Diario medios y dictadura nro 2

Año 1. Nº 2. Publicación especial de distribución gratuita de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. Agosto de 2014.

ESPECIAL PAPEL PRENSA

Medios Las detenciones de la familia Graiver tenían relación con la venta de las acciones de Papel Prensa al Estado y a los diarios Clarín, La Nación y La Razón

Un hallazgo documental páginas

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El nacimiento del poder mediático En este número especial sobre Papel Prensa, Medios y Dictadura busca retomar el debate sobre la apropiación de la fábrica de pasta celulosa

Di Tullio cuenta el Herencia de una debate en Diputados apropiación

La historia en primera persona

Durante el debate en la Cámara de Diputados estuvieron convocados todos los dueños de los diarios del país. Los representantes de Clarín y La Nación optaron por no participar a pesar de haber estado convocados.

Osvaldo Papaleo relató las detenciones ilegales y las torturas que sufrieron él y su hermana Lidia para que se desprendan de las acciones de la empresa. “Por decisión de Néstor yo fui a la audiencia pública de la Ley de Medios”.

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El vínculo entre los militares, los Mitre y la familia Noble fue posible en la dictadura pero sus consecuencias están vigentes. Fundamentalmente por la acumulación de poder político y económico que han logrado sostener. páginas

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EDITORIAL Por Florencia Saintout Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP)

y Josefina Bolis Periodista, docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP)

EQUIPO

Sólo es posible conmensurar la conducta criminal de los medios hegemónicos si tenemos en cuenta que se trataba de monopolios: los relatos sobre “el terrorismo guerrillero” y “la subversión” se construyeron, sostuvieron y sedimentaron, en gran medida, gracias a esa carencia de contrainformación y voces disonantes.

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Directora Josefina Bolis Arte y diseño Víctor Vialey Coordinación Marina Capitini Maite Blanco

Redactores Eduardo Aller Nicolás Bernardo Fabia Hujarshi Alcira Martínez

Mentiras sobre el papel Una década atrás, la historia se reactivaba por la potente decisión política de bajar los cuadros de la impunidad. Transcurrieron así diez años de inclaudicables batallas por la justicia y sustanciales victorias en el esclarecimiento de la verdad. Y aun cuando el poder económico reaccionario –en connivencia con ciertos sectores del poder judicial que preservan con esmero sus mecanismos autoritarios– posterga la profundización de nuestra democracia, las nuevas generaciones de jóvenes enarbolan con vigor la bandera de la memoria, resguardando la continuidad de la lucha.

Es momento de desmantelar la actuación de las empresas mediáticas en la dictadura de 1976-1983, de aquella pata simbólica de la represión, indisociable en la consolidación del exterminio genocida en nuestro país. Es hora de iluminar aquello que, paradójicamente por público y publicado, operó desde las sombras. Nos referimos a operaciones sistemáticas de mentiras planificadas y de ocultamiento deliberado de la verdad, a la cimentación de la plataforma de sentido común sobre la cual podían erigirse homicidios, torturas y vejaciones múltiples sin afectar la moral pública, cuando no directamente a tareas de inteligencia en coordinación con las Fuerzas Armadas.

Sólo es posible conmensurar la conducta criminal de los medios hegemónicos si tenemos en cuenta que se trataba de monopolios: los relatos sobre “el terrorismo guerrillero” y “la subversión” se construyeron, sostuvieron y sedimentaron, en gran medida, gracias a esa carencia de contrainformación y voces disonantes. Para ello, fue necesario contar con el control de las estructuras materiales, de los medios de producción. No podemos abstraer la acción discursiva del instrumental que permitió su difusión extensiva en el territorio y sostenida en el tiempo. Un consenso hacia lo aberrante sólo pudo ser logrado con la coerción de un arsenal productivo, a través del poder de manipulación del insumo básico de los medios gráficos: el papel.

En ese sentido, el delito económico consumado con la apropiación de Papel Prensa S.A., perpetrado por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, no se reduce a ese acto aislado. Se trata, más bien, de la maniobra que les permitió hacerse de las armas que viabilizarían su conducta criminal a través de las décadas, sobreviviendo al retorno de la democracia. Determinar cuáles fueron los mecanismos extorsivos y siniestros que desplegaron para conducir esta empresa, es sin lugar a dudas, una batalla fundamental en la búsqueda de la memoria, la verdad y

Colaboradores Eduardo Blaustein Juliana Di Tullio Andrea Holgado Stella Segado José Sbatella Alberto Nadra Daniel Cecchini

la justicia. No obstante, analizar el papel que –valga la redundancia– significó la confiscación del papel en la posterior desigualdad de las estructuras mediáticas a nivel nacional, significa situar el acto en una cadena delictiva más amplia que tiene consecuencias hasta nuestros días. Una criminalidad que no sólo aqueja a los medios de comunicación, sino que daña al conjunto del pueblo argentino, atropellando su derecho de hacer uso y usufructo de un bien de interés colectivo y social como es el papel, por su rol indiscutible en la difusión de ideas y asuntos públicos.

Las campañas de desinformación, el encubrimiento de los criminales y la deshumanización de un sector del pueblo argentino, anteceden y exceden el período de la dictadura militar. Por ello, consideramos que esta violencia simbólica ejercida no debe quedar impune. Por comprensión histórica, asumiendo el rol de las universidades públicas al servicio del pueblo en la lucha por la justicia, sostenemos que a las comunidades académicas como la nuestra les corresponde profundizar esfuerzos en la investigación y producción sobre la relación de los medios hegemónicos con la dictadura. Como aquel pasado se reactualiza en el presente influyendo en los marcos de interpretación y acción de nuestras sociedades, resulta imperioso seguir reconstruyendo la verdad, esa verdad en singular tan despreciada hacia finales del siglo XX, que el gran relato neoliberal sigue acechando. Pero también recolectando y sistematizando las pruebas para desnudar las mentiras, que con la fuerza de la reiteración y de la univocidad han sido naturalizadas e imbricadas en las representaciones y en los imaginarios de nuestros pueblos. Sin olvidar que la mentira se ha instalado gracias al empuje de las grandes cantidades de capital material que estas empresas monopólicas se han asegurado con el dominio de la producción, de la distribución y de la comercialización de los soportes corpóreos.

Medios y dictadura es parte de ese desafío de repensar quiénes son los autores del gran crimen que desoló nuestro país, que persiguió y desapareció una generación de compatriotas, que instaló la miseria planificada y la desigualdad estructural del sistema de medios nacional, y que también, consolidó el ocultamiento y la mentira como práctica cotidiana de la prensa canalla. Sin ese arsenal cultural y material la perpetración del horror no habría sido posible y, por ello, es necesario denunciar a los medios hegemónicos como partícipes activos y necesarios de los crímenes de la represión ilegal.

Historias del ocaso “transitorio” Una breve reseña mediática de cómo los grandes diarios argentinos preprararon a la opinión pública para esconder la apropiación ilegítima de Papel Prensa. Una verdadera transimión en cadena Me interesa detenerme en la faz mediática del caso Papel Prensa ya que presumo que otros escribirán en este espacio sobre otros aspectos que en los últimos años fueron investigados y discutidos. Se sabe mucho de los aspectos represivos, de los aprietes y torturas a miembros y allegados al entonces llamado Grupo Graiver, de los interrogatorios de los represores y sus “interconsultas” con los directivos de los diarios, incluyendo los de Clarín. Tengo mis dudas si eso amerita la calificación de “crimen de lesa humanidad” para Héctor Magnetto o los Mitre.

Pero es una obviedad espantosa la complicidad entre los diarios y la dictadura en el caso Papel Prensa. No está mal el título elegido en el libro sobre ese asunto publicado por Daniel Cecchini: Silencio por sangre. Pero si es por los ríos de tinta que corrieron desde abril de 1977 no viene mal citar una sentencia vieja de Rodolfo Terragno, quien pintó con acierto qué sucedió con los diarios argentinos tras el Golpe: “entraron en cadena”.

Entraron en cadena también para “informar” sobre el asunto del Grupo Graiver, todos titulando de un modo similar, excepto La Opinión (a los pocos días se produjo el secuestro de Jacobo Timerman) y el Herald, que apoyó explícitamente la política económica de Martínez de Hoz pero intentó valientemente denunciar las violaciones a los derechos humanos, incluso las sufridas por un personaje poco simpático de aquellos años: Timerman.

“Clan Graiver”, en sintonía con el discurso militar-represivo, fue una de las fórmulas empleadas para sembrar sospechas sobre la familia y justificar la cadena de secuestros. La Nueva Provincia, por supuesto, fue el diario más salvaje, hablando de izquierdismo y de sionismo.

Un recorrido mediático El 11 de febrero de 1977, muy poco tiempo antes de que se produjera la vasta operación represiva y mediática que terminó con la apropiación de la empresa Papel Prensa por parte de tres grandes diarios nacionales en asociación con el Estado terrorista, La Nación publicó la editorial “Los derechos humanos en el mundo de hoy”, que se remataba con este párrafo: “Es notorio para cualquier visitante carente de perjuicios y dispuesto a reconocer honradamente la verdad, que la situación en la Argentina –si bien significa un ocaso transitorio y necesario de procedimientos normales para el funcionamiento constitucional pleno– en modo alguno muestra rasgos autocráticos en su inevitable tarea represiva ni persecuciones inútiles (...). La mayor parte de las libertades, derechos y garantías tradicionales de las democracias siguen rigiendo con pleno imperio hasta límites que incluso podrían asombrar”.

El 24 de marzo siguiente, primer aniversario del golpe de Estado, la Asociación de Bancos Argentinos publicaba una solicitada de apoyo a los “logros alcanzados” por la dictadura. Lo mismo hacía un día después, mediante un comunicado, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, fundada virtualmente para aportar masa crítica al golpe hacia 1975.

Un posible arranque informativo del caso Papel Prensa puede datarse en la portada del 2 de abril de 1977 de La Opinión, dedicada casi enteramente a este título: “Ha conmovido a los medios periodísticos y políticos del país la desaparición del señor Edgardo Sajón”, ex secretario de Prensa del presidente de facto Alejandro Lanusse y entonces directivo de los talleres de ese diario. Clarín eligió un perfil bastante más prudente para dar esa noticia,

un suelto en la página 6 con este título: “Desapareció el ex titular de Prensa Edgardo Sajón”. Y al día siguiente, excusándose en un cable de la agencia Télam, otro suelto informando la desaparición del periodista Héctor Ferreirós, un ex cura del Tercer Mundo cuyo cadáver apareció en un baldío de Quilmes.

La mixtura perversa entre terror y frivolidad es todo un dato de la época, habitual en las publicaciones de las editoriales Atlántida y Perfil. El 3 de abril la revista dominical Clarín publicaba este diálogo ameno con Susana Giménez: –¿Te pusiste un tope para tu carrera? –Sí, hace mucho me prometí a mí misma a los 37 o 38 años.

Anticipamos antes que el operativo Papel Prensa tuvo una doble faz represiva y mediática, amén obviamente de la política económica y empresarial. El titular más impactante que de alguna manera inauguró el asunto fue el de Clarín, el 14 de abril de 1977: “Son quince los detenidos por el ‘caso Graiver’”, bien visible, en la parte superior de la portada.

Es decir: Clarín no sólo naturalizaba la dictadura argentina, también se mostraba afligida por la legalización del PCE de Carrillo en España, comunicada en un discurso por cadena oficial por Adolfo Suárez (el que escribe estaba en el exilio en Barcelona y recuerda la transmisión de ese día en un televisor blanco y negro que sólo ofrecía la opción de dos canales del Estado).

Mientras, en soledad y sólo por unos días, La Opinión reclamaba en portada por Timerman, Sajón y Enrique Jara, subdirector del diario, el resto se limitaba a reproducir el discurso de la dictadura, con el simple trámite de reproducir la información oficial.

