TRIBUNA LIBRE

Escribe: Víctor Andrés Ponce

La campaña contra el Congreso y la autodestrucción del Perú

La Inexplicable Campa A De Demolici N En Contra Del Legislativo

Si bien existen investigaciones y denuncias pertinentes contra el Congreso, –tales como la compra de alfombras, televisores Led y alquiler de estacionamientos–la pregunta que emerge es, ¿qué tienen que ver los congresistas y las bancadas con estos contratos, que dependen del sistema administrativo del Legislativo, del Oficial Mayor y del director de Administración? Si los parlamentarios ni siquiera están informados de estos procesos, ¿por qué la propaganda señalándolos como responsables?

¿Cómo entender los intentos de demolición del Congreso cuando el Perú sigue bajo la amenaza de la insurrección bolivariana que pretende quebrar el Estado de derecho e instalar una constituyente? Cuando analizamos la reacción de los sectores progresistas con respecto a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que establece que los jueces no pueden interferir en funciones exclusivas y excluyentes del Congreso (elección del TC, del Defensor del Pueblo y reformas legales), tal como sucede en cualquier democracia de mediana salud, las cosas parecen aclararse.

A pesar de la crisis que ha puesto al Estado de derecho en unidad de cuidados intensivos, los sectores progresistas –inclinados a la frivolidad, a la aventura y la irreflexión– han decidido iniciar una campaña de demolición del Legislativo buscando que la crisis desemboque en un adelanto de elecciones. Decimos inclinación aventurera porque si el sistema se bloquea todo puede suceder: desde una

Tribuna Libre

Escribe: MANUEL GAGO

MENÚS VERSUS “TÓPICOS DE COMUNICACIÓN”

En marzo del 2019 se denunció un escandaloso préstamo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsaría S/ 5,641 millones para ejecutar el Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas a Nivel Nacional (Promsace). El préstamo en cuestión serviría para financiar, entre otras cosas, consultorías sobre estandarización de procesos administrativos para los gobiernos regionales y locales; para preparar, organizar, aplicar y revisar encuestas; para diseñar y elaborar proyectos, y ejecución de campañas de comunicación.

En otras palabras, un grupo de “consultores” que solo hacen copia y pega –porque eso es, más de lo mismo– vinculados a las izquierdas, nos enseñarían cómo mejorar la imagen de las autoridades. En lugar de destinar préstamos para proyectos productivos, la burocracia internacional –fiel a su estilo de vida– promueve la generación de ingresos sin mayor esfuerzo: el diagnóstico básico, tantas veces anunciado, en lugar de resolver sobre la marcha problemas graves del país, como la anemia y tuberculosis que afectan a gran parte de la población y, en general, obras y servicios estatales destinados a mejorar la vida de las personas.

En su momento, y también por El Montonero, se denunció el festín de asesorías y consultorías en el Ministerio de Educación, ahora puestas en relieve por el ministro del sector, Óscar Becerra. Como en política no existen coincidencias, la izquierda

Jueves 2, marzo del 2023

asamblea constituyente hasta una reedición tragicómica del vizcarrismo.

En otras palabras, el Estado de derecho es tratado como si estuviésemos en una disputa por el poder en un sindicato de construcción civil o una federación universitaria.

La ausencia de partidos y políticos de larga trayectoria nos puede llevar a reeditar el vizcarrismo. Es decir, un sector del Ejecutivo, tentado por el avance de la demolición del Congreso, podría ensayar el liderazgo de las olas en contra del Legislativo como una manera desesperada de salvarse de amenazas imaginarias. La falta de experiencia y trayectoria podría llevar a esta locura que significaría la autodestrucción del Estado de derecho y la persecución y judicialización de la presidente Boluarte y los miembros del Ejecutivo por haber defendido con firmeza el Estado de derecho. ¿Por qué? Porque es evidente que todo se desplomaría.

