Revista Señar - 1° Edición

Señas Revista del la Casa del Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN ISSN 2248-5430 Nº 1, junio de 2011

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Editorial

Minería

El Gobierno de Santos y los pueblos indígenas 5 Consejería Mayor de la Chxab Wala Kiwe

Debates indígenas ante la reconquista minera del Cauca 78 Juan Houghton

Actualidad

Los resguardos indígenas de origen colonial en riesgo 10 Luis Javier Caicedo

Mundo Indígena

Diana Granados y Mauricio Caviedes

Problemas de la ley de víctimas y restitución de tierras 26

El Decreto 2500: ¿Entre la contratación y la autonomía? 106

Juan Houghton

Hagamos minga por la paz 34

Entrevista a Jean Nilton Campo

Equipo de Paz – Acin

¡Diálogos humanitarios y negociación política ya! 46

Reseñas

CRIC

Minga

El reconocimiento abstracto del derecho a la educación de los pueblos indígenas en Colombia 95

Las mujeres y la participación política en la Cxab Wala Kiwe: Conflictos, cambios y desafíos 115 Rosalba Velasco

De la autonomía indígena a la Minga y al Congreso de los Pueblos 49

Es el momento de que las hijas de los bosques y de las selvas lancemos un grito de justicia y armonía 123

Crónicas de un congreso a lomo de chiva 53

Programa Mujer de la ACIN

Ricardo Alberto Rojas Casa de Pensamiento ACIN

Minga de Resistencia Social y Comunitaria 59 Entrevista a Feliciano Valencia y Rafael Coicué

Palabra del Congreso de los Pueblos de Colombia Propuesta de país para una vida digna 73

Esta publicación es posible gracias al auspicio de:

Señas Revista de la Casa de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN Nº 1, junio de 2011

Con la participación de: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN

El contenido de los artículos de esta publicación es de entera responsabilidad de sus autores y la línea editorial es responsabilidad exclusiva de ACIN, CASA DEL PENSAMIENTO y LA CORPORACIÓN ENSAYOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA; en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de las entidades financiadoras.

Fotografías Cubierta: Tejido de Defensa de la Vida ACIN. Archivo ACIN (Tejido de Defensa de la Vida), Rafael Coicué, Julia Madariaga, María Victoria Alvarado, iStockphoto.

Impresión Ediciones Antropos Ltda., Bogotá D.C.

ISSN: 2248-5430

Divulgación Beatriz Betancourt

Consejería ACIN James Yatacué (Consejero Mayor), Carlos Andrés Alfonso, Albeiro Quiguanás, Freddy Guevara, Willington Güetio, Argelino Escué, Alfredo Mensa.

Diseño básico Juan Sánchez

Se autoriza su reproducción parcial o total citando la fuente. Se agradece enviar copia.

Preparación editorial Marta Rojas

Calle 9 # 6 Bis 04 , Santander de Quilichao, Cauca, Colombia Telefax (57-2) 829 0958 Correo electrónico: acinsecretaria@yahoo.es casa.de.pensamiento.acin@gmail.com

Consejo editorial Equipo Casa de Pensamiento Editores Ezequiel Vitonás Tálaga y Juan Houghton

Revisión de textos María José Díaz Granados ARMADO Andrea Camargo

Ir a tabla de contenido Los medios masivos de comunicación y los mecanismos de propaganda del Gobierno, los voceros de la centroderecha política —con la que se identifica la mayor parte de los industriales y banqueros, parte de la clase política, los grupos de élite e incluso sectores terratenientes—, están convencidos, o por lo menos tratan de convencer al resto de colombianos y colombianas, que estamos efectivamente frente a un Gobierno muy diferente al anterior, que traerá al país un gran desarrollo económico con su “prosperidad democrática”, en el marco de una democracia nunca vista, donde los más beneficiados serán los menos favorecidos. Difícil estar en desacuerdo con esos propósitos.

El Gobierno de Santos y los pueblos indígenas Consejería Mayor de la Cxhab Wala Kiwe

Santos representa las viejas oligarquías de este país. Por origen y por pensamiento. Su plan de gobierno apunta a la continuidad de las tareas que inició Uribe.

Pero no porque tenga los mismos intereses, sino porque Uribe era el juicioso administrador de los intereses del capital financiero internacional, aplicando los tratados de libre comercio y favoreciendo la gran industria minero-energética, y cobraba a cambio para su sector social —el latifundio ligado al narcotráfico y el paramilitarismo— la impunidad por el robo de tierras, la legalización del despojo, el asalto a los recursos del Estado y los favores a sus amigos involucrados con el delito. Seguridad y control territorial (a favor de los empresarios) a cambio de impunidad.

Lo que sí ocurre con Santos es que ese capital financiero y las transnacionales vuelven a gobernar directamente, luego de ocho años en que —como dicen los paisanos— “sus mayordomos quisieron quedarse con la finca”. Por eso hay muchas continuidades y también algunos cambios que nos parecen importantes.

La continuidad más visible es la política económica, basada en la extracción de recursos no renovables; esta se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el incremento de concesiones y la continuidad de la persecución a los pequeños mineros. Muchos ya han mostrado y demostrado que este Gobierno utilizará —hasta exprimirla— a la naturaleza, como materia prima y combustible de la locomotora minero-energética, la única que parece garantizarle ingresos al Estado para subsanar su déficit presupuestal. En eso es igual Santos a Uribe: busca atraer el capital extranjero para que ordene y gobierne, y garantizar el pago del endeudamiento externo a los banqueros.

Archivo ACIN

Editorial

Difícil también creer que Juan Manuel Santos los quiera realizar. Este sueño sería creíble si al caracterizar el actual Gobierno no nos arrojara tantísimos elementos que por sí solos hablan de lo que en verdad es y será.

El problema para los pueblos indígenas es obvio: gran parte de las concesiones mineras y petroleras se ha hecho sobre nuestros territorios. Ningún bloque petrolero o título minero se ha adjudicado atendiendo la obligación de consulta previa en los términos previstos por el Convenio 169 de la OIT, en particular garantizar la participación indígena en los trámites iniciales de concesión, y solo en los casos de zonas mineras indígenas se nos pregunta por los títulos solicitados por empresarios

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Editorial

Ir a tabla de contenido privados, pero quitándonos cualquier derecho a decidir qué hacer. El Gobierno adelanta las consultas —si lo hace— cuando ya las transnacionales tienen en su poder los títulos que les permiten alegar derechos adquiridos. El resultado es que cada vez crece la mancha petrolera y minera sobre los territorios indígenas. Cuando le preguntamos a los funcionarios del Gobierno —eso lo vivimos con el director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)—1 si no hay contradicción entre una política de tierras y las concesiones para minería a cielo abierto responden que es inevitable, que “la minería va porque va”. Teniendo en cuenta que la principal amenaza territorial para los pueblos indígenas es esta, no tenemos otra alternativa que considerar el Gobierno de Santos como el enemigo del que toca defenderse.

Y como explotar al máximo los recursos naturales exige condiciones políticas excepcionales, el Gobierno de Santos se ha comprometido a imponerlas. En el resto de la agenda legislativa y el Plan Nacional de Desarrollo se ratifica lo que venimos diciendo.

La más agresiva de las medidas es la reforma de la Constitución para incluir el “derecho a la sostenibilidad fiscal” que consiste en que el Estado se restringe a sí mismo para priorizar el gasto social y el cumplimiento de los derechos humanos, con el cuento de que hacerlo pone en riesgo la estabilidad del país. Un derecho que consiste en no tener derecho. Por recomendación del Banco Mundial, el FMI y la banca privada, el Gobierno va a introducir una norma en la Constitución que tenga igual importancia que las que obligan a respetar y garantizar los derechos fundamentales.

En realidad, lo que quiere Santos no es cambiar la Constitución sino derogarla, cambiando “un articulito”, como decía también Uribe.

Cuando se dice “Estado social de derecho” nosotros entendemos que es porque el Estado está constituido sobre todo para garantizar los derechos humanos.

Pero con la “sostenibilidad fiscal” el Estado ya no tiene la obligación de garantizar los derechos por encima de cualquier otra consideración, sino que puede esconderse en la falta de plata para incumplirlos. Mientras tanto, la obligación de pagar la deuda pública sigue igual, y es seguro que no van a reducir los gastos de la guerra. La plata de los impuestos y las rentas del país que se destinen a garantizar los derechos saldrá de “lo que quede del presupuesto” luego de asegurar el pago de intereses y capital de la deuda externa y la sostenibilidad de la seguridad democrática. Por eso decimos que si se aprueba ese acto legislativo el Estado ya no estará para garantizar los derechos humanos de la población, sino para garantizar el pago a los bancos. Eso es derogar la Constitución. Esperamos que la Corte Constitucional no permita que eso pase, pero tenemos que movilizarnos para garantizarlo.

La otra reforma constitucional que cambia el régimen de regalías ya casi está aprobada. El Gobierno busca quitar parte de los recursos que pertenecen a los entes territoriales (departamentos y municipios) y pasarlos al control de la nación, es decir, al Gobierno nacional, en una clara expropiación de la propiedad del subsuelo que pertenece a los entes territoriales. Hay que recordar que las regalías son el pago que hace el explotador por extraer un recurso no renovable que pertenece a todo el 1

Los hechos ocurrieron en Expopaz, octubre de 2010, en Bogotá.

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Editorial

Estado; si ese dinero no llega a sus dueños, lo que hay es una expropiación o un robo.

Los territorios indígenas, como entes territoriales, son parte del Estado y, por tanto, propietarios del subsuelo, y los pueblos indígenas tenemos derechos sobre todo el territorio (que incluye el subsuelo) “adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.

Las dos reformas constitucionales en trámite no fueron consultadas con los pueblos indígenas, como debió hacerse. Vamos a preparar las acciones judiciales para demandar esas normas que nos quitan derechos.

Otro campo en el que el Gobierno de Santos se enfrenta a los pueblos indígenas es su política de tierras. En esto el Gobierno tiene dos caras. La más visible es la de restitución de predios a campesinos, indígenas y afrodescendientes desplazados que debieron abandonar o vender forzadamente sus propiedades a los paramilitares, narcotraficantes y latifundistas. La Administración ha dicho que espera devolver unas 500 mil hectáreas, entregadas ilegalmente con el apoyo de funcionarios del Incoder, y que ya va en 300 mil. Eso es bueno. Dice también que va devolver otro millón 600 mil con la ley de víctimas. Eso también está bien. Mejor dicho, ¿quién se va a oponer? Sobre todo si persigue y les quita, aunque sea parcialmente, el poder a los terratenientes armados. Incluso se puede decir que eso ayuda un poco a abrir caminos para la paz.

Pero lo que no dice el Gobierno es que muchos de ellos no van a poder regresar: por miedo a que quienes los desplazaron sigan en sus regiones, porque no hay condiciones económicas adecuadas, porque les devuelven las tierras pero sin ganado, ni aves, etc. Tampoco dice que en el fondo el regreso de los desplazados es lo de menos. Porque lo que le importa a Santos es que tengan un título y con él puedan hacer negocios con los grandes empresarios del campo (los “nuevos llaneros”, dice la prensa), al modo de las asociaciones “libres” entre gallinas y zorras. Ese modelo lo vimos por el camino cuando la guardia indígena viajó al Cesar a acompañar a los campesinos de Las Pavas: el dueño del negocio tiene una inmensa hacienda donde también tiene instalada la planta de procesamiento de aceite de palma (puede ser de cualquier otra cosa), y los campesinos vecinos le suman su pedazo de tierra y el trabajo a cambio de una renta reducida; los campesinos no pueden decidir qué sembrar, no se asocian entre ellos sino con el gran empresario, no producen comida para sus familias sino mercancías para exportar. Otra vez la gran hacienda y un montón de aparceros siervos en su propia tierra. Eso sí que no abre espacios a la paz.

El propósito es el mismo. Álvaro Uribe quiso hacer el trabajo sucio a través del Estatuto de Desarrollo Rural que se cayó por falta de consulta previa, donde los títulos chimbos se volvían buenos y los terratenientes podían hacer negocios limpios con las transnacionales. Santos dice que devolverá estas tierras e indemnizará a las familias víctimas con el objetivo de que las multinacionales tengan seguridad legal sobre las tierras a fin de que puedan ingresar al país con garantías para su inversión a largo plazo. El Gobierno no puede decir que esto es invento. El Plan Nacional de Desarrollo autoriza para entregar tierras baldías (que en realidad son de los indígenas) a los grandes empresarios agrarios sin límites de extensión y sin que paguen un peso, y permite la compra de tierras por empresas transnacionales sin ninguna restricción.

Pero incluso la restitución de títulos es apenas una promesa. La ley de víctimas y tierras está condicionada al principio de sostenibilidad fiscal: si la plata alcanza,

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Editorial

Ir a tabla de contenido medidas positivas, como la obligación de concertar toda actividad institucional en territorios indígenas, el programa de constitución y saneamiento de resguardos (dentro del cual está lamentablemente la reestructuración de resguardos coloniales), la libertad de los pueblos indígenas para invertir los recursos de transferencias de acuerdo con los planes de vida, la ley de coordinación entre jurisdicciones, la prohibición al Estado para que promueva los transgénicos (no dice nada de las empresas transnacionales), y el fondo de fomento para pueblos indígenas. El PND incluye “compromisos” del Gobierno para “cumplir las leyes” en materia cultural, lingüística y de consulta previa (como si no fuera su obligación).

el Estado entregará el título y pagará la indemnización; si no, habrá que esperar. Si es que no se cae también por la falta de consulta previa con los pueblos indígenas y afrodescendientes, debido a que afecta derechos étnicos aunque formalmente se diga que no, como ocurre con la indefensión en que quedan los territorios no titulados en los procesos de reclamación que puedan adelantar otros sectores sociales victimizados; la ley ha querido arreglar este problema aprobando un futuro decreto-ley, pero no es claro que resuelva los problemas de inconstitucionalidad.

Hay que reconocer que conoceremos el conjunto de la política agraria cuando el Gobierno presente la ley general agraria, que ya anunció. Pero por las declaraciones del ministro Juan Camilo Restrepo y el director de Incoder, lo que vemos es una política para modernizar el campo a punta de más neoliberalismo: legalizar la propiedad campesina para articularla a los grandes empresarios, meter el gran capital nacional e internacional como agente central de la economía rural, producir para el extranjero. En ninguna parte el Gobierno ha dicho que va a impulsar una redistribución de la propiedad de la tierra como lo recomendó el PNUD hace unos meses; por el contrario, siempre vuelven a la idea repetida de que el mercado podrá distribuir la propiedad, que si la economía de los ricos crece las migajas le caen a los pobres, y un montón de ideas que han fracasado una y otra vez.

Y para que no queden dudas de lo que prepara el Gobierno contra nosotros, amenaza con la reestructuración de los resguardos de origen colonial. Primero fue el memorando de un funcionario medio del Incoder diciendo al IGAC que en esa institución no constaba la existencia de resguardos coloniales; luego Uribe expidió el Decreto 441 de 2010, que señala que ninguno de los títulos de origen colonial es claramente vigente, por lo cual deben ser validados, y que los resguardos deben ser sometidos a reestructuración por el Incoder antes de diciembre de 2011. Ahora el Plan Nacional de Desarrollo convierte en ley de la república este ataque contra nuestros derechos. Nos queda claro qué significa para el Gobierno la reestructuración de los resguardos de origen colonial: incluir exclusivamente las tierras poseídas por los indígenas y las entregadas por el Incoder, y excluir del área titulada las zonas donde personas particulares son poseedoras y alegan tener derechos de propiedad, o por lo menos dejar en el limbo los derechos indígenas. Poco importa que participemos en dicha reestructuración, pues la expropiación ya está decidida de antemano.

Pero la concertación del conjunto del Plan entre el Gobierno y las organizaciones indígenas no cambió un milímetro el enfoque extractivista, privatizador y favorable a las transnacionales. Debemos reconocer que no organizamos las movilizaciones que se requerían para detener la aplanadora minera, defender nuestros derechos territoriales y hacer respetar nuestra calidad de autoridad ambiental y territorial. Este deberá ser el año en que cumplamos esos deberes con la Madre Naturaleza.

Visto lo anterior, no hay duda de qué posición debemos tener ante el Gobierno de Santos. Eso no quiere decir que cerremos los ojos ante las acciones que viene llevando a cabo contra los paramilitares y narcoterratenientes, aunque sean tibias. Y si abre las puertas a una solución política negociada del conflicto armado, saludaremos esa decisión.

Archivo ACIN

Es falso que los títulos de origen colonial no estén en la base de datos del Incoder. Nuestros títulos son plenamente válidos y vigentes, y lo que corresponde al Estado es su reafirmación sin ningún trámite especial; a partir de ese reconocimiento pleno es que se deben analizar y sanear las situaciones de particulares que se mantengan en el territorio. En sus sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado lo que venimos diciendo desde hace siglos: que nuestro derecho al territorio es imprescriptible y anterior al Estado, y que incluso tenemos derecho a la restitución de las tierras que hayan adquirido de buena fe algunos particulares. Esta es una pelea jurídica que el Gobierno tiene perdida a nivel nacional e internacional, pero la plantea para que nos confundamos mientras siguen con su plan de despojarnos, y para que nos desgastemos defendiendo derechos que no tienen ninguna discusión.

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Debemos reconocer al mismo tiempo que en el proceso de concertación del Plan Nacional de Desarrollo las organizaciones indígenas lograron incorporar algunas

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Editorial

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Los resguardos indígenas de origen colonial en riesgo Notas frente al Decreto 441 de 2010 y al artículo 62* del Plan Nacional de Desarrollo

10 Actualidad

En un siglo de constantes esfuerzos no ha logrado el Congreso resolver un problema sencillísimo, y ahí están todavía las parcialidades y sus resguardos, como ruinas de un edificio antiguo, inútiles hoy para todo el mundo y molestos para la industria, el comercio y la agricultura.

Fueron medios de civilización; la República los convirtió en simples estorbos.

Tomás O. Eastman, ministro de Hacienda en 1910 y 1911

El Bicentenario de la independencia: un mal recuerdo en el peor momento Hace tres años, la Presidencia de la República creó la Comisión de Honor para el Bicentenario de la Independencia de Colombia, y en el decreto respectivo incluyó inconsultamente el nombre del exconstituyente Lorenzo Muelas Hurtado, indígena misak o guambiano, ante lo cual el aludido rechazó el nombramiento mediante carta dirigida a la Alta Consejería Presidencial para el Bicentenario, fechada en Silvia, Cauca, el 25 de julio de 2008, la que en algunos de sus apartes dice:

Archivo ACIN

actualidad

Luis Javier Caicedo**

Ante tal avalancha de desastres que están soportando los Pueblos Indígenas, difícilmente podría yo tener algún interés en hacer parte de una celebración de algo que para mi gente solo ha significado muerte, dolor, destrucción, y empobrecimiento de toda índole. Y mal podría yo haber aceptado partici-

par en una actividad encabezada por un Gobierno tan anti-indigenista como el actual, que no solamente fue uno de los pocos en rehusarse a ratificar la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino que promueve leyes como el Estatuto de Desarrollo Rural, desastroso para nuestros Pueblos, y que dentro de su política de hacer un sapo de cada colombiano ofrece recompensas por denunciar a aquellos de nuestros hermanos y hermanas que luchan por la recuperación de sus tierras, calificándolos de terroristas.

Finalmente, debo expresarle mi inconformidad por lo que me parece un abuso e irrespeto de parte de esa Alta Consejería, al incluir mi nombre como parte de una actividad del Gobierno, sin que yo haya aceptado jamás hacer parte de esta. Por lo tanto, exijo que no solamente retiren oficialmente mi nombre del grupo de comisionados, sino que lo limpien públicamente, ha-

* Artículo 70 en la ley finalmente aprobada. ** Asesor de comunidades indígenas. Realizó estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de los Andes. Editor de www. albicentenario.com. Autor de: Derechos y deberes de los pueblos indígenas, Bogotá, San Pablo Editores, 1993, y de 1810-2010: Bicentenario de la independencia de Colombia y Latinoamérica, Medellín, Fondo Editorial Biogénesis de la Universidad de Antioquia, 2005.

11 Actualidad

Ir a tabla de contenido El decreto de Bolívar significa un pacto político de la República con los pueblos indígenas, puesto que mediante él la revolución reconoce en principio el estatus territorial que estos tenían en el régimen derrotado. ciendo circular por los mismos medios y poniendo en su página web esta comunicación y su anexo1.

La carta de Lorenzo Muelas, que de alguna manera interpreta el sentir de los pueblos indígenas colombianos frente al Bicentenario (conmemorar/no celebrar), tiene su explicación en dos circunstancias: en primer lugar, se debe a que hace 200 años la Independencia inauguró una etapa de liquidación de las tierras colectivas (resguardos) y de las formas propias de gobierno (cabildos), que se extendió durante todo el siglo XIX y hasta mediados del XX, por lo que es entendible que este sector de colombianos no comparta con sus compatriotas la misma versión acerca del sentido de la emancipación y el surgimiento de la República. Y en segundo término a que, aunque las luchas del movimiento indígena, el acompañamiento de otros sectores sociales y la voluntad política han permitido desde 1982 la titulación de más de 300 nuevos resguardos, y desde 1991 ampliar el concepto de nación hacia la multietnicidad y declarar inalienables los resguardos, a partir de 2002 esa situación de relativa garantía para la supervivencia de los pueblos indígenas ha comenzado a tambalear.

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12 Actualidad

http://www.albicentenario.com/index_archivos/ Page5164.htm.

Las decisiones del Gobierno nacional de no votar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, y de expedir una Ley de Desarrollo Rural inconsulta que ponía fin a la Reforma Agraria y prohibía la titulación de tierras a los indígenas en vastas regiones del país, entre otras medidas, son vistas por dichos pueblos como una amenaza, la advertencia premonitoria de que se puede repetir una liquidación de territorios titulados a las comunidades indígenas similar a la iniciada hace 200 años, lo cual se vio confirmado con la expedición del Decreto 441 de 2010, que contra toda lógica jurídica declaró inexistentes los 55 resguardos indígenas de origen colonial existentes en el país.

La situación no ha variado esencialmente por el cambio de Gobierno en agosto de 2010, pues el presidente Juan Manuel Santos no solo mantuvo el condicionamiento de la Declaración de la ONU, sino que echó a andar la “locomotora” minero-energética (en buena parte sobre los territorios indígenas) y recientemente incluyó el texto del Decreto 441 en el Plan Nacional de Desarrollo, elevando a disposición legal la inexistencia de los resguardos coloniales.

Revisados los archivos y bases de datos del Instituto no se encontraron resguardos de origen colonial.

En los departamentos del Cauca, Nariño, Risaralda y Putumayo existen unos presuntos resguardos de origen colonial y republicano, a los cuales el Instituto, de conformidad con lo establecido en la Ley 160 de 1994 y sus Decretos Reglamentarios 2663 de 1994 y 2164 de 1995, tiene que adelantar el proceso de Clarificación de la Propiedad, para determinar la vigencia legal de los títulos que presentan las comunidades, para posteriormente, y una vez establecida su autenticidad, se proceda a realizar la reestructuración del resguardo.

Reestructurados estos resguardos, entran a hacer parte de las bases de datos estadísticas y cartográficas del Incoder, de los territorios legalmente constituidos en beneficio de esta población (énfasis agregado).

Esta certificación del Incoder borró de un plumazo la clasificación de los resguardos existentes en Colombia, basada

en resguardos antiguos (de origen colonial o republicano) y resguardos nuevos (creados por el Incora y el Incoder), donde ambas clases son válidas jurídicamente, y por un simple oficio abolió los más antiguos resguardos indígenas del país.

El concepto administrativo desconoce que no se necesita ni clarificación de propiedad ni reestructuración para que un resguardo colonial exista. La existencia de dichos resguardos se demuestra con el título original si lo hay y, de no ser así, por un título supletorio, regulado por las normas señaladas desde las Ordenanzas de San Lorenzo de 1584, dictadas en tiempos de Felipe II; luego por las leyes de procedimiento civil expedidas por la República desde 1825 (que mantuvieron el sistema español hasta 1887), y en la actualidad por el artículo 12 de la Ley 89 de 1890, que señala el trámite supletorio de reposición de títulos de los resguardos indígenas en caso de pérdida. Un resguardo colonial, per

Contra toda evidencia (jurídica y fáctica) el Incoder certifica que no existen resguardos indígenas de origen colonial en Colombia Todo partió el 24 de septiembre de 2009, cuando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), respondiendo a una solicitud del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) sobre cuántos y cuáles resguardos indígenas de origen colonial existían en el país, expidió la siguiente certificación:

13 Actualidad

Ir a tabla de contenido y cuántos son reconocidos en el país, indicándose como fuente la base de datos del Incora.

En efecto, en el último libro citado se expresa claramente que la base de datos del DNP se ha elaborado “con base en información Dane, actualizada con datos del Incora”:

Parágrafo. Mientras se adelantan los trámites de clarificación de las propiedades correspondientes a los resguardos de origen colonial, para efectos de liquidar la compensación a que hace referencia el artículo 184 de la Ley 223 de 1995, para la vigencia de 2008 en adelante, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tendrá en cuenta las áreas y localización que se encuentren en las bases de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia.

Otra cosa es que la base de datos se haya embolatado en el traspaso del Incora al Incoder, y luego a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, y de regreso otra vez al Incoder, pero eso no invalida los derechos adquiridos de los indígenas sobre los resguardos coloniales ya certificados.

Y agrega el libro: Resguardos antiguos o de origen colonial

Archivo ACIN

se, no necesita reestructuración, y así lo ha reconocido el Estado. De necesitarla, sería motivo de un estudio particular para cada caso, pero de ninguna manera es canónico establecer una presunción de invalidez de los títulos de todos los resguardos coloniales del país.

14 Actualidad

Además, el concepto de Incoder al IGAC del 24 de septiembre de 2009 incurre en una falsedad, porque los resguardos de origen colonial sí aparecen en la base de datos del Incora/Incoder, ya que el Instituto ha venido certificando desde 1993 la existencia de dicha categoría de resguardos, desde su base de datos, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a efectos de establecer lo relativo a las transferencias que la Nación gira del presupuesto nacional para los resguardos en virtud del artículo 357 de la Constitución de 1991. Así aparece en los dos libros que sobre el tema ha publicado la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación (Arango, Sánchez, 1997) Arango, Sánchez, 2004), donde se caracteriza qué son los resguardos coloniales

Los resguardos antiguos tienen especial importancia en los departamentos del Cauca (35), Nariño (16) y Caldas (2).

En la Costa Atlántica estaba el resguardo de San Andrés y Sotavento —hoy día reestructurado por el Incora—, y quedan dos más en el departamento del Putumayo, resguardos de Yunguillo y Valle de Sibundoy. En la base de datos del Departamento Nacional de Planeación se venía incluyendo el resguardo de Cota, en Cundinamarca, como un resguardo antiguo. Como se dio anteriormente, estos resguardos tienen su origen con anterioridad a la expedición de la Ley de Reforma Agraria, número 135 de 1961.

Algunos de los resguardos antiguos o de origen colonial, han sido ampliados o reestructurados por el Incora. Por tal motivo, en el listado base —Guía Etnológica de Colombia—, varios de estos resguardos que figuraban en la base de 1997 como coloniales, pasaron del régimen territorial, RT1 —resguardos antiguos— al RT2 —resguardos nuevos—.

Este es el motivo por el cual el número de resguardos antiguos ha disminuido, pero se contabilizan en el listado como resguardos nuevos. En la actualidad, existen 55 resguardos coloniales con un área de 405.743 hectáreas y una población de 171.201 indígenas, lo que representa el 21,80% de la población2.

2 http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDTS_

Ordenamiento_Desarrollo_Territorial/3g11librocapitulo3.PDF.

El Gobierno nacional eleva el rango jurídico del concepto del Incoder (Decreto 441 de 2010) Ante los numerosos reclamos expresados al Gobierno nacional por parte de las comunidades indígenas y las alcaldías municipales contra el concepto del Incoder (por desconocer la existencia de los territorios, pero también porque impedía el giro de recursos del presupuesto nacional a los resguardos abolidos), el Gobierno nacional no lo desautorizó y, por el contrario, lo elevó de categoría jurídica, mediante un decreto de corte imperial, que ni siquiera contiene considerandos, burlando el deber de motivación. Se trata del Decreto 441 del 10 de febrero de 2010, del Ministerio de Hacienda, el cual ordena que todos los resguardos coloniales deben ser reestructurados obligatoriamente antes del 31 de diciembre de 2011, como lo dispone su artículo 1°: Artículo primero: el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural-Incoder de conformidad con el artículo 85 de la Ley 160 de 1994, deberá a más tardar a 31 de diciembre de 2011, reestructurar los resguardos de origen colonial previa clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos, con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora u otras entidades.

El concepto del Incoder se convierte en ley de la República (artículo 623 del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo) El 7 de agosto de 2010 el nuevo presidente de la República, Juan Manuel Santos, realizó una posesión simbólica ante los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el 12 de octubre siguiente (aniversario 518 del descubrimiento de América) compareció ante el II Congreso Nacional del Pueblo Embera en El Dovio, Valle, anunciando en ambos casos un cambio en la política del Estado respecto de los pueblos indígenas.

Los gestos del nuevo presidente hacían suponer razonablemente que una de sus primeras medidas sería despejar la amenaza sobre la subsistencia de los resguardos de origen colonial que había sembrado el Gobierno anterior, derogando el Decreto 441 de 2010, pero en su lugar incluyó su no jurídico contenido en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que sometió a la aprobación del Congreso Nacional, elevando así a rango de ley la inexistencia de aquellos resguardos.

El texto del artículo 62 de la ponencia para último debate del Plan Nacional de Desarrollo dice así: 3

Artículo 70 en la ley finalmente aprobada.

15 Actualidad

Ir a tabla de contenido Artículo 62. Durante la vigencia de la presente Ley el Instituto Colombiano para el desarrollo rural Incoder, de conformidad con el artículo 85 de la Ley 160 de 1994, reestructurará los resguardos de origen colonial previa clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Incora u otras entidades.

Mientras se adelantan los trámites de clarificación de las propiedades correspondientes a los resguardos de origen colonial, para efectos de liquidar la compensación a que hace referencia el artículo 184 de la Ley 223 de 1995, para la vigencia de 2011 en adelante, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tendrá en cuenta las áreas y localización que se encuentren en las bases de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia.

Las entidades involucradas en la identificación jurídica y física de los resguardos indígenas de origen colonial deben utilizar para estos fines cartografía básica oficial georreferenciada.

La Declaración Final del II Congreso Embera había expresado: “Sentarnos con el presidente, no quiere decir que estemos renunciando a la exigencia de nuestros derechos, el tiempo indicará si su compromiso con los pueblos indígenas del país, y en particular con el pueblo embera, es real o no”. Tal parece que el tiempo empieza a responder esta inquietud.

16 Actualidad

Con el agravante de que el debilitamiento de su posición jurídica empieza a generar y legitimar la invasión de las tierras de los resguardos coloniales, como ocurre con el resguardo indígena de

Nuestra Señora Candelaria de La Montaña del municipio de Riosucio, Caldas (creado el 15 de marzo de 1627 por el oidor Lesmes de Espinosa y Sarabia y repuesto por pérdida el 14 de agosto de 1759 por el virrey José de Solís Folch de Cardona), cuyos linderos por el municipio de Mistrató, Risaralda, han sido ocupados ilegalmente por mineros provenientes del Chocó, auspiciados por la Alcaldía de Mistrató, para explotar oro del río Rioarriba, lo que ha dado lugar a varias visitas de control por parte del cabildo indígena, acompañado de autoridades de Corpocaldas y de la Policía de Caldas y Risaralda, las cuales, sin embargo, se han visto suspendidas porque en el mes de abril de 2011 el Incoder conceptuó que en su base de datos no existe ningún resguardo con el nombre Nuestra Señora Candelaria de La Montaña. Antes de este concepto había dos retroexcavadoras, que incluso habían sido paralizadas. Después del concepto, han entrado otras cinco retroexcavadoras, y lassiete están en plena actividad; mientras las que han quedado paralizadas son las autoridades departamentales, ambientales y de policía que incluso temen aplicar los amparos posesorios para proteger ese antiquísimo territorio indígena.

La situación de los resguardos indígenas en el paso de la Colonia a la Independencia, y la subsistencia jurídica de los resguardos coloniales Ni los precursores ni los libertadores concibieron a los indígenas como realidades diferentes del resto de colombianos, merecedores de consideración como pueblos, como sí llegó a contemplarlo el sistema colonial. Esto podría deberse al hecho de que España nunca dejó de comportarse como potencia ocu-

pante, sujeta a los límites del Derecho de Gentes, que la obligaban a garantizar la supervivencia de los pueblos sometidos, como se lo recordaban a la Corte frailes y filósofos de la época. En ese carácter, la Corona se vio precisada a mediar entre los intereses de los conquistadores/colonizadores y los intereses de los aborígenes, mediación en la cual fue tomando forma una política indigenista de Estado y un corpus jurídico específico para la población nativa, cada vez más garantista, que pasa sucesivamente de los repartimientos y las mitas a las encomiendas y de ahí a los resguardos.

Este fuero indígena se inserta a su vez en el más amplio corpus del Derecho Indiano, que regulaba todos los aspectos relativos a los dominios de ultramar, el que, a su vez, excepcionaba el derecho general aplicable a los súbditos de la Corona en la península. Y entre los dos órdenes había un mediador, con jurisdicción sobre toda la América española: el Consejo Real de Indias, que formulaba la política indigenista del imperio, recomendaba las leyes apropiadas y vigilaba su cumplimiento.

Todo este aparato de Derecho de Gentes, Leyes de Indias y un mediador se vino abajo con la independencia de las colonias. De haber una política de Estado con respecto a los indígenas del continente se pasó a tantas políticas como Repúblicas nuevas surgieron. Desaparecida la ocupación por una potencia extranjera, los naturales de la tierra asumen el poder. Pero dichos naturales ya no eran solo los nativos de ella, sino —y excluyentemente— los descendientes de españoles nacidos en América durante los 300 años de ocupación, quienes para su conveniencia equipararon a todos los habitantes de los nuevos países como sus iguales en tanto ciudadanos.

Los resguardos de origen colonial sí aparecen en la base de datos del Incora/ Incoder, ya que el Instituto ha venido certificando desde 1993 la existencia de dicha categoría de resguardos, desde su base de datos, al Departamento Nacional de Planeación.

Bolívar tenía claro que en esto había una cruel paradoja: los criollos debían disputar los derechos elaborados en Europa (v. gr. la propiedad) a los nativos del continente, los legítimos propietarios, como lo expone en la Carta de Jamaica de 1815: Yo considero el estado actual de América, como cuando desplomado el imperio romano cada desmembración formó un sistema político, conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones, con esta notable diferencia, que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los sucesos; más nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios, ni europeos, sino una especie mezcla entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles; en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento, y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar éstos a los del país, y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores; así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado.4

Pero para muchos de los que lideraron el proceso de separación de España no existía tal paradoja ni conflicto moral alguno. Simplemente el continente era 4

http://www.analitica.com/bitblio/bolivar/jamaica.asp

17 Actualidad

Ir a tabla de contenido de los hijos de los conquistadores, porque los indígenas no significaban nada, como lo expresara en 1809 Camilo Torres Tenorio en el Memorial de Agravios: Las Américas, Señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a la corona de España; de los que han extendido sus límites, y le han dado en la balanza política de la Europa, una representación que por sí sola no podía tener. Los naturales conquistados y sujetos hoy al dominio español, son muy pocos o son nada, en comparación de los hijos de europeos, que hoy pueblan estas ricas posesiones.5

Obrando en consecuencia, una vez triunfante la revolución, el Estado se organizó a imagen y semejanza de los hijos de los conquistadores, quienes resolvieron la cuestión indígena a partir de los parámetros de las revoluciones francesa y norteamericana, como aparece muy tempranamente en el Acta Constitucional de la Junta Provincial de El Socorro, 15 de agosto de 1810: Asimismo se declara que desde hoy mismo entran los indios en sociedad con los demás ciudadanos de la provincia a gozar de igual libertad y demás bienes que proporciona la nueva constitución, a excepción del derecho de representación que no obtendrán hasta que hayan adquirido las luces necesarias pa­ra hacerlo personalmente.6

En tanto oriundos de América, todos eran iguales y a todos debían cobijar las nuevas leyes dadas por sus iguales. Era apenas de justicia revolucionaria buscar la igualdad donde la Corona había es5 6

18 Actualidad

http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/julio20/ sec2b.htm http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/actas-deindependencia/actas-declaraciones-independencia-041.html

tablecido diferencias. Los pueblos de indios y el trato legal diferenciado dejaron de tener sentido. Los resguardos también, porque el régimen de propiedad colectiva no cabía en el nuevo sistema.

Prevalidos, pues, de las ideas filosóficas y políticas de la Revolución Francesa, la generación de próceres y libertadores construyó el argumento de que el trato diferencial hacia los indígenas lo había establecido el Gobierno español para el mejor dominio de los aborígenes, con la consecuencia de mantenerlos excluidos de la sociedad, por lo que los nuevos gobiernos empeñaron todos sus esfuerzos, incluida la fuerza, en la noble tarea de convertir a los indígenas en ciudadanos iguales al resto de colombianos. Para ello acabaron o intentaron acabar con el llamado Código de Indias, con las tierras de resguardos, con las parroquias o pueblos exclusivamente habitados por indígenas, con los cacicazgos y cabildos, y con los protectores estatales de indígenas, al tiempo que continuaron la labor civilizatoria hispana de erradicar las lenguas, las desnudeces, los Dioses y los brebajes y narcóticos de los nativos.

Aunque, de otra parte, los líderes independentistas también buscaron aliviar la situación social de los indígenas, en especial frente a los engaños de que eran objeto en materias relativas a la propiedad de sus tierras, al régimen de trabajo semiesclavista a que estaban sometidos, a los abusos de los curas, al pago de onerosos tributos, a la falta de acceso a la educación, a la prohibición de ejercer el comercio y, últimamente, al reclutamiento militar. Aún así, algunas de las medidas benéficas adoptadas en la euforia de la emancipación fueron echadas para atrás al poco tiempo.

Entre las medidas se destaca, ciertamente, la tomada por Simón Bolívar

Decreto del 20 de mayo de 1820 Que ordena devolver a los naturales los resguardos Simón Bolívar, Libertador y Presidente de la República de Colombia, etc., etc.