Editorial de La Nación del 2 de abril: “Una paz que merece ser vivida”. La Razón echando todas las culpas de lo sucedido con esos y otros secuestros a “las campañas que vienen del exterior contra la imagen del país y su gobierno” (5 de abril de 1977). Clarín del 7 de abril reproduciendo un comunicado del Comando V de la Zona I del Ejército: “Cualquier indicio que Ud observe y que

Por Eduardo Blaustein Periodista y escritor. Autor de los libros Decíamos ayer y La locura del Rey Jorge. aporte a las fuerzas conjuntas sobre la presencia de estos inadaptados sociales, posibilitará su más rápida detención y procesamiento. No titubee en denunciar...”, etc.

Llega el 20 de abril de 1977 y Clarín se limita a publicar este titular seco, limpio en portada: “Caso Graiver: Fue aplicada la justicia revolucionaria”, una vez más naturalizada, (¿constitucional diría La Nación?). El detenido el 23 de abril de 1977 es el director del Herald, Robert Cox. La Opinión lo publica en tapa; luego arruga.

Otras grandes maravillas periodísticas suceden poco después. Material documental que incorporé a mi libro Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso, y que hoy quedó algo olvidado. Como por ejemplo una separata de varias páginas publicada íntegramente y del mismo modo en los grandes diarios, elaborada por los escribidores de la dictadura, con el título “La subversión en la Argentina”.

Eso fue el 20 de abril. Y el 19 de mayo, la sí célebre pieza de oro publicada en la portada de Clarín, ocupando casi todo el ancho de página: la solicitada dirigida “a la opinión pública”, en la que se reconocía que el traspaso de Papel Prensa se hizo “con el voto afirmativo del Estado y por unanimidad”.

Por esos días desaparecía también un periodista y cronista brillantísimo: Enrique Raab. Una semana después la dictadura decidía sencillamente intervenir La Opinión, lo que significó la muerte del que había sido, hasta un tiempo antes de la dictadura, un gran diario. Momento oportuno para recordar las cartas de repudio que enviaron los directivos de los grandes diarios, incluida Ernestina Herrera de Noble, por el hecho de que Jacobo Timerman, ya liberado y deportado, recibiera el premio Moors Cabot.

Pasan las semanas del caso Graiver como fiebre de portadas en cadena. Vuelve la opresiva normalidad de la dictadura. Y el 4 de junio de 1977, Clarín aparece nuevamente amplificando con sus modos a la vez opacos, dulces, casi amablemente, la máquina de hacer resonar el terror en lo cotidiano.

Solicitada publicada en el diario La Nación, el 24 de marzo de 1977

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En diputados

El debate sobre Papel Prensa El objetivo central de ese proyecto es garantizar la libertad de imprenta de todos aquellos que necesitan contar con ese bien para poder expresarse a través de un medio escrito.

En la distribución del papel para diarios ha existido, y continúa en este momento, una inequidad absoluta, y por ello el dictamen de mayoría busca conseguir dos grandes objetivos: en primer lugar, el acceso igualitario a ese preciado bien, al continente que necesitan los diarios para poder existir, y en segundo lugar, el precio único, que es absolutamente necesario para que no exista inequidad entre los grandes diarios y los pequeños periódicos que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

El día martes se llevó a cabo el plenario de las cinco comisiones intervinientes en este tema –es decir, las comisiones de Comercio, de Peticiones, Poderes y Reglamento, de Asuntos Constitucionales, de Libertad de Expresión y de Comunicaciones e Informática–, que contó con la presencia de más de 120 diputados y diputadas de la Nación.

Al comenzar ese debate parlamentario mencioné que nos cansamos de escuchar durante tres décadas –y los diputados y diputadas que pertenecemos al área metropolitana nos acordamos muy bien– a Julio Ramos, de Ámbito Financiero, a Jorge Fontevecchia, de Editorial Perfil, y a Jorge Lanata –primero cuando comenzó con

el diario Página 12 y luego con Crítica de la Argentina–, denunciar en infinidad de oportunidades esta situación de inequidad, vulnerabilidad, opresión y disciplinamiento que tenían los diarios que no eran beneficiarios de la distribución del papel de producción nacional por parte de Papel Prensa S. A. También los diputados y diputadas de la Nación que pertenecen a las provincias del interior del país se han cansado de escuchar sobre la situación que padecen los diarios en sus zonas, y han asistido a la quiebra de muchos diarios históricos que han sido construidos a lo largo de la historia de cada provincia y pueblo de nuestra nación.

Asimismo, hemos asistido a la presentación de denuncias sobre deslealtad comercial en lo que respecta a la entrega de papel, precio del papel y por las faltas de insumo para las tiradas de los diarios.

Es por ello que en agosto del año pasado la señora presidenta de la República envió el primer mensaje por el que se declara de interés público la producción, la comercialización y la distribución de pasta celulosa para papel de diario. El objetivo central de ese proyecto era garanti-

El 24 de agosto de 2010 Cristina Fernández dio a conocer el informe sobre Papel Prensa.

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Por Diputada Juliana Di Tullio Presidenta del Bloque de Diputados del FPV.

zar la libertad de imprenta de todos aquellos que necesitan contar con ese bien para poder expresarse a través de un medio escrito.

En ese mismo mensaje, la señora presidenta de la Nación también anunció que en un plazo muy corto enviaría el marco regulatorio adjuntado a la primera iniciativa del Poder Ejecutivo.

Antes de explicar las disposiciones del proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría, me gustaría hacer un poco de historia acerca de la discusión que generó en esta Cámara de Diputados de la Nación. Al principio mencioné cinco comisiones; en verdad, en los seis años que llevo de diputada, nunca asistí a que el pleno en este recinto quitara al presidente de la Cámara la facultad de girar los asuntos a las comisiones. Cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley, quienes teníamos a cargo su estudio asistimos a una suerte de embate –quiero recordar que en aquel entonces tenía mayoría el grupo A– respecto del tratamiento de este tema. En otras palabras, se utilizó la metodología de girar el proyecto a cinco comisiones para hacer más engorrosa su consideración.

Por otra parte, cuando quise asumir el cargo de presidenta de la Comisión de Comercio, pretendieron impedírmelo en forma autoritaria y violenta, e incluso se presentó una nota –que fue rechazada por mayoría– para que directamente este tema no fuera debatido en la Cámara.

Luego, cuando aquella mayoría conocida como grupo A me permitió generosamente asumir como presidenta de la comisión, aprobamos la realización de cinco audiencias públicas. Seguimos el procedimiento correcto –es decir, notificamos debidamente a la Cámara de Diputados de la Nación– y llevamos a cabo esas cinco audiencias públicas con el objeto de escuchar a todas las voces interesadas en participar del debate.

Concurrieron más de ciento veinte expositores; entre ellos, dueños de importantes diarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias de nuestro país. También contamos con la presencia de medios de pueblos pequeños y de los municipios, de las universidades públicas nacionales, de varios constitucionalistas y de representantes de gremios que forman parte de los sectores que intervienen en la producción, comercialización y distribución de la pasta celulosa para papel de diarios.

Todas esas voces fueron escuchadas en soledad por el bloque oficialista. Ningún miembro de la oposición – salvo alguna honrosa excepción de algún diputado que estuvo presente durante cinco minutos– asistió a esos debates organizados por la Comisión de Comercio. He aclarado que estas audiencias fueron notificadas por esta Cámara, pero además la invitación la hice yo, en forma particular a todos los medios. Estaban convocados absolutamente todos los dueños de los diarios del país. Quienes no vinieron fue porque no lo quisieron hacer. Estoy hablando específicamente de Clarín y de La Nación, que además son accionistas de la única fábrica de pasta de celulosa de papel para diarios.

Paralelamente a esas audiencias, y por orden de la señora presidenta de la República, el entonces ministro de Economía y hoy vicepresidente de la República, Amado Boudou, junto con el señor diputado Feletti –en su momento viceministro de Economía– mantuvieron audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país, y el resultante de esas audiencias fue la construcción del marco normativo que forma parte del dictamen de mayoría. Si esto a los diputados de la Nación no les parece un proceso

democrático, plural y abierto, además de una construcción colectiva, entonces no sé qué decir.

Una diputada que cumplió su mandato –la ex diputada Cecilia Merchán, que pertenecía al bloque Proyecto Sur, presentó un proyecto y el bloque oficialista entendía que en su enorme mayoría –en un 90 por ciento–, expresaba el espíritu de los dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Por eso, en un dictamen de mayoría lo acompañamos.

Como parte de estas acciones y debates declaramos de interés público la producción, la comercialización y la distribución de la pasta de celulosa de papel para diarios.

Además, se crea una comisión bicameral, formada por ocho senadores y ocho diputados. Esto lo digo para tranquilidad de quienes nos acusan de tener poco control.

En su marco regulatorio se define el objeto. Hay una diferencia con el dictamen anterior, porque se incorpora la idea del impacto ambiental.

También define el ámbito de aplicación, que es para todas las personas físicas o jurídicas con domicilio en la República Argentina, que sean fabricantes o distribuidores de la pasta de celulosa para papel para diarios y quiénes son los fabricantes, distribuidores y comercializadores de papel, qué es la fabricación del papel para diario, quiénes son los compradores y quiénes son los sujetos.

En los principios generales dice: “Las actividades comprendidas en la presente Ley serán ejercidas libremente, conforme su carácter de interés público, con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la producción nacional, a la competencia, a la no discriminación, y al libre acceso, la asignación eficiente de recursos y la preservación del medio ambiente”.

Como sostuve, en el artículo 8º se incorpora el concepto del impacto ambiental, previendo que si existe tal impacto debe llegar al alcance mínimo o nulo.

Otra de las diferencias con el proyecto anterior es que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Permítanme volver a citar nuevamente las atribuciones de la autoridad de aplicación: a) incentivar la eficiencia del sector y garantizar la producción nacional en la totalidad de las etapas de la actividad partiendo de la madera como insumo básico; b) propender a una mejor operación de la industria de la pasta de celulosa de papel para diarios, garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel; c) hacer cumplir la presente Ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de competencia; d) dictar las normas a las que deberán ajustarse los sujetos de esta Ley en materia de normas y procedimientos técnicos; e) requerir a los actores del presente régimen, la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente Ley y su reglamentación. Asimismo, deberá realizar las inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos y habilitará los registros pertinentes; f) promover ante los tribunales competentes las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los fines de esta Ley y su reglamentación; h) aplicar las sanciones previstas en la presente Ley y su reglamentación; i) ejercer las acciones de fiscalización que correspondan; j) promover y controlar la producción y uso sustentable de pasta celulosa y de papel para diarios; k) establecer las normas de calidad a las que deben ajustarse la producción de pasta celulosa y de papel para diarios; l) establecer los requisitos y condiciones necesarios para la habilitación de las plantas de producción de pasta celulosa y de papel para diarios; m) establecer los requisitos y criterios de selección para la presentación de los proyectos que tengan por objeto acogerse a los beneficios establecidos por la presente Ley; n) realizar auditorías e inspecciones a las plantas habilitadas; o) realizar auditorías e inspecciones a los beneficiarios del régimen de promoción.

Di Tullio en su banca de la Cámara de Diputados

También se crea una Comisión Federal Asesora de integración civil, que constituye una gran diferencia con el dictamen de mayoría obtenido el año pasado. Estará compuesta por un representante de cada diario de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos representantes de las organizaciones representativas de usuarios y consumidores, y tres representantes de los trabajadores, correspondiendo uno a los gráficos, uno a la prensa y uno a los vendedores de diarios y revistas. Durarán cuatro años en sus funciones, teniendo que rotarse.

La Comisión Federal Asesora tiene sus funciones establecidas en este proyecto de ley, que además crea un registro que requerirá por supuesto de un tiempo determinado para ser habilitado y conformado.

No cito todos los artículos, sino algunos, destacando los más importantes. El artículo 20 es el que se refiere al precio único de contado. Los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa para papel

¿Ustedes saben lo que significa para un diario tener que comprar papel a su máximo competidor?

Quise encontrar un ejemplo de esto, pero no pude. ¿Ustedes saben lo que significa para los diarios tener que ir a comprar el papel al diario que es su mayor competidor porque fabrica el papel? Es una situación de una inequidad absoluta y este Congreso tiene que saldarla. Hay que proteger a los diarios de la Argentina.

Nuestro país es un caso único en el mundo.

