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El agua, un derecho humano
La División de Perspectivas Transversales tiene como objetivo incorporar la perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación, así como las dimensiones de género, generaciones y etnia/raza, en las políticas sociales, con énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESC) apuntando a la generación de indicadores de progreso y promoviendo la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas.
Dirección Nacional de Políticas Sociales Dviisión de Perspectivas Transversales Avda. 18 de Julio 1453 CP. 11200. Montevideo, Uruguay Tel.: (598) 2 400 03 02 interno 1831 perspectivastransversales@mides.gub.uy www.mides.gub.uy
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El agua, un derecho humano / Antonio Graziano
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El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) fue creado por Ley NÂş 17.866 promulgada el 21 de marzo de 2005. Le compete, entre otros, coordinar las polĂticas en materia de desarrollo social.
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El agua, un derecho humano Conflictos del agua y guerras del agua Uruguay, país de agua Derecho al agua y mercados del agua Derechos humanos y derechos de la naturaleza Agua y educación: descubriendo territorios políticos
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Antonio Graziano CASA BERTOLT BRECHT Antonio es licenciado en biología, con posgrados en Educación y en Sociologia. Ha colaborado con el programa regional de la UNESCO sobre conflictos por agua y con el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas. Actualmente colabora con el programa de Pequeñas Donaciones y coordina el proyecto “Lo Esencial es Invisible a los Ojos” de la Casa Bertolt Brecht, para la gestión sostenible del Sistema Acuífero Guaraní a través del diálogo de saberes y la valorización de las culturas locales. Sus principales temáticas de interés son los movimientos sociales, conflictos ambientales, educación popular y el arte para la transformación social.
Montevideo, noviembre de 2013 © Ministerio de Desarrollo Social Avda. 18 de Julio 1453 Teléfono: (598) 2400 03 02 interno 1831 CP. 11200. Montevideo, Uruguay perspectivastransversales@mides.gub.uy www.mides.gub.uy Diseño y armado: Unidad de Información y Comunicación ISBN 978-9974-8327-0-1 ISBN 978-9974-8384-7-5
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22. Religión y participación social Nicolás Iglesias Schneider 23. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo Marcela Schenck 24. El agua, un derecho humano Antonio Graziano 25. Nuevas políticas de envejecimiento y vejez INMAYORES 26. Interculturalidad e Islam Susana Mangana 27. Visibilizando la ceguera Florencia Spinoza 28. DESC y Políticas Públicas División de Perspectivas Transversales
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Hacer público publicar v. tr.
1. Dar a conocer a mucha gente una información o una noticia 2. Hacer pública una cosa, especialmente la que era secreta y se debía ocultar
Tenemos por misión transversalizar la perspectiva de derechos humanos −basada en el principio de igualdad y no discriminación− en el conjunto de las políticas sociales. Para ello, promovemos investigación, sensibilizamos y capacitamos funcionarios/ as públicos/as, proponemos nuevos diseños de programas sociales (y, especialmente, acciones afirmativas para los grupos en situación de vulnerabilidad) y, además, publicamos. Publicamos en el sentido de dar publicidad o, como prefiero decirle, hacer público. Tomando esas dos palabras, creo que “hacemos público” en, al menos, dos sentidos. Por un lado, construimos un público de las temáticas de los derechos humanos aplicados, particularmente, a los derechos económicos, sociales y culturales. No es tanta la literatura desde las políticas sociales atravesadas por esta mirada. En general, se la conoce más asociada a los derechos civiles y políticos. Lo cierto es que la democracia es incompleta cuando éstos no se acompañan de la realización de los otros derechos mencionados. Como afirma Zygmunt Bauman: “Sin unos derechos sociales para to-
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dos, un número elevado (y, con toda seguridad, creciente) de personas verán sus derechos políticos como algo inútil que no merece su atención. Del mismo modo que los derechos políticos son necesarios para la instauración de los derechos sociales, éstos últimos son indispensables para que los derechos políticos se mantengan operativos. Ambos tipos de derechos se necesitan mutuamente para sobrevivir; esa supervivencia sólo puede ser un logro conjunto”. Por otro lado, proponemos hacernos de una nueva idea de lo público. Lo público como algo que trasciende la mirada tradicional del Estado e invita a pensar en otra clave: una que conecta el hacer de los responsables estatales con la esfera pública de los movimientos sociales, y de múltiples y diversas reinvindicaciones igualitarias. Reivindicaciones que tienen que ver con temáticas tan variadas como la laicidad y la religiosidad, el parto humanizado, el lenguaje, la migración de las y los trabajadores, las personas con discapacidad, las identidades trans, la afrodescendencia, la diversidad sexual, y tantos otros debates contenidos en esta −ya tan numerosa (como colorida)− colección. Creemos que abriéndonos a debates que muchas veces no encuentran espacio para darse a conocer −haciéndolos públicos− ensanchamos el espacio de lo pensable y, consecuentemente, de lo posible. Y esa convicción nos da fuerza y alegría en nuestro trabajo de cada día. Andrés Scagliola Director / Dirección Nacional de Política Social Ministerio de Desarrollo Social
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Presentación
La División de Perspectivas Transversales de la Dirección Nacional de Política Social, está abocada a la construcción de políticas sociales desde la perspectiva de Derechos Humanos. Para ello es necesario sensibilizarnos y educarnos en igualdad y no discriminación, esto exige de un gran esfuerzo de revisión de las prácticas y políticas estatales. La primera serie de este trabajo “Charlas de formación en Derechos Humanos” se compuso de la publicación de encuentros que se realizaron a la interna del Ministerio de Desarrollo Social para abordar diversos temas desde esta mirada. Las mismas llevaron a reflexionar sobre las prácticas estatales y en qué medida las mismas reproducen pautas sistémicas de discriminación. En una segunda etapa denominada “Pensando en Derechos Humanos” invitamos a los diversos autores a reflexionar y opinar sobre temas concretos como la migración, la afrodescendencia, el parto, las sexualidades, las lenguas, los cuidados y las vivencias de las discapacidades. La tercera etapa “Hilando derechos” tuvo la intención de concre-
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tar cómo las diferentes implicancias de la vida social pueden concebirse desde una óptica de derechos humanos. Y para ello invitamos a las personas participantes a evidenciar la interconexión existente entre los derechos, su interrelación y su indivisibilidad. Así, la tercera tanda abordó temas como la literatura y el lenguaje inclusivo como instrumentos para la convivencia, la educación ambiental, y la diversidad religiosa, entre otros temas. Esta última serie nombrada “Cristalizando derechos” aborda una nueva lista de temas que hacen referencias a libertades específicas y fundamentales de los derechos, como la libertad de las mujeres a continuar o no su embarazo, la multiculturalidad, la religión, el agua, o las vivencias de la discapacidad. Cabe señalar que cada una de las publicaciones expresa exclusivamente la opinión de su autor/a. La intención es nuevamente concebir diversos temas desde la óptica de Derechos Humanos. Permitiéndonos, en una lectura amigable, acercarnos y ampliar el espectro, con un tratamiento y abordaje integral que aporte a la construcción de un Uruguay incluyente.
