Revista Señas - 2° Edición

Señas Revista de la Casa del Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN ISSN 2248-5430 Nº 2, agosto de 2012

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Editorial La Cxhab Wala Kiwe

Políticas

Los pueblos indígenas caminamos y construímos paz 5 Consejería Mayor de la Chxab Wala Kiwe- ACIN

Natalia Poveda Rodríguez, Nancy Prada Prada- Corporación Humanas, Equipo de seguimiento y análisis de políticas públicas de la Casa del Pensamiento - ACIN

Días de levantamiento indígena 9 Diana Granados

El caso de pequeñas y medianas minerías en el Cauca: ¿Alternativas o amenazas a la autonomía indígena? 17

El pueblo nukak al borde del exterminio 128 Mikel Berraondo López

* Catalina Caro Galvis, Yeromines Valencia

Situación minera en México: el pueblo Wixárika y su territorio sagrado 138

¿Territorios interétnicos en el norte del Cauca? 28

Claudia Elizabeth Hernández Ramírez

Equipo de seguimiento y análisis de políticas públicas de la Casa del Pensamiento - ACIN

Internacional

Fortalecimiento de las lenguas originarias como estrategia para la resistencia 34 Bibiana González

Guerra, proceso organizativo y juventud indígena 42

Análisis y debates de la Ley de Víctimas y el decreto ley para víctimas indígenas 95

Movilización

El caso de la cooperación España-Colombia 149 Carlos Andrés Zapata Cardona

¿Qué harías si un día vinieran a tu casa y te dijeran que quedará bajo el agua? 161

Reinel Pequí

Bruno Federico

Un día en el que las mujeres indígenas nos reunimos a tejer la memoria y la palabra 49

Tejiendo un espacio regional de paz en el Cauca 166 Víctor Collazos

Rosalba Velasco

Reseñas

Situación de tierras de la Cxhab Wala Kiwe: recuperando lo que nos han arrebatado 59

Caravana Cultural por la Paz y la Solidaridad por Latinoamérica: recorriendo la Cxhab Wala Kiwe 177 Colectivo Caravana por la paz y la solidaridad

Luis Alejandro Delgado

Trenzando el diálogo de saberes 180

La tulpa de pensamiento de las mujeres nasa y el territorio 68

Angely Chávez Sánchez y María de los Ángeles Serna Bermeo

Diplomado en Derecho Internacional y Pueblos Indígenas 184

Alejandra Llano Quintero

¿En qué va el Auto 004 y el pueblo nasa? 78 Equipo zonal de seguimiento al Auto 004

Documentos

Reflexiones sobre la investigación indígena 81

El nuevo contexto en la construcción de la paz 187 Equipo de Paz - Casa de Pensamiento ACIN

Joanne Rappaport

Esta publicación es posible gracias al auspicio de:

Con la participación de:

Señas Revista de la Casa de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN Nº 2, AGOSTO de 2012 ISSN: 2248-5430

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca — ACIN

CXHAB WALA KIWE (Territorio del gran pueblo)

FOS-COLOMBIA

Fondo para la Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia

El contenido de los artículos de esta publicación es de entera responsabilidad de sus autores y la línea editorial es responsabilidad exclusiva de ACIN, CASA DEL PENSAMIENTO y LA CORPORACIÓN ENSAYOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA; en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de las entidades financiadoras.

Fotografías Impresión Cubierta: Luis Alejandro Delgado.

Ediciones Antropos Ltda., Bogotá D.C. Archivo ACIN (Tejido de Defensa de la Vida), Jesús Abad Colorado, Óscar Paciencia, Rosalba Velasco, Catalina Caro, Claudia Elizabeth Hernández, Carlos Del Cairo, Casa del pensamiento.

Consejería ACIN James Yatacué (Consejero Mayor), Carlos Andrés Alfonso, Albeiro Quiguanás, Freddy Guevara, Willington Güetio, Argelino Escué, Alfredo Mensa.

Divulgación Casa de pensamiento

Se autoriza su reproducción parcial o total citando la fuente. Se agradece enviar copia.

Diseño básico Juan Sánchez

Consejo editorial Equipo Casa de Pensamiento

Preparación editorial Marta Rojas

EditorAs Rosalba Velasco y Diana Granados

Revisión de textos María José Díaz Granados

Calle 9 N° 6 Bis- 04, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia Telefax (57-2) 829 0958 Correo electrónico: acinsecretaria@yahoo.es casadepensamientoacin@hotmail.com

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¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra! Esa ha sido la consigna que hemos venido posicionando y planteando a las organizaciones sociales y populares, a los partidos políticos de derecha, centro y de izquierda, a los empresarios y gremios económicos, a la Iglesia, a las insurgencias, a las Fuerzas Militares, al Gobierno nacional y a todas las personas que se sientan interpeladas por la imperiosa necesidad de construir caminos hacia la paz.

Sin lugar a dudas, en los últimos dos años hemos experimentado con mucha fuerza el impacto de la guerra en los territorios indígenas, amenazas de muerte a líderes y lideresas, asesinatos de comuneros y comuneras, hostigamientos, tomas armadas de nuestros territorios, enfrentamientos permanentes entre los actores armados. Como lo reporta el Tejido de Defensa de la Vida de la ACIN, en lo que va corrido del año 2012 se han desarrollado 163 eventos de conflicto armado en los territorios indígenas del Norte del Cauca, 54 personas indígenas han sido asesinadas, 18 de ellas murieron en el mes de agosto, siendo este mes el que reportó los índices más altos de asesinatos con relación a todo el periodo. Aun estando en diálogos de paz, parece que la guerra en nuestras comunidades no cesa.

Los pueblos indígenas caminamos y construimos paz

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Editorial

Ante esta agudización del conflicto y vulneración de la vida e integridad del Pueblo Nasa, las comunidades nos hemos levantado en una gran minga de defensa del territorio, hemos ejercido en medio de las balas nuestra política comunitaria de preservar la vida del pueblo nasa, de garantizar la armonía y el equilibrio en nuestros territorios, de seguir construyendo la autonomía y el gobierno propio, porque hoy más que nunca tenemos claro que debemos caminar hacia la consolidación de los Territorios Autónomos, como la única forma de ejercer nuestro derecho a la libre determinación.

Archivo ACIN

Editorial

Consejería Mayor de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN

El 20 de julio de 2011, las autoridades indígenas expidieron la declaración “Terminar la guerra, defender la autonomía, reconstruir los bienes civiles y construir la paz”; en este, como en muchos otros pronunciamientos, las comunidades indígenas reclamamos el derecho a la paz y la necesidad de entablar de manera urgente diálogos entre la sociedad popular, el Gobierno nacional y las insurgencias para lograr el cese de la guerra y trabajar por la construcción de la paz. Hicimos públicas dos cartas a la guerrilla de las FARC (abril 20 y julio 15 de 2012) planteando nuestros pensamientos sobre la guerra, sus afectaciones y la urgente necesidad de acuerdos humanitarios y espacios para el diálogo. Con relación a estas cartas obtuvimos una respuesta por parte del comandante Timoleón Jiménez con fecha del 20 de julio de 2012, dando sus opiniones sobre algunos de los puntos que le planteamos. Igualmente, como autoridades indígenas suscribimos ante el presidente Santos y su Gobierno un pronunciamiento como Autoridades Indígenas del norte del Cauca organizados en la Cxhab Wala Kiwe — ACIN y el CRIC, señalando la inconveniencia de políticas como el Plan de Consolidación y la militarización, y manifestando nuestra voluntad para hacer la paz. Hoy vemos que de alguna manera nuestro planteamiento —que también es compartido por muchos otros sectores sociales— ha sido acogido. Tanto el Gobierno actual como la guerrilla de las FARC han mostrado su voluntad para acabar con el conflicto armado, por lo menos así lo confirma el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (agosto 26 de 2012) suscrito entre las partes. También la guerrilla del ELN ha manifestado su intención de iniciar un proceso de diálogo.

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El inicio de estos diálogos nos convoca a grandes desafíos. El primero de ellos, y para nosotros fundamental, es la incidencia de la sociedad popular en las agendas de terminación del conflicto armado y de la construcción de la paz. Ello requiere de amplios y contundentes procesos de movilización donde confluyamos todos y todas, convencidos de la necesidad de parar la guerra y caminar hacia la construcción de la paz. Debemos autoconvocarnos a un escenario de gran convergencia, sin exclusiones ideológicas, donde podamos con nuestras experiencias y acumulados concertar los derroteros que como sociedad popular proponemos para el cese del conflicto y la consolidación de la paz. Este escenario debe permitirnos debatir los temas de la negociación que se adelanta entre el Gobierno y la guerrilla; incidir en ella es nuestro derecho, pero también nuestro deber.

Temas como una verdadera reforma agraria, la terminación del narcotráfico, una política de reordenamiento territorial que respete las formas populares de propiedad y uso de la tierra, la reparación integral a las víctimas, las garantías para el ejercicio de la movilización, la protesta social y la vida política, son algunos de los aspectos más relevantes para discutir en medio del proceso de negociación.

Como en muchos otros momentos de negociación de la paz en nuestro país, hemos sido testigos de la intervención de sectores de extrema derecha que actúan como opositores a los propósitos de las negociaciones y, en ese sentido, debemos hacer nuestros mayores esfuerzos por aislarlos, por proteger los diálogos, este es otro de los desafíos que nos plantea la coyuntura actual. Los diálogos han iniciado, pero aún no hay nada definitivo; además, todavía faltamos muchos en la mesa y caminar hacia la ampliación y participación de otros actores en las negociaciones se convierte en un reto más.

Somos conscientes de que mientras para nosotros se trata de caminar hacia un nuevo país de “pueblos y sin dueños”, muchos siguen viendo la paz como una estrategia necesaria para consolidar un modelo económico extractivo, en contravía de los intereses de los pueblos y los sectores populares. Pareciera que muchos sectores estamos interesados en la paz, pero no son las mismas causas y convicciones las que nos invitan a trabajar por ella. Al respecto, vemos con preocupación que el giro del Gobierno Santos hacia la paz no significa por ahora ningún cambio en el modelo económico a favor de los sectores populares, por el contrario, se afianzan mecanismos jurídicos para facilitar el despojo de los trabajadores reales del agro y de los cuidadores de los recursos naturales.

Instrumentos como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448/2011) muestran muchas deficiencias en su implementación, y al día de hoy, algunos expertos en el tema se atreven a mencionar que el Gobierno nacional no ha restituido ni una hectárea de tierra de los dos millones que aspira a restituir en el periodo de la Ley. Por su parte, el Incoder no avanza rápidamente en la constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos, por ahora para el caso del Cauca, el Gobierno nacional no ha terminado ninguno de esos trámites y, por el contrario, solo avanza en los procesos de reestructuración de los resguardos de origen colonial que hay en el departamento del Cauca y en el resto del país.

El proyecto de borrador de la Ley Agraria y de Desarrollo Rural que ha propuesto el Gobierno nacional ha sido objeto de distintas modificaciones y, en la actualidad, no se ha llevado a cabo el derecho fundamental de indígenas y afros a la consulta previa. Para evitar el molesto reconocimiento de este derecho se entrevé que la parte correspondiente a afros e indígenas va a ser excluida para poder presentar la Ley en la actual legislatura del Congreso de la República, tal como ocurrió con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Las organizaciones rurales del país han propuesto un proyecto de ley agraria alternativa, que fue presentado en la mesa nacional de concertación indígena y se ha venido discutiendo con todos los sectores rurales del país. En los diálogos para una posible solución política al conflicto armado el tema agrario es un asunto principal de la agenda entre Gobierno y las FARC, ante ellos debemos seguir incidiendo para lograr no menos que una reforma agraria respetuosa de las formas de propiedad y uso de la tierra por parte de los pueblos y sectores populares del agro.

De otro lado, vemos cómo se afianzan mecanismos para facilitar la consolidación de un modelo económico extractivo que tiene como uno de sus proyectos más ambiciosos la vigorización de la locomotora minera. Para la

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promoción de la locomotora minera como eje del desarrollo económico Santos ha orientado su política mineroenergética hacia la definitiva privatización del sector y a la profundización de la conocida “confianza inversionista” depositando su mayor atención en fortalecer la institucionalidad minera a favor de la industria transnacional.

La creación de la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de licencias ambientales y la expedición de resoluciones como la correspondiente a las áreas estratégicas mineras y del manual de compensaciones ambientales para proyectos de infraestructura, minería e hidrocarburos, son acciones que el Gobierno Santos ha desarrollado para “ordenar la casa”; lo que significa ofrecer garantías jurídicas, territoriales, ambientales y tributarias para la arremetida de las grandes industrias extractivas en el país.

La actual reforma al Código Minero de 2001, que se está preparando en el Congreso, es la gasolina para el definitivo impulso de la locomotora minera, que es la prioridad para el proyecto económico del Gobierno Santos, y la que ha crecido significativamente pasando de representar el 5,7% del PIB en el tercer semestre de 2007, al 7,8% en el 2011.

Ante el enfrentamiento entre los actores armados en nuestro territorio y la permanencia de algunos de ellos para salvaguardar los intereses económicos, nosotros continuamos con nuestros procesos y acciones de control territorial. Nuestro mensaje es sencillo: exigimos a los actores armados respetar nuestra autonomía y gobierno propio, no utilizar nuestros territorios para sus enfrentamientos pues ponen en riesgo la vida de la comunidad.

Así se lo hemos planteado al Gobierno, las Fuerzas militares y la guerrilla, por eso decidimos recuperar el Cerro Sagrado El Berlín (municipio de Toribío y ocupado por el Ejército Nacional), aplicar justicia a milicianos que atentan contra la vida de la comunidad y, en general, realizar acciones de control territorial en los territorios indígenas en Miranda y Santander de Quilichao.

Tras estas acciones sostuvimos escenarios de diálogo con el presidente y algunos de los funcionarios de su Gobierno, que después de mucho insistir quisieron venir a escucharnos.

Hoy participamos en un espacio de diálogo con el Gobierno nacional, pues muchos de nuestros derechos siguen siendo vulnerados. Como lo planteamos en nuestra anterior edición, a pesar de haber realizado un proceso de concertación entre voceros de los pueblos indígenas y el Gobierno nacional para la inclusión de políticas que protegieran nuestros derechos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), vemos con gran preocupación que ninguno de los 96 acuerdos hechos en el PND para los pueblos indígenas se ha cumplido de manera efectiva. No queremos que se repitan las negociaciones que conducen a más negociaciones sin acciones prácticas y efectivas que protejan la vida de nuestras comunidades y nuestros territorios.

Hace algunas semanas, las mujeres de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN le preguntaban a los actores armados y a la sociedad civil: “¿Por qué donde hay más militarización es donde más nos matan?” Este mensaje fue escrito por las mujeres en una valla artística ubicada en uno de los tantos retenes militares que existen sobre nuestros territorios. La valla fue retirada por soldados del Ejército Nacional minutos después de que las mujeres, en un acto simbólico de protesta frente al asesinato por parte de los actores armados de niños, niñas, mayores y mujeres, instalaran varias de ellas en diferentes puntos militarizados de la carretera que de Santander de Quilichao conduce a Toribío y Jambaló. Los soldados, tras la exigencia de las mujeres y la comunidad acompañante, tuvieron que volver a poner la valla en el lugar inicial. Ante hechos como este solo esperamos que los armados y el Gobierno comprendan de una buena vez que nuestra convicción por la paz es real, es comprometida y es la única salida que vemos para construir otro país. En esta convicción seguiremos trabajando, atravesándonos a la guerra y construyendo rutas para la paz.

Desde la Cxhab Wala Kiwe seguiremos haciendo seguimiento a las políticas que afectan nuestros derechos, y continuamos con nuestros propios instrumentos en el desarrollo de procesos investigativos que nos permitan comprender y explicar las situaciones problemáticas que viven nuestros pueblos, parte de esos ejercicios de reflexión los queremos compartir en esta publicación, esperamos que sean objeto de análisis y retroalimentación.

Editorial

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La Cxhab Wala Kiwe 8Sección

Días de levantamiento indígena Diana Granados*

Las últimas semanas han estado agitadas en el Cauca, en el país. El 17 de julio nos despertamos con una noticia: “indígenas sacaron a machete a soldados de la Fuerza Pública del cerro Berlín”, y hasta el presidente Santos afirmó: “lo que estamos viendo son hechos inaceptables” (El Espectador, 2012). Sin embargo, no fue inaceptable el hecho de que al día siguiente de que los indígenas intentaron sacar a los soldados de uno de sus sitios sagrados en Toribío, un joven indígena fuera asesinado por un soldado en el municipio de Caldono, eso sí fue un “error militar”. Asombrosamente vimos cómo un sentimiento patriótico, de defensa de las Fuerzas Militares y de crítica y rechazo a las acciones realizadas por las comunidades indígenas invadió los comentarios cotidianos, los noticieros y los periódicos. Su máxima expresión llegó con la manifestación de un grupo de personas frente a la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que señalaba a los indígenas de terroristas y guerrilleros, exigiendo respeto hacia la Fuerza Pública. De todos modos, en medio de estos convulsionados hechos, la Archivo ACIN

LA CXHAB WALA KIWE

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palabra indígena se levantó, se erigió una vez más para llamar a la sociedad a buscar una negociación política al conflicto armado, realizar acciones para parar la guerra y construir la paz con quienes atiendan su llamado.

No retomamos el cerro Berlín.

El cerro es nuestro Aunque son muchas las acciones realizadas por los indígenas para exigir a los actores armados respetar sus territorios y la vida de las comunidades, sin lugar a dudas el hecho que detonó una gran discusión frente a la autonomía indígena y la desmilitarización de los territorios fueron los sucesos del 17 de julio en el cerro Berlín, municipio de Toribío.

Berlín es más que un cerro, así como Toribío es más que un municipio, cuya población asciende a 30.000 habitantes1 aproximadamente, de los cuales el 96% son indígenas del 1

Según los censos de los tres cabildos del municipio de Toribío, San Francisco y Tacueyó, la población es de 31.341 personas, sin embargo, el censo del DANE para el 2012 calcula la población en 28.253 (100%) habitantes, de los cuales 1748 (6,19%) habitan en la cabecera municipal y 26.504 (93,81%) en el sector rural (Plan de desarrollo del Municipio de Toribío, 2012).

Investigadora de la Corporación Ensayos y del equipo de investigación intercultural de la Casa del Pensamiento de la ACIN.

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“Convocar al Gobierno Nacional y a la guerrilla a diálogos humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario” pueblo nasa. El cerro Berlín expresa la disputa permanente de los actores armados por el control geoestratégico y militar sobre los territorios indígenas, que se ha manifestado en las recurrentes tomas guerrilleras, en los constantes enfrentamientos entre los actores armados, ejército y guerrilla, y en los hostigamientos2 a los que han sido sometidos este territorio y su gente.

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pueblos indígenas a decidir sobre los temas que los afectan, el cerro se convirtió en el lugar de atrincheramiento del ejército, poniendo en riesgo la vida de la población. Se trató entonces de una acción para recuperar un sitio sagrado del pueblo nasa, lo cual implicaba exigir que ningún actor armado se alojara en este lugar, ni como custodio de los intereses de las multinacionales, ni como lugar estratégico para enfrentarse con otros actores. Los indígenas retomaron el cerro, no obstante, al siguiente día hubo una orden de desalojo que los soldados cumplieron a cabalidad. Acción tras la cual no hubo más lágrimas que las provocadas por la inmensa cantidad de gases lacrimógenos lanzados por el Esmad hacia la comunidad que terminó con un saldo de 26 indígenas heridos (ACIN, 2012).

En el cerro no solo estaban los soldados, sus camas, colchones y hasta las antenas de DirecTV. También allí se encuentran dos torres de comunicación de telefonía celular que son custodiadas por los militares. Desde allí se divisa todo el municipio, su casco urbano y las inmensas montañas de la cordillera central que le rodean. El 17 de julio más de 2500 indígenas decidieron, en compañía de sus autoridades tradicionales, subir hasta el cerro con el objetivo de liberarlo. Dos días antes, en medio de un Consejo de Ministros, que contó con la presencia del presidente Santos, algunos de sus ministros y el gobernador del departamento del Cauca en el municipio de Toribío, vimos una bandera roja y verde y una fila de más de 300 indígenas subir hasta el cerro Berlín con la intención de hacer saber a los soldados la decisión comunitaria: debían irse y desmontar sus trincheras. El cerro es y ha sido de las comunidades, sin embargo, violando el derecho de los

No es nuevo que las comunidades indígenas exijan a los actores armados respetar su autonomía y salir de sus territorios. En distintos momentos de la historia organizativa indígena se han elaborado diversas resoluciones comunitarias3 para exigir el respeto a la vida, la territorialidad y la autonomía. En gran medida esto se explica porque el conflicto ha tenido sus territorios como escenario de confrontación de los actores armados desde hace muchos años. La profunda desigualdad sobre la distribución de la tierra y las inequidades estructurales de este país dieron origen y profundizaron un enorme descontento de la población indígena, campesina, de sectores populares y también parieron las guerrillas.

Sin embargo, la degradación del conflicto que lleva más de cuarenta años, el alto costo humano del enfrentamiento entre las Fuer-

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En el periodo comprendido entre 2007 y 2011 se registraron 77 enfrentamientos en las zonas rurales y el centro poblado. En el municipio hace presencia la Tercera Brigada y operan los frentes sexto y la columna Jacobo Arenas de la guerrilla de las FARC, generando un ambiente permanente de zozobra e inseguridad para la población (Alcaldía de Toribío, 2012).

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¿De dónde viene esta decisión?

Dentro de las declaraciones más importantes que expresan la posición indígena frente al conflicto armado se encuentran: resoluciones de Vitoncó (1985), Ambaló (1996), Jambaló (1999); e igualmente en el primer congreso indígena y popular de 2004, la Minga de resistencia social y comunitaria de 2008, el congreso de Tacueyó de 2009 y la Declaración de los 40 años del CRIC de 2011.

Tejido de Defensa de la vida de la ACIN

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zas Armadas y la guerrilla, las iniciativas de diálogo y negociación de la paz que no logran sobreponerse a los intereses de la oligarquía colombiana o que se hacen dejando por fuera a la sociedad civil, configuran un juego de ajedrez que parece difícil de terminar.

La declaración más reciente de las autoridades indígenas fue expedida el 20 de julio de 2011,4 tras la explosión de una chiva bomba5 activada por la guerrilla de las FARC en el centro poblado de Toribío, que causó grandes estragos a la población. Allí se instaló una estación de policía considerada objetivo militar y que por su cercanía a las viviendas y sitios comunitarios pone en riesgo a la población, tal y como ocurrió con la chiva bomba y como viene ocurriendo con los hostigamientos que se presentan en esta zona.

Las acciones de desmilitarización iniciadas por las comunidades indígenas en los municipios de Toribío y Miranda son un mandato comunitario emanado de esta de4 5

“Terminar la guerra, defender la autonomía, reconstruir los bienes civiles y construir la paz”.

Según reportes de los cabildos indígenas de Toribío, con la explosión de la chiva bomba, el día 9 de julio, fueron afectadas aproximadamente 651 viviendas (Alcaldía de Toribío, 2012).

claración, que entre otras cosas resolvió convocar a una gran “Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra”. Pero el propósito indígena es mayor. No se trata solo de desmilitarizar, sino también, como lo plantea la misma resolución, de “convocar al Gobierno Nacional y a la guerrilla a diálogos humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario” y “reactivar los debates públicos con el Gobierno y la insurgencia” (CRIC, 2011).

El llamado de la organización indígena caucana es buscar caminos para la solución política del conflicto armado de inmediato.

Este llamado no es reciente y no solo lo han venido planteando los indígenas caucanos.

De hecho, nuestro país tiene una larga lista de iniciativas por la paz. Para las comunidades, la necesidad de una solución al conflicto pasa también por las acciones y, como bien lo plantean los pueblos indígenas del Cauca en la declaración de Toribío, sentarnos a hablar de paz requiere parar la guerra.

Desmilitarizar el territorio puede sonar a retórica, a una posición autonomista o sepa-

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ratista, como algunos analistas lo han querido juzgar. Sin embargo, se trata más bien de hacer práctica la palabra, de demostrar con hechos que la militarización y la profundización de la guerra deben parar.

En la carta titulada “Inconstitucionalidad de las bases militares y de la militarización en territorios indígenas”,6 la ACIN expone los argumentos jurídicos7 para explicar las acciones de armonización del territorio indígena consistentes en el desmonte de los campamentos de la guerrilla, las trincheras y las bases militares instaladas en los territorios indígenas (ACIN, 2012).

También la organización indígena reclama el derecho al gobierno propio y a las condiciones para que este sea posible y, más allá, se reitera la propuesta de “buscar la paz”. Por eso el reclamo indígena no solo es hacia el Gobierno, también busca tocar puertas, abrir y construir escenarios con diversos sectores de la sociedad colombiana porque lo que está en juego es el devenir de los sectores populares de este país, la vida digna para todos y todas.

¿País racista?

La imagen de un soldado llorando y alzado por los indígenas le dio la vuelta al mundo.

Sin embargo, los medios oficiales, como es su costumbre, o quizás por un olvido —pensemos no deliberado— no mostraron las imágenes de los soldados amenazando a la comunidad con sus armas, ni tampoco los tiros que hicieron al aire para amedrentarla; tampoco dijeron que los soldados que fueron 6

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Esta carta fue dirigida por las Autoridades Indígenas de la Cxhab Wala Kiwe — ACIN a Vólmar Pérez, defensor del Pueblo; Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, y Tood Hawland, Delegado en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 18 de julio de 2012.

Dichos análisis sobre la inconveniencia de militarizar territorios colectivos se basan particularmente en sentencias de la Corte Constitucional —sentencia T-303 de 1997, sentencia SU-510 de 1998, sentencia T-769 de 2009—, en la Constitución Política de Colombia y en la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos indígenas (2007).

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sacados de este modo se habían rehusado a salir, aun cuando otros de sus compañeros ya lo habían hecho, tras un acuerdo pactado con las autoridades indígenas. Pero nada más preciso para un país con amnesia que rodar una imagen una y mil veces, para construir una realidad, y esconder otra, para fortalecer la imagen de una “Fuerza Pública sensible, respetuosa de los derechos humanos”, como lo dijo el general Navas (Hincapié, 2012). Y sin embargo, esta es la misma institución que, por poner un ejemplo, asesinó al joven indígena Güetio, cuando transitaba hacia su casa en el municipio de Caldono. Pero cuidado, aquí solo se trató de un “error militar”.

Las dos situaciones no son comparables. En la primera, la comunidad obligó a la Fuerza Pública a salir, lo hizo con su voz, sus bastones y su fuerza, hay que recordar: población civil desarmada. En la segunda imagen los soldados, armados hasta los dientes, asesinan a un indígena, y el caso se resuelve con la infamia de “error militar”. Pero a los medios les pareció mejor poner a circular de manera reiterada la imagen del soldado y su orgullo militar, descontextualizando la situación y ocultando cierta información necesaria para entender los hechos ocurridos.

Por supuesto, no solo es cuestionable el papel de los medios. En general, es necesario dar cuenta que estos mensajes se afianzan en un país que olvida lo que necesita olvidar para no resolver los conflictos que le aquejan, para no exigir la verdad y para cerrar los ojos ante las innumerables violaciones de derechos humanos que transitan en Colombia sin que haya asomo de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Mauricio Caicedo Botero (El Espectador, 2012) escribió una columna titulada “Turba cobarde: un pleonasmo”, identificando a la comunidad indígena nasa como una turba.

Botero explicó que algunas “filmaciones” de los indígenas retirando a los soldados del cerro de Berlín mostraban que:

algunas etnias indígenas en el Cauca atacando con sevicia a los miembros de la Fuerza Pública, no hay colombiano que vacile en calificar a estos indígenas como turba despreciable que utiliza —sin vergüenza alguna— mujeres y niños como escudos.

Pocos albergan duda de que esta turba es manipulada tanto por los narcoterroristas de las Farc, como por los narcotraficantes, e ingenuo es el que con candidez crea que el eje del conflicto en el norte del departamento del Cauca no es la coca.

Las referencias anteriores nos ayudan a explicar y entender la manipulación de las imágenes y los juicios de valor sobre las acciones que adelantaron las comunidades indígenas, que actúan de manera colectiva y no precisamente en una “turba cobarde” como lo señala Botero. Baste recordar, por si Botero no lo sabe, que la Guardia Indígena nunca oculta su rostro y siempre se ha mostrado como un mecanismo de autoprotección y de paz de las comunidades indígenas, y que asimismo está conformada por mujeres, niños, niñas, mayores y mayoras, es decir, ellos y ellas no son escudos, ellos y ellas son la propia Guardia Indígena.

Volviendo a las aseveraciones de la columna, la forma de calificar los hechos como un acto de sevicia, que implica “un trato cruel y uso excesivo de la violencia” desconoce, entre otras cosas, las dimensiones del uso de la fuerza de hombres armados (los soldados) frente a la guardia indígena que, como esperamos recuerde el país, no usa armas de fuego.

La calificación de “sevicia” adjudicada a los indígenas poco deja ver las reacciones de los soldados sobre las cuales respondieron los indígenas, por ejemplo, desenfundar sus fusiles, disparar, desasegurar una granada, negarse a salir después de los acuerdos. De la sevicia el señor Botero, así como otros sectores del país y, en particular, las y los voceros de la Organización Pluricultural de los Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC), pasan a señalar estas acciones como infiltradas o “manipu-

ladas por las FARC” e incluso, a los propios indígenas como miembros de esta guerrilla.

Este argumento no es nuevo. Cada protesta numerosa, no solo indígena sino en general de los sectores populares organizados al intentar denunciar la violación de sus derechos, tiende a ser descalificada por parte de los funcionarios del gobierno, las Fuerzas Militares y los medios de comunicación que construyen opinión pública, acusándola de estar infiltrada por la guerrilla. Así, por ejemplo, varios ministros y generales de la policía descalificaron las movilizaciones indígenas y populares del año 2008 en el Cauca como manipuladas por las FARC (El Espectador, 2008).

En gran medida, todas estas afirmaciones desconocen el contexto y la realidad de los pueblos indígenas, que como bien se ha señalado en varios informes sufren flagrantes violaciones de sus derechos, a tal punto que 34 de ellos están en grave riesgo de extinción como lo señala la Corte Constitucional colombiana por medio del acto administrativo que dio origen al Auto 004 de 2009.

Desconociendo esta realidad, algunos periodistas y analistas intentan mostrar una imagen de indígenas violentos, con nexos con las FARC, “como turbas cobardes” que atentan contra la Fuerza Pública, afirmaciones que al ser completamente descontextualizadas refuerzan miradas estigmatizantes sobre las comunidades.

Catalina Ruiz Navarro, en su columna “Muchos Indios”, señaló de manera muy acertada que frases como las del presidente Juan Manuel Santos: “No quiero ver un solo indígena en las bases militares”, dan muestra de los marcados signos de racismo que

Parece que al país poco le gustan indígenas empuñando sus bastones para defender sus territorios, indígenas dignos y movilizados.

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Tejido de Defensa de la vida de la ACIN

aquejan a nuestro país. Ruíz Navarro plantea que tal vez el presidente no se dio cuenta de la ascendencia indígena de muchos de los soldados; pero, peor aún, las señales de racismo no cesan cuando nos hacen creer que “El ejército somos todos los colombianos” y que, por tanto, debemos indignarnos por un soldado que llora, pero no así por indígenas asesinados.

Los mismos medios se han encargado de circular imágenes indígenas “permitidas”, por ejemplo: indígenas custodios de la naturaleza y fuertes guardianes de conocimientos, tradiciones ancestrales y vestidos artesanales. Quizás por eso cuando se muestran las realidades de los pueblos indígenas a quienes se les han vulnerado sus derechos constantemente y que además son afectados por la guerra, sectores de la sociedad colombiana reaccionan, pero no para reconocer esta crítica situación sino, por el contrario, para condenar sus respuestas a la amenaza que se cierne sobre sus territorios y sus vidas.

Parece que al país poco le gustan indígenas empuñando sus bastones para defender sus territorios, indígenas dignos y movilizados.

La búsqueda de la libre determinación continúa La fuerza de la autonomía indígena reside en la construcción de un poder desde abajo que sea reconocido en el propio marco del Estado-nación haciendo cambios y transformaciones en un Estado monolítico. Este levantamiento es más histórico que espontá-

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neo, se trata de la lucha organizada de las comunidades para desarrollar el gobierno, la justicia, la salud, la economía, en fin, la vida, de acuerdo con sus mandatos. Porque el poder, en el proyecto político indígena de los nasa, reside en la comunidad.

Lo que queda claro después de todas las acciones de control territorial indígena es que el Estado y su ejército no protegen a las comunidades. En este sentido, es evidente que la solución es más compleja de lo que le pareció al presidente Santos al proponer el 16 de julio en el marco del consejo de ministros, un Plan de Desarrollo para el Cauca que implica el desarrollo de una política de inversión social, aunque bien viniera reconocer la deuda histórica del Estado con este departamento y con la sociedad popular.

Por ahora, después de los hechos del ejercicio de control territorial se han efectuado conversaciones entre el Gobierno y las autoridades indígenas para iniciar un diálogo serio. La intervención de algunos facilitadores8 ha permitido expresar al Gobierno la voluntad indígena de conversar bajo los siguientes mínimos: las comunidades indígenas seguirán ejerciendo el control territorial en sus territorios, la abstención por parte del Gobierno y la Fiscalía de judicializar a miem8

Hasta la fecha como facilitadores del proceso han participado: Bruno Moro (coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano), Francisco de Roux (padre jesuita), Vólmar Pérez (defensor nacional del pueblo) y Tood Hawland (representante de la ONU para los derechos humanos en Colombia).

bros de las comunidades que participan en el ejercicio de control territorial, el Gobierno no debe hacer señalamientos contra las comunidades, atención a los heridos después del desalojo efectuado por el ejército a las comunidades indígenas que estaban en el cerro de Berlín, participación de garantes en las conversaciones (Acta de reunión de facilitación, julio de 2012).

Tras varias discusiones entre voceros indígenas y delegados del Gobierno nacional se concretó para el día 15 de agosto la visita del presidente Santos al sitio de Convivencia, diálogo y negociación de La María Piendamó.

Los indígenas presentaron varias exposiciones señalando sus problemas y propuestas en relación con: autonomía y control territorial, derechos humanos, conflicto armado y paz, tierra y territorio, sistema de salud propio, sistema de educación indígena propio y comunicaciones. El presidente saludó el diálogo y reiteró fundamentalmente que las comunidades indígenas no son guerrilleras e instó a los medios de comunicación a manejar con mayor objetividad la información sobre sucesos que involucran a las comunidades y que al ser presentados de una manera descontextualizada generan una opinión pública negativa hacia las comunidades. El evento finalizó con la propuesta de iniciar mesas de discusión entre funcionarios del Gobierno y voceros de las comunidades indígenas en torno a los temas de paz y conflicto armado, territorialidad y derechos económicos, sociales y culturales. El consejero mayor del CRIC planteó al presidente tres pro-

puestas para su discusión: 1) cancelar todas las concesiones mineras o solicitudes en los territorios indígenas; 2) denegar la personería jurídica de la OPIC por considerar que ha sido agenciada por gobiernos anteriores como una organización paralela a las organizaciones legitimas indígenas, y 3) retirar la Fuerza Pública del cerro el Berlín. Aun cuando el presidente afirmó que no podría dar una respuesta a estas solicitudes y que las estudiaría, señaló que era un compromiso del gobierno iniciar los diálogos y obtener resultados en dos meses.

Hasta ahora se han generado escenarios para empezar un diálogo que tiene de fondo el duro pulso que se juega Santos con Uribe para mostrar si, a fin de cuentas, la política de seguridad democrática impulsada por el expresidente en su primer periodo presidencial, e implementada por quien en ese entonces era su ministro de defensa, el actual presidente de Colombia, ha desmejorado con las decisiones del actual Gobierno. La pregunta que subyace es qué tan capaces serán Santos y su equipo de gobierno para resolver el conflicto en el Cauca. Lo que está claro,

Este levantamiento es más histórico que espontáneo, se trata de la lucha organizada de las comunidades para desarrollar el gobierno, la justicia, la salud, la economía, en fin, la vida, de acuerdo con sus mandatos.

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es que aunque Santos muestra a través de sus emisarios voluntad para los diálogos, los mensajes de señalamiento a las comunidades, de aumento de efectivos de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca, no avizoran que haya un buen entendimiento de las propuestas indígenas y menos una comprensión de su llamado a “parar la guerra”, a pensar la paz.

Mientras el Gobierno siga pensando que las acciones indígenas obedecen a órdenes de comandantes de la guerrilla de las FARC,

lejos estamos de convencernos de la necesidad de paz para el país, y de entender que no solo los indígenas están cansados de la guerra, aunque son y han sido sus luchas las que una vez más nos hacen voltear la cara para pensar que la paz nunca podrá ser si solamente se sientan a definirla y a construirla quienes hacen parte de la clase política y de los grupos armados. De todos modos, el llamado desde el cerro de Berlín tendrá su eco y los vientos seguirán haciendo brotar de las entrañas de la tierra y de la fuerza comunitaria muchos más levantamientos.

Referencias ACIN (2012). Carta de la Cxhab Wala Kiwe dirigida a Vólmar Pérez, defensor del pueblo; Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, y Tood Howland, delegado en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Acta de reunión de facilitación.

Consultada el 3 de agosto de 2012 en: http://www.caracol.com.co/docs/20120719_ActadeReuniondeFacilitacionToribio.pdf Alcaldía de Toribío (2012). Plan de desarrollo “El futuro lo construimos entre todos y todas”. Toribío, Cauca.

Botero, M. (2012, 22 de julio). “Turba cobarde: un pleonasmo”. El Espectador. Consultado el 3 de agosto de 2012 de http://www.elespectador.com/opinion/columna-361604-turba-cobardeun-pleonasmo CRIC (2011). “Terminar la guerra, defender la autonomía, reconstruir los bienes civiles y construir la paz”. Consultado el 2 de agosto de 2012 de: http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0264/pdfs/Pronunciamiento%20Toribio%2020%20 de%20julio%202011%20CRIC.pdf Ruiz-Navarro, C. (2012, 18 de julio). “¡Muchos indios!”. El Espectador. Consultado el 3 de agosto de 2012 de http://www.elespectador.com/opinion/columna-361064-muchos-indios.

El Espectador (2008, 14 de octubre). “FARC habrían infiltrado protestas indígenas en la Vía Panamericana”. Consultado el 2 de agosto de 2012 de: http://www.elespectador.com/ noticias/nacional/articulo43678-farc-habrian-infiltrando-protestas-indigenas-viapanamericana El Espectador (2012, 17 de julio). “Santos: ‘Lo que estamos viendo son hechos inaceptables’”.

Consultado el 3 de agosto de: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo360786-santos-estamos-viendo-son-hechos-inaceptables Hincapié, L. M. (2012, 22 de julio). “En el Cauca hay una deuda social para saldar”: general Alejandro Navas”. El País. Consultado el 4 de agosto de 2012 de: http://www.elpais.com.co/elpais/ judicial/noticias/en-cauca-hay-deuda-social-para-saldar-general-alejandro-navas.

El caso de pequeñas y medianas minerías en el Cauca: ¿Alternativas o amenazas a la autonomía indígena?

Catalina Caro

Catalina Caro Galvis* Yeromines Valencia** En la entrega anterior de esta revista se analizaban y se proyectaban con acierto las tensiones políticas y económicas que acontecían en las comunidades indígenas del Cauca frente a la “reconquista minera” anunciada por los últimos dos gobiernos colombianos.

La amenaza frente a las provocaciones de la supuesta gran minería de bajo impacto en clave de modelo de responsabilidad social empresarial, la creación de un circuito minero indígena, el peligro de la posible gran minería indígena, así como el debate entre los efectos e impactos de la pequeña y la mediana minería en las comunidades y su lugar

en la economía propia fueron anunciados dejando varias preguntas: ¿Es la pequeña y la mediana minería una alternativa económica real para las comunidades teniendo en cuenta su carácter de economía de enclave y los efectos culturales y ambientales anunciados? ¿Qué hacer con las nocivas consecuencias del actual Código Minero y las nuevas disposiciones legales producto del boom mineroenergético frente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas? ¿Cómo se relaciona la minería con la situación de conflicto armado que signa el territorio de las comunidades caucanas? (Houghton, 2011).

* Antropóloga e investigadora de la Corporación Ensayos, integrante del Equipo de Investigación Minera, de la Casa del Pensamiento ACIN. * * Economista, investigador indígena del equipo de la Casa del pensamiento ACIN. Equipo de Investigación Minera, Casa de Pensamiento Chaxb Wala Kiwe.

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En sintonía con estas inquietudes, desde la casa de pensamiento de la Chaxb Wala Kiwe nos propusimos entender y profundizar el fenómeno minero en la zona norte del Cauca caracterizándolo y analizando los efectos culturales, políticos y económicos que dichos emprendimientos mineros han desatado en las comunidades. Con sorpresa, y pese a las múltiples advertencias acerca del peligro de la gran minería, encontramos que el norte del Cauca Indígena está siendo literalmente asediado por las pequeñas y medianas industrias mineras que, aprovechando la condición de zona minera indígena que cubre a gran parte de este sector, han transformado no solo la vocación agrícola de algunas comunidades, sino que también han contribuido a la agudización de los conflictos político-organizativos y al conflicto armado dentro de los territorios de los resguardos y las zonas de confluencia interétnica.

En este artículo examineramos el caso de la Zona Mínera Indígena Delicias-Canoas, la cual presenta dos escenarios interesantes frente al aprovechamiento y control de los recursos mineros realizado por las comunidades y los cabildos respectivos. Presentamos el fenómeno minero desde la perspectiva y afectación al pueblo nasa de estas zonas, y las respuestas políticas y económicas del mismo a la actividad minera.

De las zonas mineras indígenas, “la protección del territorio” y sus peligros El Cauca es el departamento que cuenta con el mayor porcentaje de zonas mineras indígenas (ZMI) declaradas en el país, el 55,3% del total que corresponde a 116.312.23 ha.

De las siete zonas mineras indígenas del Cauca cuatro se superponen en mayor o menor medida con los municipios que integran la zona norte, con aproximadamente 100.000 ha. Hay otras ZMI en proceso de legalización ante el Ministerio de Minas y Energía el Resguardo de Huellas, Caloto.

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Zona minera

Área

Año de declaración

Delicias-Canoas

19.079 ha

1996

Miranda-Pitayó

51.503 ha

1993

Pisno

18.033 ha

1998

Jambaló

12.992 ha

2010

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, (2012).

Las zonas mineras indígenas fueron declaradas en el marco del Código Minero de 1988 por la autoridad minera, como zonas en donde se establece potencial minero y se otorga a las comunidades indígenas derechos de prelación sobre la explotación de los recursos que se encuentren en estos territorios. Estas zonas cuentan con una regulación especial y una serie de medidas que determinan procedimientos específicos respecto a quiénes, dónde y cómo se explotan minerales en territorios de resguardo.

Para el caso del norte del Cauca, en las zonas mineras encontramos principalmente emprendimientos mineros de carácter individual y comunitario; específicamente en la ZMI de Delicias, el cabildo indígena, en asocio con particulares pertenecientes a la comunidad afrodescendiente de la vereda de Mirasoles, realizan explotación de or’o a mediana escala a través de una asociación comunitaria. En los resguardos de Canoas y Munchique, durante los tres últimos años, los comuneros han incrementado la explotación minera artesanal de socavón y aluvión, fundamentalmente en las veredas Vilachi, Paez, Arbolito y El Cóndor del Resguardo de Canoas, y las veredas Arauca y La Honda del Resguardo de Munchique. En estos casos, la explotación es realizada por personas de la comunidad y recientemente se han identificado oleadas migratorias de mineros procedentes de los municipios de Suárez y Buenos Aires. Asimismo, en la zona minera de Pitayó-Miranda y en Jambaló se encuentran empresas comunitarias dedicadas a la explotación de mármoles y calizas, materiales de

construcción y caolín, y explotación de oro individual principalmente en la cuenca del río Isabelilla.

Pese a que esta figura (ZMI) cuenta con una serie de ventajas asociadas a la prelación para la exploración y la explotación, y a los procesos de consulta con las autoridades tradicionales en caso de terceros interesados, las zonas mineras indígenas por su naturaleza jurídica y, sobre todo, por su lugar en el ordenamiento territorial minero-estatal, se han convertido en un escenario de desafío a la autonomía indígena y en un muro poroso y frágil ante la avanzada de la gran minería sobre todos los territorios indígenas del país.

Justamente, el incremento de la actividad minera a pequeña y mediana escala en el Cauca, y específicamente en la zona Norte, está asociado con estas supestas “ventajas”.

Las zonas mineras indígenas que fueron concebidas en un principio como una figura de protección territorial resultaron luego convirtiéndose en un dolor de cabeza para los cabildos; primero por los altos costos del canon superficial que deben pagar, y segundo, como resultado del derecho prelación, la peligrosa transición de la vocación agrícola a la minera de muchas comunidades.1 Esto no es todo, las tensiones políticas entre los cabildos, los sectores mineros indígenas y no indígenas, y la agudización del conflicto armado han configurado en estas zonas una compleja amalgama que desafía el ejercicio de autoridad de las organizaciones indígenas y de los cabildos. Además, la constante persecusión y señalamiento a los sectores mineros artesanales tanto por el Estado con sus políticas que favorecen y estimulan el 1

El derecho de prelación consignado en el artículo 124 de la Ley 685 de 2001, declara que las comunidades y los grupos indígenas tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera indígena. Este derecho ha hecho que las comunidades soliciten concesiones así no quieran explotar, todo ello como un mecanismo de protección al territorio frente a la amenaza de terceros. En muchos casos la comunidad, a propósito de las concesiones solicitadas, ha empezado a explotar sin ser esta su actividad económica tradicional.

desarrollo de la gran minería, como por los actores armados ilegales que ya están involucrados y controlan la actividad minera, se ha agudizado poniendo en peligro la vida y el sustento de estas personas.

Respecto a la gran minería, el norte del Cauca cuenta con aproximadamente 1166 solicitudes (Indepaz, 2011) principalmente de la Anglo Gold Ashanti. Pese a la continua presión que ha ejercido esta empresa a las autoridades de varios cabildos como los de Delicias, Munchique y Canoas según informes de los gobernadores, la amenaza de la megaminería ha sido neutralizada por los mandatos comunitarios y la movilización.2 No obstante, la migración de medianos mineros venidos del enclave minero SuárezBuenos Aires ha encendido las alarmas, ya que muchas de estas cuadrillas han llegado principalmente al muncipio de Santander de Quilichao, parte de la zona minera indígena de Delicias-Canoas, y han reactivado “el negocio minero” dentro de los resguardos, atrayendo comuneros y comuneras a la exploración y abriendo también un peligroso boquete para la entrada de la gran minería.

La arremetida de la pequeña y la mediana minería La minería, como actividad asociada al proceso de industrialización de las sociedades, ha cumplido un papel importante en el desarrollo técnico y tecnológico, en el sostenimiento energético del mundo capitalista y en el desarrollo urbanístico, arquitectónico e infraestructural. Asimismo, la actividad minera ha sido un práctica ancestral de los pueblos indígenas prehispánicos, los pueblos afrodescendientes y muchos sectores campesinos que han visto en la minería un complemen2

Mandato Tradicional, cabildo indígena - Resguardo de Canoas 2011; Conclusiones Primer Congreso local Resguardo indígena de Canoas, marzo 2010; Lineamientos de la política minera indígena en el marco de la defensa territorial CRIC, 2010; Resolución 004; Minga de Pensamiento Congreso zonal ACIN, 2009, y Minga de pensamiento Económico-ambiental, 2009.

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Ir a tabla de contenido La pequeña y mediana minería es responsable también de los pasivos ambientales que existen en muchas zonas; las preguntas acerca de quiénes, cómo, dónde y qué se explota son cruciales. to a la agricultura para su supervivencia. En el caso específico de los pueblos indígenas, la minería artesanal, que es principalmente la que se practica con batea en río, además de complementar las actividades ecónomicas propias ha cumplido un papel en la vida ritual y simbólica de las comunidades. Por ejemplo, para el caso de las sociedades prehispánicas como los muiscas o quimbayas, muchos de sus objetos cosmológicos fueron elaborados en oro y plata; estos objetos, además de representar su mirada del mundo y sus dioses, fueron objetos de poder. El oro estaba asociado con la fertilidad, el sol era el padre del oro y se nutría de él, por eso siempre fue un material ofrendatorio y garantizó el buen vivir de las comunidades con sus dioses (Reichel-Dolmatoff, 2007). De esta manera los minerales in situ, así como los manufacturados, han tenido y tienen un papel en el equilibrio y la vitalidad de la cultura, por tanto su explotación y manejo es un asunto político y espiritual.

Estas dos caras de la minería han ambientado los debates contemporáneos acerca de la incursión de la megaminería en el país y de la bonanza minera a escala local y regional, teniendo como fondo la cuestión ambiental y los costos sociales y culturales que estos tipos de minería implican. Mientras las grandes minerías que impulsan los desarrollos industriales han acaparado la atención del modelo económico nacional, y son parte de la planeación estrategica Colombiana, la minería artesanal y la minería en pequeña y mediana escala han sido fuertemente crimi-

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nalizadas y perseguidas, primero declarándolas jurídicamente inexistentes e ilegales, y segundo restringiendo su posibilidad de “legalización” por medio de inalcanzables requisitos técnicos que las condenan a la clandestinidad.

Esta readecuación jurídico-política a favor de la gran minería ha significado para los sectores artesanales pequeños y medianos enormes retos en términos de la movilización social frente a sus derechos y frente a la responsabilidad ambiental que su práctica implica a nivel local. Sin llegar a ser recalcitrantes, es evidente que la pequeña y mediana minería que trabaja con retroescabadoras, motobombas, explosivos, sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro para extraer el oro, son definitivamente nocivas para el equilibrio ambiental de los ecosistemas y causan a la postre los mismos impactos que la minería a gran escala.

La contaminación producida por la actividad minera tiene que ver técnicamente con la configuración geológica de nuestro territorio. Infortunadamente para el caso del oro, que es el que nos ocupa, los depósitos mineros en los Andes colombianos son esencialmente pórfidos cupríferos, lo que significa depósitos de minerales de baja ley, bajas concentraciones y altos contenidos de sulfuros y piritas; esta carácterística orgánica y química hace que exista una mayor proporción de material contaminante que mineral en sí. Los sulfuros de distintos tipos que circundan los minerales, al entrar en contacto con el oxígeno en la explotación, inician un proceso típico de acidificación que es el principal responsable de la contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas (Fierro, 2012).

Este proceso geoquímico inevitable ocurre en la pequeña, la mediana y la gran minería, lo que nos indica que la contaminación es parte casi esencial de la labor minera. Asimismo, las bajas concentraciones

hacen que se requiera un mayor número de procesos para obtener el material y que las cantidades de residuos contaminantes sean mucho mayores. La extracción de roca con fines mineros resulta incompatible entonces con la conservación del agua, primero por la pérdida de gran cantidad de acuíferos y la remoción de suelos orgánicos, minerales y fauna que son irrecuperables (Fierro, 2012).

La pequeña y mediana minería, por su “naturaleza”, es responsable también de los pasivos ambientales que existen en muchas zonas del país, y aunque el debate sociocultural, económico y laboral frente a estas minerías es necesario, las preguntas acerca de quiénes, cómo, dónde y qué se explota son cruciales. Primero, para pensar en el futuro ambiental del país, y segundo, para construir de manera conjunta, plural e intercultural lineamientos de manejo para estas minerías, orientados a la disminución de sus impactos, su posible desmonte progresivo y los sistemas de compensación que también deben realizarse en las comunidades afectadas y con los ecosistemas entendidos de manera amplia (naturaleza y gente).

En el caso de los pueblos indígenas del Cauca se ha manifestado un rechazo férreo a las minerías trasnacionales y de gran escala, por medio de los mandatos de las autoridades y, en muchos casos, por acciones de hecho como desalojos a multinacionales y movilizaciones en contra de la megaminería.

No obstante, el Cauca ha sido históricamente un escenario de la práctica minera artesanal, y actualmente de la pequeña y mediana, en donde como vimos el debate ambiental y cultural no es menor, y como ha sido ilustrado en varios casos —Serra Pelada en Brasil, Wassa West en Ghana (Loingsigh, 2010)—, los daños han resultado irreversibles.

La actividad minera en el norte del Cauca ha estado caracterizada por la exploración y explotación de varios minerales, entre los que se destacan el oro, la plata, los mármoles, las

calizas, los materiales para la construcción (materiales de río, tierras para la elaboración de tejas, ladrillos y otros) y la bauxita. Esta explotación, como se mencionó, ha sido realizada por las comunidades indígenas y afrodescendientes quienes ancestralmente han practicado la minería artesanal.

No obstante, durante los últimos años, la asignación de zonas mineras étnicas en el territorio y el incremento de la migración de cuadrillas mineras venidas de otros departamentos hacia los municipios de Suárez y Buenos Aires ha transformado las costumbres de extracción y beneficio artesanal por una progresiva mecanización de la actividad minera y por la utilización de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro para la captación del oro. Estas prácticas, además del irreparable daño ambiental, han generado nuevos conflictos en las comunidades por la extracción de recursos mineros asociados con el lugar de la autoridad indígena en el control y ordenamiento de estos recursos, los impactos culturales con la llegada de nuevos modelos de vida a las comunidades, y la agudización del conflicto armado.

La zona minera indígena Delicias-Canoas: ¿explotar o no explotar?

La ZMI de Canoas-Delicias tiene jurisdicción en los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, en donde desde tiempos ancestrales las comunidades, en su mayoría afrodescendientes, han trabajado la minería artesanal del oro. Las comunidades indígenas de los nasa, luego del intenso proceso de extracción minera sucedido en la Colonia y parte de la época republicana abandonaron la práctica minera y solo hasta hace unos veinte años apróximadamente, debido a la incursión de empresas multinacionales en búsqueda de yacimientos para la extracción, algunas comunidades han reactivado su interés minero.

Este es el caso de la comunidad indígena de Delicias, que se encuentra ubicada

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al sur del municipio de Buenos Aires, con aproximadamente 1.145.462 (ha) de resguardo legalmente constituido (Chxab Wala Kiwe (2002). El Resguardo de Delicias cuenta con aproximadamente diez veredas que se situán en lo que podríamos denominar una zona de confluencia interétnica con presencia de comunidades afrodescendientes, campesinas y mestizas. Las primeras familias nasa que se ubicaron en el territorio de Delicias son resultado de una amplia y sostenida migración proveniente de los territorios de Jambaló, Munchique y Caldono. Estos hicieron parte de los grupos de terrajeros que llegaron a las grandes haciendas a emplearse y posteriormente, gracias a los procesos de recuperación de tierras empredidos en los años setenta, se asentaron definitivamente en el territorio.

Catalina Caro

Esta zona cuenta con depósitos auríferos localizados en los alrededores del cerro Teta o Catalina que es un sitio sagrado para el pueblo indígena nasa, y en donde se concentra la mayoría de la extracción minera de la zona. Precisamente, desde principios del siglo XX multinacionales japonesas, canadienses y ahora la conocida Anglo Gold Ashanti, han pretendido entrar con distintas estrategias a la región. La comunidad ha sido siempre renuente a estas incursiones y, debido al asedio de estas grandes mineras, hacia los años noventa se crea la zona minera indígena como “estrategia de protección territorial”.

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…nosotros nos tocó un proceso durísimo porque los gobernadores anteriores lo que hicieron fue delimitar la zona y crearon la zona minera indígena que coge toda la zona que es Munchique, Canoas, Guadualito, Concepción, Delicias, coge una partecita de Huellas — Caloto […] Estas zonas se declararon con el fin de que las multinacionales no entraran, proteger la zona y los gobernadores de ese entonces lo hicieron con una buena intención; que era proteger la zona, porque se pensó que las zonas mineras protegían pero realmente no es así. Las zonas

mineras no protegen ya!, las zonas mineras la única ventaja que tiene es que usted es el dueño de ese título y por lo tanto tiene el derecho de prelación (Entrevista a comunero Resguardo Delicias, 2011).

No obstante, la Anglo Gold Ashanti, que había solicitado títulos en toda esta zona — sin consulta previa, por su puesto—, durante los años 2005 y 2006 sostuvo una serie de negociaciones con varios cabildos y con la organización indígena zonal que resultaron en la expulsión de esta compañía. Hacia finales del año 2010, el cabildo indígena de las Delicias decide reingresar a las actividades mineras, de manera comunitaria por medio de una asociación llamada Mirasoles, que se creó en conjunto con dos particulares pertenecientes a la comunidad afrodescendiente y específicamente al Consejo Comunitario de Mazamorrero.

Dado el carácter interétnico de esta región, y las luchas por la tierra y la protección de la minería artesanal sostenidas en conjunto entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, la actividad minera ha sido una excusa para el intercambio de saberes y el fortalecimiento de los lazos comunitarios en el territorio. Pese a que en otras latitudes de la zona norte se han presentado fuertes disputas entre estas comunidades, en el caso de la comunidad de Delicias existe una cooperación económica y política asociada, en primer lugar, a la recuperación histórica del territorio y a la lucha también histórica por la “protección” y el aprovechamiento de los recursos mineros. La empresa comunitaria funciona con participación de comuneros indígenas fundamentalmente, quienes en turnos realizan la extracción de oro en modalidad de socavón. Asimismo, las ganancias son destinadas al funcionamiento de la Asociación (jornal de los trabajadores, compra de maquinaria, etc.), y lo que resta es repartido entre los socios; la porción correspondiente al cabildo es reinvertida en fincas

comunitarias en donde los trabajadores mineros deben también tener su parcela y alternar su trabajo en la mina con la agricultura de subsistencia.

Pese a la cooperación y la importancia de una apuesta propia de aprovechamiento de los recursos mineros y de los títulos otorgados en el marco de la ZMI, es importante analizar en este caso lo que significa para la comunidad política indígena del norte del Cauca decidir hacer minería. Aunque no es algo nuevo ni es la única comunidad indígena del Cauca que la hace, el panorama actual que privilegia los intereses multinacionales y ha adecuado la institucionalidad para la “prosperidad megaminera” no da mucho espacio para que las comunidades se organicen y sus emprendimientos económicos resulten sostenibles.

Muchas veces estas apuestas por las medianas minerías resultan en caminos propicios para la entrada de la amenaza multinacional, dado que la industria y la legislación se mueven acorralando a los pequeños y muchas veces coptándolos. Además, y como ya lo anunciamos, los efectos ambientales de estas minerías son nefastos. Por ejemplo, en el caso de la empresa comunitaria minera de Mirasoles encontramos grandes depósitos de arenas resultado de la trituración de las rocas que luego son lavadas y pasadas por piscinas de cianuro. Estos depósitos que se apilan alrededor de las piscinas de cianuración y no son tratados, sufren procesos de meteorización y producen altos niveles de contaminación en la parte alta de la microcuenca del río Mazamorrero, tributario del río Teta.

Aunque las comunidades y el cabildo están adelantando medidas para mitigar los efectos ambientales que el proceso minero ha desatado, aún existen muchas dudas acerca de cómo se realizará dicho proceso. Ni en el nivel local (cabildo), ni el zonal (ACIN), hay instrumentos propios para la medición de impacto ambiental, compensa-

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ción de daños, cálculo de pasivos ecológicos, etc. La información recopilada acerca de los emprendimientos mineros en los territorios y sus afectaciones es poca y, por tanto, es un desafío para la organización repensar la problemática minera en perspectiva ambiental, por una parte, y en clave de las transformaciones en la vocación económica de las comunidades, por otra. Aunque en Delicias el cabildo ha intentado por medio de las fincas comunitarias incentivar la agricultura y hacer pervivir las prácticas ancestrales asociadas al nasa tul,3 en otros lugares las y los comuneros deciden muchas veces dedicarse únicamente a la minería y perder su autonomía alimentaria y la identidad con la tierra que es en sí su territorialidad.

Justamente, dentro de la misma ZMI Delicias-Canoas encontramos otra realidad de la actividad minera que apunta a estos cambios culturales que venimos anunciando.

El resguardo indígena de Canoas se encuentra ubicado en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao con aproximadamente 931 ha de resguardo y 23 veredas.

Esta zona, al igual que Delicias, tiene una tradición minera colonial que dinamizó durante un largo periodo la economía local y trajo un gran número de población esclava para la explotación de las minas. De hecho, muchos de los indígenas que hacen parte del resguardo de Canoas han venido de Jambaló y Toribio, así como la población afrodescendiente que se asentó tanto en las veredas del ahora resguardo como en la cabecera municipal de Santander de Quilichao. Encontramos rastros de los poblados coloniales dispuestos para la actividad minera refleados en las capillas doctrineras de la vereda de Dominguillo, La Vetica y Vilachí (Collazos, 2011).

Esta tradición minera, desarrollada en conjunto por las comunidades indígenas y 3 El nasa tul es la huerta tradicional del pueblo nasa en donde se encuen-

tra productos para el autoconsumo y la medicina tradicional. La huerta o parcela nasa se concibe como un armazón que está cubierto por un abrigo, cultivar es similar a enredar y entretejer (Yule y Vitonás, 2012).

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afrodescendientes, con los años se fue desestimulando y otras actividades agrícolas y comerciales caracterizaron la economía de la zona. No obstante, hacia el año 2008, con la arremetida de la Anglo Gold Ashanti sobre todo el territorio caucano, y en este caso con doce solicitudes sobre el resguardo de Canoas, el tema minero volvió a ser parte de la agenda política y económica del cabildo.

Según la información recogida y analizada junto con el equipo de investigación minera del resguardo de Canoas, después de varias negociaciones, y al igual que en el caso de Delicias, la multinacional Anglo Gold, codiciando las reservas ubicadas en el cerro Munchique que tiene jurisdicción tanto en el resguardo de Canoas como en el de Munchique, y es un sitio sagrado para el pueblo nasa, fue expulsada y las autoridades indígenas insistieron en un rechazo tajante a la gran minería en sus territorios. Sin embargo el cabildo, presionado por la Alcaldía y el Ministerio de Minas, tuvo que hacer valer su derecho de prelación adquiriendo títulos con el fin de adelantarse a las solicitudes de las grandes multinacionales. Esto, además de acarrear altos costos frente al canon superficial, dejó abierta la posibilidad para exploración, siendo este hecho el germen de las dificultades que actualmente se presentan.

Comuneros y comuneras de varias veredas, principalmente de la vereda el Cóndor, durante los años 2009 y 2010, a propósito de los títulos adquiridos, avivan la intención de practicar minería en algunos socavones abandonados en la parte alta del cerro Munchique. Pese a las discusiones y discrepancias presentadas en varios encuentros con el cabildo, los comuneros mineros empiezan el trabajo afectando a la comunidad y contaminando fuentes hídricas que surten los acueductos veredales. Esta situación pone en alerta al cabildo y se intenta hacer algunos acuerdos. No obstante, las y los mineros incumplen y el cabildo y la guardia indíge-

na, en su ejercicio de autonomía y control territorial, suben al cerro, decomisan la herramienta y hacen un cierre definitivo del socavón. Pese a esta acción, la expectativa de las nuevas familias mineras crece y sin haber llegado a un acuerdo continúan la exploración en otros socavones alrededor del cerro.

El auge de la pequeña minería en el resguardo hecha por comuneros, y las primeras entradas de la mediana minería realizadas por personas extrañas a la comunidad que comenzaron a asentarse en las riberas del río Mondomo, sin consulta previa, ni consentimiento alguno de las autoridades del cabildo, prendieron las alarmas. Así, el 20 de marzo de 2010, como parte de los mandatos de los congresos del pueblo nasa, la comunidad de Canoas, en compañía de la comunidad de Caldono también afectada, realizan un desalojo de maquinaria minera en la vereda Arbolito del muncipio de Santander de Quilichao, en donde personas aún no identificadas y algunos comuneros desarrollaban actividades mineras con retroexcavadoras y motobombas.

Según el gobernador del cabildo, en el periodo 2011-2012 la presencia de estos medianos mineros impactó de manera importante la dinámica cultural y familiar de la comunidad. La gente, con el ánimo de barequiar, esperaba horas para que la maquinaria diera espacio y ellos pudieran trabajar; hombres y mujeres empezaron de descuidar las actividades agrícolas, el cuidado de sus hijos menores e incluso a promover el trabajo infantil. […] Porque ya el personal de las veredas cercanas en ese caso hablamos de la vereda El Parnaso, Arbolito y otras por ahí de zonas campesinas, la comunidad ya no empezaba a mandar los hijos a las escuelas porque empezaba a irse el papá y la mamá todo el día desde las 6 de la mañana y hasta ya ni siquiera vivían en la casa sino que ponían un cambuche allá cerca del río donde está el

trabajo de minería, donde está la maquinaria y ellos se quedaban allá. […], aparte de eso cuando la persona en ese caso los adultos que trabajan en minería también a veces se llevaban los más grandecitos (Entrevista a comunero del Resguardo Canoas, 2011).

Además de estas acciones de hecho, la comunidad reunida en el primer congreso local del resguardo discutió acerca de la problemática minera, agendando tareas en materia ambiental, legislativa y educativa. En este congreso precisamente, el debate frente a la pequeña y la mediana minería en el resguardo toma centralidad en el ejercicio de poder local, no solo porque se anticipa la agudización de la explotación, sino que se hacen evidentes las primeras fracturas político-organizativas que la minería produce.

Sectores de la comunidad que dicen no tener tierra ni apoyo del cabildo salen en defensa del negocio minero, según opiniones de los comuneros la minería se ha convertido en una excusa para profundizar viejos desacuerdos entre el cabildo y la comunidad. […] Peleas casadas por la minería, que se dan por inconformidad con el cabildo y hay rebeldia y se toma la minería como una excusa para desafiar al cabildo […] Cuando llegó la minería estas personas empezaron a hablar con la gente que tenía predios alrededor del río, al parecer se hizo contratos de arrendamiento, inclusive porque para dañar cierto espacio de terreno se pagaba.

Hubo mucha gente que recibió plata (Taller equipo minero Resguardo de Canoas).

En el año 2011, a raíz de la agudización de la explotación minera y con ello el incremento de la presencia de grupos armados en el resguardo, se expide en marzo un mandato tradicional por el cual se decide realizar una minga de armonización y defensa territorial.

En el mandato también se decide como acción para armonizar el territorio “expulsar las actividades mineras que se desarrollan en el resguardo y sus alrededores, retomando las tierras colectivas destinadas para es-

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tos fines a través de mingas de recorrido que armonizarán el territorio” (Collazos, 2011).

Este mandato por supuesto, profundizó las divisiones y los desacuerdos con los sectores mineros que para este tiempo estaban conformados por comunidad indígena censada, campesinos y mestizos o “paísas” venidos de varios lugares del país pero más específicamente del municipio de Buenos Aires.

Como parte de las actividades previstas en el congreso local de 2010, el resguardo de Canoas y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), específicamente la Casa de Pensamiento, realizó un apoyo técnico, político, legislativo y ambiental con el fin de diagnósticar e intentar reconocer las dimensiones de la problemática minera en este territorio. En los recorridos, charlas y talleres realizados con la comunidad se pudo constatar que la minería a pequeña escala se está convirtiendo en una de las actividades económicas principales del resguardo; que el cerro Munchique, antes codiciado por las multinacionales, hoy está en manos de la pequeña minería en un proceso de degradación y contaminación ambiental importante que es necesario evaluar y reglamentar.

Muchos de los socavones que las cuadrillas mineras están explotando son contiguos a nacimientos de agua que abastecen los acueductos comunitarios de las veredas de Páez, la Vetica y Dominguillo. Asimismo, la explotación de minas de balastro está causando problemas de desgaste y remoción en masa que afectan las viviendas y la infraestructura vial para la comunicación. Además de las afectaciones de los emprendimientos mineros a mediana escala realizados en la verda Arbolito que convirtieron un antiguo bosque nativo en un desierto.

A estas afectaciones al patrimonio cultural y ambiental del pueblo nasa de Canoas se suman los problemas de violencia e inseguridad traídos por la minería. La vereda el Cóndor y Vilachí, por ejemplo, que antaño

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fueron azotadas por la fuerte presencia de grupos armados, hoy vuelven a ser presas de la violencia. La minería y los intereses sobre el control de la producción y la comercialización han reactivado los actos violentos en medio de la comunidad, dejando ya varias personas muertas que estaban vinculadas en lo que podemos llamar la “fiebre minera en Canoas”. Amenazas de grupos de conservación que han sentenciado a las cuadrillas mineras para que salgan del territorio, y el sector minero que se enfrenta constantemente a la autoridad indígena y también a las comunidades afectadas, son algunas de las acciones que configuran un escenario de violencia y persecución que pone en peligro a las comunidades y a la organización indígena.

Como cualquier economía de enclave, la minería transforma la circulación del dinero y del valor, trayendo a las comunidades grandes cantidades de dinero que modifican las concepciones acerca de sus necesidades y el consumo. En Canoas, la población joven que está vinculada con la minería no solo ha aumentado sus consumos suntuarios reflejados en la ingesta de alcohol, drogas, compra de motos, etc., sino que el dinero está transformando la misma concepción indígena de la tierra y de los recursos. Mientras que para los mayores y los médicos tradicionales el cerro Munchique es un lugar que debe cuidarse y preservarse, para las nuevas generaciones el cerro es la despensa del dinero y los valores culturales asociados a este sitio sagrado han desaparecido.

Emprendimientos mineros indígenas, ¿una alternativa para la economía propia?

Todos estos impactos y transformaciones que ha traído la industria minera en pequeña y mediana escala a las comunidades nos hacen reflexionar acerca de si la actividad minera es una alternativa económica para los pueblos indígenas, y en qué medida reglamentar o “moderar” la actividad garantiza: primero, la conservación de los valores culturales y la

concepción nasa de la tierra y los recursos; segundo, el uso respetuoso de la madre tierra y la conservación de los ecosistemas, tres la restitución o compensación de los daños ya hechos a la naturaleza y a las comunidades, y tercero, una política minera propia que blinde los territorios frente a las amenzas de la gran minería.

Estamos convencidas y convencidos de que la minería en cualquier escala, excepto la artesanal con batea en río, tiene enormes e irreversibles consecuencias para los seres humanos y las sociedades. No existen casos de minería sustentable, las minerías mecanizadas y la contaminación asociada a ellas es para siempre; ni se mitiga, ni se corrige.

La tierra se ha formado durante millones de años, y cuando es “revuelta” como dice la gente, nunca vuelve a ser la misma; geofísica y geoquímicamente la restauración de los daños producidos por la minería no serán vistos por la humanidad como la conocemos. Si es así, ¿por que insistimos en hacer minería?

La apuesta económica del movimiento indígena debería orientarse definitivamente

a una trasformación sistémica del modelo económico y de desarrollo que apunte a la armonía y la vida digna de todos los seres del planeta. La ancestral y especial relación de los pueblos indígenas con la naturaleza debe continuar siendo el motor para contrarrestar estas “provocaciones” del capital, que como sabemos prometen prosperidad y desarrollo pero al final solo dejan hambre, miseria y profundas fracturas en la cultura y el tejido social.

Aunque las comunidades y la organización local y regional ha respondido frente a esta “reconquista” con deliberación, movilización, mandatos y algunos intentos por delinear una política minera propia, estos esfuerzos son insuficientes para entender la dimensión social y ambiental de este fenómeno. La discusión frente a sostener esta actividad dentro de los resguardos sigue vigente, y desde todos los ángulos la organización tiene un compromiso para entender con información e investigación los matices de la minería y sus efectos en todos los territorios del norte del Cauca.

Referencias Chxab Wala Kiwe (2002) Estudio socioeconómico Resguardo de Delicias.Planeación, Santander de Quilichao.

Collazos, A. (2011). El proceso histórico, organizativo y político del Resguardo Indígena de Canoas.

Cali: Cabildo Indígena de Canoas.

Fierro, J. (2012). Políticas Mineras en Colombia. Bogotá: ILSA. Houghton, J. C. (2011). Debates indígenas ante la reconquista minera del Cauca. Señas. Revista de la Casa de Pensamiento — ACIN, 1. Santander de Quilichao: ACIN. Indepaz (2011). Sesion II. “Diplomado de minería y Derechos Humanos”. Cauca.

Loingsigh, G. (2010). ¿Será buena la mediana y la pequeña minería? Revista Semillas: La minería en Colombia, contextos realidades y resistencias, 42/43. Bogotá: Grupo Semillas.

Ministerio de Minas y energía, 2012. (http://www.minminas.gov.co/minminas/minas. jsp?cargaHome=3&id_categoria=167) Reichel-Dolmatoff, G. (1988). Orfebrería y chamanismo: un estudio iconográfico del Museo del Oro. Medellín: Editorial Colina.

Yule, M. y Vitonás, C. (2012). Pees kupx fxi ´zenxi “La metamorfosis de la vida”. Cali: ACIN, Proyecto Nasa.

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Frente a los conflictos interétnicos por la tierra:

¿Territorios interétnicos en el norte del Cauca?

Equipo de seguimiento y análisis de políticas públicas de la Casa del Pensamiento - ACIN*

Reciban un saludo de los pueblos indígenas de la Cxhab Wala Kiwe, el territorio del gran pueblo, organizados en su Asociación de Cabildos ACIN. Les agradecemos la invitación a este evento. Especialmente a los compañeros de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra (ACVC) y al representante a la Cámara Hernando Hernández, nuestro hermano indígena chamí de Riosucio. Lo que hacemos extensivo a todas las comunidades campesinas asistentes.

Especialmente hemos venido a compartir con ustedes unas ideas sobre la forma de avanzar en este propósito de garantizar el derecho al territorio y a la tierra de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. Queremos aprovechar para ilustrar nuestra posición sobre varios asuntos que tienen relación con este propósito, posición que sirve de base a la propuesta que se viene trabajando sobre los llamados territorios interétnicos; porque esperamos que el Congreso de Zonas de Reserva Campesina sirva para que entre los indígenas y campesinos detengamos la campaña sucia del gobierno y de la derecha de promover conflictos interétnicos relacionados con la tierra y el territorio. * Ponencia presentada en el Congreso de Zonas de Reserva Campesina, Corinto, mayo de 2012.

1

Consideramos que todos los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos tenemos derecho a la tierra y el territorio. No es cierto que los pueblos indígenas en Colombia pensemos que los campesinos y los afros no tienen derechos y son una especie de invasores de nuestros territorios; el que diga eso está mintiendo.

El campesinado tiene derecho a la tierra, un derecho que nace del derecho a vivir dignamente, al trabajo, a la alimentación y a tener vivienda digna. Sin el derecho a la tierra estos otros derechos son imposibles de cumplir para los campesinos.

Además, la enorme mayoría de las comunidades campesinas son descendientes directas y recientes de comunidades indígenas; el despertar de su conciencia étnica indígena en los años setenta permitió que los kankuamos, mokanás, pijaos, senúes, pastos, yanakunas, kokonukos y muiscas, entre otros, se reconocieran indígenas, y no solo descendientes de indígenas; y como indígenas que son, tienen derecho a sus territorios ancestrales. No pensamos como el Gobierno que dice que los campesinos que se reconocen indígenas lo hacen por puro oportunismo, para acceder a ciertos derechos que los indios hemos conquistado con la movilización permanente.

Los afrodescendientes tienen también derecho a sus territorios, que 500 años después de su llegada ya son territorios ancestrales; el derecho internacional los protege y los considera también pueblos indígenas. Por

eso el Estado debe garantizar su derecho a la tierra y consultarlos, como ordena la Ley 21 (Convenio 169 de la OIT) Hay una situación diferente en la selva amazónica y los llanos porque allí la presencia campesina no es fruto del cambio cultural y económico de las comunidades indígenas, ni de una lenta implantación desde hace quinientos años, sino de la llegada masiva de colonos que debieron desplazarse por la violencia terrateniente de los últimos sesenta años; es verdad que la mayoría de ellos llegaron a acuerdos con los indígenas dueños de esas tierras para asentarse, pero algunos de ellos, desesperados por su situación, acudieron a métodos no siempre amigables con los indígenas, y muchas veces violentos, que han incluido las guahibidas y el despojo. En este caso, lo que pasó fue que el Estado y los terratenientes obligaron a los campesinos pobres a “garantizarse por cuenta propia” el derecho a la tierra quitándoselo a los indios.

Los pueblos indígenas nos oponemos a esta situación y a estos procedimientos.

2

Las tierras que hoy tenemos los indígenas no nos las han dado el Gobierno nacional ni el Incora ni el Incoder.

Al revés, los 31 millones de hectáreas que hoy constituyen los resguardos republicanos y de origen colonial en Colombia son las tierras que el capitalismo y el Estado no pudieron o no han podido robarnos en cinco siglos de colonialismo. Cuando el Estado titula un resguardo lo que está haciendo es simplemente devolviéndonos y reconociendo lo que ha sido y sigue siendo nuestro.

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Ir a tabla de contenido En Colombia no ha habido reforma agraria capitalista, y mucho menos reforma agraria integral. La reforma agraria la tenemos que hacer nosotros y nosotras mismas. Los llamamos a hacerlo: ¡a liberar la Madre Tierra!

En el Cauca el Estado ha titulado menos de 30 mil hectáreas de tierras no recuperadas. Absolutamente todas las demás las recuperamos con la lucha y la movilización; fue luego de recuperadas que se dio parcialmente la titulación. Nos metimos al latifundio y sacamos al terrateniente; ¡al latifundio!, no a las fincas de los campesinos, porque siempre hemos sabido quién es el enemigo. El cálculo que ha hecho la organización indígena es que faltan por recuperar unos tres millones y medio de hectáreas en todo el país; y hay unas 700 mil hectáreas que ya tenemos en nuestro poder desde los años setenta y ochenta cuando las recuperamos, pero que están sin título, sobre todo en la zona andina.

