Carta semanal 28 enero de 2014

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Caracas, 28 de enero de 2014

La Ley Orgánica de Precios Justos aumenta las amenazas y elimina los incentivos a la iniciativa privada, lo que conduce a agudizar los problemas de escasez, inflación y desempleo que apunta a resolver

¿Utopía revolucionaria?

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ue el comunismo salió del closet en Venezuela es un hecho del cual ya no cabe la menor duda. Tal como se indicaba en la edición anterior de la Carta Semanal (20/01/2014) bajo el título "¡No es el dólar a 6,30, estúpido!", lo que se ocultaba tras los anuncios cambiarios de la Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro era la imposición del Estado Comunal. Ahora se ponen las bases de una avanzada en el terreno económico, a través de la nueva Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), y la aceleración hacia un nuevo proceso fiscalizador para que ningún negocio en el país pueda obtener un margen de ganancia superior al 30%. Pero la regulación no se queda ahí, sino que en su articulado abre las puertas más expropiaciones y confiscaciones incorporando la doctrina de "utilidad publica", como un gran principio que abarca literalmente "todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios". Para el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, esta vez se trata de la ley más peligrosa promulgada en los últimos tiempos, y maquillada en medio del tema de las divisas. A su juicio, la discrecionalidad en la mencionada declaratoria de utilidad pública que establece el artículo 7 de la LOPJ puede afectar a cualquier empresa, dejando en manos del funcionario de turno la potestad de hacer lo que considere. Y es que en un marco ideológico revolucio-

nario, que apunta a una utopía marxista que derrotaría a una supuesta burguesía parasitaria en permanente conspiración, el objetivo aparente es doblarle el brazo a la especulación y el acaparamiento como presuntas causas de los prin-

cipales vicios de la economía, como el desabastecimiento y la inflación. Paradójicamente, para lograr los fines supremos de una revolución humanista, el Gobierno se ha apertrechado de toda una institucionalidad de organismos, Cont. en la pág. 2


2 DESCIFRADO >> Viene de la pág. 1 instituciones y leyes para amenazar, perseguir y hasta poner presos, si es necesario, a los comerciantes y empresarios que se opongan al sometimiento de las normas socialistas. Cabe recordar que, lejos de tratarse de errores de concepción o despropósitos en la conducción de los asuntos públicos, este tipo de iniciativas son de carácter deliberado y forman parte de un plan de largo aliento que se ejecuta desde hace quince años para la instauración del socialismo, por si persisten las dudas. El nuevo instrumento legal, tal como está planteado, luce punitivo y confuso, augurando mayor estancamiento en una economía que ya se encontraba bloqueada por la virtual paralización de las liquidaciones de divisas oficiales en los últimos meses. Aunado a la incertidumbre sobre el destino de las deudas pendientes con proveedores en el exterior, los empresarios tienen pocas esperanzas de reactivar la actividad productiva en el futuro inmediato.

Características de la Ley La LOPJ debe ser entendida en el contexto general de la normativa del Estado Comunal, en un plan que no deja "puntada sin dedal", según la visión del abogado Leonardo Palacios, analista jurídico. A su juicio, estamos ante una herramienta ideológica que persigue como objetivo final "el apoderamiento de los bienes de producción, distribución y todo lo que amerita decisiones de consumo". La ley, según afirma, establece una matriz de opinión que para achacarle al empresariado todos los males de la economía, como puede observarse en su artículo 3, en que se emplean los conceptos de "consolidación del orden económico socialista" y la protección de la población ante "las prácticas de acaparamiento, especulación, boicot, usura, desinformación y cualquier otra distorsión propia del modelo capitalista, que afecte el acceso a los bienes o servicios declarados o no de primera necesidad". "Cuando se analiza la afectación al interés