No existe país en el mundo donde el dueño de la planta que produce papel sea el dueño del diario.

para diarios tendrán que publicar con conocimiento de las empresas compradoras –a través de este registro y de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta de Celulosa– el stock total disponible, la capacidad de producción máxima y la producción estimada de manera trimestral.

En cuanto al precio único de contado, hay una fórmula que lo determina y que acompaña este proyecto de ley.

El stock mínimo es una tonelada de este producto y es para los que compran al contado. Los fabricantes podrán tener un precio diferenciado para quienes tengan plazos de pago.

Existe un régimen de venta y un régimen de inversiones. En este sentido, los fabricantes van a tener que establecer una proyección cada tres años y además podrán ser beneficiarios –a los efectos de esta financiación, de las inversiones previstas y exigidas en este proyecto de ley– para poder abastecer al mercado interno. Podrán acceder y contar con los beneficios promocionales que podrá ofrecer el Estado nacional en algún momento. Así que si no tienen dinero para invertir, saben que pueden acudir al gobierno, aunque no creo que les falte.

Por un lado se crea un fondo fiduciario, y por el otro, en las Cláusulas Transitorias se prevé que a la única planta que hoy existe que produce pasta de celulosa para papel para diario, que es Papel Prensa S. A., se le va a exigir que opere como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna siempre y cuando ésta no supere la capacidad mínima de la empresa. Las Cláusulas Transitorias, que son dos artículos, tienen corto plazo, porque rigen hasta que se alcance el objetivo.

Esta empresa va a tener que hacer un plan de inversión a tres años tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna.

Para poder lograr el acceso igualitario al papel este proyecto de ley prevé una fórmula, que es la diferencia entre la demanda interna –a través del registro de los compradores de papel para diarios– y la capacidad de producción que tiene hoy la única fábrica de papel para diarios que existe, lo que da como resultante una fórmula que es la necesidad de la importación.

A partir de una resolución de la Secretaría de Comercio de este gobierno la importación del papel tiene arancel cero. Nosotros hemos venido contribuyendo con políticas de Estado para que esta situación mejore cada vez más. No hemos podido resolver el problema central, que es el monopolio de la fabricación de papel, con lo cual también continúan las inequidades, pero la tasa cero es a partir de este gobierno, de una resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación.

Cuando los fondos necesarios para las inversiones previstas sean provistos en forma más que proporcional por el Estado nacional respecto de otros socios, los derechos políticos adicionales emergentes de dichos aportes de capital serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora, es decir, por los diarios. Esto lo dice claramente el artículo 41, que es una de las cláusulas transitorias. ¿Ustedes saben lo que significa para un diario tener que comprar papel a su máximo competidor? Quise encontrar un ejemplo de esto, pero no pude. ¿Ustedes saben lo que significa para los diarios tener que ir a comprar el papel al diario que es su mayor competidor porque fabrica el papel? Es una situación de una inequidad absoluta y este Congreso tiene que saldarla. Hay que proteger a los diarios de la Argentina.

Nuestro país es un caso único en el mundo. No existe país en el mundo donde el dueño de la planta que produce papel sea el dueño del diario.

Aquí todos hemos jurado, al ingresar a esta Cámara, por la Constitución Nacional. Me parece que hay que hacer honor a esos votos y a esos juramentos.

Los que hacemos política –y todos la hacemos– siempre sentimos la necesidad de desandar situaciones de injusticia en nuestro país, y la verdad que este es un buen momento para hacer eso.

Todos conocemos por lo menos un diario que ha sido víctima de esta situación; absolutamente todos, ya sea de nuestro pueblo, de nuestro municipio o de nuestra provincia. No creo que ningún partido político que tenga un origen democrático y popular pueda dejar de acompañar este proyecto.

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Papel Prensa, pasado y presente

Impacto, continuidades y secuelas de la apropiación Revisar cómo fue el traspaso de las acciones de la empresa es un forma de dar cuenta del interés económico y político detrás del Golpe. Y también para revisar el escenario de concentración mediática del presente

Por Andrea Holgado Periodista. Docente e investigadora de la FPyCS de La Plata avanzar la causa pero si para procesar al dirigente social Luis D´elia por supuesto delito de intimidación pública cuando el 25 de marzo de 2008, participó en una marcha contra los ruralistas que se oponían a la resolución 125.

Una normalidad fraguada

Bartolomé Mitre, Héctor Magnetto, Rafael Jorge Videla y Ernestina Herrera de Noble en la inauguración de Papel Prensa “La repetición puntual de un mismo relato, sin variación, a lo largo de los años, puede representar no el triunfo de la memoria si no su derrota. Por una parte porque toda su repetición “seca” el relato y los oídos de los que lo escuchan; por otra, porque la memoria es un acto de recreación del pasado desde la realidad del presente”.

Pilar Calveiro

El traspaso de acciones de Papel Prensa S.A. a los diarios La Nación, Clarín y La Razón durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina (1976-1983) puede ser definido como emblemático del proyecto político/ económico/represivo que la impulsó. Por un lado, condensa todos los factores que constituyeron la política estructural de la dictadura cívico militar de 1976 y, por otro, marca una bisagra en el sector de campo de la comunicación en la Argentina.

A partir del proceso político que se abre en nuestro país en el año 2003 y en el marco de los juicios que se inician a los responsables y ejecutores de los delitos de Lesa Humanidad, se comienza a discutir la responsabilidad y complicidad civil reenfocando los orígenes del Golpe Militar.

En este marco se abre un campo de posibilidad. Algo que estaba en el plano de lo indecible comienza a ser nombrado y, por lo tanto, discutido, debatido y puesto en agenda nuevamente. Una de esas cuestiones es el traspaso de las acciones de Papel Prensa S.A. Es entonces que se toma la decisión política de Estado de revisar el caso con la investigación que se inicia el 31 de marzo de 2010 mediante la resolución Nº 126 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía.

La importancia de este hecho, además de hacer justicia con las víctimas, es que echa luz en el presente sobre cómo se configuró el sector de los medios de comunicación en la Argentina. Y sobre todo porque más allá de la apertura del proceso democrático en 1983, el delito siguió

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presente y se profundizó, ya que, a la fecha, los actores involucrados, mantienen una formidable concentración de poder político-económico, y como ningún actor central de ese proceso dictatorial ha logrado mantenerlo e incrementarlo en el tiempo.

Entonces, tenemos por un lado la continuidad del delito en el tiempo y su consiguiente acumulación de mayor poder político y económico, y por otro que el sector de la prensa, que fue actor fundamental en la apoyatura comunicacional de la dictadura, sigue siendo un factor de poder que condiciona las políticas de los gobiernos que se sucedieron hasta 2003.

Un ejemplo de esto es que la causa Papel Prensa S.A. se encuentra cajoneada en el Juzgado Federal N° 10 a cargo de Julián Ercolini, que no tiene tiene tiempo para hacer

Algo que estaba en el plano de lo indecible comienza a ser nombrado y, por lo tanto, discutido, debatido y puesto en agenda nuevamente.

Una de esas cuestiones es el traspaso de las acciones de Papel Prensa S.A.

En el marco de las investigaciones sobre desapoderamiento de empresas durante la dictadura civico-militar, el equipo de investigación de DDHH de la Comisión Nacional de Valores elaboró el concepto de “normalidad fraguada” –el concepto de “fraguado”, lo toman de los enfrentamientos fraguados que realizaban las fuerzas de seguridad en los que ejecutaban a personas que previamente habían sido secuestradas y torturadas– para explicar cómo bajo la normativa vigente, se fraguaba todo el proceso de desapoderamiento de bienes. Tomando este concepto, podemos afirmar que la Argentina de 19761983 vivió en una normalidad fraguada.

Esa normalidad fraguada se construyó fundamentalmente a través de los discursos de los medios de comunicación y en particular por los que fueron beneficiarios de la concentración de la fabricación de papel para diario, a partir del desapoderameinto de las acciones de Papel Prensa S.A. En esta dirección, Pilar Calveiro en Poder y Desaparición desarrolla otro concepto que es el de “poder concentracional”, que, en su eje central, plantea, fue desaparecedor, y se estructuró en torno a los campos de concentración.

Y agrega que, si es una ilusión sustraer por completo de la mirada de la sociedad la verdadera naturaleza de ese poder y del campo de concentración; también es una ilusión creer que ese poder desaparecedor iba a desaparecer por arte de magia una vez instaurada la democracia.

Porque precisamente fue en los campos de concentración donde sucedió el núcleo del Terrorismo de Estado Económico y donde se produjo el desapoderamiento de empresas como Papel Prensa S.A.

El discurso y la normalidad fraguada Marc Argenot en El Discurso Social (2010) plantea que hay un conjunto de esquemas persuasivos que han sido aceptados en alguna parte y en algún momento dado en una determinada comunidad como convincentes, mientras que al mismo tiempo otros han sido desechados. Una idea siempre es histórica –dice– no se puede tener cualquier idea, creencia u opinión, mantener cualquier “programa de verdad” en cualquier época en cualquier cultura.

En todas las épocas hay una hegemonía de lo pensable, burbuja invisible, dice Argenot, dentro de la cual los espíritus curiosos y originales están encerrados al igual que los conformistas, situación en la que ninguno dispone de una estimación del potencial futuro y de las mutaciones de los tópicos y de los paradigmas disponibles.

En la medida en que los discursos son hechos históricos se los ve nacer, alterarse y descomponerse, devaluarse, y con ellos las grandes convicciones y entusiasmos que suscitaban. Es decir, ver “lo real” a través del momento histórico que se vive.

Entonces, más allá de la diversidad de los lenguajes, de las prácticas significantes, de los estilos y opiniones, se puede identificar una “dominancia interdiscursiva”. Esto no implica negar que esté inserta en un juego en el que existen múltiples estrategias que la cuestionan y se oponen a ella alternado sus elementos. Pero no debe caerse en la confusión de pensar que hegemonía es el discurso social que se manifiesta con más fuerza. Es más bien un conjunto de mecanismos unificadores y reguladores que asegura un grado de homogeneización de retóricas, tópicos. Son mecanismos que imponen aceptabilidad sobre lo que se dice y se escribe y estratifican grados y formas de legitimidad.

A través de lo hegemónico en el discurso, se establecen no solo temas sino estrategias cognitivas, es decir de qué modo se abordan esos temas. Esto no implica negar las resistencias y los “otros” discursos que circularon durante la dictadura cívico militar 1976-1983, sino que hay que enmarcarlos en ese contexto ya que son parte de ese entramado. Finalmente, Argenot plantea que aunque las razones persuasivas del pasado ya no nos parezcan racionales no permite descartarlas, puesto que no es razonable pensar que el presente sea el juez inapelable del pasado.

El control de la circulación El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni plantea en La Palabra de los Muertos (2011) que los masacradores emiten señales más o menos claras, que por lo general se ignoran, incluso por las propias víctimas. Y agrega que hay un discurso organizado que precede a la masacre. Cuando las técnicas de neutralización dejan de ser difusas para organizarse discursivamente, difundirse y reiterarse en el público y, en particular cuando devienen en discurso del poder, el riesgo se hace inminente.

En estos climas, es central el lugar de los medios de comunicación masiva, por su rol en la producción de la subjetividad social.

La construcción de “realidad paranoide”, dice Zaffaroni, es la necesaria etapa preparatoria. La masacre no puede llevarse a cabo si quien la impulsa no cuenta con el apoyo o por lo menos la indiferencia de la población. Para esto es indispensable la creación previa de una realidad mediática que instala el miedo y el consiguiente mundo paranoide.

Zaffaroni, detalla los momentos en los que se va construyendo el discurso social en torno a la amenaza y la necesidad de actuar: - Negación de la propia responsabilidad. El chivo expiatorio es construido como de extrema peligrosidad y anula la responsabilidad del masacrador: era necesario, la Patria estaba en peligro, etc.

- El pánico moral es ilusorio. Es decir deforma la realidad. No es ficticio, sino que se asienta sobre hechos deformados que construyen el discurso de la necesidad de eliminarlo. Ese fue el discurso de Clarin y La Nación en los prolegómenos al golpe de 1976.