Patricia Gainza Responsable de la División de Perspectivas Transversales Dirección Nacional de Política Social
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Presentación de la División de Perspectivas Transversales / Dirección Nacional de Política Social (DNPS)
La División de Perspectivas Transversales de la Dirección Nacional de Políticas Sociales (DNPS) tiene como objetivo transversalizar la perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación, así como las dimensiones de género, generaciones y etnia/raza, en las políticas sociales, con énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESC+A), apuntando a la generación de indicadores de progreso y promoviendo la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas. Las líneas de acción desarrolladas son las siguientes: • Coordinación general de las actividades enfocadas en DESC +A de la Dirección Nacional de Políticas Sociales. • Producción de documentos y debates sobre la temática derechos humanos y DESC+A aplicados a las políticas sociales. • Creación de lineamientos para la formación interna del personal del MIDES en temas de derechos humanos, DESC+A e igualdad y no discriminación. • Elaboración de insumos sobre derechos humanos y DESC+A para el diseño de las políticas sociales.
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• Coordinación y articulación con otros organismos de gobierno en temas de derechos humanos y DESC+A. La División de Perspectivas Transversales se organiza en dos unidades: • La Unidad de Promoción y Participación coordina y articula instancias de diálogo y consulta con la sociedad civil, avanza en la producción de documentos y debates sobre la temática de derechos humanos y DESC+A, y trabaja en diversos talleres y espacios de sensibilización y capacitación a funcionarios/as del Estado uruguayo. • La Unidad de Análisis Aplicado trabaja en investigación y elaboración de documentos e insumos con el fin de avanzar en la medición transversal de los indicadores sociales, midiendo el acceso a derechos económicos, sociales y culturales ratificados en el PIDESC; y realiza diversos relevamientos que aportan a la comprensión de la realidad y a la generación de propuestas para mejorar la calidad de las políticas sociales y por tanto de la efectivización de los derechos de las personas que habitan en Uruguay. División de Perspectivas Transversales Dirección Nacional de Política Social
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Introducción
Cuenta una leyenda de los Tehuelches del Sur que en un tiempo muy lejano sólo existía una neblina de oscuridad, densa y húmeda. También existía Kooj, que, rodeado por soledad, silencio y oscuridad, un día rompió a llorar. Sus lágrimas formaron Arrok, el mar. Luego, el suspiro de Kooj generó el viento que rompió las tinieblas y generó claridad. Después con sus manos Kooj generó unas chispas que dieron origen a Xaleshén, el sol, que a su vez originó las nubes. Fue así que, después de haber originado los elementos: agua, viento, sol, nubes, Kooj creó en el centro del mar una gran isla, donde comenzó a germinar la vida. Nacieron las plantas, los animales y todas las criaturas vivientes que vivían en perfecta armonía en la tierra. El agua es un elemento presente en la vida cotidiana y en los mitos de las diferentes culturas y en las diferentes épocas de la historia de la humanidad. Es también un elemento presente en muchos conflictos, ya sea como causa o como escenario de fondo. En el 2013 existen 1000 millones de personas alrededor del mundo que carecen de agua potable y 2.600 millones de personas que no tienen acceso al saneamiento mejorado. Los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales que trabajan para reducir la pobreza y fomentar el desarrollo, no pueden desconocer que el agua en un elemento que debe ser tomando en cuenta en los múltiples estudios, proyectos
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y programas llevados a cabo para reducir el hambre, para regularizar los asentamientos informales, para generar medidas de prevención y respuesta a los efectos de la variabilidad climática, a los terremotos y a los tsunamis, para mejorar las actividades productivas y para contribuir a la distribución equitativa de la riqueza. Las grandes infraestructuras construidas en nombre del desarrollo deben tomar en cuenta los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales causados por obras como las mega-represas, las desviaciones de ríos, las perforaciones para la extracción de hidrocarburos, las plantas industriales, los monocultivos. El agua dulce del mundo representa entorno al 3% de toda el agua del planeta. A su vez, solo el 1% de esta cantidad se encuentra disponible en cuerpos de agua superficiales, como lagos y ríos y en forma de humedad atmosférica y humedad del suelo. El resto se encuentra en aguas subterráneas (22%) y en forma de hielo en los glaciares y en las aguas marítimas interiores (77%). Las Américas constituyen la región del planeta con mayor presencia de recursos naturales disponibles en relación a su población. En América del Sur viven 400 millones de personas (el 6% de la población mundial) mientras que en América del Norte y América Central viven 540 millones (8% de la población mundial). La región cuenta con grandes reservas de combustibles fósiles, con áreas de elevada biodiversidad, con inmensas extensiones de tierra fértil y con recursos hídricos en cantidad relevante. Solo Sudamérica posee el 26% de los recursos de agua dulce del mundo, mientras Norte y Centro América poseen el 15%.
