www.descifrado.com
Caracas, 16 de diciembre de 2015
La gobernabilidad en jaque
E
n 2016 la situación económica de Venezuela dependerá no sólo de la actuación del Gobierno y de la oposición en la nueva Asamblea Nacional, sino también de un entorno global que amenaza con ser más adverso que el de este año. La principal incertidumbre está en lo que sucederá con el precio del petróleo, cuya venta representa 95% de los ingresos en divisas de Venezuela. La cotización del crudo podría inclinarse a la ba-
Para el próximo año se prevé un período de estancamiento entre Ejecutivo y Legislativo. Ninguno de los dos bandos querrá sacrificar su capital político en medidas económicas necesarias, mientras que se siguen debatiendo las parcelas de poder de cada contrincante ja, llegando quizás a los 20 dólares por barril, debido al exceso de oferta global y a la caída de la demanda, sobre todo por parte de China.
Algunos analistas y bancos de inversión señalan que los precios del petróleo (en torno a los 37 dólares el West Texas y menos de 30 el venezolano) no Cont. en la pág. 2
2 n DESCIFRADO
>> Viene de la pág. 1
son sostenibles porque no incluyen gastos operativos, como la identificación y exploración de nuevos yacimientos, y por eso el mercado se verá obligado a pagar más por los barriles de oro negro. Si esta disminución de ingresos se mantiene Venezuela podría requerir financiamiento externo para hacer frente a los pagos de deuda externa, de los bonos y sus intereses. En total, en 2016 el país deberá solventar compromisos por más de 10 millardos de dólares. Además, debe tener divisas para cubrir sus importaciones de bienes básicos: alimentos, medicinas y maquinarias. La cuestión es a quién acudir en busca de liquidez, cuando el riesgo de la deuda venezolana haría muy cara la posibilidad de una emisión de papeles. Entre las opciones que el Gobierno podría considerar están China (pedir un nuevo tramo del Fondo Chino Venezolano por 5 millardos de dólares) y los otros cuatro países BRICS (Brasil, Rusia, India y Suráfrica). Hasta ahora, el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado la posibilidad de pedirle prestado al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, porque en su retórica antiimperialista ambos son el equivalente del “diablo”, pero cabe preguntarse si el agreste entorno global y la cada vez más fuerte crisis económica interna no podrían llevarlo a considerar estas opciones.
Nadie mueve una ficha
Con la caída del precio del crudo, una creciente escasez y una galopante inflación (de alrededor de 200% en 2015, extraoficialmente), el gobierno estará obligado a tomar algunas medidas económicas claramente antipopulares, como el aumento de la gasolina, la creación de nuevos impuestos, la unificación cambiaria y el desmantelamiento de los controles de precios, entre otros. La nueva Asamblea Nacional controlada por la MUD no va impulsar la toma de esas acciones para no arriesgar su posición ganada el 6D. A la oposición le interesa que el Gobierno asuma el
Amorosos del proceso rumbo al TSJ
En 1988, la banda venezolana de ska Desorden Público lanzó “Políticos Paralíticos”, una de sus canciones más conocidas. A partir de 2016, la acción del Estado podría realmente quedar paralizada por la polarización. Por un lado estaría un Gobierno solo interesado en la acción ideológica y “correr la arruga” de las decisiones difíciles. Por el otro, una AN opositora cuyas iniciativas serán bloqueadas por el Ejecutivo y los demás poderes. Maduro ha dicho que no aceptará cambios en la legislación que sostiene el modelo económico vigente, ya que ella está integrada por “conquistas sociales de la revolución que nunca entregará”. Para que una ley se ejecute debe ser firmada por el Presidente. El artículo 214 de la Constitución establece que el jefe de Estado puede proponer cambios al texto si le parece conveniente. Entonces la ley vuelve a la AN para que los diputados voten si las modificaciones son pertinentes. El resultado no puede ser cuestionado por el Ejecutivo de nuevo. Si el mandatario sigue renuente