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Documento elaborado por las y los militantes de la Corriente Sindical d’izquierda, como una herramienta para la discusión y el avance en la defensa de los derechos de la clase obrera asturiana.

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Índice.

Preámbulo Politicas sociales Igualdad Paro y precariedad laboral Reducción de jornada laboral Prevención de riesgos, seguridad e higiene laboral Educación Sanidad Discapacidad y Dependencia Energía TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión) Cajastur

Contacto:

Dirección: c/ Sanz Crespo, 3 bajo 33207 Gijón/ Xixón, Asturies Teléfono: 985 354 263 Fax: 985 352 747 Web: www.csi-asturies.org E-mail: csi@csi-asturies.org

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Preámbulo

L

os 10 primeros puntos de este programa, son fundamentales para nuestra clase y nuestro pueblo y de inmediata aplicación. Con ellos, pretendemos dar concreción en estos momentos, a las que consideramos que son las necesidades más acuciantes para decenas de miles de personas de las clases populares en Asturies. Las concentramos como alternativa más inmediata, para poder popularizar estas necesidades tan angustiosas y de tanto sufrimiento para las personas más excluidas.

Es cierto que si rebuscamos entre las amplias necesidades de las clases trabajadoras, encontraremos muchas más; la falta de trabajo y de perspectivas de vida nos lleva a muchos callejones sin salida, pero que no quepa la menor duda de que cualquier otra necesidad social emergente que no se mencione en este documento, será asumida plenamente por nuestro sindicato.

Somos conscientes de unos gobiernos municipales y autonómico plenamente endeudados por las políticas ejecutadas de desarrollismo del ladrillo y el cemento para la especulación urbanística, por la financiación, subvención o prestamos sin retorno a empresarios sin escrúpulos, que han inventado sociedades empresariales con fondos públicos para vivir de ellos, donde una vez recogida la subvención, externalizan o cierran la producción y aplican la legislación laboral regulada durante estas últimas décadas al servicio de empresarios y sociedades anónimas, despidiendo a sus trabajadores y trabajadoras y llevando a la clase obrera a una situación actual de total precariedad y desamparo, sin trabajo y sin derechos.

También somos conscientes que estas políticas se encubren por los gobiernos -todos los que hasta ahora hemos tenido- tras los mandatos de una supuesta obligatoriedad de los dictados de la Comisión Europea, pero hemos visto a lo largo del tiempo, que su cumplimiento solo es obligatorio para aquellos Estados que a criterio de la oligarquía dominante en la actual Comunidad Europea -representados por el gobierno de coalición alemán- han vivido por encima de sus posibilidades como Grecia, Portugal o España.

Nosotros y nosotras, como sindicato de clase sociopolítico, no estamos de acuerdo con estos análisis. Creemos que son ejecuciones de desarrollos de políticas económicas neoliberales y de restricción de libertades, que llevan a pretender superar la crisis estructural y global del capitalismo por sobreproducción, cargando las consecuencias sobre las espaldas de las clases trabajadoras, tanto como ciudadan@s como consumidor@s. Han rescatado bancos y banqueros, empresas y empresarios con dinero público y han hundido a las clases trabajadoras más humildes en el fango de la exclusión social. Esta carga está llevando a situaciones límites a muchos sectores de nuestra clase y son para los que pedimos respuestas inmediatas, que vayan simbolizando la devolución de lo prestado o robado, con la rendición de cuentas y la presentación ante la justicia.

Creemos profundamente -porque nos jugamos en ello nuestro derecho como clase a vivir como personas y no como animales como se pretende- en que existe otra política alternativa, que es posible iniciarla poniéndose los partidos políticos que representan a las clases populares en los parlamentos al servicio del pueblo, y obligar al respeto a las decisiones democráticas que en ellos se adopten al servicio de las clases trabajadoras y la ciudadanía, es decir, recuperar el sistema democrático al servicio de la participación ciudadana y de las decisiones tomadas por las mayoritarias, recuperar el poder para el pueblo, el cual, nunca debería haber delegado en la clase política, porque la historia está llena de todos los ejemplos de corrupción que hoy padecemos.

Emplazamos a todas las fuerzas políticas del pueblo que logren representación institucional, a que resuelvan en sus parlamentos lo más rápidamente posible, las necesidades más acuciantes de las personas más necesitadas, con medidas paliativas inmediatas como las que aquí planteamos, asegurando la superación de las tremendas desigualdades, que anulan el carácter democrático de nuestra sociedad.

Porque, de no ser así, cuando los derechos más básicos no están protegidos por un régimen de Derecho, el ser humano debe acogerse al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, tal y como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Con esta propuesta de iniciativas concretas, renovamos nuestro compromiso social y de lucha con la clase obrera asturiana, en defensa de una aplicación lo más inmediata posible por las distintas instituciones gubernamentales, de estos diez puntos paliativos de las desigualdades generadas por las políticas de austeridad y recortes de los gobiernos del estado y de la comunidad, manifestando, que junto a la continuidad de nuestra lucha histórica en defensa de las clases trabajadoras, pondremos siempre en primer plano o en paralelo como lo más lejos por nuestra parte como objetivo fundamental, la libertad y la amnistía para todas y todos los condenados, encarcelados, imputados y multados por participar en las luchas en defensa de su dignidad como trabajador o trabajadora y en defensa de su derecho al trabajo y a la libertad.

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Políticas sociales Programa de iniciativas inmediatas de la CSI, para el desarrollo de las políticas sociales distributivas de la riqueza social y paliativa de las desigualdades generadas por las políticas gubernamentales de austeridad.

- Abono gratuito a las personas necesitadas de luz y calefacción mientras duren sus condiciones de precariedad social y económica.

- Abono gratuito de transporte público comarcal y autonómico a las familias que tengan ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional y a las personas menores de dieciséis años.

- Derecho a asistencia sanitaria gratuita universal a las personas que no lo tengan contemplado actualmente.

- Obligatoriedad y gratuidad en colegios públicos y concertados del desayuno, almuerzo y comida a los niños y niñas bajo criterios de renta familiar.

- Gratuidad de la enseñanza y actividades escolares, incluidos libros y materiales necesarios.

- Creación de almacenes en los barrios con productos básicos de alimentación, higiene, medicinas y ropa, bajo control municipal, vecinal y social del barrio, para las personas y familias que se conste de sus necesidades.

- Gratuidad de los servicios sociales con intervención municipal o autonómica para estabilizar el empleo y la acción social de las asociaciones sin ánimo de lucro, en la gestión de servicios de destinados a la infancia, discapacitación o exclusión social.

- Vivienda municipal pública en alquiler para todas las personas hipotecadas que pierdan su vivienda sin otra opcional.

Paralización inmediata de los desahucios por impago hipotecario bancario o impago de alquiler por causas económicas justificadas. Despenalización de la ocupación de viviendas vacías y en desuso, para facilitar el ejercicio del derecho al acceso a una vivienda digna.

- Anulación del copago en Sanidad y Servicios Sociales.

- Subvención autonómica de la pensión mínima, igualándola al salario mínimo interprofesional.

Programa a corto plazo de los derechos democráticos de igualdad para las clases trabajadoras y ciudadanía.

- Amnistía para todas las personas imputadas, condenadas, encarceladas y multadas por participar en las luchas en defensa de su dignidad como ciudadan@ y de sus derechos laborales y sociales como trabajador o trabajadora.

- Aplicación de los derechos de la Ley Penitenciaria a tod@s por igual, con el acercamiento de todos los presos y presas a sus lugares de residencia y reducciones de condena a las que tengan derecho legalmente.

- Suspensión inmediata de las redadas contra las personas migrantes. Suspensión inmediata de las deportaciones desde Asturies. Planes específicos contra la explotación de los trabajadores y trabajadoras migrantes - Ampliación de los supuestos penales para los incumplimientos de la Ley de Seguridad Laboral. Aumento de personal y competencias de la Inspección de Trabajo, incluyendo medio ambiente y género, con anulación de la comunicación de Inspección.

- Obligatoriedad de máquinas de fichar en el centro de trabajo para evitar el fraude fiscal y a la seguridad social, bajo control de la empresa, comité de empresa o delegados sindicales, sindicatos e Inspección de Trabajo.

- Anulación de la participación de las mutuas laborales en el proceso de baja por accidente o enfermedad.

- Obligatoriedad de la aprobación por referéndum en la negociación colectiva por todas y todos los afectados, con equiparación e integración de las trabajadoras y trabajadores subcontratados.

- Plan de empleo municipal anual a las personas excluidas socialmente, que genere derechos, formación y reinserción social y laboral.

- Prohibición de apertura del comercio los domingos y festivos.

- Subida del salario mínimo interprofesional un 40%, situándolo como indicativo para las prestaciones sociales.

- Paralización de todos los procesos de privatización de servicios en la administración y empresas públicas.

- Ampliación hasta los seis meses de la licencia por maternidad con fomento de la lactancia materna.

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Propuestas programáticas a medio plazo como Estado de derecho, de justicia social, cultura e identidad propia.

- Auditoría e impago de la deuda pública del Estado, plan de choque contra el fraude fiscal, más capacidad fiscalizadora de Hacienda y juzgados, bajada del impuesto indirecto del IVA y su eliminación en los alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad.

- Agravamiento de las condenas por corrupción, devolución de lo sustraído, anulación del aforamiento de todos los cargos públicos y políticos y obligatoriedad de información pública en la contratación con la administración.

- Derogación de las disposiciones públicas que impidan el ejercicio de la independencia del empleado/da público, funciones regladas por Ley por cuerpo o escalafón, centro de destino concreto y salario según funciones y responsabilidades, incompatibilidad total para todos con la excepción de la enseñanza, la investigación y las artes.

- Oficialidad del asturiano y del Eo-Naviego (gallego-asturiano, fala….) planes para el impulso de la cultura asturiana, editorial, musical, cinematográfica, etc.

- Fomento de la economía social a través del cooperativismo agroganadero, acuicultura y pesquero asturiano.

- Desarrollo de los servicios públicos al servicio de la cultura para el mundo del trabajo y los ciudadanos y ciudadanas, con la participación en la gestión y decisión de todos los sectores implicados.

- Reordenación del concepto salarial por IT, cobrándolo desde el primer día de baja.

Defensa de lo público como garantía de independencia y reparto social de la riqueza en un servicio en igualdad - Creación de la banca pública del Estado, devolución de los fondos públicos dados a la banca para pagar su deuda o recapitalizarse, ilegalización de los paraísos fiscales, prohibición de las SICAVS y los fondos de pensiones del Estado, organismos y empresas públicas y anulación de sus desgravaciones fiscales.

- Nacionalización y planificación de las empresas energéticas y estratégicas de la minería, siderurgia, astilleros, alimentación, telecomunicaciones, transporte, farmacéuticas y fabricación de armamento, esta última con reconversión productiva progresiva en otro modelo productivo y prohibición inmediata de su venta y exportación.

- Servicios públicos en Sanidad, reversión de todos los servicios privatizados, anulación progresiva de conciertos.

