La Nueva Provincia: protagonista en la producción y en la difusión del terror. Entre el ocultamiento de la verdad y la generación de mentiras planificadas.
Publicación especial de distribución gratuita de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. 24 de abril de 2014.
Medios dictadura &
El grupo multimediático de Bahía Blanca debe rendir cuentas por la campaña sistemática de terror y de desinformación durante la última dictadura cívico-militar. Su director, Vicente Massot, está imputado de coautoría en el homicidio de los delegados del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola; de ocultamiento deliberado de la verdad en el secuestro, la tortura y el asesinato de 35 personas; y de conducta criminal –en asociación ilícita con las FF.AA.– mediante acciones psicológicas de propaganda y de manipulación mediática para persuadir al silencio y para deshumanizar a las víctimas del exterminio genocida.
De la verdad, hacia la justicia Periodismos criminales Por Florencia Saintout Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP)
El exterminio consiste en la sustracción a la especie humana de una parte de ella. Para hacerlo posible es necesario una operación cultural gigantesca y previa: quitarle a esa parte su condición de humanidad. Hacer de esa parte, de esos hombres (varones y mujeres) unos no hombres. Entonces será posible su eliminación. La tortura, la muerte. Finalmente, la aceptación de que hay no humanos entre los humanos, y que esos “no humanos” son un riesgo para el resto del “cuerpo social”. Un plan de eliminación de un grupo social sólo es posible si se construye la aceptación de que eso sería necesario, fundada en la creencia de que hay algunos a los que se puede/debe exterminar. A partir de esa operación, sus vidas no serán lloradas, porque no son consideradas ni siquiera vidas; sólo esto explica la concreción del horror. Para dar forma a ese artificio es necesario construir una serie de categorías sobre el otro que se fijen como verdad: los subversivos, los delincuentes, los bárbaros. Y en esta tarea los medios, como maquinarias especializadas en la producción simbólica que nomina la vida, ocupan un lugar fundamental. La llamada propaganda negra no es otra cosa que la construcción de unos nombres, de unos relatos, de unas categorías, de unas imágenes que ordenan los acontecimientos a partir de un eje de destrucción del otro. Ese proceso se lleva a cabo ocultando la verdad y, sobre todo, mintiendo acerca de ella. No hay exterminio sin categorías que definan a un otro como exterminable. Los estigmas, reactualizados, pueden subsistir más allá de la detención coyuntural y quedar como saberes ocultados en los sedimentos siempre disponibles de la historia. Por ello la afirmación innegociable del “NUNCA MÁS”, porque la construcción de un sistema social de terror no puede darse por terminada de manera definitiva con la llegada de la democracia.
Por eso, la reparación de la justicia en el marco de la verdad es indispensable para que nunca más ocurra, bajo las mismas o diferentes formas, el gran crimen. Las complicidades mediáticas deben ser juzgadas para afianzar el camino de justicia y la certeza de que nunca más seremos víctimas de una maquinaria de terror como la que vivimos. Massot tendrá que dar respuestas. Llegué a vivir a Bahía Blanca en 1983. Hice el colegio secundario a dos cuadras de La Nueva Provincia y ya para ese entonces todo el mundo sabía que la familia Massot era coautora del gran crimen de la dictadura. En esos tiempos donde los adolescentes podíamos salir de noche y encontrarnos con Astiz en algún boliche, nadie imaginaba que a los dueños del diario más poderoso del sur (ese que había entregado trabajadores, que había publicado información arrancada de las sesiones de tortura en la macabra Escuelita; el que habló de enfrentamientos y celebró, en su editorial del 24 de marzo de 1976, “la hora de responder con violencia ordenadora”) se los podía juzgar, o siquiera indagar. Era tal el grado de impunidad que todo lo que se sabía sólo podía ser balbuceado entre ilusiones de democracia y terror en el cuerpo. La Nueva Provincia era el poder intocado de la ciudad. El poder real. Con el Juicio a las Juntas Militares, en 1985, se abrió un camino de reparación de los crímenes. Con la Ley de Obediencia Debida y Punto Final nuevamente volvimos a pensar que del infierno iba a ser imposible salir. En ese infierno, Vicente Massot formó parte del gobierno de Menem, que encarnaba el plan de miseria planificada que había denunciado Rodolfo Walsh en su “Carta a las Juntas” como el peor crimen. El primero que relacionó a la familia Massot con el genocidio fue, en 1987, Hugo Cañón –por aquel entonces, fiscal general de Bahía Blanca–, quien resistió el Punto Final, declaró inconstitucional la Obediencia Debida y encabezó el proceso contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y principal vínculo del diario con la dictadura cívico-militar.
El diario: los medios Lo que está sucediendo en Bahía Blanca es un gran paso en el entendimiento de que la dictadura tuvo como coautores a ciertos medios de comunicación y a ciertos periodistas. Que ellos ocuparon un lugar fundamental. Si bien es cierto que las características del diario, y de los Massot en particular, habilitarían a pensar que éste es el peor caso, no deberíamos quedarnos tranquilos creyendo que La Nueva Provincia es un caso aislado, y que juzgado el monstruo más grotesco las monstruosidades desaparecerán. Sobran las pruebas para demostrar que ha sido un sistema de medios de comunicación el que ha actuado en la Argentina consolidando las posibilidades de la masacre. Sólo con leer libros como Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el proceso, de Blaustein y Zubieta, como uno más entre tantos, podemos dar cuenta de una prensa al servicio del exterminio. Ni qué hablar de los casos como el de Papel Prensa que ya está en el recorrido de la Justicia. En estos últimos años hemos asistido permanentemente a los comunicados de la SIP o de ADEPA en la Argentina sobre la libertad de expresión. Es interesante recordar cómo en 1977, Federico Massot tenía tribuna para afirmar en Cartagena de Indias, en la Asamblea de la SIP, “que es lógico que ante la escalada del marxismo internacional en la Argentina las autoridades se vean obligadas a tomar decisiones lesivas respecto de ciertas libertades en salvaguarda de la integridad nacional”. En esta línea de defensa de un régimen criminal, ADEPA ya en los primeros días del Golpe se manifestó satisfecha por “el cambio de estilo producido en las relaciones entre el gobierno y la prensa”. Hace menos de un mes
ADEPA se pronunció en contra del allanamiento ordenado por la Justicia en La Nueva, diciendo que se trata de un “ataque a los medios que expresan visiones críticas”. Con el discurso que convenga, lo único que defienden es a los perpetradores. Con los juicios de lesa humanidad van surgiendo informaciones sobre el papel jugado por los medios. Lo que se está develando es la existencia de un sistema mediático al servicio del genocidio. De manera similar a lo ocurrido con La Nueva Provincia, en el juicio del circuito clandestino de detención La Cacha apareció mencionado el diario El Día de La Plata, perteneciente a la familia Kraiselburd. El 8 de febrero de este año, el represor exteniente coronel
Anselmo Pedro Palavezzati, que se desempeñó como capitán en el Destacamento de Inteligencia 101, describió su principal actividad durante la dictadura como la de encargar al diario El Día tareas de recopilación de información para preparar sus informes de inteligencia. Dijo: “Los diarios saben hacer esas cosas cotidianas”. Es por esto que se hace necesario continuar con el esfuerzo de sistematización de esta información para reunir las pruebas que permitan llegar al juicio de este periodismo coautor del exterminio. Porque ya no podemos seguir pensando en posiciones de socios más o menos directos o de cómplices, sino de coautorías. La verdad nos abrirá los pasos a la justicia.
