Reforma Agraria

Pan,Tierra y Libertad

Campaña Global por la Reforma Agraria

La reforma agraria en Colombia En 1996 grupos paramilitares expulsaron violentamente 280 familias campesinas de la Hacienda Bellacruz incendiando viviendas, destruyendo escuelas y cultivos y dejando un saldo de más de 40 campesinos asesinados.

Un año más tarde la mayoría de las familias fue reasentada en tres fincas en otras regiones del país. Las familias siguen sufriendo una situación crítica porque las tierras que recibieron son de mala calidad y no tienen títulos de propiedad; además, las familias están obligadas a pagar por las nuevas tierras. Las duras condiciones de crédito y la imposibilidad de generar los ingresos suficientes por falta de apoyo adecuado condenan a las familias a vivir en una situación precaria.

Hasta hoy las amanazas de muerte y los hostigamientos Desplazados de la hazienda Bellacruz en contra de las familias por parte de los paramilitares no han cesado. Hasta hoy no hay ninguna posibilidad para las familias de vivir en paz ni hay un día sin temor de perder la tierra.

„Sobra mucha gente en el campo y en la agricultura“ Al iniciarse el nuevo milenio, Colombia se encuentra en medio de un grave conflicto armado cuya intensidad crece continuamente. Aunque el país es bien conocido a nivel internacional como sinónimo de narcotráfico, violencia endémica y creciente descomposición social, muy pocos conocen las raíces de los problemas actuales.La extrema inequidad en el campo y la exclusión de la población rural son una cuenta histórica pendiente que está en el centro de la confrontación política, económica y militar en Colombia hoy.

Al igual que el resto de América Latina, la historia de acaparación y despojo violento de tierras se remonta en Colombia a la invasión española. El primer intento de cambiar la injusta estructura de la tenencia de la tierra lo constituyó la ley 200 de 1936. Esta ley introdujo la función social de la propiedad con la consecuente posibilidad de la extinción de dominio en caso de que la tierra fuera dejada ociosa por un cierto tiempo, así como la jurisdicción agraria especializada en dirimir conflictos de tierras. La reacción terrateniente a esta ley no se hizo esperar: rápidamente se revirtieron muchas de las disposiciones que fortalecían los derechos de los campesinos. Además, la violencia partidista que tuvo dimensiones de guerra civil entre 1948 y 1958 hizo posible la aniquilación de las organizaciones campesinas e indígenas, causó el desplazamiento forzado de cerca de 2 millones de campesinos que fueron despojados de sus tierras y fue responsable del asesinato de más de 200 mil personas, especialmente en el campo.

Después de firmados los tratados de paz y en el marco de la „Alianza para el Progreso“ estadounidense fue creado en 1961 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. La política agraria en la década de 1960 tuvo como objetivo modernizar el campo presionando a los terratenientes a hacer mayor uso de sus tierras bajo la amenaza de la extinción de dominio. Sólo hasta 1968 se aprobaron medidas complementarias que agilizaron e hicieron más eficaz el proceso de redistribución de tierras abriendo paso a una reforma agraria bastante limitada.

El „Pacto de Chicoral“, acuerdo político entre los partidos tradicionales y los gremios de propietarios, puso fin en 1973 a la incipiente reforma. En lugar de la redistribución de tierras, los gobiernos fomentaron la colonización como forma de acceder a la tierra. Como consecuencia de la ley 4 de 1973 las expropiaciones para redistribución de tierras se hicieron imposibles; la actividad del INCORA solamente se reinició en 1982 mediante la adquisición de fincas a precios comerciales, en zonas de violencia llamadas de „rehabilitación“.

La política agraria, por su parte, se ha caracterizado principalmente por partir de la premisa de que es necesario acabar con la agricultura tradicional y campesina para dejarle el campo libre a los grandes terratenientes comerciales.

ARC folleto de información Mayo 2003 Editor: FIAN International Print: Glogner-Druck, Heidelberg sobre papel reciclado Diagramación: Judith Seemann

Campaña Global por la Reforma Agraria

Folleto de información

Narcotráfico, conflicto armado y modelo de desarrollo: la relatifundización del campo La distribución de la tierra en Colombia es hoy más injusta que nunca: después de una cierta dinámica de redistribución entre 1970 y 1984, se puede observar desde ese entonces un proceso de reconcentración de las tierras en áreas mayores a las 2 mil hectáreas. Este proceso ha sido concomitante con la reducción drástica del área cultivada y el aumento exorbitante de tierras agrícolas dedicadas a la ganadería extensiva. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? En primer lugar, están los narcotráficantes quienes, con el fin de lavar sus dineros ilícitos, se adueñaron a gran escala de las mejoras tierras para dedicarlas principalmente a la ganadería. Esto intensificó la especulación con la tierra en espera de su valorización en vecindad de megaproyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales. Los nuevos terratenientes sellaron pronto alianzas con las Fuerzas Armadas y los partidos políticos tradicionales para atacar a los grupos guerrilleros de izquierda y defender militarmente sus intereses económicos.