- Educación pública y laica, anulación progresiva de los conciertos, derogación de la LOMCE y del Plan de Bolonia.

- Servicios sociales públicos, desarrollo del ERA con la anulación progresiva de los conciertos con la privada.

- Parque público de viviendas en alquiler, con un coste que no supere el 10% de los ingresos por unidad familiar o de convivencia, creando un banco de viviendas provenientes tanto de la pública como de la privada. Despenalización de la ocupación de viviendas vacías y en desuso, para facilitar el ejercicio del derecho al acceso a una vivienda digna.

- Reforma de la Ley Hipotecaria, con la anulación de la deuda contraída con la pérdida del bien hipotecado. Planes personales para gestionar el.pago de hipotecas y alquileres, dejando como último recurso la dación en pago, que será de obligado cumplimiento para la banca.

- Empleo para todas y todos, seguro de desempleo indefinido o Salario Social de reinserción laboral y formación como renta básica y como garantía de cumplimiento de las necesidades básicas por el estado.

- Eliminación de las ETTs y empresas privadas de contratación de empleo y formación pública, reforzando al INEM como único elemento empleador y formador del trabajador/a como servicio público.

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Desarrollo de políticas laborales y sociales de distribución de la riqueza social generada, de consolidación democrática para la clase trabajadora en la sociedad, con la reparación y recuperación de la memoria histórica y la paz -Derogación de la ley de Amnistía de 1976, declarada ilegal por la ONU por amparar las responsabilidades penales de los crímenes contra la humanidad de la dictadura fascista desde el golpe de estado a la república en 1936.

- Derogación del artículo 135 de la constitución española, que obliga al pago de las deudas privadas por encima de las necesidades sociales, así como las leyes que las desarrollan como la Ley de Régimen Local, la Ley 2 del 2012 de estabilización financiera así como otras que la articulan social y económicamente.

- Derogación de todas las reformas penales, que legalizan la represión de la movilización ciudadana en defensa de sus legítimos derechos y libertades públicas, contempladas en la Ley antiterrorista, la Ley de Partidos Políticos, código y leyes penales, por ser hoy la justificación para la criminalización de las luchas de las clases trabajadoras y sus representantes sindicales y sociales.

-. Despenalización de la ocupación de locales vacíos y en desuso, para favorecer el desarrollo de iniciativas sociales y culturales autogestionadas, siempre y cuando no se desarrollen en los espacios ocupados actividades de tipo racista, xenófobo, homófobo, etc. o se haga apología del fascismo y el genocidio.

- Derogación de todas las reformas laborales realizadas, situándolas en el inicio del ámbito existente con el Estatuto de los Trabajadores de 1979 con indemnizaciones más justas. Decisión por parte del trabajador o trabajadora, de reincorporación o indemnización en caso de despido improcedente.

- Política de reparto del trabajo: jornada laboral máxima de 35 horas semanales, como paso previo a la jornada semanal de 30 horas, con prohibición por ley, de las horas extras no justificables.

- Jubilación a los 60 años y, voluntariamente, como máximo a los 65 en la administración pública, con derogación de todas las reformas de las pensiones, situándolas en la base inicial del Pacto de Toledo.

- Derogación de la actual regulación de los despidos colectivos, EREs, ERTEs, oncurso de acreedores, etc., dando mayor participación a los sindicatos, obligatoriedad de consulta y referéndum entre los trabajadores y trabajadoras y anulación de despidos cuando existan beneficios empresariales.

- Derogación de la actual Ley de Aborto. Desarrollo legislativo de la interrupción del embarazo, libre, gratuita y segura en los hospitales públicos, con la única decisión de la mujer. Desarrollo efectivo de los planes de igualdad en el trabajo y ante la violencia machista.

- Programación de la Europa de los pueblos y del trabajo. Salida progresiva de la actual Unión Europea y del Euro. No a la firma del tratado de libre comercio en Europa con EE.UU. (TTIP). Salida de la OTAN. Regreso de todas y todos los militares españoles de misión en otros países, como posición del pueblo contra la guerra.

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Igualdad “Construyendo una sociedad igualitaria” Desde la CSI creemos en la necesidad de construir otra sociedad, basada en la igualdad real de todas las personas y en la justicia social. Una sociedad donde las categorías que imponen el capitalismo y el heteropatriarcado sean cosa del pasado y cada persona puede elegir libremente su vida, sin que se vulneren sus derechos o sea discriminada, perseguida, maltratada o asesinada.

Desde la CSI no toleramos ninguna muestra de machismo, racismo u homofobia, y creemos que es obligación de todas y todos trabajar en comuna para acabar con estas lacras sociales. Cualquier organización de izquierda está obligada a terminar con las desigualdades que impone a la clase obrera un sistema asesino, que se apoya en nuestras diferencias para separarnos, dividirnos y así poder pisarnos mejor.

Sabemos que con la excusa de la “crisis” la burguesía aprovecha para seguir acumulando capital y vendernos que los recortes en derechos son inevitables. Empresarios y capital están organizados para defender sus intereses de clase. En sus manos está el poder económico y político, y las mujeres somos un colectivo especialmente oprimido. Trabajadores, desempleadas, autónomas, pensionistas, estudiantes, migrantes, jóvenes,… somos más vulnerables al seguir existiendo una división social entre lo público y lo privado, y seguir, en general, recayendo en nosotras el peso de los cuidados. Esto hace que sea más difícil encontrar trabajo, lo que provoca mayor precariedad, dependencia y desigualdad, lo que aumenta día a día con la destrucción de los servicios públicos.

Como sindicato de clase luchamos por los derechos que nos corresponden a todos y a todas y para construir un nuevo modelo laboral y social. No consentiremos ningún trato discriminatorio, ni dentro ni fuera del trabajo. Todas las personas debemos de tener unos derechos justos y que se respeten. La lucha por la igualdad debe contemplar todos los aspectos de la vida.

Desde la CSI exigimos a los partidos políticos y a las instituciones eliminar las políticas antisociales, y la aplicación inmediata de medidas concretas, compromisos claros y específicos, y recursos financieros necesarios para cumplir dichos compromisos: - Erradicar las desigualdades laborales, y conseguir a igual trabajo, igual salario e igual derechos.

- Conseguir un reparto real del trabajo tanto productivo como reproductivo.

- Cambiar este modelo y que haya medidas reales de conciliación de la vida laboral y familiar tanto para mujeres como para varones, con derechos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles.

- Que todas las empresas tanto públicas como privadas, contratadas para todo tipo de obras y servicios, suscriban y llevan realmente adelante estos compromisos de igualdad efectiva.

- Construir unas condiciones laborales, en todos los ámbitos, justas e igualitarias, acabando con las desigualdades de trato que ahora hay dependiendo del sector productivo. Todas las personas los mismos derechos.

- Unos servicios públicos, de calidad, universales y al servicio de las personas, que den cobertura a la infancia y a todas las situaciones de dependencia.

- Eliminar leyes educativas segregadoras y opresoras, y proponer valores sociales justos, y una educación global igualitaria.

- Políticas y campañas públicas encaminadas a erradicar el machismo, para poder terminar con toda su violencia: agresiones, violaciones, maltratos, trata, asesinatos,…

- Construir una red pública y de calidad de atención a todas las personas que sufren violencia machista.

- Declaración del aborto libre, seguro y gratuito.

- Protección social y económica para todas las personas.

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Reducción de la Jornada Laboral Reivindaciones históricas, el reparto del trabajo y la riqueza, siempre fueron unos de los ejes de reivindicación de la CSI. La reducción de la Jornada Laboral nos parece fundamental, y aún mas en estos tiempos de crisis con unas cifras desempleo brutales. Está claro que una sola medida no es solución para nada, y menos dentro del capitalismo. Pero arrancarle a éste, conquistas para la clase trabajadora, que además pueden ser orientadas hacia una manera diferente de entender el mundo del trabajo asalariado, hacia formas de economía social, cooperativistas y de autogestión, nos parece que es labor de la CSI, reivindicarlas y contruibuir a la construcción de un mundo laboral que confronte con el modelo de explotación del momento actual.

No es fácil de decidir cual a ser el número de horas a reducir a la semana de la jornada de trabajo. ¿Cinco, diez...? Diferentes estados del mundo están probando jornadas diferentes a las del Estado Español. La inmensa mayoría se decanta por la de 35h. horas semanales, aunque ya hay algún paí,s como Suecia que lleva probando en algunos sectores, la jornada de 30h. Y aquí nos vamos a centrar. Ya que este tipo de medidas de reducción son progresivas, y habría que comenzar con una reducción de jornada a 35h. semanales, sí nos parece muy interesante continuar hacia la jornada de 30h. Por supuesto que esta medida para que genere cambios en las cifras del paro, como decíamos tiene que ir acompañadas de otras, como la prohibición efectiva de las horas extras.

Y para fundamentar esta propuesta, extraemos partes de el estudio que hicieron los economistas Gaspar Fuster y Lluis Rodríguez del Instituto de Ciencias Económicas y la Autogestión. Así nos explican los autores los objetivos del planteamiento de una jornada de 30h. horas semanales: La reducción de jornada sin reducción salarial -y medidas relacionadas- se plantea como reivindicación para la concreción de diferentes objetivos. El primero es reducir el desempleo que, en un contexto de crisis como éste, es un objetivo de primer orden para la resistencia al impacto de la misma contra la clase trabajadora. Es preciso tener en cuenta que estructuralmente el capitalismo destruye más empleo en las crisis que el empleo que crea en las recuperaciones. Asimismo esta medida permite reforzar la cohesión y conciencia de clase al caminar hacia recomponer la fractura que impone el sistema entre empleados y desempleados -expulsados del empleo. Un segundo objetivo, también de primer orden y vinculado al nivel de empleo, es el reparto de la riqueza por la vía de la presión sobre el capital productivo-servicios y rentista-financiero: negarse a reducir los salarios implica que la financiación de la medida irá a cargo de la patronal con los beneficios pasados y/o presentes. De la presión anterior se deriva un tercer objetivo que es el forzar escenarios para sustituir la empresa capitalista por una gestión cooperativa y autogestionada donde el control del tiempo de trabajo, de la renta y de la inversión -entre otros aspectos- esté en manos de la clase trabajadora. Pueden existir otros objetivos que no estén solo vinculados con la propiedad, la renta y el empleo, como pueden ser una mejor gestión del tiempo para las relaciones sociales, para el contacto y cuidados de la familia (con una redistribución equitativa por género entre trabajo productivo y reproductivo) o también más tiempo para el trabajo comunitario. Asimismo, una reducción y reorganización de los tiempos de trabajo puede tener efectos positivos en aspectos ecológicos si se ajusta el gasto energético o el nivel de producción y consumo."

Formas de reducción de jornada laboral y reparto del empleo.

Dentro de las propuestas de reducción de jornada laboral para repartir el empleo existen tres variantes: con reducción proporcional de salario, con reducción parcial de salario o sin reducción de salario. Analicemos las implicaciones y significados de dichas opciones.