El 28 de abril de 2010 una columna de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social participó de la marcha en Capital Federal por la “plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”
Si estos papeles hablaran Hace apenas unos días, la Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos allanó las oficinas comerciales y el archivo del diario La Nueva Provincia. José Nebbia y Miguel Palazzani buscaban más pruebas de las que ya poseen para demostrar la sociedad entre Vicente Gonzalo María Massot y los uniformes del terrorismo de Estado., Hay una señora de voz nasal y un poco rasposa que, por televisión y por radio brinda consejos de autoayuda, recetas para alcanzar la armonía y –dice ella– métodos para lograr la paz espiritual. Ella, que en cada uno de sus espacios virtuales de promoción propone “la salvación y el perdón” y la “unidad y la paz”, sostuvo ante un micrófono y una cámara –es decir, en público, con la responsabilidad que eso implica– que los homicidios calificados que la clase media enojona –y los comunicadores que tanto hacen para que esa clase se enoje– ha llamado “linchamientos” le provocaban un “íntimo sentimiento de felicidad” porque, según ella, “algo está cambiando en la Argentina”. Hay olor a show con la violencia. La de la patada, la verbal y la de la prepotencia. Show del bardo. Para que reviente, escupa y se disemine la mugre. Hay aroma a medida de fuerza arengada por la propia patronal. Hay tufillo a avanzada reaccionaria. Hay vaho de reagrupamiento empresarial y político. 2
Hasta ahí, la señora del crecimiento interior y la superación hecha marketing no tendría mucha razón. Todo viejo es esto que olemos, percibimos y detectamos. Pero esta arenga, la ascendida de la derecha y la reorganización del poder real, tiene una paradoja, una contracara o precisamente un motivo: luego de diez, no ha sido sino en este último año que ha crecido en paralelo a la puesta en público y a la visibilización de cómo opera y operó el poder económico, la capacidad de ciertos espacios del poder judicial y legislativo para investigar y averiguar niveles de responsabilidad de la pata civil del terrorismo del Estado uniformado. “No implica ubicar a las grandes firmas en un lugar diferente del que hoy ocupan, sino reconocerlas en el que siempre estuvieron”, analizó Héctor Recalde, cuando presentó su iniciativa legislativa para crear una comisión bicameral que identifique los vínculos entre el mundo económico y el genocidio. Cosas del pasado, que andan en papeles viejos.
Por Mariana Moyano Periodista, docente investigadora de la UBA e integrante del proyecto “Resistencias de Papel” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP)
Así que, tal vez, la señora que con tanta virulencia celebra los homicidios en grupo, mientras dice pregonar el amor al prójimo, parece no equivocarse en que algo está cambiando en la Argentina. Y mientras unos avanzan las complicidades y los modos societarios de los poderes, otros fuerzan la cuerda para el lado contrario. Cinchar, se llama, aunque a algunos les suene lo mismo que con “L”. Los papeles son sólo eso: pliegos, escritos, notas. No molestan en sí por lo que dicen sino cuando hay ojo y cabeza entrenada para querer y saber leerlos. Los papeles no incomodan cuando sólo juntan polvo, quedan arrumbados o no hay curiosidad política por detenerse a ver qué es exactamente lo que dicen. La cosa se pone buena cuando alguien los hace hablar. El 5 de noviembre del año pasado, con el fallo de la Corte Suprema sobre la Constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún calentito, Clarín salió a la calle, una vez más, con toda la enjundia:
“El Gobierno salió a exhibir documentos de la dictadura recién hallados”. Burlones, cancheros, querían mostrar cuán superiores eran ellos. “Las listas negras halladas incluían a 331 artistas e intelectuales –redactaron–. Hay información conocida. Clarín publicó en 1996 las listas negras de la Operación Claridad”. Lo que en la nota no contaron es que a esa información el diario, en su momento, la compró, y lo que tampoco indicaron en el artículo fue a quién. Cosas del pasado; que andan en papeles viejos. Será porque no querían contar detalles de aquella operación comercial que escribieron así: “El fin de semana el ministro encomendó a sus funcionarios que bucearan en esos archivos. En la guerra del kirchnerismo con el Grupo Clarín, al parecer hubo instrucción de ver qué hallaban sobre Papel Prensa”. Una hoja, una actuación administrativa, pueden ser inofensivas e intrascendentes partes de un expediente nimio e insustancial. O pueden ser piezas fundamentales de un rompecabezas. Un fragmento que adquiere dimensión en el contexto en que fue escrito. La porción que completa el todo. Hay olor a show, al show del bardo. Para que reviente, escupa y se disemine la mugre. Para que nos confunda y nos impida ver. Huelga de trabajadores con paro patronal. Paciencias que se terminan y cadenas que se sueltan. Y un exponente de la barbarie emprendiéndola con fuerza a favor del caos: el mismo Carlos Maslatón, que defendió el homicidio de Rosario a manos y pies de un grupo de exaltados, se va de cabeza al lenguaje de grupo de tareas, lo que nos ayuda a entender de qué va la furia desatada: “Mi reconocimiento al nacionalsindicalismo argentino tras la victoria de hoy frente al kirchnerismo montonero”, firmó el jueves 10 de abril en la red social del pajarito. Hay olor a show. Hay tufillo a avanzada reaccionaria. Hay vaho de reagrupamiento empresarial y político. Hay reacomodamiento y se ve con claridad el proceso de reagrupamiento, pero, sobre todo, el de reorganización. Ese del que estamos conociendo detalles. Ese que estamos empezando a conocer completo gracias a los hallazgos. Esos que se vuelven prueba judicial y que a más de uno pone tan nervioso. Cosas del pasado, que andan en papeles viejos. Algunos de los 11.773 volúmenes incluyen “versiones taquigráficas de la Comisión Asesora Legislativa –que reemplazaba al clausurado Congreso– de las reuniones de las Juntas con los directores de diferentes empresas”, explicó Stella Segado, la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y la persona encargada de procesar toda la información hallada; alguien que ha dedicado gran parte de su vida a bucear entre documentos que parecen no decir nada y hacerlos hablar. Algunos de los documentos ya se conocían, indica la funcionaria, y la aclaración viene al dedillo para responderle a ese diario que hizo el mohín sarcástico para hacernos quedar a todos como bobos frente al propio asombro. Y agrega ella, la que sabe leer política y jurídicamente recorridos administrativos mecanografiados: “lo novedoso e inédito es la unidad de conjunto que permite por primera vez tener el registro burocrático de lo que fue el marco político”. “El material –continúa Segado– revela la subordinación militar a las corporaciones. En un noventa por ciento están ligados a cuestio-
