37 minute read
RENDICIÓN DE CUENTAS Karime Macías desvió 224.3 millones del DIF con 32
La trianguación de la exesposa de Javier Duarte incluyó empresas fantasma y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Algunos de los derroches, en compras en Estados Unidos, estancias en lujosos hoteles de Beverly Hills, renta de limusinas, visitas a Disneylandia y Estudios Universal, entre otros excesos
Advertisement
MIGUEL BADILLO
La prófuga de la justicia mexicana Karime Macías Tubilla, sujeta a proceso de extradición desde Inglaterra, habría constituido 32 empresas fachada para desviar 224 millones 25 mil 477.20 pesos del DIF del estado de Veracruz en el periodo en que ella fue presidenta de ese Patronato.
El esquema financiero que planeó -similar a otras operaciones empleadas para blanquear capitales- le sirvió para constituir, con varios cómplices, 32 empresas fantasma para que el DIF estatal les asignara contratos por servicios que nunca realizaron. Posteriormente, el Patronato les pagaba cientos de millones de pesos del erario de Veracruz; luego, esas empresas triangulaban los recursos a cuentas bancarias de otras personas morales con el propósito de ocultar el origen del dinero. Después, estas empresas fantamas también lo transferían a otras instituciones financieras, sólo que éstas se ubican en paraísos fiscales internacionales en donde las leyes en la materia son sumamente laxas.
Karime Macías, accionista de la Cooperativa Magisterial del Sureste y exesposa de quien fue-
ra gobernador de Veracruz, el priísta Javier Duarte de Ochoa, tenía cuentas bancarias y tarjetas de crédito en seis bancos: Banamex, 690047345712; tarjetas de Banorte e Ixe, 4915860000031396 y 49315800)0282316; BBVA Bancomer 4555046993612518;Santander2233740013288900; Banorte 0631579678; HSBC 6111505427; Skotiabanklnverlat0560100)01400592; Grupo Santander 5052060505171506.
Además, esta señora tenía una tarjeta American Express, número 376661691041003, mediante la cual hizo gastos por 6.26 millones de pesos en el periodo de enero de 2012 a septiembre de 2016. Se trata de una tarjeta adicional a la de Moisés Mansur Cysneros, identificado como uno de los prestanombres del exgobernador veracruzano Duarte de Ochoa.
En los cargos que realizó Macías Tu billa hay compras en tiendas departamentales de Estados Unidos, hoteles en la zona exclusiva de Beverly Hills, artículos de lujo en diversos negocios, renta de limusinas, boletos a Disneylandia y Estudios Universal, entre otros despilfarros.
Adicionalmente, la esposa del exgobernador Javier Duarte recibió en sus cuentas bancarias, entre 2009 y 2015, 5 millones 262 mil 111.04 pesos e hizo retiros en efectivo en 2012 por 250 mil pesos. En 2016, el entonces gobernador Javier Duarte le transfirió a su esposa 3 millones de pesos entre el 13 de enero y el 29 de julio de 2016.
La señora sujeta a extradición de Inglaterra también realizó transferencias internacionales en 2016 a las empresas PVC, LLC, por 3 millones 208 mil 50 pesos; a Mokama Fortuni, lnc, por 1 millón 382 mil 250 pesos; a Carlos Rosas Torres por 182 mil 601.30 pesos, y a MN y a Jambrina Pe por 32 mil 515 pesos.
Para que las operaciones de lavado de dinero en las que participó Macías Tubilla quedaran consumadas, ésta reportó ingresos al fisco por 6 millones 202 mil 538 pesos entre 2011 y 2015, con lo cual la esposa del exgobernador priísta pretendía pasar como una persona cumplida con sus obligaciones fiscales.
Los investigadores encontraron un documento notarial de 2016, en donde se informa que "Macías Tubilla Karime es albacea en la sucesión testamentaria de la señora Lilly LetayfTubilla".
Las 32 empresas fantasma
Entre las principales empresas fachada utilizadas por Macías Tubilla y sus cómplices para desviar recursos públicos del DIF-Veracruz destacan: Anzara, SA de CV, dedicada supuestamente a la compra-venta de artículos no clasificados, que recibió 18 transferencias entre 2012 y 2014 por 9 millones 720 mil 867.58 pesos, y cuyos accionistas y representantes legales son Pedro Francisco Corona Montes y Moisés Jiménez García.
Anzara, utilizada para triangular recursos de procedencia ilícita según las autoridades financieras, recibió otras transferencias en sus cuatro cuentas bancarias por 13.2 millones de pesos de la empresa Servicios Oncológicos de Veracruz, a la cual investigan por aquel crimen de inyectarle agua a niños con cáncer. También recibió 1.5 millones de pesos de la empresa Gver Sev Diversos. Hasta la Secretaría de la Defensa Nacional le pagó en 2014 un contrato de 60 mil pesos por la adquisición de llantas.
Otra de las empresas fachada es Mogarver, SA de CV, identificada como agencia de publicidad, y recibió dos transferencias en cuentas de Banorte y BBVA Bancomer, entre 2013 y 2014, por 7 millones 478 mil 122.64 pesos. Los accionistas y representantes legales de la empresa son Luis Gerardo Velázquez Vallejo y Martha Hernández Rodríguez.