- El masacrador se presenta como víctima de las circunstancias. Esto es la tesis de la provocación suficiente, que sirve de legitimación discursiva al masacrador. Así se presenta como alguien que nunca quiso cometer el crimen, asumiendo ese rol de salvador histórico.

- Negación del daño. Esto es parte de la creación de clima favorable. Ningún masacrador si dice lo que va a hacer va a encontrar apoyo a priori. La técnica es mostrar (deformar) las atrocidades que comete el chivo expiatorio para justificar su accionar. De este modo solo se construye al otro peligroso.

- La escencialización de la víctima. La víctima deja de ser persona porque pasa a formar parte de un ellos, a través del fenómeno de la sustancialización: se instala una categoría de pensamiento, la percepción del otro diferente como parte de un todo maligno.

Todos estos elementos estuvieron en la construcción discursiva de los medios gráficos involucrados en el desapoderamiento de las acciones de Papel Prensa S.A. previa y posterior al golpe cívico militar 1976-1983.

De este modo, los medios de comunicación y su construcción social de la información circulante, cumplen una función central en tanto ordenadores de la cotidianidad.

La masacre no puede llevarse a cabo si quien la impulsa no cuenta con el apoyo o por lo menos la indiferencia de la población. Para esto es indispensable la creación previa de una realidad mediática que instala el miedo y el consiguiente mundo paranoide.

Son mapas o agendas para poder ordenarla y recorrerla.

La necesidad de control absoluto de los medios y de los relatos periodísticos durante la dictadura cívico-militar, en tanto constructores del imaginario con que una sociedad da sentido y ordena su cotidiano, era estratégico para la implementación del terrorismo de Estado.

Impacto, continuidades y secuelas Papel Prensa S.A., desde el comienzo, fue una construcción de poder necesitada de operaciones políticas y financieras por fuera del marco legal. Y queda claro que no terminó aún. Si bien la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en diciembre de 2011 el proyecto de ley que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel para diarios, esto no encuentra su correlato en la práctica, ya que el Estado sigue siendo socio minoritario de la empresa de papel para diarios que hegemoniza la producción y que sigue bajo control de los mismos empresarios que fueron partícipes del proceso de desapoderamiento de los bienes del Grupo Graiver.

La matriz económica que instaura la dictadura se mantuvo con matices. Una de las manifestaciones de ese poder que se comenzó a conformar en 1976 es el conglomerado de medios que constituyó el Grupo Clarín, cuya base de acumulación se encuentra en la apropiación de las acciones de Papel Prensa S.A. y que se fue incrementando y consolidando con un enorme poder de veto ante las políticas de los gobiernos de turno. Así, se fue con-

formando una verdadera estructura de poder político, comunicacional y económica con una enorme capacidad de presión, impugnación y decisión sobre las políticas públicas que se fueron implementando, o intentando implementar, desde el retorno a la democracia, incluso hasta nuestros días.

Esto claramente manifestado por ejemplo en el poder que tuvo el Grupo de Medios Clarín para frenar, en alianza con sectores de la estructura judicial, vía cautelares, durante 4 años, la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por el Congreso de la Nación. Poder de veto extensivo en otras áreas de las políticas de Estado, fundamentalmente las referidas a las políticas económicas que buscan modificar el patrón de acumulación.

Según consta en el informe presentado en agosto de 2010 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Papel Prensa S.A. resulta ser el único productor de papel para diarios del país cubriendo con su producción el 75% aproximadamente del consumo nacional. La resolución de la Secretaria de Comercio Interior 1/2010 del Gobierno Nacional, que determinó un trato igualitario para todos los compradores de Papel Prensa, concluye que la discrecionalidad en la fijación del precio opera como un mecanismo de exclusión de los pequeños productores gráficos y afecta nuevos emprendimientos, y que la existencia de fuertes economías de escala en la fabricación de papel para periódicos facilita la conformación de posiciones dominantes a través de la concentración de la oferta.

Según la información con que cuenta la asociación de Diarios y Periódicos de la República Argentina (Dypra), el precio del papel representa entre un 50 y un 70% de la estructura de costos de un medio gráfico, por lo que la producción concentrada del papel genera indirectamente un control sobre la industria gráfica.

Hasta el momento de la resolución 1/2010 los diarios menores pagaban 2.366 pesos la tonelada, contra los 2.060 que pagaban Clarín y La Nación y sus diarios satélites y esa diferencia se incrementaba porque muchos de los pequeños diarios debían recurrir a revendedores y abonar hasta casi el doble por tonelada porque no formaban parte de la cuota que arbitrariamente les asignaba la empresa. Esa cuota estaba determinada por el consumo, que excluía a los pequeños medios y favorecía a los dos grandes socios (Clarín y La Nación), que por volumen obtenían mejores condiciones y precios que el resto.

Entonces, el desapoderamiento de las acciones de Papel Prensa S.A. marcó un antes y un después en el sector de la prensa en nuestro país, con la proyección del delito en el tiempo. En la medida en que no se llegue a una efectiva condena, difícilmente se pueda avanzar en una real democratización de la palabra y del ejercicio del periodismo en nuestro país.

En la inauguración hubo corte de cinta y brindis

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Entrevista a Agustín Rossi, Ministro de Defensa de la Nación

actas

“ El descubrimiento de las es uno de los hallazgos documentales más importantes desde la recuperación de la democracia ” Luego de estudiar las actas de las juntas militares que fueron encontradas en un subsuelo del Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, el funcionario alega que indudablemente “las detenciones de la familia Graiver tenían relación con la venta de las acciones de Papel Prensa al Estado y a los diarios Clarín, La Nación y La Razón”. Sobre el futuro político, señaló que “siempre se puede volver para atrás”.

El ministro Rossi muestra una de las actas encontradas en el edificio de la Fuerza Aérea.

En los amplios pasillos del onceavo piso del Edificio Libertador, un grupo repasa los puntos principales de la reunión que acaba de finalizar. Llevan uniformes blancos con botones y terminaciones doradas, gorras con visera en charol negro e hileras de insignias que cuelgan del pecho. El cielorraso de la sala de espera alcanza los cuatro metros. Las paredes color ocre amparan un semicírculo de sillones de terciopelo verde y raso floreado, frente a un falso hogar. Una serie de clavos en las paredes apuntan a figuras del pasado, retiradas a la espera de honores más meritorios para la historia nacional.

Un solo óleo de dos metros descansa en la pared tras los sillones. Una jungla envuelve la mirada segura y desafiante de una mujer sobre un caballo. Es Juana Azurduy, líder guerrillera de las luchas por la emancipación latinoamericana. Aquella que, con voz grave, Mercedes Sosa representara al canto de “Me enamora la patria en agraz/ Desvelada recorro su faz/ El español, no pasará/ Con mujeres tendrá que pelear”. En una cómoda bajo el cuadro se exhibe un ejemplar del Libro Blanco de la Defensa y el registro fotográfico de la Aviación Militar Argentina titulado “El vuelo del Cóndor”.

El Ministro Agustín Rossi, viste de pantalón, zapatos negros y pulóver azul. Detrás del escritorio se ven

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los seis tomos de las Actas de la Dictadura, de tapa azul y negra. La edición contiene los temarios y las resoluciones de las 280 reuniones mantenidas por los genocidas, del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. El Ministro no vacila al recoger el primer tomo, que sistematiza las 35 actas inaugurales de la junta militar. Las hojea rápidamente hasta llegar a septiembre de 1976, donde comienzan las menciones en torno a Papel Prensa. Para los jefes del exterminio y la miseria planificada, las negociaciones sobre la papelera implicaron un arduo trabajo, tal como lo constatan las otras doce actas en las que pretender dar con su resolución o, mejor dicho, concretar el delito económico y la detención ilegal de sus propietarios originales.

Mientras desde las tribunas conversadoras se propone el olvido de la historia, el presente va en otra dirección. Casi como una burla del destino para esos sectores ocultistas, un militar encontró, en un edificio militar todas las actas de las juntas militares, intactas, listas para ser leídas en voz alta y en democracia. Tal fue la magnitud de la noticia, que Rossi no dudó en nombrarlo como uno de los hallazgos documentales más importantes desde la recuperación de la democracia en materia de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia.

Por Eduardo Aller

Periodista. Docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP).

Allí queda expuesta claramente la complicidad entre civiles y militares para torcer el rumbo político y económico a favor de los grupos de poder más concentrados, para reconquistar los privelegios que el movimiento peronista les había negado por tres décadas.

Rossi puntualiza sobre el caso Papel Prensa, donde las detenciones de los integrantes de la familia Graiver están relacionadas de manera estrecha con la venta de las acciones de la empresa al Estado Nacional, y a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Los secuestros y el traspaso accionariono no eran dos hechos independientes ni mucho menos para los militares.

Pero el funcionario también remarca que puede leerse en las actas el lobby de los bancos para la reforma financiera, y de los grupos mediáticos para la sanción de la Ley de Radiodifusión.

No es menos significativo que el descubrimiento haya sido informado por un jefe de la Fuerza Aérea a pesar de que no tenía obligación. Este hecho da cuenta de que ahora en Argentina las Fuerzas Armadas tienen una mirada más puesta en el futuro que anclaje en el pasado.

Para que el contenido de los biblioratos no quedara en el ministerio se puso íntegramente a disposición de la Justicia, y se entregó reeditado a gobernadores, intendentes, legisladores y universidades. Además ya están listos para cualquiera que desee consultarlos.

Ministro, ¿cómo evalúa a la fecha el descubrimiento de las actas?

A medida que pasan los días desde aquel 31 de octubre, estoy seguro de que fue uno de los hallazgos más importantes desde la recuperación de la democracia. ¿Por qué?

Porque son 11.740 volúmenes, en biblioratos, perfectamente guardados, que contienen, nada más ni nada menos, que las 280 actas de las 280 reuniones que celebraron las distintas juntas militares entre el 1976 y 1983. Para que se tome una idea, te puedo decir que cada una tiene las firmas originales, con estilográfica azul, de quienes eran los comandantes en jefe en cada momento. Tanto es así que el acta Nº1 tiene la firma de Videla, Massera y Agosti. ¿Se sabe cómo era la metodología de elaboración de las actas?

Las reuniones se realizaban en los distintos edificios que tienen las Fuerzas, en el Edificio Libertador, en el edificio de la Armada o en el Edificio Cóndor. El secretario de la sede elegida levantaba el acta, y se revisaba en la próxima reunión, como funciona cualquier asociación civil. Por eso las actas recogen casi todos

los momentos de los siete años de dictadura, hasta el 24 de noviembre de 1983, que es la última acta. Eso fue una semana antes de la asunción del primer presidente democrático, donde, entre otras medidas, se disuelve la propia Junta. ¿Aparece mencionado el caso Papel Prensa?

En los primeros años, entre el 76 y el 77, hay una referencia intensa, al caso de Papel Prensa.

La mayoría de las veces, cuando se habla de Papel Prensa, también hacen mención a las detenciones de los Graiver, encabezados por la de Lidia Papaleo.

De la lectura de eso, resulta indiscutible que, para la dictadura, las detenciones eran para quedarse con la empresa. ¿Qué conclusiones se pueden sacar?

Las actas están en poder del fiscal Julián Ercolini desde noviembre, así que después él dirá que interés probatorio tiene para la Justicia. Ahora, desde lo político, no hay duda que esto es significativo. Lo que puedo decir es que, según esta documentación, para la dictadura, las detenciones tenían que ver con la venta de las acciones, no eran dos hechos independientes ni mucho menos. ¿Qué es lo que aparece sobre la inclusión de Clarín en Papel Prensa?

Se prescribe con claridad el detalle de las ventas de las acciones y que La Razón, Clarín y La Nación aceptan del Estado Nacional su participación con el 51%.

Después, también está la orden de que el 49% restante debía ser para los diarios del interior. Pero como eso iba a ser difícil de manejar, la porción quedó en manos del PEN. Por eso, en esa época, todavía encontraban críticas en La Capital de Rosario, en La Voz del Interior de Córdoba, o en Los Andes de Mendoza, al pase de las acciones a tres diarios, con todo lo que eso iba a significar en materia de competencia. ¿Aparecen nombrados Magnetto o Mitre?

