EN DEBATE /12 /
PORTAFOLIO EL COMERCIO / DOMINGO 27 de enero del 2013
GONZALO PRIALÉ P Presidente de AFIN
FRENTE A FRENTE
CARLOS HUAMÁN TOMECICH, MSC CEO DN Consultores
¿ES LO MEJOR QUE SE PUDO CONSEGUIR? Pareceres con respecto a la renovación de la concesión a Telefónica Móviles.
“UN BUEN LOGRO CON IMPACTO SOCIAL”
L
a ley señala claramente que los operadores de telefonía tienen derecho a la renovación de sus contratos, pero no hace mención de un pago determinado por el espectro radioeléctrico que se les concesiona. Por eso, la renovación pactada, en el marco de la normatividad vigente, no incluye pago en efectivo y supone compromisos de inversión valorizados en S/.3.020 millones y el cumplimiento de obligaciones durante el período de concesión. Entre ellas destacan la cobertura de telefonía móvil en el 100% de los distritos del país en los próximos tres años, lo que beneficiará directamente a más de un millón y medio de peruanos; tarifas 50% más bajas para un millón de beneficiarios de programas sociales; servicio gratuito de Internet a través de once mil conexiones para colegios, postas médicas y comisarías. Los plazos de implementación dependen de cada uno de los compromisos. Por ejemplo: la implementación de la integración de Iquitos con Internet de alta velocidad se completará en doce meses; más del 70% de las 11.000 conexiones de Internet sin costo se efectuarán durante los primeros 24 meses; y otros compromisos menores serían implementados hasta en cuatro años de firmada la renovación. El nivel de penalidades por incumplimiento es enorme. En cuanto a objeciones al acuerdo, cabe aclarar que no habrá un subsidio cruzado con la tarifa social. La reducción para ofrecer las tarifas sociales lo asumirá Telefónica Móviles y constituye parte del esfuerzo que realizará dentro de los términos y condiciones exigidos por el MTC. En los compromisos para la renovación no se toca el tema de la calidad del servicio porque las exigencias de calidad se contemplan en normas legales regulatorias aplicables a todos los operadores. No corresponde que en un contrato de concesión se especifiquen términos de calidad para un solo operador, cuando estos deben regir para todos los operadores. Telefónica no está recibiendo ningún subsidio del Estado. Los tres mil millones de soles es el compromiso de la compañía para el desarrollo de cada uno de los acuerdos. Esta cifra es adicional a la inversión que hace anualmente. Por ejemplo: en el año 2012 invirtió aproximadamente S/.1.274 millones en tecnología e infraestructura que significó un crecimiento de más del 10% respecto a lo invertido en el año anterior, pese a haber estado en el proceso de la renovación. Este ha sido un proceso muy largo, la solicitud se presentó hace más de tres años y dos de los contratos tenían más de año y medio de vencidos. El MTC impuso unos términos y condiciones enfocados en generar beneficios a las personas de menores recursos y principalmente en zonas aisladas, generalmente no rentables para las operadoras.
“EL DAÑO AL PAÍS SERÍA IRREVERSIBLE” Los tres mil millones de soles es el compromiso de la compañía para el desarrollo de cada uno de los acuerdos. Esta cifra es adicional a la inversión que hace cada año.
ILUSTRACIÓN: GABRIEL ALAYZA
Sin competencia, el Internet seguirá lento, caro y escaso y eso afecta al sector y a toda iniciativa del Estado que busque utilizar Internet.
E
l Estado Peruano orienta el desarrollo del país (artículo 58 de la Constitución), y sobre ello la gestión pública toma decisiones con impacto de corto y largo plazo sobre la vida de los peruanos. En particular, el artículo 61 sostiene: “el Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”. Este concepto no fue nítido en el proceso y en el resultado final de la negociación entre el Estado Peruano y Telefónica del Perú (TdP). En ese sentido, fue sorpresivo que el ministro Paredes comentara que este acuerdo “no tiene precedentes en la región”. Para quienes observamos el mercado de telecomunicaciones a diario, no tiene precedentes en el mundo (entre países respetuosos del Estado de Derecho, por lo menos). Más allá de la “aceptación incondicional” de compromisos o de la curiosa “resignación” de TdP, el “acuerdo” consiste en que el Estado no aplica el marco normativo vigente, deja de recaudar tres mil millones de soles (lo otorga como subsidio implícito a TdP), y prolonga por veinte años las condiciones que ubican al Perú a la zaga en el desarrollo de la banda ancha en Sudamérica (los peruanos sufrimos de un Internet lento, caro y escaso). Y las razones son tres. Primero, el acuerdo exacerba la concentración en el mercado de telecomunicaciones, porque otorga a TdP el monopolio de cubrir el déficit de infraestructura en el país. La ley dispone que este déficit es financiado con subsidios de Fitel mediante concursos adjudicados en libre competencia por Pro Inversión al mejor postor, pero ya no. TdP ya “ganó” esos concursos, sin competir. Segundo, lo anterior trae abajo el modelo de la red dorsal nacional de fibra óptica (RDNFO), potente vehículo de inclusión digital diseñado por el propio gobierno, pensado para ser otorgado por Pro Inversión, en un concurso de menor subsidio, para el tendido de una gran red nacional. Si el subsidio ya fue otorgado a TdP, ¿algún operador tendrá interés en concursar a perdedor? Es irónico recordar el artículo 3 de la Ley de Promoción de la Banda Ancha (¡apenas de junio del 2012!), según el cual: “Declárense de interés nacional y necesidad pública: a) la construcción de una RDNFO […] en condiciones de competencia”. Vaya. Tercero, controlar la inversión supuesta de S/.3 mil millones a un operador es muy complejo, costoso e inefectivo, pues quien conoce el negocio es el operador, no el Estado. Sin competencia, el Internet seguirá lento, caro y escaso y eso no solo afecta al sector, sino al Plan Bicentenario de Ceplan (eje 2), al Plan Nacional de Gobierno Electrónico de Ongei (objetivo 1), a la Agenda de Competitividad del MEF (línea estratégica 5), y a toda otra iniciativa del Estado que busque utilizar Internet como palanca de desarrollo del país. Confiamos en estar a tiempo para una reflexión final sobre estos impactos por parte del Estado Peruano, y que la estrategia país se ubique por encima de la estrategia de un operador, y no al revés.