamen tales. En ambos casos, las decisiones suelen no corresponder a las necesidades territoriales de la ciudad y los habitantes, por lo cual los efectos son consi derables, tanto en la vida cotidiana de los pobladores como en el mismo pre supuesto de la administración pública. Urbanización y desarrollo sostenible en América Latina

En un documento reciente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal, 2012: s/p) subraya que “la urbanización presenta oportunidades

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y desafíos para avanzar hacia el desarrollo sostenible”. El escrito parte de una comprobación: “América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo”, dado que “dos tercios de la población latinoamericana vive en ciudades de 20 mil habitantes o más y casi 80 por ciento en zonas urbanas”, con previsiones que estiman que esta tendencia seguirá a la alza, aunque sea a ritmos decrecientes. Otro dato lo ilustra: las grandes ciudades de un millón de habitantes o más han aumentado de 8 en 1950 a 56 en 2010 y “una de cada tres personas de la región vive en estas ciudades”. Ante las evidencias, Alicia Bárcena (cepal, 2012: s/p) considera que “el territorio importa… y mucho. Hay que prepararse para un futuro cada vez más urbanizado”. Sin embargo, en el documento se aprecia que el acelerado proceso de urbanización en la región, con sus problemas, dificultades y desafíos, “despierta controversias metodológicas, teóricas y de política, además de tener efectos territoriales complejos”. Entre los déficits urbanos que más destacan están la pobreza, la informa lidad y la precariedad habitacionales (con asentamientos improvisados o tugurios), la falta de cobertura de servicios básicos y su mala calidad, la de ficiencia del transporte colectivo, el problema del transporte privado y la escasez de equipamiento comunitario y espacio público. Seguramente puede afirmarse que los déficits se vinculan con la pobreza, por lo que el objetivo central es resolverla, como lo ha planteado la Organización de las Naciones Unidas en los Objetivos del Milenio desde el año 2000. En ese informe se advierte que “lo que ocurra en las grandes urbes es determinante para el desarrollo sostenible”, desde el punto de vista de las políticas públicas en general, “una implicación clave que se deriva del avan ce de la urbanización es que las demandas y los requerimientos sociales no sólo se concentrarán en las ciudades, sino que acentuarán su perfil urbano” (cepal, 2012: s/p). En este plano, para la cepal sobresalen dos desafíos: 1) la ausencia de gobiernos metropolitanos legitimados políticamente, solventes en materia financiera y bien dotados desde el punto de vista técnico y administrativo; 2) y la escasa experiencia, débil voluntad política y falta de instrumentos para actuar sobre asuntos acuciantes, como la inseguridad ciudadana, la especu lación inmobiliaria, la congestión vehicular y la segregación residencial. Para dar respuesta a esos problemas, el documento cepalino recomienda seguir las siguientes políticas: 1. Reducir la desigualdad en los servicios básicos municipales mediante el fortalecimiento de las finanzas de los gobiernos locales con menos recursos.

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2. Facilitar el acceso al suelo urbanizado a los pobres, evitando su traslado a zonas periféricas y con escaso equipamiento y accesibilidad. 3. Promover la participación y la agrupación de las familias que requieran vivienda. 4. Actuar sobre otros ámbitos donde opere la segregación, como el escolar, lo que supone recuperar la diversidad social de la escuela pública y me jorar su calidad. 5. En materia ambiental, el tratamiento y reciclaje de los residuos debe ser una prioridad para evitar que las ciudades se conviertan en vectores de daño ambiental por transferencias de sus desechos a otros ecosistemas. Supone bien el informe, cuando finaliza y aclara que eso no basta, que también “es necesario cambiar los patrones de producción y consumo urba nos para que tanto las empresas como las personas incorporen la noción de sostenibilidad y cuidado ambiental en sus comportamientos” (cepal, 2012: s/p). Sin embargo, estas recomendaciones, aparte de adaptarse a las diversas rea lidades de América Latina y el Caribe, deberían explícitamente recoger las deficiencias institucionales y a los actores políticos que son de notable impor tancia para cualquier proyecto de cambio que quiera impulsarse. A tales efectos, vale considerar, entre otras, preguntas que son ineludibles para el debate y cuyas respuestas orientarían las políticas: ¿cómo se fortalecen las finanzas de los gobiernos locales? ¿Cuando el informe dice cambiar los “patrones de producción y consumo” ello implica un cambio de modelo de desarrollo? De ser así, ¿cuál es el que se propone como nuevo modelo? ¿Cuáles son los sujetos o actores y los marcos institucionales que se prevén? Curitiba: ¿un modelo de desarrollo sostenible?

De lo expuesto, se desprende plantear la necesidad de buscar caminos para solucionar las cuestiones urbanas, que son un universo en sí mismas, incluidos todos los insumos que poseen, humanos y territoriales. Un problema inicial consiste en desplazar lo importante para hacer lo urgente, cuando debería hacerse a la inversa, e inscribir las respuestas coyunturales dentro de un es quema de acción más amplio y que lo abarque, como parte de la construcción del mismo. Algunas visiones defienden la idea de que hay que tener la convicción de la necesidad de redescubrir la ciudad como agente transformador. Afirman que la evolución de cada ciudad, independientemente de su tamaño, puede representar, en el contexto de la región y del país, un motor de gran potencial

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en cuestiones fundamentales como medio ambiente, transporte, empleo, vivienda, salud, educación, etcétera. Que los países pueden cambiar a partir de sus ciudades. Una referencia de este tipo de propuesta es la ciudad de Curitiba, capi tal del estado de Paraná (Brasil), con una población de un millón y medio de habitantes y un crecimiento demográfico anual de 2.3 por ciento, cuya expe riencia de planificación urbana orientada a la sostenibilidad es conocida mun dialmente. Esta ciudad, que era terciaria, a partir de 1975 inició un proceso de industrialización que ha convertido su área metropolitana en sede de impor tantes industrias (Vallicelli, 2002: 71 y ss.). Diez años antes, para poner en práctica esta filosofía urbana, se creó el Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (ippuc), organismo municipal responsable de implantar el Plan Director, con una visión integrada de ciudad y con los siguientes objetivos: 1. Implantación de ejes estructurales para una conformación lineal de expansión urbana, integrando el uso del suelo, el transporte y el sistema vial. En el caso de la estructura del espacio urbano se buscó modificar el con cepto existente de sistema radio céntrico con la inserción de ejes estructurales tangenciales al centro tradicional para descongestionarlo. Los ejes se conci bieron a fin de establecer un transporte masivo en vías exclusivas y dar prio ridad al transporte colectivo sobre el individual, uno de los principales desafíos urbanos. Además, el sistema permite una economía de combustible y contri buye a mejorar la calidad del aire. El transporte masivo se complementó con una red de ciclovías. Al poco tiempo casi 30 por ciento de los usuarios de vehículos particulares pasaron a utilizar el transporte colectivo. 2. Descongestionamiento del área central y preservación del centro tradi cional, para la conservación de la memoria y animación del centro de la ciudad. Desde hace 40 años Curitiba fue pionera en la transformación de las calles comerciales del centro de la ciudad en calles exclusivas para peatones, con mobiliario específico y lugares de encuentro de la población, lo cual favorece la circulación y la revitalización del centro, y a la vez restaura las edificacio nes antiguas más importantes. Para garantizar el acceso de la población se identifican terminales de transporte en determinados puntos, lo que consti tuye nuevos lugares de encuentro y convivencia urbana. Asimismo, se busca descentralizar los servicios públicos administrativos con instalaciones en el área y en los barrios, favoreciendo su fortalecimiento y desarrollo. 3. Ordenar el crecimiento de la población dentro de los límites físicoterritoriales del municipio, con la normalización del uso del suelo.

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Se enfocó la política de vivienda vinculada a la planificación de la ciudad, siguiendo tres directrices básicas: la integración con la infraestructura urbana, la preservación del paisaje urbano y la diversificación de los tipos de ocu pación. Con el propósito de enfrentar el déficit de vivienda social, agravado por el éxodo del campo y la falta de recursos, Curitiba creó el Fondo Muni cipal de Vivienda. Uno de los programas más destacados fue la construcción de Villas de Oficio, que son núcleos de casas de dos pisos, cuya primera planta está destinada al trabajo (por ejemplo, actividades artesanales o pequeño co mercio) y el otro piso a la morada de la familia. De esa manera se pretende solucionar a la vez los problemas de vivienda y trabajo. El programa se implan tó simultáneamente a un programa de entrenamiento intensivo de capacitación profesional y de asesoramiento a las actividades. La principal dificultad fue el financiamiento, que no siempre estuvo disponible. 4. Dar soporte económico al desarrollo urbano y crear facilidades para la generación de empleos, a través de la implantación de la Ciudad Industrial de Curitiba. La localización de la ciudad industrial fue definida en función de los vien tos dominantes, preservando de ese modo la calidad del aire de la ciudad y su entorno natural, aunque sólo fueron admitidas industrias no contaminantes y con tecnología punta, lo que originalmente fue una limitación para la insta lación, pero posteriormente se convirtió en una ventaja. El proyecto definió áreas destinadas al trabajo, la vivienda y el esparcimiento, integradas a los ejes estructurales, por lo que se conformó como un distrito más de la ciudad. 5. Dotar a la ciudad de los necesarios equipamientos públicos y servicios de infraestructura para extender los derechos de ciudadanía a toda la población. La municipalidad de Curitiba no sólo implantó una red de equipamientos urbanos, sino que promovió servicios sociales para garantizar el acceso a la educación, profesionalización, salud y vivienda; y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida. Como parte de estas acciones destaca la denominada “democratización del conocimiento”. Con ese fin se construyeron Faros del Saber, que son pequeñas bibliotecas de barrio construidas en las cercanías de las escuelas, a las que también tiene acceso el resto de la comunidad. En el mismo edificio hay un puesto de la Guardia Municipal, lo que contribuye a la seguridad local y a la integración de los guardias en la zona. Otro Faro fue el de la Ciudad, que propicia el acceso de la población a internet y el contacto con los temas de urbanismo. A estos faros se sumaron las Lecciones Curiti banas, que son volúmenes didácticos dirigidos a la enseñanza primaria cuyo punto de partida es la ciudad y que motivan al alumno a conocerla y amarla.

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6. Crear condiciones de protección al medio ambiente. La preocupación por el medio ambiente se evidencia en los 52 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos en nueve bosques munici pales y 20 parques. Dicha preocupación no es abstracta ni paisajística; tampoco constituye únicamente áreas de esparcimiento y recreación de la población, lo que es muy legítimo, sino que responde a la necesidad de prevenir inundacio nes y preservar extensas áreas de cuencas. Es un ejemplo de lo ya indicado, de cómo las políticas públicas deben actuar ante las fuerzas de la naturaleza. Estas obras fueron acompañadas de un esfuerzo permanente de educación ambien tal de la población. Para esa finalidad hay programas específicos en los barrios, donde jóvenes cultivan huertas y jardines, crían pequeños animales, etcétera; se invita a la población a separar la basura orgánica de la basura reciclable y, en comunidades carentes, se cambia basura por comida o, en determinadas fechas, por cuadernos, libros y juguetes. Así se busca desarrollar conciencia ambiental en los ciudadanos. Entre otras realizaciones referidas al medio ambiente conviene mencionar la creación de un Jardín Botánico y, sobre todo, de la Universidad Libre del Medio Ambiente. La universidad, única en su género, fue inaugurada hace algo más de 20 años con el apoyo del oceanógrafo Jacques Cousteau. Su finalidad es promover la educación ambiental y la difusión de la práctica del desarrollo autosustentable, con cursos abiertos a todas las personas interesadas cuyo con tenido va desde el estudio del desarrollo autosustentable a la más elemen tal técnica de poda de árboles. En definitiva, los elementos que aporta la experiencia de Curitiba son válidos no para ser trasladados a otros espacios y tiempos acríticamente, sino para reflexionar sobre otras intervenciones urbanas. Es posible construir una ciudad que busque mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos si es el resultado de la toma de decisiones locales que partan de una estrategia de desarrollo que desee la integración y la continuidad de políticas básicas, que en el caso de esta ciudad llevan más de 40 años, con “creatividad, soluciones simples, acciones efectivas y respeto por la población” (Vallicelli, 2002: 6). Es un ejemplo de cómo enfrentar los desafíos que emergen de las ciudades y de su gente. No obstante, debe reconocerse que no todo ha sido idílico, que si bien ha habido aciertos, también ha habido errores, de los cuales se debe aprender para seguir avanzando en la dirección elegida, con el convencimiento de que otro tipo de ciudad y otro modelo de desarrollo es posible, siempre y cuando exista voluntad política capaz de construir las relaciones de fuerza con la ciudadanía que lo haga viable.

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Reflexiones finales

Más allá del título de este apartado, lo que antecede no dejan de ser también unas reflexiones, por lo que sería necesario dialogar y debatir para contra poner ideas y avanzar sobre el tema de manera más fructífera. Sin embargo, parece evidente que un proyecto de desarrollo que no parta del territorio es un proyecto construido desde la abstracción más metafísica, que no tiene su base en la realidad tal cual es, cualquiera que sea el juicio de valor que me rezca, guste o no. Hay que partir del conocimiento de la realidad, sea para conservarla o con la intención de transformarla. Por eso es conveniente apreciar que si no se incluye en el análisis y si no se tiene un proyecto urbano, no es posible tener un proyecto de desarrollo con grados significativos de viabilidad. La ciudad se ha convertido en un actor pleno de funciones. En ese terri torio con recursos de todo tipo e instituciones, las fuerzas y las relaciones de poder se conforman directamente con la correlación existente y los proyectos que están en juego. Ahí se decide sobre el territorio, el medio ambiente, la eco nomía, la sociedad, la política, la cultura, etcétera; en definitiva, sobre todo lo que concierne a la población y la naturaleza. De ahí la amplitud de los grandes desafíos a los que se enfrenta. La configuración derivada de las transforma ciones en las últimas décadas le da fuerza y poder, y la convierte en un espacio vulnerable, lleno de tensiones y fragilidades, cuya gobernabilidad se ha hecho cada vez más compleja. Ante ese horizonte, adquiere aún mayor relevancia poder contar con una perspectiva y unas acciones que respondan al desarrollo sostenible urbano de manera sistémica, con una articulación coherente y equi librada de sus partes. Los riesgos, los problemas y los desafíos ante los que las sociedades urba nas se encuentran facultan que el debate sea cada vez más abierto y más participativo entre los implicados. Ello hace que se introduzcan apreciacio nes antes no consideradas o no valoradas como ahora. Ante el escenario de una ciudad viva, en permanente mutación, algunos autores (Moreno, 2015) advierten de la importancia de la noción de resiliencia, que para ellos cons tituye otro de los desafíos indiscutibles de la ciudad. Con su utilización, cuyo significado varía según el ámbito de estudio, se quiere dar a entender la ca pacidad humana para asumir y sobreponerse a las adversidades y reconstruir los vínculos internos, haciendo que prevalezcan los mecanismos regulado res del colectivo, los habitantes de la urbe para el caso. Desde otros enfoques (Valdés, 2015) que critican las metrópolis con autopistas a varias alturas, rascacielos gigantes, puentes que conectan bloques, pantallas por todas

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partes y atascos eternos, se defiende la necesidad de un pegamento urbano (Norman Foster) que una las individualidades; con una arquitectura que en vez de generar separación y compartimentación sea una que promueva la inclusividad, fortaleciendo el componente cívico, la caminabilidad (Leon Krier), pensando la ciudad como un pueblo. En cualquier situación, frente a la especulación salvaje del capitalismo neoliberal se anteponen, con diversas disyuntivas, otras alternativas de pensamiento que ostentan otras políticas y propuestas concretas, aquí ape nas inferidas, que tienen en común considerar la ciudad como parte de la vida de quienes la habitan, lo que ya es un cambio cualitativo. Sin embargo, hay que prever que a veces determinadas políticas no responden a unas ideas o concepciones del desarrollo, en este caso del desarrollo urbano, sino que pueden responder a otros fines, normalmente más mezquinos, aunque se comprendan perfectamente, como el oportunismo político, capaz de le vantar unas banderas en apariencia correctas, por ejemplo, la descentrali zación fiscal, pero que, en verdad, responden a otros intereses, por lo común cortoplacistas y electoralistas. Muestra de ello es la información siguiente que proviene de Manchester, Reino Unido (Guimón, 2015: s/p). El gobierno con servador británico (los tories), a través del ministro de Economía, anuncia la “mayor transferencia de poder de la historia a las autoridades locales”, a las ciudades, que podrán disponer de los impuestos que recauden de las empre sas en lugar de enviarlos a la capital del reino. Se calcula que esos recursos son del orden de 26 mil millones de libras esterlinas. ¿Esta apuesta de transferencia financiera responde a un cambio de la administración pública, lo que incluye una descentralización del Estado hacia los municipios? Según la crónica, la decisión responde a la intención de “fortalecer […] a las grandes ciudades del norte de Inglaterra, tradicionales feudos del laborismo que los conservadores quieren ahora tomar”. Ante la necesidad de mejores resultados electorales en poco tiempo, el riesgo que corren quienes optaron por dicha medida es que sirva de efecto demostración y provoquen una demanda generalizada en otras ciudades, lo que crearía desequilibrios. De ser así, se confirmaría una vez más que la historia de la humanidad no avanza en línea recta y que los cambios llegan muchas veces sin quererlos. Fuentes consultadas

Cacciari, Massimo (2011), La ciudad, Barcelona, Editorial Gustavo Gili. Comisión Económica para América Latina (cepal) (2012), La urbanización presenta oportunidades y desafíos para avanzar hacia el desarrollo sostenible, notas de cepal, núm. 73, agosto, Santiago.