En la información financiera, esta empresa fantasma aparece dentro de un grupo de 224 sociedades que bajo el nombre de López Gachuz son utilizadas para la evasión fiscal.
Mogarver realizó dos transferencias: una por 15.9 millones de pesos a Oficina de Negocios Virmar y otra por 5.4 millones a Canroch.
Una tercera empresa fachada es Centro de Recursos de Negocios Cerene, SA de CV, la cual recibió entre 2012 y 2014 cuatro transferencias del DIF Veracruz por 8 millones 872 mil 707 pesos en sus tres cuentas de Banorte y Bancomer.
Los accionistas de esta emyresa son los hermanos César y Jorge Alberto Alvarez Alegría. En sus cuentas bancarias recibieron depósitos por 10 millones 580 mil 17 pesos de parte de Joel Solano Domínguez en 2014; 9 millones 817 mil 989 pesos de la empresa Comercializadora Farmacéutica de
Robo de recursos púbicos en pare¡a
Chiapas, SAPI, en 2012; una transacción internacional de la empresa Univisión en 2013 por 88 mil 781.34 dólares; y 518 mil 400 pesos en 2014 de la empresa Servicios Comerciales Adrimon.
Otra empresa fachada utilizada por Karim Macías es Merca Carrey, SA de CV, la cual recibió tres SPEI en 2014 en su cuenta bancaria de Banorte por 6 millones 847 mil 851.55 pesos. Los accionistas y representantes son Jordán Arturo Reyes Carreón y Adriana Montes Hernández.
Una de las principales empresas utilizadas para triangular los recursos obtenidos de manera ilícita es Grupo Balcano, SA de CV. Esta recibió seis transferencias entre 2012 y 2014 por 9 millones 895 mil 286.48 pesos. Los accionistas y representantes legales son Rosalía Rivera González y Mireya Elisa Zarate Herrera.
Otra empresa es Pefraco, SA de CV, la cual recibió poco más de 21.7 millones de pesos entre 2012 y 2016. Los representantes legales y accionistas con Claudia Moreno Pérez y Teodoslo Montalvo Uscanga.
A la lista de empresas empleadas para triangular recursos se suman: Marvercarr, SA de CV, con más de 16 millones recibidos; Carrirey, SA de CV, con más de 8 millones; Comercil, SA de CV, con más de 7.4 millones.
Acusación contra Karime, por 1 12 millones
La investigación en contra de Karime Macías inició en la Fiscalía de Veracruz, en donde la exesposa de Javier Duarte fue acusada por un fraude de 112 millones de pesos supuestamente desviados en 2011 del presupuesto del DIF de Veracruz.
Ahora, al borde de la extradición de Inglaterra, a donde huyó para evitar que se ejecutara la orden
De manera directa se destinaron recursos del DIF-Veracruz a 26 cuentas privadas de la entonces esposa del gobernador
de aprehensión que un juez federal en México libró en su contra por los delitos de lavado de dinero, peculado y fraude, recordamos aquella frase de "sí merezco abundancia'' que Macías Tubilla escribió unas 50 veces en una hoja de su libreta en donde llevaba un control de los bienes que acumulaba, tales como obras de arte y diversos inmuebles, además de una lista de sus socios y cómplices.
Fue en mayo de 2018 cuando la jueza de control de Xalapa, Veracruz, Alma Aleida Sosa Jiménez, concedió a la Fiscalía estatal una orden de aprehensión en contra de Macías Tubilla por el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos, al utilizar seis empresas fantasmas para desviar el dinero del DIF mediante la contratación de servicios que nunca se prestaron. Esto motivó que también se abrieran investigaciones en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En los expedientes federales se incluye el congelamiento que hiw la UIF a principios de 2022 de cuentas bancarias de Karime Macías y de las 32 empresas fachada, de las cuales 26 fueron beneficiadas ilícitamente con recursos públicos del DIF del estado de Veracruz.
Por tal motivo, el monto del daño patrimonial que se le atribuía en 2011 a Macías Tubilla por 112 millones de pesos, ahora se ha incrementado en un ciento por ciento, al pasar de 112 millones de pesos a 224 millones 25 mil 477.20 pesos.
Lo que descubrieron las autoridades federales fue un rebuscado esquema financiero que elaboraron la esposa del exgobemador con varios cómplices para primero constituir 32 empresas de membrete, a fin de desviar el dinero público, introducirlo en los circuitos financieros del país y ocultar su origen, lo que configuraría, de acuerdo con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita. En este caso, por los delitos previos de fraude y peculado por los 224.3 millones de pesos desviados del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.
La triangulación de los fondos obtenidos de manera ilícita se describe en los expedientes abiertos por las autoridades federales de la siguiente manera: de la lista de 32 personas morales identificadas por las áreas financieras de la Secretaría de Hacienda como fantasmas, 26 recibieron directamente recursos del DIF de Veracruz por el monto de 224.3 millones en el periodo del 27 de abril de 2012 al 29 de enero de 2016, cuando Karime Macías Tubilla presidía ese Patronato.
