LA RUTA AVANZA
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Cifras en atención La meta de indemnizar administrativamente este año con $823 mil millones a 110 mil víctimas del conflicto armado será cumplida el 30 de octubre, dos meses antes de lo previsto, aseguró Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado. La meta del Gobierno Nacional hasta diciembre de 2014 es el pago de 385.846 indemnizaciones. 90 mil personas habían recibido $535 mil millones por indemnizaciones que, según el caso, pueden llegar hasta 40 salarios mínimos. Del total pagado, 87 mil corresponden a casos amparados por el Decreto 1290 de 2008 y 3000 por la Ley 418 de 1997, es decir, a solicitudes represadas desde hacía cuatro años. En el corte del 30 de agosto, el Departamento con más indemnizaciones recibidas era Antioquia con 18 mil personas y $123 mil millones de pesos, seguido por Santander con 5.133 personas y $28 mil millones; y en tercer lugar por Cauca con 3.700 personas y $23 mil millones.
La directora de la Unidad evaluará con el Ministerio de Hacienda la posibilidad de incluir más pagos de indemnizaciones administrativas en lo que resta de 2012. “Cumplir la meta de este año antes de tiempo nos reta a redoblar nuestro compromiso con las víctimas para mitigar su dolor y ayudarles a reconstruir sus proyecto de vida personal y comunitaria. Queremos pasar de la esperanza a los hechos y hoy podemos decir que estamos cumpliendo” señaló Paula Gaviria. ¿Qué es la indemnización administrativa? La indemnización administrativa es una de las medidas de reparación integral consagradas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) además de la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Con la indemnización se busca reparar el daño sufrido no solo por desplazamiento forzado sino también por homicidio, secuestro, tortura, delitos contra la libertad sexual en el marco del conflicto, desaparición forzada, despojo o abandono forzado de tierras, minas
antipersonal y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Ayuda humanitaria a desplazados Este año se ha entregado ayuda humanitaria a 545.000 familias en condición de desplazamiento en todo el país, con una inversión de 530 mil millones de pesos, superando el represamiento de 102.000 solicitudes que había de los meses de marzo a agosto. El mayor número de ayudas se pagaron en Bogotá y en el Departamento de Antioquia. La Unidad proyecta entregar otros $45 mil millones, entre octubre y diciembre, a 48.000 familias más que han solicitado ayuda este año, para mitigar la afectación causada por el desplazamiento forzado. ¡Más que un cheque! La Directora de la Unidad valoró como uno de los grandes avances en la política pública, el despegue de la
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ruta de reparación individual y la incorporación del enfoque de atención sicosocial. En la implementación de este nuevo modelo de atención y reparación están participando ya 4.218 personas en los departamentos de Antioquia, Valle, Santander, Nariño, Meta y Magdalena. En este modelo, la víctima del conflicto recibe un acompañamiento personalizado mediante el cual construye con asesoría de la Unidad su plan de reparación integral y recibe asesoría sobre cómo invertir los recursos, gestionar subsidios de vivienda y crédito y acceder a programas de empleo, educación, protección social, a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral en el que participan 42 entidades del orden nacional, los Departamentos, Distritos y Municipios, coordinados por la Unidad.
Reparaciones Colectivas La directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas destacó las gestiones institucionales que este año se han realizado para darles vida a procesos de reparación a sujetos colectivos como sindicalistas, organizaciones de mujeres, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, la Unión Patriótica. La meta son 32 sujetos en 2012, 156 en 2013, 280 en 2014 y 806 en 2020. La reparación colectiva se inició con la priorización de acciones en 4 zonas: El Salado (Bolívar), en Libertad (Sucre), en Bahía Portete (Guajira), en El Tigre (Putumayo) y con la Universidad de Córdoba. Hemos concluido la fase de alistamiento para los Planes de Reparación Colectiva de La Gabarra, Bahía Portete y las comunidades negras de Buenaventura .