No aparecen sus nombres pero en el acta 14 aparecen las sociedades anónimas que los acobijaban. ¿Cómo se entera de la existencia de las actas?

Yo creo que otro de los hechos significativos que rodea a todo esto es que haya sido un jefe de la Fuerza Aérea el que nos haya informado de este hallazgo documental. Es para resaltar. Para ser honestos con la verdad, no es que nosotros estábamos detrás de una investigación, de un llamado anónimo, o alguna sospecha; o sea que no tenía que mentir, con sólo no informarme yo no me enteraba de esa información. A mi criterio, nos tiene que hacer pensar que son fuerzas armadas que tienen una mirada más puesta en el futuro que un anclaje en el pasado. ¿Qué otros datos del cambio de rumbo económico se pueden ver?

En esos 11 mil volúmenes documentales, hay mucho material que encontramos de la comisión de asesoramiento legislativo. Ahí sí hay antecedentes de lo que fue el decreto ley de 1980 de radiodifusión, también está la ley de reforma financiera, la de modificación de los depósitos bancarios; y de cada una de estas leyes hay aportes de la sociedad civil, lo que muestra el carácter cívico de la dictadura.

“El acceso al papel ahora es más fácil que en otros momentos” En diciembre de 2011, el Congreso sancionaba de interés público la producción de pasta de celulosa y papel de diario, así como su distribución y comercialización, a propuesta del Poder Ejecutivo. Rossi, que participó de la aprobación en la Cámara Baja, entiende que ahora, con esa herramienta, “está claro que el acceso al papel es más fácil que en otros momentos”.

“Con esa Ley, vinimos a romper con el modus operandi de Papel Prensa que consistía en estafar al Estado, vendiendo el papel más barato a su dueños (Clarín y La Nación), como el Estado era socio, era el que asumía la pérdida”, recuerda.

“El otro mecanismo para ejercer una posición dominante era vender a precios carísimos a sus competidores, y al mismo tiempo no aumentaban la inversión para no producir más, para tener la posibilidad de decir no tenemos más”, agrega. Además del control comercial, Rossi puntualiza en manejo ideológico: “Te vendían el papel si ajustabas a lo que decían ellos”.

En tanto, con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, otra de las votaciones trascedentes que le tocó conducir, considera que sirvió para ponerle fin al “supra poder que era el Grupo Clarín, que condicionaba la vida de todos los argentinos”.

Rossi asegura que de la plena aplicación de la LSCA dependerá “la calidad de la democracia que viene”; pero que también sirvió para que el gran diario argentino “no tenga la verdad absoluta”.

Todo está en archivosabiertos.com El 31 de octubre de 2013, mientras se realizaban tareas de mantenimiento en el subsuelo del Edificio Cóndor, fueron hallados archivos secretos pertenecientes a la última dictadura cívico-militar. Se trataba de seis carpetas originales con 2.000 documentos referidos a todas las actas de las Juntas castrenses durante los años de facto.

Además de información sensible, allí estaban las listas negras confeccionadas por los servicios de inteligencia, con cientos y cientos de nombres de militantes, dirigentes, sindicalistas, estudiantes, artistas, etc.

“La idea era que la documentación no quedara en el ministerio. Queríamos hacer un aporte a la construcción de la verdad, de la memoria y de la justicia. Así que ordenamos el material, lo clasificamos, y ya está depositado en la sede de la biblioteca de la Fuerza Aérea Argentina, para todo aquel que quiera revisarla”, explicó Rossi y recordó que también se puede acceder desde www.archivosabiertos.com.

“Siempre es posible volver para atrás por eso hay que ganar en 2015” Además de Ministro de Defensa, Rossi es uno de los protagonistas de esta última década.

En ese rol, lo primero que advierte, casi como una definición esencial, es que “siempre es posible volver para atrás” y por eso “es tan importante ganar en 2015”. En el mismo sentido, reclama no equivocarse y “pensar que los procesos políticos se estacionan”.

Pide no olvidarse de “que los gobiernos de derecha han sido capaces de todo”, y de que “no hace mucho alguien se animó a bajar los sueldos y las jubilaciones, o de mandar a los científicos a lavar los platos”.

“Hay distintas maneras de que los procesos de adquisición de derechos pueden terminar, por eso creo que se tiene que saber qué se está poniendo en juego, porque el que votó en contra de la Ley de Medios, o en contra del artículo desmonopolizador, lo más lógico es que quiera cambiarla”, resume. “Las elecciones 2015 deben ser continuidad o cambio”, define.

En un segundo plano, Rossi pide “tensionar” la discusión de cara a la campaña que ya empezó: “El debate político se tiene que tensionar; sin agredir, pero se tiene que saber qué se está poniendo en juego y qué va a hacer cada uno” si llega a la Casa Rosada. Las definiciones no son sólo un reclamo hacia afuera, si no parece ser además una demanda puertas adentro del kirchnerismo: “No nos podemos quedar en nombres y en colores”.

Rossi entiende que el principal objetivo del sucesor de Cristina Fernández de Kirchner “será crear en los próximos 10 años entre 5 y 6 millones de puestos de trabajo para mantener la tasa de desempleo en un 7 u 8 por ciento, o bajarla”. Por eso, reclamó tener “metas de producción y no de inflación”.

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Documentos que aportan a la investigación

Papel Prensa y los frutos de la apropiación ilícita

Un ministerio que dejó de estar a la defensiva

El relato de una venta con poco margen de negociación

Desde que el Estado decidió reabrir las causas por violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, en el Ministerio de Defensa de la Nación asumieron el compromiso de cooperar.

El Ministerio de Defensa ordenó la plena y urgente colaboración de las Fuerzas Armadas con las políticas de Memoria Verdad y Justicia del Gobierno Nacional. De esta manera, los archivos militares quedaron a disposición de magistrados y fiscales para la investigación del terrorismo de Estado.

Todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o si contamos una historia sobre ellas.

Hanna Arendt

Si bien el anuncio del hallazgo de las actas de dictadura militar tiene una incalculable importancia para lograr más Memoria, Verdad y Justicia, no fue un hecho aislado, sino que se relaciona con al decisión del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, de generar una integración de las Fuerzas Armadas a la sociedad desde una mirada crítica, responsable y superadora.

Particularmente, a partir de la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, el Ministerio asumió el compromiso de cooperar, y para ello se dispuso la apertura y acceso a todos los Archivos de las FFAA, y sus distintas dependencias o reparticiones vinculadas con los hechos ocurridos de 1976 a 1983.

Para eso, a través de distintas resoluciones ministeriales, se estableció que los Jefes de las tres armas asignaran carácter de “urgente y preferencial despacho” a todos los oficios judiciales y pedidos provenientes de organismos gubernamentales, y que designaran un oficial encargado de realizar el seguimiento de cada uno de los requerimientos de magistrados o fiscales.

Además, con el objetivo de mejorar los tiempos y la calidad de las respuestas elaboradas por las Fuerzas, se dispuso que la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario coordine y mantenga un contacto permanente con dichos oficiales encargados de facilitar las investigaciones.

Una vez iniciado ese camino junto a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, fue necesaria la incorpora-

ción de Equipos de Trabajo dentro de los Archivos de las tres Fuerzas. Su objetivo es relevar y analizar toda la documentación de valor histórico y/o judicial que se encuentra archivada o custodiada en dependencia de los Estados Mayores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Hasta ahora, el Ministerio de Defensa, a través de su Dirección Nacional de DDHH, ha aportado, a partir de distintos requerimientos, distintos informes a los Juzgados y a la Procuración, que dan cuenta de los distintos circuitos represivos que funcionaron en los años de la Dictadura.

Estos informes realizados por el Grupo de Trabajo de los Archivos de las Fuerzas Armadas ha podido reconstruir en el último año la estructura de ESMA, IIMM (Campo de Mayo), SOE (Sección de Operaciones Especiales), I Cuerpo y Subzona 11, Operativo Independencia (1975).

Por ejemplo, el Plan de Modernización de los Archivos de la Defensa fue producto de esa experiencia y posibilita la reconstrucción de la Historia de la Nación Argentina en tanto sus Fuerzas Armadas como una parte fundamental de ese relato, ya que tiene en cuenta la necesidad de conservación tanto de aquella documentación de valor judicial como de carácter histórico y tiene como objetivo fundamental el acceso y el derecho a la información, por lo que se trabaja fuertemente para que los Servicios Históricos puedas contar con un espacio para la consulta del público en gral. Adaptado a los requerimientos internacionales en la materia.

Se puede decir que la documentación hallada da cuenta, principalmente, de la participación activa del poder económico con la dictadura, permitiendo analizar casos concretos de expropiaciones de empresas, apropiaciones irregulares de acciones, y otros mecanismos económicos que favorecieron a algunos sectores, empresas y empresarios, a través de sus corrientes contactos con la Junta Militar.

Tal es el caso de la Comisión Nacional de Valores, que viene analizando hace varios años la complicidad del poder económico con la dictadura, la cual pudo profundizar

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregó a la titular de Madres de Plaza de Mayo una réplica de las actas

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Por Stella Segado Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

“Todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o si contamos una historia sobre ellas”.

Hanna Arendt

su análisis con la lectura de los documentos, desde una mirada especializada. El material también permite el entrecruzamiento de los documentos que se encontraron con otros archivos, tanto estatales como privados, para lograr un entendimiento del esquema de funcionamiento del poder económico durante la dictadura.

Los archivos de las FFAA como espacios de Memoria Tanto en nuestro país, como en la región y a consecuencia tal vez, de nuestra historia traumática reciente, vivimos un “boom” o cierta obsesión por lo archivos, y por la generación de éstos a partir de la toma de testimonios, datos, reconstrucción histórica o el hallazgos de documentación en dependencia de las FFAA o de Seguridad.

Esto ha llevado ha que esa información sea custodiada, inventariada y clasificada desarrollando nuevas tecnologías, técnicas, espacios físicos y virtuales, para así convertirse en un nuevo objeto para ser pensado.

Por eso, considero legítimo y necesario el desarrollo de los Archivos Históricos de las FFAA como espacios para valorizar la Memoria, su implicancia hacia dentro de las Fuerzas como espacio integrador de su propia historia, y contenedor del peso de un pasado doloroso y costoso. Y hacia fuera, estos archivos pueden cumplir con sus principales funciones: “Salvaguardar los documentos para la historia de la sociedad, para el desarrollo institucional y para el sostén documental de los derechos de los y las ciudadanas”, que con permiso de Mariana Nazar, diré de los argentinos.

Tal vez, se trata de reconocer que se trata de Política+Memoria= Historia, y que asumir la responsabilidad de los hechos y faltas del pasado es el modo de que las FFAA se reintegren para transformar el pasado en historia y el presente en Memoria responsable.

Por que como dice, Jorge Junkis, en su libro Violencia de la Memoria, “quien se inclina ante un documento del pasado, antes de disponerse a escuchar qué nos puede decir, encuentra el documento como parte del pasado” pero “el documento es una memoria que se presenta como un acto de olvido, como una marca sobre una huella, y es necesario realizar operaciones delicadas y cuidadas para establecer los lazos que mantiene con otros para convertir esa serie en puente hacia otra cosa que ella misma y construir entonces su valor referencial”.

De acuerdo a la declaraciones de los presentes en la causa judicial, en la reunión “no se trató ninguna oferta sino directamente la firma de tres convenios de transferencia” en beneficio de los diarios Por José Sbatella Titular de la Unidad de Investigación Financiera.

El 2 de noviembre de 1976, Lidia Papaleo de Graiver, Miguel Isidoro Graiver, Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Osvaldo Benjamín Reinoso, Alfredo Ángel Abuin, el contador Hugo Bogani y el abogado Miguel Joaquín de Anchorena fueron citados a la sede del diario La Nación, por Bartolomé Mitre, Héctor Magnetto y Patricio Peralta Ramos para discutir una oferta sobre la compra de acciones de la empresa Papel Prensa S. A., fábrica de papel de diarios que abastecía prácticamente a la totalidad de medios gráficos en Argentina.

Rafael Ianover y su esposa Hilda Copelman también fueron convocados, previo aviso de que si firmaban la transferencia no les ocurriría absolutamente nada, según sus declaraciones en el proceso penal que ahora investiga aquellos sucesos.

