el voltaje Anticipando

EL CRECIMIENTO VERTIGINOSO de las energías renovables en Chile se ha traducido en un aumento de los proyectos de este rubro, en particular, y también del sector energético en su conjunto que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Y no solo de los de transmisión, que atraviesan largas extensiones de terreno para llegar hasta los centros de consumo, sino también de los de generación ERNC, que para construirse requieren grandes superficies de territorio donde instalar los miles de paneles fotovoltaicos o los imponentes aerogeneradores.

Según datos del Servicio de Evaluación Ambiental

Lograr una definición adecuada del emplazamiento de las instalaciones y mantenerse informados sobre los nuevos criterios y lineamientos establecidos por el SEA, están entre las recomendaciones que plantean consultores a los titulares de iniciativas, para hacer más expedita su tramitación.

(SEA), en 2022 ingresaron al SEIA 165 proyectos energéticos. De ese total, “se aprobaron 22; 91 se encuentran aún en evaluación y 52 no fueron admitidos/desistieron/término anticipado/retenido por Art. 94”, informan desde el organismo.

¿Qué factores pueden incidir para que la evaluación ambiental de este tipo de iniciativas de inversión sea más expedita? Para ahondar en esta y otras interrogantes, Electricidad conversó con tres consultores ambientales con trayectoria en la materia.

Definición de emplazamiento

De acuerdo con Pablo Galarce, gerente técnico de Gestión Ambiental Consultores, los proyectos energéticos hoy corresponden principalmente a producción y transporte de energías renovables. Sin embargo, comenta que se espera que pronto se verifique un aumento en los proyectos de producción de hidrógeno verde, que consideran no solo generación eléctrica sino también procesos de transformación fisicoquímica y, en algunos casos, captación y tratamiento de agua, “diversificando así los ámbitos de preocupación de los desarrolladores, los cuales tendrán que capacitarse en nuevas disciplinas”.

Desde su perspectiva, las principales dificultades que presenta la tramitación ambiental de proyectos energéticos dicen relación con la adecuada definición de su emplazamiento, condicionado por la existencia del recurso, pero que muchas veces resulta cercano a zonas pobladas con las implicancias en ruido, emisiones atmosféricas, transporte y, en el caso de proyectos eólicos, efecto sombra sobre la población que ello conlleva.

“Siempre en cuanto al emplazamiento, en la actualidad los proyectos energéticos deben evitar la corta de bosque nativo de preservación, lo cual implica restricciones relevantes al tratarse muchas veces de proyectos con un uso extensivo de suelo. Este último atributo igualmente es relevante cuando se trata de suelo agrícola”, afirma el experto.

Por otro lado, señala que en los últimos años se ha evidenciado una creciente preocupación por los efectos en la avifauna de proyectos eólicos y líneas de transmisión eléctrica, asociados a la posible colisión, así como también por la contaminación lumínica que, durante la construcción, podría generarse. “En efecto, proyectos que implican la posible pérdida de individuos de especies en cate-

Tiempo de evaluación

Según Luis Alberto Olcay, la duración del proceso de evaluación es variable, considerando además que hay matices cuando el proyecto se ingresa al SEIA mediante una declaración o de un estudio de impacto ambiental. Al respecto, explica que el promedio de tiempo de evaluación ambiental de una DIA depende bastante de sus características de localización, del tipo de generación –si es hidráulica, fotovoltaica, eólica, hidrogeno verde, biomasa, etc.– y trazado de líneas. “El promedio para este instrumento es de 8 meses. En el caso de los EIA es más variable, aun dependiendo de las comunidades y área de localización, siendo el promedio 24 meses”, señala el consultor.

goría de conservación han sido, son y continuarán siendo desafiados en la evaluación”, advierte.

Análisis de factibilidad ambiental

Por su parte, Luis Alberto Olcay, gerente general de Orbe Consultores Ambientales, estima que la fluidez en la tramitación de una iniciativa en el SEIA “en general, depende de las características del proyecto transmisión o generación y de su localización; sin perjuicio de ello, los aspectos que presentan mayor complejidad son ocupación de terrenos en ecosistemas con requerimiento de protección, comunidades y hallazgos arqueológicos”.