Es bueno aclarar acá sobre una campaña que viene haciendo la extrema derecha sobre el llamado Plan Cauca: que a los indios nos van a entregar cientos de miles de hectáreas y que el Cauca se convertirá en un gran resguardo sacando a campesinos y afros de donde viven. Esa sí que es una mentira del tamaño del Cauca. Lo que en realidad el Gobierno ha mostrado como la gran generosidad con los indios es que van a entregar los títulos de algunas de las tierras que recuperamos en los años setenta ochenta y noventa (unas 48 mil hectáreas), legalizar unas 16 mil hectáreas que tienen posesión privada de familias indígenas y resolver los problemas que el propio Gobierno ha creado con la adjudicación negligente de unas 8 mil hectáreas a campesinos, afros e indígenas.

Los nuevos predios que se van a adquirir con ese plan del Incoder para cumplir los com-

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promisos incumplidos, como exigimos en la Minga Social y Comunitaria, no alcanzan a ser 2921 hectáreas.

Porque si hay un asunto donde el Estado jamás ha aplicado la llamada “discriminación positiva” es en la adjudicación de tierras. ¡Porque no ha habido nunca adjudicación de tierras en el Cauca! Los que repiten eso no han estudiado la historia de la tierra en este departamento o quieren promover un conflicto donde nunca lo ha habido, o se dejaron meter los dedos a la boca por el Gobierno.

3

La recuperación de los resguardos de origen colonial ha sido la consigna histórica del movimiento indígena del Cauca. Así nacimos. La lucha nuestra ha sido siempre contra los “títulos chimbos” de los terratenientes que se fueron apoderando de las tierras con engaños, con violencia, con amenaza, con borracheras, con compadrazgos fraudulentos, y que luego legalizaron con trucos en las notarías; esa fue la forma como nos quitaron la tierra y nos volvieron terrajeros.

Aunque el terrateniente nos mandó al rincón de su hacienda, nunca dejamos de saber y sentir que habitábamos era nuestro propio territorio, sea porque lo poseímos, lo utilizamos, lo rezamos o lo recorrimos.

Cuando empezamos las recuperaciones aparecieron los títulos que había guardado Manuel Quintín Lame y los mayores, y volvimos a la friega con títulos en la mano, y el Estado no pudo demostrar que eran falsas nuestras pretensiones.

La Constitución del 91 reconoció que los resguardos —¡todos, incluidos los de origen colonial!— y las tierras comunales —es decir, los territorios sin título— son inalienables e imprescriptibles; la Corte Interamericana de Derechos Humanos además ha reafirmado que los indígenas tenemos derecho a la restitución de todas esas tierras que nos han robado.

Eso sí: los gobiernos nunca reconocieron abiertamente los resguardos de origen colo-

nial. Por un lado, no acogieron plenamente la legalidad de esos títulos y mantuvieron en la ley el cuento de la “reestructuración”, que no es otra cosa que reconocer los robos que los terratenientes nos hicieron y darle validez a los “títulos chimbos” del despojo. El Departamento Nacional de Planeación, el Incoder y el Ministerio del Interior certificaron durante años la vigencia de los resguardos de origen colonial, pero desde Uribe Vélez vienen con el cuento de que no están vigentes: no les pagan el predial a los municipios, no certifican su existencia, etc.

Contra la voluntad del CRIC y la ACIN le pusieron plazo a la “reestructuración de los resguardos de origen colonial” en el Plan Nacional de Desarrollo; no compartimos ese procedimiento porque para nosotros esos títulos están vigentes, y el Gobierno debería simplemente aceptarlo; hemos contrapropuesto que lo que corresponde es un procedimiento de “reafirmación”. Y los que vivan dentro de esas tierras y no sean indígenas pueden seguir viviendo tranquila y dignamente, con todos los derechos, como ha pasado hasta ahora.

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No es verdad que las personas afros y campesinas no puedan vivir en nuestros territorios, o que tengamos una política racista de expulsión de todos los que tengan la piel muy pálida o muy oscura. Eso también es totalmente falso.

Para el CRIC y la ACIN siempre ha sido claro que los campesinos y los afros que viven en nuestros territorios son bienvenidos; así lo dijimos e hicimos en los años setenta cuando iniciamos las recuperaciones, y en los noventa cuando estuvimos trabajando las propuestas de ordenamiento territorial indígena que dieron lugar a las propuestas de Entidades Territoriales Indígenas y a diferentes iniciativas indígenas de territorios autónomos. Lo cierto es que durante todos estos cuarenta años de recuperación de tierras y territorios, todos los campesinos y

afros que se han quedado no solo han podido vivir en paz y tranquilidad, sino que han sido adoptados por la comunidad y han llegado a ser en varias ocasiones gobernadores, consejeros y cabildantes.

Las condiciones que hemos puesto a los no-indígenas son las mismas que nos ponemos a nosotros mismos: que la tierra es propiedad colectiva y que la comunidad —de la que ellos hacen parte— manda. No nos gusta la propiedad privada individual ni que nos manden desde afuera.

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En Colombia no ha habido reforma agraria capitalista, y mucho menos reforma agraria integral. La reforma agraria la tenemos que hacer nosotros y nosotras mismas. Los llamamos a hacerlo: ¡a liberar la Madre Tierra!

Lo que se ha evidenciado en la historia reciente es la política de desterritorialización de campesinos, indígenas y afrodescendientes, privilegiando la propiedad privada de la tierra y los territorios, promoviendo el saqueo y cuestionando sus formas colectivas legítimas de posesión. La profundización del modelo de desarrollo de extracción de recursos impuesto en el país quiere apoderarse de las riquezas naturales alegando la propiedad del subsuelo por parte del Estado.

Cada sector ha realizado acciones políticas y de reivindicación del derecho a la tierra y al territorio para presionar su distribución y la devolución: recuperaciones de tierras de los pueblos indígenas y los campesinos en los años setenta y ochenta; las luchas afro por los territorios colectivos; las luchas campesinas, afros e indígenas contra el desplazamiento forzado de los paramilitares; las luchas por defender las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y otras formas de titulación colectiva de la tierra en el país.

En la última década no se han constituido ni ampliado resguardos (salvo las tierras que se ocuparon), no se tituló ningún territo-

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rio a comunidades negras, no se constituyó ni una ZRC; por el contrario, el Incoder y sus judicializados gerentes desmontaron las que había. Y ahora tenemos la amenaza de la reestructuración de los resguardos de origen colonial. Y la llamada restitución de tierras, que en realidad es restitución de títulos, para que los campesinos se vean de nuevo obligados a “asociarse” con los grandes monopolios del agronegocio.

Ahora nos toca retomar las acciones de hecho. Volver a recuperar la tierra. La reforma agraria no la va a hacer el gobierno. No renunciamos a la reforma agraria. Cuando decimos “reforma agraria” queremos decir quitarle la tierra a los terratenientes; ¡no a los campesinos, ni a los afros, ni a otros indígenas! Nos parece un error profundo insistir en la línea de ocupar tierras que ya están poseídas por otros pueblos o comunidades pobres.

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Los derechos históricos al territorio de indígenas, afros y campesinos en la mayoría de los casos se encuentran adecuadamente delimitados por fronteras geográficas, culturales o políticas. Allí la opción es clara pues se trata titular las tierras usando las figuras jurídicas que reivindica cada sector: resguardos a los indígenas, territorios colectivos a los afrodescendientes y zonas de reserva a los campesinos y campesinas.

También es un hecho que en muchas regiones del país los campesinos han convivido armoniosamente en territorio afrodescendiente o indígena, y viceversa. Nos hemos respetado las particularidades de cada sector, las políticas organizativas y culturales; como ya dijimos, nos hicimos compadres y comadres, aprendimos de medicina tradicional unos de otros. En esas zonas la posición nuestra es que debemos mantener esa situación, y resolver los posibles conflictos únicamente mediante el diálogo fraterno respetando las figuras que ya están constituidas y reconocidas.

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Por lo anterior, proponemos como puntos de acuerdo: QQ

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Reafirmar la propiedad ancestral de los territorios de los pueblos indígenas, así como su carácter inembargable, imprescriptible e inalienable, tanto en las zonas tituladas como resguardo (coloniales, republicanos y del Incora-Incoder) como en las que están sin titular (“tierras comunales de los grupos étnicos”). Lo anterior implica defender los gobiernos propios y la autonomía territorial indígena.

Reafirmar la propiedad de los territorios que han ocupado los afrodescendientes en el país y la defensa de sus títulos colectivos de la tierra y de sus derechos; lo que implica defender los Consejos Comunitarios como autoridades dentro del territorio y la autonomía de los territorios y sus propios planes de manejo.

QQ

Defender las Zonas de Reserva Campesina ya constituidas, y

QQ

l a conformación de reservas campesinas en todos los lugares del país donde las condiciones agroecológicas y socioeconómicas lo justifiquen. Esta posición la mantenemos desde 1993, cuando se discutía el proyecto de la que hoy es la Ley 160 de 1994. Al mismo tiempo [debe tenerse en cuenta] que al delimitar las reservas campesinas se preserven los territorios indígenas, tal y como lo disponen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el artículo 63 de la Constitución Nacional, la Ley 160 de 1994, el Decreto 2164 de 1995, y el Acuerdo 24 de 1996 de la Junta Directiva del Incora [hoy Incoder]. Para efecto de la delimitación de las reservas campesinas son claros los límites de los resguardos y las reservas, pero es necesario delimitar y titular como resguardos los territorios indígenas aun no amparados por títulos, pero sí por la ley [así como la Constitu-

ción y diversos instrumentos internacionales]. Esto es posible por el conocimiento que se tiene de los mismos, tanto por las comunidades indígenas, como por los campesinos” (ONIC, Carta a la Comisión Técnica Operativa para las Reservas Campesinas, 1995).

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No obstante, a pesar de las anteriores claridades, persisten conflictos interétnicos por la tierra en algunas regiones del país. Urge iniciar la reflexión sobre la importancia de buscar el reconocimiento conjunto de territorios habitados por indígenas, campesinos y afrodescendientes, que no pueden ser delimitados de forma exclusiva por el tipo de poblamiento (entreveramiento, ausencia de límites geográficos o culturales claros, larga historia de territorialidad compartida, etc.), bajo la figura de algo que en forma general se han llamado “territorios interétnicos”, sobre los que todavía tenemos que llegar a acuerdos acerca de su alcance y mecanismos de identificación. Algunas ideas iniciales serían:

QQ

Que sea una figura de propiedad colectiva de los pueblos y las comunidades que lo habitan, y sea inalienable e imprescriptible.

QQ

Que haya pluralismo jurídico y gobierno único pero plural, incluyendo jurisdicciones administrativas por etnias.

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Manejo compartido de los recursos, y un modelo económico propio ordenado por un Plan de vida interétnico.

Pensamos que una figura como esta debería incluirse en el proyecto de reforma agraria y en la agenda de los movimientos.

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Es urgente que ante la persistencia de conflictos interétnicos por la tierra restablezcamos las mesas de diálogo interétnico que ya en otras oportunidades nos han resultado exitosas, no solo para superar dichos conflictos, sino para planear conjunta-

mente las acciones de Liberación de la Madre Tierra.

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Un escenario que hemos venido transitando juntos es la creación de un proceso nacional por la paz. Los compromisos hechos en el Encuentro por la Paz y el Territorio de Barranca (2011) y en el Congreso de Territorios, Tierras y Soberanías (Cali, 2011) para trabajar por la solución política del conflicto armado nos permiten tener un diálogo más estratégico. Desde allí también podemos profundizar los acuerdos para avanzar en la reforma agraria.

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Por último, los aquí presentes estamos obligados a cumplir el Mandato del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanía. Allí acordamos que “el cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria”. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras —robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes— deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; y allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas.

Quitarle la tierra a los terratenientes; ¡no a los campesinos, ni a los afros, ni a otros indígenas! Nos parece un error profundo insistir en la línea de ocupar tierras que ya están poseídas por otros pueblos o comunidades pobres.

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vamos caminando los mandatos milenarios, los mandatos de la plataforma de lucha y los mandatos de los congresos. Sí, el nasa yuwe va despertando en los corazones de los nasa, de los que hablan y de los que no.

El despertar del corazón de los pueblos

Fortalecimiento de las lenguas originarias como estrategia para la resistencia Bibiana González* El nasa yuwe no está muerto, está dormido.

Ha sido anestesiado tras años de tortura y prohibición, se ha avergonzado tras siglos de señalamientos y prejuicios. Pero la lengua originaria resiste como su pueblo. Eso es lo que han dicho los mayores, lo que les

han comunicado los espíritus a través de las señas, de las nubes, del trueno. Desde esta convicción, avanzamos en la minga para el despertar del nasa yuwe en la Çxhab Wala Kiwe, se da impulso a un movimiento que día a día va cogiendo cada vez más fuerza,

* Lingüista e integrante del hilo de Nasa Yuwe del Tejido de educación de la Cxhab Wala Kiwe – ACIN.

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Desde el año 2011 el Tejido Pueblo y Cultura-Educación de la ACIN ha emprendido una gran apuesta por llevar a la práctica la política lingüística tanto local y regional como nacional e internacional, que reconoce la lengua como derecho a la vez que su centralidad en todo proceso de resistencia cultural e identitaria. En esta dirección se ha constituido el hilo de nasa yuwe conformado por 40 personas que han asumido el rol de nasa yuwe atpu’çxhsawe’sx. Este equipo de promotores de la lengua y la cultura lleva más de un año recorriendo los territorios, visitando las familias, haciendo tejido desde las comunidades, llenando de vida la lengua vereda por vereda. Cada promotor ha sido buen agricultor y ha pasado casa por casa compartiendo la palabra nasa, han pasado por las comunidades como tierra arada y fértil, y han sembrado ahí la semilla para el florecimiento del nasa yuwe.

La primera estrategia, la que sostiene desde la raíz este propósito de revitalizar la lengua, ha sido la ritualidad, abrir el camino desde la sabiduría milenaria de los thë’ walawe’sx;1 ellos están volteando el “sucio” que no nos deja pensar bonito, desde el corazón, nasnasa üusyahtxya’. En el reciente Saakhelu2 llevado a cabo en el resguardo de Las Delicias, por ejemplo, danzamos al ritmo de flautas y tambores, danzamos para el cóndor y el colibrí, para que no se acaben las semillas, para que no se acabe el maíz, el fríjol o el guandul, ni tampoco la semilla del pensamiento nasa que es nuestra propia lengua: Jxukaysa weçxana ku’jtha’w fxiw vxitukameen. Nos encontramos como pueblo en el compartir como estrategia de resisten1 2

Médicos tradicionales.

Ritual del despertar de las semillas y de la fertilidad.

Cada promotor ha pasado casa por casa compartiendo la palabra nasa; han pasado por las comunidades como tierra arada y fértil, y han sembrado ahí la semilla para el florecimiento del nasa yuwe. cia para reiterar la unidad como principio y como camino; rodaron la chicha y el chirrincho de mano en mano, pasó de boca en boca una lengua milenaria, dulce y poderosa, entonando todos Saakhelu’s mwaywe!!!!!!!!

Otra de las prioridades del equipo ha sido avanzar en el conocimiento del estado de vitalidad del nasa yuwe, para lo cual hemos empleado distintas herramientas. Por un lado, se ha visto necesario conocer qué tanto se está usando la lengua en las escuelas, la comunidad y las familias mediante visitas, entrevistas y ejercicios de observación. De otra parte, ha sido relevante saber cuántas personas hablan la lengua así como detalles de su aprendizaje, uso, transmisión y valoración.

En este caso se ha recurrido a la encuesta sociolingüística como instrumento de investigación, y actualmente nos encontramos en la fase final de recolección de datos. Además, se ha elaborado una caracterización de los hogares y centros infantiles del ICBF con el objetivo de conocer cuánto y de qué manera están aportando estos espacios en la transmisión del nasa yuwe y de la identidad.

Adicionalmente, desde las escuelas de nasa yuwe se ha venido avanzando en la investigación y el fortalecimiento de metodologías propias para los procesos de enseñanzaaprendizaje de la lengua en sus dimensiones oral y escrita. En la vereda El Manzano del resguardo de Toribío, por ejemplo, un grupo de jóvenes y adultos no hablantes del nasa yuwe se reúne casi todas las mañanas de los viernes a aprender la lengua. Y digo casi todas porque algunas mañanas las balas inva-

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den la casa de los pájaros, el viento es herido de muerte por ráfagas de una guerra que, aunque ajena, está instalada en los territorios, en la cordillera, en los lugares de poder que han sido reservados para los espíritus mayores y para los caciques, y no para ejércitos de ningún tipo. Los sábados se reúnen en cambio hablantes de la lengua que avanzan en el aprendizaje de la lectura y la escritura del nasa yuwe.

Por último, es importante mencionar el proceso de fortalecimiento del léxico de nasa yuwe mediante dos estrategias. Por un lado, la recuperación de palabras que han entrado en desuso, y por el otro, la creación de nuevas palabras para reemplazar los préstamos que la lengua propia ha tomado del castellano. Lo más interesante radica en la metodología de trabajo; quienes lo están orientando son los thë’sawesx, los mayores y mayoras de la Çxhab Wala Kiwe. Mambeando, ofrendando chicha y chirrincho mientras se cuentan historias, van naciendo las nuevas palabras y van despertando las más antiguas. Paralelamente, los thë’walawe’sx se sientan al ritual, a catear cómo va el ejercicio lingüístico, a abrir el camino para pensar bonito y acertar en cada palabra a través del üusçxhaçxanxi, potencializando la capacidad de memoria y de pensar desde la palabra de origen.

En el transcurso de estos casi dos años de trabajo consciente y permanente a favor de la lengua han sido muy gratificantes los primeros resultados: los abuelos se han puesto contentos porque tienen con quién usar la lengua que aprendieron de sus padres; los niños piden que los acompañe diariamente un nasa yuwe atpu’çxhsa en su escuela; los maestros que no hablan dicen ewçxa y quieren seguir aprendiendo, los thë’ walawe’sx sostienen su labor de abrir camino potenciando el uso de la lengua en cada ritual. Y lo que nos dice este camino recorrido es que necesitamos fortalecer el hilo de nasa yuwe, multiplicar las madejas, multiplicar el

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grupo de promotores tanto que cada una de las personas de cada comunidad sea un promotor desde la práctica, desde la voluntad.

Como hilo estamos cerrando este primer ciclo, el de la motivación y la sensibilización; estamos despertando la conciencia del debilitamiento del nasa yuwe y de la importancia de revertir esta pérdida; estamos despertando el sentimiento y las ganas de hablar para avanzar con esa certeza a una segunda etapa, en la cual el fortalecimiento de los procesos de revitalización lingüística que ya se están desarrollando, la definición y puesta en marcha de nuevas acciones —como encuentros culturales para promover la producción en nasa yuwe de músicas, de teatro y de literatura, cursos de nasa yuwe para los miembros de la ACIN, diseño de un programa de inmersión temprana en la lengua para la etapa educativa Luuçx le’çxkwe “semillas de vida”, entre otras—, y la consolidación de la política lingüística territorial de la Çxhab Wala Kiwe, constituyen las principales estrategias.

Experiencias de revitalización lingüística en otras zonas y de otros pueblos Pero no solo en Çxhab Wala Kiwe se vienen adelantando experiencias de revitalización lingüística e identitaria. En otras zonas del Cauca, donde también hay presencia de comunidades del pueblo nasa, diversas iniciativas se vienen desarrollando en este mismo campo.

En Tierradentro, por ejemplo, la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Cxhäcxha llevó a cabo el año pasado un diplomado en nasa yuwe donde más de 60 comuneros participaron interesados en fortalecer la lengua en sus territorios. En esta misma zona, la Asociación de Cabildos Juan Tama dio inicio este año a la Licenciatura en Lenguas Originarias, en la cual participan 40 personas miembros de la guardia, docentes, líderes y cabildantes.

También desde el nivel regional se desarrolla esta licenciatura con la diferencia de

que no solamente apuesta por el fortalecimiento del nasa yuwe sino de otras lenguas del Cauca como el namtrik, el siapedee y el runa simi. Actualmente, este programa avanza en el primer ciclo y cuenta con la participación de 130 estudiantes de los pueblos nasa, misak, eperara siapidaara, polindara y yanakona.

Por su parte, la comunidad nasa de Bogotá, asentada en el barrio Quiroga, llevó a cabo el primer curso de lengua y cultura para lo cual se diseñó una cartilla con los objetivos de brindar elementos para el aprendizaje del nasa yuwe en un nivel básico, y dar a conocer historias y saberes propios del pueblo nasa a quienes viven en este contexto urbano. Esta experiencia adquiere gran relevancia toda vez que se avanza en el uso del derecho a la lengua no solo en los territorios de origen sino en cualquier lugar incluyendo las grandes capitales del país.

Cruzando las fronteras del Cauca y los pueblos que aquí habitan encontramos experiencias de otros pueblos originarios de este y otros continentes. En Quito (Ecuador) por ejemplo, representantes de los pueblos kichwa saraguro, kichwa otavalo, shuar, entre otros, agrupados en el colectivo Kaipy Mikanchi Rumi,3 llevaron a cabo una campaña para que aquellas personas identificadas con nombres de origen español o inglés encontraran un nombre en su lengua originaria a través de un proceso de investigación sobre la esencia de cada uno.

Según Carlos Yamberla,4 kichwa otavalo y miembro de este grupo, debemos diferenciar entre el nombre y el ser: “el nombre corresponde a un orden social en tanto que el ser corresponde a un ordenamiento que viene desde las entrañas del cosmos y de la madre tierra. Al reconocernos como hijos de esta 3

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En español se puede traducir como “aquí estamos”. Este colectivo está dedicado a la defensa de la identidad y la lengua en el contexto urbano principalmente.

Tomado de entrevista personal con el compañero.

tierra y de este cosmos nos revelamos en lo que somos”. Carlos, a través de un proceso de más de cinco años compartiendo con los abuelos y abuelas piedras supo que de ahí venía su esencia y hoy se autorreconoce como Urku Rumi Ukupacha Shunku Samay Charik “energía impregnada en los poros de las piedras que nacieron en el centro del fuego de vida de la madre tierra”.

En algunas comunidades kichwa aún se mantiene una ceremonia denominada Warachicuy que se realiza para celebrar ciclos de vida que coinciden con las edades de 7, 14 y 21 años. Según Yamberla “el primer ciclo es cuando sale el diente de leche, que es a los 7 años y es cuando la comunidad se junta para cantar una canción especial para el niño o la niña y ahí públicamente se entrega el primer traje ceremonial de su pueblo; esto lo realizan los padrinos o madrinas y lo hacen vestir en ese momento, además se entrega un animal (puede ser cuy, gallina, chancho, ternero o llama) y luego le dejan con un nombre que la comunidad haya visto por su modo de ser; ahí se corta el cabello por primera vez y regalan una parte al fuego y otro tanto a los padrinos. Esta es una forma de dar a conocer que el niño tierno ya está siendo wawa wampra, que quiere decir que ya no es tan niño, que ya puede salir a la comunidad y sale con su traje y con su nombre. La siguiente ceremonia se hace a los 14 y se repite la misma historia, y finalmente a los 21 años, pero este último ritual es llevado a cabo solo por los yachak, personas que están muy cerca como maestros del joven, quienes lo declaran como Runa Pacha, esto es, un ser humano uni-

Mambeando, ofrendando chicha y chirrincho mientras se cuentan historias, van naciendo las nuevas palabras y van despertando las más antiguas.

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versal, que ya puede ir por el mundo y sabe su misión en la tierra. Entonces Warachikuy es una celebración cuando cumplen ciclos, y en esa ceremonia se establece su ‘nombre’, que es su ser, y se da a conocer públicamente su ser y su misión”. En esta experiencia, y en el relato de la ceremonia tradicional, se evidencia nuevamente esa naturaleza política de la lengua mediante la cual se fortalece el proceso de recuperación y afirmación de la identidad y la pertenencia histórica en este caso al pueblo kichwa.

En otra parte, más al sur, en el territorio de los mapuche, un grito de este pueblo reitera que desde la resistencia histórica camina el derecho a vivir con dignidad, a la autonomía y la libertad: Marichiwew!!! Mari hace referencia al número diez y chiwew a la acción de levantarse, luchar, reivindicar un derecho. Así Marichiwew puede traducirse entonces como “diez veces vencer al enfrentarse con el enemigo, vencer las veces que sean necesarias”, que de fondo quiere decir, según la líder Rosa del Carmen Curihuentro Llancaleo, “nunca dejarnos vencer como pueblo mapuche que somos, reivindicar siempre nuestro territorio que defendieron nuestros antepasados, quienes hoy espiritualmente nos están apoyando por donde quiera que nos encontremos en la Wajmapu —Mundo espacio territorial—”5. Vemos aquí la riqueza expresiva de la lengua que contiene en una palabra la historia y el porvenir de un pueblo.

Los efectos de la conformación de los Estados sobre las lenguas de los pueblos originarios dejan ver el poder y la relevancia que ellas tienen en las interacciones entre los pueblos y en su misma constitución. De tal manera, la lengua se expresa como símbolo de la unidad, como práctica unificadora de una sociedad. La imposición del castellano o del portugués como lenguas dominadoras en pro de la consolidación de nuevos modelos 5

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de gobierno y de vida, como el de la empresa colonizadora, son ejemplos más concretos de la lengua como símbolo de la unidad, como práctica unificadora de una sociedad.

Este mismo efecto unificador sobresale en algunos casos contemporáneos de independencia de naciones invisibilizadas y negadas históricamente, en los cuales la revitalización de la lengua se ha convertido en el corazón de los procesos de consolidación de la autonomía. El caso del euskera lo ilustra muy bien, pues el fortalecimiento de la lengua originaria del pueblo vasco se ha constituido en la columna vertebral del proceso de independencia que como país vienen adelantando hace más de medio siglo. Así lo evidencia por ejemplo el uso de Euskal Herria para denominar su territorio histórico milenario, y que traduce literalmente “el país del euskera”. El límite territorial está dado por la propia lengua.

Y es que la revitalización del euskera es una de las pocas experiencias verdaderamente exitosas que se conocen en el mundo, junto con las experiencias del hawaiiano y el maorí.

La estrategia de este éxito relativo6 puede resumirse en el verso de Etxepare7 euskara jalgi hadi plazara, “que el euskera salga a la calle”, pues justamente lograr que el euskera copara espacios que habían sido robados por el español y el francés —como medios de comunicación, la escuela o la producción cultural— hizo posible expandir la lengua más allá del ámbito familiar y brindar mayores posibilidades de uso a hablantes y aprendices. Resulta interesante también detenerse brevemente en la palabra euskaldun, que identifica a alguien como perteneciente al pueblo vasco y que traduce literalmente “el que habla euskera”, de tal modo que la pertenencia étnica está delimitada esencialmente por el conocimiento de 6 7

Tomado de comunicación personal con la compañera.

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Relativo porque aunque fortalecida es aún una lengua amenazada, en peligro de extinción.

Bernat Etxpare, autor del primer libro de literatura en lengua vasca, publicado en 1545.

Archivo Casa del pensamiento

la lengua originaria, dándonos nuevamente una clave importante para el fortalecimiento de la identidad de un pueblo.

Comentarios finales Como vemos, las lenguas no solo se fortalecen con gramáticas o diccionarios sino, sobre todo, se fortalecen en la vida cotidiana de los pueblos, en la huerta, en las asambleas, en las marchas, en el nombre que le damos al territorio y que nos damos nosotros mismos.

Todos tenemos parte en este sueño, en este proceso del despertar del nasa yuwe. Desde las posibilidades de cada uno tenemos que aportar nuestro granito de maíz y ver el florecimiento del nasa yuwe luego como un gran jardín. Así va despertando la lengua de palabra en palabra, en pequeñas frases que vamos usando en la vida diaria: ewçxa, ma’kwe ikuus jxukaysa. Y es que el uso de un saludo en nasa yuwe representa ya un acto político, una posición frente a la defensa de su lengua y un acto de respeto para quienes tienen derecho a usarla libremente pero a quienes las condiciones aún no les favorecen lo suficiente para el pleno desarrollo y gozo de ese mandato primario, el del derecho a la lengua.

De otra parte, se hace necesario potenciar el intercambio de experiencias de revitalización lingüística entre los pueblos no solo como escenario de formación a partir del conocimiento del otro, sino como estrategia para la unidad de los pueblos y para el reconocimiento de las lenguas relegadas como tesoros de la humanidad, como legado y herencia, como fuente para la memoria y la historia.

Finalmente, cuatro mensajes. Primero, como no nasa yuwe hablante y como aprendiz, comparto la lección más importante para poder hablar la lengua: escuchar con el corazón, comprender desde ahí; esta conciencia me nació en el reciente encuentro de mayores y mayoras de la zona norte, quienes se reunieron en Miranda para crear nuevas palabras en nasa yuwe y fortalecer así la len-

Sí, el nasa yuwe es la sangre de este pueblo, de ahí emana la vida y ahí se sostiene.

Jxukaysa, nasa yuwe mwe’we…!

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la palabra kiwe thegsa’we’sx,9 los guardianes milenarios del territorio. Y guardianes somos todos pues entre todos hacemos ese ejercicio de cuido territorial: jóvenes, mujeres, hombres niños y mayoras, thë’ walawe’sx, sabedores, pulseadores, parteras, danzantes, líderes y autoridades; en el espacio de arriba ëe kiwe cuidan los guardianes mayores, el trueno, el rayo, la bóveda de donde viene el viento, allí cuidan los kiwe thegsa’we’sx que viven en ese territorio que comienza en la cima de los cerros y se extiende hacia el universo. En el mundo de abajo tasxuh kiwe, en cambio, habitan los tapanos. De allí proviene la semilla del maíz y sabemos que hoy y siempre existirán en dicho territorio los nasa tusxkwewe’sx.

gua propia. Estaba sentada mascando con un grupo de médicos tradicionales, peleándome con mi razón que trataba de descifrar cada frase, de retener algunas palabras para no perder el hilo de la conversa de los mayores, callé un instante ese esfuerzo mental y empecé a escuchar, me dejé llevar por ese ritmo único del nasa yuwe, y así fui entendiendo, así desperté los oídos que tengo en el corazón y que me hacen más fácil ahora hablar y comprender esas palabras milenarias.

Segundo, un llamado al optimismo porque a pesar del estado crítico y de las amenazas latentes sobre el nasa yuwe, aún se escucha en las veredas, aún se ríe la gente con ese humor que solo es posible entender desde la lengua, padres y madres están poniendo nombres en nasa yuwe a sus hijitos (A’ Dxiij, Sek We’çe, Sek Yu’çe, Çxayuçe, Yu’ Sek, Kiwe, Uma), y son esas semillas de esperanza para la lengua y para la resistencia.

Tercero, una moción de paciencia pues la reversión de la pérdida y el debilitamiento del nasa yuwe nos llevará una o dos generaciones más. Y esa “lentitud” en los avances no nos puede distraer de la responsabilidad

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histórica que tenemos hoy con ese legado de los ancestros, con quienes nos dieron la vida; debemos mantenernos firmes para heredar con orgullo ese tesoro milenario a nuestros hijos y a sus descendientes.

Y finalmente, un llamado a la conciencia de que el nasa yuwe viene de la tierra, brota de su centro y emerge como la raíz de los nasa, se diluye, se vuelve palabra. Sí, el nasa yuwe es la sangre de este pueblo, de ahí emana la vida y ahí se sostiene. Jxukaysa, nasa yuwe mwe’we…!

Lengua y defensa territorial Yu’theg,8 mirar al agua como espejo, mirar como una manera de viajar al origen del pueblo nasa, al origen de la vida, a su memoria.

Mirarse para arraigar la identidad en lo que llamamos kwe’sx kiwe, nuestra tierra; y “mirar” también como sinónimo de cuidar, de armonizar, una práctica milenaria de nuestro pueblo: el cuido de la madre. Esa misma esencia del verbo theg (mirar) se sostiene en

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Concepto compartido por Inocencio Ramos.

En este sentido, la defensa territorial debe asumirse como una práctica ancestral, parte fundante de la identidad tal como lo cuentan las historias de caciques y cacicas, de hijos nacidos del encuentro entre yu’ y a’, del recibimiento que el agua le hace a la estrella. Por eso El Berlín se defiende, porque es la casa de la madre y del padre, porque es la casa de los caciques, el lecho de la luna en los ojos de agua. Yu´theg, mirar a la memoria, a la palabra propia donde esa historia está contada.

Esta es la lógica de los procesos de liberación de la madre tierra en el mandato de las comunidades y que se adelantan en Çxhab Wala Kiwe, estamos llamados a reconocer el territorio, a caminarlo para catear y armonizar, para sostener con dignidad la vida que nos fue dada en el origen, para respirar el espíritu que Uma y Tay soplaron para crear a sus hijos. Defender el territorio es defender los mandatos de vida de nuestros padres sek, a’te, a’, yu’, kiwe, wejxia, kpi’sx, es honrar y

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Aunque popularmente conocidos como Guardia indígena, hay quienes insisten en afirmarlos erróneamente como el “ejército indígena”, pero no. Es necesario tener cuidado pues las traducciones al español pueden ser peligrosas, un arma de doble filo que puede herir nuestro proceso.

armonizar siempre con los ksxa’w e ï’kwe’sx, con la energía de cada ser y cada espacio.

Este ejercicio hace parte de lo que la constitución reivindica como “usos y costumbres”.

Sí, acostumbramos a armonizar, a potenciar la ritualidad para vivir bonito en el territorio y usamos para ello bastones de mando, trabajo comunitario, organización. En el marco de la exigencia del cumplimiento de los derechos pactados en declaraciones, acuerdos y artículos constitucionales, la defensa territorial se reivindica entonces como derecho a vivir en nuestro territorio, con autonomía y con dignidad, sin señalamientos, sin miedo, con alegría, en unidad. Wëtwët fxizenxi es nuestra propuesta de paz y de vida. Nuestra lucha es esa, disfrutar el derecho a vivir en armonía, contentos, el derecho a pensar la vida a nuestra manera, en nuestra lengua, el derecho a vivir en ese territorio que nos fue dado por las abuelas y los abuelos mayores.

Y que no se lea con egoísmo esta propuesta porque no simplemente queremos que la guerra se corra linderos afuera de nuestros territorios ancestrales, no únicamente. Queremos que la guerra se acabe en cualquier rincón porque toda la tierra es sagrada, y por eso nos sumamos a la defensa territorial que vienen adelantando otros pueblos como el Wirrarika en San Luis Potosí (México), o el Jiw en San José del Guaviare (Colombia).

Sumamos la defensa de la lengua como estrategia de resistencia toda vez que en ella se funda el sentido de la lucha que hace parte de los planes de vida y de las condiciones previas para su desarrollo. En medio de la guerra, la lengua se muestra como un arma dulce y poderosa, como un escenario óptimo para la construcción de procesos de paz y entendimiento entre las gentes y los pueblos, entendimiento que parte del respeto a la diversidad no solo de lenguas sino de formas de pensar y de vivir sobre esta tierra y bajo este sol.

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resistencia en el pueblo nasa, hacia el año de 1535, en la época de la invasión y de la opresión sobre nuestros territorios por parte de los colonizadores. Podemos decir que dentro del movimiento indígena la idea de guerreros milenarios es muy notoria en los mayores y más en los jóvenes, es por eso que a los jóvenes nos gustan más las vías de hecho, las movilizaciones, las recuperaciones de tierra, porque es allí donde recordamos lo guerreros que somos. De este modo podemos ver que el sentido de la guerra no es nada nuevo.

Óscar Paciencia

Guerra, proceso organizativo y juventud indígena En la siguiente entrevista realizada por la Revista Señas se evidencian algunos de los avances de la investigación “Vinculación de los jóvenes indígenas a los actores armados” llevada a cabo por el joven indígena Reinel Pequí* en el marco del equipo de investigación de la Casa del Pensamiento ACIN. Esta investigación busca básicamente conocer las motivaciones por las cuales los jóvenes deciden hacer parte de las filas de los actores armados que hacen presencia en la región. Dicho trabajo se está desarrollando a partir de entrevistas, observaciones, recopilación de información secundaria y estudio de algunos casos.

Señas: ¿cuál ha sido el papel de los y las jóvenes en el proceso indígena?

Desde épocas anteriores los jóvenes hemos participado en el proceso organizativo indígena. Una mujer tan estratégica en la lucha de resistencia como la cacica Gaitana no llevaría

mayores a pelear por la defensa del territorio, en su lucha serían jóvenes indígenas quienes con lanzas y llenos de valor darían la vida por su tierra. Esta fue una de las acciones más importantes de participación de los jóvenes dentro del proceso organizativo de lucha y

* Investigador indígena de la Casa del Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe, comunero indígena del Resguardo de López Adentro.

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No se puede decir que los jóvenes no hemos participado activamente en el proceso, la historia nos ha mostrado que los jóvenes hemos hecho grandes aportes, somos protagonistas de una historia que los mayores nos cuentan y que nosotros recordamos y guardamos en la memoria.

Con el surgimiento del CRIC en 1971 y su plataforma de lucha, la historia de los pueblos indígenas del Cauca cambia notoriamente, se empieza a mirar la organización de las comunidades, las recuperaciones de tierra, el fortalecimiento de los cabildos, el fortalecimiento de la identidad cultural. Dentro de todos estos procesos los jóvenes hemos participado. Dentro de la plataforma de lucha el tema de juventud aparece hace poco en el último punto del XIII Congreso donde se dice que hay que prestar mayor atención a la familia y la juventud.

Señas: en el contexto del norte del Cauca, ¿cómo se ha dado el proceso organizativo de los y las jóvenes y las relaciones con mayores y autoridades?

El tema de la juventud en las comunidades era poco mencionado. Aunque los jóvenes hemos estado desde épocas milenarias, solo hace más o menos 30 años se empezó a hablar del término joven en nuestras comunidades. Recordemos por ejemplo al padre Álvaro Ulcué quien en vida se preocupó por la juventud al ver la falta de una mejor or-

ganización en la parte juvenil, él sabía que quienes tenían que sacar adelante el proceso de las comunidades debían ser los jóvenes, para eso era que se trabajaba. Si bien es cierto que los jóvenes éramos apáticos al proceso, hoy podemos decir que esto ha cambiado, en los años ochenta se empieza a organizar la juventud; después del año 1984, con el asesinato del padre Álvaro, el proceso sufre una ruptura, nos habían quitado un líder, un compañero, un amigo. Desde el año 1989 renace el movimiento juvenil y toma el nombre de Álvaro Ulcué: “Despertad la conciencia de los jóvenes de manera que sean ellos mismos los constructores de su propia historia”, estas eran las palabras del padre o nasa pal para nosotros. La participación dentro del proceso organizativo como jóvenes se ha hecho a través del movimiento juvenil o MJ como le decimos, a través de la guardia indígena y demás procesos de la organización; la juventud hoy acompaña y aporta al plan de vida, sabemos y entendemos que somos nosotros y nosotras los responsables de mantener el proceso y los planes de vida que los mayores han construido.

En la dinámica del proceso organizativo hemos sido criticados por unos y valorados por otros; cuando se empieza hablar de Movimiento Juvenil, muchos no entendían, y como lo decía un líder indígena “para qué un movimiento juvenil, los jóvenes solo tienen que obedecer”, y pocos días antes de su muerte reconoció al movimiento juvenil como una fuerza dentro del proceso. Todo lo que se ha hecho dentro de dicho proceso es también un esfuerzo de los jóvenes, aunque es claro que falta mucho por hacer. Hoy vivimos entre sueños y cambios, la cultura cambia, la comunidad cambia y los jóvenes también cambiamos. Las dinámicas del conflicto armado hoy confunden a muchos, uno muchas veces piensa en cuándo terminará esta guerra, pero solo vemos que cada día se incrementa más. Entonces, todo depende de nosotros en

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Señas: en tu proceso de investigación ¿cuáles son tus principales hallazgos sobre el involucramiento de la juventud indígena en la guerra?

En un trabajo en comisiones en una asamblea comunitaria, un joven argumentaba que “Hoy hay una gran problemática con los jóvenes de López Adentro frente al ingreso a los grupos armados y la falta de acompañamiento de las mismas autoridades indígenas a los jóvenes, hay niños muy sueltos, uno los ve en las fiestas hasta altas horas de la noche, hacen falta espacios de recreación, de capacitación, hay que buscar fuentes de apoyo para nosotros. A veces los fines de semana no sabemos qué hacer, no tenemos dónde recrearnos. Es bueno todo lo que los líderes hacen y conocen, es bueno conocer las cosas de otros lugares, pero también hay que mirar las dificultades en nuestra comunidad, deben

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Muchos jóvenes han sido reclutados por uno u otro bando, otros utilizados como milicianos o involucrados como informantes. Como jóvenes no necesitamos buscar la guerra, ella viene a nosotros y en ese sentido de inseguridad, de desprotección y de falta de claridad ante el proceso de organización política indígena y su proyecto de autonomía muchos son atrapados. La guerra ha generado grandes perjuicios a la sociedad y sobre todo al núcleo familiar, ya que muchos comuneros y comuneras indígenas han sido desplazados, asesinados, intimidados, señalados de pertenecer a uno y otro grupo. Hoy día podemos ver familias indígenas en las ciudades rebuscándose el sustento para sus hijos y pasando necesidades, cuando en su territorio tenían mejores condiciones de vida, muchos de los jóvenes han sido arrancados de sus hogares e involucrados en las filas de los actores armados para sostener una guerra que no han pedido, pero en la que se han visto envueltos.

ses particulares o, mejor, individualistas: obtener cierto estatus o aceptación dentro de un espacio, ser respetados, y sentir que sus esfuerzos son valorados. En este sentido, y con relación al tema de la guerra, podemos reflexionar que mientras en lo militar hay un reconocimiento individual, es decir, se adquiere un valor por los logros individuales y se configura una imagen de héroe, dentro del proceso comunitario hay una idea más fuerte de valoración de lo colectivo, de modo que algunos jóvenes se ven atraídos por las dinámicas de los actores armados al querer sentir este reconocimiento individual.

Desde mi punto de vista, en gran medida los jóvenes que están en los grupos armados no son simplemente actores de la guerra, también son sus principales víctimas, ya que los que más mueren en la guerra entre grupos ilegales y las fuerzas militares son personas jóvenes. Pero no solo los jóvenes que hacen parte de los actores armados en conflicto son los que sufren, es también claro que muchos de los jóvenes que hacen parte de la sociedad civil han sido asechados o intimidados por los actores armados, como lo decía un mayor: “parece que los jóvenes

son como un grano de oro para los grupos armados”.

Señas: ¿cómo son las formas de vinculación de los jóvenes indígenas a los actores armados?

En general la vinculación de jóvenes indígenas a los actores armados tiene dos perspectivas, de un lado la cooptación forzada, pero de otro lado lo que estamos viendo es que muchos jóvenes se están enlistando aparentemente bajo su voluntad.

Con relación a esta última forma de vinculación la pregunta que subyaces es: ¿qué es lo que a un joven indígena le gusta para vincularse a uno u otro actor armado? Este es uno de los interrogantes que me he hecho dentro de este proceso de investigación, y

Óscar Paciencia

Hoy podemos ver una buen parte de la juventud en los diferentes cabildos, en los programas, aportando desde una visión joven dentro de un proceso que tiene muchos años y donde muchos mayores han participado. Somos conscientes de que se han tenido aciertos y desaciertos, y que muchas dificultades se tendrán, pero esto debe permitirnos ser más fuertes y mantener el proceso organizativo.

volver a la comunidad y apoyarnos”.1 Teniendo en cuenta este testimonio, yo veo que a los jóvenes les faltan espacios, escenarios para desarrollar su personalidad y por esto la guerra se vuelve una opción.

Señas: ¿qué piensan hoy los jóvenes indígenas sobre la guerra?

Entender el pensamiento de los jóvenes indígenas es un poco complicado, sus distintas dinámicas, aspiraciones, visiones sobre la vida, sueños y las realidades a las que se enfrentan hacen que no podamos unificarlos sino considerar que son heterogéneos.

En las comunidades indígenas es constante escuchar las críticas de los mayores a los y las jóvenes por considerar que con facilidad abandonan el proyecto político, que poco les gusta el trabajo del campo y que poco a poco se distancian del “ser indígena”. Muchos de los y las jóvenes indígenas persiguen intere1

Transcripción de una entrevista realizada por Reinel Pequí en el marco del proceso investigativo a un joven indígena, junio de 2012.

Óscar Paciencia

la medida que todos y todas apostemos por la paz y no por la guerra, con ideas claras y acordes a nuestro proceso. Tenemos mucha fuerza como movimiento indígena, pero también tenemos debilidades. Hoy vemos las diferentes contradicciones que se presentan en las comunidades, muchos líderes que nos orientaron hoy están en otros procesos como la OPIC, en muchos cabildos se ven las discordias por la distribución de las platas de transferencias. Algunos mayores nos critican, nos miran con desconfianza, entonces yo me pregunto: ¿No fueron ellos quienes nos enseñaron del proceso? O acaso ¿hoy dudan de lo que nos han enseñado?

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las respuestas no son sencillas. Teniendo en cuenta algunas entrevistas y observaciones sobre las opiniones de los mismos jóvenes que han estado vinculados o que conocen a otros que lo han hecho, en gran medida ellos toman estas decisiones por experimentación, por el deseo de conocer, de sentirse grandes, de tener poder e independencia, sentirse útiles y ganar estatus. Estas ideas que circulan entre los jóvenes hacen que aparentemente traten de encontrar en los actores armados lo que necesitan.

La vinculación de los jóvenes a los actores es una realidad en los territorios indígenas, muchos creen que el camino es por allí y optan por tomar las armas, quizá voluntariamente, aunque al conversar con ellos —en general casi siempre son hombres— uno puede notar que el sentido de la voluntad está atravesado por diferentes factores. Un joven mencionaba que había ingresado a un actor armado “voluntariamente”, pero que su decisión también había estado mediada porque tenía muchos problemas en la familia, y al no tener apoyo alguno tomó esa decisión. ¿El ingreso fue voluntario?, o ¿los problemas que tenía hicieron que tomara la decisión de vincularse?

Es claro que los actores armados necesitan jóvenes en sus filas y mientras exista el conflicto armado existirá la vinculación de estos. La estrategia de vinculación de los jóvenes a los grupos armados puede verse desde dos puntos de vista, de un lado, por aprovechar su condición de jóvenes en términos físicos y, de otro lado, porque en este ciclo vital aún no tienen un proyecto de vida bien definido, les gusta experimentar y esto los hace más propensos a caer en propuestas tentadoras. Podemos ver que muchos jóvenes no alcanzan a entender en su totalidad los fines de la guerra, el porqué de la guerra, sus ideologías políticas; incluso muchos de ellos, aun cuando participan en los congresos indígenas, las movilizaciones y los

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programas de los cabildos, no tienen bien claro la posición del movimiento indígena frente a la guerra, por supuesto, esto no es exclusivo de los jóvenes, también lo vemos en muchos mayores. Así las cosas, tenemos que muchos jóvenes están en la guerra por falta de claridad sobre lo que ella implica, pero también vemos que muchos están con el proceso indígena pero también les falta claridad sobre el porqué se identifican con él.

Así como muchos le apuestan a un proceso desde la palabra, muchos lo hacen con las armas, sin embargo, el resultado es que la dinámica de la guerra termina haciendo que entre indígenas terminemos agrediéndonos y violentándonos.

Aunque algunos podemos ver que la guerra es un fenómeno que no nos beneficia, y que siempre se pierde más de lo que se invierte, especialmente vidas humanas y no propiamente combatientes sino civiles, en un principio esto no es tan fácil de percibir para los jóvenes que terminan vinculándose a los actores armados. Pero tampoco podemos desconocer que algunos entienden claramente las posiciones de los actores y deciden vincularse por convicción con el proyecto político que ellos representan. Todo esto no está claro en muchos jóvenes, pero el hecho de que no tengan bien clara la parte política no quiere decir que no vean lo que está pasando, hoy podemos preguntarnos sobre el porqué del surgimiento de organizaciones paralelas a nuestro proceso, nos preocupamos por nuestro futuro, por el liderazgo en las comunidades, por los aciertos y desaciertos de la organización, por las razones de la guerra. No es que no entendamos estas situaciones, solo que hay diferentes formas de verlas y asimilarlas. Las dinámicas de la guerra hacen que veamos a los actores armados transitar por nuestros territorios en contra de la posición del movimiento indígena que ha sido la exigencia constante de autonomía.

Esta situación ha hecho que los actores ar-

mados intenten convencer a los jóvenes, a través de estrategias de acercamiento y visitas a las familias; estas acciones de tránsito por el territorio terminan confundiendo a muchos jóvenes sobre el papel de los actores armados.

La situación de los jóvenes es compleja, ellos y ellas tienen una serie de intereses que la organización indígena debe mirar y sobre los cuales debe trazar estrategias que les hagan sentirse parte del proceso, por ejemplo: los espacios para la recreación, el arte, las capacitaciones, el acceso a la educación superior, los proyectos económicos o las iniciativas de empleo para la juventud.

Señas: ¿en qué escenarios han discutido los y las jóvenes indígenas el tema del conflicto armado y otras problemáticas que les afectan?

En el 2005, en el resguardo indígena de Jámbalo, vereda Zumbico, los y las jóvenes reunidos en el Congreso Juvenil del Norte del Cauca nos dimos cita para analizar las problemáticas que los jóvenes vivimos en nuestro territorio. Se hizo una reflexión en torno a si nuestro deseo es fortalecer los Planes de Vida de las comunidades, entonces debemos dar mayor atención a la juventud que ha quedado atrás o al margen del proceso comunitario, y hacer que los últimos caminen al mismo ritmo. El mismo proceso nos ha llevado a tomar conciencia de la realidad de los jóvenes, de las personas y familias en la comunidad, necesitamos el apoyo de las Autoridades Indígenas, que se comprometan con todo nuestro proceso enmarcado en los planes de vida juveniles y comunitarios.

En el mismo congreso, frente al conflicto armado, se plantearon los siguientes elementos: los jóvenes debemos ser conscientes de nuestro proceso para no hacer parte de los grupos armados, no aceptamos la imposición de ideas por medio de las armas, mantendremos nuestra posición de autonomía

El mismo proceso nos ha llevado a tomar conciencia de la realidad de los jóvenes, de las personas y familias en la comunidad, necesitamos el apoyo de las Autoridades Indígenas como pueblos indígenas utilizando la razón y no la fuerza, seguiremos fortaleciendo los planes de vida y los procesos juveniles como mecanismos de resistencia y fortalecimiento de nuestra organización. Además, reafirmamos que estamos dispuestos a empuñar los bastones de autoridad de nuestra organización para garantizar la pervivencia de nuestro pueblo, defendiendo la vida y el territorio. Se acordó que aportaremos nuestras ideas de acuerdo con nuestras capacidades y, finalmente, que rechazamos todo acto de violencia que vaya en contra de la vida y la dignidad de los pueblos.

Señas: ¿cuáles fueron las principales conclusiones de este espacio?

Se propusieron más bien algunas acciones, entre ellas: apoyar las resoluciones que emanan nuestros cabildos, apoyar y defender los planes de vida comunitarios, fortalecer nuestros programas, cabildos, guardia indígena, haciendo parte de ellos. Además, se propuso el fortalecimiento de la unidad y la resistencia por medio de los procesos comunitarios y la necesidad de orientar a la juventud para que sean críticos, analíticos y propositivos al momento de tomar decisiones. Finalmente, se planteó que se debían fortalecer los espacios juveniles dando prioridad a los grupos veredales.

Señas: frente al conflicto armado y sus consecuencias para la juventud ¿cuáles son los retos de la organización indígena?

Aunque existan esfuerzos y programas creados por la organización indígena para capa-

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citar a los jóvenes esto no es suficiente, y si pretendemos fortalecer el proceso comunitario es importante prestar atención a esta población y brindar el apoyo, no solo como lo piensen los mayores sino como lo propongamos entre los mismos jóvenes. Sabemos que en este proceso el aporte de la juventud ha sido valeroso: los aportes del Movimiento Juvenil, la Guardia Indígena y demás programas donde existen jóvenes, que desde nuestras experiencias aportamos al plan de vida, pero aún queda mucho por aportarle a otros jóvenes que vienen detrás y no encuentran el camino.

Frente a la problemática que hoy vivimos, especialmente la del conflicto armado, se ha tratado de llegarle a los demás jóvenes de diferentes maneras. Con talleres, charlas, videos, haciendo mingas juveniles y llevando el mensaje de joven a joven, pero vemos que esto no es suficiente. Hoy más que nunca requerimos el apoyo y el acompañamiento de nuestras autoridades, los jóvenes hacemos parte de la comunidad y tenemos una autoridad que es la encargada de velar por nuestra protección y nuestros derechos, es un trabajo que se debe hacer en conjunto, de la mano con nuestras autoridades y comunidad. El reto que tenemos como jóvenes es el de seguir aportando al proceso, unir esfuerzos para garantizar la permanencia en nuestras comunidades. En la junta directiva regional del CRIC, que se realizó en Toribío en el mes de julio de 2011, quedaron cosas concretas por realizar frente al tema del conflicto, por ejemplo, la necesidad de exigirle a las FARC el regreso inmediato de jóvenes y niños indígenas que se encuentran en sus filas, esperamos poder aportar a este proceso, ojalá esto no sea un documento más de la organización.

El reto no es simplemente de los jóvenes sino de la organización como tal, hoy se hace necesario tejer lazos de unidad con otros sectores sociales comprometidos con la cau-

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sa de un mundo más justo y mejor para todos y todas. Como jóvenes debemos capacitarnos, entender el proceso, conocer leyes y hacer valer nuestros derechos; debemos ser conscientes de las amenazas a nuestro proceso, de la lucha de los mayores. En ese sentido, lo que hoy tenemos que hacer es seguir esa lucha, es momento de luchar. Una lucha desde la palabra, con ideas claras, con unidad. Creo que es la mejor arma que podemos tomar hoy los jóvenes y nuestra propia organización. La guerra no es la única alternativa que tenemos, con el espíritu, la fuerza juvenil y la sabiduría de los mayores podemos luchar y construir proceso, esta es la tarea de las autoridades y mayores para poder reconocer el trabajo de los jóvenes y escuchar su palabra. Es hora de hacer memoria y tomar los mandatos de los congresos emanados de la organización.

En general, lo que yo veo es que la guerra ha generado diversos atropellos a la población civil y violaciones de los derechos humanos, sociales, políticos y culturales de las comunidades indígenas. Los territorios han sido convertidos en escenarios de guerra y la población civil ha quedado en medio del conflicto llevando siempre la peor parte, se han producido señalamientos, amenazas, asesinatos, desplazamientos, intimidación, limitación en la movilidad e involucramiento de la población civil en la guerra. La guerra ha sido un método indiscriminado de utilizar la violencia para la acumulación de riquezas y la búsqueda del poder. Pero ante esta situación, desde el movimiento indígena se viene haciendo un proceso de construcción de paz a través de las diferentes actividades o espacios de los cabildos, los jóvenes con sus dinámicas han realizado los aportes a la construcción del plan de vida desde su pensamiento y su forma de entender la realidad.

Rosalba Velasco

Un día en el que las mujeres indígenas nos reunimos a tejer la memoria y la palabra Rosalba Velasco* Ana María subió por la escalera. Es una mujer nasa de las montañas de Toribío, joven, bajita, como la mayoría de nosotras. Con la ya’ja (mochila) terciada que nunca deja, subió con su rostro fuerte, moldeado por la vida. Y esa sonrisa enorme que siempre tie-

ne para dar a menos que esté enojada. En su rostro reflejaba angustia, temor, ansiedad. ¡Eucxa!, saludó a los asistentes. A lo lejos se escuchó un suspiro que dejó salir desde lo más profundo de su ser. Y continuó hablando en nasa yuwe: “Bienvenidos todas y todos

* Coordinadora e investigadora de la Casa de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe- ACIN.

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al primer encuentro de mujeres indígenas en resistencia por la pervivencia y autonomía de los pueblos”. Con la fuerza y el sentimiento característico de la mujer nasa, nos dijo: “estamos aquí reunidas para tejer la memoria y la palabra”. Era la primera vez que hablaba frente a tanta gente. Nunca había estado en un espacio así. Nos invadió la alegría y nos sentimos orgullosas de ella.

El día anterior habíamos recibido el año nuevo nasa, como lo hacemos todos los años el 21 de junio. Esta vez había un motivo más que nos convocaba. Llevábamos ocho meses esperando su llegada. La angustia se apoderó de nosotras. Barrer, limpiar, asignar los sitios de alojamiento y cocina para cada uno de los resguardos y las delegaciones. Corriendo de un lado para otro con los dos lunares que acompañan su sonrisa, una mujer gritaba: “¡traigan la remesa! Traigan los 8 bultos de harina negra, los 10 bultos de maíz, los 20 bultos de papa, los 4 bultos de frijol cacha, los 120 paneles de huevo, las 4 cajas de aceite y las cinco arrobas de sal… ¡todo hay que dejarlo aquí!” Era Mónica, la ecónoma del Programa Mujer, experta y ágil cuando de alimentos y cantidades se trata. Desde el kiosco, Celia, responsable de la decoración del lugar, ya no sabía qué hacer con tantas pancartas, mensajes y pendones. “¡Me tienen loca, me tienen loca!”, decía con insistencia como siempre suele hacerlo. Y preguntaba: “¿Desde allá cómo ven? ¿Todo está quedando bien?” Y yo gritaba: “¡No se olviden del muro de la memoria! ¡Ahí están las fotografías!”

Con ellas llegaron los recuerdos, las alegrías, las tristezas. También uno que otro sollozo al recordar a nuestras compañeras.

Bueno. ¡Ahora sí! ¡Llegaron las chivas!, se escuchó decir a varias personas. La delegación de Munchique fue la primera en llegar.

A lo lejos, entre los árboles de eucaliptos y de mango, se veían venir las otras delegaciones.

Bajaban de las coloridas chivas y de los carros. Bajaban con sus maletas al hombro, sus

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campamentos y sus pancartas. Entre varios traían el revuelto: el plátano, la yuca, la leña y los fondos. Nosotras les dijimos que nos encargábamos del resto: el arroz, la harina, el café, la sal, el aceite, el maíz y hasta la chicha. Y lo más importante: las cuatro vacas que pelamos. Porque evento sin carne, no es evento. Un rato después llegaron las compañeras de la Ruta Pacífica de Mujeres desde Popayán. Pero también llegaron mujeres de Cali, Tolima, Bogotá y hasta de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¡Hay muchas mujeres!, se oía comentar por los pasillos. Esa noche no pudimos dormir bien.

Ahí estaba Ana María, subida en la tarima, rodeada de pancartas de mil colores.

Unas decían: “Tejer memoria es recordar y seguir haciendo historia”, mientras otras hablaban de los sueños que tenían como mujeres, madres e hijas. Detrás de ella el viento agitaba la bandera verde y roja del CRIC. Y adelante, mil doscientas personas, entre mujeres, hombres, niñas, niños, mayores y jóvenes, escuchaban atentas sus palabras.

Tomó la palabra Pablo Andrés, el gobernador de Munchique Los Tigres, indígena nasa de carácter fuerte y corazón humilde.

En su mano derecha empuñaba el bastón de autoridad, una chonta rodeada con cintas y moños de siete colores que representan la cabellera de quien lo acompaña en su vida, evocando también los vestidos de las hijas de Uma, como lo enseña el mito de origen del pueblo nasa. A su lado izquierdo colgaba la ya’ja. Llevaba puesto un particular gorro de siete colores, como si el arco iris estuviera sobre su cabeza. Gorro que seguramente tejieron las manos de Johana, su compañera.

“Vamos pa´esa”, dijo con fuerza, y agregó: a la mujer hay que reconocerle su aporte, levantar la familia, mantener la unidad. Hay mujeres que se han interesado por los procesos sociales alrededor del mundo. Si nos centramos en los pueblos indígenas siempre han estado las mujeres cumpliendo im-

portantes papeles. En el proceso de recuperación las mujeres eran las que tenían que frentiar. Por eso me da mucha alegría este espacio. Aquí estamos como comunidad de Munchique y hemos venido a acompañar a nuestras mayoras y demás mujeres que han aportado en el proceso de la comunidad.

Sus palabras nos conmovieron. Unas palabras sencillas, humildes, sabias, fuer-tes y sinceras que reconocían la importancia de la mujer. Muchas manos dejaron de tejer.

Vi las lágrimas caer sobre sus rostros. También sentí las mías. Sollozos y suspiros se escuchaban mientras quienes cuchicheaban quedaron en silencio. No terminó sin antes mencionar y reconocer a las tres mujeres que han sido gobernadoras en su resguardo.

Y mil aplausos se escucharon en el espacio.

Nos quedaba una duda: así como piensa él, ¿por qué a los demás compañeros les cuesta tanto reconocernos? ¡Qué bueno sería que lográramos poner en práctica el principio de la complementariedad! Que no solo sea un discurso, que se vea en la práctica, en cada espacio de la familia y la comunidad.

A lo lejos del kiosco, y entre la multitud, escuché gritar ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Era la voz suave, dulce y temblorosa de una mujer joven, de cabello largo y oscuro que en su mano derecha empuñaba con fuerza un bastón café hecho de madera y rodeado por cintas verdes y rojas, los colores de nuestra organización. Era Martica. ¡Que emoción! Los rostros reflejaban nuestra alegría. Nuestras voces temblaron. Lágrimas y sonrisas intermitentes. Durante tres días había dejado de ser la secretaria para pasar a coordinar la guardia. Así tan solo fuera por un rato. La gente se levantó cuando vio acercarse a la guardia viniendo desde el potrero en dirección al kiosco. “¡Córranse! ¡Córranse! ¡Abran paso que la guardia necesita espacio!”, gritaba Manuel, el coordinador de la Guardia del resguardo de López Adentro, mientras cargaba el megáfono junto a Marta.

Y continuaron gritando: “¡Guardia! ¡Guardia!

Durante tres días había dejado de ser la secretaria para pasar a coordinar la guardia. La gente se levantó cuando vio acercarse a la guardia viniendo desde el potrero en dirección al kiosco.

¡Fuerza! Fuerza!” La seguían muchas mujeres con sus años a cuestas. Mujeres que son el reflejo de una sabiduría que ha acariciado con sus manos arrugadas a hijas y nietos.

Con esas mismas manos empuñaron con fuerza el bastón. Rostros, muchos rostros.

Mujeres mayoras, jóvenes y niñas se entrelazaron entre sí mientras tejían el espiral, la vida, los sueños. ¡Bastones arriba! El verde y rojo de las cintas se movía con el viento y se entretejía entre los cabellos. Detrás de ellas venían hombres fuertes, mayores, jóvenes y niños que también hacían parte de la guardia. Iban detrás de las mujeres, cuidándolas y brindándoles apoyo. Era un homenaje maravilloso para todas aquellas mujeres que vinieron de México, de Bolivia, de Paraguay, de Guatemala, de Ecuador, de Perú y de España. Pero también para nosotras, las mujeres indígenas del Cauca con quienes ellos comparten día a día su vida. El espiral, símbolo de nuestra vida, de nuestros ovarios y de nuestra semilla, llenó de alegría y colorido el escenario.

Al costado derecho del kiosco la memoria se hizo presente. “La semilla de vida de nuestras compañeras, ¡presente!”, decía el mensaje del “Muro de la Memoria”, cargado de las fotografías y los nombres de varias de nuestras compañeras que han dado su vida en este proceso de largo caminar: Rosa Elena Toconas, joven compositora del Canto del Hijo del pueblo nasa; María Antonia Fernández, la primera mujer gobernadora del resguardo de Canoas; Adriana Aguilar, la abogada del CRIC que luchó siempre por

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Rosalba Velasco

Rosalba Velasco

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fortalecer el derecho propio; María Ulcué y Vilma Rivera, mujeres jóvenes, que acompañaron desde el Movimiento Juvenil “Álvaro Ulcue” el caminar de la comunidad; Lorenza Ramos, mujer lideresa, que con su fuerza luchó por este proceso; Emilia Guasaquillo, reconocida lideresa recuperadora de tierras del resguardo de Munchique Los Tigres, las Kiwe Thegna, quienes han dado su vida en el ejercicio de cuidar el territorio; Marleny Vitonás, una mujer que se destacó por su trabajo en el área económica y administrativa de la organización, y quien vio frustrados sus sueños en un trágico accidente que también se llevó a su pequeño Sek. Muchas otras mujeres quedarán por siempre en nuestras memorias. También estuvo Muro el padre Álvaro Ulcué Chocué, quien apoyó y motivó la

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organización de las mujeres en la zona norte del Cauca, y Rodolfo Maya, un joven cabildante del resguardo de López Adentro, quien fue asesinado pocos días antes del encuentro. Nuestros corazones latían de prisa, muy de prisa, nuestras gargantas secas y un nudo que floreció en llanto. Nuevamente vi correr lágrimas por aquellos rostros cobrizos. Entre las alegrías y las tristezas llegaron los recuerdos. La memoria es vida, es sentir que están allí, acompañándonos… Mujeres, madres, esposas, hijas, compañeras, una economista, otra abogada, otras varias recuperadoras de tierra, Kiwe Thegna, amas de casa, grandes lideresas en sus familias y comunidades. ¿Cómo no recordarlas? ¿Cómo no recordar sus sonrisas, sus valiosos aportes? ¡Que sea el día de sentir que están más vivas que nunca!

La noche anterior, preocupadas porque había pocos productos para intercambiar, nos encontramos con doña Bertha Julián, que caminaba bajo el viento que mecía las ramas de los eucaliptos que había en el potrero. Ella tiene una hija que se fue a estudiar a Bogotá y la recibieron en la casa de Diana. Allá le dieron la mano y ella nos vio que andábamos cómo azaradas y nos preguntó: “¿Qué les pasa, compañeras?” Apenas le contamos lo que pasaba, llamó a su otra hija y le dijo: “hija, mañana que bajen dígale a su papá que traigan todo lo que encuentren en la huerta”. Y esa señora bajó desde huevos de patio hasta lo que usted no se imagina porque tiene disque una huerta espectacular.

Bajó maíz, fríjol, arracacha, huevos, de todo…

El espacio de ella era el que más productos tenía. Con eso, más los otros poquitos, logramos hacer el trueque. Eso fue lo que me contaron, y también lo vi por fotos, porque yo ni siquiera pude bajarme del escenario.

Un día del mes de octubre de 2010 nos habíamos reunido varias mujeres en la “Tulpa de la mujer indígena y el territorio”, un espacio coordinado por el Programa Mujer, el Movimiento Juvenil “Álvaro Ulcue”, el Pro-

grama de Educación, el Programa de Familia y la Casa de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN. Entre los nasa, la tulpa es el fogón, formado de tres piedras que representan la familia y la unidad entre la madre, el padre y los hijos. Fue ahí donde nació la idea de hacer el evento para resaltar la participación política de las mujeres indígenas, hacer una denuncia pública de las afectaciones que sufrimos en el contexto del conflicto armado, y reflexionar y contribuir en la propuesta de paz de la organización desde nuestra propia experiencia y vivencia como mujeres.

En esa oportunidad, nos sentamos por resguardo a pensar y recordar cuáles serían las mujeres jóvenes, adultas, mayoras, que por su inmenso trabajo, por su voz clara y contundente, por su fuerza y entereza en tantos años de organización y resistencia, han hecho posible el proyecto de vida comunitario, la defensa del territorio y la construcción de la autonomía. Fue bonito recordar porque a veces ni siquiera hay tiempo para eso. Cuando nos pusimos a mirar, salieron alrededor de 500 mujeres: quienes fortalecen la medicina tradicional y la armonización de nuestros territorios: promotoras de salud, médicas tradicionales, pulseadoras, sobanderas, parteras; quienes contribuyen al fortalecimiento de un sistema educativo propio y a la recuperación y vivencia de los conocimientos propios y los diálogos interculturales: maestras, coordinadoras de equipos educativos, animadoras de escuelas de familia, escuela de la mujer, escuela de jóvenes, escuela de tejedores y tejedoras, centros de etnoeducación, comunicadoras, madres comunitarias; quienes construyen en el gobierno propio y trabajan por el buen ejercicio de la justicia en nuestros territorios: gobernadoras, consejeras, alguacilas, fiscales, capitanas, jurídicas en derecho propio, tesoreras, guardias kiwe Thegna; quienes trabajan día a día por una economía propia: cuidadoras de las semillas, agricultoras, protectoras del tul,

© Jesús Abad Colorado

de la producción y la autonomía alimentaria, cocineras, técnicas económico-ambientales; también aquellas mujeres de otros pueblos y sectores sociales que han trabajado hombro a hombro con este proceso, porque creen en él, porque han decidido hacer este camino con nosotros y nosotras, aquí en las comunidades. Para todas aquellas que desde su ser mujer, desde su ejercicio profesional y desde su convicción política y humana han acompañado solidariamente este proceso organizativo.

Dos días después de iniciado el evento fuimos llamando, resguardo por resguardo, a cada una de ellas: Huellas, el anfitrión, fue el primero, después vino Corinto, y así, sucesivamente, Guadualito, Cerro Tijeras, Canoas, Jambaló, Kitek Kiwe, Concepción, Delicias, Munchique Los Tigres, Pueblo Nuevo Ceral, San Francisco, Tacueyó, Tóez, Toribío, La Ci-

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Ir a tabla de contenido Ahí estaba Daniel mi pequeño hijo, con su atuendo típico, su capizayo gris y su sombrero de hoja de caña y esa espectacular sonrisa, que me enamora.

lia-La Calera, El Naya, Nasa Kiwe The Shaw, López Adentro, Las Delicias. Y las vimos desfilar por la tarima. Unas bajaron desde las veredas más lejanas del territorio; otras, por su avanzada edad, fueron traídas desde sus casas. Algunas llegaron con sus vestidos coloridos. Otras, a pie limpio, subieron por la tarima para darse a conocer, para que nosotras y nosotros pudiéramos admirar y con cada aplauso decir ¡pay!, ¡pay! por todo lo que nos han dado, por su ejemplo de vida, su entrega, su fuerza, sus sueños y sus años.

También reconocimos el valioso aporte que las mujeres solidarias han hecho a este proceso. Muchas de ellas llevan años en la organización: Graciela Bolaños, la “dura” de la educación, ampliamente reconocida como la mamá del CRIC; Yaneth Lozano, quien durante veinte años ha acompañado a las mujeres en su proceso de formación; Cristina Imholz, quien desde su convicción en la teología de la liberación ayudó mucho en la recuperación de la memoria en la Cátedra Nasa-Unesco; Victoria Alvarado, o Vicky, la arquitecta, como todas la conocemos; Alejandra Llano, la caleña, que llegó desde muy sardina a estas tierras y por acá se quedó; Andrea Anaya, la psicóloga, la que escucha, la que es confidente, la que es amiga; Sara Eva Cuéllar, la agrónoma que lleva toda su vida acá metida y ha logrado compartir sus conocimientos y hacer escuela; Fabiola Cartagena, antes conocida como “la mona de los indios”, y ahora distinguida como “Guardiola”, es la guardia y promotora de salud que ha recorrido todo el norte del Cauca en “La Poderosa”, su moto compañera. Todas estas

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mujeres, y muchas más, dejaron sus propias familias y decidieron ser familia y hacer familia junto a nosotras. Aquí han nacido los hijos e hijas de algunas de ellas. Este proceso los ha visto crecer, y ellas y ellos han crecido con él. Hoy, al igual que sus madres, están acompañando este caminar.

En la noche las mujeres de la ruta realizaron un ritual de sanación, todas hicimos una enorme rueda alrededor de la colcha, símbolo de fuerza y compromiso, y nos cogimos de las manos; a medida que la mujer realizaba el ritual muchas descargaron sus emociones: risas, llanto, abrazos fueron las formas como expresamos todos esos sentimiento que tenemos guardados en lo más profundo de nuestro ser, por todo lo que vivimos, por todo lo que nos pasa.

Después llegó la música, las danzas típicas y también las sayas, ¡que contraste tan bonito!, entre anacos y capizayos y los vestidos coloridos de las sayas, nos acompañaron grupos del resguardo de Toribío, no podía faltar el de Huellas, y el grupo musical Inty de López Adentro que nos dedicó sus maravillosas canciones. También se hizo presente desde Canoas el grupo Cxayuçe, que con la danza de la ruana nos deleitó a todos y todas. Ahí estaba Daniel mi pequeño hijo, con su atuendo típico, su capizayo gris y su sombrero de hoja de caña y esa espectacular sonrisa, que me enamora. Se movía con gusto de un lado para otro con Juliana su pareja en la danza. Esa noche fue espectacular, una noche clara por la luz de la luna que nos acompañó hasta tarde; danzamos, bailamos, tomamos chicha y celebramos.

Caminaron y caminamos desde Bodega Alta hasta Caloto por la vía central. Todas las mujeres íbamos adelante. Los hombres fueron detrás. Llevamos los pendones, los pasacalles y los mensajes para ambientar la marcha de cierre. Un grupo de mujeres bajó, desde la tierra fría de López-Tacueyo, trescientas flores de Cartucho, el símbolo de

la marcha. Mujeres y hombres gritábamos, agitando las flores blancas: “No queremos los cartuchos de la muerte, queremos los cartuchos de la vida”. Las musas de la Ruta Pacífica de Mujeres llamaban la atención.

Sus cuerpos desnudos, llenos de colorido y mensajes nos demostraban que nuestros cuerpos son magia, son arte, son pureza, son sagrados, y que el conflicto los ha convertido en botines de guerra; que nos pueden enamorar, usurpar y luego tirar. Y exponernos, desde un bando y otro, a ser señaladas y violentadas; incluso asesinadas. Cientos de personas caminamos el pavimento. El calor no fue un obstáculo. Los habitantes de los alrededores se asomaban desde sus casas al escuchar tanta algarabía. “¿Qué pasa?”, se preguntaban entre sí. A lo lejos alguien decía: son las mujeres indígenas que marchan denunciando los atropellos y las muertes de las que vienen siendo víctimas. Al son de los cantos, las risas, las chirimías y las danzas, las mujeres marchamos y denunciamos. Mil colores pasaron… el verde y el rojo de las cintas de los bastones, las jigras multicolores, los chumbes de mil colores. También pasaron las madres con sus hijos apados,1 haciendo de la marcha un arcoiris sin fin.

Ya en la plaza de Caloto nos ubicamos alrededor del templete azul que está justo allí, en el centro de la plaza, y después de haber caminado dos largas horas, todas y todos queríamos descansar a la sombra de un buen árbol. Sin más espera leímos el pronunciamiento y la denuncia que resultó del trabajo de los tres días que duró el encuentro. Las mujeres allí presentes alzamos nuestras voces y rompimos el silencio para exigir el cese inmediato de la confrontación armada en nuestros territorios y en el país, una salida política al conflicto armado, los diálogos regionales de paz, la construcción e implementación de una política pública pa1

Apado: forma en que la mujer nasa carga los hijos en la espalda, sujetos con el chumbe.

ra mujeres indígenas construida a partir de nuestros propios pensamientos y propuestas, así como la realización de procesos de Verdad, Justicia y Reparación integrales acordes con nuestras particularidades y necesidades como mujeres indígenas que nos garanticen la restitución de derechos y de no repetición.

Al leer el documento y recordar a las compañeras que han sido víctimas de este conflicto armado, lágrimas y mil lágrimas brotaron de nuestros ojos. El evento estaba por terminar. La compañera de Bolivia, una mujer indígena quichua, bajita, de largas trenzas, falda corta y bombacha de color zapote, le entregó a Marta la Wiphala, símbolo de hermandad y solidaridad entre pueblos. A pesar de tantas diferencias estábamos juntas, estábamos allí, y habíamos podido tejer y sacar adelante nuestro sueño. ¿Cómo no recordar a Martica? Estaba alegre en su último cuarto de hora como coordinadora de la guardia, mientras a lo lejos, debajo de un árbol de almendro, se veía un hombre asombrado, perplejo, pensativo, que miraba con malicia cómo su compañera había sacado a relucir su capacidad, su fuerza, su entereza como lideresa, demostrándonos que las mujeres podemos asumir miles de roles dentro de la organización. Nos encontramos, nos abrazamos, lloramos juntas, nos felicitamos por cumplir lo que nos habíamos propuesto.

Aprendimos de las manos de las mayoras a tejer la vida… la yajá (la jigra), el chumbe, el territorio y el plan de vida. Y seguiremos, con nuestros hijos e hijas, sembrando semillas para la vida, el territorio y la alegría.

“¿Qué pasa?”, se preguntaban entre sí.

A lo lejos alguien decía: son las mujeres indígenas que marchan denunciando los atropellos y las muertes de las que vienen siendo víctimas.

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Mujeres caminantes de la palabra en defensa de la vida y autonomía de nuestros pueblos SOMOS LAS MUJERES LIBRES Y DIGNAS Somos los trabajadores y las trabajadoras, somos los corteros de caña y sus compañeras, somos los campesinos y las campesinas, jornaleros y cosecheras, somos la gente hija de la tierra, somos los pueblos indígenas y las mujeres indígenas somos los descendientes de africanos que nos estamos liberando, somos los otros, las otras, quienes desde la diversidad sexual hacemos democracia.

Las mujeres indígenas del Norte del Cauca, en el “Primer encuentro de mujeres indígenas en resistencia por la pervivencia y autonomía de los pueblos.

Tejiendo la palabra y la memoria”, en la comunidad de Bodega Alta, Resguardo de Huellas municipio de Caloto, acompañadas por mujeres y hombres indígenas y de organizaciones sociales del departamento del Cauca, de Colombia, por nuestros hermanos y hermanas de Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Paraguay, México, así como de organizaciones y organismos internacionales de solidaridad, nos reunimos para juntas y juntos reconocer y hacer visible el aporte de las mujeres indígenas a la resistencia y pervivencia de los pueblos, así como de otras mujeres y organizaciones constructoras de paz.

Para denunciar la situación de las mujeres en el marco del conflicto armado y construir caminos desde las voces y vivencias de las mujeres que permitan recuperar la armonía en nuestros territorios.

Reafirmamos nuestros sueños de un territorio autónomo en donde sea posible estar bien en una relación armónica y respetuosa con todos los espíritus y seres con los que compartimos esta gran casa, en donde mujeres y hombres indígenas, afrocolombianos y campesinos, unidos y en la diversidad, caminemos en libertad por nuestros territorios.