Así se fortalecieron y multiplicaron los grupos paramilitares, que ya eran apoyados por antiguos latifundistas y que fueron creados por el Estado en 1965 con el pretexto de una estrategia de contrainsurgencia; estos grupos han contribuido a

despojar a sangre y fuego a cientos de miles de familias campesinas de sus bienes y tierras en lugares económicos estratégicos. Según estimaciones de la Consultoría de Derechos Humanos y Desplazamiento, entre 1985 y el primer trimestre de 2002 han sido desplazadas 2’855.410 personas. El latifundio es claramente la expresión de una relación social autoritaria y de sujeción.

Por otra parte, la aplicación de políticas de ajuste estructural, en especial, la liberalización del comercio agrícola y la privatización de servicios de extensión agropecuarios, arruinaron el campo colombiano. Como un indicador de la devastación económica baste mencionar que desde los años 1990 la importación de alimentos aumentó en un 700%. La crisis agropecuaria obligó a muchos trabajadores agrícolas a moverse a zonas de colonización y dedicarse a los cultivos proscritos.

Desplazados de la hazienda Bellacruz

El campo colombiano en cifras

Porcentaje de fincas con área inferior a las 20 hectáras

78%

2,2%

Porcentaje de fincas con área superior a las 200 hectáras

13,6% Porcentaje de la superficie agrícola que ocupan estas fincas

Porcentaje de la superficie agrícola que ocupan estas fincas

43,1%

Número de familias sin tierra o con tierra insuficiente: 1’547.676 Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria 1996

¿Mercado libre de tierras en tiempos de guerra?

En el marco de la aplicación consecuente de la agenda neoliberal, el gobierno colombiano aprobó en 1994 una nueva ley de reforma agraria inspirada en el modelo de compraventa voluntaria de tierras del Banco Mundial1). El objetivo de esta ley era dejar el proceso de distribución de tierras en manos del mercado y restringir la intervención estatal básicamente a subsidiar este mercado y a la aplicación de políticas macroeconómicas adecuadas para la dinamización del mercado de tierras. El diseño específico de este política en Colombia prevee que los potenciales beneficiarios deben demostrar que están en capacidad de llevar a cabo un proyecto productivo viable con la tierra que van a recibir. Los solicitantes seleccionados reciben del Estado un subsidio del 70% para la compra de la tierra teniendo que financiar por sus propios medios el 30% restante. Cumplidos estos requisitos, los seleccionados entran en un proceso de negociación voluntaria con el dueño del predio que quieren comprar.

El programa de reforma agraria via mercado ha sido todo un fracaso. La meta de distribuir un millón de hectáreas en los primeros cuatro años sólo fue cumplida en un 10%. Las razones de este fracaso están en que los latifundistas no ofrecen

tierras o solo de mala calidad y, al contrario, compran las mejores tierras que venden empresarios quebrados por la libertad de importaciones. Los campesinos tienen poca capacidad de negociación debido a que la violencia impide el fortalecimiento de sus organizaciones, mientras que los terratenientes tienen influencias políticas consolidadas local y nacionalmente y corrompen el programa. Los presupuestos estatales fueron reducidos por planes de ajuste sucesivos. Para completar, los intereses bancarios por los créditos para tierra y producción fluctuaron según el mercado financiero y resultaron impagables para todos los usuarios. Además, el programa excluye de entrada a familias pobres y sin capacidad de enfrentar todo el trámite y ha perpetuado la inutilización del instrumento de la expropiación que, según la constitución colombiana, podría hacerse por vía administrativa.

Vale la pena destacar también que esta ley rige el reasentamiento de la población desplazada. Esto quiere decir que para poder ser reasentadas, las familias desplazadas tienen que pagar 30% del nuevo terreno en lugar de ser indemnizadas y rehabilitadas por los daños sufridos.

El Plan Colombia: alianzas entre el jinete y el caballo En el año 2000 el gobierno colombiano lanzó, en estrecha colaboración con el gobierno estadounidense, una iniciativa con el supuesto propósito de combatir el narcotráfico y promover la paz conocida como el „Plan Colombia“. La meta oficial es la erradicación de la mitad de las plantaciones de coca y amapola hasta el 2005. De esta forma el gobierno espera debilitar al grupo guerrillero FARC, que se financia con el cobro de “impuestos” a la coca producida por los colonos.

Usando helicópteros, aviones y dólares norteamericanos, las Fuerzas Amadas colombianas vienen fumigando con herbicidas las plantaciones de coca y bombardeando laboratorios de cocaína. Sin embargo, el área sembrada con cocaína no ha disminuido, sino que por el contrario ha aumentado al desplazarse a otras áreas más lejanas. A quienes sí ha afectado letalmente el veneno es a las comunidades campesinas e indígenas de Putumayo, Sur de Caquetá, occidente de Amazonas: las fumigaciones, a base de glifosato, han provocado enfermedades (ceguera, diarrea, vómito, dermatitis, problemas respiratorios) y representan una violación múltiple

a los derechos económicos y sociales de estas personas pues se están destruyendo sus medios de vida.