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Fidel, Carlos (2005), “Las ciudades latinoamericanas”, El País, 17 de julio, Madrid. González Alcantud, José Antonio y Juan Calatrava (2007), La ciudad: paraíso y conflicto, Madrid, Abada Editores. Guimón, Pablo (2015), “Los ‘tories’ apuestan por un amplio traspaso de poderes a las ciudades”, El País, 5 de octubre, Madrid. Menéndez Alzamora, Manuel y Hugo Aznar (eds.) (2015), De la polis a la metrópolis: ciudad y espacio político, Madrid, Abada Editores. Moreno, Carlos (2015), “La ciudad y nuestras vidas ante los desafíos del desarrollo sostenible”, El País, 29 de septiembre, Madrid. Valdés, Isabel (2015), “Pensar la ciudad como un pueblo y cómo sería la metrópoli ideal”, El País, 7 de octubre, Madrid. Vallicelli, Liana (2002), Un modelo de desarrollo sostenible: Curitiba (Brasil), Serie Medio Ambiente y Desarrollo, núm. 48, cepal, Santiago de Chile, pp. 71-76.

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La experiencia de las ong y los sindicatos en la concepción del riesgo de las nanotecnologías Guillermo Foladori* Noela Invernizzi** Édgar Záyago Lau***

Introducción

Desde el inicio del siglo xxi, siguiendo la instauración de programas de nanotecnología en países industrializados y en desarrollo, varias organiza ciones no gubernamentales (ong) y sindicatos han divulgado una serie de comunicados públicos en los que se posicionan sobre el desarrollo de esta tecnología emergente (Invernizzi y Foladori, 2013). En ellos se abordan ries gos potenciales de las nanotecnologías que revelan un encuadramiento del problema mucho más amplio del que se observa en la discusión internacio nal sobre regulación y en los documentos relativos a los riesgos elaborados por gobiernos e industrias, no obstante que los potenciales riesgos a la salud y el medio ambiente son la principal justificación para elaborar normas y regular las nanotecnologías, y por ello los actores involucrados las discuten. Sindicatos y ong incluyen en sus preocupaciones otros riesgos de dimensión socioeconómica, como el posible impacto de las nuevas tecnologías en el empleo/desempleo, la calificación del trabajo y la concentración económica. Hay otras dimensiones, como las implicaciones éticas y legales, que no se discuten en este trabajo. Se argumenta que la concepción de riesgo evidente en los documentos de gobiernos e industrias frente a la que presentan ong y sindicatos se debe a una distinta concepción de riesgo por dichos sectores sociales. Esta incom * Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ** Profesora de posgraduación en Políticas Públicas, Sector de Ciencias Aplicadas, Universidad Federal de Paraná, Brasil. *** Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Univer sidad Autónoma de Zacatecas. 229

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patible concepción puede explicarse por la posición de los actores en la di visión social del trabajo y por su experiencia histórica, dos factores que ex plican opuestos intereses económico-políticos. Se utiliza el término experiencia histórica (Thompson, 1981) para tratar la manera en que los grupos sociales conceptualizan su historia pasada y enfrentan retos futuros. En un principio el trabajo revisa un conjunto de documentos públicos sobre nanotecnologías de gobiernos, industrias, servicios financieros, ong y sindicatos para catalogar las consideraciones sobre los riesgos de las nano tecnologías. Una clasificación de los documentos representativos y clasifica dos según los actores que los elaboraron se expone en el Anexo. Luego se hace una distinción entre relaciones técnico-materiales y sociales (Marx, 1906; Rubin, 1972) para identificar el ámbito en que cada uno de esos acto res se comporta en la actividad práctica y en las nanotecnologías. Además, se recurre al concepto de experiencia histórica (Thompson, 1981) con el objeto de mostrar el peso que tiene la práctica de las organizaciones sociales en la interpretación del presente y se ejemplifica con el caso de la Interna tional Latin-American Secretariat of the Union of Food, Agricultural and Allied Workers Association (iuf-Latin American). A partir del análisis se interpreta la posición de los grupos sociales respecto de los riesgos de las nanotecnologías. El texto se divide en cuatro partes y sus conclusiones. En la primera se expone el método; en la segunda se presentan las diferentes concepciones de riesgo que se aprecian en los documentos analizados; la tercera reflexio na teóricamente acerca del lugar de los diversos actores en las relaciones sociales y las consecuentes implicaciones en la concepción del riesgo de las tecnologías; y en la cuarta parte se aborda el concepto de experiencia histó rica y se ejemplifica para el caso de las nanotecnologías. Las conclusiones reúnen los principales hallazgos de los dos argumentos centrales. Concepción del riesgo para diferentes sectores sociales

La discusión y las negociaciones sobre gobernanza y regulación de las nano tecnologías se intensificaron hacia finales de la década del siglo xxi. La Unión Europea es el espacio en el que el tema ha avanzado más y donde se continúan haciendo esfuerzos en dicho sentido. Se trata de un ejemplo paradigmático por varios motivos. La región ha dado los primeros pasos al establecer la regulación de algunos productos (biocidas, cosméticos, alimentos).1 Además, 1 Cosméticos. Regulación (EC 1223/2009). Requiere presentación del producto con seis meses de antelación al lanzamiento al mercado; con lista de ingredientes y características toxicoló

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la Unión Europea tiene un sistema participativo online, que permite la dis cusión de las propuestas por los sectores sociales interesados en el mundo (Commission European Communities, 2001). No menos importante, la Unión Europea dispone de una legislación química (llamada reach) considera da avanzada, que adopta el principio de precaución (European Union Le gislation, 2000). Su relevancia radica en que este principio es también enar bolado por las ong y los sindicatos, de manera que hay en dicha región, y en teoría, mayor conexión entre las propuestas gubernamentales y las organi zaciones civiles, lo cual no es frecuente en otros contextos. Al comparar documentos sobre regulación de la Unión Europea, de la Environmental Protection Agency (epa) de Estados Unidos y otros de industrias, con los producidos por las ong y los sindicatos, sobresale que los últimos incluyen riesgos socioeconómicos que no aparecen en los informes de go biernos y sus agencias, como tampoco en los de la industria.2 Estos aspectos son desempleo, calificación del trabajo, desigualdad o inequidad, y concen tración económica (véase cuadro 1). Tal diferencia permite agrupar a los go biernos e industrias, por un lado, y a las ong y los sindicatos por otro, para mostrar que la distinta concepción del riesgo tiene que ver con el lugar que los sectores ocupan en la división social del trabajo. Luego se verá que dicha concepción es también producto de la experiencia histórica que los grupos sociales acumulan. Cuadro 1 Dimensiones del riesgo potencial de las nanotecnologías, contenidas en documentos elaborados por diferentes sectores sociales Dimensiones del riesgo

Industria

Gobierno

ong

Sindicatos

Salud y el medio ambiente Concentración económica, patentes Empleo y calificación Desigualdad/acceso

× – –

× × ×

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos citados en el Anexo.3

gicas y de exposición. El producto debe ser etiquetado incluyendo ingredientes. Alimentos. Regulación (EU 1169/2011). Semejante a cosméticos. Biocidas. Regulación (EU 528/2012). El producto requiere autorización previa, mayor especificación que en los casos anteriores y también etiquetado. 2 En un análisis de la regulación de las nanotecnologías a nivel internacional, Ngarize et al. (2013) muestran que los tópicos son los riesgos al medio ambiente y la salud humana. 3 Un cuadro semejante basado en diferente bibliografía fue presentado en García y Foladori (2015).

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Los riesgos a la salud y el medio ambiente constituyen un tema transver sal en los documentos de los diversos grupos estudiados. Son el asunto prin cipal en las negociaciones sobre regulación y en las reivindicaciones de tra bajadores y consumidores. A pesar de ser abordado por todos los sectores examinados, continúa siendo, desde los años 2000 cuando el Grupo etc (2002) llamó a una moratoria sobre las nanotecnologías, el centro de la contro versia en cuanto a la regulación de esas tecnologías (Chaudhry, George y Watkins, 2007; Marchant, Sylvester y Abbot, 2007; Visser, 2007). El hecho de que los riesgos a la salud y el medio ambiente sean los temas clave de las ne gociaciones internacionales no significa que los diversos sectores hayan llegado a esto de manera simple o voluntaria, ni que lo consideren un tema priori tario. El sector industrial, gobiernos y muchas organizaciones internacio nales han sido y continúan siendo permisivos con la entrada de nuevos pro ductos de la nanotecnología al mercado sin ningún tipo de regulación, no obstante la reconocida incertidumbre y falta de información de los poten ciales riesgos (Comisión de la Unión Europea, 2012), lo que revela que el interés principal es comercial y competitivo antes que el cuidado de la salud y el medio ambiente. Aunado a los riesgos a la salud y el medio ambiente, otros temas como los económicos aparecen en todos los sectores, pero desde diferente perspec tiva. Las implicaciones económicas forman parte de la negociación concer niente a la regulación de las nanotecnologías y de la justificación para proponer iniciativas nacionales gubernamentales de apoyo a su desarrollo. Conceptos como competitividad, etiquetado, registro de empresas y normalización co mercial aparecen permanentemente. Sin embargo, para los gobiernos y la industria la dimensión económica no es considerada un riesgo, sino una apuesta, ya que nada se pierde y todo está por ganarse.4 Los beneficios eco nómicos citados con frecuencia incluyen el incremento de la competitividad, el desarrollo de la innovación, la garantía de la propiedad intelectual (patentes) y la creación de empleos. A pesar de haber una identidad general entre industria y gobierno en la forma en que se abordan dichas cuestiones económicas, hay diferencias impor tantes entre ambos sectores cuando se llega a las acciones concretas en el campo regulatorio. Dos ejemplos elocuentes son la exigencia de etiquetado y el re gistro obligatorio de empresas que producen o comercializan productos con 4 El vocablo de origen latino “riesgo” tiene una connotación perjudicial, ligada al peligro tanto en el castellano como en el inglés; mientras que “apuesta” tiene una connotación positiva en el castellano, asociada con la posibilidad de ganar; en inglés, bet se relaciona con improve, proveniente del protogermano.

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nanotecnología. Ambas exigencias son promovidas por algunos gobiernos5 y se enfrentan a la oposición de sectores industriales.6 Más adelante, en la sección correspondiente a la experiencia histórica explicaremos cómo los gobiernos se distancian de la posición de las industrias; aquí es importante comentar que los asuntos de etiquetado y registro obligatorio, aunque subproductos de la dis cusión sobre regulación, no constituyen riesgos de la tecnología. A diferencia del concepto de implicación económica de las nanotecno logías que tienen la industria y los gobiernos, y que constituye una apuesta a la competitividad, para las ong y los sindicatos suponen un riesgo, porque con sideran factible que su desarrollo redunde en pérdidas de empleo, cambios en la calificación del trabajo con posible exclusión de algunas categorías de sa beres profesionales, inequidad, concentración de la riqueza y creciente apro piación privada del conocimiento. Relaciones técnico-materiales y relaciones sociales

Uno de los mayores logros conceptuales del análisis de Marx sobre el capi talismo fue la distinción analítica entre relaciones técnico-materiales y rela ciones sociales (Marx, 1906). En cualquier sistema económico, los procesos productivos implican dos tipos de relaciones interconectadas que pueden ser analizadas de manera independiente y en su mutua interacción. Las re laciones técnico-materiales son las que establece el ser humano con la natu raleza externa, con las cosas, con los medios de producción y con el resto de la naturaleza (Marx, 1906; Rubin, 1972). Dichas relaciones se desarrollan y requieren del conocimiento sobre el comportamiento de los materiales y del resto de los seres vivos con los cuales el ser humano interacciona. Con el desarrollo de la división social del trabajo, el conocimiento se presenta en ciencias específicas (química, física, ingeniería, biología, etcétera). Las ciencias físico-naturales e ingenieriles tienen como propósito este tipo de análisis y sus 5 Para fines de 2015 varios países ya contaban con registros obligatorios de empresas de nano tecnología, entre ellos Francia, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega y Canadá. 6 Si un común denominador existe en la posición de empresas y asociaciones industriales frente al tema regulatorio, es la insistencia en reducir en lo posible estas medidas, impedir o res tringir el registro obligatorio y el etiquetado. Sobre el posicionamiento de la industria en la International Conference on Chemicals Management, véase, por ejemplo, ipen, 2009; saicm, s/f. Hay varios estudios e incluso posiciones explícitas del sector industrial que argumentan en contra del etiquetado y el registro voluntario llevado a cabo en algunos países (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Dinamarca y Australia), que fue un fracaso, razón por la cual varios países introdujeron el registro obligatorio (Azoulay, Buonsante, Cameron y Vengels, 2012; Denison, 2010; Environmental Protection Authority, 2012; Marchant, Sylvester y Abbot, 2007).