Evidenciamos y tenemos que denunciar que en nuestro territorio el proyecto de muerte, que se expresa de múltiples formas en nuestras vidas y territorios, nos está segando la risa y la alegría de vivir, tal como lo expresaron las mujeres en múltiples testimonios que hemos escuchado en estos días de encuentro.

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Hoy asistimos a una nueva forma de colonización,

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nuestros territorios, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros conocimientos son vistos como mercancías.

Hectárea por hectárea ha sido subastada a las transnacionales minero-energéticas. El modelo económico del país se basa en la gran minería y explotación petrolera, “nueva locomotora del desarrollo”. Toda la violencia política oficial se asocia íntimamente con el avance de las transnacionales en nuestros territorios.

La militarización del territorio a partir de las estrategias del Estado colombiano y la presencia de la insurgencia ha generado una ocupación permanente que nos afecta contaminando nuestros sitios sagrados, afectando nuestros ciclos armónicos de producción así como poniendo en peligro el plan de vida comunitario del pueblo nasa y las iniciativas propias de organización de las comunidades afrodescendientes y campesinas que comparten el territorio del norte del Cauca.

En los últimos años se ha intensificado el conflicto armado y se han generado graves violaciones al DIH y los derechos humanos. En el año 2010 en el norte del Cauca se presentaron 339 hechos violatorios de los derechos humanos y colectivos e infracciones al DIH. De enero a julio de 2011 se han presentado diez homicidios, un accidente por munición sin explotar, ocho amenazas, ocho heridos de los cuales tres son menores de edad y dos de ellos mujeres.

Denunciamos que nuestros niños y niñas están en riesgo, en los dos últimos años doce niñas fueron reclutadas forzadamente por grupos ilegales, nueve niños y niñas resultaron heridos, un joven retenido de manera forzada, a 4734 menores se les vulneró el

derecho a la educación debido a los enfrentamientos armados.

Si bien el conflicto armado nos afecta como pueblo, las mujeres sufrimos diversas formas de violencia específicas, somos víctimas de violaciones sexuales, desplazamiento forzado, asesinatos, afectación por minas, reclutamiento forzado, amenazas, frente a estos casos hay total impunidad. Por eso decidimos hoy romper el silencio, para exigir de manera colectiva como mujeres indígenas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Como consecuencia del conflicto armado, cada año aumenta el número de víctimas mujeres en el norte del Cauca: en la última década 26 mujeres han sido asesinadas. Solo en el 2010 fueron asesinadas seis mujeres, mientras que en lo corrido del 2011 han sido asesinadas dos mujeres, una ha sido desaparecida forzadamente, y dos niñas han sido heridas por actores armados.

A nivel del Cauca, la violación de los derechos de las mujeres es bastante grave. De enero a julio de 2011, se han incrementado los casos de amenazas y persecución a liderezas y organizaciones de mujeres.

Igualmente, la modalidad de asesinatos a mujeres a manos de sicarios se incrementa, producto de la reparamilitarización del departamento. Con tristeza denunciamos el incremento de las violaciones a mujeres por distintos actores armados. Igualmente, vemos con preocupación que el 80% de los casos de violación a mujeres son cometidos por familiares y conocidos y más del 60% de las afectadas son menores de 14 años.

Denunciamos como un crimen de guerra que muchas mujeres especialmente niñas y jóvenes han sido víctimas de violencia sexual por parte de actores armados, tanto la guerrilla como la fuerza pública violentamente disponen del cuerpo de las mujeres como una forma de imponer su control dentro del territorio y agredir a todos los pueblos.

Denunciamos que los actores de la guerra se relacionan sexualmente con niñas menores de 14 años. Por otra parte como una estrategia perversa, al momento de asesinar mujeres, las violentan sexualmente como una forma brutal de generar terror y mensaje de acallamiento para todas las mujeres del territorio y la organización.

Son muchos los casos pero de manera emblemática denunciamos, rechazamos y repudiamos el asesinato de la niña Aleida Campo de 14 años, que el día 17 de noviembre de 2008 fue objeto de violencia sexual, tortura y homicidio por parte de las FARC, y el casos de Luz Amparo Chaguendo Ipia quien fue ejecutada extrajudicialmente el 29 de mayo de 2008 por el Ejército Nacional, son grandes pérdidas para sus familia, así como para el conjunto del pueblo nasa.

Vivimos en medio de una guerra que nos arrebata a nuestros hijos e hijas, nuestros compañeros, padres y hermanos; una guerra que nos obliga a vivir en medio de la zozobra de la confrontación armada permanente, una guerra que vulnera derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a una vida libre de violencias, por lo que alzamos nuestras voces y rompemos el silencio para exigir: QQ

El cese inmediato de la confrontación armada en nuestros territorios y en el país.

QQ

Salida política al conflicto.

QQ

Diálogos regionales de paz.

QQ

La construcción e implementación de una política pública para mujeres indígenas que sea construida a partir del pensamiento y propuestas de las mismas mujeres.

QQ

Realización de procesos de Verdad, Justicia y Reparación integrales acordes con las particularidades y necesidades de las mujeres y que brinden garantías de restitución de derechos y de no repetición.

También, como mujeres estamos decididas a seguir tejiendo la vida y por eso proponemos y reafirmamos las siguientes acciones: QQ

Las mujeres seguiremos trabajando en Minga junto con otros sectores sociales y populares, por ello caminaremos hacia un gran Congreso de Mujeres que nos permita tejer propuestas y acciones para la construcción de la paz.

QQ

Liderar una gran campaña de recolección de firmas en nuestros territorios por el derecho a la paz, para exigir al Gobierno y los diferentes actores la paz como un derecho de los colombianos y colombianas y la urgencia de una salida política al conflicto que vivimos.

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QQ

El programa mujer, la Tulpa de las mujeres indígenas y el territorio y todos los espacios que fortalezcan la participación política de las mujeres, se potenciarán y seguirán apoyando desde la organización indígena y nuestras autoridades.

Es fundamental la constitución de una comisión jurídica de documentación y seguimiento de casos de violación de derechos a las mujeres, pensada, sentida y construida desde el corazón de las mujeres indígenas. Este es un aporte para caminar hacia un real proceso de Verdad, Justicia y Reparación y garantías de no repetición.

QQ

Es urgente poner en funcionamiento los tribunales de los pueblos para la verdad, la justicia y la reparación frente a las violencias basadas en género. En el caso de las comunidades indígenas, fortaleceremos nuestros propios tribunales como el Nasa Uüs.

QQ

A nivel de los territorios indígenas trabajaremos junto con las autoridades propias para dinamizar las rutas de acompañamiento integral para situaciones de violencia sexual e intrafamiliar hacia las mujeres, niños y niñas indígenas.

QQ

Trabajaremos por garantizar la participación e incidencia de las mujeres y exigir nuestros derechos y los de nuestros pueblos consagrados en el Auto 04, auto 092, así como los procesos de

consentimiento libre e informado para los proyectos que afectan nuestro territorio, autonomía y pervivencia.

QQ

Es una prioridad la construcción e implementación de la “Cátedra de paz y resistencia” que fortalezca la educación de niñas, niños y jóvenes a través de los Proyectos Educativos Comunitarios.

QQ

Convocamos a un gran levantamiento y movilización de las mujeres en contra de la guerra y por la paz.

En este caminar no hemos estado solas, con nosotras están también los pueblos originarios del gran Abya Yala, porque hemos entendido que los mismos problemas nos afectan a todos y todas, por eso nos solidarizamos entre pueblos, y reafirmamos la construcción de la paz como la única forma de garantizar la vida de nuestra madre Tierra y de nosotras y nosotros con ella.

Con la fuerza de la madre tierra, con los espíritus de la naturaleza, con la dignidad de nuestras comunidades y autoridades, unidas con todas las organizaciones de mujeres y con todos los sectores sociales y populares que convencidos de cambiar la historia seguimos en Minga de resistencia, ratificamos que: “No habrá paz para Colombia si no hay paz para todas las mujeres, y no habrá paz para las mujeres si todos los colombianos y colombianas no tenemos paz”.

Caloto, Cauca, 24 de junio de 2011

Situación de tierras de la Cxhab Wala Kiwe recuperando lo que nos han arrebatado Luis Alejandro Delgado*

Organizaciones que respaldamos esta declaración:

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Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)/ Cxhab Wala Kiwe- Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca (ACIN)/ Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y regionales indígenas acompañantes/ Ruta Pacífica de las Mujeres/ Organización Manos de Mujer del Tolima/ Organización Femenina Popular (OFP)/ Resguardo de Caño Mochuelo de Casanare, Colombia/ Almáciga Colombia/ ILSA/ CODACOOP/ Red Nacional de Mujeres/ Corporación Tabaco/ Asociación Minga/ Semilla del Sur - Chiapas México/ Asdeco y Asociación Mya Ukub bé de Guatemala/ Instituto quichua de biotecnología Sacha supai de Ecuador/ Aidesep de Perú/ Cefrec de Bolivia/ Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias y Campesinas: “Bartolina Sisa” de Bolivia/ Federación por la autodeterminación de los pueblos indígenas de Paraguay/ Alternativa, ACSUD - Las Segovias (País Valencia)/ Almáciga España/ Gloria Flórez, Parlamento Andino/ Mugarik Gabe del país Vasco/ Acción permanente por la paz/ Delia Pinto, Comunidad Andina de Naciones Y demás organizaciones acompañantes

La Cxhab Wala Kiwe

La tierra y el territorio han sido históricamente escenario de confrontación entre intereses provenientes del exterior y los que han defendido los indígenas nasa de manera ancestral.

El pueblo indígena nasa ha resistido largo tiempo en la defensa de su territorio, de su *

cultura y de su autonomía, desde la invasión de los españoles a Abya Yala (como se conocía al hoy continente americano) hasta nuestros días, situación que no parece reducirse.

Las tierras que históricamente han ocupado los indígenas nasa (Rappaport, 2000)

Politólogo, investigador de la Corporación Ensayos y del equipo de investigación intercultural de la Casa del Pensamiento de la ACIN.

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están ubicadas en la Cordillera Central de Colombia, en los departamentos del Tolima, Huila y Cauca principalmente. Debido a la presión violenta ejercida por los españoles, el pueblo nasa quedó relegado a la margen occidental de la Cordillera Central, en lo que hoy se conoce como Toribío, Jambaló, Caldono, Páez y algunas porciones de territorios de los municipios de Caloto, Santander de Quilichao, Silvia, Corinto, Miranda, entre otros. A lo anterior se suma el desplazamiento que han hecho a otras regiones del país (Putumayo, Caquetá) debido al conflicto armado y al creciente latifundio en el Cauca que no permite satisfacer las necesidades de tierra del pueblo nasa.

Los indígenas nasa han defendido históricamente la tierra, son conocidas las luchas que libraron los caciques Sat Tama y Manuel Quilos y Siclos, quienes fueron reconocidos como autoridades en sus territorios, y los cuales recibieron los títulos de las tierras que eran habitadas por el pueblo que ellos gobernaban, por tanto, no había injerencia de la Colonia sobre esos territorios. Sin embargo, la defensa territorial no se hizo exclusivamente en la época de la Colonia, periodo que duró alrededor de tres siglos, sino que ha sido una constante en el tiempo.

Con la llegada de los criollos al poder y la formación de la República en Colombia, y en la noble tarea de convertir a los indígenas en ciudadanos iguales al resto de colombianos, intentaron acabar con el llamado Código de Indias, con las tierras de resguardos, con las parroquias o pueblos exclusivamente habitados por indígenas, con los cacicazgos y cabildos, y con los protectores estatales de indígenas (Caicedo, 2011). Se iniciaba de esta manera un nuevo despojo, bajo la figura de la propiedad individual y privada, situación que fue revertida medianamente por medio del Decreto del 20 de mayo de 1820, que ordenaba devolver a los naturales los resguardos.

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La Cxhab Wala Kiwe

Las distintas guerras civiles que ha vivido Colombia desde su formación como República han sido otra forma de despojo a los pueblos indígenas de sus territorios, junto con una legislación que promovía las grandes haciendas y declaraba los territorios de comunidades indígenas como “territorios baldíos”. Así se logró desplazar a los indígenas una vez más, teniendo que abandonar sus posesiones y abriendo paso de esta manera al fenómeno conocido en Colombia como la “colonización”. Las diferentes guerras ocurridas en el país permitieron el ingreso de personas provenientes de otras regiones a ocupar los territorios indígenas y la parcelación de las tierras, reduciendo cada vez más las tierras de resguardo y dejando a los indígenas en pequeñas parcelas. A su vez, se produjo la aplicación del terraje,1 la pérdida de la tierra colectiva, el confinamiento de los indígenas y su ubicación en las partes altas de las montañas. La tierra que quedó en manos de los indígenas no era productiva por lo que debían utilizar parcelas cedidas por los nuevos poseedores, quienes cobraban posteriormente con días de trabajo.

A pesar de la arremetida existente para despojar a los indígenas nasa del norte del Cauca de su territorio, se lograron mantener los títulos colectivos de los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó, entregados en posesión al Cacique Manuel Quilos y Siclos. Por su parte, los entregados al Cacique Sat Tama pertenecen a los pueblos de Quichaya, Caldono, Pitayó, Pueblo Nuevo y Jambaló.

Las recuperaciones de tierra: ¡Volver a lo nuestro!

Para la década de los setenta, la necesidad de tierra se hizo más evidente, la población indígena crecía. Los indígenas, junto con 1

El propietario de la hacienda cobraba al indígena tres o cuatro días al mes de trabajo en pago por usufructuar una porción del territorio que estaba en posesión del terrateniente.

organizaciones de campesinos, se dieron cuenta de que la tierra no les alcanzaba, que estaban estrechos y su tierra estaba en posesión de grandes hacendados, y que esta les pertenecía. La formación de organizaciones sociales, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), en el Gobierno de Alberto Lleras Camargo, permitió que se generaran discusiones en torno a los problemas de la desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia y la necesidad de presionar una verdadera reforma agraria en el país que posibilitara la redistribución de la misma. Fue así como empezaron los indígenas a organizarse también en una estructura que los agremiara y les permitiera hacer sus exigencias al Estado colombiano quien históricamente los había desconocido, origen este del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Después de conocer la existencia de la Ley 90 de 1989, se empezó un trabajo de formación política por parte de líderes, personas solidarias con el proceso indígena, académicos, activistas políticos, entre otros, en defensa de los títulos colectivos de la tierra de los indígenas y de reconocimiento de la importancia de recuperar los territorios de los cuales violentamente habían sido despojados y que les correspondían. Las discusiones dadas en ese momento sirvieron para que los indígenas se juntaran en la finca La Susana en Toribío, Cauca, el 24 de febrero de 1971, dando origen al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con una plataforma inicial de siete puntos: 1. Recuperación de tierras.

2. Ampliación de los resguardos.

3. Fortalecimiento de los cabildos.

4. No pago de terraje.

5. Conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación.

6. Defender la historia, la lengua y costumbres.

7. Formar profesores indígenas.

Las recuperaciones de tierra fueron la principal estrategia de defensa y regreso al territorio quitado, sirvieron también para presionar la realización de una reforma agraria por vías de hecho en el país, que sucesivos gobiernos se han negado a realizar hasta el día de hoy. El picado de la tierra, el trabajo cultural, la avanzada de las mujeres y los niños en el ingreso a las haciendas, las mingas, el trabajo comunitario, la solidaridad de otros sectores sociales, entre otros, permitieron que la estrategia fuera tomando mayor fortaleza junto con la recuperación de formas políticas de organizarse y de ejercer autoridad, volver a los cabildos.

En el departamento, las recuperaciones se dieron principalmente en la zona norte y en la zona centro, en Puracé y Coconuco. La primera finca recuperada en la zona norte fue El Credo, perteneciente hoy al resguardo de Huellas, Caloto; se recuperó también en Tacueyó, Toribío, San Francisco, Munchique los tigres, y en los hoy resguardos de Canoas, Delicias, Concepción y Corinto-López Adentro, este último tiene la particularidad de haberse realizado en la parte plana del departamento.

La lucha indígena en el norte del Cauca no ha sido ajena a los actos de violencia que se presentan en el país, se han cometido asesinatos como el del Padre Álvaro Ulcué Chocué, cuatro personas que estaban recuperando en los predios de López Adentro y la muy conocida masacre del Nilo ocurrida en 1991, cometidas estas acciones por grupos de paramilitares al servicio de terratenientes. A pesar del costo de vidas humanas y de luchadores por la defensa del territorio, los indígenas han seguido defendiéndolo, y lograron bajar de la parte alta de la Cordillera Central al valle geográfico del río Cauca.

Las recuperaciones de tierras se presentaron hasta finales de la década de los ochenta y principios de los noventa. Dos im-

La Cxhab Wala Kiwe

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portantes hechos confluyeron como posibles causas de la no continuación de estas en los siguientes años. El primero, la masacre del Nilo, este hecho marcó la lucha por la tierra del pueblo nasa del norte del Cauca. El asesinato de veinte comuneros indígenas por parte de fuerzas paramilitares y del narcotráfico en complicidad con la fuerza pública debilitó y diezmó las luchas del pueblo indígena por la tierra. El temor por parte de los grandes hacendados y terratenientes a que los indígenas empezaran a ocupar más allá del piedemonte occidental de la cordillera central tenía que cerrarse con un acto de violencia que atemorizara a los indígenas y la lucha por la tierra se viera postergada.

El segundo hecho fue la promulgación de la Constitución Política de 1991. Este momento histórico para el país se dio posterior a la desmovilización de grupos armados como el M-19, el PRT, el EPL y el Movimiento Armado Quintín Lame-MAQL, y a las movilizaciones sociales de la época, incluidas las indígenas.

La Constitución Política puso a los indígenas en una situación de mayor legitimidad frente a la sociedad colombiana, al reconocer a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, y a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos. Esto devino también en el reconocimiento de una parte del presupuesto nacional para estos. Esta situación fue un momento distinto para las organizaciones y los pueblos indígenas. La nueva Constitución significó un cambio en el sistema político colombiano y ubicó a los pueblos indígenas en otro contexto, trasladó las luchas a un escenario de reivindicación de derechos principalmente a través de los mecanismos creados por la Constitución.

municipios del departamento del Cauca. Los municipios son: Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires y Timbío. Con una población aproximada de 94.312 comuneros según censo de los cabildos de los años 2008-2009 (ACIN, 2010). Los cabildos se han organizado a través de siete proyectos comunitarios: Proyecto Nasa (Toribío, San Francisco y Tacueyó), Proyecto Global (Jambaló), Proyecto Unidad Páez (La Cilia-la Calera, Miranda), Proyecto Cxha Cxha Wala (Corinto-López Adentro), Proyecto Integral (Huellas-Caloto), Proyecto Yu Lucx (Canoas, Munchique los tigres y Nasa Kiwe Tekh Ksxaw), y finalmente el proyecto comunitario Sat Fin´xe Kiwe (Las Delicias, Concepción, Cerro Tijeras, Guadualito, Pueblo Nuevo Ceral). Dentro de estos proyectos comunitarios faltan Tóez (Caloto) Alto Naya (Bueno Aires) Kitek Kiwe (Timbio) que no pertenecen a ninguno de los actuales.

Cxhab Wala Kiwe: territorio del Gran Pueblo

La masacre del Nilo: veinte años y sin reparación

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca se compone de 19 autoridades organizadas a través de cabildos en nueve

El 23 de diciembre de 1991, a los seis días de ocurrida la masacre, se firmó un acuerdo en Bogotá entre autoridades indígenas nasa

La Cxhab Wala Kiwe

Cada cabildo ha recuperado el territorio de manera diferente pero no excluyente, la población indígena nasa del norte del Cauca, organizada en la Cxhab Wala Kiwe, ha resistido y defendido su territorio de manera ancestral. Actualmente existen trece resguardos en la zona norte del Cauca, constituidos de la siguiente manera: cinco resguardos que tienen título de origen colonial del cacique Sat Tama: Munchique-Los tigres y Jambaló en el título de los cinco pueblos y el título de Manuel Quilos y Siclos correspondientes a los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó. Por resolución del Incora se constituyeron ocho resguardos: La Cilia-La calera (Miranda), Corinto-López Adentro, HuellasCaloto, Tóez, Canoas, Concepción, Delicias y Guadualito.

Archivo Casa del pensamiento

de la zona norte del Cauca y el Gobierno nacional para la búsqueda de una solución a la problemática de tierras para estas comunidades. El acuerdo inicialmente beneficiaba a las comunidades de Huellas, La Concepción, Las Delicias, Canoas, Corinto-López Adentro, La Cilia, Munchique-Los tigres, Guadualito y Jambaló, quienes poseían en aquel momento más problemas por falta de tierras para sus comuneros. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, el incumplimiento por parte del Estado se fue prolongando más y paralelamente la población indígena nasa fue creciendo en el norte del Cauca, situación que originó que a otros cabildos también se les adquirieran tierras en los mismos acuerdos para suplir las necesidades de sus comunidades.

Las investigaciones realizadas por este lamentable hecho arrojaron que hubo complicidad del Estado a través de algunos miembros de la Policía. Sin embargo, no hay condenas aún. Quedó claro también que las acciones de recuperaciones de tierras adelantadas por el pueblo nasa del norte del Cauca eran una manifestación legítima a unos derechos que el Estado se había negado a cumplir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a donde llegó el hecho a través del caso número 11.101, recomendó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos relativos a la reparación social en favor de la comunidad indígena nasa del norte del Cauca. Dentro de esta recomendación está la de adquirir 15.563 ha de tierra atendiendo el informe presentado por el Co-

mité de Impulso para la Administración de Justicia el día 23 de febrero de 1996.

Aunque el Gobierno nacional, en su momento, suscribió los acuerdos por esta masacre, el incumplimiento de los mismos ha sido la constante. En materia de reparación social solo se ha avanzado en el tema de adquisición de tierras. Al día de hoy se han adquirido alrededor de 13.906 hectáreas, después de veinte años de ocurridos los hechos, según datos de la ACIN. Si bien en el acuerdo suscrito entre el Estado y los indígenas se definieron 15.663 ha como una suma importante para la población existente en aquel momento, esta cantidad de hectáreas fue rápidamente insuficiente para el número de población indígena creciente en la zona y los no pocos problemas y conflictos presentados en algunos lugares donde se han comprado predios, caso San Rafael, predio comprado al cabildo de Toribío y el cual está ubicado en el municipio de Santander de Quilichao en límites con comunidades afrodescendientes, situación que ha desatado tensiones interétnicas. Sumado también a la oposición que empezó a surgir por parte de algunos propietarios de la zona norte a la compra de tierras a indígenas y de otros sectores de poder quienes no vieron con buenos ojos que se adquiriera tierra en la parte plana; otro inconveniente sumado a esto, es la creciente especulación con el valor de la hectárea de tierra en esta región del país.

Posteriormente se firma un otrosí suscrito el 13 de septiembre de 2005 para ratificar el cumplimiento de los acuerdos del Nilo de

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1991; como resultado de este nuevo acuerdo, esta vez el Gobierno se comprometió a la adquisición de las hectáreas restantes con diferentes alternativas: realizando un esfuerzo de compra según lo contemplado en el acuerdo inicial en los municipios de Caloto, Miranda, Corinto, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Jambaló, y también que las hectáreas restantes se compraran en los departamentos del Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Valle del Cauca y Cauca. En ese mismo acuerdo, el Ministerio del Interior y de Justicia, en coordinación con las demás entidades competentes, y a solicitud de las autoridades indígenas, acordó el inicio de los procesos de ampliación o constitución de los resguardos respectivos de conformidad con la Constitución Política y la ley, y demás

acuerdos internacionales referentes a pueblos originarios.

De los acuerdos suscritos por la masacre del Nilo, se ha avanzado parcialmente en el tema de tierras, los otros compromisos que adquirió el Estado colombiano en materia de indemnización, de justicia y verdad, tampoco han sido satisfactorios y el avance es mínimo.

Según datos del Ministerio del Interior y ACIN, como se mencionó, al día de hoy se han adquirido 13.906 ha del total de las 15.663 ha pactadas, sin embargo, haciendo un cálculo del número de hectáreas entregadas y mirando datos de ambas fuentes, faltan aproximadamente 19 ha que hacen parte de los predios comprados por el Incora entre 1992 y 1997, y que suman 6543, y de los cua-

Municipio

Cabildo o Resguardo

Núm. de predios

Ha

Buenos Aires

Delicias

14

740,7391

Caloto Corinto

Corinto-López Adentro

24

1.664,4853

Caloto

Huellas-Caloto

25

3.923,2982

Jambaló Dagua (Valle)

Jambaló

14

1.020,6985

Miranda La Plata (Huila)

La Cilia

4

620,2343

Santander de Quilichao

Canoas

22

763,1678

Concepción

16

509,4962

Munchique-Los Tigres

12

811,1508

Guadualito

6

237,0357

Nasa Kiwe Tekh Ksxaw

2

81,5891

Toribío Tacueyó Cartagena del Chairá (Caquetá)

8

1.042,2447

Toribío Santander de Quilichao

Toribío

5

817,8457

Toribío Buenos Aires

San Francisco

3

388,8188

Suárez

Cerro Tijeras

4

382,0982

Caloto y Putumayo

ACIN

6

884,1218

Total

165

13.887,0242

Fuente: elaborada con base en archivo del Equipo de Tierras de ACIN, Planeación ACIN, Ministerio del Interior y de Justicia (2012).

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La Cxhab Wala Kiwe

les la entidad no entregó la información detallada por cada predio. En la siguiente tabla se observa cómo han sido repartidas y a qué cabildos y resguardos se les ha comprado tierra y el número de hectáreas correspondientes.

El principal problema con los predios que se han adquirido a partir de la reparación por la masacre del Nilo, y otros que han sido adquiridos con recursos de los propios cabildos, es la no ampliación de los resguardos ni la constitución de otros nuevos. Muchos de los predios adquiridos ya habían sido ocupados por las familias en las acciones de recuperaciones de tierras en los años setenta y ochenta, lo cual permitió que se formaran rápidamente resguardos en la década de los noventa y fueran pagados por el Estado a sus antiguos poseedores. Es el caso de Canoas, Huellas, Corinto-López Adentro, Delicias, Concepción y Guadualito. Por su parte, se han constituido cabildos pero aún falta el paso final de la Constitución de resguardos en los casos de Cerro Tijeras (Suárez), el Nasa Kiwe Teck Ksxaw (Santander de Quilichao), Kitek Kiwe y Alto Naya.

Predios colectivos, bajo figura de propiedad privada En el año 2003, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez suprimió el Instituto Nacional para la Reforma Agraria (Incora) dando así un portazo a quienes aspiraban todavía a una distribución de la tierra en el país.

Posteriormente creó el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), que se encarga, según sus funciones, de: “Planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de los resguardos indígenas en beneficio de sus comunidades”, y también de “Adquirir y expropiar tierras y mejoras para dotar a las comunidades negras e indígenas, deslindar y clarificar las tierras de estas comunidades” atendiendo lo existente en el decreto 2164 de 1995 para resguardos indígenas; sin em-

bargo, en el caso de las comunidades del norte del Cauca, se percibe una negligencia reiterada del Instituto. Al día de hoy, después de la compra de los predios y la cesión de los comuneros de sus tierras al cabildo, siguen bajo la figura de la escritura pública y no de la de resguardo. Si bien hubo cambios institucionales, la legislación vigente presenta limitaciones a la hora del cumplimiento de las funciones otorgadas al nuevo Instituto. Las trabas que ha puesto el Incoder, así como la falta de presupuesto para realizar las acciones que le corresponden, muestran la falta de voluntad del Estado colombiano para cumplir su obligación con los pueblos indígenas.

Desde la fundación del Incoder se han hecho estudios socioeconómicos a los cabildos de Pueblo Nuevo Ceral, Cerro Tijeras, Nasa Kiwe y Kitek Kiwe. Sin embargo, el Incoder ha sostenido para cada uno de ellos un argumento distinto que no permite el avance en los procesos de constitución. Para el caso de Pueblo Nuevo Ceral, a quienes se les hizo estudio socioeconómico en el año 2002, se ha sostenido que no tienen territorio colectivo y por tanto no es posible continuar su trámite.

Este cabildo fue priorizado para la compra de predios con la vigencia 2011 del Ministerio del Interior en el marco de los acuerdos de la masacre del Nilo, sin embargo, algunos comuneros han manifestado ceder sus propiedades al cabildo para que se pueda constituir su resguardo, argumento que no valida el Incoder pues manifiesta que se debe tener un documento (escritura pública, adjudicación del Incora) que certifique la propiedad, cuando a través de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha sostenido que la sola ocupación es suficiente para demostrar la propiedad del territorio.2 En el caso del cabildo de Cerro Tijeras (Suárez) las medidas adoptadas en la resolución 5234 de 2009 de la Gobernación del 2

Caso Awas Tingni vs Nicaragua del 31 de agosto de 2001.

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Cauca, por la cual se declaró en riesgo inminente de desplazamiento forzado la población de algunos territorios del departamento del Cauca, generó que no se pudiera hacer ningún tipo de trámite de constitución con predios que estuvieran en esas zonas hasta que no se levantaran estas medidas de protección; al día de hoy no se han logrado levantar estas medidas por parte del comité de desplazados del municipio de Suárez. Para el caso del cabildo de Kitek Kiwe en Timbio (Cauca), se presenta una situación aún más complicada, las personas a quienes se les dio ese predio como reparación por la masacre del Naya en 2001 deben estar habitando la finca, sin embargo, muchas de esas personas a quienes se les dio adjudicación no se encuentran en el territorio y por tanto ha sido imposible la continuación del trámite.

Las situaciones presentadas anteriormente son similares en los procesos de ampliación de resguardos. Los procedimientos por los cuales se rige el Incoder atendiendo el Decreto 2164 de 1995, no permiten una evolución rápida y satisfactoria de los procesos, por el contrario, son cada vez más engorrosos y más desgastantes para las autoridades y los comuneros. Al día de hoy, se están adelantando procesos de ampliación en Miranda, Corinto y Huellas-Caloto, se ha adelantado la actualización de los censos poblaciones, pero al realizar los estudios jurídicos de los predios con los cuales se van a ampliar los territorios aparecen todas las talanqueras posibles —certificados de libertad y tradición, documentos que certifiquen la propiedad (escrituras, actas de adjudicación), impuestos prediales al día, que los predios no estén en juicios de sucesión, etc.— La medición de los predios no se ha podido realizar porque el Incoder, manifiesta no tener el personal técnico ni los recursos para adelantar estas labores. Últimamente se ha dicho que Guadualito y Canoas están próximos a iniciar los procesos de ampliación.

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La Cxhab Wala Kiwe

Conflictos interétnicos e intersectoriales En el norte del Cauca no habita exclusivamente población indígena, también hay presencia de población afro y campesina.

Lo anterior supone unas formas propias de constituir el territorio. La población afro constituye su territorio de manera colectiva según la Ley 70 de 1993, los consejos comunitarios son la forma de organización social que les permite empezar a ejercer autonomía y configurarse como gobiernos propios. Sin embargo, ellos están defendiendo el territorio que han ocupado históricamente y buscan ampliarlo. Esta situación genera tensión con sectores de indígenas pues, muchas veces, las pretensiones de ampliación territorial coinciden entre ambos sectores, situación que ha provocado intranquilidad en predios como San Rafael en Santander de Quilichao, pero también en predios aledaños al resguardo de Corinto-López Adentro.

Por su parte, las zonas de reserva campesina (ZRC) son una forma de constituir el territorio como propiedad colectiva en un sector social que no es reconocido por ser étnicamente diferente sino porque busca defender el territorio y constituir la propiedad de manera colectiva. Las zonas de reserva campesina son una forma de constituir propiedad en el campesinado colombiano para que desde allí también emerjan figuras de gobierno propio y autonomía territorial.

Actualmente en el norte del Cauca se busca constituir una zona de reserva campesina en los municipios de Miranda, Corinto y Caloto. Esta situación ha generado tensión entre ambos sectores y urge prontamente acordar unos mecanismos de solución entre ambas partes, de tal manera que se puedan realizar ambas aspiraciones, de indígenas y campesinos, respetando por su puesto los territorios que ambos han ocupado o, por el contrario —y esta es una propuesta que se viene promoviendo desde distintos sectores— ver la posibilidad de constituir territorios interétnicos,

figura novedosa que podría resolver las diferencias que se originan en algunas zonas del país entre sectores históricamente excluidos.

Expectativas territoriales: el caso Putumayo En el año 2008 se suscribió un acuerdo de hermanamiento entre el CRIC, la ACIN y la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Kwesk Sxaw (Putumayo), el punto principal de los acuerdos es fortalecer los cabildos que se han organizado en esta parte del territorio nacional con personas de la etnia nasa.

Las principales causas del desplazamiento de los indígenas nasa a otras zonas del país se debe principalmente a la escasez de tierra que se presenta en el departamento del Cauca, a la inexistencia de una política real de adquisición de tierras para los pueblos indígenas por parte del Estado, y a la creciente confrontación militar de los actores armados en los territorios indígenas de la zona norte del Cauca. Estas situaciones han originado la migración de la población hacia territorio putumayense desde hace varias décadas como una forma de poder tener un territorio dónde desarrollar sus actividades agrícolas, pecuarias y culturales. Así, un número importante de indígenas nasa viven en el Putumayo.

La realidad mencionada y la no compra de

tierras por parte del Estado para completar el faltante de hectáreas por acuerdo de la masacre del Nilo, llevaron a buscar una salida en ese territorio que permita no solo la pervivencia de los pueblos indígenas sino también la defensa del territorio en esa parte de Colombia, pues se conoce de la existencia de grandes intereses económicos, de transnacionales, para seguir explotando a la madre tierra saqueándola de sus riquezas.

Actualmente la ACIN, en el marco de los acuerdos por la masacre del Nilo, ha adquirido fincas en los municipios de Puerto Guzmán y Orito como posibles lugares donde se puedan ubicar familias que quieran fortalecer los cabildos existentes en esa zona del país y que aún no se han podido constituir en resguardo por negligencia del Incoder. En este momento se espera que el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, cumpla con el envío de recursos para realizar el traslado de personas a estos lugares, tal como se ha acordado en diferentes ocasiones.

La lucha por la recuperación y defensa del territorio y de la madre tierra sigue, y parece ser la constante en el tiempo de los indígenas nasa, quienes han hecho hasta lo imposible para defender y recuperar lo que alguna vez les fue arrebatado.

Referencias Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Cxhab Wala Kiwe. (2010). Plan Territorial Cultural Para Revitalizar y los Planes de Vida.

Caicedo, L. J. (2011). Los resguardos indígenas de origen colonial en riesgo. Revista Señas, 1.

Santander de Quilichao: Casa del Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe.

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (2005). Dignidad nasa: relámpago por la memoria.

Bogotá, Colombia.

CRIC. Recuperado de http://www.criccolombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4 55:territorio-de-convivencia-dialogo-y-negociacion-de-la-sociedad-civil-resguardo-indigenaguambiano-la-maria-piendamo-24-febrero-de-2011 Incoder. Recuperado de http://www.incoder.gov.co/funciones_incoder/funciones_incoder.aspx.

Rappaport, J. (2000). La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes colombianos. Popayán: Universidad del Cauca.

La Cxhab Wala Kiwe

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“Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador”. Freire “La palabra sin la acción es vacía, la acción sin la palabra es ciega y la acción y la palabra sin el espíritu de la comunidad es la muerte”. Pensamiento nasa.

El propósito de este texto es mostrar cómo el espacio de la tulpa de pensamiento de mujeres y territorio1 se ha configurado en un lugar de incidencia política de las mujeres nasa en el norte del Cauca, dado que las reflexiones y acciones que se han gestado desde este espacio han tenido una gran trascendencia tanto para la organización como para cada una de las mujeres participantes.

Por otra parte, intento analizar los elementos que caracterizan esta iniciativa a la luz de los lineamientos políticos y metodológicos de la educación popular.

Archivo Casa del pensamiento ACIN

La tulpa de pensamiento de las mujeres nasa y el territorio Espacio político de transformación y construcción de conocimiento Alejandra Llano Quintero*

* Trabajadora social, coordinadora del hilo de los procesos autónomos del tejido de educación de la Cxhab wala Kiwe - ACIN.

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La Cxhab Wala Kiwe

La tulpa de mujeres y territorio tiene como fin que “las mujeres indígenas y no indígenas que colaboran en el movimiento indígena se puedan encontrar para reflexionar sobre los diversos aspectos del proceso organizativo y su experiencia como lideresas, para aportar desde la mirada femenina al fortalecimiento del plan de vida” (ACIN, 2010).

Se retomó el nombre de la tulpa ya que este es el espacio tradicional de conversación de la familia nasa. También se retoma para revitalizar cuatro sentidos que simbólicamente representa tulpa: 1) la unidad familiar, 2) el diálogo y la transmisión de la cultura, 3) el espacio donde se educa, y 4) el espacio para armonizar. … Las tres piedras de la tulpa representan la familia, la unidad, cuando un niño nace se entierra el cordón en la tulpa para que los niños no sufran frío y la familia se mantenga unida, pues de esta manera los hijos 1

La tulpa de mujer y territorio es un espacio de la ACIN para la reflexión y el encuentro de mujeres líderes indígenas.

nunca se van definitivamente de la casa ni del territorio. Donde está el fogón hay calor, cada uno atiza y contribuye a mantener el calor en la familia. La tulpa como espacio de diálogo y recreación de la cultura. El diálogo en la tulpa es muy importante porque ayuda a unirnos y ganar confianza, la palabra es respetada sea hombre o mujer.

Es una forma de comunicarse, de reunirse la familia, mantener el núcleo donde los padres, los abuelos enseñan a los hijos y así no se pierde la tradición. En la tulpa se educa, se enseña. Se enseña a ser responsable, desde algo tan sencillo como atizar el fogón, traer la leña se les va enseñando a lo niños.

En los tiempos pasados los mayores sentaban a los niños a conversar en la tulpa, contaban historias de los trabajos en la minga, de las prácticas culturales, de lo que se debía hacer. Para que los niños escucharan le pellizcaban la oreja y la tiraban al fogón, para que no repitieran lo que escuchaban, esto enseñaba respeto. Con ello se recrea la cultura, se enseñan los valores y las normas para una relación armónica con la madre tierra. La tulpa sirve para armonizar. Es un sitio sagrado donde uno no se puede reunir a hablar mal de los demás, porque la tulpa devuelve lo malo, para ello se saca el tizón.

El fogón siempre debe estar prendido, no se puede apagar porque si no llegan los malos espíritus. Cuando el fuego tiene mucha candela es porque va a haber bochinche, entonces hay que voltear el palo. Cuando están pasando cosas malas en la familia ayuda a armonizar. Se sopla para que no llegue quien no se quiere. Se hacen ritos de protección, ahuyenta los malos espíritus (ACIN, 2010).

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Así en la tulpa de mujeres, como en la tulpa indígena tradicional, las mujeres nos sentamos para conversar y resolver los problemas, para armonizarnos y actuar en colectivo. En este espacio ninguna sabe más que la otra, todas aportamos y entre todas construimos las propuestas. En ella se recrean los valores nasa como: la reciprocidad, la lengua nasa yuwe, el respeto a la naturaleza, la medicina tradicional.

De esta manera se configura el sentido de la tulpa de mujeres y territorio como espacio educativo donde se aprende a través del diálogo, un espacio para pensar y proyectar la acción e incidencia política como mujeres y para recrear la cultura.

Principales logros de este camino En el transcurso de año y medio de reunión en la tulpa de mujeres hay grandes logros, más allá de lo proyectado,2 los cuales han sido reconocidos en los diversos espacios de autoevaluación de la tulpa y del equipo dinamizador.

En este punto retomaré algunas de las expresiones planteadas por las mujeres que muestran el valor de este proceso: “En la tulpa hemos refirmado nuestra identidad, hoy somos más conscientes y seguras de nuestras capacidades como mujeres indígenas, nos ha servido para valorarnos y valorar a las otras mujeres”.

“Hemos realizado de manera colectiva varias acciones para transformar los problemas que nos afectan. Por ejemplo, se documentaron y denunciaron públicamente las violaciones de los derechos de las mujeres nasas en el conflicto armado, visibilizando la necesidad de asumir el tema de la verdad, justicia y reparación de manera diferencial 2

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Memorias de la evaluación de la tulpa de pensamiento de la mujer y territorio, diciembre 2012, la selva, Caloto; Memorias de la evaluación del evento, julio 2011; Memorias de las reflexiones del equipo dinamizador.

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dentro de la organización. También se realizó un evento nacional donde se visibilizó el aporte de la mujer nasa al movimiento indígena que ha sido silenciado”.

“Se rescata como un espacio de autoformación, por ejemplo, hemos aprendido a documentar casos de violación de los derechos humanos”.

“Después del evento realizado hoy se tiene mayor reconocimiento de las autoridades tradicionales, cabildos, consejería y líderes, y también hay reconocimiento a nivel externo por agencias de cooperación e instancias del Gobierno nacional”.

“Hay más unidad entre las mujeres de la organización y de los diversos programas, estamos impulsando de manera conjunta entre los programa mujer, familia, educación, movimiento juvenil, casa de pensamiento, ‘La escuela mujer, territorio y economía’, donde participan más de cien mujeres de toda la zona norte”.

“Se han superado muchas de las tensiones entre las mujeres indígenas de los diversos programas y las mujeres colaboradoras “externas”, nos reconocemos más en la diferencia”.

“Se ha revitalizado el quehacer del programa mujer”.

“En este espacio hemos tomado conciencia sobre la importancia de recuperar y visibilizar el aporte de las mujeres a la lucha indígena contribuyendo a la recuperación colectiva de la historia propia”.

“Construimos propuestas desde las mujeres frente al tema de paz y se está incidiendo en diversos escenarios sobre este tema”.

Sobre las dificultades de este proceso Así como hemos tenido logros, también hemos tenido varias dificultades que poco a poco vamos superando. La primera dificultad por superar fueron las tensiones y des-

confianzas entre las mujeres indígenas que venían de otros procesos organizativos, y las mujeres del programa mujer. La tulpa al inicio fue percibida por algunas mujeres del programa como un espacio que iba a suplantar el programa. Algunas mujeres participaban pero con prevenciones.

Algunas lideresas no veían importante un espacio de solo mujeres, consideraban que la falta de incidencia política era algo que cada una debía superar o un problema del programa de la mujer, no la veían como problema de la organización indígena en su conjunto, consideraban que las oportunidades ya estaban dadas y había que aprovecharlas, no se percibía desigualdad de posibilidades.

Por otro lado, se presentaron tensiones entre mujeres indígenas con las profesionales “externas”, algunas mujeres nasas consideraban que existían intereses de protagonizmo por parte de las mujeres “externas”.

Contradictoriamente se buscaba su apoyo metodológico pero se cuestionaba luego su aporte, se les delegaban funciones de coordinación que inicialmente se planteó que no iban a realizar, y luego cuestionaban que estas querían imponer y suplantar el liderazgo de las mujeres indígenas.

También hubo dificultades al momento de generar el diálogo entre mayoras y jóvenes, había dispersión en las reuniones, no siempre se escuchaban y comprendían, se cuestionaban mutuamente.

Muchos líderes al inicio señalaron la tulpa como un espacio de división de la organización, cuestionaban y desanimaban la participación de algunas mujeres, dado que para algunos de ellos la unidad de las mujeres representaban una amenaza a su poder.

A nivel metodológico se cometieron errores en los primeros encuentros, por ejemplo, se plantearon actividades donde a las mujeres se les pedía escribir sin considerar que algunas mayoras no sabían. Estos desaciertos

“Se han superado muchas de las tensiones entre las mujeres indígenas de los diversos programas y las mujeres colaboradoras “externas”, nos reconocemos más en la diferencia”. contradecían los principios metodológicos planteados.

En resumen, el proceso no fue fácil, al inicio el equipo orientador discutía por qué no siempre se respetaban los consensos. Las desconfianzas internas, los temores, las críticas externas, las actitudes de resistencia no se superaban rápidamente y por ello muchas veces mujeres del equipo plantearon abandonar la iniciativa, pero se fueron superando estas situaciones, especialmente cuando se volvieron objeto de reflexión en la misma tulpa y se reconoció que muchas de estas acciones tenían sus raíces en la lógica de dominación impuesta, que opaca al opresor real, que ataja desde adentro para evitar la liberación e impedir la construcción con el otro u otra para la emancipación.

Proyecciones Tras un balance del espacio se define en colectivo3 que el mismo debe consolidarse como estrategia para planear y buscar incidencia política como mujeres dentro de la organización y a nivel externo, para aportar a las transformaciones de las situaciones de exclusión, violencia de las comunidades indígenas en general y de las mujeres indígenas en particular. Se define también como espacio para tramitar las tensiones entre las mujeres y resolverlas de manera positiva.

También se comparte que este es un espacio para la construcción de conocimientos, 3

Memorias de la evaluación de la tulpa de pensamiento de la mujer y territorio diciembre 2012, la selva, Caloto.

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de investigación. Se tiene claridad que desde este se puede construir conocimiento que aporte a la discusión de los diversos temas del plan de vida, que sirva para repensar la participación de la mujer indígena y aportar a otras comunidades, y a la reflexión sobre el feminismo desde la perspectiva indígena.

¿Por qué esto se puede considerar una experiencia en el marco de la educación popular?

Tal vez en esta reflexión, aún muy inicial, hay muchos elementos significativos que no alcanzo a dimensionar y otros que posiblemente sobredimensione, pero sin duda expongo este proceso porque confirma que es posible transformar la realidad, las estructuras, las prácticas, los imaginarios de opresión desarrollando propuestas educativas fundamentadas en el diálogo de saberes, donde los participantes se reivindican como sujetos capaces de hacer la historia y se reconocen como producto de ella, con capacidad de transformarse y transformar su realidad.

Considero que esta apuesta intenta y logra romper con la visión tradicional de la educación donde uno es el poseedor del conocimiento y otro el receptor, donde se reproduce el sistema de desigualdad imperante que bien llama Freire (1969) “una educación bancaria al servicio de las clases dominantes donde el sujeto se deshumaniza”.4 4

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En la visión "bancaria" de la educación, el "saber", el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Esta donación se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: la absolutización de la ignorancia, que constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, según la cual esta se encuentra siempre en el otro. El educador que aliena la ignorancia se mantiene en posiciones fijas, invariables. Será siempre el que sabe, en tanto los educandos serán siempre los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega a la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda. La educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y educandos. En la educación bancaria: a) el educador es siempre quien educa; el educando el que es educado. b) El educador es quien sabe; los educandos quienes no saben. c) El educador es quien piensa, el sujeto del proceso; los educandos son

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Creo que esta experiencia reconoce y retoma la apuesta de la educación popular como apuesta política transformadora y pedagógica liberadora.

Sin duda este espacio ha propiciado el empoderamiento de las mujeres, mayor conciencia de su identidad, reconocimiento como sujetos de la historia con capacidad de transformar su realidad, lo cual es un aporte significativo para el movimiento indígena.

Torres (2007) plantea que hay diversas definiciones de la educación popular, pero en síntesis se pueden señalar algunos elementos que son permanentes, que denomina “núcleos comunes” o “elementos constitutivos”, los cuales utilizo a continuación como marco para analizar la experiencia relatada reconociendo el aporte de esta síntesis elaborada por Torres.

Una lectura crítica de la realidad social vigente y un cuestionamiento al papel integrador que ha generado la educación formal Torres (2007) plantea que todas las apuestas de la educación popular (EP) tienen como presupuesto básico el cuestionamiento al carácter injusto del orden social de tipo capitalista propio de las sociedades de Latinoamérica; dicho sistema explica el sometimiento económico, social, político y cultural de los sectores populares, y ubica la educación no como un hecho histórico sino como un componente básico del mantenimiento de las estructuras sociales para la reproducción de las condiciones materiales y subjetivas del sistema capitalista. Por ello los objetos pensados. d) El educador es quien habla; los educandos quienes escuchan dócilmente. e) El educador es quien disciplina; los educandos los disciplinados. f) El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quienes siguen la prescripción. g) El educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan, en la actuación del educador. h) El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a quienes jamás se escucha, se acomodan a él. i) El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son estos quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquel. j) Finalmente, el educador es el sujeto del proceso; los educandos, meros objetos (Freire, 1987, p. 71).

es clave de la EP cuestionar y denunciar las características funcionales, opresivas y antipopulares del sistema educativo.

Sin duda en esta experiencia se cuestiona el carácter injusto del orden social capitalista establecido que ha significado violencia, exclusión y discriminación para las comunidades indígenas. En muchos espacios de la tulpa se ha analizado la historia de opresión vivida por las comunidades no solo producto del capitalismo, sino dese la visión antropocéntrica de Occidente.

Pero más allá se cuestiona la cultura patriarcal que acompaña y fortalece estas lógicas de opresión en la medida que alimenta la lógica de dominación entre los pueblos, reproduce a su vez la lógica de dominación entre hombres y mujeres, y ubica a las mujeres en lugar de “servicio a los otros” para mantener el orden establecido. En este sentido, la lectura crítica no solo se hace en el plano económico y político, sino también cultural y social.

Reflexión sobre la educación como elemento integrador Desde el inicio, cuando se planteó la discusión sobre el carácter del espacio, se hizo gran énfasis en generar un lugar de construcción y formación a través del diálogo, donde todas fueran iguales, donde se establecieran relaciones de horizontalidad y se reconocieran los diferentes saberes, rechazando de plano las formas tradicionales de la educación formal. Por ello se retomó el significado de la tulpa apelando al sentido de que se educa y se aprende a través del diálogo y de los saberes propios de la cultura.

Como plantea Cabrera:

En diversos momentos de los encuentros se analiza que esta educación formal ha representado para las comunidades indígenas un lugar de dominación más que de liberación, se identifica que esta educación ha servido para homogeneizar y colonizar a las comunidades.

la manifiesta demanda educativa de la población indígena se enfrenta con una oferta principalmente proveniente del sistema educativo formal caracterizada por su contradicción, porque por un lado lo desampara en términos en asignación de recursos y por otro, trata de incorporarlo a la moder-

© Jesús Abad Colorado

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Ir a tabla de contenido Las mujeres reconocen que esta educación más que liberación ha servido para reproducir la violencia y la exclusión para con las comunidades indígenas, para con las mujeres indígenas.

nidad occidental, a través de un proyecto educativo homogeneizante. Incorporación que no es más que expresión de la visión político-cultural del Estado-Nación y de la sociedad dominante. En este contexto, la escuela, la alfabetización y la educación básica de adultos constituyen un instrumento estratégico en el proyecto modernizador de la sociedad dominante (1995, p. 78).

Y en específico, para las mujeres indígenas ha reforzado sus sentimientos de inferioridad e incapacidad reforzando y reproduciendo los roles de dominación. En algunos espacios de análisis sobre los obstáculos para la participación de la mujer se hacía énfasis en que la educación dirigida por la Iglesia promovía la idea de que la mujer era para servir al hombre y no podía decidir sobre sí misma. Las mujeres en estas reflexiones reconocen que esta educación más que liberación ha servido para reproducir la violencia y la exclusión para con las comunidades indígenas, para con las mujeres indígenas.

Se evidencia así en esta experiencia una ruptura con la lógica bancaria de la educación que bien describe Freire (1970) como predominantemente opresora, donde el educador es siempre el que educa, es el portador de conocimiento, quien impone la disciplina, quien habla, quien sabe, y el educando es quien escucha, obedece, quien aprende, es un objeto. Contrario a ello, insistentemente se plantea que en la tulpa todas son sujetos de conocimiento y por ello en este espacio no hay docentes, profesores, sino equipo dinamizador y apoyos pedagógicos.

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Una intencionalidad política emancipadora frente al orden social imperante Según Torres (2007), toda propuesta educativa popular tiene una clara intención política por transformar las condiciones opresoras de la realidad actual para contribuir a la construcción de una nueva sociedad justa y democrática. Tiene como finalidad básica crear condiciones subjetivas para un cambio decisivo en la relación de los sectores populares con el tener, el saber y el poder.

En este caso, el proceso surge para transformar una realidad que a la luz de las mujeres indígenas es injusta. Se partió de identificar problemas de las comunidades indígenas y de las mujeres en particular como: la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la falta de economía, la falta de tierras, el analfabetismo, la violencia por actores armados, la falta de reconocimiento en la comunidad, las dificultades de relacionamiento y unidad entre mujeres, entre otras.

Se reconoció que frente a estas situaciones percibidas por las mujeres es preciso impulsar acciones y para ello es necesario transformase a sí mismas porque se identifica que muchos de los obstáculos están en sus propios pensamientos, sentimientos y prácticas que obstaculizan la acción colectiva. Se proyecta construir una comunidad más justa y armónica para hombres y mujeres, se proponen como mujeres aportar para la reconstrucción del plan de vida como pueblo, la conformación del territorio y el gobierno autónomo que es el sueño como movimiento indígena, incidiendo en esta construcción para que este realmente reconozca y valore el aporte de las mujeres y no reproduzca, repita o copie los vicios de ese sistema que han cuestionado y que los y las ha oprimido.

Esta apuesta política se enmarca en el proyecto liberador del movimiento indígena,

retoma sus historias, sus valores culturales, por ello retoma también el significado de la “tulpa”, sin duda hace parte y busca aportar a ese proyecto emancipador colectivo.

En este sentido guarda coherencia con los postulados de Freire (1970) que plantea que la educación popular tiene su razón de ser en los sujetos populares, sus organizaciones y sus luchas; sus objetivos, contenidos y metodologías buscan ponerse en función de ese proyecto de emancipación popular.

Los sectores populares, sujetos de su propia emancipación Freire (1970) planteaba que una de las búsquedas de la educación popular es que los sujetos políticos se construyan, se fortalezcan y reconozcan su capacidad de protagonismo histórico.

Torres (2007) plantea que lo que ha sido común en la EP es que se autodefine como una práctica social que se lleva a cabo desde, con y para los sectores populares, intención que se expresa en la preocupación por que su punto de partida y su referente permanente sean los intereses y las necesidades de las luchas de las clases populares.

En este proceso, de acuerdo con este núcleo de la EP, se buscó que las mujeres reconocieran las problemáticas que tienen, identificaran las causas y los factores que inciden en su opresión y se reconocieran capaces de transformar; en este sentido se ha promovido que sean ellas quienes construyan propuestas para recuperar la historia y las luchas de mujeres, para visibilizar y reconocer a aquellas que han aportado a esta; han sido las mujeres quienes han realizado la documentación de los casos de violencia de género, han denunciado, preparado el evento público, han marchado… en fin, han construido las propuestas, han reflexionado, apropiado su realidad y han actuado en colectivo para transformar lo que les duele y no comparten de ella.

Son ellas las protagonistas auténticas de este cambio social. Las profesionales “externas” hemos aportado como apoyo pedagógico para facilitar la participación y reflexión en cada encuentro, por ello este es un proceso surgido de la iniciativa de las mujeres indígenas, liderado por ellas y para ellas.

La educación popular busca afectar la subjetividad popular Torres (2005) plantea que un intento de la EP es desarrollar acciones intencionalmente orientadas a ampliar las formas de comprender y actuar de los sectores populares; es decir, la generación y apropiación de saberes adecuados para la construcción de sujetos populares y del proyecto político liberador.

La EP reconoce saberes populares, a la vez que impulsa la apropiación crítica de saberes generados por otros sujetos, y prácticas sociales como la tecnología y la ciencia.

Es dentro del mundo de los límites subjetivos donde actúa la EP con el fin de incidir en otras dimensiones de la vida social como la economía y las relaciones de poder.

Este proceso de construcción a través del diálogo de saberes, intergeneracional e intercultural permitió revalorar los saberes culturales, reconocer prácticas que hacen posible el buen vivir, la armonía y el equilibrio que se busca, pero también se promovió la autorrevisión de aquellas prácticas que bajo la idea de “tradición” rompían ese principio de complementariedad, de la misma manera que se reconocieron estos saberes propios y se apropiaron saberes de otras culturas, que muchas veces fueron planteados por aquellas “profesionales externas” que participaran del espacio o simplemente que ya habían sido apropiados por las mujeres indígenas, especialmente las más jóvenes.

Tal vez uno de los logros más importantes de la metodología de cada encuentro es que cada una salía cuestionada, “tocada”, al revisar sus propias prácticas e ideas que

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Archivo Casa del pensamiento ACIN

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reproducían esta lógica de dominación. Esta reflexión sobre sí mismas como personas y como colectivo de mujeres llevó a proponer acciones donde se trascendía la lógica de reclamar a los otros, especialmente a los hombres o líderes, para empezar actuar en conjunto a fin de transformar aquellas realidades que duelen.

Búsqueda de metodologías coherentes Torres (2007) plantea que la crítica radical a las concepciones y prácticas pedagógicas predominantes de la educación tradicional ha llevado a que desde sus inicios la EP procure generar estrategias y técnicas metodológicas consecuentes con el tipo de valores, relaciones sociales y proyectos de futuro que intenta

Este es uno de los procesos en que siento que más me he cuestionado y confrontado en mi rol como educadora o trabajadora social durante muchos años de trabajo con las comunidades nasa del norte del Cauca.

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construir. Por ello se han definido criterios educativos como la construcción colectiva de conocimiento, diálogo, el partir de la realidad de los educandos, la participación y la articulación de la teoría a la práctica.

Frente a este punto es importante mencionar que los criterios metodológicos surgieron del primer diálogo entre las mujeres, porque en este se definió retomar el espacio de reflexión como la “tulpa”, y se recrearon los elementos simbólicos de este espacio cultural para orientar la dinámica, en este sentido se pueden mencionar como elementos metodológicos claves: QQ

QQ

La valoración de la tradición oral, el recrear las leyendas, mitos, anécdotas: esta estrategia fue importante ya que reconocer los diversos relatos como fuente de conocimiento permitía valorar elementos fundamentales de la cultura nasa y a la vez esto permitió una participación más fluida y segura de las mujeres, especialmente las mayoras.

Reconstrucción de la memoria histórica: se trabajó en la recuperación de la historia de las mujeres en la comunidad, en cada tema se iba y venía en el tiempo; es-

ta era una práctica promovida y dinamizada por las mayoras. También se promovió la realización de lecturas, entrevistas para la recuperación de historias de vida de las mujeres, a fin de valorar esa otra historia no contada de las mujeres y el movimiento indígena.

rituales de armonización, entre ellos el ofrecimiento al fuego en cada prendida de la tulpa, ya que esto permitía recordar los principios de la misma, generar identidad e integración entre el grupo de mujeres, esto ayudó a superar las tensiones iniciales.

Retomando a Fals Borda (1985) y su aporte de la Investigación Acción Participativa (IAP), la recreación de memoria colectiva y crítica invitaba a la acción, a hacer algo concreto para corregir las injusticias, ya que si los abuelos habían combatido a los “blancos” con relativo éxito, por qué no ahora. La historia adquiriría así nuevos visos de veracidad y potencia. No solo podía ser rememorada, sino convertida en catapulta de acción para generar una vida colectiva mejor.

Estas prácticas —que se puede decir son propias del proceso, organización y tradición cultural de las comunidades nasa— se retroalimentaron con otras técnicas interactivas y participativas retomadas de la educación popular, la IAP y la animación sociocultural, algunas veces con aciertos y en otras se aprendió de los errores.

QQ

Analizar los problemas reales de las mujeres y el territorio: se identificaron al inicio los temas por tratar en relación con los problemas sentidos por las mujeres participantes, esto no solo generaba interés, sino que despertaba el deseo de actuar porque era algo sentido, “sufrido” por la gran mayoría.

QQ

Recreación de los rituales culturales: también fue clave realizar los diversos

Finalmente, quiero expresar que repensar esta experiencia a la luz de las reflexiones y las lecturas sobre la educación popular me ha permitido revalorar este espacio como un lugar significativo para la construcción de conocimiento y para la acción. Este es sin duda uno de los procesos en que siento que más me he cuestionado y confrontado en mi rol como educadora o trabajadora social durante muchos años de trabajo con las comunidades nasa del norte del Cauca. Espero que sigamos en esta construcción que es fundamental no solo para el movimiento indígena sino para las mujeres en general.

Referencias Cabrera, O. (1995). Educación indígena, su problemática y la modernidad en América Latina. Revista interamericana de educación de adultos, 3, 67-99.

Fals-Borda, O. (1985). Conocimiento y poder popular: lecciones con campesinos de Nicaragua, México, Colombia. Bogotá: Siglo XXI. Freire, P. (1987). La pedagogía del oprimido. 36 edición. México, Siglo XXI. Torres, C. (2007). La educación popular, trayectoria y actualidad. Editorial El Búho.

Declaraciones, documentos y textos de las organizaciones indígenas.

Asociación de Cabildos del Norte del Cauca - ACIN (2011-2012). Memorias de la tulpa de pensamiento mujer y territorio.

Asociación de Cabildos del Norte del Cauca - ACIN (2010). Folleto de la tulpa de pensamiento mujer y territorio.

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¿En qué va el Auto 004 y el pueblo nasa?

Equipo zonal de seguimiento al Auto 004 El Auto 004 del 26 de enero de 2009, emanado por la Corte Constitucional, es una herramienta para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado, teniendo en cuenta que en el territorio nacional existen pueblos indígenas que están en peligro de ser exterminados física y culturalmente. Este acto administrativo surge en el marco del seguimiento realizado por la Corte Constitucional a diversas acciones de tutela interpuestas por personas que consideran que su vida, integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas como lo señala la sentencia T-025 de enero 22 de 2004.

Esta última declara el “Estado de cosas inconstitucional” en materia de desplazamiento

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forzado y muestra claramente que se requiere un enfoque diferencial para la atención y protección de sujetos vulnerables y de especial protección como las minorías étnicas.

La Corte Constitucional, en el Auto 004, manifiesta que los pueblos indígenas estamos siendo gravemente afectados por el conflicto armado y el despojo territorial.

Teniendo en cuenta un extenso análisis sobre el contexto de afectación a 34 pueblos indígenas víctimas del desplazamiento forzado, la Corte Constitucional propone: 1) un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados por el Desplazamiento; 2) que se formule e inicie la implementación de planes de salvaguardia étnica ante el conflicto armado y el desplaza-

miento forzado para cada uno de los pueblos identificados, entre ellos el pueblo Nasa.

El pueblo Nasa decide iniciar con el proceso de construcción del plan de salvaguardia, para ello realiza un proceso de identificación de su presencia a nivel nacional, encontrando el siguiente número de cabildos por departamento (tabla):

Cabildos nasa por departamento No.

Departamento

1

Cauca

70

2

Putumayo

35

3

Caqueta

35

4

Valle

21

5

Huila

12

6

Meta

4

7

Tolima

3

8

Nariño

1

Total

No. de cabildos

181

Fuente: Equipo nacional del pueblo nasa para el Auto 004 de 2009.

En un proceso de convocatoria y discusión con las diferentes expresiones organiza-

tivas del pueblo nasa a nivel nacional, con participación de delegados departamentales, define que el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) sea quien los represente jurídica y políticamente a nivel nacional para el proceso de construcción del Plan de Salvaguardia. En noviembre de 2011 se realizó la primera asamblea de Autoridades indígenas del pueblo nasa cuyo objetivo primordial fue analizar los alcances de la sentencia T-025, Auto 004, y trazar una ruta metodológica que permita un buen proceso de coordinación para la elaboración e implementación del Plan de Salvaguardia nasa. La Asamblea definió las siguientes etapas: 1. Aprestamiento (encuentros, asambleas, conversatorios de acercamiento y conocimiento del Auto 004).

2. Conceptualización y socialización del Auto 004 de 2009.

3. Diagnóstico de la situación actual del pueblo nasa a nivel nacional.

4. Construcción de la propuesta para la formulación del Plan de Salvaguardia.

5. Presentación del plan ante la Corte Constitucional.

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Ir a tabla de contenido Debemos seguir tejiendo con paciencia y mucha voluntad nuestro sueño de lograr el goce efectivo de nuestros derechos como pueblo.

6. Implementación del plan.

con el Ministerio del Interior y de Justicia, dado que no se reconoce la ruta metodológica propuesta y la consolidación del equipo; asimismo, se han presentado problemas de limitación presupuestal. A nuestro modo de ver, el Gobierno desconoce los alcances de la sentencia y evidencia su falta de voluntad política para facilitar la construcción del Plan.

7. Seguimiento y evaluación permanente.

A la fecha…

Con el propósito de desarrollar cada una de las etapas se conformaron diferentes equipos:

En la actualidad, después de la firma del contrato entre el CRIC y el Ministerio del Interior, iniciamos el proceso de aprestamiento y de concientización sobre los compromisos que implica sacar adelante la primera etapa del mismo. Una de las mayores dificultades para la recopilación de la información en cada una de las zonas ha sido que el conflicto armado se ha agudizado en los diferentes territorios y eso es lo que ocupa actualmente a las autoridades. Las distancias, sumadas a los problemas de orden público, han dificultado también nuestra labor en esta etapa. De manera paralela también estamos planeando el encuentro con las autoridades espirituales del pueblo nasa. Esto implica, en primer lugar, recibir una orientación o recomendación por parte de las autoridades tradicionales para que nos indiquen el camino que debemos seguir. Los tiempos son diferentes. Debemos seguir tejiendo con paciencia y mucha voluntad nuestro sueño de lograr el goce efectivo de nuestros derechos como pueblo. Estamos también planeando las asambleas comunitarias, pensadas para el mes de noviembre, a fin de construir la conceptualización y los lineamientos del Plan de Salvaguardia. Necesitamos de todo el esfuerzo de nuestras autoridades y de la comunidad para lograr la convocatoria deseada para que nuestro Plan lo construyamos entre todos y todas.

1. Equipos políticos conformados por dos personas coordinadoras nacionales y catorce personas coordinadoras regionales por departamento.

2. Equipo técnico conformado por catorce personas sistematizadoras, una persona contadora pública y una persona auxiliar administrativa.

3. Equipo de profesionales y expertos conformado por ocho personas (una por cada departamento), tres comunicadoras, dos personas jurídicas (una en derecho propio y otro en derecho ordinario).

4. Equipo de planeación y estructuración conformado por cuatro personas con experticia en este tema.

5. Equipo de SIG (Sistema de Información Geográfica) conformado por tres personas.

6. Equipo de Mayores y Mayoras, conformado por delegados de los departamentos para hacer el acompañamiento espiritual.

En el camino de construcción del Plan de Salvaguardia se han presentado diversas dificultades en términos del relacionamiento con el Gobierno nacional, especialmente

Archivo Casa del pensamiento

Reflexiones sobre la investigación indígena Joanne Rappaport

*

Durante las últimas décadas la investigación indígena ha cobrado importancia en América Latina. Tal vez los avances más notables vienen del Taller de Historia Oral Andina (THOA), una organización de estudiosos ay-

maras y urus que investigan la historia en las comunidades rurales bolivianas con el objetivo de fortalecer la organización comunitaria local (Fernández, 2000, 2009), y de la editorial Cholsamaj en Guatemala, una casa edi-

* Antropóloga e investigadora, profesora en la Universidad de Georgetown. Autora de varios libros: Utopías interculturales, Cumbe renaciente y La política de la memoria, entre otros.

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torial que lleva los escritos de investigadores mayas a un amplio público, tanto de lectores en español como de hablantes de los varios idiomas mayas del país. Ambos experimentos ponen en el escenario el trabajo de estudiosos indígenas cuyos análisis históricos y sociológicos son rigurosos e intelectualmente estimulantes, situando a sus autores en la vanguardia de la investigación en sus respectivos países. La institucionalización de estos colectivos facilita a los intelectuales indígenas plataformas conceptuales y técnicas para la investigación propia.

Estos intelectuales indígenas son, en su mayor parte, egresados no solo de las universidades, sino de programas de posgrado en el exterior, y sus investigaciones compiten en el ámbito académico con la producción académica en general. Pero quiero tornar mi atención hacia uno de los resultados de este proceso y, más en general, del surgimiento de organizaciones indígenas en América Latina. Específicamente, quiero reflexionar sobre la institucionalización de investigaciones indígenas no académicas: la investigación social emprendida por equipos con poco entrenamiento, siguiendo los lineamientos de sus organizaciones. Estos investigadores adoptan solo parcialmente las metodologías académicas y se esfuerzan por generar acercamientos propios al estudio de problemas sociales y la construcción de conocimiento sobre la naturaleza y la producción.

Lo que me interesa en particular son los retos organizativos que enfrentan estos investigadores-activistas indígenas. Los observadores hemos reflexionado sobre las transformaciones epistemológicas que tienen lugar cuando pueblos indígenas realizan sus propias agendas investigativas, pero no hemos prestado atención a la institucionalización necesaria para que tales investigaciones lleguen a ser herramientas políticas en el proceso activista, aunque existe una relación estrecha entre los dos procesos. Ignoramos

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el hecho de que nuestros propios quehaceres investigativos se adelantan dentro de estructuras organizativas —universidades, institutos de investigación— que son el producto de siglos de formación, mientras que los investigadores indígenas actuales están obligados a erigir, en poco tiempo, estructuras dentro de sus propias organizaciones para generar proyectos sobre quién debería investigar, cómo se debe generar una agenda de prioridades investigativas, cómo se pueden conformar los equipos de investigación y cómo estos deben articularse con el trabajo de la organización. Algunas inquietudes centrales son: ¿qué es la investigación para estas organizaciones y quiénes deben realizarla? ¿Cómo distinguen los investigadoresactivistas entre la investigación indígena y su contraparte académica, y hasta qué punto se valen de herramientas académicas? ¿Cuáles son los contextos en los cuales se acude a “formas propias” de investigación? ¿Cuáles son las consecuencias de una visión que valorice la investigación como una actividad de muchos y la incluya como un componente integral del trabajo organizativo?

Este escrito es una reflexión personal sobre estas preguntas, basada en mis conversaciones con los miembros de la Casa del Pensamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), ampliadas por mi experiencia durante los últimos años con los orientadores de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), mis propias investigaciones colaborativas con el CRIC y con investigadores nasas (Rappaport, 2008) y mis conversaciones con Xochitl Leyva, una de las integrantes de la organización chiapaneca Red de Artistas, Comunicadores Comunitarios y Antropólog@s de Chiapas (RACCACH), que está construyendo una infraestructura para la investigación en colaboración con indígenas y no indígenas.

De hecho, la investigación indígena no es una actividad aislada. Muchos de estos proyectos son de índole colaborativa e intercultural. En este sentido, prestan igual atención a los marcos filosóficos indígenas como a la teoría occidental, lo que en algunas de mis publicaciones he llamado la “coteorización”, desarrollada a profundidad por el Comité de Historia del Cabildo Indígena de Guambía (Dagua, Aranda y Vasco, 1998) y los académicos que les han colaborado (Urdaneta, 1988; Vasco, 2002). Este equipo de historiadores orales y arqueólogos, guambianos y académicos no indígenas, desarrollaron marcos conceptuales —teorías— modelados a partir de la cultura material guambiana y las nociones guambianas del tiempo y del espacio.

La coteorización está basada en la premisa de que todos los miembros de los grupos subordinados son, de hecho, etnógrafos, porque la única manera de lograr la supervivencia de estos grupos es precisando cuál es su posición dentro de la sociedad dominante. Es decir, la marginalidad facilita una herramienta de interpretación, lo que se ha llamado una “doble conciencia”, es decir, la capacidad dada por la misma posición de subordinación o de diferencia cultural, de poder identificar las contradicciones sociales que se dan en su entorno (Chocué, 2000; Rappaport, 2000). Pero el tener acceso a la doble conciencia no quiere decir que el investigador indígena sea, de hecho, un mejor estudioso de su propia realidad que un investigador externo, ni que por el simple hecho de ser indígena pueda investigar. Lo que promete es que, dado un buen entrenamiento, la motivación y el talento, su posición social puede llevarlo a discernir cosas que un externo no va a poder ver y, en este sentido, la investigación interna puede complementar con una mirada diferente la investigación del externo (siendo ambas valiosas).

La coteorización implica, además, que el proyecto investigativo no procede desde

¿Cómo distinguen los investigadoresactivistas entre la investigación indígena y su contraparte académica, y hasta qué punto se valen de herramientas académicas? una etapa de recolección de materiales a un segundo momento de interpretación o escritura, sino que a lo largo del diálogo colaborativo —dentro del equipo y entre el equipo y las comunidades— se investiga e interpreta (Vasco, 2002). A diferencia de la investigación académica tradicional, en la cual un investigador o un equipo de investigadores externos recolectan materiales para luego analizarlos en sus oficinas, el proceso de coteorización presupone que tanto los internos como los externos son capaces de analizar.

En este modelo —que presupone el diálogo entre lo propio y lo académico, y no el rechazo de una aproximación en favor de la otra— el proceso de interpretación es permanente en el terreno, se lleva a cabo a partir del intercambio entre los coinvestigadores en todas las etapas de la investigación. Esto es lo que posibilita la transformación de la investigación en la acción política.1 La investigación en colaboración que se da en muchas organizaciones indígenas presupone la eficacia del diálogo intercultural, es decir, la apropiación crítica de conceptos dentro de una matriz conceptual indígena (López, 1996). Pero no traza una oposición polar entre “indígena” y “occidental” o entre “no académico” y “académico”, sino que acepta que tales identidades nunca han sido monolíticas (Montoya y López, 1988): los marcos conceptuales no son del todo distintos, sino que en las últimas cuatro décadas desde los comienzos del movimiento 1

Además de mejorar inestimablemente la investigación académica (Rappaport, 2007).

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indígena los marcos propios y las miradas de las ciencias sociales se han desarrollado en un diálogo permanente. En el curso de un proyecto se entretejen y se problematizan; las contradicciones y coincidencias entre los diferentes marcos conceptuales pueden resultar en la creación de herramientas para la exploración etnográfica (Briones et ál., 2007). El gran reto es el de crear dispositivos flexibles ante la crítica y autoconscientes de sus múltiples orígenes, algo que no siempre sucede en la práctica, porque muchas veces se adoptan técnicas y metodologías externas (de las ONG, por ejemplo) sin criticarlas, o se adaptan modelos académicos (de la antropología, por ejemplo) sin reconocer que son herramientas conceptuales y no necesariamente reflejos de la realidad local. Pero como Xochitl Leyva (2008, p. 198, 203) ha argumentado, las tensiones de género, etnicidad, estatus y poder pueden, para un equipo consciente de su práctica y cómodo con sus diferencias internas, generar espacios productivos de reflexión, siempre y cuando reconozcamos que nuestro conocimiento está situado dentro de estructuras sociales e históricas identificables y entretejidas, y si aceptamos que las agendas que compartimos no niegan la autonomía intelectual de los diferentes participantes en el diálogo. Es cierto, sin embargo, que la política incide a menudo: la política de la organización, de publicaciones del académico. En estos casos, es posible que se opte por la interpretación aceptada por la organización para evitar contradicciones, tema sobre el cual reflexionaré luego.

Es posible preguntarse si la noción misma de la investigación social puede subsistir sin un componente académico o si, más bien, sería necesario apropiarse de metodologías académicas para transformarlas en dispositivos propios.

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Además, en muchos casos se habla de investigar “desde lo propio”, señalando una alternativa a la investigación “occidental”, aunque es difícil identificar las metodologías “propias”, las cuales frecuentemente permanecen en un estado de querer hacer, una suerte de ícono en vez de una metodología concreta.

Es posible preguntarse si la noción misma de la investigación social puede subsistir sin un componente académico o si, más bien, sería necesario apropiarse de metodologías académicas para transformarlas en dispositivos propios.

En el resto de este ensayo quiero fijarme en cómo se debaten conceptos clave dentro de las instancias no académicas de investigación indígena, dado que el debate es central al proyecto de construcción de una infraestructura investigativa.2 Por tanto, voy a explorar las reflexiones de los investigadores indígenas sobre la utilidad de sus labores, sus juicios sobre lo que les distingue como investigadores indígenas (a diferencia de simples “investigadores”), y sus inquietudes en torno a la socialización de los resultados de sus investigaciones. Me enfoco, sobre todo, en las preguntas que lanzan, no en sus respuestas, por cuanto estas últimas todavía no existen. Todas estas anotaciones vienen de mis observaciones de la dinámica de la Casa del Pensamiento y, en menor grado, de mis reflexiones sobre la UAIIN, porque creo que la observación crítica de estos procesos puede aportar mucho a su futuro éxito. En cierto sentido en lo que sigue voy a cuestionar algunos de los procesos que a lo largo de casi veinte años he estado observando (y con los cuales he ido colaborando). No lo hago con la intensión de negar los avances que se han dado, sino que creo que un aspecto importante de mi colaboración es el cuestionamiento. Sin embargo, como será 2

Aunque la UAIIN es universidad, voy a considerarla, al igual que la Casa del Pensamiento, como un espacio de investigación indígena no académica por cuanto intenta desarrollar un proceso alternativo.

evidente, mucho de lo que cuestiono surge de mis propias conversaciones con activistas indígenas y colaboradores quienes, también, articulan observaciones críticas. Es decir, no lo hago aisladamente, desde mi escritorio, sino en interlocución con los participantes en el proceso.

¿Por qué investigar?

Una de las preguntas centrales que inquietan a los investigadores indígenas es: “¿por qué investigar?” Encontré una aceptación generalizada de la utilidad de la actividad investigativa entre la gente con quien conversé pero, también, percibí en esta aceptación algunas críticas, no siempre tan sutiles, ante la utilidad que generalmente tiene la investigación en contextos convencionales (como, por ejemplo, en instancias oficiales o en organizaciones no gubernamentales, estas últimas siendo, en gran parte, el contramodelo que se avanza en las organizaciones indígenas como alternativa al modelo académico).

En una reunión con representantes de los diferentes tejidos de la ACIN, uno de los dirigentes cuestionó si la investigación indígena simplemente registra historias o si, por el contrario, ayudaría a los nasas a trascender su situación de pérdida cultural. Otro participante en la conversación reflexionó que la investigación frecuentemente sirve para conocer lo que ya está perdido, cuestionando de este modo el objetivo de la investigación misma. Por un lado, los interlocutores apuntan hacia una apreciación de la investigación como un arma útil para la supervivencia cultural, es decir, conciben la investigación indígena en términos casi etnográficos, como la colección de material para un proceso de revitalización cultural. Pero por otro lado, los mismos cuestionan si vale la pena que la organización se concentre en este esfuerzo, particularmente si lo que se busca ya está perdido. Esta es una preocupación que varios integrantes nasas del Programa de

Educación Bilingüe e Intercultural (PEBI) me han compartido: que la investigación —que en el marco de la educación propia muchas veces está enfocada en la cosmovisión— produce folclor, en vez de un conocimiento que sea políticamente útil.

