¡NUEVO DISEÑO! Caracas, 20 de julio de 2016
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Los CLAP y la militarización de la distribución de alimentos podrían ser utilizados por el Gobierno para condicionar el acceso a los productos a la desmovilización a favor del referéndum revocatorio. Todas las encuestan concluyen que Maduro perdería fácilmente la consulta y el acceso a la comida luce como una forma clara de control
Clap... ¡A discreción! hile, 1973. El retrato es uno que resultaría familiar a cualquier venezolano de hoy: colas interminables por doquier para comprar productos de primera necesidad. Para sortear la crisis, el gobierno socialista de Salvador Allende organiza las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP), grupos vecinales que tomaron el control de los bienes problemáticos a fin de asegurar que toda la población en cada localidad obtuviera lo mínimo necesario. Los problemas de la medida no tardaron en salir a flote. Su principal impulsor dentro de la coalición que apoyaba a Allende, el Partido Comunista, usó su control de varias JAP para exigir a los compradores que juraran lealtad a la organización política o al Gobierno completo. Hubo más rechazo que vítores entre la sociedad y el problema del desabastecimiento no fue corregido. Ese mismo año los militares dieron un golpe de Estado y comenzó la feroz dictadura de Agusto Pinochet.
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Al presidente Nicolás Maduro le encanta compararse con Allende. Más de una vez ha afirmado que, al igual que en Chile, la escasez de productos es parte de una "guerra económica" en la que empresarios privados, políticos de oposición, agentes de gobiernos críticos del resto del mundo y hasta delincuentes comunes conspiran para generar descontento masivo y facilitar su derrocamiento. El paralelismo ha llegado al punto de que se crea una figura muy similar a las JAP, y cuyo nombre hasta suena casi igual: los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En vez de seguir las recomendaciones de la mayoría de los economistas para reactivar el aparato productivo, el Gobierno ha optado por racionar lo poco que queda y asumió la hegemonía total sobre la distribución de bienes de alta demanda. Ese dominio podría ser una forma de conseguir que las masas se comporten como desea, en momentos en que la aprobación del Presidente no pasa de 25% de los venezolanos y la demanda de un referéndum revocatorio asciende.
Según el OVCS las protestas por comida y los saqueos han aumentado a pesar de la creación de los CLAP Rojos desde el nacimiento Los CLAP son presentados como una expresión más del "poder popular" descentralizado, un empoderamiento de las comunidades. Sin embargo, su alineación con el oficialismo es bastante explícita una vez que se considera su formación. Cada comité está constituido por cuatro personas. Una es un representante de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez local. Estas son las células de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. En segundo lugar está un miembro del Frente Francisco de Miranda, otra organización oficialista dedicada principalmente al fomento de la doctrina chavista y a la movilización de electores a favor del PSUV. Luego está una integrante de la Unión Nacional de Mujeres (Unamujer), colectivo de féminas simpatizantes del Gobierno. El cuarto miembro es un delegado del consejo comunal cuya jurisdicción es la misma que la del CLAP. En teoría este sería el único de los cuatro no necesariamente comprometido con los intereses del Ejecutivo. Pero la mayoría de las veces lo están de todas formas, ya que las actividades económicas de estos consejos dependen del financiamiento que reciben del Ministerio de Comunas. La descentralización y autonomía que supuestamente define a los CLAP resultan dudosas si se tiene en cuenta que existe un comando al frente de todos los comités. Maduro puso a cargo de ese despacho al exalcalde y exdiputado Freddy Bernal, uno de los dirigentes más destacados del oficialismo desde 1999.