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hallazgos se encaminan a ser aplicados en las asociaciones técnico-materiales al desarrollo de la productividad del trabajo (Sánchez, 1984). Pero las relaciones técnico-materiales no se dan en el vacío sino en un con texto de relaciones sociales que determinan las formas de apropiación y control sobre esa naturaleza externa, los productos y los medios de producción pre viamente producidos por la sociedad. El desarrollo de la división social del trabajo forma nuevas y diferentes relaciones sociales, aunque siempre entre lazadas con relaciones técnico-materiales, dada la necesidad de que la sociedad reproduzca los bienes indispensables para su metabolismo (alimento, vivienda, medios de producción, etcétera). La distinción entre relaciones sociales y rela ciones técnico-materiales resulta relevante para entender por qué los grupos sociales tienen una percepción diferente de los procesos productivos y sus po tenciales riesgos, y consecuentemente elaboran un concepto distinto de riesgo. Los científicos (físicos, químicos, ingenieros, biólogos, médicos) que se desen vuelven en actividades de investigación y desarrollo tienen como objeto el estudio de la naturaleza, por lo que recurren a microscopios y otros equipos, materiales, seres vivos, etcétera. La percepción de los riesgos se relaciona con la posibilidad de que los materiales y procesos en estudio interaccionen nega tivamente con el cuerpo humano en sentido biológico y con el medio ambiente; por ello, la percepción del riesgo se centra en sus aspectos técnicos. Desde otro lugar, en la división social del trabajo la industria tiende a compartir la visión técnica del riesgo de los científicos físico-naturales. Para la industria, el objetivo de la producción con nanotecnología es mejorar su po sición en el mercado; por ende, todo lo que pueda comprometer tal propósito resulta un aspecto clave por tener en cuenta. Es el caso de los potenciales riesgos a la salud y el medio ambiente que deben minimizarse o mitigarse, sin comprometer las ganancias y el desempeño en el mercado, por lo que asumen el reto a regañadientes. Algo semejante, aunque con visión de más largo plazo, caracteriza al sector gubernamental, que también considera como ítems de riesgo los potenciales daños a la salud y el medio ambiente de los nanoma teriales, aunque la principal razón sea la experiencia histórica a que se ve so metida por presiones industriales. El riesgo de las nanotecnologías a la salud y el ambiente es un aspecto primordial resaltado por las ong y los sindicatos; y en dicha pauta de discusión coinciden con gobiernos e industria. Sin embargo, esta confluencia en la pauta se halla lejos de significar acuerdos. El potencial riesgo de las nanopartículas a la salud y el medio ambiente, como el de muchos otros químicos, genera gran controversia y es de difícil consenso por varias razones. Primero, porque los análisis toxico

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lógicos son caros y demorados —a veces la toxicidad sólo se manifiesta por la bioacumulación durante años o décadas, como ocurre con el asbesto o el pvc. Segundo, porque la industria química es reticente a ofrecer información sobre los contenidos de los productos que lanza al mercado aludiendo de rechos de confidencialidad. Tercero, porque el porcentaje de gasto público y privado para financiar investigaciones acerca de riesgos toxicológicos de los nanomateriales es ínfimo en relación con el destinado a financiar el lan zamiento al mercado de nuevos productos. Lo anterior provoca que el riesgo de las nanopartículas sea incierto y poco conocido (Comisión de la Unión Europea, 2012), lo cual no ha sido obstáculo para el lanzamiento al mercado de nanomateriales y sus productos de manera creciente. Como indicador para evaluar la concepción de los diferentes sectores en torno de los riesgos de las nanotecnologías utilizamos los principales asuntos de discusión en las negociaciones sobre gobernanza y regulación de las nano tecnologías.7 Tales asuntos tienen conexión con las características intrínsecas de los nanomateriales. Son, por ejemplo: definición de nanomaterial (tamaño, función, aglomeración); forma de evaluación (específica para el tamaño nano o igual a la realizada en la misma materia en bulk); volumen de producción/ importación que requiere regulación (1 ton, 100 gr); análisis del ciclo de vida (monitoreo desde la materia prima hasta la disposición final en el ambiente). Estas discusiones forman parte de las principales propuestas de regulación de los países, así como en los grupos de trabajo especializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y la International Organization for Standarization (iso). Ellos tienen un común denominador: analizan el nanomaterial en sí mismo, según sus propiedades intrínsecas, y sus efectos en otros materiales y organismos. Es el ámbito técnico-material de las nanotecnologías. Existen otros temas de discusión en cuanto a los nanomateriales relativos a las relaciones sociales en las cuales se desarrolla la tecnología, como la de manda de transparencia de información (etiquetado, fact sheets) y el registro obligatorio (empresas productoras/importadoras). Dichos aspectos reflejan modalidades de vinculación entre grupos y sectores sociales y resultan de la disputa y negociación entre ellos sobre el derecho a la información versus el derecho al sigilo industrial. Acerca de esas cuestiones se posicionan los sec tores y los sujetos que producen, comercializan, consumen y trabajan con na nomateriales, es decir, se localizan en el ámbito de las relaciones sociales, pero no son riesgos como tales. Los documentos de donde se tomaron los indicadores se encuentran citados en el Anexo.

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Diversos aspectos considerados por sindicatos y ong como la potencial pérdida de empleo, los cambios en la calificación laboral, la inequidad o con centración de la propiedad y riqueza son riesgos de las nanotecnologías que se derivan de las relaciones sociales. Consumidores y trabajadores, que son los dos grupos fundamentales cuyos derechos defienden las ong y los sin dicatos, discuten las nanotecnologías a partir de las relaciones con los agentes que las producen, comercializan y regulan, además del cuestionamiento con cerniente a las características intrínsecas, como el riesgo a la salud y el medio ambiente. No sorprende que el centro de la polémica sobre las nanotecnologías se haya establecido en una cuestión técnica, tanto en la presentación del pro blema (definir y medir los riesgos a la salud y el medio ambiente) como en la solución (normas de seguridad laboral y comercial), ya que este enfoque técnico es el resultado del lugar en la división social del trabajo ocupado por los actores más fuertes en el debate: los gobiernos, la industria y también los científicos. En el caso de las empresas, la restricción a los aspectos técnicos de seguridad de los productos resulta obvia, una vez que su función es vender productos y la preocupación es allanar el camino para que éstos lleguen al mercado. Referente a la ciencia, y si nos restringimos a las ciencias físico-natu rales, el interés se halla en la materia y sus funciones, y en la delimitación y paliación del riesgo que sus interacciones puedan causar. Para el gobierno, la cuestión es más compleja, porque entran en juego variables jurídicas y con quistas democráticas preestablecidas, como el derecho a la información. Sin embargo, es un hecho incontrovertible que los gobiernos han permitido la incorporación sistemática de mercancías con nanopartículas en los mercados sin ningún tipo de regulación o análisis previo, lo cual los coloca en una po sición identificada con la industria, reforzando el enfoque técnico centrado en la tecnología en sí misma.8 Este enfoque no es el único posible y, cierta mente, sectores sociales con otra ubicación en la división del trabajo tienen una concepción diferente. Las organizaciones sociales, por su parte, ocupan un lugar en la divi sión social del trabajo que justifica que manifiesten preocupaciones de índo le social y técnica. Aun considerando la relación técnica, la interrelación de las 8 La rápida comercialización y la lenta regulación de las nanotecnologías puede explicarse en parte por la influencia de la industria sobre las agencias reguladoras. En Estados Unidos, abun dante literatura muestra como epa y fda, a partir de la década de 1980, han claudicado frente a las exigencias de la industria. Véanse, por ejemplo, Denison (2007), Brown y Grossman (2015), Ivory (2010). La Union of Concerned Scientists ofrece documentos al respecto en su página web (http://www.ucsusa.org/search/site/EPA#.VjuJ224hMhQ). También pueden consultarse las opiniones de empresas acerca de las propuestas de la epa-tsca en http://www.regulations.gov/#! docketDetail;D=EPA-HQ-OPPT-2010-0572, así como el papel de la industria química en reach (DiGangi, 2003).

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organizaciones sociales con los productos de las nanotecnologías es distinta a los sectores antes mencionados (gobierno, empresa, científicos). Las organi zaciones sociales reciben la tecnología y los productos como dados: no tienen decisión sobre su trayectoria ni su elaboración.9 De manera que mientras la industria y los científicos —y el gobierno al comportarse como extensión del mundo empresarial— tienen un cierto grado de dominio de la tecnología, los trabajadores y consumidores deben confiar en procesos decididos por otros. Pero la confianza social proviene de la experiencia histórica y la manera en que los grupos sociales organizados se articulan con el resto de los grupos y clases sociales, como se explicará con posterioridad. Al recibir la tecnología como dada, tanto en las sucesivas etapas del pro ceso de producción como en el producto final al consumidor, las organiza ciones sociales no disponen de información —o sólo disponen de información fragmentaria— sobre el contenido, las características y la función de la tec nología en sí, y sobre su interrelación con otras cosas, incluidos el cuerpo biológico del ser humano y el medio ambiente. La información es prerroga tiva de quienes la producen o utilizan en la producción (la industria) y de los científicos que la estudian e inventan. Recordemos que, cada vez más, las cláu sulas de confidencialidad limitan la disposición de información de cono cimiento, procesos o tecnologías patentados. Ahora el objetivo es examinar la experiencia histórica de los grupos sociales y cómo es fundamental para forjar la perspectiva que ong y sindicatos cons truyen de las tecnologías. La experiencia histórica en la concepción de riesgos

El concepto de experiencia histórica fue acuñado por Edward Palmer Thompson como instrumento teórico para explicar el modo en que las ca tegorías analíticas de los grupos y clases sociales están moldeadas por la experiencia pasada (Thompson, 1981).10 La categoría experiencia, explicaba Thompson, por imperfecta que pueda ser, es fundamental para el análisis histórico, pues “incluye la respuesta mental y emocional, ya sea de un indi viduo o de un grupo social, a una pluralidad de acontecimientos relacio nados entre sí, o a muchas repeticiones del mismo tipo de acontecimiento” (1981: 19). 9 Los trabajadores podrán participar en la elaboración pero, al igual que cualquier máquina, no deciden sobre el proceso laboral. 10 El concepto de experiencia histórica de Thompson fue ampliamente debatido entre histo riadores adscritos a la concepción materialista de la historia; véanse Anderson (1987), Brown (2012), Meiksins Wood (1982) o Sorgentini (2000). En este trabajo se considera a la experiencia histórica sólo en cuanto a experiencia de grupos y no de individuos.

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La diferencia entre la experiencia individual y la experiencia de organi zaciones sociales es crucial. Mientras que la primera no tiene interlocutor, la experiencia colectiva de organizaciones sociales es resultado de años de contrastar y sopesar las diversas experiencias hasta identificar aquellas que resultan de importancia para el fortalecimiento de la organización. Esa ex periencia colectiva se tamiza permanentemente a causa de las luchas socia les y de clase. La experiencia colectiva o histórica de las organizaciones sociales no es la acumulación de hechos y actividades, o el análisis del desem peño histórico de una u otra organización social. La experiencia histórica es la manera como las organizaciones sociales teorizan su historia para en frentar el presente a partir de la historia pasada. La experiencia histórica tiene un relevante contenido teórico, de reflexión colectiva sobre eventos sociales; de allí que no solamente refleje el recorrido social de determinado grupo sino también la percepción a la que ha llegado como resultado de actividades y prácticas colectivas, incluidas las políticas. El concepto de experiencia his tórica recoge, por lo tanto, el punto de vista del grupo social en cuestión, pero un punto de vista sujeto a experiencias prácticas que lo validan, y que, por ende, se presenta con categorías analíticas de apoyo a la acción futura. Así, la experiencia histórica es crucial para determinar la posición de un grupo respecto de temas que lo afectan.11 La preocupación de las organizaciones sociales acerca de los riesgos de las nanotecnologías tiene origen en su lugar en la división social del trabajo. Desde esa posición, la experiencia histórica no es directamente sobre las tecnologías en sí, sino sobre las relaciones sociales que las envuelven, esto es, sobre los sujetos que inventan, producen y distribuyen las tecnologías. El centro de la atención se desplaza de la cosa en sí hacia los grupos sociales involucrados con el desarrollo de la tecnología, o de las relaciones técnicomateriales a las relaciones sociales; es decir, se “leen” las relaciones técnico-ma teriales en el marco de relaciones sociales. Esta diferente experiencia histórica implica que tan pronto aparece una nueva tecnología se discute dentro del horizonte socioeconómico y político. El caso de las nanotecnologías es un buen ejemplo para ilustrar la cuestión. No fueron empresarios, ni asociaciones de científicos, ni gobiernos quienes primero advirtieron al mundo sobre los potenciales riesgos a la salud y el 11 No existe una asociación mecánica entre la percepción derivada del lugar en la división social del trabajo y la experiencia histórica. Así, ong ambientalistas que supuestamente defienden a los consumidores pueden convertirse en voceros de las empresas por razón de su vinculación financiera. Véanse ejemplos relacionados con químicos en Denison (2009), Marshall y Aldhous (2006); pero éste no es el caso de las ong y sindicatos estudiados en este trabajo, y no tenemos noticias de que existan todavía concernientes a las nanotecnologías.

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ambiente por parte de las nanotecnologías, haciendo un llamado a una mo ratoria en la producción para el comercio; fue una ong de perfil ambienta lista. En vísperas de la Cumbre de la Tierra organizada por la Organización de las Naciones Unidas en Sudáfrica en 2002, el etc Group se pronunció por la necesidad de una moratoria a la comercialización de productos con nano tecnología hasta que se llevaran a cabo análisis toxicológicos apropiados (etc Group, 2002). En los años siguientes, y mientras los productos de las nano tecnologías continuaban entrando al mercado sin ningún tipo de evaluación toxicológica específica, y con el apoyo de empresas y gobiernos,12 diversas ong y sindicatos hicieron nuevos llamados a la moratoria en lo general y de ma nera sectorial (FoE-Australia, 2006; Greenpeace, 2007a; iuf, 2007a; Nano Action, 2007a). Las posiciones públicas de esas organizaciones sociales trascendieron la preocupación por el riesgo de las nanopartículas a la salud y el ambiente, incluyendo cuestiones situadas en el marco de las relaciones sociales, relativas al desempleo (etc Group, 2005), concentración de la producción y poder económico (etc Group, 2004; iuf, 2007a; Miller y Senjen, 2008), pérdida de calificación de los consumidores (Miller y Senjen, 2008), destino de los pe queños productores y desigualdad (etc Group, 2004; iuf, 2007a; Miller y Senjen, 2008), entre otras. El aporte de la experiencia histórica de las orga nizaciones sociales a la discusión sobre riesgos de las nanotecnologías radica en incorporar el papel de las relaciones sociales en el análisis de los riesgos. En seguida se presenta un ejemplo. La Unión Internacional de Trabajadores de Alimentación (uita) es una federación de sindicatos de trabajadores de la alimentación, agricultura y afines que componen la regional latinoamericana de la International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (iuf).13 En octubre de 2006, la uita realizó un congreso regional latinoamericano en Santo Domingo. Con la presencia de 95 delegados de 39 sindicatos de 14 países, se emitió una declaración acerca de nanotecno logías. En términos generales, la declaración llamaba al debate público, advir tiendo que los productos de las nanotecnologías entraban al mercado antes que la sociedad civil tuviera oportunidad de evaluar las implicaciones eco nómicas, ambientales y en la salud humana. Además, señalaba que no debían dejarse en manos de expertos las decisiones sobre una tecnología que podría Pocas organizaciones de científicos fueron contundentes en reclamar la regulación, como la del Reino Unido (2004). 13 iuf es una federación internacional de sindicatos de trabajadores de la agricultura, alimentos, bebidas, hoteles, restaurantes, tabaco y servicios afines, con una larga trayectoria desde 1920. En la actualidad está conformada por 365 sindicatos de 122 países (iuf, s/f). 12

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provocar sustantivos cambios en la sociedad. En marzo de 2007, la misma de claración fue aprobada, con correcciones menores, por el congreso mundial de la iuf, extendiendo su apoyo a 122 países y más de 12 millones de traba jadores (Foladori e Invernizzi, 2008). En entrevista realizada al exsecretario general de la uita, se hace explí cito que la información ofrecida por los documentos precedentes del etc Group (2003, 2004), en especial uno relativo a la agricultura, fueron deci sivos en alertar al sindicato sobre la emergencia de las nuevas tecnologías y sus implicaciones (Iglesias, 2010). En una presentación realizada por el sindicato en un seminario, se manifestó, de forma evidente, el papel de los agentes en la experiencia histórica y el encuadramiento de las nanotecno logías por el sindicato. En el seminario “Nanotecnologia, Saúde dos Trabal hadores, Alimentos e Impactos à Sociedade e ao Meio Ambiente”, organizado por Fundacentro, iiep, Diesse, Renanosoma y otras organizaciones el 3 y 4 de octubre de 2007 en San Pablo, Brasil, el dirigente de la uita comenzó su presentación explicando que las nanotecnologías eran investigadas e intro ducidas en el sector agropecuario por conocidas corporaciones químicas, como Monsanto, Syngenta y Dow Chemical. A continuación hizo referencia a cómo dichas corporaciones han sido, y continúan siendo, responsables por muertes y enfermedades laborales, juicios legales a productores y diversos tipos de acción contra trabajadores rurales y pequeños productores, con vio lación de leyes y tratados. Así, los agentes (corporaciones agroquímicas) que ahora introducen las nanotecnologías son conocidos por el sindicato agrícola, el que tiene una experiencia histórica de lucha política frente a ellos. Su experiencia no les permite confiar en tales agentes. Incluso, puede decirse que su desconfianza es independiente de una u otra tecnología particular. Las relaciones sociales que las corporaciones químicas establecen con traba jadores y productores determinan la percepción que los últimos elaboran sobre nuevas tecnologías introducidas en los procesos productivos.14 Las organizaciones sociales no reciben una nueva tecnología y elaboran su juicio por las relaciones técnico-materiales que potencialmente desarrollan. El juicio se elabora a partir de qué agentes introducen la tecnología y las rela ciones sociales que se establecen. Se desplaza el centro del análisis del po tencial riesgo intrínseco de los nanomateriales hacia qué empresas introducen las nanotecnologías. Para las organizaciones sociales, los sujetos de la tecnología tienen igual importancia que sus aspectos materiales. Este enfoque contrasta con el 14 Un artículo previo donde se analiza cómo el pasado explica el comportamiento presente en relación con las corporaciones químicas y la uita puede verse en Foladori y Záyago Lau (2008).

