C. GESTIÓN POLÍTICA
AMBIENTAL A PARTIR DE 1990
1. MARCO JURÍDICO LEGAL
instituciones responsables de la gestión ambiental: INAB, CONAP, CONAMA, MARN (Cuadro 5). Con el propósito de mejorar la calidad ambiental, la dinámica de los cambios jurídicos e institucionales fue fortalecida con la firma de los Acuerdos de Paz (Recuadro 6), fundamentalmente con tres de ellos, que se encuentran directamente ligados al uso de los recursos naturales y al ambiente, especialmente los que aspiran a mejorar la calidad de vida de la población [MARN/INAB/CONAP, 2001].
La gestión ambiental propiamente dicha se inició en 19861 con la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Es sólo a partir de la aprobación de la Ley de Áreas Protegidas y la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), que se da impulso a la declaración de áreas protegidas con el propósito de realizar conservación in situ de áreas de enorme valor natural y estratégico para el país. La legislación en Guatemala en materia de ambiente ha sido vasta; desde 1930 se calcula que se han emitido más de 1,200 disposiciones jurídicas, distribuidas en diversos cuerpos legales [IDEADS, 1999b]. Estas normas han sido emitidas por diferentes instancias, fundamentalmente la Presidencia de la República, los Ministerios de Estado y las municipalidades del país, entre otros. Se encuentra plasmada en tres tipos de instrumentos: la Constitución Política, leyes y códigos y los reglamentos. A partir de 1986 se incrementó la emisión de normas y reglamentos vinculados al ambiente: Ley de mejoramiento del medio ambiente, Ley de áreas protegidas, Ley forestal, modificación a la Ley del Organismo Ejecutivo para la creación del Ministerio del Medio Ambiente, Ley de reservas de la nación, entre otras. Esto produjo una serie de cambios en el marco jurídico ambiental. Estas leyes han reorganizado la institucionalidad del país, creando nuevas
Recuadro
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MARCOS DE POLÍTICA EN MATERIA AMBIENTAL, 2000 l l l
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1. Desde 1920 se promulgaron normas para regular el uso del bosque, pero fue hasta 1986 cuando se introdujo el concepto de ambiente de una manera más integradora.
La Política agraria y sectorial 1998-2030 elaborada por el MAGA, en consulta con el CONADEA y otros sectores vinculados al agro guatemalteco. La Política forestal, elaborada con la participación de una amplia gama de grupos interesados en el desarrollo forestal entre 1992 y 1999. La Política del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, producto de 10 años de sistematización de experiencias, consultas regionales y evolución de una nueva visión sobre el rol de las áreas protegidas para el desarrollo de Guatemala. La Estrategia nacional para el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad; política interinstitucional e intersectorial para orientar, coordinar y ordenar las acciones de los principales actores públicos y privados relacionados con el uso y conservación de la biodiversidad nacional.
Fuente: SOCODEVI, 2000.
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Capítulo I: Panorama biofísico y sociocultural de Guatemala
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En los últimos años, se han presentado cuatro problemas fundamentales en la aplicación de la normativa en el tema ambiental: a) La debilidad en la administración de la justicia; b) La insuficiencia de recursos humanos y recursos financieros asignados a las instituciones; c) La carencia de precisión de las leyes y la falta de reglamentos básicos, que reduzcan la discrecionalidad y mejoren la eficacia de la legislación para detener la degradación del medio ambiente; y
Recuadro
6
ACUERDOS DE PAZ VINCULADOS CON EL AMBIENTE
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Acuerdo para el reasentamiento de poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Incluye criterios para la selección de tierras según el potencial agro ecológico, precio, sostenibilidad de los recursos naturales renovables y servicios existentes. Relaciona la producción con el manejo sostenible de los recursos. Acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Incluye la promoción de la ciencia, innovación tecnológica y el principio de conservación del ambiente. En cuanto a la tierra se contempla la necesidad de administrar de manera sostenible los recursos naturales con una concepción propia de la población indígena. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Es el acuerdo que más menciona la relación que debe existir entre el ambiente y los recursos naturales; plantea la necesidad de impulsar una estrategia integral que incluya la tenencia de la tierra, uso de los recursos naturales renovables, sistemas y mecanismos de crédito, procesamiento y comercialización; legislación agraria y seguridad jurídica, relaciones laborales, asistencia técnica y capacitación; sostenibilidad de los recursos naturales y organización de la población rural.
d)
La ausencia de instrumentos económicos que motiven cambios de conducta y aceptación de las normas y regulaciones.
