Fiscalía inició investigación preliminar contra ministro de Trabajo y presidente de EsSalud

La Fiscalía de la Nación decidió iniciar una investigación preliminar en contra del ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Además, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, dipuso iniciar las diligencias contra la funcionaria Grika Asayag O’Besso por el supuesto delito de tráfico de influencias agravado.

De acuerdo con el Ministerio Público, la apertura de esta investigación preliminar responde a un supuesto interés indebido en el pago de más de 41 millones de soles a la empresa Aiona Technology Corporation SAC por parte de EsSalud. Este pago se dio tras obtener en 2020 la buena pro para el procedimiento de adquisición de un millón de pruebas rápidas. Esta denuncias fue formulada por este diario en varios ediciones.

El último miércoles 15 de febrero, la Fiscalía de Enriquecimiento ilícito realizó una serie de diligencias en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE). Ello, en el marco de las investigaciones que se le sigue al titular del sector, Alfonso Adrianzén, por la presunta comisión del delito de colusión agravada.

Las pesquisas de la Fiscalía se realizaron luego que el semanario Hildebrandt en sus Trece revelara que Carola Gisella Rodríguez Bringas, excuñada del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fue contratada por el Ministerio de Trabajo como asesora, percibiendo un suelo de 15 500 soles.

“No he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la doctora Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare”, dijo Otárola al respecto.

El congresista y vocero de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Edgar Reymundo, presentó este miércoles una moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para que responda ante la representación nacional por las acciones que ha adoptado el Gobierno de Dina Boluarte ante las protestas que surgieron desde el pasado 7 de diciembre.

La moción cuenta con las firmas de sus colegas de bancada Ruth Luque y del exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; así como de otros congresistas del bloque de la izquierda, entre los que figuran Guillermo Bermejo, Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino.

El pliego interpelatorio, que cuenta con 18 preguntas, precisa que desde el 7 de diciembre del año pasado, fecha en que Dina Boluarte asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, se han registrado protestas en distintos puntos del país que “han sido reprimidas de manera violenta por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.

“Interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a fin de que concurra al Pleno del Congreso para que responda respecto de las acciones del gobierno que han llevado a que el Perú sea calificado como un país no democrático, conforme al pliego interpelatorio adjunto”, se lee en el documento.

“Hasta la fecha de la presentación de la presente moción han fallecido por acción directa de los agentes del orden 48 peruanos y peruanas; y centenas de compatriotas han resultado con lesiones a su integridad física; decenas de ellos, de gravedad”, agrega.

La moción también establece que Alberto Otárola, en su condición como jefe del Gabinete Ministerial, ha realizado afirmaciones públicas que buscan “estigmatizar a la población movilizada y justificar la criminal represión militar y policial”.

Así, los congresistas de izquierda mencionaron que las organizaciones nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), han expresado su preocupación por la escalada de violencia durante las movilizaciones.