Una primera opción es reducción de jornada y correspondiente reducción de salario. Esta propuesta la desarrolló la CNT durante la crisis económica de los años 30, lo que en su momento se defendía como reparto del trabajo, como una respuesta temporal a la situación particular de las empresas en crisis con gran caída de la demanda. Esto hoy tendría su traslado en la aplicación de una modificación sustancial de condiciones de trabajo o un expediente de suspensión de contratos o reducción de jornada, para toda una plantilla sin recurrir a la compensación de los subsidios de desempleo. Esta medida por otra parte no permitiría que fuera la patronal quien cargara con el ajuste, en este caso tomando los beneficios empresariales pasados y presentes como variable. Esta medida afectaría negativamente a la renta salarial y por lo tanto a las condiciones de vida si no fuera posible reducir también los precios -o mejorar la provisión- de vivienda (hipotecas y alquileres), alimentación, luz, agua y el mantenimiento de la provisión de sanidad para asegurar un estándar mínimo. Asimismo una reducción de jornada y su correspondiente reducción de salario afectaría negativamente a la prestación por desempleo y a las cotizaciones por jubilación en los actuales sistemas de protección social.

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La otra opción que se ha barajado en la literatura especializada es la reducción de jornada y reducción parcial de salario.

Esta reducción de salario puede ser mayor para los salarios más altos y menor o nula para los salarios más bajos. Asimismo esta reducción de salario se ha propuesto que pudiera ser complementada por transferencias de la seguridad social o desde impuestos como fórmula de “segunda nómina” que se podría financiar por la reducción del gasto en subsidios de desempleo y el incremento de las cotizaciones. Esto es lo que en rigor supone un expediente de suspensión o reducción de jornada con la particularidad de que en ese caso la financiación va a cargo del “salario diferido” -prestación por desempleo aportada previamente- depositado en la seguridad social. El resto de objeciones a esta propuesta coinciden con las de la propuesta anterior.

Por ultimo la tercera fórmula sería una reducción de jornada sin reducción de salario. Esta medida supondría una presión sobre las cuentas de resultados de las empresas para lo que deberían revertir los beneficios distribuidos en épocas anteriores para sostener el empleo, si no es suficiente con ajustar otros costes o la estructura salarial de la dirección. En un contexto de crisis es obvio que no todas las empresas podrían sostener una reducción de la jornada sin reducción de salario aun cuando se tratara de recuperar la renta distribuida en época de bonanza, sin embargo es obviamente una postura de máximos para combatir el desempleo desde la acción sindical en la empresa. En cualquier caso la cuestión de la financiación del salario asociado a la reducción de jornada estará siempre presente en el debate.

Vías para la reducción de jornada laboral y reparto del empleo La forma para implementar una política de reducción de jornada laboral para el reparto del empleo no es única y por eso mismo tendrá diferentes implicaciones. Por un lado tenemos una intervención sindical en la política económica de forma que se aplique por ley. Esto puede significar que exista un periodo para su entrada en vigor, con una definición de su aplicación según el tamaño de la empresa, con obligatoriedad de negociación sindical en su aplicación, con implementación o no de ayudas del Estado sujetas a la creación neta de puestos de trabajo, con reducción o no de salarios, etc. Asimismo podría contemplar la modificación en paralelo de la regulación del trabajo a tiempo parcial para limitarlo, las horas extras para eliminarlas, la distribución irregular de jornada y trabajo a turnos, etc. Una alternativa a la aplicación por ley es que se de una consecución de un acuerdo marco o que se introduzca en la negociación de convenios colectivos sectoriales. Por último se puede promover -o consolidar- desde la negociación colectiva de empresa.

Variables para analizar la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial De entrada es importante notar que una reducción de la jornada laboral que no sea drástica (por ej. pasar de 40h a 30h semanales), va a suponer que las empresas la vayan absorbiendo con la productividad del trabajo y por lo tanto no haya un incremento del empleo. Esto sucede por ejemplo en aquellos convenios colectivos con una reducción paulatina pero pequeña de la jornada laboral anual.

Un factor importante sería el tiempo, por el retraso entre la aplicación y la generación de empleo tanto a nivel de empresa como a nivel más general. Sin embargo el impacto a corto y medio plazo sobre la economía y el empleo se puede resumir en la afectación de variables tanto desde la perspectiva macroeconómica como microeconómica y de empresa.

Desde una perspectiva macroeconómica una reducción de jornada laboral general que implique un incremento del empleo va a afectar tanto a la oferta de trabajo (personas dispuestas a trabajar -tasa de actividad-, que incrementará) que puede afectar al menos estadísticamente a la tasa de paro, como a la demanda de trabajo (vinculada con la generación efectiva de empleo en las empresas). Respecto a la demanda efectiva de trabajo, ésta vendrá determinada también en función de que la aplicación de la reducción de jornada se vea compensada o no por un incremento de la productividad de los empleados (producción por trabajador). Algunos estudios apuntan en esa dirección, por lo que el impacto en incremento del empleo en ese caso sería menor. También la estrategia empresarial puede afectar al incrementar los ritmos o la intensidad del trabajo, además en cómo se reorganice la producción. Esto además irá en función de la empresa, de la rama de actividad y del sector donde se aplique esta reducción de jornada laboral. Respecto a la Seguridad Social, una reducción de la jornada laboral que provoque incremento del empleo va a suponer una reducción del gasto por subsidios del desempleo, a la vez que un incremento de los ingresos por cotizaciones por lo que se puede dar también un reforzamiento de los subsidios de desempleo y de los sistemas de pensiones en un contexto de crisis. En función de como se aplique esta reducción de jornada (con reducción salarial o no) y de cómo se pague esa diferencia puede afectar también a la gestión de los sistemas de pensiones.

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Por otra parte, si la reducción de jornada se financia vía beneficios empresariales puede suponer que las empresas traten de incrementar precios de bienes y servicios para compensar la caída de beneficios, con un consiguiente impacto en la inflación.

A este respecto, afectar a los beneficios empresariales a corto plazo tiene implicaciones también a medio plazo de dificil concreción: por un lado al afectar a los costes relativos de diversos sectores y empresas, lo que en una economía mercantil puede generar resultados inciertos. Asimismo el impacto de la reducción de jornada laboral sin reducción salarial pero que impacte solamente sobre los beneficios puede suponer que con su caída, caigan también las perspectivas de inversión de los empresarios y por lo tanto se genere menos actividad económica y empleo. Sin embargo, entre otros factores, hay que tener en cuenta la posibilidad que un aumento del empleo genere una recuperación del consumo suficientemente fuerte para compensar el impacto negativo sobre el tipo de beneficio, mediante una mayor utilización del capital instalado. En ese caso esta forma de financiación de la reducción de jornada no afectaría a la inversión y no pondría en marcha mecanismos que actuaran a la baja sobre el nuevo nivel de empleo, siendo también factible el reparto de la riqueza por esta vía. Además en otra linea de análisis, los beneficios no solo se dirigen a la inversión, sino también se gastan en consumo de lujo de las élites dominantes, se dilapida en inversiones innecesarias o simplemente se invierte en actividades especulativas que generan enriquecimiento personal a costa del conjunto de la sociedad.

Pueden darse también impactos vinculados con las exportaciones y la importaciones. Una caída de los beneficios y un incremento de precios puede disminuir la competitividad de las empresas exportadoras y hacer menos atractivas las inversiones a medio plazo. Sin embargo en un contexto de crisis es más complicado que las empresas puedan incrementar sus precios, de la misma manera que las exportaciones en la economía española suponen una parte pequeña de la renta por lo que el impacto sería limitado.

Desde la perspectiva microeconómica y de empresa, aparte de lo apuntado ya en conexión con la empresa, la aplicación efectiva de una reducción de la jornada laboral puede implicar un efecto negativo en las subcontrataciones, en la tensión para descuelgues salariales y de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo -que la reforma laboral permite a la empresa de forma unilateral-, incluso tensiones para la deslocalización empresarial o una estrategia de inversión en capital para sustituir a medio plazo al trabajo. Cuestiones todas ellas a tener en cuenta para hacerles frente.

Medidas complementarias.

A continuación vamos a detallar algunas de las medidas complementarias para por un lado reforzar la medida de reducción de jornada (relacionadas con los mercados de trabajo), y por otro medidas relacionadas con el refuerzo de esta política laboral para generar mayor empleo.

Desde la primera perspectiva es obvio el debate intrínseco sobre la financiación de la medida, la regulación de la contratación (a tiempo parcial, temporal, pluriempleos, etc) o la gestión de las políticas de tiempo de trabajo (horas extra, distribución irregular de la jornada, etc). Asimismo són relevantes las políticas de retraso de la incorporación al mercado de trabajo o adelanto de la jubilación. Ambas medidas tienen también efectos tanto en las familias, como en los sistemas educativos, productivos y de seguridad social. Desde una perspectiva de los mercados de trabajo locales y en las empresas, juegan un papel importante los factores de hegemonía en la afiliación y control del empleo como determinantes para asegurar un peso específico en la definición de las políticas laborales a nivel micro.

Desde una perspectiva más general, se puede implementar para generar sinergias una propuesta de reducción de jornada laboral con el impulso en el desarrollo económico local. Este impulso puede venir tanto del gasto e inversión social de cooperativas autogestionadas con nuestros propios proyectos económicos para generar y repartir el empleo, o de gasto e inversión pública con generación de demanda global -o como mínimo de no reducción de la misma-. Asimismo sería necesaria la intervención en los aspectos financieros, tanto para limitar el impacto de la deuda cómo para recuperar del capital financiero las rentas que se deberían destinar a la economía productiva y socialmente necesaria con tendencia a la desconexión de los sistemas de mercado capitalista. Los ámbitos de actuación para ello pueden pasar por la mejora de infraestructuras, tanto económicas cómo sociales. En este sentido se trata también de explorar las posibilidades en el ámbito agrícola para el abastecimiento de mercados locales, industrial enfocado a la exportación o de servicios, analizando sectores emergentes y nuevos yacimientos de empleo. Por último sería necesario la creación de redes de economía alternativa para una planificación social de este desarrollo territorial.

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Estudios de impacto sobre la reducción de la jornada laboral en la generación de empleo y otras variables.

En este apartado vamos a resumir brevemente los diferentes estudios de impacto realizados sobre medidas de reducción de jornada laboral con el objetivo de generación de empleo. A este respecto, en cada caso habría que contextualizar bien el fondo de los estudios y de las propuestas realizadas en su marco institucional, económico y social para entender bien los resultados de la aplicación de la medida.

Desde una perspectiva de la Unión Europea, un informe del eurodiputado Michel Rocard en 1996 evaluó que una reducción media de la jornada semanal a 34 horas supondría un ahorro del 28% de los gastos sociales, generando suficiente ahorro para cubrir la contratación de un nuevo 10% de empleados/as, lo que podía suponer la creación en ese momento de 3 millones de puestos de trabajo en europa.

Un estudio en Francia en 1979 estableció que por cada 1% de reducción de jornada se incrementaría un 0'61% el empleo para el conjunto de la economía, con un reparto desigual entre categorías profesionales. Una misma reducción del tiempo de trabajo supondría una necesidad del doble de obreros que de cuadros superiores.