Deseando corregir los abusos introducidos en Cundinamarca en la mayor parte de los pueblos de naturales, así contra sus personas, como contra sus resguardos y aún contra sus libertades; y considerando que esta parte de la población de la República, merece las más paternales atenciones del Gobierno, por haber sido la más vejada, oprimida y degradada durante el despotismo español, con presencia de lo dispuesto por las leyes canónicas y civiles, he venido en decretar y DECRETA: Artículo 1. Se devolverán a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los resguardos según sus títulos, cualquiera que sea el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores.

Artículo 2. Las fundaciones que carguen sobre los dichos resguardos, no teniendo aprobación de la autoridad a quien corresponde o ha correspondido concederla, quedarán sin efecto ni valor aunque hayan subsistido por tiempo inmemorial.

Artículo 3. Integrados los resguardos en lo que se les haya usurpado, los jueces políticos repartirán a cada familia tanta extensión de terreno cuanto cómodamente pueda cultivar cada una teniendo presente el número de personas de que conste la familia y la extensión total de los resguardos.

Artículo 4. Si repartidos los resguardos a las familias, como se ha dicho, quedaran tierras sobrantes, las arrendarán por remate los mismos jueces políticos a los que más dieren y afianzaren mejor, prefiriendo siempre por el tanto a los actuales poseedores.

Julia Madariaga

nueve meses después del triunfo patriota en la batalla de Boyacá, mediante el Decreto del 20 de mayo de 1820, dictado para el territorio de la Nueva Granada (al que se le cambió el nombre español por el vernáculo de Cundinamarca), cuando ya Bolívar no era un insurgente llanero sino el Libertador, gobernante de un país constituido por el Congreso de Angostura de diciembre de 1819 con la unión de Venezuela y Nueva Granada y, por tanto, ya no había lugar a cartas soñadoras y encrucijadas éticas, como las que escribió y experimentó en su exilio jamaiquino, sino que ahora firmaba de-

cretos oficiales desde Bogotá (a la que le habían suprimido el Santa Fe), terrenos de Camilo Torres, donde ya sabemos que los indígenas valían poco o nada.

El Decreto del 20 de mayo de 1810 fue dictado en interés de corregir los abusos de los españoles contra las personas, los resguardos y las libertades de los indígenas, pero en la práctica, mediante este decreto el Libertador entrega las tierras de los indígenas al mercado, al ordenar el repartimiento de los resguardos (art.

3), aunque salva el inconveniente moral al darle validez a los títulos expedidos por la Corona española (art. 1).

19 Actualidad

Ir a tabla de contenido comunidades indígenas sobre los resguardos de origen colonial hasta nuestros días, siempre que dichos resguardos no hayan sido disueltos legalmente en época posterior.

Archivo ACIN

Este decreto, más que una norma jurídica, significa un pacto político de la República con los pueblos indígenas, puesto que mediante él la revolución reconoce en principio el estatus territorial que estos tenían en el régimen derrotado cuando, como hecho revolucionario, pudo haberlo invalidado (aunque arriesgándose a dejar también sin piso todas las propiedades de los particulares y de la Iglesia, las que el nuevo régimen afectó solo en cabeza de los desafectos a la independencia).

20 Actualidad

En lo jurídico, el artículo primero de este decreto ordena devolverles las tierras de resguardo a los indígenas de acuerdo con los títulos españoles, es decir, sanear los resguardos de las usurpaciones sufridas en cualquier tiempo y a cualquier título. Con ello se reconoce la validez de los títulos otorgados a los indígenas por la Corona de España sobre sus Resguardos, con lo que esta institución del derecho indiano pasa a la República y constituye, hasta hoy, la base de la legislación indígena, sustentando firmemente la propiedad colectiva de las

Una vez restituida la propiedad colectiva, los artículos tercero y cuarto disponen repartir en propiedades individuales los resguardos a las familias que los ocupan y arrendar los terrenos sobrantes. Con estas medidas, el Libertador decreta el repartimiento o la división de los mismos resguardos, lo que más allá de una mera operación jurídica de desglose de unos títulos colectivos significaba la disolución de las comunidades y los cacicazgos asociadas a esos títulos, y con ello una verdadera espada de Damocles sobre la supervivencia de los pueblos indígenas.

Las disposiciones del Libertador presidente fueron ratificadas por el Congreso de Cúcuta: Ley del 11 de octubre de 1821 El Congreso General de Colombia [la Gran Colombia: Venezuela, Nueva Granada y Ecuador], convencido de que los principios más sanos de política, de razón y de justicia exigen imperiosamente que los indígenas, esta parte considerable de la población colombiana que fue tan vejada y oprimida por el Gobierno español, recupere en todo sus derechos, igualándose a los demás ciudadanos, ha venido a decretar, y decreta, lo siguiente: Artículo 1. Los indígenas de Colombia, llamados indios en el Código español, no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo; ni podrán ser destinados a servicio alguno sin pagarles el correspondiente salario, que antes se estipule. Ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes.

Artículo 2. Atendiendo, sin embargo, al estado de miseria en que se hallan, originado del sistema de batimiento y degradación en que los tenían las leyes españolas, los indígenas continuarán eximidos por el espacio de cinco (5) años de pagar derechos parroquiales y de cualquier otra contribución civil con respecto a los resguardos y demás bienes que posean en comunidad; pero no los estarán en los que sean de su propiedad particular.

Artículo 3. Los resguardos de tierras asignados a los indígenas por las leyes españolas y que hasta ahora han poseído en común o en porciones distribuidas a sus familias solo para su cultivo, según el reglamento del Libertador Presidente del 20 de mayo de 1820, se les repartirán en pleno dominio y propiedad, luego que lo permitan las circunstancias y antes de cumplirse los cinco años de que habla el artículo 2.

Como pasaran los cinco años sin que pudiera ejecutarse la ley, el vicepresidente Francisco de Paula Santander dictó el Decreto del 15 de enero de 1827 por el cual prolongó la exención de impuestos y la existencia de los pequeños cabildos de los indígenas “hasta que se les repartan los resguardos”, es decir, en muchos casos, hasta el día de hoy.

Posteriormente, disgregada la Gran Colombia, el Congreso de la Nueva Granada (hoy Colombia) recoge las mismas reglas de titulación y repartimiento de resguardos en la Ley del 6 de marzo de 1832 y su adicional del 2 de junio de 1834.

Como se sabe, la política de repartimiento fue una de las motivaciones para que los indígenas de la provincia de Pasto, conducidos por Agustín Agualongo, vivieran la guerra de independencia del lado de los Ejércitos del Rey. Consolidada la República, las leyes de Repar-

(Dijeron los patriotas): En tanto oriundos de América, todos eran iguales y a todos debían cobijar las nuevas leyes dadas por sus iguales. Los pueblos de indios y el trato legal diferenciado dejaron de tener sentido. Los resguardos también, porque el régimen de propiedad colectiva no cabía en el nuevo sistema. timiento fueron rechazadas en muchas partes, como lo resume Roque Roldán : Contra estos ordenamientos [de 1832 y 1834] que Antonio García (v. Antonio García, Legislación indigenista y política de Estado) califica como una evidente “monstruosidad” jurídica, por cuanto, entre otras disposiciones, excluían de las adjudicaciones a amplios sectores de comuneros y prohibían a los indígenas la defensa legal de sus derechos, se pronunciaron en forma decidida la mayoría de las comunidades, a tal punto que el Poder Ejecutivo se vio forzado a suspender de manera indefinida las tareas divisionistas en numerosas regiones del país. Así lo hizo para los cantones de la provincia de Cartagena, por Decreto del 21 de noviembre de 1935; para los distritos parroquiales de San Pedro, San Antonio, Rosario y Marcata de la Provincia de Riohacha, por Decreto del 27 de noviembre de 1835; para los cantones de la provincia del Chocó, por Decreto del 14 de noviembre de 1836; para los distritos parroquiales del cantón de Neiva, por Decreto del 7 de diciembre de 1836; y para los cantones de Pasto y Túquerres de la provincia de Pasto, por virtud del Decreto del 29 de diciembre de 1837 (1990, p. 30).

Otros pueblos no tuvieron la gracia de la suspensión. Para 1880, las Memo-

21 Actualidad

Ir a tabla de contenido rias de Salvador Camacho Roldán dan cuenta de que la aplicación del Decreto del Libertador del 20 de mayo de 1810, y de las leyes subsiguientes, había conducido a la desaparición del pueblo chibcha o muisca de Cundinamarca, cuyos habitantes, antes productivos agricultores, despojados de sus tierras, se desplazaban por la cordillera central en la colonización de Ambalema o se degradaban en amorfa masa en las chicherías de Bogotá, mientras las tierras de resguardo pasaron a las manos de los militares, comerciantes, terratenientes y curas que ganaron la guerra contra España, a cambio las más de las veces de una muda de ropa, de un perro o de una botella de aguardiente, o en pago de una pequeña acreencia que el indígena no pudo cancelar.

No está por demás traer a colación que en lo que respecta a la cuestión territorial indígena la Independencia no fue la continuación mecánica de la Revolución de los Comuneros de 1781, pues los cinco o seis mil indígenas que llegaron con los comuneros a Zipaquirá lo hicieron para exigir que se suspendieran las reformas borbónicas que impulsaban la “demolición” y el repartimiento de los resguardos, como lo reseña Indalecio Liévano Aguirre en Los grandes conflictos de nuestra historia (s. f.).

22 Actualidad

La política de repartimiento de los resguardos indígena continuó hasta finales del siglo XIX mediante disposiciones de los estados federales. Por ejemplo, la legislatura del estado del Cauca (cuyo territorio abarcaba casi todo el occidente del país, donde se concentraba gran número de resguardos) decretó en 1875 el realinderamiento de los resguardos de su jurisdicción, fruto del cual fueron liquidados o segregados muchos resguardos de los actuales departamentos de

Nariño, Cauca, Valle, Risaralda, Caldas y Chocó. Esta política se detuvo con la Regeneración conservadora de 1886, que entregó el gobierno de los indios a las misiones católicas y dictó la Ley 89 de 1890 que reorganizó los cabildos y dio un plazo de cincuenta años, o sea, 1940, para liquidar los resguardos mediante un procedimiento judicial.

Siglo XX, cambalache Antes de vencerse el plazo señalado en la Ley 89, por iniciativa de los congresistas caucanos el Congreso Nacional expidió la Ley 19 de 1927, que ordenó disolver los resguardos indígenas que habían sobrevivido a la liquidación en el siglo precedente, a través de un procedimiento administrativo, dándolos en propiedad individual a los comuneros en partes alícuotas o proporcionales. Dicha ley solo se puso en ejecución hasta 1939, en el Gobierno de Eduardo Santos Montejo, mediante el Decreto 2454 del Ministerio de la Economía Nacional, que ordenó dividir los resguardos indígenas de Riosucio (Caldas), tierra natal de Jorge Gartner de la Cuesta, ministro firmante.

Sin embargo, los usos y las costumbres que tenían los indígenas para la ocupación de su territorio impedían que se pudiera dividir en partes alícuotas el terreno, por lo cual el Gobierno dictó el Decreto-ley 1421 de 1940, que en su artículo 14 facultó al Ministerio de la Economía Nacional para declarar “si un resguardo existe o ha dejado de existir”, aunque con la advertencia de que “La respectiva providencia administrativa tendrá fuerza obligatoria mientras no sea ratificada por medio de sentencia judicial ejecutoriada”.

Con base en esta facultad, el Ministerio expidió la Resolución 1 de 1943,

mediante la cual se declaró inexistente el resguardo indígena de San Lorenzo en Riosucio, Caldas (que había sido creado el 22 de marzo de 1627 por el oidor de Lesmes de Espinosa y Sarabia, y su título reconstruido por sentencia del juez cantonal de Supía el 18 de marzo de 1836, por orden del presidente Francisco de Paula Santander). Declarada administrativamente la inexistencia del resguardo, la resolución ministerial precisó que “en consecuencia sus terrenos no han salido del patrimonio del Estado”. Otra consecuencia inmediata fue la abolición del cabildo.

De esta manera, dicho resguardo, y algunos otros en el departamento del Cauca, fueron declarados baldíos nacionales, lo que permitió disolverlos de un modo más “expedito” que si fueran considerados resguardos.

Cuarenta años después de su disolución (1984), la parcialidad indígena de San Lorenzo logró reconstruir el cabildo, y en el año 2000 consiguió que el Incora les demarcara un nuevo resguardo, pero excluyendo el 25% del territorio tradicional (el repartido en parcelas individuales en 1943). En 2010 el cabildo instauró ante el Consejo de Estado demanda de nulidad contra la Resolución 1 de 1943, peticionando el reconocimiento de la validez de los títulos coloniales de 1627, repuestos en 1836.

Los resguardos nuevos y la reestructuración de los resguardos coloniales La Ley 135 de 1961 o de Reforma Agraria (arts. 29 y 94) permitió al Estado colombiano proceder a constituir nuevos resguardos, sin desconocer la existencia de los antiguos coloniales, aunque facultando al Instituto a reestructurar estos

El decreto de Bolívar significa un pacto político de la República con los pueblos indígenas, puesto que mediante él la revolución reconoce en principio el estatus territorial que estos tenían en el régimen derrotado. cuando en cada caso se amerite. La misma facultad se consagra en la Ley 160 de 1994. Consecuente con ello, el Incora y luego el Incoder han tenido en sus bases de datos a los resguardos coloniales que han sobrevivido a dos siglos de tentativas de abolirlos, la última de las cuales la constituyen el Decreto 441 de 2010 y el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo que cursa en el Congreso de la República.

Es de observar que el procedimiento de reestructuración de un resguardo colonial muchas veces ni siquiera discute su existencia sino solo la extensión cuando no hay una ocupación efectiva de toda el área resguardada en tiempos de la Colonia. Y que el Estado, en lugar de persistir en el enfrentamiento con los pueblos indígenas, haría un mejor papel si facilita los procedimientos para que los indígenas y colonos que posean escrituras privadas dentro de antiguos resguardos coloniales las puedan entregar al respectivo cabildo para reintegrar la propiedad colectiva.

Implicaciones del concepto del Incoder, del Decreto 441 del 10 de febrero de 2010 y del Plan Nacional de Desarrollo En pocas palabras, el Estado colombiano ha decretado la inexistencia jurídica de todos los resguardos indígenas de origen

23 Actualidad

Ir a tabla de contenido … la revolución de independencia estaba en la posibilidad de desconocer el orden jurídico antiguo [...] y entrar a saco sobre las tierras de los indios, confiscándolas, pero consideraciones prácticas llevaron a reconocerles autenticidad en la República, porque la validez de los resguardos es la de la tenencia de tierra en todo el territorio nacional. colonial, es decir, que estas tierras no han salido del patrimonio de la nación, lo que implica una burda expropiación, sin haber sido decretada en juicio.

Esta situación interpela a la sociedad colombiana para que se involucre en el estudio de las distintas facetas de esta problemática, no como un acto de solidaridad con los pueblos indígenas, sino como un asunto del mayor interés público, porque el Gobierno nacional ha puesto en cuestión los fundamentos sociológicos, históricos y jurídicos de la nación colombiana, haciendo tambalear no solo los derechos de los indígenas, sino toda la estructura de tenencia de la tierra en el país, con consecuencias impensables.

Para que se tenga una idea del enorme potencial desestabilizador implícito en el concepto del Incoder y en el Decreto 441 de 2010, valga reproducir el concepto del historiador Víctor Zuluaga, de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien escribe:

24 Actualidad

Cuando se produjo la independencia de la Nueva Granada, uno de los aspectos más complicados a resolver era el de la validez de los títulos expedidos por la Corona española durante el pe-

ríodo colonial. Quienes veían la posibilidad de declarar nulos los títulos que el monarca español había expedido a nombre de los indígenas (hecho paradójico pues había sido por orden del mismo Rey que los indígenas habían sido despojados de sus tierras), pensaban que era la mejor oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva en cuanto a legalidad de títulos de propiedad y echar mano a los resguardos de indios.

Pero un pequeño problema se presentaba si se procedía de esa manera: todos los títulos otorgados por la Corona española, tanto al clero como a particulares, quedaban automáticamente sin vigencia. Como quien dice, los grandes latifundistas se verían en apuros para legalizar sus tierras, a menos que tuvieran una fuerte influencia en el sector político y militar de la época.

La solución más lógica y más provechosa para los dueños de tierras fue la de declarar que todos los títulos expedidos por el Gobierno español seguían teniendo vigencia y quedaba explícito que los resguardos indígenas serían respetados.

Efectivamente, la revolución de independencia, como cualquier revolución, estaba en la posibilidad de desconocer el orden jurídico del antiguo régimen, en este caso la validez de los títulos de los resguardos indígenas, y entrar a saco sobre las tierras de los indios, confiscándolas, pero consideraciones prácticas llevaron a reconocerles autenticidad en la República, simplemente porque la validez de los resguardos es la de la tenencia de tierra en todo el territorio nacional.

Esto era así en los albores del siglo XIX y lo sigue siendo en este comienzo del siglo XXI. Por lo que si se han de reestructurar los resguardos de origen colonial que subsisten en el país, va a ser necesario someter al mismo procedimiento todas las tierras de propiedad

privada, en aplicación de los derechos humanos a la igualdad ante la ley, a un juicio justo y a la propiedad consagradas en la Constitución colombiana y en instrumentos internacionales.

En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el concepto de propiedad establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969) “incluye la propiedad comunal de los pueblos indígenas, incluso si esa propiedad no se encuentra específicamente titulada o reconocida de cualquier forma por el Estado”.7 En un fallo posterior, la Corte Interamericana condenó a los Estados Uni-

dos por haber “extinguido” las tierras tradicionales de los indígenas Western Shoshone, con el objeto de integrar esas tierras de pastoreo al desarrollo agrícola intensivo del oeste norteamericano por medio de medidas administrativas y judiciales que “no proporcionaron a las hermanas Dann y a otros grupos de los Western Shoshone una oportunidad adecuada para ser escuchados y que esos procedimientos negaban a estos grupos los mismos procedimientos y las protecciones sustantivas que generalmente están a disposición de los propietarios en el Derecho de los Estados Unidos”(énfasis agregado).8 Itagüí, 4 de mayo de 2011

Referencias Anaya, S. J. (s. f.). “Los derechos de los Pueblos Indígenas”. II Escuela sobre temáticas internacionales para pueblos indígenas. Bogotá: Cecoin (mimeo).

Arango, Raúl; Sánchez, Enrique (2004). Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.

Arango, Raúl; Sánchez, Enrique (1997). Los pueblos indígenas de Colombia. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.

Liévano Aguirre (s. f.). Los grandes conflictos de nuestra historia, tomo II. Disponible en http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/cseiii/cseiii02b.htm

Roldán, R. Fuero Indígena Colombiano (1990). Bogotá: Presidencia de la República.

Zuluaga, V. (s. f.). Revista Eje 21. Disponible en http://www.eje21.com.co/index. php?option=com_content&task=view&id=20840&Itemid=54

8 7

Caso Awas Tigni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de agosto de 2001.

Caso Mary y Carrie Dann vs. Estados Unidos, sentencia del 27 de diciembre de 2002. Las dos sentencias son citadas en el artículo “Los derechos de los Pueblos Indígenas” (Anaya, s. f., p. 22)

25 Actualidad

Ir a tabla de contenido dos primeros casos: las organizaciones indígenas no quieren convertirse en un obstáculo para la aprobación de una ley que pretende reparar a las víctimas del conflicto armado y restituir las tierras usurpadas.

Julia Madariaga

Problemas de la ley de víctimas y restitución de tierras Juan Houghton*

* Grupo de seguimiento de políticas públicas, Casa del Pensamiento de la Chxab Wala Kiwe.

26 Actualidad

Las organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa de Concertación acordaron a finales de 2010 con el Gobierno nacional un mecanismo extraordinario para resolver la ausencia de consulta previa en cuatro iniciativas que este presentó al Congreso: las leyes de víctimas, restitución de tierras1 y ordenamiento te1

Estos dos proyectos fueron acumulados en el Proyecto de Ley 107/10, Cámara, “Por la cual se dictan medidas de atención, reparación integral y restitución de tierras

Sin embargo, para que esta afirmación resulte aceptable debe ser matizada en dos puntos: lo primero es que la decisión no implique renunciar al derecho constitucional a la consulta previa y lo que ella protege; para el caso, que efectivamente lo que se apruebe en esta ley general no afecte los derechos de los pueblos indígenas, ni condicione o limite una norma específica posterior que explícitamente los afecte, ni derogue derechos ya reconocidos. Lo segundo es que la ley que está en trámite cumpla con su propósito reparador y restitutivo; no tendría objeto alguno facilitar la aprobación de una ley que no atienda las posiciones, exigencias y derechos de las víctimas y sus organizaciones, entre las cuales se encuentran los pueblos indígenas. Solo si estas dos circunstancias se dan tendría sentido pensar en un gesto generoso de las organizaciones indígenas para facilitar al Gobierno corregir su propio error de presentar varios proyectos sin realizar la consulta previa a que está obligado.

El primer mecanismo extraordinario rritorial, y el acto legislativo que cambia el régimen de regalías. Un mecanismo más cercano a la norma (en este caso el Decreto 1397 de 1996) fue adoptado para el Plan Nacional de Desarrollo, al cual nos referimos en otro documento.

La razón para buscar tal mecanismo parece entendible, por lo menos en los a las víctimas de violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y se dictan otras disposiciones”.

Los ministros de Interior y de Agricultura reiteraron con soberbia que no era necesaria la consulta previa para los proyectos de ley ahora acumulados en el Proyecto de “atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas”, al igual que en el caso del acto legislativo de regalías y la ley de ordenamiento territorial. Manteniendo esa soberbia, en el proyecto de ley de reparación de víctimas y restitución de tierras se hacía referencia

explícita a los pueblos indígenas y afros en dos partes, para excluirlos. En la primera decía: “la asistencia y reparación para indígenas y afros no serán objeto de la presente ley. Habrán leyes específicas para cada uno de estos grupos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos”. Y en la segunda: “La restitución de tierras despojadas de las comunidades indígenas y afro descendientes procederá conforme futura ley que previamente sea consultada con ellas”.

Pero al Gobierno le tocó comerse sus palabras. Postergar la adopción de medidas que explícitamente se refieran a los indígenas, y por ende postergar la consulta previa, no resolvía el problema de que la presente ley general sí pudiera afectarlos. La Corte Constitucional, al pronunciarse sobre el Estatuto de Desarrollo Rural (la caída Ley 1152 de 2007), señaló que cuando una norma puede afectar a los pueblos indígenas no es necesario que estos sean señalados explícitamente para ser sujetos del derecho a la consulta, aunque la norma tenga una aplicación general; similar argumento utilizó para el caso del anterior Plan Nacional de Desarrollo que fue declarado inexequible en cuanto a aplicación para los pueblos indígenas.

Frente a esto, para subsanar el hecho de que la falta de consulta vicia de inconstitucionalidad el proyecto, en un primer momento los delegados indígenas aceptaron frente al Gobierno en la Mesa de Concertación adoptar el procedimiento extraordinario que se señaló: una consulta previa “realizada posteriormente”, cuyos resultados fueran entregados al Congreso durante el trámite del proyecto.

Fue claro que los términos de dicho acuerdo eran (son) inaceptables jurídica-

27 Actualidad

Ir a tabla de contenido En las sentencias de la Corte IDH quedan claros no solo los derechos a la propiedad sobre tierras y territorios, sino el carácter imprescriptible de éstos y el derecho a la restitución incluso de tierras que hoy estén en poder de terceros de buena fe. mente y absurdos en términos lógicos.

La Corte Constitucional también se ha pronunciado al respecto, en el sentido de que la consulta es previa a la presentación de una iniciativa ante el Congreso, pues se trata de poder incidir eficazmente en su construcción legislativa, y de que la iniciativa ya concertada con los pueblos indígenas sea “defendida” por el Gobierno en ese órgano deliberativo; de lo contrario, serían simplemente unas opiniones a las que los parlamentarios podrían no hacer ningún caso.

El segundo mecanismo extraordinario Quizá porque notaron la inviabilidad del primer acuerdo, los delegados indígenas en la Mesa de Concertación cambiaron la idea de enviar en diferido los resultados de la consulta al Congreso, por el mecanismo de expedir un decreto con fuerza de ley. Para ello debieron aceptar que el llamado “procedimiento extraordinario” inicialmente acordado no resolvía la inconstitucionalidad del trámite de la ley, aunque este cambio de posición se hizo sin mayores explicaciones y aclaraciones.

Pero lo más importante, para cambiar de procedimiento debieron renunciar a lo sustancial de la posición anterior, a saber, que efectivamente la norma que se tramita afecta o puede afectar a los pueblos indígenas.

28 Actualidad

Dice el nuevo acuerdo que se “propone al gobierno que solicite” incluir

un artículo que revista al presidente de “precisas facultades extraordinarias, por el término de 6 meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley para expedir por medio de un decreto con fuerza de ley, la regulación de los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afrocolombianos”.

de tierras entregan territorios indígenas a campesinos? ¿De qué manera los pueblos indígenas pueden participar en dichas reclamaciones? Por lo menos los indígenas actuarán (o deberían hacerlo) como terceros reclamantes de buena fe en dicha jurisdicción, si es que el famoso decretoley aprueba otra.

La pregunta es si este nuevo acuerdo resuelve el problema y hace innecesaria la consulta previa en tanto las normas adoptadas por la ley en curso no afectan ni pueden afectar a los pueblos indígenas. Y la respuesta es obvia: no. Porque hay decenas de artículos que sí afectan a los pueblos indígenas. A modo de ejemplo señalemos los más protuberantes.

3. Se hace una definición de “víctima” que para nada hace referencia a comunidades o pueblos victimizados.

Aunque esto podría subsanarse en una ley específica para indígenas y afros, o en el decreto-ley, el artículo que autoriza las facultades extraordinarias es claro en que se aplicará a personas, y no a los pueblos; el decreto-ley cobijará a “las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas”, y no a los pueblos y comunidades que sean víctimas colectivas. Podría tratarse de un olvido involuntario. Pero resulta curioso que en el “considerando” del acuerdo de la Mesa de Concertación aparezca con claridad que los pueblos indígenas “somos víctimas” colectivas, y en cambio en el “resolviendo” estos desaparezcan y se conviertan en víctimas individuales.

1. Se crea una jurisdicción especial para resolver las reclamaciones de tierras (las Salas de Tierras de los Tribunales regionales), y es obvio que un decreto-ley no podría modificarla (sería una verdadera tontería que el Congreso aprobara un decreto que niegue lo que ha aprobado en la misma ley de facultades extraordinarias; también la Corte Constitucional se ha expresado explícitamente al respecto); esta jurisdicción sería la encargada de resolver todas las reclamaciones, incluidas las de indígenas.

Puede suponerse que el decreto-ley cree otra jurisdicción especialmente para reclamos étnicos; pero tal jurisdicción deberá resolver pleitos sobre predios que también estarán en la otra jurisdicción recién creada, produciéndose así una colisión de competencias problemática.

2. Se adopta como criterio general la acumulación de reclamos sobre un mismo predio, en procesos que reconocerán derechos de todos quienes concurran. ¿Y qué pasa si los jueces

4. Se establecen complementariedades entre reparación judicial y administrativa, que no podrán ser modificadas para indígenas y afros, por lo menos no para hacerlas más favorables, pues constituirían clara desigualdad ante la ley para los no indígenas.

5. La aplicación de la ley sería desde 1991 para restitución de tierras y 1984 para otras víctimas; a la luz de las decisiones de la CIDH (ver más abajo) en materia de restitución, los derechos territoriales indígenas son imprescriptibles y, por tanto, esta fe-

cha es inaplicable o violatoria de los derechos étnicos. Sobre este punto, en gracia de discusión, podríamos proponer que la aplicación del decreto-ley incluyera los despojos ocurridos desde 1948, y sobre todo entre ese año y 1971, que es el período en que los indígenas zenú, pijaos, chamí, nasa perdieron la mayor parte de sus tierras, pero aún así no resolveríamos el problema de fondo, que es el derecho intangible de los pueblos indígenas a reclamar los territorios expropiados ilícita e ilegalmente, violando los derechos humanos. Este punto es un principio que debería iluminar toda la ley general, pero no pudo discutirse al ser eludida la consulta previa.

Podríamos seguir mostrando normas de esta ley que efectivamente impactan sobre los pueblos indígenas. Un decretoley posterior podría ser un mecanismo adecuado para profundizar sobre temáticas muy específicas con enfoque étnico (lo que es muy dudoso con un Gobierno como éste), pero lo que no puede hacer es ocultar la afectación que la ley general sí tiene, ni subsanar la ausencia de consulta previa.

Por eso resulta totalmente inapropiado y riesgoso que las organizaciones indígenas de la Mesa de Concertación hayan aceptado, en el segundo acuerdo, que el actual proyecto de ley para la atención y reparación integral de las víctimas y de restitución de tierras “excluye de su ámbito de aplicación a los pueblos y comunidades indígenas y afrocolombianos”, y que ese sea el fundamento legal para aceptar la modalidad del “decreto con fuerza de ley”. Eso sencillamente no corresponde con la realidad. Y puede resultar un abuso de los derechos de los afrocolombianos, pues no es claro que

29 Actualidad

Ir a tabla de contenido ellos hayan aceptado no ser afectados por la ley en curso, tal como el Proceso de Comunidades Negras ha denunciado.

El acuerdo indica en un parágrafo posterior que: Hasta la aprobación de la norma con fuerza de ley que desarrolle la política pública diferencial para las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afrocolombianas, la ley de atención, reparación integral y restitución de tierras quedará condicionada a la realización de la consulta previa de todo proyecto, programa o presupuesto que pueda llegar a afectar a las comunidades y pueblos indígenas y afrocolombianos.

Se dirá que esta es una sabia medida de salvaguarda, pero en lugar de mostrar precaución, lo que manifiesta es incoherencia. Porque, ¿qué razón hay para “condicionar” una ley de cuyo ámbito de aplicación estamos excluidos? Es claro que quieren limitar la aplicación de la norma general, pues esta sí afecta a los pueblos indígenas. Las preguntas sobre tal condicionamiento son obligadas: ¿se refieren a las normas que afectan a indígenas y que hemos señalado?, ¿no podría aplicarse la jurisdicción especial de tierras hasta que aparezca el decreto-ley?, ¿que ocurriría si el Gobierno, tras la consulta, expide un decreto-ley que no recoge las expectativas indígenas, este es demandado y declarado inconstitucional? ¿La ley sería inaplicable o los pueblos indígenas se quedarían sin restitución de tierras y sin reparación integral? Si se trataba de facilitarle al Gobierno el proceso, no lo logramos.

Un “pequeño” olvido

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Resulta diciente que la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que aparece como

fuente del derecho a la consulta previa en el considerando del acuerdo entre los delegados indígenas y el Gobierno en la Mesa de Concertación, sea excluida en la parte resolutiva, a sabiendas de que uno de los contenidos más interesantes de esta es justamente la parte referida a la restitución de tierras y que debe ser el criterio fundamental para una política de restitución y reparación. Basta leer algunos de sus artículos para saber la potencia que tienen.2

Valga la pena insistir en que las sentencias de la Corte Interamericana en que se hacen interpretaciones son de obligatoria incorporación al ordenamiento jurídico interno por los Estados parte.4 Dicho en otras palabras, las diferentes sentencias en materia de tierras que ha emitido la Corte ya son legislación interna en Colombia, y corresponde a los pueblos indígenas exigir su cumplimiento y al Estado adecuar sus procedimientos e instituciones encargadas.

Potencia que ya ha sido evidenciada con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la reciente publicación de la CIDH, “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos” (CIDH 2010), quedan claros no solo los derechos a la propiedad sobre tierras y territorios, sino el carácter imprescriptible de estos y el derecho a la restitución incluso de tierras que hoy estén en poder de terceros de buena fe.3

Cualquier desarrollo normativo sobre el tema de restitución de tierras debe partir de estas sentencias, que se constituyen en fuentes de derecho. El proyecto de ley que venimos analizando no puede ir atrás de lo que ya a nivel internacional se ha reconocido.

2

3

Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Artículo 11-2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. Artículo 28-1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.

Dice la CIDH: “[…] debe enfatizarse que la posesión de los territorios ancestrales no es un requisito que condicione la existencia, reconocimiento o restauración del derecho a la propiedad de un pueblo indígena o tribal; en efecto, los pueblos o comunidades indígenas que han perdido

¿Y es adecuado el contenido de la ley?

dos añadamos los puntos que han cuestionado las organizaciones de víctimas: ■■

Propone la corresponsabilidad del Estado, la sociedad civil, la comunidad internacional, la familia y las víctimas en la reparación, cuando esta es un derecho de las víctimas y una obligación exclusiva del Estado que debía protegerlos y garantizarlos.

■■

Se adoptan criterios de “sostenibilidad fiscal” que subordinan la aplicación del derecho a la existencia de recursos, contra lo dicho por la Corte Constitucional: que la obligación del Estado tiene que ver con el “goce efectivo” y no con la mera “expectativa”. Y cabe una pregunta más: ¿las víctimas no indígenas tendrían techo fiscal y las indígenas derechos ilimitados?

■■

Confunde la reparación con el simple cumplimiento de las obligaciones estatales. Pero no es solo cumplir los derechos; además de devolver el derecho (restituir), debe retribuir por el daño causado ante su incumplimiento (material y espiritual).

■■

Se adoptan como enfoque las llamadas “políticas públicas” que se han convertido en mecanismos para ocultar la ausencia de goce efectivo de derechos. Se confunden los derechos con los “programas”, como ocurre en vivienda y mecanismos de crédito, donde se habla de posible acceso a un “programa” como medida de reparación.

■■

La indemnización judicial no puede ser mayor a la indemnización administrativa, con lo que se rompe la autonomía judicial.

■■

Salvo en la exposición de motivos y en la definición de víctima, no aparece en ninguna parte el tema de la reparación colectiva. Lo que niega

Habíamos advertido que una segunda razón para aceptar un mecanismo extraordinario es que la ley en realidad beneficie a las víctimas. A los temas arriba anota-

4

la posesión de sus territorios en forma total o parcial mantienen sus derechos plenos de propiedad sobre los mismos, y tienen derecho a reivindicar y obtener su restitución efectiva” (CIDH, 2010, p. 49). “El derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad y a la restitución persiste aunque las tierras reclamadas estén en manos privadas, y no es aceptable que las reclamaciones territoriales indígenas sean denegadas automáticamente por tal motivo” (CIDH, 2010, p. 54).

Sostiene Berraondo (2008): “El artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece una atribución muy interesante para la Corte Interamericana de Derechos Humanos al facultar a sus sentencias de un carácter de obligatoriedad sobre todos los Estados que han ratificado el estatuto de la Corte, cuando estas sentencias versen sobre casos relativos a la interpretación o a la aplicación de la Convención. Dicha obligatoriedad está dada en los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana que establecen el carácter definitivo e inapelable de los fallos de la Corte Interamericana, y el compromiso que asumen los Estados de cumplir con las decisiones de la Corte en todos aquellos casos en que son partes. Esto significa que las sentencias que versen sobre este tipo de casos se convierten automáticamente en obligatorias para todos los Estados que han declarado dicha capacidad de la Corte”.

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Ir a tabla de contenido derechos al sindicalismo, las comunidades campesinas y los partidos políticos victimizados.

■■

Finalmente, no aparece la restitución de bienes y el patrimonio mueble, ni lo poseído ni lo dejado de ganar. Las víctimas reclaman restitución de bienes, construcción y reconstrucción de viviendas y otras edificaciones, compensaciones, contribución por deudas, e indemnización por detrimentos.

Pero sin duda donde hay más cuestionamientos a la ley es en las garantías de no repetición. El conflicto continúa, los paramilitares siguen mandando, el aparato victimizador sigue intacto. En tal escenario, ¿qué garantiza la no-repetición?, ¿quién quiere volver a sus tierras si lo asesinos serán los futuros vecinos?

En el debate del Congreso las propuestas mínimas promovidas por las víctimas (depuración de las fuerzas militares, educación en derechos humanos, vigilancia sobre los aparatos de inteligencia, etc.) fueron rechazadas y consideradas favorables a la guerrilla.

Por otra parte, y en otros escenarios, la respuesta del Gobierno ha sido cínica: considera que una proporción menor de desplazados regresará a sus tierras. Los otros tendrán los títulos y podrán, con ellos en la mano, asociarse a los negocios del gran empresariado agrícola. Lo que corrobora la afirmación de los mentideros políticos de que se trata de una ley de restitución de títulos, pero no de restitución de tierras.

32 Actualidad

Y sobre todo, demuestra que apenas estamos ante dos formas de legalizar la propiedad de la tierra (alterada por la contrarreforma agraria narco-paramilitar pero que ya venía siendo inicua desde la gran hacienda colonial), garantizando seguridad jurídica a los capitales extran-

jeros, como se la han exigido al Estado en los TLC recientemente firmados con UE y Canadá. La primera, volviendo legales los títulos chimbos (el modelo AUV- AUC del caído Estatuto de Desarrollo Rural), la segunda devolviendo los títulos a sus propietarios y poseedores antiguos (el modelo JMS-JCR). Pero hay un propósito compartido: los grandes desarrollos empresariales en asociación con una modalidad espuria de “campesinos rentistas”, junto a un mercado de “títulos para arrendar”.

Siendo así, es dudoso que la ley que resulte de este proceso en realidad beneficie a las víctimas. Una razón adicional para no hacerle concesiones a un Gobierno que poco está interesado en cambiar el modelo económico y el modelo de guerra.

Foro de la ACIN En enero de 2011 la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) realizó un foro-taller, con presencia de mil quinientos comuneros y comuneras, sobre los temas de tierras, víctimas y paz, para analizar este proyecto de ley. En general, se hicieron valoraciones similares a las que hemos anotado: no hubo consulta previa y, por tanto, el procedimiento es inconstitucional, las víctimas no participaron en su redacción, los pueblos indígenas sin duda se verán afectados por varias de sus normas, la ley no reconoce las víctimas colectivas, no asume el despojo histórico de los indígenas en materia de tierras, la ejecución depende de la viabilidad fiscal. Por otra parte, se constató que es insuficiente en relación con los derechos de las mujeres y no incluye medidas de protección adecuadas para garantizar el retorno.