a dar su visto bueno, la legislación puede igual entrar en vigor con la firma del presidente y los dos vicepresidentes de la AN. Sin embargo, el mismo artículo de la Carta Magna también faculta al Presidente para remitir la ley a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) si considera que es inconstitucional. El destino del proyecto quedaría entonces en manos de los magistrados. Esta es una de las razones por las que ha producido tanta controversia el retiro adelantado de 13 jueces del TSJ y la designación fugaz de sus reemplazos por la mayoría roja en la AN saliente. Tres de los puestos afectados en el tribunal pertenecen a la Sala Constitucional. Ha habido denuncias de que los nominados a magistrados están vinculados con el partido de gobierno. En al menos un caso, la acusación es obvia. Se trata de Elvis Amoroso, diputado saliente del PSUV por Aragua, cuya candidatura a la reelección fue derrotada el 6 de diciembre. La MUD tiene pocas opciones legales ante este potencial bloqueo de sus iniciativas parlamentarias. Sin embargo, con su mayoría está capacitada para convocar consultas populares sobre asuntos de interés nacional. Podría, por ejemplo, realizar un referéndum consultivo en el que la población exprese si favorecería o no una renovación adelantada de las autoridades, como los propios magistrados del TSJ, el fiscal general, el defensor del pueblo, el contralor nacional y los rectores del CNE. La victoria de un “sí” en un referéndum legitimaría el reclamo opositor de un equilibrio de poderes sin hegemonía chavista y presionar por cambios. Solo entonces la MUD podrá decir “¡Jaque mate, Nicolás!”. >> Cont. en la pág. 3
>> Viene de la pág. 2 costo político que representan esas medidas económicas, mientras al Ejecutivo le convendría que el legislativo sea responsable o, al menos, cómplice de los ajustes necesarios para salir de la recesión. En realidad, la aplicación de estas medidas es competencia del Ejecutivo y el papel del parlamento se limita a presionar hacia esa dirección. Sin embargo, en una sociedad en la que la mayoría de la población no tiene muy claro cuáles son las atribuciones y responsabilidades de cada poder público, no resultaría difícil para el Gobierno decir “me obligaron a hacerlo” y culpar a una Asamblea Nacional adversa por el impacto de los cambios a corto plazo en el bolsillo de los venezolanos. La oposición podría entonces perder un importantísimo capital político recién adquirido (aquellos que dieron su voto castigo a favor de la MUD), el cual es necesario para propinar una nueva derrota al oficialismo en las elecciones de gobernadores del próximo año. Ese apoyo sería además indispensable si se quiere hacer un referendo revocatorio a Nicolás Maduro. Para evitar la caída en su popularidad, la MUD necesitaría hacer un enorme esfuerzo de vocería política que arroje el descontento social a la cancha del Gobierno. Tendría que insistir en que, si los cambios económicos se hubieran realizado hace años, tal como algunos de sus dirigentes reclamaban al Gobierno, el impacto en la población sería menor. Hay otro escenario, aunque las señales que hasta ahora ha dado la dirigencia oficialista lo hacen parecer muy poco probable. Se trataría de un acuerdo entre el Gobierno y la AN opositora
para realizar los cambios urgentes, a la vez que colaborarían en el diseño de políticas públicas para compensar a la población. Todo en nombre de la gobernabilidad y la estabilidad. Ambos bandos tomarían las decisiones económicas necesarias y, al cabo de un par de años, se sienten los efectos positivos: los anaqueles vuelven a llenarse, las colas no son tan frecuentes ni largas y el poder adquisitivo es mayor. En ese caso, Maduro podría arroparse con las glorias de la recuperación económica y llegar a las elecciones de 2019 con suficiente popularidad como para ser reelecto por otro período de seis años. Otro punto que la MUD debe considerar en su tablero de ajedrez político. Aún quedaría otra jugada para el gobierno: apostar ficha por una asamblea basada en el poder comunal.