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Pese a la riqueza de los recursos de las Américas, a finales del 2012 la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) registraba que 167 millones de ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos viven abajo de la línea de pobreza y no tienen los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, salud, trabajo, vivienda. El agua posee un gran potencial. Permite la generación y la multiplicación de la vida y es una importante herramienta de cooperación y de transformación no violenta de conflictos entre territorios, pueblos y países. A la vez, encierra un gran potencial destructor. Está sujeta a alteraciones, de origen natural o antrópico, en cuanto a su disponibilidad, calidad y distribución. En los últimos años la comunidad internacional ha sido involucrada en un intenso debate, sobre la definición y el respeto del derecho al agua. Este debate incluye también una reflexión sobre diferentes herramientas para asegurar este derecho, en particular sobre la diferencia entre la gestión pública y privada, involucrando Gobiernos, el Sistema de las Naciones Unidas, las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), el sector empresarial, ONG y Movimientos Sociales. Uruguay se posiciona en un lugar clave de este debate, en cuanto ha sido el primer país en el mundo en impulsar una reforma constitucional en nombre del derecho al agua a través del voto popular. En las páginas que siguen proponemos una contribución a este debate, de acuerdo con el siguiente mapa de ruta que define algunos interrogantes y algunas reflexiones clave: 1. Cuál es la diferencia entre conflictos del agua y guerras del agua, y cómo
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Conflictos por agua En los conflictos hídricos, el agua puede jugar diferentes roles. Puede ser el objeto de un conflicto, puede ser usada como elemento de presión, o puede operar como catalizador de conflictos.
Guerras del agua Desde el punto de vista estratégico, es difícil encontrar guerras del agua. Una guerra por el agua es mucho más costosa, y es difícil obtener el control completo de un curso de agua. La mayoría de los eventos que los medios y la comunidad internacional definen como guerras del agua en realidad son conflictos por agua.
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los diferentes discursos que se generan fomentan diferentes elecciones en cuanto a la gestión del agua. Cómo se gestionan los recursos hídricos en Uruguay y cuáles son las políticas públicas vinculadas a esta gestión Cuáles son los avances para el reconocimiento universal del derecho al agua. Cómo se complementan la visión de los Derechos Humanos y la visión de los derechos de La Naturaleza Cómo construir caminos educativos para la gestión del Agua
Conflictos del agua y guerras del agua
En Uruguay a partir del año 2002 se desarrolló un movimiento popular en contra de la privatización de la gestión de los servicios de agua y saneamiento. El gobierno del país había cedido la gestión de los servicios de agua y saneamiento de dos áreas costeras del departamento de Maldonado a las empresa Aguas de Bilbao y Aguas de Barcelona (esta última filial de la Francesa Suez). Los habitantes denunciaron un incremento de las tarifas, una mala calidad del agua potable y la ausencia de sistemas de tratamiento de las aguas residuales. Los sectores pobres de la población eran prácticamente excluidos de estos servicios, debiendo ir a buscar agua en las canillas comunitarias en la calle y no pudiendo gozar de sistemas de saneamiento mejorado. En 2002, año en el cual el Uruguay sufre una crisis financiero-económica, mientras se agudizaban las diferencias económicas en el país, las personas en situación de pobreza se quedaban sin agua y sin voz. En el departamento de Maldo-
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nado se profundizaban estas diferencias también en relación a los servicios de agua potable y el departamento de Canelones observaba acercarse la amenaza de las privatizaciones. Fue así que, a partir de la Comisión en Defensa del Agua y el Saneamiento de la Costa de Oro y Pando se generó un movimiento nacional en contra de la privatización, que amenazaba extenderse en el resto del país. Gracias a la unión de dicha comisión con el Sindicado de Funcionarios de la OSE (FFOSE), con Redes Amigos de la Tierra y con otras organizaciones y colectivos, nació la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV). La CNDAV promocionó un referendo popular con el objetivo de modificar la carta constitucional del Uruguay en nombre del Derecho al Agua. El 31 de octubre del 2004 con más del 64% de los votos, el artículo 47 de la constitución uruguaya fue modificado, incluyendo la definición del agua como derecho humano inalienable y los principios de gestión pública y participativa de los recursos hídricos del país. Un conflicto vinculado tanto a la disponibilidad como a la calidad del recurso agua generó un movimiento social que impulsó modificaciones constitucionales, destinadas a incrementar la calidad de la democracia hídrica en el país y a representar un símbolo del derecho al agua para el resto del mundo. A principios del año 2000 en Bolivia se desató un conjunto de eventos conocidos como Guerra del Agua. La Guerra del Agua tuvo su epicentro en el trópico de Cochabamba. Los servicios de agua y saneamiento de la ciudad habían sido entregados en gestión a la Bechtel, multinacional de origen estadounidense, a partir de lo que surge la empresa Aguas del Tunari. Aguas del Tunari había to-
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mado la concesión para la gestión del agua en toda la ciudad de Cochabamba, que cuenta con más de un millón de habitantes e incluye una periferia rural y muy deprimida. El agua nunca llegó los sectores periféricos de la ciudad. Donde la red hídrica ya existía, las facturas del agua conocieron un incremento de hasta el 200%. Con la amenaza de que la privatización de la gestión del agua se extendiese a las áreas rurales del departamento, los ciudadanos y las ciudadanas de Cochabamba cerraron las calles de ingreso a la ciudad. A las huelgas generales y al bloqueo de carreteras el gobierno respondió con represión militar. Se contaron más de 100 heridos y un muerto entre la población civil. En abril del mismo año, los ejecutivos de la Bechtel huyeron de la ciudad y la empresa dejó las concesiones de los servicios de agua, presentando juicio antes el CIADI, Tribunal del Banco Mundial. Sin embargo, frente a la presión internacional, a lo largo de algunos años la multinacional abandonó el contencioso. La guerra del agua desató un proceso que llevó a crear el Ministerio del Agua y la salida de multinacionales del agua desde otras áreas del país. La comunidad internacional se interesó por los hechos de Bolivia en cuanto representación de resistencia al poder transnacional de parte de la población de uno de los países más pobres de América Latina. La Guerra del Agua de Cochabamba y la Reforma Constitucional de Uruguay tiene varios elementos en común. Si bien se desarrollaron con diferentes dinámicas y diferentes niveles de violencia, ambos eventos pueden ser analizados bajo la perspectiva del conflicto.
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Cooperación hídrica Los conflictos permiten manifestar las diferentes lecturas del mundo y representan una oportunidad para una transformación política, ambiental, social, económica y política de los agentes involucrados. La mayoría de los conflictos por agua de la historia han sido resueltos a través de acuerdos entre pueblos y naciones. El agua es un símbolo de paz y una herramienta de cooperación.