La decisión de la ACIN sobre los pasos jurídicos por seguir —que se discu-

tieron en ese Foro— está determinada por la valoración que hagan las otras organizaciones de víctimas acerca de las carencias que tenga la ley una vez sea aprobada, y sobre los retrocesos legales que se produzcan o no para los derechos indígenas. Hasta el momento las organizaciones de víctimas han señalado que las carencias anotadas siguen siendo un obstáculo a sus derechos, y no se prevé que las afectaciones a los pueblos indígenas se corrijan o mitiguen. La ACIN reconoció que una demanda de inconstitucionalidad es una decisión problemática porque podría afectar las expectativas de las víctimas, pero que no debe renunciarse a esa medida si la ley es más nociva que positiva. Pero advirtió también que es posible que los sectores de la extrema derecha armada y latifundista utilicen la falta de consulta previa para intentar tumbar la ley, caso en el cual la entera responsabilidad es del Gobierno, que quiso hacerle trampa a los indígenas y terminará haciéndole trampa a su propia iniciativa y, de paso, conculcando los derechos de las víctimas.

Con esto se pone en evidencia que aceptar un mecanismo extraordinario puede resultar un riesgo gravísimo para los pueblos indígenas: pues si resulta posible para este caso pretermitir el procedimiento por razones de conveniencia política, ¿por qué no sería posible en cualquier caso omitir la consulta y sub-

sanar el hecho con un nuevo procedimiento extraordinario? La Corte Constitucional deberá resolver esta discusión; pero cualquiera sea la decisión, esta será negativa: si acepta el mecanismo extraordinario, será nocivo para los pueblos indígenas; si lo rechaza y declara inconstitucional la norma, será negativo para las víctimas que tengan expectativas con ella.

Nota final Aunque se aceptara que el mecanismo extraordinario es lo correcto, no hay ninguna justificación para aceptar un procedimiento extraordinario similar para darle vía libre al acto legislativo de regalías que le quita a los territorios indígenas sus derechos sobre el subsuelo (como a las demás entidades territoriales de la República), y a la ley de ordenamiento territorial que ni siquiera nombra las ETI, cuando fue ordenada por la Constitución esencialmente para incluirlas en el ordenamiento territorial de país. Siendo que estas dos normas son contra los indígenas, ¿qué puede mover a las organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa de Concertación a aceptar que la consulta previa no se haga según las disposiciones constitucionales? Porque una cosa es establecer un diálogo fructífero con las instituciones en clave de exigibilidad de derechos, lo cual es un deber, y otra renunciar a ellos.

Referencias Berraondo, M. (2008). “Los derechos territoriales indígenas a la luz del artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. En Etnias & Política, 9.

CIDH (2010). Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos.

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Ir a tabla de contenido queremos compartir algunas reflexiones que venimos analizando en el Equipo de Paz de la ACIN.

Cómo vemos el conflicto armado interno

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Archivo ACIN.

Hagamos Minga por la paz Equipo de Paz – ACIN

El norte del Cauca es el segundo teatro de operaciones militares más grande del país, y concentra gran parte de las acciones bélicas, violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que se dan el marco del conflicto armado interno.

Desde la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN – Chxab Wala Kiwe) vemos urgente emprender una acción política de gran envergadura por una solución negociada de la confrontación armada, y para realizar diálogos humanitarios, a pesar de la mala fama que hoy tienen ambos propósitos.

Esta decisión ha sido adoptada y ratificada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en varios de sus congresos, y en febrero de este año, en la conmemoración de sus 40 años, reiteramos nuestra propuesta.1 En este artículo

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La Declaración se publica en esta edición de Señas.

El surgimiento del conflicto armado interno colombiano está directamente relacionado con la existencia de un sistema político excluyente y autoritario, la utilización de la violencia como método para la acumulación de riqueza y la persistencia de una desigualdad social que solo es superada por dos países en el mundo. Ante esta situación, algunos sectores sociales optaron por la acción política armada, en un principio para defenderse de la agresión del Estado y luego para cambiar el conjunto del régimen político. Es obvio que el conflicto colombiano tiene unos determinantes socioeconómicos, pero su existencia y persistencia son el resultado, sobre todo, de las decisiones políticas de los actores armados: de las clases dominantes, que optaron por impedir a sangre y fuego cualquier posibilidad de cambio democrático en el país, y de la insurgencia, que ha considerado imposible cualquier acción política popular por fuera de la lógica de la guerra.

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La lucha armada de la guerrilla no da muestras hoy de ser eficaz para cambiar el sistema político ni para defender al movimiento popular de las agresiones del Estado y del mercado; por el contrario, las propias necesidades de la guerra hacen que la guerrilla permita y facilite el avance de la economía extrac2 tiva. El terrorismo de Estado, a pesar de su dinámica destructiva, tampoco ha lo2

Son conocidas las denuncias sobre los acuerdos entre las guerrillas y las empresas (mineras, petroleras, de infraestructura, de tráfico de drogas, etc.) para facilitar a estas su intervención (y protegerlas) en regiones donde

grado impedir repetidos levantamientos sociales, ni resolver la contradicción interna con los sectores empresariales que demandan la urgente modernización de la economía capitalista y ven en la guerra un serio obstáculo a la acumulación.

De cualquier modo, casi cincuenta años después de la decisión de ir a la guerra, el conflicto armado se generalizó y absorbió en su lógica todos los ámbitos de la vida social y política. El sistema político excluyente se transformó en terrorismo de Estado, el crimen en la vía privilegiada del crecimiento capitalista, las mafias han atrapado al Estado, y la pobreza de muchos sectores sociales es más grosera que nunca antes. Se configuró un sistemático y creciente despojo en materia de derechos territoriales, sociales y económicos, y una grave ausencia de derechos civiles y políticos. En el ámbito cultural, el conflicto armado ha propiciado la militarización de la vida cotidiana y del pensamiento.

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Una guerra crónica no podía tener otro destino que degradarse: asesinatos a sangre fría de personas indefensas para contabilizarlas como bajas del enemigo (mal llamadas “falsos positivos”), minado de cultivos, reclutamiento de niños y niñas, violencia sexual contra las mujeres, ataques indiscriminados, asesinatos de líderes que defienden la autonomía, persecución a líderes populares y criminalización de la protesta y del pensamiento crítico. Los recientes gobiernos impusieron un discurso en el cual los constructores de la paz somos tildados de terroristas; el sistema de justicia ha acogido la criminalización de la protesta como principio rector; el paramilitarismo, siguiendo una política de abiertamente las comunidades o sectores anticapitalistas se oponen.

35 Actualidad

Ir a tabla de contenido Casi cincuenta años después de la decisión de ir a la guerra, el conflicto armado se generalizó y absorbió en su lógica todos los ámbitos de la vida social y política.

Estado, se erigió en un mecanismo de imposición de símbolos y valores antidemocráticos y violentos; amplios sectores de la prensa reproducen como valores el linchamiento de la oposición y la naturalización de la violencia; los crímenes más horrendos son ocultados presentándolos como escándalos noticiosos.

En el último período hemos soportado la política de “seguridad democrática”, que no es otra cosa que la profundización de la guerra de agresión contra las organizaciones sociales; hemos sido afectados igualmente por el “Plan Renacer” de la guerrilla, que mediante una campaña sistemática por subordinar nuestros desarollos políticos propios, destruye los procesos de organización y poder popular. El paramilitarismo, el narcotráfico y las transnacionales se han asociado para tomarse las instituciones y conformar un régimen mafioso; los tímidos amagos del actual gobierno para desmontar este aparato no resultan convincentes.

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El conflicto armado ha significado la erosión de los acumulados organizativos populares. Los movimientos sociales difícilmente logramos consolidar procesos organizativos estables en medio de la violencia política que nos asedia. El poder insurgente tiende a capturar las formas de poder alternativas; por su parte el poder estatal, aliado al mecanismo paramilitar, trata de subordinar o destruir nuestras autonomías, y el modelo territorial corporativo es promo-

vido por el ejército, en tanto la insurgencia no lo enfrenta para poder vivir de él.

Resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Por el contrario, todo indica que el conflicto armado interno se ha convertido en un pantano cada vez más amplio donde se ahogarán las próximas dos generaciones de colombianas y colombianos si no lo terminamos.

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Pero a pesar de su degradación, el conflicto armado interno en Colombia es político. Nos diferenciamos de quienes sostienen que se trata de un simple conflicto entre “señores de la guerra” con el propósito de acumular recursos económicos o para satisfacer una manía por el poder, así como de la visión de la extrema derecha que lo caracteriza como una “amenaza terrorista” a la sociedad. El conflicto armado sin duda es una confrontación entre organizaciones (estatal la una, insurgente la otra) que promueven “sistemas políticos y socioeconómicos” diferentes y enfrentados, aunque ambos acudan a métodos que pueden ser calificados de terroristas, y aunque el paramilitarismo efectivamente sea una estrategia armada de acumulación económica de varios sectores de la burguesía.

Por lo mismo, es urgente politizar los actores y el conflicto. Es decir, exigir a los actores que expliciten su programa político, porque eso revela las inconsistencias entre su programa y su práctica, y también evidencia posibles caminos para una solución negociada.

Quien menos debe estar interesado en despojar a esos actores armados de sus rasgos políticos —señalándolos solo como delincuentes, o “señores de la gue-

rra”, o ladrones de recursos naturales, o simples sicarios del narcolatifundio—, es el movimiento popular, y dentro de éste, el movimiento indígena. De lo contrario, será más complicado diseñar espacios para los diálogos políticos.

El nuevo gobierno y el agotamiento del modelo uribista de la guerra

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El Gobierno de Santos es esencialmente continuista en lo económico (el Plan Nacional de Desarrollo es un manual de neoliberalismo y economía extractiva) y casado con la estrategia militar que viene desde el Plan Colombia.

Pero no se puede negar que hay rasgos nuevos en su política que pueden permitir a la sociedad colombiana abrir brechas para la paz. Es muy discutible que la merma de la pugnacidad, la disposición formal al diálogo y la nueva política internacional, sean señas de un talante liberal o progresista. Más bien nos encontramos ante la necesidad del bloque dominante de cambiar sus estrategias por la insostenibilidad política y económica del modelo uribista (a nivel interno 3 y externo). Al parecer, el Gobierno considera que antes de hablar de paz es necesario crear algunas condiciones que la posibiliten: debilitar a la extrema derecha armada y debilitar a la guerrilla.

El primer propósito lo busca con la política de restitución de tierras. Aunque muchos la han caracterizado como un mera “restitución de títulos”, hay que reconocer que una situación en que los narco-terratenientes armados sean despojados de las tierras y títulos que consiguieron a sangre y fuego, y judicializados por sus crímenes, puede significar la disminución de su poder e influencia,

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En la presente edición de Señas se publica una caracterización del Gobierno de Santos realizada por la Consejería de la ACIN.

lo que abriría posibilidades a una solución negociada. En lo económico se trata de una solución capitalista al conflicto agrario, siguiendo la complaciente teoría liberal de que el latifundio no ha permitido el desarrollo capitalista en el campo, y eludiendo el hecho de que es el capitalismo el responsable de la actual estructura de propiedad agraria en Colombia. Pero un remezón al latifundio puede ser una clave para la construcción democrática y para abrir espacios para la paz, porque golpearlo puede desatar fuerzas agrarias importantes y fuertes contradicciones del bloque en el poder.

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Para profundizar el debilitamiento de las FARC y el ELN el Gobierno sigue concentrado en su estrategia de dar de baja a “blancos de prestigio”.

Es claro que esta estrategia tiene efectos importantes sobre la presencia de la insurgencia en la opinión pública y, de forma temporal, sobre sus planes operativos. Pero una vez las guerrillas se replegaron y dispersaron (como resultado del cambio estratégico del Plan Colombia), las ventajas del Ejército tendieron a disminuirse; desde el 2008 se evidencia el repunte de los hostigamientos de las FARC, el incremento en las bajas de la fuerza pública y la merma del impacto mediático por los golpes a comandantes insurgentes. La “caza” de Alfonso Cano o de otro miembro prestigioso del Secretariado resulta así ser el centro de la política de debilitamiento de la guerrilla, para encontrar quizás la llave de las negociaciones políticas.

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Las FARC y el ELN han reiterado su disposición a dialogar con el nuevo Gobierno. Los mensajes de Cano y de Gabino son claros al respecto.

Se han mostrado dispuestos a la solución política negociada e incluso han mostrado receptividad con las acciones del Go-

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Ir a tabla de contenido El conflicto armado interno se ha convertido en un pantano cada vez más amplio donde se ahogarán las próximas dos generaciones de colombianas y colombianos si no lo terminamos. bierno de avanzar en condiciones hacia la paz con la ley de víctimas y la ley de tierras, y saludan las averiguaciones sobre los sucesos de falsos positivos y chuzadas.

Pero el único método que han adoptado para preparar la posible negociación es la intensificación de las acciones bélicas; son relevantes, no obstante, los mensajes a diferentes actores nacionales e internacionales. Por otra parte, las declaraciones de las FARC no superan aún el marco de abrir negociaciones entre actores armados; mientras las del ELN no precisan el mecanismo de participación de la sociedad civil que promueven.

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De cualquier modo, nos encontramos también ante el agotamiento del modelo de guerra que se venía desarrollando. El Gobierno es consciente de que un cambio sustancial en la dinámica de la guerra, luego de los éxitos del Plan Colombia (superioridad aérea y satelital, aumento masivo del pie de fuerza, iniciativa militar sostenida) que la guerrilla ya asimiló, solo podría lograrse con una inyección masiva de recursos y un copamiento territorial en las zonas de retaguardia estratégica que implicará pasar por lo menos a 600 mil soldados. La disminución de recursos provenientes del Gobierno estadounidense, la fatiga de los empresarios con el impuesto de guerra, el déficit presupuestal, la corrupción generalizada de los mandos militares, hacen que esta vía hoy sea improbable, y sobre todo ruinosa.

Por ello, lo que diferentes actores perciben es que el discurso uribista de la “aniquilación” de la guerrilla ha dado paso a otro centrado en la “derrota estratégica” para la negociación (la vieja frase de Alfonso López de que a la guerrilla hay que derrotarla para sentarse a conversar). Las recientes declaraciones de Santos a parlamentarios europeos corroboran este hecho.

Cómo estamos y cómo nos vemos en el conflicto

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El proceso de consolidación política de los pueblos indígenas en Colombia, especialmente en el Cauca, ha cristalizado un ideario que bien podríamos resumir en cuatro ideas: constituir territorios autónomos de las comunidades y los pueblos, en oposición a los territorios corporativos o empresariales que impulsan actualmente el Estado y el mercado, y al modelo de territorios “liberados” de la guerrilla; fortalecer los gobiernos propios y comunitarios, en oposición a la democracia simulada que hoy existe en el país, y a los gobiernos verticales que proponen la guerrilla y el Estado; aplicar la justicia propia en perspectiva de la armonía de la gente y con la naturaleza, y desarrollar modos de vida sustentables que enfrenten el consumismo. La convicción es que un territorio autónomo gobernado por sus comunidades es garantía de la realización de los derechos humanos, incluidos los derechos colectivos.

Pero un proyecto de autonomía territorial por lo general es excluyente de otros proyectos territoriales, y más si estos tienen tintes autoritarios. Por eso nuestra propuesta política termina enfrentada al Estado y a la insurgencia, pues la autonomía es contraria a cualquier modelo de gobierno que pretenda

uniformar desde afuera a las comunidades. Aunque no seamos un actor militar, nos hemos convertido en los principales oponentes a los propósitos de los actores armados, que no han dudado en convertirnos en objetivo militar.

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Como resultado, cada año el conflicto y la ocupación militar de los territorios indígenas destruye un centenar de vidas de comuneros y comuneras, daña los cultivos, asusta con sus amenazas, ametrallamientos y bombardeos. Según informes de la base de datos de la Casa del Pensamiento de la ACIN, el pueblo nasa es el más victimizado por todos los actores armados.

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Para impedir ser abrumados por las acciones militares y la militarización de las comunidades, la ACIN diseñó un plan que llamó Minga en Resistencia, cuyo propósito es construir autonomía territorial mientras se protegen la vida, el territorio y la autonomía. En su implementación se destaca la Guardia Indígena, que realiza recorridos regulares para proteger los territorios, cuida los espacios colectivos y la infraestructura comunitaria, realiza acciones humanitarias para cuidar la vida de las comunidades e incluso de los actores armados en condiciones de indefensión. Al ser una instancia masiva y estar conformada por comuneros y comuneras de base, la Guardia Indígena garantiza que el control territorial sea esencialmente comunitario, más que en función de la autoridad.

A través de las asambleas permanentes se han habilitado lugares de encuentro en situaciones de confrontación, donde toda la comunidad, con sus autoridades y tradiciones de trabajo, mantiene la unidad política, social y organizativa. A través de los Tejidos de Defensa de la Vida y de Justicia y Armo-

Archivo ACIN.

nía, hemos establecido un mecanismo para recomponer el camino de regreso a casa de los indígenas que quieren dejar la guerra, a través del cual atendemos su rearmonización espiritual, la reconstrucción de lazos de solidaridad y el retorno a la Madre Tierra mediante un trabajo que los dignifique. Y el Tejido Económico Ambiental fortalece la economía para la resistencia, promueve la producción de alimentos para que la guerra no destruya nuestra autonomía alimentaria.

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Aunque hemos perfeccionado nuestros métodos de resistencia y en medio del conflicto armado incluso hemos logrado construir las bases de la autonomía territorial, la guerra continúa. Y mientras esta continúa estamos pagando un costo

39 Actualidad

Ir a tabla de contenido enorme en vidas humanas, en autonomía, en derechos, en vida digna. Para las comunidades es claro que la resistencia a la guerra no puede ser su destino. Sobre todo porque hay plena conciencia de que en condiciones de no-conflicto, con seguridad el proyecto de vida podría desarrollarse con mejores perspectivas.

VIDA DIGNA Y AUTONOMÍA ■■(Realización

de los planes de vida) y vivir la cultura y la espiritualidad ■■Consolidar los Territorios autónomos ■■Fortalecer el gobierno propio ■■Construir los sistemas propios y los tejidos de vida ■■Reconstruir

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PROTEGER LA VIDA, EL TERRITORIO Y LA AUTONOMÍA ■■Resguardar

los sitios de Asamblea permanente

■■No

UN PAÍS SIN DUEÑOS Y CON LOS PUEBLOS

desplazarse fuera ddel territorio ■■Fortalecer

la guardia indígena Cuidar el territorio Cuidar la vida Proteger la autonomía Salvaguardar los Planes de Vida

■■Recomponer

el camino de regreso a casa Recuperar la espiritualidad de los ex combatientes Reconstruir los lazos de reciprocidad Regresar a la Madre Tierra ■■Atención ■■Construir

HECHOS DE PAZ (Exigir la paz, construir la paz y buscar la paz, nosotros/as mismos/as)

■■(Minga

social y comunitaria)

■■Agenda

por un nuevo país

■■Caminar

■■Despertar

una cultura de vida

■■Congreso

de los pueblos

■■Legislar

a las víctimas

economía de resistencia

(Rutas indígenas para la paz) ■■Diálogos

humanitarios Exigir la autonomía Salvar vidas humanas Rechazar el reclutamiento de menores Rechazar la violencia sexual contra las mujeres Erradicar las minas antipersonal

■■Diálogos

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desde abajo para hacer la paz

■■Construir

SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO ARMADO

Actualidad

la palabra

políticos Ambientar la solución política Construir escenarios regionales de paz Reactivar las iniciativas de paz Diálogo con actores políticos del conflicto

un bloque popular por la paz

Reconociendo la doble condición de víctimas de los actores armados y de pueblos en resistencia, nos consideramos esencialmente actores políticos en el conflicto. El territorio, la autonomía y la cultura de los pueblos indígenas no solo son los directos afectados por la guerra, sino que son en gran medida el objeto de la disputa (política y militar) de esos los actores armados. No podemos decir, por tanto, que la guerra es un asunto exclusivo de los actores armados, y que en consecuencia la solución del conflicto es también asunto exclusivo de ellos. Reordenar el territorio, distribuir el poder y adoptar un modelo de sociedad (que es lo que en últimas pretenden a través de la guerra o de una negociación los actores armados) nos afecta directamente, y por lo mismo debemos intervenir directamente en los escenarios donde esto se decide, sobre todo los escenarios de una posible negociación.

Lo que confirmamos con las negociaciones del Caguán es que los actores armados estaban dispuestos a distribuirse entre ellos el poder sin contar con la sociedad. Una paz de los actores armados, que sea también una paz contra las comunidades y los pueblos, no solo es injusta sino que abre nuevamente la puerta a nuevas escaladas militares. Hay suficiente literatura para mostrar que los acuerdos entre generales fueron el primer episodio de la subsiguiente guerra civil.

La sociedad civil debe ser protagonista central de un proceso de negociación para garantizar que sus derechos y proyectos no sean sacrificados en el altar de la conveniencia política de los ejércitos.

Caminos para la paz

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La consideración de que el conflicto armado interno es un conflicto político es la que hace posible —y necesaria— su solución política. Avanzar en este propósito requiere ratificar varias convicciones que las organizaciones indígenas hemos hecho públicas: que no nos hemos acostumbrado a la guerra ni queremos hacerlo; que no aceptamos que el destino del país sea una infinita matanza de colombianos y colombianas; que rechazamos la perpetuación de la injusticia social como sistema político, y que no aceptamos el cinismo de quienes prometen que los próximos 10 o 20 años serán —¡éstos sí!— los últimos de esta larga confrontación. Corresponde al movimiento social denunciar la inmoralidad que hoy representan tanto la tesis de la “derrota lenta” que promueven el Estado y los sectores dominantes, como la de la “victoria a largo plazo”, pues son insensibles al sufrimiento de las comunidades.

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En los últimos meses hemos visto que diferentes voces pierden el temor de hablar no solo de paz y finalización del conflicto, sino de su solución por medio de la negociación política, un tema vetado por la propaganda de la extrema derecha uribista. No solo se perciben con un moderado optimismo las declaraciones de los grupos insurgentes y las medidas del Gobierno contra el latifundio armado,

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Ir a tabla de contenido comisión nacional de esa organización para interlocutar. Estamos a la espera de condiciones propicias para reactivar esos debates y diálogos públicos por la paz de Colombia.

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Julia Madariaga

sino que se reactivan espacios de diálogo de la sociedad civil para explorar posibilidades. Consideramos que el movimiento indígena debe sumarse decididamente a esta dinámica.

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Por fortuna, la decisión del CRIC de sumarse a la construcción de condiciones de paz y solución política al conflicto armado, que la ACIN acompaña, tiene importantes antecedentes: los indígenas del Cauca hemos realizado diálogos de distensión e interlocución humanitaria, impulsamos con determinación el Mandato por la Paz, y propusimos La María como un territorio de diálogo y negociación en 1999. El Congreso de Paz de los pueblos indígenas en Cota (2001) marcó una decisión importante que podría retomarse en el corto plazo.

Recientemente, la ACIN y el CRIC, con el acompañamiento de la ONIC, planteamos conjuntamente un debate público a las FARC sobre su proyecto político y acerca de los compromisos que están dispuestos a aceptar; la propuesta fue respondida con la designación de una

Lo que resulta claro en este nuevo despertar es que la sociedad civil debe ser protagonista central de un proceso de negociación, para garantizar que los derechos y proyectos de la sociedad no sean sacrificados en el altar de la conveniencia política de los ejércitos, pero sobre todo para blindar los acuerdos con la legitimidad que se requiere en un país con 60 años de conflicto armado interno. Y porque no es conveniente basar nuestra estrategia en la voluntad de unos actores armados que siguen pensando en la victoria militar (el ejército) o en su indestructibilidad (la guerrilla), sino en posicionar una opción política propia.

Es temprano para saber cuál será la forma definitiva de nuestra participación. En principio lo central es que las organizaciones y los actores sociales y políticos no vinculados con los contendientes impongamos la agenda hacia la solución política. Imponer la paz como urgencia, no esperar a que los armados marquen el ritmo en este punto, y no dejarnos quitar la iniciativa y el protagonismo por el Estado y la insurgencia cuando se abran escenarios de diálogo, son aprendizajes del proceso anterior.

El criterio indígena fue planteado en el Congreso de Cota, al señalar que: “No habrá paz para los colombianos si no hay paz para los pueblos indígenas, no habrá paz para los pueblos indígenas si no hay paz para todos los colombianos”.

Esta máxima perfectamente puede aplicarse al resto de los movimientos sociales populares.

Por otra parte la sociedad civil, especialmente las organizaciones populares, debemos garantizar que la agenda se construya sobre los acumulados organizativos y políticos propios (en nuestro caso basados en la autonomía y el control territorial). Nada de lo que hagamos en la construcción de la paz puede ir contra esas conquistas históricas; por el contrario, toda la participación indígena y popular es para afianzar esos derechos. Como ya anotamos, la paz se construye con movilización y se conquista para la movilización; toda búsqueda de la paz debería darse en el marco de las luchas reivindicativas. Los indígenas del norte del Cauca, junto a la construcción de paz, activaremos nuevamente los rituales de liberación de la Madre Tierra y el afianzamiento del control territorial.

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La paz es un derecho y un deber establecidos en la Constitución Política; de ahí que la estrategia parta de exigir al Estado que lo garantice. Pero ante la ausencia de voluntad política de los gobernantes para hacerlo, la decisión de la sociedad debe ser hacerlo cumplir y garantizarlo por nuestros propios medios.

Nuestro enfoque como Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN – Cxhab Wala Kiwe) es activar diversos mecanismos francos y abiertos de diálogo público con los actores del conflicto interno (políticos, armados, económicos), con participación protagónica de amplios sectores de la sociedad. El momento amerita que pongamos en común los espacios políticos, los medios de comunicación, las relaciones organizativas o institucionales, para conectar los protagonistas que pueden desatar el nudo de la guerra. No se trata de construir un proceso exclusivamente popular, y me-

nos exclusivamente indígena. Somos y nos sentimos “parte de” los procesos de construcción de paz de todo el país, y no protagonistas únicos; ser actores políticos, pero sobre todo “animadores/as”, debería ser el sentido de toda participación. El movimiento indígena del Cauca ha decidido sumar su acumulado político para llamar a otras organizaciones y procesos.

No es imposible hallar mentes dispuestas a un diálogo razonado y responsable sobre el futuro de Colombia. La interlocución deberá desembocar en un escenario de paz en el país, con actores armados legales e ilegales, con actores políticos y económicos, y con iniciativas de paz, como condición primaria para la construcción de una propuesta de paz verdadera y duradera.

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En una primera etapa no hay prisa por tener “la” propuesta de paz. Lo urgente es construir poco a poco una ruta nacional donde participen diversos sectores (incluidos los del establecimiento) que vean la solución del conflicto como una opción deseable. Las “propuestas hechas”, casi terminadas, que abundaron en periodos anteriores, no son de mucha utilidad, porque las demás organizaciones e instituciones o gremios se sienten invitadas pero no protagonistas, y porque no recogen ni las expectativas ni los intereses de diversos actores.

Lo que se necesita de forma prioritaria no son documentos o Agendas, sino una correlación de fuerzas a favor de la paz. Solo con un bloque político diverso y amplio por la paz es posible hacer viable la agenda que se haya acordado. Ese bloque político por la paz se construye con una intensa labor de diálogos y encuentros, donde se negocien o se pongan en común expectativas e intereses.

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Ir a tabla de contenido Para impedir ser abrumados por las acciones militares y la militarización de las comunidades, la ACIN diseñó un plan que llamó Minga en Resistencia, cuyo propósito es construir autonomía territorial mientras se protege la vida, el territorio y la autonomía.

El movimiento indígena del Cauca ha decidido ponerse a disposición de quienes quieran cumplir ese propósito.

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Paralelo a estos diálogos políticos, las comunidades locales tenemos la necesidad de realizar diálogos con los actores armados con propósitos humanitarios: salvar vidas, evitar ataques indiscriminados, demandar el cumplimiento del DIH, son mínimos derechos que tenemos en el marco de la guerra. Desde diferentes escenarios venimos exigiendo al Estado el respeto a las iniciativas que emprenderemos para realizar estos diálogos humanitarios en nuestros territorios autónomos y en las zonas de paz que se vayan constituyendo en todo el país; actuamos amparados en la jurisdicción propia, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos originarios y en la Constitución Política.

Los gremios empresariales, la academia, los gobiernos locales y departamentales, las iglesias, el propio Gobierno nacional, deben proteger los escenarios regionales donde las comunidades realizan esos urgentes diálogos. La comunidad internacional debería ser veedora de estas legítimas acciones civiles.

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Una tarea urgente de quienes construyen paz es abolir la norma que criminaliza su búsqueda. Esta no solo es

inconstitucional, sino que reduce las posibilidades de la sociedad civil para proponer soluciones creativas al conflicto.

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Dentro de las acciones de la Red de Iniciativas Locales por la Paz (en la cual participamos el CRIC y la ACIN), hemos acordado profundizar en la realización de diálogos humanitarios como camino hacia la solución política del conflicto.

Consideramos que es posible lograr compromisos por parte de los actores armados frente a cuatro tipos de conductas: el abandono gradual pero decidido del uso de minas antipersonal, la proscripción de cualquier forma de violencia sexual contra las mujeres, el rechazo al reclutamiento de niños y niñas, y el respeto a la autonomía territorial y cultural de las organizaciones sociales y comunitarias.

Estamos convencidos de que interlocutar sobre estos temas sensibles, a partir de un mutuo reconocimiento político, crea un clima de diálogo que facilita tramitar complejas reclamaciones en materia de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, y hace más costosas las agresiones a las comunidades.

Lo anterior de ninguna manera significa que renunciemos a las denuncias por los crímenes. Solo expresa la necesidad de subir el nivel político de la interlocución.

De qué paz estamos hablando

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La solución del conflicto armado no va a hacer desaparecer todos los conflictos sociales, políticos y territoriales que tenemos, que son consustanciales al capitalismo. Lo que buscamos es un contexto político que permita al movimiento social pelear en mejores condiciones por nuestros derechos; tampoco significa que renunciemos a nuestros proyectos estratégicos, pues la solución debe impli-

car el derecho que tenemos para intentar cambiar, incluso, el régimen político.

En otras palabras, la solución política del conflicto se conquista con movilización, lucha social, liberación de la Madre Tierra, etc., y la superación del conflicto armado deberá a su vez potenciar esas luchas y movilizaciones. La idea de que la paz debe significar la renuncia a la lucha social atenta contra la posibilidad de una solución política.

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En los diálogos que realicemos con los diferentes actores políticos del conflicto —con participación decisoria de todos los sectores de la sociedad—, es imperioso abordar temáticas como: las transformaciones necesarias al sistema político, en especial la depuración de las fuerzas militares y la modificación del sistema electoral que propicia la subrepresentación de los sectores populares en ámbitos de decisión; la solución a la concentración de la propiedad de las tierras productivas, hoy en manos de narco-terratenientes; la garantía de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas, afro y campesino; el cuestionamiento al modelo de desarrollo basado en el extractivismo minero-energético; la defensa de la soberanía nacional frente a la ocupación militar extranjera y para darle solución al narcotráfico; la garantía de mínimos estándares de satisfacción de los derechos sociales y económicos, y la transformación de los mecanismos de exigibilidad de derechos, especialmente a la organización social-popular y la realización directa de los derechos.

La resolución del conflicto armado interno deberá convertirse en una base para la construcción de la paz, entendida en una dimensión integral de vida

Julia Madariaga

buena, justicia social y armonía con la naturaleza. Debe ser un proceso constante y práctico que conlleva dinámicas institucionales y sociales comprometidas con este propósito de manera integral.

Debe ser un proceso fundamentado en la diversidad, la dignidad de las personas y los pueblos, las garantías y condiciones para desarrollar los planes de vida, la superación de la impunidad, el reconocimiento como sujetos sociales, políticos y territoriales, la justicia y la autonomía.

Creemos que la terminación del conflicto armado abre mejores condiciones que las actuales para esa construcción.

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La solución política del conflicto es entendida por la ACIN en una estrategia que integra exigir, construir y buscar la paz.

Es decir, entender esta última como un derecho, como creación de condiciones y como diálogo entre actores. El convencimiento es que combinando esas estrategias podemos acercarnos al propósito de la paz negociada.

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Pronunciamiento por la paz en la conmemoración de los 40 años de lucha y resistencia Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Porque lo que está en juego en este momento de Colombia, para los pueblos indígenas y para todos los colombianos y colombianas, es la sobrevivencia como pueblos y como Nación.

O cambiamos este país, o desaparecemos.

Congreso de los pueblos indígenas de Colombia.

Cota, Cundinamarca, 2001.

Los pueblos y las autoridades indígenas agrupadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) hacemos un llamado fraterno a la sociedad colombiana a organizarnos en torno a la exigibilidad, al Estado colombiano y los actores armados no estatales, para que no se degrade más el conflicto armado y para que busquemos una solución política negociada del mismo.

Es hora de la paz y no de la guerra. Hora para que desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos armados, no se levanten las armas contra el pueblo.

Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutilaciones, los señalamientos, la muerte y la ignominia. Hora de la Verdad y de la Justicia. Hora de que la riqueza del país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad, de que el presupuesto nacional sea invertido fundamentalmente en lo social y no en la guerra.

Es necesario un escenario para la vigencia de un verdadero Estado social de derecho, la búsqueda de la democracia, la equidad y la justicia, la construcción de territorio y de cultura desde la diversidad que se garantice por parte del Estado el no señalar como terrorista o dar trato de enemigos a quienes realizamos la lucha social en oposición al modelo

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económico vigente. No es aceptable que actores armados a favor y en contra del Estado pretendan imponer por la fuerza de la violencia sus designios sobre las comunidades y organizaciones, cercenando sus luchas e impidiendo su avance y consolidación.

Nuestra legitimidad para exigir como indígenas el cese definitivo de la guerra consiste en: ■■Desde

hace más de 40 años de existencia como CRIC hemos realizado movilizaciones, recuperaciones de tierra, defensa del territorio, construcción de gobiernos comunitarios, conservación y manejo de nuestros saberes tradicionales, procesos productivos alternativos, mecanismos de resistencia pacífica como la guardia indígena y los sitios de asamblea permanente; la propuesta de Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la sociedad civil de La María, Piendamó; nuestros procesos cotidianos y permanentes en la búsqueda de condiciones objetivas para la paz, que se concreten en la vigencia de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

■■Nuestra

condición de ser, conjuntamente con afrocolombianos, campesinos, hombres y mujeres pobres de la ciudad y del campo, los más afectados por el conflicto armado.

■■Nuestro

Consideramos el cumplimiento estricto de los compromisos humanitarios por parte de los actores armados como un paso importante y necesario hacia la solución política negociada.

■■Nuestro

Exigimos al Estado el respeto a las iniciativas que emprendamos para realizar acciones y diálogos humanitarios que permitan salvar vidas humanas y disminuir el dolor de las personas, familias y comunidades en nuestros territorios autónomos y en las zonas de paz que se vayan constituyendo en todo el país. Actuamos amparados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el derecho internacional humanitario, en la jurisdicción propia y en la Constitución Política de Colombia.

planteamiento permanente, y de manera abierta, a los actores de la guerra, de que no nos representan y que no pueden hablar ni actuar en nombre de nosotros. compromiso, ratificado en el actuar cotidiano, de construir la unidad en la diversidad y el trámite no violento de los conflictos.

La solución política del conflicto armado no es la paz misma, no va a hacer desaparecer todos los conflictos sociales, políticos y territoriales existentes, pero es un camino necesario hacia la paz integral. Por ello planteamos: 1. Diálogos humanitarios ya! Las reiteradas infracciones al derecho internacional humanitario ponen al orden del día la exigibilidad al Estado y los actores armados no estatales del respeto a la vida, los bienes, la libertad, los procesos organizativos y comunitarios y la dignidad humana de la población civil.

Varias organizaciones sociales articuladas en la “Red de iniciativas de paz desde las bases”, junto con el CRIC y otras iniciativas de paz en Colombia, hemos venido planteando la urgencia de realizar diálogos humanitarios regionales con los actores armados y el Estado sobre las siguientes infracciones: - Violencia sexual en el marco del conflicto armado.

- Uso de minas antipersonal y abandono de artefactos explosivos sin explotar, así como la contaminación por armas.

- Reclutamiento forzado de la población y vinculación de niñas y niños al conflicto armado.

- Desconocimiento de la autonomía en los territorios, comunidades, organizaciones y movimientos sociales.

- Desplazamiento por señalamientos y combates en medio de la población civil poniéndolos como escudos humanos, y daños a bienes.

2. Construcción o articulación de sociedad civil para la paz. Debemos posicionarnos desde las comunidades locales, las organizaciones sociales y las iniciativas de paz, mediante dinámicas de articulación y visibilización, hacia un gran movimiento nacional por la paz, que tenga como uno de sus pilares básicos la solución política negociada del conflicto armado. No podemos decir que la guerra es un asunto exclusivo de los armados, y por tanto que la solución del conflicto es asunto exclusivo de ellos. Reordenar el territorio, distribuir el poder y adoptar un modelo de sociedad nos afecta y, por lo mismo, debemos intervenir directamente en los escenarios donde esto se decide, incluidos los de negociación del conflicto armado.

Al interior de las comunidades llamamos todos a continuar con mecanismos de resistencia pacífica que permitan el control territorial y el fortalecimiento de la autonomía.

Dado en el territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la sociedad civil La María, Piendamó, Cauca, Colombia, el 24 de febrero de 2011.

Cuenten con nosotros para la Paz... Nunca para la Guerra.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA (CRIC)

Archivo ACIN

¡Diálogos humanitarios y negociación política ya!

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En el norte del departamento del Cauca, en Colombia, está la Cxab Wala Kiwe, que en lengua nasa significa “territorio del gran pueblo”. Allí, 100 mil indígenas nasas y 20 mil campesinos nos unificamos en la misma estructura de gobierno —la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)— tras décadas de convivencia para resistir a la expropiación territorial perpetrada por los hacendados desde la Colonia.

Archivo ACIN

Minga

De la autonomía indígena a la Minga y al Congreso de los Pueblos

La región resume el conflicto territorial y político del país. Desde las laderas de la Cordillera Central de los Andes, donde los nasas debimos escondernos del desarrollo, se ve el amplio valle del río Cauca, su territorio ancestral. Solo pocos miles de hectáreas nos pertenecen hoy legalmente en la parte plana —que son las tierras más productivas—, recuperadas en los últimos 40 años en una historia ininterrumpida de movilización comunitaria masiva que ha sido

enfrentada con la represión estatal y paraestatal. En las demás zonas la expropiación se ha exacerbado: más del 80% del valle del río Cauca está cubierta por plantaciones de caña de azúcar, con una proporción creciente destinada a producir etanol; y en solo un decenio las áreas entregadas en concesión para explotación petrolera y minera se multiplicaron por diez.