“Pá escuálidos ni agua” La dirigencia chavista ha rechazado la noción de que los CLAP se aprovechan de la >> Cont. en la pág. 3
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escasez para condicionar el acceso a la comida al apoyo al Gobierno, o al menos a la abstención de tomar acciones contrarias a este. Pero algunas de sus expresiones levantan suspicacia sobre la imparcialidad que atribuyen a los comités. El propio Bernal dijo en una entrevista para VTV que la medida tiene "objetivos políticos definidos" y que uno de ellos es "evitar que tumben el Gobierno". Durante un acto en Miraflores, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz enumeró "la defensa de la revolución" como una de las tareas de las agrupaciones. Érika Farías, gobernadora de Cojedes, en ese mismo evento fue más allá y afirmó que en los CLAP no debía haber "escuálidos, bachaqueros y contrarrevolucionarios". "Desde la teoría no está planteada la discriminación. Esas reuniones son abiertas, pero cuando se hacen las convocatorias los opositores no van. Ellos mismos se autoexcluyen porque la polarización política es muy fuerte", declaró Rubén Mendoza, miembro de los Círculos Bolivarianos Originarios en la parroquia El Valle, para un trabajo publicado por el diario El Nacional en mayo de este año. Pero no todos piensan igual. "Si llega comida para todos, muy bien. Pero si hay que priorizar, se prioriza. Esa es mi opinión muy personal. No voy a dejar de darle a un revolucionario para entregarle a alguien que luego va a estar hablando pestes del gobierno", advirtió Haydee Toro, jefa de una UBCH en Filas de Mariches, estado Miranda, que fue electa para el CLAP de su comunidad. Suponiendo que no haya una orden explícita desde el comando central de discriminar a la población según su orientación política, sigue siendo un problema si el uso parcializado del control sobre los productos queda a discreción de las autoridades de los CLAP. Hay sectores muy radicales dentro de la base chavista que no toleran la existencia de voces críticas. Desde el Gobierno no ha habido un discurso claro contra el posible condicionamiento político del reparto de la comida, como se deduce de las declaraciones de Bernal, Istúriz y Farías.
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Intención de voto a favor de revocar a Maduro va en aumento
Militares mandan "Estamos en guerra", afirmó el presidente Maduro en cadena nacional la noche del pasado lunes 11 de julio, cuando anunció nuevas medidas económicas que obedecen, según él, a esta razón conflictiva. El mandatario firmó el Decreto 2.667 que crea la Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano. Articulado con los CLAP, este plan tiene por objetivo restablecer el suministro regular de alimentos, medicamentos y productos de aseo personal y del hogar. El Presidente resaltó el carácter "cívico-militar" de la misión, pero más pareciera que se trata de actividades civiles bajo un estricto tutelaje castrense. Todos los ministerios quedan subordinados al proyecto, cuyo "Estado Mayor" estará encabezado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Además del gabinete, "los entes descentralizados de la Administración Pública Nacional, con o sin fines empresariales, cuya actividad principal se relacione con el siste-
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4 DESCIFRADO >> Viene de la pág. 3 ma agroproductivo nacional, o con la producción, procura, distribución o transformación de productos de los sectores alimentación, salud, higiene personal y aseo del hogar" se orientarán por las directrices de la misión, según el decreto creador. Y no es solamente el Estado. Las autoridades a cargo del plan podrán obligar a cualquier empresa privada dedicada a la elaboración de estos bienes a que le venda el porcentaje de su producción que juzgue necesario. Algo así ya había sido asomado por el vicepresidente Istúriz poco después de la creación de los CLAP. El funcionario precisó que 70% de lo producido por la industria nacional de alimentos sería comprado por el sector público y comercializado mediante los comités. El resto quedaba para la red de mercados privados. Si Maduro sólo piensa darle estos súper poderes al ministro de Defensa para que se tomen medidas extraordinarias mientras dure la crisis, sus facultades aun así no serían nada despreciables. El Gobierno está concentrando todos sus esfuerzos en revertir la escasez de bienes fundamentales, o al menos para que no se llegue a inventario cero en todo el país. Vértices de la administración pública que en otras circunstancias no tendrían nada que ver, están girando en torno a la distribución de comida. Esto incluye la generación de divisas mediante las ventas de crudo para importar, la búsqueda de alianzas comerciales con países amigos e, incluso, la seguridad ciudadana. Ahora todo esto entraría en el rango de acción de Padrino López. Al día siguiente del anuncio de la misión, el ministro dijo ante un grupo de empresarios que el propósito de ninguna manera es militarizar la economía, sino "disciplinarla". No obstante, ese mismo día los cinco mayores puertos del país, por donde entran casi todas las importaciones, amanecieron tomadas por uniformados. Maduro ordenó que la administración de cada uno de ellos quedara a cargo de un militar de alto rango. Este reforzamiento de los controles por parte de las FABN no es garantía contra su uso para favorecer los intereses del partido de Gobierno. Padrino López y el resto del alto mando han proclamado varias veces su alineación el oficialismo, a pesar de que la Constitución prohíbe taxativamente que las Fuerzas Armadas estén al servicio de cualquier parcialidad política. Los generales a menudo finalizan sus intervenciones ante medios de comunicación, encabezas por Padrino, con consignas como "¡Chávez vive, la lucha sigue!". En ese sentido, la participación de las fuerzas armas en la distribución de alimentos puede ser otro engranaje para el control social.