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Los conflictos están presente en todas las interacciones humanas y se caracterizan por la presencia de dos o más actores o entidades que consideran que algunos de sus objetivos están siendo bloqueados y desarrollan alguna forma de poder para lograr tales objetivos. Los conflictos pueden tener como resultado la ruptura de una relación o el fortalecimiento de la misma a través de la creación de formas de cooperación entre las partes involucradas. Cualquier conflicto puede ir desde un desacuerdo menor hasta el desarrollo de acciones violentas o armadas. En cuanto a los conflictos hídricos, hay que tomar en cuenta que el agua es un recurso de apropiación común, por lo cual es aprovechada simultáneamente por una multiplicidad de actores. Por esto, es difícil identificar claramente el efecto de las acciones de cada actor/beneficiario sobre las vidas humanas y los ecosistemas. Esta indefinición de causas y consecuencias desata mecanismos para lograr el control unilateral del recurso agua. En los conflictos hídricos, el agua puede jugar diferentes roles. Puede ser el objeto de un conflicto, cuando este último se encuentre vinculado a la mala calidad o a la ausencia del agua experimentada por los habitantes de un territorio. Puede ser usada como elemento de presión, en el marco de conflictos que involucran otros intereses diferentes desde el aprovechamiento del recurso en sí mismo, como por ejemplo el corte o el desvió de cursos de agua, conflictos de tierra, para obligar ocupantes “sin tierra” a abandonar el territorio y facilitar su ocupación de parte de su propietario. Puede operar como catalizador de conflictos, como por ejemplo en caso de inundaciones que desatan un conflicto a partir de tensiones ya existentes, vinculadas a condiciones de pobreza y de injusticia social.
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Guerras del agua
Desde el punto de vista estratégico, es difícil encontrar guerras del agua. Una guerra por el agua es mucho más costosa, y es difícil obtener el control completo de un curso de agua. La mayoría de los eventos que los medios y la comunidad internacional definen como guerras del agua en realidad son conflictos por agua. El debate se ha desarrollado en los últimos años presentando posiciones de quienes hablan de conflictos de agua y posiciones de quienes usan un lenguaje vinculado a las guerras del agua. En muchos casos se usan de manera indeterminada los términos “guerra”, “conflictos”, “disputas”, “tensiones”. Desde el punto de vista estratégico, es difícil encontrar guerras del agua. Una guerra por el agua es mucho más costosa en relación a la construcción de infraestructuras y al desarrollo de actividades para obtener los recursos hídricos necesarios para un país. Por la naturaleza misma del agua y de los cuerpos de agua, en particular los ríos, es difícil plantear objetivos estratégicos sobre el agua y obtener el control completo de un curso de agua. Por esto, es mucho más común encontrar conflictos locales, donde comunidades pueblos o agrupaciones no tienen medios para enfrentar una crisis hídrica. El análisis de los conflictos y de los conflictos de agua proporciona herramientas para interpretar la complejidad de las relaciones humanas. A través de los conflictos se ponen sobre la mesa las diferentes lecturas del mundo de los actores involucrados. En cada relación humana los conflictos tienen un fuerte potencial destructivo pero representan, a la vez, una oportunidad para establecer
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acuerdos, generar aprendizajes e impulsar una transformación política, ambiental, social, económica y política de los agentes involucrados. Hablar de guerras del agua implica numerosos riesgos como la justificación de la militarización de territorios y el control de los recursos naturales. Esto es un escenario real, que está aconteciendo en América Latina y en el resto del planeta. En muchos ámbitos mediáticos, académicos y políticos se escucha con demasiada frecuencia que “las guerras del futuro serán las guerras del agua”. Por lo visto anteriormente, esta afirmación presenta muchos riesgos y, en la mayoría de los casos, es el resultado de una interpretación superficial de los conflictos y de los problemas vinculados al manejo del agua. En la historia de la humanidad, la mayoría de los conflictos por agua han sido resueltos a través de acuerdos entre pueblos y naciones. El agua es antes que todo un símbolo de paz y una poderosa herramienta de cooperación.
Uruguay, país de Agua
El ecosistema más extendido del Uruguay es la pradera, modificada por la acción humana a lo largo de los últimos dos siglos y caracterizada por la presencia de numerosos cursos de agua superficiales, humedales y reservas de agua subterránea. Sus fronteras son principalmente fronteras húmedas. El Río Uruguay marca la frontera con Argentina, el río Cuareim y la laguna Merín marcan parte de la frontera con Brasil. La costa del país es bañada por el grande estuario conocido como río de la Plata hasta Punta del Este. Es resto de la costa es bañada por el Océano Atlántico. Uruguay es cortado en el medio por el río Negro el cual, junto con el río Uruguay, presenta una serie de represas para el con-
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Agua para uso dom茅stico En Uruguay el 93,4% de la poblaci贸n tiene acceso al agua potable y el 55,4% se encuentra con redes de saneamiento.