En el resto del país los indígenas vivimos una problemática similar: 2 millones y medio de hectáreas de territorios ancestrales sin legalizar, 530 mil superpuestas por concesiones mineras y 3 millones y medio por solicitudes en trámite, 7 millones de hectáreas en zonas de exploración y explotación petrolera, crecientes plantaciones forestales de palma aceitera y maderables. La simple superposición de mapas muestra a los pueblos indígenas en un riesgo evidente de desterritorialización, al lado de una

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Ir a tabla de contenido grave degradación ambiental y de biodiversidad.

A pesar de lo anterior, al momento de hablar del territorio autónomo indígena del Cauca, los mayores de las comunidades no dudan en trazar los límites del territorio cientos de kilómetros adentro de los cañaduzales, hasta donde la memoria de lucha y la toponimia indican que han tenido presencia los grupos que dieron origen a los nasa hace 400 años. Reivindicar este territorio ancestral inquieta a comunidades campesinas no-indígenas que se asentaron en estas zonas, e irrita a los grandes propietarios de tierras. A los primeros les proponemos consolidar acuerdos interétnicos y lucha unificada por la tierra; frente a los segundos la estrategia es recuperar las tierras y liberar la Madre Tierra de las dinámicas del mercado.

Es en torno de la “liberación de la Madre Tierra” donde se concentra gran parte de la lucha para dar viabilidad a los planes de vida indígenas, basados casi todos en la reconstrucción territorial, la consolidación de gobiernos autónomos y la revitalización de culturas e instituciones ancestrales. Implica recuperar la tierra que hoy está en manos de los terratenientes, muchos de ellos ligados al narcotráfico y el paramilitarismo,1 reapropiarla y distribuirla entre las familias; cambiarle sus usos para recuperar su capacidad de generar vida; consolidar con ello la soberanía alimentaria, y crear las bases para una economía propia.

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Archivo ACIN

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El anterior gobernador del departamento del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, es representante de una de las familias terratenientes más tradicionales (sus ascendientes fueron presidentes de la República y repetidamente autoridades civiles de la región). Hoy está preso por vínculos con grupos paramilitares. En similar situación se encuentran otros líderes políticos.

De ahí se deriva la necesidad de reordenar el territorio nacional para enfrentar el orden territorial corporativo que en los últimos años ha hecho del país una inmensa zona franca, y dar paso a las Entidades Territoriales Indígenas previstas en la Constitución, a nuevas formas municipales y a los territorios colectivos afrodescendientes y campesinos. Esa ha sido la lucha indígena reciente en todo el país. La conclusión es que el proyecto autonómico indígena requiere cambiar la estructura de la propiedad agraria y el ordenamiento territorial del país.

Esta experiencia exitosa de comunidad política interétnica, junto a otras ocho asociaciones de autoridades locales, conforma el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los territorios colectivos afros y las zonas que los campesinos pretenden convertir en zonas de reserva,2 completan el mapa organizativo y político de uno de los departamentos más dinámicos en Colombia: aquí han tenido origen reciente la consulta popular contra el TLC con los Estados Unidos, las tres movilizaciones políticas más fuertes de protesta social al gobierno de Uribe Vélez (2002-2010), y las iniciativas del Congreso Indígena Popular (2004-2006), la Minga de Resistencia (2008) y el Congreso de los Pueblos (2010).

La Minga de Resistencia nació en medio de esas movilizaciones. Es un proceso de movilización y construcción colectiva de agenda política de los sectores populares, junto a un ejercicio de poder alternativo: a partir de la experiencia indígena de autonomía territorial, 2

Las “zonas de reserva campesina” son una figura de “territorio colectivo” que las organizaciones del campo reivindican esencialmente como mecanismo para excluir sus tierras del mercado y construir bases de autonomía política similares a las de los pueblos indígenas.

los Planes de Vida indígenas están basados en la reconstrucción territorial, la consolidación de gobiernos autónomos y la revitalización de culturas e instituciones ancestrales. económica y política, otros sectores vieron posible articularla o ampliarla a sus propios escenarios rurales y urbanos, y adoptarla como estrategia de construcción de poder y resistencia al capital, al mercado y a la guerra. En el año 2008 la Minga tuvo mayor receptividad por parte de otras organizaciones sociales que la habían visto hasta entonces como una dinámica exclusivamente indígena; se sumaron sectores campesinos, urbanos y de “víctimas del desarrollo” que comparten el enfoque de construcción de poder y resistencia, y un método de acción política que definen como masivo, presencial, directo, deliberante y con inmediata traducción de la política en actos territoriales de gobierno y legislación propia.

La Minga, desde su conformación, fue consciente de otros procesos parecidos o que debieran converger en un mismo espacio. La consigna “solos no podemos” fue un llamado a la gran coalición democrática, la convergencia de movimientos sociales y la marcha patriótica, que también tienen como propósito la articulación popular. Surgió así la convocatoria del Congreso de los Pueblos como un espacio de confluencia de luchas y ejercicios de construcción de poder popular, aunque estos tuvieran diferente énfasis. El Congreso, cuya sesión de instalación se realizó entre el 8 y el 12 de octubre pasado, juntó a más

51 Minga

Ir a tabla de contenido La esperanza es no abandonar su espíritu: construir poder alternativo; resistir al capital, el Estado y la guerra; hacer política de forma masiva, presencial, directa y deliberante; traducir toda consigna en actos legislativos y de gobierno en el territorio.

de 300 organizaciones sociales colombianas. Aunque persiste la urgencia reivindicativa de derechos frente al Estado, el Congreso marcó el inicio de una dinámica constituyente a nivel local y regional por todo el país.

De este modo, la agenda inicial de la Minga dio paso a un proceso legislativo popular más amplio. Los elementos de la Minga son conocidos: 1) Rechazo a los TLC y defensa de la soberanía; 2) rechazo al terror y la guerra, y a la violación de los derechos humanos, expresados en el Plan Colombia y la política de seguridad uribista; 3) la derogación de la legislación del despojo, expresada en la política de privatización e invasión del territorio y de expropiación de los recursos naturales; 4) el cumplimiento de las obligaciones del Estado a nivel nacional e internacional, el cumplimiento de los compromisos y acuerdos realizados con las organizaciones sociales, y el cumplimiento de la palabra; 5) la creación de mecanismos propios de soberanía popular, paz y convivencia.

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El Congreso de los Pueblos amplió y profundizó estos ejes de trabajo político. Su sesión inaugural adoptó como temas centrales los relacionados con la construcción de poder y economía propios y alternativos, consolidación de los territorios y la soberanía, impulso a una cultura democrática y antipatriarcal,

construcción de la paz y la integración de los pueblos. Los asuntos objeto de legislación aprobados son, entre otros, el diseño de un sistema político basado en el poder popular y garante del bienestar; el ordenamiento territorial, la reforma agraria y la protección de los recursos naturales, en particular el agua; la implementación de sistemas y redes económicas alternativas, solidarias y comunitarias, dirigidas a la soberanía alimentaria; la consolidación de sistemas propios de educación, salud y justicia; la implementación de instituciones que promuevan el derecho a vivir las culturas libremente y a practicarlas libres de sexismo, racismo o cualquier forma de opresión; la solución política del conflicto armado y la construcción de la paz directa y autónomamente por las organizaciones de base, con garantía de la verdad, la justicia y la reparación, con garantías de no repetición y exigencia del cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH) por parte de todos los actores en conflicto. Estos temas deberán ser abordados por las organizaciones en el próximo período, en un ejercicio constituyente que incluya a sectores que aún no participan del proceso y, sobre todo, comunidades no organizadas.

La autonomía indígena, reconstruida en los últimos 40 años de lucha, ha devenido en el sustento de un proceso nacional que busca cambiar las estructuras políticas y socioeconómicas. La esperanza es que las organizaciones indígenas y sociales involucradas no abandonen el espíritu que guía este ejercicio: construir poder alternativo; resistir al capital, el Estado y la guerra; hacer política de forma masiva, presencial, directa y deliberante; traducir toda consigna en actos legislativos y de gobierno en el territorio.

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Crónicas de un congreso a lomo de chiva A propósito del Congreso de los Pueblos, realizado en una Bogotá inesperadamente seca, entre el ocho y el doce de octubre en 2010.

Ricardo Alberto Rojas*

Este viaje, como todos los viajes buenos, fue de repente, llegó sin avisar. Y es que después de tantas marchas y tantos sustos en tantos años, ya era bueno salir no a pie sino en chiva y más si era a Bo-

gotá, así iba murmurando solo Alejandro mientras empacaba sus cosas para irse al Congreso de los Pueblos; como buen indígena nasa cargaba con todo, con su cobija, su olla y sus platos, con los plásticos

* Casa de Pensamiento ACIN.

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Archivo ACIN

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para parar la lluvia. Mientras empacaba sus cosas y se preparaba para asistir a la reunión del cabildo para organizar la salida, la comida, los cambuches para la dormida, la guardia indígena y sus bastones poderosos, pensaba ¿qué idea era esa de convocar a un montón de gentes de todos los lados del país?, de los más empobrecidos, los sin nadie y sin nada, a hablar sobre la necesidad de hacer otro país..., ¿qué idea era esa? Había asistido a tantos eventos que en la memoria tenía un reguero de discursos, uno tras otro, y con los años había aprendido que la gente habla pero luego se le olvida lo que dice, así que esa idea del Congreso de los Pueblos se volvía más bien una sensación rara entre la alegría que siempre da el conocer a otros que tal vez nunca volverás a ver, aunque quien sabe, nunca se sabe, y el cansancio de ir a otro evento más, como tantos otros; tenía dudas de si ir o no. Pero al llegar a la reunión encontró tanta algarabía, tanto contento, que sus dudas se esfumaron, dicen que cuando la gente se reúne para hablar de sus problemas y encontrarles solución, la madre tierra sonríe. En un costado del salón donde se reunían estaba Leito, el hijo de Nancy, que gritaba a todo pulmón a la comunidad: “los plásticos… los plásticos, lleven mucho plástico porque con tanto aguacero hasta el agua se va a mojar”, así se preparan los indios nasa, no esperan a que otro venga a resolver-

les el problema, a eso lo llaman gobierno propio.

A veinte kilómetros de donde se encontraba Alejandro, Juanita hacía lo mismo, preparaba sus cosas para irse al Congreso, solo que mientras empacaba su ropa y sus cobijas, su marido Mauricio le decía una y otra vez que ella no debería ir, que quién cuidaría la casa y los niños, y mientras alegaba con ella le iba ayudando a empacar las cosas con sus manos toscas pero llenas de ternura, así que Juanita, mientras lo oía disparatar por toda la casa, entendía que su marido, que era el gobernador del Resguardo, sabía muy bien que en el fondo él estaba de acuerdo y le parecía bien que ella fuera, así que en medio del agite del viaje, una sensación de tranquilidad profunda la fue envolviendo, y salió para la reunión. Ya eran las 10 de la noche, llovía, parecía que una gran nube nacional los acompañaría en este viaje.

En Munchique mientras tanto, doscientos indígenas se peleaban entre risas y empujones quién debería subirse a las cuatro chivas que el resguardo había destinado para ir a Bogotá, solo cabían 160, pero había más de 300, y en medio de la discusión de quiénes tenían derecho a ir, ganaban simplemente las ganas de ir de la mayoría, así que ese era el criterio mayor. En medio del tumulto Eleázar, un mayor indígena, le pregunta-

ba a su hermano, más viejo que él, ¿y qué vamos a hacer en ese Congreso? ¿Volvemos otra vez con las viejas preguntas, qué cómo gobernamos?, ¿qué hacer con tanta dispersión de la gente, con tanta división? ¿Qué cuál es la forma para que el Congreso reúna, unifique? ¿Cómo vamos a hacer una nueva legislación nacional para un país que se desbarata? ¿Cómo construir y consolidar gobiernos populares, es con consejos de gobierno popular en cada municipio? ¿Para qué hacer mandatos populares sino los podemos cumplir y hacer cumplir? ¿Eso tiene sentido? Como los pobres nunca hemos legislado, ¿cómo hacerlo ahora?

Eleázar no paraba de hacer preguntas mientras su hermano, con el humo de un tabaco todavía en su boca, lo miraba y pensaba, “vos no cambiás, seguís siendo el mismo”.

Entre tanto, los consejeros se reúnen en su sede y reflexionan en medio de risas, se preguntan por qué se han metido en esto de impulsar el Congreso.

Nelson, con su habitual humor fino, dice “claro, como si no tuviéramos nada que hacer, ahora esto”, y suelta una carcajada contagiosa; Jorge espera que la risa colectiva amaine y dice: “huevón, yo lo que me pregunto es a qué hora vamos a organizar todo esto… están que me echan de la casa por andar todo el tiempo en reuniones”, y Freddy, que tiene un humor práctico —sus bromas siempre

están resolviendo problemas—, le dice “pues tráetelos para la sede y ya”, y todos vuelven a reír. Danilo, otro consejero, los mira como diciendo “y estos de qué se ríen”, y suelta una de sus frases célebres: “lo que está mandatado está mandatado, el Congreso es un Mandato, así que coja cada uno su balde y a traer el agua”.

La risa continúa y afuera del salón una lluvia pertinaz y obcecada como la voluntad de estos hombres, arrecia. Así, en medio de risas y preguntas sin resolver, la decisión y la voluntad de estos hombres fue vital para que esta hermosa locura del Congreso fuese realidad.

Rafael, en tanto llegaba a su casa, corría tratando de que las veloces gotas de lluvia no lo alcanzaran, aun así llegó mojado de pies a cabeza, cogió sus preocupaciones, tantas que no le cabían en las manos y en la cabeza, los reportes de las otras organizaciones no indígenas asustaban, que si iba a haber alojamiento, que si la comida, que cómo era lo del transporte, y que el tema de la seguridad, que quién iba cuidar el Congreso. “No tenemos dinero”, pensaba Rafael, que era el encargado por los indígenas de resolver los problemas que el Congreso pudiera tener; los que más preguntan eran los de las ciudades, pero para Rafael eran como sus hermanitos menores. No durmió, a la madrugada debían salir las 22 chivas que el pueblo nasa despediría con sus 2.500 ilusiones y esperanzas. No

55 Minga

Ir a tabla de contenido había tiempo para dudas sino para soluciones, así que se echó encima sus gafas, le regaló el medio pan que le quedaba al perro que jugaba entre sus piernas, se despidió mientras en su cabeza rondaba la imagen de la última reunión con las organizaciones sindicales en Bogotá, en donde en medio del desdén de algunos dirigentes sindicales sobre el Congreso de los Pueblos afirmaban no ver su importancia, pero también las divisiones de las agrupaciones políticas, cada cual tirando por su lado, todo esto hacía que convocar al Congreso no fuera una tarea tan fácil. Las gafas, borrosas por la lluvia, parecían enmarcar sus preocupaciones. No quería que el Congreso fuese una memoria más del desencanto.

Y es que en Bogotá hubo mucho trabajo previo al Congreso, no solo Rafael y Yeromines que encabezaban el grupo, sino todo un equipo de los Tejidos que se sumó al esfuerzo general de preparar y ayudar; como pequeños fantasmas colectivos traspasaron puertas y oficinas, rompieron protocolos para lograr permisos y sellos, comida y transporte para todas y todos. Un grupo especial dejó también una huella imborrable: el de salud, que se vino con ambulancia propia y todo, con sus medicamentos y un grupo de médicos y enfermeras que se volvieron los médicos y cuidanderos de los enfermos del Congreso, al final hasta la misma alcaldía de Bogotá reconoció que ellos lo habían hecho mejor que el puesto de salud que había colocado el Gobierno. Salud propia le llaman a esto los nasas, sanamiento pero también protección para todos y todas.

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La noche llegó plena de alegría y agua. Las 22 chivas, tres camiones, una tractomula, un bus y las dos ambulancias del programa de salud nasa salieron ruidosas y llenas de indios nasas, acom-

pañadas de una caravana de indios en motos, que ruidosa llamaba a participar en el Congreso.

A mil kilómetros, en Bogotá, y dos días antes, un grupo de líderes nasas —encargados con un equipo de los de Bogotá de garantizar el sitio para el funcionamiento del Congreso— intentaban, faltando solo dos días, que la Alcaldía asumiera el compromiso de prestar la Universidad Nacional y de garantizar la comida para todos y todas, estaban hablando de cerca de 7.000 personas que llegarían de todos los puntos del país. La Alcaldía se rehusaba a asumir los compromisos por temor a las revueltas que generalmente organizan los estudiantes para celebrar el día del guerrillero heroico, hasta que finalmente el acuerdo se dio, “solo si la Guardia Indígena se compromete a garantizar el orden del Congreso, la Universidad facilitará los espacios”, dijo —como si lo hubiera pensado de pronto— el encargado de tal asunto, sus dos secretarias, al unísono, asentían con sonrisitas simpáticas; y así fue, con el compromiso de la Guardia Indígena se logró destrabar el problema. La voz se corrió… ya tenemos sitio, una voz unánime que corrió por cables, por ondas, por rumores y en medio de la lluvia que anunciaba “Va a haber Congreso”. Días después Germán, el coordinador de la Guardia Indígena, me comentaba medio muerto de la risa: “fíjate que el día que llegamos a la Universidad Nacional, nos repartimos como Guardia para garantizar la protección y el orden del Congreso, había que prohibir la entrada de gente a la Facultad de Ingeniería por orden de la Rectoría de la Universidad, yo dejé encargado a Reynel, un Guardia Indígena de Toribío, lo dejé como a las siete de la noche, como a eso de las 3 de la madrugada pasé a ver, Reynel dormía

acurrucado en las escalinatas de la entrada y mientras roncaba cerca de 300 personas ya se habían entrado a la Facultad”, el cansancio había irrespetado a la Guardia, tal vez fue el único caso. Al final del Congreso, ya en la Plaza de Bolívar, tuvieron un doble reconocimiento por todo su trabajo: una canción que les compuso el famoso grupo de rock “Aterciopelados”, y un ritual indígena que fue rodeado de aplausos sostenidos de todos los participantes.

En las chivas no viajaban la arrogancia o la soberbia, hijas legítimas de la estupidez y la ignorancia humanas, sí... la experiencia de años de construirse como pueblos autónomos, de ser gobierno, y esa conciencia primera era la que iban a compartir; con el lenguaje universal de la sencillez y de la solidaridad llevaban sus mandatos y el orgullo del trabajo hecho, su facilidad para legislar en sus territorios y la habilidad para tejer la gran Jigra Nacional.

Después de doce horas de viaje, de traspasar los peajes que no queríamos pagar —seguíamos legislando—, de la lluvia incesante, llegamos a la capital, eran las cuatro de la mañana de una Bogotá fría e indiferente, aunque siempre las chivas, los bastones y las caras alegres de los nasa despiertan el asombro y también, por qué no, la envidia de la gente, porque advierten de alguna manera que lo que va allí no es un montón de gente, sino un pueblo.

El primer día fue de desconciertos, cada quien buscando su sitio, un día lleno de preguntas, la mayoría sin respuesta, pues la comisión política del Congreso, aturdida por la avalancha popular, se debatía entre preparar la metodología del mismo y dar respuesta a las más de 20.000 personas que iban llegando.

La ilusión y la certeza de un puñado de líderes que creyó que era posible hacer el Congreso había triunfado. Recuerdo ahora a Feliciano, nuestro gran animador, que en los debates sobre lo improcedente del Congreso, de las voces que decían que estábamos un poco locos, siempre respondió con una gran sonrisa decidida y sus frases llamándonos a todos a confiar que era posible, y no solo posible sino necesario.

Eleázar habla entre tanto con Gabriela, pura luz y alegría, le dice que el camino es largo, que por qué corre tanto, mientras le sonríe al mismo tiempo.

Están ambos sin dormir, cada uno había llegado de sitios diferentes y a la misma hora, llevaban dos horas hablando y no paraban, hoy me contó que habían quedado de verse otra vez; siempre pasa, cuando nos juntamos siempre nos quedan las ganas de más. Esto fue el Congreso, le dijo Eleázar a Gabriela, juntarnos, eso es lo mejor... y luego ir a cada sitio a trabajar, a construir lo que hemos Archivo ACIN

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Ir a tabla de contenido Esto fue el Congreso, le dijo Eleázar a Gabriela: “Juntarnos. Eso es lo mejor: y luego ir a cada sitio a trabajar, a construir lo que hemos dicho aquí”. dicho aquí. Gabriela lo seguía mirando muda, sin decir nada. Sin embargo estaba ahí, frente a Eleázar que le seguía hablando.

Juanita se fue a las reuniones, decidió irse a una que llamaban “territorio” pero nadie sabía dónde era. Así que se fue a buscar. Y claro, se fue con los de la carpa, puras mujeres nasas, llegaron a donde al fin les habían dicho y que no, que ahí no era, en ese momento llega Dorita, gobernadora ella, las mira y les dice “ustedes qué hacen ahí paradas”, sigue y se mete en una sala abarrotada de gente, Juanita y las muchachas se le van detrás. Resultó ser una reunión de mujeres y ya se estaba acabando.

Rafael suspira incómodo. Está en una cama de hospital, del hospital “San Cristóbal”, queda en el sur de Bogotá y es feo, como casi todos los hospitales del sur, feos e inservibles. Le dio no se qué me dice él, yo creo que se enfermó de puro cansancio, después de tanto trabajo con eso del Congreso, y de ñapa eso de no dormir, claro…, se enfermó. Yo creo que se le pasa. Llegó el último día muy animado otra vez y diciendo “lo hicimos”.

58

Minga

Eleázar llegó de pronto donde estaba el grupo de la metodología del Congreso, un grupo entusiasta y feliz, que en medio del alboroto general quería ponerle un orden al Congreso, querían organizar la reflexión, y el Eleázar les pregunta “¿y dónde puedo ir a contar historias y echar cuentos”? Todos lo miraron como si estuviera bromeando y siguieron en su tra-

bajo, Eleázar me vio y entonces nos fuimos a contar historias y echar cuentos.

Eran las cinco de la mañana y un amigo que se nos había pegado dijo, “van 37 historias contadas y como cien cuentos”, le dijimos que más, porque él se había quedado dormido.

Era ya el segundo día y un murmullo general se paseaba feliz por el Congreso, “no ha llovido, verdad, y eso fueron los mayores espirituales que hicieron un trabajo para eso”. Dejó de llover y si... los tres días siguientes tampoco llovió. Y es que había llovido todo el tiempo, todo estaba mojado.... hasta el agua como diría Leíto, el hijo de Nancy. El rumor creció y se quedó. Todos nos fuimos más alegres y protegidos; “bonitas sensaciones” dijo Eleázar, como anticipándose a lo que aquí les cuento. Al regreso al Cauca, todavía con el interrogante dándome vueltas, le pregunto a Marcos, un mayor él, sabio y conocedor, “Marcos, la gente dice que ustedes hicieron que dejara de llover… ¿es verdad?” Claro, me respondió, y se llama “ritual de armonización del tiempo” y siguió haciendo sus cosas.

Luego se hizo una marcha y el regreso. Momento feliz, cautivo. Este Congreso, como diría Eleázar, “nos dejo contentos”. “Y por qué contentos y no más bien otra cosa... convencidos, por ejemplo”, le diría yo. No, replicaría Eleázar, porque este Congreso fue de jóvenes y a ellos les gusta es la alegría, no la seriedad. Como a usted y a mí, le replicaría yo. Nos subimos a la “chiva” y siguió la charladera hasta 12 horas después, ya cansados, medio ebrios todos, y de seguro diciendo “qué buen viajecito este el que nos pegamos”.

Minga de resistencia social y comunitaria

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Entrevista a Feliciano Valencia y Rafael Coicué Julio 26 de 2010 Realizada por Ricardo Alberto Rojas C .* La Minga Social o Minga de los Pueblos nació en el seno del movimiento indígena caucano como respuesta política a la violación de derechos humanos, a la entrega de los recursos naturales a las grandes transnacionales por parte de los gobiernos y al incumplimiento reiterado de acuerdos. Desde su inicio se abrió una discusión entre la necesidad de que

la Minga tuviera básicamente objetivos reivindicativos, de solución a las necesidades indígenas de tierras, educación y salud, de un lado, y el desafío de formular una propuesta de articulación social en perspectiva de transformación nacional, construcción de gobierno, movilización nacional por la dignidad y la resistencia popular, de otro. En la base de esta discu-

* Casa de Pensamiento de Chaxb Wala Kiwe

59 Actualidad

Ir a tabla de contenido Minga está lo reivindicativo; en el 2004 y en el 2008 se partió de esa discusión y se incluyó como “exigencia de cumplimiento de acuerdos”.

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sión está el posible desgaste acumulado en el movimiento indígena caucano por las movilizaciones de 2004 y 2008, y la persistencia de precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas que ameritan una solución que no dependa de grandes transformaciones estructurales.

Señas: ¿Cómo perciben ustedes la tensión entre una mirada reivindicativa y una mirada política de la Minga, y cuál sería la solución, si la hay?

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Feliciano Valencia: Hay que hacer un poco de historia. Todos los acumulados del movimiento indígena —en tierras, educación, participación política— se han conseguido a través de las luchas y la movilización, de la exigencia por medio de marchas o tomas, que terminan en acuerdos en los que se avanza poco a poco. Nadie nos lo ha regalado. Nos ha tocado hacer muchos esfuerzos en las movilizaciones y hemos pagado un alto costo en pérdidas de vidas humanas, persecución estatal, paramilitar y de la extrema izquierda. En la agenda de la

Cuando nos encontramos la primera vez en La María (Piendamó-Cauca) la discusión era esa: que la gente se movía para fortalecer lo reivindicativo, que la esencia de la Minga era movilizarnos para exigir al gobierno que cumpliera los acuerdos pactados. La gente tenía razón, porque hay acuerdos incumplidos que se deben destrabar por las vías de hecho; se retomaron los procesos de liberación de la Madre Tierra, luego de evaluar y argumentar en las comunidades que era por las vías de hecho que íbamos a lograrlo. De ahí que el énfasis de la Minga debía ser reivindicativo. Sobre ese acuerdo la gente se concentró en La María y se montó la estrategia que llamamos “la mata de guadua”, que era poner varios nudos en la vía Panamericana para evitar el flujo de transporte, estrategia que después el gobierno superó: la gente ubicó las matas de guadua sobre la vía para detener el flujo de transporte y presionar al gobierno para que cumpliera los acuerdos.

Después de ser levantados de la Panamericana, hicimos un ejercicio de evaluación. Vimos que prácticamente por esa vía no había opciones: la represión era muy fuerte, teníamos muchos heridos y un muerto, y el gobierno seguía intransigente señalando que la Minga era patrocinada por las FARC, que había guerrilleros, que las comunidades indígenas no estaban actuando de manera pacífica sino violenta; la fuerza pública nos dio un tratamiento de guerra con el pretexto de desalojar a gente impulsada por las FARC. Señas: ¿Les tocó replegarse entonces?

Feliciano Valencia: No exactamente.

Con ese resultado de heridos y de muertos nos sentamos a evaluar cómo continuar la Minga, porque no podíamos regresar a las comunidades sin nada; eso nos decían las autoridades indígenas, y de ahí sale la frase de que no podíamos llegar a las comunidades “con la mochila vacía”.

Se expresaron muchas opiniones sobre volver a taponar la vía, volver a las vías de hecho, pero finalmente concluimos que no había condiciones: los medios de comunicación ya no estaban haciendo presencia y estaban condicionados por el gobierno, y el acompañamiento internacional ya no estaba dispuesto a seguir porque el enfrentamiento con la fuerza pública eran muy fuerte. Eran varios elementos negativos: no teníamos ni medios, ni acompañamiento internacional, y la solidaridad nacional se estaba diezmando, porque la movilización se estaba convirtiendo solo en una confrontación con la fuerza pública en la vía.

Eso nos obligó a replantear la estrategia. Optamos por citar al presidente para que hiciera presencia en La María, ante lo cual no encontramos respuesta.

Fue cuando las autoridades y comunidades indígenas del norte del Cauca propusimos que pasáramos de lo reivindicativo a una acción política de carácter regional; que saliéramos a buscar respaldo, a plantearle al país y a la comunidad internacional que más allá de que nosotros pensáramos en elementos reivindicativos, lo que estábamos haciendo era dándole inicio a la construcción de un proceso social en el país. Ahí fue donde se apalancó el otro término que es el “accionar político”. Hubo un consenso entre las comunidades y las autoridades indígenas en que el carácter de la Minga después del 14 de octubre del 2008 hacia adelante era reivindicativo y político.

Con eso fue cambiando la situación.

Nos “recogimos” para ver cómo nos íbamos a presentar a la sociedad. El sector campesino y los medios de comunicación hicieron presencia, incluso académicos nos acompañaron en ese ejercicio.

Y dijimos: si vamos a salir a hablarle al país, si vamos a salir fuera del Cauca, si vamos a salirnos del marco indígena, tenemos que tener unos temas comunes con el resto de la sociedad colombiana.

Señas: Y se formulan los puntos de la Minga...

Feliciano Valencia: Sí. Concluimos

en los cinco puntos que viene enarbolando la Minga de Resistencia Social y Comunitaria: primero, la guerra, la paz y los derechos humanos, a partir de lo que nos había pasado en La María, y contextualizando lo que pasaba en los territorios: guerra, militarización, muertos, heridos, masacres e impunidad.

Después incluimos la agresión al territorio, no solo con la presencia militar sino de las multinacionales y las políticas económicas que ponen en riesgo a las comunidades y a los territorios. Ahí tocamos el tema de la soberanía, la tierra y el territorio. Dijimos que era necesario enfrentar políticas lesivas como el Tratado de Libre Comercio, la Ley de Aguas, la Ley Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural.1 Llamamos a ese punto “lucha contra las leyes del despojo”.

Cuando tratamos de ver el tema reivindicativo entendimos que no solo los pueblos indígenas teníamos acuerdos incumplidos. Vinieron los campesinos, los negros, parte del sindicalismo, y ellos confirmaron que también tenían acuerdos

1

Se refiere a la Ley 1052 de 2007 y a la Ley 1377 de 2010, declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional en 2008.

61 Minga

Ir a tabla de contenido de la Minga; a Cali porque allí conocíamos el terreno, porque había gente que conocía el proceso y nos había recibido en el año 2004, había unas condiciones mínimas tanto políticas como logísticas.

Ya en el transcurso se fueron vinculando otras organizaciones. La concreción de la Minga fue en Jamundí; allí nos concentramos muchas más organizaciones sociales que le aportaron a la agenda en términos metodológicos, conceptuales y de compromiso. Se selló el pacto y se acordó la relación de lo reivindicativo y lo político: lo político como la acción para trabajar a futuro y lo reivindicativo recogido en el cuarto punto de la agenda.

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incumplidos. Ese punto lo llamamos así: exigencia por los acuerdos incumplidos.

Como había un encadenamiento de temáticas de alto contenido para los procesos y las organizaciones, vimos la necesidad de darle continuidad a la Minga, porque no se puede detener, ni es coyuntural, falta mucha gente por recoger, faltan iniciativas por conocer, faltan procesos que se vinculen a esta iniciativa.

Por eso el quinto punto es organizar una Agenda para fortalecer todos los procesos: la llamamos Agenda de los Pueblos.

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Sobre esos cinco puntos socializamos y reunimos a toda la gente, que le hizo aportes. Se entendió que esos puntos se volvían el eje de la movilización y del caminar de la palabra. Nos empezamos a mover, y comenzamos a botar la idea de que ya no era concentrarnos en La María, porque estábamos desgastados. Dijo la gente: entonces nos vamos para Cali. ¿Por qué Cali? Porque allí confluyó la Minga por la Dignidad, la Alegría y la Justicia (en 2004), donde se sacaron cuatro puntos que fortalecían la Agenda

Señas: En otras palabras, transformaron una derrota en una victoria...

Feliciano Valencia: Aprendimos de la experiencia. Primero le apostamos a lo reivindicativo y por eso nos concentramos en La María; no nos funcionó porque la represión estatal nos ganó con el tratamiento de guerra. El aprendizaje fue que no hay resultados reivindicativos si no se hace un accionar político de manera conjunta.

Hubo dirigentes indígenas que siguieron planteando que lo primordial era lo reivindicativo y que no podíamos llegar con la mochila vacía a las comunidades. Esas tensiones las logramos sortear hasta que nuevamente regresamos de Bogotá a las comunidades. El tiempo nos ha dado la razón: si no hubiera habido acción política con la ida a Bogotá y con vinculación de otros sectores sociales, no hubiéramos podido llegar con la mochila medio llena.

Porque la Minga logró resultados muy importantes, tanto en el nivel político como en el reivindicativo. Creo que los in-

dígenas fuimos los más beneficiados de este proceso en términos reivindicativos, porque logramos que el gobierno nuevamente abordara la agenda de interlocución con las comunidades indígenas y se destrabaran los puntos de la masacre del Nilo y el Decreto 9822 como un punto específico para las comunidades de Caldono y Silvia. Ya en el accionar político la Minga ayudó a echar atrás varias iniciativas legislativas, que no solo perjudicaban a los indios, sino a comunidades afrocolombianas y campesinas. Las decisiones fueron muy sabias, logramos asimilar esa primera derrota, recogernos hacia adentro para presentarnos luego con más fuerza hacia afuera, y hoy estamos en un proceso netamente nacional.

Otra cosa sobre los líderes que planteaban lo reivindicativo como lo fundamental: cuando vino la época electoral se vio con claridad que esas personas querían lograr cosas materiales para que la gente le pagara en términos electorales; todos los que plantearon lo reivindicativo se postularon como candidatos a las elecciones. Como lo dijo mucha gente, lo que querían era utilizar la movilización como trampolín para los intereses personales, cosa que quedó comprobada. Ahí sí, la ACIN3 siempre planteó la agenda política y fuimos consecuentes. Nos deja esto una lección muy importante: hay que tener cuidado con este tipo de intereses de aquí en adelante.

Rafael Coicué: En el CRIC,4 frente al

Decreto 982, que tiene que ver con el reconocimiento de la emergencia económica y social de las comunidades indígenas 2

El Decreto 982 fue producto de las movilizaciones indígenas del año 1999, por medio del cual se define por parte del gobierno nacional la “Emergencia social y económica de las comunidades indígenas del Cauca”.

3 Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

4 Consejo Regional Indígena del Cauca.

Todos los acumulados del movimiento indígena —en tierras, educación, participación política— se han conseguido a través de las luchas y la movilización.

Nadie nos lo ha regalado. del Cauca, se decía que era un buen momento para presionar al gobierno por un presupuesto suficiente para resolver los problemas de las comunidades. Se cuestionaba: ¿qué ganamos con ir a Bogotá?

Nosotros decíamos que si el gobierno aprobaba los recursos para compra de tierras, pero luego aprobaba las concesiones y las leyes del despojo, y mantenía la guerra y el desplazamiento forzado, no hacíamos nada. Esas reflexiones fueron bajando la tensión. Claro, todavía hay zonas y líderes que mantienen la posición de aprovechar el momento para que el gobierno cumpla principalmente con su función social frente a los indígenas.

Cuando ya se dimensiona la Minga como una estrategia política, de lucha, de articulación con otros sectores sociales, esta visión comienza a cambiar, pues se ve que los indígenas somos muy pocos —el 3% de la población nacional—, luego solos no podemos. Y como solos no podemos, tenemos que empezar a construir una dinámica política nacional de manera articulada, sin dejar el lado reivindicativo: el tema del modelo político, las leyes del despojo, la soberanía.

Lo reivindicativo se mantiene como un derecho que tenemos, al que el gobierno tiene que responder, pero al mismo tiempo se sostiene la prioridad de construir un proyecto de país.

Señas: Pero la Agenda de la Minga, aunque es de carácter general, tiene un componente defensivo

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Ir a tabla de contenido muy alto, en el sentido de que responde a la política de Estado.

El carácter propositivo es menos evidente. ¿No cae la Minga en una cultura política que se le critica a la izquierda en general, de que protesta pero no propone?

Feliciano Valencia: Diferimos de esa lectura de la agenda de la Minga. Por ejemplo, en los temas de la guerra, la paz y los derechos humanos nosotros, más que rechazar y exigir que la situación de impunidad se supere, que la agresión se merme, que la guerra se acabe, estamos proponiendo la construcción de la paz por parte de las propias organizaciones.

En el punto de soberanía y territorio nosotros lo que hacemos es reafirmarnos en una defensa práctica del territorio como pueblos indígenas. En el Congreso de los Pueblos hemos trabajado para proponer un nuevo país y hacerlo por nuestra cuenta. No nos hemos quedado en decir no, sino que estamos proponiendo alternativas.

64 Minga

Rafael Coicué: El tema de la agenda de la Minga es muy complejo, pues estamos en un mundo cada vez más globalizado, en el marco de un modelo neoliberal, capitalista, y frente a eso nuestra propuesta es un modelo económico solidario, familiar, alternativo, que respete la vida, que respete la naturaleza, que no sea tan depredador como lo es el modelo actual, que solo busca saquear, explotar, acabar con el planeta en beneficio de unos cuantos; entonces proponemos un mundo alternativo, en donde hombres, mujeres, campesinos, indígenas, afros y demás sectores sociales tengamos oportunidad de vivir tranquilos, de tener espacios dignos. De otro lado, hay una estrategia, los Tratados de Libre Comercio, que son un marco jurídico que tienen los países, los gobiernos desarro-

llados, para someter a otros, y había que decir no a esos Tratados, porque en ellos hay leyes, normas para someternos, para acabar con la soberanía, con la riqueza nacional, y esa discusión de los Tratados de Libre Comercio nos llamó mucho la atención en los distintos procesos a nivel nacional, porque veíamos que eso nos estaba afectando. Entonces, ese es el punto de partida de la propuesta política, a eso es a lo que hay que hacer frente de manera conjunta.

Con el tema de la guerra allí lo que hay de fondo es un asunto económico, la guerra es una estrategia que tiene montada el sistema y a eso le juega también la subversión porque responden a esas dinámicas; vemos que con la guerra lo que se está haciendo es la expropiación de los territorios y la riqueza de los mismos, y debilitando el tejido social de resistencia, frente a esto tenemos que ser muy claros y plantear una propuesta de paz, porque si no es así nos van a acabar los procesos y nos van a debilitar la resistencia.

Igualmente con el tema de las leyes.

Hay una gran cantidad de normas que está sacando el gobierno del noventa para acá, cambiando la Constitución, y nosotros peleando por cosas pequeñas.

Tenemos que empezar a decir no a la contrarreforma constitucional, sí a proyectos desde los pueblos. A construir leyes que respondan a las necesidades de los sectores sociales en Colombia, comenzar a crear herramientas propias; lo que dice la misma Constitución, que el pueblo es el constituyente primario, que es soberano, que el pueblo puede revocar normas que vayan en contra de su vida. Decimos que sí es posible ir cambiando estas realidades; va a ser un proceso largo, pero ya podemos mostrar unos antecedentes positivos.