nes económicas. Un ejemplo de ello es que en los primeros seis meses de gobierno de facto, el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz no hace más que dar exenciones al agro. Desde el 76, se les decía `bueno, sin retenciones´ y cuando les dijeron `ya está, fueron 20 años de privilegio´ ¿qué pasó? surgió el conflicto, el llamado `conflicto con el campo´”. “Huelga Nacional”, “la mayor huelga contra el kirchnerismo”, “El paro de la década”; “La fuerza de un paro”, titularon el viernes. “Paro histórico” habían rotulado en abril de 2008. Cosas del pasado, que andan en papeles viejos. Hay olor a show con la violencia. Show del bardo. Hay vaho de reagrupamiento empresarial y político. Porque no pueden permitirle a los papeles, rol probatorio; porque no pueden permitirse que el Poder Judicial los tome e investigue; porque no pueden aceptar que si se despliegan todas esas hojas vamos a ver el film de inicio a fin. El martes 8 de abril de este año, hace apenas días, la Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos allanó las oficinas comerciales y el archivo del diario La Nueva Provincia. José Nebbia y Miguel Palazzani buscaban más pruebas de las que ya poseen para demostrar la sociedad entre Vicente Gonzalo María Massot y los uniformes del terrorismo de Estado. Secuestraron legajos, recortes periodísticos, fotografías, liquidaciones, materiales sobre el período 1974-1983, parte de la colección del diario, archivo administrativo y periodístico y material de las oficinas de la dirección. La acusación es inédita, pero más extraordinario aún es que la causa no quedó en la denuncia de un par de fiscales sin brújula, sino que avanza. Por un lado, se trata de probar el nivel de responsabilidad de los directivos de La Nueva Provincia en la desaparición de dos de sus obreros gráficos con amplia labor sindical: Enrique Heindrich y Miguel Ángel Loyola. Pero por el otro, se intenta demostrar que la acción psicológica es una faceta del fenómeno criminal del genocidio. Aquí lo extraordinario. Por eso el olor a show. Por ello el tufillo a bardo. De ahí el proceso que estamos viendo de reorganización. No hay muchos antecedentes, pero ya en el mundo ha habido un par de experiencias: dos tribunales internacionales condenaron a dueños de diarios por su participación desde la prensa en operaciones necesarias para la concreción, en un caso, del genocidio en la Alema-
nia Nazi, y en el otro, el de Ruanda. Se trata del diario Der Strumer juzgado en Nuremberg y condenado por su “labor de propaganda del régimen genocida” y de la revista Kangura, cuya propietaria fue condenada instigación directa y pública a cometer genocidio, promover el odio y manipular la conciencia de los lectores. Siempre recuerdo mi queja ante un funcionario kirchnerista. Yo cuestionaba el haber puesto el acento en el relato público de lo ocurrido con Papel Prensa en el padecimiento personal de la familia Papaleo. Me parecía que era cerrar el delito, clausurarlo en un sufrimiento personal, dejándonos a todo el resto de los estafados más como espectadores que como lo que somos: directos damnificados del accionar de un grupo de privados y de las Juntas de Facto. Y siempre recuerdo cómo él me explicó el porqué de la necesidad política de pivotear sobre aquel sufrimiento individual: “A menos que tengamos los papeles que demuestren que el delito de estafa formó parte del delito de genocidio, la defraudación al Estado prescribe y nosotros necesitamos demostrar que aquí el crimen económico fue parte del de lesa humanidad. Necesitamos encontrar el eslabón; nos urge encontrar esos papeles”. Los papeles son sólo eso: pliegos, escritos, notas. No molestan en sí por lo que dicen sino cuando hay ojo y cabeza entrenada para querer y saber leerlos. La cosa se pone buena cuando alguien los hace hablar. Y porque sentimos el olor a show, al show del bardo; porque los vemos operar para que reviente, escupa y se disemine la mugre; porque vivimos la medida de fuerza arengada por la propia patronal y escuchamos el análisis posterior contaminado con intereses particulares travestidos de problema general; porque notamos el tufillo de la avanzada reaccionaria; porque olfateamos el vaho de reagrupamiento empresarial y político es que sabemos que están nerviosos. Porque tal vez haya aparecido el eslabón y hayamos hallado esos papeles. Porque como dijo en su alegato Abel Córdoba, el primer fiscal que se le animó a Massot: “El juzgamiento que está en desarrollo es algo más que una acción particular e incluso excede lo que suelen ser los juicios orales en que se juzga un centro clandestino. Estamos juzgando una época, la más oscura que hubo, a partir de conductas que fueron constantes durante toda la dictadura militar”.
Portada de La Nueva Provincia, lunes 20 de septiembre de 1976
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De Cisneros a Massot
Estatidad, historia y ficciones orientadoras Periodista: Usted acostumbra a decir que el poder no está en la Casa Blanca, ni en los mercados financieros, pero si en nuestro propio cerebro ¿Por qué este es un secreto de las elites? Manuel Castells: Bien, es porque si ellos nos confesarán eso perderían el poder. El poder real no es el poder de la policía o del ejército, estos son utilizados en último caso, cuando las cosas están muy mal para el interés de los poderosos. Lo más importante, si usted quiere tener poder sobre mi, es conseguir que yo piense de una forma que favorezca lo que usted quiere, o que se resigne. Ahí está el poder! Por tanto, lo esencial es el poder que está en la mente, y la mente se organiza en función de redes de comunicación, redes neurológicas en nuestro cerebro, que están en contacto con las redes de comunicación en nuestro entorno. Quien controla la comunicación controla el cerebro y de esa forma controla el poder. Las recientes declaraciones de la Academia de Ciencias Morales en referencia al director del diario La Nueva Provincia, en tanto este periódico fue y es un “nodo en la red de construcción de sentido del orden disciplinante liberal conservador”, constituyen una intervención comunicacional no solo escandalosa en término de la moral imperante y de cualquier ética posible (utilitarista, kantiana o de valores religiosos), sino que es claramente una operación política de los sectores neoliberales y neoconservadores que quieren restaurar un orden de silencio, de desmemoria y justificación de un estado lejano a los derechos humanos como ethos. A nuestro entender, esta afirmación no se enuncia en el vacío, sino que como “discurso social” se inscribe en un horizonte que hace necesario extender su análisis más allá de la historia reciente, para analizarlo a lo largo de la construcción de estatidad en Argentina.