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trol de los caudales y para la producción de energía hidroeléctrica. La región oriental del país se caracteriza por una concentración de zonas húmedas, conocidas como humedales del este. El país presenta también numerosas reservas subterráneas, de la cual la más consistente es el Sistema Acuífero Guaraní que, además de Uruguay, involucra a Argentina, Brasil y Paraguay. La cuenca del río Santa Lucía abastece de agua potable a la mitad de la población del país, incluyendo la ciudad capital, Montevideo. Actualmente en Uruguay el 93,4% de la población tiene acceso a agua potable y el 55.4% se encuentra conectada con redes de saneamiento. En cuanto a las actividades productivas, 600.000 hectáreas están dedicadas a agricultura en pequeña escala (agricultura familiar), un millón de hectáreas es ocupado por monocultivos de eucaliptos y pinos, 1.246.000 hectáreas por monocultivos de soja y otros cereales, 181 mil hectáreas por cultivos de arroz y 12 millones de hectáreas por la ganadería, principalmente de vacas y ovinos. La mayor actividad industrial es desarrollada por la planta de producción de pasta celulosa de la empresa UPM, que usa 80 millones de litros de agua por día. En cuanto a las actividades extractivas, la empresa minera Aratirí está haciendo exploraciones para trabajar en una superficie de 150.000 hectáreas, mientras que otras multinacionales mineras tienen previstas exploraciones en una superficie total de 600.000 hectáreas, para considerar la apertura de nuevas actividades extractivas además de la actividad de Orosur, presente en Minas de Corrales desde finales de 1800. Lsa empresas mineras desarrollarán sus exploraciones en varios departamentos del país. Además, se están llevando a cabo exploraciones
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para practicar el fracking, o fractura hidráulica, metodología para la extracción de hidrocarburos a través de perforaciones horizontales de capas de gas esquisto, presente en las profundidades del subsuelo y la inyección de agua a alta presión, mezclada con arena y productos químicos, con el fin de fracturar y facilitar la extracción. En cuanto a la regulación del uso de agua, si bien en 1978 en la legislación uruguaya fue creado el Código de Aguas1, el mismo nunca se reglamentó ni se aplicó para establecer los diferentes usos. En pocas palabras, en Uruguay los permisos de uso de aprovechamiento de agua para actividades agrícolas, ganaderas e industriales no prevén canon. Después de la reforma del 2004 el Gobierno de Uruguay crea la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento (COASAS), organismo integrado por representantes del gobierno, de la Universidad, de los usuarios, del sector privado y de la sociedad civil. Nace también la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (DINASA) sucesivamente llamada Dirección Nacional de Agua (DINAGUA). La Dinagua opera en el ámbito del ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) con la tarea de implementar las políticas nacionales de agua y vincular las diferentes competencias de manejo de recursos hídricos en cuanto a calidad, cantidad y sectores de acción. En el 2009 el Parlamento aprobó la ley de aguas, preparada de manera partici1. Para acceder al texto, véase: http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigoaguas/1978/cod_aguas.htm
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pativa por los integrantes de la COASAS y en el 2011 sale el Plan Nacional de Aguas. En el 2012, con el objetivo de implementar el Plan Nacional de Aguas, se define que las tres grande cuencas del país estarán bajo la supervisión de los consejos de cuenca correspondientes. Estas cuencas son la del río Uruguay, la de la Laguna Merín, y la región sur que comprende el Río de la Plata y su frente marítimo. Estas cuencas son cuencas muy amplias y presentan características heterogéneas en cuanto a la hidrología y a las problemáticas a ser abarcadas. Por esto, por cada consejo de cuenca se están definiendo comités que se encargarán de la gestión de las sub-cuencas estratégicas, como es la cuenca del río Santa Lucía, o para la gestión de temas estratégicos. Antes del Plan Nacional de Aguas la CNDAV había planteado dividir el país en diez regiones hidrográficas, para facilitar la gestión de los recursos hídricos del país a través de cuencas de menores dimensiones. La CNDAV nació con el propósito de promover una reforma constitucional por el derecho al agua a través del referendo popular del 2004. Sin embargo, hoy en día sigue su trabajo para conseguir la aplicación plena de la reforma. Una de las reflexiones principales que se dan en el ámbito de la CNDAV es sobre la definición de privatización de los recursos hídricos. Las formas de aprovechamiento para uso industrial, agrícola y minero que no están reglamentadas y no prevén un canon representan una forma privatización y están en contraste con la reforma. Actualmente la CNDAV se conforma como una red de organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas que desarrollan un trabajo de incidencia política para el diseño, la implementación y el control de las políticas de agua. Además, integra movimientos sociales nacionales e internacionales que dialo-
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Artículo 47 de la constitución de la República Oriental del Uruguay La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales [...]
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gan y enfrentan las instituciones en pos del derecho al agua, del derecho a la tierra y de la defensa de todos los recursos naturales. En cuanto a su trayectoria internacional, la CNDAV integra la Red de Vigilancia Interamericana para el Derecho al Agua (Red Vida) y participa en las redes globales para el derecho al agua, desarrollando un intenso trabajo de incidencia sobre la comunidad internacional en favor del reconocimiento universal de derecho al agua.
Derecho al agua y mercados del agua
Los primeros documentos relativos al derecho al agua son los Convenios de Ginebra sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (1949) y sus Protocolos Adicionales (1977). Estos convenios definen al agua potable y al saneamiento como condiciones indispensables para la salud y la supervivencia de los prisioneros de guerra y las poblaciones civiles en situaciones de conflictos armados. Sin embargo, el debate internacional sobre las políticas de gestión de los recursos hídricos y para la definición del derecho al agua se profundiza a partir de la última década del siglo pasado. En 1992, durante la conferencia de Dublín sobre agua y ambiente, evento preparatorio para la cumbre sobre desarrollo sustentable de Río de Janeiro, se redactan cuatro principios, conocidos como principios de Dublin: • Principio Nº1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente • Principio Nº2. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles.