Otro estudio publicado en 1992 por Michel Albert establecía para Francia que con una reducción de jornada del 50%, cobrando esa mitad de la empresa y complementando un 30% por el Estado, se podía financiar exclusivamente con los fondos destinados al desempleo. Con un 30% de empleo a tiempo parcial se llegaría a niveles de pleno empleo según el autor.

Respecto a Francia, en 1997 se planteó la reducción de jornada laboral por ley de 39 horas a 35 horas semanales, a partir del año 2000 para empresas de más de 20 trabajadores y de 2002 para todas las empresas (leyes Aubry 1 -1998- y 2 -2000-).

Las previsiones previas eran de creación de entre 200.000 y 700.000 empleos netos. La estimación del impacto de la medida es una reducción media del tiempo de trabajo de entre un 5-9% (siendo la reducción de jornada de un 10'5% aprox.). Finalmente la creación de empleos netos se cifró en aproximadamente 350.000, un impacto modesto teniendo en cuenta que se redujeron las cotizaciones patronales a la seguridad social, se compensaba íntegramente el salario mínimo y se fijaba a la negociación colectiva de empresa y sector el resto, se ayudó financieramente a las empresas que crearan puestos de trabajo, se restringieron las horas extraordinarias, etc.

En Bélgica se legisló en 1982 (“decreto 5-3-3”) para conseguir una reducción del tiempo de trabajo en un 5%, una reducción salarial del 3% y un aumento del 3% en la contratación mediante convenios colectivos. Entre 1983 y 1987 se acogieron 49 empresas con incrementos de empleo del 5%.

En el estado español, tenemos un estudio de Albarracín y Montes en 1993 con una estimación del potencial de generación de empleo de la reducción de jornada (en fase de recesión económica). La visión general concluye que una reducción del 20% de la jornada laboral (de 40 a 32 horas semanales) tendría un efecto débil sobre la generación de empleo, entre un 3% y un 4%. Por sectores, los servicios podrían ver inducido un incremento de la productividad (Administración Pública, banca o seguros). En sectores como comercio, hostelería o transportes, reparaciones, educación, sanidad, trabajo doméstico, etc- vinculados a la prestación personal, se podría dar un incremento de la productividad o del empleo dependiendo de como se gestionara (concentración o no de servicios, mantener el mismo nivel y calidad de servicio o reducirlo, etc). En el caso de la industria, el impacto iría en función de si la empresa-sector trabajase a plena capacidad o tuviese excedente de plantilla (acumulando producción sin vender o teniendo plantilla subocupada). En el primer caso se daría incremento del empleo, en el segundo también en función de si en paralelo hubiera disminución salarial. En cualquier caso el crecimiento del empleo se estimaría en un 5% (un 1% desde la industria para el conjunto de la economía). Este estudio sin embargo contempla la acción sindical como poco intensa, así como no incluye el impacto de otras medidas complementarias a la reducción de jornada laboral para incrementar el empleo.

Por otra parte tenemos una estimación de Muñoz de Bustillo en 1997 que con una reducción de jornada de alrededor del 20% (hasta las 30 horas) daría la posibilidad de crear un millón de nuevos empleos a tiempo completo. En todo caso tiene en cuenta que debido al incremento de la productividad la reducción efectiva se situaría alrededor del 13%. Calcula también que la medida tendría unas necesidades de financiación de 4 billones de pesetas. Apunta la posibilidad de que se genere un ahorro de las prestaciones por desempleo del 50% y por lo tanto la posibilidad de aplicar alrededor de un billón de pesetas de los presupuestos de esta partida a la financiación de la misma. Considera también que alrededor de la quinta parte de la cantidad anterior correspondería a cotizaciones sociales y con el incremento de ingresos fiscales implicaría un impacto final de alrededor 1'9 billones (7'6% de la masa salarial neta de cotizaciones y retenciones).

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Conclusiones La propuesta de reducción de jornada laboral y reparto del empleo (sin reducción salarial o con ella) supone una medida para frenar el incremento del desempleo e incluso para crear empleo, a la vez que es un mecanismo para un reparto de riqueza aplicado al sistema productivo. La reducción de la jornada laboral, ya sea defensiva (con reducción salarial) u ofensiva en aquellas empresas donde sea posible (sin reducción salarial), no resuelve por si sola a corto y medio plazo el problema estructural del desempleo y la pobreza, aunque permite caminar en su implementación en un mayor control de las asambleas de trabajadores en las empresas. Asimismo la propuesta deja abierta la cuestión de su complementariedad o no con otras medidas de generación de actividad económica y de control de las rentas del capital financiero para reforzar dicha actividad.

Desde la CSI, proponemos, teniendo en cuenta todas las variables anteriormente descritas, una reducción paulatina de la jornada laboral de 35h. semanales en principio, avanzando progresivamente y según las posibilidades, hacia la jornada de 30h. semanales.

Prevención, seguridad e higiene en el trabajo Desde la CSI proponemos la creación de un plan de choque contra la siniestralidad laboral.

Este Plan será diseñado por técnicos y expertos en materia en Seguridad Laboral, pero deberá contemplar una serie de exigencias, que desde la experiencia del Sindicato, vemos como irrenunciables para que sea realmente efectivo. Constatamos, que si la seguridad en el trabajo siempre fue un estorbo para el grueso del empresariado, desde la aparición de la crisis, y la precarización del mundo del trabajo, asistimos a un abandono cada vez más grave y evidente en prevención, seguridad e higiene por parte de las empresas para con sus trabajadores. Además la "ley del silencio" impera en los tajos, debido al miedo de los trabajadores a ser despedidos por denunciar cualquier tipo de irregularidad.

Por tanto, dentro de ese "Plan de choque", desde la CSI proponemos, entre otros, la inclusión de estos puntos: 1- Fortalecimiento del cuerpo de Inspectores de Trabajo, con una asignación de Ratio de trabajadores por inspector, realista, para que ejerzan con todas las garantías la labor en materia de prevención y seguridad. Así mismo, imputación de delito Penal para aquellos Inspectores que hagan dejación de funciones en materia de seguridad.

2- Incorporación como delito penal contra la seguridad de los trabajadores muchos de los casos que a día de hoy no se contemplan como tales. Imputación de delito Penal a los Delegados de Prevención que, deliberadamente, hagan dejación de funciones en caso de accidente laboral.

3- Elecciones independientes y diferenciadas de las del Comité de Empresa o Delegados de Personal para los Delegados de Prevención, dejando abierta a la totalidad de la plantilla la lista de elegibles y manteniendo la independencia tanto del Comité como de la empresa.

4- Prohibición de las horas extras y reducción de la jornada laboral.

5- Desmantelamiento de las Mutuas Laborales, asumiendo la Seguridad Social la prevención y atención socio-sanitaria a los trabajadores.

6- Prohibición a familiares de los inspectores la posibilidad de tener empresas privadas para la formación y la prevención de riesgos laborales.

7- Formación continua en materia de prevención y riesgos laborales para los trabajadores en las empresas.

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Educación La Corriente Sindical d’Izquierda apuesta por una educación pública, de calidad, y gratuita, que establezca el principio de igualdad de oportunidades para todas las personas que quieran formarse y obtener una cualificación para su desarrollo. En los últimos años la educación pública sufre el acoso del sector privado y de los postulados neoliberales y mecanicistas de la educación. Por ello desde la CSI rechazamos la nueva ley educativa ( LOMCE) por ser una ley segregadora, al servicio de los mercados, donde se prima los resultados orientando la educación hacía un mercado laboral que demanda precariedad laboral. Está ley tiene un claro componente de clase encareciendo el coste en la educación, obviando los problemas actuales que tiene la sociedad trabajadora e impidiendo el acceso a los estudios superiores a una amplio grupo de la población.

La CSI propugna por los siguientes puntos: • Una Escuela Laica: La secularización de los espacios públicos es una de los principios que defiende la CSI. El modelo de escuela por el que se lucha en nuestro sindicato es un modelo laico, eliminando la enseñanza de la religión confesional en los centros educativos públicos.

• Eliminación de los conciertos: Los conciertos son mecanismos de privatización de la enseñanza destinando el dinero público a instituciones privadas y religiosas. Los conciertos deben ser eliminados destinando todos los recursos a la educación pública.

• Paralización de los programas bilingües que desarrolla la Consejería. Es segregador y perjudica el logro de los objetivos de las materias no-lingüísticas. Como alternativa se debe favorecer la inmersión lingüística, los campamentos, la financiación de programas de intercambio de alumnado, profesorado y experiencias.

• Por el derecho a la enseñanza de Asturiano y de Gallego-Asturiano en todos los niveles educativos, incluido el tramo de infantil. Cumplimiento de no exigencia de ratio mínima para la constitución de un grupo en todos los niveles educativos. Creación de las especialidades de Asturiano y Gallego-Asturiano en los cuerpos docentes y convocatoria de oposiciones. Promoción de la utilización del Asturiano y del Gallego-Asturiano como las lenguas vehiculares en otras áreas del currículo. Reconocimiento de los derechos lingüísticos. Declaración de la oficialidad de la Llingua Asturiana.

• Reversión de los recortes. Carga lectiva de 18 horas en Secundaria, ratio de 20 alumnos/as en infantil, cubrir las bajas de forma inmediata, retribución al 100% por ILT, conversión del actual complemento de productividad en un complemento de homologación salarial para todos y todas, colectivo interino incluido, y sin contrapartidas laborales, reducción de carga lectiva, jubilación parcial a los 55 y consolidación del derecho a la jubilación anticipada a los 60.

• En cuanto al acceso a la función pública e interinidad: convocatoria amplia de empleo público basada en las necesidades educativas, gestión transparente del acceso a la función pública, baremación en las listas de interinidad independiente de la baremación para el concurso-oposición y no al abuso de las medias jornadas (como norma, deben complementarse los horarios con horas de atención a la diversidad, la media jornada tiene que ser una excepción y en esos casos puntuales la retribución tiene que ser mayor que proporcional a la carga lectiva).

14 Pa Entamar

Sanidad El derecho a la salud es irrenunciable, es un derecho que se debe garantizar por un sistema público de salud, universal, gratuito, de calidad.

La aplicación de las estrategias para privatizar el sistema público vienen de lejos. El informe Abril Martorell del año 1991, estando en el gobierno el PSOE, marca las directrices que se aplicaran en los siguientes años, a pesar de que oficialmente se vieron obligados a retirarlo. Si bien constata que el Sistema Nacional de Salud contribuye a mejorar la salud de la población y a la corrección de las desigualdades, en él se recogen aspectos como la necesidad de que los usuarios participen en el coste de las prestaciones básicas, la complementariedad de la provisión privada y pública, aconsejando hacer con medios propios solo lo que no se puede hacer con medios ajenos, los hospitales y los centros deben transformarse en sociedades estatales sometidas al derecho privado..etc .Es lo que estamos sufriendo actualmente.