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enfoque restringido de empresarios, científicos y gobierno, que prestan atención al nanomaterial en sí mismo y a sus potenciales impactos. Desde la ciencia y la jurisprudencia se diría que la experiencia pasada de otras tecno logías no es, ni podría ser, evidencia científica del riesgo de los nuevos na nomateriales. Sin embargo, para la historia entendida como ciencia, la evi dencia científica incluye también la experiencia pasada. Un ejemplo que abarca a la sociedad como un todo, de cómo la expe riencia histórica determina pautas de regulación, es la introducción de algunas medidas de control de la producción química desde los años setenta. El cuestionamiento a las consecuencias no deseadas del desarrollo científico que se expandió después de la Segunda Guerra Mundial, resultado en primera instancia de la catástrofe causada por la bomba atómica, y extendido poste riormente a los riesgos del desarrollo tecnológico en general, propició el surgimiento de una nueva área de investigación científica: el análisis del riesgo. El análisis del riesgo fue incorporado como parte necesaria de las investiga ciones científicas y de las políticas públicas de ciencia y tecnología (cyt). Esto ocurrió porque la sociedad, mediante demandas de movimientos orga nizados (Moore, 1996), consideró que el riesgo es intrínseco al desarrollo científico, con independencia del caso en particular. La nueva concepción “cyt incluyen riesgos” es originada por la experiencia histórica (bomba atómica, desastres ambientales, experimentación biológica, etcétera) de la so ciedad en su conjunto, algo que sólo tenuemente se consideraba durante el siglo xix y primera mitad del siglo xx. Callahan (1976) estima esta ampliación en la percepción social de la ciencia como un principio histórico: “Hay amplia experiencia acumulada, en particular en las últimas décadas, para con siderar que la ciencia básica puede tener resultados perjudiciales. Sabemos que tal investigación puede desatar encadenamientos dentro de los cuales algunos pueden resultar perjudiciales. Llamaré a esto el principio histórico” (1976: 4). Así como la sociedad en su conjunto asume una percepción diferente de la realidad como fruto de la experiencia histórica, las diferentes clases y grupos sociales también adquieren una distinta percepción suscitada por su particular experiencia histórica. Las nanotecnologías, al ser tecnologías del siglo xxi, surgen en un contexto donde el análisis del riesgo está totalmente institucionalizado, pero el enfoque se restringe a los riesgos a la salud y el medio ambiente, o sea, al análisis de la tecnología o sus productos en sí mismos. Los reclamos y las reivindicaciones de las organizaciones sociales advierten sobre otro tipo de riesgo, que no se halla formalmente contemplado en los

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procesos institucionales y que se deriva de las relaciones sociales en las que las nanotecnologías se desarrollan al sumar a los riesgos intrínsecos a la tecnología y sus productos los riesgos de la influencia del contexto social. Conclusiones

La incorporación del análisis de riesgo de nuevas tecnologías y sus productos a las políticas públicas se encuentra institucionalizada desde hace varias dé cadas. No debe sorprender que las nanotecnologías, al surgir en tal contexto, incorporen dichos análisis y enfoques. Sin embargo, al revisar documentos clave elaborados por diferentes sectores sociales, puede apreciarse que el concepto y los temas que incluye el análisis de riesgo difieren. Mientras industria y gobierno restringen el análisis de riesgo a las potenciales impli caciones en la salud humana y el medio ambiente, las organizaciones sociales, incluidas las que se orientan a la defensa del consumidor, así como las sindi cales, incorporan, además, otro tipo de riesgo, aquel relacionado con aspectos sociales, económicos y políticos. Al examinar la ubicación de los sectores sociales en la división del trabajo, el análisis mostró que existe una correlación entre tal ubicación y la concepción de riesgo manifiesta. Mientras industria, gobierno y también científicos se vinculan con los nanomateriales, sus procesos y productos desde una relación técnica, los consumidores y trabajadores se enfrentan a las nanotecnolo gías también desde las relaciones sociales y con los agentes que tienen de cisión sobre los procesos productivos y sus resultados. El diferente tipo de relación con las nanotecnologías hace que mientras un grupo se focaliza en las implicaciones de los materiales y sus productos, el otro incorpora, asi mismo, las relaciones que tienen con los agentes que comandan los procesos productivos. A la correlación entre ubicación en la división social del trabajo y con cepción de riesgo se agrega el instrumento de la experiencia histórica. Este concepto muestra que la historia pasada en cuanto a tecnologías previas es de importancia para consolidar una concepción de riesgo que se refleja en las declaraciones y las posturas de organizaciones sociales, y que ejempli ficamos para las nanotecnologías con la discusión y el planteamiento de la iuf-América Latina.

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Anexo Documentos consultados según sector social Industria

Nanotechnology Industries Association (2015) World Economic Forum (2010) Swiss Re (2004) epa (Environmental Protection Agency (2007a, 2007b, 2010) saicm (2012a) saicm (n.d.) saicm (2012b)

Gobierno

European Commission (2009, 2004, 2012) reach (2011) epa (Environmental Protection Agency s/f, 2007b); Ivory y Huffington Post Investigative Fund (2010)

Sindicatos

Iglesias (2010) (2007b) etuc (2008, 2010) iuf

ong

group (2002, 2003, 2004, 2005) FoE-A (2006) Miller y Senjen (2006, 2008) Nanoaction (2007b) Greenpeace (2007b)

etc

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Introducción

A partir de los cambios estructurales en los circuitos financieros, la industria de las microfinanzas ha sido utilizada por la teoría económica dominante como un mecanismo para lograr la bancarización de los más pobres e inser tarlos en los circuitos del mercado laboral y financiero. Lo anterior sucede como resultado de la presión de sus principales donadores, como el Banco Mundial (bm), que imponen un alejamiento de la función tradicional (solida ridad) a fin de buscar la rentabilidad en el corto plazo. Ello obliga a cuestionarnos lo siguiente: ¿el microcrédito puede mejorar las condiciones del entorno económico y social de la población?, ¿por qué la bancarización de los sectores más pobres ha sido tema prioritario de los orga nismos financieros internacionales?, ¿por qué se dejó de lado la parte solidaria de las microfinanzas?, ¿se considera la alta rentabilidad que obtienen los inver sionistas financieros a través de los microcréditos? y ¿cuál ha sido el efecto de esta industria en el sector social de la economía? Para responder dichas interrogantes es necesario considerar que los prés tamos a través del microcrédito son una nueva forma de crear rentabilidad de los inversionistas financieros mediante las microfinancieras que, con las altas tasas de interés que cobran, son una expresión más del proceso de finan ciarización existente en los sistemas financieros, bajo la excusa de abatir la pobreza. En el estudio de las microfinanzas existen dos posiciones contrarias. Los que están a favor del nuevo proceso de financiamiento argumentan que * Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 249

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con el acercamiento del crédito los pobres podrán incrementar su nivel de bienestar (Ledgerwood, 2006 y 2013; Robinson, 2001; Otero y Rhyne, 1994; entre otros). Para lograrlo, con el respaldo de las instituciones financieras internacionales como el bm, el Fondo Monetario Internacional (fmi), el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), entre los más representativos, se intenta bancarizar a los sectores más desprotegidos e incorporarlos a la actividad económica y poder salir de la pobreza. En ese contexto, se pretende que los pobres se ayuden a sí mismos me diante el autoempleo, en especial las mujeres marginadas, que compiten por el crédito escaso en mercados restringidos. En síntesis, las microfinanzas se crearon para corregir las imperfecciones del mercado crediticio tradicional; sin embargo, estas posturas son refutadas ante los diversos escenarios de crisis ocurridas en India, Marruecos, Nicaragua, etcétera. Diversos autores críticos consideran que con este modelo financiero lo que se origina es una intervención antidesarrollo en la que se profundiza la pobreza y la desigualdad en las regiones que lo adoptan (Bateman, 2013; Ba teman y Chang, 2012; Veltmeyer, 2012). En particular, Veltmeyer (2012) afirma que dicha práctica se aplica en un contexto neoliberal donde el Estado no tiene la obligación de generar empleo, mucho menos de otorgar a los pobres los recursos productivos necesarios, como la tierra. Cuando comenzaron las microfinanzas, los microcréditos fueron acompaña dos por servicios no financieros, los cuales tenían dos formas básicas: a) social (alfabetización, educación en salud, acceso a servicios preventivos, alimen tación, desarrollo del capital social, entre otros) y b) empresarial (desarrollo de negocios, asistencia técnica, capacitación financiera) (Biosca, 2014). No obstante, por la presión de los donantes, se provocó que las instituciones micro financieras se especializaran en los servicios financieros (microcrédito, mi croahorro, microseguros, microsubvenciones, etcétera), es decir, que buscaran más la ganancia dejando de lado la solidaridad. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es realizar una aproximación a las microfinanzas, al destacar algunos resultados socioeconómicos en América Latina que permitan confrontar los dos enfoques sobre las microfinanzas. Con esa intención, el trabajo se divide en tres apartados: el primero analiza las microfinanzas desde la visión de los promotores del modelo financiero, el segundo retoma ideas críticas a la postura oficial y el tercero examina el destino de los recursos microfinancieros, en este caso, enfocado hacia las mujeres; por último, se muestran algunos resultados financieros de la industria microfinanciera.

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Visión rentista de las microfinanzas

Bateman y Chang (2012) sostienen que la teoría económica dominante pro pone al modelo de microfinanzas como la alternativa para ampliar la capacidad empresarial y salir de la pobreza. Esta premisa para el crecimiento y el de sarrollo sustentable del microempresario individual se articula a una anti patía implícita a toda forma de intervención estatal. Para ello, Hulme y Mosley (1996) exponen, en el marco de la desregulación y la liberalización financiera, que el modelo del financiamiento al desarrollo promovido por el Estado desde la posguerra y hasta el inicio de los años setenta resultó ser un fracaso, es decir, la banca de desarrollo, al no cumplir su objetivo, como una institución estatal para incorporar los grandes proyectos de desarrollo y abatir la pobreza, tendría que ser finiquitada. Como advierte Parguez, en términos modernos, los gobernantes “admi nistradores” desean someter a las sociedades que funcionan según un modelo de “acumulación por el crédito” a la camisa de fuerza de un régimen de “acumu lación por el tributo”. ¿Qué desean los gobernantes de los años ochenta? Comprimir el déficit presupuestal, aumentar los beneficios a costa de reducir los salarios, incitar a una mayor abstinencia, neutralizar el dinero al tiempo que apoyan la expansión de los mercados financieros (Parguez, 2013: 160). En ese sentido, la opción de financiamiento serían las microfinanzas, las cuales van dirigidas principalmente a los pequeños empresarios o microem presarios que no pueden acceder al crédito de la banca privada y donde se busca fomentar el emprendedurismo, pues se consideraba que “la participación y el fortalecimiento de las comunidades locales son factores determinantes para un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico y social a largo plazo” (Foschiatto y Stumpo, 2006: 21-22). El microcrédito, para estos autores, es un instrumento que permite que la actividad productiva impul sada desde abajo (bottom-up) pueda ser más exitosa. De tal manera, los que defienden ese modelo de microfinanciamiento expresan que cada comunidad local pobre poseía el potencial para reducir su pobreza de forma significativa y tener una sostenible trayectoria de desarrollo eco nómico y social “desde abajo”. Lo único que se requería para realizar ese masivo potencial era confrontar la restricción fundamental que, supues tamente, encadena a los pobres y a los desempleados en los países en desarrollo —la falta de capital. Con acceso garantizado a un micropréstamo, los pobres podrían crear y/o expandir microempresas, generar un flujo de ingreso, crecer su patrimonio individual y del hogar, y tanto su pobreza y de la comu nidad pronto sería relegada al pasado (Bateman, 2013: 3).

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De este modo surge un sistema paralelo al tradicional: el microfinan ciamiento, que forma parte del sistema financiero sombra y cuyo objetivo aparente es otorgar liquidez a los agentes económicos que no necesariamente pueden acceder a ella en los circuitos financieros de la banca comercial tradi cional, es decir, contribuir a relajar las restricciones a la acumulación de capital productivo que sufre la población de menores ingresos (Biosca, 2014). Los impulsores del microfinanciamiento sostenían que ésta sería la al ternativa para satisfacer las necesidades del crédito e incrementar los ne gocios; en otras palabras, el modelo de microfinanzas se convirtió en una de las políticas internacionales de desarrollo más importantes en los últimos 30 años. Muchos afirman que las microfinanzas están cambiando al mundo (Bateman, 2013). Por lo tanto, el microcrédito permearía con creces los circuitos financieros empoderando sobre todo a las mujeres en los términos que plantearon los orga nismos financieros durante los años noventa. Los lineamientos incluso queda rían plasmados en los documentos de la Organización de las Naciones Unidos y posteriormente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio. En el mundo de las microfinanzas existen tres elementos clave para su formación: a) Consideraban que las mujeres al tomar el liderazgo como emprendedo ras no sólo lograrían un mayor empoderamiento, sino que serían sujetos importantes para disminuir las desigualdades y abatir la pobreza. Las mu jeres pasarían a ser participantes activos como agentes económicos en el proceso productivo. En esa línea, el bm estima que “la comunidad global debe de reconocer su atención en mejorar el empoderamiento económico y el aumento de inversiones hacia las mujeres […], pues una mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo está asociada con mayores ganancias y reduc ción de la pobreza; las mujeres se benefician de un mayor empoderamien to y, por lo tanto, los hombres, los niños y la sociedad entera” (World Bank, 2010: 2). b) Las microfinanzas fueron impulsadas con gran fuerza durante las décadas de 1980 y 1990 del siglo xx, a partir de las reformas estructurales del Con senso de Washigton, que se implementaron tanto en países asiáticos como en latinoamericanos. Un participante clave en este modelo han sido las organizaciones no gubernamentales (ong), que como instituciones enfo cadas a proyectos productivos en muchos casos se volvieron microfinan cieras con un poder monetario tan fuerte o superior al del propio Estado.