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• Principio Nº3. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua. • Principio Nº4. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsela como un bien económico. El cuarto principio ha sido sujeto a diferentes interpretaciones. Una primera interpretación, basada en la economía neo-clásica, se fundamenta en la idea de que el agua tiene un precio vinculado a su valor económico y que el mismo mercado estará asegurando que este recurso sea gestionado y distribuido, garantizando la supervivencia, la sostenibilidad de las actividades productivas y el respeto del ambiente. Una segunda interpretación se refiere a la necesidad de fomentar la presencia de un conjunto integrado de decisiones que establezcan donde y como asignar recursos escasos, poniendo en segundo plano la función de los mercados de agua. En este caso, la gestión del agua es usada para satisfacer de la mejor manera los intereses humanos, haciendo las mejores elecciones en relación a su uso sostenible en el marco de un amplio contexto social. La interpretación neo-clásica del cuarto principio fue llevado adelante en la cumbre de Río y condicionó las elecciones en materia de políticas y gestión en los años siguientes. Una herramienta útil para un análisis político-económico-ambiental vinculada al manejo del agua que tome en cuenta la complejidad de la problemática es el concepto de gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH). La GIRH considera todas las características físicas de los recursos hídricos en relación a
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las diferentes escalas espaciales y temporales, usa un enfoque inter-sectorial, reconoce los intereses de los diferentes usuarios, define la sostenibilidad en el uso del agua así como los derechos de las generaciones futuras y sugiere involucrar a todos los portadores de intereses (stakeholders) en relación a los diferentes niveles de gestión, proporcionando importancia al papel de las mujeres. La gestión integrada no permite diferenciar entre diferentes tipos de recursos hídricos a los cuales asignar diferentes precios. El agua es única y simplemente adquiere diferentes formas según la etapa del ciclo hidrológico y la forma en la cual se encuentra: agua subterránea, agua superficial, agua en el estado sólido, líquido y gaseoso. Cada uso influencia todo el ciclo, por lo cual la única opción posible es entre las diferentes modalidades de distribución y asignación de agua de manera eficiente. Los mercados del agua no responden a los intereses de todos los actores interesados, en particular en presencia de un contexto que involucra diferentes sectores (agricultura, industria, uso doméstico) y diferentes subsistemas (acuíferos, cuencas hidrográficas). En 2002 el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, preparó la Observación General número 15 (OG 15) al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El “derecho humano al agua” se encuentra garantizado en los artículos 11 y 12 del PIDESC, referidos al derecho a un nivel de vida adecuado y al derecho a la salud. La OG 15 define el recurso agua como bien público, antes que como bien económico y en lugar de poner en el centro del debate la disponibilidad y la falta de agua, se refiere a la contaminación y a la distribución desigual como causas principales de la pobreza a nivel global. Además, la OG 15 considera que
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Derecho al agua El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica. (Observación General N.15 al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)
El derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. (Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas)
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los Estados deben impedir la gestión de servicios de agua potable de parte de privados que perjudiquen el acceso, los costos y la calidad del recurso y deben tomar medidas para garantizar que haya acuerdos internacionales en favor del derecho al agua. En 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se enfoca en el acceso al agua, centrándose particularmente en la “propia relación espiritual” de los pueblos indígenas con este elemento. En marzo de 2008, a través de la Resolución 7/22, el Consejo de Derechos Humanos decide “nombrar, por un período de tres años, a un experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento”. En abril de 2011, mediante la Resolución 16/2, el Consejo de Derechos Humanos decide extender el mandato por un período de tres años. El Experto Independiente supervisa e informa sobre la implementación por parte de los Estados del derecho humano al agua así como sobre las violaciones relacionadas. El 28 de julio de 2010, la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución destaca nuevamente el papel de los Estados y de las organizaciones internacionales para que movilicen recursos financieros, fomentando la capacitación y la transferencia de tecnología para que en los países se registre un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos, con particular atención a los países en vías de desarrollo.
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En cuanto al papel de la sociedad civil, una multitud de organizaciones ambientalistas de todo el mundo se ha encontrado en los diferentes Foros Sociales Mundiales en Puerto Alegre, Caracas, Nairobi, Belén, Dakar y Túnez. Los mismos han servido de base para la creación y el fortalecimiento de redes nacionales e internacionales contra la privatización el agua, entre ellas las Red Europea y la Red Africana para el Derecho al Agua. Antes de los encuentros durante los foros sociales mundiales, en las Américas había nacido la Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua (RED VIDA). Sobre la base de experiencias como la guerra del agua de Cochabamba o el referendo en Uruguay, la Red VIDA fue creada en agosto de 2003 por 54 organizaciones procedentes de 16 países de todo el continente americano. Estas organizaciones se reunieron en San Salvador para lanzar una campaña hemisférica para defender el agua como un bien público y un derecho humano fundamental. La red está conformada por asociaciones de consumidores, organizaciones de mujeres, ambientalistas, sindicatos de trabajadores, activistas por los derechos humanos, religiosos, indígenas y organizaciones sociales. La RED VIDA participa en campañas continentales y nacionales, que incluyen reformas legislativas, resistencias a mega-proyectos extractivos y a la ocupación de tierras originarias de parte de mega proyectos productivos. En el marco de la RED VIDA ha nacido la Plataforma de Acuerdos Público-Comunitarios (PAPC). La Misión de la PAPC es iniciar, apoyar y favorecer el intercambio de las experiencias de gestión mediante acuerdos públicos-comunitarios entre diferentes empresas públicas, cooperativas, acueductos y sistemas comunitarios, a través de la organización y la creación de una agenda común, multisectorial sobre democratización y fortalecimiento de la gestión pública-comunitaria. Entre sus actividades esta pla-
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taforma pone en común experiencias, como la de los Acueductos Comunitarios de Colombia o el Programa de Pequeñas Localidades de Uruguay que pretende proporcionar agua potable a todas las localidades rurales del país. En paralelo con los avances en la definición y la construcción de herramientas de parte de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, el sector privado desarrolla un discurso que justifica el papel de los mercados para regular la distribución y la calidad de los recursos hídricos. A partir de los años 90 las IFI, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsan procesos de privatización, promoviendo la desregulación de los servicios públicos, a través de condicionamiento de los créditos de ayuda a los países del sur del mundo en función de la apertura de los mercados. Las IFIs, en conjunto con grandes empresas multinacionales, son las principales promotoras del los Foros Mundiales del Agua (WWF, es la sigla en inglés), eventos organizados cada tres años por el Consejo Mundial del Agua (WWC es la sigla en inglés). Los WWF reúnen gobiernos, sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil. En el último WWF, llevado a cabo en Marsella en marzo de 2013, la declaración inter-ministerial a conclusión del evento no fue firmada por Bolivia. El Ministro de Agua y Medio Ambiente de este país consideró que el documento se alejaba del borrador que había sido trabajado previamente y estaba enfocado principalmente en la economía verde que al fin y a cabo genera las condiciones que facilitan la inversión privada en el sector hídrico. Pocos meses después del WWF, en junio del 2012, se desarrolló en Río de Janeiro la cumbre sobre el medio ambiente a 20 años de la conferencia sobre el desarrollo sustentable llevada a cabo en la misma
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ciudad. El primer borrador del texto final de la conferencia, llamado “borrador cero”, tenía cinco párrafos sobre agua y saneamiento, haciendo referencia directa a la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el texto final no aparece ninguna referencia a esta resolución. Los movimientos sociales han generado respuestas al WWF con la creación de los Foros Alternativos Mundiales del Agua (FAMA) y a la reunión de Río, a través de la la cumbre de los pueblos. La declaraciones finales del FAMA y de la Cumbre de los Pueblos destacan la importancia de la declaración de La Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua, critican la presencia del sector privado y la pérdida de poder que está experimentando el sistema de las Naciones Unidas y reiteran los riesgos de nuevas maneras de disfrazar la mercantilización de los bienes comunes, tal como la construcción del discurso de la economía verde. Asimismo, estas declaraciones, emanación de redes de la sociedad civil, reconocen el valor material y simbólico del agua y se acercan al debate sobre los derechos de La Naturaleza. Sigue en marcha una discusión que involucra las comunidades locales, la sociedad civil, los gobiernos, las Naciones Unidas, las multinacionales y las IFIs. En el marco de la discusión entre estos diferentes actores se generan discursos con diferentes intereses, abocados a los mercados de agua o a defensa del derecho humano al agua.
