Columnas de opinión

La mano invisible del mercado y las universidades “Se requiere una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa (…) porque la educación es un bien de consumo” (escuchar) señaló recientemente el Presidente Piñera en la primera actividad en terreno del recién estrenado ministro de educación Felipe Bulnes, claramente, haciéndole un flaco favor. Si bien estos dichos fueron maquillados posteriormente por el nuevo ministro vocero de gobierno Andrés Chadwick Piñera (primo del presidente), no hacen más que mostrar la real inspiración en materia educacional de la máxima autoridad nacional y patrono de la principal Universidad Pública del país, la Universidad de Chile.

Actualmente, Chile vive un momento histórico en el que, a diferencia de otros episodios de nuestra historia reciente, ha sido la sociedad civil la que ha puesto sobre la mesa la innegable necesidad de hacer una cirugía mayor, ya no sólo al sistema educacional, sino que al sistema político en su más amplia dimensión, llegando a ser propuestos cambios tan profundos como una asamblea constituyente para poner fin a la Constitución Política de 1980, heredada de la dictadura militar bajo la filosofía de la democracia protegida, una reforma tributaria, la modificación del vergonzoso sistema binominal, el royalty minero, la desmunicipalización de la educación primaria y secundaria y la renacionalización del cobre y otros recursos naturales, por ejemplo.

Al día de hoy, 60 son las universidades reconocidas oficialmente como tales, 52 de las cuales comenzaron su funcionamiento en 1981 o después, considerando a la actual Universidad de Santiago como sucesora de la extinta Universidad Técnica del Estado (UTE). 16 de las 60 universidades actualmente reconocidas son de propiedad del Estado de Chile. Actualmente existe una hegemonía, al menos numérica, de las universidades privadas, sobre todo de las denominadas universidades privadas nuevas (no tradicionales), lo que sólo es reflejo del carácter privatizador de las reformas en educación superior impulsadas por la dictadura militar, profundizadas durante los gobiernos de la Concertación y defendidas por el actual gobierno de la Coalición por el Cambio.

Ante este escenario y, sobre todo, ante el actual revuelo social en materia de educación es legítimo preguntarse ¿hasta qué punto la privatización de la educación ha sido un aporte para el país? Para responder a esta pregunta sólo basta remitirse a algunas cifras.

Las universidades privadas no tradicionales concentraron el 61% de la matrícula a primer año en universidades en 2011, versus el 39% en las universidades tradicionales. Cabe mencionar que el 72% de estas matrículas corresponden a las regiones Metropolitana, del Bio-Bio y de Valparaíso, y sólo el 28% a Universidades o sedes en el resto del país. Así, el propósito de descentralizar el sistema, que justificó la mutilación de las dos universidades estatales por excelencia existentes

hasta 1981 (la Universidad de Chile y la UTE) claramente no se ha cumplido. En el año 2010, el 25% de la matrícula a primer año de las universidades privadas no tradicionales provino de establecimientos municipales (33% para las universidades del CRUCH), 40% de establecimientos subvencionados (48% para las universidades del CRUCH) y 25% de colegios particulares (17% para las universidades del CRUCH).

De este modo, no se puede afirmar que son precisamente las universidades privadas no tradicionales las que se erigen como los mayores contribuidores a la movilidad social en el sistema universitario. Asimismo el sistema privado, por efectos propios de su inspiración prácticamente empresarial, ofrecen una cantidad de vacantes totalmente desregulada y que no se condice en lo absoluto con las reales necesidades del país. En este ámbito, sólo entre 2005 y 2010 las vacantes de pregrado en las universidades no tradicionales aumentaron en un 35%, versus un 11% en las universidades del CRUCH. A esto hay que sumar que son precisamente los estudiantes de las universidades no tradicionales que no pueden pagar los altos aranceles de su bolsillo los que se ven prácticamente obligados a hipotecar su futuro con créditos usureros, como los Créditos CORFO, el Crédito con Aval del Estado y los créditos bancarios, con los cuales fácilmente se duplica el costo real de la carrera sólo en aranceles.