Feliciano Valencia: Si se revisan los cinco puntos, más que ser defensivos y críticos, son propositivos. Aunque son una temática general, no quiere decir que sea excluyente; la gente puede, a partir de allí, agregar todas las iniciativas. Lo importante es que sea una Agenda que nos permita funcionar, no que se vuelva un pliego de peticiones incumplible, ni por nosotros, ni por el gobierno. Son unos puntos estratégicos que colocamos ahí para el debate y la construcción de la propuesta, más que una forma de oposición a un Estado o a un gobierno. Si lo desmenuzamos, lo leemos y lo entendemos con ojos analíticos, recogiendo el contexto de nuestras luchas, es un muy buen escenario para articularnos y desde ahí empezar a construir y proponer.

Señas: Planteada la Minga como una propuesta de construcción colectiva y de articulación social, existen aún vacíos. Se percibe que el movimiento obrero y sindical no está aún “conectado”, y se ve en una dinámica electoral o estrictamente reivindicativa; existen dificultades con el movimiento de negritudes sobre todo en el Cauca por el tema de “conflictos por tierras”; el movimiento campesino ha sido roto por décadas de guerra sucia por parte del Estado y por efectos del narco-paramilitarismo. Más allá de estas explicaciones, ¿ha habido por parte de la Minga una debilidad o hay ausencia de una política de acercamiento con estos sectores?

Feliciano Valencia: Hemos camina-

do bastante con la Minga y hemos logrado aglutinar varios procesos e iniciativas en el país. Pero falta mucho más. Hay varias situaciones que pueden explicar

Como “solos no podemos”, tenemos que empezar a construir una dinámica política nacional de manera articulada, sin dejar el lado reivindicativo: el tema del modelo político, las leyes del despojo, la soberanía. por qué varios sectores no se articulan a la Minga. Estamos acostumbrados a que cada uno lucha por lo de cada uno —los negros se movilizan por lo suyo, los indios por lo nuestro, los campesinos por lo de ellos—, esa era la tendencia que estamos cambiando. Por otro lado, la lucha social estaba muy diezmada; las organizaciones campesinas nacionales prácticamente aniquiladas, el movimiento campesino muy golpeado, los afros muy permeados por la politiquería —aunque han tratado de reaccionar— y por el ejercicio de la interlocución antes que el de la movilización. Y hay otros factores que inciden para que las organizaciones y los procesos no se articularan o no se hayan articulado a la Minga, como la persecución estatal, la burocratización (porque a veces las cúpulas no dejan funcionar a la base en su ejercicio de movilización), e intereses personales que de una u otra forma se mueven en las organizaciones.

Pienso que éstos son desafíos que tiene la Minga para articular procesos y organizaciones en el país.

A las organizaciones les dijimos que la Minga no era un proceso para fortalecer personajes o intereses electorales, que no había campo para protagonismos, que no era una estructura con cuotas o delegados, que no era trampolín personal para impulsarlos a otros escenarios. Definimos un conjunto de criterios para que la gente entendiera que la

65 Minga

Ir a tabla de contenido

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Minga es un proceso donde se van aglutinando expresiones e intereses colectivos, donde lo predominante es construir con la gente, no desde los escritorios.

Les planteamos que esto era un ejercicio de construcción de una propuesta nacional, que la política no solo era buscar lo reivindicativo en las coyunturas, sino que era una meta de gran alcance y que a eso los invitábamos; que si estaban dispuestos a vincularse a este proceso desde esa lógica eran bienvenidos. Algunos que venían únicamente para aprovechar la coyuntura de la movilización se salieron rápido, y los que entendieron el carácter de la Minga han permanecido desde sus inicios.

es una iniciativa de los pueblos indígenas. Prácticamente hemos aportado el acumulado político e histórico del movimiento indígena, y hay que ser muy cuidadosos; ver cuáles son los criterios establecidos, cuál es la metodología y el proyecto político que viene proponiendo la Minga. Ése es el desafío grande: sostenerla en el tiempo, mostrar resultados —porque hay que mostrarlos— y cuidar el proceso, que no sea manoseado por ningún interés particular.

Pienso que tenemos varios desafíos muy grandes, como romper lógicas organizativas, por ejemplo, el estilo burocrático de las organizaciones, y dejar que la gente se exprese desde sus sentimientos y sus intereses; romper los miedos, porque hay gente que tiene miedo por la persecución del gobierno; lograr que los intereses de la gente sean recogidos en la Minga Social y Comunitaria, porque Colombia es muy diversa y compleja; lograr que en la Minga se fortalezcan iniciativas económicas, porque los ejercicios de movilización son muy costosos y no tenemos cómo responder a los desafíos de movilización que nos hemos propuesto; que la gente entienda que la Minga no es coyuntural, que no buscamos alcaldías o posicionar gente, sino que buscamos la construcción del país de los que siempre hemos estado por fuera del gobierno. Creo que hay gente que ha entendido eso y le está metiendo a la Minga.

se dio la marcha a Bogotá, me correspondió hacer la coordinación con los sectores sociales: estudiantes, la CUT5, Fecode6, la USO7 y otras organizaciones, y lo que percibía era que ellos decían “eso es una marcha indígena, hay que solidarizarse”. Les explicábamos que no se trataba de solidarizarse, sino de asumir la propuesta política de construir un proyecto de país, que esa era la propuesta de la Minga de Resistencia Social, y que no era una cosa indígena, ni una cosa reivindicativa. Pero se veía como un asunto allá del suroccidente, que llegaba a Bogotá buscando quién lo acompañara, a ver cómo se solidarizaban.

Sobre todo lo anterior tenemos que montar estrategias. Lo más grande que han advertido las autoridades indígenas es cuidar el proceso, porque la Minga

Señas: Cuéntanos de los mecanismos o espacios que fueron habilitados para encontrarse con los otros sectores sociales.

Rafael Coicué: En el 2008, cuando

También uno notaba que había desconfianzas hacia el movimiento indígena. “No, es que tienen esa costumbre de que nos llaman, consiguen sus cosas y luego nos dejan tirados”. Eso era lo que decían algunos líderes de organizaciones. En esa discusión aclarábamos el carácter y objetivo de la Minga, tratando de 5

Central Unitaria de Trabajadores.

Federación Colombiana de Educadores.

7 Unión Sindical Obrera.

6

hacernos entender. Así fue como la CUT, en cabeza de Tarcisio Mora, dijo “bueno, vamos a acompañar”. Y jalados por la curiosidad nos acompañaron en el lanzamiento de la Minga el 21 de noviembre del 2008 en Bogotá. Fue una presencia muy simple, más simbólica. Otros fueron los estudiantes de las universidades Distrital, Nacional, Pedagógica, de la Salle; también estuvo la marcha que hicieron de Tunja a Bogotá.

Así fuimos marchando y construyendo una dinámica propia, participativa, de procesos, de región. Decíamos que si bien la Minga nació desde el Cauca, no era indígena, era social y comunitaria; muchos contestaban “No; para estar en la Minga hay que pedirle permiso a los indígenas”, y nosotros “No; el que quiere pedir permiso es porque no quiere hacer nada, la Minga es nacional, es de todos, simplemente se debe asumir”.

Señas: Les tocó a los indígenas plantear que la Minga era su hija pero ya no les pertenecía, como dijo el Congreso de Tacueyó de la ACIN. Rafael Coicué: Sí. Se fue atacando ese mito de que era indígena y que sin los indígenas no se hacía nada. Cuando se va aclarando el carácter se van dando dinámicas propias en las regiones, por ejemplo, de los mineros del sur de Bolívar que han hecho su propio proceso, el Huila que ha sido muy importante, la Minga Caribe, la Minga estudiantil, Nariño. Las reuniones han servido para aclarar el carácter, porque si fuera por los medios de comunicación la Minga sería solamente indígena, porque eso es lo que han mostrado; la han aislado y sacado del contexto de otros sectores.

Luego se crean la Comisión Política y las vocerías, que empiezan a recorrer las regiones. Pero todavía hace falta; la

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gente aún pregunta cómo se participa, o “cómo voy yo”, o cuántos representantes tenemos. Respondemos lo mismo: se entra trabajando desde la base, con conciencia, con compromiso y el espacio está abierto.

Aunque debemos reconocer que el sector campesino del Cauca es con el que hemos tenido mayor acercamiento en acciones reivindicativas y políticas conjuntas, el trabajo se proyecta a otras regiones. Por ejemplo con el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y el Coordinador Nacional Agrario (CNA) nos entendemos, desde el inicio han estado y han sido coherentes, le han metido mucho esfuerzo a nivel nacional.

Ahora hay procesos locales vinculados a la Minga en Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Huila, Tolima, Nariño, Valle, Chocó. Está también el Proceso de Comunidades Negras que ha estado participando a nivel nacional pero que señala la necesidad de superar ciertas contradicciones regionales con nosotros en materia de tierras, y que reclama acuerdos claros para meterle de lleno a la

67 Minga

Ir a tabla de contenido Tenemos que comenzar a crear herramientas propias; lo que dice la misma Constitución, que el pueblo es soberano, que puede revocar normas que vayan en contra de su vida.

Minga. Lo bueno es que ellos y nosotros decimos que esas cosas se van hablando y se van aclarando en el proceso.

Señas: Hay sectores campesinos en el Cauca que no están en la Minga. ¿Cuáles son las razones de peso para que no se dé esa vinculación?

Feliciano Valencia: No hemos podido articular procesos con Fensuagro8 a nivel municipal. Por ejemplo en Corinto ellos se cierran mucho en el tema de las Zonas de Reserva Campesinas, que si lo habláramos con tranquilidadno habría ninguna dificultad. Allí la situación de fondo es su posición política, que no los dejaría accionar en un proceso como la Minga. Yo creo que ese tema debemos seguirlo hablando con ellos y estamos dispuestos a hacerlo, pero sus posturas dificultan las cosas; hay muchas tensiones que no hemos podido manejar con ellos por algunas críticas sin fundamento que hacen a los líderes y a los Cabildos indígenas, y porque no respetan como debe ser la unidad indígena. Es una situación que no debería pasar, deberíamos respetarnos cada uno los procesos sin importar las diferencias o contradicciones que tengamos; en los Cabildos hay campesinos, pero estos nunca han sido cooptados a la fuerza, ni difamando de las organizaciones y los procesos, ni de las autoridades o de sus líderes, le apostamos a la vinculación de campesinos sobre propuestas y sobre proyectos, no sobre iniciativas o intereses particu8

68 Minga

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria.

lares de cada organización. En resumen, hay una situación tensa con la línea Fensuagro local norte del Cauca, tema que esperamos que algún día se supere.

De todos modos, la mayoría de las organizaciones agrarias en el Cauca tienen una política más abierta al diálogo, al debate y a la construcción, y han estado articulando y coordinando con nosotros en luchas políticas y reivindicativas, con una actitud de compromiso como organizaciónes campesinas La otra situación problemática es con los campesinos de la Costa Pacífica.

Por la visión territorial no nos hemos podido articular en el proceso interétnico del alto y bajo Naya. Pero no es una cosa imposible de resolver: aunque tenemos dificultad en articularnos, podemos superar esos problemas sobre una visión territorial compartida; decimos que todos tenemos derecho al territorio, que podemos vivir de manera conjunta campesinos, negros e indígenas, sobre unos pactos de convivencia previamente establecidos, de acuerdo con las cosmovisiones de cada pueblo.

Señas: Si ha habido alguna ausencia notoria en el proceso de construcción de la Minga ha sido la de las fuerzas políticas de la izquierda y de las organizaciones políticas indígenas, como el Polo Democrático, el Partido Comunista, el MOIR, la Alianza Social Indígena, la Gran Coalición Democrática, ¿de quién es la responsabilidad de esta distancia? ¿O es una responsabilidad compartida?

Feliciano Valencia: Es una lástima

que el ideario progresista, social, con un enfoque de construcción popular, del Polo Democrático Alternativo no se aplique. Y digo no se aplique porque cuando estaba de candidato el doctor Gavi-

ria Díaz, nosotros lo convocamos a La María, en Piendamó, y le entregamos el mandato de los pueblos indígenas para que se recreara y debatiera a nivel nacional. El mandato era que se fortalecieran los procesos que viene planteando la Minga; el mandato era concretico: fortalecer los procesos sociales de base, independientemente de que ganaran o no ganaran, era bajar a las comunidades y construir desde allí, entre todos. Pero pasadas las elecciones el PDA se comportó como un partido político más: vienen, se echan su discurso, luego se van y se quedan en las ciudades, pero no bajan, no trascienden a las comunidades; es muy válida la lucha parlamentaria, de los senadores, representantes, pero no trasciende, porque no tienen la carne social que se necesita. Esas son las críticas que les hemos hecho.

Incluso antes de que la Minga saliera nos reunimos con ellos, porque consideramos que era el sector político más afín, el más identificado con esta iniciativa, y les hicimos estos planteamientos. Algunos de ellos nos contestaron: “cuánto necesitan para la movilización”; ahí uno ve la idea que tienen de nuestra propuesta.

Les respondimos: “la Minga claro que necesita esos recursos, pero más que recursos, lo que necesita es que tenga voz en esos espacios de debate nacional; qué bueno que la Minga tenga voz y que ustedes transmitieran estos planteamientos; la Minga necesita muchas voces para que la gente se empiece a interesar y a entrar en el debate nacional”. Es una lástima que estos partidos independientes o progresistas no rompan esas estructuras que se ciñen a la burocracia o a los jefes, que se olvidan de la base y solo la recuerdan en las fechas electorales.

Ojalá algún día podamos articular esa lucha parlamentaria con la movilización

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social. Ese es el anhelo, que ojalá los tengamos en las movilizaciones, en la base, en los talleres, en los foros, así debería ser el ejercicio de la política alternativa, ese debía ser el talante. Creo que la base de esos partidos nos acompaña.

En la Comisión Política de la Minga hemos dado el debate y se ha dicho que todavía no hay el escenario para sentarnos a debatir con los partidos políticos; es porque hubo una tensión cuando llegamos a Bogotá, cuando algunos partidos se quisieron vincular a la Minga pero mandando las banderas mientras seguían en sus oficinas. Y así no era; como su propuesta no fue bien recibida se los dijimos y se molestaron. La otra situación se dio en Cali, cuando algunos congresistas manifestaron su intención de venir; les dijimos que si era para venir a fortalecer la Minga eran bienvenidos; pero hubo una reflexión y dijimos que era mejor no pintar la Minga con partidos políticos, porque este esfuerzo que la gente ha hecho de visibilizar esta propuesta terminaría cooptado por un escenario partidista.

69 Minga

Ir a tabla de contenido El tema de las organizaciones políticas indígenas es más bien tenso. La ASI,9 por ejemplo, perdió el rumbo, vienen apoyando iniciativas particulares distintas a la iniciativa de la Minga. Si tú revisas la marcha de la Minga, jamás se vio una bandera de la ASI o un saludo hacia la Minga, ni un apoyo, ni decir “aquí estamos, para qué servimos”; a mí me parece que se divorciaron totalmente de este proceso y corroboraron el divorcio de la ASI con las bases sociales.

Otra cosa son los partidos del gobierno, el partido de la U, el Conservador, Cambio Radical; nosotros decimos esos son los partidos de quienes nos agreden y mal haríamos en sentarnos a hablar con quienes nos agreden.

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Señas: ¿Se ha discutido de manera más general la relación de los movimientos sociales y los partidos políticos? Porque algunos mingueros se lanzaron a lo electoral.

Feliciano Valencia: El debate es si solo nos dedicamos a la lucha social o también debemos aprovechar las coyunturas político-electorales. La Minga ahí no tuvo postura, se soltó el tema pero está pendiente. Muchos sí querían que la Minga tuviera candidato, hasta trataron de vincular a la compañera Aída Quilcué como su candidata. Nosotros ese tema lo dejamos claro: ella era la candidata de un sector mayoritario del CRIC, al que pertenecemos, pero no era candidata de la Minga en su conjunto; incluso ella se marginó de su vocería para no dejar dudas. En cambio sí hubo otros candidatos que hablaron a nombre de la Minga y que rompieron las reglas de juego. Pero el tema está por discutir; yo personalmente creo que la Minga sí debe tener posición frente a las coyunturas y en las decisiones de carácter democrático.

70 Minga

Rafael Coicué: Cuando las movilizaciones del 2008, en el Polo Democrático nos dijeron: “qué vamos a aportar, cómo vamos a apoyar”. Les contestamos: “pues veamos cuál es la propuesta de país, de cambio, que tiene el Polo, y si está en el marco de los cinco puntos, pues trabajamos juntos”; se quedaron pensando, pero debo reconocer que al final decidieron mover toda su estructura política en Bogotá y esa fue la principal fuerza política de apoyo en el movimiento de la Minga ese año.

Por un lado están las diferentes tendencias y posturas en los partidos políticos. Por ejemplo, en el Polo, unas más de izquierda y otras de centro, y allí se producen unas tensiones. En el tema de la Minga muchos la ven como un peligro en el sentido de que se les pierde el control sobre sus bases. Pero en la Minga no hay control, no hay estructura, ni hay directivas, aquí todos aportan y todos construyen. El Partido Comunista ha sido más radical con las tomas, y ve que 9 Alianza Social Indígena.

esto es diferente de sus concepciones, que se sale del marco político que tiene, y esta propuesta le podría generar problemas internos, con sus luchas, con sus estructuras, con lo que ellos han construido durante tanto tiempo. En general, la izquierda ha sido muy golpeada por el gobierno, y uno los ve muy encerrados, muy aislados en sus posturas, sin ganas de llamar a un debate abierto, de diálogo político.

Nosotros hacíamos una reflexión: si queremos construir otro país, otro sistema, los partidos deberían echarse al hombro esta iniciativa, la propuesta política de la Minga; son los que deben trabajar esta propuesta. Pero no; se hacen a un lado y uno ve que no hay coherencia de la lucha, se burocratizan, toman otros rumbos. Entonces nosotros seguimos con la construcción del proceso desde las bases.

Señas: La Minga se conoce por ser una propuesta de movilización social, pero es evidente que el momento por el que pasa el movimiento popular no es el mejor. Sus “cualidades” más destacadas son la fragmentación, la división permanente, su escasa potencialidad movilizadora, su corporativismo o su gremialismo extremo, su localismo, su sectorialismo —no entremos en detalle sobre las razones que explican esta situación—. La pregunta es si en este escenario social popular una propuesta como la Minga, que hace de la movilización su fundamento político y programático, no puede caer en una crisis justamente por las razones señaladas. Dicho de otra manera, ¿no es la propuesta de la Minga una excelente propuesta para otro “tiempo político”?

Muchos decían “eso es una marcha indígena, hay que solidarizarse”. No se trataba de solidarizarse, sino de asumir la propuesta política de construir un proyecto de país.

Feliciano Valencia: En Armenia,

cuando llegamos a la plaza central, vi entre la multitud a un señor mayorcito, muy contento de ver que la Minga llegaba. Después se me acercó y me dijo que a él le parecía muy bonita la experiencia, pero que en el fondo no le parecía que prosperara; que llevaba cincuenta años esperando un cambio profundo y que era muy escéptico sobre que estas iniciativas cogieran fuerza en Colombia.

Decía que uno debe ponerse metas en los procesos sociales; que ellos habían malogrado muchos momentos, que debieron haber sido más “tinosos” en las pretensiones del movimiento social en su momento, y que así como se construye movimiento en colectivo así se debería construir el ser humano; que si ese proceso no estaba alimentado de gente clara, comprometida, y provocaba cambios rápidos, estas iniciativas se atomizaban y se quedaban en el tiempo. También reconocía que “éste es otro discurso, fresco, abierto, con identidad, con raíz”.

Me decía que los cuadros que ellos habían preparado para un tiempo, pasado ese tiempo no se readecuaron. Me hizo caer en cuenta de la importancia de unas bases sociales fuertes, capacitadas y, sobre todo, preparadas para su tiempo.

Nos sigue acompañando, camina con la Minga, nos recibe, ve con buenos ojos este proceso.

Creo que es porque es la gente la que se está moviendo. Aquí no hay profesionales con títulos, sino gente que puede

71 Minga

Ir a tabla de contenido Si queremos construir otro país, los partidos deberían echarse al hombro la propuesta política de la Minga. Pero se hacen a un lado y uno ve que no hay coherencia de la lucha. Entonces nosotros seguimos con la construcción del proceso desde las bases. dar el debate, que lo puede argumentar, que puede mostrar las cosas que le están haciendo; yo creo que a la Minga no la defiende el vocero o los gobernadores, aquí a la Minga la defiende la gente; y lo más importante: la gente decide quiénes van llegando a los espacios. Esta lucha no tiene dueño, aquí todos tenemos que trabajar, nadie es más importante que otro, aquí vamos entre todos caminando la palabra.

Muchos dirigentes han tomado conciencia de que así son las cosas y que la Minga llegó en buena hora, porque el sindicalismo está arrinconado, los afros arrinconados, la gente pobre arrinconada, asustada, escondida. Lo que la Minga ha hecho es decir “aquí estamos, juntémonos y caminemos como uno solo”. El momento es excelente, los espacios que está proponiendo la Minga son pertinentes.

Pero que hay que ser muy juiciosos, hay que estar muy atentos, porque los cambios son muy rápidos. La Minga en ese sentido tiene que tener esa capacidad de moverse muy rápidamente y recomponerse en sus movimientos estratégicos y tácticos, en las agendas que se van creando y en el proyecto de país que estamos construyendo. Es el momento, porque si no, ¿cuándo? Estamos cansa-

72 Minga

dos y si no nos proponemos defender la vida ahora, pues mañana es tarde. Así que hagámoslo hoy. Ahora, la forma como la gente se puede vincular a la Minga es, primero, entendiendo qué es; segundo, que se comprometa con ella, y que empiece a autoconstruir que es el sentido profundo de la Minga. Nosotros ahora estamos caminando el país llevando el mensaje de la Minga, pero es la gente la que tiene que empezar a comprometerse desde las localidades, desde su familia, desde la organización, desde la tienda, desde los espacios donde podamos.

Yo creo que ése es el mensaje que le llevamos a la gente. Hemos visto esas iniciativas caminando. Un ejemplo son las iniciativas de mujeres produciendo en la ladera, en Cali; cuando les preguntamos cuándo y cómo habían tomado esa iniciativa, respondieron: cuando los indios dijeron que había que hacer resistencia y que no había resistencia si no había comida, y que si no había comida no había soberanía ni autonomía. Así se hace revolución: desde las pequeñas cosas.

Eso es lo que también estamos diciendo nosotros.

Rafael Coicué: Se va haciendo Minga también con la educación, con la concientización. Esto es muy importante, en entender la situación que estamos viviendo hoy. Hay mucha gente pasiva, desinformada, confundida por los medios masivos de comunicación, por la propaganda, las novelas, el fútbol, que hacen que las personas estén como en otro lado. La educación es el motor para enfrentar esta realidad; el único camino que tenemos para enfrentar esta situación es la organización, la unidad, la articulación.

Palabra del Congreso de los Pueblos de Colombia

“ Propuesta de país para una vida digna ” Hermanos, hermanas. Nuestra palabra, que camina y teje razones y sueños, ahora se levanta para compartirles a todos y todas, habitantes del territorio colombiano, pero también a todos los pueblos hermanos, que hombres y mujeres de la más variada procedencia y diversidad de edades nos dimos cita en Bogotá, entre el 8 y el 12 de octubre de 2010, para asumir en nuestras manos la responsabilidad histórica de nuestras vidas, y motivar a nuestro pueblo para que haga lo propio con la suya.

Somos los trabajadores y las trabajadoras, somos los corteros de caña y sus compañeras, somos los campesinos y las campesinas, jornaleros y cosecheras, somos la gente hija de la tierra, somos los pueblos indígenas, somos los descendientes de africanos que nos estamos liberando, somos las mujeres dignas y libres, somos gente pescadora de mares y ríos, somos los moto-trabajadores, los taxistas, las camioneras, somos los estudiantes, las maestras, los educadores populares, somos las experiencias de resistencia al capital, al Estado y a la guerra, Archivo ACIN somos los pobres, las marginadas, los excluidos, somos las artistas y los artesanos, somos la gente desplazada por las balas, la amenaza, las motosierras, el latifundio, los grandes proyectos, somos los otros, las otras, quienes desde la diversidad sexual hacemos democracia, somos los habitantes de la calle, de los barrios, de los cerros de las grandes ciudades, somos los detenidos y detenidas en las cárceles, somos las defensoras de los derechos humanos, somos los comunicadores y las comunicadoras populares, somos los creyentes en nuestros dioses y sobre todo los creyentes en la justicia, somos los ausentes y las víctimas, somos las niñas y los niños, la risa y la imaginación sin límites, somos los jóvenes, que resistimos la opresión de un sistema policíaco, somos el país y los pueblos, Somos el Congreso de los Pueblos.

73 Minga

Ir a tabla de contenido ¿Por qué nos constituimos en Congreso de los Pueblos?

Este Congreso fue convocado con un propósito fundamental: que el país de abajo legisle, que los pueblos manden, que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse.

Así de sencillo. Estamos recuperando para el pueblo y los pueblos de Colombia nuestro carácter soberano, o como dicen, de constituyentes primarios.

Porque a pesar de la euforia de los poderosos estamos convencidos de que el sistema político y económico colombiano está agotado, casi muerto de corrupción y crimen. No esperamos gran cosa de los congresistas y los gobernantes. Lo que hemos confirmado en esta sesión de instalación es que en muchos lugares del país la gente no esperó más y se puso a legislar por su cuenta, a organizar el territorio y a darse su propia forma de mandar. Asambleas constituyentes municipales, pactos de convivencia barriales y regionales, territorios autónomos indígenas y afros, territorios de paz, experiencias de presupuestos participativos, redes de soberanía alimentaria, mesas de concertación de sectores populares, asambleas territoriales en los barrios, movimientos para consolidar reservas campesinas, ¡todos!, han encontrado en sus propios ejercicios legislativos más democracia, bienestar y justicia que toda la que puedan ofrecer y no han garantizado en 200 años de vida republicana.

74 Minga

Este Congreso de los Pueblos ha empezado a juntar esas dinámicas de autonomía popular. Y ha llamado a todos los sectores sociales alternativos a que nos juntemos para pensar un nuevo país, iniciar una deliberación nacional e ir elaborando un Mandato de los Pue-

blos, o un Mandato País, o una Agenda Alternativa, o una Constitución Popular.

La discusión que hemos empezado dirá qué nombre le ponemos. Con ese espíritu, más de 17.000 delegados y delegadas de unas 220 organizaciones con sus procesos sociales populares hemos aceptado sumarnos al Congreso de los Pueblos en su primera sesión; pero el Congreso de los Pueblos tendrá el quórum decisorio cuando otros cientos de procesos de base, dispersos por toda la geografía nacional, se sumen de manera activa, y con todo el espacio para deliberar y decidir, a esta tarea de legislar y hacer de nuevo al país, o mejor, cuando todo el país real se reúna para discutir y decidir cómo es que quiere vivir y trabajar.

El Congreso de los Pueblos no es una reunión. Este primer encuentro fue solo su sesión de instalación. Lo que hicimos estos cuatro días ha sido principalmente definir nuestra agenda legislativa popular. Cada una de las organizaciones y sectores sociales que aquí participamos aportamos la experiencia de haber aprobado un mandato general o puntual, de haber elaborado un programa o propuesta sectorial, de haber adoptado leyes en ejercicio de nuestras autonomías, de haber presentado un pliego político.

Hemos puesto en común esa experiencia de autonomía. Y hemos adoptado las líneas gruesas de una agenda legislativa popular y la ruta de trabajo legislativo de todos los sectores, actores, sujetos y organizaciones populares del país para el próximo período.

*** Hemos decidido hacer de nuevo a Colombia. En realidad, somos nosotros y nosotras, cada cual por su lado, quienes la construimos todos los días. Pero esta vez la edificaremos con nuestra mirada,

a nuestro modo, hablando diariamente entre todas las organizaciones populares. Nuestra vocación de unidad popular es irreductible. El Congreso ha decidido que iniciamos un proceso de deliberación y acción conjunta en todos los rincones del país, abordando lo que nos parece que son los temas fundamentales.

Aquí algunos de estos asuntos: Pensar y adoptar un nuevo sistema político basado en los gobiernos autónomos y democráticos de las comunidades locales y los pueblos. Un Estado soberano e independiente. Seremos nosotros y nosotras quienes lo construiremos.

Ordenar de nuevo el territorio del país para que las comunidades puedan mandar sobre sus recursos estratégicos, y para fundar una nueva forma de relacionarnos con la Madre Tierra. El Congreso manda que se libere la Madre Tierra. Y manda que se devuelva a la población el derecho a decidir tanto sus formas de gobierno como el aprovechamiento de los bienes de la naturaleza.

Construir una economía para el buen vivir. En la lucha contra el modelo económico neoliberal que expropia, roba y destierra, la recuperación para los pueblos de los recursos naturales y estratégicos que hoy se encuentran en manos de las transnacionales, es un imperativo.

Consolidar unas rutas propias de las organizaciones de base, populares, para encontrar una solución política del conflicto, y unas rutas de movilización que nos permitan abrir los caminos de la justicia y la paz. Mientras llegan estos momentos, rechazamos la guerra del capital, y demandamos redistribuir el presupuesto destinado para la guerra, de modo que este se invierta en suplir las múltiples necesidades que agobian a los siempre excluidos y negados.

Potenciar los valores más queridos por la gente que carga con el peso del país real, dándole cuerpo a una ética que respeta y potencia la vida y rechaza la muerte. Cultura que rompa con la opresión patriarcal, cultura de la equidad de género, del respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por una vida libre de violencias. Valores y ética que se oponen a aquellas decisiones del poder que privilegian el lucro sobre el bien común, la especulación sobre la producción real, el logro individual sobre la realización colectiva, el amasar mercancías sobre su redistribución, la homogeneización sobre la diversidad. Cultura de la solidaridad, del complemento, de la producción limpia, de la armonía con la naturaleza, que sabe y entiende que “los más” urgimos de un sistema de comunicación nacional independiente para que nuestras reflexiones y decisiones lleguen a todo el país, para que se hagan cuerpo y movimiento cotidiano.

Nuestra apuesta es sumarnos al torrente de los pueblos de América que se deciden por la libertad, por la libre determinación y el ejercicio de la soberanía.

*** Es obvio que nuestro propósito de hacer un nuevo país y hacer realidad los derechos de la gente nos pone en clara oposición con el Gobierno de Juan Manuel Santos, que se reclama heredero de la “seguridad democrática”, pero que sobre todo mantiene intacta su intención de seguir entregando el país al capital financiero y a las transnacionales. Entendemos que las diferencias entre el nuevo Gobierno y las mafias con que gobernaron los ocho años anteriores puede llevar incluso a conflictos entre ellos. Será un período peligroso. Intentarán que a

75 Minga

Ir a tabla de contenido Que el país de abajo legisle.

Que los pueblos manden.

Que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse.

Que camine la palabra. cambio de que ellos se distancien de las mafias, nosotros aceptemos la continuidad del saqueo y la invasión de nuestros territorios. Entre tanto, seguirá la judicialización de las luchas populares, el recorte de los derechos sociales, la desterritorializacion del país, la transformación de Colombia en una inmensa zona franca donde vale más la ley comercial que el interés público y la dignidad.

El nuevo Gobierno dice ser de “unidad nacional”. Es claro que se trata de unir a todos los sectores de las viejas oligarquías para tratar de restablecer en parte el desastre dejado por el uribismo en materia de polarización interna y aislamiento internacional. De paso quieren cooptar a algunos líderes populares para detener la movilización social. Nada dicen de cumplir sus obligaciones como Estado en materia de los derechos sociales, económicos y culturales, ni de los miles de acuerdos firmados con el movimiento popular, los campesinos, los indígenas y afrodescendientes, los sindicatos y los pobladores de las ciudades, incumplidos año tras año.

76 Minga

Reconocemos que el clima de intolerancia cotidiana que había impuesto Uribe Vélez ha mermado en el nuevo Gobierno. Vemos que mientras tanto mantiene la misma agenda económica contra las regiones, contra la soberanía nacional y contra las clases trabajadoras: raponazo a las regalías, ley de ordenamiento territorial sin consulta con los

indígenas y afrodescendientes, tratados de libre comercio como pan de cada día, privatización acelerada de los servicios públicos, persecución a las economías campesinas y a los pequeños mineros.

Los proyectos de las transnacionales en minería, energéticos y de infraestructura siguen invadiendo nuestros territorios, sustento de nuestras culturas y de nuestra soberanía alimentaria.

El Congreso de los Pueblos ha determinado que es urgente concentrar nuestros esfuerzos en darle cuerpo a una intensa acción social, política, cultural y espiritual. Nos convocamos a movilizarnos en torno a los grandes desafíos del momento, entre los cuales resaltamos los siguientes: Por la defensa de los territorios, los recursos naturales, el medioambiente y la vida digna, contra el despojo.

Por el derecho a la tierra y la reparación a las víctimas.

Por la solución política del conflicto, contra la militarización de la vida y los territorios.

Por el ordenamiento democrático del espacio urbano, contra el sometimiento de las ciudades a las lógicas de acumulación privada.

*** Sobre estos y otros variados temas, el Congreso de los Pueblos empieza a deliberar. Su sesión de instalación organizó el trabajo que realizaremos por todo el país, en todas las organizaciones y comunidades, en el país pleno, para darle forma durante los próximos años a ese Mandato. Colombia es de los de abajo, y entre todos y todas iremos tejiéndola.

Con la persistencia de todas y todos los concitados por el ánimo de una Colombia diferente de la que hoy tenemos, lle-

varemos adelante las deliberaciones aquí iniciadas a todos los rincones, para escuchar y retomar los anhelos de los nunca escuchados y siempre negados, esforzándonos en hacer ley y poder lo que hoy apenas es un sueño.

la que lleve nuestro mensaje y nuestra decisión. Diagnosticar, reflexionar, unir, hacer, transformar, son algunos de los verbos llenos de contenido que deben orientar el esfuerzo de todas y todos los congresistas.

Entre tanto, sesionaremos por líneas sectoriales y temáticas. Convocamos a los congresos regionales de los pueblos para iniciar las discusiones y la acción conjunta. Superaremos la dispersión que hoy caracteriza las luchas de resistencia, con nuestras manos siempre dispuestas a anudar esfuerzos y proyectar en forma conjunta el quehacer con otras experiencias sociales alternativas.

Mientras este momento llega, y por ahora, lo más importante es que salimos de esta primera sesión del Congreso con el convencimiento de que estamos legislando, que estamos construyendo nuestro propio sistema político desde las comunidades y organizaciones de base. Que lo haremos porque es nuestra tarea, y porque los ricos y poderosos no lo harán. Somos los pueblos, las comunidades, las organizaciones populares, quienes sacaremos al país de este lugar terrible al que lo han llevado los líderes históricos y nuevos del establecimiento.

Para hacerse realidad, y sabiendo que es un proceso, este Congreso de los Pueblos constituye una mesa de trabajo integrada por todas las organizaciones y los procesos que hicieron presencia en su primera sesión de instalación que hoy termina, dejando el espacio abierto para todas las dinámicas organizadas que resuelvan llegar. Y cita a unas y otras a encontrarse en no más de 30 días en Bogotá, con el propósito de estructurar ordenada y puntualmente las decisiones tomadas en su primera sesión.

Al mismo tiempo, estimula a la diversidad que lo ha constituido, para que se despliegue por todo el país con ánimo deliberativo y de acción. Seguiremos aplicando nuestros principios de trabajo: desde abajo, entre todos y todas, alrededor del fogón, dialogando y buscando que la palabra transparente y justa sea

Proponemos al país poner de nuevo en la agenda nacional la urgencia de superar el conflicto. Respaldamos a las personas, comunidades y organizaciones que día a día realizan hechos de paz, y rechazamos su criminalización. De nuevo exigimos a los actores armados el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

Mostraremos en los hechos que estamos por la democracia popular, la soberanía, la lucha contra el capital, por la vida digna, la paz y la justicia. Que los pueblos de Colombia somos el país; que la unidad es posible y que la estamos tejiendo.

Que el país de abajo legisle.

Que los pueblos manden.

Que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse.

Que camine la palabra.

77 Minga

Ir a tabla de contenido zonas en explotación minera cubren hoy más de 420 mil hectáreas en el Cauca.

Pero el problema es el futuro inmediato de la minería en el departamento: se han solicitado 1.008 títulos de concesión minera,1 los cuales cubrirán un área cercana a las 2 millones 130 mil hectáreas;2 solo 80 son solicitudes de la Kedahda o Anglo Gold Ashanti, pero cubren casi 450 mil hectáreas. Es muy probable que en una década los municipios que bordean el valle del río Cauca pasen de ser municipios agrícolas a municipios mineros.

Catalina Caro

Guardias indígenas desmontando explotación minera en territorio indígena del Norte del Cauca.

Debates indígenas ante la reconquista minera del Cauca Juan Houghton*

* Grupo de seguimiento a políticas públicas, Casa del Pensamiento de la ACIN.

78 Minería

En un texto de 2007 (Observatorio Indígena, 2007) señalábamos algunos de los problemas que para los pueblos indígenas traía aparejada la reconquista minera, que para entonces ya dejaba de ser una amenaza y se transformaba en una agobiante realidad. Hoy es un tema de urgente atención, especialmente en el departamento del Cauca. Sumados

los más de 240 contratos de concesión y licencias de exploración y explotación, más las autorizaciones temporales y la “propiedad privada sobre el subsuelo” que mantiene la Universidad del Cauca (205 mil hectáreas que deberán ser tituladas y entregadas legalmente a las comunidades afrodescendientes por orden de la Corte Constitucional), en total las

Como resultado de esta arremetida afloran varios debates en el seno de las organizaciones indígenas del Cauca, de cuya solución depende no solo cuanto ocurra con los pueblos sino en el departamento, debido al peso político específico que tienen el CRIC y sus zonales, así como el pueblo nam misak, y las acciones que pudieran realizar frente a la minería.

La supuesta gran minería de bajo impacto ambiental Las organizaciones indígenas del Cauca han reiterado que toda la gran minería y la minería a cielo abierto son contrarias a sus cosmologías, modelos productivos, relación ecológica y sistemas económicos. Esto fue ratificado en la Minga de Pensamiento (congreso zonal) y en la Minga Económico-Ambiental de la ACIN (en febrero y octubre de 2009, respectivamente);3 y recientemente, un 1

2

3

De los cuales 142 han sido archivados o desistidos, y solo tres rechazados. En tanto 35 solicitudes por 37 mil hectáreas ya habían sido aprobadas al momento de elaborar este texto.