Derechos humanos y derechos de la naturaleza
En la declaración final de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro se afirma: “Reconocemos que el agua es un elemento básico del desarrollo sostenible pues está es-
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trechamente vinculada a diversos desafíos mundiales fundamentales. Reiteramos, por tanto, que es importante integrar los recursos hídricos en el desarrollo sostenible y subrayamos la importancia decisiva del agua y el saneamiento para las tres dimensiones del desarrollo sostenible”. Este texto afirma el valor utilitarista proporcionado al agua, que se vuelve un instrumento al servicio del desarrollo, aprovechable para la satisfacción de la necesidades humanas según un enfoque antropocéntrico y acumulativo. Por otro lado, la nueva Constitución de Ecuador es la primera carta magna que reconoce que “la Naturaleza, o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo 71). Otros países de América Latina, donde hubo procesos constitucionales bajo gobiernos progresistas, no tuvieron el mismo camino, como es el caso de la Bolivia de Evo Morales y el Venezuela de Hugo Chávez. En Bolivia, la nueva Constitución no sólo no reconoce los derechos de La Naturaleza, sino que afirma que uno de los mandatos del Estado es la industrialización de los recursos naturales. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay los gobiernos progresistas han aumentado la presión sobre los recursos naturales y los emprendimientos extractivistas. No existen actores sociales o políticos de peso que defiendan una postura biocéntrica que pueda ser incluida en un debate público para impulsar una reforma constitucional. Los derechos de La Naturaleza nacen desde un enfoque biocéntrico que corre al ser humano del centro del escenario y sugiere pensar en la especie humana
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Derechos de la Naturaleza Los derechos de La Naturaleza nacen desde un enfoque biocéntrico que corre al ser humano del centro del escenario y sugiere pensar en la especie humana como integrante de la naturaleza misma. La naturaleza no es simplemente una proveedora de servicios y recursos. Posee valores intrínsecos, por lo cual es sujeto de derechos por sí misma. Los seres vivos y las relaciones ecosistémicas contienen valores más allá de su utilidad para el ser humano. La naturaleza se vuelve sujeto, hasta llegar a ser sujeto de derechos en términos legales.
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como integrante de la naturaleza misma. Con esta perspectiva la naturaleza no es considerada simplemente proveedora de servicios y recursos, sino más bien como sujeto de derechos por sí misma. La perspectiva antropocéntrica asigna un valor económico a los recursos naturales y adjudica derechos de propiedad sobre espacios verdes y territorios. Esta perspectiva tiene origen desde la modernidad y asigna valores de uso y de cambio según el valor instrumental que tienen bienes y servicios. A partir de esta visión, los temas ambientales nacen solo como compasión hacia el sufrimiento y la desaparición de especies animales o de enteros ecosistemas y como denuncia a la falta de recursos naturales de relevancia económica, útiles para el estilo de vida y la salud de las personas. En los últimos años se han desarrollado debates y reflexiones sobre los derechos ambientales, asociándolos con los derechos económicos y culturales. Si bien la inclusión de los derechos ambientales representa un avance significativo para la construcción de una concepción de derechos difusos, el ser humano sigue en el centro del escenario, como sujeto de derecho frente al Estado quien debe garantizar su respeto. Por el contrario el biocentrismo incluye la definición de valores intrínsecos a la naturaleza, reconociéndola como sujeto de derecho, más allá de la presencia o la ausencia del ser humano. Al reconocer que los seres vivos y las relaciones ecosistémicas contienen valores más allá de su utilidad, la naturaleza se vuelve sujeto, hasta llegar al reconocimiento de la misma como sujeto de derechos en términos legales. A partir de la definición de los derechos de La Naturaleza, podemos comparar el concepto de justicia ambiental con el de justicia ecológica. La justicia ambiental se preocupa por el estilo de vida del ser humano y por la necesidad de evitar
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contaminación y alteración de los equilibrios químico-físicos-biológicos para no afectar la salud y la riqueza del ser humano. Esta visión se encuentra vinculada, nuevamente, a una perspectiva antropocéntrica: los seres humanos, en cuanto capaces de definir valores y principios éticos, son los únicos receptores de una justicia ambiental, que cuenta con principios distributivos y utilitaristas. La visión biocéntrica considera que los otros componentes de la naturaleza son productores de valores por sí mismos por lo cual una re-interpretación de la justicia distributiva debe definirse a través de la justicia ecológica: hay que cuidar la preservación de todas las relaciones ecosistémicas, que tienen valor por sí mismas. A partir de este valor intrínseco, la perspectiva de los derechos de La Naturaleza no excluye el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, incluyendo el derecho humano al agua. Los seres humanos son parte de la naturaleza y participan en las diferentes relaciones ecosistémicas. La perspectiva de los derechos de La Naturaleza no es una perspectiva conservacionista, sino más bien una perspectiva donde las relaciones productivas, económicas, políticas, sociales y culturales se integren para alentar la construcción de ciudadanías ecológicas. La construcción de un paradigma que permita que los derechos humanos y los derechos de La Naturaleza se complementen mutuamente, implica también revisar el concepto de agua como bien común, como bien compartido no solo por los seres humanos, sino también por los otros seres vivos y por las componentes inanimadas de la naturaleza. Redefinir el bien común implica salir desde la perspectiva de la modernidad y construir otros valores que, al fin y a cabo,
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impulsen la creación de otra política, integradores de los valores intrínsecos a la naturaleza. Es urgente proporcionar al agua un renovado valor político, construyendo nuevas herramientas de educación ambiental por el derecho al agua y por los derechos del agua.