Los delitos económicos n análisis de Cedice a cargo de la economista Alicia Sepúlveda subraya los artículos sancionatorios de Ley Orgánica de Precios Justos: Los delitos tipificados son: La especulación (Art. 51), la importación de bienes nocivos para la salud (Art. 52), la alteración fraudulenta (Art. 53), el acaparamiento (Art. 54), el Boicot (Art. 55), la Desestabilización Económica (Art. 56), el Condicionamiento (Art. 58), el Contrabando de Extracción (Art. 59), Usura y fijación de cánones de arrendamiento no autorizados (Art. 60), Usura en operaciones de financiamiento (Art. 61), Alteración en Bienes y Servicios (Art. 62), la Alteración Fraudulenta de Precios (Art. 63), la Corrupción entre Particulares (Art. 64). La Reventa de Productos de Primera Necesidad (Art.57) está castigada por multa de 10.000 a 12.000 UT. Además, el delito de Desestabilización Económica también tiene como sanción la confiscación de los bienes. El análisis explica además que la nueva Ley fusiona dos anteriores (Ley de Costos y Precios justos y Ley del Indepabis), "en cuya aplicación y vigencia la economía venezolana se ha visto intervenida de manera directa por los entes gubernamentales, registrándose un incremento en el índice de escasez desde 11,2% en julio de 2011 a 22,2 % en diciembre de 2013, situación que no pareciera revertirse con la promulgación de esta nueva normativa. Cabe destacar que reitera la extendida práctica de la expropiación como sanción, promoviendo una norma inconstitucional, que lamentablemente ha venido extendiendo su aplicación en todas las actividades de los ciudadanos, además declara de utilidad pública e interés social todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios". Un precio impuesto ¿resultará justo? ¿Para quién? Los precios de los productos bajarán con la abundancia de empresas, comercios y competencia, no con controles", expresó Sepúlveda.

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público a través del control de todos los bienes por medio de este artículo, se está dando un paso muy avanzado en la declaración del sistema económico comunal", considera Palacios. "La así denominada propiedad social no puede ocultarse y constituye un tema bastante grave". Mediante la creación de una percepción negativa para exculpar la responsabilidad del Estado, se da una potestad abiertamente discrecional en el control de las ganancias y se afectan disposiciones del régimen económico y social previsto en el país. Como pronostico final, advierte que la LOPJ abre la puerta a una mayor profundización del ciclo caracterizado por escasez, inflación y devaluación.

La voz de los empresarios En opinión del presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, no es posible la determinación de "precios justos" con base en el análisis de estructuras de costos y la fijación de límites máximos de ganancias, tal como lo propone la LOPJ. De esta manera se deja de lado la verdadera tarea del Estado para estimular la producción local y la prosperidad al promover y garantizar condiciones óptimas que puedan servir a las empresas. "Es una ley que reduce la economía a un hecho violento para garantizar unos objetivos, mediante una potestad burocrática", afirma. "Es una gran extorsión en el sentido de que somete: O crees o mueres.

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Con lenta reacción a oposición llega tarde y en débil tono al debate sobre la aplicación de nuevos controles económicos a través de la Ley Orgánica de Precios Justos. Mientras prosigue la revisión interna mediante una organización en comisiones de trabajo de la Mesa de la Unidad Democrática, en plena transformación, sólo se ha tocado superficialmente, a modo de diagnóstico pudiera decirse, algunos análisis sobre las medidas gubernamentales. Como ha ocurrido en etapas anteriores de la "guerra económica" la oposición no ha salido en defensa de los derechos económicos y la iniciativa privada. Mientras tanto, Henrique Capriles luce "entrampado" entre legitimar más al gobierno al deponer el enfrentamiento y tender la mano para atacar el problema de la inseguridad (acción cuya bandera le robaron voceros oficialistas al considerarse los propiciadores del diálogo). El dilema de Capriles está en que si mantiene su actitud, pierde piso político en parte del electorado antichavista. Asimismo, si el mandatario mirandino prioriza la gestión regional, pierde más terreno en la vocería unitaria; y si intenta recuperar su papel previo como aglutinante del mundo opositor, puede descuidar la gobernación. En paralelo, figuras como Leopoldo López y María Corina Machado llaman a denunciar la naturaleza no democrática