Se retomó esta línea de reflexión en una reunión de la Casa del Pensamiento que presencié durante mi estadía en el norte del Cauca en octubre de 2011. Uno de los integrantes del equipo mencionó que originalmente había elegido estudiar las cambiantes actitudes de las comunidades frente a sus dirigentes, pero luego decidió que sería más útil para la organización si él hiciera una investigación sobre la resistencia comunitaria frente a la incursión de multinacionales mineras en comunidades indígenas. A diferencia del énfasis cultural de la primera reunión, aquí noté un interés en profundizar sobre temas más sociológicos o políticos: una apreciación diferente de lo que constituye la utilidad de la investigación indígena enfocada en un provecho tal vez más inmediato, pero también más fácilmente traducible a la acción política.

Mientras hubo un consenso entre los participantes en este diálogo sobre la necesidad de emprender tal estilo de investigación, reconocían que los modelos que tenían disponibles, particularmente de las ONG, tal vez no les facilitarían las herramientas que en realidad necesitaban para enfrentar la amenaza de la entrada de las compañías mineras en los territorios indígenas. Intentaron, por ejemplo, trazar una distinción entre los diagnósticos que son requisitos para todas las investigaciones aplicadas y lo que se podría llamar una “verdadera investigación”, cuestión que se negaron a profundizar en esta reunión. Distinguían entre varios tipos de utilidad: por un lado el diagnóstico, de poca profundidad, y cuyo objetivo es más que todo burocrático; por otro, una investigación más profunda, aunque con metodologías no es-

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pecificadas, con una aplicación política. En esta conversación se indagó por lo que es la utilidad, aunque las distinciones que salieron al aire merecen ser profundizadas aún más.

Otra pregunta que surgió —estoy parafraseando, quizá interpretando, aquí—, que nos lleva a una apreciación muy diferente de qué es la utilidad de la investigación: ¿Sería mejor entender la investigación como algo que impulsa la acción, en vez de concebirla como un conjunto de datos traducibles directamente a resultados aplicables? Un ejemplo puede ser la historia de la Guardia Indígena; su objetivo es la identificación de las fortalezas y debilidades de la organización, con el fin de ayudar al liderazgo en su toma de decisiones. Los integrantes de la Casa se preguntaron al respecto —no con referencia a este proyecto, sino en general— si al concebir la investigación como impulsora de acción, ¿cómo podrían asegurar que no fuesen simples reacciones a coyunturas, sino aportes a la planeación a largo plazo? Es decir, ¿pueden, en este caso, distinguir entre la investigación y el pensamiento estratégico en el cual el liderazgo siempre se ha involucrado? De nuevo, se lanzaron preguntas decisivas aunque no se procedió a reflexiones más profundas en torno a las inquietudes sacadas a la luz por las preguntas.

En mi experiencia con el movimiento indígena caucano he observado que es en el momento cuando se entra en conversación sobre la cuestión de género, que podemos discernir algunas de las fisuras políticas que potencialmente pueden llevar a los investigadores-activistas a profundizar su apreciación del para qué de la investigación. Uno de los valores centrales de la Casa del Pensamiento es la insistencia en lograr la igualdad de género en la organización (ACIN, s.f., p. 1-2). La igualdad de género ha llegado a ser una importante reivindicación interna en las organizaciones indígenas del Cauca, en parte por la profundidad de la experiencia de mujeres

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dirigentes y la creación de una capa de mujeres activistas —algunas de ellas con estudios superiores— que han comenzado a impugnar la hegemonía masculina, pero también por la presencia de colaboradoras y por la influencia de las organizaciones donantes que históricamente han apoyado al movimiento y que por muchas décadas han promulgado la igualdad de género.

En su investigación, una de las integrantes de la Casa preguntó sobre la razón de la falta de constancia entre muchas mujeres dirigentes: mientras que los hombres que llegan a ser líderes permanecen en el seno de la organización, muchas mujeres que logran posiciones dentro de la dirigencia zonal o regional desaparecen cuando terminan sus periodos de liderazgo buscando, por ejemplo, puestos de empleo doméstico en las ciudades cercanas. En medio de nuestras reflexiones sobre la conceptualización de este proyecto llegamos a enfrentarnos al tema del peligro que podrían presentar las investigaciones de género, por ser fuentes potenciales de una crítica de la cultura nasa. Preguntaron si era posible, en un momento en el cual la cultura estaba amenazada, presentar resultados críticos en torno a prácticas culturales. ¿Cuál sería la reacción de la base a una evaluación crítica del patriarcado dentro del liderazgo de la organización? ¿Quién, en últimas, decide? ¿Cómo se podrían repensar semejantes críticas para que ganaran aceptación dentro de la organización? ¿En qué sentido son relevantes los cambios generacionales, las diferencias en la manera como la juventud vive su cultura nasa?

Lo que me pareció más fascinante fue ver cómo los integrantes de la Casa se fijaron en la diversidad dentro de ACIN: “indígena” o “nasa” no son las únicas identidades articuladas por estos investigadores-activistas, sino que son también mujeres, jóvenes fastidiados por el moralismo de los guardianes de la cultura indígena dentro de la organiza-

ción, son personas nacidas y criadas en espacios sociales diversos, solamente algunos son hablantes del nasa yuwe, gozan de un acceso diferencial a la educación, juegan una variedad de roles dentro de la política interna. Dada esta diversidad: ¿a quiénes responden los investigadores indígenas? ¿A quiénes deberían rendir cuentas? ¿Al liderazgo de la organización, quienes son mayoritariamente hombres cuarentones? ¿A las asambleas locales, en donde pocas mujeres hablan? (Piñacué, 2003). ¿A instancias de interacción femenina, como el colectivo de las Tulpas, que convoca a diversas mujeres para fortalecer el trabajo realizado en el programa de mujeres de la organización? Si la utilidad de la investigación presupone un diálogo con la comunidad, ¿qué es comunidad para estos investigadores?

El énfasis que noté que dan los integrantes de la Casa del Pensamiento sobre las múltiples posiciones de sujeto que convergen en organizaciones como la ACIN me lleva a sugerir que, de pronto, lo que es realmente útil en la investigación hecha por activistas indígenas y colaboradores dentro de la organización indígena es el reto que hace frente a la ortodoxia. Muchos estudiosos de los movimientos indígenas se fijan en el papel del liderazgo en la creación de plataformas ideológicas y prácticas políticas. Sin embargo, al observar cualquier evento del movimiento indígena caucano se hace evidente que la política no surge exclusivamente de la cúpula de la organización, sino que es algo negociado entre la dirigencia —que en sí es heterogéneo, incluyendo no solo a consejeros elegidos, sino también a antiguos dirigentes, fundadores de las organizaciones, líderes de los programas o tejidos y las autoridades tradicionales de las comunidades— y la base. En varias ocasiones me ha parecido que la “base” puede ser entendida como los representantes de las organizaciones de los jóvenes y las mujeres, quienes critican el liderazgo con

En medio de nuestras reflexiones llegamos a enfrentarnos al tema del peligro que podrían presentar las investigaciones de género, por ser fuentes potenciales de una crítica de la cultura nasa. más fuerza. Esta estructura de la toma de decisiones me lleva a concluir que la utilidad de la investigación proviene en parte de su habilidad para abrir los ojos de la organización ante las nuevas posibilidades políticas.

Esta sería la tarea de una estructura dedicada a la investigación, como es la Casa del Pensamiento. Su objetivo sería articular con eficacia los pensamientos y las inquietudes de los múltiples niveles que comprenden el movimiento indígena, desde los miembros de las comunidades locales hasta la cúpula de la dirigencia regional, a través de la investigación de temas específicos.

¿Qué es la investigación indígena?

En la primera reunión que observé en la ACIN, el conversatorio con los representantes de los diferentes tejidos, era evidente que para muchos activistas la cosmovisión es una preocupación central. Existe cierta tensión entre el énfasis en la investigación cosmogónica y la necesidad de emprender investigaciones económicas y políticas, que muchas veces requieren la compilación de estadísticas, la construcción de bases de datos y la experimentación con tecnologías apropiadas.

En el CRIC, solo la cosmovisión merece tener dos investigadores de dedicación exclusiva (ambos hombres), lo que sugiere que para ciertos sectores la cosmovisión es el tema más apremiante para la investigación indígena, y solamente algunos investigadores tienen la legitimidad de hablar sobre el tema; en cierto sentido, entonces, no es sorprendente que esta (y la lingüística) sea el área en donde

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hay más avances de investigación.3 Es como si se quisiera que la cosmovisión fuera el eje de toda investigación, de toda actividad en la organización indígena.

Parte de la tensión encuentra sus orígenes en el hecho de que todavía no se ha podido aplicar la cosmovisión a otras áreas.

El plan de vida del resguardo de Guambía (Guambía, 1994) contiene una visión de la historia de los guambianos organizada desde el pensamiento propio que gira en torno a su cosmovisión. Sin embargo, el cabildo no logró un empate coherente entre esta visión cosmogónica y sus planes concretos; en este sentido, la cosmovisión permanece como un adorno a las tareas concretas de la comunidad (Gow, 2003). He escuchado, tanto en el CRIC como en la ACIN, que la cosmovisión de los investigadores indígenas es lo que los distingue de los investigadores académicos, porque es ahí que encuentran sus fundamentos epistemológicos. ¿Cómo, entonces, debería la cosmovisión inspirar a los investigadores indígenas? En un panel que organicé en 2008 en la UAIIN, Joaquín Viluche planteó que los investigadores indígenas utilizan seis sentidos, de los cuales el último es el ejercicio de capacidades que solamente son asequibles a través de los sueños y las señas en el cuerpo. El sexto sentido posibilita la formulación de preguntas, el poder de contestarlas mediante la investigación y de utilizar la información obtenida. Es algo que puede nacer en cualquier persona, aunque son los médicos tradicionales los que saben aprovecharlo.

Joaquín está desarrollando algunas técnicas de observación con los estudiantes de la UAIIN para que aprendan a usar el sexto sentido, aunque el mismo origen chamánico 3

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No menciono aquí a la investigación lingüística que siempre ha sido clave en las organizaciones caucanas, y que requiere una fuerte atención a la técnica. Por alguna razón me parece que la lingüística ha logrado trascender esta distinción entre lo cosmológico y lo práctico, tema que no pretendo tocar en este ensayo.

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de esta metodología sugiere que si esta es la habilidad que define el quehacer investigativo indígena, el cuerpo de investigadores está limitado a aquellos que nacen con ese don.

De todas formas, la adaptación de la práctica de los thë’ walas a la investigación no chamánica está todavía en su infancia. Más que todo, se han investigado historias de la creación, la conformación de un calendario y otros temas cuyo análisis está en manos de los más adeptos. La cosmovisión cotidiana de la base —plasmada en prácticas como la del tul— tal vez podría abrir pistas para una política y una práctica más horizontal de la investigación indígena, pero no se ha llegado allí todavía.

A medida que la investigación de la cosmovisión se institucionalice dentro de las organizaciones indígenas surgirán importantes inquietudes acerca de su aplicabilidad. Los investigadores del CRIC que más han contribuido al conocimiento de la cosmovisión —Joaquín Viluche y Manuel Sisco— llegaron a sus conclusiones después de largas y rigurosas investigaciones. En este sentido, lo que los dos comparten con el movimiento indígena son, por un lado, sus interpretaciones de lo que han aprendido y, por el otro, las pautas para la puesta en práctica de estos conocimientos (el Sakhelu, el tul, etc.). Lo anterior representa los primeros pasos en lo que se espera será un largo camino de recuperación del saber nasa. Infortunadamente, sin embargo, las contribuciones de Sisco, Viluche y otros han sido incorporadas dentro del discurso de muchos trabajadores culturales como un dogma religioso y no como una innovadora reconstrucción de lo que se ha olvidado. El dogmatismo de esta reapropiación de segunda mano no puede conducir a su exitosa traducción en nuevas prácticas de investigación.

Por esta razón, me parecieron muy positivas las críticas del discurso cosmogónico que salieron a flote en una sesión en 2011

de la Escuela de Tejedores y Tejedoras. Allí se criticaron ciertos aspectos del discurso de la cosmovisión por su sesgo paternalista: varios participantes dijeron que la historia de origen y otras construcciones idealizan a las mujeres y simultáneamente las marcan como impuras, segregándolas de este modo por fuera del ámbito de la vida cotidiana; algunos sugirieron que la noción de la complementariedad de género de este mito seguía, esencialmente, un modelo cristiano.4 Bajo estas circunstancias, sería necesario reinterpretar el papel de la cosmovisión como ancla de la investigación indígena; nótese que esto no quiere decir que la cosmovisión debe ser rechazada o descartada, sino que es un conocimiento en proceso de desencubrimiento y que, por tanto, debería ser entendido como algo flexible, sujeto a la crítica y a reelaboración. Tal vez por estas razones podría ser más útil seguir las líneas de la práctica pedagógica de Joaquín Viluche: enseñar a observar y a imaginar según ciertas pautas culturales, es decir, ejercer formas nasas de intuición, de tal manera que la cosmovisión que sirve de base para la investigación sea un conjunto de prácticas basadas en una epistemología y no una narración formal promulgada por la organización.

Susana Piñacué, otra ponente en el mismo panel de la UAIIN, contó que en su experiencia la práctica de interpretación de sueños y la lectura de señas corporales le permite organizar su mente antes de comenzar a escribir. Es decir, la cosmovisión armoniza su mente, pero ella no puede identificar estrategias epistemológicas en la cosmovisión que le faciliten aproximaciones a la realidad que estudia. En cambio, en el trabajo de Susana uno puede percibir que es 4

En el CRIC también escuché comentarios críticos sobre la investigación cosmogónica, muchas veces de activistas nasas que guardaban muchas esperanzas en la posibilidad de suplantar el cristianismo con la espiritualidad nasa, pero que estaban igualmente prevenidos ante la producción de metanarrativas cosmológicas hechas por un grupo reducido de hombres.

la misma estructura del nasa yuwe la que le da modelos conceptuales: en sus estudios de los problemas de género en el movimiento indígena construye tipologías de las intervenciones de diferentes mujeres nasas en la política, basando estas clasificaciones en distinciones que surgen de la misma lengua (Piñacué, 2003). Esta insistencia en el uso de la lengua como herramienta conceptual es algo que marca la obra de otros investigadores indígenas (véase, por ejemplo, Dagua, Aranda y Vasco, 1988; Perdomo, 2003); la metodología de crear neologismos en nasa yuwe para construir una crítica de la política tradicional colombiana es algo que se puede notar claramente en el proceso de socialización de la Constitución de 1991 en las comunidades (Ramos, 1993; véase también, Rappaport, 2008; Rojas Curieux, 2000).

Recurrir a la lengua facilita otra manera de acudir a modelos conceptuales propios.

No niega la importancia de la cosmovisión, sino que nos sugiere que hay varios caminos que pueden seguir los investigadores indígenas para conformar una aproximación propia a la investigación. Nos hace notar, además, que la metodología es algo conceptual, no es simplemente una serie de técnicas de recolección de material. Esto es igualmente visible en lo que propone Susana, como en lo que está haciendo Joaquín.

Indígenas y académicos: escribiendo la cultura Es sumamente complicado trazar una línea divisoria entre la “investigación indígena” y la “investigación académica”, por múltiples razones. Muchos de los investigadores dentro de las organizaciones indígenas —aunque no todos— tienen una formación universitaria, tanto entre los activistas indígenas como entre los colaboradores y sus metodologías, y los resultados son, en este sentido híbridos.

Mis observaciones dentro del CRIC me llevan a plantear que, aunque algunos activistas

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Pero de todas formas, la distinción entre “indígena” y “académico” es políticamente importante: distanciar a la investigación indígena de la institucionalidad de la universidad (o de los institutos de investigación que funcionan dentro de muchas ONG); reconocer que es apremiante construir agendas propias de investigación y desarrollar metodologías conceptuales que en algunos momentos privilegien las epistemologías indígenas; instituir nuevas modalidades de evaluación del valor de una investigación y nuevas definiciones del rigor, siempre reconociendo que en la organización indígena habrá toda una gama de investigadores con diferentes niveles de formación académica y diversas aptitudes e intereses.

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Quizá el sitio más problemático para la exploración de la frontera académico/indígena es el acto de escribir. En todas las organizaciones se reconoce la centralidad de la escritura para el quehacer del investigador indígena, pero simultáneamente se la cuestiona. Muchos se preguntan si los modelos que aprendieron en la universidad (u hoy día, en muchos colegios que estimulan la investigación) o a través de la participación en equipos auspiciados por las universidades, les permitan lograr los objetivos de la organización. Cuestionan si la escritura es una herramienta necesaria para compartir los resultados con la base, ya que muchos nasas no tienen el hábito de la lectura, aun cuando sean alfabetizados. Les inquieta la naturaleza de la interfaz entre los idiomas indígenas y el español, lo que ha impedido que sus pensamientos salgan fluidamente en forma escrita. Todavía, después de tres décadas de labores en la educación bilingüe y con la existencia de un alfabeto unificado en el nasa yuwe, la escritura en el idioma indígena permanece circunscrita a las cartillas educativas, algunas breves traducciones en los periódicos y revistas de la organización, y en las pancartas. En mi opinión todavía hacen falta convenciones de expresión escrita en el nasa yuwe que fomenten la producción de publicaciones que sean culturalmente convincentes pero, más que todo, todavía no hay suficientes lectores.

En su presentación en el panel de la UAIIN, Susana Piñacué se refirió a su propia batalla con la palabra escrita, el constante desafío de moverse entre el español y el nasa yuwe (porque aunque ya haya un alfabeto unificado, todavía no existen las convenciones literarias en el nasa yuwe que posibiliten el desarrollo de una literatura escrita): “Antes no lograba manejar ese dilema. Trataba de escribir pensando desde el castellano para el nasa yuwe. Ahora manejo lo contrario y me doy cuenta que es mejor pensar desde el

nasa yuwe, pensar desde la concepción de indígena, para poder escribir desde mi pensamiento en español”. Susana lo compara a la noción de la “doble conciencia” (véase Chocué, 2000), “la conciencia del mundo del castellano y la conciencia del mundo indígena”, y agrega que “tenemos que ser muy claros en estos dos mundos para poder escribir”. En mi opinión, parte del problema es que no se ha llegado todavía a un entendimiento capaz de ponerse en la práctica de cómo se puede estar ubicado en ambos mundos, sin perder la identidad propia, porque la misma naturaleza de la investigación que se está emprendiendo en el movimiento indígena debe mucho a prácticas académicas occidentales, las cuales no se pueden descartar sino que deben ser apropiadas desde el mismo contexto indígena. Paradójicamente, Susana descubrió que su trabajo cobra más influencia en el mundo académico que entre los nasas, por la falta del hábito de leer entre estos últimos.

Es un gran reto desarrollar un programa de investigación que involucre la escritura en una sociedad en la cual pocos son lectores activos. La institucionalización de la investigación tiene que surgir paralelamente con la

La investigación indígena tiene una agenda diferente a las prioridades investigativas de los académicos, siempre se ha valido de las publicaciones de estos últimos, y muchos académicos colaboran con las organizaciones indígenas. institucionalización de la lectura, en particular la lectura de investigaciones hechas por otros indígenas, porque estas pueden facilitar modelos y metodologías alternativos. Esta necesidad se nota aún más claramente en la dependencia en los modelos de la academia (y las ONG) para conceptualizar la investigación: el formato tradicional de “objetivos generales”, “objetivos específicos”, “metodología”, justificación” que encierra la indagación dentro de una estructura cuadriculada que inhibe la entrada de otras epistemologías y oscurece las prioridades de la organización.

Muchas veces las organizaciones indígenas fomentan la investigación pero los investigadores no logran asumir el reto, a menudo por el miedo a la escritura. Xochitl

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intentan distanciarse del mundo académico mediante la adopción de metodologías que provienen de las ONG, estas son, igualmente, productos de la academia. La misma preocupación por la “cultura” como algo tangible, que se puede describir (o “perder”), viene de la antropología, una de las disciplinas académicas cuyo discurso ha sido más ampliamente absorbido por los activistas indígenas (a pesar de las numerosas críticas que hacen frente a los antropólogos). Tal vez el ejemplo más complejo es el de la cosmovisión, porque entre los planteamientos de los investigadores nasas hay mucha influencia de la antropología andina, particularmente en lo tocante a la complementariedad de género, que en una época era un discurso fundamental para los andinólogos. Mientras que es cierto que la investigación indígena tiene una agenda diferente a las prioridades investigativas de los académicos, siempre se ha valido —de manera crítica— de las publicaciones de estos últimos, y muchos académicos colaboran con las organizaciones indígenas. Sobre todo, me parece que es peligroso construir un monolito llamado “lo académico”, cuando la misma institución y sus integrantes son tan heterogéneos.

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Ir a tabla de contenido Es un gran reto desarrollar un programa de investigación que involucre la escritura en una sociedad en la cual pocos son lectores activos.

Leyva observa que en sus experiencias con investigadores indígenas mexicanos, estos siguen las pautas establecidas por los académicos en vez de participar en la verdadera construcción de un diálogo colaborativo. El colectivo Raccach intentó superar este miedo al comenzar su proyecto con un periodo muy largo de construcción de autobiografías de los integrantes, en un intento por desarrollar una metodología colectiva y dialógica.

Los diálogos sostenidos por el grupo involucraron tanto a los modos de llegar a consensos en las comunidades indígenas, como a las estrategias dialógicas de la antropología.

Así llegaron a conformar un estilo narrativo común que les ayudaría a coproducir sus narraciones, basado en preguntas sobre la experiencia de cada uno en su comunidad u organización. Algunos escribieron, otros grabaron sus contribuciones; unos en español y otros en tzotsil o tojolabal. Se reunían cada quince días para trabajar estos escritos,

leyéndolos oralmente, comentándolos como colectivo. De esta forma lograron coproducir un audiolibro (Raccach, 2010, introducción) sin que se establecieran las tradicionales jerarquías en la producción del conocimiento.

Gow, D. D. (2003). Desde afuera y desde adentro: La planificación indígena como contra-desarrollo. En Joanne Rappaport (ed.), Retornando la mirada: una investigación colaborativa interétnica sobre el Cauca a la entrada del milenio, 65-96. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Conclusión

Leyva, X. (2008). Investigación social y pueblos indígenas: ¿En dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde parece que vamos? En S. Bastos (ed.), Multiculturalismo y futuro en Guatemala, 175-216. Guatemala: Flacso/Oxfam.

En este breve ensayo he intentado plasmar en el papel algunas de las preocupaciones que he venido observando en el CRIC y en la Casa del Pensamiento. Espero que les sean útiles y que yo pueda seguir dialogando con ustedes.

Agradecimientos Mis agradecimientos a los miembros de la Casa del Pensamiento y los integrantes de la UAIIN por su hospitalidad, su voluntad de interlocutar y el espacio que me brindaron para colaborar con ellos. En particular, quiero agradecer a Graciela Bolaños, Diana Granados, Susana Piñacué, Libia Tattay y Rosalba Velasco por compartir conmigo sus agudas observaciones; Diana y Rosalba comentaron sobre una versión anterior de este artículo, como también lo hizo Les Field. Agradezco también a Mercedes López por la corrección que hizo de mi castellano.

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Mundo Indígena

El gobierno de Juan Manuel Santos promovió y aprobó el pasado 10 de junio de 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La ley fue debatida y discutida por diferentes sectores sociales, especialmente por las organizaciones de víctimas que señalaban dificultades en varios de sus apartados por considerarlos insuficientes para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En su primer número, la Revista Señas presentó un balance sobre el proceso de discusión a través del cual fue acordado entre el Gobierno nacional y delegados de las organizaciones indígenas la formulación de un decreto-ley para pueblos indígenas que, entre otros aspectos, permitiera expedir la ley sin afectar a víctimas de otros sectores sociales.

Sin embargo este procedimiento ponía en riesgo el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas al expedir una ley de carácter nacional que generaría hechos y situaciones que podrían afectar a los derechos de los propios pueblos indígenas, a pesar de expedir posteriormente el decreto-ley que regula los derechos de las víctimas indígenas (Houghton, 2011).

En esta edición, Señas presenta dos textos de utilidad para comprender el funcionamiento, los alcances y vacíos de la Ley de Víctimas 1448/2011 y el DecretoLey 4633/ 2011 sobre atención integral a víctimas y restitución de tierras para los pueblos indígenas.

Óscar Paciencia

POLÍTICAS

Análisis y debates de la Ley de Víctimas y el decreto ley para víctimas indígenas

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22 preguntas y respuestas para comprender la Ley de Víctimas 1448 de 2011 Natalia Poveda Rodríguez, Nancy Prada Prada ¿Qué es, cómo funciona y a quiénes beneficia la Ley de Víctimas 1448 de 2011?

Para su comprensión presentamos 22 preguntas y respuestas sobre la Ley 1448 de 2011, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 10 de junio de 2011, que contempla una serie de medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

1. ¿Cómo se estructura la Ley y cómo está reglamentada?

El texto definitivo de la Ley de Víctimas consta de 208 artículos distribuidos en nueve Títulos que comprenden disposiciones generales sobre el marco y los principios en los que se debe entender la ley, derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales, medidas administrativas de asistencia, atención, ayuda humanitaria y reparación, así como un proceso con una fase administrativa y otra judicial para la restitución de tierras. La creación de entidades y la transformación de otras para establecer la institucionalidad encargada de la aplicación de la ley. La exigencia de adaptar las medidas y los programas integrales de protección para las víctimas. Medidas específicas de protección integral a niños, niñas y adolescentes y, finalmente, se instauran los mecanismos de participación de las víctimas en la aplicación de la ley. Por último, se establece que la ley tendrá una vigencia de diez años a partir de su promulgación (10 de junio de 2011). *

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Los contenidos de la Ley de Víctimas son posteriormente desarrollados por una serie de decretos reglamentarios, siendo fundamentales los siguientes:1 Decreto 4800 de 2011: desarrolla el procedimiento de inscripción en el Registro Único de Víctimas, la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas, las medidas de estabilización socioeconómica y cesación de la condición de vulnerabilidad manifiesta, gastos judiciales, medidas de asistencia y atención, reparación integral, las instancias de coordinación del Sistema de Atención y Reparación Integral a las víctimas, participación de las víctimas y de los bienes, y la articulación con el proceso de justicia y paz.

Decreto 4829 de 2011: suministra los parámetros del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, y el procedimiento de la acción de restitución de tierras; desarrolla las medidas de compensaciones y alivio de pasivos establecidas en la ley, y la organización del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Decreto 4633 de 2011: establece medidas específicas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos ter-

1

En este artículo solo se reseñan los decretos que desarrollan contenidos sustanciales de la ley que es necesario que la población conozca para llevar a cabo ejercicios de exigibilidad de derechos. Existen otros decretos relativos al funcionamiento de la institucionalidad que no se exponen en este texto.

Natalia Poveda Rodríguez, abogada, y Nancy Prada Prada, filósofa, son integrantes de de la Corporación Humanas. La Corporación Humanas –Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género–, es un centro de estudios y acción política feminista cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la justicia de género en Colombia y Latinoamérica. Para más información ver: www.humanas.org.co

ritoriales para las comunidades y los grupos indígenas.

Decreto 4634 de 2011: dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a pueblos Rom o gitanos.

Decreto 4635 de 2011: establece medidas específicas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Decreto 0599 de 2012: instancia de coordinación local para la microfocalización e implementación gradual y progresiva del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

2. ¿A quiénes considera víctimas la ley?

Para efectos de la ley son consideradas víctimas las personas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 3°, estos son: Quien individual o colectivamente haya sufrido un daño, por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Son también víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviera desaparecida (inciso 2); a falta de estas los que se encuentren en segundo grado de consanguinidad (inciso 3) y quienes hayan sufrido un daño por intervenir para asistir a la víctima (inciso 4).

El inciso 2° de este artículo fue demandado ante la Corte Constitucional por considerar que restringir al primer grado de consanguinidad y primero civil el grupo de familiares de la víctima muerta o desaparecida

que también se considerarán víctimas carece de justificación y, por tanto, resulta discriminatorio y contrario al derecho a la igualdad.

La sentencia C-052 extiende el carácter de víctima al determinar que las circunstancias del inciso 2° no pueden entenderse como excluyentes del concepto de víctima pues el término cobija a cualquier persona que haya sufrido un daño por hechos que reúnan los requisitos establecidos en la ley.

Vale destacar que la condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible, y de la relación familiar que pueda existir entre autor y víctima.

3. ¿Cómo se entiende la expresión “con ocasión del conflicto armado”?

El artículo 3° establece como uno de los elementos del concepto de víctima para los efectos de la ley la expresión “con ocasión del conflicto armado”. El parágrafo 3° del referido artículo afirma que no serán consideradas víctimas, en los términos de la ley, quienes hayan sufrido un daño como consecuencia de actos de delincuencia común. La interpretación de estas expresiones resulta problemática al dejar un amplio margen de subjetividad en la determinación de qué hechos son conexos con el conflicto armado y qué casos son delincuencia común. Puede causar lo anterior, la exclusión de víctimas de hechos que no tienen relaciones tan fácilmente conexas con el conflicto armado, como por ejemplo víctimas de violencia sociopolítica, y la exclusión de víctimas del conflicto armado bajo la categoría de víctimas de delincuencia común.

Un parámetro para la interpretación está dado por la sentencia C-253 de 2012,2 en la cual la Corte Constitucional precisó que da2

En todo caso, el texto completo de la sentencia es el que podrá dar mayores sustentos para la interpretación de estas expresiones, ya que a la fecha solo se ha emitido el comunicado de prensa del fallo.

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ños originados en las infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas por actores armados con estructura militar o dominio territorial, como consecuencia de acciones que guarden una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado, podrían ser invocadas por sus víctimas para los fines de la ley.

Sin embargo, esta aclaración solo hace parte de las motivaciones y no de la decisión, razón por la cual tres magistrados y una magistrada salvaron parcialmente el voto al considerar que la Corte ha debido condicionar la exequibilidad de este parágrafo bajo el entendido de que no constituyen delincuencia común las infracciones al derecho internacional humanitario y las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas por actores armados con estructura militar o dominio territorial, cuyas acciones guarden una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado. A su juicio, la precisión que se hace en la parte considerativa debía formar parte de la decisión.

4. ¿A que tiene derecho una persona que es víctima por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985?

En el parágrafo 3° del artículo analizado, la ley establece que cuando una persona sea víctima por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985, solo tiene derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la ley como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

La fecha establecida en este parágrafo es demandada ante la Corte Constitucional por ser considerada una distinción discriminatoria con las víctimas de hechos anteriores a esta fecha. En sentencia C-250 del 2012 la Corte determina que la fecha establecida como límite temporal para acceder a las me-

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didas de índole económica resulta proporcional por haber sido producto de consenso y no una imposición arbitraria, haber tenido en cuenta estadísticas que dan cuenta del incremento a partir de esa fecha del número de víctimas por violaciones de derechos humanos infracciones al derecho internacional humanitario, y ser necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal de la Ley. Establece que el límite impuesto no resulta desproporcionado para las demás victimas ya que pueden beneficiarse de las medidas que no tienen carácter económico como parte del conglomerado social.

Posteriormente, las expresiones “por hechos ocurridos”, “1° de enero de 1985”, “simbólica”, y “como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizados” del referido parágrafo son demandadas ante la Corte Constitucional. En sentencia C-253 de 2012, la Corte reitera lo establecido en el fallo anterior respecto a la fecha y frente a las demás expresiones determina que el propósito de la ley, y en particular del artículo 3º, no es el de definir o modificar el concepto de víctima, solo se delimita del universo de víctimas a quienes podrán acceder a las medidas especiales que allí se adoptan. De conformidad con su anterior pronunciamiento la Corte encuentra acorde con la Constitución que las víctimas anteriores a la fecha establecida solo puedan acceder como parte del conglomerado social a las medidas que no son de índole económico.

5. ¿Las y los integrantes de los grupos armados son consideradas víctimas por la ley?

El parágrafo 1° del artículo 3° establece que los miembros de la fuerza pública que sean víctimas en los términos de la ley tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, pero respecto a la reparación económica se debe aplicar el régimen especial que les corresponda.

Por su parte, el parágrafo 1° del artículo 3° manifiesta que integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley no se considerarán víctimas, salvo que se trate de menores de edad que se hubieran desvinculado del grupo antes de cumplir 18 años (inciso 1°). Frente a sus familiares solo podrán beneficiarse de la Ley por los daños que directamente hayan sufrido y no como víctimas indirectas de los daños sufridos por los miembros de dichos grupos (inciso 2°).

Al respecto, en la sentencia C­-253 de 2012, la Corte Constitucional se inhibe de pronunciarse sobre el inciso segundo del parágrafo y declara exequible el primer inciso que excluye de la aplicación de la ley a quienes sean actores armados al margen de la ley. Afirma el fallo que es justificable la distinción ya que estos no quedan excluidos de la definición de víctima establecida por otras leyes diferentes a la Ley de Víctimas o a la aplicación de las normas de derecho internacional Humanitario. La Corte encuentra que es razonable y proporcional que las medidas de la ley solo apliquen para las víctimas del conflicto armado que actuaron en la legalidad, y realiza algunas consideraciones especiales sobre los niños y las niñas reclutados a la fuerza por tales grupos, que demostrado tal constreñimiento, podrían llegar a tener la categoría de víctimas en las condiciones establecidas en la ley, el derecho internacional de los derechos humanos y en la forma que se ha establecido en la jurisprudencia constitucional.

6. ¿Qué debe hacer una persona que es víctima en los términos de la ley?

El artículo 16 del Decreto 4800 de 2011 establece que la condición de víctima es una situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción en el Registro, sin embargo, para acceder a los beneficios es necesario que la víctima cumpla con el procedimiento de inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Lo primero que debe hacer es acudir a la oficina del Ministerio Público más cercana para que el funcionario encargado reciba la declaración y la remita a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Unidad de Víctimas) quienes la valoran y determinan la inclusión en el RUV. Quienes se hayan inscrito previamente en el Registro Único de Población Desplazada no deberán tramitar de nuevo una solicitud de registro a menos que deseen adicionar hechos a su declaración inicial.

7. ¿Qué tipos de medidas contempla la Ley? Las víctimas incluidas en el RUV tienen derecho a recibir medidas de asistencia, atención y reparación integral aplicadas con enfoque humanitario, enfoque de desarrollo humano y seguridad humana, enfoque de derechos y enfoque transformador. Este último referente al cambio en las condiciones previas que permitieron las victimizaciones, buscando así contribuir a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que contribuyeron a la victimización (Decreto 4800 de 2011, art. 5).

Este mismo decreto prevé la aplicación de distintos tipos de medidas de asistencia, atención y reparación: a) medidas de asistencia y atención, entre ellas, ayuda humanitaria, asistencia en salud y educación y asistencia funeraria; b) medidas de estabilización socioeconómica, entre las que se hallan medidas de empleo urbano y rural, así como retornos y reubicaciones para las víctimas de

La Corte encuentra que es razonable y proporcional que las medidas de la ley solo apliquen para las víctimas del conflicto armado que actuaron en la legalidad.

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desplazamiento forzado; c) medidas de reparación integral, entre ellas, restitución de tierras, restitución de vivienda, flexibilización de pasivos, acceso a créditos, indemnización por vía administrativa, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, medidas de prevención y protección y garantías de no repetición.

violencia”. A su vez, se entiende por abandono forzado de tierras “la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75”.

8. ¿Cuáles son las medidas de reparación integral?

La ley exige que el despojo o abandono haya ocurrido después del 1° de enero de 1991 para que haya lugar a la restitución.

La constitucionalidad de este límite temporal fue analizada por la Corte Constitucional en sentencia C-250 de 2012. Al respecto, esta Corporación señaló que la finalidad de la imposición de esta fecha es preservar la seguridad jurídica al delimitar la titularidad del derecho a la restitución e impedir que se pueda reabrir de manera indefinida el debate sobre los derechos adquiridos respecto de bienes inmuebles, además se sustenta en estudios y estadísticas que dan cuenta del incremento en el uso del despojo y expulsión de tierras a partir de 1990 y en los registros de estos casos existentes solamente a partir de esas fechas. Por lo anterior, encuentra que la fecha es exequible al no haber sido arbitrariamente expuesta y perseguir fines constitucionales como la seguridad jurídica.

La Ley de Víctimas contempla siete tipos de medidas de reparación integral: a. Restitución de tierras b. Restitución de vivienda c. Créditos y pasivos d. Indemnización por vía administrativa e. Medidas de rehabilitación f. Medidas de satisfacción g. Medidas de prevención, protección y garantías de no repetición

9. ¿Qué es la restitución de tierras y a quiénes cobija?

Es la medida preferente de reparación integral que busca devolver jurídica y materialmente el derecho sobre la tierra de las víctimas de desplazamiento y despojo. En caso de no ser posible la restitución, debe entregarse otro terreno equivalente o una compensación monetaria.

La restitución de tierras cobija a quienes hayan perdido su derecho a la propiedad, posesión u ocupación a causa del despojo o abandono forzado de sus tierras. Por despojo se entiende “la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de

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10. ¿Cómo se realiza la restitución de tierras?

La ley crean un procedimiento único que busca la restitución de tierras posteriormente desarrollado por el Decreto 4829 de 2011.

El procedimiento se compone de dos fases, una primera de carácter administrativo y otra posterior de carácter judicial. La primera parte exige que quien considere tener derecho de propiedad, posesión u ocupación sobre un bien despojado o abandonado forzosamente, acuda ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (Unidad de Tierras) para tramitar la inscripción en el

Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

La Unidad de Tierras debe tramitar la solicitud dando prioridad a los sujetos de especial protección, y teniendo en cuenta que aplica el estudio del caso para las zonas geográficamente focalizadas. La solicitud ingresa a la etapa de análisis previo para determinar la legitimidad en la solicitud y las condiciones generales tanto jurídicas como físicas del bien. Posteriormente, la Unidad de Tierras debe decidir si estudia el caso o lo excluye del estudio por medio de Resolución. En esta fase administrativa se abre una etapa probatoria que busca comunicar a los terceros para que estos acrediten su buena fe. La decisión final de esta fase es en la inscripción o no en el Registro.

La fase judicial se lleva a cabo ante los jueces civiles del circuito y magistrados del Tribunal Superior, Sala Civil, especializados en restitución de tierras. Se puede interponer la demanda o solicitud directamente por parte de la víctima o por la Unidad de Tierras en su representación. En todos los casos se exige como requisito de procedibilidad que el bien esté inscrito en el Registro. Esta fase judicial busca la emisión de sentencia que decida de manera definitiva sobre el derecho reclamado frente al bien, la situación de los terceros, remisión de oficios a la Fiscalía en caso de percibir posible ocurrencia de un hecho punible, y las órdenes respectivas a las autoridades que garanticen y acompañen la efectiva entrega material del bien.

Cuando no es posible la restitución se debe entregar un bien inmueble de similares características. Esta medida aplica cuando el bien esté ubicado en zona de alto riesgo, haya tenido despojos sucesivos y ya haya sido asignado a otra víctima o haya sido destruido parcial o totalmente.

En caso de que tampoco sea posible la entrega de un bien similar, la víctima recibirá una compensación, que debe ser pagada en

dinero y que en todo caso no podrá ser superior al valor del predio despojado o abandonado forzosamente. La norma establece que el derecho a obtener la restitución no será transferible por acto entre vivos, durante los dos años siguientes a la restitución.

Por otra parte, el artículo 99 de la ley establece que si en el predio que se va a restituir existen proyectos agroindustriales productivos se puede tramitar la celebración de contratos entre los beneficiarios de la restitución y quien esté desarrollando el proyecto, siempre y cuando “el opositor haya probado su buena fe exenta de culpa en el proceso”.

Luego de la sentencia, el juez o magistrado que tomó la decisión mantiene la competencia sobre el caso para dictar todas aquellas medidas que, según fuere el caso, garanticen el goce y la disposición de los bienes y la seguridad para la vida, integridad personal de la víctima y su familia.

El procedimiento administrativo no aplica para las comunidades y pueblos indígenas, porque los lineamientos están dados por el Decreto 4633 de 2011, lo mismo ocurre con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras frente al Decreto 4635 de 2011.

11. ¿Qué medidas se establecen a favor de las víctimas en la restitución de tierras?

En primer lugar, la Ley crea unas presunciones de despojo a favor de las víctimas. Se presume de derecho (es decir, que no admite prueba en contrario) la inexistencia de los contratos celebrados después de la fecha establecida para restituir tierras (1° de enero de 1991) entre la víctima o sus familiares y alguna persona que haya sido condenada por pertenencia, colaboración o financiación de grupos armados al margen de la ley, por narcotráfico o delitos conexos.

De otro lado, se establecen presunciones legales (que admiten pruebas en contrario):

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fue iniciado entre la época de las amenazas o hechos de violencia que originaron el desplazamiento y la sentencia de restitución de tierras del procedimiento creado por la Ley de Víctimas. d. De inexistencia de posesión sobre el bien objeto de restitución durante el periodo del artículo 75 de la ley (1° de enero de 1991) y la sentencia que pone fin al proceso de qué trata la Ley de Víctimas.

De otro lado, se establece que la restitución se debe regir por los principios de independencia, progresividad, estabilización, seguridad jurídica, prevención, participación y prevalencia constitucional. Así como la preferencia de esta medida frente a la restitución por bien equivalente y compensación.

El artículo 78 de la Ley prevé que basta con la prueba sumaria del derecho sobre el bien o de despojo por parte de la víctima para que la carga de la prueba se traslade a quienes realicen oposiciones salvo que sean reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio.

a. De inexistencia de contratos celebrados sobre bienes: - Ubicados en contextos de violencia por la época del despojo.

- Respecto a los cuales existan solicitudes de medidas de protección individuales o colectivas.

- Que hayan presentado posteriormente fenómenos de concentración de la propiedad de la tierra o alteración significativa de los usos de la misma.

- Con personas que hayan sido extraditadas por narcotráfico o delitos conexos con ellos mismos o a través de terceros.

- Cuyo valor consagrado en el contrato o el efectivamente pagado sea inferior al 50% del valor real de los derechos.

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- Adjudicados a empresas comunitarias, asociaciones o cooperativas campesinas, cuando con posterioridad al desplazamiento forzados se haya dado una transformación de los socios integrantes. b. De la nulidad de actos administrativos posteriores al despojo o abandono y legalización de la situación jurídica que desconoce los derechos de la víctima. En este caso el juez podrá declarar la nulidad del acto y todos los posteriores que recaigan sobre la totalidad del bien o sobre parte del mismo. c. De la violación al debido proceso en las decisiones judiciales que hayan tomado decisiones contrarias al derecho de la víctima sobre el bien si el proceso judicial

12. ¿Cómo se solicita la indemnización por vía administrativa?

Tras la debida inscripción en el Registro Único de Víctimas es posible solicitar esta indemnización diligenciando el formulario diseñado para tal efecto por la Unidad de Víctimas. Esta Unidad es la encargada de la indemnización y debe determinar el monto por entregar, el cual se ajustará a los siguientes topes: QQ

QQ

Hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales: por homicidio, desaparición forzada, secuestro, lesiones que produzcan incapacidad permanente.

Hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales: por lesiones que no causen incapacidad permanente, tortura o tratos inhumanos y degradantes, delitos

contra la libertad e integridad sexual y reclutamiento forzado de menores.

QQ

Hasta diecisiete (17) salarios mínimos mensuales legales: por desplazamiento forzado.

La indemnización por desplazamiento forzado se entregará por nucleo familiar a través de subsidio integral de tierras, permuta de predios, adquisición y adjudicación de tierras, adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada y subsidio de vivienda de interés social ya sea rural o urbano.

En el caso de que la misma víctima haya sufrido más de una de las situaciones antes enunciadas, su indemnización se acumulará hasta por un máximo de (40) salarios mínimos mensuales legales. Cuando una persona pueda solicitar indemnización por varias víctimas, tendrá derecho a la indemnización administrativa por cada una de ellas.

La ley también establece la forma en que deberá distribuirse el monto respectivo en caso de que concurran varias personas con derecho a la indemnización por la muerte o desaparición de una víctima (Decreto 4800, art. 150): QQ

50% para la pareja y el otro 50% para los hijos.

QQ

A falta de pareja 50% entre los hijos y el otro 50% entre los padres.

QQ

A falta de hijos 50% entre la parja y el otro 50% entre los padres.

QQ

Si no hay padres se entrega todo el monto a la pareja o hijos según corresponda.

QQ

Si no hay pareja, hijos ni padres, será entregado el monto total a los abuelos.

QQ

A falta de todos los anteriores familiares la Unidad de Víctimas reconocerá indemnización de manera simbólica y pública.

Una vez se diligencia el formato para solicitar una indemnización por vía admi-

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nistrativa, se activa el Programa de Acompañamiento para la Inversión Adecuada de los Recursos, al cual pueden o no acogerse las víctimas, siempre de manera voluntaria. En el caso de que sean niños o niñas quienes reciban el beneficio de la indemnización, se constituirá un encargo fiduciario a su nombre, del cual podrán disponer cuando cumplan la mayoría de edad.

13. ¿En qué consisten las medidas de rehabilitación?

El Ministerio de Salud y de la Protección Social diseñará un programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas cuyos lineamientos deberán ser adoptados por los entes territoriales y debe responder a las necesidades de aplicar el enfoque psicosocial desde una respectiva de reparación integral a nivel individual y colectivo. El Ministerio debe además desarrollar herramientas de seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Programa.

Además, se crearán Centros de Encuentro y Reconstrucción del Tejido Social, en donde se articularán los componentes del Programa, y capacitaciones progresivas al personal encargado de la atención a las víctimas.

Se deberán desarrollar estrategias de autocuidado y capacitación progresiva para el personal encargado de la atención y orientación de las víctimas en el marco de este Programa.

14. ¿Qué son las medidas de satisfacción?

Las medidas de satisfacción apuntan a la “reparación simbólica”, entendida como “la realización de actos u obras de alcance o repercusión pública dirigidas a la construcción y recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social”. Tales medidas deben ser concertadas previamente con las víctimas, tener carácter genérico y no individualizable, e incluirse en los planes

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de acción territorial, para lo cual la Unidad de Víctimas brindará asistencia técnica a los Comités Territoriales de Justicia Transicional que son los encargados de elaborar los criterios para la ejecucion de las medidas de satisfacción en cada población.

Se entienden como medidas de satisfacción la exención de la prestación del servicio militar teniendo un término de cinco años para solicitar la libreta militar. Al solicitar la inscripción en el RUV, la víctima tiene derecho a que se suspenda la obligación de prestar el servicio militar o el desacuartelamiento para quienes ya lo están prestando. Otras medidas son la realización de actos conmemorativos, la aceptación pública de los hechos y las solicitudes de perdón público, el día nacional de la memoria y solidaridad de las víctimas —el 9 de abril de cada año—, las acciones en materia de memoria histórica por parte del Centro de Memoria Histórica y el Museo Nacional de la Memoria.

Se ordena, además, crear el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica por parte del Centro de Memoria Histórica que tiene como función reconstruir los casos que se refieran o documenten las violaciones contempladas en la definición de víctimas en el marco del artículo 3° de la Ley.

15. ¿Cuáles son las garantías de no repetición previstas por la Ley? La Ley contiene una serie de medidas que buscan evitar que vuelvan a ocurrir violaciones de derechos humanos. Entre ellas se encuentra la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley; difusión de la verdad; sanciones a los responsables de las violaciones; medidas de prevención; fortalecimiento del Programa para la Atención Integral contra Minas Antipersonal; diseño de una estrategia general de comunicaciones, de capacitación y pedagogía social; fortalecimiento de la participación de las víctimas; difusión de derechos a las vícti-

mas en el exterior; fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas; reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan participado en grupos armados; diseño de políticas de reconciliación; control efectivo por parte de las autoridades; campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia contra la mujer, los niños, las niñas y los adolescentes por los hechos ocurridos en el marco de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la Ley.

16. ¿Cuáles son las medidas de prevención y protección previstas por la Ley? La Ley exige que el Estado adopte medidas especiales para personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, con especial atención hacia las víctimas del despojo para prevenir nuevas afectaciones en el proceso de restitución.

La Ley de Víctimas establece que el Estado debe crear un plan de contingencia que le permita prevenir o brindar una respuesta adecuada en casos de desplazamiento masivo; diseñar un mapa de riesgos que dé prioridad a sujetos de protección; crear la Red de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que articulará los distintos Observatorios institucionales y sociales de carácter oficial; implementar un Sistema de Información del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), cuyas recomendaciones deben ser atendidas de manera adecuada y oportuna; fortalecer el Programa de Defensores Comunitarios de la Defensoría del Pueblo; elaborar planes integrales de prevención a las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario tanto a nivel local y departamental como regional, con enfoque diferencial y atendiendo a las recomendaciones específicas del Sistema de Alertas Tempranas; elaborar planes de contingencia para atender las emergencias producidas en el marco del conflicto armado interno.

Asimismo, obliga a capacitar a quienes ejercen funciones públicas por medio de la inclusión en el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos de elementos básicos sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, el enfoque diferencial, la reconciliación y la paz. El Ministerio de Justicia debe hacer la misma capacitación para quienes pertenecen a la fuerza pública: diseñar e implementar una estrategia nacional de lucha contra la impunidad; diseñar e implementar una estrategia de comunicación para las garantías de no repetición, y diseñar e implementar una pedagogía social para la reconciliación y la construcción de paz.

Específicamente, sobre las medidas de protección, el Decreto 4800 de 2011 establece que estas deben atender siempre a un enfoque diferencial, articularse con los programas de atención y producir informes semestrales de sus actividades.

Para garantizar la seguridad en los retornos y las reubicaciones se establece el acompañamiento de la fuerza pública que debe haber cumplido previamente con la capacitación respectiva. Además, se deben establecer participativamente medidas de protección colectiva para mitigar el riesgo de comunidades indígenas y afrocolombianas, organizaciones de víctimas y organizaciones de mujeres.

17. ¿Cuáles son las medidas de reparación colectiva previstas por la Ley? Se establecen medidas colectivas en el ámbito de la reparación (arts. 222-234 del Decreto

Se deben establecer participativamente medidas de protección colectiva para mitigar el riesgo de comunidades indígenas y afrocolombianas, organizaciones de víctimas y organizaciones de mujeres.

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4800 de 2011) para los grupos y las organizaciones sociales, sindicales y políticas, y para las comunidades que hayan sufrido daños colectivos. Para ello, se crea el Programa de Reparación Colectiva, entre cuyos objetivos se encuentran la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, la recuperación psicosocial de las poblaciones, y la recuperación de la institucionalidad propia del Estado social de derecho, pluriétnico y multicultural.

Para la ley, son sujetos de reparación colectiva los grupos y las organizaciones sociales y políticas y comunidades determinadas a partir de un reconocimientos jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común.

18. ¿Qué derechos contempla la Ley de Víctimas en el marco de procesos judiciales?

En los artículos 35 al 45 de la Ley de Víctimas se contempla un conjunto de disposiciones respecto a los procesos judiciales en los que en general comparezca una víctima en el marco del concepto que la Ley trae, entre ellas: QQ

Derecho a la información, asesoría y apoyo.

QQ

Derecho a la comunicación sobre el estado de los procesos, la cual debe realizarse por escrito, en un término razonable.

QQ

Derecho a la audición y presentación de pruebas.

“serán reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica” 106

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QQ

Derechos relacionados con los principios de la prueba en casos de violencia sexual.

QQ

Disposiciones sobre la posibilidad de que las víctimas o quienes ofrezcan testimonios rindan declaraciones a puerta cerrada, grabadas en audio o video, y sobre otras modalidades especiales de testimonio.

QQ

Derecho a la presencia de personal de apoyo para las víctimas, en especial en situaciones traumáticas.

QQ

Derecho de las víctimas a la asistencia judicial, siendo la Defensoría del Pueblo la instancia encargada de prestarla.

QQ

Disposiciones sobre los gastos de la víctima en relación con el proceso judicial.

Asimismo, las víctimas que carezcan de los medios económicos para cubrir los gastos judiciales de sus procesos estarán exentas de gastos por este concepto. La Defensoría del Pueblo es la instancia encargada de prestar los servicios de representación judicial de las víctimas, para lo cual podrá suscribir convenios con las facultades de derecho de las universidades.

19. ¿Qué medidas específicas desarrolla la Ley para las mujeres?

La Ley de Víctimas incluye un subtítulo especial con una serie de normas para las mujeres en los procesos de restitución. Se exige el diseño de un programa especial que garantice el acceso de las mujeres al procedimiento de restitución, mediante ventanillas de atención preferencial, personal capacitado en género y acceso de organizaciones de mujeres a los procesos de reparación, así como áreas de atención a niños, niñas, adolescentes y discapacitados que conformen su grupo familiar, entre otras medidas que se consideren pertinentes.

Se ordena la priorización tanto en las solicitudes de restitución adelantadas por ma-

dres cabeza de familia y las mujeres víctimas de despojo o abandono forzado como en los beneficios en materia de créditos, adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, educación, capacitación y recreación, subsidio familiar, planes y programas de reforestación y jornadas de cedulación.

clusión de las mujeres como colectivo en las Mesas de Participación de Víctimas, las cuales constituyen el espacio de participación de las víctimas en el diseño, la implementación, la ejecución y la evaluación de la política a nivel nacional, departamental, municipal y distrital (art. 193).

Además, se establece que cuando se ordene la restitución de tierras a una mujer, las autoridades de policía o militares le prestarán especial colaboración, siempre que medie su consentimiento.

Respecto a la ayuda humanitaria, la Ley establece en su artículo 47 que “las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, recibirán asistencia médica y psicológica especializada de emergencia”. También, se hace mención específica a las medidas en materia de educación y salud. Sobre las primeras, concretamente en el tema de acceso a educación superior, se prevé la implementación de acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia (art. 51); en cuanto al segundo tipo de medidas, se incluye entre los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria (art. 54) que deben garantizarse a las víctimas el examen de VIH/SIDA y de ETS (en casos de acceso carnal violento), la interrupción voluntaria del embarazo en los casos en que la víctima lo desee y esté permitido por la ley o la jurisprudencia colombiana, y la atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas (nums. 7, 8 y 9).

La restitución o compensación se debe efectuar a favor de los dos cónyuges o compañeros permanentes que al momento del despojo o abandono forzado cohabitaban, así al momento de la entrega no estén unidos o uno de ellos no hubiera comparecido al proceso.

20. ¿Qué consideraciones generales favorables a las mujeres plantea la Ley? La Ley 1448 de 2001 contempla entre sus principios rectores la igualdad, especificando que las medidas contempladas “serán reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica” (art. 6).

La Ley también incluye entre sus principios el enfoque diferencial (art. 13), según el cual reconoce que hay poblaciones con características particulares (entre ellas la categoría género), y que las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral deben atender a tales particularidades y responder a su grado de vulnerabilidad específico.

Entre la enumeración de los derechos de las víctimas se menciona el “derecho de las mujeres a vivir libres de violencia” (art.

28, num. 12). Además, la Ley garantiza la in-

La Ley establece que las víctimas del desplazamiento forzado tendrán prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de vivienda, para cuyo uso el Gobierno nacional debe generar la oferta de vivienda respectiva. El parágrafo 1 del artículo 123, destaca entre los sectores prioritarios para acceder a los programas y proyectos diseñados por el Gobierno a las mujeres cabeza de familia desplazadas.

El programa de rehabilitación que contempla la Ley 1448 de 2011 plantea un acompañamiento psicosocial transversal a todo el proceso de reparación de las víctimas, el cual debe tener en cuenta la perspectiva de género. El artículo 136 afirma que dicho acompa-

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ñamiento debe integrar a los familiares de la víctima, y “de ser posible promover acciones de discriminación positiva a favor de mujeres […] debido a su alta vulnerabilidad”.

Por otra parte, el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas que ordena la Ley debe contar con un componente de atención psicosocial para atención de mujeres víctimas e incluir atención individual, familiar y comunitaria por parte de profesionales con formación técnica específica y experiencia relacionada para casos de violencia sexual (art. 137, num. 2).

La Ley de Víctimas contempla la creación de un Centro de Memoria Histórica, al que otorga una serie de funciones tendentes a restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido. Al respecto, se establece explícitamente que “las actividades de memoria histórica […] harán especial énfasis sobre las modalidades de violencia contra la mujer” (Ley 1448, art. 145, pará.).

Según establece la Ley 1448 de 2011, las medidas de protección a las víctimas, a cargo de las autoridades competentes, deberán para el caso de las mujeres tener en cuenta las modalidades de agresión, las características de los riesgos que enfrentan, las dificultades para protegerse de sus agresores y la vulnerabilidad ante ellos (art. 31, pará. 3).

Respecto a las garantías de no repetición, el artículo 149 de la Ley de Víctimas incluye la oferta de medidas especiales de prevención a los grupos expuestos a mayor riesgo, entre ellos las mujeres (literal d). Tales medidas deben propender por “superar estereotipos que favorecen la discriminación, en especial contra la mujer y la violencia contra ella en el marco del conflicto armado”. Más adelante, en el literal s. del mismo artículo se prevé como garantía de no repetición la formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia contra las mujeres. Ambas consideraciones atien-

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den también a solicitudes expresas del movimiento de mujeres a las que tendrá que hacerse seguimiento en su efectiva aplicación.

En el tema de asesoría y apoyo dentro de los procesos judiciales la Ley es precisa cuando afirma que “las autoridades deben informar a las mujeres sobre su derecho a no ser confrontadas con el agresor o sus agresores” (art. 35, num. 4). Sobre el mismo asunto, se establece que frente a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual “las autoridades que intervienen en las diligencias iniciales deberán brindar garantías de información reforzadas, mediante personal especializado en atención psicosocial, sobre las instituciones a las que deben dirigirse para obtener asistencia médica y psicológica especializada, así como frente a sus derechos y la ruta jurídica que deben seguir” (art. 35, pará. 1). En el parágrafo 2 del mismo artículo 35 la Ley ordena que exista “personal capacitado en atención de víctimas de violencia sexual y género” en todas las entidades públicas que brinden asistencia o atención a víctimas.

También en referencia a los procesos judiciales esta ley incluye un artículo sobre principios de la prueba en casos de violencia sexual que atiende a lo establecido en el Estatuto de Roma en el sentido de que no se puede inferir el consentimiento de la víctima, ni exponer como prueba su vida sexual (art.

38). Por otra parte, la Ley establece la posibilidad de modalidades especiales de testimonio en el marco de procesos judiciales para víctimas de violencia sexual. Tales modalidades podrán ser decretadas por juzgados y magistraturas, ya sea de oficio o por solicitud de la Fiscalía, de la defensa, del Ministerio Público o de la víctima. En estos casos la norma insta a controlar diligentemente la forma del interrogatorio “a fin de evitar cualquier tipo de hostigamiento o intimidación” (art. 41). De igual forma, los testimonios podrán ser recibidos con acompañamiento de

personas expertas en situaciones traumáticas (profesionales en psicología, trabajo social o psiquiatría, entre otros) y la víctima tendrá siempre derecho a elegir el sexo de la persona ante la cual desea rendir declaración (art. 42).

Por otra parte, la ley establece que la Fiscalía General de la Nación debe crear un Protocolo para la investigación de delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, en el que se contemplen medidas jurídicas y psicosociales y aspectos como el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios para la investigación, el trato, la atención y la asistencia a las víctimas durante todas las etapas del procedimiento, y acciones específicas para la atención de las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas.

Si bien este es un mandato importante, debe recordarse que en el país existen actualmente varios protocolos en el mismo sentido, sobre los cuales las críticas han recaído, no tanto en su diseño, como en su implementación, y en su capacidad de articularse entre sí. La Ley de Víctimas no incluye consideraciones en este sentido. Por lo mismo, resulta imperativo que estos procesos consulten a las organizaciones de mujeres especialistas en el tema de violencia sexual, e incorporen sus aprendizajes.

21. ¿Cómo pueden participar las víctimas en la ejecución de la Ley? El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas establece la participación activa de las víctimas a través de mesas municipales, distritales, subregionales y departamentales, que estarán integradas por organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Estas mesas territoriales elegirán a sus representantes ante los Comités Territoriales de Justicia Transicional.

La normativa establece que serán diseñados programas especiales de capacitación para las personas que integran estas mesas, con el

Esta ley incluye un artículo sobre principios de la prueba en casos de violencia sexual en el sentido de que no se puede inferir el consentimiento de la víctima, ni exponer como prueba su vida sexual (art. 38)

fin de fortalecer su capacidad de liderazgo y representación de las víctimas.

Además se conformará la Mesa Nacional de Participación de Víctimas integrada por los voceros de las mesas departamentales.

En la Mesa Nacional se elegirán representantes de las víctimas a las siguientes instancias: QQ

Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas.

QQ

Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

QQ

Comisión de Seguimiento y Monitoreo.

QQ

Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica.

Es importante a este respecto destacar que el Decreto 4800 de 2011 determina en su artículo 282 que este proceso de designación de vocerías y representaciones en las diferentes instancias de participación de las víctimas debe garantizar la equidad de género y demás implicaciones del enfoque diferencial.

22. ¿Qué medidas sancionatorias se establecen en la ley?

La Ley establece que quien se inscriba fraudulentamente en el registro de tierras despojadas tendrá prisión de 8 a 12 años, mientras que quien se desempeñe en un cargo público y participe en inscripciones fraudulentas tendrá prisión de 10 a 20 años. Por otra parte,

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quienes en el proceso de restitución confiesen la ilegalidad de sus títulos de propiedad o del despojo que efectuaron, se harán beneficiarios del principio de oportunidad.

En el Capítulo V del Título V se encuentran varias normas que configuran el régimen disciplinario de los funcionarios públicos frente a las víctimas, partiendo de los deberes de respeto para los derechos de estas, incurrirá en faltas disciplinaria gravísima el funcionario público que estando obligado se niegue a dar una declaración oficial o disculpa pública que busque restablecer la

dignidad, reputación y los derechos de la víctima o reconocer los hechos y la aceptación de responsabilidades; que impida u obstaculice el acceso de las víctimas y sus representantes a la información sobre las causas y condiciones de la victimización, así como a la verdad de los hechos; que proporcione información falsa a las víctimas y que discrimine por razón de la victimización. Finalmente, la Ley establece que aquellos funcionarios que afecten derechos de las víctimas deben responder ante los tribunales y juzgados competentes por dichas infracciones.

Comentarios a la Ley de Víctimas y el Decreto-Ley para indígenas Lo que no fue y sigue siendo un problema3 Equipo de seguimiento y análisis de políticas públicas de la Casa del Pensamiento - ACIN A continuación señalamos algunos elementos de análisis con relación a la expedición del Decreto-Ley 4633/2011 para pueblos indígenas en el marco de la Ley de Víctimas 1448/2011. Vale la pena poner en discusión no solo el contenido del decreto sino su propia forma de construcción. En este sentido podemos ver las implicaciones de adelantar procesos de consulta previa y no de Consentimiento Previo Libre e Informado como se inscribe esencialmente en la Declaración para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007), reduciendo cada vez más el sentido de este derecho. Además, es procedente que las organizaciones indígenas empiecen a hacer un seguimiento a la implementación de la ley, con especial atención en las afectaciones en el ámbito territorial, que son el centro del siguiente análisis.

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Para la primera parte de este artículo ver Houghton (2011).

Riesgo de pérdida territorial En las discusiones sobre la Ley de Víctimas y sobre el decreto-ley señalamos posibles conflictos en tres situaciones concretas: en primer lugar, que los jueces aprobaran titulaciones o reconocimiento de derechos a terceros (afros, campesinos, terratenientes) sobre territorios indígenas no titulados, sobre los que el propio Estado ha negado la titularidad indígena. En segundo lugar, que el procedimiento ordinario previsto en la Ley 1448 se adelantara sin tener en cuenta las reclamaciones indígenas que hiciéramos por vía de un procedimiento especial (el que fue finalmente aprobado en el Decreto-Ley 4633), y los jueces terminaran por crear hechos cumplidos al reconocer (en la que se considera única instancia, y de forma sumaria) derechos a esos terceros, de forma que aunque

Óscar Paciencia

reclamáramos por otras vías y ganáramos los pleitos, se crearan conflictos por la tierra con sectores que considerarían tener derechos ciertos sobre los territorios reclamados, más aún luego de un fallo favorable del juez de tierras. El tercer punto era el relacionado con reclamaciones individuales indígenas que podían chocar con las colectivas, y frente a las cuales unos jueces venales (no olvidemos que los jueces estarán en el Tribunal Superior del Cauca) pudieran querer inventar conflictos.

Al respecto hay que señalar que frente al primer punto el decreto-ley en cierta medida protegió nuestros derechos ancestrales.

Artículo 168. Efectos de otros procesos de restitución. En concordancia con la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los territorios indígenas, en los procesos de restitución de tierras que se adelanten en el marco de la Ley 1448 de 2011, el contenido del fallo no podrá recaer en ningún caso sobre los territorios de las comunidades indígenas, sin perjuicio del derecho a la compensación que pudiera corresponder a los terceros de buena fe.

Aunque para los pueblos indígenas es claro qué significa “territorio indígena” y al-

gunos decretos lo definen, no hay que olvidar que las interpretaciones del Gobierno acerca de este concepto en los casos de consulta previa no respetan lo previsto en la Ley 21/91 (Convenio 169 de OIT), y lo restringe a los resguardos constituidos, de los que excluye incluso a los de título colonial. De modo que esta sería una norma para hacer cumplir mediante incidencia y movilización.

En el artículo 141 del Decreto 4633, se señala también: “Los plazos y procedimientos establecidos en este Decreto no implican una renuncia a la reclamación y recuperación de los territorios por las demás vías y mecanismos legalmente establecidos”.

Dicho lo anterior, en principio un juez de tierras no debería tocar, a favor de terceros no indígenas, ninguna parte de los territorios históricos indígenas. Pero eso no solo depende de que el juez o tribunal actúe en derecho, sino que sepan cuáles son dichos “territorios indígenas”. En este sentido se vuelve fundamental que las organizaciones indígenas elaboren el mapa de los territorios históricos y los hagan conocer de la Unidad de Restitución y de los jueces y tribunales (de tierras) para que no haya “margen de error”

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en los fallos correspondientes. A lo anterior hay que agregar lo que aparece en el artículo 141 (restitución de derechos territoriales).

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT adoptado a través de la Ley 21 de 1991 y la jurisprudencia sobre la materia, son susceptibles de los procesos de restitución en el marco de este decreto, las tierras que se señalan a continuación y que no podrán ser objeto de titulación, adjudicación, compra o restitución en beneficio de personas ajenas a las comunidades indígenas: 1. Los resguardos indígenas constituidos o ampliados.

2. Las tierras sobre las cuales se adelantan procedimientos administrativos de titulación o ampliación de resguardos indígenas.

3. Las tierras de los resguardos de origen colonial y las tierras de ocupación ancestral e histórica que los pueblos y comunidades indígenas ocupaban el 31 de diciembre de 1990.

4. Las tierras comunales de grupos étnicos.

5. Las tierras que deben ser objeto de titulación o ampliación de resguardos indígenas por decisión, en firme, judicial o administrativa nacional o internacional.

6. Las tierras adquiridas por Incora o Incoder en beneficio de comunidades indígenas de las que es titular el Fondo Nacional Agrario.

7. Las tierras adquiridas a cualquier título con recursos propios por entidades públicas, privadas o con recursos de cooperación internacional en beneficio de comunidades indígenas que deben ser tituladas en calidad de constitución o ampliación de resguardos.

Estamos ante dos normas diferentes en relación con las reclamaciones históricas de los pueblos indígenas sobre los territorios ancestrales. Porque este numeral 3 del artículo 141 señala que no podrán ser objeto de titulación a terceros “las tierras de ocu-

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pación ancestral e histórica que los pueblos y las comunidades indígenas ocupaban el 31 de diciembre de 1990”. Según una interpretación amañada a favor de los terratenientes, las tierras ancestrales no ocupadas por los indígenas en esa fecha —porque para entonces habían sido expropiadas ilegalmente en la colonia y la república—, y ocupadas por terceros, sí podrían ser tituladas a estos o a los reclamantes en cualquier proceso de restitución. Mientras el artículo 168 dice exactamente lo contrario. En este sentido, hay que evitar que se creen contradicciones sociales por la propiedad de la tierra entre los pueblos indígenas y los otros posibles beneficiarios de una sentencia de un juez (sea terrateniente, afrodescendiente, campesino).

Con los antecedentes regionales, en la lucha por la propiedad de la tierra hay sectores interesados en que se alimente de nuevo ese conflicto.

Dos anotaciones más sobre este artículo 168. En el numeral 1 se habla solamente de los resguardos constituidos o ampliados, siendo que con la figura de las reservas indígenas se reconocieron derechos ciertos de los pueblos. En el artículo 149 (trámites) sí se incluyen las reservas, pero es muy probable que los jueces escamoteen este hecho.

Aunque señala que el derecho de restitución cobija a “las tierras de los resguardos de origen colonial”, en el citado artículo 149, agrega que esto será “previa clarificación”, y que requiere para su trámite inicial la copia de la escritura pública de protocolización notarial de los documentos que constituyen el título del resguardo de origen colonial, y copia del certificado de registro del título del resguardo respectivo. Aunque se trata de información básica que no determinará el fallo ni el inicio del proceso, es claro que puede convertirse en un obstáculo, y más para “la adopción de medidas de protección, cautelares y el inicio de la caracterización de afectaciones territoriales, pero de ninguna manera

sustituye dicha caracterización”, como señala el mismo artículo.

Afectaciones territoriales El artículo 144 excluyó las referencias de las afectaciones territoriales que potencian el conflicto armado y la violencia política, tales como megaproyectos y explotación irracional de recursos que, aunque son legales, tienen impacto directo sobre los derechos territoriales; el decreto mantuvo estos elementos como “factores subyacentes”. Esta decisión del Gobierno retrocede frente a lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 004, que planteó que en los Planes de Salvaguarda deben incluirse estos elementos “legales” de forma explícita.

En lo relacionado con la ruta de protección (art. 150) hay varias preocupaciones. En el numeral 2 dice: 2. En el caso de comunidades indígenas establecidas en los territorios considerados baldíos que constituyen su hábitat, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas solicitará al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en conjunto con el Incoder, que dentro de los 30 días hábiles realice la determinación del área del territorio a titular, ampliar, sanear o si corresponde, clarificar de acuerdo a lo establecido en Capítulo 3 del Decreto 2663 de 1994; igualmente, al Incoder, que en un plazo de hasta doce (12) meses inicie y termine los trámites de titulación, ampliación, saneamiento o clarificación; y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo, que en un plazo cinco (5) días realice la apertura de un folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación, y efectúe la inscripción de la medida de protección, indicando el trámite de titulación o seguridad jurídica a favor de la comunidad. Una vez culminado el trámite de titulación respectivo, el folio de matrícula se inscribirá a nombre de la comunidad.

Las tierras ocupadas ancestralmente por los pueblos indígenas no son baldíos, como ya lo determinó el Consejo de Estado en 1971. Luego no resulta procedente que una medida de protección sea justamente reconocer al Estado una propiedad que es indígena.

En el numeral 3 establece que la Unidad de Tierras puede solicitar la “clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano”. Esta medida no es de protección sino de despojo. La presunción debe ser la plena vigencia del derecho. Además, si se habla de que la carga de la prueba está en cabeza del posible despojador, es el Estado el que debe demostrar que el título colonial no es válido, y no las organizaciones indígenas demostrar su vigencia.

En el artículo 151 (medidas cautelares para ser adoptadas por el juez), se excluyeron la realización de obras de infraestructura y explotación de recursos naturales. De modo que las medidas de protección a afectaciones territoriales son solo declarativas.

Procedimiento de restitución judicial Este era el tercer tema de preocupación. Lo que debíamos impedir es que en el procedimiento se pudieran poner en riesgo nuestros derechos o crear situaciones jurídicas que luego se conviertan en obstáculos para nuestras reclamaciones. a. En el artículo 158 (procedimiento judicial) se determina que solo se aplicarán algunas normas de la Ley 1441 (85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96 y 102; art.

79 excepto su pará. 2 y únicamente los pará. 1, 2 y 3 del art. 91). Pero luego señala que se aplicarán también normas del artículo 84 (documentos para proceder la reclamación) y 86 (sobre auto admisorio).

Sin embargo, queda por aclararse cuál es el procedimiento que adelantará el juez cuando se acumulen casos de recla-

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maciones indígenas y no indígenas (por ejemplo afrodescendientes, que tienen también un procedimiento especial). Es clave que el procedimiento más favorable a los indígenas sea el que se adopte en dichos casos. b. El parágrafo del mismo artículo 158 señala que los jueces de tierras deberán tener conocimiento y experiencia en asuntos étnicos. Es obvio que se trataría de la totalidad de los jueces de tierras, pues todos son susceptibles de adelantar procesos indígenas o afros, en tanto en todos los departamentos hay población indígena. Veremos cómo el Estado resuelve este asunto. Por el lado indígena, existe la obligación de exigir este elemento del protocolo de selección. c. La presentación de la demanda aparece en el artículo 160: Artículo 160. Presentación y contenido de la demanda. Una vez ingresada la solicitud en el registro y emitido el informe de caracterización, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la Defensoría del Pueblo tendrán un plazo de sesenta (60) días prorrogables por un periodo igual para presentar la demanda. Las comunidades por sí mismas o a través de sus organizaciones representativas, si aquellas las delegan, podrán presentar la demanda en cualquier tiempo. La demanda de restitución contendrá: 1. La identificación del solicitante y comunidad o comunidades titulares del territorio.

Ya veremos al Gobierno promoviendo reclamaciones de la OPIC o de afrodescendientes, enfrentadas a las de los cabildos, que de inmediato harían nulo el propósito de este artículo frente a los terratenientes.

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2. La identificación del territorio con los siguientes datos: la ubicación, el departamento, municipio, corregimiento o vereda y cuando corresponda, la identificación registral, número de matrícula inmobiliaria e identificación catastral.

En caso de presentarse más de una solicitud de restitución de varias comunidades o miembros de ellas sobre un mismo territorio, se concentrarán y se acumularán en un único proceso de restitución según lo establecido en el presente decreto; así mismo, aquellas que se presenten bajo el ámbito de la Ley 1448 de 2011. El juez o Tribunal de restitución mantendrá la competencia de los casos acumulados hasta la ejecución del fallo de restitución.

3. Narración de los hechos.

4. Las pretensiones.

5. La relación y solicitud de práctica de pruebas que se pretenden hacer valer. Se anexará el informe de caracterización y demás piezas que este contenga.

6. El domicilio o dirección para notificaciones.

También contendrá los elementos señalados en los literales b y c del artículo 84 de la ley 1448 de 2011, y d, e y f cuando corresponda. Adicionalmente, solicitará todas aquellas medidas necesarias y complementarias para garantizar a las víctimas de que trata el presente Decreto el goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos.

Esos literales del artículo 84 de la Ley 1441 corresponden a identificación personal en caso de reclamaciones individuales, certificado de tradición y libertad, y certificado del avalúo, respectivamente. En el artículo citado de la Ley 1441 hay un parágrafo que señala que cuando esos documentos no sean posibles de allegar se admiten otros medios de prueba, pero en el decreto-ley no se menciona dicha disposición. Por analogía debería incluirse esa aclaración, pero es tema de atención.

De todos modos, una exigencia como esta para reclamar territorios que nunca han sido titulados simplemente excluiría toda reclamación de los territorios ancestrales y violaría lo establecido en las sentencias de la Corte IDH que prevé que la propiedad indígena es intangible. d. En el Artículo 146 (acumulación de trámites) se aborda el problema de acumulación de demandas presentadas en el procedimiento ordinario en estos términos:

No se aclara cuál es el procedimiento que se adoptará a continuación de producirse la acumulación de procesos. Se presume que se aplicaría la norma específica, en este caso el procedimiento indígena; pero también el procedimiento afro es específico. Y de cualquier modo, es clave estar al tanto para impedir que se acumule la demanda indígena pero en los términos de la ordinaria, donde aplican otras normas (derogación de resoluciones administrativas de titulación, por ejemplo, y el hecho de que sería fallo definitivo en única instancia).

También puede ocurrir que la información pública de que hay una reclamación por el procedimiento ordinario no sea conocida por las organizaciones o autoridades indígenas; lo aprobado en el artículo 161 del decreto-ley es insuficiente. El colectivo indígena que haga seguimiento a estos procesos debe insistir ante el juez/ magistrado de tierras para que presuma que toda reclamación particular en zonas o territorios afros-indígenas afecta o puede afectar derechos de estos; en consecuencia, deben incidir para que siempre que haya un interés manifiesto de las autoridades u organizaciones indígenas se adopte el procedimiento especial previsto en este decreto-ley (es decir, que se acumule lo ordinario a lo indígena, y no al revés), y se facilite la información perentoria y prioritaria a los pueblos indígenas en los respectivos departamentos/

municipios sobre todas las reclamaciones de particulares que se hagan en el procedimiento ordinario.

La carga de la prueba Uno de los puntos atractivos de la Ley 1448 era justamente que las víctimas estaban exentas de demostrar su derecho, y en cambio el demandado (eventualmente un expropiador) debía demostrar la adquisición del predio con los debidos procedimientos. Pues bien, la inversión de la carga de la prueba ha sido echada para atrás en el caso indígena. Dice el artículo 162: Inversión de la carga de la prueba en favor de la víctima. En el procedimiento judicial, bastará con la prueba sumaria de la afectación territorial en los términos señalados en el presente Decreto, la cual podrá consistir en el relato de la autoridad indígena o el solicitante de restitución, para trasladar la carga de la prueba a quienes se opongan a la pretensión de restitución de la comunidad indígena afectada. Este artículo no aplica en el caso en que un mismo territorio sea reclamado en restitución por dos o más comunidades indígenas o de grupos étnicos. En caso de existir oposiciones, la parte demandante podrá solicitar o presentar nuevas pruebas relacionadas por los hechos aducidos por los opositores.