“Sobre el futuro de nuestro pasado” Una de las discusiones transversales, que cuestionan actualmente en forma más activa al mundo de las ciencias políticas y sociales, se da en torno a la definición y alcance del concepto de “memoria” y sus porosas fronteras con los usos de la historia. De hecho, algunas aproximaciones teóricas distinguen a ésta en “historia del pasado reciente” e “historia del pasado lejano”. Como señala Héctor Schmucler: “¿Podemos dejar de imaginar cómo fue posible que ocurriera lo que ocurrió en el pasado reciente sin una mirada en profundidad al pasado lejano?”. Esta línea articulada de análisis no constituye un simple debate metodológico o un mero intento erudito de señalar nuevas periodizaciones, sino que por el contrario tiene efectos directos, no sólo en la interpretación de la realidad cotidiana, sino fundamentalmente para la construcción de herramientas que nos permitan realizar proyecciones sobre el posible comportamiento futuro de actores sociales. John Kekes, al analizar la llamada “guerra sucia” llevada adelante por los militares argentinos en lasegunda mitad de la década del setenta, plantea una inquietante hipótesis. Los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado no constituyeron paralos perpetradores ni un dilema moral ni un dilema sobre el cumplimiento o no de órdenes ilegítimas, porque en el fondo estaban de acuerdo con ellas y querían cumplirlas. “No había ninguna diferencia entre las motivaciones de las Juntas Militares y las de los oficiales. Todos querían hacer las
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mismas cosas. Las acciones [...] expresaron su propia voluntad”. Retomando a Schmucler, debemos considerar que esas motivaciones y prácticas no se explicanpor la excepcionalidad de un grupo de sujetos en un particular “momento inoportuno de la historia”, sino, por el contrario, es necesario para su cabal comprensión utilizar el concepto de “normalidad”. Es decir que una estructura de interpretación y unplexo valorativo se incorporen como parte de un imaginario socialmente aceptado. O, dicho de otramanera, que el convertir en valiosas a esas ideas requiera de un proceso de “naturalización” previo. Ese concepto, el de la existencia de procesos denaturalización que permite dotar determinadas prácticas de los justificativos éticos que las hagan necesarias –o al menos tolerables–, implica que los mismos no se produzcan en forma espontánea o autónoma, sino que requieran de construcciones de largo plazo y tendencialmente dirigidas. En ese sentido, la relación entre memoria e historia –de corto y largo plazo– debe incorporar untercer elemento, el “relato”. Este nuevo componente se vincula con el proceso estructural de construcción de los Estados nación: la creación de “ficciones orientadoras”. Tenemos así una suerte de triple frontera entre memoria, historia y relato, que interactúan construyendo una retícula hegemónica. En última instancia, el pilar central de una estructurade poder.
Estatidad y ficciones orientadoras El propósito de esta reflexión es explorar modos de interacción desde una visión del “pasado lejano”, tratando de identificar un punto nodal en la construcción del gran relato interpretativo, que terminará constituyendo una parte determinante, no sólo de nuestro “pasado reciente”, sino también de nuestro “tiempo presente”. Se trata, pues, de partir del análisis de un momento y de un hecho específico y de su influencia sobre un actor en particular al que consideramos clave: Domingo Faustino Sarmiento y la proyección que sobre él tiene la experiencia francesa de guerra colonial en Argelia. Esta perspectiva permitirá aportar elementos para una mejor comprensión acerca de la construcción del “sentido común identitario” del emergente Estado nación que, a lo largo de una serie de coyunturasy de sucesivas resignificaciones, conformará uno de sus núcleos básicos: la polaridad binaria“nosotros-ellos”.
Por Martín Gras y Flavio Rapisardi Docentes e investigadores UNLP / UBA / UNTREF. Miembros del equipo de investigación “Resistencias de Papel” (FPyCS-UNLP)
Entrevista de Francisco Guaita de RT-TV (17/6/2012) Transcripción publicada en el sitio Outras Palavras (www.outraspalavras.net) Para una mejor comprensión del tema en cuestión, parece conveniente describir brevemente dos elementos: a) El proceso de construcción de estatidad por el que atraviesa la Argentina desde la perspectiva de distintas etapas de un proceso de adquisición de atributos, que comienzan en 1810 y termina alrededor de 1880. b) El particular rol que se adjudicó a las “ficciones orientadoras” como ordenadoras y articuladoras de los demás requisitos que conforman la aparición del actor estatal moderno en Argentina. Para el concepto de “Estado” se ha adoptado la serie de requisitos que definen el carácter estatalo “estatidad” introducidos por el norteamericano Nettl en 1968. “Quizá sea apropiado hablar de estatidad (statenest) para referirnos al grado en que unsistema de dominación social ha adquirido el conjuntode propiedades –expresado en esa capacidadde articulación y reproducción de relaciones sociales–que define la existencia de un Estado”. Este autor concibe el Estado como la concreciónde una serie de capacidades que definen la “estatidad”: externalizar poder, internalizar autoridad, diferenciar control e internalizar identidad colectiva, dimensiones donde la prensa en particular yotros modos de producción de sentido intervinieronde manera determinante: desde las proclamasdel Virrey Cisneros que atrasaron la Revolución deMayo y los escritos de Moreno que fogonearon el alzamiento independentistas, hasta el actual cuádruple play, fusiones corporativas y articulacionesde audiencias. Este último elemento, a nuestro entender el verdadero núcleo del Estado, es la capacidad de homogenizar a la población en torno a un sistema simbólico que permite a su vez la aceptación y pertenencia a un sistema de poder. Esta “identificación colectiva”, de base netamente cultural, es siempre inculcada. José Carlis Chiaramonte, citando a Ernest Gellner, corrobora la tesis moderna que considera el Estado nación como una construcción sociocultural“desde la perspectiva de despojar al concepto denación y de nacionalidad de su presunto carácternatural para instalarse en el criterio de su artificialidadesto es de ser efecto de una construcción históricao invención”. Edmund Morgan, igualmente, considera tal base cultural como un “elemento de artificialidado de invención” que permitió instalar “ficcionesorientadoras” de carácter mítico, en la formación conceptual del “pueblo”. Para Nicholas Shumway, quien retoma los conceptos de Morgan aplicándo-
los al caso argentino, tales “ficciones orientadoras” tuvieron su origen con mucha anterioridad al orden establecido a partir de 1880. Shumway encuentra su auténtico origen en la Generación del 37 y, particularmente, en la publicación del Facundo de Sarmiento, que, en función del binomio “Civilización-Barbarie”, se constituye en una de las bases legitimadoras del sistema dedominación propuesto.