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Las ong, valoradas como un Estado sombra, son percibidas como enti dades cuasisoberanas que proporcionan servicios públicos y empleo en las áreas rurales (Karim, 2011: 1). En los países latinoamericanos, con la cancelación de proyectos institucionales públicos, éstos fueron absor bidos por la iniciativa privada. En numerosas ocasiones, el mismo proce so de desnacionalización y privatización permitió la extranjerización de los circuitos financieros y monetarios. Gran parte de las microfinancieras que se iniciaron como ong han canalizado enormes flujos de financia miento a proyectos específicos. c) Uno de los puntos más trascendentes que sostienen los promotores de las microfinanzas es la bancarización, es decir, estiman que debe ser acce sible al sistema financiero, así como contar con ambiente institucional de negocios sano. Lo anterior posibilitará lograr dos aspectos muy im portantes: alcanzar estabilidad financiera y disponibilidad de capita les para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, un país cuya población tiene acceso al crédito, en su mayoría tendrá desde esta óptica un mayor crecimiento económico y acercará el mercado financiero a los pobres con el interés de lograr la profundización financiera. Sin embargo, ante la presencia de diversos escenarios de crisis en las micro finanzas, así como por los resultados socioeconómicos que se han conse guido, esta postura ha sido duramente cuestionada. Mirada crítica al microcrédito

La literatura crítica sobre el microfinanciamiento sostiene que esta industria no satisface las necesidades básicas de una sociedad, como mejora de vivienda, vías de comunicación, acceso al agua, salud y educación. Pero sí ha ido cap tando el ahorro de las familias de escasos recursos que usualmente utilizaban otro tipo de servicios financieros informales, como son las denominadas tandas (forma informal de financiamiento). Bateman (2013) argumenta que se está transformando al mundo, pero de forma altamente destructiva y que constituye una intervención anti desarrollo que profundiza la pobreza, la inequidad y el rezago. Lo anterior se sustenta porque los microcréditos ayudaron al sector informal como una forma de mom and pop o pequeños negocios cuyos trabajadores no llegan a tener seguridad social. En muchos de ellos, el jefe y el empleado son la misma persona. En su mayoría se trata de unidades económicas familiares. Al respecto,

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en la economía informal las instituciones y el Estado han desaparecido y los agentes económicos (empresas familiares) construyen sus propias formas de organización. En opinión de Bateman, el modelo de microfinanzas destruye la capaci dad de aumentar la productividad y, por ende, la posibilidad de asegurar el desarrollo sostenible, el crecimiento y la reducción de largo plazo de la pobreza (2013: 4). La situación se profundiza por el desmantelamiento de la banca de desarrollo que es considerada ineficiente y a la que paulatinamente se le ha descapitalizado. En este sentido, se debaten algunos mitos de la economía de las micro finanzas: 1) son esencialmente para otorgar créditos; 2) el secreto de las tasas de retorno altas responde al modelo del Banco Grameen de Bangladesh y Banco Sol de Bolivia; 3) tienen un gran impacto social y han sido un meca nismo muy importante para la reducción de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres; 4) los prestamistas de microcréditos están sirviendo a los pobres y haciendo ganancias (Armendáriz y Murdoch, 2006: 32). A conti nuación abordaremos su explicación. Primero, el microcrédito ha sido un mito al ser tratado como la bandera del desarrollo. Se argumenta que las microfinancieras acercan financiamiento a enormes sectores de la población que difícilmente pueden encontrarlo en el sector bancario tradicional. No obstante, la solidaridad desaparece y la usura es la determinante en los circuitos financieros, la cual es característica prin cipal de las instituciones que otorgan crédito a los sectores marginales, en los que la autoridad monetaria pareciera que no tiene control sobre ellas. Segundo, existe un punto de inflexión, el cual se ubica en la década de 1990 del siglo xx, cuando el modelo subsidiado original de Grameen Bank empezó a eliminarse paulatinamente para ser reemplazado por una mejor práctica, a través de una versión comercializada basada en la ganancia (Bateman, 2013). Es decir, se transita del viejo paradigma de la oferta del cré dito subsidiado a uno nuevo: el microfinanciamiento comercialmente sos tenible. Para Robinson (2001), este paradigma enfatiza la idea de que, dada la existencia de condiciones macroeconómicas, políticas, legales, regulatorias y demográficas favorables, las instituciones comerciales pueden desarrollarse para proporcionar intermediación financiera para los pobres activos y brindar servicios a nivel local de manera rentable, sostenible, sin subsidios y con una amplia cobertura. Tercero, en teoría, el modelo de microfinanzas opera bajo la suposición de la existencia del vaciado de mercado, se cumpliría la ley de Say; en caso

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contrario, se toparía con la restricción de la demanda local, pero, como menciona Bateman, eso es lo que en la práctica no ocurre. Es decir, al existir un incremento en la oferta, conduce a una competencia feroz y a una entrada y salida de empresas del mercado: hay una sobresaturación de mercados. Como indica Bateman (2013), empleos, ingresos y ganancias se cancelan, así como la productividad y el crecimiento, por lo que la pobreza no se ve disminuida, como lo señalan los impulsores del modelo. Por último, no existe evidencia de que la pobreza esté disminuyendo; de hecho, algunos argumentan que el modelo fue impulsado más por los postulados del neoliberalismo que por erradicar el problema de pobreza, pues las microfinancieras han obtenido enormes ganancias por el excesivo cobro de intereses, los cuales son pagados por sus clientes, principalmente mujeres pobres, lo que desvanece los impac tos positivos en la población de la estrategia financiera, de ahí que los mitos no se cumplen. Mujeres como sujetos financieros

El crecimiento de las microfinancieras está impulsado por las mujeres, quienes son su principal cliente, debido, según los promotores de dicho mo delo, a que es una forma de empoderamiento que les permitirá alcanzar mejores niveles de vida a partir de la conformación de proyectos productivos en los que participan. Gutiérrez retoma lo planteado por Mohamed Yunus, quien enunciaba que la preferencia por las mujeres como clientes era relevante por la idea de que los reembolsos se harán de modo más responsable y que los beneficios reper cutirán de forma más directa a toda la familia (Gutiérrez, 2009). En ese sentido, The Economist menciona que durante la próxima dé cada, mil millones de mujeres entrarán al mercado laboral, lo que impacta rá en el crecimiento del Producto Interno Bruto (pib) (The Economist, 2012) a nivel global y demandará mayor acceso a los servicios financieros. El fmi, en el Fórum de Davos 2013, alude que las mujeres controlan 70 por ciento del gasto de consumo y si tan sólo se incrementara la fuerza de trabajo feme nina en la misma participación que los hombres representan en la población económicamente activa, la tasa de crecimiento del pib crecería en Estados Unidos 5 por ciento; en Japón y Sudáfrica, 9; en India, 27; y en Egipto 34 por ciento. Autores como Barrón et al. (2010) afirman: Hoy en día, las microfinanzas y el microcrédito se han convertido en ele mentos clave para el desarrollo y combate de la pobreza. Pudiera entenderse que los microcréditos estarían circunscritos a la población dedicada a activi

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dades de los sectores de manufacturas, servicios y comercio. Sin embargo, esa definición también acepta a la población que trabaja por su cuenta en todos los sectores de la actividad económica, incluyendo la agrícola; y en par ticular a las mujeres (Barrón et al., 2010: 10-11).

En consecuencia, es importante lo que destacan Vonderlack y Schreiner: La simple recepción de créditos no necesariamente empodera financiera y socialmente a las mujeres. Algunas investigaciones sugieren que expandir el acceso de las mujeres a las oportunidades y recursos económicos no siempre las hace menos vulnerables a la violencia doméstica. Así como también se afirma que el mayor éxito de las mujeres en los negocios resultado del acceso a las microfinanzas puede reducir la influencia de la opinión de las mujeres en las decisiones del hogar (Vonderlack y Schreiner, 2001: 17).

Al respecto, es interesante realizar un comparativo a fin de dimensio nar el papel de la mujer en las microfinanzas. La Cooperación Andina de Fomento (caf) informa que en el sur de Asia más de 80 por ciento de los deu dores son mujeres; en América Latina ese porcentaje se ubica en alrededor de 60 por ciento, aunque dentro del continente existen marcadas diferencias: Honduras y Nicaragua muestran los mayores niveles de participación feme nina relativa, cercanos a 80 por ciento, pero se sitúan por debajo de los niveles del sur de Asia. Un caso particular es México, donde también se observa una significati va participación de la mujer en el microcrédito, situándose entre 80 y 90 por ciento (este sesgo existe por el caso de Compartamos). Por otro lado, Chile y Perú son los únicos países que ostentan niveles de participación femenina inferiores a 50 por ciento. Otra característica es que existe una concentración por el crédito urbano y su cartera de clientes es mucho más equilibrada en tér minos de género. En tanto, la industria en Bangladesh e Indonesia posee un foco rural y una concentración clara hacia la mujer (caf, 2011). Usura, crisis y desigualdad

Una de las críticas a las microfinanzas es que el modelo de financiarización implementado a lo largo de las dos últimas décadas ha dejado la parte social y se ha enfocado en la comercial, en alcanzar altas ganancias y en endeudar al usuario. Esto es un modelo programado al estilo de los préstamos subprime, que puede caer en quiebra conforme se acerca al modelo Ponzi.

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Esto último lo advierte Bateman (2013) cuando afirma que el modelo de microfinanzas se ha vuelto un vehículo de enriquecimiento personal de primer orden. El punto final es que la época de las microfinanzas ahora puede ser mucho mejor descrita como un episodio subprime propio de América Latina, que como la versión estadounidense ha beneficiado a una pequeña élite que trabaja dentro y alrededor del sector microfinanciero mientras simultánea mente destruye los pilares más esenciales de la economía local y de la sociedad (Bateman, 2013: 64). El bid (2012) menciona que se dejó al mercado la asignación de los re cursos y éste no consideró aspectos de tecnología ni selección de sectores. Por lo que, al no haber una verdadera política industrial, se ha desmantelado por completo la actividad económica de la región. Al respecto, la caf resalta que las microfinanzas en América Latina tienen una orientación comercial, lo cual se evidencia por dos aspectos fundamenta les: por un lado, en la región se encuentran muchas de las instituciones micro financieras (imf) con mayor rentabilidad y sostenibilidad del mundo. En efecto, casi 90 por ciento de los clientes son atendidos por instituciones soste nibles. Un segundo aspecto de la orientación comercial de la región es el origen de los fondos. Mientras que en Asia y África hay una menor depen dencia de donantes, en América Latina existe una mayor dependencia de fuentes comerciales que manejan tasas de mercado (caf, 2011). Aunque en países como México algunas de las microfinancieras se fondean con recursos provenientes de la banca de desarrollo, algo inaudito, la banca pública otorga financiamiento (segundo piso) para que una institución privada conceda cré ditos a sus clientes a tasas de interés demasiado altas. Sin duda, lo que ha resultado de este modelo de microfinanzas es que los pobres paguen un precio muy alto por el acceso al microcrédito. En México, a la industria se le ha dado la libertad para crear enormes fortunas para sus gerentes y accionistas al vender carísimo el microcrédito a los pobres, que son el eslabón más bajo de la pirámide social; como ejemplo aparecen los casos de Compartamos y Crediconfía, que cobraron 195 y 229 por ciento de tasas de interés a sus clientes, respectivamente, con la finalidad de maximizar sus ganancias (Bateman, 2013: 34). Trujillo (2013) comenta que en América Latina el ratio de microfinanzas se sitúa en 30 por ciento, superior a 14 por ciento, del sistema financiero bancario, lo que resulta que la prima de microfinanzas de la región es de 15 por ciento; pero en países como México fue de 64 por ciento en 2012; en Panamá, de 30; en Guatemala, de 21.7; en contraste, en Perú fue de 7.3 por ciento; en Bolivia, 7; y en Costa Rica, 4.

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Por lo tanto, el modelo microfinanciero no ha logrado impulsar un ver dadero desarrollo en América Latina y el Caribe; de hecho, los recursos que ha destinado sólo han servido para financiar empresas poco productivas y acti vidades de autoempleo; han saturado el mercado de productos poco comer ciables, de ahí que en cierto sentido se han profundizado los problemas del entorno económico y social. Las mujeres, los mayores clientes de esas empresas, no se han beneficiado del modelo, pero sí han contribuido a aumentar la codicia de los directivos y accionistas microfinancieros. Forolacfr (2014) manifiesta que en América Latina se ha dado un sesgo o concentración de los microcréditos en zonas urbanas, periurbanas y áreas rurales con mayor densidad de población. También afirma que se ha dado un proceso de regulación de las microfinanzas y una fuerte presión de los finan cistas por la institucionalización, crecimiento y rentabilidad a corto plazo. Las microfinancieras operan bajo una lógica de búsqueda de la rentabilidad o, dicho de otro modo, bajo el enfoque de la banca privada, priorizando la ganancia por encima del bien social. Se trata de un enfoque de usura, la falta de homogeneización de la inclu sión financiera cuando existen alrededor de 250 millones de habitantes que no tienen relación con el sistema financiero formal, así como la pobre pe netración financiera en América Latina, que gira en torno a 39 por ciento, mientras que en países desarrollados se sitúa en 89 por ciento. El informe de Forolacfr destaca que las desigualdades son más notorias si se retoman otros indicadores de desarrollo, como que 65 por ciento de las mu jeres carecen de cuenta en una institución formal en comparación con los hombres (56 por ciento); sin embargo, esto aumenta si se diferencia por zonas: la rural tiene 65 por ciento, mientras que 57 por ciento en la urbana no tiene cuenta en las entidades financieras; si se toma el nivel escolar, entre más bajo, menos relación existirá. La Comisión Económica para América Latina (cepal, 2014) informó que la pobreza afectó en 2014 a 28 por ciento de la población de América Latina, lo que revela que su proceso de reducción se ha estancado en torno a ese nivel desde 2012, mientras que en ese mismo periodo la indigencia aumentó de 11.3 a 12 por ciento, todo ello en un contexto de desaceleración económica. En tanto, la extrema pobreza o indigencia aumentó de 11.3 en 2012 a 11.7 por ciento en 2013, lo que supone un incremento de 3 millones hasta afectar a 69 millones de personas. Las proyecciones indican que en 2014 se habría registrado una nueva alza, hasta 12 por ciento, lo que significa que de los 167 millones de personas en situación de pobreza en ese año, 71 millones se encontraban en condición de extrema pobreza o indigencia.

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Lo anterior explica, en parte, el modo en que la industria de las micro finanzas entró en una crisis de no pago de dimensiones globales. Países como Nicaragua han presentado esos escenarios y se espera que Perú y Colombia, por su nivel de alto riesgo en su cartera, atraviesen por este tipo de crisis. México exhibe casos con mayor frecuencia de quiebras: se aprecia la posibi lidad de un riesgo sistémico en la industria de las microfinanzas y sus efectos en la población serán graves. Otro punto que se debe destacar sobre la industria de las microfinanzas es la existencia de una saturación microfinanciera, puesto que América La tina cuenta con alrededor de 45 por ciento del crédito total y la cartera alcanza 27.6 miles de millones de dólares y 18 millones de clientes (Bateman, 2013: 34; Pedroza, 2012: 3). No obstante, es pertinente preguntar: ¿qué impacto se ha tenido en el desarrollo y disminución de la pobreza? La evidencia demuestra que su efecto ha sido nulo, como lo detallan diversos trabajos, entre ellos el de la cepal (2012), que enseña que la desigualdad se ha incrementado con siderablemente, confirmándose la no veracidad de los mitos. Conclusiones

Los problemas de falta de equidad y pobreza se han profundizado por varios motivos, y la financiarización de la economía ha desempeñado un papel clave al respecto. El financiamiento productivo es trascendental para poder salir del atraso en que se sitúan las economías de la región. Con la apertura financiera la tasa de interés deja de tener el referente de la productividad nacional, con lo que se rompe por completo la relación tasa de interés/tasa de ganancia (Soto, 2013: 69). El modelo actual de microfinanzas ha provocado, en parte, desindus trialización, infantilización e informalidad de las economías regionales; por ende, no existe referente a fin de poder incrementar la productividad y reactivar el mercado doméstico que permita generar efectos multiplicadores en beneficio de la sociedad en su conjunto. Autores como Bateman sugieren que es imprescindible una transforma ción de fondo en la política económica y en particular en el modelo de fi nanciamiento (corte comercial, poco ético y de codicia), que tendría que regresar a su objetivo original: tener una misión social que estimule el esta blecimiento de empresas formales y productivas, en concreto pequeñas y medianas empresas (pymes). Girón (2013) destaca que en el marco de los cambios estructurales de las economías y su impacto en la esfera de la producción, las relaciones de género