Los pobres quieren revocar El chavismo enfrenta una situación sin precedentes desde su llegada al poder en 1999. Desde entonces nunca había experimentado un rechazo tan alto. Este descontento creciente, aunado con la posibilidad de que se realice un referéndum revocatorio, pone seriamente en entredicho su capacidad para mantener el poder. Todas las encuestas recientes concluyen que el oficialismo perdería cualquier elección que se realice próximamente. Eso incluye Hinterlaces, firma que por lo general presenta resultados más favorecedores al Gobierno. Así lo reconoció su director, Óscar Schémel en una entrevista para Globovisión realizada a finales de mayo. La última investigación de Venebarómetro concluyó que 88,4% de quienes están seguros de que votarían en el revocatorio o al menos ven posible hacerlo escogería la opción de terminar anticipadamente el mandato de Maduro. Esto equivale a 10.762.346 venezolanos, mucho más que los 7.587.532 que eligieron al Presidente en 2013 y que deben ser superados por mandato constitucional para que el referéndum sea efectivo. La creciente falta de apoyo al Gobierno se extiende a las capas de la sociedad con pocos recursos, otrora justamente su mayor músculo electoral. Entre esos más de 10 millones de personas Venebarómetro incluye a 86,3% de los integrantes del sector so-
El Presidente resaltó el carácter “cívico-militar” de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, pero más pareciera que se trata de actividades civiles bajo un estricto tutelaje castrense
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cioeconómico D. Es en este contexto en el que el control social mediante la distribución de alimentos puede desempeñar un papel determinante. En Venezuela, difícilmente puede ganarse una contienda electoral sin el soporte mayoritario de los estratos humildes. Por eso el chavismo ha ganado tantos comicios. El pasado 6 de diciembre quedó claro que ese apoyo lo perdió, y la tendencia por ahora se ha mantenido. En junio Freddy Bernal afirmó que los CLAP "no estarán en todo el país ni cubrirán 100% de la demanda". "Este programa es fundamentalmente para los sectores populares y la clase media baja", dijo. El acceso limitado a la comida también puede ser un obstáculo para la movilización política. Beneficiaros de los CLAP consultados por la prensa nacional se han quejado de que las bolsas de comida no suplen sus necesidades. Eso significa que igualmente necesitan dedicar una cantidad considerable de tiempo a buscar los productos faltantes y a hacer colas, lo que limita su disposición a participar en protestas favor del revocatorio.
Estallidos siguen
Beneficiarios de las bolsas de comida se quejan de que no es suficiente
Directora: Cindy Medina Redacción: Alejandro Armas Asistente de prensa: Gabriel Vargas
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) entre enero y junio de este año se produjeron 3.507 protestas en todo el país, lo que representa un incremento de 90% en manifestaciones públicas frente al mismo período del año anterior. De esa cifra, 954 protestas (27%) se deben al rechazo a la escasez y desabastecimiento de alimentos. Asimismo, se registraron 416 saqueos o intentos de saqueos durante los primeros seis meses de 2016. "Venezuela continúa inmersa en una espiral de conflictos sociales y políticos que crece con el pasar del tiempo. Esto se atribuye fundamentalmente a la falta de respuesta de las autoridades a las necesidades y exigencias ciudadanas", destaca un informe del OVCS. Estas manifestaciones contra el desabastecimiento se han incrementado desde la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). De hecho, muchas de las protestas se han producido para reclamar los retrasos en las entregas de las bolsas de comida que distribuyen los CLAP, como ocurrió el mes pasado en Delta Amacuro. La capacidad de convertir estos estallidos instantáneos de descontento social en protesta política y presión de calle dependerá en buena medida de la pericia de los dirigentes opositores. Tendrían que correr el riesgo de que el Gobierno aumente sus señalamientos de que están detrás de las manifestaciones por comida y los hechos vandálicos. Es improbable que la tan cacareada comparación entre la Chile de Allende y la Venezuela actual se complete. Más bien, el Gobierno ha abierto la puerta a los militares a escalafones más altos del poder sin que se concrete un golpe clásico. Se incorporan a una estructura gigantesca de regulaciones económicas que, según pronostican los especialistas, agravará la crisis y la conflictividad política y social. La posibilidad de una transición ordenada luce distante. Seguiremos informando…
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