Agua y educación: descubriendo territorios políticos
Nuestros cuerpos están conformados por agua. Nuestros ecosistemas son ricos en agua. La actividad de nuestros cuerpos, nuestras actividades colectivas y los procesos ecosistémicos no podrían desarrollarse en ausencia de agua. Las diferentes culturas del planeta representan el agua como divinidad. El agua conforma escenarios sugestivos en los cuales se desarrollan la mayoría de los relatos de la historia de la humanidad. Por su valor y por su permanente presencia, el agua posee un valor material y un valor simbólico. Nuestros cuerpos son territorios políticos. El agua contribuye a la construcción de nuestra identidad física e histórica. Una alteración de la cantidad y de la distribución del agua en el cuerpo humano genera disfunciones y enfermedades. Nuestros cuerpos llevan los signos de la falta de agua, de la mala calidad del agua, de los daños ambientales sociales y económicos causados por malas políticas de agua. Además, nuestros cuerpos pueden expresarse a través de múltiples formas de comunicación: no sólo la comunicación oral, sino también el uso de los cinco sentidos y el aprovechamiento de infinitas formas estéticas. Es común en nuestras sociedades que nuestros cuerpos no se expresan libremente porque están sujetos a formas de dominación que reprimen nuestros seres
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Ciudadanías hídricas Nuestras vidas se desarrollan dentro de las cuencas hidrográficas. En las cuencas se encuentran diferentes identidades hídricas: no sólo las identidades de los seres humanos, sino también las de otros seres vivientes y las de los ecosistemas. Los equilibrios ecosistémicos dependen de la disponibilidad y de la calidad del agua. En las cuencas se desarrollan intercambios de materia, energía, mercaderías y culturas. Las cuencas son territorios políticos, porque dentro de ellas se desarrollan de manera compleja y coherentes las relaciones y las transformaciones que hacen a la historia de los seres que las habitan.
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creativos. En el marco del debate sobre el derecho al agua y los derechos de La Naturaleza la falta de una comunicación integral y de intercambio que abarque a la vez la esfera intelectual, emocional, espiritual, representa un obstáculo para la conformación de nuestras ciudadanías hídricas. Nuestros cuerpos son territorios políticos, porque a través de ellos expresamos nuestra forma de estar en el mundo y relatamos nuestra historia, incluyendo nuestra historia hídrica. Las cuencas hidrográficas son territorios políticos. Nuestras vidas se desarrollan dentro de las cuencas. En las cuencas se encuentran diferentes identidades hídricas: no solo las identidades de los seres humanos, sino también de los otros seres vivientes y de los ecosistemas. Los equilibrios ecosistémicos dependen de la disponibilidad y de la calidad de agua presente. Estos factores, a su vez, se modifican debido a la variación de las condiciones ambientales y a las influencias antrópicas: la explotación de agua para uso doméstico, productivo y de esparcimiento, los efluentes derivados de actividades domésticas, agrícolas, industriales y extractivas, la construcción de represas, la desviación de cursos de agua, la variabilidad climática, etc. En las cuencas hidrográficas se desarrollan intercambios de materia, energía, mercaderías y culturas. Los sedimentos transportados agua abajo, transforman la morfología del paisaje y generan llanuras, como la llanura donde se encuentra actualmente el Uruguay. Los transportes fluviales permiten el nacimiento de pueblos y ciudades fluviales. Muchos asentamientos dentro de la cuenca del Plata nacieron como puertos de apoyo para el transporte de metales preciosos y otras mercaderías. La cuencas hidrográficas son territorios políticos, porque
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dentro de ellas se desarrollan de manera compleja y coherentes las relaciones y las transformaciones que hacen a la historia del planeta. Quienes trabajamos en agua y educación y más en general, en lo que se define educación ambiental, tenemos el desafío urgente de construir nuevos instrumentos de comunicación educativa, para una educación horizontal, participativa y territorial. Hay que definir los conflictos por agua a partir de la cotidianidad de lo pobladores de la cuenca y de sus comunidades. Los habitantes de las comunidades son portadores de saberes que se construyen a partir de su vivencia cotidiana, de las “sensaciones hídricas” de sus cuerpos, de los problemas diarios en relación al agua y de las soluciones que experimentan para superarlos. Además de los saberes de la academia, de las instituciones, del sector privado, de la sociedad civil organizada es necesario rescatar estos saberes populares. Quienes son portadores de saberes populares en la mayoría de los casos no poseen un lenguaje académico por lo cual son excluidos a priori de procesos colectivos que puedan definir los conflictos hídricos y construir de manera participativa las herramientas para la transformación de tales conflictos. Las comunidades se vuelven territorios silenciosos, donde sus habitantes no tienen voz. Para devolver la voz a los sin voces tenemos que construir nuevos lenguajes y utilizar las múltiples formas expresivas que tenemos a disposición. No alcanza una educación que transmita información sobre el ciclo del agua, los riesgos de la contaminación y el mal uso de los recursos hídricos a través de procesos frontales. No alcanzan con programas educativos preestablecidos y uniformes. Es necesario facilitar la construcción de caminos de aprendizajes colectivos, a
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través de herramientas de comunicación educativa que permitan compartir, sistematizar y multiplicar el conocimiento en diferentes contextos educativos, formales y no-formales. Existen infinitas herramientas que pueden ser aprovechadas para la educación ambiental. Hay numerosos ejemplos de experiencias educativas donde el audiovisual, el teatro, la poesía, la literatura, la música, la fotografía, las dinámicas ludo-creativas, los juegos de rol permiten a las comunidades representar los conflictos ambientales que viven en su cotidianidad y buscar caminos de transformación de estos conflictos. Asimismo, existen variados esfuerzos para la construcción de diálogos de saberes, facilitando un intercambio entre saberes populares y saberes académicos. Estas experiencias sugieren que es posible construir ciudadanías hídricas, donde todos y todas las integrantes de la sociedad tengan voz a partir de sus propios cuerpos y de las cuencas que habitan.
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