La parte en cursiva no es otra cosa que negar el espíritu del artículo y el de la Ley 1448. Ya veremos al Gobierno promoviendo reclamaciones de la OPIC o de afrodescendientes, enfrentadas a las de los cabildos, que de inmediato harían nulo el propósito de este artículo frente a los terratenientes. Pero el solo hecho de que haya reclamaciones justas de otras comunidades anula la inversión de la carga de la prueba. Con solo un reclamo de otra comunidad la carga de la prueba caerá de nuevo en cabeza de las comunidades indígenas, que deberán demostrar el robo y no exigir al ladrón que demuestre la legalidad de su propiedad.

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Sobre las presunciones legales y de derecho En materia de resguardos constituidos, el decreto-ley, plantea: Artículo 163. Presunciones de derecho en relación con los territorios colectivos. En relación con los territorios colectivos inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, se tendrá como presunción de derecho la inexistencia de los actos jurídicos enunciados en los numerales siguientes, cuando hubieren ocurrido a partir del primero de enero de 1991 sobre resguardos indígenas constituidos: a. La inexistencia de cualquier acto o negocio jurídico en virtud del cual se realizaron transferencias de dominio, constitución de derechos reales o afectaciones que recaigan total o parcialmente sobre resguardos, reservas indígenas o tierras colectivas. b. La inexistencia de actos administrativos o la invalidez de sentencias judiciales cuando reconozcan u otorguen derecho real u otro derecho a favor de terceros sobre resguardos, reservas indígenas o tierras colectivas. c. En caso de títulos individuales de miembros de grupos étnicos, se presume de derecho que los actos de transferencia de dominio en virtud de los cuales pierdan su derecho de propiedad o posesión, son inexistentes por ausencia de consentimiento cuando tales actos se celebraren con personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o financiación de grupos armados que actúan por fuera de la ley cualquiera que sea su denominación o por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio o a través de terceros.

Nótese la contradicción entre la parte declarativa y los numerales a y b (las cursivas).

En este caso es fundamental que se aplique la parte que incluye reservas y tierras comunales. Las “reservas indígenas” que no fue-

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ron convertidas en resguardos no han desaparecido legalmente (caso Yarinal y otros), y por tanto hay derechos ya consagrados para los pueblos indígenas en dichos territorios.

Debe tenerse cuidado con las reclamaciones individuales indígenas en materia de tierras.

Con las reclamaciones de otras comunidades anularán la “inversión de la prueba” a favor de la víctima; con las reclamaciones individuales van a presionar conflictos intracomunitarios. Por otro lado, hay que estar atentos a que quieran pasar como reclamaciones individuales las que son reclamaciones colectivas.

En el artículo 164, sobre territorios no constituidos como resguardos, aparecen elementos positivos que se deben aprovechar en favor de los intereses de las víctimas: Artículo 164. Presunciones legales en relación con los territorios colectivos. En relación con los territorios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, se tendrán en cuenta las siguientes presunciones legales cuando los hechos y actos jurídicos enunciados en el presente artículo hubieran ocurrido a partir del 1 de enero de 1991, sobre territorios no constituidos como resguardos indígenas: 1. Presunción de nulidad para ciertos actos administrativos en caso de comunidades sin título. Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución se presume legalmente de que están viciados de nulidad absoluta los actos administrativos que hubieren titulado u otorgado otra clase de derechos a terceros en tierras consideradas baldías ocupadas o utilizadas culturalmente por pueblos indígenas. La declaratoria de nulidad absoluta de tales actos podrá ser decretada por la autoridad judicial que esté conociendo de la demanda de restitución, y producirá el decaimiento de todos los actos administrativos posteriores y la nulidad absoluta de todos los actos y negocios jurídicos privados que recaigan sobre la totalidad del territorio o parte del mismo.

Ya se ha señalado que la definición como baldíos es problemática, pues en realidad esas tierras ancestrales no son baldías ni lo han sido. Pero más allá de ello, la presunción legal de nulidad de cualquier reconocimiento o titulación a terceros sobre dichos predios es favorable a los pueblos indígenas. Sin embargo, habría que cuidad que la expresión “podrá ser decretada” no se interprete como una libre elección del juez.

Pero más adelante hay una larga lista de presunciones legales para los predios individualmente reclamados por indígenas. Es obvio que si un indígena individualmente reclama un predio y este no está en territorio indígena se presumiría que el trámite que corresponde es el ordinario; y si está en territorio indígena no cabría una reclamación individual, y cuando ello ocurra no debería haber problema en que la autoridad indígena la resuelva a favor de la comunidad. Pero no es eso lo que dice el decreto-ley. Veamos: Artículo 169. Resolución de controversias territoriales intraétnicas. Las controversias territoriales que se presenten al interior de las comunidades o entre comunidades del mismo pueblo serán resueltas por sus autoridades de acuerdo con sus normas y procedimientos.

Artículo 170. Resolución de controversias intraétnicas e interétnicas ante el juez de restitución. El juez de restitución, una vez aceptada la demanda, abrirá un incidente de conciliación para que las partes resuelvan amigablemente sus diferencias en los siguientes casos: 1. Cuando se hayan agotado o no sea posible adelantar los trámites internos para la solución de controversias al interior de una comunidad o de un mismo pueblo.

2. Cuando se hayan agotado o no sea posible adelantar los trámites internos para la solución de controversias entre varias comunidades pertenecientes a diferentes pueblos o grupos étnicos.

3. Excepcionalmente, en caso de familias o integrantes de comunidades cuyo retorno o reubicación en su territorio no haya sido posible por impedimentos o decisiones de sus autoridades propias.

Y luego de agrega: Artículo 171. Trámite incidental ante el juez de restitución. Para los casos previstos en el artículo anterior, se tramitará el incidente de conciliación que se resolverá en una sola audiencia, la cual se realizará bajo las siguientes reglas: 1. Las partes interesadas y las autoridades de los resguardos o territorios colectivos correspondientes serán citadas en los domicilios o las direcciones aportadas en la presentación de la demanda.

2. Cada parte expondrá su versión de los hechos, sus pretensiones y presentará las pruebas que pretenda hacer valer.

3. Se abrirá un espacio para que las partes intenten fórmulas de arreglo; el juez podrá proponer fórmulas alternas que no son de obligatorio cumplimiento.

4. La audiencia podrá ser suspendida a petición de una o ambas partes, por una sola vez, con el fin de estudiar fórmulas de acuerdo. La nueva fecha se definirá en la misma audiencia.

5. Si las partes no llegan a un acuerdo o no se presentan a la audiencia, se dejará constancia de no comparecencia o no acuerdo en el acta que se levante sobre la misma.

6. En caso de no acuerdo o no comparecencia, el juez con el apoyo de un peritazgo jurídico-antropológico y las demás pruebas que estime conducentes, adoptará una decisión en el fallo de restitución.

Esta parte es totalmente inconstitucional en lo relacionado con conflictos intracomunitarios, pues niega el derecho de nuestras autoridades para resolver conflictos internos relacionados con la tierra. Simplemente rompe la justicia interna y la Jurisdicción especial indígena.

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Definición de víctima

tante que las organizaciones y autoridades de los pueblos indígenas lo entiendan como sugerimos, pues la llamada “reparación simbólica” de que habla este artículo efectivamente se ha incluido para escamotear el derecho a la reparación por crímenes de lesa humanidad, específicamente los ligados a los crímenes coloniales, como el etnocidio y el genocidio.

El artículo 3, donde se define el carácter de víctima, tiene varios elementos para ser tenidos en cuenta, algunos de ellos confusos. El CRIC y la ACIN habían planteado incorporar el siguiente párrafo en el artículo 3: Los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas en cualquier época, en particular el genocidio y el etnocidio, no prescriben, y en consecuencia los pueblos indígenas tienen derecho a reclamar por estos hechos en los términos del presente decreto independiente de la fecha señalada (énfasis agregado).

Sobre la reparación simbólica, a la cual nos opusimos por el carácter gaseoso de su formulación, en el segundo inciso se dice: Los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes que hayan sido víctimas por hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero de 1985 serán sujetos de medidas de reparación simbólica consistentes en la eliminación de todas las formas de discriminación estructural, de no repetición de los hechos victimizantes, de la aceptación pública de los hechos, del perdón público y del restablecimiento de la dignidad de las víctimas y de los pueblos y comunidades indígenas que promuevan la reparación histórica, sin perjuicio de lo contemplado en parágrafo del artículo 2 del presente decreto.

El Decreto-ley incluye el siguiente parágrafo en el artículo 3: “Parágrafo tercero.

Este decreto se aplicará sin desmedro de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad”.

Y en el artículo 2 aparece el siguiente parágrafo: “Parágrafo. Lo regulado en el presente decreto no sustituye ni excluye el derecho a la reparación histórica de los pueblos indígenas”.

Archivo Casa del pensamiento

Es importante que estos dos puntos hayan sido incluidos, pero es aún más impor-

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La redacción no es clara. Obviamente la “eliminación de todas las formas de discriminación estructural” no es propiamente una reparación simbólica; sería más bien la verdadera reparación. Pero también es obvio que el Gobierno no lo pensó así. Podríamos entender la reparación simbólica en este sentido amplio, y exigir en desarrollo de esta ley algunas medidas para eliminar esas formas de discriminación estructural. Por ejemplo: 1) revisión y modificación de los enfoques y relatos de los textos escolares que puedan resultar estereotipados o denigrantes, o que subvaloren el papel de los indígenas (por ejemplo, en la independencia de la monarquía española); 2) prohibición para el uso de términos denigrantes en medios de comunicación pública; 3) medios de comunicación

regionales y nacionales para los pueblos indígenas (radio y televisión), entre otros.

Carácter de víctima El Gobierno alteró un tema central de la posición indígena, y es el relacionado con el carácter de víctima de la Madre Tierra. En este sentido dice el artículo 3 Para los pueblos indígenas el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que los titulares de derechos en el marco del presente decreto son los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes individualmente considerados.

En realidad las organizaciones indígenas (por lo menos las del Cauca) no hablaron del territorio como víctima, sino de la Madre Tierra como víctima, en tanto esta es una más de los miembros de la comunidad, y en tanto tal recibe el impacto de la violencia política y las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DIH. El Gobierno no solo altera la demanda, sino que considera este hecho como una mera opinión de los indígenas, una especie de folclorismo menor que se puede zanjar con un breve reconocimiento paternalista, que luego niega; pero el problema es más de fondo, puesto que la concepción de la Madre Tierra no es un predicado de la cultura, sino un elemento constitutivo de la comunidad misma. La ACIN-CRIC habían sugerido: La Madre Tierra, de acuerdo con las diferentes concepciones de los pueblos indígenas se considera víctima, en tanto sea afectada en su integridad espiritual o ambiental por los mismos hechos anotados, y en consecuencia es sujeto de todas las medidas de reparación previstas para los pueblos e individuos indígenas.

En el artículo 45 se va un poco más allá: Artículo 45. Daño al territorio. El territorio, comprendido como integridad viviente y sustento de la identidad y armonía, de

acuerdo con la cosmovisión propia de los pueblos indígenas y en virtud del lazo especial y colectivo que sostienen con el mismo, sufre un daño cuando es violado o profanado por el conflicto armado interno y sus factores vinculados y subyacentes y vinculados.

Son daños al territorio aquellos que vulneren el equilibrio, la armonía, la salud y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y que puedan entenderse conexos con las causas a las que se refiere el artículo 3 del presente decreto.

Con lo dicho en el artículo 3 (negar el carácter de sujeto de derecho a la Madre Tierra) y lo que aparece subrayado del artículo 45, los daños directamente causados a la Madre Tierra (como deforestación, destrucción de cuencas, etc.) no serán considerados como tales, sino a lo sumo como daños en bienes civiles. En una acción de inconstitucionalidad podría incluirse que la interpretación del artículo 45 fuera más allá de lo dice el decreto-ley, de manera que pudieran incorporarse temas diferentes a la soberanía alimentaria.

Principios frente a expectativas indígenas En el artículo 8 (reparación integral de derechos territoriales) el Gobierno no incluyó la indemnización, que es derecho reconocido, y redujo la reparación a la mera restitución. El artículo 9 (derecho al territorio) mantiene un supuesto derecho individual a que las tierras imprescriptibles colectivas les sean restituidas a personas individuales. Es un método seguro para que haya conflictos intracomunitarios, como arriba se anotó.

Podríamos entender la reparación simbólica en este sentido amplio, y exigir en desarrollo de esta ley algunas medidas para eliminar esas formas de discriminación estructural.

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El artículo 10 (acceso al territorio) es problemático. Dice el decreto-ley: Artículo 10. Acceso al territorio. En los casos en que por causas asociadas con el conflicto armado interno y sus factores subyacentes y vinculados el pueblo o la comunidad indígena hayan perdido o estén en riesgo de perder el acceso a los lugares sagrados y en general a su ámbito social, económico y cultural, el Estado tomando en cuenta las condiciones de seguridad imperantes, garantizará el pleno disfrute de los mismos, de conformidad con la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o Derecho Propio sin perjuicio de lo establecido de la legislación general de la República y la legislación indígena nacional.

Las partes en cursiva ni más ni menos son la conculcación de un derecho inalienable. El propósito de la norma en el borrador inicial (que desconocemos si fue propuesta indígena o del Gobierno, y donde no se incluían las partes en cursiva) era incluir una medida afirmativa, adicional al derecho ya reconocido a vivir en su propio territorio sin limitación alguna. Con la redacción aprobada se ha convertido en una extraña medida mediante la cual es la comunidad la que debe esperar que el Gobierno —luego de conocer las “condiciones de seguridad imperantes”— lo permita. En otras palabras, la idea inicial de “si hay limitación al acceso, el Gobierno está obligado a garantizarlo”, se convirtió en “si hay limitación al acceso, hay que esperar el permiso del Ejército”.

El artículo 11 (protección al territorio) es un saludo a la bandera. Dice: “El Estado garantizará la protección de los territorios de ocupación histórica o ancestral de los pueblos o comunidades en los términos establecidos en los artículos 13, 14 y 15 del Convenio 169 y del artículo 63 de la Constitución Política”.

En otras palabras, el decreto-ley dice que el Gobierno debe cumplir la ley y la Consti-

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tución, lo que resulta una obviedad. Lo que nosotros habíamos propuesto, además de incluir tal reconocimiento era: “La posesión tradicional o ancestral de los pueblos indígenas sobre sus territorios tiene efectos equivalentes a un título de propiedad o pleno dominio otorgado por el Estado, reconociéndose su carácter imprescriptible, inembargable e inalienable”.

Esto es lo verdaderamente significativo, pues es la obligación del Estado expresada en las consecuencias jurídicas y materiales de lo ordenado en la Constitución y el bloque de constitucionalidad. La Corte IDH ya ha zanjado este tema en repetidas ocasiones. El artículo hubiera podido resolver esto si incluía que la protección se haría en los términos ya definidos por la Corte IDH. El artículo 12 es otro saludo a la bandera.

Se señala que: “Las autoridades indígenas, en su condición de autoridades públicas de carácter especial, tendrán acceso libre y permanente a los documentos y demás medios o fuentes de información que consideren necesarios para el esclarecimiento de la verdad de las violaciones, salvo que los documentos tengan carácter reservado”.

Justamente el carácter de autoridad pública es el que autorizaría superar esas reservas.

El artículo 19 (garantías para víctimas de violencia sexual) mantuvo los exámenes médico-forenses para casos de violaciones sexuales. Nosotros señalamos en su momento la inutilidad e improcedencia de tal medida, porque se trata de hechos ocurridos hace varios años que ya no admiten un procedimiento que debe hacerse en los días inmediatos a los hechos. Por otro lado, la “comprobación” de un hecho de violencia sexual por medio de prueba médico-legal ha sido superado hace mucho tiempo pues en primer lugar no se requiere como prueba para “demostrar”, pues esta supone un riesgo de victimización secundaria.

Las organizaciones de mujeres y la Defensoría del Pueblo (delegada para la mujer, la infancia y la adolescencia) han insistido en que existen valoraciones psicológicas y otras herramientas que permiten apoyar el proceso penal para la obtención de condena judicial del agresor sin recurrir al examen médico legal. En particular para las mujeres indígenas es difícil hablar de violencia sexual en castellano, a un funcionario en una institución del Estado. No tiene ningún sentido exigir para casos de violencia sexual en procesos administrativos una prueba que tiene especial carga sobre la víctima y puede desencadenar nuevos episodios de afectación, más si la ley no prevé medidas de rehabilitación. Además, si se va a tomar como fecha de vigencia 1985 con mayor razón no va a haber registro formal de los hechos, tanto por falta de denuncia como de registro, acceso y desconfianza en el sistema.

El artículo 22 es otro saludo a la bandera.

Dice: “Artículo 22. Jurisdicción especial indígena. Para los efectos del presente Decreto, las autoridades de los pueblos indígenas desarrollan las funciones propias de su competencia en el marco de la jurisdicción especial indígena y la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o Derecho Propio”.

Lo sustantivo era que como consecuencia de la JEI, las acciones administrativas y judiciales de las autoridades indígenas que se hagan para restituir tierras, por lo menos en el ámbito interno, tengan plena validez y reconocimiento; en particular insistimos en que algunos procesos de saneamiento realizados mediante procedimientos propios fueran registrados por los notarios.

El artículo 27 (consulta previa) es una verdadera burla. Dice: Artículo 27. Derecho fundamental a la consulta previa. En el marco del presente Decreto, el derecho fundamental a la consulta previa del Plan Integral de Reparación Colectiva de que trata el art 105 del presente

decreto se desarrollará de buena fe con la ‘finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento en los términos previstos por el Acuerdo 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que define sus alcances.

En la propuesta discutida por los indígenas la parte en cursiva no existía. Con este agregado el propio Gobierno reconoce que solo en el caso referido cumplirá la Constitución. ¿Qué hará en los otros casos? ¿La consulta será entendida como un mero trámite inocuo?

Sobre las medidas de protección a. El artículo 57 (protección de derechos territoriales) incluye la obligación de acordar un Plan de contingencia, en seis meses, para cumplir el objetivo de agilizar trámites de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, repitiendo lo que ya el Decreto 1397 de 1996 ordenaba; lo demás es la reiteración de obligaciones del Estado (como actuar con eficiencia, etc.). Luego no hay ningún avance.

En la práctica, lo que se ha hecho es aplazar los tiempos de dicha titulación, pues lo que debía incorporarse como medida real de protección es la fecha límite para terminar esos trámites que ya llevan decenas de años en Incora e Incoder. Aunque el decreto-ley habla de definir un cronograma acelerado de implementación, es obvio que en la Comisión de Territorios el Gobierno intentará alargar lo más que pueda los plazos; y en este caso ya no tendrá el imperativo de una fecha límite (como en el decreto-ley) y podrá burlar las expectativas indígenas, sin que tenga un costo legal o político. El problema de no definir plazos es que puede convertirse en una verdadera trampa.

Es positivo que se incluya la obligación de apropiar los recursos financieros que

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se requieren, que es la única medida que garantiza que tal plan se cumpla (art. 58). b. El artículo 59 (protección a autonomía en medio del conflicto armado) no sorprende, pues tiene todos los tópicos del Gobierno en la materia: derecho al control territorial propio y a otras medidas autónomas de protección, pero “sin perjuicio de las funciones de la fuerza pública”.

Por ejemplo, una medida mínima como el no reclutamiento e involucramiento de indígenas, fue incluida en los siguientes términos: “En el marco del DIH la Fuerza Pública se compromete a respetar el derecho de las comunidades indígenas o sus integrantes individualmente considerados de no involucrarse en el conflicto armado”.

Es muy importante que las organizaciones y autoridades traduzcan este derecho propio en la obligación del Estado de no involucrarnos, y de respetar las acciones concretas de desmilitarización del territorio (desmonte de trincheras, campamentos y bases, etc.). Es dudoso que el Gobierno entienda así este artículo, pero debemos presionar que esta sea la interpretación que reconozcan las diferentes autoridades, sobre todo judiciales.

Por el contrario, en el artículo 60 (protección al territorio) lo que se hace es legitimar la militarización; dice ese artículo: … 2. La Fuerza Pública deberá adoptar todas las precauciones en el ataque y en la defensa a fin de minimizar poner en riesgo a los pueblos y comunidades indígenas y a sus territorios. […] 4. Los pueblos indígenas gozarán de protección especial contra los riesgos derivados de operaciones militares, así como medidas diferenciales de prevención de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos.

Es decir, no hay ninguna consideración por los territorios indígenas y las comunidades, que seguirán siendo atacadas

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y utilizadas como teatro de operaciones militares. Y nada dice el decreto-ley sobre en qué consiste dicha protección especial, con lo que deberemos esperar la “leal” interpretación del propio ejército al respecto. Si se considera que los territorios son bienes civiles que no pueden ser afectados por acciones militares, el numeral sería inconstitucional. c. A lo anterior debemos sumar redacciones engañosas en materia de respeto de los “sistemas propios de protección” (art. 63), donde se habla de que “en concurso con las autoridades y organizaciones indígenas (el Mininterior) adaptará sus medidas para que incorporen los sistemas de protección propia”, entre los que están la comunicación interna o la guardia indígena. ¿Qué puede significar que nuestras estrategias se incorporen en las medidas del Gobierno? d. Por otra parte, el Gobierno excluyó conscientemente la exigencia que había desde las organizaciones en relación con los señalamientos hechos por funcionarios públicos y el rechazo a que la fuerza pública ejecute las medidas de reparación con métodos militares. Apenas señala que serán capacitados: “… 3. Se deberá fortalecer la capacitación a los funcionarios públicos sobre las normas nacionales e internacionales relacionadas con los derechos territoriales de los pueblos indígenas”. e. El decreto-ley mantuvo un artículo que insistimos en quitar, relacionado con el llamado “desminado humanitario” (art.

70), que resulta muy peligroso porque la formación sobre MAP-MUSE a la luz del derecho internacional no debe hacerse por parte de funcionarios distintos a personeros/as en zona de conflicto; en ese sentido el desminado humanitario no existe, solo hay desminado militar y ello

implica militarización de los territorios, lo cual aumenta el riesgo. f. En ese mismo artículo (70) el Gobierno escamoteó algunas demandas indígenas mínimas como quitar los polígonos de tiro de cercanías indígenas (lo que cambió por “minimizar riesgos”). g. En materia de protección, hay que blindarse ante dos riesgos que aparecen en este título. Por ejemplo, en el artículo 54 (alcances de la protección) se ordena que todas las medidas de protección deben ser coordinadas, lo cual podría ser entendido como un factor positivo de control nuestro sobre acciones del Estado en asuntos como los CCAI y otras acciones civiles con investidura militar, por ejemplo; el problema es cuando estas son exclusivamente militares o de la fuerza pública y obligarían a tal coordinación, o podría prestarse para señalar a las autoridades indígenas de obstructoras de la acción militar si son renuentes a tal coordinación. O el artículo 55 que señala que “El Estado garantiza la protección de los pueblos indígenas en su dimensión colectiva e individual con el fin de detener los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado”, lo cual es totalmente contrario a la lógica, pues se deben detener los factores subyacentes y vinculados, para proteger a los pueblos indígenas. O en otras palabras, “te protejo y con ello remuevo las causas del conflicto”.

Resulta preocupante que en el artículo 61 (protección a las comunidades) se incluyan como obligaciones del Estado “conformar misiones con presencia de organismos internacionales de derechos humanos y de la Cruz Roja Internacional para el acompañamiento y la verificación de procesos de retorno a territorios indígenas” y “Capacitar a los pueblos y comunidades indígenas sobre DDHH y DIH”, siendo que el Estado es el responsable de las violaciones. Este tipo de

medidas en general han resultado en acciones cívico-militares u otras modalidades de involucramiento.

Sobre medidas de atención a. En esta materia se han hecho múltiples cuestionamientos al Decreto-ley, porque reproduce lo que trae la ley madre (la 1441), la cual dejó como medidas de atención especial o humanitarias lo que ya es un derecho consagrado en otras normas. b. Muchos de los procedimientos siguen dependiendo de los trámites que realicen las alcaldías municipales, lo que niega las facultades de autoridad pública que ya tienen los cabildos. c. Es importante que aparezca “Ninguna víctima será atendida de acuerdo a la medicina occidental sin su consentimiento previo, libre e informado”. Nos corresponde que esto se haga real en todo el personal médico del país. d. Hay un artículo complicado que estaba desde el borrador inicial, el artículo 82 (asistencia por los mismos hechos), donde se sostiene que “las víctimas indígenas que hayan sido beneficiadas con alguna de las anteriores medidas, no serán asistidas nuevamente por el mismo hecho victimizante, salvo que se compruebe que es requerida la asistencia por un hecho sobreviniente”. Hace referencia a todas las medidas de atención médica (hospitalización, medicamentos). La redacción puede prestarse a que la atención resulte pun-

Es decir, no hay ninguna consideración por los territorios indígenas y las comunidades, que seguirán siendo atacadas y utilizadas como teatro de operaciones militares.

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tual y no incluya el seguimiento médico a afectaciones de la salud que persistan.

los recursos de acuerdo con los objetivos de cada PRI.

e. La atención para población desplazada solo se hará efectiva una vez se entregue el censo (que elaborarán la autoridad indígena y el alcalde) y se incluya en el Registro Único. ¿Qué pasa si el alcalde no hace el trámite? Esto puede resultar un retroceso y una vulneración del derecho de las comunidades desplazadas (art. 97).

Cualquier pueblo puede concluir que tiene limitaciones administrativas. El problema es cuando la alternativa está preestablecida, y en ella aparece obligatoriamente el Gobierno nacional.

f. Puede resultar problemático el artículo 104 sobre verificación de las condiciones de seguridad para el retorno y la reubicación que serán certificadas por “los Comités de Justicia Transicional del territorio receptor a partir de los conceptos que emita la Fuerza Pública y las pruebas aportadas por las entidades del Ministerio Público”. Esto en realidad no solo es problemático sino que efectivamente es un mecanismo que niega el derecho de retorno.

Reparación a. Se mantiene un parágrafo cuasi-colonial que prevé un comité administrador de recursos de indemnizaciones colectivas cuando un pueblo o una comunidad determine que no es capaz de administrarlo (art. 114, pará. 1).

Parágrafo primero. En aquellos casos en donde el pueblo o la comunidad no cuente con una organización política y organizativa que le permita administrar de manera adecuada los recursos que hacen parte de la indemnización colectiva como elemento integral de los PRI, se formará, si el pueblo o comunidad lo consciente, un Comité Ad hoc del cual harán parte un representante de las autoridades u organizaciones indígenas elegido por el pueblo o comunidad, un representante del Gobierno y un representante del Ministerio Público elegido de común acuerdo que tomará las medidas necesarias para la adecuada destinación de

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b. El artículo 120 (medidas de satisfacción) fue recortado en lo referente a la disculpa pública de responsabilidad del Estado por el genocidio y la condición de riesgo al exterminio. Dicho enunciado venía en el borrador consensuado, que decía: “La presentación, por parte del Estado, de una disculpa pública oral y escrita que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por el genocidio y el sometimiento al riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas”.

Se mantuvo, en cambio, una norma que puede resultar clave si incidimos en su implementación, referida a los currículos escolares: “La inclusión en el currículo escolar de programas de enseñanza en los cuales se narre la victimización que sufrieron las comunidades en el conflicto armado y la discriminación y vulnerabilidad a la que han estado sujetos históricamente”.

Verdad y garantías de no repetición a. En esta materia todos son lugares comunes (art. 126). Una larga declaración de intenciones y casi ninguna medida concreta para garantizar la no repetición de los hechos de violencia contra los pueblos indígenas. El CRIC y la ACIN habían insistido en varias medidas concretas que sí aportan a la garantía de no repetición.

Esas propuestas se hicieron en los espacios donde se habló con los delegados indígenas de la Mesa de Concertación, en presencia de algunos miembros de bajo rango del Gobierno.

b. La principal medida exigida para que no haya repetición fue la desmilitarización de los territorios indígenas y, consecuentemente, la prohibición de batallones —incluidos los de alta montaña— en territorios indígenas. Esta fue totalmente desestimada. En su lugar se incluyó una sosa referencia a la Directiva 016 de Mindefensa sobre cómo comportarse en comunidades indígenas, que ha probado de forma contundente ser totalmente inútil para proteger la vida de los indígenas. c. Las acciones contra la impunidad y para desmantelar los grupos paramilitares (que estaban en el borrador) fueron desestimadas olímpicamente por el Gobierno, que se limitó a incluir promesas de fortalecer la independencia judicial y sensibilizar a los funcionarios públicos. Fueron excluidas la derogación de normas que potencian el conflicto, el desminado por parte del Estado. d. Asimismo, todas las acciones autónomas de protección que debían ser reconocidas, respetadas y protegidas en el Decreto-ley, fueron excluidas (las que estaban en el borrador conciliado) o no tenidas en cuenta (las que se hicieron en el proceso de socialización de la propuesta). e. En la única parte donde apunta a la sustancia de la no repetición (literal), habla de:

creto-ley! No hay ninguna medida de norepetición seria. Pero la sentencia T-025 ordena adoptarlas.

Reparación a. En el artículo 128 (reparación de la integridad cultural) el Gobierno se cuidó de no incluir ninguna obligación real. Dice el texto: “El Estado buscará reparar integralmente a los pueblos indígenas por los daños enunciados en el presente Decreto, así como proteger y prevenir futuras vulneraciones”, cuando el borrador hablaba de que “El Estado deberá reparar integralmente a los pueblos indígenas...”.

No puede ser más clara la intención gubernamental de burlar lo ordenado por la Constitución, y de no ser serio en sus obligaciones. Por cierto, este mismo artículo (128) es un listado de trampas cuando señala los objetivos de las medidas de reparación. Solo a título de ejemplo: acceso a sitios sagrados “siempre que las condiciones de seguridad lo permitan”; y un listado de obligaciones que ya están en otras normas.

b. Este capítulo es un saludo a la bandera.

Donde habla de medidas concretas no hay ninguna o son inanes. Por ejemplo, reforzar medidas cautelares de la CIDH, lo que es una tontería pues el Gobierno ya debe cumplirlas; o hacer públicas las estructuras que produjeron la violaciones, pero sin ninguna medida contra ellas, etc.

Proteger de manera real y efectiva a las autoridades y organizaciones indígenas, atendiendo a la diversidad étnica y cultural de los pueblos, la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor y el Derecho Propio, así como la posibilidad de ejercer los derechos territoriales. Las medidas de protección deberán velar por el bienestar de las familias de las autoridades protegidas.

Las tomaderas de pelo (u ordenar en el decreto-ley lo que se ordenó en la ley que el decreto-ley hiciera, u ordenar lo que ya está ordenado)

¿Cuáles medidas? De nuevo el artículo no define, ni precisa, ni indica cuál es la acción o medida de protección concreta que se va a adoptar. ¡Para eso era el de-

a. El decreto-ley debía adoptar las medidas concretas de protección. Pero en diversos artículos lo que aparece es que el Gobierno deberá adoptar dichas medidas. ¿En

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con la anuencia de la Mesa de Concertación, a quienes se han opuesto al “extraordinario” procedimiento de consulta, o al contenido de la ley, o a la ausencia de consulta previa, etc. Resulta chocante que en el decreto-ley aparezcan las organizaciones (sobre todo la ACIN y el CRIC, y también el Movice) como promotoras de medidas de dilación y obstrucción al derecho de las víctimas. Dice el considerando:

Óscar Paciencia

Que los pueblos indígenas, en su condición de víctimas permanentes de las graves y manifiestas violaciones de sus derechos ancestrales, humanos y fundamentales y a las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto armado colombiano, expresaron su solidaridad con todas las demás víctimas y, consecuentemente, expresaron su rechazo a iniciativas que dilataran, obstaculizaran e impidieran la expedición de una ley que dictara medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado (énfasis agregado).

un nuevo decreto que diga que el Gobierno debe hacerlo? b. Solo a título de ejemplo, estas redacciones aparecen en el artículo 65 (dice que el Estado garantizará medidas de protección a la infancia), artículo 66 (dice que habrá medidas para el trabajo espiritual), artículo 68 (dice que garantizará la protección diferencial a las mujeres), etc. El contenido de dichas medidas no se establece, de manera que será la interpretación del Gobierno la que se imponga, si es que hay una. c. La Fiscalía actuará de manera pronta y eficaz (art. 69), lo que es una orden de la Constitución; se priorizará la titulación de resguardos para pueblos no contactados (lo que ya aparecía en el Decreto 1396/96).

Elementos conflictivos a. Debe atenderse al hecho de que el Gobierno pretende presentar el decreto-ley como una medida adecuada para responder las exigencias de la Corte en relación con la sentencia T-025 y el Auto 004.

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Dice el considerando: Que la Corte Constitucional en los Autos de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 ha señalado que las condiciones históricas de violaciones graves y manifiestas de los derechos de los pueblos indígenas han facilitado que el conflicto armado produzca un impacto o afectación diferencial en estos grupos poblacionales de especial protección constitucional, de manera que es obligación del Estado atender de manera prioritaria “el mayor riesgo que se cierne sobre los pueblos indígenas, en especial, el del exterminio de algunos pueblos, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus integrantes como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes”.

En principio eso no debería ser problemático, pero debería evaluarse a la luz de los diferentes Planes de Salvaguarda y del Programa de Garantías si en efecto esta medida converge con ellos o, por el contrario, los imposibilita, en particular en lo referente a medidas de no repetición.

Esto por lo menos es una agresión a las organizaciones que han manifestado críticas al procedimiento y contenido de la ley y el decreto-ley; según este apartado toda crítica ha sido un ataque a las víctimas.

Según esto —a menos que la Mesa de Concertación desdiga lo que afirma el decreto-ley—, fuimos los indígenas quienes propusimos a motu proprio la consulta en modalidad extraordinaria, y no el Gobierno, que fue el que violó la ley y la Constitución al presentar el proyecto de ley sin consulta previa, y estaba en una situación legal insostenible. Dice el considerando:

Que dado el interés de los pueblos indígenas en la expedición de una normatividad que beneficie a todas las víctimas de la nación, indígenas y no indígenas, pero de manera respetuosa del derecho fundamental a la consulta previa, propusieron al Gobierno Nacional, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, una alternativa única y excepcional que permitiera la continuación del trámite legislativo de dicho proyecto, pero garantizando simultáneamente la efectiva, pronta y consultada expedición de una normatividad diferenciada para pueblos indígenas. (énfasis agregado).

Elementos positivos Finalmente, como anotamos, lo más relevante es que parcialmente fue protegido el derecho a los territorios ancestrales, que no deberían ser tocados por los jueces frente a reclamaciones de terceros no indígenas, pero que exigen nuestra intervención activa y diligente para que ningún juez ni la Unidad de Restitución puedan actuar arguyendo desconocer dichos territorios indígenas ancestrales. Los principales elementos al respecto se encuentran en los artículos: 1, 29, 34, 57, 62, 64, 69 y 86.

Indudablemente, la implementación de este decreto implica la creación de mecanismos de monitoreo por parte de las organizaciones indígenas que puedan dar cuenta de sus efectos en aras de sugerir propuestas de reparación y restitución más acordes con los derechos colectivos que les asisten a los pueblos indígenas.

Referencias Houghton, J. (2011). Problemas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En Revista Señas, 1, junio, Cauca, Colombia.

b. También en el considerando el Gobierno condena, a nombre de los indígenas o

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Carlos Luis Del Cairo Silva

Crónica de una desaparición anunciada

El pueblo nukak al borde del exterminio Mikel Berraondo López* La enfermedad más grave que está matando a los Nukaknukak —desde el punto de vista social— es el olvido y el abandono general por parte del Estado.

Uno siente que no hay intención ni voluntad por parte de las instituciones del Estado para responder a la situación de los Nukaknukak. No les importa y no generan recursos económicos para atenderles. Uno siente que está hablándole al viento: se pierden las palabras y los textos de solicitud. Es una situación de impotencia que uno no sabe cómo explicar.

Palabras pronunciadas por Albeiro Riaño, médico contratado por la ONIC para asistir permanentemente a los nukak. Citado en Paredes (2009). * Abogado; magíster europeo sobre Derechos Humanos y Democratización por la Universidad de Padua; miembro del Área Internacional y de Derechos Humanos de IPES-Elkartea y del Grupo Intercultural Almaciga.

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Las consecuencias de la imposibilidad de ocupar el territorio y mantener las culturas y prácticas ancestrales son muy graves, ya que dicha imposibilidad está asociada tristemente a procesos de exterminio y desaparición de pueblos en su totalidad. En el caso de Colombia, estas consecuencias dramáticas se han podido comprobar a través de una de las formas más comunes de negación de los territorios que sufren los pueblos indígenas, que no la menos dramática, como es el desplazamiento. Otra menos vistosa pero terriblemente catastrófica es la de los pueblos en extinción. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) se ha determinado la existencia de un total de 32 grupos que se encuentran en serio peligro de extinción. Son pueblos con menos de 500 personas, en algunos de los cuales sus integrantes se cuentan con los dedos de las manos, los que como consecuencia del conflicto, el narcotráfico o los megaproyectos extractivos han sufrido enormemente en sus territorios y han visto cómo su gente iba desapareciendo poco a poco a medida que aumentaba la presencia de los extraños en sus territorios. Entre estos pueblos queremos destacar al nukak makú, del que solo quedan cuatrocientos cincuenta, pues el 75% de sus miembros ha muerto en las dos últimas décadas. Otros 18 pueblos apenas alcanzan los doscientos miembros, como es el caso del pueblo Yurí o Aroje, que habita las cabeceras del río Puré al suroccidente del departamento del Amazonas, dentro del recién creado Parque Nacional Natural Río Puré, y que se mantiene en aislamiento practicando el nomadismo. Hay cinco pueblos que sólo se acercan al medio centenar de habitantes, entre ellos el yujú del bajo Apaporis, municipio de Taraira en el departamento del Vaupés, frontera con Brasil; y el pueblo wachina del Vaupés, golpeado por las FARC. Existen otros cinco cuyos miembros se pueden contar con los dedos de una mano: el pueblo makaguaje del Caquetá; el pueblo yauna al occidente del departamento

del Amazonas, en las cabeceras del río Mirití Paraná; el pueblo kabiyari; el pueblo MirañaBora del Vaupés, sobre el río Quinché.1 La situación de los nukak en la región de San José del Guaviare en Colombia también constituye un dramático ejemplo de la vulnerabilidad de un pueblo cuando pierde sus territorios y sufre un proceso de contacto forzado sin ningún tipo de control y prevención.

El pueblo nukak, uno de los últimos pueblos nómadas de Colombia, constituye un claro ejemplo de las dramáticas consecuencias que están sufriendo los pueblos indígenas colombianos cuando, a pesar de tener reconocido y titulado su territorio no pueden vivir en él como consecuencia en este caso del narcotráfico y del conflicto entre las guerrillas y el ejército colombiano.2 El pueblo indígena nukak fue uno de los últimos pueblos contactados en Colombia, al margen de los Yuris y otros grupos que todavía se cree que viven en aislamiento voluntario.3 Habita en 1 2

3

Ver ONIC-Fucla (2009), y Corte Constitucional, Auto 004/09.

La situación por la que está pasando el pueblo nukak resulta urgente, ya que su supervivencia física y cultural se encuentra seriamente amenazada. Así lo considera la Corte Constitucional de Colombia al situarlos entre los pueblos en peligro de extinción que hay en Colombia. Ver el Auto 004/09. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) coincide con la Corte Constitucional al incluirlos entre los pueblos en peligro de extinción dentro de su campaña “Palabra dulce. Aire de vida”; ver http://www.onic.org. co/campanalanzamiento.shtml. Otras organizaciones como Survival llevan tiempo llamando la atención sobre la situación del pueblo nukak; ver http://www.survivalinternational.org/tribes/nukak.

Además se puede ver Cabrera, Franky y Mahecha (1999); Politis (2006, pp. 138-147); Gañan (2006, pp. 148-153); Henao (2007, pp. 56-72); Politis (2007).

Reunión de expertos sobre las directrices de la OACNUDH para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco Paraguayo, celebrada en Bogotá entre los días 26 y 27 de marzo de 2010. Es posible que Colombia sea uno de los países donde menos evidencias existen de los pueblos en aislamiento que habitan dentro de sus fronteras. En el transcurso de una reunión de expertos organizada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para debatir sobre las directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica y el Gran Chaco, varios expertos hicieron referencia a la posible existencia de dos grupos en el río Pure —los yuris y los pases—, y otros grupos pequeños pertenecientes a diversos pueblos que podrían permanecer en aislamiento a pesar de que otros grupos del mismo pueblo hubieran sido contactados, como los virañas, los

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el interfluvio de los ríos Guaviare e Inírida, hacia el Alto Apaporis y el Alto Isana (en los departamentos de Guaviare y Guainía). Son vecinos del Gran Resguardo del Vaupés, donde habitan los sikuani, tukano, piratapuyo, siriano, guayabero o guahibo, curripaco y piaroa; además de una gran dispersión de grupos familiares (pertenecientes a otros ocho pueblos) que han migrado forzosamente hacia el departamento del Guaviare. Su situación roza extremos dramáticos, ya que como consecuencia de la ausencia de políticas de contacto preventivas y protectoras de los procesos de evangelización y aculturación que han padecido, y del desplazamiento que sufren como consecuencia de la presencia de actores armados en sus tierras su supervivencia se encuentra seriamente amenazada.

Durante los últimos veinte años su población se redujo alrededor de un 75% pasando de tener una población estimada de más de 1.300 personas a no superar ahora las 450 (ONICFucla, 2009; Henao, 2007, pp. 17-18).

Esta drástica reducción de su población ha coincidido con la irrupción y ocupación de sus territorios por todos los actores del conflicto armado, con el avance de la colonización hacia sus territorios, y con los procesos de aculturación y colonización realizados por misiones evangelistas —fundamentalmente de las Nuevas Tribus— que comenzaron su labor en los años setenta. La llegada de la “evangelización” provocó los primeros cambios importantes en sus culturas, ya que como consecuencia de la influencia de los misioneros y de sus promesas de salud y alimentos los nukak fueron modificando sus formas de vida, perdieron buena parte de sus conocimientos ancestrales —que no eran bien vistos por los evangelistas—, y con ello perdieron buena parte de su capacidad cariyaris, los urumis, los huitotos, los nukak y los andakies, aunque de estos últimos se tenían muchas dudas sobre su supervivencia debido a que sus territorios tradicionales habrían sufrido una fuerte deforestación en los últimos años.

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de ser independientes y autosuficientes en su propio territorio.4 De manera paralela a ese proceso de aculturación sus territorios se convirtieron en importantes bastiones estratégicos en el marco del conflicto colombiano y en el contexto del narcotráfico puesto que por sus territorios pasan algunas de las principales vías de salida de la droga hacia Venezuela.

El incremento de las acciones militares en el contexto del conflicto colombiano se produjo a partir del año 1997, cuando las AUC lanzaron una ofensiva en el departamento del Guaviare para impedir el control territorial de las FARC. Esto produjo el incremento de las violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH, que se han mantenido hasta nuestros días, poniendo en grave riesgo la vida de la población civil y muy especialmente de los pueblos indígenas.5 Hasta 4

5

Entre los años 1965-66 se tiene constancia del primer conflicto violento con los colonos de Charras; en 1988 se produce un choque con los colonos de Caño Danta, se vive el primer éxodo y llegan aproximadamente unos 43 nukak (se habla erróneamente de su “aparición”) a Calamar: 4 hombres, 12 mujeres, 26 niños. En ese mismo año sufrieron una epidemia de gripa que generó varias muertes por neumonía; en 1989 este grupo se traslada de desde Calamar a Mitú, y luego a Laguna Pabón; entre los años 1990-93 sufren una nueva epidemia de gripa, así como un nuevo éxodo a Mapiripán, Puerto Alvira (Caño Jabón) y San José; en 1995 sufren fumigaciones que afectaron a diversos grupos en Caño Grande y Caño Macú, como consecuencia de las cuales se exilian en Calamar debido a las dermatitis que sufren; entre los años 1996-98 sufren diversas epidemias —gripa, paludismo, infecciones intestinales, sarampión, meningitis—, y éxodos de todos los grupos Nukak hacia Tomachipán, Caño Jabón y San José; en 2002 tienen los primeros enfrentamientos entre paramilitares dentro de sus territorios que generan nuevos éxodos; en 2003 sufren un nuevo choque entre paramilitares, Ejército y FARC en Charrasqueras, y vuelven a realizar un éxodo; y en 2005 se produce un nuevo éxodo de 160 nukak desde Araguato por temor a la guerrilla y a una confrontación inminente con el Ejército. Corte Constitucional, Auto 004/09, p. 225.

Todavía hoy se recuerda la "toma masiva de rehenes" (como lo afirmó el defensor del pueblo de ese entonces, Eduardo Cifuentes) en Puerto Alvira (2002), un corregimiento de Mapiripán, municipio ubicado en una región disputada por las FARC y los paramilitares debido a que es un corredor estratégico para la comercialización de coca. De acuerdo con algunos testimonios, durante 7 días (14 al 20 de julio de 2002), cerca de 200 miembros de las Autodefensas llegaron de Urabá y se adueñaron de Mapiripán, además de los corregimientos de Puerto Alvira y La Cooperativa. Según distintas versiones periodísticas, descendieron en el aeropuerto de San

la incursión de las AUC, a mediados de 1997, hacían presencia en la zona cuatro frentes guerrilleros (1, 7, 43 y 44) de las FARC. La llegada de los paramilitares cambió radicalmente esa situación. Actualmente operan en el departamento del Guaviare el frente 44 (Oriente), el Frente 7 (Suroccidente del municipio de San José del Guaviare) y la columna móvil Juan José Rondón de las FARC. Diversos testimonios coinciden en que la crisis humanitaria que están viviendo es producto de las acciones insurgentes y contrainsurgentes desarrolladas en la región. En primer lugar, por las acciones de las AUC dirigidas a la “recuperación territorial”, que han incluido disputas con y entre facciones que han operado en el sur del vecino departamento del Meta, en inmediaciones de Puerto Concordia y Mapiripán (Bloque Centauros y “los buitragueños”). En segundo lugar, debido a los operativos adelantados por las FFAA en razón de la “recuperación de la gobernabilidad” en la región, asociados al programa de fumigaciones para el control de los cultivos de uso ilícito en el marco del Plan Colombia.

Según ellos, estos operativos y acciones han desatado respuestas armadas por parte de la guerrilla (FARC) en defensa de la hegemonía que han mantenido durante las décadas anteriores y que han tratado de recobrar durante el último año (Henao, 2007).

Y también sus territorios adquirieron cierto interés desde el punto de vista de los recursos naturales y del megaproyecto Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Los intereses sobre los hidrocarburos y minerales han existido en la región desde comienzos de los José del Guaviare, y con la colaboración de algunas autoridades militares y de policía iniciaron un recorrido de muerte que terminó con el asesinato de medio centenar de personas. Durante algunos meses después de las masacres el Ejército mantuvo a dos batallones de contraguerrilla en la zona y garantizó la seguridad de los habitantes; después se marcharon y la población sintió los constantes cambios de dominio entre “los paras” y “las FARC”. Ver Henao (2006).

Durante los últimos veinte años su población se redujo alrededor de un 75% pasando de tener una población estimada de más de 1.300 personas a no superar ahora las 450. años noventa cuando Ecopetrol, junto con Fronteras de Exploración Colombiana intentaron explotar el petróleo que existe en el resguardo Nukaknukak. Gracias a la labor de la ONIC se consiguió frenar la exploración petrolera en este territorio, Nukaky que se titulara el resguardo Nukaknukak. Otros proyectos industriales (ganadería, minería e hidroeléctricas) también han ido llegando a la región y a los territorios Nukaknukak, especialmente la deforestación para las actividades ganaderas. Con ello llegó la tala indiscriminada de los bosques así como la contaminación de los ríos (con insumos para el procesamiento de cocaína) amenazando gravemente su diversidad biológica (Henao, s. f.).

En el contexto del IIRSA, el departamento de Guaviare, junto con Vaupés y Guainía, constituye la selva de transición que une a la Orinoquia con la Amazonia. Por tal razón reúne características geográficas de ambos ecosistemas. Debido a sus importantes vínculos comerciales y culturales con el departamento del Meta, a través de sus vías de comunicación (fluvial, carreteable y aérea) es asimilada a la dinámica de los llanos orientales más que a la de la Amazonia (Henao, s. f.).

Como consecuencia de esto sus territorios, debidamente titulados y reconocidos por el Estado colombiano, fueron ocupados y disputados por las guerrillas, los grupos paramilitares, el ejercicio y los grupos narcotraficantes.6 Esto significó que los nukak tuvieran que huir de sus propios territorios 6

La titulación del resguardo nukak se produjo con la Resolución de la Junta Directiva del Incora, 136, del 23 de noviembre de 1993.

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Todo esto ha generado que a excepción de algunos grupos nukak que siguen viviendo ocultos o semiocultos en el resguardo, cerca de las fronteras con Venezuela, el resto han abandonado prácticamente el nomadismo, se han vuelto dependientes y se han convertido en el eslabón más empobrecido de la pirámide social en el Guaviare sufriendo serías enfermedades y epidemias para las que no están preparados, padeciendo seriamente el alcoholismo y teniendo que asumir que muchas de sus mujeres se vean forzadas a ejercer la prostitución mediante engaños.

Este nuevo contexto en el que les están obligando a vivir, ajeno a sus formas de vida y sus culturas, genera consecuencias dramáticas para los nukak ya que como ha afirmado la propia Corte Constitucional, la clave de la sostenibilidad ambiental y social de la forma de vida nukak está en la movilidad de grupos relativamente pequeños que les permite aprovechar armónicamente la selva al recorrerla en rutas estacionales, de manera que los recursos no se agotan sino, por el contrario, se multiplican por el efecto de la presencia de los nukak al esparcir varias semillas por la selva —semillas de especies alimenticias— y plantar algunas en sus chagras. El estacionamiento por varios meses de un grupo nukak en un asentamiento choca radicalmente con su forma de vida y produ-

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ce en pocas semanas un agotamiento de los recursos naturales en los alrededores, que si se prolonga puede llegar a ser irreversible.7 Según los expertos, y teniendo en cuenta las condiciones de vida que están sufriendo actualmente, probablemente en un lapso de 5 años los nukak pasarán a formar parte de ese listado silencioso y extenso de pueblos y culturas desaparecidos por efectos de la colonización y la destrucción de sus territorios.

Lo más dramático y llamativo del problema es que en el caso de los nukak viviremos en primera persona su desaparición a través de todas las instituciones nacionales e internacionales que están “monitoreando” su situación con cientos de excusas antropológicas, políticas o jurídicas para no realizar ninguna intervención de protección y prevención.8 La situación es dramática, de los 450 nukak makú que sobreviven actualmen7 8

Corte Constitucional, Auto 004/09, pp. 228 Por ejemplo, aun en marzo de 2010, formalmente los nukak no eran considerados como población desplazada porque al ser nómadas se consideraba que se han desplazado por efectos de su cultura y no forzados por la violencia y el amedrentamiento del conflicto armado que se libra en sus territorios. Las autoridades de San José del Guaviare no comparten la opinión de la imposibilidad que tienen los nukak de regresar a sus tierras como consecuencia de la presencia de los grupos armados en sus territorios. Y como se les considera nómadas las instituciones públicas locales y nacionales no quieren realizar ningún programa preventivo o de protección (como por ejemplo, el saneamiento de las zonas donde han asentado campamentos) para no ocasionar una injerencia en su cultura y transformar sus prácticas culturales ancestrales. Como consecuencia los grupos que instalan campamentos cerca de San José del Guaviare sufren serios problemas de acceso a agua potable en las épocas de sequía, tienen serios problemas de alimentación y sufren enfermedades y epidemias que están acelerando la muerte de sus integrantes. Pero ante esta situación todas las organizaciones nacionales e internacionales —como el Acnur o la Oacnudh— simplemente realizan una labor de “monitoreo”. Unas porque no tienen “capacidad para actuar” y otras porque su “mandato” solo les permite monitorear la situación y no entrometerse en cuestiones internas. En el caso de los grupos nukak asentados en las cercanías de San José del Guaviare este particular “monitoreo” consiste en ser testigos de las condiciones de vida infrahumanas que tienen, de las enfermedades y epidemias que padecen y, en definitiva, de su desaparición silenciosa. Información recibida por las autoridades departamentales de San José del Guaviare y por representantes de organismos nacionales e internacionales en el transcurso de una misión de verificación de representantes de la Oacnudh para abordar la situación de los pueblos en aislamiento en la región, y el desarrollo de unas directrices de protección para estos pueblos.

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acosados por las batallas permanentes entre todos los actores del conflicto colombiano que consideraron los territorios nukak de gran relevancia estratégica. Tuvieron que desplazarse a los límites de su resguardo donde se encontraron con el avance permanente de la colonización y deforestación atraído a la región por un floreciente negocio de cría de ganado vacuno para carne, lo cual los obligó a comenzar una traumática relación con las sociedades mestizas de la región que los consideran un problema y los desprecian por ser diferentes y por no saber “comportarse” en sus comunidades y ciudades.

te, por lo menos 221 fueron desplazados forzosamente entre septiembre de 2002 y agosto de 2006, es decir, casi la mitad de su población. Desde entonces, este pueblo ha declarado su interés por volver al resguardo Nukak-Makú donde habitaban antes de desplazarse. Según la Secretaría de Salud de San José del Guaviare, cuentan con apenas 12 adultos mayores de 40 años. Algunas de estas familias han intentado su regreso pero las circunstancias del conflicto, y la dependencia de la asistencia en salud no han permitido que se haga realidad. Por el contrario, han continuado los desplazamientos forzados hacia San José del Guaviare.9 La guerrilla y los grupos paramilitares han incrementado sus presiones en contra de las comunidades indígenas, coaccionándolas, limitando su movilidad y afectando seriamente su super-

vivencia al limitar sus actividades básicas de caza, pesca y recolección. Ambos actores armados señalan a los nukak como “informantes” del enemigo y los tratan de forma violenta. Las comunidades nukak que siguen habitando en sus territorios ancestrales se han visto sometidas al confinamiento forzoso en diversas partes de su territorio ancestral como Caño Seco, Caño Makú, Cueva Loca y Caño Araguato.10 Como consecuencia de esto los nukak Nukakque se mantienen en el resguardo viviendo en régimen de semiaislamiento, tratando de vivir de acuerdo con su cultura nómada están sufriendo enormemente debido a las limitaciones que han impuesto sobre su alta movilidad los actores externos del conflicto armado, a pesar de que habitan un territorio extenso de más de 930.000 hectáreas.11

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Uno de los más recientes tuvo lugar el 5 de abril de 2010; 26 personas caminaron entre 10 y 14 días, sin comida y sin agua, trece adultos y doce niños y niñas, además de una mujer embarazada.

Estas personas fueron ubicadas transitoriamente en el coliseo la Esperanza del municipio de San José del Guaviare, procedentes de Tomachipan en el departamento del Guaviare. Los nukak informaron que otras familias venían caminando padeciendo la misma situación; ONIC (2010). Agudización del riesgo de extinción física y cultural del pueblo nükak, http://colombia.indymedia.org/ news/2010/04/114152.php., 23 de abril de 2010.

El territorio Nukak se encuentra literalmente ocupado por los frentes 1, 7, 39 y 44 de las FARC y la banda del exjefe paramilitar Pedro Oliverio Guerrero, alias “Cuchillo”. Como consecuencia de la agresividad hacia los Nukak, y de considerarlos “informantes”, el 2 de enero de 2009 fue asesinado el dirigente nukak, Monikaro Nukak. Esta situación hace imposible a las comunidades desplazadas el regreso al resguardo (El Tiempo, 2008, 2009).

11 Diferentes estudios señalan que hasta 1995 los nukak conservaban una alta movilidad: “una proyección del cambio de residencia arrojaba una ocupación de 68,64 campamentos por año,

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Ir a tabla de contenido Nos encontramos con una realidad desgarradora de racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas, de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, de impunidad y crueldad de todos los actores armados contra las comunidades indígenas.

En la actualidad, los conflictos con los colonos y otros pueblos indígenas están aumentando; existe un problema cada vez más serio de alcoholismo, prostitución y abuso sexual de mujeres, niñas y niños nukak en zonas como Aguabonita; el hambre y la desnutrición severa están incrementándose, y las enfermedades son cada vez más devastadoras. Las epidemias y las enfermedades se suceden sin tiempo para la recuperación entre una población fuertemente debilitada que ha perdido toda la inmunidad biológica que tenían como consecuencia de la reducción de la oferta ambiental en materia de recursos alimentarios, de salud y bienestar.12 Cambiaron sus alimentos tradicionales por panela, arroz, azúcar, pastas, en definitiva, por alimentos no apropiados para sus formas de vida, lo cual generó problemas de desnutrición y otros padecimientos. Las enfermedades prevenibles no se atienden recorriendo 6,9 km entre un lugar y otro, con una ocupación promedio por campamento de 5,31 días y una velocidad de marcha de 2,4 k/h cuando se camina en compañía de los niños” (Cabrera et ál., 1999).

12 Diversos estudios consultados coinciden en afirmar que la oferta de recursos del territorio nukak es bastante diversa y bien distribuida, lo que les ha permitido la recolección y caza de muchas especies simultáneamente. Hasta el momento se sabe que este pueblo consume por lo menos 243 especies vegetales y animales diferentes: 83 especies vegetales (43 identificadas), 9 especies de primates, 7 de otros mamíferos, 2 de reptiles, más de 10 especies de aves, 39 de peces, algunos batracios y crustáceos, y diversos insectos, como 43 especies de abejas productoras de miel y sus larvas (22 identificadas), 14 de avispas y 16 de orugas). En la actualidad han perdido toda esta riqueza alimentaria confinándose en los suburbios de las ciudades y transformando completamente su dieta.

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por falta de condiciones o la mínima responsabilidad social del Gobierno. Numerosas enfermedades clínicas afectan a los nukakNukak, entre ellas infección respiratoria aguda, principalmente en niños; enfermedad diarreica aguda; desnutrición, que se reproduce y hace que los niños resulten proclives a la muerte; paludismo y algunos casos de neoplasia. La Secretaría Departamental de Salud no se ha pronunciado frente a esta problemática.13 Las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud (INS) entre 1993 y 1996, determinaron que más del 40% de los nukak padecía de filariasis, enfermedad que aún los afecta en un porcentaje superior al 30%; hay casos de personas con sífilis por vía de la prostitución, y en 2007 los nukak desplazados volvieron a superar una epidemia fuerte de gripe.14 De acuerdo con informaciones de la Secretaría Departamental de Salud, los niños entre los 11 y 15 años padecen desnutrición y requieren de apoyo alimentario con una mayor base nutricional; las condiciones de las viviendas donde residen (carpas de vara en tierra) no son adecuadas; las condiciones de saneamiento ambiental son mínimas, y hasta hace muy poco padecían escasez de agua potable. De las muertes sobre las cuales se tienen datos acerca de su causa y ubicación temporal, cerca del 2% ocurrieron antes de 1987, y el 98,07% restante después de este año. De este último porcentaje, el 91,66% corresponde a decesos causados por la gripe, mientras que el 6,41% se ubica entre “otras causas”.15 Todos estos problemas de salud encuentra su origen en cinco factores principales: 1) instalación y avance de nue-

vos colonos dentro del recientemente creado y luego ampliado Resguardo Nukak; 2) falta del servicio de atención en salud por parte del Estado; 3) las fumigaciones aéreas con glifosato de los cultivos de coca ubicados a orillas del río Guaviare y dentro del resguardo; 4) avance del control militar y paramilitar, y de los enfrentamientos con las FARC dentro de su territorio, y 5) mala atención en salud, alimentación inadecuada y escasez de agua potable de la población desplazada, por parte del Estado (Asistencia Humanitaria de Emergencia sin enfoque diferencial).16 La situación de riesgo de extinción que está viviendo el pueblo nukak makú se ha convertido en una problemática que hasta ahora no ha sabido resolverse. La mayor parte de las soluciones adoptadas solo recurren a la asistencia humanitaria dejando de lado la posibilidad del retorno de la población, que viene a ser una de las soluciones más demandadas por los propios nukak makú y por los expertos que han trabajado en la región del Guaviare.17 La actitud de los sucesivos gobiernos locales y nacionales ha pasado de una indiferencia e invisibilización clásica con la que han tratado a los pueblos indígenas para favorecer las políticas de acumulación de tierras y los procesos de desterritorialización indígena, a demostrar una aparente preocupación provocada por la alarma internacional que genera el exterminio monitoreado de este pueblo.

Conclusión El caso colombiano se ha transformado con el tiempo en uno de esos paradigmas de los 16

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Informe de Albeiro Riaño, citado en Paredes (2009).

14 Declaración de Quito, Reunión Internacional “Hacia el planteamiento de políticas públicas y planes de acción para garantizar el derecho a la salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la Amazonia, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay”, Quito 19 y 20 de octubre de 2007. En Iwgia (2008, pp. 126-141).

15 Al respecto ver Henao (2006).

Declaración de Quito, cit.

Entre las propuestas que han planteado diversos expertos que han realizado consultas con los grupos nukak makú se recomienda: facilitar el retorno para los que quieran, con especial atención a su salud; hacer que las decisiones sobre el retorno sean consensuadas; estudiar la propuesta de establecer servicios de salud en los límites de su territorio; no fumigación; trabajar con los campesinos colonos en las cercanías del resguardo nukak para que entiendan que no son tierras baldías. Corte Constitucional, Auto 004/09, p. 229.

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derechos humanos y sus posibilidades de implementación, descubriendo con una nitidez asombrosa la verdadera espada de Damocles que persigue a los derechos humanos, y que poco a poco ve minando sus esfuerzos estoicos por resistir en las Termópilas del derecho y demostrar su validez y vigencia en un contexto internacional donde el derecho mercantil junto con los intereses económicos mueven las decisiones políticas y controlan el devenir de los que se siguen denominando “Estados de derecho”. La voluntad política de los gobiernos de turno marca el verdadero devenir de los derechos humanos en cada país, más allá de las leyes, los tratados internacionales y las supuestas obligaciones que se puedan generar en el marco de los derechos. Y esta voluntad política, como en el caso colombiano, generalmente suele encontrar en los derechos humanos unos instrumentos de obstrucción para el desarrollo de sus planes de “desarrollo” económico que obstaculizan y se vuelven incompatibles con los intereses económicos que tanto el Gobierno como sus “amigos” y “aliados” —otros países con intereses inversionistas, organizaciones internacionales económicas o comerciales, o empresas trasnacionales— mantienen para fomentar el desarrollo del país. Lamentablemente, hace tiempo que los derechos humanos dejaron de ser instrumentos de garantía, de estabilidad democrática o de límite a los abusos del poder —si alguna vez lo fueron—, y paradójicamente cuanto más se han definido y perfeccionado más se han alejado de las voluntades políticas de los gobiernos y de los intereses económicos que mueven el capital y producen el “bienestar” en nuestro mundo.

Colombia es un fiel reflejo de esta situación, no el único, pero quizás sí uno de los más claros. Y si utilizamos la situación de los pueblos indígenas como patrón de análisis, el caso todavía cobra mayor claridad. En Colombia nos encontramos con un marco jurídico de protección de los derechos humanos

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muy desarrollado, que deriva directamente de la Constitución de 1991, y que incluye la ratificación de la mayoría de tratados internacionales existentes en todos los ámbitos. Y nos encontramos igualmente con una Corte Constitucional empoderada en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a través de una trayectoria larga y constante con importantes sentencias y autos en defensa de los territorios indígenas, sus culturas y su supervivencia. Pero la realidad dista mucho de presentar una pintura idealizada de garantía y respeto de los derechos humanos. Nos encontramos con una realidad desgarradora de racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas, de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, de impunidad y crueldad de todos los actores armados contra las comunidades indígenas, de usurpación territorial, ocupación ilegal y desarrollo de megaproyectos sin cumplir las garantías establecidas por el derecho internacional o nacional y, en definitiva, de un contexto de violencia institucionalizada que obliga a muchas comunidades indígenas a sufrir el desplazamiento forzado y sitúa a todas las organizaciones indígenas al límite de la resistencia, pagando precios irrecuperables por la defensa de sus derechos y de sus territorios, hasta situarse al borde mismo de la extinción física y cultural.

Para revestir de legalidad a toda esta realidad de represión y violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas desde el Gobierno se han venido promocionando nuevos marcos legislativos en temas diversos como la protección ambiental o el desarrollo del libre mercado, la minería o el desarrollo de megaproyectos marcadamente incompatibles con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos.

Todo esto junto con las acciones de los actores armados, promueven un lento pero

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decidido proceso de desterritorialización de los pueblos indígenas con consecuencias dramáticas para estos en clave de desplazamiento forzado, abandono del campo para urbanizarse en las zonas deprimidas de las ciudades, desestructuración social e institucional, pérdida de identidad y pérdida de las culturas propias. Tristemente, la ausencia de marcos coercitivos reales en el ámbito internacional para exigir la protección y garantía de los derechos humanos, y la existencia de pocos recursos coercitivos internos en los ámbitos de justicia del país, controlados en mayor o menor medida por la voluntad política y por los intereses económicos, permite al Gobierno mantener la dicotomía del reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos como cuestiones inconexas y ausentes de complementariedad.

Ante este contexto que puede parecer irreversible seguimos contemplando el ejemplo encomiable de los pueblos indígenas, que a pesar de todo siguen resistiendo, protegiendo sus territorios y afirmando sus culturas frente a los procesos de desterritorialización y de aculturación. Su ejemplo también es importante ante la presente coyuntura de los derechos humanos y su pérdida de vigencia. Nos demuestra y recuerda la fuerza que tienen los procesos de movilización social y de resistencia pacífica y, sobre todo, nos recuerdan el origen mismo de los derechos humanos. Con su movilización y determinación por defender y ejercer sus derechos nos devuelven a aquellos momentos de la historia en los que a través de la movilización, la resistencia y la denuncia de la opresión y del abuso del poder se fueron fraguando los derechos humanos. Frente al fuerte proceso de involución que vivimos en el mundo de las garantías y el respeto de los derechos humanos los pueblos indígenas colombianos rescatan su legitimidad política para estructurar sus procesos de resistencia y movilización social, generando procesos de ejercicio

de sus derechos humanos muy importantes que contribuyen de manera fundamental a proseguir en el lento camino de la transformación en pos de una sociedad realmente plural, diversa, respetuosa de los derechos humanos e integradora de la diferencia. La defensa de su territorialidad, alineada con el mantenimiento de sus estructuras políticas tradicionales, y la determinación por ejercer sus derechos humanos, aun cuando el Gobierno de turno insista en estrategias de denegación y ausencia de reconocimiento,

iluminan una nueva dirección hacia la que encaminarse para la garantía y protección de los derechos humanos, aprovechando los espacios internacionales para afianzar el reconocimiento de sus derechos y obviando los obstáculos y trabas que se quieran establecer desde el Gobierno. Gracias a estos procesos de ejercicio de “facto” de sus derechos humanos siguen pudiendo articularse en sus territorios, y siguen pudiendo resistir frente a todos los intentos de los actores armados por ocupar sus territorios y sacarlos.

Referencias Cabrera, G., Franky, C. E. y Mahecha, D. (1999). Los nukak, nómadas de la Amazonia colombiana.

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

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Situación minera en México: el pueblo Wixárika y su territorio sagrado Claudia Elizabeth Hernández Ramírez* México, como líder mundial de la producción de plata y uno de los veinte países con mayor producción de minerales en el mundo (aporta el 2,4% de la producción mundial), ha desarrollado su política minera de los últimos años ampliando la participación extranjera en el negocio, incentivando la introducción de tecnologías para la exploración y explotación de nuevos minerales, y proyectando el aumento del aporte de este sector al PBI nacional. En sintonía con este espíritu, se han efectuado cambios en la legislación minera, y se ha incrementado la exploración y la explotación de recursos en todos los territorios mexicanos; esta fiebre de minerales, como vemos, pone en peligro la autonomía y la territorialidad de las comunidades campesinas e indígenas, que en el caso del pueblo wixaritari son amenazadas con el despojo y la destrucción de sus sitios sagrados.

Como parte de su cosmovisión, los wixaritari2 mantienen una estrecha relación con los lugares sagrados, pues en ellos se dio el origen del universo y es la casa o morada de sus dioses.

Se trata de lugares geográficos y míticos a los cuales acuden en las distintas temporadas del ciclo agrícola (lluviosas y secas), y conforme al calendario ritual de sus fiestas para llevar sus ofrendas y mantener el equilibrio de la vida.

QQ

1

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Al oriente está Wirikúta, donde nació la deidad solar, Tawewiekame.

QQ

Al poniente Haramatisie, roca blanca, donde vive principalmente Tatei Haramara.

QQ

Al centro, la cueva de Haitsari, en donde se congregaron los cuatro puntos cardinales (Fresan, 2002, pp. 22-32; Anguiano, 2010, p. 4).

Los cinco lugares sagrados abarcan: la costa de San Blas (Haramaratsie) en el estado de Nayarit, Cerro Gordo (Huaxamanaka) en el estado de Durango, el Lago de Chapala (Xapawiyeme) y Te´akata en el estado Cerro Gordo Dgo.

2

teakata San Andrés

Al norte está la “Balsa de los dioses”, Huaxamanaka.

Al sur está Xapawiyemeta, la morada de Takutsi Nakawe.

La población wixárica o huichol por estado en México es: 18.409 en el estado de Jalisco; 25.151 en Nayarit; 1003 en Zacatecas y 2038 en Durango. Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx.

Wixaritari es el plural de wixárika.

Wirikuta

Huaxamanaka

Su territorio sagrado se constituye a partir de los cinco rumbos del mundo:

QQ

* Antropóloga Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Adscrita al proyecto de investigación "La educación: factor fundamental en los procesos de cambio entre los huicholes" a cargo de la Mtra. Marina Anguiano en la Dirección de Etnología y Antropología Social (DEAS-INAH).

QQ

Santa Catarina San Sebastián Tuxpán de Bolaños

Río Huaynamota

Guadalupe Ocotán

HARAMARATSIE

San Blas Nayarit

océano pacífico

Claudia E. Hernández R.

El pueblo wixárika o huichol hace parte de la diversidad cultural del territorio mexicano que habita en la parte occidental, entre los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango. De acuerdo con el Censo Poblacional de 2010, sus habitantes ascienden a 46.6011 personas asentadas en los cuatro estados mencionados. Los asentamientos poblacionales se organizan a parir de un centro cívico-ceremonial con numerosas rancherías y poblados dispersos y dependientes con sus respectivas autoridades tradicionales.

Río

Sa

nti

ag

o

Xapawiyemeta

Jalisco

Lago de Chapala

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de Jalisco, y Wirikúta en Real de Catorce del estado de San Luis Potosí.

Haramaratisie, la roca blanca que se encuentra en la costa de San Blas, estado de Nayarit, México, es el lugar en el que vive Tatei Haramara, “Nuestra Madre- Mar”. Este lugar es “considerado como el sitio donde termina el mundo y donde cae el Padre Sol en la noche para entrar al inframundo” (Fresan, 2002, p. 25). Asimismo, los mara´akate (chamanes) junto con su familia llevan sus ofrendas. El chamán Eligio Carrillo, del estado de Nayarit, dice al respecto: “los chamanes, ahí cantan y dejan ofrenda, ahí, porque así lo requieren los dioses, que lo visitemos, pues, ese lugar”.

Cumplir con las ofrenda a los dioses y acudir a los lugares sagrados es indispensable para mantener el bienestar y el equilibrio en la vida de todo wixaritari. En sus plegarias, el chamán Eligio se disculpa ante los dioses por haber demorado en ir en los últimos años a este sitio, debido a problemas de salud. Eligio mencionaba: Yo estaba rezando, durante tantos años que los visité, que yo no había venido, no me ha-

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Claudia E. Hernández R.

Claudia E. Hernández R.

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bía presentado. Pero, que me perdonarán la visita que estoy haciendo ahora, porque he faltado, debería estar visitando cada año, o a los dos años, una vez, así. Pero, como que me perdí, pues, pero ellos saben bien, que vivo. Todavía vivo, pero vine a visitarlo, aquí les traigo la vela, el chocolate, todo, ahí está, su regalo, eso, para yo seguir viviendo, tranquilo con mi familia y todo. Y en mi templo sagrado y, pues, si vivo, al año, así, vuelvo a regresar, a visitarlo aquí.

En el pensamiento de esta cultura prevalece el respeto a todos los recursos naturales ya que son considerados como sagrados y se transmiten a las nuevas generaciones. Sin embargo, el pueblo wixárika actualmente se encuentra en un conflicto con el Gobierno mexicano que intenta despojarlo de uno de sus lugares sagrados más importantes para la instalación de una minera de origen canadiense.

La defensa del territorio sagrado: el caso de Wirikúta Wirikúta, lugar ancestral de los wixáritari, se encuentra enclavado en la sierra de Catorce y el Bajío de Catorce, situado en la parte

noroeste del Altiplano Central del estado de San Luis Potosí, México. El territorio incluye los municipios de Villa de Ramos, Charcas, Santo Domingo, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Matehuala y Catorce que abarcan una superficie de más de 140.000 hectáreas.

Los wixaritari consideran al sitio de Wirikúta como uno de los cinco lugares sagrados de su territorio. De acuerdo con la tradición oral, en este lugar emerge por primera vez Tawex+ka, El Padre Sol, en “El Cerro Quemado” o Reunar+: En los principios del tiempo, no había en el mundo más luz que la de la Luna, lo que traía muchos inconvenientes a los hombres, reuniéronse entonces los principales de ellos para ver la manera de dotar al mundo de mejor luz, y le rogaron a la Luna que les enviase a su único hijo, muchacho enfermo, cojo y tuerto. Comenzó ella por oponerse, pero consintió al fin. Diéronle al muchacho un vestido de ceremonia, con sandalias, plumas y bolsas para tabaco; lo armaron de arco y flechas, y le pintaron la cara, arrojándolo luego a un horno [el fuego] donde quedó consumido. Pero el muchacho resucitó, corrió por debajo de la tierra, y cinco días después apareció el Sol” (mito del naci-

Territorio sagrado: Wirikúta, Real de Catorce, San Luis Potosí.

miento del Sol) (Gutiérrez del Ángel, 2010, p. 58).

Como parte de ese territorio se encuentra otra área llamada El Bernalejo (ejido de Las Margaritas), donde habitan las deidades como Tamatsi Kauyumar+e 3 (Nuestro hermano mayor — el venado Kauyumari) y la planta sagrada del hícuri o peyote, que es utilizada en los rituales para establecer la comunicación con los dioses y adquirir el nierika o el “don de ver”.

Entre los meses de octubre y marzo (temporada de secas),4 el pueblo wixárika sale de sus comunidades, de los diferentes estados (Durango, Zacatecas, Jalisco y Nayarit) en peregrinación rumbo a Wirikúta, acompañados y guiados por un especialista en el ritual, 3 Hoy Tamatsi Kauyumar+e se encuentra en uno de los altares

4

de nuestro lugar sagrado ubicado en el centro de Wirikúta en la parte del bajío en la zona de El Bernalejo. Esta deidad también se simboliza en maíz, águila e hícuri (peyote), la planta sagrada que germina y crece en Wirikúta. Fuente: Convocatoria al “Peritaje Tradicional”, organizado por el Frente en Defensa de Wirikúta (2006, p. 4).

De acuerdo con el calendario agrícola y ritual.

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Gráfica 1 Mapa de megaproyectos en Wirikúta, realizado por el Frente en defensa de Wirikúta Tamatsima Wa haa.

Zona afectada por la manipulación climática

Proyecto de First Majestic Silver q

Concesiones mineras en la Sierra de Catorce

Zona del área natural protegida afectada por Proyecto Universo

Reserva ecológica estatal

Zona de influencia agroindustrial Agroindustrias Área Natural Protegida de Wirikúta

22 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp en el área de Real de Catorce, a través de la empresa mexicana Real Bonanza SA de CV. El 70 % de las 6 mil 326.58 hectáreas de la superficie concesionada está dentro de la Reserva de Wirikúta. Las concesiones permitirán la explotación de plata y otros metales; así como la utilización del método denominado “de flotación”, en donde se usan químicos altamente contaminantes como los xantatos, afectando los acuíferos existentes que abastecen las comunidades aledañas a Real de Catorce, donde se utilizarán cerca de 10.000 litros de agua por cada tonelada extraída de acuerdo a los estándares de uso de agua de una actividad minera similar.6

el mara´akame o chamán. Durante su camino solo se consume agua, se recrea el peregrinar de sus antepasados y se recolecta la planta sagrada del hícuri que será utilizada en sus rituales durante todo el año.

A la ruta realizada por los peregrinos, así como al territorio de Wirikúta, se le otorgó por decreto estatal (San Luis Potosí) la denominación de “Sitio de patrimonio, histórico, zona de conservación ecológica del grupo étnico Wixárika y ruta histórica cultural ubicada en los municipios de Villa de Ramos, Charcas y Catorce del estado de San Luis Potosí, fechado el 22 de septiembre de 19915”.

Años atrás, en 1988, Wirikúta fue incorporada por la Unesco en la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales.

