ESTERILIZADAS Y OLVIDADAS !!! Chumbivilcas a la espera de justicia y reparaciรณn integral (1990-2000)
Presentación Derechos Humanos Sin Fronteras es una organización que promueve y defiende los derechos humanos en las provincias altas del Cusco, a su vez es integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y contribuye, desde el aspecto educativo, cultural y social, en la defensa y la plena vigencia de los derechos humanos, particularmente de las comunidades campesinas.
“…No servimos para hacer en la casa ni para cargar nada. No somos lo que éramos antes. Por eso hemos venido a contar, por eso estamos acá… somos las últimas, pisoteadas, nadie nos hace caso…”
En este marco, y de forma coordinada con la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de la provincia de Chumbivilcas, se publica el presente documento para aportar en el proceso de memoria, justicia y reparación a favor de mujeres quechua hablantes que fueron víctimas de una política de salud reproductiva y planificación familiar (19962000) impuesta durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori.
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Las esterilizaciones forzadas, una práctica del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar En el año 1995, el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori anunció la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), el mismo que se ejecutó entre los años 1996-2000. En la práctica, el mencionado Programa terminó siendo un instrumento de control demográfico obligatorio bajo el que se realizaron innumerables esterilizaciones forzadas sujetas a un sistema de cuotas que violó los derechos fundamentales –mayormente- de miles de mujeres indígenas de zonas rurales en extremo empobrecidas como producto de la indiferencia secular del Estado. La responsabilidad política de esta violación a los derechos humanos recayó sobre el gobierno de Alberto Fujimori. A raíz de ello en el año 2002 el Congreso de la República presentó hasta dos investigaciones sobre el caso de personas esterilizadas, entre hombres y mujeres. Las conclusiones de los dos informes establecieron la responsabilidad política de Alberto Fujimori y los ministros de entonces. Sumado a ello, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe N° 69 en el que dio cuenta que se realizaron alrededor de 272,028 esterilizaciones durante los años 1996-2000. Es preciso destacar que las normas y manuales de procedimientos del Programa del Ministerio de Salud de entonces no aseguraron el derecho de las mujeres a la información y la toma de libre decisión, adicionalmente las metas cuantitativas exigían que el 100% de mujeres (luego de dar un parto) regresaran usando un método de planificación familiar seguro. Así mismo, en la mayoría de casos las esterilizaciones se realizaron sin las condiciones médicas suficientes y sin una estrategia de atención post operatoria. Consecuencia de ello es el actual sufrimiento físico y emocional de las víctimas, al que se suma el peso del estigma social que en sus comunidades significa ser mujer (u hombre) infértil. Diversas investigaciones, sumadas a las presentadas por ONGs de Derechos Humanos incidieron para que en el año 2003 el Estado peruano suscribiera un acuerdo de solución amistosa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de la denuncia en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez quien falleció a causa de una esterilización forzada realizada en la ciudad de Cajamarca. En dicho acuerdo el Estado se comprometió a sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y a compensar a las víctimas de esterilizaciones forzadas. e derechos humanos y a compensar a las víctimas de esterilizaciones forzadas.
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¿Cómo ocurrieron las esterilizaciones forzadas en la provincia de Chumbivilcas? De acuerdo a los testimonios brindados, no se conoce el número total de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas en esta provincia cusqueña. Las versiones coinciden en señalar que entre los años 1995-1999 se intensificaron las esterilizaciones en el distrito de Santo Tomás. Algunos elementos recurrentes que se pueden destacar es que la mayoría de las mujeres acudían a los centros de salud para realizar el control de sus hijos menores; y al acercarse, eran obligadas a someterse a la operación quirúrgica sin que el personal de salud les brindase información previa y adecuada.