Entre estas, 59 solicitudes de legalización apenas suman 5.580 hectáreas, mientras las 30 temporales alcanzan las 3.870 hectáreas.

La Resolución 004 de la Minga de Pensamiento de la Cxab Wala Kiwe (congreso zonal de la ACIN) establecía que

grupo cualificado de líderes y lideresas indígenas del CRIC, participantes en un diplomado organizado por la Universidad Autónoma Intercultural Indígena (UAIIN), el CRIC e Indepaz han ratificado esta posición. La organización ha dicho que la gran minería es insustentable, y punto. Esta tesis es compartida por casi todos los analistas (incluidos defensores de la gran minería con discurso “progresista”, que los hay) y los ecologistas, que ponen de presente un hecho incontrovertible: la explotación de un recurso no renovable es por definición insustentable; donde se explotan recursos minero-energéticos no los habrá nunca más, y la gran inversión en activos fijos que requiere para su recuperación obliga a intervenciones intensivas a cielo abierto, concentradas en el tiempo, removiendo miles de millones de toneladas del suelo.

Los ecologistas y las comunidades locales se oponen a la gran minería y a la minería a cielo abierto.

Los defensores de la gran minería que vienen haciendo propaganda entre las comunidades indígenas del Cauca proponen, sin embargo, una supuesta alternativa: trabajando junto a la gran minería se pueden garantizar la reparación, la mitigación y la indemnización por los costos ambientales, y eventualmente puede hacerse una fuerte inter“Toda empresa nacional o transnacional, institución pública, asociación o colectivo, funcionario o persona, vinculada o que impulse obras y actividades de explotación de recursos naturales, obras de infraestructura, investigaciones asociadas, procesos de negociación, consulta o concertación, en el ámbito territorial de Cxab Wala Kiwe y cabildos, deberá acogerse plenamente a las directrices de la autoridades tradicionales y del gobierno propio, acatar los principios culturales del pueblo nasa sobre la naturaleza y las formas de vida, reconocer la territorialidad del pueblo nasa y atender los criterios del consentimiento libre, previo e informado en cualquier todo de consulta”. En la Minga de Pensamiento Económico-Ambiental se adoptó una precisión en el sentido de que las “empresas transnacionales” no podrán realizar actividades extractivas de ningún tipo.

79 Minería

Ir a tabla de contenido Tabla 1 Explotaciones y solicitudes mineras en el Cauca 2010 Municipios Almaguer © iStockphoto.com/ Andrey Kravchenko

Municipios

Contratos y Ha en concesiones explotación 5

1.092,57

13.856,29

Almaguer - Bolívar

6

29.464,38

Argelia

8

15.979,33

Balboa

3

16.140,60

Balboa - Argelia

2

4.007,73

Bolívar

4

186,45

37

65.778,30

Buenos Aires

8

731,12

44

9.978,87

Buenos Aires - Jamundí

5

284,02

7

5.652,45

Buenos Aires - Jamundí - Santander de Quilichao

1

1.000,00

Buenos Aires - Santander de Quilichao

5

9.660,80

16

25.355,31

1

4.175,41

2

140,08

Buenos Aires - Suárez - Santander de Quilichao

Solicitudes

Ha solicitadas

Caloto - Villa Rica

2

45,18

1

117,23

Caloto - Villa Rica - Santander de Quilichao

1

106,85

1

640,00

Corinto

4

441,08

6

8.037,28

1

1.997,99

5

4.242,70

1

47,06

74

111.868,12

El Tambo - Argelia

4

15.964,48

El Tambo - Cajibío

3

5.899,53

El Tambo - Cajibío - Popayán

1

9.554,50

9

33.535,50

12

46.482,15

El Tambo - Patía (El Bordo) - Argelia

1

1.950,00

El Tambo - Patía (El Bordo) - Balboa - Argelia

1

9.997,03

El Tambo - Popayán

4

11.350,95

El Tambo - Rosas - Timbío

1

1.971,06

10

27.845,45

El Tambo - Timbío - Popayán

2

3.983,44

El Tambo - Timbiquí

6

19.494,25

1

1.998,10

3

5.970,00

56

126.795,59

Corinto - Florida - Miranda Corinto - Miranda

3

169,03

Corinto - Padilla El Tambo

El Tambo - López de Micay

27

2

20.898,29

3.980,00

El Tambo - Patía (El Bordo)

Cajibío

1

447,30

21

46.498,42

Cajibío - Popayán

1

1.997,40

6

16.010,06

Caldono

8

12.418,34

Caldono - Jambaló

3

8.966,83

Caldono - Morales - Buenos Aires - Piendamó Santander de Quilichao

2

14.899,04

Caldono - Morales - Buenos Aires - Suárez

1

4.654,90

Caldono - Morales - Piendamó

5

36.301,20

Caldono - Piendamó

1

1.697,84

Guapi - Argelia

2

3.999,74

Caldono - Piendamó - Santander de Quilichao

1

4.998,30

Guapi - El Charco

4

7.960,00

Caldono - Piendamó - Silvia

2

19.740,87

Guapi - El Charco - Argelia

1

9.999,50

Caldono - Santander de Quilichao

5

10.837,39

Guapi - Santa Bárbara (Iscuandé)

1

9.901,85

10

28.580,82

Caldono - Silvia

4

7.932,65

Guapi - Santa Bárbara (Iscuandé) - El Charco

1

9.897,36

1

9.995,65

Caldono - Silvia - Jambaló

1

1.983,16

Inzá

6

4.034,38

18

7.841,23

Inzá - Páez

8

8.369,66

Caloto - Caldono - Jambaló - Santander de Quilichao

4

26.549,63

5

5.996,45

Caloto- Corinto

2

3.965,69

La Plata - Inzá

1

25,17

5

9.957,51

Caloto - Jambaló

2

3.966,33

La Plata - Páez

2

129,69

11

4.358,16

La Plata - Paicol - Páez- Natagá

1

250,14

1

1.321,92

Caloto

Caloto - Puerto Tejada

80

Ha solicitadas

5

Buenos Aires - Suárez

Minería

Solicitudes

Contratos y Ha en concesiones explotación

14

2

859,58

52,41

El Tambo - Timbío

El Tambo - Timbiquí - Argelia

1

9.929,18

El Tambo - Timbiquí - López de Micay Guapi

4

1

23.862,65

55,56

Jambaló

Caloto - Santander de Quilichao

5

5.353,50

La Plata - Paicol - Páez - Tesalia

1

9.925,99

Caloto- Toribío

2

3.981,75

La Plata - Puracé

2

2.335,76

Caloto - Toribío - Corinto

1

1.983,16

La Sierra

6

595,14

Caloto - Toribío - Jambaló

1

1.983,16

La Sierra - El Tambo - Patía (El Bordo)

5

32.464,95

2

4.556,55

81 Minería

Ir a tabla de contenido

Municipios

Contratos y Ha en concesiones explotación

La Sierra - El Tambo - Rosas La Sierra - La Vega

2

4.693,30

La Sierra - La Vega - El Tambo - Rosas

1

4.949,76

16

71.418,91

1

9.993,91

Municipios

Contratos y Ha en concesiones explotación

Morales - Piendamó - Cajibío

Solicitudes

Ha solicitadas

3

13.845,57

Morales - Suárez

4

5.616,95

7

37.184,44

Páez

2

540,24

24

42.963,72

Páez - Íquira

3

21.483,85

Páez - Íquira - Natagá

2

10.196,92

2

8.342,02

4

13.658,80

5

7.155,02

1

1.855,20

2

12.611,65

La Sierra - Rosas

4

10.261,22

3

129,87

La Sierra - Sotará - La Vega

1

1.997,96

Páez - Íquira - Tesalia - Natagá

La Sierra - Sotará - Rosas

1

9.954,00

Páez - Natagá Páez - Silvia

1 1

8.784,61 750,97

La Vega

6

4.372,22

15

28.826,23

La Vega - Almaguer

1

1.204,03

1

4.467,48

Páez - Tesalia - Natagá

2

11.385,51

La Vega - Sucre

1

1.086,78

2

3.160,93

Páez - Toribío - Planadastolima

1

1.600,00

La Vega - Sucre - Almaguer - Bolívar

1

3.304,25

5

37.863,61

1

3.315,95

11

13.581,76

Paicol Huila \ Páez

1

171,79

Patía (El Bordo)

3

44,06

Mercaderes

2

29,61

11

19.397,33

Patía (El Bordo) - Argelia

1

1.980,00

Mercaderes- Bolívar

2

2.283,15

7

10.199,33

Patía (El Bordo) - Balboa

2

14.988,10

Mercaderes - Colón (Génova) - San Lorenzo - Belén La Unión - San Pedro de Cartago - Taminango

1

9.875,46

Patía (El Bordo )- Bolívar

3

3.764,36

24

17.453,87

Mercaderes - El Rosario

1

1.724,75

Piamonte - Mocoa

3

4.795,81

Mercaderes - El Rosario - Los Andes (Sotomayor) Policarpa - Taminango - El Peñol

1

9.749,43

Piamonte - Puerto Guzmán

3

2.070,49

Piamonte - Puerto Guzmán- Mocoa

4

18.802,39

Piamonte - San José del Fragua Caquetá

5

722,42

Piamonte - Santa Rosa

1

8.924,37

Piamonte

Mercaderes - Florencia

1

109,88

1

1.963,34

Mercaderes - Florencia - Bolívar

1

250,73

1

250,73

1

2.000,00

2

6.209,18

Mercaderes - Leiva - Balboa

1

288,99

Mercaderes - Leiva - El Rosario - Balboa

1

9.805,41

Mercaderes - Los Andes (Sotomayor) - Taminango - El Peñol

1

9.985,32

4

208,52

1

3.679,50

1

73,28

Mercaderes - San Pablo - Florencia - Bolívar

1

4.639,30

Mercaderes - San Pablo - La Unión - Florencia

1

5.000,00

4

5.667,45

Mercaderes - La Unión Mercaderes - Leiva

Mercaderes - Patía (El Bordo)

1

2

101,46

131,86

Mercaderes - Patía (El Bordo) - Balboa - Bolívar Mercaderes - San Pablo - Florencia

82

Ha solicitadas

La Sierra - La Vega - Sucre - Patía (El Bordo)

La Vega - Sucre - Bolívar

Minería

Solicitudes

1

73,28

Miranda

5

162,65

Morales

3

2.002,08

Morales\ Buenos Aires \ Suárez \ López de Micay \ Jamundí \ Buenaventura

1

205.887,13

Morales - Cajibío

6

10.071,12

Morales - Piendamó

3

8.830,66

Popayán

3

2.105,97

16

399,91

28

7.407,58

Puerto Tejada

2

35,56

2

7,96

Puerto Tejada - Cali

5

220,20

9

283,64

Puerto Tejada \ Jamundí

4

590,67

Puracé \ Popayán

2

391,93

12

9.765,10

Puracé \ Popayán

1

13.631,60

Rosas

1

11,02

Rosas - Timbío

1

1.957,68

San Sebastián

2

1.964,69

San Sebastián - Almaguer

4

21.755,15

2

11.930,11

San Sebastián - Almaguer - Santa Rosa

3

29.925,45

San Sebastián - Santa Rosa

1

460,65

San Sebastián - Santa Rosa - Bolívar

1

1.936,55

35

80.393,50

8

14.915,00

San Sebastián - Almaguer - Bolívar

Santa Rosa Santa Rosa - Mocoa

1

1

7.559,99

180,42

83 Minería

Ir a tabla de contenido

Municipios Santa Rosa - Pitalito - San Agustín

Contratos y Ha en concesiones explotación 1

3.572,68

18.631,54

2

6.840,95

30

39.440,36

14

28.981,25

3

5.950,77

Sotará - La Vega

4

10.648,09

Sotará - Popayán

1

15,00

Sotará - Rosas

1

3.293,87

Sotará - Rosas - Timbío

5

10.789,98

Santander de Quilichao

2

4.994,08

Silvia Silvia - Jambaló Sotará

Sotará - Timbío

3

33,97

1

0,99

3

5.982,86

Suárez

13

3.667,84

18

8.765,06

Sucre

1

1.990,24

1

6,92

Sucre - Almaguer - Bolívar

1

5.374,95

Sucre - Bolívar

1

2.000,00

Sucre - Patía (El Bordo)

1

2.000,00

Sucre - Patía (El Bordo) - Bolívar

3

17.108,44

52

77.695,36

Timbío

1

Timbío \ Popayán

1

95,20

Timbiquí \ Argelia

9

15.993,83

Timbiquí \ Argelia

1

4.374,59

Timbiquí - Guapi

1

8.589,52

9

38.309,19

Timbiquí - Guapi - Argelia

1

8.179,71

1

1.994,27

Timbiquí - López de Micay

1

1.990,00

2

3.980,00

Toribío

5

262,58

7

6.071,53

Toribío - Corinto

2

3.966,96

Toribío - Jambaló

7

22.102,70

Totoró - Cajibío

1

2.000,00

Totoró - Cajibío - Popayán

1

2.000,00

Totoró - Cajibío - Silvia

2

19.800,00

Totoró - Piendamó - Cajibío - Silvia - Popayán

1

9.872,00

Totoró

Villa Rica Villa Rica - Jamundí

1

5,78

6

174,75

1

62,27

13

506,27

11

291,56

1

37,84

Villa Rica - Puerto Tejada Villa Rica - Puerto Tejada - Jamundí Total

84

Ha solicitadas

3

Santa Rosa - San Agustín

Minería

Solicitudes

Fuente: Ingeominas (2010). Catastro minero.

2

35,61

1

56,94

241

423.351,85

1.008

2.133.233,51

vención restauradora en materia biológica; también sostienen que los impactos socio-culturales son manejables con modelos de responsabilidad social corporativa (RSC), y frente a los impactos económicos de desigualdad y empobrecimiento se alzan de hombros señalando que todo el capitalismo funciona de esta manera.

Aunque en general las organizaciones indígenas descreen de estas tesis de la minería limpia en manos de las grandes empresas transnacionales, se enfrentan con una fuerte campaña para lavar la cara de la gran minería. Las campañas de RSC —gasto social voluntario, supuesto no aprovechamiento de situaciones de masiva violación de derechos humanos, cumplimiento de estándares internacionales de derechos sociales— se combinan con un discurso insistente en que la mejor alianza que pueden hacer los indígenas en asuntos mineros no es con los pequeños mineros y los mineros artesanales, sino con la gran empresa minera, que por su músculo financiero puede asumir con más facilidad las demandas económicas de una modesta normatividad ambiental, social o laboral, que por supuesto la pequeña minería es incapaz de asumir. A través de varios emisarios algunas corporaciones bancarias y mineras han promovido esta idea, que se acompaña de su complemento: la creación de un circuito minero indígena plenamente regularizado, con grandes inversiones y posibles créditos blandos plenamente articulado a la industria minera y al plan de expansión promovido por las transnacionales.

Los argumentos de la RSC y de la bondad de la gran minería son contraevidentes, y más para el caso colombiano: las propagandas del “oro verde” y la minería sustentable chocan con la situación de El Cerrejón (en territorios wayúu

y barí), Bajo Cauca (territorio zenú y embera), etc., donde son reiterados los casos de daños ambientales irreparables; no hay una sola experiencia exitosa de buenas prácticas de la gran minería en Colombia: o se rajan en derechos humanos, o en protección al medioambiente, o en respeto a los derechos sindicales, o en respeto a los pueblos indígenas y afrodescendiente, o en todos juntos, que es el caso más frecuente. Las grandes empresas con que los indígenas se aliarían en el caso de que aceptaran estas “ofertas generosas” del BID y otros agentes de las transnacionales, son las mismas condenadas o acusadas de graves violaciones de los derechos humanos (Kedhada o Anglo Gold Ashanti, LA Muriel, Xtrata, etc.), las que no pagan impuestos, las que tienen un historial mundial de destrucción ambiental. Y la mayoría hacen parte del Pacto Global de responsabilidad social corporativa.

El problema es que este enfoque no busca propiamente documentar la existencia de supuestas prácticas adecuadas; la “gran minería sustentable” es un recurso ideológico que busca a su vez producir discursos que legitimen al interior de las comunidades a los sectores indígenas que impulsan esta posibilidad, los cuales se ven fortalecidos por “pruebas” seudo-científicas o institucionales de que son posibles las buenas prácticas en la gran minería. De suerte que tras la implementación de emprendimientos mineros de gran escala o de acuerdos empresariales de indígenas con grandes corporaciones, su inevitable fracaso ambiental y socio-cultural se atribuya a las comunidades por no ejecutar adecuadamente los protocolos ambientales y otras ficciones tecnológicas, salvando de paso la responsabilidad de la industria minera y las empresas transnacionales.

85 Minería

Ir a tabla de contenido Las organizaciones indígenas han sido en alguna medida engañadas con esta tesis. La avanzadilla venía incorporada en las conclusiones del “Autodiagnóstico minero en el Cauca indígena”, un estudio realizado formalmente por el CRIC en 2004, y que la actual Consejería Mayor rotundamente no reconoce como oficial, realizado por un equipo mixto (técnicos indígenas y profesionales no indígenas) al parecer de espaldas a las autoridades indígenas. Allí se sostiene: En Gran Minería se aprovechará el conocimiento científico, en aras de producir resultados útiles para la humanidad. En ningún momento se permitirá que las prácticas o resultados de la Gran Minería Indígena sean usadas para fines de lucro exagerado de los grandes capitales internacionales, ni para la industria mundial de la guerra y el terrorismo —sean cuales sean sus actores armados—, ni para ninguna práctica que favorezca la exclusión negativa de Pueblos y Comunidades, ni para aumentar el desequilibrio social (CRIC, 2005, p. 166).

86 Minería

En esta visión no solo se aceptaba que hay una variante científica prohumanidad en la gran minería, sino incluso se dejaba abierta la puerta para la “gran minería indígena” y para un “lucro no exagerado” (!). No por casualidad uno de los miembros del equipo de dicho Audiagnóstico hoy hace parte de la campaña del BID que promueve las alianzas con la gran minería corporativa. Es claro que las cláusulas de precaución de esta conclusión, con las que se pretende equilibrar la opción por la gran minería, chocan con la realidad, puesto que esta es, por definición, dirigida al lucro, asociada a la guerra, excluyente de las comunidades y economías locales, y generadora de desequilibrios socioeconómicos graves.

A partir de estas conclusiones se impulsaron varias iniciativas que hoy resultan problemáticas. La creación de un distrito minero indígena (una figura que no tiene ninguna utilidad práctica como no sea para asuntos administrativos), la asociación indígena con grandes empresas mineras y la financiación con recursos del BID a estudios de factibilidad. Es justo señalar que estas iniciativas —así como las conclusiones que les dieron origen— al momento de ser definidas no estaban vinculadas a la enorme expansión actual de la minería en Colombia.

De hecho, el Plan de Desarrollo Minero fue definido un par de años después. De tal suerte, las conclusiones que se planteaban suponían (digamos) ingenuamente un escenario externo “controlable” por la organización, donde la mediana y la gran minería eran entendidas como iniciativas relativamente aisladas de la dinámica minera transnacional.

Las organizaciones indígenas están obligadas, en el contexto de la reconquista minera, a distanciarse de esa conclusión y ratificar la oposición a la gran minería a cielo abierto.

La minería indígena: mediana o pequeña minería Pero el anterior debate quizá sea el menos problemático de resolver; al fin y al cabo la gran minería, por su carácter transnacional, ya está vetada en la práctica por la mayoría de las comunidades indígenas, y resulta políticamente insostenible defender su avance con el aval indígena. El problema mayor es en relación con las que siguen llamándose pequeña y mediana minería, desaparecidas de las categorías que reconoce el Código Minero vigente y agrupadas indistintamente con la gran minería transnacional.

Es conocido que la desaparición de estas categorías y su unificación tuvo como propósito cierto la imposición de todas las obligaciones de la gran empresa a las pequeñas iniciativas —tanto a nivel de impuestos, como de exigencias ambientales, laborales y de seguridad industrial—, sobre todo las explotaciones de hecho que intenten legalizarse.

Un mecanismo similar al utilizado con la producción de leche o panela, la cría y sacrificio de animales, etc., que busca adecuar la legislación a las exigencias de los TLC, liquidar totalmente la oferta nacional para el mercado interno y dejar la vía libre a las transnacionales mediante la normatividad; ni siquiera esperan a que la competencia mercantil liquide a las pequeñas empresas, ávidos como están de beberse el último sorbo de economías populares y nacionales.

Pero la pequeña minería ya era una figura engañosa cuando existía legalmente, y lo es ahora que sigue siendo un término usado en las comunidades. El tamaño y la tecnología utilizadas en la pequeña minería hace referencia a cada minero tomado aisladamente; pero el análisis elude el hecho de que muchos pequeños mineros ubicados en un territorio contiguo (como en efecto ocurre) pueden tener un impacto similar al de la gran minería. Decenas de pequeñas dragas y mini retro-excavadoras son tan nocivas en términos ambientales como la intervención a cielo abierto de una transnacional. Y decenas de pequeños mineros en un área compartida significan en materia de economía extractiva, urbanización precaria, prostitución, enfermedades de transmisión sexual (ETS), exactamente lo mismo que lo provocado por la gran minería. No por ser pequeños mineros se logran escapar del destino de la economía de enclave. El reciente caso

Si la tendencia es que el Cauca se convierta en un departamento minero, la economía minera regional subsumirá todas las demás minerías de pequeña escala, e incluso todo el resto de la economía. de la mina de Zaragoza, en Buenaventura, así lo confirma.

El viejo Código de Minas señalaba como pequeña minería el emprendimiento que removiera, cada uno, hasta 250 mil m3 de material por año, para metales preciosos a cielo abierto, y 8.000 toneladas año en minas subterráneas.

Una pequeña economía de estas características para nada es inocente. Sobre todo cuando miles de personas se vuelcan a las vetas descubiertas cada cierto tiempo y producen un efecto acumulativo incontrolable.

La posición indígena sobre esta modalidad de minería ha sido ambigua.

Las organizaciones hacen un énfasis en controlar la intensidad de la explotación minera, no convertirla una actividad permanente y profundizar una visión más cuidadosa de la naturaleza. En el citado “Autodiagnóstico minero en el Cauca indígena” (CRIC, 2005, p. 166) se proponían como conclusiones las siguientes: En Minería Artesanal Indígena se garantizará el uso racional de los recursos y el fomento de prácticas culturales de producción limpia. […] En Pequeña Minería Indígena, se propenderá por la organización asociativa y el mejoramiento de las técnicas y tecnologías utilizadas, garantizando el uso racional y estacionario.

Es muy posible que estas “conclusiones” (que la Consejería del CRIC ha rechazado) sigan siendo las que defien-

87 Minería

Ir a tabla de contenido Los conceptos de territorio y autonomía, los derechos sobre los recursos naturales, a ser consultado, al consentimiento libre, previo e informado, etc., no pueden subordinarse a una norma inferior como el Código Minero. den muchos de los líderes indígenas que tienen relación con la actividad minera.

Por lo menos así se evidencia en el documento elaborado en el Diplomado indígena realizado en 2010 por la UAIIN. Frente a la pequeña y mediana minería y la minería artesanal los pueblos indígenas del Cauca proponemos: avanzar en la construcción de un modelo económico ambiental propio en el que la minería esté enmarcada por los principios fundamentales de las comunidades. La pequeña minería se realiza generalmente de forma no continua y representa un complemento a la economía familiar, no utiliza maquinaria de alto impacto” (CRIC, 2010).

Aunque en este caso se agrega alguna advertencia: “Causa problemas de contaminación y deterioro ambiental por lo cual debe tener un control estricto de las autoridades indígenas”.

88 Minería

La ambigüedad se mantiene con la mediana minería o con la “organización asociativa” de pequeños mineros, que implican escalar la inversión tecnológica y la intervención sobre la naturaleza.

El documento borrador de lineamientos que venimos citando ilustra las dudas.

En una parte señala que “la actividad minera será en pequeña escala y/o artesanal”, pero en otro considera que la minería mediana “puede generar excedentes económicos para la comunidad respectiva”, y señala algunos casos posi-

bles (Puracé, Toribío, Corinto, Miranda y Buenos Aires). Se trata de casos en que la comunidad “acepta” esta explotación.

armonía con la naturaleza intrínseca a su condición indígena. Por supuesto, la discusión es en qué consiste este respeto y armonía; las posiciones van desde quienes consideran que la minería y, en general, las actividades extractivas y no renovables son por definición contrarias a la Madre Tierra, hasta quienes consideran que el respeto no es incompatible con la explotación regulada de recursos naturales.

Sin embargo, no es muy claro cómo van a resolver las presiones económicas y normativas que el Gobierno impone a dicha minería para hacerla al mismo tiempo viable y sustentable. Lo cierto es que los cánones superficiarios cobrados a la pequeña y mediana minería presionan a que éstas escalen su actividad para poder garantizar los retornos de la inversión en maquinaria, planes técnico-ambientales y tributos, dado que se gastan indistintamente del tamaño de las empresas. La experiencia en minería del oro en el resguardo de Las Delicias (municipio de Buenos Aires, norte del Cauca), que pretendió ser un caso exitoso de empresa minera indígena, pasó rápidamente de pequeña a mediana, y debió acudir al desmonte parcial de la empresa por los elevados costos de mantenimiento del proyecto: los cánones superficiarios, la urgencia de remover más cantidades de tierra para poder responder a los costos de funcionamiento, la atracción de actores económicos y políticos de difícil control por la autoridad propia, etc., evidenciaron que las condiciones no son favorables para la pequeña minería. De todos modos, el resultado sí es la empresarización de la minería familiar y comunitaria, perdiéndose así el sentido solidario y de reciprocidad de la economía tradicional, justamente los principios que se quieren preservar.

¿Alternativa económica obligada para las comunidades?

El debate indígena sobre una “minería sustentable” es una réplica del más general que se da en diversos ámbitos políticos y académicos (con sus versiones de “oro verde” y “minería responsable”). Adopta su especificidad por la insistencia de los pueblos originarios en defender una concepción de respeto y

Por otra parte, la idea de que la pequeña minería es no permanente y funciona complementaria a las economías familiares no corresponde con la realidad social. Lo cierto es que muchos de los “mineros indígenas” no están dispuestos a contentarse con una pequeña minería de esas características, ni a aceptar que

El problema es que este debate no corresponde con la realidad extractiva, que se caracteriza por formas no sustentables de explotación. Incluso las experiencias de minería artesanal (las únicas de las que se podría predicar su carácter de “bajo impacto”) están articuladas a la economía minera en su conjunto, y por tanto comparten toda su dinámica. Y resulta una ingenuidad (interesada) sostener que se trata de “minería sustentable” cuando son emprendimientos funcionales y asociados a la gran cadena productiva minera. Si la tendencia es que el Cauca se convierta a mediano plazo en un departamento minero, se impondrán los operadores estratégicos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo Minero (valga decir, las grandes empresas) y la misma economía minera regional subsumirá todas las demás minerías de pequeña escala, e incluso todo el resto de la economía.

la mediana —cuando esta sea aceptada en asambleas— sea para la comunidad.

Por el contrario, sus expectativas están centradas en mantener un estilo de vida que requiere ingresos superiores al ingreso medio de la comunidad, y por tanto una explotación permanente de los yacimientos.

Los análisis hechos en entrevistas, diversos talleres y reuniones de trabajo en las comunidades indígenas del norte del Cauca permitieron concluir que un grupo mayoritario de comuneros que promueven la minería más intensiva que el barequeo, han estado previamente vinculados a la economía de la amapola o de la coca. El otro grupo relevante son jóvenes egresados de secundaria o con estudios superiores que demandan empleos formales de corte profesional.

Por otra parte, resulta evidente que los ingresos asociados a la minería no suplen carencias en materia alimentaria, sino que se concentran en la adquisición de bienes de prestigio o bienes producidos fuera de las comunidades (así se desprende de los análisis hechos por el Tejido Económico-Ambiental de la ACIN).

Ninguno de estos consumos suntuarios o expectativas de ingreso elevado son cuestionables o condenables por sí mismas. Pero es claro que en tal caso no estamos ante una minería articulada a la dinámica económica de la comunidad o al respeto por los ritmos de la naturaleza, ni es complementaria de la producción alimentaria, ni siquiera pretende mantener las condiciones relativamente igualitarias de las familias indígenas. Se trata más bien de mantener y reproducir un “modo de vida” marcado por los criterios del enriquecimiento rápido y el ascenso socioeconómico, e incluso político, por vías no convencionales; modo de vida diferente al indígena, pero sobre

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Ir a tabla de contenido cientes encuestas hechas por la oficina de Planeación de ACIN constataron que sólo el 37% de los miembros de la comunidad se considera a sí mismo como agricultor, y consideran que su actividad productiva es diferente a esta. Pero aun si fuese cierto que la ausencia de empleo presiona a alternativas como la minería, no es cierto que esta vaya a resolver el problema: ni en generación de empleo, ni en ingresos permanentes, ni en articulación a la economía de la comunidad.

Los problemas de las economías de enclave

© iStockphoto.com/ Lee Torrens

todo poco sustentable en términos ambientales y socio-políticos.

Con este punto de vista coincide Élides Pechené, el consejero mayor del CRIC, quien insiste en que no es imposible que una familia pueda vivir dignamente en una hectárea de tierra si adopta una estrategia productiva tradicional.

Esta posición tiene una réplica por parte de los defensores de la economía minera.

Sostienen que la no solución del problema de la tierra (existe en el Cauca una demanda indígena por más de 320 mil hectáreas en poder de terratenientes) es la causa inmediata de la opción minera.

Pero es un argumento también es discutible. Un repaso de los comuneros que propugnan por la minería indica que por lo menos la mitad cuentan con tierras familiares dónde desarrollar un proyecto económico sustentable.

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Más fuerte es el argumento de que la opción minera está vinculada a la ausencia de opciones de empleo, por el tránsito experimentado en el modelo productivo indígena del Cauca. Este enfoque tiene más vínculos con la realidad; re-

Porque aun aceptando que la problemática laboral es una causa determinante de la opción minera, toda la literatura coincide en que la minería reproduce tanto a nivel micro como regional los problemas de las “economías de enclave”, que encierran un ciclo perverso. Estas economías irrumpen sobre comunidades donde los ciclos económicos son lentos, la producción está dirigida a la subsistencia, hay escaso intercambio dinerario, los ingresos familiares son bajos, persisten la poca movilidad social y la baja diferenciación socioeconómica y, en general, hay una incipiente articulación al mercado capitalista.

Son situaciones que en el Cauca ya hemos vivido con las economías de la coca y la amapola, y en otras regiones del país con el petróleo, el banano o el carbón. El debate a que se ven abocadas las organizaciones indígenas del Cauca es que la mayoría de las “ofertas” económicas de gran envergadura, venidas del mercado capitalista o del Estado, se inscriben en esa lógica, que combina modalidades extractivistas o de monocultivo o de especialización productiva pero que en el fondo se comportan como típicas economías de enclave. La versión positi-

va de estas economías es la teoría de los cluster o “paquetes de desarrollo”, que vende la idea de una intervención económica y tecnológica hiperconcentrada venida de afuera, con elevadas inversiones, que a mediano plazo dinamiza las potencialidades económicas locales o regionales, consolida un mercado interno, mejora los ingresos medios y las condiciones de empleo de los habitantes, y por tanto los índices de bienestar. Diversos análisis concluyen que los cluster repiten un patrón consistente en alterar las dinámicas económicas locales y articularlas de forma vertical y dependiente de una empresa o empresas poderosas, cuya salida en el mediano plazo (fin de los recursos naturales) dejará un vacío catastrófico por su escasa incidencia para crear mercados locales estables.

Nada indica que la minería pequeña y mediana se vaya a comportar de forma distinta a las economías de enclave.

Aunque en este caso no se presentan situaciones como la llegada de tecnologías avanzadas y grandes obras de infraestructura (salvo carreteras), como sí ocurre con el petróleo y el carbón, que descalifican de manera casi inmediata la mano de obra local. La transformación de la economía en estos casos se da a escala masiva por la atracción que producen las expectativas ligadas a la minería (más en el caso del oro, que puede ser explotado a nivel de pequeños proyectos), y está relacionada por tanto con la ampliación súbita de la oferta laboral, los jornales más altos en términos relativos con el mercado local, una mayor cantidad de dinero disponible y una creciente monetarización.

Pero el ciclo no es virtuoso. Los altos ingresos que obtienen inicialmente algunas familias como resultado de un monopolio circunstancial, en el corto pla-

zo tienden a ser menos elevados como resultado de la incorporación de nuevas familias o de migrantes jóvenes en un negocio que sigue pareciendo atractivo.

Con el tiempo, la totalidad de la economía local o regional está integrada a una única actividad (todos trabajan directa o indirectamente para el mismo patrón, sea un capo de la mafia o una empresa minero-energética), la mano de obra se especializa en unas pocas actividades productivas, y el consumo alimentario y de otros bienes depende crecientemente del mercado externo. Por lo general se consolidan crisis alimentarias, el empleo se precariza, la comunidad se descalifica laboralmente como nunca (para entonces han olvidado la actividad económica tradicional), y los procesos inflacionarios son la marca de todo el desarrollo. Arauca, Segovia, Casanare, Urabá confirman esta dinámica.

Todo ello se traduce en el avance del uso y abuso del dinero sobre ámbitos antes excluidos (como relaciones políticas, familiares, afectivas), la pérdida de formas no mercantiles de intercambio y la crisis del tul y las mingas (y en general las formas económicas ancestrales), y una cada vez más temprana emancipación de los hijos4. Estos fenómenos ya se han vivido con la coca y la amapola, aunque su carácter ilegal ha impedido que la legitimación de estas dinámicas haya sido rápida. Se trata, sin embargo, de una visión imprecisa sobre la monetarización por parte de las comunidades, pues esta no se produce por los cultivos ilegales, sino por la economía de enclave en que se desenvuelven.

Por su parte, la velocidad en la circulación del dinero, la facilidad de acceso al mismo por todos los sectores comuni4

Estos procesos fueron documentados, para pueblos indígenas, en Ferro et al. (1999).

91 Minería

Ir a tabla de contenido tarios, produce una lógica presión sobre hábitos de consumo que tienden al capitalismo suntuario. Aunque la acumulación no es un fenómeno recurrente en los pueblos indígenas, la ostentación para compensar simbólicamente las pobrezas de larga duración sí es corriente en estos casos; en las comunidades indígenas sobre todo se refuerza el “gasto” para obtener objetos de prestigio, y con ello facilitar el ascenso social y el reconocimiento personal. Es obvio que todo ello genera una diferenciación económica cada vez más notoria en la comunidad, e incluso procesos de estratificación desconocidos para las mismas. Al final, el resultado también es similar: crisis ambiental, descalificación laboral, inflación, diferenciación social, en suma, un modo de vida insostenible, que en Colombia tiene la marca permanente del conflicto armado interno, que actúa como vector que potencia y promueve estas formas económicas y, al mismo tiempo, se alimenta de ellas.

La solución minera que algunos promueven dentro de las comunidades no es tal; resulta más parecida a un problema magnificado.

Derechos territoriales o Código Minero

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Hay un debate adicional: si el desafío de la minería se entiende como un ataque (o afectación) a los recursos naturales (en este caso los recursos mineros), o como un ataque (o afectación) a la territorialidad en su conjunto. La inquietud es si la idea de la desagregación territorial ha triunfado a nuestro interior; esta surge tras constatar que los impactos de la minería y de su implementación legal han producido una reacción indígena basada en los términos del Código Minero, bien sea aceptando sus pequeñas grietas (por ejemplo, las zonas mineras indígenas o

el derecho de prelación o los distritos mineros) o rechazándolo en sus propios términos. Pues mientras los documentos o las declaraciones indígenas sobre la materia hablan de integridad cultural y territorial, las estrategias se circunscriben a las posibilidades del Código Minero y de cada legislación específica.

A nuestro juicio se trata de un enfoque equivocado, que desperdicia los avances legislativos y jurisprudenciales que hemos conquistado en materia territorial. El enfoque que desagrega lo minero (o lo petrolero, hídrico, etc.), no atiende al hecho de que las afectaciones producidas por todas estas formas de explotación o exploración de recursos naturales tienen lugar sobre la integridad del territorio en tanto unidad cultural y política básica ya reconocida por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se trata de desconocer que hay particularidades en la minería y demás industrias que requieren una respuesta igualmente particular, o negar que hay unas afectaciones ambientales con impactos locales o comunitarios específicos, sino de partir de una concepción propia más sistémica del territorio y la naturaleza, estructurada por cada cultura, y de recordar que los instrumentos legales más favorables (normas, jurisprudencias, pactos internacionales, etc.) son justamente aquellos que se centran en una perspectiva de derechos territoriales.

Claramente el Código Minero no puede aceptarse como norma superior en materia de recursos naturales, y menos en asuntos territoriales. El Convenio 169 de la OIT, las sentencias de la CIDH y de la Corte Constitucional en la materia, la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas (considerada por ambas cortes como fuente

cierta de derechos), los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, sin ninguna duda están por encima del Código Minero. En consecuencia, los conceptos de territorio y autonomía, los derechos sobre los recursos naturales, a ser consultado, al consentimiento libre, previo e informado, etc., no pueden subordinarse a una norma inferior. Dicho en otras palabras, asuntos como la declaratoria de utilidad pública de la minería, la prelación para quien presenta en primer lugar una solicitud ante Ingeominas (“primero en el tiempo, primero en el derecho”), la obligación de explotar o dejar hacerlo a terceros, etc., no pueden estar por encima de los derechos reconocidos a nivel constitucional, especialmente los que protegen los derechos territoriales. No tiene ningún sentido que aceptemos ju-

No hay una sola experiencia exitosa de buenas prácticas de la gran minería en Colombia: o se rajan en derechos humanos, o en protección al medio ambiente, o en respeto a los derechos sindicales, o en respeto a los pueblos indígenas y afrodescendiente, o en todos juntos, que es el caso más frecuente. gar en un escenario donde no tenemos ventaja alguna, y no lo hagamos donde dicha ventaja es evidente. *** Finalmente, una insistencia: ninguna transnacional o monopolio nacional (si es que todavía hay) podrá entrar en territorios indígenas del Cauca, a menos que las propias comunidades lo permitan.

Referencias CRIC (2010). “Lineamientos de la política minera indígena en el marco de la defensa territorial”. Diplomado Minería y Derechos Humanos, CRIC - UAIIN - Indepaz Redandina (documento).

CRIC (2005). “Autodiagnóstico minero en el Cauca indígena” (documento).