Una vez que las 26 empresas fachada recibieron en sus cuentas bancarias el dinero público, transfirieron esas decenas de millones de pesos a otras personas morales, las cuales con el propósito de ocultar el origen del dinero recibido lo enviaron a cuentas bancarias internacionales de varios paraísos fiscales, a los que Karime Macías tenía acceso.
Cronología del proceso penal
El 17 de febrero de 2022, la Corte de Westminster en Inglaterra autorizó la extradición internacional de Karime Macías Tubilla a México. Pero la historia judicial es larga: el 25 de mayo de 2018, la juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalapa, en los autos de la causa penal 150/2018, libró orden de aprehensión en contra de Karime Macías por su probable intervención en el delito de fraude específico en agravio del patrimonio del gobierno de Veracruz.
La exesposa de Javier Duarte está acusada de ordenar la simulación de contratos de compra-venta con seis empresas que no realizaban las funciones propias, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial al gobierno de Veracruz por 112 millones 216 mil 820.36 pesos.
El 12 de agosto de 2019, el gobierno mexicano presentó la petición formal ante las autoridades del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a la extradición de Karime Macías Tubilla.
Con fundamento en la solicitud formal de extradición internacional presentada por la Fiscalía General de la República al gobierno británico, Karime Macías fue detenida el 29 de octubre de 2019 y presentada por orden judicial en la Estación de Policía de Charing Cross, en el centro de Londres. Ese mismo día, la prófuga mexicana fue presentada ante un juez de Distrito de la Corte de Magistrados de Westminster, quien escuchó los argumentos de ambas partes.
El juez inglés le fijó a la reclamada una fianza por la cantidad de 150 mil libras esterlinas (3.6 millones de pesos) para enfrentar el proceso en libertad. Entre las condiciones judiciales que debe cumplir está presentarse diariamente ante la estación de policía más cercana a su domicilio, el uso de un brazalete electrónico, se le aseguraron los pasaportes de ella y sus tres hijos, y no puede acudir a ningún puerto internacional de salida ni comprar pasajes de viaje.
El 5 de noviembre de 2019, la exesposa de Duarte fue presentada ante la Corte de Magistrados de Westminster y puesta en libertad condicional tras pagar la fianza de 3.6 millones de pesos. La detenida estuvo en el Centro de Detención Bronzefield, al sur de la Ciudad de Londres.
El 10 de enero de 2022, se llevó a cabo una audiencia del juicio de extradición, en donde la defensa de Macías Tubilla sostuvo que "no existen suficientes pruebas para que un jurado pueda llegar a un veredicto", y adviertió del riesgo de las condiciones de prisión y tortura que podría sufrir su clienta en caso de ser extraditada.
La Fiscalía Británica, en nombre del gobierno de México, argumentó: "la Fiscalía General presentó suficientes pruebas para evidenciar la existencia de un fraude y vincular a la persona requerida a un proceso penal. Las autoridades mexicanas proveyeron las garantías que fundamentan el respeto a los derechos humanos de Karime Macías Tubilla, en caso de ser recluida en México".
El 17 de febrero de 2022, la Corte de Westminster determinó que las pruebas son suficientes para autorizar la extradición de la mexicana Karime Macías y envió el expediente de extradición al Ministerio del Interior de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que emita la resolución final. La prófuga mexicana Macías Tubilla cuenta con un plazo de 3 meses para apelar la decisión de la Corte inglesa para ser
Madres, bomberos, paramédicos ... revelan la operación que orquestó Calderón para ocultar la verdad. Las narraciones, parte de la investigación que elaboró y defendió en 201 O el ahora ministro presidente de la SCJN, Arturo ZaldNar, e integran el nuevo expediente que la FGR abrió en 2020
NANCY FLORES
'' Llegamos [al hospital] y me meto a[l área de] Emergencias y ahí me quedo parado en la entrada de Emergencias, por la parte de atrás, esperando que llegara una ambulancia. Empezaron a llegar muchas ambulancias de niños y todo eso. Se veía la cara de los doctores que no estaban preparados para algo así. Los doctores estaban asustados. También los paramédicos que llegaron en las ambulancias se les veía que estaban devastados y así fue todo el día", narró el padre de Emilia Fraijo Navarro -una de los 49 bebés que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC-al ahora ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Abraham Fraijo Orozco continuó: "fácilmente pudieron identificarla por su etiqueta, por el nombre que estaba en su etiqueta ... La primera niña que yo reconocí, ella no tenía ninguna quemadura: estaba negrita de lo tiznada del humo, pero no tenía ninguna quemadura, ninguna quemada, y por eso la pude reconocer. La levanté y vi la etiqueta. María Alejandra fue la primera niña
que me tocó identificar. Y recuerdo que le dije a la doctora: 'todos los niños tienen en su ropa el nombre, para que no batallen para identificarlos'. No sé por qué razón no nos informaban. Lo que pienso es que trataban de minimizar el daño: que no se viera a la luz pública las muertes que hubo en el momento de la tragedia".