Cuidado entonces con quebrar la sinergia Ejecutivo - Legislativo, que ha posibilitado defender el Estado de derecho frente a una de las insurrecciones más feroces y violentas de la región. Cuidado con las autodestrucciones, con los propios disparos a los pies que suelen gatillar las crisis y la falta de experiencia.

Desde la administración Vizcarra, el Perú ha renunciado a la gobernabilidad porque se ha embarcado en salidas al límite o al margen de la Constitución. Primero fue el referendo de Vizcarra que envileció y destruyó el sistema político a tal extremo que parió la tragedia del Gobierno de Castillo. Luego el golpe de Estado de Vizcarra, que se veló con la supuesta “denegación fáctica de confianza”, una figura que no existe en la Constitución y es un oxímoron constitucional. Más tarde el golpe de masas en contra del Gobierno de Manuel Merino, hasta que llegó la tragedia Castillo.

En el preciso momento en que salimos de la destrucción de Castillo algunos pretenden seguir jugando con figuras al límite y fuera de la Constitución, e inician una campaña feroz contra el Congreso. Más allá de esa extraña voluntad de convertir a la Constitución en un texto relativo, líquido, sujeto a todas las presiones e interpretaciones, acaso en unas imaginarias elecciones adelantadas algunos se han preguntado cómo serían los comicios en el sur. ¿Acaso habría que encargar que el Movadef nos entregue los resultados electorales en Puno y en diversas provincias del Cusco, Apurímac, Andahuaylas y otras regiones? Todo suena a locura, a autodestrucción republicana.

afectada por la denuncia intenta ocultar esta realidad, cuestionando los nuevos montos de los menús que se sirven en el Congreso de la República. Para nosotros no está mal que los parlamentarios coman rico y sustancioso, bien por ellos, no seamos envidiosos. Claro, lo ideal sería que el disfrute fuera con peculio propio. Sin embargo, vale señalar la dinámica parlamentaria y de cualquier actividad productiva, que se propone sacarle el jugo al tiempo: la alimentación al alcance de todos. Delicatessen para evitar que, por la hora de la comida, se pierda la ilación de las tareas. Asimismo, atender a invitados de eventos especiales. Pero en fin.

Resulta que la indignación nacional vuelve a mostrar su miopía. Se rasga las vestiduras por los potajes también consumidos por sus camaradas; pero calla ante esas millonarias asesorías, consultorías y publicidad otorgadas por el Ministerio de Educación. El objetivo de las denuncias contra el Congreso es desprestigiarlo sobredimensionando sus errores, que además no son pocos. El escándalo de los menús pretende tapar las denuncias de Becerra.

Esto no es novedad. Durante su gestión en Educación, el burócrata internacional Jaime Saavedra planteó un Estado 18% más grande –según él– para alcanzar el desarrollo. Con este argumento, buscaba elevar el gasto público. Es así como cosechó fama gracias al incremento desmedido en consultorías, asesorías y, sobre todo, “tópicos de comunicación”. Los contratos otorgados sirvieron para elevar su imagen. Cierta prensa lo convirtió en súper funcionario, indispensable, lúcido como ninguno. Derrochando simpatías, ofrecía entrevistas en los medios que, además, contratan publicidad con el Estado. Así lo vimos.

Sin embargo, el derroche de carisma contrastaba con los resultados obtenidos. La educación pública continúa estancada. De 10 escolares de escuela pública, no más de tres entienden lo que leen y aprueban matemáticas. Por eso el país está último en las pruebas PISA. Lo de las consultorías era puro cascarón e imagen edulcorada mientras la educación continuaba su curso de caída, con la meritocracia en espera y atacada por Castillo, cumpliendo las directivas de Movadef. En los libros de colegio se hacía apología al senderismo y a la ideología de género como temas sustantivos.

Poniendo en la balanza del derroche presupuestal, las consultorías exorbitantes obtienen el premio mayor frente a los menús, que pasan a ser no otra cosa que chancay de a medio.