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se han transformado a partir de la caracterización del desenvolvimiento del proceso de acumulación. Los sucesos de crisis recurrentes en América Latina han incidido en la relación entre los circuitos monetarios y las mujeres. Un ejemplo es el microcrédito como parte del autofinanciamiento para la su pervivencia de las mujeres. Es decir, los escasos recursos financieros se canalizan para el autoempleo y empresas informales (la mayoría tiene como impulsoras a las mujeres), dejando de lado a las pymes formales y más productivas. Bateman asevera que con esa tendencia en América Latina se ha profundizado el malestar económico y social (2013: 54). Con la finalidad de avanzar hacia una etapa superior en el desarrollo latinoamericano, es necesario diseñar políticas gubernamentales y públicas que hagan factible salir del subdesarrollo, el atraso, la marginación, la inequi dad y la pobreza en la que está sumida la gran mayoría de las naciones de América Latina. Los gobiernos deben asumir su responsabilidad en áreas como educación, salud, vivienda o financiamiento, creando programas que comba tan la pobreza y el atraso en las áreas mencionadas, y no sólo administrar esos problemas. Fuentes consultadas

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Inconsistencias de la sustentabilidad e innovación en el sector agroalimentario de las regiones sur y sureste de México Óscar Pérez Veyna* Elivier Reyes Rivas** Karla Viridiana Rosales***

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas (onu) hace un pronóstico de cre cimiento de la población mundial que llegará a los 9 mil millones en 2050 (Basaure, 2013). Lo anterior implica investigar, con apoyo del conocimiento científico y tecnológico de forma humanista y generar la capacidad de pro ducir alimentos en cantidad, calidad y oportunidad. Paradójicamente, nunca antes había existido tal cantidad de alimento producido como ahora y nunca antes se había enfrentado la cantidad de alteraciones gástricas aso ciadas a la alimentación inadecuada (García y Bermúdez, 2014). Para responder a la exigencia en términos de cantidad, deberá pensarse de manera multifactorial en los esfuerzos necesarios y solucionar esa inevitable circunstancia que se torna consistente al observar las tasas de crecimiento poblacional en países en desarrollo. Sin pretender la exhaustividad en el análisis de factores determinantes de la cantidad de alimento, las estrategias por seguir considerarán los severos daños a los ecosistemas en aras del incremento en la producción provocados por el uso excesivo de agroquímicos, la creciente extracción de agua para riego, el abatimiento de mantos acuíferos y el uso de semillas genéticamente modificadas, entre otros. No obstante, se reconoce que los trabajos por el desarrollo de nuevas y más eficientes variedades deberán continuar, pero tendrá que pensarse en los * Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ** Docente investigador del Programa de Estudios Prospectivos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. *** Auxiliar de investigación en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 263

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insumos empleados y sus daños colaterales, además de procurar mayor asertividad en seguridad e inocuidad alimentaria, sólo por mencionar algunos factores. El rescate de semillas nativas cobrará relevancia en consideración a los más recientes estudios sobre las claves de la producción de alimentos (grain, 2010: 3): “Los pequeños agricultores del mundo producen la mayor parte de los alimentos que se consumen con sólo 25 por ciento de la tierra agrícola y en parcelas de extensión promedio de 2.2 ha” (grain, 2014: 1). En concreto, estamos frente a un problema que involucra la sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios en todo el orbe, así como el empleo de ele mentos de innovación en el sector que asimilen y superen las severas experien cias multidocumentadas que han dejado una estela de daños y perjuicios en ecosistemas y poblaciones. El proceso globalizador en el que México se inscribe desde principios de los años ochenta y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) a mediados de los años noventa configuran dos eventos trascen dentales en la vida económica del país y de sus sectores productivos, entre los que se encuentra el agroalimentario. Los diferentes argumentos, reflexiones y análisis críticos que han externado prestigiados grupos de académicos e investigadores concluyen en las diversas implicaciones que han desbordado dicha integración; una de ellas es el ace lerado proceso de precariedad y deterioro de la situación social y productiva del campo mexicano: “Desde la instauración de una modalidad en la cual las fuerzas del mercado se encargan de regular la producción agropecuaria y los precios de la misma, así como de establecer apoyos en función de la capa cidad competitiva, son sólo dos acciones que definen quiénes pueden que darse en el sector y quiénes deben buscar nuevas alternativas de subsistencia” (Massieu, Chauvet y García, 2005: 8). De manera que el medio rural se dibuja como un escenario complejo de múltiples dimensiones y matices en el que se logran establecer nuevas inte racciones entre lo local y lo global (Hernández y Maya, 2005). A su vez, el proceso global, que tiende a caracterizarse también por la expansión y el do minio de grandes empresas transnacionales,1 asume mayores capacidades productivas, de innovación e intercambio de bienes alimenticios (Novoa y De la Paz, 2001), que logran evidenciar enormes desigualdades entre productores rurales en países menos desarrollados en el ámbito de la competitividad 1 Cuyo auge proviene de las pugnas entre Estados Unidos, Alemania y Japón por generar áreas de influencia y dominio económico, mediante el control de los precios internacionales, el comercio y la distribución de los productos (Rubio, 2004).

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(Espinel, 2006). Ante la dimensión de la extensión del territorio nacional con potencial agroalimentario, resulta natural reconocer la gran diversidad en todos los sentidos: física, social, económica, climática, cultural. En conse cuencia, las acciones que pretendan elevar la capacidad productiva en el campo mexicano deberán ser congruentes con esa gran diversidad. Si bien el deseo de contar con regiones homólogamente desarrolladas es un buen principio, el hecho es que hay condicionantes severas que obstaculizan que lo anterior se logre. Con la actual administración federal en México (2012-2018) se abren nuevas oportunidades y algunas se refieren al campo; como en cada sexenio, los productores agrícolas y campesinos esperan con paciencia nuevos apoyos. Sin embargo, aun cuando se han llevado a cabo reformas estructurales impor tantes (hacendaria, energética, política, entre otras), el hecho es que la reforma al campo mexicano sigue a la espera. Sólo se hacen intentos que lucen desar ticulados frente a la creciente desatención y pobreza imperante en una alta proporción de la población rural. La pobreza extrema se acentúa entre 25 por ciento de la población nacional que habita en zonas con menos de 2,500 habi tantes (oxfam México, 2011). Recientemente, el Consejo Nacional de Eva luación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer que en México la po blación en pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas, mientras que la pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones entre 2012 y 2014 (coneval, 2015). En un contexto en el que una multiplicidad de actores inter viene a partir del interés que dicta la naturaleza de las distintas organizaciones (política, productiva, ambiental), no es difícil imaginar el mosaico de circuns tancias que imperan, desde organizaciones de productores muy estructuradas hasta el campesino que sale a su suerte cada día. La figura 1 constituye un intento por exhibir la cantidad de actores e ins tituciones que inciden en la actividad agropecuaria. Sin ánimo de ser exhaus tivos, sólo se muestra que para transitar de un productor tradicional a un productor competitivo hay demasiados factores que deben atenderse, y probablemente ello explique las asimetrías productivas y la diversidad en la respuesta a los componentes innovadores. Por ende, los sistemas de investigación y transferencia de tecnología en el sector agroalimentario enfrentan el reto desde desplazarse de sistemas tradicionales de agricultura y ganadería de subsistencia (localizados en la región sur, sureste) hacia sistemas de innovación tecnológica que exigen la coo peración de diferentes actores: organizaciones de productores, empresas comercializadoras, gobierno (federal, estatal y municipal), instituciones de

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Origen del paquete tecnológico

Facilidad y crédito en compra de insumos y agroquímicos

Directorio de productores

Sector productivo

Proveedores de insumos

Conocimiento y ubicación del modo

Acopiadores

Tipo de productos acopiados

Esquema de negociación

Requerimientos para el acopio

Evaluación de programas

Generación de estadísticas

Productor competitivo

Identificación de prioridades productos. Infraestructura y comercialización

Coord. Fed.-Estatal Municipal

Secretario estatal

Análisis y diagnósiticos

Proyectos de investigación o generación de inovación

Niveles de inducción en el uso de insumos

Mecanización

Fuente: Elaboración propia con datos de campo e información secundaria.

Productores por sitema-producto

Intermediarios

Formalidad/Informalidad tributaria

Obligaciones tributarias y admvas.

Perfil sociodemográfico

Sugerencias de paquetes tecnológicos Normas e inocuidad alimentaria Lógica de acoplo

Organización

Operación de porgramas

Generación de estadísticas

Innovación Esquema de comercialización y negociación

Recursos

Academía e investigación Supervisión de programas

Contacto directo productores

Supervisión de programas

Jefe de Cader

Operación de programas

ddr

Problemas en sistemaproducto dominante

Cultura Esquema de comercialización Factores que evaluan Conocimiento de e inhiben adopción programa de apoyo paquete tecnológico

Nivel y forma de capitalización

Productor tradicional

Coord. y evaluación de programas federales

Jefe de

Coordinación con jefe de área

Programas federales

Subdelegados

Gestor de programas

Vinculación

Delegado estatal

Sector institucional

Actores e instituciones que inciden en la actividad de innovación

Figura 1

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investigación y educación superior y sector privado (industriales, transfor madores, comerciantes), existentes en la región norte. Dichos actores deben identificar y atender las demandas de los productores y dar respuesta rápida a los problemas de combate a la pobreza y marginación en el campo, al mismo tiempo que posibilitan la competitividad, la productividad y el cuidado de los recursos naturales (Deschamps y Escamilla, 2010). En ese mosaico de circunstancias, el gobierno federal mexicano emite iniciativas que buscan identificar el grado de innovación existente por sistema producto sin pérdida de sustentabilidad de los sistemas productivos. La labor es inconmensurable, por lo que en el presente trabajo se hace una aproxi mación a cinco indicadores de innovación en el sector agroalimentario, con siderando sólo los cultivos del sector agroalimentario que mayor aporta ción (80 por ciento) hacen al pib en entidades del norte, sur y sureste del país; asimismo, se reflexiona brevemente sobre el sentido de la sustentabilidad frente a los desequilibrios detectados. La innovación en el sector agroalimentario

La innovación es un concepto complejo en el que participan agentes econó micos, sociales, públicos y privados. El concepto en sí adopta distintos matices e interpretaciones, según el enfoque o ámbito en el que se desarrollen las investigaciones (Gómez y Marín, 2013). Sin embargo, se mantiene la idea de que los avances tecnológicos impulsados a través de la innovación guardan relación con la acumulación de valor o con las necesidades que la sociedad crea con el tiempo y sus formas de consumo, bienes o servicios que al parecer motivan mayor satisfacción que los anteriormente disponibles. Desde la perspectiva de Schumpeter (1957), la innovación se refiere a la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera con tinua y orientados al cliente, consumidor o usuario. Establece que “el objeto de producción tecnológica está determinado por el sistema económico; la tecnología solamente crea métodos productivos para los bienes ya deman dados” (1957: 28). La definición asume que es necesario diferenciar lo que es un invento o nuevo producto de nuevas formas de producción que intro ducen mejoras a un determinado proceso de producción. Para Schilling (2008), la innovación consiste en una implementación de ideas creativas, en la cual las habilidades del que promueve el conocimiento pueden no estar en pleno dominio de la ciencia, sino reconocer y detectar soluciones potenciales para resolver problemas de una forma oportuna.

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Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco nómicos (ocde) arguye que la innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en especial en actividades internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores (ocde, 2006). Sagasti (2011), en su análisis desde la política pública, sostiene que “contar con capacidades científicas y tecnológicas propias es condición necesaria para profundizar y sostener los avances en el desempeño económico y mejoras en la calidad de vida. […] El conocimiento y la innovación permiten mejorar continuamente la eficiencia, la productividad y la competitividad de las acti vidades productivas” (2011: 4-5). Al enfatizar en el sector agroalimentario, se precisa que “una práctica nueva o innovación tecnológica puede ser el desarrollo de un herbicida más económico y eficaz en el control de hierbas no deseadas, la generación de semilla mejorada, nueva raza de ganado, prácticas de prevención de incendios en bosques, ajustes en fechas y densidades de siembra, maquinaria agrícola nueva, el cambio en la forma de siembra o de cosecha de un producto, entre otros” (Seré, Estrada y Ferguson, 1990; Sánchez, Zegbe y Rumayor, 2012: 2). Por lo tanto, una innovación tecnológica se integra por diferentes componentes tecnológicos, los cuales pueden fácilmente ser distinguidos por los usuarios (Hernández y Elizondo, 2006). En este caso resultan determinantes los con ceptos de adopción2 y difusión.3 La adopción “depende, entre otros factores, del grado de adiestramiento del productor, de sus experiencias previas, de la localidad, del sistema de producción, del costo de la innovación tecnológica, de la complejidad en la aplicación de ésta, inclusive puede estar condi cionada por situaciones culturales, políticas y religiosas” (Sánchez, Zegbe y Rumayor, 2012: 2). Varios son los factores que determinan la productividad agropecuaria, bien sea aumentándola o disminuyéndola. En consecuencia, es necesario tomar en cuenta que la productividad no es una medida absoluta; es el reflejo de la relación entre factores que participan en un momento determinado; pueden exteriorizarse algunos que no se hallen bajo control del mismo productor (climáticos, fitosanitarios, etcétera). La productividad en sí se define como el 2 La adopción, en el contexto de la innovación, se define como el proceso por el cual el productor agropecuario sustituye una actividad por otra previamente desconocida; es un proceso de aprendizaje en el que cambia una función de producción (Seré, Estrada y Ferguson, 1990: 129). 3 Sánchez, Zegbe y Rumayor (2012: 1), citando a Rogers (2003), exponen que la difusión es el proceso mediante el cual una innovación es comunicada en el tiempo y difundida entre los miembros de un sistema social. Esta difusión constituye un tipo especial de comunicación, ya que el mensaje tiene como objetivo difundir nuevas ideas.

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cociente entre un nivel de producción dado y los factores que intervienen. También indica el grado de eficiencia general cuando se consideran todos los factores utilizados (productividad total de los factores) (Zepeda, 2001). La competitividad en el sector agroalimentario, sobre todo en países en desarrollo, debe ser acompañada de políticas sectoriales que tomen en cuenta las cadenas globales en las que se involucren, como son las opciones de especialización e interacción de la producción con medio ambiente (Díaz y Hartley, 2006). La competitividad es una dimensión que explica la capa cidad de los involucrados en la cadena productiva para enfrentar los retos que implica un cambio. En ese sentido desde la lógica de Schumpeter (1883-1950), quien subraya la importancia de la innovación y su relación con el aumento o la disminución de la prosperidad, hasta la interpretación que hace la ocde o el Manual de Oslo, existen modificaciones que permiten reconocer la trascendencia del tér mino, pero con añadiduras generadas por instituciones generalmente supra nacionales que pretenden adecuar el término a las circunstancias imperantes y de acuerdo con su particular interés. No es difícil, al revisar la bibliografía referente al tema de innovación, notar la ausencia de un consenso sobre el significado; por cada especialista según el campo de interés, ya sea nacional o extranjero, habrá una definición, al igual que por cada entidad consultora de naturaleza nacional o interna cional habrá un método para sugerir a las organizaciones que lo soliciten. De esa manera, el término es altamente elusivo, como en su momento lo fue el concepto de calidad. Un elemento importante en la innovación es entender la forma en que se manifiestan los cambios no sólo a nivel de sistemas-producto sino en las orga nizaciones de productores del sector. Su empleo en el sector agroalimentario no parece ser inmediato; además, un gran problema en la innovación, como ya se ha comentado, son las dificultades en su transferencia; median razones: culturales, económicas, organizacionales, ambientales, de mercado, entre otras. Sin embargo, el esfuerzo debe orientarse a atender razones de rechazo o aceptación de una innovación, de un cambio o manera distinta de hacer las cosas en un sistema-producto.4 Es importante recordar que un objetivo de tal naturaleza puede ser al canzado de manera parcial en virtud de que la disposición para aceptar propuestas acerca de la forma de hacer las cosas en el campo es condiciona da por elementos de orden ambiental, económico y, sobre todo, cultural. 4 El uso del enfoque de sistema producto es una orientación administrativa que el gobierno mexicano ha utilizado a partir de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para organizar a los diversos actores, instituciones, recursos (financieros y humanos) en torno a un producto agroalimentario.

