No. 22 Abril-Mayo 2015
" Usted es libre de hacer sus elecciones, pero es prisionero de sus consecuencias." Pablo Neruda
La importancia de las elecciones
Por una democracia participativa • Dirección general:
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El Salto, Año 3, No. 22, Abril-Mayo 2015, El Salto es una publicación mensual editada por Despertando a México S.C. de R.L. de C.V. Calle Francisco Ayala No. 92, Col. Vista alegre Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06850, Tel. 62628573, Editor responsable: José Guillermo Soto García. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-102912391000-102, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ISSN: en trámite, Licitud de Título y contenido No. 16080, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Talleres Gráficos, Isabel la Católica # 377 C.P. 06800 Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., este número se terminó de imprimir el 14 de Abril del 2015 con un tiraje de 25,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Nacional del Derecho de Autor.
Las elecciones arrancan, los candidatos afinan sus mejores insultos para denostar a su competencia, sin programas ni propuestas, sin debate ni análisis. La cosa es llegar y mantenerse en el poder, de cualquier modo, a cualquier costo, impresionar al electorado y hacer que voten por ellos. Se concluye el periodo de reformas anticorrupción. Y aunque quedarán pendientes las leyes secundarias, el intento por refuncionalizar al capitalismo mexicano, a la mexicana, sigue su marcha. El gobierno avanza en la consolidación superestructural del modelo económico neoliberal ayudado por el PAN y por el Partido Verde. Pero aparentan que son diferentes en las elecciones. Están cortados por la misma tijera y se pelean por encabezar la conducción del modelo. Posponen la discusión del tema del agua, porque es altamente impopular… pero avanzan, preparan la represión con la creación de nuevos tipos penales bajo el hipócrita manto de la ley contra el robo de gasolina. La procuradora general de la república se sienta en su trono y se retracta. Había dicho que no se daría carpetazo a la investigación sobre Ayotzinapa, pero en la práctica ignora pronunciamientos del IFAI y la CNDH sobre las violaciones a derechos humanos y a solicitud de información, la dependencia que dirige remite a los boletines de prensa, evadiendo su responsabilidad. El desprestigiado PRD se divide y fragmenta, luchan a toda costa por conservar las migajas del poder en el D.F., pero ya ni sus mamás les creen. Van a la baja y tienden a desaparecer.
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El Sistema Nacional Anticorrupción ¿avance o retroceso? El 30 de abril de 2015 termina un largo y accidentado proceso de reformas en materia de corrupción en nuestro país. Para continuar con la profundización del injusto capitalismo expresado como modelo económico neoliberal, era necesario realizar estas reformas en México.
República, los Secretarios de Estado y los directores de todos los órganos de la administración pública descentralizada, como si fuera su patrimonio personal. Hacen uso discrecional de los recursos públicos. Ellos dan la pauta, como cascada de agua baja su ejemplo y todos los subordinados actúan igual.
Las contradicciones que la corrupción plantea, impiden un desarrollo capitalista acelerado. Los riesgos de un colapso financiero por la falta de límites en el endeudamiento de los estados, en los que los gobernadores actúan prácticamente como virreyes; la falta de certidumbre ante la apertura económica para la inversión de privados, que impiden la competencia “leal” entre capitalistas; las reglas no escritas de la corrupción interviniendo en todo y por todas partes, amenazando con “boicotear” las reformas estructurales del régimen.
Tienen que acotar la corrupción para conseguir la explotación franca de los recursos naturales del país y de su gente. Para proseguir la desmedida e injusta concentración de los ingresos en cada vez menos manos. El grupo en el poder, quien a pesar de que llegó escalando la corrupción en México con un fraude procesal descomunal, se dio cuenta de esto. Por eso su primer acto de gobierno, incluso antes de tomar posesión, fue enviar una iniciativa de ley en la que proponía una comisión nacional anticorrupción.
Con los últimos escándalos nos podemos dar una ligera idea de lo podrido que está el sistema, aunque los corruptos corruptores traten de ocultarlo. Observando estos escándalos nos podemos dar cuenta de la red de complicidades, del complejo entramado que sostiene a la corrupción.
El PAN le ha enmendado la plana al PRI-Verde, ayudando a configurar un sistema anticorrupción. Junto con estos tres, los otros partidos políticos se han sumado, con singular alegría y honrosas excepciones, al juego de la derecha. Fue el PAN quien prácticamente obligó al régimen a irse a fondo con nuevas leyes, chantajeando al PRI con aportar los
Los bienes públicos son administrados por los gobernadores, los presidentes municipales, los delegados, el presidente de la
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votos para la reforma energética, siempre y cuando se incluyera en la llamada reforma electoral un verdadero órgano de combate a la corrupción, y así fue. El PRI-gobierno tuvo que ceder y se publicó el 10 de febrero del 2014 el decreto mediante el cual se tenía que crear un órgano anticorrupción, con autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública, poniendo el 7 de febrero del 2015 como fecha límite para realizarlo.
Estas dos propuestas encontradas, la plasmada en la constitución en el artículo 102 impulsada por Peña Nieto, que hablaba de la fiscalía general anticorrupción y la plasmada en la constitución promovida por el PAN en la llamada reforma electoral cuyo decreto vio la luz el 10 de febrero de 2014, estaban en contradicción. O se creaba una fiscalía o se creaba un órgano anticorrupción, con autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio. La contradicción se resolvió con la propuesta de la creación de un sistema nacional anticorrupción. Hacer un sistema nacional anticorrupción en un país plagado de corrupción, gobernado por los campeones en corrupción y por miles de enjundiosos y decididos competidores que se disputan el liderazgo, no fue fácil.
Esta fue una respuesta al cambio promovido por el grupo en el poder introducido en la constitución, al artículo 102 realizado en enero del 2014, mediante el cual se establecía que el último procurador o procuradora que ocupara el cargo, al entrar en vigor la nueva ley orgánica de la PGR, en el Código Penal Federal –que dicho sea de paso, está discutiéndose en el congreso-, automáticamente pasaría a ocupar el cargo de Fiscal General de la República. Ante las presiones, se fueron obligando a “elevar la apuesta”, ya no de una comisión anticorrupción, sino de un fiscal general anticorrupción.
Se discutieron y aprobaron cambios constitucionales, también nuevas leyes y quedó pendiente la armonización de otras, esto es, las llamadas leyes secundarias, su revisión y adecuación al nuevo marco normativo general. Aunque se dice que entre gitanos no se leen las cartas, el sistema anticorrupción corre peligro porque aún no está terminado en su totalidad. Algún o algunos gobernadores inconformes pueden ordenar a sus grupos de diputados locales que se echen para atrás. Pero por el bien del modelo económico, quizás tengan que acatar los acuerdos cupulares.
El Fiscal General ya no sería nombrado por el ejecutivo. El primero lo pone este presidente y aunque llegase a ganar otro la presidencia de la república, ya estaría nombrado el que ejecutaría las acciones de ministerio público por 10 años, concentrando todo el poder, porque 1) sería el titular de la acción penal, si no lo aprobaba él o ella, no se ejercería acción alguna contra nadie; 2) tendría a su cargo el mando policiaco federal; 3) sería el (la) responsable del sistema de investigación y espionaje en el país.
1.- La ley de disciplina financiera se aprobó por ambas cámaras y está recorriendo el país, consultando a los congresos de los estados para su aprobación o rechazo. Tienen
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que aprobarla 16 congresos locales para que se convierta en reforma constitucional hecha y derecha.
nombrado por el fiscal general, facultad que tiene ahora el Senado, pero que se había suprimido en la iniciativa de Peña Nieto que la Cámara de Diputados aprobó y les remitió como minuta. La elección del fiscal anticorrupción será pública y abierta, podrá aplicar sus funciones con autonomía e independencia.
Se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan por objeto el manejo sostenible, transparente y productivo de las finanzas públicas en la Federación, pero también en los estados, los municipios y el Distrito Federal. Se modifican varios artículos de la Carta Magna, sobre todo el 117, para establecer que ni estados ni municipios podrán contratar deuda que no esté destinada a inversiones en obra pública.
3.- La Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la que se establece un régimen penal especial para la industria energética que incluye configurar los delitos de sabotaje y terrorismo contra las instalaciones y empresas petroleras nacionales y extranjeras, fue aprobada por el Senado y se turnó a la cámara de diputados.
Con todo y los candados impuestos por la Federación a los gobiernos estatales y municipales en materia de deuda, las entidades del país acumulan débitos por más de 509 mil 690 millones de pesos, nivel que creció en 5.5 por ciento durante 2014. Datos oficiales de la Secretaría de Hacienda indican que sólo en el actual gobierno la deuda llamada subnacional avanzó en casi 75 mil millones de pesos, que representan 17.2 por ciento más que al cierre del gobierno de Felipe Calderón. ¿Se da cuenta de la gravedad del problema para el corrupto capitalismo a la mexicana?
La nueva ley endurece las sanciones, que llegan hasta 35 años de cárcel por el robo de combustibles, y 10 años por vender litros incompletos de gasolina, ya que a ambos ilícitos se les tipifica como delitos graves. Pero la parte medular de la ley son los nuevos tipos penales, el sabotaje y el terrorismo en materia de hidrocarburos, que se penalizan con 40 y 60 años de cárcel, respectivamente. Dicen que la nueva ley es por lo del robo clandestino de gasolina pero no es cierto, técnicamente no es viable el robo a gran escala por lo complicado del proceso de extracción y de refinación que se requiere. El fondo es el fracking, poner las penas a quien se oponga a la explotación abierta de la tierra, o a quien luche por el agua en sus territorios, ya que es sabido que realizar la perforación y extracción de gas shale requiere enormes cantidades de agua, la que traerán inclusive de otras cuencas (trasvase), no
2.- La ley de la Fiscalía General de la República se aprobó, una vez que los priistas cedieron ante la exigencia del PAN y del PRD para que Murillo Karam no fuese el fiscal anticorrupción. Este diferendo dio pie al nombramiento de Areli Gómez en sustitución de Jesús Murillo al frente de la Procuraduría General de la República. En el senado el PAN no aceptó que el fiscal anticorrupción fuera
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dando prioridad al consumo humano o la agricultura, sino a la explotación minera de la tierra.
Por lo que se refiere a sabotaje, la ley lo define como el daño, destrucción, perjuicio o entorpecer ilícitamente la estructura de asignatarios, contratistas y permisionarios, con el fin de trastornar la operación y su vida económica.
El gobierno de Peña Nieto aprovecha la discusión de las leyes de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, para incluir en sus negociaciones esta otra ley que no tiene nada que ver. Lo que pretende es reprimir a quien se le oponga. “Con el señuelo de castigar la ordeña de ductos y el robo de combustibles, en realidad se introduce un novedoso marco penal con medidas draconianas para proteger a las empresas extranjeras que vendrán a explotar el petróleo” (Manuel Bartlett, Dixit).
El priista Omar Fayad, autor de la iniciativa, se refirió a las penas por la ordeña de ductos y el robo de combustible, ya que, dijo, ‘‘se han convertido en un nicho del crimen organizado’’. Son hipócritas y cínicos, dijo que el año pasado se detectaron mil 963 tomas clandestinas y se habla de que la sustracción de hidrocarburos alcanzó los 2 mil millones de dólares, cifra que representa la mitad de recursos del programa Prospera.
Se trata de ‘‘una pieza más de la reforma energética que privatizó el petróleo y la electricidad, y que se va a revertir contra los mexicanos’’. Bartlett propuso posponer la discusión, ya que, insistió, en derecho penal no se inventan los tipos ni las penas, sino deben responder a un análisis riguroso y éste no aparece en el dictamen. Su propuesta fue rechazada.
Lo que no dijo es que el combustible que se transporta en los ductos viaja a alta presión y que se requiere la complicidad de los directivos de Pemex para saber las horas en las que bajará la presión y poder extraer el combustible. Además de que los ductos transportan varias sustancias al mismo tiempo, unas más pesadas que otras y por lo tanto, también se requiere saber con precisión la hora en la que pasará determinado tipo de sustancia (que va adentro del oleoducto) por los lugares específicos de ordeña.
La ley define al terrorismo en materia de hidrocarburos como el hecho de realizar intencionalmente, por cualquier medio violento, actos en contra de bienes, servicios, integridad física, emocional, seguridad o la vida de asignatarios, contratistas o permisionarios.
Tampoco dijo el señor Fayad que solo es un pretexto, porque no viene la gasolina “lista para usarse en los automóviles”, que hay que someterla a un proceso técnico complejo y peligroso y que tener laboratorios de esa magnitud es como tener una refinería chiquita, cosa que no es nada fácil.
Se considerará asimismo terrorismo en hidrocarburos el producir alarma o terror en la población o en grupo o sector de ella, con la finalidad de atentar contra la seguridad nacional o contra las actividades de carácter estratégico relacionadas con los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
4.- El pleno de la Cámara de Diputados se aprobó la reforma
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a la Constitución para integrar el sistema nacional anticorrupción, que permitirá investigar y sancionar actos de corrupción de particulares y de todos los funcionarios públicos del país, excepto el presidente de la República. Se estableció que la ratificación del secretario de la Función Pública será por la Cámara de Senadores.
La cámara dejó firme la atribución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para indagar el uso de las transferencias federales a los estados, a pesar de que el PRD alegó que ello destruirá el pacto fiscal y suplantará las facultades de los gobiernos locales. Una vez aprobada la reforma constitucional en materia de anticorrupción, el Congreso tendrá medio año para votar la legislación secundaria, comenzando con cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se modificó en diciembre de 2012 para desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP). Aquella reforma, la primera del sexenio, sacó del organigrama a la Función Pública como una de las dependencias del gabinete y transfirió todas sus atribuciones a la Secretaría de Hacienda. Ahora, merced a los acuerdos, la tienen que reincorporar.
En las semanas recientes, el PAN impulsó el sistema anticorrupción, pero diputados del PRI difundieron copias de la nómina de colaboradores de Ricardo Anaya Cortés, que ascienden a 312 mil pesos mensuales. Ricardo Anaya ha sido Presidente Nacional del PAN y actualmente es el coordinador de los diputados del PAN.
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En los transitorios de la reforma, que entró en vigor el 13 de diciembre de 2012, el Congreso definió que la desaparición de la secretaría estaba sujeta a que se aprobara la comisión anticorrupción. Sin embargo, la reforma aprobada el jueves 26 de febrero de 2015 por la Cámara de Diputados da nuevas atribuciones a la dependencia y la incluyó como parte del sistema nacional anticorrupción, dando lugar a la ratificación del nombramiento de Virgilio Andrade, el llamado arlequín.
cionar todo acto de corrupción será un tribunal con relevancia constitucional. Esto último significa que quedará fuera de la discrecionalidad del Ejecutivo. Aunque, por otro lado, hubo acuerdo entre el PAN y el PRI-Verde para librar al presidente de la república de la responsabilidad de entregar cuentas. 5.- La ley general de transparencia también fue discutida y aprobada en este periodo. Se involucraron en las discusiones el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de datos (IFAI), con su autonomía; organizaciones de la sociedad civil, académicos, partidos políticos, asociaciones patronales y hasta religiosas. Después de arduas y acaloradas discusiones, y de la presión que representan las elecciones intermedias para el PRI, además de los acuerdos para que salieran los nombramientos de Eduardo Medina Mora, de Areli Gómez y Virgilio Andrade Martínez, se aprueba la Ley general de transparencia.
Un análisis del coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, refiere que deben revisarse otras leyes, como la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. También, los reglamentos Interior de la Auditoría Superior de la Federación; de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Cámara de Diputados, e Interior de la Unidad de Evaluación y Control.
Se incorporaron principios que regirán todos los procedimientos que se lleven a cabo para el ejercicio del acceso a la información; Destaca la importancia de que se haya aprobado que la información pública en poder de los sujetos obligados sólo pueda ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional en los términos de la ley, salvo aquella que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
A esto nos referimos con la armonización de las leyes, la compleja sincronización necesaria por los cambios en la constitución. Se deberá modificar el Código Penal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otras que tienen que ver con compras y licitaciones. La reforma es importante por la transformación de la Auditoría Superior de la Federación, a la que dota de mayores facultades, por la profesionalización de los órganos internos de control y porque el responsable de san-
Hasta agosto se dio un plazo perentorio para tener los manuales, los lineamientos, los procedimientos para ordenar la contabilidad y el registro de la información presupuestal y de
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gasto que ejercen las cámaras.
nuevas disposiciones se transparentarán las bolsas que se asignan a los grupos parlamentarios –de cerca de mil millones de pesos este año– y ya no será posible que se usen para fines distintos al Legislativo.
Sobre la facultad de que el Ifai declare la apertura de información cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la comisionada Areli Cano explicó que “los legisladores fueron receptivos en esperar el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sobre un recurso promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), pero el IFAI se quedó como hasta ahora, con sus facultades de interpretación y con el contexto nacional e internacional que tiene a su alcance.”
“El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no podrá, por ejemplo, usar recursos del Congreso para pagar publicidad electoral en cines o en espectaculares, ni el PAN podrá comprar un edificio –la Torre Azul– que luego le renta al Senado” (Alejandro Encinas, dixit). Recalcando que las obligaciones que tendrán tanto la Cámara de Diputados como el Senado harán que “se pierdan en mucho los controles para el pastoreo de legisladores, con que ahora cuentan los coordinadores parlamentarios".
El IFAI subrayó como aspectos relevantes el fortalecimiento de los órganos garantes en todo el país, al dotarlos de autonomía, especialidad e independencia; la agilización de los plazos para atender las solicitudes de información y los recursos, con lo que el ejercicio de este derecho se hace más expedito.
La Ley General de Transparencia que aprobó el Senado en días pasados registra avances sustanciales en algunos aspectos, pero hay preocupación en algunos puntos fundamentales, entre ellos las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para determinar la apertura de información en violaciones graves de derechos humanos o en casos de lesa humanidad, que en los hechos decidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolverá un recurso interpuesto al respecto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se indican procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho a la información, en todas las entidades federativas y los municipios; se regulan los medios de impugnación y los procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los órganos garantes y se conforma el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
También, entre las preocupaciones está el hecho de que la obligación de los funcionarios de hacer pública su declaración de bienes en los hechos realmente recaiga en una decisión voluntaria, tal como quedó aprobado en el documento. Se habla de que esta disposición asumirá
Se anunció que habrá un periodo extraordinario de sesiones para después de las elecciones, a fin de aprobar el programa de reestructuración administrativa y contable, que permitirá a las cámaras cumplir los requerimientos de información y rendición de cuentas, que con las
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un carácter obligatorio cuando se aprueben otras legislaciones vinculadas, como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Uno de los puntos claves que no incluye la ley, es la obligación de generar información y que el IFAI tenga facultad de instruir a los sujetos obligados a hacerlo. Esta propuesta finalmente no se incorporó, y es fundamental ya que una gran cantidad de los sujetos obligados apelan de la inexistencia de información como fórmula recurrente para rechazar las solicitudes de acceso a la información. Otro de los temas que no se incluyeron fue el relacionado con la protección a funcionarios que eventualmente pudieran proporcionar información que, si bien estaría considerada reservada, estuviera asociada a casos graves de corrupción. La casa blanca del presidente, por ejemplo.
nir delitos en materia de hidrocarburos. Así se cierra un capítulo más en la elaboración de leyes para el sistema de dominación capitalista en nuestro país. El enfrentamiento entre el deber ser (las leyes) y lo que será en realidad está por verse. Lo cierto es que como representantes de la burguesía, quienes ejercen el poder desde el legislativo y desde el ejecutivo, están demostrando que tienen una conciencia en sí y para sí, que son funcionales al sistema. El modelo económico neoliberal difícilmente podría ser viable sin estos cambios. Entonces la pregunta sería ¿las leyes anticorrupción son un avance o un retroceso para el pueblo de México? Usted, qué opina.
El proceso legislativo, que consiste en Iniciativa, Discusión (en ambas cámaras), Aprobación (en ambas cámaras), Sanción (por los congresos de los estados), Publicación e Iniciación de Vigencia, tiene que concluir para el 30 de abril del 2015. Unas de las leyes descritas anteriormente se encuentran pendientes de dictaminarse en la cámara de diputados, otras en la cámara de senadores y otras están discutiéndose en los congresos locales de los estados. Pues como ya están las decisiones tomadas entre los partidos, las cámaras de senadores y diputados llegaron a un acuerdo para darle prioridad a 10 leyes pendientes de dictaminar, entre ellas la de transparencia, la del sistema nacional anticorrupción, la de la fiscalía general de la república y la ley para preve-
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Las elecciones intermedias en México. Las elecciones legislativas son importantes porque se elige a quienes diseñan el marco jurídico sobre el que se puede mover el gobierno, el poder ejecutivo (Presidente de la república, gobernadores de los 32 estados, presidentes municipales y delegados del D. F. con sus respectivos gabinetes); las políticas públicas, los planes y programas de gobierno, se tienen que enmarcar dentro de lo que la legalidad les permite. También, los diputados de los estados y los diputados federales, tienen la facultad de legislar, de hacer las leyes que norman la actuación de todos los jueces. Existen leyes locales, que hacen los diputados de cada estado, en el caso del Distrito Federal son los diputados de la Asamblea Legislativa quienes las hacen, y existen leyes federales, que las hacen los diputados del congreso de la unión, los que despachan en San Lázaro, en el D.F. La diferencia es que unas aplican para una parte del territorio, para sus estados y las otras son de aplicación obligatoria para toda la república. Las leyes, el marco legal son como las reglas del juego, quienes las hacen están decidiendo sobre el presente y el futuro de los ciento quince millones de habitantes del país. Todo está regulado, normativizado, hablan de lo que se debe hacer, de lo que se puede y no se puede hacer y de las maneras permitidas
y prohibidas de hacerlo. Aunque no las conozcamos, ni hayamos opinado sobre su pertinencia o factibilidad, las leyes son obligatorias para todos. Se supone que las leyes deben estar armonizadas con la Constitución General de la República. Si la Constitución General dice que no está permitida la pena de muerte o el aborto, por ejemplo, un congreso local no puede ni debe permitir la pena de muerte ni los abortos en la Constitución Local de su estado, sería contradictorio. Por eso la Carta Magna, la Constitución General es tan importante, porque son las reglas generales para todo y para todos. Para introducir cambios o reformas a la Constitución General de la República, existe un proceso legislativo, una manera de hacerlo. Son los diputados y los senadores de la república quienes los hacen. ¿Ha oído hablar de los diputados y senadores plurinominales? ¿Los llamados diputados y senadores de partido? La cosa está así. Hay 500 diputados federales y 128 senadores. Los diputados se eligen en sus territorios (circunscripciones electorales), toda la república está dividida en 300 distritos electorales federales, ¿entonces? Se preguntará usted, ¿por qué hay quinientos y no 300 diputados en San Lázaro? Ha pues porque los otros 200 son diputados plurinominales.
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Supongamos que en cada uno de los 300 distritos electorales concursan los 10 partidos políticos que existen, y que se reparten entre los 3 partidos más fuertes estos 300 lugares (escaños). Supongamos también que todos los partidos políticos tuvieron la misma votación en los distritos y que estos 3 partidos ganadores se repartieron así sus triunfos, 40% para uno, 35% para otro y 25% para el tercero, obteniendo 120, 105 y 75 diputados cada partido ganador respectivamente, para sumar los 300. Los partidos que no ganaron se llevaron, entre todos, la votación restante. En este ejemplo los 9 perdedores se llevaron el 60%, el 65% y el 75% de los votos. Serían más los votantes no representados que los representados en la cámara por votos obtenidos. O sea, si sólo se respetara la decisión de la mayoría en cada distrito electoral, esta mayoría viene a ser menor a la cantidad de votantes que no votaron por él, por lo tanto su mayoría es relativa. Para equilibrar la cuestión, esto es, para que la suma de votos de un partido que no ganó ningún distrito por mayoría tenga alguna representatividad en la cámara, se crean los diputados de representación proporcional. Sumando todos los votos de cada uno de los 9 perdedores, mediante una formula, se reparten 200 escaños más. La idea es que los 500 diputados (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) representen las preferencias electorales tanto de los partidos ganadores como de los perdedores. Así, se supone, quedarán representados todos los partidos que, también se supone, son entidades de interés público.
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Los candidatos a diputados de mayoría relativa están obligados a hacer campaña, los diputados de representación proporcional no, porque quedarán o no dependiendo del lugar en la lista que su partido haya presentado al Instituto Nacional Electoral. Los dirigentes de los partidos políticos se anotan en los primeros lugares de la lista de diputados plurinominales o la de senadores plurinominales para asegurar su diputación o su senaduría, para no quedar fuera. Por eso también son nombrados diputados y senadores de partido, porque es el partido, según sus reglas internas, sus trampas y sus triquiñuelas, quienes deciden quienes van y quienes no van en los primeros lugares de sus listas. Las elecciones son escalonadas, cada año hay elecciones en determinada cantidad de estados. Los cargos de elección popular, los que se obtienen mediante el voto, son delegados y asambleístas, en el caso del D. F., presidentes municipales, los cabildos municipales (síndico y regidores), diputados locales (por estado), gobernadores, diputados federales, senadores y presidente de la república. La cantidad de años que permanecen en el encargo varían. Los delegados y asambleístas del D. F. son electos para 3 años al igual que los presidentes municipales y los cabildos; los diputados locales para 3 años; los diputados federales igual para 3 años, los senadores para 6 años, los gobernadores y el presidente de la república para 6 años. Como se podrá dar cuenta, lo que se disputa en los procesos electorales es el poder en México, quiénes lo ejercen y quiénes
adquieren la facultad de redefinir las reglas, de poner otras condiciones para su ejercicio. No es poca cosa. Poner las reglas en una casa y decidir el gasto quincenal es una cosa, pero poner las reglas y decidir el gasto público de un año en el país es otra muy diferente. Los diputados, locales y federales, tienen la facultad, además de establecer las nuevas reglas del juego o de convalidar las que existen, de decidir sobre los ingresos y los egresos de todo el dinero del país. Son ellos quienes deciden cuánto dinero se asigna a la educación, a la salud pública, al desarrollo social, etc.; Son ellos, los diputados, quienes hacen el cálculo de lo que va a entrar en las arcas cada año. Su tarea es muy importante. Los diputados locales deciden sobre los presupuestos de los estados y los federales sobre el presupuesto federal. Por eso hay grupos políticos en los estados, los gobernadores proponen e impulsan a sus diputados locales y federales, para tener recursos presupuestales y ejercer el poder “con holgura” imponiendo nuevas reglas. Por eso los diputados ejercen el poder en función de los grupos políticos que los impulsan. Lo hacen para que desde el poder se promueva y se procure la reproducción de la tasa de ganancia, la reproducción del sistema, del modo de producción capitalista. Unos diputados lo hacen tomando parte activa, con iniciativa, otros ayudan haciéndose de la vista gorda, durmiéndose en las cesiones y dejando que los más activos desarrollen esta labor, son solo levanta dedos, convalidan las decisiones de sus patrones.
Se dice que estas son elecciones intermedias porque a la mitad de cada sexenio, se vuelven a elegir los diputados que decidirán sobre el manejo del presupuesto del presidente. Ya Videgaray, secretario de hacienda de Peña Nieto está decidiendo cuánto y cómo se gastará el presupuesto del 2016, del año que entra. ¿Se imagina usted que el presidente en turno no tuviera un congreso afín? ¿O que no tuvieran una mayoría contundente? Eso le sucedió a los gobiernos panistas y ya ve lo que pasó, no pudieron hacer ninguna reforma de fondo a pesar de que lo intentaron. La importancia de estas elecciones intermedias es crucial para el grupo en el poder, no sólo representan la continuidad en el poder de su grupo, también son la posibilidad de la continuidad del modelo económico-político que han venido construyendo, la posibilidad de concretar sus negocios y la permanencia, en el largo plazo, del sistema de dominación diferenciado (SDD) que han venido imponiendo. En la legislación vigente ya se permite la reelección. Los diputados que salgan electos en junio del 2015, tendrán la posibilidad de reelegirse por 3 periodos más. Podrán permanecer en el poder legislativo hasta el año 2027. El reelegirse significa que podrían volverse a postular para las siguientes elecciones, que trascenderían el sexenio de Peña, el del siguiente presidente, completito, y el del otro presidente, el que se postulará en 2024. También se permiten las coaliciones para gobernar. Los electos podrán formar una coalición con el partido gobernante precisamente para garantizar la gobernabilidad del país, la continuidad del injusto modelo
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económico que nos han venido imponiendo. Lo que estamos decidiendo al votar por uno u otro candidato, o dejando de votar, es la permanencia del modelo actual en el mediano plazo. Es una decisión que nos va a costar, por lo menos, doce años de lo mismo… Estos gobernantes han querido blindar el modelo económico y quieren que lo convalidemos con nuestro voto. Desean, anhelan que votemos por ellos y que nos pongamos la soga en el cuello. Comprendiendo lo que son y significan las elecciones podremos notar la disyuntiva en la que nos encontramos como pueblo; Ninguno de los partidos actuales nos representan, sin embargo no votar seria abrirles el camino para que el grupo en el poder avance con su aplanadora, estas elecciones son cruciales para ellos y para nosotros. ¿Qué hacer? Viendo las condiciones objetivas por las que transitamos, como colectivo consideramos la necesidad de ponerles una piedra en el camino, para ganar tiempo para construir entre todos las condiciones para tomar el poder desde abajo, darnos cuenta que no son palabras si no acciones con las que podremos enfrentarlos, si somos un poco críticos, el pueblo está disperso y sus acciones han sido mínimas y si todos estamos involucrados en el juego de la política ¿Cuál será nuestro siguiente movimiento? Considérelo, ellos hacen las reglas y mientras no seamos capaces de hacerlas nosotros no podremos frenarlos, piénselo apreciable lector ¿De qué tamaño debe ser la piedra en el camino para detenerlos el mayor
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tiempo posible? Y dentro de las opciones que tenemos, ¿Quién puede oponérseles? Como organización conocemos al partido Morena y estamos en desacuerdo en muchas cosas, como la desbandada de los carroñeros del PRD a este partido, su función de contenedor social al proponer una “consulta popular” de la reforma energética que de antemano sabían que no procedía legalmente, su irracional mesianismo por López Obrador… pero en los hechos Morena esta aglutinando el descontento social capaz de detener el mayor tiempo posible al grupo en el poder. Esta estrategia solo aplazaría la agonía si el pueblo en su conjunto no entiende que son ellos, nosotros, todos, los que tenemos que construir un México distinto con leyes que nos convengan a las mayorías. En el corto plazo es necesario crear, construir un partido político no electorero, que rebase los límites de la democracia burguesa, que funja como intelectual colectivo, que conduzca un nivel de organización social superior y que posibilite a nuestro pueblo para la transformación consciente del Modo de Producción Capitalista.
¿Qué hacer? Carmen Aristegui
¿Por qué no encabezar un frente de medios de comunicación independiente del poder? Carmen Aristegui ha demostrado ser una comunicadora comprometida con su profesión, valiente, aguda en sus juicios, certera, incorruptible y por lo tanto confiable. La maniobra política que desde el poder se orquestó en su contra, contó con la complicidad de los dueños de MVS-radio, le tendieron una trampa. Con la hipocresía que caracteriza al gobierno, arrojan la piedra y esconden la mano, pero nosotros, los medios de comunicación independientes y el pueblo en general, no nos chupamos el dedo, sabemos que su trabajo periodístico exhibió las maneras de un gobierno corrupto y corruptor, que pretende lavarse la cara manchada de engaños, subterfugios, intereses inconfesables, maniobras políticas transas trampas y atropellos.
La experiencia del movimiento Yo Soy 132. En periodos electorales los medios de comunicación masiva juegan un papel protagónico en la opinión de los votantes, quizás por eso surge y prende el movimiento #YoSoy132 previo a las elecciones presidenciales del 2012 y por eso ahora tratan de “silenciar” a un equipo de comunicación encabezado por Carmen Aristegui, previo a las elecciones federales de 7 de junio de 2015. Debemos tener en cuenta las experiencias del Yo Soy 132 para plantear una salida inteligente, sólida y de largo plazo que beneficie al equipo de Carmen Aristegui, a los medios de comunicación independientes y que beneficie a la sociedad, urgida de información veraz y oportuna. Vistos en conjunto, la cantidad de jóvenes estudiantes que se movilizaron bajo las siglas del #YoSoy132 a partir del 11 de Mayo del 2012 lograron varias cosas: representaron un parte aguas en la elección presidencial, porque lograron despertar la conciencia de que un cambio por la vía electoral pacífica era posible; pusieron en evidencia al entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto y lo obligaron a publicar un manifiesto de 10 puntos Por una presidencia democrática; el IFE reconoció
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al movimiento como interlocutor válido y amplió una semana el plazo (al 7 de junio 2012) para el registro de observadores electorales con el propósito de que integrantes de #YoSoy132 participaran el día de la elección reconociéndolos como promotores de la reacción contra los concesionarios de televisión. Lograron que el segundo debate presidencial, ¿se acuerda?, fuese programado en un horario triple A en los canales de mayor audiencia de Televisa y de TV Azteca, con lo que se amplío 30 por ciento la difusión del encuentro, alcanzando una escala de audiencia (rating) de 22.6 puntos en todo el país, con lo que superó los 10.4 puntos del primer debate transmitido el 6 de mayo; asumieron el papel de defensores de los ciudadanos ante la sospecha del manejo tergiversado de la información; marcaron una diferencia en la agenda electoral de los candidatos contendientes a la presidencia; lograron organizar un tercer debate con derecho a réplica ciudadana, consiguiendo que la empresa Google México proporcionara asesoría técnica gratuita para su transmisión por la red; lograron que Peña Nieto se exhibiera al no aceptar la invitación al tercer debate “por miedo” a quedar más en ridículo; en varios estados del país Peña tenía que huir de los jóvenes que lo acechaban. Ante el desplome de su campaña, lograron que Peña Nieto implementara un operativo torpe de emergencia para comprar votos de la ciudadanía al por mayor, por eso fueron tan burdos en el fraude procesal improvisado que cometieron; el movimiento en su conjunto logró ser un interlocutor válido para el Congreso de la Unión; lograron
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el reconocimiento del PAN declarando su presidente Gustavo Madero que representaban el despertar social; hicieron oír su voz generando adherentes espontáneos en el interior de la república y en el extranjero; se convirtieron en punta de lanza y los ciudadanos nos sumamos a sus convocatorias, actuaron contundentemente y se convirtieron en un verdadero actor político incidiendo realmente en el curso de la campaña y en las luchas post electorales. Ante la desconcertante pasividad de López Obrador después del escandaloso fraude procesal del 1 de julio del 2012, los jóvenes rompen el silencio y salen a gritar a los cuatro vientos las irregularidades de la elección siendo un símbolo de la rebeldía y la dignidad ante la difamación la desfachatez y el cinismo. Pero la vida se compone de aciertos y errores, muchos de nosotros hemos aprendido más de nuestros errores que de nuestros aciertos ¿no es cierto? Para que los errores se conviertan en experiencia y no en fracasos, debemos procesar los hechos críticamente, solo entonces podremos reconocer nuestras fallas para no cometer los mismos errores y estar en posibilidades de plantear nuevas soluciones a viejos problema. El movimiento #YoSoy132 careció de una estrategia de largo plazo, no fueron capaces de procesar ideas como la de convocar a discutir y eventualmente emitir una convocatoria nacional para establecer una radio y una televisión ciudadana, y exigir el otorgamiento inmediato de una concesión para una señal de radio y otra de televisión, abiertas y de alcance nacional, para las personas y organizaciones de
¿Qué hacer? • la sociedad civil que, en aquel entonces, podrían suscribir esta justa demanda y que podían constituirse como una persona moral para ser la titular de dichas concesiones, con honestidad y transparencia. El movimiento se extravió, unos se dedicaron a defender al hombre más rico del mundo, a Carlos Slim para que obtuviera su cadena de televisión; otros organizaron sendas movilizaciones para pedir a televisa que le diera más espacio a López Obrador en sus noticieros (sic); otros más acudieron con música de jarana y coplas alusivas a la falta de democracia en la televisión privada, interpretadas por el dueto Son 132, a las oficinas del titular de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), Eduardo Pérez Motta, con el propósito de participar en el seguimiento de la licitación de la “tercer cadena”, entrando al juego de la oligarquía, convalidan lo que se estaba fraguando desde el poder. El movimiento estudiantil se perdió y se desorientó en su lucha por la democratización de los medios de comunicación, confundiendo a la sociedad. Todo terminó en un ejercicio de catarsis colectiva. A pesar de la juventud, de la energía, de que les asistía la razón y de que las condiciones estaban dadas para plantear soluciones de fondo, romper el monopolio de la comunicación en México y fracturar la alianza del poder con Televisa, a pesar de que estas condiciones objetivas estaban dadas, las condiciones subjetivas, la conciencia del movimiento, no estaban maduras. Sin experiencias asamblearias, sin la comprensión de fondo del problema de la comunicación
masiva en México, sin una visión de clase, a pesar de que se plantearon esta y otras buenas ideas, no se pudieron procesar, ni discutir, ni analizar. No pudimos darnos, como sociedad, una instancia organizativa superior, ni ideamos los mecanismos para su discusión. Ahorita está sucediendo algo similar con lo de Carmen Aristegui. Después de las protestas el resultado de las finanzas de Televisa durante el segundo trimestre del año fue que ganaron más dinero al realizar ventas netas por 16 mil 983.8 millones de pesos que representan 12.3 por ciento más que en el mismo periodo de 2011. Continuó con ratings altos y una sólida participación de audiencia en especial en su canal estelar el canal 2; 24 de los 30 programas de mayor rating en México se transmitieron en Televisa y tuvo la mayor audiencia del periodo al llegar a 47.7 por ciento; Televisa consolidó sus negocios al invertir 1,600 millones de pesos en Iusacell y de esta manera asociarse con Tv Azteca, obtener el 50% de acciones y Emilio Azcárraga Jean paso a ser, además de Presidente del Grupo Televisa, copresidente de la sociedad, con la que ambas empresas se posicionarían sólidamente en el mercado de la televisión y se consolidarían como monopolio en expansión. La respuesta contundente y sin titubeos que desde el Poder Felipe Calderón hace a la juventud por tratar de interferir en la elección presidencial siendo un actor social, es terminante: firma el ACTA (Acuerdo Comercial Contra la Falsificación por sus siglas en Ingles) a pesar de que el Senado demandó al presidente Felipe Calderón no firmar el
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Acuerdo porque atentaba contra derechos establecidos en la Constitución y se contraponía a otras leyes como la de Derecho de Autor y que de aplicarse podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y en consecuencia a una restricción de la libertad de expresión, a pesar de todo Calderón lo firma. Otro resultado funesto por la falta de estrategia del #YoSoy132 es la reforma en telecomunicaciones y su triste desenlace. Al no haber un movimiento social que pudiera defender a las audiencias, que representara alguna oposición real, se les dejó el camino libre para que mediante sus pactos, se coaligaran los partidos políticos PRD y PAN con el PRI, permitiendo que se nos arrebatara a la sociedad la posibilidad de contar con mejores contenidos y medios de comunicación masiva diferentes.
El contexto político. El despido del equipo de noticias de Carmen Aristegui se da en el contexto de la guerra oculta generada por la reconfiguración de la oligarquía mexicana, tres meses antes de la elección de diputados federales y en medio de una profunda modificación institucional. Seis meses después de que iniciaran desembozadamente las acciones de intoxicación social, que arrancaron el 26 de septiembre del 2014 al filtrar a la prensa el asunto de Tlatlaya –el fusilamiento de 22 personas por parte del ejército mexicano después de que se habían rendido, en el Estado de México- y desaparecer a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, se despide al equipo de Carmen Aristegui.
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Después de un estira y afloja con televisa, el gobierno de Peña Nieto decidió hacer otra alianza con Televisa, sellando su compromiso al colocar en la Procuraduría General de la República a Areli Gómez, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticias del grupo Televisa y otorgarle el beneficio de la multiprogramación, para que no le afecte la tristemente célebre y desangelada reforma en telecomunicaciones, que dicho sea de paso, terminó con un solo postor y una cadena de televisión adicional afín al poder: Los Olegarios, Vásquez Raña y Vázquez Aldir (padre e hijo). La moneda de cambio fue la restitución de la imagen presidencial y la promoción de sus candidatos en radio y televisión. Además la condición de suspender los ataques que iban subiendo de tono de televisa contra el gobierno. Carlos Slim desde el exterior (Periódico The New York Times) se ha dedicado a torpedear a esta administración, también el periódico The Wall Street Journal, se ha dedicado a “sacarle sus trapitos al sol” al gobierno de Peña Nieto, sumándose a la velada campaña estadounidense de intoxicación social, recordemos la última acción del congreso de Estados Unidos de entregar documentos a una reportera, Dolia Estevez corresponsal de MVS-radio, que exhiben a Medina Mora porque demuestran que sí sabía de las armas que ilegalmente estaban entrando a México, cuando era Procurador de Justicia de la República, señalándolo con índice de fuego como uno de los responsables directos del mar de
¿Qué hacer? • sangre en el que se ha convertido nuestro país. El reacomodo en los negocios es el fondo del problema. Se están disputando los jugosos beneficios de la reforma energética y los otros negocios millonarios que desde el poder se pueden ver claramente. Está siendo una guerra sin cuartel. Pero lo que blindará los negocios y el modelo económico neoliberal, es lograr la mayoría en la cámara de diputados. Obteniendo la mayoría en la Cámara de Diputados, el grupo en el poder prácticamente estaría garantizando estabilidad en el largo plazo y un ambiente propicio para concretar sus negocios. El rediseño institucional que desde el poder se está operando, fruto de la tesis de Carlos Salinas de Gortari “Ni Estado ni mercado: la opción ciudadana”, que ahora es posible operar por los cambios constitucionales, los cambios a las leyes secundarias, los reglamentos y a la creación de nuevas leyes, que implican la modificación de la estructura gubernamental (MEGu). La creación de unas 20 nuevas instituciones, supuestamente con autonomía y patrimonio propios y con órganos de gobierno que trascienden el periodo sexenal, remplazables escalonadamente, reelegibles. Esta modificación de la estructura gubernamental implicará, necesariamente, cerrar dependencias de gobierno que duplican las funciones de las nuevas y que, por lo tanto, se vuelven “obsoletas” e “innecesarias” para quienes ejercen el poder. Los despidos masivos de trabajadores que se avecinan en el sector gubernamental y el descontento popular que generarán es parte
de lo que está en juego. Para garantizar esta transición, con el cierre de dependencias gubernamentales correspondiente, es para lo que el grupo de Peña Nieto también requiere la mayoría en la cámara de diputados y quitar de en medio a periodistas incómodos que “osen” cruzarse en su camino. El despido del equipo de Carmen Aristegui se da en este contexto, de reacomodo de la oligarquía mexicana que ha provocado una guerra oculta, de ataques constantes desde el exterior al gobierno de México, de construcción de un andamiaje institucional diferente, como forma de control sutil superior que traerá como consecuencia un Nuevo Sistema de Dominación Diferenciado; con la indignación popular a la orden del día por lo que se ha estado sabiendo del presidente, de su gabinete, de sus negocios, del cohecho de la familia presidencial, del Secretario de Hacienda y de parte de su gabinete, del enriquecimiento ilícito, de la impunidad, del peculado. Con la opacidad como manera permanente de actuar; con la ineficiencia y el cuestionamiento generalizado de las elecciones como forma de cambio, cuestionadas las elecciones no solo por los estudiantes y los padres víctimas del genocidio de Ayotzinapa, sino por amplios sectores de la población; y con la entrada en escena de una fuerza opositora más, Morena, que fue ha sido y será, a pesar de sus limitaciones programáticas, una piedra en el zapato de estos gobernantes.
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La democratización de los medios de comunicación ¿una batalla perdida? El riesgo para los medios de comunicación independientes del poder es claro y evidente, después de lo de Aristegui todos corremos peligro. Pero también es clara la necesidad de la población de estar bien informada ante lo que se ve venir, ante la implementación del modelo económico neoliberal sin brida ni riendas ¿Cómo resolvemos esta contradicción? Tenemos que apostarle a la autonomía y a la autosuficiencia económica para ejercer un periodismo ciudadano independiente, veraz, oportuno y libre de condicionamientos. Las posibilidades de democratizar los medios de comunicación desde el poder, se agotaron con el proceso de reforma en telecomunicaciones. Están extintas. Todos estamos viendo en lo que terminó aquella expectativa que también desde el gobierno se despertó en varios sectores, fue otro engaño, una afrenta más al pueblo. Está claro que desde el poder no van a socializar los contenidos ni la radio ni la televisión. También, está claro que “los privados” comparten intereses con el poder, y que en última instancia se doblegan, el gobierno puede hasta “quebrarlos”, obligarlos a aceptar lo que les quiera imponer. Se dice que la moneda de cambio para la familia Vargas, dueña de MVS será la “red troncal” o “red compartida mayorista”, con lo que ganarán más dinero de lo que pudieran ganar vendiendo publicidad en el programa que conducía Carmen Aristegui. “Pedir chamba” en otra empresa privada de comunicación tampoco es opción.
La comunión de ideas lleva a la unidad de acción, si logramos que todos compartamos una sola idea: la necesidad de que el pueblo cuente con su propio Sistema de Comunicación Social encabezado por una Radio ciudadana dirigida por Carmen Aristegui y su equipo, podríamos desencadenar una organización creciente. Los valientes e indispensables medios de comunicación en México (Proceso, Uno más Uno que devino en La Jornada, Canal Seis de Julio, etc.) surgen como respuesta a las agresiones gubernamentales, y para satisfacer una necesidad latente en la sociedad: ser informados e informar. No se achicaron las víctimas en aquel entonces ante el verdugo, al contrario, alzaron la mira y estuvieron a la altura de las circunstancias, de lo que se requería en ese momento. Carmen Aristegui y su grupo están en un momento similar al de aquellos que respondieron como verdaderos titanes y que decidieron no someterse, mucho menos rendirse ante el poder. Somos decenas de medios de comunicación independientes en el país que necesitamos una coordinación, vincularnos y articularnos para golpear como un solo hombre, diciendo la verdad. Podemos, rompiendo la lógica del individualismo feroz del capitalismo, cambiando el egoísmo rampante por la necesidad colectiva de todos, de audiencias y medios, plantearnos acciones conjuntas contundentes. Si nos ponemos de acuerdo en manejar una sola idea, y todos, desde nuestras diferentes trincheras de comunicación manejar esa sola idea, semanal quincenal o mensualmente, golpearíamos al poder con un solo puño y la población tendría la opción real de
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¿Qué hacer? • estar bien informada. Podemos tener cientos de corresponsales en todo el país y hasta en el extranjero, si lanzamos la convocatoria de manera conjunta, entre todos, y nos proponemos construir este frente de lucha de medios de comunicación independientes del poder. Podríamos tener un banco de imágenes común para la producción impresa y audiovisual en todas sus modalidades (periódicos, revistas, cápsulas informativas, noticieros en la red, libros, etc.), alimentarlo y usarlo de manera colectiva; podríamos en internet, con celulares, en radio, con señales locales, regionales, hacer impresos diversos y/o subir nuestros contenidos. Podríamos establecer convenios con las escuelas de comunicación de todo el país; con las universidades públicas y privadas, con cineastas, con investigadores de todos los temas que nos preocupan y que nos debieran ocupar a todos. Podemos y debemos voltear hacia nosotros mismos, mirarnos y reconocernos como posibilidad para echar a andar. Desatemos el proceso de la guerrilla informativa, visual, radiofónica, en internet. No podrían deteneros a todos, ni despedirnos, ni censurarnos. Tampoco podrían comprarnos, no solo por los valores éticos que manejamos, sino porque una estructura de este tipo se los impediría. Apostémosle al pueblo. Discutamos cómo resolvemos los requerimientos básicos, los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para un nuevo medio de comunicación, una radio ciudadana denominada “Aristegui noticias, veraz e independiente”, por ejemplo; planteemos la necesidad del
Sistema de Comunicación Social y sus requerimientos básicos. Hagámoslo en conjunto y simultáneamente. Tenemos que defendernos atacando, no debemos, no podemos aislarnos, individualizarnos porque nos neutralizaríamos, nos desaparecerían. Eso es lo que busca el poder, eso quieren los grandes consorcios de la comunicación masiva en México, los pulpos informativos. No hay que darles gusto. Exploremos asociarnos cooperativamente; exploremos financiarnos mediante acciones, con un valor mínimo de $100 por acción, por ejemplo; convoquemos al pueblo a construir los medios independientes, con dinero, con trabajo o en especie (cámaras, luces, micrófonos, espacios, etc.); hagamos lo que sea necesario para tener un consejo editorial colectivo. Ellos, los neopolítico-empresarios crearon las asociaciones público privadas, se les ocurrió hacer de Pemex y de la CFE una empresa productiva del estado, para poderse enriquecer; modificaron las leyes para hacer empresas subsidiarias y empresas filiales, y con ello buscar financiamiento y hacer sus negocios. La burguesía establece mecanismos, como el de las acciones bursátiles, para financiarse; también crean acciones del tipo “A” que no ponen a la venta en sus negocios, para dirigir los Consejos de Administración (New York Times, por ejemplo); Establecen grupos económicos; participan en los consejos de administración de diversas empresas. En fin, piensan y actúan como clase. Tienen esa conciencia. Carmen Aristegui, tienes la autoridad moral y toda nuestra confianza para encabezar un esfuerzo de esta naturaleza. Hagámoslo.
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Despertando a México S.C. de R.L. de C.V.