Una mención especial requiere el aumento de vacantes por área del conocimiento, donde sólo en el área de la salud las vacantes han aumentado un 115% entre 2005 y 2010, siendo los mayores contribuidores a esta cifra las instituciones privadas. En el caso de la Odontología, en 2004 se ofrecían 19 programas conducentes al título de Cirujano Dentista, en 2011 esa cifra ha aumentado a 39, estando sólo 7 de éstos acreditados. La Odontología será una de las profesiones que sufrirá los estragos de la oferta desmedida, como ya lo fue el periodismo, proyectándose para 2020 la existencia de 1 dentista por cada 600 habitantes en Chile, siendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud uno por cada 2000.

El sistema universitario chileno se rige por lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1980 del Ministerio de Educación, el cual establece que la docencia, la extensión y la investigación son las funciones que ha de desempeñar una universidad. En este último ámbito las universidades tradicionales tienen una clara ventaja: el 95% de las publicaciones ISI universitarias chilenas entre 2002 y 2009 son de universidades tradicionales y sólo el 5% de universidades no tradicionales.

Incluso las universidades más jóvenes del CRUCH, fundadas en 1993 (la UTEM y la Universidad de Los Lagos) superan a la mayoría de las universidades no tradicionales. Ocurre lo propio al comparar la adjudicación de proyectos FONDECYT. De hecho sólo dos universidades no tradicionales se encontraban acreditadas en el área de investigación en 2010.

Asimismo, es conocida la práctica de prohibir la formación de federaciones de estudiantes, o bien de coartar sus atribuciones. Citando a Alicia Romo, Rectora de la Universidad Gabriela Mistral: “Esta es mi universidad. Si ustedes quieren un centro de alumnos, háganlo en su propia universidad”. Los centros de estudiantes y las federaciones que los agrupan son organizaciones que permiten la participación de los estudiantes en las decisiones de la universidad, así como velan por sus intereses y, por cierto, por los de la institución. Además ejercen una función

importante en la construcción de ciudadanía en el estudiantado. También requiere mención aparte el hecho que en ciertas universidades exista una censura cuasi inquisitoria en sus bibliotecas.

A mi parecer, no todas las instituciones de educación superior que se dicen universidades pueden ostentar tal denominación. Hasta ahora son las universidades tradicionales, y por cierto las universidades públicas, las que han contribuido de mayor y mejor manera al patrimonio intelectual universal, así como a la construcción (y reconstrucción) de la República, observando y actuando frente a sus necesidades históricas y puntuales. El problema no es la propiedad de las universidades, no es la existencia y permanencia de las universidades privadas, sino el sistema que permiten que éstas, incluso en desmedro del desarrollo y formación de sus propios educandos, funcionen como empresas, degradando la formación profesional del país a la lógica del mercado, a la mera relación contractual de la prestación de servicios.

Como dije, los estudiantes y la sociedad civil en su conjunto estamos en una posición absolutamente histórica para definir realmente la misión y la visión del país que queremos, para nuestro futuro y para el futuro de los que aún no llegan.

La mano invisible del mercado ha demostrado no ser efectiva en la construcción de un sistema educacional que sea realmente una opción de movilidad y superación social, sino que ha dado como resultado un modelo reproductor de desigualdades que está hipotecando el futuro incluso de aquellos que estudian una carrera considerada de elite. Así como nosotros estamos en una posición histórica, el gobierno está en una situación tanto o más importante, pero hasta ahora ha demostrado no querer escuchar a la ciudadanía y no hacer los cambios que probablemente los inscriban en los anales de la historia de Chile.

DANIEL BAUTISTA QUIROZ Bachiller, Estudiante de Odontología Universidad de Chile

Columna de opinión publicada en el blog http://odontouchile.wordpress.com 20 de Julio de 2011

No podemos abandonarlas Para comenzar, me permito citar una frase del académico de nuestra Universidad Juan G. Tejeda publicada el 15 de Junio en El Mostrador (ver columna): “Al revés de todos los países desarrollados, Chile avanza solitario en un sistema que pretende mejorar la educación destruyendo la educación pública“. En la Constitución Política chilena que, a mi modo de ver, es la constitución de Pinochet con la firma de Lagos, no existe el derecho a la educación, sino que existe el derecho a la libertad de enseñanza, lo que viene sólo a demostrar la visión que han tenido (y mantenido) nuestros gobiernos, tanto la dictadura militar como los que pregonaron una alegría que nunca llegó. El manejo del actual movimiento estudiantil, que adquiere cada vez más transversalidad en la sociedad civil, como así el discurso empleado por el actual gobierno, confirman que dicha visión no ha cambiado.