Los pequeños sin lesiones aparentes fueron entregados a sus padres. Días después presentaron cuadros de asfixia, tos y daño pulmonar
El testimonio -como decenas que recog10 la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2010-quedó asentado en la amplia investigación que hizo el ministro Zaldívar sobre este crimen, y que ha defendido hasta la fecha. "Un padre me narró cómo durante todo un día buscó a su niña Emilia, hasta que a la 1 de la mañana la encontró en un hospital. La reconocía por su ropita. Cuando tocaba su piel, su piel se rompía y se despegaba", recordó el juzgador el 22 de febrero pasado, cuando reveló la operación de Estado que orquestó el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa para proteger a su esposa Margarita Zavala y a su familia. La inédita y grave declaración de Zaldívar sobre cómo operaron las autoridades federales para entorpecer las investigación y procurar impunidad es sólo una pieza de todo el trabajo que ha realizado en torno a este tema.
La primera reunión a la que asistió para escuchar a padres y madres de las víctimas de aquel incendio marcó para siempre su carrera judicial: "algún día en el salón de usos múltiples de la Corte estuve presente en una de las reuniones, en donde se respiraba el mayor dolor que he sentido en mi vida de alguien ajeno. Una reunión donde no pensé ni siquiera que pudiera haber un dolor tan grande como el percibido ahí. Las madres y los padres de los niños fallecidos y lesionados se fueron presentando uno a uno, una a una, diciéndome su nombre, el nombre de su niña o niño, y si estaban lesionados o habían fallecido. Las mujeres se sentían culpables por haber trabajado, porque por tener que trabajar, por su culpa, se habían muerto sus bebés".
Alrededor de las 14:40 horas del 5 de junio de 2009, y mientras los menores dormían la siesta, se inició el incendio en la bodega contigua a la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, y propiedad -en sociedad con otras personas- de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la entonces primera dama de México. Esa tarde, 153 bebés de entre 10 meses y 4 años de edad se enfrentaron al infierno; 49 de ellos perdieron la vida. Todos fueron, son, víctimas de la negligencia, la corrupción y la impunidad.
El voto minoritario de Arturo Zaldívar que se presentó en 2010 -que fue acompañado sólo por los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan N Silva Meza- apunta: "los pequeños que no habían presentado lesiones aparentes y que fueron inicialmente valorados por paramédicos y entregados a sus padres, o bien revisados y dados de alta en los hospitales, días después presentaron cuadros de asfixia o accesos de tos, como consecuencia del daño pulmonar que sufrieron por la inhalación de gases tóxicos. Incluso niños que habían sido recogidos de la guardería antes del incendio, presentaron estas secuelas".
Fue el caso de Carlos Abner Guerrero Herrera. Su madre, Cinthya Denisse Herrera, narró a la Suprema Corte que a su bebé "sí lo estuvieron revisando y le conectaron oxígeno. Estuvo como una media hora [en el hospital]. Y me dijeron: 'quítaselo, ya no es necesario'. Pregunté que dónde se lo quitaba y ya fue la enfermera y se lo quitó. Pero me dijo que ni siquiera estaba prendido [ el oxígeno]. Ese día era mucha tensión y me dijo que me lo llevara, que estaba bien. Nunca le tomaron radiografías ni nada. Cuando recogimos al niño venía con moco negro. Y cuando le quitamos el oxígeno se
Expediente abierto
nos ahogó. Lo llevamos al Seguro y nos dijeron que estaba bien, que había sido el susto. Después de una semana lo empecé a llevar a que lo checaran y el niño sí estaba con los pulmones inflamados, los dos".
La negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno se repitió en el resto de sobrevivientes, al grado de obstaculizar la atención médica. Con ello se violó el derecho humano a la salud de los infantes -ilícito que no prescribe-y se incurrió en delitos contra la salud. "U na semana después [ del incendio] nos contactaron de[l hospital] Shriners. Estuvieron hablándole a unos papás y nosotros fuimos. La revisaron, le tomaron una placa y sí sale inflamación en sus pulmones", contó Lourdes Acuña Ortega, mamá de Anel Lourdes Castro Acuña.
La investigación de la Corte que encabezó el ministro Zaldívar apunta que los primeros testigos del incendio fueron los trabajadores de la llantera contigua al inmueble. El primer reporte lo realizaron a las 14:54 horas. El humo también "alertó a los trabajadores de la gasolinera cercana, transeúntes, vecinos y padres de familia que acudían a recoger a sus hijos. Fueron ellos, auxiliados por policías municipales, quienes iniciaron las primeras labores de rescate".
El bombero Jorge García Orduño narró su experiencia en ese incendio: "me doy cuenta que afuera es un caos. El apoyo completo en sí no llegaba. Entonces mi trabajo ahí fue pasar información que se necesitaba a los policías para controlar la multitud, porque ya, por ponerle un ejemplo, parecía [una guerra:] no sé si ha visto los documentales de la guerra de lrak cuando las bombas truenan sobre los carros, así era. Horrible. Horrible. O sea, hasta a uno se le
quiebra la voz de sólo acordarme ahorita. Entonces ya no era un servicio común y corriente: era algo que nos rebasaba en ese momento".