Un legado de divisiones Pensar en la construcción de un sistema de organización-dominación remite a reflexionar sobre elpoder y su necesidad de diseñar herramientas queden respuesta a un dilema viejo como el mundo: por qué mandan los que mandan, o, poniéndola por pasiva, por qué obedecen los que obedecen. En 1758, David Hume se hizo esa pregunta: Nada es más sorprendente [...] que ver la facilidad con que las mayorías son gobernadas porlas minorías y observar la implícita sumisióncon la que los hombres renuncian a sus propios sentimientos o pasiones a cambio de las de sus gobernantes.
Su respuesta se volvió clásica: Es [...] en la opinión donde se funda el gobierno yesta máxima se aplica a los más despóticos y másmilitares de los gobiernos, así como a los más libres y populares.
Morgan retoma el concepto de “opinión” de Hume y lo reconvierte en el de “ficciones orientadoras”, postulando que, en última instancia, todo gobierno requiere contar con alguna clase de consentimientode los gobernados. Crear ese consentimiento es una tarea fundante y permanente de quienes detentan el poder. La función es de un alto grado de complejidad, pues “el éxito en la tareas de gobierno [...] exige la aceptación de ficciones, exigela suspensión voluntaria de la credulidad”. Al ser no sólo fundantes, sino permanentes al ejercicio del poder, las ficciones no son de validez constante, y para conservar su eficacia deben mantener semejanza con la realidad. El problema es que las condiciones sociales y políticas cambian y que, con el paso del tiempo, la ficción se aleja de los hechos o, lo que casi es peor, los hechos se alejan dela ficción. Esta transformación constante requiere de necesarios ajustes entre ficción y realidad, que Morgan denomina “reformas”. Para ser funcional, este mecanismo “reformista” de adecuación entre los hechos y el relato debe estar dotado de gran adaptabilidad y flexibilidad. La conclusión lógica es que el sistema de poder es más estable en el tiempo cuanto más porosas y más inclusivas sean sus ficciones, permitiendo incluir nuevos actores o resolver nuevos conflictos. Pero ¿qué sucedería en el caso de una ficción fundacional potencialmente excluyente, donde loslímites del “nosotros” sean enormemente limitantes y sus marcos rígidos y poco permeables consoliden tendencias divergentes entre los cambios sociales y la capacidad convocante del relato? Es probable que una ficción orientadora de esas características resulte ineficaz a largo plazo, dado su carácter restrictivo. Estaríamos así ante el diseñode un modelo de poder, edificado sobre bases estrechas, cuya rigidez lo convertiría en estructuralmente débil, condenado a crisis periódicas de inclusión-exclusión, que en lugar de facilitar un mecanismo de reformas sólo desembocaría en unsistema permanente de fracturas. Este sistema estatal de baja gobernabilidad yequilibrio inestable sería consistente con la visión de Shumway, que, al analizar el núcleo ficcional argentino tradicional, señala: “las ficciones orientadoras
y los paradigmas retóricos del país se fundaron mucho antes de 1880 [...] estas ficciones siguen dando forma a la acción y la identidad del país”. La generación del ´37 “dejó un legado con particular fuerza de división”.
Construyendo un “molde vacío” La relación entre medios de comunicación (diario La Nueva Provincia, El Día, entre otros) en tantoen la red de construcción de sentido del orden disciplinanteliberal conservador hace necesario haceruna breve referencia a las importantes consecuencias que este fenómeno proyecta sobre la vinculación prensa-terrorismo de Estado, o, quizás dicho más audazmente, prensa-poder-genocidio. El origen de estos avances se encuentra en elpaso de una interpretación de dictadura militar, con actor único (teoría del partido militar o el autonomismo militar) a una ampliación del campo de comprensión hacia una causalidad ampliada que incluye actores múltiples, la dictadura cívico-militar. El cambio no es meramente semántico, sino, porel contrario, estratégico. De la mano de la figura, casi menor, del “cómplice civil”, vamos a desembocar en la complejidad de la interpretación de un proyecto político que buscaba, con el argumento de la destrucción de un “grupo nacional”, establecer o, mejor dicho, re-establecer un orden hegemónico que se consideraba en riesgo (ya hemos hecho referencias a los conceptos de “empate hegemónico” y de “decadencia argentina”). De una mono causalidad (que conlleva derivaciones posibles, como la binaria “teoría de los dos demonios”), a una múltiple causalidad (que reinterpreta el “terrorismo de Estado” en clave de “prácticas genocidas”): el Genocidio Reorganizacional. Este proceso requirió de una “burocracia hegemónica sustitutiva” que se articuló entre cuadros de las tres fuerzas y sectores civiles. La interpretación de los sucesos del pasado reciente argentino desde una matriz genocida cambia necesariamente la participación de los medios de comunicación. Si nos encontramos ante un genocidio, la estructuración del mismo requiere en forma imprescindibledel desarrollo de un “proceso de otredad”. Básicamente, la conformación del “grupo nacional” sobre el cual, luego de su aislamiento y demonización,se va a utilizar la ultra violencia estatal para la obtención de un fin político buscado que afecta al conjunto de la sociedad. La piedra angular de todo ese dispositivo es una construcción previa del “enemigo”, sin la cual no se pueden llevar adelante las demás etapas del genocidio. Dicho de otra forma: el genocidio requiere, necesariamente, de una operación comunicacional no sólo de gran envergadura en sus inicios, sino sostenida en el tiempo, para poder posibilitar/justificar/ naturalizar el aniquilamiento. Los siguientes considerandos, que creemos conveniente citar en extenso, de un reciente fallo del Juez Daniel Rafecas (julio de 2013) al ordenar el procesamiento del ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Alfredo Etchebarne, ilustran con gran precisión la importancia y el estado actual de la construcción jurídica (y su estrecha relación con el tema de los medios): Adaptable a las necesidades del régimen, la idea “subversión” fue sustantivizada para designar sin contenido a una otredad, y luego así, como molde vacío, fue adjetivada de las formas más diversas convirtiéndola en algo más difuso aún”. “Si el subversivo, a primera vista parece ser una categorización estrictamente política bajo la denominacióndel régimen, su carácter de moldepodía ser también subversivo educativo, religioso, gremial y económico.