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Dichos elementos no se consideran en esta fase, la cual se describe en el pre sente trabajo. La sustentabilidad en el sector agroalimentario

El término sustentabilidad ha tenido diferentes acepciones a lo largo del tiempo desde su aparición hasta el más actual basado en el desarrollo de los sistemas socioecológicos para lograr una nueva configuración en las tres di mensiones centrales del desarrollo sustentable: económica, social y ambiental (Calvente, 2007). Fue en la conferencia de la onu sobre Ambiente Humano de Estocolmo en 1972 donde surgieron las primeras ideas en torno al concepto de susten tabilidad. En el mismo espacio se discutió la relevancia de la protección al medio ambiente y de la búsqueda de relaciones comunes entre temas ambien tales y económicos. Un resultado relevante fue la elaboración de una defi nición: “Proveer liderazgo y compromiso mutuo en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y posibilitando a las naciones y a las per sonas en el mejoramiento de su calidad de vida sin comprometer las necesi dades de las generaciones futuras” (Calvente, 2007: 2). En 1983, la onu crea la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (wced, por sus siglas en inglés), que bajo la presidencia de G. H. Brundtland emite, entre otros, el acuerdo respecto a evaluar cualquier acción o iniciativa bajo tres enfoques: económico, ambiental y social. El término desarrollo sustentable fue popularizado en Our Common Future, un reporte publicado por la wced en 1987, informe también conocido como el reporte Brundtland. Después de lo anterior, la definición clásica de desarrollo sustentable es: desarrollo que satisface las necesidades del presente sin com prometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (onu, 2010). En la actualidad, el término sigue siendo elusivo y su implementación complicada. No ha sido posible encontrar los puntos de apoyo para que los Estados nación realmente se involucren en un avance real por la sustentabi lidad de los ecosistemas; al contrario, con mayor frecuencia es evidente que, tras el desarrollo económico, incurren en actos realmente insustentables; es el caso del sector minero en la pasada y actual administración federal. El Programa de Investigación de oxfam International, Agricultura para el De sarrollo, afirma: La agricultura es, sin duda, una parte importante de la combinación de las actividades que sustentan la economía familiar pero tiene que ser vista en el

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contexto de un aumento de multiactividad de los hogares pobres, profundi zando los vínculos entre comunidades rurales y urbanas y tras el continuo aumento de la emigración rural hacia centros urbanos nacionales e interna cionales (Fraser, 2009: 4).

Con el paso del tiempo, dicha percepción, en el caso mexicano, parece ir en sentido contrario a lo establecido por oxfam. Esto es, hay un aumento pro gresivo de urbanización en México contra una disminución de la población rural; para 1950, las proporciones eran 42.6 por ciento urbana, 57.4 rural; para 2010, 77.8 por ciento era urbana y 22.2 rural (inegi, 2010). Es sólo un indicador del éxodo permanente de la población rural, motivado por las con diciones de precariedad generalizada, la caída del valor de los productos, la presencia de un fuerte intermediarismo, la disminución progresiva de la pro ductividad (erosión eólica, hídrica, cambio climático). Bajo esas condiciones existen pequeños enclaves altamente productivos; sin embargo, la generalidad de campesinos y productores agropecuarios enfrenta una situación de incertidumbre ante la cual la migración campociudad es inevitable. Se ha colocado en la discusión un elemento fundamental, el humano. Un cambio sociodemográfico determinante ha sido el enveje cimiento de la población adulta y la migración de los jóvenes del campo a las ciudades, típicamente menores a 500 habitantes, componentes amortigua dores de crisis sociales y políticas (Gordillo, 2015). Así, la sustentabilidad de las actividades en el campo mexicano parece estar claramente comprometida en tanto las actuales condiciones de abandono continúen invariantes. Metodología

En el presente trabajo se planteó el objetivo de identificar la expresión por centual respecto al total de la superficie para actividades agropecuarias de los componentes de innovación observados (uso de semilla mejorada, uso de maquinaria agrícola, uso de fertilizantes químicos, acciones fitosanitarias, asistencia técnica), tomando como referencia la base de datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap) de la Secretaría de Agri cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Además, se elaboró, en entidades que por su ubicación geográfica y aporte económico son representativos de la región norte (Chihuahua, Durango, San Luis Potosí), sur (Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla) y sureste (Yucatán), un inventario de los sistemas-producto más rele vantes, sobre los que estos elementos de innovación inciden, y registrar las

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razones que facilitan, atenúan o eliminan las posibilidades de adopción de tales factores. Todo ello con la finalidad de asociar esta capacidad de innovar con un área más competitiva y productiva en las entidades referidas en un horizonte de 10 años (2004-2013). Se formuló una estrategia sustentada en investigación de bases de datos oficiales; por ello, el orden cuantitativo es dominante en esta etapa. Se iden tificaron las superficies por sistema-producto y entidad; asimismo, se cuanti ficó el peso porcentual sobre la distribución absoluta de la superficie estatal que ha sido atendida por cada uno de los componentes de innovación. A partir de la información oficial disponible en el siap de Sagarpa (2013), se calculan los porcentajes relativos a cada componente. Se recurrió a gráficos radiales que permiten una visión multivariada de las expresiones de cada componente de innovación. Los resultados se muestran en una se cuencia de gráficos que facilitan ilustrar el nivel de incidencia de los compo nentes en lo general. Adicionalmente, se identificaron los tres sistemas-pro ducto más importantes en cada entidad, según su aportación al pib del sector agroalimentario. La intención de identificar la expresión de los componentes de innovación permite la aproximación al diseño de estrategias que estimulen el desarrollo equilibrado del país, al menos desde la perspectiva del sector, al reconocer que la diversidad de tamaño de las propiedades, régimen hídrico, suelo, clima, origen geológico, topografía, fertilidad, junto con la cultura de productores y campesinos, hacen que las posibilidades económicas y de desarrollo sostenible sean variadas y, por lo tanto, que los beneficios esperados de los componen tes de innovación sean diversos. Resultados

Componentes de innovación por entidad

A partir de los componentes de la innovación generados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) y adoptados por la Sagarpa (superficie agrícola: con acciones fitosanitarias, mecanizada, fertili zación química, semilla mejorada y asistencia técnica), en las gráficas siguien tes se observa su presencia por cada entidad. El procedimiento comprende considerar 100 por ciento de la superficie cultivada respecto a aquélla con cobertura por acciones fitosanitarias. La gráfica 1 revela el porcentaje de esa superficie que es innovada por ese com ponente en cada entidad.

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Gráfica 1 Proporción de superficie sembrada por entidad con cobertura de acciones fitosanitarias

Chihuahua

Veracruz

Oaxaca 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

San Luis Potosí

Yucatán

Chiapas

Puebla

Durango

Michoacán Guerrero

Fuente: Elaboración propia con datos de Sagarpa (2013).

La superficie proporcional sembrada de Oaxaca que es atendida con accio nes fitosanitarias para 2013 alcanzó poco más de 4.63 por ciento. Es el estado con la más baja proporción en la expresión del componente para el grupo ana lizado. En orden creciente le siguen Yucatán, Chiapas y Puebla como los de más baja expresión, en tanto que en orden decreciente, Chihuahua, Veracruz y San Luis Potosí son los que mejor expresión tienen. Pero entre Chihuahua (84.6 por ciento) y Veracruz (53.97 por ciento) hay 30 puntos porcentuales, y entre Chihuahua y Oaxaca hay un diferencial de 80 puntos. Probablemente se trate de una deficiencia en innovación que le confiera bajo valor a los productos agropecuarios en las entidades del sur (véase gráfica 1). Sin duda, los pro ductos que han sido afectados por plagas y enfermedades desmerecen en la aceptación y en el valor de la producción de la entidad. En la proporción concerniente al total de la superficie innovada con fertilización química, Chihuahua manifiesta el mayor porcentaje (92.21 por ciento). Le siguen muy de cerca (90.46 por ciento) Michoacán y Puebla (69.68) en orden decreciente. Yucatán es la entidad con más baja proporción (10.17), seguida de San Luis Potosí (30) y Oaxaca (43 por ciento). La producción de maíz y forrajes en Chihuahua son los consumidores principales de ferti lizantes, en tanto que en Michoacán son el aguacate y la producción de frutos rojos (berries) (véase gráfica 2).

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Gráfica 2 Proporción de superficie sembrada por entidad con cobertura por componente de fertilización química

Chihuahua

Michoacán

Yucatán 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Puebla

San Luis Potosí

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Durango Guerrero

Fuente: Elaboración propia con datos de Sagarpa (2013).

Si se considera un análisis complementario, puede observarse que el maíz es el cultivo que mayor superficie ocupa en Chihuahua y que presenta los más altos rendimientos (8.5 tons/ha); una razón de ello puede ser que es la entidad que mayor superficie ha innovado con el componente fertilización química. Si bien Chiapas también tiene el maíz, es el cultivo más extendido pero con rendimientos de los más bajos entre los 10 estados considerados. El rango entre la expresión más alta (Chihuahua) y la más baja (Yucatán) es del orden de 80 puntos porcentuales, lo cual ratifica la presencia de severas asimetrías. En el componente de semilla mejorada, nuevamente es Chihuahua la entidad con la más alta expresión (89 por ciento) seguida de Michoacán (85) y Durango (75). Por otro lado, es Oaxaca la entidad con la más baja expresión (13 por ciento) seguida de Yucatán (23.8) y Chiapas (33.5). Al examinar los rendimientos promedio de los cultivos más relevantes en esas entidades, se aprecia que son consecuencia de utilizar principalmente semillas criollas (véase gráfica 3). Por ende, será determinante hacer esfuerzos significativos para que productores y campesinos de dichas entidades se integren progre sivamente a los programas de incorporación de semilla mejorada. Sin duda, esta labor será transversalmente condicionada por usos y costumbres propios de las regiones de esas entidades con alto componente de productores indí-

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Gráfica 3 Proporción de superficie sembrada por entidad con cobertura de semilla mejorada

Chihuahua

Michoacán

Oaxaca 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Durango

Yucatán

Chiapas

Puebla

Guerrero

San Luis Potosí Veracruz

Fuente: Elaboración propia con datos de Sagarpa (2013).

genas y por sus posibilidades económicas. Un papel central cumple la opor tunidad de los apoyos (Procampo-Proagro), pues suponen recursos necesa rios para la adquisición de semillas mejoradas, pero ante la incertidumbre las prácticas locales llevan a sembrar semillas criollas. De modo reiterado, se generaliza el comentario acerca de la falta de oportunidad de ese apoyo en tiempo y forma. Disociar los apoyos de actos y estrategias de orden político, como el posicionamiento de candidatos, es un imperativo. Esta perniciosa práctica ha deteriorado en forma severa el ánimo de los productores. En el componente asistencia técnica, del total de la superficie innovada, Chihuahua alcanza la mayor proporción (73.96 por ciento) y a poco más de 30 puntos porcentuales (40.73) le siguen Michoacán y Veracruz (35), Oaxaca (11.10 por ciento), Puebla (12.74) y Guerrero (17) aparecen con superficie innovada por asistencia técnica con las más bajas expresiones (véase gráfica 4). Sobresalen Chiapas (26 por ciento) y Yucatán (29), que al contar con otros componentes demasiado deprimidos, ahora son los que ocupan una posición intermedia. ¿Qué sentido tiene contar con una alta superficie con asistencia técnica si no hay semilla mejorada ni fertilización? Éstas son nuevamente las manifestaciones de las asimetrías en los componentes de innovación, que se refleja en la calidad de los productos, los rendimientos promedio por hectárea y el valor de la producción.

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Gráfica 4 Proporción de superficie sembrada por entidad según cobertura por asistenia técnica

Chihuahua

Michoacán

Oaxaca 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Veracruz

Puebla

Guerrero

San Luis Potosí

Durango

Chiapas Veracruz

Fuente: Elaboración propia con datos de Sagarpa (2013).

Para el componente superficie mecanizada, Chihuahua (93.6 por ciento), Durango (89) y San Luis Potosí (85) representan las tres entidades del grupo en cuestión con la más alta expresión (véase gráfica 5), mientras que Yucatán (3.3 por ciento), Chiapas (21.45) y Oaxaca (49.5) son los más bajos en super ficie mecanizada. De la discusión anterior, no es complicado observar que Chihuahua, Mi choacán y Veracruz son las tres entidades que de manera consistente se ubican en los tres primeros lugares, lo que les confiere ser las tres entidades más congruentes, pues ostentan una relativa proporcionalidad estable de un com ponente a otro. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis descriptivo de los tres prin cipales cultivos para un horizonte de 10 años (2004-2013) por el valor de la producción; se encontró que en Chiapas es el maíz el cultivo principal, se guido por el café cereza y los pastos. En Chihuahua, el maíz para grano, la nuez y la manzana se alzan como los cultivos fundamentales. Durante los últimos tres años, el algodón emerge como otro cultivo importante en la en tidad. En Durango, los cultivos centrales son frijol, alfalfa en verde y maíz de grano seguidos por la avena forrajera. En Guerrero, el maíz de grano, el mango y los pastos son los principales aportantes al pib. En Michoacán, sin duda el aguacate, el maíz de grano y la zarzamora son los más relevantes por el valor de la producción. En Oaxaca, el maíz de grano, junto con los pastos y la

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Gráfica 5 Proporción de superficie sembrada por entidad con cobertura por mecanización

Chihuahua

Durango

Yucatán 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

San Luis Potosí

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Veracruz Puebla

Fuente: Elaboración propia con datos de Sagarpa (2013).

caña de azúcar, son los cultivos más destacados. En Puebla, el maíz de grano, el café cereza y la caña de azúcar son los que resaltan por su aporte al pib del sector. En San Luis Potosí, son la caña de azúcar, el chile verde, la alfalfa verde, los pastos y el tomate los más trascendentales por su aporte económico. En Veracruz, la caña de azúcar, el maíz de grano, la naranja y la piña son los cultivos más esenciales. Finalmente, en Yucatán, los pastos y a gran distancia el maíz de grano y la naranja son los principales cultivos. Los resultados de este trabajo se presentan en una secuencia que facilita el entendimiento de la expresión de los componentes de innovación, así como los tres sistemas-producto más significativos en las entidades estudiadas; dentro de los sistemas-producto sobresale el maíz de grano, según su apor tación al pib. También permiten identificar los componentes más recurrentes por región, así como aquellos que muestran rezago generalizado, como en acciones fitosanitarias y asistencia técnica. Las superficies mecanizada y fertilizada son dos componentes de inno vación que en términos absolutos resultaron más importantes, lo que sugiere un cambio de paradigma en los sistemas productivos que podría asociarse con la orientación de la política rural en México. El cambio podría dirigirse en el sentido de promover más prácticas de acciones fitosanitarias, como el control biológico, por encima de la adquisición costosa e indiscriminada de agro químicos, lo cual representa un contrapeso a la esperada rentabilidad de la actividad.