Luz Haydee Tapia Uriarte, paramédico del cuerpo de bomberos, también narró a los funcionarios de la Suprema Corte que "no había suficientes transportes de ambulancia. Los estábamos echando o poniéndolos en las cajas de las pickup y así eran los traslados a los hospitales. Eran los traslados de muchos niños: iban dentro de las cajas de las pick up. Las pick up que son los carros de los estatales, que ahí eran los que estaban auxiliando y que estaban acomodando y subiendo niños y subiendo niños. Salía una unidad y salía otra unidad con niños".
Para entonces todo Hermosillo era caos y desesperación. De acuerdo con la investigación del ministro Zaldívar, los bebés que no presentaban lesiones aparentes fueron llevados a un domicilio cercano que sirvió de albergue. Ahí fueron atendidos y resguardados hasta la llegada de sus padres. "Cuando los niños no eran localizados ahí, los familiares eran dirigidos al Hospital CIMA a donde la mayor a habían sido trasladados en un principio, por ser el más cercano; pero al llegar, fueron informados que varios niños habían sido llevados a otros hospitales, donde la situación también rebasó la capacidad de respuesta".
La amplia y minuciosa indagatoria documenta que "en los alrededores de los hospitales la vialidad se dificultaba, en las salas de espera la identificación se hacía mediante letreros que indicaban los grupos a los que pertenecían los niños o mediante la exhibición de sus zapatos. Cada hospital adoptó políticas distintas en cuanto a la identificación y localización de los menores, así como sobre la información que proporcionaba".
María Jesús Coronado Padilla, mamá de Paulett Coronado Padilla, contó: "yo encontré a la niña, iban a ser las 2 de la mañana. No entiendo el porqué todavía no nos hablaron para decirnos dónde estaban los niños. Para esa hora nos decían que habían fallecido casi 30 niños. Yo cuando vi a la niña ya estaba identificada, se podía identificar. Si las maestras entraron, las maestras la identificaron porque la niña no
Cuarenta y nueve vidas segadas y 72 con lesiones graves permanentes
tenía quemada la carita, no la tenía. Entonces yo ahorita todavía siento mucho coraje. ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué no nos avisaron? Qye medio Hermosillo se hubiera vuelto loco, carros por donde quiera. Llegábamos a un hospital, teníamos que caminar hasta tres, cuatro calles, porque no había estacionamiento. Yo no sé quién mandaba. Andábamos caminando todo el día, con los pies hinchados, ampollados. Hasta esa hora que encontré a la niña y la niña tenía unas manchitas."
Los desgarradores testimonios de padres y madres de víctimas se sucedían uno tras otro. "Luego de terminar esa reunión de más de 3 horas -de la que hoy todavía no entiendo por qué pude aguantar y no llorar-subí a ponencia y les dije a mis secretarios: 'ni un paso atrás, yo no voy a llevar en mi consciencia la muerte de 49 niños, esto es una infamia que yo no voy a
convalidar"', recordó el ministro Zaldívar el pasado 22 de febrero.
Padres y madres le contaron que "el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, Estados Unidos, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor el tema".
Uno de esos testimonios es el de Lorenzo Alberto Huguez Calvez, papá de María Jimena Huguez Mendoza. "Ya como a media noche nos dicen que si queríamos trasladarla a Sacramento y nosotros decimos que sí. Y ya después como a las 5 de la madrugada nos dicen que siempre no se va a trasladar a Sacramento, que por decisión de los médicos se va a trasladar a Guadalajara, que porque hay un mejor servicio y nosotros decidimos hacerlo y al llegar allá no era un mejor servicio, era más de lo mismo".
Otras madres, padres y familiares coincidieron. Manuel Montaño Estrada, tío de Danna Paola Villarreal, expuso: "empezamos a investigar aquí, y fue cuando contactamos aquí a Hermosillo, gente de Shriners. Les expusimos cómo estaba la cosa y ya que nos habían dicho eso: a varios niños querían amputarlos. Nos dijo el señor: 'no, pues están mal, eso no se hace. Eso es el último recurso. Estando en Estados Unidos va a ser lo último que le van a hacer'. Por fin estuvimos, pelearnos y eso una semana que cómo le hacemos, con quién hablamos, a dónde vamos para que pueda gente del Shriners trasladarse a Guadalajara y que se lleven a los niños a Estados Unidos a sus hospitales".
Francisco Villarreal, papá de Danna Paola, agregó: "los doctores ya habían venido y no los dejaron entrar a evaluar a los niños. Nosotros pedimos mucho eso. Cuando los dejaron evaluarlos, les decimos bueno que se la lleven, ahí nos decían: 'es que Danna está muy bien, va muy bien. En un mes te la damos, 15 días te la damos de alta. Y la Danna no se veía tan bien como en 15 días darla de alta".