Cada calificativo venía a ubicar al enemigo en determinado ámbito del quehacer social y se enlazaba con un concepto de “orden” que, siendo contravenido, habilitaba su consideración de enemigo del régimen. El nuevo gobierno de facto, surgido de lo que algunos estudiosos califican de alianza cívico-militar, tuvo entre sus objetivos la restauración de un nuevo orden socioeconómico. No podemos menos que notar la aparente contradicción consistente en “restaurar un nuevo orden”. Creemos que corresponde a una verdadera perla literaria, por cuanto, en efecto, el “nuevo orden” que se buscaba no era más que la restauración del viejo sistema liberal conservador. En el marco de esa construcción abierta, y en permanente reformulación, vale la pena hacer referencia brevemente a otro fallo, cinco meses posterior al de Rafecas (diciembre de 2013), donde el Tribunal Oral Federal de Paraná señalaba, al condenar a cuatro represores que actuaron en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú: Las conductas imputadas constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto histórico del terrorismo de Estado que asolara a nuestro país en el marco del segundo genocidio nacional ocurrido entre los años 1975 y 1983.
Insistimos, una construcción abierta que coloca a la prensa ya no en el rol de cómplice, más o menos asociado, sino en el de un perpetrador necesario (protagonistas) en la necesaria configuración delas “ficciones orientadoras” a partir de la complicidad directa y la construcción de tramas de sentidos comunes compartidos, entre ellas el autoritarismo como necesidad o destino ineludible en el marco del avance de los sectores populares. Este “temor” está claramente enunciado por el vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, Dr. Fernando Ruiz, quien en su libro Guerras mediáticas sostiene: Un sector importante de la sociedad percibe que su antagonista ideológico ha tomado una dimensión y una actitud amenazante se convence de que se acaban las alternativas y de que llegó la hora del enfrentamiento abierto.
Es decir, cuando la “ficción orientadora” pierde su fuerza articulatoria, se hace necesaria la producción de un reajuste vía una política de lo que Naomi Klein denomina “política de Shock”: dictaduras, golpes de mercado, campañas comunicacionales desestabilizadoras. Por esto, nuestro proyecto de investigación “Resistencias de Papel” apunta a desentrañar la relaciónentre poder mediático y democracia, entendiendo lo que también el Dr. Fernando Ruiz afirma: Es más acertado analizar este poder mediáticocomo una constante en la historia de la construccióndemocrática moderna y o como un novedadreciente.
La función de la prensa en la última dictadura debe ser analizada con perspectivas que nos lleven a mostrar su relación causal (colaboración directa material/simbólica) con los procesos genocidas y la restricción de los derechos humanos, interviniendo en el campo material de conflicto en torno a la democratización de la propiedad y la producción de los medios. Thomas Jefferson, uno de los “padres” de la “libertad de expresión”, afirmó: “Si debo elegir entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, yo elijo una prensa sin gobierno”. Hoy, 220 años después, sus epígonos simplificaron su concepto y agitan que “la prensa es el gobierno”, al menos esa dimensión de conciencia que, como sostiene Castells, guiona o debería guionar nuestras prácticas cotidianas acorde a los intereses hegemónicos.
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Causa Massot
Una identidad en construcción Las acusaciones judiciales contra Vicente Massot confirman las denuncias de años en torno a la participación de La Nueva Provincia en el plan criminal de la represión clandestina, al tiempo que ponen en cuestión la identidad colectiva que el medio ayudó a construir durante el genocidio y en las décadas que siguieron. Bahía Blanca y su región se encuentran en un punto de inflexión en su historia, con la oportunidad de preguntarse “¿quiénes somos?” sin las limitantes que supone una construcción de sentido que naturalizó la respuesta dada a esa pregunta como la única posible. Hace unos diez años, o quizá quince, una publicidad se escuchaba en toda la región del sudoeste bonaerense, parte de Río Negro, La Pampa y Neuquén, a través de la radio LU2. Convocaba a ayudar a una entidad pública de Bahía Blanca, que pasaba su enésima crisis financiera, y decía como gancho sentimental que aunque “los bahienses parecemos fríos” contribuiría económicamente a su subsistencia. Reseñar los pormenores de la historia de esa institución superaría la intención y el espacio de estas páginas. Pero todos esos hechos –que se definiera así a los bahienses en la radio de Vicente Massot, que haya sido ésta la de mayor audiencia en la región, y que un muchacho de entonces aproximadamente doce años lo recuerde al escribir este texto- sirven para ilustrar el escenario social y comunicacional en Bahía Blanca, cuando había ya pasado el segundo de los dos genocidios de su corta historia y el neoliberalismo menemista que tuvo como efímero funcionario de Defensa al propio Vicente Massot. Quizá sea mejor comenzar por el principio. El spot benéfico fue oído desde un receptor en un pueblo de la región cercana a Bahía Blanca, una de las tantas localidades que en el mismo 1993 que encontró a Massot como funcionario observó cómo se diluía uno de los símbolos constitutivos de su identidad: el ferrocarril. En los pueblos, y en la propia ciudad que es virtual cabecera regional, “la radio” es la radio LU2 y sus voces son las conocidas y las referidas como autoridad informativa. La Nueva Provincia –transformada desde diciembre en La Nueva– llega todos los días, bien temprano, pero su cobertura de los sucesos pueblerinos tiene menos centimetraje semanal que la actividad del hockey bahiense o las noticias policiales que el diario engloba ahora bajo la sección “Seguridad”. Ese escenario de preeminencia pudo ser configurado gracias al paso de la dictadura y el posterior menemato por la región y el país. Las acusaciones que pesan hoy contra Massot en el fuero penal detallan el comportamiento del medio gráfico durante el genocidio, que además dispuso las reglas del juego en materia de comunicación audiovisual. Cuando en 1989 Menem emparchó la ley dictatorial haciéndola todavía peor, Alejandro Massot asistió al programa Tiempo Nuevo. Junto a Bernardo Neustadt y Héctor Magnetto, el hermano menor del ahora imputado celebró la eliminación del ar6