“…Me han obligado y me gritaron de que tenía que hacerme operar porque si no a mi hijo le iban a entregar al Estado, de ahí me han cerrado en un cuarto con todas las mamás hasta que nos llamen de nuestro nombre.” En otras ocasiones se utilizaba el aspecto económico como factor de coerción, como recortes o exclusión de los programas sociales, o mayor imposición por número de hijos: “…Ahí las enfermeras me dijeron que nos debemos hacer la ligadura porque tenemos muchos hijos y tendremos que pagar impuestos por cada hijo, tampoco habrá escuelas para nuestros hijos. Luego las enfermeras vinieron cada rato a mi casa buscándome para hacernos operar. Luego nos trajo a la fuerza en una ambulancia a Santo Tomas. Me asusté mucho porque había hartas mujeres que estaban llorando. “ En algunos casos, se violó su derecho a la libertad. Les ataron las manos y los pies a las camillas, o se las encerró para evitar que se escapen de la operación: “…Estaba mal de salud y visité la posta para recibir medicamentos. No me dieron nada y me detuvieron en la posta. Después no sé qué me habrán dado, no me acuerdo nada. Aparecí en el hospital de Cusco. Me ataron a una cama, pero ya me habían operado, no me acordaba nada…nadie de mi familia sabía de la operación. Estaba abandonada en Cusco.” La mayoría de las mujeres fueron operadas en el suelo por no contar con un número suficiente de camas, en otros casos se refiere que la operación no funcionó, y no se les brindó asistencia post operatoria, lo que les ocasionó problemas físicos y emocionales: “…Estaba embarazada en ese momento, aborté después de la operación. Mi esposo puso una denuncia a la fiscalía en el 1998. Volví a embarazarme a los 6 meses de haberme hecho ligar, me operaron mal. ahora sufro de muchos dolores”.
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Línea del tiempo de las esterilizaciones forzadas en la De los testimonios construidos colectivamente, podemos afirmar: Asume la Presidencia de la República, Alberto Fujimori Fujimori.
1990
Se registran algunos casos de mujeres esterilizadas sin información libre y consentimiento previo, al momento de dar a luz a su hijo.
1992
Animadas por el protagonismo de las mujeres de Anta, se organiza el congreso de Mujeres Toribia Flores de Cutipa en el cual se habla de las esterilizaciones, y las vulneraciones de sus derechos. Se elabora un padrón con las afectadas, algunas mujeres brindan su testimonio a la Fiscalía, y emite un pronunciamiento al Gobierno.
Se constituye formalmente la organización de mujeres esterilizadas forzosamente de la provincia de Chumbivilcas, con el objetivo de alcanzar justicia y reparación. Actualmente la organización congrega a 235 mujeres.
Se formaliza la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas en Chumbivilcas como anexo de la Organización de Mujeres de Anta, que lideraba el proceso a nivel nacional, con un padrón de 109 personas.
2003 - 2004
16 de octubre del 2015 En el encuentro nacional de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas denominado “Derechuykuta mashkaspa purishayku”, en el que participaron las afectadas por esterilizaciones con el apoyo de 11 de noviembre Derechos Humanos Sin Fronteras, Coordinadora Nacional de del 2015 Derechos Humanos, Amnistía Internacional y DEMUS, logran articular sus luchas a nivel nacional.
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2002
provincia de
Chumbivilcas
Se registran esterilizaciones forzadas en forma sistemática. Se inician campañas, movimiento del personal médico a capitales de distrito cada mes para trasladar en ambulancia a mujeres al centro de salud de la capital provincial, amenazando con privar de atención a sus hijos en caso ellas no asistieren, o que ya no podrían estudiar. Algunas mujeres son llevadas a Cusco para operarlas.
1995
Los promotores de salud visitan con mayor intensidad las capitales distritales, empiezan a asistir a las asambleas comunales para informar sobre las esterilizaciones. Se realizan campañas masivas para que las mujeres se acerquen a las postas de salud para hacerse esterilizar.
1996
Los promotores de salud inician visitas casa por casa, llegando a las comunidades campesinas de los diferentes distritos. De la táctica del engaño se pasa a la táctica de la coacción. Hubo casos en que las mujeres querían e intentaban escapar, incluso pidiendo ayuda a gritos, pero se las encerraba a empujones en habitaciones esperando la operación. En este año las esterilizaciones ocurrían cuando las mujeres llegaban a los centros de salud para el control de sus hijos muy pequeños. Continúan las amenazas y
1997
1998 Empiezan las primeras denuncias públicas, 2000 las mujeres empiezan a tomar conciencia de la vulneración de sus derechos, y por lo tanto se organizan para reclamar reparación y justicia.