En ese momento, el Grupo Graiver poseía el paquete de acciones mayoritario de Papel Prensa S. A. El grupo fundado por David Graiver había adquirido en la empresa acciones de Clase “A”, a través de su testaferro Rafael Ianover, y acciones de Clase “C” y “E” a título personal, que luego de su muerte quedaron bajo la administración de su esposa. David Graiver murió en agosto de 1976, motivo de un extraño accidente.

De acuerdo a la declaraciones de los presentes en la causa judicial, en la reunión “no se trató ninguna oferta sino directamente la firma de tres convenios de transferencia” en beneficio de los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

Recorte del diario Clarín, del día 14 de abril de 1977

Las intimidaciones a los integrantes del grupo comenzaron a los pocos meses del golpe de Estado. Lidia Papaleo declaró haber sido abordada en distintas ocasiones por allegados al gobierno de facto, entre ellos, Pedro Martínez Segovia –primo hermano de José Martínez de Hoz–, haciéndole saber que “la junta y su ministro de economía pretendían la desaparición del grupo como tal.

El interés por la liquidación del grupo Graiver se encuentra documentado en las primeras actas institucionales de la dictadura y fue confirmado también por Emilio Massera. El militar reconoció que el objetivo no sólo era “deshacer” al grupo sino señalar públicamente las conclusiones de las investigaciones según las cuales el grupo tenía “estrechas vinculaciones y colaboración con la subversión”.

Los convenios firmados estipulaban que el traspaso se iniciaría con el abono de menos del 1% del precio de venta, mientras que el resto sería abonado a los 90 días

de la firma del acuerdo. Esta suma fue entregada casi tres meses más tarde, concretamente una semana después de que se hicieran públicos los secuestros de los integrantes del Grupo Graiver y en el mismo día en que Jorge Videla comunicaba su detención en una conferencia de prensa.

No obstante la falta acreditación del pago y de la autorización de la venta, la apropiación de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón –a través del consorcio empresario por ellos creado, FAPEL SA–, sucedió. Así también, el posterior secuestro de sus anteriores titulares y administradores.

El día 7 de marzo de 1977 secuestraron a Juan Graiver; el 14 de marzo a Lidia Papaleo, a Eva Gitnacht y a las secretarias Silvia Cristina Fanjul y Lidia Catalina Gesualdi; tres días después, a Isidoro Graiver. Rafael Ianover fue secuestrado el 12 de abril de 1977. Todos fueron sistemáticamente torturados e interrogados por sus conexiones con la organización Montoneros, el sionismo y el marxismo.

Entrevista a Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores

“Tenían apariencia de operaciones de mercado para tener impunidad” Por Eduardo Aller Periodista. Docente de la FPyCS de La Plata.

Que los Derechos Humanos sean política de Estado significa que todos los organismos y dependencias tienen que trabajar en ese marco y aportar, según cada caso, en la reconstrucción de la verdad y la memoria, y en la búsqueda incansable de justicia. Así ocurre en la Comisión Nacional de Valores. Con la llegada de Alejandro Vanoli a la presidencia, la CNV comenzó un período de apertura y de revisión de la actuación del mercado de capital durante la última dictadura. Se revisaron las actas de asambleas y directorios para investigar las expropiación fraudulentas de una gran cantidad de empresas nacionales, como, por ejemplo Papel Prensa.

“En ese marco, empezamos con la construcción de la verdad e identificamos a un trabajador desaparecido de la

CNV, que era Carlos Gustavo Cortiñas, el hijo de Nora Cortiñas”, relató el propio Vanoli a Medios y Dictadura. La CNV también entregó para el informe Papel Prensa, La Verdad “toda la información relacionada con esa porción de Papel Prensa que cotizaba en la Bolsa, y los documentos de las negociaciones que hicieron bajo presunta coerción”, agregó.

Más allá de la operación sobre Papel Prensa, Vanoli puso a trabajar a un equipo interdisciplinario con las actas de la CNV, que terminó en la elaboración de un libro/ informe, disponible en www.cnv.gob.ar.

“Nosotros aportamos la documentación sobre los veedores de la CNV en las distintas reuniones de acciones, que al mismo tiempo eran colaboradores de los torturadores en centros de detención”, explicó.

Para Vanoli, esto habla concretamente de la complicidad civil con los militares y, más que nada con el rol del equipo económico de Alfredo Martínez de Hoz, “donde muchos integrantes habían manifestado interés previo en algunas empresas que después terminaron expropiadas”.

“El informe nuestro detalla un poco la complicidad y los vínculos entre Martínez de Hoz, el presidente de ese entonces de la CNV, y funcionarios del Banco Central”, continuó.

“Todo este entramado muestra un patrón que era aplicable tanto a Papel Prensa como a otros casos menos resonantes, que era el usó de los organismos del Estado para tener una realidad fraguada”, analizó.

“Se trata de usar acciones de control, teóricamente, jurídicas y legales pero también, por otro lado, usar el terror para generar las condiciones de traspaso casi obligado”, completó. “Uso del terror, uso del poder del Estado, y beneficios para los grupos vinculados y privilegiados puede ser la síntesis de esta metodología”.

Vanoli puntualizó que todo este mecanismo servía para evitar cuestionamientos legales posteriores: “trataron de armar todo eso para que en el mediano y largo plazo pudiesen estar seguros de que las consecuencias de sus acciones no pudieran ser cuestionadas”.

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Por el derecho a la información

De la expropiación al proyecto de ley Ahora es el momento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ahora es el momento de investigar el traspaso de Papel Prensa, ahora es el momento de la declaración de interés público de la regulación, de la fabricación y de la venta del papel para diarios.

El 15 de abril de 1977 es el día que me permite reconstruir el inicio de la historia, pues cumplía 25 años. Era jefe de redacción de la agencia cubana Prensa Latina en Buenos Aires, en nuestra oficina del piso 9 del Edificio SAFICO, Corrientes casi esquina San Martín, conocido entonces como “el de la prensa”; una especie de refugio, siquiera dentro de sus paredes, frente a la represión, fundamentalmente por la gran cantidad de corresponsales extranjeros que allí tenían su sede: más de 20, entre ellos de las agencias noticiosas ANSA, AFP, EFE, diarios como O Estado de São Pablo, y otros.

Ese día, con un actual editor de Clarín y el ex director de la revista Vamos –actualmente columnista de un

programa televisivo conducido por quien entonces era redactor a sus órdenes, y hoy nos da permanentemente su palabra– comentábamos la muerte de Graiver; si lo había matado un grupo de tareas, o si se trataba de un accidente. Ya sabíamos que estaban robando todos sus bienes; entre ellos, Papel Prensa, que estaba pasando a manos de La Nación, Clarín, y La Razón, junto con el Estado representado por la Junta Militar usurpadora.

No hacía dos semanas que había sido secuestrado Edgardo Sajón, amigo y vocero del general Alejandro Agustín Lanusse, y quiero señalar el tema porque hay un aspecto que no he visto publicado en ningún medio ni en el limitado acceso que he tenido a la investigación. Lanusse

La Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica garantizan el derecho a la comunicación

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Por Alberto Nadra Periodista, escritor y docente.

Representante de la Cámara del Honorable Congreso de la Nación en SEDRONAR, Presidencia de la Nación. siempre pensó que se trató de un mensaje hacia él por parte de alguna de las armas, pero lo cierto es que el 13 de mayo de 1985, en su testimonio en el Juicio a las Juntas, pudimos saber de boca del propio Lanusse que Videla, Viola, Massera y Saint Jean le habían confirmado que ese “procedimiento por izquierda” (sic) tenía vinculación con la investigación que Camps y Etchecolatz llevaban a cabo acerca de Graiver. ¿Por qué recuerdo esta conversación –en realidad mucho más que una anécdota pues es un testimonio concreto– con quienes entonces eran mis amigos? Por dos razones.

La primera, porque me cuesta creer que sabiendo lo que sabemos, porque vivimos lo que vivimos, algunos se sorprendan con las revelaciones. Esto puede ser natural para quienes no tenían acceso a la información, pero nunca para los periodistas que trabajamos durante la dictadura; eran conversaciones de todos los días. Todos los días hablábamos de los secuestros y asesinatos, como el de Rodolfo Walsh, que había escrito su memorable “Carta Abierta a las Junta Militar” en ANCLA, y que nos pasábamos de mano en mano, de piso en piso del edificio.

Parte de estos comentarios eran otros actuales editores de Clarín y columnistas de La Nación; corresponsales como “Pajarito” García Lupo, o el “Negro” José María Pasquín Durán, ambos de Inter Press Service, luego exiliado, o Isidoro Gilbert, de TASS. También con el francés Jean Pierre Bousquet (autor de “Las locas de la Plaza de Mayo”), Horacio Finoli de France Press y Oscar Serrat, de Associated Press, luego secuestrado y liberado. Junto a ellos tres, en aquellos días, fui “condenado a muerte”.

La segunda razón por la que recuerdo aquella conversación es que resulta inexplicable ver a algunos de esos antiguos amigos defendiendo a los diarios cómplices de la dictadura. Y aún más inexplicable: levantando la bandera de la libertad de prensa contra la eventualidad de que la Justicia juzgue –simplemente juzgue y decida– si, además, fueron partícipes necesarios en delitos de lesa humanidad.

Todos tenemos necesidad de trabajar, pero la dignidad –ni que decir en democracia– nos marca una línea infranqueable, pasada la cual se la mancilla irremediablemente. Son al menos lamentables los argumentos al estilo de “¿Por qué ahora?”, o “Esto se hace porque conviene a los Kirchner en su pelea con Clarín”.

El primero es sumamente gravoso para los mismos que lo formulan, ya que estuvieron personalmente –o a través de sus partidos– al mando del Estado durante estos años, cuando todos sabíamos y no se investigó.

El segundo, no hace más que favorecer a quienes pretenden denostar, pues por la razón que fuera que lo hayan hecho, o lo estén haciendo, ¡bienvenido sea! Como bienvenido sea que se hayan retomado las banderas de la verdad y de la justicia frente al terrorismo de Estado, cuando incluso muchos militantes habíamos perdido las esperanzas. Y vamos a ser más claros: algunos no tuvieron la fuerza o las condiciones; otros fueron cómplices.

En el primer caso se ubica sin duda Raúl Alfonsín, que tuvo la grandeza de apoyar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que él mismo

impulsó acorralado por la presión militar, cuando afirmó, “yo no pude, pero ahora sí es el momento”.

Ahora es el momento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ahora es el momento de investigar el traspaso de Papel Prensa, ahora es el momento de la declaración de interés público de la regulación, de la fabricación y de la venta del papel para diarios.

En este proceso de tergiversación pude enredar hasta a los colegas más proclives a impulsar las medidas del gobierno, como los que participan en un muy conocido programa de la televisión pública, que invitó al periodista Robert Cox, y a mi juicio quedaron prisioneros del acotado juego planteado por el diario de Magnetto-Noble. Cox siempre fue un liberal, tan antifascista como anticomunista y anti “populista”, que se jugó valientemente durante la dictadura.

En el programa repitió: “Nunca vi tanta libertad de expresión en la Argentina como la que veo ahora”. Pero ese no es el peor resultado para Clarín, que, para buscar un impacto transcribe un artículo de Cox en su Buenos Aires Herald. Se titula “¿La Argentina seguirá siendo democrática?”. Sucede que la noticia no es que al periodista inglés lo asuste la posibilidad de que el gobierno pueda querer quedarse con el diario, o que eventualmente se deslice “a la izquierda” y Argentina deje de ser una democracia. La noticia es que, en el mismo artículo encontramos los siguientes párrafos: “La adquisición de la mayoría de acciones de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón (cuyas acciones fueron luego compradas por Clarín) junto con el gobierno nacional fue algo en mi opinión muy deshonesto entonces y ahora”. O más fuerte aún: “Durante más años de los que recuerdo, la sociedad de ambos diarios en asociación con el Estado fue ferozmente criticada por la mayoría de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa como totalmente sin escrúpulos, y como una competencia injusta para los otros diarios argentinos.