Manuel Montaño Estrada continuó: "luego luego se vio que intervino el Seguro Social. Estuvo el Director General, no sé qué puesto es del Seguro Social, es Karam [Daniel Karam Toumeh], él era el que daba las órdenes: 'vamos a llevar a niños para allá, vamos a hacer esto'. No sé en qué se basaba, pero así era. Luego luego se vio la intervención del Seguro Social. Algunos niños estuvieron muy bien atendidos en el Hospital del estado, en el Hospital Infantil del estado. No sé por qué se los llevaría para allá, estaba más cerquita. Es un hecho que me tocó a mí, cuando estábamos en el auditorio del Hospital Infantil, llegó gente del Shriners aquí en Hermosillo, llegó gente y dijo: 'saben qué, nosotros tenemos ahorita lugar para 80 niños, si se los quieren llevar, nos los llevamos', comentó el mismo señor, el licenciado, se me fue el nombre, Barrera se apellida, que es el delegado de Shriners Sonora. Puso a disposición: 'tengo yo los medios para trasladar 80 niños. Ustedes díganme a quién me llevo'. Pues no le permitieron''.
La madre de Danna Paola, Marisol Montaño Estada, criticaba que "si no podían con el
Reparación integral del daño, demanda
paquete, no estaban preparados ni especializados porque no tenían ni las instalaciones puestas, si no podían con el paquete los hubieran mandado a Estados Unidos. En vez de hacer el viaje a Guadalajara, los hubieran mandado a Sacramento".
El pasado 22 de febrero el ministro presidente rememoró que los familiares de bebés lesionados le contaron que "los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones, y por la situación en que habían quedado".
Al respecto, en su comparecencia el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, también lo confirmó: "en una coordinación con el Seguro Social, esto es muy importante mencionarlo porque también hay muchas versiones sobre qué pasó con los movimientos del Seguro Social en Sonora, siendo estado fronterizo tiende mucho hacia la frontera norte, entonces los padres de familia, insistentemente decían que querían mover a los niños al hospital de Sacramento, el Shriners, Hospital de Los Ángeles, y al hospital de no sé dónde; los querían mover y el Seguro Social insistía mucho en moverlos todos a Guadalajara o a Ciudad Obregón, donde ellos tenían capacidad. Entonces, desde hacer las gestiones con algunas organizaciones de la sociedad civil que participaron muy activamente, por cierto, a estar al pendiente de ellos, y por eso les decía, como yo les comenté, reiterarles que al Seguro Social, al señor director, o sea, hay que hacer lo que los papás dicen, hombre, pues si los señores quieren que se vayan a Sacramento pues hay que llevarlos a Sacramento. No hay que pelear con ellos, qué necesidad tenemos todavía de crear o abrir un espacio más
de discusión en algo que ya está suficientemente grave el asunto como para hacerlo. Y gracias a eso abrimos, ya se había cerrado el tema de Sacramento, que algunos niños pudieron ser movilizados".
La propia investigación de Zaldívar da cuenta de esas resistencias de la autoridad federal. "De los testimonios de los padres entrevistados por la Comisión Investigadora se advierte la percepción de que el traslado de los menores fue obstaculizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, privilegiándose los traslados a hospitales de Obregón y Guadalajara, a pesar de que los padres deseaban su transferencia a Sacramento".
Y agrega: "de los testimonios concatenados entre sí, se puede concluir que esto obedeció a una decisión centralizada del IMSS, lo que tuvo como consecuencia que, al menos, en opinión de muchos padres, los niños no recibieran una atención médica adecuada".
En ese incendio todo fue una cadena de errores. Uno de las decenas de ejemplos de lo que se hizo mal tiene que ver con la falta de capacitación del personal. El informe de investigación relata que las maestras de la guardería ABC "jamás habían realizado un simulacro a la hora en que los niños dormían, de manera que no estaban capacitadas para enfrentar una situación de la magnitud que se vivía en las condiciones adversas que imperaban''.
El pasado 22 de febrero el ministro presidente Arturo Zaldívar denunció: "Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente [Calderón], para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de 'Estado de derecho', de 'autonomía', y cuantas cosas, ¡sin ninguna autoridad moral para decirlo!, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento".
Aún con el riesgo de ser desaparecido o ejecutado extrajudicialmente, por 12 años el ministro Zaldívar ha acompañado el dolor de las víctimas. En su reciente revelación denota el nivel al que llegaron las amenazas aquel día en que Fernando Gómez Mont -entonces secretario de Gobernación- lo visitó en la Corte para tratar de impedir que diera a conocer su proyecto. "Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia. Firmé dos ejemplares del proyecto, y les dije que los guardaran bajo llave, y que si a
Recibo durante la semana vanas amenazas veladas de compañeros ministros; advertencias de diferente tipo. Debatí solo
las 8:30 de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte."
Una vez publicado su proyecto en internet, se vinieron en cascada más amenazas. "Recibo durante la semana, varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo. Llegamos a la discusión, que fueron tres días mañana y tarde. Antes de cada sesión nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate. Saliendo al Salón de Plenos, todo lo que acordamos parecía que no lo platicamos, empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado no se iba hacer. Se dijeron cosas horribles estando ahí los padres de los niños quemados y lesionados, con una carencia de sensibilidad, y de humanidad. Ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando. Debatí prácticamente solo. Votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, nada más. Llevé el debate tres días contra el resto del Pleno de Ministros. Yo puedo decir con orgullo que ganaron la votación, porque hasta los hechos los votaron en contra. Pero no ganaron el debate, ni el juicio de la
La orden presidencial de sabotear las investigaciones también benefició al gobierno estatal de Eduardo Bours. Calderón detuvo la resolución del ministro ZaldNar donde se revelan las responsabilidades del gobernador y su secretario de Hacienda, quien ilegalmente había habilitado una "bodega'' de documentos oficiales junto a la estancia infantil
ZÓSIMO CAMACHO
E1 incendio que acabó con la vida de 49 menores de edad y dejó con secuelas graves de por vida a otros 72, el 5 de junio de 2009, inició en una bodega contigua a la Guardería ABC. Era un predio usado por el gobierno del estado de manera distinta al formalmente declarado. En el lugar, la Secretaría de Finanzas había acumulado grandes cantidades de documentos extraídos de las oficinas formales.