El discurso de las autoridades ha tenido una notoria metamorfosis: primero no nos tomaron en cuenta, luego dijeron que no sabíamos de lo que estábamos hablando, que no éramos representativos, que éramos una minoría, que nos quejábamos de llenos, que estamos ideologizados y que nuestro actuar había sido secuestrado por el comunismo, entre otras barbaridades. Esto no hace más que evidenciar, en primer lugar, que el gobierno subestimó la fuerza y continuidad del movimiento y, segundo, pone de manifiesto su desesperación y desconcierto. Se han puesto en el tapete problemáticas estructurales que hace más de treinta años no se mencionaban en la sociedad civil. En las erráticas y discordantes respuestas que ha dado el gobierno (el Presidente y sus ministros) sólo se demuestra que su administración no está dispuesta a llevar a cabo los cambios profundos que en materia educacional (y en muchas otras) se requieren. Esto no se puede atribuir, como algunos pretenden, a la inexperiencia del actual gobierno en el cargo, sino que hay que recordar que son precisamente aquellos que hoy habitan La Moneda quienes idearon, pensaron y se aprovecharon de este sistema. Basta con indagar las evidentes vinculaciones de ministros de Estado, como Lavín o Larroulet, al chanchullo inmobiliaria-universidad.

También se nos ha tratado de poner en la trinchera contraria a los estudiantes de las universidades privadas no tradicionales diciendo que nosotros (los estudiantes de las universidades tradicionales) somos una élite y que son precisamente las universidades privadas nuevas las que acogen y educan a los sectores más pobres del estudiantado. Me resulta inaceptable que las autoridades justifiquen el lucro en estas instituciones y digan a la vez que éstas acogen a los más pobres. ¡Están lucrando precisamente con la educación de los sectores más vulnerables!, y para colmo son estos sectores vulnerables los que se ven prácticamente obligados a hipotecar su futuro con el Crédito con Aval del Estado, que dicho sea de paso, fue una obra maestra nuestro ex presidente Ricardo Lagos.

Para bien o para mal, el gobierno de Piñera sólo viene a completar una ecuación en la que intervienen las expectativas no alcanzadas, un mayor acceso a la información, promesas incumplidas junto a un profundo descontento social que, a diferencia de años anteriores, no es de índole partidista (basta ver vergonzosos niveles de aprobación de las coaliciones de gobierno y oposición). Por eso, a mi entender, la salida al conflicto sólo puede ser la reforma en tanto el movimiento conserve su fuerza y, sobre todo, su transversalidad.

Hoy, a nuestras generaciones, se nos ofrece una oportunidad tal vez única de asistir a la historia y contribuir a llevar a cabo los cambios que no se han hecho por más de dos décadas, recordando el hecho que los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet no tuvieron los pantalones (ni la falda) de hacer reformas a la estructura política de Chile.

Si Chile quiere avanzar hacia el camino del desarrollo, debe construir, o más bien re-construir, un sistema público de educación superior, porque las universidades públicas son espacios de librepensamiento y tolerancia en el cual se construye ciudadanía bajo una inspiración republicana. Son, y han sido, las universidades públicas las que ponen sus herramientas, sus elementos pensantes, en fin, su ciencia y su técnica al servicio de la nación toda y su progreso intelectual, cultural y material. ¡Y la nación debe corresponderles!, no podemos abandonarlas.

DANIEL BAUTISTA QUIROZ Bachiller, Estudiante de Odontología Universidad de Chile

Columna de opinión publicada en el blog http://odontouchile.wordpress.com 8 de Julio de 2011