Recuerdo haber destacado durante una reunión de la SIP que en el caso de La Nación era como si el Vaticano decidiera abrir una clínica para abortos”. Nada menos.

Pues bien, ahora es el momento de investigar estos hechos que ni siquiera son originales. Rara vez la gran propiedad privada tuvo orígenes puros, siquiera limpios.

Pero en este país el robo, por parte del gobierno de facto, de la propiedad privada que sacralizaba en sus discursos comenzó con una dictadura cívico-militar y fue llevado a sus últimas consecuencias con la última, la más brutal de la historia.

Empezó con Onganía, en sintonía con Blaquier y Arrieta, y el monopolio azucarero de Jujuy, para eliminar la competencia en la provincia de Tucumán, como denuncia el historiador Roberto Pucci en “Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán, 1966”. Comenzó con ingenios cerrados, otros robados a sus dueños,

Para tranquilidad de algunos puedo asegurarles que no estamos a contramano del mundo. Desde Obama en Estados Unidos hasta Lula en Brasil, hay multitud de ejemplos de tensión del poder político y de los grupos económicos, que tienen a sus heraldos de prensa como mascarones de proa.

con miles de trabajadores en la calle, y la impunidad que abrió el camino a La Noche del Apagón, desatada sobre los propios trabajadores de Ledesma, durante la última dictadura. Han pasado casi 50 años. Hace 29 años la Corte Suprema de la Nación, en el fallo CAT, ordenó reparar a los despojados en la violación a la propiedad privada más increíble que tenga memoria la historia. Jamás se cumplió su sentencia, y no escuché a los medios ni a ningún dirigente reclamar –ya que tanto les preocupa el respeto a la división de poderes– que se cumpla el fallo de una Corte que el menemismo diezmó.

El “Operativo Independencia” cerró este capítulo. Y la impunidad alimentó las decenas, centenas de robos de casas, en secuestros y asesinatos; o de industrias, campos, bodegas, cuando el grado militar lo permitía. Papel Prensa es ahora el buque insignia de toda esta infamia.

Insisto que cómplices ya son; sus propias publicaciones los condenan. Dejemos que la Justicia decida si también son autores, o partícipes necesarios, de crímenes de lesa humanidad para adueñarse de la propiedad ajena, y obtener una posición dominante en el mercado de la palabra impresa, cuando –es bueno recordarlo– no existían Internet, las redes sociales ni medios alternativos. ¿Quién y por qué puede oponerse a semejante propósito?

El monopolio creció con Papel Prensa. Clarín no era el diario de mayor tirada en 1977; ese lugar lo ocupaba

Crónica. Personalmente, puedo dar testimonio, como ya lo han hecho y seguramente harán, empresarios Pyme de medios, de cómo dos periódicos que dirigí, con tiradas de 100 y 150.000 ejemplares, llegaron a gastar más del 60% del total de su costo en papel. Fue Julio Ramos, fundador de Ámbito Financiero –e insospechado de populista o estatista– el que en su libro, “Los cerrojos de la prensa”, de 1993, denunció que desde el surgimiento de Papel Prensa, ahogados por el monopolio, ya habían desaparecido 46 medios, una cuenta que hace tiempo ya nadie lleva.

Esta posición dominante se multiplicó con la legislación menemista, que los convirtió en verdaderos grupos económicos diversificados, con un puntal en la comunicación, pero con fuertes intereses en la industria, en el agro y en otros sectores productivos.

Por eso, mientras la Justicia decide el aspecto penal, este Congreso tiene una obligación inexcusable: contribuir a garantizar el Derecho a la Información mediante la declaración de interés público y la regulación de la fabricación y comercialización del papel de diarios, hoy en manos de los mismos dueños de la empresa que lo produce.

Ningún país permite la acción impune de los monopolios. El proyecto del Ejecutivo es digno: con participación del Congreso, con mecanismos de propuestas consensuadas para las futuras normas. No dudo que será perfectible, pero es la hora del debate. Pero el debate sobre el cómo; jamás sobre el qué. Bastante deberemos esforzarnos para que se cumpla a cuentagotas la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que aprobó este Congreso. Parece que no era la “Ley de Medios”, como repetían para dar la idea que se avanzaba sobre el conjunto de la libertad de prensa; de lo contrario no estaríamos contemplando aspectos que hacen a los medios gráficos. ¿No era que ya no quedaba nada por hacer, se había avasallado a la libertad de expresión y a “los” medios?

Para tranquilidad de algunos puedo asegurarles que no estamos a contramano del mundo. Desde Obama en Estados Unidos hasta Lula en Brasil, hay multitud de ejemplos de tensión del poder político y de los grupos económicos, que tienen a sus heraldos de prensa como mascarones de proa.

No se trata de “poder político” vs. “prensa”, como alguna vez pasó, o se dijo. Son intereses concretos que presionan, y aún desestabilizan, gobiernos en defensa de sus privilegios, y en los que los líderes elegidos democráticamente reclaman legislaciones firmes para garantizar el derecho a la información, como es el caso de la Argentina.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un paso. El debate que damos hoy, sin duda, es otro.

Quizás, ya que no podemos hacer renacer las voces que acallaron con la mordaza del monopolio o el disparo del verdugo, podamos hace nacer nuevas, y multiplicarlas a lo largo y a lo ancho del país.

Todos tenemos necesidad de trabajar, pero la dignidad –ni que decir en democracia– nos marca una línea infranqueable, pasada la cual se la mancilla irremediablemente.

Son al menos lamentables los argumentos al estilo de “¿Por qué ahora?”, o “Esto se hace porque conviene a los Kirchner en su pelea con Clarín”.

Actas de la última dictadura militar halladas en el ex instituto de las Fuerzas Armadas de Magdalena

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Papel Prensa en la dictadura

Relatos de una apropiación En la causa están imputados la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del Grupo, Héctor Magnetto; el ex director de La Nación, Bartolomé Mitre; el ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Juan Pío Podestá; los ex propietarios de La Razón, José, Marcos y Hugo Peralta Ramos; y el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Gregorio Bandini.

El 31 de julio de 1978 se puso en funcionamiento la planta productora de la empresa

La maniobra de apropiación de Papel Prensa formó parte de la alianza estratégica entre la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 y los representantes de los grupos económico-mediáticos más grandes del país.

Por un lado, los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social que se oponía a sus intereses. Por el otro, los dictadores, exigían no sólo una prensa silenciada mediante la censura, sino medios cómplices de sus políticas y de sus acciones. Esa misión la cumplieron Clarín, La Nación y La Razón, y, a cambio de ello, recibieron el monopolio del papel de diario, una suerte de dictadura contra la libertad de expresión.

Entre fines de 1976 y la primera mitad de 1977, el Grupo Graiver fue despojado ilegalmente de Papel Prensa S. A., en una operación que –más allá de sus motivaciones políticas y económicas– desnudó el feroz antisemitismo de los militares en el poder. Para lograr sus objetivos, los dictadores utilizaron presiones, amenazas, secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos.

Paralelamente –y en pleno conocimiento de la utilización de estos instrumentos del terrorismo de Estado–, los propietarios de los tres diarios crearon una empresa fantasma con la única finalidad de quedarse con las acciones de Papel Prensa que los herederos y socios de David Graiver fueron obligados a entregar.

Casi cuatro décadas después de aquellos hechos, la apropiación de Papel Prensa sigue esperando un fallo judicial. En la causa están imputados la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del Grupo, Héctor Magnetto; el ex director de La Nación, Bartolomé Mitre;

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el ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Juan Pío Podestá; los ex propietarios de La Razón, José, Marcos y Hugo Peralta Ramos; y el ex secretario de re-

El interés de la dictadura cívico-militar por Papel Prensa está claramente probado.

Los dictadores lo dejaron impreso incluso en varias actas de las reuniones de la Junta Militar.

Catorce de las quince actas en las que se menciona al Grupo Graiver y a Papel Prensa eran desconocidas hasta el momento del hallazgo.

Por Daniel Cecchini Director periodístico de Miradas al Sur. Autor de “Silencio por Sangre. La verdadera historia de Papel Prensa”.

dacción de Clarín, Reinaldo Gregorio Bandini. La muerte les permitió escapar de la acción de la Justicia al dictador Jorge Rafael Videla, al primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y al ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos.

El interés de la dictadura cívico-militar por Papel Prensa está claramente probado. Los dictadores lo dejaron impreso incluso en varias actas de las reuniones de la Junta Militar. Catorce de las quince actas en las que se menciona al Grupo Graiver y a Papel Prensa eran desconocidas hasta el momento del hallazgo, hace menos de dos años, apareció una serie de documentos de los dictadores que estaban guardados en el subsuelo del Edificio Cóndor. Sólo se sabía de su existencia por referencias realizadas a mediados de la década de los 80 por el genocida Eduardo Emilio Massera al entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas cuando éste investigaba los despojos de empresas perpetradas por la dictadura. En esa oportunidad Massera no aportó documentación alguna.

Hasta entonces, el juez Julián Ercolini –a cargo de la causa– sólo disponía de una copia del acta N°14, donde se encuentra asentada la autorización de la Junta Militar para la transferencia de la mayoría del paquete accionario de Papel Prensa (51%) a Clarín, a La Nación y a La Razón.

El acta tiene dos anexos de singular importancia, porque muestran el poder de negociación de los tres diarios frente a sus cómplices militares de la apropiación. El primero establece la transferencia del 51% de las acciones a los tres diarios, pero además los obliga a transferir el 49% de ese 51% a diarios del interior del país. En el segundo anexo, ésta última medida queda sin efecto por pedido expreso de los propietarios de Clarín, La Razón y La Nación. Ahora el magistrado tendrá en sus manos el original.

Las quince actas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1° de diciembre de 1977 y su lectura pone en evidencia que, para la junta, el secuestro ilegal y posterior “blanqueo” de los integrantes del Grupo Graiver está indisolublemente ligado a la apropiación de Papel Prensa. “En los documentos queda asentado con claridad que los miembros de la junta tratan los dos temas juntos, que hay una unidad temática, que no son dos cosas separadas. Esto es de una importancia probatoria imposible de soslayar”, dijo a Miradas al Sur una alta fuente del Ministerio de Defensa.

La importancia que los dictadores otorgaban al asunto se desprende también de la ubicación de la cuestión “Papel Prensa” dentro del temario: en casi todos los documentos ocupa el primer o el segundo lugar.

El acta N°20, del 14 de abril de 1977, es una de las más claras en ese sentido: en ella se precisa que “no se debe demorar el proyecto” de la papelera –en ese momento se estaba terminando de construir la planta de San Pedro– y que hay que resolver la situación de los integrantes del Grupo Graiver para evitar que cobren “las sumas por las acciones vendidas”.

Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del grupo, en ese momento, se encontraban desaparecidos en el Pozo de Banfield luego de haber sido secuestrados por los grupos de tareas al mando del entonces jefe de la Policía

de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps, en lo que los represores llamaron “Operación Amigo”.

En el acta anterior –la N°19, fechada el 6 de abril de 1977, cuando los Graiver ya habían sido secuestrados pero aún no estaban a disposición del Poder Ejecutivo– los miembros de la Junta Militar se refieren a ellos como “arrestados”. La decisión de blanquearlos sería tomada poco después, posiblemente durante la reunión asentada en el acta N°20, para así someterlos a un consejo de guerra que permitiera expropiarles el resto de las empresas. Matarlos no era negocio para los dictadores, tampoco para los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, que pretendían hacer pasar la operación de apropiación de las acciones de Papel Prensa –realizada bajo amenaza de muerte entre el 2 de noviembre de 1976 y principios de marzo de 1977– por un acuerdo comercial realizado libremente por las partes.

El acta N°23, del 3 de mayo de 1977, no deja dudas de que Papel Prensa y el “Caso Graiver” son indisolubles.

En el punto 2.1 del documento dice textualmente: “Se resuelve que el tema (Papel Prensa) sea incluido en las actuaciones que se instruyan en el Caso Graiver, sin que se detenga o afecte la marcha del proyecto, pero ejecutando una ‘intervención preventiva’, en caso necesario”. Por si fuera poco, en el punto 2.2 del mismo asunto se decide que un oficial superior de cada fuerza integre, en carácter de auxiliar del oficial preventor, el consejo de guerra encargado de investigar a los Graiver.