Asimismo, Mónica Reyne, gerente general y socia directora de Equilibrio Triangular Consultores, coincide con Galarce y Olcay en que el tema de la localización es clave. A su juicio, con relación a los proyectos, “varios no han incorporado el análisis de la factibilidad ambiental, junto con la técnica, en los terrenos donde se instalarán y por ende no se han analizado los aspectos ambientales de línea base de ese emplazamiento, tales como patrimonio cultural, medio humano y comunidades del sector, flora, fauna y vegetación, gestión de residuos generados, compatibilidad territorial, afectación de recurso suelo e hídrico, entre otros”.

La consultora añade que, posteriormente, durante la tramitación se deben tener en cuenta las normativas y reglamentación del SEA. Sobre todo, para conocer los plazos y exigencias reglamentados, además de seguir las recomendaciones que el organismo instruye a través de las guías disponibles para diversos aspectos de contenido ambiental y Permisos Ambientales Sectoriales (PAS), que deben incluirse en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Todo lo anterior, destaca la ejecutiva, “de manera de llevar un proceso continuo, sin aplazamientos ni desistimientos, optimizando el tiempo de evaluación tanto para las autoridades como para el titular”.

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Con el propósito de avanzar hacia una tramitación ambiental más expedita en el país, ¿los proponentes deberían enfocarse en determinados aspectos o ámbitos del diseño de los proyectos, en las etapas tempranas de las iniciativas?

En la opinión de Pablo Galarce, sin duda alguna. “La necesidad de efectuar estudios con un objetivo ambiental de forma más temprana debe ser incorporada en el ADN del desarrollador de proyectos, algo que afortunadamente ya se está viendo en el caso de empresas que llevan ya un tiempo en este negocio”, sostiene el experto.

Evaluación más compleja

A juicio de los consultores, en el último tiempo, producto del auge de las energías renovables, han notado un cambio en el proceso de evaluación ambiental, tendiente a su complejización. Al respecto, Pablo Galarce dice que “los proyectos de energías renovables enfrentan hoy un escenario de evaluación ambiental cada vez más complejo, debido a lo extensivo del uso del territorio, afectación de suelo y población en el entorno y, principalmente, afectación sobre flora y vegetación y avifauna”. Lo anterior, añade, al mismo tiempo que el SEA se encuentra desarrollando nuevas guías y criterios de evaluación ambiental que implican mayores estudios y análisis.

Luis Alberto Olcay complementa esta visión. “Efectivamente, algunos de los proyectos de generación solar ya incorporan sistemas de almacenamiento BESS y, además, incluyen su conexión a redes y subestaciones más cercanas”, afirma el consultor. En estos proyectos, añade a renglón seguido, se viene complejizando su evaluación ambiental, “aumentando su duración, alcances, complejidad y mayores antecedentes de línea base”.

Agrega que cada vez resulta más común que con relación a los proyectos se efectúen estudios de prefactibilidad ambiental orientados a identificar los riesgos y amenazas para la evaluación ambiental incluso antes de contar con datos in situ de la cantidad de energía que podrían generar o el trazado específico de las líneas de transmisión, de manera que el emplazamiento de las instalaciones considere la variable ambiental. “Esta práctica, adicionalmente, deberá complementarse con el uso de nuevas tecnologías para los estudios de caracterización ambiental, como, por ejemplo, radares en el caso de estudios de tránsito aéreo, y el desarrollo de estudios más amplios que analicen la variable cambio climático, tanto desde la perspectiva de su potencial impacto sobre las obras, así como también de cómo estas últimas puedan amplificar condiciones de riesgo local para terceros, por ejemplo, en el caso de precipitaciones extremas que a su vez generen flujos detríticos”, explica el especialista.

Por todo lo anterior, sostiene que resulta imprescindible para los titulares de los proyectos mantenerse informados de los nuevos criterios y lineamientos para las evaluaciones ambientales. Al respecto, destaca que para 2023 se espera la publicación de más de 10 nuevas guías, por parte del SEA, y que el próximo año “sin duda permitirán aumentar la certidumbre de los procesos de evaluación en la medida que los proyectos las consideren, desde las etapas más tempranas de su desarrollo”.