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Si el Gobierno quiere garantizar las mínimas condiciones para hacer empresa, tiene que hacerlo a partir de los derechos de propiedad que en esta ley se violan flagrantemente", agrega Maldonado. En este sentido, señala las consecuencias que pueden sufrir quienes no se inscriban en el nuevo registro que abrirá la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, a cargo de la ministra Andreína Tarazón: "Coloca a la actividad empresarial como peligrosa, te pueden confiscar, ocupar, expropiar, decomisar y retirar la licencia, pero no solo eso porque además existe una responsabilidad penal por la que puedes ir preso. Ya la gente está midiendo las consecuencias de vivir bajo una ley así", sostiene. Critica adicionalmente que la nueva Superintendencia "se pague y se dé el vuelto" al convertirse en ente fiscalizador y sancionador al mismo tiempo, sin que se pueda contar con la posibilidad de apelar las decisiones. "Aquí no

del gobierno, la vulneración de la soberanía y la necesidad de organizar a la población y canalizar el descontento a través de la protesta popular. "Sin duda alguna, si hoy Venezuela está yendo hacia un desastre en todos los terrenos: En lo económico, en lo social, en el ámbito de la inseguridad, en la gobernabilidad, en la justicia, en las oportunidades para los venezolanos y todo esto tiene un origen, un mal gobierno un gobierno que se ha dedicado a concentrar el poder y no a fortalecer las oportunidades para los ciudadanos", señaló el dirigente de Voluntad Popular. "Nosotros no tenemos ninguna duda que tenemos todo el derecho, que tenemos la responsabilidad, la dirigencia que estamos construyendo una alternativa de asumir la construcción de una fuerza critica, una fuerza popular que nos permita salir de este desastre", señaló en declaraciones a Carlos Román Chalbaud para GMT Radio. Por su parte, Machado señaló que "es indispensable que los ciudadanos, civiles y militares, todos los venezolanos de todas la generaciones y de todos los sectores, asuman la realidad de la naturaleza del régimen que hoy se aferra al poder en Venezuela, porque solamente así podremos enfrentarlo con la fuerza y la efectividad que al final yo pienso que es la gran responsabilidad de nuestra generación".

hay estado de derecho, lo único que nos queda es la voz y tenemos que convencer a la ciudadanía de los daños y consecuencias nefastas de la ley", advierte finalmente.

Y lo que viene Mientras se espera por una reunión preliminar entre integrantes de diferentes industrias y las autoridades, que se llevaría a efecto a instancias de la Vicepresidencia Ejecutiva, se están estudiando estrategias de protección y resguardo ante los posibles resultados de la aplicación de la LOPJ. Sin embargo, en ningún modelo es de prever que este paso hacia la economía socialista, así admitido por el Gobierno, sea capaz de controlar la inflación, aumentar la productividad y disminuir la escasez crónica de bienes y la dificultad en el acceso a los servicios que hoy en día caracterizan la realidad venezolana. Hay quienes ya han comenzado, en forma preventiva, a remarcar precios a la baja, según PUBLICIDAD

indicaron fuentes a principios de esta semana. La indicación oficial de la nueva Superintendente fue muy clara: No se debe esperar a que entren en vigencia las providencias correspondientes para ajustar las ganancias. Las fiscalizaciones están por empezar, y los primeros sectores a visitar son los de alimentos y productos de higiene. Se abre una nueva etapa, con énfasis en lo económico, en la ruta de la revolución del siglo XXI. Pero, ¿se logrará la Utopía? O simplemente serán los anhelos de comunistas trasnochados que, luego de acabar con el aparato productivo del país, impulsarán el desempleo y promoverán que se disparen los precios a causa del desabastecimiento. Quizás terminarán pidiendo disculpas o culpando a otros por sus desmanes infantiles. Como es conocido según las lecciones de la historia, luego de varios años de penurias, veremos como aquí también terminaremos con el derrumbamiento de nuestro muro de Berlín.