Las actas de la Junta donde se hace referencia a los Graiver y a Papel Prensa, están fechadas entre septiembre de 1976 y diciembre de 1977. Desde antes de septiembre hasta principios noviembre de 1976, Papaleo de Graiver y otros integrantes del grupo recibieron fuertes presiones y amenazas para que transfirieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel, el sello de goma ideado por Clarín, La Nación y La Razón para “comprar” la empresa.

La noche del 2 de noviembre de 1976, en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, Papaleo, los padres y el hermano de David Graiver y el testaferro del grupo de Papel Prensa, Rafael Ianover, firmaron la “venta” de las acciones a los tres diarios.

Los integrantes de la familia Graiver fueron separados e intimidados en diferentes oficinas. Todos ellos venían recibiendo presiones y amenazas de muerte para que vendieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel S. A. –la empresa fantasma creada por Clarín, La Nación y La Razón a esos efectos–. Isidoro Graiver –que había concurrido a acompañar a sus padres, ya que sólo poseía muy pocas acciones residuales de la empresa– quedó solo en una oficina; Juan Graiver y su mujer –a quienes les correspondería un 25% de las acciones de David luego de realizada la sucesión– fueron llevados a otra; y en la tercera, Papaleo de Graiver –con derecho al 50% de las acciones en la sucesión y responsable de las correspondientes a su hija María Sol, otro 25%–, fue apretada para que firmara un boleto de venta por 996.000 dólares, de los cuales sólo recibió 7.200. Para ese momento el Grupo Graiver llevaba invertidos más de 15 millones de dólares en Papel Prensa.

Papaleo fue entrevistada por Héctor Magnetto y asegura que la amenazó de muerte para que estampara su firma. Al salir del edificio, la viuda de Graiver tuvo un breve intercambio de palabras con el abogado de Ernestina Herrera de Noble, Bernardo Sofovich, quien le dijo que, si quería salvar su vida, se fuera inmediatamente del país. Por su parte, Ianover fue entrevistado por el director del diario La Razón, Patricio Peralta Ramos. “Firmé porque me dio su palabra de honor de que si lo hacía a mi familia y a mí no nos pasaría nada. Mintió, porque en abril me secuestraron”, testimonió de Ianover ante la Justicia.

Debido a que María Sol –la hija de David Graiver y de Lidia Papaleo– era menor de edad, fue necesaria la intervención de un juez de menores para que fuera posible concretar parte de la transferencia de las acciones.

El trámite se prolongó hasta principios de marzo de 1977, cuando finalmente llegó esa autorización judicial.

El 14 de marzo, Papaleo y otros integrantes fueron secuestrados y desaparecidos por los grupos de tareas de Camps. Poco después le llegó el turno a Ianover. Los dictadores y los propietarios de los tres diarios ya no los ne-

Las actas de la Junta donde se hace referencia a los Graiver y a Papel Prensa, están fechadas entre septiembre de 1976 y diciembre de 1977.

Desde antes de septiembre hasta principios noviembre de 1976, Papaleo de Graiver y otros integrantes del grupo recibieron fuertes presiones y amenazas para que transfirieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel, el sello de goma ideado por Clarín, La Nación y La Razón para “comprar” la empresa.

cesitaban en libertad para darle apariencia de legalidad a la apropiación.

Las actas de la junta halladas en el subsuelo del Edificio Cóndor dan cuenta del interés con que Videla, Agosti y Massera seguían el desarrollo de los acontecimientos durante ese período. A partir de marzo de 1977, concretados los secuestros de los integrantes del Grupo Graiver, la Junta Militar siguió tratando el tema de “los arrestados” en el marco de su interés por la apropiación de Papel Prensa. De eso dan cuenta las actas, que así confirman documentalmente lo que las víctimas relataron

sobre los interrogatorios sufridos bajo tortura durante su detención ilegal, en los cuales el tema Papel Prensa ocupó un lugar central.

El general Bartolomé Gallino fue el encargado de la instrucción de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los integrantes del Grupo Graiver cuando fueron finalmente “blanqueados” luego de más de un mes de detención clandestina. Las actas de la Junta Militar confirman que los comandantes seguían de cerca este proceso.

A mediados de 2011, Miradas al Sur reveló la existencia de tres minutas elevadas por el general Gallino al Secretario General de la Presidencia del dictador Videla, general Rogelio Villarreal. En esos partes, el instructor de los consejos de guerra informa de sus reuniones con los propietarios y representantes de Clarín, La Nación y La Razón. Estos encuentros tuvieron lugar entre el 9 y el 15 de abril de 1977, es decir, apenas tres días después del acta N°19, que se refiere a “los arrestados”, y contemporáneamente al acta N°20, donde los dictadores deciden resolver la situación para “evitar que el‘Grupo Graiver’ cobre las sumas por las acciones vendidas”.

La coincidencia es reveladora de la complicidad entre los dictadores y los propietarios de los medios: al mismo tiempo que la Junta trata el tema, los Graiver están secuestrados y el general Gallino –hombre de confianza de Videla– se reúne con los dueños y representantes de Clarín, La Nación y La Razón antes de interrogar a las víctimas.

Una complicidad que fue confirmada también por dos de sus principales protagonistas. En “Pecado Original” y en “Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder”, la periodista Graciela Mochkofsky no sólo confirma que Papel Prensa fue ofrecida por la dictadura a los propietarios de los tres diarios en 1976 sino que también revela la existencia de nuevas pruebas materiales sobre cómo se realizó esa operación.

Mochkofsky conserva cintas grabadas de dos entrevistas con el secretario general de la Presidencia de Videla, el general Rogelio Villarreal –en 1998 y en 2002–, y de una con el ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos, también en 2002. Los dos entrevistados le relataron a la periodista cómo la oferta de Papel Prensa les llegó a los propietarios de los tres diarios de parte de la dictadura y no de los Graiver.

Con el correr de los años, la acumulación de pruebas de la apropiación se ha vuelto abrumadora. Sin embargo, la causa que la investiga sigue durmiendo en el tribunal.

Tapa del diario Clarín del día 28 de septiembre de 1978

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El origen del poder económico de los medios

Osvaldo Papaleo: “Es una lucha ideológica” “Somos el foco del enemigo, esa es la batalla que tenemos que dar, la batalla cultural.

Siempre hubo negociaciones, pero nosotros no tenemos precio”. ¿Cómo vivieron este proceso de apropiación en aquel momento?

El diario Clarín se constituyó con la plata que le dio Frondizi a Frigerio, quien en ese entonces era asesor de Frondizi y un estrecho colaborador del diario Clarín. En aquel momento hicieron un pacto para mantenerse en el gobierno. Hasta que vino la presión militar contra Frigerio –por marxista–.

El día que me detuvieron (ya habían detenido a Lidia y a toda la familia Graiver), en abril del 77, mandé una carta documento a la revista Somos porque decía que yo le había presentado a los Montoneros a Graiver. Mandamos un telegrama al tribunal al mediodía, a la tarde llegó Frigerio a mi casa –yo tenía cierta relación política con él– y me dijo: “te vengo a avisar para decirte que esta noche te vienen a buscar, no te escapes”. No se equivocó ni en una letra. A la noche yo estaba con unos amigos, con mi familia, y me vinieron a buscar. Primero me llevaron preso y a la segunda noche me torturaron. A la mañana siguiente me quisieron hacer firmar una declaración y me mostraron el original del telegrama que yo mandé a Somos, pero me lo mostró como diciendo “no seas boludo”. En la revista Somos se publicaban las declaraciones de Lidia, ellos tenían acceso al interrogatorio que sacaban de los hospitales. Con esto quiero decir que a Papel Prensa hay que entroncarlo con la libertad de expresión. Hay quienes quieren enlazarlo con la independencia del periodismo, y es todo una mentira, ese periodismo nunca existió. El periodismo siempre tuvo una participación decisiva en la política.

Cuando hablamos de Papel Prensa, hablamos del pivote del nacimiento del poder mediático a nivel masivo en la sociedad moderna.

Papaleo contó el crecimiento del diario Clarín

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¿Y cómo continuó el proceso?

En enero del 77, en el medio de este proceso de apropiación, salió un testigo, un tal Bogani [se refiere a Hugo Bogani, contador de Papel Prensa que participó de la reunión en las oficinas del diario La Nación en las que Lidia Papaleo y la familia Graiver firmaron, bajo presión, la cesión de las acciones de Papel Prensa] y le dijo a Lidia (Papaleo) que ni busque a

Cuando hablamos de Papel Prensa, hablamos del pivote del nacimiento del poder mediático a nivel masivo en la sociedad moderna.

su hija. Luego me llamó a mí antes de una asamblea –yo estaba poco en el país, exiliado, me habían echado del país, venía medio escondido– y me dijo: “yo sé cómo la están pasando”. Lo tomé como lo que era… no como de un amigo. En Buenos Aires nadie iba a ir a impugnar una asamblea. Nosotros habíamos intervenido en el juicio de María Sol (Graiver), la familia había cobrado un subsidio, en un juicio oral fuimos de testigos con mi mamá. Lidia me firmó en la cárcel un poder, por eso participé como tutor de la menor en la Corte Interamericana.

Por Alcira Martínez y Nicolás Bernardo Periodistas y docentes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP).

Un estadounidense de la Corte Interamericana estaba convencido de que si yo iba a la asamblea iba a hacer un desastre. No llegamos ni a entrar porque antes se acercó una persona a decirnos que no podíamos participar. Desde la puerta los vi a todos: a Magnetto, a los Mitre, por eso a mí me parece injusto que algunos tipos se prendan en eso, las cosas que escribían en los editoriales de La Nación, justificaban el proceso y la desaparición de personas. El pivote de Papel Prensa es el eje del apoderamiento de todo lo que es del periodismo de opinión y desde ahí empezaron a apoderarse de los medios audiovisuales.

Si uno ve los informes que hace Clarín sobre la dictadura... como antes ponían todo a favor de Videla, ahora ponen que era un dictador, porque no tienen ningún tipo de respeto por la palabra ni por la lealtad periodística, eso no existe. Nosotros tenemos que decirlo e instalar lo que pensamos de eso. Para estos medios la libertad de expresión, es libertad de empresa. El socialista de La Vanguardia no existe más, el farmacéutico del pueblo que hacía un diario, no existe más, estas son bandas económicas, bandas que trabajan con la presión. Esto quedó todo muy bien revelado, este es el valor de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández: haber puesto este disenso en agenda y expresado de ese modo. ¿Qué fue lo que pasó para que fuera posible empezar a hablar nuevamente sobre el caso de Papel Prensa?

Por decisión de Néstor Kirchner fui a la audiencia pública de la Ley de Medios y planteé el tema de Papel Prensa. No se puede hablar de medios si no hablamos de Papel Prensa, ahí empieza la historia. Néstor Kirchner me preguntó: “¿ustedes están dispuestos a enfrentar esto?” Por supuesto le respondí que sí.

Nosotros tenemos un compromiso militante, y Lidia vive muy bien, tranquila, ella no podría vivir sin leer el diario, pero es otro compromiso… es impacto explícito. Somos el foco del enemigo, esa es la batalla que tenemos que dar, la batalla cultural.

Siempre hubo negociaciones, pero nosotros no tenemos precio, esta es una lucha ideológica. Hay amigos que el día que murió Néstor me preguntaban: “¿y ahora que se murió, ustedes van a quedar en pelotas?”. Nosotros no necesitamos nada, fuimos al velatorio, los primeros que llegamos como diciéndole a la Presidenta, “estamos acá y no nos movemos”, ni dudarlo. ¿Qué importancia adquieren las Actas de la dictadura presentadas por el Ministerio de Defensa en este contexto?

Las actas le dan veracidad a nuestro testimonio, demuestran que hacemos las cosas en serio. Muestran la importancia de Papel Prensa para la junta de comandantes, en ellas está documentada la relación y las fechas. No estamos hablando de una locura, no nos pusimos a pensar que bajó un ovni y nos robó las acciones, que no sería creíble, hablamos con la verdad. La formación política te da entrenamiento, te da otro fundamento para luchar.