El acuerdo sobre liberalización de servicios en Europa negociado por la Unión Europea con la Organización Mundial de Comercio , ahora el tratado de Libre Comercio (TTIP) tienen el objetivo de privatizar los servicios públicos y blindar las externalizaciones realizadas.

Son una parte importante de los presupuestos de los estados.. En nuestra comunidad casi el 40% .Un bocado apetecible para hacer negocio.

Acogiéndose a los cambios legislativos y con el “argumento” de la crisis se está llevando a cabo el desmantelamiento de nuestro Sistema Público de Salud a un ritmo más rápido. Se rescatan los bancos a costa de la salud de la población.

Argumentaciones y propuestas : 1.- Eliminar la modificación del art. 135 de la Constitución En agosto de 2011 el Gobierno (PSOE) con apoyo del partido en la oposición (PP) modificaron el Art. 135, anteponiendo el pago de la deuda a cualquier otro gasto del Estado. Entre ellos La inversión en el Sistema Nacional de Salud.

Se debe de priorizar la inversión para garantizar la cobertura de los servicios Públicos, entre ellos, cómo no, la sanidad.

En base a esto; Presupuesto Sanitario Anual ajustado a las necesidades asistenciales reales, dotando al SESPA de los recursos físicos, tecnológicos y humanos imprescindibles para realizar su función.

2.- Derogación del Real Decreto-ley de 16/2012, medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema na-

cional de salud.

Ha sido el mayor ataque a nuestro Sistema Sanitario de Salud. Nos quitaron la universalidad de la asistencia sanitaria, se instauró el copago de medicamentos, se redujeron las prestaciones básicas…

El gobierno dijo poder garantizar mediante esta ley los principios de nuestro Sistema Sanitario. A día de hoy se pueden comprobar sus resultados: Pública- se privatizan los hospitales públicos, cada vez hay más centros sanitarios privados, convenios singulares y conciertos con todo tipo de fundaciones, institutos, clínicas, centros de diagnóstico por imagen...CON UN DERECHO PÚBLICO SE ESTÁ HACIENDO NEGOCIO. Gratuita- día a día van apareciendo nuevos pagos por parte de los pacientes, medicamentos, estancias temporales geriátricas, rehabilitaciones, transporte, estacionamientos …etc Universal- es sabido que no todos tienen acceso a la sanidad, migrantes tanto extranjeros como propios que se van fuera por un tiempo, o mayores de 26 años.

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De calidad.- Se desmantela y degrada la asistencia sanitaria, con interminables listas de espera (consecuencia de los recortes en medios y plantilla). Se desacredita con el fin de empujar a la población que tiene medios hacia la medicina privada, potenciando los seguros privados. En unos momentos en que la clase obrera necesita unos servicios públicos que garanticen los derechos elementales, como la salud, en la práctica se nos niegan. Tanta salud tendremos como podamos pagar.

3.- LEY 15/1997, de sábado 25 abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del sistema nacional salud.

Esta ley, votada por el PP, PSOE, PNV, CIU y CC, pasó desapercibida para la mayoría y ahora es la puerta legislativa para la privatización de centros hospitalarios, servicios sanitarios y sociosanitarios.

DICE: “Al objeto de ampliar las formas organizativas de la gestión de los centros sanitarios, el Real Decreto-ley 10/1996, de 17de junio, sobre habilitación de nuevas formas de gestión de la salud, vino a establecer que la administración de los mismos pudiera llevarse a cabo, no sólo directamente, sino indirectamente mediante cualesquiera entidades admitidas en Derecho, así como a través de la constitución de consorcios, fundaciones u otros entes dotados de personalidad jurídica, pudiéndose establecer, además, acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o privadas, y fórmulas de gestión integrada o compartida, generalizando las previsiones contenidas en diversas leyes dictadas por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.”

Según una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, la Constitución "no exige que el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión pública directa".

La materialización de las privatizaciones en nuestra comunidad viene sobre toda por GISPASA. Empresa “Pública” sujeta a derecho privado que nace con la encomienda de gestionar la construcción, de los hospitales HUCA y Álvarez Buylla. Una vez finalizados no se limita o desaparece sino que aumenta su peso dentro del SESPA quedándose a gestionar los propios hospitales. Los sobrecostes en la construcción del HUCA son superiores al 50% de la cantidad inicial en la que se licitó, a pesar de una entrega de la obra tardía y del nulo control de calidad con el que se construyó (las averías son constantes) a nadie se le exigen responsabilidades, a pesar de los informes de la Sindicatura de Cuentas.

Está generando mayor gasto y disfuncionalidades en dichos hospitales, además de encargarse de las licitaciones con las empresas privadas que les dan servicio. Como por ejemplo; mantenimiento de gran parte de las instalaciones y espacios de los hospitales, archivos clínicos, informática, la gestión de esterilización, explotación del área comercial….

En el Plan Director de reforma y ampliación del Hospital de Cabueñes se da paso a la entrada de GISPASA Desgraciadamente no sólo tenemos esos ejemplos. En el Servicio de Radio-Diagnóstico del HUCA, se está comenzando a realizar un plan de “derivación” de la lectura y diagnóstico de las pruebas radiológicas, con la intención de crear un centro de interpretación de las mismas para toda la Comunidad, con esta medida, el negocio de la de la empresa privada está asegurado y en entredicho el futuro público del Servicio..

Privatizaciones directas como la supresión del turno de tardes del servicio de lavandería del Hospital de Cabueñes. Deslocalizando la carga de trabajo procedente del Hospital de Avilés a una empresa privada de Cantabria. Actualmente existen solo dos lavanderías en Oviedo Y Gijón.

Nadie pone en cuestión que el sistema sanitario público es más barato que el privado, que asegura la salud mejor con un menor costo.

Derogación de la ley 15/97. Auditoría previa y disolución de GISPASA. Devolución al sistema público de los servicios privatizados y exigencia de responsabilidades.

4.- UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA. Las Unidades de Gestión Clínica se aprobaron en nuestra comunidad en el año 2009. Se han extendido, primero en las comunidades gobernadas por el,PSOE ( Asturias, Andalucía) y luego por las del PP ( Castilla la Mancha, Galicia….), este está regulándolas para imponerlas a nivel estatal.

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Suponen la mercantilización de nuestro sistema sanitario y una organización nueva del mismo, un paso a la privatización.

Si bien actualmente jurídicamente no son sociedades independientes, ese es el fin último que pretenden, así figuraba en el proyecto inicial , A los trabajadores se nos implica en las labores de gestión, dando un presupuesto cerrado para cada servicio, centro de salud…y unos objetivos a cumplir impuestos. Se trata de ahorrar y solo hay dos capítulos: uno los trabajadores, contratando menos y precarizando más, el otro de los pacientes, derivando menos para las consultas del especialistas, menos pruebas….A cambio con lo que se ahorre se reparten incentivos entre los trabajadores que las hayan firmado. Es una fragmentación del sistema público y el paso previo para la privatización de los servicios más jugosos, incluidos los centros de salud, que son la puerta de entrada al sistema sanitario.

Eliminación de las unidades de gestión clínica. No a la mercantilización de la sanidad.

5.- Plantilla orgánica, interinos, eventuales Oficialmente seguimos con una plantilla orgánica prácticamente igual que hace años, sin embargo han surgido nuevas necesidades y se han creado nuevos servicios. Estos servicios están cubiertos por los llamados contratos de nueva creación y eventuales. Cuando según el Estatuto Marco si en el transcurso de 2 años se realizan más de dos nombramientos para la realización de los mismos servicios deberían de incorporar la plaza a la plantilla orgánica. Ofertando los puestos con contrato interino.

La plantilla orgánica solo se ha incrementado en puestos de dirección. Mientras se han perdido unos 1700 puestos de trabajo de eventuales desde el 2012.

Los interinos en el SESPA a día de hoy superan el 55% de la plantilla haciendo la media. Si lo miramos por servicios los hay que llegan a más de 75%. Esto es inaceptable. En nuestra comunidad desde que en 2001 se formalizasen las transferencias a las comunidades autónomas, el SESPA ha realizado muy pocas ofertas de empleo público, estando muchas de ellas sin resolver. Por lo tanto para la mayoría de las categorías estatutarias que componen sus recursos humanos no ha convocado ofertas de empleo público y lo que es peor no parece que las vaya a convocar.

Esta merma de las plantillas (no se sustituyó más que el 10% de las jubilaciones, este año el 50%) y mayor precarización de las mismas trae consigo el cierre de camas, el incremento de las listas de espera y la sobrecarga de trabajo con el empeoramiento de la calidad asistencial. Mientras, se deriva cada vez más a la privada.

Aumento de plantillas, convocatoria de ofertas de empleo público, ya!!

6.- Dedicación exclusiva de los trabajadores asalariados del sistema público de salud.

No se puede trabajar en la pública y en privada al mismo tiempo. No se puede ser el Jefe de un Servicio Público y pertenecer al Consejos de Administración o empresas privadas, dedicadas a la misma actividad. No es correcto prestar actividades profesionales a personas a quienes se está obligado a atender en el desempeño de del puesto público que se ocupa. No se pueden ejercer dos trabajos en el mismo horario laboral.

La apuesta debe de ser contratar lo necesario y pagar lo que sea justo. Apostar por la dedicación al Sistema de Salud Público, contratando y no descapitalizando las plantillas. .

7.- Participación y cotrol de las organizaciones comunitarias en el sistema público de salud.

Los Consejos de Salud actuales, presuntos organismos de participación no tienen ninguna capacidad de incidir en los problemas que se plantean en nuestro Servicio de Salud. Son meros convidados de piedra, que la mayoría de las veces ni se les reúne. Las decisiones se toman por el gobierno de turno, con decisiones cada vez más alejadas de la realidad cotidiana, sin que se tenga en cuenta ni a los trabajadores del sistema, ni las necesidades de los ciudadanos.

El control debe de ejercerse por las organizaciones implicadas en el sector (Sindicatos, profesionales) y además por las organizaciones ciudadanas y el conjunto de la población a través de órganos creados al efecto.

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Discapacidad y Dependencia Panorama Actual El Gobierno actual de Asturies continúa desmantelando la Ley de dependencia y el modelo de servicios sociales y lo hace recortando sobre lo ya recortado a nivel estatal.

El objetivo de las últimas reformas no gira en torno a las personas y la mejora de los servicios, sino que lo hace como demuestra últimamente en torno al euro: está motivado por la reducción de gastos en políticas sociales y en aumentar sus ingresos a través de concursos de pisos o transporte entre otros...

Lo que demuestra que quien está decidiendo lo que se hace con los servicios sociales, aparte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es también el mandato de las políticas de austeridad de la Troika. Por lo que, si no se pone remedio, la ciudadanía tendrá menos servicios, más caros y de peor calidad.

Con todo esto se está consiguiendo una deshumanización de las políticas sociales que golpea con más fuerza a los más débiles y vulnerables, como son los menores, las personas mayores en situación de dependencia, o los discapacitados en este caso, empeorando aún más su situación y llevándolos a un mayor empobrecimiento y exclusión.