tículo que prohibía que los dueños de diarios pudieran asimismo ser titulares de licencias de televisión. De ese modo, unos desembarcaron en Canal 13 y otros en Televisión Federal, más conocido como Telefé. Por otra parte, en sentido inverso se eliminó o debilitó a la competencia en la órbita doméstica. Durante la dictadura en Bahía Blanca se cerró LU7 y, ya en democracia, en 1994 los trabajadores de LU3 quedaron en la calle. Hasta el gobierno de Néstor Kirchner no pudieron constituir formalmente una cooperativa para recuperar la emisora y autogestionarla, porque la Ley de Radiodifusión no lo permitía. Radio Nacional Bahía Blanca, la cuarta emisora de amplitud modulada con sede en la ciudad, sufrió la misma falta de cuidado que las restantes empresas del Estado. De ese modo se llegó al escenario que el grupo empresario encabezado por Vicente Massot no deja de recordar en anuncios publicitarios destinados a eventuales auspiciantes, entre los que todavía se encuentra el Estado: La Nueva Provincia es el único diario en una amplia zona y la radio LU2 es la de mayor audiencia. Un excelente escenario para propiciar, antes y ahora, la construcción de sentido. La definición del reprimido, por el represor Lo oído en aquel viejo anuncio, en torno a la frialdad de los bahienses, describe una identidad construida pero no la única posible ni la más válida o genuina. La dictadura reservó para Bahía Blanca la cabecera de la represión en toda la extensión de la zona sur del país. Desde el norte llegaron Adel Vilas y su patota, luego de ejercitarse en el laboratorio de pruebas llamado “Operativo Independencia”. La ciudad era sede del Comando del V Cuerpo de Ejército y, por ende, de la zona 5 de la represión clandestina, con jurisdicción en todo el sur argentino. A pocos kilómetros, en Punta Alta, se encontraba el Comando de Operaciones Navales, epicentro de la Armada. Y fue la Universidad del Sur, lugar de formación académica que nucleaba a estudiantes de toda la región, la que resultó estigmatizada como “la Universidad de la subversión” por el grado de participación de la comunidad que la conformaba, y por ello sufrió las desapariciones y las cesantías de muchos de sus miembros y se convirtió en objeto
Por Diego Kenis Periodista de la Agencia Paco Urondo
de una causa judicial inédita en el país “por infiltración ideológica marxista”. Esa configuración ilustraba un esquema que se había trazado durante el primer genocidio, cuando el coronel Ramón Estomba hacía de la zona su territorio de cacerías humanas, y se confirmaría sucesivamente en las décadas siguientes hasta llegar a 1976. Pero, a la par, la desproporcionada magnitud del aparato represivo montado sobre una ciudad relativamente pequeña habla de los niveles de compromiso político y social que se habían logrado en Bahía Blanca y su zona de influencia. Algo que es confirmado por los antiguos militantes del resto del país, cuando hablan del respeto y admiración que despertaban las columnas llegadas desde el sur bonaerense a la Capital para actos y manifestaciones, por su número y nivel de organización. Los escribas de la tierra arrasada El genocidio, como definición, no refiere sólo a la eliminación de un grupo social determinado sino también, y fundamentalmente, su objetivo de “sustituir la identidad del oprimido por la identidad del opresor”. Ese fue el fenómeno que operó sobre Bahía Blanca durante y después de la dictadura, para llegar finalmente a aquel termómetro imaginario que marcaba la frialdad de los habitantes de la ciudad a la hora de medir su compromiso. Algo que, como toda generalización, era además falso. Las acusaciones que pesan contra Massot se vinculan, en parte, con este trazado de identidad. Las páginas del diario La Nueva Provincia imprimieron evidencias de ese aporte durante la dictadura y hasta nuestros días. En palabras del Tribunal Oral Federal que en 2012 dictó sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, el diario construyó una “comprobada campaña de desinformación y propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
te se llevaba a cabo a dos cuadras y media del edificio donde funciona su redacción. En búsqueda del nosotros perdido La intención de imponer la versión de los victimarios no cesó con el fin de la dictadura, sino que se prolongó en las décadas siguientes como una justificación de lo actuado entonces. En particular, el diario continuó estigmatizando el compromiso social y la participación política. La propagación de este mensaje propició la construcción de una identidad como la que su propio termómetro definió en un aviso publicitario de un aparente tono inocente y benéfico. El último 24 de marzo, cuando había pasado menos de una semana de la primera declaración de Massot ante el juez Álvaro Coleffi y los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, la Red por la Identidad local reflexionó sobre el tema. La tarea de recuperación de la identidad colectiva, indicó entonces la entidad dependiente de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, no se acabará cuando se encuentre al último de los nietos apropiados durante la represión sino cuando cada habitante del país pueda edificar su genuina matriz identitaria, libre y responsablemente. “Nos preguntamos cuántos jóvenes habrían optado, en estos treinta años de democracia, por un camino de compromiso si el diario (de Massot) no hubiera martillado cada mañana con la idea de que la militancia juvenil merecía la represión más atroz”, interrogó la Red, a metros del sitio donde se encontraba el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”, dispuesto por Adel Vilas. Aquel represor que consideraba a La Nueva Provincia “un valioso auxiliar de la conducción” y que al irse de la ciudad fue correspondido por el diario en una semblanza de agradecimiento por ganar lo que hasta hoy Massot considera una “guerra”, con una emotiva despedida: “Hasta pronto, soldado”.
la conducta de quienes en los años posteriores encabezaron la denuncia contra la dictadura y sus partícipes civiles y apostaron a formas de construcción colectiva que no iban en zaga con las establecidas luego de arrasada la ciudad por la feroz represión. En tal sentido, es significativo apuntar que el juicio que en 2012 condenó a los primeros diecisiete represores y extrajo las conclusiones reseñadas respecto del rol del diario local no surgió como casualidad histórica, sino que fue el resultado de una larga búsqueda de justicia por parte de organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la agrupación H.I.J.O.S. y la Red por la Identidad. Los primeros pasos en la materia habían sido dados en la segunda mitad de los ’80 por el entonces fiscal Hugo Cañón y la Cámara Federal que hizo atención a su requerimiento y, con los votos de los magistrados Luis Cotter e Ignacio Larraza, se constituyó en un emblema nacional al dictar la inconstitucionalidad de la llamada Ley de Obediencia Debida. Fuera de lo judicial, y ya en el terreno estrictamente comunicacional, las tres décadas de democracia no han pasado en vano. Durante la última comenzaron a revertirse muchos de los factores que otorgaban preeminencia a
una matriz ideológica unívoca. La emergencia de internet y la posibilidad de todo usuario de expresarse acompañaron otros cambios que involucraron una decisión política. La recuperación de los medios del Estado, la eliminación de la normativa que prohibía a las cooperativas ser titulares de licencias y el impulso a formas alternativas de emisoras hicieron que hoy en Bahía Blanca hayan crecido tres oportunidades en el dial de amplitud modulada: la filial de Radio Nacional, la recuperada LU3 y la Radio de la Universidad Nacional del Sur. Ni la matriz ideológica ni la preeminencia comunicacional se torcerán de un día para otro, porque son producto de muchas décadas donde los medios hegemónicos se encargaron incluso de moldear su perfil de periodista. Pero la apertura a otras formas de hacer comunicación, conjugada con el rompimiento de una interpretación unívoca de la historia reciente a partir de las investigaciones judiciales en curso, contribuirán a mejorar un escenario que no tiene porqué estar predestinado a ser eterna o naturalmente una “Tierra del Diablo” o ciudad yeta, como se definió a Bahía Blanca entre su oscuro nacimiento y su presente, como sus habitantes no serán necesariamente merecedores de la calificación que les imprima el termómetro de Massot.