Por otra parte, el Plan Colombia pretende ofrecer alternativas a los campesinos para que sustituyan los cultivos de coca por plantaciones de palma africana, por ejemplo, dentro del modelo de las “alianzas estratégicas”. Esto significa para los campesinos integrarse a grandes proyectos empresariales destinados al mercado mundial en una forma modernizada de aparcería. Es por eso que las organizaciones campesinas hablan de una alianza entre el jinete y el caballo pues se trata de acabar con la economía campesina y someterla al latifundio globalizado. El Banco Mundial ha apoyado estos planes con un crédito para „asociaciones productivas“ en ocho zonas del país, seis de las cuales son controladas por paramilitares. El Plan Colombia es, por lo tanto, un poderoso apoyo militar y económico en favor de los terratenientes.

Paz y reforma agraria A pesar de todas las adversidades y el sufrimiento inflingido, las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas no se rinden y siguen en la lucha por tener un espacio propio de vida. La historia demuestra que la resistencia campesina es diversa, amplia y recursiva. A pesar de todos los intentos –incluyendo el desplazamiento forzado- de reducir la población dedicada a la agricultura, ésta ha aumentado en términos absolutos de 6 millones de personas en 1938 a 11,6 millones en 1993. La economía campesina ha jugado un papel central en la construcción de la economía colombiana y ha demostrado ser viable como lo revela recientemente el hecho de que los pequeños productores fueron capaces de soportar mejor que los grandes la liberalización del comercio agrícola. Organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), FENSUAGRO luchan por su reconocimiento como sujetos de desarrollo alternativo.

Para más informaciones sobre el modelo de reforma agraria de mercado, veáse la Hoja informativa „La política de tierras del Banco Mundial“.

1)

Campaña Global por la Reforma Agraria

Folleto de información

La Campaña Global por la Reforma Agraria apoya el movimiento unitario de trabajadoras y trabajadores rurales aglutinados en el Consejo Nacional Campesino. Como lo han demostrado las movilizaciones recientes, los campesinos tienen capacidad nacional de convocatoria y sus exigencias son reconocidas por otros sectores de la sociedad civil colombiana como fundamentales para lograr la paz. Dentro del pliego nacional de demandas, la Campaña apoya particularmente: La realización de una reforma agraria integral y democrática que entregue gratuitamente la tierra a las campesinas y campesinos y utilice la extinción de dominio de los latifundios inadecuadamente explotados, así como la expropiación por vía administrativa de otros predios. Fortalecimiento de la economía campesina y financiamiento adecuado de las instituciones estatales del sector agropecuario.

Cese del desplazamiento forzado, los asesinatos, las desapariciones y torturas en contra de las comunidades rurales. Atención inmediata, oportuna e integral a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas desplazadas. Indemnización y retorno a sus tierras con plenas garantías de seguridad y proyectos productivos subsidiados por el Estado.

Eliminación inmediata de las fumigaciones sobre los cultivos proscritos, implementando la sustitución gradual a través de la concertación comunidades rurales- Estado-Comunidad internacional con financiación de planes de desarrollo sostenibles y planes de vida.

Indemnización a las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas y a sus familias afectadas por el conflicto social y armado; protección a las líderes y sus organizaciones para el trabajo social y organizativo y vinculación a los programas de inversión social, en especial, a las mujeres cabeza de familia.

Defensa de la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas y de las tierras de las comunidades afrocolombianas y establecimiento de Reservas Campesinas inalienables.

Eliminación de las políticas internacionales de “libre comercio” que han arruinado a los agricultores, fomentado la concentración especulativa de la tierra y acabado con la soberanía alimentaria. No al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA y al tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos. Fuera la agricultura de la Organización Mundial de Comercio.

Para más informaciones, por favor, contáctenos:

FIAN Secretariado Internacional Apartado Postal 102 243 69012 Heidelberg, Alemania Tel: ++ 49 6221 830620 Fax: ++ 49 6221 830545 email: fian@fian.org http://www.fian.org FIAN: por el derecho a alimentarse FIAN es la organización internacional de derechos humanos que trabaja por el derecho a alimentarse. Fue fundada en 1986, y cuenta con miembros en más de 50 países. El objetivo de FIAN es contribuir a procurar la vigencia y la observancia en el mundo entero de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En particular, FIAN trabaja por la protección del derecho a alimentarse por sí mismo de las personas y grupos amenazados por el hambre y la desnutrición.

La Vía Campesina Secretaría Operativa Internacional Apartado Postal 3628 Tegucigalpa, Honduras Telefax: ++ 504 232 2198 email: viacam@gbm.hn La Vía Campesina: por el derecho a producir y la soberanía alimentaria La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas de pequeños y medianos agricultores, de trabajadores agrícolas, mujeres rurales y comunidades indígenas en más 65 países de América, Asia, Africa y Europa. El objetivo principal de La Vía Campesina es desarrollar la solidaridad y la unidad en la diversidad entre las organizaciones del campo para promover relaciones económicas de igualdad y justicia social, la defensa de la tierra, la soberanía alimentaria, una producción agrícola sostenible y equitativa basada en los pequeños y medianos productores.