La investigación que realizó el entonces flamante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio cuenta de las responsabilidades del Estado mexicano y el gobierno federal en el incendio de la guardería; pero también del estatal encabezado por el priísta Eduardo Bours Castelo.
Más allá de las omisiones en materia de protección civil, destaca el hecho de que el incendio inició en un local adyacente a la guadería. Lo que se quemaba eran grandes cantidades de documentos oficiales provenientes de la Secretaría de Finanzas del estado que se encontraban irre-
guarmente en ese lugar. Entonces el sexenio de Bours Castelo (2003-2009) se encontraba en sus últimos meses.
Señala que el local habilitado como bodega no guardaba placas vehiculares, como se dijo oficialmente, sino miles de fojas de documentos oficiales de la Seretaría de Finanzas. Además, se
Protección Civil y las políticas públicas en la materia
trataba de un lugar de trabajo irregular con empleados que tenían ese lugar de sede. Esos documentos fueron los que se quemaron incialmente y las llamas alcanzaron la Guardería, con los saldos trágicos conocidos.
El documento elaborado por Zaldívar deriva de la Facultad de Investigación 1/2009 de la SCJN. Como ha revelado el hoy ministro presidente del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, su propuesta de resolución fue vetada ilegalmente por el entonces presidente de a República, Felipe Calderón, para encubrir a su propio gobierno y a la dueña de la guardería subrogada, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo.
Recibió presiones, a gritos, del entonces secretario de Gobernación Fernando GómezMont. El ministro señaló que no tenía la certeza de que llegara a su oficina al dia siguiente y que elementos enviados por el Poder Ejecutivo federal ocuparon la Corte los dias previos a la votación de la resolución y el día mismo del debate.
El documento elaborado por el ministro Arturo Zaldívar determina la responsabilidad del Estado mexicano en la tragedia de la Guardería ABC y no sólo del gobierno estatal o de particulares.
En sus páginas 291 y 292 establece la "relación especial" que guardaba el Estado mexicano con los niños y las niñas de las guarderías públicas del país, en este caso con los de la ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora. "Este Alto Tribunal tiene que determinar [ ... ] si en el caso objeto de la presente facultad de investigación hay una relación especial entre el Estado y los cuarenta y nueve niños que perdieron la vida en la 'Guardería ABC'. La respuesta a esta pregunta es indiscutible: sí existía una relación jurídica especial entre el Estado y los niños que murieron en el incendio que imponía a aquél la obligación de emprender medidas adecuadas para la protección de sus vidas".
El documento argumenta la obligación de las instituciones federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la garantización de derechos a las personas menores de edad a los que están obligadas.
En su propuesta, Zaldívar Lelo de Larrea señala directamente la responsabilidad en la tragedia de cinco funcionarios del gobierno estatal y de tres del gobierno municipal. La lista es encabezada por quien fuera el gobernador de Sonora en ese tiempo, Eduardo Bours Castelo (2003-2009). Destaca la utilizacion del inmueble contiguo a la guardería como ilegal bodega de documentos que deberían estar en la Secretaría de Finanzas del estado.
Como se recordará, el inicendio inició este inmueble a cargo del gobierno priísta saliente de Eduardo Bours. El entonces gobernador es señalado en el documento como una de las personas con responsabildad directa por omisión en el incidente.
En la página 185 señala que Bours Castelo "era directamente responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia''.
La ausencia de acciones para prevenir este tipo de accidentes y para responder adecuadamente en caso de que se presentaran no fue un hecho fortuito. La investigación del ministro encontró que se trató de hechos generalizados. Más aún, y de manera específca la Guardería ABC, era "una bomba de tiempo".
Reunión con padres de bebés muertos. Engaños y menosprecio desde el poder
"Como titular de la administración pública local, era el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes que en materia de protección civil y protección de los derechos de la infancia correspondía observar a sus subordinados jerárquicos. En tal medida, le son atribuibles las omisiones que provocaron la grave falla del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual fue inefectivo para detectar la acumulación de riesgos que rodeaban a la Guardería ABC y la bomba de tiempo que representaba la bodega adyacente" (página 185).
Más aún, el documento advierte que la responsabilidad no debe diluirse entre funcionarios menores de la administración estatal, sino que alcanza a la máxima figura del Poder Ejecutivo de Sonora. "Dicha acumulación exponencial de riesgos [detectada e la Guardería ABC y el inmueble adyacente] no fue sólo consecuencia de las omisiones en que incurrieron los inferiores jerárquicos del Gobernador y las autoridades municipales, sino que encuentra su principal origen en el diseño de las políticas públicas en materia de protección civil" (página 186).