Una identidad en construcción El simbólico rompimiento que representan las acusaciones judiciales y la comparecencia de Massot ante los estrados constituye en Bahía Blanca y en su zona de influencia un punto de inflexión a la hora de repensar una identidad colectiva desde cero y sin limitantes como las construidas por los medios hegemónicos en las últimas décadas, cuando se empeñaron en dar por supuestas o naturales determinadas características mientras censuraban otras. Ejemplos donde mirarse, hay. No sólo en la militancia y participación pre dictatorial, sino en
Movilización del 12 de septiembre de 2012 por la sentencia del primer Juicio Oral a los represores por los crímenes cometidos en el V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca
La Nueva Provincia no cubrió el juicio del que emanó esta conclusión más que a través de escuetos y de esporádicos artículos tomados de cables de la agencia Télam, pese a que el deba7
Vieja provincia Por Jorge Luis Bernetti Profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP)
Massot es hoy el director ejecutivo del diario de Bahía Blanca y es uno de sus propietarios por herencia familiar. Su convocatoria judicial es parte de lo que se ha venido denominando la “responsabilidad civil” en los crímenes cometidos por la dictadura procesista. Lo de “civil” cabe para no limitar a los uniformados de las fuerzas armadas y de seguridad lo actuado de 1976 a 1983 por los responsables de una tiranía orgánicamente sanguinaria. Empero, lo “civil” y lo “militar” debería ser encuadrado en una categoría superior de clase que remita la responsabilidad por lo actuado a los grupos y a los sectores dominantes en la economía, la cultura, la estructura de medios, la religión y la política que constituyeron el bloque dinámico que conformó y respaldó a los máximos y medianos funcionarios de los tres gobiernos procesistas. Hubo y hay acciones penales contra José Alfredo Martínez de Hoz, Jaime Smart y Carlos Blaquier y ahora una investigación sobre Vicente Massot. Hay, sin embargo, una cuestión que implica examinar tanto el rol de los empresarios periodísticos como de los periodistas responsables en tanto agentes ideológicos de la promoción de la dictadura y de sus diversas políticas. Reconstruir ese pasado implica mirar el presente donde aquellos actores se movilizan, las políticas que en la actualidad impulsan o aquellas a las que se oponen.
y nueva nación
El procedimiento penal al que está convocado Vicente Massot por su eventual responsabilidad en el asesinato de dos delegados gráficos del diario La Nueva Provincia en los años de la dictadura, abre un espacio significativo de reflexión. Por décadas, La Nueva –como ha formalizado ahora su nombre– ha vertido su discurso y su relato antidemocrático, sin competencia y como monopolio, sobre los efectivos de la Marina en una sinfonía gorila, reaccionaria y represiva que no ha tenido respiro, en donde se ha colocado, si ello es posible, a la derecha de su pater familia porteño, La Nación. Massot perteneció desde su juventud a la estructura de conducción del diario, combinando esas tareas en aquellos setenta con las de secretario de redacción de la revista Cabildo, el órgano ideológico del nacionalismo católico tradicionalista. La Nueva Provincia cobijó y cobija al pensamiento del bloque dominante, desde el tradicionalismo hasta el liberalismo conservador más rancio, aunados ambos en su esencial rechazo al protagonismo de las mayorías y en su consideración como accidental del régimen republicano democrático si las urgencias del bloque dominante así lo requirieran. Es que el nacionalismo tradicionalista y el liberalismo conservador recorren junto con las estructuras eclesiales apartadas del cristianismo evangélico y a la corporación militar, unida en la expulsión de los partidarios de lo nacionalpopular de su seno y por la vinculación al poder económico y al ideológico. Ese ha sido el
Estos sectores de clase, civiles, empujaron a otros sectores militares y comprometieron y estimularon con “el animémonos y vayan” tan citado por Arturo Jauretche, a cometer el golpe del 24 de marzo y a desarrollar una política represiva, mientras ellos se dedicaban a reorganizar la economía y la sociedad de acuerdo a sus más ásperos intereses. La Nueva Provincia ha sido, y es, parte significativa del sistema mediático hegemónico operante sobre un sector significativo de la sociedad. Nacido, entre otras razones, para estimular la secesión de la región, con los años, el medio se convirtió en el monopolio periodístico en todos los formatos en la ciudad sureña, dueña del mejor puerto atlántico argentino. La Nueva Provincia ha sido y es, también, el medio con mayor influencia en la región donde se asienta la base naval de Puerto Belgrano, el mayor sitio de la Armada de la República Argentina. Allí donde tiene su sede el Comando de Operaciones Navales, el apostadero de la Flota de Mar, el Comando de la Aviación Naval y el de la Infantería de Marina. 8
papel de la La Nueva Provincia (la vieja) en el pasado dictatorial y es el de La Nueva en su cuestionamiento feroz del proyecto de cambio vigente en el país. Más allá del resultado del juicio penal contra Massot, lo que está abierto también en el plano público, en la dimensión de la política y del debate de ideas, es el proceso contra un rol mediático que el pueblo y la sociedad deben conocer, analizar y juzgar. Este diario forma parte, sin duda, de lo que Rodolfo Walsh hablando a sus colegas periodistas, en el prólogo a la edición de 1973 de El caso Satanowsky, llamara “la raza de los envenenadores de conciencias: nuestros patrones”. Está en juicio frente al público una manera de informar y una ideología que ya perturbara a los procesos populares en la Argentina en el primer gobierno del general Juan Domingo Perón que clausuró el diario por su abierta actitud conspirativa contra el orden democrático popular. Hoy, en el debate sobre lo penal, pero también sobre lo mediático se escuchan las voces de instituciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que no puede pedir perdón por “equívocos” durante la última dictadura porque los contenidos editoriales de los medios gráficos que la componen generaron y desarrollaron el sustento discursivo. Y una institución como la Asociación de Descendientes de los Expedicionarios al Desierto –nada menos– también defiende la causa del acusado y la del bloque que queda expuesto en el actual debate. Acompañados ellos por una Academia Nacional, la de Ciencias Morales y Políticas que, con previsibilidad dados los antecedentes de la mayoría de los miembros que la componen, realiza la apología de uno de sus integrantes. Esto revela otro de los campos del poder ideológico que ha sido y es baluarte del bloque dominante: las Academias Nacionales que, siendo parte del Estado, se manejan con una autonomía que preserva su constitución para los núcleos ideológicos conservadores y se constituyen en una de las tareas pendientes para un curso de transformación nacional.
El ex secretario de redacción y “corresponsal naval” del diario, Mario Hipólito Gabrielli, conversa con con el represor Emilio Massera. La Nueva Provincia, 16/11/75
El debate que el proceso penal estimula nos conduce a la reforma democrática de la comunicación, a la transformación de las Fuerzas Armadas en servidoras de las mayorías y al cambio científico y plural en instituciones del conocimiento, para que haya –más temprano que tarde– una Nueva Argentina.