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RAÍZ

CUADRADA

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Un operador del paralelo

El entrevistado se sienta en el lounge privado de un lujoso hotel capitalino. Le declara a la revista Time sobre el negocio que le deja miles de dólares cada mes: El mercado del dólar paralelo. "En este negocio la confianza es la clave", revela con respecto al requerimiento primordial en un mercado que se caracteriza por operaciones en la calle o a través de transferencias entre cuentas internacionales. Sus comisiones le dan una ganancia holgada por mover "un par de millones" de dólares cada año, según revela al corresponsal que lo interroga. Sus clientes lo llaman para obtener moneda local o le piden directamente que cubra en bolívares los gastos por hoteles y vuelos internacionales. El mecanismo se asemeja al uso del servicio de conserjería de tarjetas de crédito de alto perfil. n

No le gustó

Al titular de Planificación, Jorge Giordani, no lo convenció el más reciente ajuste cambiario, anunciado por Rafael Ramírez. A través de su seudónimo en Aporrea.org, Simón Andrés Zúñiga - que fue revelado por el ex ministro de esta misma cartera, Felipe Pérez- atacó en forma aguda la ejecución de las líneas planteadas por Maduro durante su memoria y cuenta. "Ojalá que, el

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Cencoex, demuestre, en las pocas semanas que le queda para demostrarlo, que es más eficiente que CADIVI. De lo contrario, las posibilidades de un colapso en las compras externas se reflejaran en la economía". (...) "Es un error, pretender desaparecer a CADIVI de un plumazo. También es un error anunciarlo sin una estrategia comunicacional. Debe haber una etapa de transición donde, mientras desmantelan a CADIVI, el Cencoex supera la etapa crítica de arranque", indica el columnista, entre otros señalamientos.

año pasado, The Economist apunta a la crítica situación de El Nacional como uno de los medios que circula en todo el país y que mantiene una línea crítica. "Es posible que las nuevas reglas anunciadas esta semana hagan más fácil que algunos diarios accedan a dólares para pagar las importaciones", considera, pero advierte que el tiempo corre en contra porque existen advertencias sobre el posible fin de los inventarios a principios de febrero.

El cerco a los periódicos

De acuerdo con estimaciones de Barclays Capital, las nuevas providencias cambiarias permitirán solo un beneficio fiscal de entre 0,8 y 1,5% del PIB en medio del déficit existente. En un análisis elaborado por los analistas Alejandro Arreaza, Alejandro Grisanti y Donato Guarino, se aborda los alcanzas de los últimos anuncios cambiarios del Gobierno, que se consideran una simple reconducción de una parte del flujo de dólares a 6,30 ahora a la tasa del Sicad. Las autoridades, señala igualmente el texto, han enviado señales contradictorias respecto a la posible legalización de un mercado paralelo, pero su falta de intervención conducirá a incrementar el diferencial cambiario. Esto a su vez seguirá contribuyendo a la creación de una crisis de balanza de pagos en cámara lenta.

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Algunos de los principales diarios impresos de Venezuela han venido advirtiendo en tono cada vez más alarmante sobre la escasa disponibilidad de papel. Como causa directa, se señala la falta de acceso a los dólares necesarios para importar el material, que no se fabrica en el país. Un análisis a cargo de la Unidad de Inteligencia de The Economist enfocado en el tema resalta que la prensa venezolana constituye uno de los últimos bastiones de la libertad de expresión en un país en que el Gobierno cerró una de las principales plantas privadas (RCTV) e incrementó aceleradamente la red de medios del Estado. Después del cierre de dos diarios regionales el

Gerente de Administración y Finanzas: Mirla Moros Jefe de Mercadeo y Ventas: Ileana Hidalgo Coordinación de Mercadeo y Ventas: Sheila Benoliel A.

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Con fuertes dudas

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