El modelo de servicios sociales debe estar basado en facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a tener una cobertura adecuada según sus necesidades y basadas en el criterio de la proximidad, y no en el asistencialismo o la privatización y externalización de los servicios, ya que con todos los recortes de los últimos años hemos pasado de un nuevo modelo de protección social a un sistema puramente asistencialista, en el mejor de los casos...

Estos recortes solo en Asturias afectan a 124.613 personas con discapacidad y sus familias y a mas de 5000 empleados en el sector privado de discapacidad.

Por todo esto y tras los últimos golpes dados por la consejería, La Corriente Sindical d´ Izquierda apoya al Tercer Sector Sin Ánimo de Lucro que se opone a la mercantilización de los Servicios Sociales en el Principado de Asturias.

La Plataforma del Tercer Sector promueve un manifiesto muy crítico con la decisión de la Consejería de Bienestar Social de fomentar la entrada de empresas con ánimo de lucro.

"Queremos denunciar la deriva del Gobierno de Asturias hacia un cambio radical en el sistema de la red de servicios sociales y modelo de colaboración con las entidades del tercer sector, cambio que afecta a los logros y derechos sociales obtenidos hasta la fecha y pone en peligro la propia supervivencia de las entidades sociales no lucrativas de nuestra región." Citan en el manifiesto.

Como todos conocen, se han producido nuevos hechos como los últimos concursos y licitaciones de pisos y transporte que demuestran la intención del gobierno de ir desmantelando poco a poco al tercer sector no lucrativo en Asturias e impulsar la entrada de la iniciativa privada empresarial con objeto de hacer de los servicios sociales un negocio puro y duro.

En todos estos concursos además vemos como este gobierno da prioridad al acceso (al sistema de servicios sociales) de empresas “con ánimo de lucro” más que a las necesidades y derechos de las personas usuarias y sus familias.

En todo este proceso de concursos y licitaciones, se manda una carta del actual gobierno a las familias en las que se falta a la verdad en muchos aspectos y habla también de los trabajadores de estas entidades sin ánimo de lucro, trabajadores que actualmente cumplen sus funciones como cuidadores en pisos tutelados y en el transporte de usuarios. Se indica en esa carta y en la comunicación interna a las diferentes asociaciones, que no se pondrá en peligro esos puestos de trabajo pero es imposible que metiendo un servicio externo de transporte, no afecte tanto a conductor como acompañante en sus horarios, funciones y salarios. Al igual que las contrataciones y salarios en los pisos de acogida, que alguno de ellos ya pasaron a ser gestionados por empresas como constructoras.

Por ello, como sindicato apoyamos a las entidades sin ánimo de lucro del tercer sector y queremos la reforma de la Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias que está pendiente desde mayo de 2014. Sobre todo para impedir que las empresas con ánimo de lucro puedan participar en concursos para gestionar servicios destinados a infancia y discapacidad. y con ello parar de inmediato los concursos iniciados por este gobierno.

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Inserción Laboral Discapacitados Las últimas reformas, los recortes y el deterioro de las políticas activas de empleo han supuesto un retroceso en la inserción laboral de las personas con discapacidad.

La coyuntura de la economía del Estado español hace que se resientan las cifras de empleo, y en el caso de los trabajadores con discapacidad, un componente que favorece la no contratación de estos trabajadores, son los constantes recortes en los Presupuestos Generales del Estado y en las políticas activas de empleo.

Para lograr la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, surgieron, hace años, los Centros Especiales de Empleo (CEE), como tránsito hacia el empleo ordinario. Tras años de funcionamiento se ha podido comprobar que han crecido desproporcionadamente sin que se logre esta integración. haciendo que un trabajador con minusvalía o discapacidad, trabaje en estos centros durante años sin conseguir ese salto al mercado laboral ordinario, haciéndole así un integrante más del trabajo precario, realizando funciones similares a los de otras empresas pero cobrando menos por estar regulado por un convenio con unas condiciones ínfimas de Centro Especial de Empleo.

Por este motivo se ve la necesidad de abordar una reforma global de todas las políticas de integración de las personas con discapacidad y, de forma muy específica, la funcionalidad de los CEE. A esto se añaden las dificultades que se dan por la falta de coordinación de los servicios públicos de empleo y los CEE, por la dificultad administrativa en cuanto al tiempo de búsqueda de los trabajadores con discapacidad, la falta de especialización que existe en los servicios de empleo sobre las necesidades específicas de los trabajadores con discapacidad, adaptación de puestos de trabajo, etc.

No se están adaptando las políticas a las necesidades de estos trabajadores. Las políticas hacia la igualdad deberían de ser una prioridad y garantizar que, aquellos grupos de trabajadores susceptibles de sufrir discriminaciones, tengan las mismas posibilidades de acceso al empleo, la misma retribución a igual trabajo y el derecho a su promoción profesional.

Ley de dependencia Tras las últimas reformas a la Ley de Dependencia, las comunidades en general, y en este caso Asturias, dejaron de recibir por parte del Ministerio de Sanidad más de 1.500 millones de euros, como consecuencia de los recortes en la financiación del sistema de atención a la dependencia, Reducciones del presupuesto que tiene consecuencias directas para las personas cuidadoras familiares teniendo disminuciones importantes en las ayudas que percibían los familiares encargados del cuidado de las personas dependientes.

Los recortes en Dependencia han llegado por varias vías: Mediante la reducción del número de beneficiarios del sistema, que se ha visto mermado significativamente. El porcentaje de personas beneficiarias de alguna prestación por dependencia con respecto a la población total no es ni la mitad del porcentaje de solicitudes.

También se ha rebajado la intensidad de las prestaciones, reduciendo las horas de ayuda a domicilio, adelgazando las cuantías de prestación económica y eliminando la financiación del convenio de cuidadores familiares.

Y por último con la introducción de un mayor copago.

Por desgracia, de esta manera, el sector más vulnerable, seguirá siéndolo, y en las peores condiciones, tanto de salud como personales.

Público o Privado?

El debate sobre lo que debe ser una prestación realizada desde la Administración Pública o desde las entidades privadas, sean estas de carácter lucrativo o no, no es nuevo, ni tampoco se va a acabar próximamente.

La Constitución Española, en su artículo 103.1, establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

El capitalismo, ha intentado durante mucho tiempo hacernos creer que la gestión privada siempre es mejor que la gestión

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pública, y es evidente que ha conseguido convencer a muchos. Pero, aún con los recortes en materia de la administración pública, está demostrado, que la gestión directa de los servicios públicos es más eficiente y más barata que la privada.

Las Organizaciones Públicas son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios públicos, tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. Los actos de las Empresas Publicas se rigen por leyes de función pública. Todos sus actos son reglamentados por la Ley y están encaminados a la prestación de servicios de interés general para la sociedad.

Los resultados de la Empresas públicas no se miden en términos de utilidades o ganancias que se reparten en beneficio de particulares si no por el grado de eficiencia del servicio que se le lleva a la comunidad.

La privatización del ámbito social ha incrementado la desigualdad entre los trabajadores de ambos sectores a los que se pagan salarios diferentes para un mismo trabajo. Aparte de tener efectos negativos en el empleo, afecta de manera diversa a la productividad y la calidad de servicio, ya que con los continuos recortes las entidades privadas pretenden que el trabajo que tiene que realizar dos personas la realice una, creando así una carga excesiva de trabajo, o no habiendo sustituciones por no tener dinero para cubrir plazas, lo que acaba generando que lo que era un servicio de ocio, como son los CAI´s acabe siendo un servicio puramente asistencial para los usuarios. generando un descontento global, en trabajadores, familiares y usuarios.

En Asturias, el número de centros públicos frente a los privados en el ámbito social es significativamente inferior. Los servicios sociales deben incluirse en el ámbito de lo público ya que serian más eficientes y más rentables. mejorando así derechos y condiciones laborales de las plantillas, reflejándose en el trabajo realizado hacia los usuarios y sus familias, causando así un incremento de la calidad en el servicio prestado.

Queremos / Exigimos 1. Lo más urgente, parar todo tipo de privatización, eliminando el carácter retroactivo de la nueva Ley de Servicios sociales aprobada recientemente para que desaparezcan las contrataciones con las empresas externas de transporte o de pisos tutelados.

2. Incorporar en el próximo Acuerdo Marco, disposiciones relativas al transporte privado de cada asociación.

3. Ampliar los supuestos de Ley de dependencia para que todos los grados de discapacidad se reconozcan y tengan el servicio que necesiten, tanto a nivel ocupacional como asistencial. Al igual que sus familiares-cuidadores con las correspondientes cotizaciones y prestaciones.

4. Plan integral de acceso para el empleo digno para discapacitados en los CEE. - Igualar las condiciones entre trabajadores con las mismas funciones con su correspondiente convenio y no con el de discapacidad, rebajando así sus retribuciones.

- Obligación de las empresas a tener un tanto por ciento real en la plantilla de trabajadores con discapacidad.

Y por último, y lo más importante.

5. Recuperación progresiva hacia lo público de los servicios que prestan las asociaciones, C.A.I´s, pisos tutelados... con un plan laboral para los trabajadores que no pierdan sus derechos en la plantilla.

20 Pa Entamar

Energía La pobreza energética En 2012, el 9% de los hogares de Asturias, 91.000 personas, tenían un gasto en energía doméstica superior al 10% de los ingresos y 69.000 asturianos no podían tener una temperatura adecuada en sus casas. Ambos porcentajes han ido creciendo desde 2006 y entrarían por lo tanto en la clasificación de pobres energéticos.

En recientes informes se contrasta que actualmente un 17% de los hogares residentes en España, con una población estimada de 7 millones de personas, estaría igualmente destinando más del 10% (el doble de la media), de sus ingresos anuales al pago de la factura energética del hogar.

Según datos de Eurostat, si a principios de 2008 el consumidor doméstico promedio pagaba en España 13 céntimos de euro por kilovatio-hora de electricidad, en 2012 tenía que hacer frente a un precio de 23 céntimos de euro, un nivel que se ha mantenido hasta el primer semestre de 2014. Esta evolución en los precios finales de la energía se explica por múltiples factores que van desde la dinámica de los mercados internacionales de combustibles fósiles, hasta cambios ocurridos en la regulación del mercado interno. Esto hace que los precios de la energía no sean ajenos, por causa del sistema de tarificación de la electricidad, a la crisis económica.

A pesar de eso, actores clave las compañías energéticas y el partido del gobierno, se posicionan a favor de considerar la pobreza energética exclusivamente como una faceta de un problema más amplio de pobreza y exclusión social, posiblemente con la esperanza de eliminar frentes de conflicto y aminorar su responsabilidad.