A pesar del valor ecológico, histórico y cultural que representa el territorio sagrado de Wirikúta y los decretos estatales e internacionales con los que cuenta, el Gobierno federal ha otorgado:

5

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quedar a las 6326 hectáreas de First Majestic como algo insignificante. El proyecto universo pretende explotar recursos minerales en 59.678 hectáreas dentro del área natural protegida de wirikuta, lo que representa nada menos que el 42.56% de la superficie total de wirikuta. Por el tipo de yacimientos, el método más adecuado para su explotación sería el de minado de tajo a cielo abierto, y posiblemente el método de beneficio sea el de lixiviación a montones mediante cianuración.7

En diciembre del año 2011 salió a la luz un nuevo proyecto minero, aún más ambicioso que el representado por las 22 concesiones, se trata del:

En uno de sus comunicados de principios de febrero de 2012 manifestaron las medidas y acciones que han emprendido para su lucha: A lo largo del proceso de lucha hemos venido señalando la violación grave de nuestro derecho a existir como Pueblo Wixárika, sobre todo porque la destrucción del territorio sagrado de Wirikuta (del cual depende la integridad de los tejidos sociales, culturales, humanos, ambientales, políticos y familiares) significaría el exterminio de nuestra cultura milenaria.

Así, como el caso omiso a sus derechos como pueblos indígenas: Es evidente el actuar del Gobierno mexicano y de las empresas mineras que transgreden nuestros derechos y nuestras garantías jurídicas universales que se traducen en principios fundamentales y transversales, mismos que están consagrados en la Cons-

Proyecto Universo, un mega proyecto minero de la empresa canadiense Revolution Resources. Este proyecto monstruo hace 6

Periódico oficial órgano de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Año LXXVII, núm. extraordinario. San Luis Potosí, San Luis Potosí, jueves 22 de septiembre de 1991.

Ante la latente amenaza del despojo de su lugar sagrado, el pueblo wixaritari, emprendió una movilización en defensa de su territorio. Conformaron el Frente en Defensa de Wirikúta Tamatsima Wahaa integrado por diferentes organizaciones indígenas y no indígenas. Esta organización se encuentra encabezada por el Consejo Regional Wixárica por la Defensa de Wirikúta, integrado por autoridades tradicionales, agrarias, civiles y comisionados wixaritari del pueblo wixárika.

Organización civil conformada por gran parte de los centros ceremoniales de las comunidades wixaritari y ciudadanos en defensa del territorio sagrado wixárika. Disponible en: http:// frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?page_id=903

7

“Proyecto Universo”. Disponible en: http:// frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?page_id=1922

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2°; en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales; en la Carta Internacional de los Derechos Humanos; en la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; en las Jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en el Decreto Estatal de San Luis Potosí que consagra la protección y respeto a Wirikúta, en una superficie de 140.211.85 hectáreas que abarca siete municipios del altiplano potosino; como Reserva Natural Protegida; el Plan de Manejo del Área Natural Protegida como Sitio Sagrado Natural de Wirikúta; en la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Huichol (2008); en la Ley de Consulta Indígena del Estado de San Luis Potosí y en el Pacto de Hauxa Manaká (Durango, 2008), signado por los gobiernos de los estados de San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango, y por el propio presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien vestido con nuestro traje tradicional Wixárika, se comprometió ante las autoridades competentes del Pueblo Wixárika a proteger y respetar las rutas y lugares sagrados de nuestra cultura.

Ante la situación que enfrentamos, hemos llevado a cabo acciones y estrategias de defensa para impedir la operación de las actividades por parte de las empresas mineras en nuestro sitio sagrado, uno de los más importantes del mundo, y para que sea respetado por su valor cultural y ecológico.

Acciones por la defensa del territorio que han llevado a cabo a nivel internacional y nacional: Ya hemos planteado la situación dentro del marco del Décimo Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas de Nueva York, también ante la representación de la presidenta del Foro Permanente Mirna Cunningham, y asimismo lo hemos planteado en Vancouver, en la sede misma de las empresas mineras canadienses.

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De igual forma hemos entregado cartas directamente a la Presidencia de la República dirigidas a Felipe Calderón Hinojosa, en las que hemos señalado nuestras demandas y peticiones más urgentes en torno A Wirikúta.

Sus demandas son: QQ

Que se cancelen las concesiones mineras que el Estado mexicano otorgó en el área Natural Protegida de Wirikuta, tanto en la Sierra de Catorce así como en el bajío donde crece la planta sagrada hícuri.

QQ

Que se frenen los megaproyectos de empresas agroindustriales en el área donde crece el hícuri.

QQ

Que se ponga en marcha un proyecto alternativo que genere trabajo a los pobladores locales y al mismo tiempo convierta a Wirikuta en una Área Natural Protegida, que sea un modelo de conservación ecológica reconocida mundialmente.

QQ

Que el estatuto de la Reserva se eleve de estatal (como es actualmente) a federal.

En ese contexto, el Consejo Regional Wixárika organiza una peregrinación intercomunitaria hacia el lugar sagrado de Wirikúta. Esta peregrinación la caracterizan como “histórica”, ya que habitualmente cada centro ceremonial (centro político-religioso de las comunidades) realiza su peregrinación a su propio tiempo y fecha (entre los meses de octubre a marzo). La intención era que todas las comunidades del territorio wixárika peregrinaran simultáneamente al lugar sagrado y realizaran un “Peritaje tradicional wixárika”: … todo el pueblo wixárika junto [hemos] resuelto la realización, por primera vez en nuestra historia, de un Peritaje Tradicional, apelando a los instrumentos y conocimientos ancestrales que nuestra propia tradición espiritual nos proporciona, con el objetivo de estudiar y valorar nuestra cultura y la situación en la que nos encontramos en este momento frente a la amenaza a Wi-

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rikúta. Este peritaje tradicional constituirá un medio probatorio y estará a cargo de las personas especializadas e idóneas para ello dentro de nuestra cultura: ellos son los Mara’akate Wixaritari (Sabios o Consejo de Mayores) de los diferentes centros ceremoniales del Pueblo Wixárika.

En noche de ceremonia, todas las comunidades juntas llevaremos a cabo una consulta espiritual: se trata de un encuentro con los Kaka+yarixi-, deidades de Wirikuta, quienes serán los anfitriones y los consultados; los consultores serán los Mara’akate (chamanes). A través del canto, revelarán el sentir de Wirikúta, por lo tanto de todo los kaka+yarixi que ahí coexisten.

El resultado de esta consulta a las deidades servirá como fundamento para nuestro peritaje tradicional. En el final de la ceremonia, los mara’akate (chamanes) compartirán este mensaje con los invitados, para que a su vez sea compartido hacia todos los rincones del planeta. Esa será la Consulta en la que Wirikúta, como una familia de vida, exprese su parecer sobre el dolor que causan las empresas mineras y agroindustriales.

La tarde del 6 de febrero de 2012 se escuchaba entre la serranía de Real de Catorce, San Luis Potosí, el sonido de los cuernos de toro, instrumento ritual utilizado para convocar a la ceremonia. Eran los peregrinos que iban aproximándose al Cerro Quemado o Reunax+, y que se distinguían a lo lejos por sus colores resplandecientes y sus sombreros de plumas de aves, usaos tradicionalmente.

Hombres, ancianos, mujeres y niños de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit fueron arribando paulatinamente al centro ceremonial en la punta del Cerro Quemado o Reunax+ para la ceremonia de “ConsultaPeritaje a sus dioses” llevada a cabo durante toda la noche.

Por la noche, las autoridades tradicionales, agrarias, civiles de los centros-cívico ceremoniales y la demás población wixaritari,

Claudia E. Hernández R.

estaban reunidos en la cima de “Reunax+”, alrededor del fuego sagrado Tatewari. Los mara´akame o chamanes, de las distintas comunidades serían los encargados de realizar la ceremonia y consultar a los dioses sobre el problema que aqueja al sitio sagrado de Wirikúta.

Mientras se realizaba la ceremonia de “Peritaje tradicional” por parte del pueblo wixárika, en las faldas del Cerro Quemado aguardaban todas las demás personas que habían sido invitadas por el Consejo Regional Wixárika para conocer el mensaje de los dioses. Era muy amplia la diversidad de personas provenientes de otros sitios que mostraban su solidaridad con el pueblo wixaritari y que esperaban con ansias el mensaje.

Había fotógrafos provenientes de México y Europa, periodistas, académicos, organizaciones civiles, estudiantes y artistas.

Al amanecer del día 7 de febrero los dioses habían dado su mensaje a los mara´akame o chamanes por medio de los cantos sagrados.

El principal mara´akame, que guió toda la ceremonia, difundió el mensaje para el pueblo wixárika, los asistentes y también para

las personas del territorio nacional e internacional: El portavoz de las deidades nos informa que los primeros ancestros poblaban desde tiempos inmemoriales este mundo y lo recrearon en varias ocasiones, hasta crear este nuevo mundo humano y así dar pie a esta etapa, en la que vivimos. A partir de los cuatro elementos del universo se crearon los lugares sagrados, los cuales se enlazan con los cuatro puntos cardinales y también con los centros ceremoniales, en donde se lleva a cabo la práctica espiritual de las deidades.

Esta noche también floreció la palabra del Abuelo Fuego a través del canto. En ella nos indica que no existe diferencia entre los centros ceremoniales de las distintas comunidades wixaritarie, porque todos estamos sujetos a la guía de Tatewari Tutzi (el Abuelo Fuego), Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul) y Tawexika (el Padre Sol), quienes son la única guía de la humanidad y de todos los seres vivientes del universo.

En los cuatro puntos cardinales se encuentran los lugares sagrados de las diferentes deidades y nuestras vidas dependen de ellos, y también de los cabezales del Abuelo Fuego que unen a los centros ceremoniales,

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en el sur, T+muxawi (el Guardián de la Vegetación) y Xapa-Wiyeme (Deidad de la Lluvia), en el norte, Tatey Hauxama (la Deidad del Diluvio), en el poniente Tatey Haramara (la Deidad de la Serpiente Gigante o el Mar), en el oriente Wirikuta y Masautek+a (la Deidad del Hermano Mayor Venado Azul y el Padre Sol), quienes son el equilibrio del universo.

Nos advierten que tengamos mucho cuidado de no hacer algo indebido contra los lugares sagrados, los cuales son el núcleo de nuestra Madre Tierra y en ellos se encuentran las deidades preparándose para un renacer, el cual será el florecer de un nuevo mundo celestial. Las deidades nos dan mensajes e indicaciones atmosféricas para que nosotros los humanos detectemos la inquietud de nuestro planeta y estemos apercibidos.8

Como resultado de ese “Peritaje tradicional”, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta y Centros Ceremoniales del Pueblo Wixárika, anuncian la Declaración de Wirikúta: Que en seguimiento a la lucha iniciada por los pueblos wixaritari, y de las organizaciones de la sociedad civil, hacemos del conocimiento a la sociedad en general.

- Primero. Que tomando en consideración que los sitios sagrados que nos han legado nuestros ancestros los hemos seguido caminado por la ruta de los cuatro puntos cardinales; es por ello que de manera respetuosa y pacífica estamos defendiendo lo que para nosotros es nuestra esencia de la vida.

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- Cuarto. Los sitios sagrados para el pue-

Semanas después de la peregrinación del pueblo wixaritari y la Declaración de Wirikúta, el 26 de febrero de 2012, se da a conocer que los tribunales federales del Gobierno mexicano anuncian la suspensión de la explotación minera del proyecto La Luz en el municipio de Catorce en San Luis Potosí, en tanto que no se resuelva la reclama-

blo Wixárika son escuelas de formación espiritual por ello en el momento que se realizan proyectos que causan daño en nuestro entorno ese día entristecen nuestros corazones y muere nuestro ser.

- Quinto. Declaramos que este encuentro es trascendental e histórico por la estrecha relación cultural que nos hermana porque el camino espiritual está guiado por el mismo color del maíz del venado y del jícuri. nuestro lugar sagrado Wirikuta, de las concesiones mineras que pretenden destruir nuestros recursos naturales como una forma de vida ancestral.

- Séptimo. Ofrecemos y pedimos un trato respetuoso a nuestros hermanos habitantes en el área protegida de Wirikuta, ya que nuestra lucha espiritual no es contra su bienestar familiar y económico ya que nuestra causa es por la protección del ecosistema como patrimonio de nuestra Madre Tierra.

- Octavo. Exigimos de nuestras autoridades competentes mayor sensibilidad para la atención de los proyectos mediante una consulta previa informada y consensada en los pueblos.

- Noveno. Nuestro reconocimiento y gra-

- Tercero. Reafirmamos que el conoci-

- Décimo. Por último hacemos saber a la

http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=2766

ción del pueblo wixárika. Sin embargo, los wixaritari permanecen en la defensa de su territorio sagrado; actualmente han realizado un Foro en la cámara de senadores de la República Mexicana para buscar el reconocimiento a nivel federal de todos sus lugares sagrados, así como el cese definitivo de los proyectos transnacionales de la minera canadiense First Majestic Silver Corp.

Hoy, su voz es un eco mundial wirikuta no se vende, se ama y se defiende

- Sexto. Que continuamos defendiendo

realizada por los pueblos presentes se crearon más lazos espirituales que fortalecen nuestros caminos hacia el respeto de la diversidad cultural. miento ancestral heredado por nuestros

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cuencia nuestra convivencia con nuestros ancestros y de la Madre Tierra.

titud a todas aquellas personas, organizaciones, redes civiles, universidades, artistas, intelectuales, medios de comunicación, ONG internacionales que se han solidarizado y hermanado con esta causa haciéndonos sentir que no estamos solos en esta lucha, partimos juntos y llegaremos juntos a cerrar este ciclo con un buen final.

- Segundo. Que a partir de esta ceremonia

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padres y mayores es un legado para la humanidad y el mundo.

opinión pública que el pueblo Wixárika se encuentra unido, en pie de lucha espiritual, que no permitiremos que muera nuestra herencia cultural y como conse-

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Políticas

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La cooperación internacional después de la crisis económica y sus efectos en las organizaciones de derechos humanos

Carlos Andrés Zapata Cardona*

Óscar Paciemcia

INTERNACIONAL

El caso de la cooperación España-Colombia Colombia es un país que en los últimos cincuenta años se ha acostumbrado a la presencia permanente de la cooperación internacional, con gran diversidad de formas y de motivos. Desde el establecimiento de la Alianza para el progreso, con la visita del presidente John F. Kennedy en diciembre de 1961, la cooperación de los Estados Unidos en Colombia se ha mantenido en el tiempo.

Sin embargo, el grueso de la cooperación ha sido de carácter militar y en lugar subsidiario, prácticamente de legitimador, ha estado la cooperación para el desarrollo social y el ejercicio de los derechos humanos. No en vano la Alianza para el progreso, muy recordada todavía hoy por los antiguos habitantes de la localidad de Kennedy en Bogotá, se realizó cuatro años después de que Colombia suscribiera su primer convenio de cooperación militar, después de la dictadura, con los Estados Unidos; este aún se encuentra vigente, por lo menos así lo dejó claro el gobierno de Álvaro Uribe con la polémica sobre el establecimiento de las bases militares aéreas a mediados de 2010. Esta estrategia de coope-

ración ha sido la constante en las relaciones internacionales entre los Estados Unidos y Colombia, décadas atrás lo fue la Doctrina de la seguridad nacional y la tesis del enemigo interno, y en épocas más recientes lo ha sido el Plan Colombia.

Sin lugar a dudas, la cooperación bilateral —es decir, la que se recibe en convenio de gobierno a gobierno— más importante que ha tenido Colombia ha sido con la Unión americana. En volúmenes brutos también ha sido la más abundante, solo el Plan Colombia tuvo un costo superior a los 10 mil millones de dólares. No obstante, en otro tipo de cooperación, esa que va destinada a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, ya sea con recursos provistos por un gobierno extranjero, o por organizaciones no gubernamentales de otro país, la cooperación norteamericana ha sido muy limitada y su impacto en las organizaciones sociales ha sido mínimo, casi que inexistente.

Por el contrario, la cooperación Europea es de más reciente aparición y, en términos absolutos, ha sido más reducida, hablando

* Abogado, candidato a magíster, investigador de la Corporación Ensayos.

Internacional

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del acumulado histórico, porque hoy en día la sumatoria de la cooperación multilateral de la Unión Europea y la de cada país miembro es superior a la estadounidense. Sin embargo esta cooperación, que incursiona con fuerza a finales de la década de los ochenta en el país, ha sido más diversa. Aunque la bilateral ha sido más amplia, la cooperación que va destinada a organizaciones de la sociedad civil se ha visto nutrida por una variedad de enfoques trazados por la diversidad ideológica de ONG, partidos políticos y poderes en el ejercicio de gobierno.

En los últimos 25 años la cooperación europea de diferente tipo ha jugado un papel muy importante en el apoyo al trabajo de las organizaciones sociales colombianas en materia de financiación, transferencia de metodologías y en incidencia política frente a gobiernos e instancias multilaterales. Pero la actual crisis financiera que atraviesa Europa, los cambios en las políticas de cooperación que centran las acciones en regiones como África, y el hecho de que Colombia sea considerado como un país de renta media en un marco de mayor creencia en el posconflicto, hacen que la cooperación europea haya entrado en un momento de retiro, mermando con ello los flujos de financiación que recibían las organizaciones de la sociedad civil colombiana.

El propósito del presente artículo es precisamente el de plantear que la reducción actual de flujos de cooperación está impactando negativamente en las organizaciones sociales, y que de no encontrar alternativas de sostenibilidad para estas y para sus redes de promoción e incidencia, el movimiento social se verá arrastrado a un debilitamiento, con el consecuente retroceso en materia de reivindicación y exigibilidad de derechos humanos, así como en la sustanciación de la democracia, ya que se debilita uno de sus principales pilares, una sociedad civil fuerte capaz de hacer control a sus gobernantes.

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Esta hipótesis se soporta en los siguientes apartados, que son los que a su vez le dan estructura al texto. En primer lugar, se hace una breve descripción de la importancia de la cooperación europea para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y sus plataformas de coordinación y articulación. Esto se hace reconociendo que ha habido un cambio estructural en las formas actuales de concebir la cooperación, las cuales hace dos décadas se basaban más en la confianza y las afinidades políticas para concebir las transformaciones sociales, pero ahora, las fuentes provienen de presupuestos públicos haciendo que las relaciones estén muy marcadas por la capacidad técnica de adecuarse a los lenguajes de la cooperación y a las exigencias de la ejecución de presupuestos públicos.

En segundo lugar, se parte de una realidad rotunda y es que hay una reducción ostensible de los flujos de la cooperación hacia Colombia. Para describir este panorama de recortes y afirmar que esto no es una situación momentánea sino permanente, se utilizará el caso de España, un país que hasta hace un par de años era el segundo país donante de recursos a Colombia, y cuyo presupuesto actual de cooperación ha sido reducido en un 70%.

En tercer lugar, se presentan varias consecuencias de esta situación y otras que se podrían presentar ante la reducción del flujo de recursos de la cooperación y los subsecuentes impactos en el debilitamiento de la sociedad civil colombiana.

La cooperación y las organizaciones de la sociedad civil El argumento que se pretende desarrollar en este apartado es que la forma de organización de la sociedad en Colombia, durante las últimas dos décadas, ha hecho que las organizaciones con más reconocimiento en la escena nacional y regional se hayan fortalecido

con recursos de la cooperación internacional, y esto a su vez ha generado que las organizaciones sociales y sus plataformas dependan de estos recursos, lo que en un escenario de retirada de la cooperación implica un impacto negativo en el mantenimiento de las estructuras organizativas de la sociedad civil, por lo menos de las más grandes y con mayor capacidad de incidencia.

Este argumento parte de reconocer la cooperación internacional entre organizaciones de la sociedad civil como algo que empieza a desarrollarse en Colombia a mediados de la década de los ochenta. Antes, la organización social no contaba con mucha cooperación, salvo las ayudas que llegaban por medio de la iglesia y los grupos eclesiales de base, o algunos apoyos que recibían sindicatos y otros grupos de izquierda de partidos y organizaciones políticas afines. Pero para la década en mención empieza a presentarse la profesionalización de la cooperación de las organizaciones sociales con las ONG y las nuevas redes y plataformas que estas empezaron a estructurar.

Las razones por las que Colombia empezó a ser un país visible para la cooperación internacional han sido principalmente las diferentes expresiones violencia y el tráfico de narcóticos. Una vez derribadas las dictaduras y liquidados los conflictos internos centroamericanos, el conflicto armado colombiano empezó a adquirir mayor connotación internacional por ser el más largo del continente, y por evidenciar cada vez más la vulneración de los más esenciales derechos humanos, la mayoría de acciones cometidas contra personas de la sociedad civil. A la par, los carteles del narcotráfico inundaban con drogas las calles de las principales ciudades del mundo, y promovían la organización de bandas criminales que ejercían de forma brutal la violencia cobrando la vida de decenas de jóvenes en la ciudad. La vulneración de los derechos humanos por el conflicto

armado, la violencia política y la violencia urbana producida por el narcotráfico fueron las causas que detonaron y por las que se mantiene la cooperación internacional en Colombia.

A pesar de que las iniciativas que financia la cooperación tienen un abanico muy amplio, desde el apoyo con acciones afirmativas a organizaciones de grupos considerados como vulnerables (mujeres, jóvenes, infancia, población víctima del desplazamiento forzado, indígenas, afrodescendientes, etc.), hasta acciones de desarrollo social y económico, de promoción y prevención ambiental, todas estas acciones están enfocadas hacia un mismo propósito: convertir a Colombia en un país que resuelve los conflictos armados y las expresiones de violencia por la vía de la inclusión social —aunque los enfoques son muy diferentes, y a veces hasta contradictorios—.

El fortalecimiento de los derechos humanos, la paz y el desarrollo incluyente ha dado unas características particulares a este tipo de organizaciones dentro del movimiento social en Colombia. En primer lugar, el movimiento social con más peso en la gestión de la cooperación internacional es el que tiene relación directa con los derechos humanos, incluso las iniciativas de promoción del desarrollo entran y se organizan por esta vía.

En segundo lugar, al ser el movimiento más visible hace que las organizaciones que lo apoyan sean las que han tenido más acceso a recursos y por ende las que más se han fortalecido. En tercer lugar, el lenguaje de los derechos humanos ha permitido que las organizaciones con este perfil estén armonizadas con la agenda de la comunidad internacional en la materia, incluso en asumir las instituciones, los instrumentos, los espacios y los tribunales para hacer seguimiento a los derechos universales. Todo lo anterior configura la cuarta característica del movimiento social de derechos humanos, y es la capacidad de cabildeo e incidencia que ha logrado

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Ir a tabla de contenido A pesar de las virtudes de la profesionalización gracias al entorno de la cooperación internacional, este elemento deja ver una amenaza directa para el movimiento social y es su enorme dependencia de los flujos de capital. desarrollar ante gobiernos y agencias del sistema de las Naciones Unidas, ha sido tal el desarrollo de esta estrategia que incluso se ha llegado a privilegiar en muchas ocasiones sobre el trabajo de base con comunidades.

En suma, las organizaciones de derechos humanos y paz, al igual que las plataformas y las redes nacionales que han construido, son las que tienen mayor presencia internacional.

Pero en treinta años la relación entre las organizaciones sociales de derechos humanos y desarrollo y la cooperación internacional no ha sido pareja, y su comportamiento ha servido para configurar las características y las necesidades actuales de este movimiento. En un primer momento, dichas relaciones estaban basadas en compromisos y confianza política. Eran los años en donde se realizaba principalmente un trabajo de base social teniendo como guía la educación popular. Por su parte, las ONG internacionales eran las que concentraban la cooperación con presupuestos autónomos limitados o con subvenciones de los gobiernos, tenían mucho más margen de acción y las exigencias a las copartes locales las hacían más desde los objetivos políticos que desde los resultados técnicos verificables en indicadores cuantitativos.

En un segundo momento, posterior al primer lustro de la década de los noventa, la cooperación internacional dinamizó un proceso acelerado de tecnificación, el cual coincide con un aumento de los recursos públicos y el fortalecimiento de las agencias oficiales encargadas de la temática. Pronto las

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ONG internacionales fueron teniendo más control administrativo sobre los recursos y de cierta forma se limitó la flexibilidad en las relaciones con las copartes. Los instrumentos, las convocatorias, las políticas, las declaraciones sobre cooperación y desarrollo, los indicadores, los marcos lógicos y otra serie de herramientas que fueron configurando los organismos multilaterales y los gobiernos hicieron que las afinidades y confianzas políticas tuvieran un correlato en la solvencia técnica y la capacidad de alianzas internacionales en la gestión de los proyectos de la cooperación.

En la medida en que se generaba una mayor ejecución de recursos públicos y multilaterales se exigió una mayor tecnificación de todos los procesos que giraban en torno a la gestión y ejecución del proyecto, y con ello se demandó una profesionalización de las organizaciones sociales, por lo menos de las de derechos humanos, paz y desarrollo que recibían importantes recursos de la cooperación internacional. En la capacidad de incidencia internacional, en áreas administrativas fuertes y confiables y en la operación del recetario del ciclo de gestión del proyecto se cifraron los criterios de la competitividad de las organizaciones por los recursos de la cooperación.

Esta lógica de profesionalización de las organizaciones de derechos humanos es tal vez una de las principales características que permite comprender la fisiología de este movimiento. Las mayores beneficiarias de esta estructura competitiva han sido las ONG de Bogotá que tienen un radio de acción nacional. Varias de estas ONG, que se dedican en buena parte a la incidencia política, han logrado tener en sus equipos de trabajo más de cincuenta personas contratadas.

De manera excepcional, algunas ONG de las principales ciudades han logrado semejante tamaño y tal nivel de captación de recursos.

Pero el trabajo de muchas de estas ONG se hace con organizaciones sociales o comu-

nidades de base, algo que no deja de generar tensiones entre las ONG que tienen las relaciones, la solvencia administrativa y los profesionales, y las organizaciones o comunidades que son las destinatarias pero que ven en las ONG un intermediario que se queda con la mayoría de los recursos. No obstante, también hay organizaciones sociales con estructura de base que también han podido acceder a recursos de cooperación que les han permitido su funcionamiento hasta ahora, tal es el caso de organizaciones indígenas, de mujeres, afrodescendientes, ecológicas y campesinas; aunque su dinámica social y organizativa reposa en su base asociativa, pues no son profesionales de las áreas sociales y humanas, esto no las ha librado de esa profesionalización en la competencia de recursos, algo que ha provocado conflictos internos entre asociados y asesores.

Resumiendo, tenemos que uno de los movimientos sociales más importante en Colombia es el de organizaciones que trabajan por los derechos humanos, lo que incluye la paz y el desarrollo. Que estas organizaciones han logrado acceder a una mayor fuente de recursos, como son los de la cooperación internacional y esto gracias a que se han logrado profesionalizar en función de la tecnificación de la cooperación, siendo a su vez las que tienen mayor capacidad de incidencia. Esto ha permitido que las ONG y varias organizaciones sociales hayan hecho un importante trabajo, en parte gracias a que pueden pagar un número importante de profesionales en sus nóminas con esos recursos de cooperación.

A pesar de todas las virtudes que se puedan señalar sobre la profesionalización de la organización social gracias al entorno de la cooperación internacional, este elemento deja ver una amenaza directa para el movimiento social colombiano y es su enorme dependencia de los flujos de capital de la cooperación. O sea que una reducción sig-

nificativa de los recursos de la cooperación internacional implicaría el debilitamiento directo de estas organizaciones. Ahora la pregunta es ¿existe un proceso de recorte de la cooperación internacional para Colombia y qué tanto afecta al movimiento de organizaciones sociales?

Las dinámicas de la cooperación internacional en Colombia Como se señaló, Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos que más ha logrado captar recursos de la cooperación internacional. Solo en el marco de la ayuda oficial al desarrollo (AOD)1, entre el periodo de 1998-2008 Colombia recibió cerca de 6000 millones de dólares, por debajo solo de Nicaragua y Bolivia, países con una renta media mucho menor, algo que equivale al 10% de la AOD recibida por la región (Berraondo et al., 2012).

Para el año 2010, Colombia era el segundo receptor de AOD, después de Haití (MAP España-Colombia, 2011-2014), y los donantes que más aportaban recursos eran la Unión Europea, el Gobierno de los Estados Unidos a través de USAID, el Programa Mundial de Alimentos, y en cuarto lugar España. Particularmente Estados Unidos y España son, en su orden, los dos países que tienen mayor inversión extranjera directa en Colombia. A pesar de que el país ha recibido importantes flujos de cooperación con relación a los demás de la región, el peso de estos recursos en el tamaño de la economía nacional es relativamente poco (para el año 2008 no superaban el 0,3% del PIB).

A pesar de que Colombia ha gozado de un cierto lugar privilegiado en los flujos de cooperación internacional, en los últimos 1

La ayuda oficial al desarrollo (AOD) es el tipo de cooperación internacional destinada por los presupuestos públicos, que pueden ser de gobiernos centrales, descentralizados y de organismos multilaterales, ejecutados por diversos medios, incluso por organizaciones de la sociedad civil que acceden a estos.

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años se ha venido produciendo un cambio global en la materia, que ha tenido como consecuencia directa el retiro progresivo de dicha cooperación, afectando considerablemente a sectores que han derivado su subsistencia material de estos recursos.

En la configuración de este escenario de repliegue de la cooperación internacional en Colombia influyen diversos elementos, unos exógenos y otros endógenos. En cuanto a los exógenos está la expedición de una serie de declaraciones internacionales sobre el desarrollo y la financiación del mismo que promueven un cambio de políticas, entre ellas se encuentran la Declaración de Copenhague de 1998, la Declaración del Milenio de 2000, las conferencias del Doha, de armonización de la ayuda de Roma, el Consenso de Monterrey de 2002, y las declaraciones de París de 2005 y de Acraa de 2008. Todas estas declaraciones cuestionan el bajo impacto de la AOD atribuido a la dispersión, la falta de integración entre acciones y donantes, la duplicación de esfuerzos y las carencias de planes y sistemas de seguimiento de los resultados.

La propuesta de todos estos instrumentos es la de coordinación y focalización y, en consecuencia, las políticas de focalización están priorizando el territorio geográfico con más problemas de pobreza, a lo que algunos han llamado la africanización de la cooperación, algo que hace que los países latinoamericanos salgan de las prioridades de la AOD. Otro elemento externo muy importante tiene relación directa con la crisis de capitales financieros que se presenta desde el

La cooperación es generosa en tiempos de guerra, pero lo es mucho menos en tiempos de paz; varios gobiernos prefieren relocalizar los menguados recursos en otras regiones.

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año 2007. Esta crisis ha afectado considerablemente a los países industrializados del norte, mientras que las llamadas economías emergentes (China, Brasil, Rusia, India) apenas si han tenido un leve resentimiento. Estos motores de crecimiento económico han permitido que la macroeconomía latinoamericana se muestre en expansión, gracias a la demanda permanente de materias primas de estos países, mientras que los países europeos, principales donantes de Colombia, no despegan; aquello que comenzó como un problema financiero en la actualidad ha afectado enormemente las finanzas públicas europeas, por lo cual los presupuestos están en periodo de recortes, siendo los rubros de la AOD uno de los primeros afectados, ya que implican un coste electoral menor en los países donantes.

La situación económica global lleva aparejada otra condición endógena que hace que Colombia salga del círculo de los privilegiados por la cooperación internacional, y es que actualmente el país es considerado como de renta media. Desde hace más de cinco años Colombia tiene una tasa de crecimiento positiva, que en la mayoría de los trimestres ha estado entre el 3 y el 5%, algo que permite que se encuentre entre las treinta economías más grandes del mundo, a pesar de los altos niveles de desigualdad en una región caracterizada por ser la más desigual del planeta.

Esto implica una disminución considerable en los recursos de cooperación para el desarrollo, dejando a las comunidades más excluidas a merced de la voluntad de unas políticas internas de redistribución y bienestar que parecen nunca llegar.

Si esto ocurre en materia de desarrollo, en relación con los derechos humanos y la paz en el marco del conflicto armado la situación también hace que Colombia vaya perdiendo centralidad. Son muchas las voces que con la llamada desmovilización paramilitar, y recientemente con la promulgación de

Archivo ACIN

la Ley de Víctimas, Ley 1448 de 2011, han agitado la hipótesis de que el país está en un escenario de posconflicto; incluso algunos, haciendo eco a las tesis de Álvaro Uribe, sostienen que lo que hay en Colombia es solo una amenaza terrorista que se controla con la disuasión de las armas. La cooperación es generosa en tiempos de guerra, pero lo es mucho menos en tiempos de paz, varios gobiernos de la comunidad internacional convenientemente prefieren analizar poco y asumir esta tesis, relocalizando los cada vez más menguados recursos en otras regiones.

su economía con las directrices del centro de Europa, lo que le exigía el sacrificio de la industria productiva para concentrarse en una economía de servicios cuyos sectores de punta serían el turismo y la construcción, en especial de segunda residencia para la población pudiente y jubilada de los países del norte de Europa.

En consecuencia, la bonanza de la cooperación internacional en Colombia ha llegado a su fin, y una de las mejores formas de ilustrarlo es el caso europeo y, en concreto, el español, que por ser principales donantes sin duda tienen un significativo impacto en la captación de recursos de las organizaciones de la sociedad civil colombiana.

Así pues, la combinación de estos y otros factores permitió que la España de la década de los noventa lograra un crecimiento económico sin precedentes, que a finales del decenio la ubicaban dentro de las doce economías más grandes del mundo. La generación de un superávit económico importante permitió que España fuera ganando gran protagonismo como donante de la cooperación internacional. Por eso, para el año 1998 el Parlamento decide organizar este sector y para ello expide la Ley 23, o Ley de Cooperación Internacional del Estado Español.

España fue un país objeto de cooperación internacional hasta mediados de la década de los ochenta. Su adhesión a la Unión Europea y a la zona euro le permitió el acceso a subvenciones a cambio de armonizar

Una vez expedida esta Ley, la región latinoamericana —y con ella Colombia— se fue constituyendo en socia estratégica de la cooperación española. El aumento de la cooperación en diez años fue progresivo, se pasó

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de 5 millones de dólares en 1999 (Observatorio Alianza de Organizaciones Sociales y Afines) a 103 millones de euros en 2009, de acuerdo con el Sistema de Información de la Cooperación Europea en Colombia (Sicec).

Según los datos del Observatorio de Cooperación Internacional de la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, el consolidado de las donaciones de la cooperación española es superior a los 300 millones de euros.

Estas cifras no son nada despreciables, y gracias a ellas España se convirtió en el cuarto donante de cooperación con Colombia, igual lugar que ocupa en la región latinoamericana, considerando también las agencias multilaterales. Esta inversión también ubicó a España como la principal fuente de cooperación europea con los países latinos y del caribe, después de la Unión Europea, algo que le dio un lugar de liderazgo en las relaciones internacionales y de cooperación en la comunidad europea con relación a esta región. La lógica de las relaciones de cooperación europeas está muy marcada por una visión colonialista, es decir, los países priorizan las relaciones con sus excolonias, razón por la que España ocupa el lugar natural de vocería en la diplomacia entre ambos continentes.

Pero este lugar preferente que ocupa España en el concierto de la AOD europea se viene debilitando con fuerza en los últimos años. La llamada crisis económica, que inició en el 2008 —crisis provocada por la especulación del capital financiero—, ha golpeado especialmente a las economías industrializadas que crecieron gracias al mercado bursátil de los commodities, es decir, de los recursos naturales que tuvieron una importante subida de precios, como las materias primas y los alimentos. Por esta razón, la crisis golpeó más fuertemente a los países que viven de la economía de capital financiero, mientras los países con producción manufacturera y de materias primas se recuperaron rápidamen-

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te con un importante crecimiento económico, como ha sido el caso de los países latinoamericanos y de las potencias emergentes.

algo que deja como escenario que el Estado, los bancos y las familias tengan serios problemas para pagar sus deudas.

Después de cuatro años Europa no levanta cabeza. Su economía es la menos apta para resistirla, no cuenta con recursos naturales significativos dentro del mercado global de estos, su industria produce a un alto costo por tener una mano de obra bien remunerada, y el mercado especulativo de las derivadas (es decir, la venta de cosas o intangibles futuros que aún no se tienen), está lleno de activos tóxicos, es decir, sin ningún valor. La crisis ha golpeado con más fuerza a los países periféricos europeos (Grecia, Irlanda, Portugal, España), que a los del centro industrializado, aunque en cada país la sumatoria de causas y efectos varía según las particularidades de cada economía.

Es difícil que España salga de este escenario por el tipo de economía y porque las alternativas que el Gobierno ha escogido se basan en la ortodoxia del modelo de desarrollo neoliberal impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y exigido por el Gobierno alemán, que sería la caja de recursos de los rescates. Por esto, el Gobierno de derecha español ha escogido el camino de los recortes, centrándose en los sociales para entregar más dinero a los bancos. Antes de empezar a desmontar el Estado de bienestar, el gobierno prácticamente propone desmontar una inversión social que tiene menos costo en el electorado: la cooperación internacional.

En el caso español, la crisis ha estado determinada por el sacrificio de un tejido productivo que no puede generar suficientes puestos de trabajo, y por esta razón los asumían los sectores de la construcción y los servicios. El boom inmobiliario fue el principal motor del crecimiento económico español, una vez llegó la crisis financiera este se desplomó, lo que debilitó la confianza inversionista en el sector y produjo una reducción considerable en la oferta de empleo, una crisis de deuda que implicó una saturación de hipotecas que la gente no pudo pagar y, en consecuencia, un importante presupuesto público gastado en detener la quiebra de las corporaciones financieras, y en un escenario de menos captación de impuestos. Como resultado, para el primer semestre de 2012 el desempleo español tuvo un record histórico de más del 25%, casi la mitad de los jóvenes se encuentran parados, existe un déficit público que antes de la crisis era inferior al 3% y que al momento supera el 8,5%, una prima de riesgo por las nubes que hace que el Estado español en el mercado de bonos pague uno de los interés más altos del continente,

Según el Sicec, el monto total de la ejecución de proyectos financiados por la cooperación española en Colombia asciende a los 131 millones de euros, aunque esta cifra no es precisa, porque en proyectos plurianuales puede arrastrar presupuestos ya gastados o de siguientes anualidades. No obstante, las medidas de recorte y ajuste presupuestal presentadas por el Gobierno español para 2012 ubican como principal foco de los recortes el gasto en relaciones internacionales, con más de un 50% de recorte, y dentro de este, el más afectado es el de cooperación el cual se reduce en un 70%, una reducción cercana a los 1.400 millones de euros.

Aún no es claro en cuánto se va a reducir el presupuesto de la cooperación española en Colombia, ni cuánto va a comprometer el desarrollo de las líneas estratégicas de acción del Marco de Asociación País celebrado entre ambos Estados en 2011, lo que sí es claro es que va impactar drásticamente los planes de la AOD española, algo que ya ha sucedido con la cooperación descentralizada; gobiernos como el de Madrid o el de

Los países priorizan las relaciones con sus excolonias, razón por la que España ocupa el lugar natural de vocería en la diplomacia entre ambos continentes.

Álava, este último pionero en este tipo de cooperación, la han desmontado de sus presupuestos y alegan que esta es una competencia del Gobierno central.

Este es un importante donante que pierde Colombia —su principal socio en Europa—, en el marco de una tendencia generalizada y que parece demorarse mucho en el horizonte, porque la solución de la crisis económica europea es algo que aún no cuenta con salidas seguras, el país más sólido parece ser Alemania, que incluso a partir de 2011 ha vuelto a colocarse como el mayor donante bilateral europeo en el país.

A modo de conclusión: el impacto en las organizaciones de la sociedad civil En síntesis, en las dos últimas décadas Colombia ha sido un país privilegiado en materia de cooperación internacional. No obstante, elementos como las políticas de eficacia y armonización de la ayuda, y con ello la africanización de la cooperación; el que Colombia se encuentre en un nivel de renta media, con un crecimiento incluso superior a los países industrializados donantes; la crisis económica mundial, que ha golpeado considerablemente los presupuestos públicos destinados a la cooperación al desarrollo; y algunas voces que hablan de posconflicto y de que el país se encuentra en otro escenario más positivo de derechos humanos, son causas confluyentes que hacen que la cooperación internacional se esté reduciendo considerablemente en el país, un hecho que ha sido progresivo en toda Latinoamérica. No obstante, en térmi-

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fundaciones, o las poquísimas que viven gracias a las cuotas de sus afiliados, como los sindicatos.

nos absolutos del PIB nacional, el impacto es mínimo porque los recursos que salen de la cooperación se sustituyen con creces con los resultados del crecimiento económico. El verdadero impacto se produce en sectores de la sociedad civil que prácticamente derivan todo su sustento de la cooperación, en particular las organizaciones que defienden y promocionan los derechos humanos.

Es comprensible que el sector de derechos humanos haya estructurado su financiación en torno a la cooperación. Los altos índices de vulneraciones y la participación de actores que operan dentro del Estado ha hecho que este tipo de organizaciones busquen fuentes diferentes a las oficiales para garantizar la autonomía política en los procesos que se impulsan y la independencia en las denuncias que se realizan. No obstante, el entramado de organizaciones sociales en Colombia es amplio, y ante la reducción de la cooperación internacional se espera un impacto menos significativo en otro tipo de organizaciones que subsisten precariamente con el acceso a presupuestos públicos locales como las comunitarias, las que dependen de donaciones del sector privado, como las

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Los efectos de la reducción de los recursos del exterior ya se están sintiendo en mayor medida en las organizaciones que poseen una estructura de empresa social, en donde toda la plantilla de personal es remunerada. Esto afecta directamente a las ONG con mayor capacidad de incidencia y cabildeo en la institucionalidad nacional e internacional de derechos humanos. La mayoría se han visto obligadas a reducir sus nóminas incluso a menos de la mitad en los tres últimos años, y hablamos de organizaciones que se han profesionalizado y cuentan con un recurso humano cualificado y valorado internacionalmente. El otro grupo de organizaciones altamente afectado es el de las asociaciones de grupos poblacionales, como las de mujeres, indígenas y afrodescendientes. En el caso particular de los indígenas, sus estructuras asociativas son conducidas por cuadros políticos renovados democrática y regularmente por la base asociativa; esta dirigencia subsiste con recursos de la cooperación internacional, así como los asesores que contratan y toda la acción que hacen en materia de desarrollo y promoción de los derechos. El otro grupo seriamente afectado es el de organizaciones que buscan alternativas de desarrollo sobre la base de proyectos de resistencia frente al modelo impuesto por el Estado, sobre todo las asociaciones de víctimas; aunque diferentes agencias se han pronunciado sobre su voluntad de seguir acompañando estos procesos, la realidad de flujos de recursos hace que estas promesas sean inciertas.

Es preocupante el retiro progresivo de la cooperación internacional en un país en el que, a pesar de estar en un boyante crecimiento económico, sus niveles de inequidad aún siguen siendo exageradamente altos — Colombia tiene un coeficiente Gini del 58,5,

siendo el segundo país más desigual de la región más desigual del planeta, solo superado por Haití con un Gini del 59,5—. Algo similar sucede en materia de derechos civiles y políticos, en un conflicto armado que aún sigue dejando miles de víctimas. El criterio de focalización sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no debe ser estrictamente geográfico, porque esto compromete las posibilidades de realización de derechos de muchas comunidades y de protección de los derechos humanos, imperativos que deben guiar a la cooperación hasta el restablecimiento de los mismos en los países en donde han iniciado procesos y las organizaciones de la sociedad civil han respondido a las duras exigencias que les han impuestos los contextos.

El tejido social colombiano es fuerte y ha logrado sobreponerse a la muerte y la persecución en muchos momentos difíciles de la historia nacional. Ahora son tiempos en que la cooperación internacional se viene contrayendo como fuente de financiación de los procesos sociales, esto puede reducir un poco la capacidad de acción de las organizaciones, sobre todo en ámbitos tan

En el caso particular de los indígenas, sus estructuras asociativas son conducidas por cuadros políticos renovados democrática y regularmente por la base asociativa. costosos como la incidencia política y los instrumentos de investigación y vulneración de los derechos humanos; un nuevo reto que se le plantea a muchas organizaciones es el de encontrar otras alternativas de sostenibilidad para mantener el trabajo permanente de defensa y promoción de los derechos humanos, porque este tipo de instituciones son fundamentales para la democracia y más para una como la colombiana, porque la defensa de los derechos humanos no la definen los recursos de la cooperación internacional, la definen las luchas sociales por la dignidad, y mientras haya escenarios contrarios a estos propósitos habrá colectivos que tendrán la conciencia moral de denunciar las vulneraciones de los derechos humanos.

Referencias Berraondo, M. et. al. (2012). Pueblos indígenas y cooperación internacional: reflexiones a partir de realidades concretas en Ecuador y Colombia. Madrid: Almágica.

Synergia (2003). Aportes a la cooperación internacional en Colombia. Bogotá: Synergia-Fundación para la Cooperación.

Gobierno de España, Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación. Marco de Asociación País Colombia 2011-2014. Disponible en: http://www.maec.es/es/MenuPpal/ CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Paginas/publicaciones2.aspx Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. Observatorio de la Cooperación Internacional Colombia. Disponible en: http://www.laalianza.org.co/observatorio/ (consultado el 25 de mayo de 2012).

Unión Europea. Sistema de Información de la Cooperación Europea en Colombia (Sicec). Disponible en: http://sicec.eu/sigweb/bin/SigWeb3.html (consultado el 25 de mayo de 2012).

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¿Qué harías si un día vinieran a tu casa y te dijeran que quedará bajo el agua?

Proceso de movilización contra la hidroeléctrica del Quimbo

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Este 2012 va a ser el epílogo de una larga historia. En el departamento del Huila la conclusión del enfrentamiento entre dos visiones irreconciliables del mundo ha empezado con el durísimo desalojo de los pescadores y campesinos que permanecían desde hace meses a la orilla del río Magdalena, el río más grande del país y además el hábitat natural y fuente de sustento para ellos, sus familias y muchos más. Como para reproducir una historia antigua de siglos, vemos una imagen que reaparece: de un lado del río, los españoles e italianos, con sus empresas, su negocio y su codicia, defendiendo sus intereses, por medio de los ejércitos y batallones. Las brillantes armaduras de hace cinco siglos se volvieron uniformes militares y cascarones negros. Del otro lado, los pobladores, armados de su pobreza y de su dignidad, quienes defienden el río, sus cultivos y su manera de vivir.

Estamos en el Huila, en el valle del río Magdalena, el mismo río que alojó las inquietudes amorosas de Florentino Ariza Bruno Federico

MOVILIZACIÓN

Bruno Federico* contadas por Gabriel García Márquez en el El amor en los tiempos del cólera. En esta región, por dar vida a un enorme proyecto hidroeléctrico, serán inundadas 8.500 hectáreas de tierra que incluyen bosques secos ecuatoriales, zonas de reserva de protección de la Amazonia, ricos cultivos de arroz, yuca, plátano, cacao, papaya y mango, y restos arqueológicos que cuentan las historias de los pueblos que habitaban este valle antes que la travesía de Colón se volviera un genocidio.

Aquí también se albergan cientos de casas, sueños, proyectos de vida y memorias de luchas agrarias.

La idea de inundar el valle para producir energía lleva muchos años. En 1997 el Ministerio de Agricultura rechaza la propuesta de construir una hidroeléctrica por los excesivos costos sociales y económicos del proyecto explicando que el valle es altamente productivo en términos agrícolas, y que sus productos garantizan el bienestar de sus habitantes y la seguridad alimentaria de toda Colombia.

* Activista social y realizador de video documental.

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Movilización

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Bruno Federico

Diez años después, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cambia de idea: el proyecto responde a la política de aumento de las exportaciones de recursos minero-energéticos y de apertura económica para promover la inversión extranjera. La represa: ¡se hace porque se hace!, explicó exhaustivamente el entonces presidente Uribe, en el Centro de Convenciones de Neiva (mayo de 2009).

Ya en el 2008 Endesa, el coloso español de producción y distribución de energía, a través de su filial Emgesa, principal gestor en Colombia, gana la licitación para la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Antes que sea aprobada la licencia ambiental, es decir que haya el permiso para la obra, el Gobierno declara de interés público toda el área de influencia, paso preliminar para la expropiación, crea un batallón especial del ejército para la protección de la inversión italo-española, y ocupa militarmente la zona.

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Movilización

La licencia fue otorgada en el año 2009 estableciendo una serie de indemnizaciones y compensaciones (asumidas por la empresa) por los daños y los prejuicios que el proyecto hidroeléctrico generará al ambiente y a los habitantes que serán desplazados por el gigantesco embalse.

En el mismo año, la empresa italiana ENEL compra el 92% de las acciones de Endesa, asumiendo de hecho el control de la empresa española.

Al año siguiente Endesa, argumentando que las condiciones dictadas por la licencia ambiental son excesivas y convierten en inviable el proyecto, solicita la renegociación de los acuerdos.

Las nuevas compensaciones negociadas excluyen una parte de la población inicialmente prevista reduciendo el monto de los beneficios para quienes quedan incluidos en los censos. De un día para otro los afectados ven esfumar las promesas de la empresa,

quien los había inicialmente ilusionado con sueños de riqueza y bienestar.

Los habitantes del valle deciden entonces protestar por medio de manifestaciones pacíficas y asambleas, mientras al mismo tiempo recurren al Tribunal Administrativo de Cundinamarca denunciando la ilegalidad de la negociación de las indemnizaciones previstas en la licencia ambiental. De acuerdo con la ley vigente estas medidas no pueden ser objeto de negociación entre la oficina de licencias ambientales y la empresa, son imposiciones unilaterales de la institución.

En el año 2010 el Tribunal da razón a las comunidades imponiendo a la empresa y al Ministerio la revocatoria de las modificaciones de las indemnizaciones hacia los pobladores afectados y el medioambiente.

Frente a esta situación, Endesa amenaza la interrupción del proyecto y el expresidente de la república Álvaro Uribe Vélez, el 5 de agosto de 2010, dos días antes de dejar su

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Ir a tabla de contenido El presidente de la república amenaza con el uso de la fuerza en contra de quienes se opongan al proyecto.

Durante en el anterior gobierno, bajo su Ministerio de Defensa, la fuerza armada cometió alrededor de 3000 ejecuciones extrajudiciales. Hay que creerle. mandato y ser sucedido por el actual presidente Juan Manuel Santos, modificó la ley ambiental, a través de la resolución 2820.

Con fundamento en esta resolución se estableció el artículo 51, que se llama “Régimen de transición”, donde se ordena que se pueden hacer ajustes para adecuar las licencias ambientales a las nuevas realidades ambientales del país. Con base en este articulado se invalida de hecho la decisión del Tribunal.

El 24 de febrero de 2011 el presidente Santos inaugura la obra de El Quimbo. Desde ese entonces las comunidades no han cesado de protestar, de presentar apelaciones y demandas, y de animar debates dentro y fuera de los espacios del Congreso de la República.

Durante algunos meses las labores han sido suspendidas por las autoridades ambientales regionales dado que Endesa e Impregilo (la empresa constructora) no respetaban las medidas de protección del medioambiente y de la población local, desalojando campesinos y pescadores, y contaminando gravemente el río Magdalena al verter en él material mezclado con acelerantes del cemento, restos de explosivos químicos y toneladas de tierras.

Por esta razón, en 2011 la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) dispuso la suspensión de la mayoría de la obra y el congelamiento de la compra de predios, medida que de acuerdo con los testimonios de la comunidad no ha sido acatada por la

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empresa y fue revocada antes del final del año por el Ministerio de Medio Ambiente.

Igual destino tuvo la medida expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) que había impuesto un cierre de la obra debido al hallazgo de huellas arqueológicas escondidas por los directivos de la empresa. Medida revocada sin que la opinión pública haya podido enterarse de lo ocurrido.

Parece que todas estas acciones chocan con la voluntad preconcebida del Gobierno nacional de dar vía libre al proyecto y por esta misma razón son revocadas prontamente.

Las opiniones de los pobladores campesinos y pescadores de la región, y una serie de documentos e investigaciones de ambientalistas y de expertos en la materia señalan el impacto nefasto que representa la construcción del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo. Como se ha afirmado desde 1997, la construcción de El Quimbo amenaza una zona de reserva forestal de la Amazonia, es inviable porque se desarrolla en una zona altamente sísmica y genera la inundación de tierras fértiles, fundamentales para la seguridad alimentaria del país.

La Universidad Surcolombiana estima que en los cincuenta años de actividad de la planta hidroeléctrica Endesa pagará al departamento del Huila alrededor de 135 millones de euros contra los 1200 millones de euros que la región perderá por el cese de la producción agrícola del área inundada. En el mismo periodo la multinacional italo-española ganará alrededor de 2300 millones de euros.

Al contrario de lo afirmado por el director de Endesa Colombia, la energía producida servirá, por un lado, para la exportación, y por el otro, para las necesidades de la gran minería transnacional, que se prepara para convertir 20 millones de hectáreas del territorio nacional en una gigantesca mina a cielo abierto.

Desde el punto de vista laboral, si bien es cierto que en los cuatro años previstos para la construcción de la hidroeléctrica se emplearán alrededor de 3.000 personas, es evidente que después la hidroeléctrica necesitará pocas decenas de técnicos para su manutención, mientras que los 3500 pescadores y campesinos que perderán su fuente de subsistencia se sumarán de por vida a los millones de desempleados y de desplazados del país.

El proyecto hidroeléctrico El Quimbo responde al programa económico que el gobierno de Juan Manuel Santos, en continuidad con su predecesor, llama locomotora mineroenergética: agrocombustibles, minas de oro y carbón, extracción de petróleo y producción de energía eléctrica serían los motores del crecimiento económico del país.

El presidente de Colombia ignora que la historia no reporta ejemplos de países en donde la economía de extracción haya llevado al desarrollo, menos aún si estos proyectos están en el marco de procesos de apertura del mercado interno a las importaciones extranjeras por medio de la firma de acuerdos de libre comercio con potencias industriales como Estados Unidos y la Unión Europea, que terminarán por aplastar cualquier sector productivo nacional.

El proyecto hidroeléctrico de El Quimbo representa el choque entre dos modelos: el uno enfocado en una producción agroalimentaria compatible con el ambiente, la protección de los bosques y del agua, la reducción del consumo energético y, en consecuencia, la reducción de la emisión de bióxido de carbono; el otro es un modelo extractivista, insostenible social, económica y ambientalmente, donde la carrera de la apropiación de recursos minero-energéticos es fortalecida por los procesos de militarización del planeta que asegura el estallido de

conflictos donde quiera que haya esta clase de bienes.

El 10 de noviembre de 2011 Asoquimbo, la asociación que reúne a los afectados por El Quimbo, lanzó su último llamado, recordando que en sus cuatro años de existencia ha llevado sus razones de forma científica, razonable y pacífica, confiando en el estado de derecho que rige formalmente en Colombia. La fuerza de la razón ha chocado contra la razón de la fuerza.

En febrero de este año los escuadrones antimotines desalojaron violentamente los pescadores de su natural espacio de pesca.

Un joven perdió su ojo al estallar una granada de aturdimiento lanzada por la policía.

El presidente de la república amenaza con el uso de la fuerza en contra de quienes se opongan al proyecto. Durante en el anterior gobierno, bajo su Ministerio de Defensa, la fuerza armada cometió alrededor de 3000 ejecuciones extrajudiciales. Hay que creerle.

Mientras tanto, las investigaciones abiertas a principio de 2012 por la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Corporación Autónoma del Magdalena por desastre ambiental, corrupción y detrimento del patrimonio de la nación aún no han llegado a una conclusión.

Pero la arrogancia de la violencia no pudo hasta ahora con la combinación solidaria entre la fuerza de la movilización y la potencia de la naturaleza. Pocos días después del intento de desvío realizado el 3 de marzo, el río se levantó gracias a las fuertes lluvias que caen sobre el Macizo, destruyendo el jarillón que pretendía encanalar su flujo en un túnel.

Vanos han sido los muchos intentos de Endesa por obligar al Magdalena a sus intereses. Hoy el río, cinco meses después, sigue su cauce, majestuoso y resistente, dejando abierto un partido aún por jugar.

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Nos articulamos en la propuesta de Diálogos Humanitarios Regionales y Negociación Política, Caminos para la Paz en Colombia, que promueven treinta procesos organizativos diversos en Colombia pertenecientes a la Red de Iniciativas de Paz desde la Base y la Ruta Pacífica de Mujeres.

Tejido defensa de la vida

¿Qué es el Espacio Regional de Paz?

Tejiendo un espacio regional de paz en el Cauca Víctor Collazos*

Convencidos que desde las regiones, con sus territorios, comunidades y organizaciones sociales, como el Cauca, en las que se intensifica y degrada el complejo conflicto colombiano, podemos aportar a parar la guerra y ambientar la solución política y negociada del conflic-

to armado, conformamos en 2010 un Comité de Impulso del Espacio Regional de Paz. Este es un espacio de la sociedad civil que busca la articulación de iniciativas de paz y la contribución de diferentes actores en el propósito de ganarle apoyo y respaldos a la paz.

* Integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), organización que hace parte del Espacio Regional de Paz del Cauca.

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Forman parte del espacio: organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); afros como Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del pueblo Negro en la Costa Pacífica del Cauca (Cococauca), Unión de Organizaciones Afrodescendientes del Cauca (Uafroc); campesinas como el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), Movimiento Campesino de Cajibío (MCC); de mujeres: Corporación para el Ecodesarollo (Comunitar), Ruta Pacífica de Mujeres Regional Cauca; urbanas como Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (Ordeurca), Corporación pro Desarrollo Comunitario (Codesco).

El Espacio Regional del Cauca moviliza la paz ante tres problemáticas y situaciones. No se encuentra dentro de amplios sectores de la sociedad caucana una agenda pública por la resolución negociada del conflicto armado, situación que fortalece la permanencia de la guerra, y le resta posibilidades al Cauca de avanzar hacia la construcción de la paz. El departamento del Cauca y sus comunidades padecen el escalamiento y la agudización del conflicto armado, social y político que trae como consecuencia una fuerte crisis humanitaria, profundizada en la imposibilidad de la sociedad civil de establecer acuerdos humanitarios con los grupos armados para minimizar los impactos de la guerra en la población civil. A su vez, las organizaciones sociales del departamento del Cauca necesitan una mayor articulación para la acción conjunta, y requieren una propuesta de paz unificada y una agenda común de paz.

Esta realidad nos permite avanzar en consensos alrededor de tres ejes de acción: ambientación de la solución política del conflicto armado; promoción e impulso de los diálogos humanitarios regionales; construcción de agendas de paz.

Sobre los diálogos humanitarios venimos tejiendo, a través de diversas acciones de formación y de ejercicio de acciones humanitarias desde organizaciones sociales, acciones de movilización, denuncia e incidencia alrededor de cuatro aspectos: el no reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; la abolición de la violencia sexual contra las mujeres; impedir el uso de minas y artefactos explosivos, y apartar a la población civil de operaciones militares y fortalecer el ejercicio autónomo de las organizaciones comunitarias y sociales.

Desde esta realidad y ejes, el Espacio Regional de Paz ha hecho la propuesta al Cauca de un escenario regional de paz, para lo cual se han realizado encuentros y talleres con las organizaciones sociales, foros con candidatos a la Gobernación del Cauca en los que se les emplazó sobre esfuerzos ciertos por la paz, garantías a las víctimas, respeto institucional al DIH y búsqueda de compromisos humanitarios por parte de todos los actores armados.

El Espacio ha hecho un llamado a los nuevos alcaldes y al gobernador electo para que conjuntamente con el señor arzobispo de Popayán, con otros actores, y con organizaciones sociales y comunitarias, se convoque al Cauca al trabajo conjunto por la paz. Es importante resaltar en ese sentido la constitución de la Red de Alcaldes por la Paz del norte del Cauca.

En ese camino nos vamos encontrando con diversas propuestas que nacen a partir del derecho propio y la autoridad originaria indígena y afro, desde la autoridad consuetudinaria campesina, a partir las jurisdicciones

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comunitarias urbanas, desde los mandatos de trabajadores, mujeres, jóvenes, niños, al amparo de los mandatos propios y de normas internacionales. Todas ellas claman y reclaman desde su carácter ciudadano, desde su autonomía y desde el derecho constitucional a la paz, la interlocución y diálogo con esas propuestas, con la sociedad colombiana, y con los actores de la guerra y del despojo, para detener la barbarie, la muerte, el desplazamiento y el sufrimiento.

En este caminar acogemos, impulsamos y protegemos iniciativas como la Minga de Resistencia por la Autonomía y Armonía Territorial y por el cese de la guerra, mandatada por el CRIC. Acogemos y defendemos iniciativas de mujeres como: una vida libre de violencias contra las mujeres… Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima, impulsada por el Comité Municipal de Mujeres (ACIT), Proceso de Mujeres Maciceñas (CIMA), Programa de Mujer Indígena (ACIN), Corporación Comunitar, Ruta Pacífica de las Mujeres. El pasado 8 de marzo las mujeres entregaron un derecho de petición al Ejército colombiano requiriéndole un informe sobre las políticas y medidas específicas para prevenir y erradicar la violencia sexual contra las mujeres por sus miembros, derecho que no ha tenido una respuesta satisfactoria.

Impulsamos espacios de formación como el diplomado sobre víctimas, restitución y Ley de Tierras con la Universidad del Cauca, Indepaz y la Gobernación del Cauca.

Acogemos y estimulamos propuestas de los jóvenes como lo impulsado por la Coordinación Departamental de Jóvenes y Macizo Joven en la campaña contra la Militarización de la Vida Social y por Objeción de Conciencia.

Acogemos y fortalecemos la siembra de territorios de paz en el Cauca como el de la Ma-

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ría Piendamó, y los que se vienen impulsando en el Macizo Colombiano, en Lerma Bolívar.

Con la palabra que caminamos y crece en la Minga por la Vida, los Territorios y la paz, promovemos y acogemos los mandatos de: impulsar una Consulta por la Paz; continuar con los diálogos humanitarios y al mismo tiempo presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Ley 1421 de 2010; continuar esta minga por la paz, tejiendo diálogos con las recientes movilizaciones por la paz que han venido realizando las organizaciones sociales; nos comprometemos en la realización del Congreso Nacional de Paz; saludamos que un número creciente de gobernadores y gobernadoras, de alcaldes y alcaldesas del Pacífico y Suroccidente, reunidos en Villa Rica (Cauca) a instancias del gobernador del departamento, hayan tomado la decisión de seguir fortaleciendo una red de autoridades locales y regionales por la paz: los acompañaremos en la constitución y convocatoria a los Consejos Municipales y Departamentales de Paz, con amplia y plural participación de la sociedad civil…y en la urgencia de que las autoridades locales promuevan de forma coordinada en todo el país una reflexión sobre el modelo de desarrollo regional que impulsa el Gobierno nacional, y sobre leyes que no promueven la paz sino que estimulan el conflicto; “vendrán otras mingas, otros recorridos, otras movilizaciones. Y allá iremos. Porque no vamos a dejar solo o sola a nadie que se comprometa con la paz de Colombia” (Declaración de paz de Caloto y Villa Rica, mayo 11 de 2012).

A todas y cada una de las semillas que buscan abonar la resistencia y el diálogo humanitario, ambientar la solución política y negociada al conflicto armado para detener la guerra y el despojo, las saludamos y las animamos a continuar caminando lo más articuladamente posible. Exigimos su respeto y las garantías constitucionales y sociales que requieren su dignidad y sus valiosos aportes,

y requerimos el apoyo y respaldo de las y los defensores de los DDHH y de la comunidad internacional, pues son la voz de quienes soportan la injusticia, el abandono, la impunidad, las violencias y los despojos contra sus planes de vida.

Reclamamos que se le dé oportunidad a la paz, al diálogo diverso e imaginativo para que la sociedad toda sea protagonista y se encuentren salidas al conflicto armado y a la violencia recurrente apelando a la conversación y la concertación de soluciones pacíficas. Impulsamos escenarios donde concurran todos los sectores y formas organizadas de la sociedad.

Desde el espacio regional de paz del Cauca continuamos nuestro caminar por la paz: fortaleciendo la capacidad organizativa de los diálogos humanitarios y mingas de control territorial; buscando que gobernabilidades alternativas, medios de comunicación social, espacios académicos y sectores

de la sociedad promuevan ampliamente la solución política y negociada al conflicto, y construyendo una agenda regional de paz que dialogue y tenga respaldo a nivel regional, nacional e internacional.

El pasado 13 de junio, organizaciones sociales del Espacio Regional de Paz del Cauca, en el marco de nuestra pertenencia a la Red de Iniciativas de Paz desde la Base, y en coordinación con la Ruta Pacífica de Mujeres, participamos en el Plantón público en la Plaza de Bolívar y en la Corte Constitucional en Bogotá, presentamos y radicamos la acción pública de inconstitucionalidad parcial del artículo 3 de la Ley 1421 de 2010, porque ello implica que quien dialogue con actores armados no estatales, sin haber sido autorizado por el presidente, está en contra de la ley y puede ser sancionado. También lanzamos nacionalmente la campaña “Es hora de parar la guerra, la llave de la PAZ también es nuestra”.

Cuenten con nosotros para la paz justa, dialogada, diversa y duradera…

Nunca para la guerra.

Espacio Regional de Paz del Cauca (VC), Popayán, junio 14 de 2012.

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Las organizaciones sociales que hacen parte del Espacio Regional de Paz, junto con otras organizaciones sociales del país realizaron la Minga por el derecho a la vida, el territorio y la paz, los días 9 al 11 de mayo, buscando generar un espacio de reflexión y encuentro sobre el tema de la paz.

A continuación reproducimos la declaración conjunta de las organizaciones sociales generada en el marco de este encuentro.

Los hombres y las mujeres participantes en la Minga por la vida, el territorio y la paz, realizada en Caloto y Villa Rica (departamento del Cauca), los días 9 al 11 de mayo de 2012, hacemos la siguiente

Declaración de paz de Caloto y Villa Rica al pueblo colombiano Crece la palabra que camina 1. Esta Minga por la Paz nació en varias asambleas comunitarias de los resguardos indígenas de Tóez, Huellas y López Adentro, en Caloto. Asediadas por la guerra, bombardeadas como todo el norte del Cauca de una forma indiscriminada, con temor por las armas no convencionales de la guerrilla, cansadas de estar en un estado de sitio, llamaron a las otras comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y populares de la región para proponer que sumáramos una vez más la palabra que camina a lo que otros ya vienen andando. Las comunidades afrodescendientes de Villa Rica y Guachené, que viven una situación parecida, que han visto sus casas destruidas por la guerra, decidieron hacer parte de

la minga de inmediato. Han sido estas comunidades las que nos han convocado; las demás organizaciones participantes les agradecemos la generosa acogida.

2. De ahí en adelante todo ha sido un crecer de este esfuerzo: todo el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Espacio Departamental de Paz, la Unión de Organizaciones Afrodescendientes del Cauca (Uafroc), la Ruta Pacífica de Mujeres, Comunitar, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), la Red de Iniciativas de Paz desde la Base, la Minga Social y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos, las Plataformas de paz de la sociedad colombiana, todos hemos venido a sumar a la Minga por la Paz, sin más aspiración que hacer parte de un instrumento para analizar, discutir, construir

caminos de paz. Sin duda lo más importante de estas nuevas acciones que venimos haciendo es que se trata de las comunidades mismas las que impulsan una acción sostenida por la terminación de la guerra y la construcción de la paz.

3. Y esta gran movilización social de base, de gente humilde y trabajadora, ha encontrado eco en importantes sectores de la Iglesia y de las autoridades locales.

El gobernador del Cauca, los alcaldes de Caloto, Toribío, Santander de Quilichao y Villa Rica, se sumaron a la convocatoria, apoyaron decididamente la Minga y se pusieron al servicio de las comunidades movilizadas para que la exigencia de terminar la guerra y construir la paz tenga una voz más fuerte y pueda oírse más allá de las carreteras del Cauca. Otros alcaldes y alcaldesas, otros gobernadores y gobernadoras han venido a Villa Rica también a sumar su voz, a decir que la guerra y la militarización no son el camino. Nos han acompañado los voceros de la Iglesia católica; en diferentes momentos de esta Minga han reiterado su compromiso con la búsqueda de la paz y han encendido su cirio espiritual con nuestras antorchas de paz. Las comunidades que venimos a esta Minga reconocemos este gesto valiente y necesario de unos y otros.

4. Y ahora es una Minga de todos y todas las que queremos la paz. Vendrán otras

mingas, otros recorridos, otras movilizaciones. Y allá iremos. Porque no vamos a dejar solo o sola a nadie que se comprometa con la paz de Colombia.

Paren ya la guerra: la guerra no es el camino 5. La Minga por la vida, el territorio y la paz nos ha servido para confirmar lo que por diferentes medios ya han dicho las comunidades: que la guerra está destruyendo al país y el espíritu de estos pueblos, que ha agotado hace tiempo sus posibilidades de transformación a favor de cualquiera de los sectores de la sociedad, que no deja consolidar la organización popular.

Es un hecho que la política de consolidación territorial del Gobierno nacional no se ha traducido en una mejora de la presencia institucional democrática en los territorios, municipios y departamentos de donde provenimos, ni en más seguridad para las comunidades ni en mayor bienestar humano. Su saldo único es la militarización y la agudización de la violencia política. Así mismo, la estrategia de “desarrollo armado”, de canalizar toda la acción civil estatal a través de las fuerzas militares, también es un fracaso, pues la guerra se chupa siempre el desarrollo.

Los programas estatales que se ejecutan en esa modalidad se traducen en un derroche de recursos y corrupción, pues Archivo Casa del pensamiento

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su perfil propagandístico les quita toda racionalidad económica; y en cambio dejan como saldo el involucramiento de las comunidades civiles en las situaciones de guerra.

6. Tampoco ha servido para derrotar a la guerrilla. Por el contrario, tras diez años del Plan Colombia y otros seis del Plan de Consolidación Territorial, las hostilidades entre la guerrilla y la fuerza pública han ido creciendo en la región, no solo en número sino en intensidad. La guerrilla por su parte intensifica su actuar, intensificando y degradando el conflicto.

Las comunidades de forma concluyente han confirmado que están viviendo un estado creciente de militarización de la vida civil, un clima de zozobra angustioso y una merma evidente en sus condiciones de vida. Los continuos ametrallamientos y bombardeos en áreas rurales realizados por las fuerzas oficiales, los ataques a bases y estaciones del ejército y la policía hechos por las guerrillas en medio de población civil, como ocurre siempre en este tipo de conflicto armado interno, tienen como principales víctimas a la población desarmada, los bienes civiles y los procesos organizativos comunitarios. ¡No! Colombia no acepta, los colombianos y las colombianas no aceptamos que la guerra sea nuestro destino.

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La llave de la paz es la movilización de las comunidades 7. Esta Minga por la vida, el territorio y la paz fue convocada esencialmente para concretar una certeza: que solo la movilización social, ciudadana, popular y comunitaria abrirá el camino de la paz en Colombia. No serán el Estado ni la guerrilla los que aceleren la necesaria apertura de una negociación política para terminar el conflicto armado interno; los tiempos de la guerra, los cálculos de los ejércitos, se convierten en obstáculos reales a la apertura de tal escenario.

8. No queremos una “paz neoliberal”. Ni una paz para facilitar el camino a la minería, las transnacionales y la locomotora minera. Ni una paz sin cambios en el sistema político, sin modificar nada de la estructura socioeconómica más desigual de todo el continente. En resumen: no queremos una paz sin paz.

Nosotros y nosotras queremos otra paz.

Queremos una paz democrática. Una paz con cambios en la vida política y económica. Queremos una paz con paz.

No porque pretendamos resolver en una mesa de diálogo político todos los problemas del país. Sino porque la única opción realista es acompañar el fin del conflicto armado con transformaciones importantes en las condiciones políticas

y sociales de la vida nacional. El alcance de esas transformaciones no puede ser decidido en un espacio cerrado entre los actores armados, sino y precisamente en un espacio amplio y plural de la sociedad colombiana, donde todos los actores políticos, económicos, militares, acuerden un nuevo pacto político que permita a la sociedad vivir sin guerra y al movimiento popular luchar por la realización de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales sin temor a la muerte, al señalamiento o el desplazamiento.

9. Pero una paz con democracia —la única paz realista y posible— la tenemos que construir pacíficamente nosotras y nosotros: las organizaciones populares, los pueblos indígenas y afros, las comunidades campesinas, el movimiento estudiantil, la intelectualidad, los sectores empresariales que entienden que la guerra es su ruina, las iglesias, todos y todas.

La presencia de las organizaciones de mujeres en este esfuerzo por la paz es absolutamente indispensable, porque los efectos de la guerra sobre sus cuerpos y su experiencia y de la construcción de democracia amplían la mirada sobre cualquier paz posible. Así mismo las víctimas de la violencia política, cuya satisfacción a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación son necesarios para lograr la reconciliación, son constructoras de este

esfuerzo monumental al que nos nos hemos comprometido.

Decisiones para seguir el camino 10. Quienes concurrimos en esta Minga, hemos decidido impulsar una Consulta por la Paz acogiéndonos a nuestros derechos. Para que se pronuncien la ciudadanía y las comunidades sobre el derecho que tenemos a buscar y construir la paz, la necesidad de finalizar el conflicto armado mediante un diálogo político, la obligación para todos los actores armados de respetar a la población civil y la necesidad de realizar transformaciones importantes en el sistema político y económico para consolidar la paz.

Llamamos a las autoridades civiles de los municipios y departamentos comprometidas con la paz para que concurran con esta iniciativa.

A los parlamentarios y partidos políticos que nos han venido acompañando les pedimos que intervengan ante el Gobierno nacional, el Congreso de la República y otras instancias, con el fin de que las conclusiones de estas consultas sean respetadas como legítima expresión del constituyente primario.

Es el momento de que el Gobierno nacional escuche a las comunidades afectadas por el conflicto armado, a los colombianos y las colombianas todas.

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11. Hemos dicho también que un país donde una sola persona pretende tener la llave de la paz es un triste país. La búsqueda y construcción de la paz no pueden ser privatizadas. Por ello, hemos decidido continuar con los diálogos humanitarios y al mismo tiempo presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Ley 1421 de 2010, que restringe exclusivamente al presidente de la República la competencia para establecer diálogos con actores armados para buscar la paz o acordar compromisos de orden humanitario.

Queremos con ello abrir el camino a cientos de alcaldes y alcaldesas municipales, a decenas de gobernadores y gobernadoras departamentales, a miles de autoridades indígenas y dirigentes de organizaciones comunitarias, a líderes religiosos y espirituales, que quieren y necesitan dialogar con diversos actores armados con propósitos humanitarios. Salvar una vida humana, impedir un desplazamiento, detener un ataque que afecte a la población civil, no puede ser un delito y no puede ser competencia exclusiva de un funcionario público.

El propósito central de los diálogos humanitarios y la demanda es que la sociedad civil pueda lograr compromisos de los actores armados en materia humanitaria. La Minga por la Paz ha reiterado

que necesitamos dichos compromisos de orden local o regional frente al reclutamiento de menores, el uso de armas no convencionales y de minas, los bombardeos indiscriminados, la violencia sexual hacia las mujeres, los falsos positivos, las desapariciones forzadas, la entrega de combatientes muertos. Y sobre todo, el no involucramiento de la población civil en acciones cívico-militares y el respeto a la autonomía de los procesos comunitarios, asediados por los actores armados.

12. Necesitamos darle continuidad a esta minga por la paz, a esta Movilización Nacional por la Paz. Somos herederos de las movilizaciones por la paz y la resistencia que se realizaron en los años noventa. No son un fracaso, como quieren presentarlo algunos. Fueron la más generosa contribución al país. Estamos tejiendo diálogos con las recientes movilizaciones por la paz que han venido realizando las organizaciones sociales: el Encuentro de Paz de Barrancabermeja, el Congreso de Tierras y Territorios del Congreso de los Pueblos, la reciente movilización de la Marcha Patriótica, la propuesta de los mínimos para la paz impulsada por la Iglesia católica y otras muchas propuestas a nivel del país.

Para darle continuidad a este proceso consideramos necesario dar un salto de calidad. Nos comprometemos en la realización del Congreso Nacional de Paz que

diversos sectores vienen impulsando. Urge al país un encuentro de todas y todos quienes apostamos por la solución política del conflicto armado. Debemos constituir un escenario donde el país nacional aparezca en su diversidad, exigiendo la paz y aportando a su construcción.

13. Saludamos que un número creciente de gobernadores y gobernadoras, de alcaldes y alcaldesas del Pacífico y Suroccidente, reunidos en Villa Rica (Cauca) a instancias del gobernador del departamento, hayan tomado la decisión de seguir fortaleciendo una red de autoridades locales y regionales por la paz. Es su derecho. Y es una contribución valiosa para este proceso de acumular manos y palabras de paz.

Dos acciones estamos prestos a acompañar a la institucionalidad: la constitución y convocatoria a los Consejos Municipales y Departamentales de Paz, con amplia y plural participación de la sociedad civil.

Un liderazgo decidido de las autoridades locales en esta tarea puede ser una contribución cierta para cambiar el clima

agresivo y de guerra que nos ha dejado una década militarista. Los instamos a que pidan al Gobierno nacional que haga lo propio con el Consejo Nacional de Paz. Y en segundo lugar, es urgente que las autoridades locales promuevan de forma coordinada en todo el país una reflexión sobre el modelo de desarrollo regional que impulsa el Gobierno nacional, y sobre leyes que no promueven la paz sino que estimulan el conflicto.

Estamos convencidos que la estrategia de consolidación territorial liderada por las fuerzas militares, la agresiva política extractivista minero-energética, las concesiones a transnacionales de forma inconsulta e irresponsable, no solo afectan a las comunidades, sino que crean a los gobiernos locales y regionales situaciones de ingobernabilidad creciente, intensificación de la crisis humanitaria que deben atender, pérdida de autonomía para la gestión pública y reducción de los ingresos públicos.

Declaración de paz A eso hemos venido. A escucharnos y hacernos escuchar. A declararle la paz a Colombia.

Cuenten con nosotros y nosotras para la paz. Nunca para la guerra.

Caloto y Villa Rica, mayo 11 de 2012.

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Caravana Cultural por la Paz y la Solidaridad por Latinoamérica: recorriendo la Cxhab Wala Kiwe Colectivo Caravana por la paz y la solidaridad

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Reseñas

La Caravana es esencialmente un proyecto que une a personas con el propósito de crear un movimiento cultural, social y político sostenible y solidario entre Latinoamérica y Estados Unidos. La Caravana utiliza el arte y diferentes formas de sanación alternativa como armas para lograr la concientización sobre los problemas que nos afectan en nuestras vidas. Busca crear conexiones y aprender sobre las formas en que las comunidades resisten las formas de opresión y sus acciones para crear el mundo en el que queremos vivir. Igualmente, fomenta la solidaridad entre los pueblos a través del continente Americano. En esta ocasión fue acompañada por el Colectivo Mullo del Ecuador.