Además, se observan vacíos que impiden acciones integrales y coherentes en la protección de los recursos naturales que están sujetos a degradación. Éste es el caso de los recursos suelo y agua, cuyo uso se encuentra normado por una serie de instrumentos legales, de diversa índole y jerarquía, que presentan vacíos reguladores y en la práctica son de difícil aplicación. En los últimos cinco años se han propuesto varios proyectos de Ley de aguas y de Ley de suelos, los cuales no han pasado de las etapas de elaboración técnica y consulta [SNU, 2000]. El IDEADS [1999b] ha realizado una recopilación completa de los instrumentos legales, algunos de los cuales (19 Leyes y 7 Reglamentos) se listan el Cuadro 5. En algunos casos se presentan traslapes entre las diferentes regulaciones en materia de recursos hidrobiológicos, hay duplicidad de roles asignados en distintas leyes al MAGA y el CONAP; de igual manera se destacan los casos de traslapes entre las leyes que crean las autoridades de los lagos y la Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, así como la Ley forestal. La institucionalidad ambiental pertenece a distintos ámbitos: i) Sector gubernamental; ii) Sector privado (empresarial productivo y empresarial de servicios); iii) Sector privado no lucrativo (organizaciones no gubernamentales); iv) Sector municipal; v) Sector académico; vi) Organismos internacionales; vii) Organismos o instancias mixtas de coordinación, dirección o financiamiento. La institucionalidad ambiental del país es relativamente reciente. Tradicionalmente el MAGA fue la instancia responsable de atender lo relativo a los subsectores agrícola, pecuario, forestal e hidrobiológico. Es bien conocida la contradicción de muchas políticas establecidas en el pasado e impulsadas por el MAGA, debido a la necesidad de conservar grados socialmente deseables de biodiversidad y utilización sostenida de los recursos naturales. Recientemente,
Gestión política ambiental a partir de 1990
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Cuadro 5 INSTRUMENTOS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL E INSTITUCIONES RESPONSABLES EN GUATEMALA Instrumento
Institución rectora
Constitución Política de la República
Corte de Constitucionalidad
Leyes y códigos Ley de fumigación Ley que reglamenta piscicultura y pesca Ley de transformación agraria Ley general de caza Código penal ○
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1932
MAGA MAGA
1970 1973 y 1996
CONAP
Corte Suprema de Justicia ○
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Ministerio de Energía y Minas CONAMA ○
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CONAP INAB ○
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Ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos Código de salud Ministerio de Salud Publica Ley de minería Ministerio de Energía y Minas Ley del Organismo Ejecutivo (funciones del MAGA y del MINSALUD) Ley de sanidad vegetal y animal MAGA Reglamentos Reglamento general de la Ley de hidrocarburos Reglamento de requisitos mínimos y límites máximos de contaminación para la descarga de aguas servidas Reglamento de la Ley de áreas protegidas Reglamento de la Ley de Consejos de desarrollo Urbano y Rural Reglamento de la Ley forestal ○
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Ministerio de Energía y Minas
1983
CONAMA
1989 1990 1987 1997
INAB ○
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Reglamento (normativo) para el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento y manejo de recursos naturales renovables en la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de Biosfera Maya CONAP Reglamento de aprovechamiento del mangle fuera de áreas protegidas INAB Reglamento sobre registro, comercialización, uso y control de plaguicidas agrícolas y sustancias afines MAGA
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1997 1997 1997 1997 1998
CONAP
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1988 1989, 1990 y 1993 1989 y 1996 1994 1996
ANAM
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1974 1983 1986 1987
MAGA
Código municipal Ley del Organismo Judicial Ley de áreas protegidas Ley orgánica del Ministerio Público Ley forestal ○
31-05-1985
MAGA
Ley reguladora sobre importación, elaboración, almacenamiento, transporte, venta y uso de pesticidas Ley de hidrocarburos Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural ○
Fecha del instrumento
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1998 1998 1990
Fuente: IDEADS , 1999b; SOCODEVI , 2000.
el MAGA ha reorientado su rol y la reciente Ley del Organismo Ejecutivo le asigna responsabilidades nacionales en la coordinación del tema ambiental al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
La variedad de formas de gobierno en las instituciones responsables de la gestión ambiental requiere de un alto compromiso de sus dirigentes para asegurar una apropiada coordinación. Sin duda alguna, la modalidad de las juntas directivas con fuerte
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Capítulo I: Panorama biofísico y sociocultural de Guatemala
participación de organizaciones de la sociedad civil, constituye un mecanismo que ha demostrado grandes bondades para el fortalecimiento de la institucionalidad (caso del INAB). El sector privado muestra señales que parecen indicar una mayor preocupación por la internalización de la gestión ambiental en sus actividades productivas. Se ha creado al interior de sus organizaciones unidades ambientales que ya interaccionan y participan en distintos foros o espacios formales de participación de la sociedad civil. Sin duda alguna el sector privado demandará el establecimiento de reglas claras y estables y una mejor coordinación de la institucionalidad ambiental.
2. TRATADOS INTERNACIONALES Y AMBIENTALES RATIFICADOS POR GUATEMALA
Hasta 1999 en Guatemala estaban vigentes 46 tratados internacionales ambientales. Los tratados internacionales ratificados por Guatemala se integran automáticamente en la normativa nacional, pero en muchos casos, los compromisos contraídos a través
de los convenios internacionales requieren, para su plena operatividad, de la adopción e implementación de normas y medidas de carácter instrumental. En materia de protección de la biodiversidad, la Ley de áreas protegidas estipula que el CONAP está encargado de planificar y coordinar la aplicación de los instrumentos internacionales en la materia; sin embargo, en muchos casos, la distribución de competencias para el seguimiento de un tratado internacional es confusa. De manera general, las instituciones competentes para la ejecución de los compromisos internacionales en materia ambiental son el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el CONAP, el MAGA y como parte de este último el Instituto Nacional de Bosques, INAB [IDEADS, 1999a].