Ernesto Vargas Gaytán era el secretario de Hacienda del gobierno del estado de Sonora. Permitió un uso distinto al inmueble que el gobierno sonorense rentó junto a la guardería. "En su carácter de administrador de los inmuebles a cargo del gobierno local, le es atribuible el uso indebido que se daba a la bodega contigua a la Guardería ABC para un fin distinto del que fue arrendada, en contravención al artículo 2695, fracción III, del Código Civil del Estado de Sonora" (página 199).
En su investigación, Zaldívar señala que el uso pactado de la bodega era para el resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación. "Sin embargo, de los peritajes rendidos en relación con las causas del incendio y de las declaraciones de
Trece años de impunidad
quienes laboraban en la bodega, quedó acreditado que ésta almacenaba, además, expedientes de la Agencia Fiscal de Hermosillo -adscrita a la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda-, contenidos en cajas".
Este uso distinto que se dio a la bodega, observa la propuesta de Zaldívar que fue saboteada y vetada por el gobierno de Felipe Calderón, no sólo implicó una violación al contrato que se celebró para la renta del propiedad: "además aumentó el grado de riesgo del inmueble, lo que debió dar lugar la adecuación de los sistemas de prevención de incendios, por lo que el cambio de uso estuvo directamente ligado a las consecuencias trágicas [del 5 de junio de 2009]" (página 200).
Otro de los responsables en los hechos resulta ser Fausto Salazar Gómez, quien ocupó el cargo de Director General de Recaudación durante el sexenio de Eduardo Bours.
De acuerdo con el proyecto del minitro Zaldívar, el entonces director general de Recaudación del gobierno del estado, "en su carácter de responsable del funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, permitió o toleró el uso de la bodega contigua a la Guardería ABC para un fin distinto del que fue arrendada, en contravención al artículo 2695, fracción III, del Código Civil del Estado de Sonora, así como a las disposiciones en materia de protección civil que en todo caso debieron observarse con motivo del cambio de uso".
La investigación demostró que la bodega no sólo resguardaba documentacion que tenía que estar en un lugar distinto de la Secrertaría de Finanzas del estado. También que era un centro de trabajo, con personal que diariamnete se presentaba a laborar ahí.
Jorge Luis Melchor Islas, por su parte, fungía como subdirector de Control Vehicular de la Se-
cretaría de Hacienda del gobierno de Sonora. En su carácter de encargado de abastecer de placas y tarjetas de circulación a las Agencias Fiscales y Tesorerías Municipales, era el funcionario directamente responsable del funcionamiento de la bodega contigua a la Guardería ABC. Aunque los documentos que iniciaron el incendio no pertenecían al área de control vehicular sino a la Agencia Fiscal de Hermosillo, la bodega estaba bajo su resguardo directo de este funcionario.
Otro de los responsables directos en el incendio, al menos por omisión, es Wilebaldo Alatriste Candiani, quien se desempeñaba como titular de la Unidad Estatal de Protección Civil en ese tiempo. Al entonces funcionario le pasó de noche el funcionamiento de los dos inmuebles con nulas medidas de protección y el alto riesgo a la salud y la vida de las personas con que funcionaban.
El proyecto del ministro Zaldívar señala que Alatriste, en su carácter de ejecutor de las políticas, programas y acciones de protección civill "omitió ejercer sus competencias específicas, conforme a las cuales debió realizar actos de inspección a la bodega contigua a la Guardería, a fin de verificar la constitución de la unidad interna de protección civil y el cumplimiento del programa interno correspondiente" (páginas 177-178).
Agrega que como consecuencia de las omisiones en la verificación que su cargo le obligaba, "no formuló las medidas correctivas y de seguridad que hubieran eliminado o mitigado el riesgo latente que representaban las grandes cantidades de papel almacenadas en anaqueles colocados contra el muro que compartían la bodega y la Guardería ABC" (página 194).
Tampoco se percató el funcionario que el inmueble de la supuesta bodega de placas en realidad tenía un uso distinto al declarado.
Con respecto de las autoridaes municipales con responsabilidad en los hechos, el proyecto del ministro Zaldívar señala al entonces presidente municipal, Ernesto Gándara Camou y a otros tres de sus subalternos.
De Gándara Camou señala que era la autoridad en materia de protección civil y responsable de la integración y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil. Por ello le es atribuible la falla del sistema en detectar y mitigar el riesgo exponencial al que estaba sujeta la Guardería ABC.
Los otros funcionarios municipales señalados son Jesús Da vis Osuna, quien era director de Inspección y Vigilancia Municipal e incumplió en su obligación de verificar que los establecimientos contaran con licencia de funcionamiento, y Roberto Copado Gutiérrez, que fuera director de la Unidad Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo y omitió inspeccionar el funcionamiento de los
El director general de Recaudación permitió el uso de la bodega contigua a la Guardería ABC para un fin distinto al que fue arrendada
"Ni perdón ni olvido"