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Al revisar los cinco componentes de innovación por región, es factible identificar que Chihuahua es el que mayor superficie involucra; además, la superficie mecanizada es la más relevante, aunque la asistencia técnica muestra mayor rezago. Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla son los que menos se involucran o que se encuentran mayormente rezagados en el uso de tecnología. Yucatán es un caso atípico, pues la superficie con asistencia técnica apenas supera las 130 mil hectáreas; sin embargo, es importante considerar las características de los suelos en la península y su origen, por lo que no es viable la comparación tácita. Los resultados preliminares permiten identificar que hay componentes que son consistentes, como la superficie mecanizada y la superficie fertilizada. La excepción en mecanización es Yucatán por la naturaleza de sus suelos. No obstante, se percibe una importante necesidad de aumentar las acciones fi tosanitarias, la asistencia técnica y el uso de semilla mejorada. Dos de esos componentes demandan un esfuerzo económico grande por parte de pro ductores. En tal sentido, es pertinente plantear el diseño de estrategias de apoyo que ayude a resolver dichas circunstancias; implícitamente está la idea de apoyos diferenciados según las condiciones imperantes por entidad y sus regiones. La asistencia técnica es un componente que debería mostrar una mejor expresión; sin embargo, no es así. De ahí la necesidad de recuperar la idea del servicio de extensión agrícola, que hoy trata de ser cubierto a través de la figura de prestadores de servicios profesionales (psp). Por la baja expresión del indicador, se sugiere revisar la orientación de los programas, puesto que los resultados revelan que las asimetrías productivas son el reflejo de la hete rogeneidad en la oportunidad de los apoyos y su aplicación. Se insiste en que esta expresión se halla permeada también por la poca oportunidad de los recursos que aportan los programas (Proagro, Progan). Los ciclos y la fenología de los cultivos no esperan la oportunidad política. Expresión de componentes de innovación por Centro de Apoyo al Desarrollo Regional (Cader)

En la idea de presentar un mayor grado de profundidad en el análisis, la grá fica 6 se elaboró con la información oficial (Sagarpa, 2013); se tomó el criterio de seleccionar los Cader que aportan el mayor porcentaje (80 por ciento) del pib al valor de la producción del sector en la entidad. Sólo se presenta el caso de Chihuahua para evidenciar que aún dentro del estado hay variabilidad severa en la expresión de los componentes de innovación. Ésta es resultado también de la variabilidad de tipo de suelos, clima, altitud, disponibilidad

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de agua, siniestralidad, entre otros, lo que nuevamente obliga a ir más allá de las promesas que se establecen en los programas de gobierno para partir de realidades y en función de ellas rediseñar la gama de programas que ameritan las difíciles condiciones que imperan en la inmensidad del campo mexicano. El uso de poderosas herramientas informáticas debe ser un elemento central en el rediseño de programas. Gráfica 6

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

A So náh to u M ac áy La nez J Ah unt Bu um a en a av da en tu O ra jin ag D a C us elic ih ia s ui Ta riac ba hi lo ap Ja a n Sa os uc As ill ce o n C ción am Vi a lla rgo Ló M pez Ri ata va ch P i G ua G alac io da ua lu ch pe oc y hi C a Al lvo da m B G ach a en in C era iva as l as Tr G ias ra nd es

Porcentaje

Chihuahua. Proporción de superficie agrícola atendida por cada componente de Cader, 2013

Asis Tec

Fertilizada

Fitosan

Mecanizada

Sem mejorada

Fuente: Elaboración propia con datos del Sagarpa (2013).

En Chihuahua (véase gráfica 6) se observa la gran heterogeneidad en el comportamiento de los componentes de innovación en agricultura. Los Cader de Anáhuac y Soto Máynez son sin duda los más significativos en uso de se milla mejorada y superficie mecanizada. Los de La Junta, Ahumada y Riva Palacio siguen relativamente a los primeros. De ellos, La Junta es el Cader con mayor equilibrio, una condición deseable en los demás. Empero, como habrá de ocurrir en las demás entidades, los indicadores son realmente el reflejo de condiciones locales que determinan mucho de lo que los campe sinos o productores están dispuestos a invertir para equilibrar los componentes de innovación. Por su amplitud en superficie, muestra su gran heterogeneidad y, por lo tanto, un reto mayúsculo si se pretende buscar equilibrios en las regiones dentro del estado, pues las condiciones de suelo, topografía y clima son de igual modo heterogéneas. Desde la sierra hasta el valle hay suelos en extremo cambiantes que manifiestan el conocido fenómeno de variabi lidad universal.

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Adicionalmente, se identificaron los tres cultivos que mayor aportación hacen al pib del sector en cada entidad. El resultado expone que en las enti dades consideradas, el maíz es el cultivo dominante por superficie y valor de la producción, de forma tal que es posible repensar lo que ha ocurrido con los paquetes tecnológicos diseñados por las instituciones de investigación en el sentido de indagar sobre las desviaciones entre la recomendación técnica y la práctica real del campesino. El cultivo de maíz ocupa cerca de 40 por ciento de la superficie cultivada (véase gráfica 7). A poco menos de 30 puntos porcentuales de la superficie cultivada, los pastos ostentan el segundo lugar en la superficie cultivada en las entidades analizadas, pero lo interesante del gráfico es la tendencia en la superficie cultivada con cada especie. En 10 años esa superficie luce invariante. ¿Hay otro enunciado con la conversión pro ductiva? Los campesinos no cambian el interés por cultivar maíz porque saben que aun en las condiciones más adversas, al menos con este cultivo “tienen algo para comer”. Gráfica 7 México: superficie total sembrada. Principales cultivos (cíclicos y perennes, 2004-2013)

2013

2012

0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05

2004 2005

2006

2007

2011

2008

2010

Maíz grano Pastos Sorgo grano Frijol Avena forrajera Café cereza Caña de azúcar Trigo grano Maíz forrajero Alfalfa verde

2009

Fuente: Elaboración propia con datos de Sagarpa (2013).

La heterogeneidad sólo en este cultivo es tal que en Chihuahua los rendimientos oscilan desde 450 kg/ha en temporal hasta 11.8 ton/ha en riego, mientras que en Chiapas los rendimientos en temporal fluctúan entre 1.2 y 4.72 ton/ha. El segundo y tercer cultivo varían de una entidad a otra. Mientras que en Chiapas son los pastos y el café cereza, en Chihuahua son la nuez y la manzana. En Durango, el cultivo más relevante es el frijol,

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seguido por la alfalfa y el maíz de grano. Esta situación exhibe la diversidad en la respuesta y obliga a solicitar la creación de programas plenamente di ferenciados según la vocación productiva de las regiones del país. El contexto del sector agroalimentario en México, como en otros países que basan sus economías en la producción primaria, luce incierto y el problema se agrava cuando la percepción de la incertidumbre es creciente con el paso del tiempo. Los cambios en los precios de los productos, la reconversión pro ductiva promovida a fin de orientar los esfuerzos hacia productos con la ca lidad que el mercado demanda, ha provocado el desplazamiento de campe sinos y productores que no son capaces de asimilar los cambios y adaptarse a las nuevas exigencias, ya sea por razones de orden ambiental, económico, cultural o tecnológico, tal como lo menciona Sagasti (2011). Los cambios se presentan a una velocidad inusitada, lo que deja a la deriva a aquellos que por la práctica de usos y costumbres no tienen la posibilidad de aceptar nuevas propuestas y con ello corresponder a las exigencias de los consumidores. Es el caso de las entidades con una población numerosa de productores indí genas, en especial en las regiones del sur y sureste. En tal contexto se discute el tema de la innovación y la sustentabilidad de las actividades del campo. Estos elementos en el ámbito empresarial influyen en procesos de diferenciación y acceso a oportunidades de posicionamiento en el mercado. En cuanto al sector agroalimentario, no hay distinciones. El problema es el traslado de manera acrítica desde un medio empresarial en el que surge la acepción del concepto y su maduración progresiva hacia un medio en el que los procesos no se hallan en su totalidad en el dominio de los productores. Así, cuando los productores están expuestos sobre todo en sistemas-producto como maíz, frijol y chile, que se cultivan a cielo abierto y ante las manifestaciones de la naturaleza, poco pueden hacer; factores incontrolables determinan su suerte productiva. Es en este nivel en el que se encontraron expresiones de ciertos componentes identificados que lucen incipientes (acciones fitosanitarias), pero que se ubican en zonas con potencial para transformar algunos de sus procesos. Por lo tanto, el tema de innovación no asegura de manera inmediata la sustentabilidad de las actividades, como lo indican Díaz y Hartley (2006). La iniciativa debe ser acompañada por políticas sectoriales que tomen en cuenta las cadenas globales. Al ser consideradas la innovación y la sustentabilidad como procesos de largo aliento, sus componentes se irán incorporando en la medida en que los productores vean, a partir de ejemplos de sus pares, los resultados de las innovaciones y el sentido de la sustentabilidad. Una ventana de oportunidad externa a lo que hasta aquí se ha estudiado es la referente

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a la existencia de fondos de riesgo que apoyen a productores y promuevan realmente la conformación de un ecosistema de innovación sustentable que sea soporte de las ideas y que albergue la experiencia de productores para que surjan los puntos de apoyo que revolucionen el sector. El sistema de Pres tación de Servicios Profesionales fomentado a través de la Sagarpa, debe ser repensado, en virtud de no contar con absoluta certeza con su efectividad. Replantear la idea del retorno del extensionismo ya conocido en México no es algo remoto y mucho menos fuera de contexto. Gráfica 8 Agrupamiento de las entidades según superficie cultivada, superficie cosechada y valor de la producción Agrupamiento de entidades 2013 Aglomeración método de Ward

40 30 20 10

San Luis Potosí

Guerrero

Yucatán

Durango

Puebla

Michoacán

Chihuahua

Oaxaca

Veracruz

0 Chiapas

Distancia euclideana al cuadrado

Fuente: Elaboración propia con datos de Sagarpa (2013).

Por último, se llevó a cabo un agrupamiento bajo la técnica multivariada Análisis de conglomerados. Con la medida Distancia euclideana al cuadrado y el procedimiento de agrupación de Ward, se encontró que en las variables superficie cultivada, superficie cosechada, superficie siniestrada y valor de la producción, se identifican cuatro conglomerados, con datos de 2013: el pri mero lo conforman Chiapas, Veracruz y Oaxaca; el segundo, Chihuahua, Michoacán, Puebla; un tercer conglomerado, Durango y Yucatán; y el cuarto, Guerrero y San Luis Potosí. El resultado muestra que es factible formar grupos de entidades que por sus indicadores se configuren con bastantes caracterís ticas en común. Con base en esa información es posible rediseñar programas de alto grado de especificidad.

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Conclusiones

De acuerdo con los componentes de innovación identificados por entidad y su grado de incidencia por el número de hectáreas incorporadas a la agricul tura, destaca un rezago general, principalmente en las regiones sur y sureste del país. El trabajo de campo realizado de manera complementaria a la con sulta de bases de datos puede evidenciar lo expuesto; el argumento señalado con mayor frecuencia por productores es la falta de recursos económicos, la idiosincrasia del productor y su casi nula visión empresarial; observan la caída de la productividad y ven riesgo en la sustentabilidad de sus activi dades. La orientación y la generalidad de los programas de impulso al de sarrollo del sector agroalimentario en todo el país ratifican a su vez un pater nalismo exacerbado que poco abona para generar nuevas visiones en la actividad; aunque es fundamental innovar, se ve más como un gasto, no como inversión y en consecuencia la sustentabilidad se observa lejana. La pregunta pendiente entonces es: ¿para qué hacer cosas nuevas, distintas en el campo si, al final, los intermediarios determinan cuánto vale mi esfuerzo y mi cosecha? Es una aseveración categórica que externan campesinos y productores agro pecuarios, por lo que no es posible articular el análisis parcial; debe hacerse un esfuerzo desde la interdisciplina para dimensionar los vértices de esta compleja figura geométrica que es el campo mexicano con su baja aceptación de innovación y la tenue percepción de sustentabilidad. Lo grave es que conforme este fenómeno se acentúe en el campo, la degradación del suelo y los ecosistemas en general abonarán a la ya de por sí severa dependencia de nuestro país en términos de alimentos, para una población creciente pero empobrecida. Fuentes consultadas

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Índice

Introducción Guadalupe Margarita González Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Primera parte Globalización, crisis y alternativas al desarrollo

Tres formas de ecología política Darcy Tetreault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La emergencia de dos formas de ecología política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecología política latinoamericana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materialismo versus idealismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La tercera forma de ecología política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 14 20 23 26 29 30

Discursos y saberes sustentables latinoamericanos

Carlos Mallorquín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Preámbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posesión en separación y la constitución de los agentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palabras finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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¿Qué explica la persistencia del modelo primario exportador latinoamericano entre 1850 y 2015? James Martin Cypher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

El frágil cambio paradigmático a la industrialización dirigida por el Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El auge de las materias primas en el siglo xix: contexto social y consecuencias económicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El auge de las materias primas del siglo xxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plus ça change, plus c’est la même chose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 62 66 67 69

El banquete del capital rentista: territorios devorados y economías de enclave

Humberto Márquez Covarrubias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Un punto sin retorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluidez y territorialidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concentración e hipertrofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pretéritas ofensivas territoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emigración compulsiva de capitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuerza gravitacional de la decadencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lo fugitivo permanece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En las orillas del mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secular transferencia de excedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El monstruo que come tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En defensa del territorio y de la vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 76 78 79 81 82 83 86 87 88 93 96

Desarrollo y resistencia en el crepúsculo de la época neoliberal

Henry Veltmeyer Édgar Záyago Lau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del Consenso de Washington al nuevo desarrollismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nueva geoeconomía del capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neodesarrollismo y neoextractivismo: reflejos desde Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acumulación por desposesión ¿hacia la apropiación del bien común? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Crisis del capitalismo ¿Fin de las soberanías económicas? Víctor López Villafañe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La crisis de la deuda de la década de 1980 en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crisis económicas y respuestas comparadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elección de las políticas económicas en el entorno de crisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estado, elección de políticas económicas y representación política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formación de coaliciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crisis económica y el papel del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La teoría económica de las crisis del capitalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El papel de la ciencia económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115 118 120 122

124 125 126 130 132 135 137

Segunda parte Desarrollo, migración y movimientos sociales

Migración forzada, desarrollo desigual e imperialismo. Una mirada desde el pensamiento crítico y la experiencia mexicana

Raúl Delgado Wise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 El contexto de reestructuración capitalista bajo la égida neoliberal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desarrollo desigual y reinserción de las periferias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El nuevo rostro de la movilidad humana: la migración forzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lecciones de la experiencia del corredor migratorio México-Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A manera de conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142 146 147 150 157 159

Memorándum para el poder popular. Migración, precariedad y nuevos movimientos sociales en el postapartheid en Sudáfrica Carl-Ulrik Schierup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Trabajo no libre como un legado colonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Del fordismo racial a la precariedad neoliberal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

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Vicisitudes de la flexplotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enigma de la xenofobia, ¿vértigo del apartheid o precariedad del presente? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿A dónde se dirige la revolución inconclusa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172 177 181 188

Del fetiche a lo común. Redimensionando los movimientos ciudadanos por la protección del patrimonio cultural

Guadalupe Margarita González Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Movimientos sociales urbanos, nuevos movimientos sociales y nuevos movimientos ciudadanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Renta monopólica de la identidad cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 De lo público a lo común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Reflexiones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Ciudad y desarrollo sostenible en América Latina José Déniz Espinós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La ciudad, más que un lugar para vivir y trabajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La ciudad en la agenda y estrategia pública de desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbanización y desarrollo sostenible en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curitiba: ¿un modelo de desarrollo sostenible? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reflexiones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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La experiencia de las ong y los sindicatos en la concepción del riesgo de las nanotecnologías

Guillermo Foladori Noela Invernizzi Édgar Záyago Lau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concepción del riesgo para diferentes sectores sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relaciones técnico-materiales y relaciones sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La experiencia histórica en la concepción de riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Una mirada crítica al mundo de las microfinanzas

Roberto Soto Esquivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visión rentista de las microfinanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mirada crítica al microcrédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mujeres como sujetos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usura, crisis y desigualdad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Inconsistencias de la sustentabilidad e innovación en el sector agroalimentario de las regiones sur y sureste de

México

Óscar Pérez Veyna Elivier Reyes Rivas Karla Viridiana Rosales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La innovación en el sector agroalimentario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La sustentabilidad en el sector agroalimentario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expresión de componentes de innovación por Centro de Apoyo al Desarrollo Regional (Cader) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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De la obra Privatización de los bienes comunes. Discusiones en torno a la sustentabilidad, precarización y movimientos sociales, el proceso editorial se terminó en la Ciudad de México durante el mes de marzo del año 2017. La edición impresa sobre papel de fabricación ecológica con bulk a 80 gramos, estuvo al cuidado de la oficina litotipográfica de la casa editora.

ISBN 978-607-8368-46-4 uaz ISBN 978-607-524-123-4 map