DESCIFRADO n 3
Ante cualquiera de estos escenarios, es improbable que la MUD redacte leyes en materia económica con efectos impopulares. Al revisar el resumen de la agenda legislativa inmediata de la MUD en su sitio web, hay cero menciones a subir el precio del combustible ni se habla de eliminar de un solo golpe los precios regulados. Más bien, se pretende incentivar la importación de insumos y la producción nacional mediante la eliminación de requisitos burocráticos que retrasen los procesos de elaboración y distribución. Las guías de movilización y los certificados de no producción están en la mira. La pregunta es: con un barril de petróleo en menos de $30, ¿con cuáles divisas se importaría?
¡Temporada de corruptos!
Algo en lo que la oposición muy probablemente enfocaría buena parte de
PUBLICIDAD
>> Cont. en la pág. 4
4 n DESCIFRADO >> Viene de la pág. 3
sus esfuerzos parlamentarios es la parte contralora e investigadora. Razones no faltan. La ONG Transparencia Internacional en un informe sobre los países más transparentes dio a Venezuela la posición 161 de 175, donde los más corruptos están al final. Antes de ser destituido como ministro de Planificación, el otrora poderoso Jorge Giordani se presentó ante la Asamblea Nacional para denunciar la desaparición de 25 mil millones de dólares de las arcas públicas. Hasta ahora no se ha procedido a una investigación al respecto. La semana pasada, iracundo por los resultados electorales, Giordani dijo que, según sus cálculos, un tercio de la renta petrolera en años recientes se había esfumado en condiciones irregulares. Gran parte de este presunto manejo ilegal de dineros del Estado estaría asociada con las asignaciones multimillonarias de divisas a empresas para importación. Por eso, la AN podría comenzar
Directora: Cindy Medina Redacción: Alejandro Armas Asistente de prensa: Gabriel Vargas
una temporada de cacería de corruptos. La agenda de la MUD especifica que interpelará al presidente del Centro Nacional de Exterior (Cencoex) para conocer la lista de compañías que han obtenido dólares del Estado en condiciones preferenciales. Ese despacho actualmente lo ocupa Rocco Albisinni, hombre cercano al ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres. Pero también está contemplado convocar a sus antecesores, como Alejandro Fleming o Manuel Barroso. El nuevo Parlamento también interpelará al presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, para conocer el estado actual de la producción petrolera, y al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, para exigir la divulgación de índices macroeconómicos, como la inflación, que no ha sido revelada desde finales del año pasado. Otros que serán llamados a declarar ante el hemiciclo son la fiscal general y
Gerente de Administración y Finanzas: Mirla Moros Jefe de Mercadeo y Ventas: Ileana Hidalgo
el contralor general, por las acusaciones de corrupción no investigadas; el ministro de Alimentación y a los presidentes de Mercal y Pdval, por los niveles de escasez en este ámbito y la productividad de fincas y empresas dedicadas al ramo que han sido expropiadas; el ministro de Salud, por los inventarios de medicamentos, la infraestructura de los hospitales y demás centros de atención y el salario de los médicos; el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz y el Defensor del Pueblo por los casos de violaciones de Derechos Humanos; y el procurador general por la defensa de los arbitrajes internacionales de inversión, designación de firmas de abogados internacionales y acuerdos de honorarios. De esta forma, la MUD podría lograr un mayor margen de maniobra política. Si demuestra que funcionarios y empresarios se lucraron con fondos públicos, la imagen del Gobierno podría desplomarse aún más. Seguiremos informando…
Grupo Editorial Descifrado, C.A. Dirección: Av. Ppal. El Bosque. Edificio Torre Credicard. Piso 14. Oficina 143. Urb. El Bosque. Teléfonos: Master (0212) 210.27.50 al 27.63 suscripciones@descifrado.com