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Empresas víctimas de la
DIARIO GESTIÓN E n el Perú, al menos una de cada cuatro empresas (27.5%) ha sufrido algún tipo de delito en el periodo de un año, concluye la Encuesta Nacional de Victimización a empresas 2019, elaborada por el INEI.
Los delitos más frecuentes fueron robo o hurto (14.1%), estafa o fraude (8.4%), intento de robo (7.7%), corrupción (4.8%) y extorsión (4.5%), según el estudio de información correspondiente al periodo setiembre del 2018 - agosto del 2019. De acuerdo con el estudio que recoge información de 15,547 empresas, los departamentos con mayor victimización de empresas fueron Lambayeque (45.7%), La Libertad (42.6%), Huancavelica (40.7%) y Junín (40.5%)
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En los casos de empresas víctimas de robos o hurtos, los bienes robados predominantemente fueron: Mercancía por parte de los clientes (31.1%); Dinero tarjetas de crédito o cheques (24.8%); Equipos electrónicos (23.6%); Maquinaria o equipo industrial (14.6%); Vehículos (13.3%) y Mercancía por parte del personal (12.3%)
Corrupción en empresas De cada 100 empresas, cinco estuvieron involucradas en actos de corrupción, y el 67.3% de ellas señalaron que estos actos comprometían a funcionarios municipales, 35.1% a miembros de la Policía Nacional y 12.1% trabajadores de la Sunat.
Al sufrir extorsión, el 29% de las empresas accedió a las exigencias de los criminales, mientras el 71% optó por no entregar lo que se les pedía. El departamento con mayores índices de extorsión es La Libertad (20.3%), seguido de Lambayeque (13.6%) y Moquegua (12.8%)
Cerca de la mitad (48.8%) de empresas víctimas de algún tipo de delitos pertenecen al rubro de Comercio al por mayor y menor. Le siguen en incidencia las empresas de Industrias manufactureras (11.5%) y Transporte y almacenamiento (10.6%)
En la mayoría de los casos, las empresas deciden no hacer ninguna denuncia de los delitos sufridos (63.8%) y solo 35.1% sí tomó estas acciones. Lamentablemente, entre las empresas que denunciaron los delitos sufridos, el 77% declara que no sucedió nada, el 15.4% señala que su denuncia se encuentra en proceso y solo 5.5% recuperó sus bienes.
13 28 de cada 100 Empresas fueron víctimas de delincuencia en el último año
Delincuencia y PBI
SEGURIDAD CIUDADANA Mucho se ha escrito sobre las dificultades que enfrentan las autoridades para combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) agrega un tema al debate: el costo de este delito para la economía. Se trata de un primer intento para medir qué porcentaje del PBI se pierde por culpa de los robos, asaltos, violaciones, secuestros y homicidios en América Latina y el Caribe
En el caso del Perú, el costo asciende a US$ 10,325 millones, equivalentes al 2.77% del PBI, medido según la paridad del poder adquisitivo. Esa cifra equivaldría a la cuarta parte de nuestras exportaciones anuales y también se acerca a la cuarta parte del presupuesto público. En otras palabras, la economía peruana registra pérdidas significativas ocasionadas por la delincuencia que, por ejemplo, son mucho más elevadas que las causadas por la corrupción (US$ 3,000 millones, según la Contraloría). El estudio del BID aplica el método de pérdidas y gastos (método contable) y considera el ingreso perdido por las víctimas de la delincuencia y de los encarcelados por la justicia, el gasto en seguridad de empresas privadas formales y familias, y el gasto público en vigilancia, juzgados penales y cárceles. Si se suman costos indirectos, como las inversiones que se dejan de ejecutar, el costo sería mayor
Si bien otros países de la región salen peor parados, mal haríamos en compararnos, pues estamos hablando de un problema que afecta directamente a la población y con riesgo de profundizarse. Además, el BID proporciona datos puntuales alarmantes: El Salvador y el Perú son los países con el segundo mayor costo de victimización por asaltos, violaciones y robos
Mientras el Gobierno intenta combatir la inseguridad con nuevas normas legales, no existen propuestas para prevenir la delincuencia, es decir, para reducir las causas socio económicas que favorecen su aparición como la falta de empleo, y la grave situación de las cárceles, que en realidad funcionan como escuelas del crimen y que presentan niveles de hacinamiento inaceptables.