Sigue la fase masiva de las esterilizaciones forzadas en Chumbivilcas los promotores van casa por casa, comunidad por comunidad, amenazando y obligando, llevando a las mujeres en ambulancia.
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¿Qué buscan las mujeres y hombres víctimas de esterilizaciones forzadas? Sus reclamos son contundentes: tener una indemnización y reparación económica por daños y perjuicios, así como pensiones y/o oportunidades laborales en tareas que no requieran esfuerzo físico a fin de enfrentar los costos del tratamiento médico que necesitan: “Dicen que tengo cáncer. He ido al hospital y me dicen que tienen que sacarme el vientre. Yo no quiero que me saquen, además no tengo plata, me han pedido 4,000 soles”. De alguna forma, el apoyo económico podría ser considerado como una reparación para afrontar las consecuencias de una intervención que según ellas fue sin su consentimiento. “Que eso por lo menos nos den. Por eso digo, aunque sea antes de morir, que nos den eso”. Fuera del aspecto estrictamente económico, requieren el apoyo especializado de personal de salud competente, a fin de entender qué males sufren, cuáles son las consecuencias de las esterilizaciones forzadas que sufrieron y cómo podrían estar mejor de salud: “Queremos una ley que nos haga respetar nuestros derechos [a la salud], queremos que nos ayuden con un médico, con nuestra salud”. Existe una preocupación sobre su futuro y es incansable la exigencia de justicia, no sólo en términos de sanción a los responsables y no impunidad, sino también en formas de reparación simbólica como el reconocimiento público a su organización, pedidos de perdón y acciones concretas del Estado a favor de las víctimas directas, así como a sus familiares.
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“Un país que olvida su historia está condenado a repetirla”
¿Cuál es el estado actual de las investigaciones? Ante los hechos antes expuestos, los reclamos y exigencias de las víctimas (hombres y mujeres), se incrementaron considerablemente. Por ello, desde el año 2001, el tema se abordó en una sub comisión que estuvo encargada de investigar las denuncias sobre irregularidades cometidas en el período 1990 - 2000 en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF). Esta primera sub comisión concluyó con la interposición de una denuncia constitucional -Nº 151que fue archivada. Años después, frente al archivo de la primera denuncia constitucional, la congresista Dora Nuñez Dávila volvió a intentar interponer denuncia constitucional por los mismos hechos, sin embargo la denuncia fue nuevamente archivada, esta vez debido a que las denuncias ya habían caducado. La Comisión que denunció la primera vez también interpuso una denuncia penal, ante el Fiscal Provincial de la Fiscalía especializada en delitos contra los Derechos Humanos (FEDDHH) con sede en la ciudad de Lima, y el 27 de enero del 2003 dispuso iniciar investigación preliminar por los delitos contra la libertad individual, la vida, el cuerpo la salud, la administración de justicia, asociación ilícita para delinquir y genocidio, en contra de altos funcionarios del gobierno del periodo 1990-2000. En la investigación se ha observado una serie de impases, como la emisión de un documento, del 21 de julio del 2014 en el que se señala que: “no se habían encontrado indicios que hagan presumir que el método de Anticoncepción Quirúrgico Voluntario (AQV), fue utilizado por el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori como medios para destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, social o religioso”. Ya en el 2007 al encontrarse la investigación a cargo del Fiscal Provincial y estando ante la presumible comisión del delito de Lesa Humanidad, la Fiscalía emitió un informe señalando que en el caso en concreto se requería realizar una investigación más exhaustiva en las comunidades, distritos y regiones que no fueron enfocados hasta entonces y que estando ante un caso tan complejo era necesario establecer un plan de trabajo y una metodología adecuada. Evidentemente la Fiscal que se encontraba a cargo de la investigación ya en el año 2014, no tomó en cuenta las sugerencias del informe antes mencionado, pues el 22 de enero del 2014 emitió una resolución señalando que no procedía formalizar ni continuar con la investigación penal en contra de Alberto Fujimori Fujimori, Eduargo Yong Motta, Mario Ricardo Luis Costa Bauer, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuento y otros funcionarios del gobierno de entonces, dispuso además el archivo definitivo de la investigación. Las víctimas de esterilización forzada a través de su defensa legal, como la Procuraduría Pública Especializada de Delitos de corrupción de Funcionarios, DEMUS, Estudio para la defensa de los Derechos de la mujer y el Instituto de Defensa Legal (IDL),