Ferro, J. G., G. Uribe, F. E. Osorio, O. L. Castillo (1999). Jóvenes, coca y amapola: Un estudio sobre las transformaciones socio–culturales en zonas de cultivos ilícitos. Bogotá: IER - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales - Universidad Javeriana.

Observatorio Indígena de Políticas Públicas de Cecoin (2008). “La nueva conquista: minería en territorios indígenas”. En J. Houghton (ed.). La Tierra contra la muerte.

Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Bogotá: Cecoin.

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El reconocimiento abstracto del derecho a la educación de los pueblos indígenas en Colombia Diana Granados y Mauricio Caviedes*

Julia Madariaga

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Este texto pretende hacer un balance sobre la política pública educativa para pueblos indígenas en el caso colombiano en los últimos años. Tomamos como base la investigación realizada en el marco del Observatorio Indígena de Políticas Públicas de Desarrollo y Derechos Étnicos, especialmente el aparte orientado al tema de educación y pueblos indígenas (Castellanos y Caviedes, 2007).

pueblos indígenas el acceso a una educación respetuosa con sus tradiciones y culturas, al ser administrada desde el Estado pasa por alto las propuestas propias de la comunidad en sus necesidades de educación, puesto que integra las escuelas indígenas a una estructura administrativa nacional que desconoce las necesidades educativas de la comunidad (Castellanos y Caviedes, 2007).

Según los resultados expuestos por el Observatorio, las acciones orientadas a modificar la situación de derechos de los pueblos indígenas en Colombia han surgido de decisiones impuestas desde los escenarios de gobierno, sin participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones y, por tanto, no han constituido políticas públicas sino políticas de gobierno (Zapata, 2007). En este mismo sentido, el Observatorio argumenta que, aunque la “etnoeducación” se pensó como una alternativa que permitiría a los

En este artículo buscamos demostrar que, al reconocer el principio del derecho a la educación indígena en la ley, pero integrado en una estructura administrativa que imposibilita su aplicación práctica, el gobierno colombiano evade la responsabilidad de abrir espacios para que los pueblos indígenas construyan una educación propia, al mismo tiempo que niega o constriñe las demandas de las organizaciones indígenas por el derecho a dicha educación. De esta manera, potencia conflictos internos en las

* Mauricio Caviedes es antropólogo y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente director del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es miembro de la Corporación Ensayos y educador invitado de la Casa de Pensamiento de la ACIN. Diana Granados es trabajadora social y estudiante de maestría en antropología de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente investigadora de la Casa de Pensamiento de la ACIN.

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Ir a tabla de contenido comunidades y las limita para avanzar de manera integral hacia la garantía del derecho a la educación.

Reciente evolución del derecho a la educación en los territorios indígenas Con el surgimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971, los pueblos indígenas en Colombia proponen una ruptura con una educación que les había sido impuesta y que estaba en manos de la Iglesia. Esta educación buscaba la integración de los pueblos indígenas en la sociedad nacional a través del abandono de sus costumbres. Las lenguas indígenas eran una de esas costumbres que se consideraba necesario eliminar en la educación administrada por la iglesia en los territorios indígenas (Caviedes, 2000; Garzón, 2006). Por el contrario, el CRIC proponía una educación bilingüe y la formación de maestros para educar en los contextos y las necesidades de las comunidades indígenas (Gros, 1991; PEBI-CRIC, 2004). Con ese espíritu se crea siete años después, dentro del mismo Consejo Regional Indígena del Cauca, el Programa de Educación Bilingüe e Intercultural (PEBI) (PEBI-CRIC, 2004). Esta se erige como la primera propuesta de una educación que tomase como punto de partida el conocimiento propio, las necesidades de la comunidad y la lengua indígena como instrumento de educación.

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Sin embargo, a lo largo del tiempo, otras regiones indígenas del país demandarían una educación en términos de la cultura propia de los pueblos indígenas.

Garzón (2006) explica cómo, ya en 1978, el Decreto 1142 reglamenta una demanda de los pueblos indígenas de Colombia: la selección de sus propios maestros comunitarios. Y en 1980, como respues-

ta al Decreto 2762, se inician, en el caso de la Amazonia, cursos de profesionalización de maestros. Del mismo modo, en la región del Cauca, el Programa de Educación Bilingüe asume a su cargo la profesionalización de maestros elegidos por las comunidades (PEBI-CRIC, 2004).

No obstante, estas reformas son relativamente recientes si se observan a la luz de un siglo de educación impuesta a los pueblos indígenas como instrumento de asimilación en la sociedad nacional y abandono de las tradiciones indígenas.

La imposición de la educación a través de internados misioneros y escuelas a cargo de la iglesia católica durante casi todo el siglo XX, se convirtió en una forma de control territorial por parte de la iglesia, supliendo la ausencia del Estado e imponiendo, a la vez, el abandono de las costumbres indígenas, en especial el uso de las lenguas originarias, las prácticas rituales, alimentarias y de organización social (Garzón, 2006; Oostra, 1991).

De manera similar, las escuelas indígenas a cargo de la iglesia católica a lo largo de la mayor parte del siglo XX, impusieron entre los indígenas de esta región el castigo al uso de las lenguas indígenas en la escuela (Caviedes, 2000), el abandono de prácticas rituales y la subordinación de las formas de organización social indígenas al control eclesial (PEBI-CRIC, 2004). Los testimonios de maestros indígenas de la región del Cauca sobre el castigo físico ante el uso de las lenguas indígenas (Caviedes, 2000) coinciden con los análisis de Garzón en el caso de las comunidades indígenas de la Amazonia (Garzón, 2006). Igualmente, existió una política de los gobiernos de la región a través del Programa Indigenista Andino (PIA), que buscaba asimilar a las comunidades indígenas, entre otros, a través de la construcción

de internados y la promoción de buenos hábitos en salud e higiene. La comisión del PIA responsable de desarrollar sus políticas en el departamento del Cauca en la década de los sesenta presentaba permanentemente informes (Pesantez, 1961) pormenorizados sobre sus actividades en el campo educativo, entre ellas la construcción de internados y escuelas primarias, así como campañas para enseñar buenos hábitos a los indígenas en función del proyecto de su asimilación y rehabilitación.

A pesar de las recientes reformas jurídicas que lentamente permitieron la selección de maestros comunitarios y su capacitación, las comunidades han interiorizado muchas de las prácticas impuestas por la educación de los internados misioneros, que incluso permanecen hasta hoy (Garzón, 2006). La división de los temas en los planes curriculares, las prácticas en el aseo, el ingreso a los salones, la celebración de fiestas patrias, que fueron impuestas por los internados misioneros, se reproducen aún. Negociaciones recientes con el Estado, alianzas con organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones indígenas, habrían permitido que en la región de la Amazonia se fortaleciese la educación como instrumento de la autonomía (Garzón, 2006).

El derecho a la educación indígena en el sistema educativo en Colombia Castellanos y Caviedes, así como Pancho y Navas, plantean que la Constitución colombiana hace una distinción, según la cual la educación no sería un derecho sino un servicio público. Ello contradice, afirman estas autoras, los principios del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc). No

obstante, según afirman, la Corte Constitucional sostiene que, dentro de los instrumentos del bloque de constitucionalidad, en la medida en que se encuentre en conexidad con otros derechos, la educación sí debe ser un derecho fundamental del niño (Defensoría del Pueblo, 2003).

Al respecto, la Procuraduría General ha reiterado que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la educación como derecho y no como servicio público (Procuraduría General de la Nación, 2006), pues la consideración de la educación como servicio público distorsiona el sentido de la educación como derecho y conduce a la no garantía del mismo (Tomasevski, 2003). La Relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la educación, Katarina Tomasevski, argumenta que las políticas que sugieren la inversión en educación según el cálculo por costo de cada estudiante cambiarían el sentido del derecho a la educación por una percepción de la misma como mercancía (Tomasevski, 2003).

Sin embargo, ninguno de estos debates toma en cuenta las condiciones particulares de educación que demandan los pueblos indígenas.

Para retomar este debate es necesario entender que el Estado ha asumido el reconocimiento de esa educación diferente para los pueblos indígenas como resultado de las luchas de estos pueblos a través de sus organizaciones. Uno de los puntos de las reivindicaciones indígenas es justamente la demanda de una educación acorde con su situación, cultura, lengua y tradición. El primer momento del reconocimiento jurídico de esa demanda es el Decreto 1142, que permite que los maestros de las escuelas indígenas sean elegidos por la comunidad según sus usos y costumbres.

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Ir a tabla de contenido Lo que se proponen es el reconocimiento del conocimiento propio y de un proyecto de educación que parta del principio de que la escuela es un escenario comunitario y está orientada a las necesidades de la comunidad.

Durante la década de los ochenta se crearon instrumentos de carácter jurídico que confluyeron en la ley general de educación (Ley 115 de 1994).

Allí se plantearía que el Estado tiene la responsabilidad de reconocer la “etnoeducación” como el tipo de educación adecuada a los pueblos indígenas. Se reconocería también que el mismo Estado debería implementar políticas en concordancia con las necesidades de los pueblos indígenas. Castellanos y Caviedes hacen referencia a la definición de “etnoeducación” del Ministerio de Educación Nacional, según la cual, ésta sería un proceso de reflexión permanente de la comunidad, sobre sus propias necesidades de conocimiento y formación en relación con sus planes de vida. Por ello, las políticas de etnoeducación tendrían que partir de las necesidades de cada pueblo indígena en particular (Castellanos y Caviedes 2007; Ministerio de Educación Nacional, 1998).

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Otro punto importante es el reconocimiento en 1996 por parte del Estado, que admite la posibilidad de que las escuelas indígenas elaboren Proyectos Educativos Comunitarios (PEC), en contraste con las demás escuelas del país, que elaborarían Proyectos Educativos Institucionales (PEI). Esta nueva figura implica la aceptación de la escuela indígena como un escenario que hace parte de la comunidad y en el cual inciden todos los miembros de la misma.

El reconocimiento de los PEC implica entender la escuela indígena de una forma diferente a las demás, pues mientras que en el PEI la comunidad escolar es constituida sólo por quienes tienen un vínculo formal con la escuela (como estudiantes, maestros o padres de familia), en las decisiones y planeación de la escuela indígena participarían, además, las autoridades comunitarias indígenas, los miembros de la comunidad que no son maestros, los estudiantes y los padres de familia, pues la escuela pertenece y hace parte de la comunidad (sobre este tema ver Rueda et ál., 2003; PEBI-CRIC, 2004).

El reconocimiento del derecho a la educación de los pueblos indígenas aparece con más fuerza que en otros instrumentos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Rojas, 2006), que en Colombia fue ratificado como Ley 21 de 1991. A partir del Convenio, el derecho a una educación propia de los pueblos indígenas es incluido en la ley general de educación, en Colombia Ley 115 de 1994.

La ley general de educación, no obstante, utiliza el término “etnoeducación” para referirse a una educación orientada al reconocimiento de la diversidad de los pueblos indígenas (Rojas, 2006). En esto difiere del planteamiento de organizaciones indígenas que se han propuesto una educación “propia”, es decir, respetuosa del conocimiento de las comunidades y de las necesidades comunitarias frente a la escuela, que definen como “educación bilingüe e intercultural” (PEBI-CRIC, 2004).

La diferencia entre ambos tipos de educación no es simplemente de nombre. Al demandar la existencia de maestros que enseñasen en las lenguas indígenas y según las condiciones y necesidades de las comunidades indígenas,

en 1971, el CRIC se refería a una educación que hiciera posible interactuar con la cultura nacional, pero que permitiese la pervivencia de las formas comunitarias de producción, así como las tradiciones culturales de la comunidad. La presión de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones incidió con mucha fuerza para el reconocimiento legal de una educación respetuosa de las culturas indígenas. Sin embargo, las normas vigentes referidas a la “etnoeducación” desconocen el sentido, las expectativas y las necesidades de los pueblos indígenas hoy (Castellanos y Caviedes, 2007).

Contradicciones entre reconocimiento jurídico y ejercicio real de la educación propia Si bien cada uno de estos instrumentos jurídicos es un reconocimiento al derecho a una educación acorde con las culturas y necesidades de los pueblos indígenas, su aplicación práctica está imposibilitada por la misma estructura administrativa que la ley crea para el ejercicio de la educación (Rojas, 2006).

Por ejemplo, ante la facultad de las comunidades de elegir a los maestros indígenas en sus comunidades según sus usos y costumbres (Decreto 1142), la ley impone condiciones a estos maestros para ejercer el cargo para el que la comunidad los eligió: la obtención de un título de licenciatura y la aprobación de una evaluación elaborada por el Ministerio de Educación Nacional (Rojas, 2006).

Durante la década de los noventa, la expedición del Decreto-Ley 1278 de 1992 estableció las condiciones y los mecanismos para la vinculación de docentes a nivel nacional. Y recientemente, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-208 de 2007, estableció que las condiciones del mismo decreto no pue-

den ser impuestas en las comunidades indígenas. A pesar de este reconocimiento, no existen avances para reglamentar las condiciones de un concurso especial para seleccionar y vincular de manera estable a los docentes en las instituciones educativas indígenas, por tanto, los nuevos docentes son contratados o vinculados en provisionalidad, en detrimento de sus derechos laborales.

En un trabajo conjunto, Cecoin, ILSA, el PEBI-CRIC y la Mesa Indígena de Derechos Económicos, Sociales y Culturales analizaron los logros de un proceso educativo que ha sido administrado por la misma comunidad, pero también pudieron detectar algunas de las contradicciones de la puesta en práctica de la legislación referente al derecho a la educación de los pueblos indígenas y la estructura administrativa que determina esa puesta en práctica (Pancho y Navas, 2007). Uno de los problemas que se presentan en este caso es que las escuelas no tienen recursos propios para administrarse a sí mismas. La comunidad elige a los maestros que considera idóneos, pero la escuela no tiene capacidad presupuestal para sostenerlos. En esos casos, los maestros se debaten entre sus necesidades económicas y su responsabilidad con la comunidad.

Las organizaciones indígenas de la Amazonia han realizado algunos avances en la búsqueda de crear condiciones administrativas a través de sus organizaciones regionales para administrar los recursos para la educación en las comunidades indígenas; ciertas organizaciones han logrado incluso administrar los recursos del pago a los maestros.

Pero a pesar de estos avances, por las condiciones geográficas, los medios de comunicación y medios de transporte disponibles, muchas áreas amazónicas

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Ir a tabla de contenido los estudiantes para otros tipos de labor (PEBI-CRIC 2004).

¿Autonomía o contratación?

Archivo ACIN

no estarían en capacidad de construir un “sistema de educación propia” similar al del CRIC. La estructura administrativa del PEBI consolidó condiciones que permiten mayor libertad a las organizaciones indígenas para administrar sus proyectos de educación. Pero al mismo tiempo, esa capacidad administrativa está limitada por la disponibilidad de recursos, tema en el cual las organizaciones indígenas siguen dependiendo de la administración departamental (Pancho y Navas, 2007).

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De cualquier manera, estos procesos de organización administrativa de las comunidades están iniciando. La experiencia del Cauca en la construcción de una educación propia durante más de 30 años es un caso excepcional.

Sus logros vienen acompañados de dificultades que aún no han sido resueltas; una de ellas es la dificultad de orientar la educación hacia el fortalecimiento de la importancia del trabajo agrícola, dada la necesidad de incorporar conocimientos occidentales que buscan formar a

Parcialmente, la situación descrita se ha menguado desde que el PEBI-CRIC actúa como contratante ante la Secretaría de Educación Departamental para administrar muchas de las escuelas indígenas. Sin embargo, aunque el PEBI-CRIC pueda garantizar la contratación de los maestros, los recursos financieros pasan en primer lugar por las manos del departamento, que no siempre distribuye los recursos de manera oportuna. Las dificultades en el paso de los recursos de la Secretaría de Educación Departamental hacia el PEBI-CRIC o a los municipios, han llevado a que en ciertos casos las condiciones de contratación sean desfavorables para los maestros, sobre todo en términos de estabilidad laboral.

El Decreto 2500 de 2009 reglamentó la contratación de la administración de las instituciones educativas entre las entidades territoriales certificadas y los pueblos indígenas a través de sus autoridades. Pero, nuevamente, aunque reformas como éstas aparentan avances en el reconocimiento de las demandas de las organizaciones indígenas al derecho a la educación, no son efectivas en el logro de este objetivo.1 La expedición de este instrumento tiene como sus antecedentes más recientes los procesos de concertación y negociación en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (Contcepi) creada en el año 2007 entre las organizaciones indígenas y el 1

El decreto específica como estructuras reconocidas para efectuar la contratación por parte de los pueblos indígena a los cabildos, las autoridades tradicionales, las asociaciones de autoridades tradicionales y las organizaciones indígenas.

gobierno nacional. En la Contcepi se constituyó una subcomisión técnica con el propósito de construir una propuesta de sistema educativo indígena propio (SEIP) que oriente las políticas de educación propia, teniendo en cuenta los componentes político-organizativo, pedagógico, administrativo, las discusiones de la Contcepi, y las experiencias y aspiraciones de los pueblos indígenas.

En varias ocasiones fue expresa la exigencia al gobierno nacional por parte de las organizaciones indígenas participantes en la Contcepi de administrar la educación como herramienta indispensable para avanzar en la autonomía y en el cumplimiento del derecho a la educación. Luego de construido y concertado en la subcomisión y en la Contcepi el documento general que describe y sustenta el SEIP, se generaron los debates con el gobierno nacional alrededor de las implicaciones y los mecanismos para que las organizaciones indígenas asumieran la administración de la educación en sus territorios.

Tal como lo expresa el Decreto 2500 de 2010, y como consta en varias actas, este proceso logró que se hiciera explícita la “voluntad del gobierno nacional de transferir de manera progresiva la administración de la educación a los pueblos indígenas”, aspecto que había sido anteriormente objeto de críticas y negativas radicales por parte de las instituciones gubernamentales, y que tenía uno de sus principales obstáculos el tema laboral.

Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) venía avanzando en una propuesta de estatuto docente indígena y en la destinación de recursos para proyectos etnoeducativos, como parte de su política de atención a las comunidades indígenas, medidas que no han sido del todo bien recibidas por las comunida-

des dado que no garantizan el derecho educativo de manera integral ni permiten consolidar propuestas de autonomía educativa plenas.

El Decreto 2500 es una medida más en el traspaso progresivo de funciones de administración a las autoridades indígenas que desde el 2004 viene haciendo el Estado colombiano a través de mecanismos como el banco de oferentes, reglamentado en el Decreto 4313 de 2004.

Estas medidas han puesto a las organizaciones indígenas en un debate frente a la lucha por la autonomía educativa que implica la orientación política y pedagógica, y la administración de la misma en medio de un contexto de privatización y mercantilización neoliberal de los derechos y de disminución de responsabilidades por parte del Estado.

La esencia del decreto da un tratamiento de servicio más que de derecho a la educación. En este sentido profundiza las tendencias de la Ley 715 y del Decreto 4313 de 2004, en términos de continuar con mecanismos de contratación para la administración del servicio educativo, bajo una modalidad de mercantilización. Si bien el decreto es una medida “transitoria” que rige hasta la expedición de una norma que traslade la administración de la educación a los pueblos indígenas y que esté pensada en términos de facilitar y “promover una mayor capacidad administrativa en materia educativa”, es importante preguntarse los límites del carácter transitorio y los niveles esperados en torno a la capacidad administrativa para trascender a una administración integral.

Por otra parte, las escuelas funcionan a través de lo que se llama en la legislación el “subsidio a la demanda”, es decir, son financiadas por el Estado de acuerdo con el costo de cada niño matri-

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Ir a tabla de contenido La lucha por la autonomía educativa implica la orientación política, pedagógica y la administración de la misma, en medio de un contexto de privatización y mercantilización neoliberal de los derechos. culado (costo adoptado unilateralmente por el MEN) y el total de niños matriculados (que debe tener un mínimo por institución educativa). Por ello, muchas veces la comunidad debe organizarse con recursos propios cuando el número de niños es pequeño; por supuesto, los maestros encargados de la comunidad para esta tarea deben realizar un trabajo que les exige casi todo su tiempo a pesar de ser muy pocos niños (Garzón, 2006; ver también entrevista con Jean Nilton Campo en esta publicación). Asimismo, Pancho y Navas (2007) analizaron cómo los resguardos han intentado ya utilizar los recursos que la Secretaría de Educación Departamental calcula según el criterio de “subsidio a la demanda”, dándoles un enfoque que pueda garantizar la gratuidad de la educación; estos esfuerzos por parte de la comunidad, aunque no siempre exitosos, se identifican con el principio de gratuidad de la educación del PIDESC. Esto diferencia las políticas que se buscan consolidar desde la comunidad en el tema de educación, de las políticas que se pretenden aplicar desde las instituciones del gobierno. Pero el costo termina en cabeza de las comunidades.

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Estos son algunos ejemplos que evidencian la contradicción entre el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a una educación propia y su puesta en práctica. La puesta en práctica del derecho a la educación de los pueblos indígenas sigue siendo, por tan-

to, un deber pendiente del Estado. Para darle cumplimiento, es necesario analizar las dificultades de la estructura administrativa y jurídica que define al sistema educativo y el lugar de la educación indígena en tal sistema.

¿Qué es la educación propia y cómo puede ser una alternativa a la etnoeducación?

Más allá de las condiciones legales y administrativas existe además un problema en el reconocimiento del derecho a la educación entre los pueblos indígenas.

El derecho a una educación propia implica la capacidad de la comunidad de nombrar a sus maestros, según el conocimiento que dicha comunidad considera relevante para la vida indígena; pero también implica la capacidad de definir los contenidos curriculares, los alcances de la comunidad académica, la repercusión de la educación de los niños para la comunidad en general, y no sólo para ellos y su familia.

Autores como Jackson han señalado la dificultad de articular el conocimiento tradicional indígena con el conocimiento occidental en el escenario de la escuela.

Jackson se refiere en especial al conocimiento del chamán en la Amazonia, cuya construcción está asociada a la maloca. En debates sobre el tema con chamanes y maestros indígenas, Jackson resalta el rechazo de parte tanto de maestros como de médicos tradicionales de la propuesta de llevar el conocimiento del chamán de la maloca a la escuela, dado que en la escuela perdería su naturaleza (Jackson, 1995).

En concordancia con Jackson, Garzón cita a Echeverri para explicar que, aunque definida la escuela como proceso propio de reflexión de la comunidad para fortalecer sus procesos de conoci-

miento y sus planes de vida, existen factores que hacen incompatibles las formas de conocimiento indígena con las formas de conocimiento comunitario, convirtiendo los currículos en una simple mezcla desarticulada de elementos del pensamiento indígena con elementos del pensamiento occidental, reproduciendo la imposición de una jerarquía del conocimiento de Occidente sobre el indígena, al no crear mecanismos para cuestionar tal jerarquía. Para que ello ocurra, afirma Garzón, acudiendo a Echeverri, es necesario que la sociedad nacional reconozca la legitimidad del conocimiento indígena, pero también que la sociedad indígena reconozca la legitimidad de su propio conocimiento frente a aquel de Occidente (Garzón, 2006).

Según el programa de educación bilingüe del CRIC, lo que se proponen las organizaciones indígenas es el reconocimiento, no solo del conocimiento propio, sino de un proyecto de educación que parta del principio según el cual, la escuela es un escenario comunitario y está orientada a las necesidades de la comunidad. Este principio de comunitariedad de la escuela implica la necesidad de que toda la comunidad sea partícipe de las decisiones que afectan a la escuela.

Esto es contradictorio con la lógica del “subsidio a la demanda” según el cual se distribuyen los recursos a las escuelas indígenas, pues en ella la financiación de toda la escuela depende del costo de la educación de cada niño y del número de niños que ingresan a la escuela (Garzón, 2006; Pancho y Navas, 2007).

Según el mismo Programa de Educación Bilingüe e Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca (PEBICRIC), la propuesta de una educación propia estaría clara incluso antes de 1982:

Reflexionando sobre qué era lo propio para las comunidades, en un taller en las Delicias en 1982, un compañero cabildante clarificó que buscaban construir la educación propia, no para hacer tolda aparte de los otros grupos, sino porque todos los de la comunidad tienen que aportar con su experiencia a la construcción del proyecto, de esa manera haciéndolo propio. Es decir, que se tenía que definir qué se iba a retomar desde el interior de la comunidad y qué se iba a escoger desde afuera [del conocimiento “occidental” o “universal”] para incluirlo en el proceso de enseñanza […]. En otras palabras, lo propio no sólo implica una atención especial a la cultura indígena, sino que requiere un diálogo con otras culturas y el desarrollo de una conciencia política (PEBI-CRIC, 2004, p. 67).

Los esfuerzos del PEBI-CRIC por consolidar estas formas de educación propia han conducido a avances significativos incluyendo la creación de programas de educación superior para formar a los maestros indígenas con contenidos planeados y construidos desde la misma comunidad (Pancho y Navas, 2007).

Algunos autores han sugerido, sin embargo, que tales esfuerzos conducen a nuevas formas de subordinación de los pueblos indígenas a través de la escuela.

Así lo afirma Vasco, cuando critica los esfuerzos del CRIC por construir una educación “intercultural”, argumentando que la educación “intercultural” supondría que es posible un diálogo en condición de igualdad entre el conocimiento indígena y el conocimiento occidental, pasando por alto que esa condición de igualdad no existe, pues durante más de un siglo la relación entre la sociedad nacional y la sociedad indígena se ha construido sobre la base de la discriminación, el desprecio y la persecución a

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Ir a tabla de contenido la tradición indígena. Para comprobar su argumento se pregunta por qué deben los indígenas incorporar los conocimientos occidentales en sus formas de educación, mientras las escuelas nacionales no están obligadas a incorporar elementos del conocimiento indígena en sus contenidos curriculares (Vasco, 2002).

Un problema más por solucionar sería el debate planteado por Vasco. Al respecto, es necesario admitir que la selección de contenidos “occidentales” e indígenas no se da como un diálogo de saberes en igualdad, sino como la selección de saberes según una jerarquía. Pero la solución a esta dificultad no puede construirse sino desde el diálogo crítico entre esas formas de conocimiento. Las escuelas indígenas que han asumido el reto de pensar una educación propia y un currículo propio son el espacio en el que se inicia ese debate. Nunca se consolidará una postura crítica hacia el conocimiento occidental, que revierta la jerarquía entre éste y el indígena, si las organizaciones indígenas postergan el ejercicio de la educación propia a la existencia de condiciones jurídicas, administrativas y sociales, para empezar a construir sus propias formas de educación. En otras palabras, la educación indígena no puede esperar a que la educación nacional incluya contenidos indígenas en las escuelas nacionales, para empezar a ejercer un aprendizaje crítico de los contenidos occidentales y abrir el debate sobre la jerarquía que existe entre ambas formas de conocimiento.

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nes de vida y las necesidades de los pueblos indígenas, que aparece en instrumentos jurídicos internacionales (como el Convenio 169 de la OIT y la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas) e instrumentos jurídicos nacionales (Decreto 1142, Ley 115 de 1994), es un avance positivo en la ley. Pero ese avance no permitirá en la práctica una educación propia y acorde con las expectativas de los pueblos indígenas, si no existen condiciones administrativas adecuadas en la ley para que estos pueblos construyan su propio sistema educativo en lo administrativo, pero sobre todo, en cuanto a los contenidos curriculares. La definición de la educación como “servicio público” y no como derecho humano, tal como aparece en nuestra Constitución, es el primer obstáculo, pues permite al Estado renunciar a su obligación de garantizar una educación adecuada y limita la responsabilidad del Estado a la distribución de recursos.

Referencias

El segundo obstáculo fundamental es, como afirman Garzón y Vasco (y como ejemplifican Pancho y Navas, Jackson y otros autores), el reconocimiento por parte de los mismos pueblos indígenas y por parte de la sociedad nacional, de la legitimidad del conocimiento indígena frente al conocimiento occidental. Este es un debate social, político y cultural que aún no ha sido adelantado apropiadamente. No obstante, la existencia de esfuerzos por consolidar una educación propia de los pueblos indígenas es un avance en este sentido.

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Educación, escuela y territorio en la amazonia colombiana. Bogotá: Fundación Gaia Amazonas.

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Conclusiones

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El reconocimiento del derecho a una educación acorde con la cultura, los pla-

Vasco, L. G. 2002. Entre selva y páramo. Viviendo y pensando la lucha india. Bogotá: ICANH. Zapata, C. (2007). “Las políticas públicas vistas desde la organización social: el caso indígena en Colombia”. En E. Rey (ed.). Indígenas sin derechos: situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Bogotá: Cecoin.

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Ir a tabla de contenido Señas: ¿Cuáles son los cambios en la política educativa para los pueblos indígenas en el último año?

JNC: A mitad del 2009 se produjo un retroceso en la política pública para pueblos indígenas cuando el gobierno expidió el Decreto 2355.1 Este decreto pretendía desencadenar una nueva reevangelización educativa porque le entregaba la posibilidad de contratar la administración de la educación en los territorios indígenas exclusivamente al sector privado, a las iglesias y a diferentes misiones religiosas, sin consulta previa. Lo que pretendía el gobierno era de nuevo entregarle los destinos de la educación a las misiones religiosas, especialmente a la religión evangélica.

Archivo ACIN

El Decreto 2500: ¿Entre la contratación y la autonomía?

Entrevista con Jean Nilton Campo

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La aparición del Decreto 2500 de 2010, sobre la prestación de la atención educativa en territorios indígenas, ha generado diversas reacciones por parte de maestros, directivos, organizaciones indígenas y sindicatos.

Sin lugar a dudas, el decreto cambia algunas de las condiciones sobre las cuales venían prestando el servicio educativo las organizaciones indígenas en sus propios territorios.

Para analizar este instrumento, entrevistamos a Jean Nilton Campo, coordinador del programa de educación de la Chxab Wala Kiwe – Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Afortunadamente, con la movilización de enero y febrero (de 2010) hacia Popayán, se logró un acuerdo con el Ministerio de Educación para frenar el Decreto 2355, y se ordenó a través de una directiva ministerial que no se aplicara para territorios indígenas. Eso nos facilitó poder entablar una demanda de todo ese procedimiento jurídico.

Luego se dio la concertación con el Estado sobre el Decreto transitorio 2500 de 2010. Este proceso se generó porque no logramos ponernos de acuerdo en el tema fundamental del reconocimiento de la plena autonomía en el manejo de la educación, que llamamos “el decreto autónomo”, y que era la propuesta de fondo. Nosotros planteábamos que la ruta jurídica para lograrlo era un decreto a partir del artículo 56 Transitorio de la Constitución, que faculta al presidente de la República para expedir normas 1

Decreto aprobado en junio 24 de 2009, y por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.

que regulen el funcionamiento de los territorios indígenas mientras se expide la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Los departamentos jurídicos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional no se pusieron de acuerdo. Ellos consideraban que esa no era la ruta, que existían otras, y en esa parte no hubo un acuerdo.

Al no haber un acuerdo en la ruta jurídica se planteó un mecanismo transitorio a través de la reglamentación del artículo 63 de la Ley 115; este artículo plantea que para casos de la función educativa hacia los pueblos indígenas, es necesario concertar con los mismos pueblos y se puede dar a partir de procesos de concertación con las entidades territoriales. Esa fue la vía que presentaron los jurídicos y sobre esta se llevó la discusión a la Contcepi,2 y allí se construyó el articulado del decreto transitorio.

Señas: ¿Pero se trata de un avance o de un retroceso?

JNC: Quiero ser claro. Si bien el decreto transitorio significa un avance, dado que posibilita que las organizaciones indígenas y las autoridades tradicionales avancen hacia formas de administración directa de los procesos políticos, organizativos, pedagógicos y algunos asuntos de orden administrativo en sus territorios, de todas maneras es un decreto que se enmarca todavía en una lógica de la contratación y de entender la educación como un servicio.

Se da así por las circunstancias en que se construye el decreto, por la correlación de fuerzas y también porque hay una serie de condiciones a nivel nacional de los pueblos y las organizaciones indí2

Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para Pueblos Indígenas, creada en el 2007 por el gobierno nacional y los pueblos indígenas.

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Ir a tabla de contenido

Archivo ACIN

genas que no han generado una dinámica de empoderamiento en la educación y los procesos educativos. En el fondo todavía estamos en una lógica de subsidio a la demanda, no se afecta de fondo el sistema de financiamiento de la educación y, por tanto, no se garantiza plenamente el derecho a la educación. Pero creemos que [el Decreto transitorio] sí da un margen, un espacio para que los pueblos indígenas empiecen a hacer el ejercicio; para aquellas organizaciones que no hayan hecho el ejercicio de administrar y de realizar ese aprendizaje en el manejo de la educación, sí da unas posibilidades, un margen y un espacio para avanzar en el mismo.

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En el caso del Cauca, en la medida que ya hemos desarrollado un nivel de aprendizaje y de organización en el manejo de los procesos educativos escolarizados y no escolarizados, el decreto sí nos ofrece unas ventajas en el sentido de que posibilita llegar de manera mucho más directa a las comunidades, tener un control más efectivo de las instituciones educativas, una incidencia más directa

en el personal, en el talento humano, tanto directivo, como administrativo y docente. Una orientación directa de los procesos pedagógicos a través de los Proyectos Educativos Comunitarios porque, aunque el otro marco normativo lo expresaba, el decreto transitorio sí posibilita de manera más explícita que las autoridades indígenas tengan una orientación directa y mucho más efectiva sobre los procesos pedagógicos. Queda en manos de nosotros la orientación pedagógica, la orientación político-organizativa, y algunos asuntos de carácter administrativo que se pueden concertar con las demás entidades territoriales. Está en manos de la organización [indígena] ratificar a los docentes y los directivos docentes que están respondiendo al proceso y a las políticas educativas propias, que han entendido o se identifican con los procesos de educación propia, y vincular personal de las comunidades o docentes que efectivamente hayan tenido una trayectoria en los procesos de educación propia e intercultural.

Pero no es lo que nosotros hemos aspirado en términos de tener toda la autonomía educativa. Esa autonomía se posicionará en la medida en que se expida el decreto autonómico, porque es éste el que reconoce el sistema de educación propia en su integralidad, define un sistema de financiamiento, entrega la administración, y define cómo va a ser el funcionamiento de la educación en manos de la Autoridad y la organización indígenas.

Señas: ¿Y el punto más problemático?

JNC: Donde se puede romper un poco, y que desde luego va a ser la discusión más álgida y más compleja, es cuando se empiece a definir cómo va a ser el sistema de financiamiento de la edu-

cación, porque allí está la columna vertebral del modelo neoliberal. Mientras que nosotros estamos planteando un sistema de financiamiento que garantice el derecho pleno a la educación propia e intercultural, el gobierno y el Estado vienen promoviendo el financiamiento por subsidio a la demanda. Para los pueblos indígenas se está planteando una tipología diferencial, un financiamiento a la educación con enfoque cultural diferencial, pero que no es otra cosa que una tipología, tal vez incrementada, pero sobre la base del subsidio a la demanda.

Creo que ahí va a radicar la discusión de fondo, porque en últimas el financiamiento de la educación es el que va a garantizar que se constituya efectivamente en un derecho para todos y que se construyan procesos de educación tal y como los conciben los pueblos indígenas en términos de lo que puede ser calidad, o una educación acorde con las características socioculturales.

Creo que el decreto transitorio lo percibimos de esa manera. O sea, como una oportunidad de avanzar en la apropiación, como unos pasos más hacia esa autonomía.

Señas: Si bien para los pueblos indígenas la educación es un derecho colectivo y la pelea es por autonomía educativa, también hay otras banderas que en su momento el movimiento indígena ha compartido, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos laborales, o el reclamo por las plazas docentes en el caso de la educación escolarizada. ¿Cómo queda esto en el marco del decreto transitorio? ¿Hay algún avance? ¿Cuál es el balance?

JNC: Con el decreto transitorio, en lo

que tiene que ver con el Cauca indígena, podría decir que hay cierto avance, aun-

Lo que pretenden las comunidades es que no siga habiendo maestros con contratos de prestación de servicios en los territorios, sino que tengan garantizada su estabilidad laboral. que no es muy significativo. Pero lo que ha ocurrido en el Cauca es que año tras año ha habido un proceso de desmantelamiento de las plantas de docentes y directivos docentes. Por eso en el territorio indígena hay una gran cantidad de maestros contratados por prestación de servicios. Ha sido una política de la clase política tradicional del Cauca que ha querido desmantelar a los territorios indígenas de sus plazas docentes.

El decreto transitorio dice que mientras esté suscrito el convenio interadministrativo las plantas de personal docente, de directivos docentes y de administrativos no se pueden reducir, y que cualquier cambio debe ser previamente consultado. Eso no quita la responsabilidad que tiene la entidad territorial indígena de seguir vinculando personal en la planta docente o de directivos docentes; y efectivamente lo hemos hecho. Este año hemos concertado varias vinculaciones en provisionalidad de algunos docentes, y en la medida que haya las posibilidades se van a seguir vinculando. Se van a vincular provisionalmente porque no hemos podido alcanzar la concertación del concurso o proceso de selección definitiva; podrá haber una vinculación en propiedad o de planta en la medida que efectivamente podamos concertar con el gobierno cómo va a ser ese concurso especial, o que nos valide el proceso de selección que nosotros hemos construido en los territorios.

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Ir a tabla de contenido ción dentro de los territorios indígenas.

Ese es un proceso en el que estamos en construcción. Lo que nosotros planteamos es que no podemos estar por debajo de los derechos adquiridos que ya están consignados en esos estatutos.

Señas: En el XIII Congreso del CRIC quedó como mandato terminar con la oferencia4 y caminar hacia el Sistema Educativo Propio (SEP); el “cómo” no se dijo, pero está el mandato. ¿Cómo avanza el decreto transitorio frente al cumplimiento del mandato?

JNC: El mandato zonal del Congreso5 Archivo ACIN

Por otra parte, tanto en el transitorio como en el articulado propuesto en el decreto autonómico se consigna el respeto de los derechos adquiridos de los maestros; ni en el transitorio ni en el autónomo se está pensando en vulnerar esos derechos adquiridos. Me refiero a los que están amparados en los estatutos que son vigentes para el resto del territorio nacional; porque ya sabemos que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-208,3 plantea que los estatutos docentes nacionales no aplican dentro de los territorios indígenas. Estamos en mora de definir la normatividad especial para los maestros, directivos y todo el personal que labora en educa3

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Sentencia C- 208 de 2007, por la cual se declara exequible el Decreto-Ley 1278 de 2002, "por el cual se establece el estatuto de profesionalización docente". Este estatuto no es aplicable frente a "la vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas que atienden población indígena, con la aclaración de que, mientras el legislador procede a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la materia, las disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley General de Educación y demás normas complementarias".

de Tacueyó de febrero de 2009 y de La María a nivel regional en abril de 2009, fueron claros en que había que terminar con la oferencia. Creo que en el fondo lo que las comunidades planten es “no más contratación”, más que terminar solo con la oferencia. El avance que hemos logrado con el decreto transitorio es que efectivamente se terminó la oferencia. La organización no se presentará ya en adelante a los bancos de oferentes ni a los procesos de licitación sino que directamente puede hacer convenios interadministrativos. El avance que hay es que no se abren procesos de contratación como tradicionalmente se venían haciendo en el marco del banco de oferentes, sino convenios interadministrativos donde la organización queda en otro nivel, en el sentido de que es reconocida como una entidad pública de carácter especial y no como un tercero o como un actor privado que puede ofrecer la atención educativa.