Desde una perspectiva similar, Luis Alberto Olcay afirma que es relevante para mejorar la evaluación ambiental de los proyectos el hecho de comenzar tempranamente desarrollando una evaluación ambiental estratégica, de modo de centrar la información y análisis de viabilidad de las iniciativas en los aspectos clave. Lo anterior, precisa el consultor, “sin perjuicio de recopilar tempranamente antecedentes de línea base y entendimiento de los actores e intereses de la comunidad y proyectos locales”. Este en- foque, añade Olcay, finalmente resultará en EIA/ DIA robustos que dejarán conformes a la autoridad ambiental y sectorial, como también a los diversos grupos de interés –o stakeholders– de la iniciativa.

Varios proyectos no han incorporado el análisis de la factibilidad ambiental, junto con la técnica, en los terrenos donde se instalarán y por ende no se han analizado los aspectos ambientales de línea base de ese emplazamiento”, Mónica Reyne, gerente general de Equilibrio Triangular Consultores.

Asimismo, Mónica Reyne concuerda con la idea de que los titulares deben trabajar durante la etapa temprana de los proyectos en su factibilidad ambiental, “de manera de ajustar y/o cambiar los polígonos de empalamientos y así cuidar la inversión y contribuir a una tramitación ambiental expedita en el SEIA”.

La construcción de líneas requiere una evaluación previa del impacto ambiental que involucra su paso por los territorios que considera el proyecto.

DESDE HACE UN TIEMPO, la agenda energética parece haberse volcado solo a cómo vamos a construir nuevas centrales de generación y líneas de transmisión en el menor tiempo posible. Esto podría ser natural, dada la situación de escasez que nos tiene aún con decreto de racionamiento vigente, así como también debido a las necesidades de nueva infraestructura para avanzar en las metas de cambio climático. Pero no podemos olvidar el hecho de que la energía eléctrica es producida como un insumo para la vida diaria de nuestra sociedad y no como un fin en sí mismo.

El objetivo del desarrollo del sector eléctrico siempre es abastecer la demanda. Sin usuarios de energía no hay contratos de suministro que apalanquen financiamiento para nuevas centrales ni que justifiquen expansiones de transmisión. Por ello es tan importante no olvidar cuál es la orientación que debe tener el diseño de nuestro mercado eléctrico.

Y por supuesto que son buenas noticias los empleos que genera el sector eléctrico. Pero a nivel nacional, según el INE, el sector de suministro de electricidad y gas promedia un nivel de empleo de 42 mil personas, mientras que solo el sector industrial manufacturero tiene más de 870 mil.

Por mucho que, como sector eléctrico, nos guste que aumenten las inversiones y los empleos energéticos, esto no puede ser a costa de precios de la electricidad que afecten la competitividad de los sectores productivos”.

Por mucho que, como sector eléctrico, nos guste que aumenten las inversiones y los empleos energéticos, esto no puede ser a costa de precios de la electricidad que afecten la competitividad de los sectores productivos. Los estudios disponibles (García, 2015) indican que por cada aumento en 10% del precio de la electricidad, la inversión nacional cae un 2%.

Evidentemente son buenas noticias que el último informe de política monetaria del Banco Central haya destacado que el mejor desempeño de la inversión fue impulsado por la inversión en energías renovables. Pero hay que poner la situación en perspectiva. La inversión en el sector eléctrico representa en promedio cerca de un 12% de la inversión nacional, muy por debajo de la suma de los sectores productivos mineros, industriales, agrícolas y comerciales.

Por lo tanto, debe ser tarea fundamental de la política energética procurar precios competitivos de la energía y no solamente que sea rentable invertir en más generación y transmisión a cualquier costo. Por ello es tan lamentable que en la actualización de la política energética de inicios del 2022 se haya decidido eliminar la meta de tener precios competitivos a nivel OCDE para los clientes residenciales e industriales, que sí estaba considerada en la política vigente desde 2015. Sin foco en la eficiencia, corremos el riesgo de crear un sistema eléctrico estructuralmente caro, que ponga en riesgo no solo el desarrollo económico sino también las metas de transición energética del país.

ANDREA CASTRO, GERENTE GENERAL DE COPEC VOLTEX: