ESCANDALOSO BLINDAJE A LOS CONGRESISTAS DENOMINADOS ‘LOS NIÑOS’, EL CONGRESO DECIDIÓ MANDAR AL ARCHIVO LAS ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

• Dina Boluarte: predictamen pide aprobar ley que permite ejercer la presidencia de manera remota • Parlamento decidió rechazar la reconsideración sobre la elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo

El Pleno del Congreso votó por separado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los legisladores Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza y decidió mandarlo al archivo.

Quizás nadie se esperaba el blindaje a los congresistas de Acción Popular, denominados los “niños”. De nada vale las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Nación, es tan notorio la actuación de esos parlamentarios que blindaron al gobierno del corrupto Pedro Castillo, pero con esa actuación, que se espera del Parlamento.

Por este acto y otros como el rechazo a la reconsideración de la votación para la elección del Defensor del Pueblo, deja marcado que este Parlamento, esta demás.

Josué Gutiérrez con un lobby impresionante logro imponerse y ya nada detendrá que asume juramenta y asuma sus funciones.

Se ve unas componendas dentro del Congreso nada santas. Entre ellos se escudan, entre ellos saben que se quedaran hasta el 2026, no por gusto ya hay un pre dictamen que en tiempo récord resolvió y acordaron que la mandataria Dina Boluarte si puede gobernar el país a control remoto, es decir le dan luz verde a su proyecto de ley el cual será votado en breve en el Parlamento y esta descontado que será aprobado y por mayoría.

Así todos felices, pero como esta el país. Las cifras económicas y elaborados por entidades del Estado, señalan que no tendremos crecimiento económico, no habrá inversión, cada día hay mas pobres y crece la inseguridad.

En efecto el Pleno del Congreso rechazó anoche el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores y Elvis Vergara, todos de Acción Popular, implicados en el caso ‘Los Niños’.

El informe final del grupo de trabajo recomendaba suspender a los parlamentarios investigados mientras dure el proceso penal en su contra, con la posibilidad a que sean reincorporados en caso se les absuelva.

En una sesión que se prolongó hasta pasadas las 11 de la noche, el Pleno decidió votar por separado el informe contra los cuatro legisladores y finalmente los votos no alcanzaron para que se alcancen las acusaciones.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, fue la encargada de presentar el informe, mientras que la legisladora Norma Yarrow estuvo a cargo de la sustentación.

Incluso hubo una reunión reservada donde se expuso las pruebas que la Fiscalía había encontrado y que estas aún están en investigación.

En el caso de Raúl Doroteo fueron 37 votos a favor, 44 votos en contra y 4 abstenciones. Para Darwin Espinoza se obtuvieron 37 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones.

Por su parte, para la acusación de Jorge Flores se logró 38 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. Mientras que para Elvis Vergara se contaron 39 voto a favor, 42 votos en contra y 5 abstenciones.

Tras la votación, el presidente del Congreso, José Williams, dio cuenta de que no se alcanzaron los votos respecto de las acusaciones constitucionales e indicó que se remitiría al archivo los expedientes contra los legisladores de Acción Popular.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó el último martes denuncias constitucionales contra estos legisladores por presuntamente haber cometido los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Esta acusación se da en el marco de las investigaciones que realiza Fiscalía del caso Puente Tarata III, obra que se habría adjudicado mediante la organización criminal que presuntamente habría liderado el exmandatario Castillo y el prófugo Juan Silva.

De acuerdo con el Ministerio Público, estos legisladores se habrían coludido con el vacado expresidente Pedro Castillo dentro de una organización criminal para recibir obras a cambio de votos y blindaje dentro del Parlamento.

Los cuatro congresistas de la bancada de Acción Popular acusados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucional (SAC) de los delitos de Organización Criminal y Tráfico de Influencias agravado, en agravio del Estado peruano, ejercieron el derecho de su defensa y demandaron el archivamiento de la denuncia.

Cada uno de los legisladores acusados: Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Jhaec Darwin Espinoza Vargas; Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Hernán Vergara Mendoza, conocidos como Los Niños”, por supuestamente obedecer las directivas del presidente de ese momento, Pedro Castillo Terrones, coincidieron en señalar que no existen pruebas fehacientes de los supuestos delitos.

Cada cual se presentó con su abogado y dispusieron de 20 minutos para ejercer el derecho de su defensa, tiempo que abarcó más de tres horas.

Por su lado, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, congresista Lady Camones Soriano (APP) y la congresista delegada del caso, Norma Yarrow Lumbreras, de Avanza País, ambas integrantes de la Subcomisión Acusadora ante el Pleno, se encargaron de sustentar el Informe final N° 300, de 199 páginas.

Los congresistas acusados se presentaron ante el Pleno, acompañados de sus abogados, y defendieron sus posiciones de inocencia, argumentando falta de pruebas, testimonios y afectación a su derecho de función parlamentaria, al cuestionarse su visita a ministros de Estado.

Empero, en varios de los casos, negaron haber pisado el umbral de las sedes de los portafolios de Producción, Vivienda y Transportes, aunque en el informe no se haya tomado en cuenta los dos últimos.

El congresista Doroteo Carvajo se manifestó indignado, porque consideró que se está criminalizando actos funcionales parlamentarios en su rol de gestión, en cumplimiento de su labor.

El congresista, sin embargo, negó haber visitado alguna sede ministerial en cuestión y, que, de las cuatro veces que fue a Palacio de Gobierno, señaló que no fue solo, sino acompañado de diez, 12 y más congresistas invitados por el presidente de ese entonces. Comentó que probablemente los asesores de la SAC han inducido a error a los legisladores de ese grupo de trabajo parlamentario.

Su abogado Daniel Lértora Neyra, sostuvo que la visita a las autoridades del Poder Ejecutivo y a sus principales funcionarios, es una obligación de los congresistas y no existe infracción de los artículos 38 y 39 de la Carta Magna.

Por su lado, Espinoza Vargas señaló que no existen pruebas de las acusaciones, ni testigos que lo imputen, y que, en ese contexto, se generará miedo a votar. “No podemos ser títeres de nadie”, manifestó, al tiempo de señalar que en ningún momento participó de alguna reunión en privado con el exmandatario.

También dijo que, si no existen pruebas fehacientes de culpabilidad, no se le puede sancionar con la suspensión hasta que dure el proceso penal.

Su abogado, Luis castro Grados, sostuvo que los hechos denunciados no han sido corroborados y que no debe suspenderse a su patrocinado mientras dure el proceso.

El congresista Jorge Luis Flores Ancachi, coincidió con los anteriores y se consideró un perseguido político.

Su abogada Berenice Flores Carrillo, mostró estadística de cómo votó su patrocinado, algunas veces a favor, otros en contra y también abstenciones; y que la acusación tanto del Ministerio Público como de la SAC, es subjetiva.

Dijo que no existen pruebas, ni testigos, solo lo dicho por Bruno Pacheco y Karelim

López, quienes en ningún momento participaron de las sesiones. El congresista Vergara Mendoza llamó a la reflexión para no sancionar ni criminalizar el voto y su abogado Alexander Robles Sevilla, dijo que lo que se quiere es suspender indefinidamente a los congresistas contraviniendo lo establecido por el Tribunal Constitucional. De acuerdo con el Informe final N° 300, los cuatro congresistas son acusados por ser presuntos autores de la comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, de estructura vertical, cuyos integrantes formarían parte de niveles de acuerdo a una figura piramidal; organización que estaría enquistada en el aparato estatal, específicamente en el Ministerio de la Producción. Los integrantes de esta supuesta organización habrían sido captados por la organización criminal a través de Auner Augusto Vásquez Cabrera, habiéndose comprometido los congresistas denunciados a votar en contra de mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros y emitir votos a favor de las cuestiones de confianza planteadas por el Poder Ejecutivo.

Pero esa no fue la única perla en el Parlamento, la Comisión de Constitución del Congreso recomendó aprobar el proyecto de ley para que Dina Boluarte pueda ejercer sus funciones como presidenta “de manera remota” durante sus viajes al extranjero.

A través de un predictamen, el grupo de trabajo indica que “como resultado del análisis respectivo” y de conformidad con el Reglamento del Congreso, se propone la aprobación del proyecto presentado por la presidenta y el premier Alberto Otárola.

Se plantea incorporar el artículo 8-A en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo respecto al encargo del despacho presidencial y su gestión remota.

“El encargo del despacho de la Presidencia de la República supone el ejercicio de funciones administrativas que permitan su normal funcionamiento. Dicho encargo se formaliza con la respectiva resolución suprema una vez expedida la resolución legislativa autoritativa correspondiente”, indica el texto.

Este proyecto será abordado en la próxima sesión de la Comisión de Constitución programada para este viernes 19 de mayo desde las 3p.m. Sin lugar a dudas, se alista una carta blanca para que Dina Boluarte pueda gobernar a control remoto.