La Caravana parte siempre desde Estados Unidos y viaja anualmente por diferentes países latinoamericanos promoviendo el teatro, la poesía, la música, entre otras formas de arte político, autóctono y nativo de nuestras comunidades. Por medio del arte y los foros y diálogos comunitarios comparte las historias de resistencia y las victorias sociopolíticas de nuestra gente.

Caravana por la paz y la solidaridad

RESEÑAS

Entre el 9 y 20 de agosto la Caravana cultural por la paz y la solidaridad con Latinoamérica visitó los resguardos de Concepción, Munchique, Canoas y López Adentro en el Norte del Cauca.

Nuestros propósitos: QQ

Aprender de unos a otros sobre cómo cada pueblo trabaja para fomentar la liberación de nuestra gente y cómo reducir la violencia

QQ

Construir y fortalecer un movimiento de paz en las Américas, construido en la justicia social por medio del apoyo de iniciativas culturales y artísticas locales dedicadas al cambio social/político de sus comunidades.

QQ

Sanarnos colectivamente de los efectos de la violencia, la opresión, el colonialismo y el imperialismo por medio del intercambio de nuestras experiencias e historias de resistencia social y política.

QQ

Compartir ideas y conocimientos con el propósito de aprender los unos de las otras y otros, fortaleciendo nuestra labor comunitaria.

QQ

Apoyar y contribuir a los movimientos para la autonomía comunitaria en contra del militarismo, el conflicto, la desigualdad y la explotación en todas sus formas.

QQ

Intercambiar maneras/trabajo de lograr sanación, el cual es integral en hacer nuestro trabajo cultural y político sustentable y transformativo.

Lo que vivimos La luz transluciente del sol se siente penetrando la bruma de la madrugada, hay niños con sus uniformes escolares caminando por los caminos y carreteras doblando por la loma llegando a la escuela. Jóvenes moviendo tierra en carretillas, los buses llenándose de pasajeros para ir al pueblo, mujeres en motos con sus computadoras, otras mujeres cocinando, hombres cargando leche recién ordeñada, una comunidad en movimiento.

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Reseñas

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Reseñas

peto a los jóvenes o “minorías” por el Gobierno y las ramas del gobierno existe en las calles norteamericanas. (Javier S.).

Es mi segundo viaje a Colombia un país lleno de cultura y terrenos tan diversos como su gente. Tuve el placer de poder conocer un poquito más de este país donde la gente lucha por tener paz y tranquilidad. A pesar de todas las dificultades de la gente linda de este país el espíritu de luchar es muy grande como sus corazones. Es maravilloso ver cómo en el Cauca la gente encuentra un balance con la Madre Tierra para poder conservarla. Este balance es algo que me gustaría que la gente entienda especialmente en los EE.UU. La conexión con la Madre Tierra es algo primordial para la sobrevivencia de los humanos.

Todos los países tienen sus propias luchas y es importante no dejar que la violencia, el egoísmo, barreras y el poder que los separan del propósito de poder vivir en un mundo en paz. Me admiro al ver que todavía hay gente que sí cree en luchar por nuestra Madre Tierra y en los derechos básicos que tenemos como humanos. Este viaje ayudó para vincularnos con nuestras raíces como latinoamericanos para nunca olvidarnos de dónde venimos (Jackie).

Yo volví a la tierra agridulce que me encanta, a los pueblos que vibran con resistencia, orgullosos de su ser, de quienes son. Fuimos al país de paredes verdes, casas cerquitas a la Madre Tierra, hechas de ella, fiestas del pueblo. Acá se siente la tierra, se respira el aire, y aun te pueden comer vivo los mosquitos. Fueron muy impresionantes los lazos de comunicación, la hospitalidad, el compartir libremente, la comida, los corazones, las historias, el análisis. Además, en eso se construye la autonomía, la autogestión, el orgullo de cultura, la lengua, el canto, la creencia. En las comunidades de Vilachi, La Águila y otras, en Buena Vista, en el Instituto Técnico Agropecuario Juan Tama, vimos jóvenes líderes, equipos de jóvenes dedicados a la danza, al desarrollo, conmemorando la masacre de Alto Naya, para que otros más

menores sepan que la comunidad mantiene la memoria de sus padres, madres, tíos, tías y queridos, y que los mayores sepan que la historia de la comunidad que sobrevivió no se va perder al olvido. Para mí y para nosotros, ver y sentir en carne la vida, la muerte, la alegría, el orgullo y la tristeza, qué es ser colombiano, y más allá qué es ser nasa e indígena (Rafael)

Lo que aprendimos Aprendimos bastante y tenemos un gran conocimiento y fuertes conexiones que no tuvimos antes con la historia, el pueblo y las luchas indígenas de Colombia. Aprendimos sobre el trabajo necesario para iniciar y mantener autonomía y desarrollo, y la necesidad del ingenio para lograrla. En nuestra opinión creemos que como grupo de visitantes nos llevamos más que lo que dejamos allá.

Pudimos evidenciar el desgaste personal, espiritual, emocional, físico y mental que resulta de la situación actual que viven las comunidades. Para un pueblo en pie de lucha, y en medio del trabajo y los proyectos enormes tiene que haber tiempo para actividades de fortalecimiento personal, se tiene que crear este tiempo y espacio como individuo, familia y comunidad. Conocimos mucho y aprendimos mucho en pocos días. Nos dimos cuenta de todo un modo de ser más en armonía con la Madre Tierra, modos de sobrevivir la guerra, recuperar la cultura, el lenguaje y la educación. Nos quedó bien clara nuestra obligación de compartir las luchas de las comunidades y que cada vez que se comparte se afirma la vida de toda la comunidad.

Creemos que miembros del ACIN deben venir con los proyectos comunitarios del arte, joyas, accesorios, etc., que quizá puedan ser promovidos en los EE.UU. para generar ingresos. La Caravana quizá puede trabajar con la ACIN en la promoción de este tipo de proyectos en los EE.UU. Creo que sería una buena idea leer u obtener información sobre

Caravana por la paz y la solidaridad

Puede ser una comunidad humilde de cualquier país latinoamericano, pero no es, ni es tan común y corriente como aparenta.

Los niños, además de otras materias, estudian su propia lengua el Nasa Yuwe, la vaca que da la leche es propiedad colectiva, la tierra es propiedad colectiva, es trabajada por la comunidad que comparte este terreno. Los pasajeros del bus tienen estudios de la población indígena, herramientas de análisis para confirmar la existencia de una población no reconocida, programas de alimentación y de apoyo a mujeres y jóvenes están las maletas y bultos de los pasajeros.

Una lucha de más de 500 años sigue y sigue avanzando no por dinero del Gobierno, ni por la tecnología, sino por el espíritu y movilización de líderes veteranos y jóvenes de los cabildos del norte del Cauca. Yo como colombiano del exterior criado en una cuidad urbana de tantas etnias jamás había visto una comunidad de mi propio país compuesta de una comunidad Nasa y Afro que mantenía su cultura y orgullo, jamás había leído sobre la historia del ACIN o sobre los sobrevivientes de la violencia y la injusticia, que abren un camino nuevo con un bastón de mando, con unas escuelas propias y con territorios colectivos. Nosotros, la Caravana por la Paz y Solidaridad, somos un grupo de latinoamericanos (con varios integrantes nacidos en Colombia y criados en los EE.UU.) cansados y cansadas de ver las noticas y medios de comunicación contar y pintar una retrato de Colombia y de toda Latinoamérica como tierra sin historia, sin orgullo, sin dinámica, sin culturas, llena de crimen, droga y abuso. Al mismo tiempo escuchamos a nuestros familiares en Colombia decir: allá no hay los mismos problemas, hay pura riqueza, tiene que ser mejor que aquí, y vimos que el pueblo colombiano y latinoamericano no capta que los mismos problemas que se viven en Colombia afectan a los inmigrantes y gente pobre y trabajadora en los EE.UU. La atracción de drogas, dinero, pandillas, y el Ejército están presentes en nuestras comunidades en los EE.UU. El abuso de mujeres, la falta de res-

la historia de Colombia y cualquier otro país que la Caravana decide visitar con el fin de comprender mejor la dinámica del país. Creo que la información debe mantenerse en línea o físicamente en la casa de alguien como un recurso para la Caravana.

Hay mucho qué seguir aprendiendo. Por ejemplo, algunos asuntos sobre el género y

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la sexualidad, la historia de la colonización y cómo afectó y lo hace hoy en día. Nos gustaría entender mejor cómo manejan los asuntos de género y sexualidad en las comunidades, y entender esas historias fuera de la imposición de la cultura europea. También nos gustaría saber sobre mestizos que se han integrado al movimiento indígena y las formas de apoyo que existen. Igualmente, entender cómo se puede promover el papel de la mujer como líder.

seguir hablando y haciendo este trabajo importante de apoyo juntos.

El mural fue otro de los resultados del trabajo en la comunidad. Los jóvenes expresaron sus opiniones y los deseos de su comunidad a través del arte. El otro resultado fue el hecho de que los jóvenes fueron capaces de interactuar y realizar actividades con los niños del orfanato. Se dieron debates y se compartieron experiencias entre el grupo y la comunidad.

Hay muchas cosas más qué compartir y proyectar, y como Caravana nos encantaría

Trenzando el diálogo de saberes Práctica universitaria de Trabajo Social, Universidad del Valle sede norte del Cauca en la Cxhab Wala Kiwe - ACIN Angely Chávez Sánchez y María de los Ángeles Serna Bermeo* En el presente artículo se hace una aproximación al proceso de intervención enmarcado en la práctica académica que desarrollamos desde la profesión de Trabajo Social en un ámbito comunitario caracterizado por la población indígena norte caucana que integra la Asociación de Cabildos Indígenas de Norte del Cauca - Cxhab Wala Kiwe (ACIN). Pretendemos dar cuenta de la importancia que tiene para la Universidad que sus estudiantes puedan participar activa y propositivamente en los diferentes procesos comunitarios que buscan el bienestar y la transformación de las situaciones inequitativas. El acercamiento a estas realidades desde la academia debe

generar un ejercicio formativo y reflexivo del quehacer profesional posibilitando la construcción de una postura crítica sobre la realidad que se refleje en los procesos de intervención que desarrollan los y las estudiantes desde su campo de conocimiento.

En nuestro caso, este espacio de formación e intervención como profesionales del trabajo social se da en el marco de las prácticas académicas que son una parte fundamental de nuestro proceso formativo. Actualmente, la práctica académica que desarrollamos como estudiantes de trabajo social se realiza a través de un proceso de acercamiento al Programa de Familia de la Cxhab

* Estudiantes en en proceso de práctica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle, sede norte del Cauca.

Actualmente desarrollan su práctica profesional en el Programa de Familia de la ACIN.

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Wala Kiwe - ACIN, donde realizamos un apoyo pedagógico en el desarrollo de las diferentes sesiones de las Escuelas de Formación de los Animadores en Armonía Familiar.1 Igualmente, contribuimos con un ejercicio de sistematización, tanto de las escuelas como de la Mesa de Familia,2 con el fin de aportar al posicionamiento del Programa de Familia de la Cxhab Wala Kiwe, creado en el año 2011.

El lugar de la Universidad: la exigencia social y comunitaria frente a las demandas del mercado En medio de un mundo globalizado, de sociedades que aparentemente se muestran iguales, pero que realmente están marcadas por la desigualdad y la diferencia entre ellas, frente a unas exigencias de la realidad que demandan soluciones e intervenciones inmediatas ante los problemas sociales, en la búsqueda de identidad y producción de conocimiento, se encuentra la Universidad.

La Universidad está atravesada por diversas lógicas, a veces opuestas entre sí; de un lado, la búsqueda de producción de conocimiento y promoción de valores humanísticos y, de otro, la preparación de profesionales y venta de servicios en medio de las dinámicas del mercado. Estas contradicciones se reflejan en los procesos de formación académica donde se entrelazan aspectos técnicos, humanísticos y de construcción de opinión crítica.

A través de decisiones personales, los y las estudiantes a partir de estos elementos perfilan sus estrategias y enfoques de intervención.

A pesar de las lógicas mercantiles que afectan a la Universidad existen algunos pro1

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Los animadores de la armonía familiar son comuneras y comuneros de los diferentes resguardos que se forman en el tema de familia, con la finalidad de que adquieran capacidades para orientar a las familias de su comunidad e incidan en los diferentes espacios de participación de la misma.

La Mesa de Familia es un espacio colectivo de construcción, en donde se busca crear los caminos de acompañamiento que permitan fortalecer la justicia propia de la organización.

gramas de formación académica que educan a sus estudiantes con diferentes perspectivas. En nuestro caso concreto nos referimos a la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la sede norte del Cauca de la Universidad del Valle. Para nosotras, en este programa de formación se generan estrategias para que los y las estudiantes refuercen su capacidad de pensamiento crítico ante las realidades en las que estamos inmersos, promoviendo iniciativas de intervención en espacios de construcción con sectores populares, organizaciones de base y comunidades.

Estos procesos están orientados a contribuir a cambios integrales que puedan mejorar la vida y el restablecimiento de los derechos de las personas, así como generar condiciones para que las poblaciones puedan ser más proactivas ante sus propias problemáticas.

Es aquí donde la convicción con la que algunos estudiantes universitarios realizamos un proceso de formación y adquirimos un carácter reflexivo en cuanto a la realidad que nos permea, nos permite perfilar nuestro quehacer profesional, que no está amarrado a un solo paradigma, enfoque o teoría; es decir, como lo menciona Etcheverry (2003), los futuros profesionales debemos tener la convicción reflexiva y crítica de lo que nos rodea, ser capaces de analizar el día a día de la sociedad y de recapacitar lo que sucede con ella.

La apuesta del trabajo social por lo comunitario Antes de adentrarnos en la discusión del quehacer del trabajo social dentro de la organización, en este caso indígena, resulta pertinente realizar una breve descripción conceptual de la profesión. El trabajo social se caracteriza por la búsqueda incansable de potencializar las habilidades de las personas, promover el cambio social y el bienestar y la resolución de los diferentes conflictos que se pueden presentar en las relaciones humanas.

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De esta manera, el trabajo social como profesión no se presenta ajeno a la realidad cambiante y ambivalente que atraviesa nuestra sociedad, dado que uno de los grandes males (la desigualdad) encaja dentro del marco del asistencialismo, sin fortalecer realmente cambios positivos para todos.

Pero contrario a lo que piensan algunas personas, el auge del trabajo social está en este contexto de desigualdad, ya que las comunidades, los sectores populares y todos aquellos que no son tenidos en cuenta, hacen un llamado a gritos para generar reflexiones y cambios al interior de sus propios contextos y procesos, tarea a la cual puede contribuir el trabajo social. Es posible que muchas veces la acción de la profesión contribuya con el modelo mercantilista, o por el contrario, busque nuevas opciones de transformación de la realidad a pesar de las condiciones de exterminio que amenazan a las clases populares.

Asimismo, la formación académica y, por ende, la Universidad, se nutren de los espacios reflexivos y de construcción que se dan dentro de la sociedad, entre ellos los diferentes movimientos sociales.

Teniendo en cuenta esta situación, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle ha venido propiciando que sus integrantes se fortalezcan en ámbitos comunitarios a través de prácticas académicas que les permitan vincularse con las comunidades y enriquecer sus propios conocimientos. Al mismo tiempo, este tipo de estrategias de formación permite que los y las estudiantes valoren los saberes que se dan por fuera del aula, que resultan quizás igual de importantes a los adquiridos en la academia. Ambos conocimientos hacen posible que el futuro profesional tenga a posteriori una visión holística para desarrollar mejores procesos de intervención.

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La práctica de trabajo social en la Cxhab Wala Kiwe Las prácticas académicas se consideran un momento específico en la formación, en donde los y las estudiantes debemos confrontarnos con la realidad, poner a prueba los conocimientos adquiridos en la universidad y nuestra capacidad de respuesta ante las exigencias del entorno, reforzando el grado de adquisición de habilidades en torno a las relaciones con los demás y al afrontamiento de situaciones particulares.

De esta manera, nuestra práctica de trabajo social en la ACIN tenía como objetivo inicial apoyar y acompañar el proceso de formación de las Escuelas de Animadores de la Armonía Familiar en algunos resguardos de la zona norte del Cauca3 contribuyendo en temáticas como las historias de vida y la resolución de conflictos, además de la elaboración de relatorías y el aprendizaje constante sobre los procesos comunitarios. Sumado a ello nos propusimos comprender cómo se puede desarrollar la epistemología de la intervención, entendida como la necesidad de no fragmentar la intervención y de ver la interdisciplinariedad como una necesidad para un ejercicio pertinente (Muñoz, 2011). Sin embargo, con el transcurrir de los días, y con la necesidad de darle respuestas a las necesidades del programa de Familia de la ACIN, se incorporó dentro de los objetivos nuestra participación y contribución en la Mesa de Familia para el diseño de los Caminos de Acompañamiento4 que constituyen un espacio para la construcción de políticas sobre la familia al interior de la ACIN. El objetivo de las Escuelas de Formación de Animadores de la Armonía Familiar es 3 4

Delicias, Concepción, Canoas, Munchique, Tóez, López Adentro y Nasa Kiwe.

Los caminos de acompañamiento son herramientas que facilitan a los diversos cabildos el proceso de intervención sobre algunas problemáticas que afectan la armonía, es decir, que estos caminos refuerzan la justicia propia.

facilitar herramientas para que los comuneros y las comuneras indígenas tengan la capacidad de orientar problemas de desarmonía familiar.5 Al mismo tiempo, se busca que los animadores y animadoras cuenten con la convicción de posicionar y visibilizar el tema de familia ante las Asambleas Comunitarias y las Autoridades Tradicionales. Para alcanzar estos objetivos, se trabajan temas relacionados con la cultura, el género, la violencia y las experiencias de vida de cada uno de los participantes en la formación, de esta manera hemos logrado reflexiones constantes sobre la cotidianidad y las problemáticas familiares, y tenemos la proyección de continuar fortaleciendo habilidades relacionales y de liderazgo.

Desde nuestra experiencia como estudiantes en práctica académica en la Çxhab Wala Kiwe - ACIN, vemos que es fundamental tener en cuenta que dicho escenario funciona bajo un soporte comunitario, de gobierno propio de los pueblos indígenas, que se relaciona e interactúa con el Estado, con organizaciones privadas, sociales y populares, para fortalecer su proceso. En este sentido, hemos experimentado que la ACIN para su desarrollo permanente requiere saberes profesionales y sabedores comunitarios, generando escenarios de interculturalidad que nos han permitido a nosotras como estudiantes fortalecer nuestro conocimiento sobre la realidad, consolidar una opinión crítica y acercarnos a los conocimientos de las comunidades.

La experiencia que hemos tenido a través de nuestra participación en el programa de Familia y otros espacios de la Çxhab Wala Kiwe - ACIN, nos han planteado la necesidad de involucrarnos dentro de la cultura del pueblo nasa, pues no se trata solo de respetarla, sino de interrelacionar con ella a fin

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La desarmonía familiar hace referencia a situaciones conflictivas que se viven y que alteran la armonía dentro de la familia y el territorio.

de generar un proceso de intervención más adecuado y sólido.

Conclusión A partir de todo lo anterior, y teniendo en cuenta nuestra condición de profesionales en formación, resulta pertinente mencionar que los parámetros bajo los cuales la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano guió nuestro proceso permitieron que orientáramos nuestros intereses hacia lo comunitario, es decir, que aún podemos rescatar la convicción de la necesidad de una formación integral. Así mismo, el hecho de encontrarnos en una organización como la Çxhab Wala Kiwe ha permitido que nuestra formación se complemente en espacios y escenarios interculturales. Constantemente nos estamos fortaleciendo como profesionales y personas, confrontándonos con nuestras experiencias y prejuicios, reconociendo las riquezas culturales con comuneros y comuneras, y con los y las profesionales que convergen y aportan desde sus conocimientos para la consolidación de los Planes de vida del pueblo nasa y sus mandatos comunitarios.

Referencias Etcheverry, G. J. (2003). Universidad y sociedad: relación conflictiva e imprescindible.

Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Galeano, C., Rosero, K., Velázquez, P. (2011), Reflexiones y retos de la práctica académica en Trabajo Social. En Revista Prospectiva. Santiago de Cali: Universidad del Valle.

Muñoz, G. (2011). Contrapuntos epistemológicos para intervenir lo social: ¿Cómo impulsar un diálogo interdisciplinar?

Cinta de Moebio. Disponible en: http://www.facso.uchile.cl/ publicaciones/moebio/40/munoz. pdf. (Consultado el 7 de septiembre, 2012).

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Diplomado en Derecho Internacional y Pueblos Indígenas

El Diplomado en Derecho Internacional y Pueblos Indígenas es un espacio de aprendizaje y reflexión coordinado por el Espacio de Formación en Derecho Propio Cristóbal Secue del Tejido Justicia y Armonía y la Casa del Pensamiento de la Cxhab Wala KiweAsociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Tiene como propósito principal profundizar los conocimientos en derecho internacional y pueblos indígenas de hombres y mujeres del pueblo nasa y otros pueblos indígenas del Cauca para el fortalecimiento del Sistema Propio de Justicia en el marco del Plan Territorial Cultural.

El Diplomado busca darle continuidad a la formación de tejedores y tejedoras que participaron en el Espacio de Formación en Derecho Propio Cristóbal Secue, al personal de los diferentes tejidos o programas del Cxhab Wala Kiwe, a los representantes de los 19 cabildos que conforman la ACIN, a comuneros y comuneras que se forman en los procesos autónomos que ofrecen los distintos tejidos y programas de la ACIN, garantizando una amplia participación y una mirada integral y diversa de los contenidos que se desarrollan en las sesiones del proceso de formación.

Las distintas realidades a las que se ven abocadas los pueblos indígenas en el mundo han permitido el desarrollo de una legislación internacional que busque la mayor protección de sus derechos, principalmente su derecho al territorio, situación que no es ajena a la realidad que viven los pueblos indígenas en Colombia y, por supuesto, el pueblo nasa del norte del Cauca.

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Desde el pasado mes de abril se realizan las sesiones presenciales del diplomado, durante tres días consecutivos, la última semana de cada mes; hasta el momento se han llevado a cabo cuatro sesiones de seis programadas. El diplomado se realiza en el resguardo de Huellas-Caloto, en la vereda Bodega Alta.

Conocer los instrumentos y los mecanismos de derecho internacional existentes permite avanzar en la cualificación de nuestros líderes, comuneros y, asimismo, fortalecer los programas de justicia de cada uno de los cabildos que conforman la Cxhab Wala Kiwe, así como a los representantes de cada uno de los tejidos y programas que conforman la ACIN. También ayuda a plantear algunas posibles rutas jurídicas por la reiterada vulneración de los derechos humanos en el territorio y las infracciones sistemáticas del derecho internacional humanitario por parte de los diferentes actores armados que libran su guerra en nuestro territorio.

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Corte Penal Internacional (CPI). Estatuto de Roma.

Entre las personas que nos han acompañado se encuentran:

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Tribunal de Justicia de la Haya.

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Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Convenio, pactos y sentencias emitidas en relación con los pueblos indígenas en América. Caso Awas tingni vs Nicaragua, Caso Inés Fernández vs México, Caso Moiwana vs Surinam, Caso Saramaka vs Surinam, Caso Yakye-Axa vs Paraguay, Caso Xakmok Kasek vs Paraguay, etc.

Mikel Berraondo: Organización Almáciga de España, quien ha acompañado algunos litigios de pueblos indígenas en Paraguay, Panamá y Colombia principalmente.

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Derecho Internacional Humanitario y su cumplimiento en el marco del conflicto armado colombiano.

Justicia transicional.

Milos Kusz y Sonia Paredes: Centro Internacional para la Justicia Transicional, conocedores del tema de justicia transicional en situaciones de posconflicto o posregímenes autoritarios.

Barrington Salomon López y Jhilly Nelson Ortiz: Comunidad Mayagna de Awas tingni (Nicaragua).

Jorge Bastidas: Fundación Tierra de Paz. Natalia Orduz y Sandra Santa: Dejusticia.

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Constitución Política de Colombia y Pueblos Indígenas.

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Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Uno de los propósitos del diplomado es poder documentar casos de vulneración de derechos humanos que se han presentado en el territorio de la Cxhab Wala Kiwe a fin de poder realizar la exigibilidad correspondiente para cada caso ante las instancias competentes.

Los temas han sido orientados por expertos que han venido desde distintos lugares a apoyar este proceso que se ha iniciado y que ha permitido conocer otras experiencias de exigibilidad de derechos en el continente a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de las Naciones Unidas, junto con la legislación nacional.

El diplomado cuenta con una participación aproximada por sesión de 60 personas de los programas jurídicos de los diferentes resguardos y cabildos de la Cxhab Wala Kiwe, de los tejidos y programas de la ACIN, y además también participan personas del pueblo yanacona y totoró, así como indígenas nasa de los cabildos de Florida (Valle).

Otros temas de preocupación de los pueblos indígenas en el país que han sido abordados y discutidos son:

Los temas que se han abordado tienen que ver, principalmente, con el conocimiento de los mecanismos e instrumentos existentes para la exigibilidad de los derechos humanos en el mundo: QQ

Sistema de las Naciones Unidas (ONU): Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Convenios, etc.

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El nuevo contexto en la construcción de la paz

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Equipo de Paz - Casa de Pensamiento ACIN ¿Por qué terminar la guerra? La pregunta es obligada para saber si los anuncios del presidente Santos y el comandante Jiménez son esperanzadores o no. Para nosotros lo son porque las conversaciones no corresponden a la mera voluntad política de los actores para iniciar un proceso que puede tener algunos réditos políticos (reelección el uno, reinclusión en el mundo político el otro).

Lo cierto es que el estancamiento catastrófico de la confrontación armada es evidente. El modelo de guerra impuesto con el Plan Colombia se agotó para los propósitos del Gobierno; la ventaja aérea y la tecnología satelital, junto al incremento masivo del pie de fuerza, lograron un éxito que determinó su agotamiento, pues una vez la guerrilla fue obligada a dispersar sus fuerzas y abandonar las operaciones de numerosas unidades armadas, los súper tukanos se hicieron superfluos. El empantanamiento también es sentido por la guerrilla; aunque ha aumentado sus hostigamientos desde el 2008, esta no representa cambios en la estructura de la guerra ni una posibilidad de acumulación político-militar sustancial. También en el campo de la propaganda, pues la estrategia de atacar blancos de prestigio perdió su eficacia mediática y ya nadie considera impactante que un comandante de las FARC sea dado de baja. De tal modo, se avizora(ba) una guerra de desgaste sin posibilidad de cambios.

A lo anterior viene a sumarse el fin de la financiación gringa y el fracaso en la implementación del Plan de Consolidación, cuyo resultado ha sido la militarización sin control territorial, los precarios logros en la reinstitucionalización

civil y la poca credibilidad en el “desarrollo armado”. Todo eso por la burocratización del ejército, interesado más en hacer la guerra y mostrar aparentes triunfos, que en ganarla, como se evidencia en los mal llamados “falsos positivos”, una respuesta militar burocrática a la presión "civil".

Pero quizá el elemento más determinante para que la solución negociada del conflicto armado sea creíble, es que el actor fundamental de la reproducción y continuidad de la guerra —el latifundio— es más débil y vulnerable en este momento, precisamente por su visibilidad y por su fortaleza. En efecto, sus innegables y mil veces demostrados vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, así como lo inaceptable que resultó para la oligarquía colombiana que mostrara sus ansias de sacar del juego a amplios sectores de la propia burguesía, lo hacen blanco fácil de una acción combinada de dicha oligarquía que viene acudiendo sibilinamente a la justicia y ante el Gobierno estadounidense para judicializarlo.

En suma, el conflicto armado debe resolverse porque estamos perdiendo todos y todas. Con ello no se quiere ocultar que hay otras motivaciones que juegan en el actual contexto, incluidos los intereses del establecimiento criollo y el capital transnacional para facilitar sus negocios extractivos, y el oportunismo político de toda estirpe.

Ahora bien, esos elementos determinantes no hubieran podido desatarse si no hubieran ocurrido diversos hechos de paz, incluidos los realizados por los propios actores armados.

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Desde la engañosa frase de la “llave de la paz no está en el fondo del mar”, pasando por la liberación de secuestrados y las cartas de Timochenko anunciando un nuevo lenguaje, para terminar en el llamado de Santos a los indígenas del Cauca proponiendo ser "aliados para la paz".

Se trataba de preparar o buscar una salida al pantano guerrerista que dejó Uribe. Sin descontar que la encerrona de la derecha “denunciando” las negociaciones precipitó la publicidad de los diálogos.

Pero solo las organizaciones populares lograron desempantanar la situación, especialmente con lo que algunos han llamado acciones radicales por la paz o el “atravesarnos a la guerra”, como lo han dicho los indígenas del Cauca. En estas acciones se incluyen la movilización indígena y afro de Caloto a Villa Rica (en el Cauca), el Congreso de los Pueblos de Bogotá y su sesión de Congreso de Tierras y Territorios, el Encuentro Indígena, Afro y Campesino de Barrancabermeja y, con mayor fuerza, la reciente gran movilización de los indígenas nasa del norte del Cauca expulsando a la fuerza pública, desmontando trincheras, sancionando milicianos de la guerrilla, etc. La característica esencial de este despertar es la creciente movilización de las organizaciones de base, más que la movilización de la opinión pública.

El saldo de esta movilización por la terminación del conflicto, que se fraguó los últimos dos años, fue la creación de un pequeño bloque de organizaciones de base y comunitarias por la paz, que en el actual momento pueden servir de base para un gran movimiento social por la paz. Asimismo sirvió para que la insurgencia y sus bases sociales fueran sensibilizadas sobre la urgencia de terminar la guerra y sobre las posibilidades de la acción política en un contexto de terminación del conflicto armado. Lo que no debe ocultarnos que persiste la timidez y la poca audacia en la respuesta política del campo popular, como lo confirma el desperdicio del Seminario de Caloto para preparar el Congreso para la Paz (agosto de 2012), que fue incapaz

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de la guerra es diferente a la agenda de la construcción de la paz. Por lo menos las FARC han entendido que la solución de los problemas estructurales que produce el capitalismo no son precondición para terminar la guerra como algunos siguen sosteniendo —discurso que se vuelve a veces un obstáculo para avanzar en la solución negociada— sino que la terminación de la guerra debe abrir un gran periodo de reformas estructurales.

de ver los tiempos políticos y se mantuvo en un campo gaseoso de análisis, al punto que la noticia de los diálogos “sorprendió” a varios de sus asistentes.

Los desafíos para una paz democrática El anuncio de las negociaciones otorga la primacía a los actores armados en la construcción de la agenda. Tanto porque hay una exclusión consciente de las organizaciones sociales por parte de los actores armados (Estado y guerrilla), como por el esquema de la negociación (en el exterior) y el protagonismo mediático que van adquiriendo los voceros armados. Eso nos obliga a un esfuerzo adicional para que nuestros puntos de vista sean impactantes en la sociedad nacional; con esa certeza, lo que resulta relevante es intervenir para darle respuesta a los desafíos de la negociación. Consideramos que deben atenderse por lo menos los siguientes: 1. El Gobierno piensa la solución del conflicto en clave neoliberal y reeleccionista, vale decir, una paz barata y propagandística, con mínimos cambios restringidos en el ámbito de la participación política, las condiciones para la reinserción en la vida civil y la desmovilización. Obviamente nuestra intención es que la negociación conduzca a una paz popular, con profundas transformaciones sociales y políticas que eviten realmente que sectores de la sociedad acudan a las armas para resolver sus demandas. Pero también es claro que se requiere una correlación de fuerzas que garantice esta expectativa, que no existe ni en la guerra ni en la movilización social. Así las cosas, lo razonable es que la negociación conduzca a una “paz democrática”, donde mínimamente se incluyan las medidas que impidan que la guerra renazca a corto plazo, mientras la movilización popular crea las bases de dicha paz con contenidos de justicia social.

Los puntos pactados en La Habana tienen la ventaja de que no son maximalistas, precisando que la agenda para la terminación

En ese sentido, hoy se hace urgente presionar al Gobierno a hablar sin ambages de una negociación "con contenido" y precipitar hechos políticos que la faciliten.

2. Ese es justamente nuestro segundo desafío: sabemos y compartimos que para terminar la guerra se requieren cambios importantes en el régimen político y el modelo socioeconómico, pero no tenemos acuerdo en cuáles son y cuál es su alcance. Pues aunque la agenda estratégica está más allá de lo que negocien el gobierno y la guerrilla —y es innegociable—, también sobre la agenda de La Habana tenemos y debemos hablar.

Es necesario profundizar en los temas de la agenda de terminación del conflicto y elaborar una primera hipótesis/borrador de los contenidos de dicha "solución política".

Afortunadamente, las organizaciones sociales han programado ya algunos encuentros de trabajo para pronunciarse frente a cada punto de esa agenda. El más tema sensible es el de tierras, que el Gobierno se ha negado a abordar como reforma agraria; de cualquier modo, la agenda permite una discusión en varios planos que son estructurales. Las organizaciones rurales debemos pactar una solución a las tensiones entre expectativas territoriales de indígenas, afros y campesinos, que tenga como saldo el respeto de los derechos ancestrales de los pueblos por el territorio, la ampliación de formas de gobierno territorial que ya tienen una experiencia exitosa en las autoridades indígenas, la detención del avance del modelo de desarrollo

empresarial corporativo, y la ruptura cierta de la hegemonía política del narco-latifundio armado, especialmente su expresión política paramilitar.

Pero es igualmente clave incidir en la discusión sobre las condiciones para la lucha popular, hoy por hoy criminalizadas; varias de estas condiciones no se van a discutir abiertamente en La Habana, y aparecen en la agenda como “reformas institucionales” que el Gobierno realizaría paralelamente, es decir, son parte de la negociación oculta; nos corresponde hacerlas visibles en temas como la depuración de la fuerza pública, que incluya su reducción y la resocialización de sus miembros, y en general la transformación sustancial de los mecanismos para exigir los derechos, especialmente a la movilización, a la protesta, a la organización social-popular y a la realización directa de los derechos. Las mesas de negociación del CRIC con el Gobierno nacional deben servir a este propósito.

Otro asunto central debe ser la tensión entre la paz y los derechos de las víctimas. La derecha, utilizando la vocería de las víctimas, señala recurrentemente que la negociación debe reducirse a un sometimiento a la justicia de la insurgencia y a que paguen los delitos cometidos, al tiempo que excluyen la posibilidad de participación política de los insurgentes en el posconflicto; poco dicen de los crímenes cometidos por el Estado, y dan por supuesto que los cometidos por el paramilitarismo ya fueron saldados. Por supuesto, esta posición no es otra cosa que oponerse a la terminación de la confrontación militar. Las organizaciones populares debemos realizar una reflexión profunda sobre este dilema. Ni la impunidad ante crímenes de lesa humanidad, ni una paz punitiva que prolongue la guerra y victimice aún más a las comunidades.

Será objeto de mucha creatividad pensar en un mecanismo que no obstruya la negociación directa entre el Estado y la guerrilla, pero que permita nuestra incidencia real y

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vo al uribismo. Por eso es fundamental que impulsemos grandes movilizaciones para aislarla; nuestra convicción es que se requiere ir más allá de lo popular en este empeño; estamos convencidos de que hay sectores —incluso del establecimiento— que están dispuestos a aislar a la extrema derecha, posicionar a la sociedad civil como actor del proceso, demandar compromisos humanitarios de ambos actores e insistir en el cese al fuego.

decisoria en temas que por supuesto no competen exclusivamente a dichos actores. Es clave en esto la participación de las organizaciones de mujeres y de víctimas, tradicionalmente relegadas en procesos de negociación.

3. Los grupos insurgentes han manifestado estar dispuestos a terminar la guerra con unas condiciones dignas y de seguridad para el quehacer político. Aunque esto es deber del Estado, desde las organizaciones populares podemos facilitar este acceso. En primer lugar, presionando sistemáticamente para que haya compromisos más fuertes de la insurgencia con la terminación del conflicto que ayuden a posicionar la solución negociada entre sectores escépticos; pero asimismo, educar a la insurgencia sobre las condiciones para hacer política no armada, pues su herencia autoritaria va a ser un problema serio en el posconflicto.

Pero en lo inmediato debemos lograr los acuerdos y compromisos humanitarios que de tiempo atrás venimos exigiendo. Es urgente que la guerrilla y el ejército se comprometan, con mecanismos de verificación, a no seguir infringiendo el derecho internacional humanitario. Los bombardeos y el uso de armas de efecto indiscriminado, el reclutamiento o uso de menores, la violencia sexual contra las mujeres, el desplazamiento forzado, son temas que requieren respuesta inmediata.

4. Persiste una opinión pública a favor de la guerra, que aunque está en proceso de dispersión no ha desaparecido. A pesar de las encuestas que hablan de un 74% de la población a favor de la negociación, queda trecho para reforzar la percepción de la sociedad sobre la viabilidad de una solución política negociada para que la extrema derecha que se opone a la negociación no pueda renacer con agresividad ante cualquier provocación.

Hoy menos que nunca debemos confiarnos en las encuestas, pues la opinión es volátil y en cualquier momento acompaña de nue-

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5. Con los anuncios del Gobierno algunos sectores del establecimiento (liberales, verdes, empresarios) aceleraron el proceso de deslinde de la opción uribista y guerrerista. Corresponde a los militantes por la paz estimular a que sectores del establecimiento se atrevan a decir más abiertamente que están por la solución del conflicto armado, por supuesto con las cautelas necesarias ante “peligrosos” aliados de la paz, como el Partido Liberal que quiere recomponerse clientelar y electoralmente a partir de acciones por la paz y las víctimas, y ante un clientelismo que no tiene problemas éticos en pasar de ser cola del uribismo a serlo del santismo en el poder.

También hay sectores de las autoridades civiles regionales y locales que quieren un cambio en la política de guerra, pues la evidente militarización de las inversiones públicas reduce sus espacios políticos y su capacidad de maniobra. Muchos de estos debates se dieron en las zonas de consolidación territorial cuando se definieron los planes de desarrollo, con un saldo agridulce para la institucionalidad civil. Con la apertura de las negociaciones se abre nuevo un espacio para rechazar este enfoque, que de no ser enfrentado oportunamente amenaza persistir incluso luego de los acuerdos de paz.

Nuestra tarea en este campo es apuntalar a las autoridades civiles para que se posicionen como un polo por la solución política, poniendo las condiciones para que el posconflicto garantice condiciones democráticas.

6. Paralelo a las negociaciones debemos avanzar en promover las reformas y los acuerdos mínimos para la construcción de la paz, agenda que deberá profundizarse una vez se logre un acuerdo. Lo más sensible para los pueblos indígenas es la garantía de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas, afro y campesino, así como el reordenamiento territorial de las comunidades sobre sus territorios y recursos naturales que garantice el Gobierno, el cual será clave para impedir el avance arrasador de la aplanadora minera; pero junto a él están el cambio del sistema electoral para que los sectores populares tengan justa representación; el acceso y control democrático de los medios masivos de comunicación; el cuestionamiento al modelo de desarrollo basado en el extractivismo minero-energético, y la garantía de mínimos estándares de satisfacción de los derechos sociales y económicos. Resultaría un error no aprovechar el escenario de La Habana para que estos temas, consustanciales a la construcción de la paz, ganen terreno en la opinión nacional.

7. Posicionar la agenda de construcción de paz es un deber, y tenemos la posibilidad de hacerlo. Eso requiere que construyamos un espacio que va más allá de la mesa guerrilla-ejército-Gobierno. Se trata de consolidar el movimiento social por la paz que ha ido gestándose, que desarrolle paralelamente la agenda de terminación de la guerra y la agenda de construcción de paz. Varias iniciativas de paz importantes se estaban construyendo o estaban funcionando desde antes del anuncio de los diálogos. Esa es una enorme ventaja porque tenemos ideas muy avanzadas sobre lo que debemos hacer. Pero el proceso de articulación estaba a medio camino. La aceleración de los tiempos políticos nos obliga a profundizar la decisión de trabajar unificadamente.

La ACIN ha venido participando en todas las iniciativas de paz a que ha sido invitada en

los últimos cuatro años, desde cuando hablar de terminar la guerra era un sacrilegio en medio de la grosería uribista, por la convicción de que si hay un asunto donde nadie sobra y todos y todas faltan es el de terminar la guerra y avanzar en la construcción de la paz. Ese espíritu amplio e incluyente se requiere ahora más que nunca. Justo ahora el país requiere que los defensores de la vida incorporen los cambios necesarios a las propuestas e iniciativas que hemos venido realizando —legítimas todas, pero no articuladas del todo— y promovamos iniciativas que incluyan a todos y todas. Además de invitarlos formalmente a nuestros espacios, debemos agregar una voluntad descomunal para ceder en algunas de las propuestas que venimos diseñando o en los ritmos de implementación.

Estas semanas hemos venido reflexionando sobre varios tipos de acciones de connotación nacional, entre otras el llamado a un hecho político nacional de gran impacto que blinde los nacientes escenarios de negociación del Gobierno y las insurgencias, fortalezca la opción ciudadana por la solución política, visibilice la voluntad protagónica de la sociedad civil, aísle a los enemigos de la paz, insista en la necesidad de un cese al fuego y presione a los armados a no pararse de la mesa sin un acuerdo definitivo; es de suponer que se trataría de varias acciones.

Asimismo, sobre la creación de un escenario nacional de paz reconocido por la sociedad civil, el Gobierno y las insurgencias, donde pongamos al país a discutir sobre los temas de la agenda de terminación del conflicto armado (que han firmado el gobierno y las FARC, y probablemente en el futuro el gobierno y el ELN) y los temas de la agenda de construcción y consolidación de la paz; sería igualmente un escenario para lanzar nuevas iniciativas y propuestas sobre el curso de las conversaciones.

Es necesario diferenciar los espacios de confluencia popular donde adelantamos la

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agenda de movilizaciones contra el neoliberalismo —que ya existen y probablemente se mantendrán durante y después de las negociaciones para terminar el conflicto armado— y los espacios de construcción de paz. Estos segundos espacios obviamente no pueden tener exclusiones ideológicas, pues convergen en él todos quienes apuesten por terminar el conflicto armado por vía de diálogos políticos; tampoco pueden basarse en un acuerdo filosófico sobre la paz, pues es claro que tenemos diferentes visiones al respecto.

Si el Congreso para la Paz, las Mesas de Trabajo por la Paz que se han propuesto, la Ruta Social Común para la Paz acordada en Caloto, las Constituyentes para la paz, quieren ser ese espacio dinamizador del movimiento social por la paz, no solo deben unificarse, sino también renunciar a ser parte de una estrategia partidista o de un sector político determinado. Si ello no es posible —lo que sería lamentable y miope—, igual sigue siendo necesario crear dicho escenario amplio de convergencia donde podamos realizar un diálogo nacional por la paz entre el movi-

miento popular, sectores del establecimiento y la institucionalidad pública, la academia y las confesiones religiosas.

Solo así será posible posicionar los temas de la agenda nacional de paz, abordarlos y crear hechos políticos incontrovertibles para los negociadores y para el país entero.

8. Pero la guerra sigue. Ejército y guerrillas no dejarán de usar el viejo recurso de escalar la guerra para buscar ventajas en la mesa de conversaciones. Y son de prever los aletazos de los paramilitares para provocar a la guerrilla y atacar al movimiento popular presionando la ruptura de los diálogos y la pérdida de legitimidad de los mismos y para “saldar cuentas”, es decir, finiquitar su plan de muerte contra el movimiento popular antes de un posible posconflicto que les impida actuar a sus anchas como ahora.

Por eso mismo sigue siendo una tarea, quizá la principal en este contexto, atravesarnos a la guerra y proyectar miles de acciones radicales de paz que impidan a los actores armados mantener sus acciones.

“Somos más los colombianos y colombianas que queremos la paz” Entrevista a Nelson Lemus Cruz, Coordinador Equipo de Paz de la Cxhab Wala KiweACIN, realizada por la Casa del Pensamiento.

Jueves 9 de agosto de 2012. ¿Cuáles fueron las causas de los hechos que se presentaron los primeros días del mes de julio de 2012 en Toribío?

Hay un hecho que cumplía ya un año y fue la explosión de la chiva bomba en Toribío que puso las FARC en el casco urbano y afectó de manera muy grave a la población civil. Ese hecho llevó a que hiciéramos como organización, con las autoridades, la guardia y la comunidad, un evento para analizar toda la afectación del conflicto armado en los territorios indígenas. Entonces nos juntamos la ACIN y el CRIC y se hizo la resolución del 20 de julio de 2011, que plantea básicamente: 1. Hacer un trabajo de concientizar a las comunidades sobre la afectación de la guerra, con visitas veredales, a los cabildos, a las familias, a los proyectos comunitarios de los diferentes sitios de la Cxhab Wala Kiwe, como Cerro Tijeras, Miranda, Corinto entre otros, y de hecho empezamos ese trabajo el año pasado. 2. Reactivar los sitios de control con la guardia indígena en puntos muy importantes dentro del territorio. Para nosotros la concepción que tenemos del territorio es que es sagrado, pero hay unos puntos que son muy claves para todo lo que es la vida y el desarrollo cultural, el trabajo que se hace desde la espiritualidad con los thé walas y eso representa la armonía y cuando no se pueda hacer hay desarmonía en la comunidad. Se plantea el tema del control territorial con la guardia en los sitios, en los caminos, como se hizo en El Tierrero, en Zumbico, en Canoas, en Munchique para que hicieran todo el trabajo del control territorial, hubo un despertar, un fortalecimiento de ese trabajo que hace la guardia, que es controlar y vigilar el territorio para que estemos en armonía. 3. Realizar una gran asamblea en donde pudiéramos llamar al Gobierno a un debate sobre la afectación de la guerra en nuestros territorios, manifestarle que estamos cansados de la guerra y por lo tanto necesitamos hacer un debate sobre las causas estructurales del conflicto armado y cuál es la afectación que como pueblos indígenas estamos sufriendo, así mismo plantearle que es necesario y urgente buscar una salida negociada al conflicto. ¿Qué acciones han realizado como Cxhab Wala Kiwe en la búsqueda de cumplir con la Resolución de Toribío del 20 de julio de 2011?

Lo que sucedió el día de la venida del presidente Santos y los días posteriores, la acción de levantar las trincheras, de ir al cerro de Berlín y exigirle al Ejército que saliera del territorio, además la aplicación de remedio a los cuatro guerrilleros que estaban disparando tatucos en el momento que la comunidad ocupaba el cerro Berlín. Todos estos hechos son el cumplimiento de la resolución mencionada anteriormente, que mandata hacer acciones de desmilitarización del territorio.

Entiéndase esto como la salida de todos los actores armados del territorio, representa también que estamos cansados de la violencia y que nosotros creemos que la guerra se está haciendo entre dos y a estos hay que decirles ¡No más! Esta guerra hay que pararla, hay que decírselo a la Fuerza Pública, al Gobierno y hay que decírselo también a la guerrilla. Yo creo que las acciones

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hechas representan ese mensaje, que es fuerte, que es difícil para las comunidades indígenas de cumplirlo, pero diríamos ese espíritu de resistencia, ese espíritu de autonomía, ese espíritu de identidad como pueblo nasa, nos ha permitido accionar, despertarnos y seguir reclamando el derecho que tenemos como pueblos indígenas, como lo son el derecho al territorio, el derecho a vivir tranquilos, a la salud, a la educación y lo más importante: el derecho a la Paz, que está en el artículo 22 de la Constitución. El artículo 22 es claro y dice que todos los colombianos tenemos el derecho a la paz, entonces creemos nosotros que estas acciones ayudan a la construcción de la Paz, pues la vía de las armas por cualquier factor que sea, apunta hacia la guerra y la guerra nos afecta, nos daña, nos destruye, ese es el mensaje que estamos planteando nosotros al pueblo colombiano y ese el mensaje a Santos y a las FARC. ¿Por qué el cerro Berlín es importante para ustedes?

Este sitio tiene varias interpretaciones, el cerro de Berlín es un lugar donde se han librado históricamente batallas, del cerro del Berlín hacia la cruz hay una zanja, esto indica que en ese cerro se dieron batallas muy fuertes con los españoles, cuando la invasión. Claro que el fundamento principal del cerro Berlín es el cultural, allí habitan los espíritus mayores y en ese sentido, los mayores lo conciben como un cerro donde hay mucha fuerza positiva, pero también fuerza negativa y si llega otro actor u otro extraño ahí lo que genera es desequilibrio. Para la gente representa un lugar sagrado para hacer sus trabajos medicinales y pagamentos, para hacer los rituales, los mayores y la comunidad, también allí se hacían eventos grandes, asambleas, pero una vez se instaló el Ejército, la gente dejó de ir al cerro, porque quedó invadido por el Ejército, representa entonces la vida cultural, representa mantener los rituales y representa para la comunidad mantenerse en armonía y en equilibrio.

Ustedes han planteado la realización de diálogos humanitarios para hablar con los diferentes actores armados, ¿por qué?

Para nosotros la paz está concebida como una vida tranquila, estar en el territorio, tener derecho a la salud, a la educación propia, tener bienestar, en ese sentido, le planteamos al Gobierno que es urgente buscarle una salida negociada al conflicto, y hay un paso clave previo a eso que es realizar diálogos humanitarios. Para nadie es un secreto que en las comunidades indígenas nos ha tocado hablar con los grupos armados para evitar muertes, el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, el minado de nuestro territorio, la violencia sexual hacia las mujeres por parte de cada uno de los actores armados, para evitar que se siga rompiendo ese tejido social de Autonomía que estamos construyendo. Nosotros lo que decimos es que esos diálogos humanitarios deben darse con la comunidad, con las Autoridades Indígenas y abrir así un espacio más amplio de diálogos humanitarios que permitan en una mesa aterrizar toda la problemática que se vive en el territorio y de esta manera exigirle a los actores armados para que respeten a la población civil y por lo tanto cumplan el DIH, pero que a su vez eso contribuya a la construcción de una agenda hacia una salida negociada al conflicto. Por eso pedimos al Gobierno Nacional que no vete a las comunidades para que hablen con los diferentes actores armados, sino al contrario, haya un diálogo de construcción de paz, desde las comunidades. ¿Cómo entender la creciente militarización del territorio por parte de las Fuerzas Armadas en el norte del Cauca?

Esto hace parte de una estrategia del Gobierno que busca implantar el Plan de Consolidación Territorial aquí en el norte del Cauca y en otros sitios del país. Realmente lo que nosotros

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vemos es que esa consolidación se entiende como más militarización, para posteriormente apoyar y darle cabida a las multinacionales, darle seguridad a las multinacionales, pero de ninguna manera dar seguridad y tranquilidad a las comunidades que vivimos en estos territorios. Somos dueños de estos territorios, por nuestros ancestros, por jurisdicción y porque lo habitamos, por eso lo defendemos, pero este aspecto no compagina con lo que nosotros estamos construyendo como pueblo nasa. El Plan de Consolidación Territorial lo que nos va a hacer es más daño, desplazándonos de nuestros territorios y esto es justamente lo que no queremos, en ese sentido, es que caminamos y planteamos que haya desmilitarización de los territorios, no queremos militares en los territorios. Yo creo que el auto 173 de 2012 de la Corte Constitucional, que plantea a los militares seis meses para devolver una porción del territorio de un resguardo en el Guaviare, permite tener un respaldo, hacer ver que lo que estamos exigiendo no es un capricho, no es un odio o una rabia que tengamos contra la Fuerza Pública y la guerrilla, que los reconocemos pero el proyecto de ellos no es nuestro proyecto, que nosotros tenemos un proyecto de Autonomía, un proyecto de vida, que necesitamos fortalecer y construir y en medio de la guerra es muy difícil construir lo que nosotros queremos. ¿Por qué es importante realizar diálogos también con otros sectores sociales de la región sobre el tema de la Paz y por qué en el Cauca?

Colombia es un país diverso y el Cauca aún más en cuanto a sectores sociales, por eso es importante vincular a otros actores para hablar de la salida al conflicto, porque además de indígenas, aquí existen comunidades afro, campesinas, aquí en la parte baja del valle del Cauca hay empresarios, aquí está la Iglesia católica, también están las iglesias evangélicas, aquí hay distintos actores que tienen que ver con la vida social y cultural de la región, de la zona norte.

En ese sentido, manifestamos que es necesario abrir escenarios de paz, hablar con diferentes actores y empezar realmente a construir una ruta que permita la construcción de paz, planteamos nosotros, por decir algo, el departamento del Cauca, porque el Cauca es un escenario donde se está desarrollando la guerra, entonces más bien poner al Cauca como un escenario de paz, donde vengan muchos actores y hablemos del conflicto armado que afecta no solamente al Cauca sino a otros departamentos del país en general. Se trata de poder negociar y dar una salida política al conflicto y nosotros como indígenas dar un aporte, un granito de arena a esa construcción de paz a nivel de país, eso le estamos planteando al Gobierno. De la misma manera, estamos planteando el debate a la guerrilla, un debate que permita buscarle una salida negociada al conflicto, una salida política, en donde la guerrilla también plantee sus propuestas, desde luego, retomando esos temas estructurales del país, el tema de la mala distribución de las tierras, los problemas del derecho a la salud, el derecho a la educación, retomando esos problemas sociales, pero que son necesarios dialogarlos, conversarlos con los actores y poder buscarles una salida, de una manera mucho más humana, de reconocernos nosotros mismos y no de acabarnos por los odios en el marco de la guerra, que no da ningún fruto, es una guerra prolongada con la cual al final terminamos en nada. ¿Por qué se atreven a decir que la Guardia Indígena está en capacidad de controlar el territorio?

Ya lo hemos venido haciendo, no es nuevo, estamos en capacidad de hacerlo. La Guardia se ha encargado de atender situaciones de emergencia humanitaria, de defensa del territorio. Las Autoridades Indígenas y la Guardia Indígena podemos ejercer el control territorial, le estamos exigiendo al Gobierno que permita que la Guardia sea la que controle y ayude a cuidar el te-

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rritorio, esto no solo disminuiría la confrontación militar sino permite el desarrollo de nuestro plan de vida como pueblos autónomos. La concepción indígena que tenemos de la Guardia es la que vigila y controla, pues que haga ese papel y que a su vez el Gobierno la reconozca. ¿Por qué y cómo piensan participar en un proceso de salida política al conflicto armado?

Queremos participar de una construcción de paz como sociedad civil, que no ocurra lo que sucedió en el Caguán, se sentaron los dos actores armados, muy poca población civil y a la final terminó en nada, nosotros queremos que si hay otro proceso de paz en el país, que estén los actores que deben estar y la sociedad civil sea la que hable de sus problemas, porque si alguien está sufriendo el problema de desnutrición, si alguien está sufriendo los problemas de educación, los problemas de falta de tierra es la población colombiana, sea negro, sea indio, sea urbano, es la gente la que está sufriendo el dolor y está sufriendo realmente los problemas. Que sea la misma gente la que pueda plantear sus mismos problemas y que nosotros los indígenas, el Gobierno y todos los demás sectores sociales generemos ese escenario para que la gente hable, yo creo que ese es un aspecto clave para seguir avanzando en esa construcción de la paz. ¿Qué piensan ustedes de los sectores que se oponen a una salida negociada al conflicto social y armado en Colombia?

Hay unos enemigos de la paz, hay unos actores que están aferrados al tema de la tierra, que creen que la tierra es solamente de ellos y la están peleando, y por lo tanto efectúan masacres, asesinatos selectivos, desplazan poblaciones y amenazan la gente para mantenerse en ese poder de la tierra, en ese poder político y también en ese poder económico, junto a sectores ligados al narcotráfico. Yo creo que la mayoría de los colombianos debemos plantear que ese no es el camino y que aquí debe haber una construcción de paz, yo creo que son más los colombianos que queremos la paz que los que realmente no la quieren, eso es lo que hay pendiente. ¿Cuáles son los temas para discutir con el Gobierno en los próximos encuentros?

Ya viene el debate con el Gobierno, posiblemente sea el 14 de agosto en La María (Piendamó), esperamos que en ese debate logremos plantear todas las problemáticas que tenemos los pueblos indígenas en el Cauca, en relación a la falta de tierra, en relación a la invasión que van a hacer las multinacionales mineras, en relación a todas las políticas insuficientes del Gobierno o que son pocos operantes, en relación al reconocimiento de la Autonomía de los pueblos indígenas, yo creo que allí habrá una discusión suficiente, amplia, que permita avanzar en este proceso y lo más importante, en la construcción de paz y que no siga la afectación del conflicto armado que tanto siente la comunidad. Yo creo que viene ese escenario. ¿Quiénes son los garantes del proceso de diálogo con el Gobierno y cuál es su función?

En la comisión creada como testigos de los diálogos entre los pueblos indígenas del Cauca y el Gobierno, está Francisco de Roux, S.J., provincial de los Jesuitas en Colombia, un tipo que conoce las experiencias de Paz en el país, representa parte de la Iglesia católica, está también el Defensor Nacional del Pueblo Vólmar Pérez, Todd Howland, Comisionado de las Naciones Unidas para asuntos de Derechos Humanos en Colombia, esos son los tres testigos, los aceptamos porque creemos que son gente que va a llevar un buen mensaje tanto al Gobierno como a la comunidad internacional y a nivel nacional también para que podamos avanzar en la construcción de paz.

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¿Qué esperan ahora de la comunidad indígena para las acciones que vienen a futuro?

Lo que necesitamos de la comunidad para lo que viene es mucha motivación, necesitamos unidad de criterio, tener enterada a la gente de lo que está pasando, que la gente esté activa en su sitio de asamblea permanente, en seguir avanzando con la comunidad en la construcción de paz, reconocer a la guardia como constructora de paz y por supuesto, seguir avanzando en la construcción de la Autonomía en la educación a través del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), la salud a través del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI), seguir avanzando en el derecho a defender la vida, continuar el trabajo día a día que hacen las comunidades en sus parcelas y también seguir avanzando en el campo organizativo, participando de las propuestas, de las acciones, de los congresos, de las asambleas y actuar de acuerdo a los mandatos, y eso nos permite continuar avanzando en la Autonomía de acuerdo a la dinámica que tenemos como pueblos.

También invitamos al pueblo colombiano a que realice movilizaciones en favor de la paz y el cese de la guerra, muchas movilizaciones, invitamos a otros actores sociales, a otras organizaciones, para seguir avanzando en el tema de la movilización pacífica, simbólica, pero que deje un mensaje al país y al Gobierno de la necesidad de realizar cambios profundos en la estructura del país. ¿Cuál es su opinión en torno al aprobado Marco Jurídico para la Paz? Yo creo que representa algunas posibilidades, pero también nosotros tenemos unas críticas porque está hecho para proteger a algunos y en ese sentido somos críticos de esa ley. Creemos que un marco jurídico para la paz lo primero que debe evidenciar es cómo se busca proteger la tranquilidad de los colombianos y colombianas, no la tranquilidad de unos cuantos que han estado en la guerra, algunos paramilitares o algunos políticos, militares, guerrilleros, sino que sea un marco que lleve a la construcción de paz, con un método participativo, con un método de debate, que surja de un proceso de mucha discusión y así lograr legitimar ese marco jurídico con el pueblo colombiano. Así como está, está hecho para reconocerle impunidad a algunos o taparles los delitos a otros y no está hecho para construir realmente una verdadera paz como la merecen los colombianos y las colombianas. ¿Qué piensa de la propuesta de reforma al fuero militar?

Este acto legislativo lo que busca es blindar más a los militares de posibles delitos que cometan en el marco del conflicto armado o fuera de este, pone a los militares a ser juez y parte, y eso no contribuye realmente en nada a la paz, lo que realmente hace es cerrar las posibilidades a la construcción de paz en el país y deja que los militares hagan de las suyas y finalmente terminan siendo protegidos por el mismo Estado, por la misma ley, y de este modo siguen haciendo sus actos que son violatorios, violatorios del derecho internacional humanitario y en últimas terminar muchos delitos cometidos en impunidad. Todo esto se sumaría a la impunidad ya existente en muchos casos y no contribuye realmente a la justicia, a la verdad y a la reparación que es lo que nosotros reivindicamos. ¿Cuál es su opinión frente a los cultivos de uso ilícito?

Yo creo que eso es un problema que tenemos que ir trabajando hacia su disminución en nuestros territorios, es tarea de la comunidad y de los cabildos, pero también es un problema del

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mercado. La producción tanto de la marihuana y de la coca está beneficiando a los actores armados, tanto al Ejército como a la guerrilla. Aquí se hace necesario que la comunidad haga un planteamiento de cómo replantear esos cultivos pero con un plan, un plan que incluya reforma agraria, de fortalecer la autonomía alimentaria en las comunidades, que sean familias agricultoras, que se les facilite el cómo producir la yuca, el plátano, las frutas, el cómo transformar la mora, cómo producir trucha, cómo transformarla, apoyar esas iniciativas que las comunidades vienen construyendo, esa sería una manera para que avancemos en una economía más equitativa y más justa. Que no se fortalezca una economía artificial como la que está actualmente, de la cual se benefician unos que ni siquiera están en la zona, se benefician y el recurso se va y termina es afectada la población civil. A esto se suma también que nuestros jóvenes están pasando al consumo, situación muy grave para nosotros, porque pasamos de cultivadores a consumidores y eso afecta y degrada a la sociedad, por ello nosotros planteamos que es urgente un plan alternativo económico que permita eso, porque de lo contrario uno no puede decirle a la gente arranque, deje de sembrar, sin tener ninguna alternativa.

En el actual modelo de desarrollo, ¿qué paz se requiere? ¿Qué cambios debería haber para que se dé una paz con justicia social?

Son cambios estructurales, cambios como el tema de la concepción de la tierra, para nosotros la concepción de la tierra es la de la tierra como proveedora del alimento, es nuestra madre, para la concepción neoliberal es que la tierra hay que cogerla, hay que usarla, hay que extraerle sus minerales y para un fin meramente económico y realmente no para convivir con ella. Es decir, en el tema del desarrollo tenemos una discusión de fondo y hay que hacer un planteamiento muy diferente, nosotros planteamos que somos capaces de convivir armónicamente con la naturaleza, no es un beneficio solamente para los pueblos indígenas, esto es un beneficio para el planeta, para el mundo, porque si hay un equilibrio natural, si conservamos los páramos, conservamos las montañas, el territorio, los sistemas agroforestales, el agua, estamos conservando el microclima o el clima de la región o el clima del territorio, la vida, la biodiversidad, eso no es lo que está pensando la multinacional, piensa destruir las capas naturales, el subsuelo y al hacer eso lo que está generando es un desequilibrio y aportándole a la agudización del calentamiento global.

¿Cómo cambiar la opinión pública negativa que se generó frente a ustedes por las acciones de expulsión de los soldados del Cerro de Berlín?

Hay que aclararle a la comunidad qué fue realmente lo que pasó, cuáles son los derechos que estamos reclamando, hay que aclararle a la comunidad que nosotros no estamos actuando por capricho, ni por odio, ni por rabia, sino porque tenemos unos derechos a la tierra, derechos a vivir tranquilos, derecho a la paz, si el pueblo colombiano entiende eso logramos mermar las contradicciones desde el punto de vista oficial. Para nadie es un secreto que por Santos votaron 9 millones de colombianos y estos le están diciendo al Gobierno que aquí la salida del problema es militar y entonces difícilmente los indígenas, que somos menos del 1% de la población, vamos a tener una opinión a favor sabiendo que 9 millones están sosteniendo un país. Hay que mirar la otra cara de la moneda, hay gente que ha salido a expresar una opinión en favor del movimiento indígena, hay una opinión también en favor de la democracia, una opinión a favor de la Constitución, de acuerdo con los derechos que tenemos los pueblos indígenas y tienen los colombianos porque esto no es un problema de los pueblos indígenas, es un problema de derechos de los colombianos a la Salud, a la Educación, a la Tierra, no es un problema solo de indios, es un problema de que los pobres de Colombia tengan derecho a acceder a la tierra, a la educación, a una vida digna, a vivir bien, entonces en ese sentido, es necesario seguir haciendo un trabajo de opinión, e internamente a nivel del país hacer un trabajo más simbólico, realmente el trabajo que hace la guardia es de poder simbólico, muy espontáneo. Tener un bastón y no un revolver, simboliza la tranquilidad, la autoridad, pero no el autoritarismo ni la imposición sobre el otro como se hace con un arma. En la medida que usemos símbolos podemos seguir ganando opinión.

Para finalizar, un mensaje a nuestros lectores: ¡No habrá paz para los indígenas, si no hay paz para Colombia! ¡No habrá paz para los colombianos y las colombianas, si no hay paz para los pueblos indígenas!

Hay que hacer cambios estructurales también en la forma de gobierno, actualmente se presenta el Gobierno como democrático pero es un Gobierno muy centralista y no reconoce las dinámicas democráticas que se dan en los pueblos. Por ejemplo, aquí en Colombia el artículo 7 de la Constitución Política reconoce la diversidad étnica y cultural pero no es lo que se aplica porque lo que se aplica es un modelo dominante, un modelo que te quiere incluir a las buenas o a las malas, a través de los medios de comunicación buscando homogeneizar la sociedad, pero no un modelo que te reconoce en tu expresión política, en tu diferencia cultural, sino al contrario te excluye por ser eso. En los últimos días hemos asistido a nuevas formas de racismo, es terrible que a estas alturas de la vida, un mundo que dice ser civilizado, no reconozca la diferencia de unos pueblos indígenas, pero esa es la realidad, entonces un modelo nuevo debe reconocer realmente la diferencia, debe forjar una economía más equitativa, nuevas formas y estructuras de gobierno propio como es la Autonomía de los pueblos indígenas, un modelo de salud propia, un modelo de educación propia, esa es la paz para nosotros y esa es la paz para los colombianos en la medida que se resuelvan también los asuntos problemáticos estructurales y sociales que tiene el país.

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lugar a dudas de que el cuerpo principal de estas acciones ha sido la movilización indígena de raíz autonomista, y así lo corroboran historiadores de quienes no se puede dudar su independencia. Pudo haber gente influida por distintos grupos insurgentes que haya estado esos años en las recuperaciones, pero no es posible hablar de un papel muy significativo; porque aunque han sido hechos de fuerza ninguna recuperación fue hecha con las armas; ninguna fue resultado de una acción donde la guerrilla pudiera haber tenido un papel protagónico, pues de haber sido así simplemente nos hubieran aniquilado militarmente.

Carta abierta de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN a las FARC Abril 20 de 2012 Cxhab Wala Kiwe –territorio del gran pueblo Nasa en el Cauca–, abril 20 de 2012

La realidad es que las enormes movilizaciones del CRIC de esa década encontraron incomprensión en varias fuerzas políticas que veían en lo indígena el atraso y la ignorancia, y no reconocían ni sabiduría ancestral ni derechos milenarios, y ni siquiera formas económicas sustentables; y tienen que acordarse que también en esa época las necesidades de la guerra los llevaron a ustedes a hacer acuerdos con terratenientes para mantener los impuestos de guerra que ellos pagaban, lo que generó duras denuncias de nuestra parte.

Se trata de un argumento ligero que solo sirve a quienes siempre quieren quitarle protagonismo a las comunidades organizadas, y en últimas subvaloran la capacidad de los pobres y los indios de dar luchas contundentes por nuestra propia cuenta. Son los que dicen que las tierras recuperadas fueron una concesión del Estado porque algunos funcionarios del Incora fueron fundamentales en esa lucha, o porque el gobierno de Lleras Restrepo de algún modo promovió la formación de la Anuc; los que repiten que se trata de una conquista de los partidos tradicionales porque nuestro primer mártir de la actual etapa de lucha fue Gustavo Mejía, que era un liberal del MRL; o que es un logro de la Iglesia porque Álvaro Ulcué y Pedro León Rodríguez eran curas católicos. En resumen, hay que torcer mucho el análisis histórico y político para sostener esa superficialidad.

Señor

Timoleón Jiménez Comandante FARC Reciba un saludo de la Asociación de Cabildos Indígenas de la Cxhab Wala Kiwe ACIN. Como en anteriores ocasiones, le escribimos desde nuestro compromiso por abrir las rutas para la paz en Colombia.

Esta carta es para seguir con el diálogo y debate público que iniciamos hace ya tres años (7 de marzo de 2009) con un mensaje que también firmó nuestro CRIC. Y para invitarlos nuevamente a un diálogo sobre temas humanitarios en el territorio indígena del norte del Cauca, como ya lo hicimos en el Encuentro por la Paz de Barrancabermeja, en agosto del año pasado.

Tal diálogo es más urgente a medida que el conflicto se intensifica en nuestra región, y por los hechos reiterados de parte de sus tropas y algunos mandos contra nuestra Asociación y autoridades tradicionales. Al final le solicitamos que nos haga una aclaración importante sobre la política de su organización hacia nosotros.

1. El primer punto que queremos analizar son los términos de la carta que el comandante Alfonso Cano nos envió (abril de 2009), respondiendo la nuestra. Allí ustedes señalaron cuatro cosas relevantes, entre otras: que hay “desencuentros y dificultades puntuales” de la insurgencia con los indígenas; que ustedes han colaborado en la lucha indígena; que reafirman y reiteran el llamamiento a los frentes que operan en zonas indígenas a que respeten la “organización autónoma de las comunidades indígenas, a sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna”; y que reconocen su identificación “con la esencia de principios como Territorio, Unidad, Cultura, Autonomía, Resistencia, Justicia y Moral”.

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Debemos reconocer que en esa ocasión en general nos pareció bien que respondieran la carta. También valoramos positiva la parte en que reconocen la existencia de atropellos, así sea sin darle el nombre que es; porque algunas de las situaciones que ustedes llaman “dificultades puntuales”, para nosotros han sido en realidad crímenes contra las comunidades, más o menos reiterados. Pero reconocer que hay problemas puede ser el principio para seguir tratándolos en futuros diálogos humanitarios, y eso nos parece muy importante.

Lo que sí nos sigue pareciendo un poco vanidoso es que se arroguen como propias las luchas y las recuperaciones de tierras de los años setenta que hicimos las comunidades indígenas del Cauca. Se trata de una posición frágil en términos históricos, y más bien podría resultar oportunista en términos políticos. Lo cierto es que en las recuperaciones de tierras han participado de forma protagónica indígenas y no indígenas de todas las corrientes políticas: conservadores, liberales, comunistas, socialistas, maoístas, gaitanistas, del MRL, del MOEC, protestantes, católicos, y hasta funcionarios públicos; pero no hay

2. Sobre los otros dos temas de ese mensaje del 2009 —que orientaron respetarnos y que comparten nuestros principios de vida y de lucha—, vemos que sus palabras no corresponden del todo con la realidad. Sinceramente creímos que iban a mermar lo que ustedes llaman “dificultades”, pues después de la masacre de los Awá eso era lo mínimo que tenían que hacer para distinguirse de sus enemigos. Pero no ha habido cambios visibles: desde ese momento hasta ahora siguió el paralelismo en lugar del respeto a la autonomía; siguieron las agresiones y asesinatos por los milicianos y sus combatientes; el ataque a casas de la gente y los ataques indiscriminados siguen ocurriendo todas las semanas; siguen usando minas y armas que disparan para cualquier lado.

En Tacueyó, vereda Gargantillas, ustedes tenían una escuela de entrenamiento que el Ejército bombardeó hace un año; varios menores indígenas murieron. El Gobierno dijo que no tuvo la culpa de los niños muertos porque estaban en un campamento, que es un objetivo militar legítimo. Pero el Gobierno sabía no solo del campamento sino de la presencia de los menores, porque la información les había llegado por un desertor de ustedes mismos. De modo que usó las armas sabiendo de la presencia de personas que debían ser protegidas: los niños y las niñas. Eso es un crimen de guerra del Estado. Pero también de ustedes, porque está prohibido reclutar menores y llevarlos al matadero. En un comunicado ustedes dijeron que en realidad los muchachos fueron llevados con engaños por un infiltrado del Estado que actuó a nombre de las FARC; sin embargo, el supuesto infiltrado actuó siempre con otros guerrilleros que siguen con ustedes, y con la protección y apoyo de todas las estructuras de las FARC de la zona.

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Lo de Toribío y Corinto del 10 de julio de 2011 es lo mismo, pero al revés. Enviaron carrosbomba contra las estaciones de Policía cargados con explosivos. Saben ustedes que los cilindros y los tatucos salen para cualquier lado; sabían que era día de mercado; sabían que había muchos civiles indígenas en el centro de ambos pueblos; sabían que las explosiones iban a destruir viviendas, y matar y herir civiles. Pero no les importó; actuaron a conciencia de que iban a destruir el centro de esas poblaciones. La fuerza pública es responsable de poner sus bases en medio de la población, y eso es una infracción al DIH. Pero ustedes son responsables de atacar con armas que tienen efecto indiscriminado y por atacar a civiles que estaban siendo usados como escudos. En esa ocasión murieron 3 comuneros y ustedes dañaron casi 400 viviendas.

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No estamos en orillas diferentes de un mismo río, como dice el comunicado del CCO. En realidad estamos en dos ríos distintos; puede que ambos desemboquen en el mismo mar, pero pensamos que el de ustedes difícilmente llegará al de un país más justo. Hemos escogido la lucha civil, masiva, directa, comunitaria, en montonera, no por simple diferencia con la lucha armada, sino porque nos parece que nuestro modo de hacer las cosas es más efectivo y eficaz para consolidar un poder popular alternativo y construir un modo de vida más inteligente, porque permite que sea siempre la comunidad la que decida sobre las formas de lucha, y porque entendemos que una guerra como la colombiana, más que en un posible remedio, se ha convertido en una “enfermedad crónica” que produce mucho dolor y muerte injustificados. Para enfrentar el modelo imperante, que es inhumano y avallasador frente a la Madre Tierra, nuestros esfuerzos se han encaminado a la consolidación de un modelo distinto, basado en el poder de la comunidad y en la construcción de nuestros sistemas propios de economía, justicia, educación, salud y bienestar, orientado a un nuevo país que nos permita vivir y convivir con otros sectores y pueblos. No somos soberbios, pero mucho de eso hemos ido logrando estos años, sin armas: la tierra, la cultura, la unidad, la autonomía.

En resumen, no se trata de una diferencia en las formas de la lucha, sino que estamos en desacuerdo con la necesidad y utilidad actuales de la guerra. Eso no cambia el hecho de que entendemos las causas del conflicto y las razones para su persistencia; pero es claro que hacer la guerra no es un mero resultado de las condiciones socioeconómicas, sino que es resultado de una decisión política. Ahora bien, sería una verdadera tragedia que las FARC consideraran enemigo y objetivo militar a quienes rechazamos la guerra y nos oponemos a ser involucrados en ella, o que ahora su estrategia sea considerar enemigos a todos quienes optamos por la lucha no armada para construir el nuevo país que necesitamos.

Los responsables de las FARC de la zona dicen que son cosas inevitables. O peor, que es culpa de las víctimas estar cerca de los batallones y cuarteles de policía, como apareció en un comunicado del Sexto Frente. Si el Gobierno instala una base militar en medio de la población civil y la usa como escudo humano —que es lo que viene haciendo y es una infracción al DIH—, la obligación de la insurgencia es proteger en todo momento a la gente desarmada, y más si se trata de gente humilde. Ustedes no pueden exigirle al Gobierno que cumpla con el DIH, como aparece en el comunicado, y no asumir que ustedes también están obligados a cumplir. Eso no es serio. El cuento del “daño colateral” lo usan los Rambos y los fascistas cuando ametrallan las comunidades y mueren civiles; nosotros esperaríamos que ustedes no pensaran igual.

3. De todos modos, es claro que la orden del comandante Cano de respetarnos la vida, la autonomía y la organización no se ha cumplido. Hay un tema de urgencia que queremos analizar con usted, y que muestra que lo que afirmamos es cierto. Según información confiable que no han desmentido los miembros del Comando Conjunto de Occidente (CCO) de las FARC luego que les preguntáramos explícitamente, esa estructura de la organización que usted comanda ha ordenado la ejecución del delegado de nuestra organización para representarnos en la Comisión Política de la Minga Social y Comunitaria, del encargado de dirigir el Equipo de Paz, del coordinador de la Guardia Indígena a nivel zonal y del coordinador del Tejido de Justicia y Armonía (responsable de apoyar la función jurisdiccional de las autoridades indígenas); los cuatro líderes hacen parte de la Comisión Política de la ACIN y del CRIC. Ese mismo Comando Conjunto de Occidente unos días después de conocida la orden de ejecución distribuyó un comunicado fechado en marzo de este año, en el cual aparecen las que serían las “justificaciones” para cometer tales crímenes; dicho comunicado en buena medida fue respondido por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en términos que compartimos plenamente, pues se trata de la posición que históricamente ha adoptado el movimiento indígena del Cauca.

décadas, y siempre hemos dicho que exigimos también que salga el ejército oficial. Hemos dicho que no necesitamos a ninguno de los dos. Hemos dicho que nuestros problemas los resolvemos nosotros. Es más: no estamos solamente contra la presencia de la guerrilla o del ejército en nuestros territorios; ¡estamos en contra de la guerra en todas sus dimensiones, en nuestros territorios y en el país! Lo afirmamos porque llevamos cinco siglos soportándola, y sabemos como nadie de sus dolores y de sus miserias, incluso cuando fue inevitable que nos tocara meternos directamente en ella, con la Gaitana y el Quintín.