Distintas causas influyen en el diagnóstico − Los bajos ingresos: es uno de los factores determinantes de la pobreza energética y así lo han puesto de manifiesto diferentes estudios que señalan que su incidencia es particularmente elevada en aquellos hogares con recursos escasos, sobre todo, en los integrados por personas desempleadas o beneficiarias de ayudas o prestaciones sociales. − El tamaño: se ha detectado que los hogares unipersonales, especialmente los compuestos por personas mayores solas, tienen un riesgo mayor de sufrir pobreza energética, lo que puede ser debido a una combinación entre tener bajos ingresos y necesitar comparativamente de una mayor cantidad de energía para conseguir una temperatura confortable en el hogar. − La composición de los hogares: se ha demostrado también que la incidencia de la pobreza energética tiende a ser significativamente mayor entre las familias monoparentales, especialmente aquellas con hijos menores de 16 años, y las formadas por pensionistas, y también entre las personas separadas o divorciadas y viudas. − La antigüedad de las viviendas: en general la pobreza energética tiene una incidencia mucho mayor entre aquellos hogares que viven en edificios o viviendas construidos antes de los años setenta. − El régimen de tenencia de la vivienda: se ha comprobado que la incidencia de la pobreza energética es mayor en el caso de aquellos hogares que viven en viviendas alquiladas, frente a aquellos otros con una vivienda en régimen de propiedad.

La pobreza energética se ha incrementado significativamente en España en los últimos años a causa del incremento progresivo de los precios de la energía, de los menores ingresos familiares, agravado por las altas tasas de paro, y por la mala calidad del parque edificatorio español.

Esta problemática requiere de la aplicación de medidas tanto técnicas como políticas, que a través de desarrollos normativos, estrategias y planes de actuación, contemplen soluciones a corto, medio y largo plazo para reducir la vulnerabilidad de los hogares a la pobreza energética, dado que, como decimos, una de cada diez familias no podrá encender la calefacción este invierno, más de dos millones de familias, porque no pueden pagarla Con un 26% de la población activa en paro y la considerable reducción salarial que está sufriendo buena parte de la población, junto a las continuas subidas de las facturas de electricidad, que permite que las familias paguen un 80% más de lo que se pagaban hace 10 años por el mismo consumo, están siendo dramáticas en millones de hogares españoles, incrementadas por los deficientes sistemas de calefacción y aislamiento de numerosas viviendas.

Esta situación, de la que ya informaron Cruz Roja o Cáritas el pasado invierno, previsiblemente se verá agravada sin que se busquen soluciones para las familias con menos ingresos mientras los intereses de las empresas eléctricas, se reducen en conseguir lograr los máximos beneficios para sus accionistas y altos ejecutivos.

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En esta reforma que estamos viendo aprobarse mediante procedimientos de urgencia, se facilita a estas empresas que puedan cortar la luz, no sólo a los particulares que no puedan afrontar sus facturas, sino también a un colegio o a un hospital que proceda al impago, sin aportar soluciones. La energía es un servicio básico, que, como el acceso al agua, ha de superponerse a los intereses empresariales de unos pocos y ser entendido como un derecho inalienable.

Por todo es necesario atender las necesidades energéticas de quien por circunstancias socio laborales no pueda pagarlas, dado que la energía es un derecho y no un lujo.

Recomendaciones para tratar de reducir los efectos de la pobreza energética.

-Deben impulsarse tasas a las compañías de suministros básicos, que tienen unos beneficios astronómicos y cuya recaudación se dedicaría a luchar contra la pobreza energética.

-Debe definirse una estrategia nacional para prevenir y erradicar la pobreza energética.

-Han de ponerse en marcha programas para la rehabilitación energética del parque de viviendas.

-Deben diseñarse mecanismos de financiación para llevar a cabo intervenciones en los edificios donde habitan grupos sociales vulnerables.

-Es necesario redefinir el concepto de consumidor vulnerable e incrementar la participación de los ayuntamientos para detectar situaciones de riesgo.

-Ha de involucrarse a las compañías energéticas y constituir un Observatorio de la Pobreza Energética a nivel regional y nacional.

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TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión) La Corriente Sindical d’Izquierda celebró el pasado día 13 de diciembre de 2014 la asamblea anual de afiliadas y afiliados.

En dicha asamblea se presentó una ponencia sobre el TTIP y se acordó por unanimidad oponernos tajantemente a dicho tratado.

El TTIP es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre EE.UU. y la Unión Europea desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo. Las negociaciones se están llevando en el más absoluto secretismo e incluso a los eurodiputados se les restringe la información.

En realidad quien de verdad está negociando este tratado son los grandes lobbies empresariales de un lado y de otro quienes presionan y participan de manera activa: industria automovilística, farmacéutica, agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión ….

Consecuencias de la firma del TTIP Son de todo tipo. Se usará para eliminar regulaciones laborales, sociales y ambientales que hasta la fecha han protegido -de forma desigual- ciertos derechos de las personas, el beneficio será para las grandes trasnacionales.

Las políticas de liberalización comercial y de inversiones conllevaran una pérdida de empleos y derechos laborales, una mayor precarización y el aumento de desigualdades. Mientras la UE busque la subordinación de sus leyes laborales a los intereses de las grandes empresas, es de esperar que el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y otros derechos laborales sigan minándose.

Otra consecuencia va a ser la inseguridad alimentaria Corporaciones transnacionales de EE UU están haciendo mucho lobby para rebajar las normas laborales en Europa y deshacerse del Principio de Precaución (sobre el que se basan varias directivas ambientales como la que regula las sustancias químicas peligrosas o las normas de seguridad alimentaria, etc.), con el fin de aumentar sus exportaciones.

La extracción de gas y petróleo mediante la fractura hidráulica o Fracking, con el riesgo de contaminación medioambiental que esto conlleva.

Otra gravísima consecuencia es la liberación de los servicios públicos, es decir la privatización de la sanidad, educación, servicios sociales, agua etc para entregárselo en bandeja a las grandes compañías trasnacionales, sobre todo bancos y grandes empresas constructoras .

Pero lo más grave de ese tratado lo representa sin duda la Cláusula o Mecanismo de Resolución de conflictos entre el inversor y el estado, lo que se llama el ISDS por sus siglas en inglés. Cualquier trasnacional puede demandar al Estado si promulga una ley que le perjudique bien ahora o en el futuro, y decide la demanda un Comité de Arbitraje. Caso de Uruguay, PHilis Morris demandó al estado uruguayo por su propaganda en las cajetillas señalando el peligro de fumar, el estado debe pagar sólo en costas 8 millones de dólares a la tabaquera. Más una multa millonaria.

Ante este ataque sin precedentes a la soberanía, donde la democracia va a ser secuestrada por las multinacionales y el poder financiero, desde la Corriente Sindical d’Izquierda mostramos nuestro más absoluto rechazo al TTIP y participaremos activamente en las calles y en todos los foros posibles contra este nuevo atropello del capitalismo financiero contra los derechos de l@s trabajador@s y de los pueblos.

Queremos unas relaciones comerciales basadas en el apoyo mutuo, el respeto a los derechos laborales, medioambientales donde el bienestar de las personas éste por encima del afán de lucro de las grandes corporaciones.

La democracia secuestrada por las multinacionales y el poder financiero El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por el acrónimo en inglés TTIP), es un tratado que se está negociando en la actualidad entre los Estados Unidos y la Unión Europea para “aumentar el comercio y la inversión entre la UE y los EE.UU. haciendo realidad el potencial sin explotar de un auténtico mercado transatlántico que genere nuevas oportunidades económicas de creación de empleo y crecimiento mediante un mejor acceso al mercado y una mayor compatibilidad reglamentaria y marcando una pauta en materia de normas mundiales”. Para lograr este objetivo, el Acuerdo estará formado por tres componentes clave:

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a) Acceso al mercado, b) Cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (BNA) c) Normas.

Estos tres componentes se negociarán de forma paralela y formarán parte de un acto único que garantice un resultado equilibrado entre la eliminación de derechos, la eliminación de obstáculos reglamentarios al comercio innecesarios y la mejora de las normas que den lugar a resultados importantes en cada uno de estos componentes y una apertura efectiva y recíproca de los respectivos mercados”, tal como señala el mandato negociador que recibió la Comisión Europea.

Su origen remoto se encuentra en la Declaración Transatlántica, firmada en noviembre de 1990 por el presidente George Bush, por un lado, y el primer ministro italiano, Giulio Andreotti, y el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors.

El siguiente hito relevante se encuentra en la Declaración común de la Unión Europea y EEUU (1998) sobre el acuerdo económico transatlántico.En 2007 Barroso y Merkel -por el lado europeo- y Bush por el estadounidense crean el Consejo Económico Transatlántico para la armonización legislativa. En 2011 se crea un Grupo de Trabajo de Alto Nivel encargado de estudiar la reducción de los obstáculos para el comercio entre ambas partes. El 13 de febrero de 2013, los Presidentes de los EEUU, el Consejo europeo y la Comisión europea, Obama, van Rompuy y Barroso anuncian que se inician las negociaciones para alcanzar el acuerdo.

La negociación se produce con bastante opacidad y en el más absoluto secreto entre la Unión Europea -a a través de la Comisión europea- y los EE.UU. La Comisión europea tiene un mandato negociador que contiene información reservada que pese a estar hoy publicado no deja de plantear dudas y problemas.

Los trámites para su entrada en vigor serían los siguientes: Una vez concluidas las negociaciones por las delegaciones de ambas partes; en el ámbito europeo la Comisión europea lo presentará al Consejo de la Unión, que deberá aprobarlo por mayoría cualificada (55% de los Estados que representen el 65% de la población). Tras este visto bueno, se someterá a aprobación en el Parlamento europeo y, posteriormente se ratificará por los Parlamentos nacionales. Hemos de tener presente que las votaciones son sobre la totalidad del proyecto, y que, por tanto, no cabrían enmiendas de los Estados.

Pese a su importancia, no hay previsiones de que se someta a referéndum ciudadano ni en España ni en la Unión Europea.

Para el Estado hay dos riesgos esenciales: por un lado el de la difuminación absoluta en el marco del TTIP y la eventual imposibilidad de aplicar políticas distintas a los enunciados neoliberales que laten en el TTIP. Las características de un tratado como éste, dependiente además de la Unión Europea, harían materialmente imposible su modificación en el caso de que nuevas mayorías pidieran su modificación.

En segundo lugar, la privatización de la Justicia, al someter todas las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados. Conviene recordar aquí la demanda que presentó Veolia contra Egipto ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, por la elevación de 31€ el salario mínimo, lo que afecta al equilibrio económico del contrato de basuras de Alejandría.

Los cinco riesgos mayores para la ciudadanía europea serían los siguientes: 1. Pérdida de derechos laborales, ya que EEUU sólo ha suscrito 2 de los 8 Convenios fundamentales de la OIT. 2. Limitación de los derechos de representación colectiva de los trabajadores.

3. Olvido del principio de precaución en materia de estándares técnicos y de normalización industrial.

4. Privatización de servicios públicos, por el establecimiento de una lista reducida de aquellos que no se pueden privatizar.

5. Riesgo de rebaja salarial, teniendo en cuenta el efecto que pudiera tener el NAFTA -y los sueldos más bajos de México- y el eventual acuerdo transasiático. ¿Se está negociando algún otro tratado parecido que pudiera ampliar sus efectos?