En el marco del plan de acción para el retorno y la reubicación de los pueblos Emberá Katío y Emberá Chamí respectivamente, se adelantó el proceso de reparación colectiva posterior al retorno y la reubicación.
Avance en el Registro Único Este año, la Unidad ha concentrado esfuerzos por consolidar el Registro Único de Víctimas, considerado el instrumento principal para superar uno de los principales cuellos de botella en la identificación de las víctimas, sus características socio demográficas, la caracterización de los hechos victimizantes, la definición de prioridades, la atención con enfoque diferencial y el diseño de patrones de atención acordes con sus características étnicas, culturales, regionales. Este año, la Unidad –a través de las Personerías, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo—ha recibido 150.328 nuevas solicitudes de registro, de las cuales 74.000 ya fueron incorporadas al registro único, tras el proceso de valoración que ordena la Ley.Participación de las víctimas Para garantizar la participación de las víctimas y su incidencia en las políticas, planes, programas y proyectos que las afectan, hemos inscrito a 833 organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos de las víctimas que, por ahora, pueden incidir en los Comités de Justicia Transicional (CTJT) instalados en 990 municipios y 31 departamentos. La meta de Comités instalados este año es de 1.131. Al corte de agosto 30, 1.021 ya estaban operando.
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Sitios de atención Las organizaciones ya inscritas tienen acceso también a los Espacios Transitorios de Interlocución de nivel municipal, departamental, distrital y nacional que estarán operando hasta el 31 de marzo de 2013, cuando serán instaladas las Mesas de Participación permanentes ordenadas por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Las inscripciones para las Mesas de Participación –ante las Personerías a nivel municipal, y ante la Defensoría en el nivel departamental y nacional–, vencen el próximo 4 de octubre. Las organizaciones ya inscritas en los Espacios Transitorios no necesitan una nueva inscripción. El 8 de octubre comenzaremos por todo el país una serie de consultas regionales con las organizaciones de víctimas y las defensoras de sus dere-
chos para la definición del Protocolo o reglamento de las Mesas de Participación.
El Sistema Nacional y las relaciones con los entes territoriales En los primeros nueve meses de implementación de la Ley hemos avanzado con la creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral en el que participan 42 entidades del orden nacional, los Departamento y los Municipios. Se promulgó un Plan Nacional, se expidieron dos documentos CONPES y se comprometieron recursos por $49,5 billones de pesos para los diez años de ejecución de la Ley. Creamos la Red Nacional de Información sobre las víctimas que, constituye la herramienta fundamental, para la toma de decisiones.La Red Nacional tiene hoy 664 acuerdos con las
entidades del orden nacional y territorial para intercambiar información e inter operar los sistemas de información relevante sobre la atención y reparación de las víctimas. Con esta cifra, la meta para este año fue superada en 4 acuerdos.En coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio del Interior y otras entidades, hemos revisado 761 proyectos de Planes de Desarrollo departamentales y municipales, para evaluar cómo serán atendidas y reparadas integralmente las víctimas.
Otros logros Este año se ha respondido a 1.852.259 solicitudes de atención y reparación en los 76 puntos que funcionan en todo el país y durante 376 jornadas especiales en varios municipios. Este año la Unidad para las Víctimas ha realizado 390 misiones, 178 de
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ellas en atención de emergencias y 212 de prevención. El mayor número ha sido en el Cauca debido a múltiples infracciones al derecho internacional humanitario. Se ha entregado ayuda humanitaria inmediata a 7.057 hogares por $7.866 millones, hasta por dos salarios mínimos. En cada misión humanitaria, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas participa en los Comités Territoriales de Justicia Transicional que activan los planes de contingencia, realizan seguimiento a la situación en los municipios afectados y determinan el nivel de respuesta de las diferentes instituciones. El mayor número de misiones humanitarias se ha concentrado en Cauca, Córdoba, Nariño, Valle y Antioquia. Se activó un centro de llamadas para la atención, orientación e información de las víctimas (Línea Nacional 018000911119 y en Bogotá 7430000). A la fecha, 857.222 personas han sido atendidas por 300 operarios