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interpusieron una queja en contra del archivo, permitiendo con esto que la investigación sea enviada a la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, la cual resolvió declarar fundado en parte el pedido expuesto en la queja, disponiendo que la Fiscal a cargo de la investigación amplíe investigación preliminar por el plazo de tres meses y que se realicen la mayor cantidad de diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos, entre ellos la toma de declaraciones testimoniales de las víctimas que se encuentran en diferentes comunidades campesinas, distritos, provincia y regiones de nuestro país. Fue por ese motivo que la Fiscal a cargo de la investigación emitió la Resolución N° 08 el 04 de noviembre del 2016 donde disponía la programación de toma de declaración indagatoria en el departamento de Cusco (provincias de Cusco, Anta, Urubamba, Calca, Paruro, Chumbivilcas, Espinar, Canas, Canchis, Quispicanchis, Acomayo y Paruro) en el mes de diciembre del 2015 donde se llegó a recabar 514 declaraciones. En la actualidad los hechos aún se encuentran en investigación, pues la Segunda Fiscalía Penal Suprema Provincial de Lima - que se encuentra a cargo de la investigación - el pasado 5 de febrero emitió la Resolución N° 13 disponiendo ampliar el plazo de investigación por 150 días naturales más, bajo el argumento de que faltan realizar diligencias y debido a que la investigación versa principalmente por haber cometido delitos de lesa humanidad, delitos comunes que constituirían graves violaciones a los derechos humanos en agravio de un elevado número de personas.
¿Por qué es importante hacer memoria de estos hechos? Las miles de mujeres y hombres esterilizados sin su consentimiento, fueron mayoritariamente indígenas y vivían en condiciones de extrema pobreza, pobladores de localidades andinas y amazónicas distanciadas de un Estado que no cumplió su rol de garante de derechos. Paradójicamente, la mayoría de casos provienen de lugares donde también se presentaron escenarios de violencia política o conflicto armado interno. El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) fue el programa más compulsivo y violento de América Latina, pues no solo se realizó bajo engaño o coacción sino en deplorables condiciones médicas. Durante muchos años se ha intentado silenciar la búsqueda de justicia y reparación de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, en ese sentido urge un compromiso serio con políticas claras que no olviden ni generen impunidad.
Nota: Los testimonios que aparecen en este documento fueron tomados de los talleres con las víctimas de esterilizaciones forzadas de Chumbivilcas, realizados durante la etapa de recojo de información y cuyos nombres se mantiene en reserva para resguardar su integridad psicológica.
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La investigación de las esterilizaciones forzadas abarca las denuncias de 2,074 personas. La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272,028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2001, pero se desconoce cuántas intervenciones se practicaron mediante presuntos engaños y coacciones. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH El Estado ha emprendido un proceso de registro de personas víctimas de esterilización forzada a nivel nacional en el marco de la Resolución Ministerial Nº 0319-2015- JUS, que aprueba el “Procedimiento para la inscripción en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas en el periodo 1995-2001 (REVIESFO)”. En Chumbivilcas este proceso se ha desarrollado del 13 al 25 de abril del presente año habiéndose registrado 240 personas afectadas,12 serían las personas, entre varones y mujeres, que no superaron la evaluación médica respectiva, por tanto no se iniciará su proceso de inscripción en el REVIESFO, salvo ellas acrediten su condición de víctima con un examen médico que por sus características sólo puede realizarse en Cusco, con los costos en tiempo y dinero que representan y que constituyen un obstáculo en la búsqueda de justicia. Estamos a puertas de un nuevo mandato presidencial y la reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas, después de dieciocho años, se presenta como un desafío a la sociedad democrática en la que proclamamos vivir.
Esterilizaciones forzadas, nunca mas!!!!
sin Fronteras
umano
“Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de la Provincia de Chumbivilcas”