Pero en el fondo, lo que han pretendido las comunidades es que efectiva4

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Sistema de contratación del servicio educativo a través de la creación de un banco de oferentes por parte de las entidades territoriales o los municipios certificados.

Congreso del pueblo nasa del Cxab Wala Kiwe.

mente no haya maestros con contratos de prestación de servicios en los territorios, sino que todo el personal docente, directivo, administrativo y demás vinculados al ejercicio de la educación, tengan garantizada su estabilidad laboral, para que haya un ejercicio permanente y constante. Por razones prácticas y políticas: para que cada año no se esté buscando nuevamente personal docente, para evitar todos los traumatismos que se generan, para impedir la vulneración de los derechos laborales, los desmejoramientos y la inestabilidad laboral.

Al no llegar a un acuerdo en términos de la ruta jurídica —la discusión más pesada en la mesa de concertación—, hemos tenido que actuar con esas circunstancias y postergar ese anhelo que tienen las comunidades. Es un poco jugar a meternos en el marco del decreto transitorio como una posibilidad de aprendizaje, de avance, de apropiación de las autoridades educativas, de la organización en el manejo de la educación y de la administración de la educación, mientras podemos avanzar en el decreto autónomo en donde estamos planteando que no van a haber profesores contratados. En el marco del decreto autónomo todos estarían vinculados mínima y primariamente en provisionalidad.

Señas: Por otro lado, hay reclamos de otros sectores —sobre todo sindicales— frente a la contratación de la educación por parte de las autoridades indígenas y de otros sectores que llevaría a la privatización. ¿Cómo se resuelven estas críticas que existen frente al tema de la privatización de la educación?

JNC: Frente a la crítica que se hace

a la posible privatización, creemos que falta una lectura mucho más detenida

de parte de ellos frente a lo que ha sido el proceso histórico de la organización indígena a fin de comprender varios asuntos. En primera instancia, cuando hablamos con los sindicatos, ellos basan mucho la garantía de no privatización de la educación en que haya financiación pública; lo que plantean es que no hay privatización en la medida en que el derecho esté financiado plenamente por el Estado, y que los padres de familia y la comunidad no tengan que financiar algunos costos de la educación.

Consideramos que efectivamente ese es un criterio fundamental; y cuando pensamos en la educación no le estamos quitando la responsabilidad al Estado de financiar ese derecho. Al contrario, cuando nosotros exigimos que los recursos con los que se financia la educación en Colombia sean transferidos a las autoridades o a los territorios indígenas, estamos planteando la transferencia entre entidades públicas, porque los territorios indígenas son entidades públicas de carácter especial. Hay algunos compañeros de los sindicatos que siguen entendiendo que el CRIC o que las autoridades indígenas son entidades jurídicas privadas, cuando constitucionalmente están reconocidas dentro del ordenamiento territorial nacional como públicas. Estamos exigiendo que haya una transferencia de recursos, como se transfieren los recursos a las entidades territoriales, en este caso recursos del nivel nacional hacia las entidades públicas indígenas.

Un segundo criterio para que exista educación pública es que efectivamente sea pública. Nosotros insistimos en que históricamente en el país se ha reproducido una educación privada, en el sentido de que no está en manos del pueblo.

El Ministerio de Educación define las políticas educativas, da los lineamientos

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Ir a tabla de contenido Mientras que nosotros estamos planteando un sistema de financiamiento que garantice el derecho pleno a la educación propia e intercultural, el gobierno, el Estado, lo que vienen promoviendo es el financiamiento por subsidio a la demanda. para los proyectos educativos, define los marcos de cómo debe ser la evaluación institucional o los procesos de evaluación educativa, define unas áreas obligatorias, ordena los calendarios escolares y los horarios; y lo hace sin contar con las comunidades; es una educación diseñada desde arriba, por tecnócratas que fijan unos marcos curriculares que se desarrollan de manera homogeneizante, sin el respeto de la diversidad cultural.

Para nosotros, ese tipo de circunstancias tipifica una educación privada porque no está construida desde abajo, no es una educación donde la base o la población, las autoridades, los padres de familia, puedan definir su orientación dentro de un territorio o dentro de un pueblo.

Aquí históricamente se ha avanzado hacia una educación privada y ese modelo se ha ido reproduciendo.

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Lo que estamos tratando de hacer es una ruptura a partir de las experiencias de muchas comunidades del Cauca que han estado trabajando desde hace diez, doce, quince o veintiocho años en proyectos educativos comunitarios. Eso significa un avance en la medida que la comunidad se apropia de los procesos educativos y tiene la posibilidad de participar en su diseño y construcción, de definir cuál es el modelo de educación que llena sus expectativas. En ese sentido, nosotros avanzamos hacia una educación pública. Para nosotros la educación

pública es aquella que está efectivamente en manos del pueblo y de la gente, que tiene las posibilidades de orientarla a partir de sus estructuras organizativas, o de sus autoridades tradicionales indígenas, en nuestro caso.

Hay otra discusión que vale la pena mencionar: las peleas que no hemos podido ganar y que están pendientes. Ni el magisterio organizado, ni las comunidades afrocolombianas e indígenas organizadas pudimos derrotar el Acto Legislativo 001 del 2001. Hay que recordar que el marco de financiamiento de la educación desde un modelo neoliberal se profundiza a partir de ese acto legislativo, que luego dio pie a Ley 715. Ese marco existe porque no pudimos derrotarlo a pesar de la cantidad de procesos de movilización que realizamos. Creo que es la tarea que tenemos pendiente, en el marco de la Minga social y comunitaria y el Congreso de los Pueblos: ponernos de acuerdo con los otros sectores sociales, entender bien cuáles son las estrategias para avanzar más en esa lucha de manera unificada.

Señas: El decreto transitorio es un arma de doble filo. Puede posibilitar avanzar pero hay un punto neurálgico en el presupuesto, porque son más funciones administrativas y de control educativo. Pero también queda en discusión cómo se afecta el tema de la estructura presupuestal para la educación. ¿Cómo se espera que eso cambie con la construcción de un decreto autónomo? ¿Qué condiciones hay para pensar que se puede avanzar del decreto transitorio a un decreto autónomo? ¿Cuáles son los obstáculos?

JNC: El decreto transitorio tiene un elemento fundamental y es que puede

ser acogido o no por las comunidades.

No es de obligatoria aplicabilidad. Los pueblos y las organizaciones que consideren que tienen la capacidad administrativa, el proceso organizativo y la claridad política para hacerlo, lo pueden hacer a través de unas actas y de una solicitud que se hace a las autoridades respectivas; si consideran que es una herramienta transitoria que utilizándola de manera adecuada puede ofrecerles algunas ventajas o algún nivel de avance, lo harán. Los pueblos que no están en ese nivel, simplemente no lo aplican, y no están obligados a hacerlo. Entonces, no reviste peligro en ese sentido. De hecho, ya tenemos casos como la Confederación Indígena Tayrona o la Organización Regional Indígena del Valle u Orivac, que han planteado que no estarían amparadas por ese decreto, porque no se identifican con él. Pero porque dentro de sus territorios y su proceso hay condiciones distintas y eso lo discutimos en la Contcepi.

pero en las discusiones ya se está pensando que con el nivel de avance puede tardar de uno a dos años.

Sobre el decreto autónomo ha habido discusiones en una subcomisión de la Contcepi que se conformó para destrabar el tema de la ruta jurídica y analizar el sistema de financiamiento. En esa comisión hay unas luces. Hay un acuerdo entre los jurídicos frente a que no se necesita una reforma constitucional ni la ley orgánica territorial, y que hay unas vías mucho más expeditas como el decreto autónomo; está superado que se requiera una ley estatutaria o una ley orgánica; algunos están planteando una reforma a la Ley 715, con lo cual no estamos de acuerdo; y se está pensando en un decreto ley. Esos son visos de que efectivamente se está dando una discusión seria allí. Se había pensado que se requerirían unos cuatro o cinco años para avanzar hacia un decreto autónomo,

No valdría la pena que el movimiento indígena siguiera avanzando en posicionar una educación distinta, alternativa y culturalmente diferenciada, si no tiene las condiciones para hacerlo, si vamos a seguir administrando pobreza, si las instituciones y los desarrollos educativos no tienen recursos para financiar procesos tan vitales como la investigación, para crear las condiciones y los insumos afin de que los proyectos pedagógicos se desarrollen, para estimular la innovación educativa, la producción de nuevos materiales pedagógicos y nuevas didácticas. Creo que es una pelea dura que va

Para romper el modelo, que es lo que a nosotros nos preocupa, la discusión fuerte va a ser sobre el sistema de financiamiento. Sin duda, el gobierno va a oponerse fuertemente a quienes en la mesa nacional tenemos una posición radical sobre el financiamiento a la educación pública. Yo no veo claro cómo se va a resolver. O mejor, creo que se va a definir más en un proceso de movilización nacional de los pueblos indígenas.

Habría que mirar si eso tiene un impacto en los demás sectores sociales para que podamos pelear conjuntamente y afectar el modelo. Es una lucha bastante complicada, pero es inevitable un proceso de movilización para exigir que se rompa ese modelo de financiamiento pues no garantiza plenamente el derecho a la educación como un derecho fundamental, y menos el derecho a la educación propia intercultural.

a haber, que se le viene al movimiento indígena a nivel nacional, y ante la cual hay que prepararse desde ahora.

113 Mundo Indígena

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Las mujeres y la participación política en la Cxhab Wala Kiwe Conflictos, cambios y desafíos

114 Reseñas

El objetivo de este artículo es inquietar a hombres y mujeres para reflexionar cómo ha sido hasta ahora y cómo queremos que sea la participación política de las mujeres indígenas. Es necesario abordar esta reflexión cuando en nuestra organización se está hablando de la consolidación del gobierno propio y la construcción de los territorios autónomos. De manera particular, resulta fundamental que las mujeres indígenas nos reunamos a analizar este tema preguntándonos cuáles van a ser nuestros aportes al fortalecimiento del gobierno propio, cómo concretar nuestras apuestas como mujeres en la dinámica de la organización, y de qué manera ir elaborando y sistematizando nuestras propias reflexiones sobre la realidad.

Archivo ACIN

Reseñas

Rosalba Velasco*

Como mujer y como indígena me siento en la responsabilidad de aportar en un proceso de cambio que propenda por una participación más activa, cualificada y en condiciones de equidad para

las mujeres indígenas. Por esta razón, desde el espacio de la Casa del Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe ACIN he decidido hacer una reflexión más profunda, un proceso de investigación denominado “Liderazgo de las mujeres indígenas nasa en la Cxhab Wala KiweACIN”. El trabajo se ha venido construyendo a lo largo del reciente año, tiempo en que se han despertado preocupaciones, temores y dudas; no es un tema fácil, pero el reto es hacer un proceso crítico y riguroso de investigación. El resultado esperado es lo que me anima: estoy segura que a futuro servirá para aportar a la reflexión y construcción de un proceso de cambio en la forma de la participación política de las mujeres dentro de la organización.

El presente artículo hace parte de ese proceso investigativo. En la primera parte comentaré algunos antecedentes de la participación política de la mujer

* Comunera Resguardo de Munchique, Casa de Pensamiento ACIN.

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Reseñas

Ir a tabla de contenido nasa de la Cxhab Wala Kiwe, después presentaré un balance sobre el estado actual de la participación política de las mujeres dentro del proceso organizativo.

En la segunda parte me referiré a la propuesta más reciente dentro de la organización indígena del norte del Cauca para fortalecer la participación, la “Tulpa de Pensamiento de las mujeres y el territorio”, y finalmente plantearé algunas conclusiones y desafíos a los que se enfrenta el proceso organizativo y los planes de vida indígenas para potenciar la participación y las voces de las mujeres.

Participación de la mujer nasa: haciendo memoria Al hablar de la participación política de la mujer nasa es necesario escudriñar la historia y problematizar de manera general el papel de la mujer en las sociedades indígenas. Caviedes (2009) señala que varios trabajos antropológicos evidencian el papel de las mujeres en las relaciones económicas y sociales a través de diferentes formas de transmisión de la propiedad y por la vía del parentesco, antes del período de evangelización católica. Sin embargo, aquí subyace un debate con relación al poder político real que esto representaba para las mujeres y a los lugares que ocupan hoy en la estructura social y política dentro de las comunidades.

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Para el caso del pueblo nasa, el investigador indígena Manuel Sisco (2010) comenta, con base en sus investigaciones sobre las relaciones de parentesco en la familia nasa, que anteriormente la estructura social estaba fundamentada por línea materna. Claro ejemplo sería que hasta hace algunos años no se permitía la unión entre primos por vía materna, mostrando indicios de que nuestro pueblo era matriarcal; la situación

cambió totalmente con la evangelización y habría dado paso al patriarcado. Hipótesis que falta fundamentar pero que nos permitiría dar cuenta del verdadero papel que ocupaba la mujer y de cómo era su participación en la sociedad.

Por ahora podemos decir que la participación de las mujeres indígenas en el proceso político organizativo en la Çxhab Wala Kiwe-ACIN ha sido una constante a lo largo de la historia. Desde las luchas de la cacica Gaitana, Guyumús y María Mandiguagua (Piñacué, 2004; Tróchez, 2009) por la defensa del territorio, pasando por las recuperaciones de tierras, cocinando, criando los hijos, sembrando en el tul, defendiendo a la comunidad de las agresiones externas, luchando por nuestro derechos como pueblos indígenas; silenciosas en otras ocasiones, pero firmes y atentas al llamado de la comunidad, tejemos la ya’ja (mochila), tejemos el proceso, unimos puntos, ideas, sueños, esperanzas… tejemos la vida.

Revisando algunas de las apuestas y concreciones de la participación política de las mujeres indígenas destaco la creación del Programa Mujer en el marco del Proyecto Nasa y años después en la estructura del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Con relación al primero, es importante señalar que la preocupación por el tema de la situación de la mujer estuvo presente desde la misma creación del Proyecto Nasa hace 27 años, a partir de la realización de una asamblea promovida por el padre Álvaro Ulcué y las hermanas Lauritas. Esta asamblea contó con la participación de 144 representantes de las comunidades de los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco, y con la asesoría del Centro Nacional para la Promoción y el Desarrollo (Cenprodes), entidad de la Iglesia al servicio

de las comunidades. Las razones por las cuales se creó el Proyecto Nasa fueron: los problemas que aquejaban a toda la comunidad, expresados en la desunión de los cabildos, analfabetismo y la falta de educación bilingüe, la falta de la capacitación de la mujer, problemas de salud, problema de tierra, militarización de los resguardos, falta de vivienda, presencia de sectas religiosas, problemas familiares y pérdida de prácticas y valores culturales nasa (Proyecto Nasa, 2007).

Reconocer como un problema de la comunidad la “falta de capacitación de la mujer” ameritaba que las mismas comunidades hicieran un análisis de su estado y las causas de esta situación, es así como en varias asambleas y reuniones se plantearon algunos factores asociados como: Todavía se conservan las costumbres anteriores o de los antepasados, que las mujeres no deben estudiar, porque ellas son para el oficio de la casa y para ayudar al marido en el trabajo del campo. Es muy fuerte el machismo, la ignorancia, la incomprensión de los padres, el maltrato en el hogar, escasos recursos económicos (Proyecto Nasa, 2007).

Con base en estas reflexiones, la comunidad decide crear tres programas: Familia, Mujer y Jóvenes. En el caso del Programa Mujer, se pensó como objetivo consolidar un proceso de formación y concientización de las mujeres con una creciente autovaloración. De esta manera, la comunidad podía aspirar a construir armonía en las familias, en la medida que las mujeres pudieran ser conscientes de su propia situación y trabajar para transformarla.

Este proceso pionero en términos de construir políticas para actuar frente a la situación de la mujer visibilizó la si-

Archivo ACIN

tuación, y permitió diseñar estructuras propias dentro la organización como un avance en el marco de la autonomía. Pese al asesinato del sacerdote nasa Álvaro Ulcué en 1984, quien había sido uno de los precursores del Proyecto Nasa, y cuya desaparición afectó ostensiblemente a las comunidades, el Programa Mujer poco a poco se fue ampliando, al tiempo que fueron creciendo los proyectos comunitarios en los diferentes resguardos.

En el caso de la dinámica regional aparece como un referente central el Programa Mujer en el marco de la estructura organizativa del CRIC. En este caso, la construcción del programa se deriva del noveno Congreso del CRIC realizado en Corinto, Cauca, en el año 1993, y se crea con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y fortalecer la participación de las mujeres en los procesos comunitarios y organizativos, desarrollando estrategias de organización, capacitación e investigación (CRIC, Programa Mujer, 2010).

El Programa Mujer en la zona norte y regional constituye un espacio de

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Ir a tabla de contenido participación de las mujeres, de debate y de elaboración de propuestas para incidir en el proceso organizativo. Para dar cuenta de los impactos y aportes de ambos programas, y retomando el mandato del II Congreso del pueblo nasa de la zona norte, valdría la pena hacer una evaluación minuciosa del caminar de estas estructuras. Es necesario identificar las fortalezas y debilidades con el objetivo de reproyectar las estrategias de acuerdo con las nuevas exigencias del proceso y los cambios en la vida de las mujeres indígenas y sus comunidades.

¿Cómo estamos hoy?

Las mujeres hemos recorrido en nuestras comunidades un camino interesante, ocupando nuevos espacios, haciendo aportes significativos para la organización, cuestionando esquemas excluyentes y discriminatorios hacia las mujeres, y haciendo propuestas para el logro de relaciones más armónicas y equitativas.

Hoy las mujeres buscamos estudiar y capacitarnos (a veces más que los varones) para asumir roles nuevos. Aunque inicialmente los espacios de participación han sido como profesoras y promotoras de salud, hoy vemos varias mujeres como gobernadoras, en los cabildos, profesionales en economía, contaduría, administración, psicología, trabajo social, comunicadoras, con estudios en derecho propio, entre otros. Esto demuestra el crecimiento en el acceso a la educación escolarizada y formal, permitiendo cualificar más los aportes hacia la organización, pero también cambiando las dinámicas familiares y los roles de las mujeres.

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También las mujeres somos llamadas a asumir responsabilidades públicas, especialmente en los cabildos y en los

proyectos comunitarios, responsabilizándonos de cargos técnicos y profesionales. Aunque varias mujeres indígenas han participado ejerciendo cargos de decisión y de autoridad, algunas han regresado a su vida familiar, otras se mantienen participando en la organización a través de los Tejidos y programas locales o zonales, otras han sido impactadas de manera negativa por los cambios en su familia tras el ejercicio de su liderazgo, muy pocas transcienden a otros espacios relevantes en la organización en términos de decisión y poder político, otras simplemente están allí, de manera silenciosa, pero allí.

Lo anterior muestra que la participación no siempre se ha ejercido de la misma forma, y prevalece la falta de reconocimiento a nuestro aporte a la vida familiar, comunitaria y organizativa. Pocas veces se nos reconoce esa participación; en contraste, el aporte que hacen los hombres es mucho más fácil de reconocer y su participación por lo general siempre tiene nombre propio, en cambio la nuestra en muchos casos se torna invisible.

Otro factor muy importante en estos momentos es la necesidad de trabajar y ayudar económicamente en el hogar.

Hoy pensamos en aportar para construir la casa, para comprar la ropa, para el estudio de los hijos y también para el nuestro. Pero a veces hay muchos obstáculos en el camino que nos impiden sobresalir en los espacios que nos proponemos; utilizando la cultura nos hacen creer que es nuestra responsabilidad exclusiva la crianza de los hijos, mantener la unidad familiar, transmitir la lengua y las costumbres, la enseñanza de los tejidos y de las formas de producción en el tul. De cierta manera, estos parámetros culturales nos limitan al hogar exclusivamen-

te impidiéndonos o haciéndonos creer que por cumplir con ellos no podemos estar dentro de los espacios de participación política (Caviedes, 2009). Estas contradicciones entre lo que pareciera ser cultura y nuestras realidades nos traen tensiones y conflictos en la familia y en la comunidad; cuando empezamos a salir nos dicen que estamos abandonado el hogar y nuestra responsabilidades como transmisoras de cultura: ¿Por qué no entienden que simplemente buscamos ocupar el lugar que la historia nos arrebató?

La participación de las mujeres indígenas en el proceso político organizativo en la Cxhab Wala Kiwe-ACIN ha sido una constante a lo largo de la historia, desde las luchas de la cacica Gaitana, hasta Guyumús y María Mandiguagua.

Estas reflexiones las venimos haciendo algunas mujeres. Por ello vemos la necesidad de crear nuevos espacios de capacitación y de autorreconocimiento para afianzar nuestro liderazgo, fortaleciéndonos para asumir las responsabilidades que la comunidad nos delega.

La mayor responsabilidad política en algunas ocasiones nos ha traído dificultades, pues pareciera que la responsabilidad del hogar es solo nuestra; a pesar de eso, conscientes del papel tan importante que cumplimos en la familia, buscamos ejercer con responsabilidad y compromiso nuestro papel de madres y compañeras sin dejar a un lado nuestras realizaciones personales en otros campos, como son los espacios de decisión política, destacándonos como lideresas en la Cxhab Wala Kiwe-ACIN.

Tanto el Programa Mujer como el Movimiento Juvenil de la Cxhab Wala KiweACIN han hecho grandes esfuerzos para capacitar y orientar a las mujeres a fin de que participen en los diferentes espacios del proceso organizativo. Sin embargo, esta tarea es responsabilidad de la organización en su conjunto y, en consecuencia, se vienen aunando esfuerzos para la consolidación de la Tulpa del Pensamiento de la Mujer Indígena y el Territorio de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN, como un espacio de encuentro y proyección política de las mujeres.

Desde mi experiencia como mujer indígena puedo expresar varias hipótesis de por qué la participación de la mujer en las organizaciones es poco visible y valorada. Me atrevo a pensar que nos falta autovaloración, confianza en nosotras mismas, solidaridad entre mujeres, más preparación política y técnica (capacitación y formación), apoyo familiar, oportunidades, apoyo por parte de los hombres, apropiación de los nuevos roles que se nos presentan.

Una propuesta para fortalecer la participación: la tulpa de mujeres y el territorio

La Tulpa está coordinada por el Tejido de Pueblo y Cultura (Programa Educación, Movimiento Juvenil y Programa Mujer), el equipo de Familia y la Casa del Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN. Hasta el momento han sido convocadas 60 mujeres de los diferentes resguardos que se han destacado por ocupar cargos de decisión en la comunidad, mayoras, adultas y jóvenes, y también mujeres que hacen parte de los Tejidos y los programas de la ACIN. En la Tulpa nos encontrarnos para reflexionar sobre los diversos aspectos del proceso organizativo y nuestras experiencias como mujeres, con la intención de aportar desde nuestra mirada femenina al fortalecimiento del plan de vida.

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Ir a tabla de contenido Nuestra actividad debería incluir consolidar un movimiento de mujeres indígenas zonal que propenda por acciones de incidencia y respeto hacia las mujeres, generando dinámicas de participación en los niveles local, zonal y regional, en todas las instancias de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN. De manera conjunta, y a partir de algunos encuentros de la Tulpa, se definieron como propósitos centrales aportar a la construcción del movimiento zonal de mujeres para fortalecer el plan de vida nasa, la participación política de las mujeres en la organización y en otros espacios nacionales e internacionales, y construir consenso como mujeres para aportar al proceso organizativo y visibilizar nuestro pensamiento en los espacios colectivos. Junto a ellos, la Tulpa tiene como objetivos de construcción y formación, la reflexión y construcción de alternativas desde las mujeres frente a las problemáticas y situaciones del territorio y la familia; aportar a la armonización de las relaciones entre hombres y mujeres nasas; generar un espacio de confianza para compartir y aprender desde la vivencia como mujeres; fortalecer la identidad como mujeres indígenas, y generar espacios de articulación entre los diferentes tejidos y programas. Y sobre todo, prepararnos para un ejercicio de liderazgo no autoritario.

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Hasta ahora las mujeres participantes coinciden en que la Tulpa nos ayuda a entender mejor nuestro papel como mujeres y nos permite continuar caminando en este proceso. Al reunirnos entre mujeres mayoras, parteras, exgobernadoras, jóvenes compartimos nuestras experiencias, angustias, sufrimientos, frus-

traciones, nuestros temores, ilusiones, esperanzas, podemos soñar el futuro de la comunidad y generar propuestas de cambio en la organización. Este espacio también nos ha servido para autorreconocernos y valorar mujeres que se han destacado en diferentes espacios y desde allí han hecho sus aportes al proceso de lucha y resistencia.

La metodología que hemos planteado a través de los conversatorios permite que, dependiendo del tema, cada una haga su aporte y discusión; por eso es tan enriquecedor, porque somos mujeres con diversos pensamientos, conocimientos y experiencias. Los temas que hemos abordado son variados: identidad cultural, cosmovisión y mujer, cambios culturales del papel de la mujer nasa; rol de la mujer en la sociedad y desarrollo de la perspectiva de género; participación política de las mujeres a nivel local, nacional e internacional, y de la mujer nasa en el movimiento indígena; reflexión autocrítica sobre el ejercicio de liderazgo de las mujeres; situación de los derechos humanos de las mujeres.

Con base en esas temáticas y las reflexiones realizadas en la Tulpa, se debe insistir en que la cultura no es estática y se va transformando en relación con otras culturas y la estructura social.

En ese sentido, se generan cambios en el papel que las mujeres y los hombres desempeñamos en las comunidades, situación que amerita reflexionar desde una mirada crítica sin perder de vista la historia que debemos recuperar pero también transformar.

Conclusiones Tal y como lo ha planteado la Tulpa de mujeres y el territorio, una de la estrategias para fortalecer nuestra participación política y las estructuras que hasta

ahora tenemos es la consolidación de un Movimiento Zonal de Mujeres Indígenas que nos permita reflexionar, construir propuestas e incidir en la organización indígena, en coherencia con los mandatos comunitarios y los planes de vida.

Teniendo en cuenta las reflexiones de la Tulpa de mujeres y el equipo de Familia,1 nuestra actividad debería incluir los siguientes elementos: 1. Construcción e implementación de rutas de prevención, atención y restauración de la armonía en caso de violencia contra las mujeres. Estas deben ser construidas y apropiadas por la comunidad, los cabildos y sus programas, los Tejidos y diferentes instancias de la ACIN. 2. Fortalecimiento de la estructuras de gobierno propio a partir del posicionamiento de las rutas de prevención, atención y restauración ante las diferentes instancias gubernamentales responsables de intervenir en el tema de violencia contra las mujeres.

3. Fortalecer y ampliar los espacios de formación y cualificación de las mujeres indígenas con la orientación y participación de los Tejidos de la Cxhab Wala Kiwe, para una mayor apropiación de la participación de la mujer en el proceso organizativo.

4. Construir y desarrollar una estrategia de investigación participativa sobre las problemáticas comunitarias desde la perspectiva de las mujeres, que contribuya a mejorar el conocimiento y a elaborar propuestas para fortalecer el plan de vida.

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El equipo de familia de la Cxahb Wala Kiwe-ACIN es una instancia de reflexión y construcción de propuestas frente a las problemáticas de las familias en las comunidades indígenas, en este confluyen los programas de Educación, Mujer, Salud, el Tejido de Justicia y Armonía, el Tejido de Defensa de la vida y la Casa del Pensamiento.

Archivo ACIN

5. Generar espacios de reflexión sobre la importancia de la familia indígena como una responsabilidad de todos y todas. En este sentido, la familia es la fuerza de la organización y compete a hombres, mujeres, jóvenes, mayores, mayoras, niños, niñas, cabildos, programas y Tejidos apropiarse de ella y generar acciones de atención y promoción de la armonía familiar.

6. Desarrollar estrategias de economía comunitaria que mejoren las condiciones de vida de las mujeres indígenas y sus familias.

7. Implementar acciones de fortalecimiento y recuperación de la cultura, teniendo en cuenta los nuevos roles a los que nos enfrentamos las mujeres indígenas.

8. Consolidar un movimiento de mujeres indígenas zonal que propenda por acciones de incidencia y respeto hacia las mujeres, generando dinámicas de partición en los niveles local, zonal y regional, en todas las instancias de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN.

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Ir a tabla de contenido Además, considerando la apuesta política de la organización indígena en el Congreso de los Pueblos (2010), es necesario considerar algunos de sus mandatos: ■■

Tejer con otros sectores campañas y acciones para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

■■

Trabajar en contra de las formas de opresión y exclusión de los sectores que hemos sido marginados por nuestra condición social, opción política y sexual.

■■

Reconocimiento de las actividades y labores históricamente asumidas por las mujeres como dignas y valiosas para la humanidad.

■■

Reconocimiento de la existencia de un conflicto social y armado en nuestro país, donde las víctimas somos sujetos políticos y activos en todos los escenarios relativos a la garantía, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ninguna paz podrá ser construida sobre las bases de la impunidad.

Referencias Caviedes, M. (2009). “El mito como instrumento para el análisis de las relaciones de género en los pueblos indígenas de Antioquia”. En Elena Rey (ed.). Antigua era más duro: hablan las mujeres indígenas de Antioquia. Bogotá: Cecoin.

Conversatorio con Manuel Sisco (2010). Santander de Quilichao, Cauca.

CRIC, (2010), Programa Mujer, www.cric-colombia.org, consultada en enero de 2011.

Piñacué, S. (2004). “Liderazgo y poder: una cultura de la mujer nasa”. En J. Rappaport.

Retornando la mirada: una investigación colaborativa interétnica sobre el Cauca a la entrada del milenio. Universidad del Cauca, Colombia.

Proyecto Nasa (2007). “Para continuar con las raíces en la tierra”. Toribío, Cauca.

Trochez, F. I. (2009). “Resistencia y utopía de la mujer nasa”. Disponible en: http://www. observatori.org/documents/Flor_Ilva.pdf

Archivo ACIN

Es el momento de que las hijas de los bosques y de las selvas lancemos un grito de justicia y armonía Programa Mujer de la ACIN

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El ejercicio de resistencia de las mujeres indígenas es milenario, trasciende desde nuestros ancestros, con mujeres resistentes, cacicas que caminaban en los territorios con la fuerza de la Madre Tierra,

sabias que fueron invisibilizadas por ideologías religiosas y educativas patriarcales, ideologías externas que crearon una ruptura espiritual entre la mujer y la Madre Tierra, que la colocaron como depen-

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Ir a tabla de contenido Al hacer un balance, los logros son evidentes: crece el número de mujeres que se reconocen como sujetas de derecho y denuncian los maltratos de que son víctimas. dencia del hombre, replegándola en su ejercicio político, como una estrategia de exterminación de los pueblos indígenas.

Sin embargo, en el proceso de resistencia las mujeres indígenas hemos participado en diferentes espacios: en lo político como gobernadoras y autoridades, concejalas, consejeras y médicas tradicionales —que son la muestra de la pervivencia de nuestra fuerza espiritual—; en los espacios comunitarios con la administración de recursos, encargadas de la producción y selección de las semillas, con la preparación de alimentos; en lo organizativo las mujeres hemos sido maestras, promotoras de salud que se han dedicado al rescate de los usos de las plantas medicinales y de los productos de la región; en la familia, como dadoras de vida, transmisoras de saberes culturales, encargadas de tejer el pensamiento; en la preservación de la vida, como mujeres parteras que previenen enfermedades y “sustos”, y transmiten sus saberes para que no se pierda, y en la prevención para que se hagan los remedios a los hijos y evitar las enfermedades. También resistimos como esposas que con el saber y los conocimientos propios y ancestrales apoyamos al trabajo político de nuestros esposos líderes; mujeres esposas de los líderes cuidando de la familia para que sus esposos se dediquen al trabajo organizativo.

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Es una historia larga. En 1916 las lamistas, con una voz de justicia, buscan el posicionamiento político de las mujeres

como un ejercicio de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. En 1980, las gaitanas buscan el inicio como proceso de las mujeres indígenas en un espacio de construcción y reflexión con otros sectores de campesinas y mujeres urbanas.

En marzo de 1993, en el noveno Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Corinto logramos la aprobación de los mandatos que visibilizan ahora la resistencia de las mujeres indígenas: convertir el proyecto de mujer indígena en un programa de la organización regional que diera cobertura a todos los grupos existentes en el Cauca, unificara los comités zonales, capacitara futuras ejecutivas en coordinación con otras zonas, y permitiera compartir experiencias con diferentes organizaciones regionales para visibilizar el trabajo; a partir de allí, el programa tuvo como propósito también formular un proyecto de mercadeo zonal de artesanías y crear un fondo de solidaridad para la mujer. El objetivo del Programa ha sido mejorar las condiciones de vida y la situación de la mujer indígena en el conjunto de la sociedad indígena, generando procesos de participación en la toma de decisiones. Estos mandatos fueron ratificados en marzo de 1997 en Silvia, Cauca, en el X Congreso del CRIC. Fuimos las mujeres, junto a los jóvenes y los mayores, quienes propusimos incluir el trabajo de familia dentro la plataforma de lucha, lo que fue aprobado en el XII Congreso como una estrategia de volver a la base; el trabajo zonal y local de los cabildos de familia, Programa Mujer y del movimiento juvenil se fortaleció a partir de esa decisión.

En el XIII Congreso se evalúan los mandatos anteriores para hacer operativa y fortalecer la unidad organizativa

y el proceso de transmisión cultural; se concluyó, entre otros puntos, que se debía asumir la responsabilidad de la familia desde hombres y mujeres —incluidas las autoridades—, partiendo de la espiritualidad, la ley de origen y el derecho propio; fortalecer el proceso de la mujer desde ella misma y la familia; revitalizar el movimiento indígena desde la base destinando recursos del sistema general de participaciones para las mujeres, que sean ejecutados por estas; garantizar que la formación de las mujeres sea enfocada en lo cultural, político-organizativo y de gestión dirigida a ejercicios de gobierno de las mujeres y al fortalecimiento organizativo del movimiento indígena. La participación política organizada de las mujeres indígenas se plantea bajo los criterios de autonomía, respeto, igualdad, solidaridad, unidad y gestión en la búsqueda del cambio significativo para las mujeres y la familia del movimiento indígena.

Al hacer un balance de lo realizado los logros son evidentes: crece el número de mujeres que se reconocen como sujetas de derecho y denuncian los maltratos de que son víctimas; se han creado los consejos de familia a nivel local; avanzamos en la formación política y la concientización de las mujeres indígenas; varias mujeres han sido elegidas como autoridades; mejora el reconocimiento de las autoridades al proceso de las mujeres; ya encontramos algunos cabildos que asignan recursos a los programas de familia y mujer; las mujeres se han apropiado del Programa Mujer; en la zona norte se cuenta con el apoyo a las mujeres desde los diferentes programas y tejidos; crece la participación política de las mujeres indígenas en otras organizaciones; se ha conformado el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas con la

La participación política organizada de las mujeres indígenas se plantea bajo los criterios de autonomía, respeto, igualdad, solidaridad, unidad y gestión. participación del Programa Mujer CRIC; ya hemos tenido tres mujeres consejeras a nivel regional. Hay que destacar el papel jugado en la Consejería Mayor del CRIC por una mujer que posicionó el movimiento indígena a nivel nacional e internacional.

Pero las debilidades se mantienen, aunque estamos en el proceso de superarlas. En un ejercicio de evaluación que realizamos concluimos, entre otros puntos, que: se replica en muchos espacios el modelo de discriminación frente a ser mujer y ser indígena; varios actores no expresan voluntad política para fortalecer el proceso de la familia y la mujer; siguen la persecución, el señalamiento y el no reconocimiento a la mujer indígena lideresa por actores externos; las mujeres lideresas no son evaluadas por su capacidad política, o por su aporte familiar, comunitario y político al proceso organizativo, sino por sus actitudes personales; no se cuenta con la asignación de recursos para algunos programas de mujeres locales, zonales y regionales; el enfoque de género es tenido en cuenta en los proyectos, pero en la formulación y ejecución no se cuenta en todos los casos con el Programa Mujer; algunas mujeres lideresas indígenas no valoran el proceso organizativo de las mujeres indígenas; varias mujeres indígenas no acceden a espacios de participación política por limitación familiar.

Podríamos resumir diciendo que en materia política ha aumentado la pre-

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Ir a tabla de contenido mandatos de la máxima autoridad —las asambleas comunitarias— y pasemos a hacer operativo el décimo punto de la plataforma de lucha. Las acciones más relevantes que venimos impulsando buscan: ■■

Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y el derecho de las mujeres.

■■

Garantizar el cumplimiento de la participación de las mujeres en los diferentes espacios políticos.

■■

Garantizar que se dé cumplimiento al derecho de la justicia en equidad y armonía aplicando el derecho propio y la ley de origen.

■■

Garantizar que las autoridades, los programas y la organización establezcan los asuntos de los derechos de las mujeres como eje transversal que permita el fortalecimiento del proceso de las mujeres y de las comunidades.

■■

Y, en términos operativos, crear los cabildos de familia en los resguardos donde no existen y hacer operativo el mandato del XIII Congreso en materia de asignación de recursos (3% a los programas de familia: mujer, jóvenes, mayores y guardia).

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Lo anterior se da mientras las mujeres indígenas no tienen tierras, son amenazadas, asesinadas o reclutadas por los actores armados ilegales, son desplazadas de los territorios y víctimas de violencia doméstica y de violencia sexual.

Propuestas Para avanzar en el logro de los objetivos que se trazaron los congresos, mantenemos acciones en conjunto con los demás tejidos para que se dé cumplimiento a los

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La lucha de los pueblos milenarios ha sido por la defensa de la Madre Tierra. Proponemos al movimiento indígena que se garantice la dignidad de las mujeres para pervivir en el tiempo como pueblos.

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sencia de las mujeres en los espacios organizativos y somos responsables de muchas de las acciones sociales, pero no somos plenamente incorporadas en la discusión y toma de decisiones que afectan al colectivo y al proceso organizativo.