Sí, existen otros dos tratados que se están negociando en paralelo. Por un lado el TISA, Acuerdo para la liberalización de servicios en el marco de la Organización Mundial de Comercio, cuyos aspectos están siendo aún más opacos que los del TTIP. Con ello, se extenderán todos los problemas que se están planteando con la Directiva Bolkestein que tanto rechazo tuvo en la Unión Europea antes de su aprobación en 2006. El segundo sería un tratado equivalente a éste que está negociando EE.UU. con sus socios asiáticos.

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Sin controles laborales, ni ambientales Frente a las mentiras de la creación de empleo, la realidad es otra: el TTIP se usará para eliminar regulaciones sociales, laborales y ambientales que hasta la fecha han protegido –de forma desigual– ciertos derechos de las personas. El beneficio será para las grandes empresas transnacionales. Así se deduce de las explicaciones de la Comisión Europea: “la barrera comercial más importante no son los aranceles que se pagan en la aduana, sino los obstáculos detrás de las fronteras, tales como las diferentes normas ambientales y de seguridad […] El objetivo de este pacto comerciales reducir los costes y retrasos innecesarios para las corporaciones…”

Aprovechándose de la violenta crisis el argumento de “crear empleo” neutralizará cualquier preocupación por la salud, los derechos laborales y la crisis ecológica. EE UU se niega a ratificar normas y convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre derecho a la sindicalización. Mientras tanto, la Comisión Europea acelera los ataques a las políticas salariales exigiendo normas más “flexibles”. Los programas de ajuste estructural y recortes sociales de la troika resultantes de la crisis del euro y la liberalización comercial son dos caras de la misma moneda.

Bruselas está controlada por los lobbies Según el colectivo Corporate Europe Observatory la Comisión Europea efectuó 130 “reuniones con partes interesadas” en relación a las conversaciones para un acuerdo de libre comercio entre la UE y EE UU. Al menos 119 de estas reuniones –más del 93%– fueron con grandes empresas y sus grupos de presión, entre ellos destacan el Consejo Empresarial Transatlántico y Busi­ness ­Europe. Así, este pacto transatlántico plantea numerosos y graves amenazas para la población, el medioambiente y las economías. Asimismo concentrará todavía más poder económico y político en las manos de las elites en ambos lados del Atlántico.

Inseguridad alimentaria y fracking Corporaciones transnacionales de EE UU están haciendo mucho lobby para rebajar las normas laborales en Europa y deshacerse del Principio de Precaución (sobre el que se basan varias directivas ambientales como la que regula las sustancias químicas peligrosas o las normas de seguridad alimentaria, etc.), con el fin de aumentar sus exportaciones.

El enfoque de la Comisión Europea al negociar las normas de seguridad alimentaria encajarían perfectamente con los continuos intentos por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de descafeinar el sistema regulador de la UE para los Organismos Modificados Genéticamente al nivel de los EE UU – donde los alimentos transgénicos no requieren una supervisión, pruebas de seguridad o etiquetado. Por su parte, empresas energéticas tienen su vista puesto sobre la extracción de gas y petróleo no convencional mediante la fractura hidráulica (fracking) y podrían usar las negociaciones del TTIP para romper las prohibiciones logradas por las movilizaciones sociales.

Nuevas amenazas a la sanidad pública y a la libertad de expresión Estas negociaciones incluirían un capítulo sobre inversiones, con el que empresas farmacéuticas y de servicios hospitalarios podrían impugnar legalmente las políticas públicas de salud, algo que ha pasado ya con otros tratado comerciales. Aparte de que la UE ensaya vender los servicios de salud pública a los inversores transnacionales, con el pacto comercial se pretende profundizar en los Derechos de Propiedad Intelectual que debilitaría el acceso de pacientes –especialmente de enfermedades crónicas- a medicinas genéricas. La Asociación Europea de las Medicinas Genéricas (EGA) advierte que cualquier intento de fortalecer los derechos de propiedad intelectual tendrá consecuencias negativas sobre el suministro de medicamentos genéricos”, e impide la producción de medicamentos más baratos y efectivos.

Una de las demandas claves de las patronales en todas las negociaciones comerciales ha sido garantizar que la compra pública (contratos de gobiernos locales, autonómicos, estatales) sean abiertos a la competición global, especialmente de cara a los recientes programas económicos que pretenden favorecer contratos con pequeñas empresas locales frente a las empresas multinacionales como una vía de apoyar las economías locales para recuperarse de la crisis financiera.

Colectivos que defienden la libertad de expresión en Internet y el copyleft, y quienes consiguieron frenar el Acuerdo

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Comercial Anti- Falsificación (ACTA) en el Parlamento Europeo en 2012, tienen muchas razones para estar preocupados porque una nueva versión de ACTA hace parte de las negociaciones de normas más favorables para las corporaciones de la comunicación y la Propiedad Intelectual.

Liberalización de los servicios El acuerdo de libre comercio UE-EE UU busca una mayor liberalización de todos los sectores de servicios, pero muy en concreto de las políticas de inversión y de los servicios financieros. “Hay rumores cada vez más fuertes [sobre los esfuerzos que están haciendo las grandes corporaciones financieras] para conseguir silenciosamente a través de los acuerdos comerciales lo que no pueden obtener a la vista del gran público”, avisó en Bloomberg News la senadora Elizabeth Warren, miembro de la Comisión de Bancos del Senado de los EEUU. Con el apoyo de la Comisión Europea y el Gobierno del Reino Unido, los grupos de presión empresariales de EEUU y la UE están redactando normas para eliminar regulaciones gubernamentales que limitan los movimientos de capitales así como suprimir los controles sobre los gigantescos transferencias transatlánticos entre las plazas financieras más importantes (Wall Street, City de Londres, Frankfurt, París). El pacto con un capítulo sobre la “protección de inversiones” permitiría asimismo a bancos y fondos de inversión de Wall Street demandar, por ejemplo, al Gobierno griego, si éste resolviese no pagar la deuda ilegítima para garantizar los derechos sociales de la población. El TTIP permitiría a los bancos debilitar o eliminar regulaciones así como demandar a los gobiernos por “perdidas de beneficios potenciales” y recibir compensaciones pagados con los impuestos de la ciudadanía.

Pérdida de empleo y Derechos Laborales El estudio de impacto de la Comisión Europea sobre el futuro tratado comercial reconoce que sectores como la ganadería, fertilizantes, agrocombustibles y azúcar sufrirán impactos negativos. También bajarían los ingresos de industrias como la maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalúrgica, así como los sectores de productos madereros y papel, servicios a las empresas y comunicación con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Una mayor exportación de EEUU podría agravar además la división intra-europea entre los países “ricos” y “pobres”. Al respecto señala el reciente Informe sobre Comercio y Desarrollo 2013 de la UNCTAD que la estrategia de competir a través de las exportaciones no puede llevarse a cabo por todos sin terminar por empobrecer a los demás países, y, por lo tanto, destrozando a todas las economías que la practican.

Resulta razonable concluir que las políticas de liberalización comercial y de inversiones conllevan una pérdida de empleos y derechos laborales, una mayor precarización y el aumento de desigualdades. Mientras la UE busque la subordinación de sus leyes laborales a los intereses de las grandes empresas, es de esperar que el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y otros derechos laborales sigan minándose.

El Acta única europea Este nuevo pacto comercial se enmarca en las políticas de Bruselas iniciadas en la década de los 80, como la entrada del Acta única Europea (1985), el mercado único Europeo que pronosticaban la creación de entre 2 y 5 millones de puestos de trabajo en la UE-12 que existía en el momento. Lo que ocultaban era cuántos empleos se destruirían.

Hoy, veinte años más tarde, en la UE hay 26 millones de personas sin empleo y otras tantas trabajadoras y trabajadores con un sueldo de miseria. En el Reino Unido, más de seis millones de personas de hogares con empleo están sumadas en la pobreza. La entrada en la UE y la adopción del euro causó la desindustrialización parcial de los países mediterráneos. En Grecia, por ejemplo, el Mercado Único ha destruido mucho empleo en el sector manufacturero (-10%) y agrario (-20%).

Lo más grave de ese tratado lo representa la Cláusula o Mecanismo de Resolución de conflictos entre el inversor y el estado, lo que se llama el ISDS por sus siglas en inglés. La socialdemocracia alemana dice que si se mantiene esta cláusula no va a apoyar el tratado. Lo mismo Francia. Cualquier trasnacional puede demandar al Estado si promulga una ley que le perjudique bien ahora o en el futuro, y decide la demanda un Comité de Arbitraje. Caso de Uruguay, PHilis Morris demandó al estado uruguayo por su propaganda en las cajetillas señalando el peligro de fumar, el estado debe pagar sólo en costas 8 millones de dólares a la tabaquera.Más una multa millonaria.

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El periódico Financial Times publicó el pasado 23 de octubre una carta filtrada que han enviado 14 Estados miembros de la UE, entre ellos España, en la que piden a Juncker que mantenga el mecanismo de Solución de Controversias Inversor Estado (ISDS), en línea con el compromiso establecido en el mandato de negociación del TTIP. La Izquierda Plural planteó en el Congreso el pasado mes de mayo que el TTIP se sometiera a Referendum pero fue rechazado con los votos a favor de PP, PSOE, CiU y UPyD. Ante la gravedad de lo que nos quieren imponer hay que difundir, denunciar y salir a la calle; con la elaboración de materiales como dipticos, pegatinas, camisetas, graffitis; la presión a los gobiernos locales y autonómicos para que se posicionen en contra de este atropello, manifestaciones, concentraciones, etc denunciando la pérdida absoluta de soberanía que supone este tratado y que obligue al gobierno de Rajoy a dar marcha atrás porque la mejor arma del TTIP es el secretismo porque es como Drácula si los sacamos a la luz, lo podemos tumbar.

Cajastur/Liberbank Las propuestas desde la Corriente Sindicasl d’Izquierda son las siguientes: -Transformación de Cajastur en una banca pública, al servicio de Asturias y los asturianos.

-No se puede admitir que la actual Cajastur (integrada en Liberbank) gestione los ahorros y las inversiones de los asturianos para producir unos rendimientos que vayan a parar a las manos privadas de sus accionistas; aunque alguno de ellos sean las fundaciones bancarias que gestionan las obras sociales y culturales.

-Considerar propuesta de legislar para que una empresa no pueda pagar dividendo mientras se encuentra aplicando un ERE a los trabajadores.

-No se puede consentir que, actualmente, el banco en que se encuentra integrado Cajastur presente beneficios de más de cien millones de euros en el pasado ejercicio, y plantee un reparto de dividendo (excedente), mientras continúa sin solucionar los problemas de sus clientes titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada y, además, aplica a sus trabajadores un ERE que los mantiene percibiendo el desempleo a costa de las arcas públicas.

-Creación de una comisión de investigación que aclare las irregularidades que llevaron a nuestra Caja de Ahorros de Asturias, tradicionalmente sólida y solvente, a integrarse en Liberbank para, a continuación, declarar en 2012 más de 1.800 millones de pérdidas.