Hay unas consideraciones de orden político en ese comunicado que merecen nuestra crítica. Ya señalamos que nos parece una total inexactitud histórica decir que ustedes hayan reconquistado “para los indígenas” las tierras que se encontraban en manos de terratenientes, como dice el comunicado al que nos referimos. Por otra parte, según el CCO nuestra interpretación de la autonomía indígena es “errónea y engañosa” y genera odio contra la insurgencia, porque es “confrontacional” frente a la presencia guerrillera y frente a “los indígenas que se alejan de sus [nuestras] políticas proclives al Estado”. Resulta extraño que el CCO nos “acuse” hoy de no querer la presencia guerrillera en el territorio indígena, cuando se trata de una posición que hemos expresado por todos los medios desde hace

4. La otra acusación política solo puede ser resultado de la ignorancia. Le hubiera bastado a quien redactó ese comunicado ver la prensa burguesa para saber que la política del CRIC y la ACIN es cualquier cosa, menos proclive al Estado. ¿No se enteraron de las movilizaciones del 2007 y 2008, impulsadas por nuestras organizaciones, que fueron las más importantes acciones contra el régimen de Uribe Vélez? ¿No supieron de la consulta contra el TLC con los Estados Unidos? ¿No han sabido de la Minga Social y Comunitaria que propone un proceso legislativo popular? ¿No han tenido conocimiento del Congreso de los Pueblos? ¿No les contaron del masivo Congreso de Tierras y Territorios? Solo la ignorancia o la mala intención permitiría decir tamaña necedad.

Dice el CCO que nosotros tenemos una política confrontacional con los indígenas que nos critican por nuestras supuestas políticas gobiernistas. No hemos escuchado esas críticas en ninguna de las miles de asambleas que realizamos cada año. Al revés, hay un sector financiado y promovido por el Gobierno que nos acusa de ser muy radicales en nuestra

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exigencia de derechos; en las pasadas elecciones ese sector votó unánimemente con los candidatos contrarios a nuestro proyecto político-electoral. Y claro que otros sectores nos cuestionan: por posibles problemas de autoritarismo y por manejos administrativos que no se comparten; casi todas esas acusaciones han resultado no tener ningún fundamento, salvo el odio personal y la calumnia de algunas personas, que por desgracia son rápidamente acogidas por su organización en el afán de ganar “amigos”; se trata de asuntos que abordamos en nuestras instancias internas y que hemos resuelto en la inmensa mayoría de los casos, corrigiendo y aplicando remedio. Porque cuando las autoridades indígenas no servimos, simplemente la comunidad nos cambia, en cualquier momento. Ninguna organización de este país puede mostrar una experiencia de democracia directa más profunda que la nuestra. ¡Ninguna! No tenemos cargos que duran cuarenta años, ni suplentes designados a dedo. Lo que sí no vamos a aceptar es que la guerrilla que usted comanda, o el ejército o los ministerios del Estado, nos digan cómo resolver nuestros debates internos.

Otra cosa es el asunto de los indígenas milicianos, que sin decirlo es a lo que creemos se refiere el CCO en su comunicado. No podemos negar que los milicianos indígenas son indígenas; no somos ciegos. Pero en el mismo momento en que decidieron ser miembros permanentes de una organización militar han renunciado a su condición civil y se han puesto por fuera de nuestra comunidad política. El pueblo nasa no ha decretado la guerra ni al Estado ni a ustedes, y por tanto cualquier comunero o comunera indígena que se arme o realice acciones militares está violando nuestra ley, sea que se meta en el ejército o en la guerrilla o en cualquier otro grupo; si quiere ser miliciano no puede ser comunero con derechos políticos, porque en tal caso tendríamos que sancionarlo por violar la ley indígena. Les hemos dicho: si se queda en la comunidad, tiene que cumplir la ley indígena; si quiere irse a la guerra, debe acogerse al derecho de la guerra, que es el DIH y el reglamento de guerra de ustedes o el del ejército; si quiere salirse de la guerra, tiene que aceptar el camino indígena de regreso a casa. Lo que no pueden hacer es escudarse en medio de la población civil y ponerla en riesgo, actuar armados dentro de la comunidad o atacar o amenazar a sus miembros con medios armados, y esperar que la comunidad los proteja o no los sancione. No es tan difícil entender esto, que es lo que dice el Derecho Internacional Humanitario sobre la condición de combatiente, pero que también lo dice el derecho de gentes y el mínimo sentido común. Sabemos que ustedes no comparten del todo el DIH, ¿pero exigir a los actores armados que cumplan el DIH es un acto hostil según las FARC?, ¿exigir que se proteja a los civiles indígenas es un acto militar? Nos parece muy extraño que digan eso.

Ahora bien, para oponerla a nuestro proyecto de autonomía territorial el CCO habla de la supuesta “verdadera autonomía”, que consiste en una que le guste a los comandantes guerrilleros; es la misma autonomía de que habla el Gobierno: una que le haga caso a sus ministros y sus generales. Pero cuando nosotros decimos “libre determinación” entendemos “libre determinación”, no autonomía tutelada. La autonomía no consiste en que algún actor armado, o intelectual, o político, o religioso, legal o ilegal, nos da la bendición sobre cómo debemos ejercerla; precisamente la autonomía se refiere a lo contrario: a que las autoridades y los líderes indígenas no le rendimos cuentas sino a la comunidad organizada.

En este tema sí que estamos bien lejos. Y si esa es la posición de las FARC, es más atrasada que la de los Estados capitalistas, que por lo menos de palabra aprobaron la Declaración

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de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Dicen los dirigentes del CCO que los pueblos indígenas no podemos tener autonomía mientras persistan ciertas amenazas crecientes que ellos van a “combatir” (palabras textuales), la primera de las cuales son los “gobiernos propios”, es decir nuestros gobiernos indígenas, “que no constituyen garantía de justicia social y pulcritud para las comunidades”. Preguntamos: ¿las FARC en adelante van a “combatir” a los cabildos, a la ACIN y al CRIC? ¡Vaya enemigo el que escogieron: una organización popular! ¿Si no es eso lo que quisieron decir, por qué lo escriben? ¿Para intimidarnos? ¿Es un error de redacción? Cualquiera sea la razón, los indígenas del Cauca no vamos a cambiar de política por miedo.

Sin ánimo pendenciero, nos parece que a menudo ustedes no le disputan el poder al Estado colombiano en nuestros territorios, sino que por el contrario le están disputando al movimiento indígena sus gérmenes de poder popular, su derecho a gobernarse y su ejercicio de libre determinación.

Las otras amenazas de las que nos pretenden cuidar los miembros del CCO son la fuerza pública y el saqueo de los recursos naturales. Varias veces hemos cuestionado esta afirmación. Ningún ejército está hecho para proteger a la población civil. Cuando el ejército oficial arrasa las comunidades no es la guerrilla la que sale a defendernos; nunca lo ha hecho y tampoco esperamos que lo haga, porque no nos interesa y porque lo primero que protege una fuerza armada cuando se encuentra en desventaja obviamente son sus propios intereses militares; en cambio es la Guardia Indígena, la comunidad desarmada, la que no sale corriendo y en cambio enfrenta con el pecho y los bastones las agresiones reiteradas de todos los ejércitos. Y sobre la supuesta protección de los recursos naturales, hay demasiadas evidencias de que no es así; basta recordarle la posición de sus frentes sobre la minería y el petróleo, que no es exactamente de oposición.

5. Queremos terminar refiriéndonos al segundo tipo de consideraciones del comunicado del CCO, las de carácter militar. Dice, entre otras acusaciones amenazantes, que entre las autoridades y líderes de los cabildos, de la ACIN y del CRIC hay “agentes abiertos o encubiertos del Estado”, que hemos sido cómplices de la “estrategia [militar] de reclutar a dirigentes, guardias indígenas y comuneros para su bando”, y que abogamos porque haya más “pie de fuerza del ejército y más represión”. Con esas acusaciones concluyen que la ACIN, el CRIC y sus cabildos nos hemos involucrado “peligrosamente en la guerra dentro del bando oficial”, que hemos tomado “partido al lado de las fuerzas del Estado” y, lo más delicado, que promovemos “acciones hostiles” y orientamos que la guardia indígena sea una “extensión de los cuerpos policíacos del Establecimiento”.

¿De dónde sacan tamañas conclusiones? De una frase en una circular interna del cabildo de Jambaló, sacada de contexto a propósito, donde se orienta a la guardia indígena a “continuar en el ejercicio de control y verificación e información a las autoridades competentes”.

En realidad la frase completa continúa “..., Defensoría del Pueblo, Cruz Roja Internacional, Personería, derechos humanos”, y tiene como encabezado que se trata de la “reafirmación de la emergencia territorial y humanitaria, y las acciones de resistencia pacífica”. Cualquiera que habite nuestra zona sabe que los indígenas solo hablamos de “autoridades” cuando nos referimos a las “autoridades indígenas”, las únicas con quienes deben reportarse los Kiwe Tengna (guardias); cualquiera que lea la circular entiende que se trata de orientaciones humanitarias; cualquiera que conozca nuestra organización así sea por encima, sabe que

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la Guardia Indígena es una forma milenaria de protección de los pueblos indígenas, cuyo mandato es la defensa de la vida en su integralidad, incluyendo la vida de combatientes puestos fuera de combate, que la Guardia ha protegido independientemente del actor armado a quien pertenezca. ¿Por qué entonces esta utilización perversa de nuestras palabras de paz?

Sinceramente no vemos otra explicación que un interés provocador.

También señalan que no hacemos “nada concreto por impedir la presencia de la policía y el ejército” en las cabeceras municipales. El CCO sabe que cuando hemos exigido la desmilitarización nos hemos referido por igual al ejército y a la guerrilla; y sabe que hemos realizado las acciones civiles a nuestro alcance para desmontar la infraestructura militar de ambos actores sin darle ventaja militar a ninguno de los dos, como manda el DIH. ¿A qué medidas concretas se refieren? Parece que nos acusaran de no realizar acciones bélicas contra el ejército y policía; pero es que nosotros no estamos en guerra. No sabemos a usted, pero a nosotros nos parece que hay un poco de cobardía militar al exigir a una comunidad inerme que haga por ellos lo que han sido incapaces de hacer estando armados.

Comandante Jiménez: usted sabe lo que significa decir que somos elementos “hostiles”.

No son cosas que se escriban por jugar. Según el DIH, significa que las FARC considera al CRIC, la ACIN y los cabildos sus enemigos militares y nos “combatirá” mediante las armas.

Hemos tomado la decisión de solicitarle directamente a usted un pronunciamiento específico sobre este asunto, y por su intermedio al Secretariado de las FARC, porque nos negamos a creer que ustedes hayan tomado esa decisión, y menos cuando vienen insistiendo en buscarle salidas políticas dialogadas al conflicto armado y han manifestado su disposición a acogerse al Derecho Internacional Humanitario. Tenemos la duda de si los términos del mensaje del Comando Conjunto de Occidente expresan adecuadamente la posición de su organización, o si por el contrario se trata de un documento escrito de forma apresurada o superficial, o fruto de la intensificación del conflicto en el norte del Cauca que pone a los actores militares en estado de paranoia permanente, o motivado por razones que no son exactamente las de su organización político-militar.

Nos preguntamos y quisiéramos saber si a las FARC les resulta una amenaza militar el planteamiento de la autonomía de los pueblos indígenas, el derecho a gobernar nuestro territorio o el planteamiento de generar sistemas propios que fortalezcan nuestra autonomía; si les incomoda que nuestra comunidad se autogobierne y por eso mandan a quitar del camino a nuestros dirigentes.

Nos preguntamos si las FARC van a honrar el compromiso firmado en La Uribe, el 21 de febrero de 1989, por Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Raúl Reyes, Alfonso Cano y usted mismo, de “reconocer y respetar los lineamientos organizativos de las comunidades indígenas: unidad, tierra, cultura y autonomía”.

6. Permítanos una consideración final. Los mayores de las comunidades dicen que ustedes patinan y patinan en el mismo barro y se hunden cada vez más. Están tan metidos en esa lógica de la guerra que no ven las cosas de otro modo que no sea el de mandar y hacer cumplir con el fusil en la mano, aunque lo que manden no tenga ningún sentido. Ya deben saber ustedes lo que pasó con uno de nuestros comunicadores hace unos meses: como no le tuvo miedo a un miliciano, ¡este le pegó un tiro en el pie! ¿Qué pensamiento político puede tolerar este comportamiento? Así de enferma es la gente que ustedes están reclutando, o así la está enfermando la misma guerra. Casi todos los casos que hemos sufrido

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estos meses tienen la misma forma: como no tienen argumentos o no les tenemos miedo o hacemos las cosas sin pedirle permiso a nadie o queremos gobernarnos a nuestro modo o hablamos con toda la sociedad, simplemente disparan o mandan disparar.

Es posible que ustedes tengan desde hace tiempo la enfermedad del militarismo y de la violencia sin contenido y no se hayan dado cuenta. Esa enfermedad es la que hace que el Secretariado diga que van a respetar la autonomía, y sin embargo sus mandos medios, sus combatientes y milicianos hagan otra cosa. Es que a la gente que lleva tanto tiempo en la guerra le parece normal que si alguien se roba una gallina, o conversa muy duro, o habla con un funcionario del gobierno, o si se duerme en la guardia, o piensa contrario al que manda en el pueblo, hay que fusilarlo por orden de un comandante, sin derecho a defenderse y sin poder saber de qué lo acusan. Todo se vuelve un problema de seguridad del Estado o de seguridad del grupo guerrillero; todo lo que es distinto se les vuelve una amenaza. Es que también la guerra se vuelve burocrática, y los funcionarios armados matan por pura costumbre, como si fuera el trámite en una ventanilla.

Ese pensamiento hace que la vida de la gente termine por no valer nada. Y que los comandantes terminen también por aceptar todos esos atropellos de sus miembros porque “así es la guerra”, y no corrijan de verdad, y se hagan los que no saben. Entonces vuelven sus combatientes a cometer crímenes, y vuelve otra vez la misma rueda en el mismo charco. Y ustedes y el país se hunden más y más.

Así será la guerra, pero así no tiene por qué ser la vida de la gente, que merece dignidad y respeto. Cuando la vida y la muerte no tienen valor, ninguna lucha tiene valor. Si la vida de la gente no vale nada, ¿para qué es la pelea de ustedes? Bueno sería que ustedes nos respondieran qué análisis han hecho sobre la forma de proteger la vida de las personas desarmadas, y cómo es que respetan a los que no comparten sus ideas. Es a esto último a lo que nos referimos cuando insistimos en resolver el conflicto armado: cuando lo militar es más importante que la propuesta política, cualquier lucha armada ya está herida de muerte y está condenada a la derrota, aunque ganaran algún día la guerra.

Eso tiene que parar. Cada vez que hay un asesinato o una amenaza o un ataque a las poblaciones, ustedes se alejan más y más del país que dicen querer construir, y alejan a los colombianos y colombianas de la posibilidad de tener un país decente.

7. Hemos tomado atenta nota de las diferentes comunicaciones sobre la disposición de diálogo de las FARC, enviadas por Alfonso Cano y Pastor Alape al Encuentro por la Paz realizado en Barrancabermeja, donde los indios del Cauca estuvimos planteando nuestra postura de paz de forma clara y seria; también leímos las comunicaciones suyas como comandante de las FARC sobre la necesidad y voluntad de sentarse a dialogar, que los sectores democráticos de la sociedad saludaron como un cambio de lenguaje positivo; y conocimos la decisión del Secretariado de esa organización de dejar en libertad a todos los soldados y policías retenidos, de renunciar al secuestro como medio de financiación y del muy posible acatamiento al DIH, que la ACIN saludó públicamente como hechos positivos hacia la paz.

Ese último hecho era un pedido que también la ACIN había hecho como avance hacia la solución del conflicto armado. Como muchos, creemos que ustedes deben profundizar algunas acciones humanitarias, como suspender el reclutamiento de menores y abandonar el uso de armas de efecto indiscriminado. Pero sin duda es al Gobierno a quien correspon-

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de ahora realizar hechos ciertos de paz, que podrían empezar por la descriminalización de la protesta, el inicio de la depuración de las fuerzas militares y el enfrentamiento más decidido al paramilitarismo. Así lo señalamos en nuestro mensaje al Encuentro de Paz de Barrancabermeja, que ustedes debieron leer pero que les enviamos de nuevo.

Por nuestra parte, luego de los hechos del 9 de julio de 2011 en Toribío y Corinto, la Junta Directiva del CRIC del 20 de julio de 2011 aprobó la “Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra”. Allí reiteramos que estamos por los diálogos humanitarios y por los diálogos políticos; que vamos a profundizar el control de nuestro territorio; y que haremos lo posible para desmilitarizar nuestras comunidades. Es nuestra forma de aportar a la paz: con hechos de paz.

Ciertamente resultan una contradicción muy grande los mensajes de paz y diálogo con la sociedad colombiana que han emitido las FARC a nivel nacional, y la orden de asesinato de nuestros líderes o las justificaciones utilizadas para hacerlo, que los frentes y columnas de las FARC que operan en el Cauca han puesto de manifiesto. Esperamos que usted pueda atender nuestra expectativa de que nos aclare específicamente la posición de las FARC frente al movimiento indígena del Cauca organizado en la ACIN y el CRIC, frente a la Minga Social y Comunitaria, y frente a la paz y los que la estamos construyendo, y si hay una orden de matar a quienes nos representan en esos espacios.

Comandante Jiménez: Para nosotros ha sido muy doloroso recoger nuestros muertos, sobre todo cuando en la época reciente la mayoría de ellos han sido ocasionados en nombre de la revolución. Consideramos que puede haber sectores provocadores que quieren que las FARC cometan un genocidio contra los indígenas, o que esperan infructuosamente que los indios nos metamos en la guerra para justificar un ataque militar. Sabemos a ciencia cierta que esos provocadores no están en la dirección de nuestra organización. Nos parece necesario que usted confirme lo propio en la suya.

Sirva este mensaje para ratificarle a su organización, así como a todo el país y al Gobierno nacional, que mantenemos el espíritu de diálogo con todos los actores políticos y la continua búsqueda de salidas políticas al conflicto armado interno. Mucho nos gustaría que ustedes y el país entero estuvieran atentos a la Minga por la Paz que realizaremos del 9 al 11 de mayo próximo en Caloto, cuando 10.000 indígenas, mujeres, afrodescendientes, campesinos, sindicalistas, la mayoría del Cauca, vamos a lanzar de nuevo nuestra palabra de paz, que dice...

Cuenten con nosotros y nosotras para la paz.

Nunca para la guerra.

Consejería Mayor Cxhab Wala Kiwe – Asociación de Cabildos Indígenas (ACIN)

Carta de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN a las FARC, Julio 15 de 2012 Miranda, julio 15 de 2012

Señor

Timoleón Jiménez Comandante de las FARC Reciba un saludo de la Asociación de Cabildos Indígenas de Cxhab Wala Kiwe (norte del Cauca) ACIN. Le escribimos desde nuestra resistencia a la guerra, y desde nuestra voluntad indeclinable por la paz.

La semana antepasada los indígenas del Cauca reanudamos las acciones de liberación y armonización de nuestros territorios, cumpliendo el mandato de la Junta Directiva del CRIC del 20 de julio de 2011, donde adoptamos la “Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra”. Las acciones de liberación y armonización iniciales consisten en el desmonte de las bases permanentes de todos los actores armados, el desmonte de las trincheras y cambuches de la fuerza pública y de la insurgencia, y la movilización masiva de comuneros y comuneras a los sitios de concentración de las guerrillas para impedir que hostiguen a la población de los municipios (sean ataques, retenes o actividades amenazantes).

Los pueblos indígenas no le hemos declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado. Por eso nuestra Minga se hace cuidando siempre a la comunidad, y cuidándonos siempre de no darle ventaja militar a ninguno de los actores armados como ordena el Derecho Internacional Humanitario. No vamos a agredir a nadie, pero utilizaremos la fuerza de nuestra comunidad reunida, de nuestra palabra y de nuestros derechos para recuperar nuestros territorios.

Como hemos dicho siempre, y formalmente a ustedes desde la Declaración de Vitoncó, en 1985: No aceptamos sus fuerzas guerrilleras en nuestros territorios. No las queremos y no las necesitamos.

No queremos la presencia guerrillera –ni de ningún ejército– porque estos territorios son nuestros desde tiempos inmemoriales. Si hoy están dentro de la República de Colombia es porque desde la conquista española nos las han venido robando.

No necesitamos su presencia porque la guerrilla no nos trae tranquilidad; ustedes atacan a la población civil; ustedes irrespetan nuestra autoridad y nuestra justicia. No ayudan a la autonomía: todo lo que tenemos en gobierno propio lo hemos hecho nosotros y nosotras. Los pueblos indigenas hemos dado pruebas de poder construir nuestros propios sistemas económico, educativo, judicial y de salud. La guerrilla no nos protegen de los atropellos de la fuerza pública; cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos.

Tampoco impiden que lleguen las transnacionales; para conseguir los recursos que sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas.

Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda.

No ataquen más a la población civil. No realicen más ataques que con toda seguridad van

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a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública. No usen armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales. No se atrincheren en las casas. Díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias.

Respuesta de Timoleón Jiménez, a la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, Julio 20 de 2012

Esperamos que las FARC cumplan voluntariamente con estas exigencias de las comunidades. De cualquier modo las Autoridades, la Guardia Indígena y las comunidades vamos a seguir liberando nuestros territorios de los actores armados, que desarmonizan a la Madre Tierra y nuestra vida.

Hace 4 meses le escribimos para que nos hicieran claridad sobre la política militar de las FARC contra el CRIC, la ACIN y los Cabildos. Seguimos esperando su respuesta. También le propusimos en esa carta que avancemos en un diálogo humanitario sobre 4 puntos: No reclutar menores; no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma política; no utilizar armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos y las minas antipersonales); y respetar la autonomía plena de los gobiernos y organizaciones indígenas. Estamos a la expectativa de que podamos dar ese debate que necesitamos los indígenas del Cauca y el país entero.

Comandante Jiménez: Hay que terminar la guerra. Todos y todas la estamos perdiendo. Fue bueno que ustedes liberaran a los soldados y policías que tenían retenidos y que anunciaran el fin del secuestro económico, porque fueron hechos de paz. Pero hay que ser más audaces y más decididos. Cumplan las exigencias humanitarias que le estamos haciendo; es un camino básico hacia la paz.

Decidan terminar la guerra y empezar ya una negociación política para terminar el conflicto; es imprescindible para construir la paz. Entiendan que Colombia es más, mucho más, que la guerrilla y el ejército, y que la paz debe ser una construcción de todos y todas las colombianas.

Cuenten con nosotros y nosotras para la paz.

Nunca para la guerra.

Compañeros:

Asociación de Cabildos Indígenas Cxhab Wala Kiwe (del norte del cauca) Montañas del departamento del Cauca

Apreciados compatriotas: He tenido conocimiento de la comunicación recientemente dirigida por Ustedes, la cual cuidé de leer con sumo respeto y atención. Con la misma claridad y franqueza con que su Asociación expresa su pensamiento y propósitos, procedo a responder sus inquietudes en mi condición de Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, organización que como ustedes conocen, nació en 1964 a la vida política colombiana como expresión de la resistencia popular a la guerra, y se acerca a cumplir cincuenta años de lucha indeclinable por la paz.

Que ustedes expresen con tanto fervor su anhelo por la paz, confirma nuestra convicción de que las grandes mayorías colombianas claman en las cuatro esquinas del país por ese preciado bien. La guerra civil colombiana no ha sido una decisión del pueblo de este país, sino una imposición de sus clases pudientes dominantes. Es natural que el pueblo que la sufre la rechace con ahínco. Nosotros somos los primeros. Por eso la combatimos en todas las formas posibles.

Es un hecho reconocido por numerosos estudiosos de la realidad colombiana, que la guerra en nuestro país responde a un modelo de acumulación de capital. El despojo de la propiedad rural y su concentración en cada vez más pocas manos, ha coincidido de manera asombrosa con las sucesivas agresiones contra las zonas agrarias por parte de las fuerzas oficiales y paraoficiales. Pretextos para ellas nunca han faltado. Las FARC no estamos integradas por soldados pagos ni conscriptos, sino por gente sencilla del pueblo de Colombia que se ha levantado a la resistencia. Campesinos, indígenas, negros y mestizos que decidimos enfrentar con las armas la agresión.

Es absolutamente cierto que el despojo contra los indígenas americanos lleva más de cinco siglos. Razón de más para luchar por su justa reivindicación. Compartimos completamente todas las aspiraciones de las comunidades indígenas y de hecho las estamos apoyando al riesgo de nuestra propia vida. Pero la fuerza de los hechos históricos impone también que los indígenas no son las únicas comunidades violentadas y perseguidas en Colombia.

A veces parece desprenderse de sus sinceras alegaciones, que las comunidades indígenas sólo miran por ellas mismas, desconociendo la suerte de los demás desposeídos y perseguidos de Colombia, que suman por lo menos treinta millones de compatriotas. El grave conflicto colombiano no puede ser solucionado sólo para las comunidades indígenas, simplemente porque ustedes

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hacen parte de Colombia, habitan en territorios codiciados por los mismos terratenientes e inversionistas que despojan a colonos, mineros, trabajadores y demás sectores explotados.

Con todo el respeto y la consideración que merecen, me permito expresarles que no es aislándose del resto de colombianos que claman fervientemente por la paz y la justicia social, como van a lograr conquistar sus viejos anhelos. El Ejército colombiano no sólo ocupa resguardos indígenas, sino que cumple su labor predadora por todo el territorio nacional. Su misión es prestar seguridad a inversionistas, empresarios y terratenientes nacionales o del extranjero, al precio de aplastar cualquier oposición al modelo de saqueo y empobrecimiento que defienden.

Nosotros no sólo creemos que el Ejército debe salir de las comunidades indígenas, sino de todo el campo colombiano. Su misión natural es guarnecer las fronteras en defensa de la soberanía nacional, pero las clases dominantes lo han convertido en una máquina al servicio de poderosos intereses extranjeros, dirigida directamente por generales norteamericanos.

El reconocimiento de la autonomía y la autoridad de las comunidades indígenas no nos hace ciegos ante la suma de intereses que llegan a ellas. Si los conquistadores españoles se valieron de la Iglesia, los halagos personales y hasta de la corrupción de muchos caciques como mecanismos de avanzada para su presencia expoliadora, sabemos que igual sucede hoy con diversas organizaciones de rostro humanitario, benefactor o clientelista. Fenómenos así minan la credibilidad de muchos liderazgos en la propia base indígena y descomponen su organización.

Sentimos sincero respeto por su oposición al empleo de la violencia como mecanismo de lucha. En una humanidad civilizada, ajena a los intereses de clase, seguramente que tal pretensión será generalizada. Por eso luchamos. Pero no es menos cierto que las realidades de Colombia, gobernada secularmente por una casta violenta y agresora, terminaron por producir la respuesta digna de los de abajo. Y esa también es una forma respetable de lucha, que no puede ser condenada por principio sin borrar de un plumazo la historia y rozar los límites de la utopía.

Como se infiere de su aspiración de poder desarrollar un proyecto de vida, sin que cambien las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que dominan el resto del país. El problema de ustedes no puede ser examinado a la simple luz de la no presencia del Ejército o la guerrilla en los resguardos, porque como dice Santos, el Ejército jamás va a abandonar sus bases. Porque su presencia encarna un modelo de dominación nacional, continental, de aspiraciones mundiales. Lo que hay que derrotar es ese modelo, y para ello hay que comenzar por el cambio del régimen.

podemos, así es la lucha. Igual sucede con campesinos, mineros, obreros, estudiantes y toda la juventud colombiana que decide unirse a la lucha. Las normas del Derecho Humanitario que ustedes citan prohíben ubicar bases y cuarteles de guerra en medio de la población. Nosotros jamás lo hacemos, ustedes saben que la tropa sí, y de manera permanente y dolosa.

Ustedes exigen que no empleemos nuestras armas con riesgo para la población civil. Nosotros somos población civil a la que la violencia estatal y paramilitar obligó a alzarse. Jamás podríamos tener en la mente la idea de afectar gente inocente. En eso compartimos por completo su reclamo con plena disposición a evitar que ocurra. ¿Pero qué hacer con las fuerzas terroristas de ocupación? Consideramos válidos y legítimos los heroicos esfuerzos que ustedes cumplen hoy.

Si en Colombia cesan las operaciones militares, los bombardeos y ametrallamientos, los desplazamientos forzados, el despojo de la tierra, los crímenes contra el pueblo y la impunidad, con toda seguridad que no tendrá sentido la existencia de las guerrillas. Si el Ejército, la Policía y los paramilitares salen del Cauca, si termina su guerra contra indígenas, campesinos, mineros y pueblo en general, nosotros no tendremos problemas para salir también.

En toda Colombia crece un ruidoso clamor por la paz. Por una salida política a la confrontación. Esa ha sido entre todas la más vieja de nuestras banderas. Es el régimen el que jamás se ha aprestado a poner fin a su predilección por la violencia. Es a él al que hay que obligar a abrir un diálogo. Ustedes, que hoy más que nunca sufren el estilo característico de responder en Colombia a las aspiraciones de paz, son bienvenidos sin duda al trabajo por ella. Con su presencia combativa estaremos mucho más cerca de ella.

Reciban todos mi afectuoso abrazo, que es el de todas las FARC-EP, el de todo el pueblo colombiano que los admira, aplaude y respalda.

Timoleón Jiménez, Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP Montañas de Colombia, 20 de Julio de 2012

Esa es nuestra lucha y la de millones de colombianos que estamos seguros los apoyan en este momento, los cuales verían fortalecidas sus aspiraciones si ustedes también apoyaran sus reivindicaciones. El asunto en la hora es unir fuerzas, no separarlas.

Las guerras son cruentas, más las que enfrentan a los pueblos con regímenes terroristas al servicio de potencias imperiales. Toda la maquinaria militar, económica, ideológica y política es puesta en juego por estos últimos en aras de su victoria. Ella incluye la propaganda negra, los infundios y provocaciones más groseras. Nosotros más que nadie somos víctimas de todo eso junto.

Si a nuestra gente llegan muchachos indígenas sanos, desesperados por la miseria en que crecieron, ansiosos por luchar para mejorar la suerte de su pueblo, no los rechazamos. No

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Pronunciamiento de las autoridades indígenas del norte del Cauca organizadas en la Cxhab Wala Kiwe – ACIN y el CRIC al presidente Juan Manuel Santos Toribío, julio 11 de 2012

Señor presidente

Juan Manuel Santos: Reciba un saludo de las autoridades indígenas del norte del Cauca organizados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Cxhab Wala Kiwe ACIN y el CRIC. Aprovechamos su presencia en territorio indígena del Cauca para reafirmar varios pronunciamientos que hemos hecho los últimos meses y proponerle alternativas a las políticas equivocadas que impulsa su Gobierno, y entregarle la Declaración de Toribío del 20 de julio del año 2012. Lo hacemos desde nuestra posición de paz, dignidad y autonomía, y con el respeto que mantenemos por todos los actores políticos del país, indispensable para lograr la paz.

Nosotros no le hemos declarado la guerra al Estado ni a la guerrilla. Lo que nosotros queremos es autonomía territorial, gobiernos propios y comunitarios, aplicar la justicia para la armonía de la gente y con la naturaleza, un modo de vida sustentable que enfrente el consumismo, una alianza popular para hacer una Colombia más justa. Lo que se resume en “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, una expresión que nosotros entendemos exactamente como “libre determinación”, que las Naciones Unidas aprobaron en la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Todo lo anterior está también en la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás convenios internacionales de derechos humanos (que hacen parte de la Constitución) y son normas de obligatorio cumplimiento por el Estado.

Pero a pesar de que nuestro proyecto de autonomía territorial está protegido por normas internacionales, molesta al Estado y a la insurgencia, pues la autonomía es contraria a cualquier modelo territorial o político que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que no cuente con nosotros. Aunque no seamos un actor militar, nos hemos convertido en contradictores de los propósitos del Estado y de la guerrilla; nos hemos convertido en enemigos de la guerra; reconocemos ese carácter. Por eso, le hablamos como actores y constructores de paz.

La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso Hace un año —cuando declaramos la Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra— dijimos que la guerra es funcional al modelo de colonización minero-energético, de la expansión de los agrocombustibles y de la expropiación de los territorios indígenas, afros y campesinos, impulsada por las transnacionales. La ocupación de nuestro territorio por el Ejército y la insurgencia promueven un modelo territorial y económico extractivo y dependiente de las rentas de los recursos naturales. Dijimos también que el conflicto

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armado es una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente, que absorbió toda la vida nacional y subordinó la política a las prioridades militares. Por eso la enorme despolitización y degradación del conflicto armado interno.

El territorio indígena del norte del Cauca ha vivido en conflicto armado desde hace 50 años. El Estado ha ensayado una docena de estrategias: guerra integral, plan de rehabilitación, zona de orden público, zona del CCAI y ahora zona de Consolidación Territorial. Nada de eso ha funcionado. La seguridad democrática, que dicen que fue muy exitosa, solo sirvió para que las FARC ya no tuvieran tres grandes campamentos sino cincuenta más pequeños. Aquí en el norte del Cauca mataron a Alfonso Cano, y la gente ni se percató. Ahora nos han traído el Plan Nacional de Consolidación y todo indica que será otro intento fallido; se lo queremos mostrar de forma detallada: El Gobierno ha dicho que el Plan de Consolidación comienza por una rápida y contundente “recuperación militar del territorio”. Pero en el norte del Cauca llevamos ya ocho años de eso: en 2006 fueron incluidos los municipios del norte del Cauca como zonas de consolidación y áreas de priorización del Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI; en 2009 fueron aumentadas en 5.000 unidades las tropas del Ejército; en junio de 2011 se agregaron 2.000 unidades luego del ataque de las FARC a Toribío y se reanunció el Batallón de Alta Montaña en Tacueyó; en febrero de 2012 se anunciaron otros 4.000 luego de los hechos de El Palo; en junio de 2012 llegaron otros 334. Según esos datos, no menos de 15.000 miembros de las Fuerzas Militares hacen presencia en nuestros territorios.

Y la tal “limpieza” de grupos guerrilleros nada que avanza. La frustración de los comandantes del ejército y de los ministros de Defensa por su ineficacia los pone a decir siempre lo mismo: que la población y la organización indígena protegemos a la guerrilla. El Gobierno sabe que eso es mentira, porque la más elemental inteligencia debería servir para estar enterados de la posición coherente del CRIC, la ACIN y los Cabildos contra el conflicto, que ha sido histórica, pública y reiterada.

Pero tampoco sirve para proteger a la población de los impactos de la guerra. Por la creciente militarización, los hostigamientos guerrilleros no han mermado, los muertos civiles por causa de combates o por minas antipersonal son constantes, los asesinatos fuera de combate son numerosos. El ejército ha acudido crecientemente al bombardeo indiscriminado y sin ninguna precisión, destruyendo diariamente —¡diariamente!— bienes civiles. Casas de comuneros y comuneras destruidas, cultivos de pancoger arruinados, animales muertos. Y los ataques de la guerrilla hacen lo propio. En síntesis: la seguridad como fruto de la militarización es una ilusión, y sobre todo termina siendo una violación sistemática de los derechos humanos. Las comunidades indígenas de Jambaló, Toribío, Miranda, Pitayó, Caloto, le podrían contar cientos de casos de victimización producidos todos por la política de guerra del Gobierno y por la respuesta de la guerrilla.

El Plan de Consolidación dice minimizar la intervención militar y pasar rápidamente a la reinstitucionalización de dichos territorios con la presencia civil del Estado. Pero esta apuesta tiene dos problemas severos: la militarización misma y el ataque consecuencial a la institucionalidad existente, sea civil ordinaria o indígena.

A nivel general, la construcción de obras y subcontratación de civiles, canalización de recursos de los ministerios civiles a través de los batallones, etc., no solo presionan de forma

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ilegal una vinculación de las comunidades en la confrontación armada, sino que destruyen las instituciones civiles y conspiran contra el propósito de crear una institucionalidad civil reconocida y respetada por las comunidades. Por otra parte, la desinstitucionalización de la autoridad indígena por parte del Gobierno nacional empieza con la negativa olímpica a reconocer que su intervención militar requiere de consulta y consentimiento previo, y que debe respetar la propiedad privada colectiva indígena. En segundo lugar, el irrespeto o desconocimiento a decisiones indígenas en materia de justicia, de control territorial, etc., así como la ocupación de bienes civiles que están al cuidado de la autoridad indígena (en particular escuelas). A esto se agrega una campaña sistemática de acciones de desprestigio contra la autoridad indígena y nuestros sistemas de justicia.

Según el Gobierno, la conquista de la seguridad dará espacio a la reinstitucionalización, y ambas servirán de base al desarrollo. Una estrategia hecha para una supuesta victoria militar, se pretende convertir en una estrategia de desarrollo. El único resultado es que el Estado no tiene estrategia de desarrollo seria ni estrategia de seguridad creíble, y en últimas ni siquiera tiene una estrategia para enfrentar a la guerrilla.

La militarización es contraria a la Constitución y al derecho internacional de los pueblos indígenas Todo este proceso de militarización se ha realizado sin cumplir la obligación de la consulta previa y sin atender al hecho de que el Gobierno no puede ocupar los territorios indígenas para propósitos militares. A los funcionarios les gusta repetir una frase: que ningún lugar del territorio nacional está vedado a la fuerza pública, queriendo decir que pueden entrar a cualquier lado sin pedir permiso y que ninguna norma los limita. Al respecto permítanos recordar: 1. El artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que estos lo hayan solicitado”.

2. La jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de la protección de la propiedad privada —en nuestro caso propiedad privada colectiva— reafirma que el Estado y, en particular, el Gobierno nacional no puede ni debe incurrir en el establecimiento de bases militares permanentes o transitorias en nuestros territorios sin el consentimiento previo y expreso de las comunidades indígenas e indemnizando plenamente los daños y perjuicios que se causan (sentencia T-303/97).

3. Como propiedades privadas, los resguardos tienen las mismas prerrogativas de cualquier predio inmueble, en particular los derechos de sus propietarios —en este caso los pueblos indígenas representados por sus autoridades tradicionales— a ser quienes otorguen permisos explícitos a particulares o funcionarios públicos para permanecer, transitar o hacer uso de sus bienes, salvo las servidumbres que ya estén previstas en las normas, caso en el cual se requiere de consulta previa.

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Los resguardos y demás tierras comunales de los pueblos indígenas no son bienes públicos ni bienes fiscales. No puede el Estado ocuparlos o utilizarlos como si no tuvieran las restricciones de la propiedad. El Gobierno solo puede intervenir, ingresar o permanecer en

los resguardos y tierras comunales indígenas si tiene expresa autorización de sus dueños, o si hay una orden judicial que lo ordene, la cual en primerísimo lugar corresponde darla al juez indígena. En otras palabras: la fuerza pública y cualquier funcionario del Estado sí tienen limitaciones y prohibiciones; las que establecen la Constitución, las leyes y el derecho internacional para proteger los territorios indígenas y la propiedad.

El Gobierno no quiere proteger a la población indígena de los efectos de la guerra Es claro que el Estado no ha podido avanzar en su estrategia armada contra la guerrilla, la cual es presentada como su estrategia de paz y de seguridad. Pero tampoco ha adoptado las otras medidas obligatorias para proteger la vida de las comunidades o las personas indígenas del pueblo nasa.

Tres años después que la Corte Constitucional le ordenara mediante el Auto 004 de 2009 adoptar el Plan de Salvaguarda para protegernos de los efectos de la guerra, el Gobierno sigue alargando el proceso con argumentos impresentables; el Gobierno no debe olvidar que el Plan de Salvaguarda es su obligación y no de las autoridades indígenas. No es cierto que haya avances sobre dicho Plan, como le ha manifestado el Gobierno nacional a la Corte Constitucional.

Más vergonzosa es la respuesta del Gobierno a las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la población de Jambaló y Toribío. Según los funcionarios enviados por el Gobierno ante la CIDH, ya tomó las medidas cautelares. ¿Cuáles son? La realización de 3 o 4 reuniones administrativas —sin ningún resultado— donde se ha hablado del Plan de Salvaguarda.

Si su Gobierno, señor presidente, hubiera acordado el Plan de Salvaguarda y adoptado las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, es posible que hubiéramos salvado la vida a alguno de los sesenta indígenas asesinados en el norte del Cauca los últimos tres años, o impedido los desplazamientos, o evitado las heridas a cientos de comuneros y comuneras, o protegido la vivienda de los casi 600 damnificados por los combates. Pero a alguien de su Gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era importante. Debe quedar absolutamente claro no solo que su política de guerra es ineficaz, sino que su política de protección a la vida de los indígenas es inexistente.

Propuestas y decisiones desde el movimiento indígena Alguien dijo que la locura era hacer una y otra y otra vez la misma cosa, y esperar que los resultados sean distintos. Es posible que eso le esté pasando al Gobierno nacional con la guerra. Por eso queremos proponerle a usted y al país que intentemos una forma diferente para resolver los problemas agudos y crónicos de la guerra colombiana.

1. Para proteger la vida de la población civil de Toribío y empezar la desmilitarización de la población y la vida cotidiana Ya vimos que la guerra diseñada por el Gobierno no protege a la gente y que sus acciones de protección humanitarias son inexistentes. En realidad lo que tenemos es una enorme militarización de los territorios y poco avance en seguridad y tranquilidad. Frente a eso proponemos tres medidas:

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a. Garantías plenas, reconocimiento y respeto para la función de la Guardia Indígena como garante de la tranquilidad y la seguridad de las personas y los bienes en el municipio de Toribío, y como actor de paz.

En realidad eso ya lo venimos haciendo, porque la Fuerza Pública no puede cumplir esa función en el casco urbano y debe refugiarse en un búnker o llenar nuestro pueblo de trincheras a la espera del siguiente ataque de la guerrilla; y en la zona rural solo nosotros somos garantes de la tranquilidad. Pero la presencia de la Fuerza Pública en medio de la población es un pretexto para los ataques de la guerrilla, e impide que la Guardia Indígena pueda cumplir adecuadamente este papel.

Por eso es necesario que la Fuerza Pública desaloje la población: porque no cumple su papel y porque es un evidente factor de riesgo. Y que el Gobierno debe garantizar los medios para cumplir esta función, sin ninguna injerencia sobre el funcionamiento autónomo de la Guardia Indígena. b. Respeto a los Diálogos Humanitarios realizados por las autoridades indígenas con los actores armados.

Frente al fracaso del Gobierno para garantizar la seguridad a nuestros territorios, consideramos que la alternativa creíble es que las comunidades afectadas podamos adelantar sin restricciones los diálogos humanitarios con los actores armados, especialmente con la insurgencia.

Nuestra experiencia como comunidades y autoridades indígenas es que se logra más en materia de seguridad para la gente si de forma firme y autónoma establecemos diálogos directos con actores armados para que se comprometan a cumplir las leyes de la guerra y las obligaciones humanitarias. En particular hemos venido adelantando la exigencia de que todos los actores acepten cuatro puntos centrales: no reclutar menores; no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma política; no utilizar armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos, pero también los bombardeos y ametrallamientos); y respetar la autonomía plena de los gobiernos y organizaciones indígenas.

o cercanías de la población civil. Tampoco aceptamos el establecimiento de Batallones de Alta Montaña en los territorios indígenas; el gobierno viola la Constitución y la ley al imponerlos sin nuestro consentimiento; ya están en camino las acciones jurídicas contra su implementación.

Repetimos lo que dijimos hace un año: no queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades. Esperamos que entienda que nuestro propósito es esencialmente humanitario.

Para superar el problema territorial que está en la raíz del conflicto armado en el Cauca Mientras sobre nuestros territorios ancestrales avancen el monocultivo de palma, tragándose toda el agua que producen nuestras montañas, y la aplanadora minera, profanando la Madre Tierra, no solo seguirá habiendo una profunda inequidad social por la injusta distribución de la tierra, sino que los actores armados van a seguir presionando a las empresas y a las economías locales para extraer las rentas que les permiten continuar la guerra. El modelo extractivista y de grandes plantaciones potencia la violencia política, como lo reconoció la Corte Constitucional.

Por eso es necesario: a. Reconocimiento pleno e inmediato de la propiedad ancestral indígena La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias que son obligatorias para el Estado colombiano, ha reconocido que la ocupación ancestral del territorio indígena es equivalente a título de propiedad y que el Estado debe proceder a realizar el trámite correspondiente.

En el caso del pueblo nasa no solo tenemos una ocupación cierta, permanente e histórica, una dinámica cultural propia y una concepción del territorio respetuosa de la Madre Tierra, sino que además tenemos los títulos de los resguardos coloniales, los cuales deben ser reconocidos de inmediato sin procedimiento administrativo distinto a incluirlos en los registros oficiales. El artículo del Plan de Desarrollo que ordena la reestructuración de los resguardos es de hecho la puerta de entrada a una confiscación, que en el caso de los territorios y resguardos está prohibida por la Constitución. b. Declarar el Territorio Autónomo Indígena del Cauca

Esto también lo venimos haciendo. Se trata de diálogos directos y francos de nuestros gobiernos autónomos. Desde hace un año convocamos al Gobierno nacional y a la guerrilla a esos Diálogos Humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Nos han dicho que estos diálogos están prohibidos, a menos que el presidente lo autorice. Nos parece una locura que se sancione a la gente porque intenta salvar vidas humanas, impedir desplazamientos forzados o proteger a las comunidades; es simplemente absurdo que actuar por la vida y por la paz sea un delito en Colombia.

Pero de forma clara le informamos, señor presidente, que los indígenas no vamos a esperar que algún día el Gobierno decida adoptar las medidas cautelares o el plan de salvaguarda para garantizarnos la vida, o a que termine la guerra ahora sí en veinte años.

La Ley de Ordenamiento Territorial aprobada por el Congreso en 2011 sin consulta previa con los pueblos indígenas es a todas luces inconstitucional. El Gobierno debe expedir un Decreto basado en el artículo 56 transitorio de la Constitución, consultado con los pueblos indígenas, para reconocer de pleno derecho los territorios indígenas como entidades territoriales de la República, como ya es reconocido también por la Constitución.

c. Respeto a las acciones indígenas por la desmilitarización de los territorios indígenas y el freno a la militarización promovida por el ejército y las FARC

Para fortalecer la institucionalidad que la guerra destruye

Reiteramos la exigencia a todos los actores armados para que desmonten sus bases militares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de utilizar los bienes civiles para usos de guerra. Hemos iniciado acciones hacia el desmonte de las trincheras y bases de la Policía y el Ejército, y simultáneamente de los campamentos de las FARC, que se encuentran en medio

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De forma inmediata puede constituirse el Territorio Autónomo Indígena del Cauca, con su Consejo Territorial de Gobierno como lo prevé la Constitución. Su funcionamiento es perfectamente viable y ofrece las posibilidades realistas de un territorio estable, en armonía con la naturaleza. Como ordena la Constitución, el Gobierno debe trasladar los recursos para que funcione esta entidad territorial.

En el Cauca indígena es claro que ningún actor externo podrá gobernarnos, ni siquiera por medio de la violencia abierta que ya han aplicado. Nuestra convicción es que solo los territorios autónomos gobernados por sus propias comunidades y autoridades son garantía de la realización de los derechos humanos y garantía de paz y dignidad para los pueblos indígenas.

La alternativa realista que tiene el Gobierno —y la insurgencia— es reconocer que la única

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institucionalidad estable en nuestros territorios es la que nosotros mismos nos demos. Por eso, en consonancia con la constitución del Territorio Autónomo Indígena del Cauca, debe el Gobierno nacional: a. Fortalecer los sistemas de gobierno propios Insistimos en la conformación inmediata —por medio de decretos presidenciales basados en el artículo 56 transitorio de la Constitución o por el mismo decreto de constitución de la entidad territorial— del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI), así como en el reconocimiento pleno de nuestro Sistema Propio de Justicia (Nasa Üus) y el Sistema Propio Económico-Ambiental que incluye un reconocimiento de las competencias como autoridades ambientales para las autoridades indígenas. b. Aplicación plena de las normas que reconocen a las autoridades indígenas tradicionales Ya es hora de que los funcionarios públicos abandonen la práctica de querer derogar con resoluciones lo que la Constitución y los instrumentos internacionales ordenan. Los pueblos indígenas tenemos competencias administrativas, políticas, legislativas y jurisdiccionales. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución o del Convenio 169 de la OIT: ni el Plan de Desarrollo, ni el Código Minero, ni el Decreto 1320 de 1998, ni la legislación petrolera. Del mismo modo, el liderazgo y autoridad de las autoridades espirituales y nuestras formas organizativas no pueden ser condicionadas por ningún funcionario de la Dirección de Etnias; los Planes de Vida priman sobre los Planes de Desarrollo.

Para que los principios y valores espirituales indígenas –paz y armonía– sean fortalecidos frente a los valores de la guerra Es claro que los impactos de la colonización de siglos sobre la cultura indígena han afectado nuestra cohesión interna y la fortaleza de valores de cooperación y equilibro social; el conflicto armado y el narcotráfico vinieron a agravar esa dinámica de erosión cultural. Una cultura debilitada tiene dificultades para frenar la propaganda militarista. Por eso es urgente: Apoyar un Programa sostenido y de largo plazo para la revitalización cultural y el Plan de Revitalización lingüística Esta es una tarea esencialmente interna, pero el Estado tiene un deber de reparación histórica.

Por eso, además de la constitución del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP y del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI), se requiere apoyar acciones de recuperación cultural a mediano plazo.

La pérdida lingüística es severa. Repetidamente hemos demandado el apoyo de los ministerios de Cultura y Educación para revertir ese proceso. Es el momento de pasar a los hechos y adoptar un Plan de Normalización y Normatización lingüística más allá de las acciones esporádicas, que cobije por lo menos dos generaciones en este proceso de recuperación.

Para superar los cultivos ilegales que potencian la guerra Mantenemos nuestra posición de buscar una solución autónoma para la situación de la economía ilegal. Reconocemos que es una aparente solución que adoptan algunas familias para resolver una situación económica angustiosa, que en el mediano plazo abre las puertas a una

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creciente crisis económica, crisis de valores y crisis de gobernabilidad. Reiteramos el compromiso de profundizar las acciones para resolver el problema. Pero la solución de los problemas de la economía ilegal debe ser dialogada entre la comunidad y los cultivadores, respetando siempre los intereses comunitarios; y debe ser autónoma frente al Estado y la guerrilla. No compartimos la política del Estado colombiano frente a los cultivos ilegales. Rechazamos las fumigaciones con glifosato porque arrasan con cultivos de alimentos cercanos a los cultivos de coca y no atienden el problema económico de fondo. La erradicación forzada no es nuestra política, y no la aceptamos ni la propiciamos. No estamos de acuerdo con la estrategia de familias guardabosques, porque involucra a la organización, las comunidades y las familias en una acción puramente represiva frente a los cultivos y de informantes en el conflicto armado interno. Eso no significa que el Estado deje de ser el responsable de resolver las demandas de las familias de cultivadores y de financiar la solución definitiva a la problemática.

Se requiere ya un Plan de Fortalecimiento de la Economía comunitaria indígena Se trata de un Plan basado en la solución al problema de la tierra, líneas de crédito a los agricultores, mejoramiento de infraestructura productiva (vial y empresarial).

Seguimiento de compromisos Si el Gobierno nacional respeta nuestras funciones para garantizar la tranquilidad, constituye el Territorio Autónomo Indígena, respeta nuestro gobierno y facilita el funcionamiento de nuestros sistemas de gobierno propios (educación, salud, justicia, ambiente), acepta una solución autónoma al problema de los cultivos ilegales, y detiene la aplanadora minera y cañera en el Cauca, tendremos condiciones para avanzar en la construcción de la paz. Todo eso requiere que el gobierno adopte una institucionalidad para responder a la autonomía indígena, y acabe con la institucionalidad existente, pensada para tutelar a los indígenas, o para responder a las necesidades básicas insatisfechas, pero que es incapaz de entender y coordinar con autoridades indígenas y sistemas políticos autónomos.

Proponemos al Gobierno que constituya una Unidad político-administrativa, adscrita a la Presidencia de la República con facultades y presupuesto propio, que coordine y resuelva los problemas de derechos colectivos, económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, y dentro de este enfoque atienda los problemas de pobreza y exclusión social, producto del abandono histórico.

Señor presidente: Permítanos dos consideraciones finales. Hace un año, en el Pronunciamiento de Toribío hicimos un llamado perentorio al Gobierno nacional para que la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono fuera rápida y digna, por parte de la comunidad, mediante procedimientos civiles, sin involucramiento militar. Nada de eso se atendió. Las casas siguen destruidas, la sede de la Alcaldía está en ruinas, los militares se meten en acciones de reconstrucción poniendo en riesgo a las familias. Solo ayer y en un claro hecho demagógico, a un día de su visita pero a un año largo de los hechos de la chiva-bomba, les han pagado los subsidios a algunos damnificados.

Usted, con toda razón, ha dicho que la denuncia de la violencia no puede ser utilizada para propósitos partidistas. Nosotros queremos decirle que la respuesta del Gobierno a las víctimas de la violencia política, no puede utilizarse para propósitos de propaganda institucional.

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Finalmente, resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz. Nuevamente ofrecemos el territorio indígena del norte del Cauca para que sea el escenario adecuado donde nos sentemos a dialogar sobre la terminación de la guerra y los necesarios cambios en el sistema político y el modelo socioeconómico. Pensamos, señor presidente, que hay que avanzar ya en resolver los problemas asociados a la guerra, tanto los que la provocan como los que la alimentan. Estamos de acuerdo con usted en que no hay que esperar a una negociación para que los actores armados pongan la agenda del país; pero eso significa que debemos iniciar ya la discusión en el seno de la sociedad colombiana.

Nosotros y nosotras estamos en toda la disposición para que hablemos de estos temas y problemas. Estamos abiertos a un Debate Público donde miremos el alcance de las transformaciones que requiere el país. Usted ha dicho que no le tiene miedo a la paz. Nosotros tampoco. De forma inmediata le proponemos que se sume a la convocatoria de una Consulta Nacional por la Paz, que 15.000 indígenas, afrodescendientes y campesinos aprobamos en la reciente movilización por la paz entre Caloto y Villarrica; y a la que se han sumado los gobernadores del Cauca, Valle y Nariño, y 16 alcaldes municipales. Preguntémosle al país si quiere seguir en este desangre terrible, o si se atreve a la difícil construcción de la paz.

Reciba usted de nuevo un atento saludo desde nuestra resistencia.

Cuente con nosotros para la paz.

Nunca para la guerra.

Autoridades indígenas del norte del Cauca organizadas en la ACIN y el CRIC

Comunicado

Julio 18 de 2012

La Asociación de Cabildos Indígenas del Cxhab Wala Kiwe - ACIN, frente a los hechos del día de ayer 17 de julio y de la madrugada del 18 de julio, en el Alto El Berlín, del municipio de Toribío, informa: 1. El lunes 16 de julio de 2012 los gobernadores de los Cabildos de Tacueyó, Toribío y San Francisco notificamos formalmente al general Jorge Jerez que la Guardia Indígena y las comunidades de estos resguardos procederían a ocupar de forma total la zona aledaña a las torres de comunicación ubicadas en la vereda Berlín resguardo de San Francisco, en diligencia que se realizaría a primera hora del día 17 de julio de 2012; le informamos que intervendrían las Guardias Indígenas del norte del Cauca coordinadas por la ACIN. 2. La diligencia se ordenó para superar una situación “de hecho” violatoria de los derechos a la propiedad privada colectiva sobre dichos predios, la paz, la consulta previa y la tranquilidad, violentados por el Estado colombiano con la presencia ilegal del Ejército en el área. Para restablecer el orden constitucional, la comunidad propietaria procedería a la restitución de la propiedad colectiva. La notificación se hizo con el fin de que el ejército organizara el operativo de abandono de los predios invadidos ilegalmente y tuviera el tiempo suficiente para evacuar equipos, implementos y demás medios allí almacenados.

3. En la noche del 16 y madrugada del 17 de julio, el ejército disparó varias ráfagas de fusil dirigidas al área donde la Guardia Indígena y varios comuneros dormían, y simultáneamente lanzó gases lacrimógenos. No tuvimos ninguna respuesta a nuestra pregunta sobre el porqué de este ataque militar contra personas desarmadas aprovechando la oscuridad de la noche. La comunidad se molestó por la provocación y activó el mecanismo de alerta temprana, pero no respondió para evitar una tragedia.

4. El día de ayer 17 de julio de 2012 hicimos presencia unos 2.500 comuneros y comuneras de los pueblos indígenas del Cauca en el sitio donde se encuentran las torres de comunicación. A las 9 y 30 de la mañana el gobernador del resguardo de Toribío le reiteró sobre la diligencia al comandante de las fuerzas acantonadas, y suspendió la orden por una hora para que los militares pudieran terminar de preparar su evacuación.

5. A las 10:30 a.m. la comunidad procedió al desalojo. La mayoría de los aproximadamente 60 soldados acataron la orden de su comandante de retirarse del lugar; 6 soldados y un sargento se negaron a salir a pesar de reiteradas solicitudes de la Guardia Indígena. Ante la negativa a cumplir la orden de la autoridad indígena, la Guardia procedió a utilizar la fuerza legítima; a un sargento lo empezó a llevar cargado y empujó a los demás soldados para que desalojaran el área. En medio del forcejeo uno de los soldados amenazó con matar a los indígenas que estaban a su alrededor y disparó su fusil entre la comunidad desarmada, ante lo cual las personas indígenas respondieron lanzándole tierra para pro-

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tegerse y empujando con más fuerza; los otros soldados dispararon al aire tiros de fusil y lanzaron gases lacrimógenos, al parecer para asustar a la gente reunida, sin lograrlo. Un segundo soldado tomó una granada de fragmentación y amenazó con estallarla en medio de la gente, ante lo cual varios Guardias Indígenas desenfundaron sus machetes en un acto comprensible de legítima defensa; el sargento le ordenó a dicho soldado que guardara la granada y este obedeció. Luego de esto, la Guardia y la comunidad terminaron la evacuación de los soldados utilizando una mayor fuerza, pero sin acudir a golpes de ninguna especie. Los anteriores hechos ocurrieron entre las 10:30 y 10:48 de la mañana. La situación se normalizó inmediatamente. No hay heridos ni contusos entre la comunidad ni entre la tropa, lo que refuta de forma contundente que los indígenas hayamos golpeado con palos o piedras a los uniformados.

6. Una vez salieron los soldados, la Guardia Indígena y la comunidad los apoyó en el traslado de víveres y otros materiales no bélicos hasta el sitio donde se asentaron. Terminada la diligencia, las autoridades indígenas y los coordinadores de la Guardia acordaron con el comandante del destacamento militar que sus tropas permanecerían a una distancia de no menos de 500 metros. Es absolutamente falsa la información de que las comunidades destruyeron bienes o quemaron alimentos de la tropa.

7. Al final de la tarde se presentaron algunos incidentes. Un soldado, violando el compromiso de no ingresar al área ya ocupada por la comunidad, se acercó en actitud provocadora con el fusil desasegurado y con una granada de fragmentación al sitio donde se reunían los gobernadores, consejeros y médicos tradicionales de la comunidad, amenazando con asesinarlos; una vez rodeado por un grupo más amplio, y cuando iniciamos a grabar con cámara filmadora, guardó la granada y aseguró el fusil, y luego regresó al campamento.

Otro soldado le dijo a un comunero que bajaba del cerro que si escuchaban un disparo en la zona, el ejército bombardearía el lugar donde se encuentra la comunidad.

reclamo de que la Guardia Indígena se extralimitó en sus funciones y violó derechos humanos de los soldados, la justicia indígena procederá a la investigación correspondiente; esperamos que el ejército nos formalice la denuncia.

11. Lamentamos que la respuesta del Gobierno, una vez más, sea el atropello a las personas y a nuestros derechos. Los señalamientos del general Alejandro Navas a nuestro vocero Feliciano Valencia, de que se encuentra por fuera de la ley, asimismo las acusaciones de vínculos con la guerrillas de nuestro compañero hechas por el expresidente Uribe Vélez, todas son falsas y constituyen delito de calumnia. Reafirmamos que Feliciano Valencia es nuestro vocero oficial y cuenta con todo nuestro respaldo.

12. Reiteramos nuestra disposición al diálogo. No ayudan a ese propósito las declaraciones temerarias del ministro Pinzón sobre infiltración de la guerrilla, ni la información falsa de que las comunidades han agredido a la fuerza pública o destruido sus pertenencias personales.

13. Continuaremos con el ejercicio de liberación de la Madre Tierra, hasta que nuestros territorios estén libres de la enfermedad del militarismo que impulsan la guerrilla y el Estado.

Consejería Cxhab Wala Kiwe

8. En la madrugada del día de hoy 18 de julio llegaron a la zona un grupo de miembros del ESMAD. Hacia las 5 de la mañana, con el uso de gases lacrimógenos y papas-bomba, y con amenazas constantes de las tropas del ejército que vinieron a apoyarlos, intentaron hacer salir a la Guardia Indígena encargada de cuidar las torres de comunicación y velar por nuestro sitio sagrado. No hubo prensa que mostrara las agresiones de que fuimos víctimas.

Hasta el momento hay 26 heridos indígenas, cuatro con papa-bomba y otro con disparo de arma de fuego, así como un detenido y cerca de 10 con paradero desconocido, lo que prueba de forma contundente cuál es el método utilizado por el Estado. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que llegaron al lugar fueron igualmente agredidos por el ESMAD. 9. Esta reacción desmedida de la fuerza pública, así como el cambio en el enfoque utilizado por algunos medios de comunicación para tratar los hechos de los últimos dos días, responden a la campaña orquestada por el Gobierno nacional para desprestigiarnos, mediante la declaración de personajes indígenas y no indígenas al servicio de las fuerzas armadas y el señalamiento temerario de supuesta infiltración de la guerrilla realizados por miembros de la fuerza pública.

10. Lamentamos profundamente haber tenido que utilizar la fuerza en nuestra diligencia de restitución de derechos constitucionales. Esto se hubiera podido evitar si el Ejército hubiera atendido nuestro requerimiento en debida forma y el Gobierno nacional les hubiera ordenado retirarse de nuestras propiedades colectivas y de nuestros territorios. Ante el

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Carta abierta desde las encrucijadas del conflicto y de la guerra en la búsqueda común de caminos de paz El padre Ezio Guadalupe Roatino vive en Toribío. Tiene casi 70 años, y los últimos 20 los ha pasado con los indígenas nasa. Habla el nasayuwe (la lengua indígena de la región) con un acento italiano que causaba las risas de los indígenas cuando empezó a hacerlo, y ahora causa el respeto de la gente. El día de la liberación del cerro sagrado El Berlín –cuando la Guardia Indígena cumplió la orden de los Cabildos de restituir la zona para el trabajo tradicional–, ese día, se echó una ruana al hombro, la linterna, agua y limón en la mochila, y se fue a acompañar a su gente. El periodista de Semana que se le unió para subir al cerro, de unos 30 años, quedó tirado en el camino, exhausto y desmayado del cansancio; el padre se encargó de ir a buscar ayuda. Pasó la noche en el cerro, durmió en el suelo como todos los demás indígenas, oró como todos los días. Al amanecer lo despertó la violencia brutal y cruel de los soldados, que con papas-bombas y gases lacrimógenos quisieron vengarse de la dignidad indígena que los había desalojado. El padre Ezio, testigo de los hechos, nunca entendió por qué los medios y el Gobierno se rasgaron las vestiduras por un acto pacífico y desarmado realizado por los indígenas; tampoco por qué fueron tan complacientes y cómplices con el desalojo violento y armado que realizó el ejército al día siguiente. Este es su testimonio y su constancia.

«Dichosos los constructores de paz porque serán llamados hijos de Dios», dice Jesús (Mt. 5,9).

«Caminante no hay camino, se hace camino al andar y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar».

Busquemos juntos caminos nuevos, no volvamos a recorrer y repetir caminos ensangrentados.

La mirada está en la paz, el camino será la paz, con la fuerza de la esperanza, de la conciencia y de la verdad, arriesgando la aventura de la fraternidad.

Uno de estos días, el 18 de julio, subí al cerro de las Torres de comunicación del Berlín. ¿Por qué?

Porque el día de mi ordenación sacerdotal me dijeron que para acompañar a la comunidad debía inspirarme en el “Buen Pastor que está donde está el rebaño”, sea en la hora del sol y del pasto fresco, sea en la hora de los lobos.

Subí al cerro de las Torres porque Amerindia está escribiendo otra página en el doloroso camino comenzado en el lejano y cercano 1492.

Allá en las Torres del Berlín estaba la comunidad en resistencia civil, defendiendo y reclamando la paz, que es la contraseña de la vida. Me quedé una noche y un día. Debía responder a preguntas que se hacía y me hacía la Comunidad y que yo mismo sentía la necesidad de profundizar, casi buscando reconfirmar mi sacramento de la confirmación. ¿Me equivoqué acompañando en estos treinta años al pueblo nasa? ¿Caí en la trampa de una guerrilla infiltrada, de un pueblo terrorista?

Lo que encontré es el alma de un pueblo que tiene raíz, que tiene sueños, que tiene historia, que tiene religión y cultura, que tiene resistencia para ser lo que es y lo que quiere ser.

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Encontré a las madres que decían al gobernador del Cabildo: «Mande una delegación de mujeres a hablar con el Esmad, a veces las mujeres podemos hacer algo más», y a los jóvenes impetuosos que decían: «No busquen la agresión».

La gente de la comunidad allí en el cerro comía algo, rápido, de pie, dormía sobre un plástico, porque se sabe en Éxodo, y el día de la confrontación estuvo vigilante, corriendo para llevar al puesto de salud a los heridos y asfixiados por el gas.

Había un joven muchacho, un guardia indígena, de unos 15 años, con manos limpias, sin instrumentos de guerra, en el filo del cerro, a pocos metros de los antimotines. Cayó ahogado por el gas y fue capturado por un soldado. Fue golpeado y se liberó valientemente. Corrió al campo-base y fue atendido por el personal de salud. Recibió alguna atención médica y como no estaba fracturado, a los 15 minutos, sin comer nada, corrió nuevamente a retomar su posición, allí donde había caído y se había levantado.

Un joven cargado de siglos, atalaya del mañana, David y Goliat de nuevo, de frente. Decía, y con él los compañeros: «Ésta es nuestra tierra».

Historias épicas de valentía y de riesgo, como estas, las había leído en tiempos de mi juventud en las narraciones de la independencia de los países europeos. Ahora las veía con mis ojos, aquí en este morro, Calvario y Tabor, al tiempo.

Bajé de la montaña recargado, no de exaltación, sino de decisión y de agradecimiento. Con el pueblo nasa siguen caminando la Gaitana, Juan Tama, Manuel Quintín Lame, Pedro León Rodríguez, Álvaro Ulcué, Cristóbal Sécue.

Solo por esta experiencia valió la pena haber subido a las Torres.

Pensando en la arremetida de la mañana, cuando los antimotines habían desplazado a los nasa desde el filo de las Torres, corría por mi mente la palabra de un gran obispo de América, Pedro Casaldáliga: «Soldados vencidos de una causa invencible».

No me había equivocado, entonces, cuando acepté la invitación del padre Álvaro Ulcué, en aquel lejano 1982, aventurándome a caminar por las montañas de Toribío y del Cauca.

Hermanos representantes del Estado, hermanos de la insurrección armada, hermanos caminantes en la búsqueda de la paz de todos los rincones del país, aprovechemos esta hora, descifremos el llamado, escuchemos al profeta Isaías: «Forjarán de sus espadas azadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Casa de Jacob, casa de Colombia, en marcha, caminemos a la luz de Yahvé» (Is. 2,4). ¿Por qué tanto gasto en armas? Si este dinero estuviera al servicio de la educación y del empleo, sobrarían los antimotines y los “reclutamientos” para la guerra. ¿Por qué no intentar esta “aventura imposible”?

Hombres de la guerra, ¿cuándo nos daremos cuenta que somos hermanos, por sangre, por nación, por bautismo, por un don del Creador? ¿Quién nos ha enseñado a sembrar y legalizar desolación, terror y muerte? ¿Por qué hemos cancelado de la conciencia el mandamiento del amor que está por encima de todo: “No matarás”, “Ámense los unos a los otros”? ¿Por qué hemos dejado infiltrar en la vida la legitimidad y la justificación de la muerte?

La infiltración del dinero, el monstruo del narcotráfico, ponen en riesgo mortal la legitimidad de instituciones, agrupaciones y, en primer lugar, cancelan la conciencia ética de los corazones.

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Redescubramos el sentido genuino de Patria y Revolución. Reconciliémoslos. Miremos a nuestros niños aterrorizados, hijos de víctimas y de victimarios, hijos de la guerra. Desde ellos y con ellos recomencemos a vivir. No más masacre de inocentes. No burocraticemos este momento de nuestra historia. Es un don que interpela nuestra responsabilidad. No al miedo, al desánimo y a la indiferencia.

Ya están en curso diálogos entre Gobierno y movimiento indígena en Santander de Quilichao y Popayán. Esperemos que sea un paso firme hacia el diálogo.

Llegó la hora del diálogo, que no es, que no sea, diplomacia, táctica, ganancia y astucia, terquedad en barreras insuperables. Es sencillamente un acto de modestia, de audacia y de amor, creyendo que otro camino es posible. Es sentarse a la mesa de la fraternidad, escuchándonos. Es salir de donde estamos, es desarmar el corazón en primer lugar. Un convite para todos, especialmente para los últimos. Aceptar que el camino puede ser largo: tanto tiempo de conflicto armado incrustado al conflicto social y cultural pide una buena purificación de la memoria y un cambio profundo que lleve a un renacimiento. Pal Álvaro Ulcué decía: «Que el miedo de matar sea más grande que el miedo de morir».

Toribío de ícono de la guerra y del fratricidio, pasará a ser el laboratorio de paz, el arco iris de un tiempo nuevo.

Agradecemos a todos los visitantes y amigos solidarios de estos días: Naciones Unidas, Cruz Roja, organizaciones indígenas de otros resguardos, movimientos populares, instituciones nacionales, departamentales, gubernamentales y no gubernamentales, internacionales, personas de la calle, periodistas y comunicadores: nos han traído aliento, amistad y unas nuevas ganas de caminar y de sonreír a la vida.

Que Toribío siga siendo una casa de corazón y puertas abiertas. Un nudo y un cruce de comunicaciones cara a cara y también de comunicaciones virtuales, con corazón de carne.

Gracias a todos y que esta «alianza» y «espíritu de familia» sean una avalancha que arrastre el tiempo. ¿De dónde se desencadenó esta sorpresa que estamos viviendo, esta brecha que, tal vez imprevista, se abrió y rompió, sin duda por un tiempo, la oscuridad y el dolor de la guerra?

Era el domingo 8 de julio, las 10:30 de la mañana: en Toribío se escuchó un grito y se vio un levantamiento. ¿Qué pasó? Un “tatuco” cayó sobre el Centro Médico, la IPS indígena, hirió cuatro enfermeras y destrozó a Helena Briceño, la coordinadora de las enfermeras. Ella está ahora en tratamiento médico con una pierna amputada, en la clínica Valle de Lili de Cali.

Alguien la oyó gritar: «Ayúdenme, ayúdenme, no me dejen morir”, que se traduce: no me dejen matar. En aquel grito que recogía gritos y agonías del pasado, gritaba Toribío, gritaba Colombia.

Los indígenas que estaban en Asamblea permanente en la casa comunal del Manzano, con el gobernador del Cabildo al frente, tal vez por un «hilo» que saben manejar los espíritus de la madre tierra y el Espíritu, considerando lo absurdo de que la muerte entrara allá donde se cura la vida a riesgo, sin esperar autorizaciones, sin cálculos de prudencia, obedeciendo a la suprema ley de la conciencia libre e indignada, se levantaron gritando: «Basta ya, no más».

Van al Alto del Manzano, donde estaba la zona de operación militar de las FARC, secuestran las armas y desmontan el lanza-tatucos. Cesan los disparos. Se despeja el camino para el 9 de julio, aniversario de la maldita chiva-bomba.

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El día ya estaba programado para la guerra. Pero no fue así: el 9 de julio de 2012 fue el día de la marcha por la paz, con pronunciamientos de las autoridades, con la decisión de desmilitarizar el territorio. Hubo celebración eucarística. Amaneció. Esta «hora» ya entró en la historia de Toribío y de Colombia. Afuera del lugar había algunos milicianos desfilando con símbolos de paz. “Hermanos milicianos no hagan esto. Escojan. Están camuflando y entorpeciendo la resistencia civil de un pueblo”.

Escucho decir que las autoridades indígenas podrían ser judicializadas por querer la desmilitarización del territorio. Dicen que están en contra el Estado. No están contra el Estado, están contra la guerra, que significa estar contra la muerte que es el resultado de la guerra y que necesita de actores armados.

Mantengamos la lucidez del pensamiento y la verdadera razón de un proyecto de paz que obviamente necesita un clima de confianza y un plan de garantías.

Recordemos el Artículo Primero de la Constitución de Colombia (las primerísimas palabras de la Carta Magna del país): «Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, fundada en el respeto de la dignidad humana».

Los indígenas han hecho resplandecer la Constitución de la República de Colombia transformando la letra en historia. Creo que los constitucionalistas podrán interpretar el «levantamiento» de estos días con el peso de cada palabra del Artículo Primero, como un grito de obediencia al corazón de la Constitución. Además, los indígenas recuerdan a los legisladores que están esperando la puesta en marcha del mandato constitucional de las entidades territoriales.

Los Cabildos Indígenas merecen un reconocimiento del Estado por ser ciudadanos que en horas supremas del camino de la nación han sido y siguen siendo defensores de los valores supremos de la Constitución de la República.

La prensa y los medios de comunicación (no todos) no han hecho siempre un servicio a la verdad y a la paz. Esto lo digo con pleno respeto a la libertad de opinión y de expresión. Pero la Verdad tiene derechos primarios. Hay cosas que no son. Una fotografía de impacto mediático, a veces puede tapar más que revelar. La complejidad de la situación y el costo del conflicto piden más análisis. También en Toribío tenemos muchas fotografías de indígenas maltratados, vengan y las verán. En nuestros cementerios, en muchas partes del territorio ancestral, hay una cruz que recuerda un derramamiento de sangre.

Dicho esto, también digo que cuando se transgreden los derechos humanos por parte de los indígenas tengo que denunciarlo claramente, sin excepción de personas. Y estoy seguro y espero que mis hermanos indígenas hagan lo mismo. El campo de la confrontación de fuerzas no es nunca totalmente sereno: hay tensiones, alguna desconfianza, inseguridad, recuerdos dolorosos del pasado. El «el ojo por ojo» no está completamente evangelizado y la disciplina de la no-violencia exige un aprendizaje prolongado. Sepamos ser comprensivos y tener misericordia con todos. No tenemos que colar el mosquito y tragar el camello.

Por gracia de Dios y por mi larga experiencia de años, de situaciones y lugares transitados, busco estar con el samaritano allá por el camino entre Jerusalén y Jericó, donde caen hermanos asaltados y heridos. Luchar por la justicia sí, violencia no. Esto nos enseña el Maestro. Y aquí me encuentro con el artículo 11 de la Constitución de Colombia: «El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte».

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Hermanos indígenas acostumbrados a las evaluaciones y la autocrítica en las Asambleas, aprovechemos este momento para aclarar alguna cuenta que posiblemente podamos tener abierta con la Comunidad y con todos, en el camino de la igualdad, del servicio y del diálogo.

El Estado en este momento necesita ser sostenido por un nuevo vigor y una nueva sangre, viva y no sacrificada, un convite a la unidad de las diferencias. Hermanos indígenas, sigamos colaborando. Que la organización indígena presente y comparta una entereza entera.

Escuché por un medio radial a un general de la República que llamaba «terroristas» a los indígenas que estuvieron el día del desalojo frente a las Torres de comunicación del Berlín, y presentando a los antimotines como soldados cumplidores de un Estatuto ético del Ejército.

Me dolió y me duele escuchar estas palabras. Espero que un día, señor general, las pueda retirar por fidelidad a su conciencia bien informada y por honor a la Patria. Estuve ese día once horas en el escenario de los hechos. Miraba y escuchaba. La Guardia Indígena, con toda la comunidad, sí ha sido maltratada, y los antimotines no estuvieron a la altura donde usted los pone. No había razones para echar tanto gas de tantos colores, ni de producir tantos heridos, ni de golpear a las personas, ni de cerrar el paso violentamente a quienes llegaban desarmados para solidarizarse con sus compañeros. Señor general, si estos indígenas son terroristas, yo también soy uno de estos terroristas.

El presidente de la República vino a Toribío en horas difíciles: lo recibió una casa parroquial supermilitarizada. Tocó por la circunstancia. Pero nos dolió mucho porque Evangelio y armas no pueden convivir en la misma casa. Esperamos otra visita del presidente en una casa desmilitarizada sentado a una mesa de hermanos con el brindis alegre del vino nuevo de la paz.

Toribio, Colombia, llegó una hora nueva: domingo 8 de julio de 2012, 10:30 de la mañana.

Un grito: «No me dejen matar».

Un levantamiento: «Basta ya, no más». Un levantamiento que tiene que ver con un levantamiento de Alguien que al tercer día salió de un sepulcro.

Sincronicemos el reloj a las 10:30 del 8 de julio de 2012. El tiempo no se ha parado porque la historia camina y corre. Pero el tiempo sí se ha recargado, una nueva conciencia se ha despertado, un pueblo «mayor» se ha puesto a caminar. En este camino los niños están adelante de nosotros, nos miran, nos agarran las manos y nos piden que no los dejemos matar. Ellos merecen algo más que un reclutamiento para la guerra y una tumba antes de tiempo. ¿Los estamos escuchando? Nos hablan a todos nosotros: padres y comunidad nasa, Estado, guerrilla y, unidos a los niños del país, y de «las tumbas tempranas», hablan a Colombia.

Terminando la carta dejo la palabra al padre Álvaro Ulcué Chocué (hermanos nasa, no lo olvidemos), en la vigilia de su muerte: «El cuerpo lo matarán, el espíritu no lo matarán, seguirá vivo luchando en la comunidad».

Una fe en la vida más fuerte que la muerte es el camino, es la consigna de esta hora y de este lugar.

Amaneció, amanezcamos.

Toribío, julio 25 de 2012 Pal Ezio Guadalupe Roattino Misionero de La Consolata Hermano de todos en nombre de muchos

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