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El peligro de extender el área protegida de la Quebrada de los Cuervos
En 2008, cinco mil hectáreas de la zona de la Quebrada de los Cuervos en el departamento de Treinta y Tres fueron ingresadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahora, la Dirección Nacional de Medio Ambiente entiende que ese espacio no es suficiente y a mediados del año pasado publicó un proyecto de ampliación del área protegida a más de 50 mil hectáreas incluyendo también nuevas reglas de protección.
En la Quebrada de los Cuervos hay árboles, arbustos, helechos, plantas epífitas y trepadoras, cuervos de cabeza roja, negra y amarilla, seriemas, osos hormigueros, gatos margay y tatús de rabo molle. Es un lugar agreste y exuberante que forma parte de las llamadas serranías del este y rodea un paso muy estrecho del arroyo Yerbal Chico, en Treinta y Tres, donde convive una flora y fauna que por su valor biológico, científico y paisajístico derivó en el ingreso en 2008 de 5.000 hectáreas de la zona al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
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Para la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) ese espacio no es suficiente. A mediados del año pasado publicó un proyecto de ampliación del área protegida que incluye también nuevas reglas de protección. “Al momento, se encuentran fuera de los límites del área sitios representativos de las serranías y de singular belleza escénica”, indica la puesta de manifiesto de la iniciativa, según la cual el espacio también debe extenderse por el “cambio de uso del suelo y la alteración del paisaje, el uso turístico del área y el potencial de actividades productivas sostenibles”.
La propuesta planea elevar el área protegida a un total de 51.128 hectáreas, casi la super
ficie de Montevideo, y se encuentra con la oposición de diversos actores, entre ellos la Intendencia de Treinta y Tres.
Los suelos en las adyacencias de la Quebrada de los Cuervos los trabajan pequeños y grandes productores públicos y privados para la ganadería extensiva, la forestación, la energía eólica y la minería, y varios aseguran que de agrandarse el área protegida se debilitarán sus resultados económicos. Una de las quejas más fuertes proviene de la Sociedad de Productores Forestales, que representa a distintas empresas de esa industria y que el 5 de noviembre pasado presentó un escrito a la Dinama expresando su desacuerdo con la medida.
“El proyecto ha omitido evaluar debidamente las consecuencias que puede implicar, en especial el impacto socioeconómico que puede acarrear para el área comprendida en el mismo”, indica el documento al cual accedió el semanario Búsqueda. “Las limitaciones establecidas para el desarrollo de actividades relacionadas con la forestación se traducen en un eventual perjuicio, no solamente para los propietarios de empresas que desarrollan estas actividades. No debe minimizarse nunca la gravedad que subyace a toda eventual desaparición de
fuentes de producción nacional tan importantes, generadoras, además, de numerosos puestos de trabajo”, agrega.
En total son seis las empresas forestales que en la Quebrada de los Cuervos tienen terrenos que pueden ser afectados con la extensión del área protegida: UPM, Agroempresa Forestal, Cambiun, Lumin, Pradera Roja y El Bragado.
En el escrito, la Sociedad de Productores Forestales advierte que las empresas del rubro proyectan sus estrategias a largo plazo, por lo que una decisión como esta — la cual aseguran que no les fue informada con suficiente antelación— anula todas las previsiones que ya tienen definidas.
En el caso de UPM, por ejemplo, para decidir su segunda inversión en el país tomó en cuenta la creciente base forestal que a lo largo de la última década desarrolló en Uruguay, con plantaciones propias y en asociaciones con terceros. En julio, cuando confirmó la construcción de su planta de celulosa en Pueblo Centenario, la pastera finlandesa indicó en un comunicado de prensa que la disponibilidad de madera de eucalyptus para esa fábrica está asegurada a través de plantaciones propias de la empresa y a través de arrendamientos, así como por acuerdos de suministro de madera con pequeños y medianos productores rurales uruguayos.
“En el caso de la actividad forestal, las empresas poseen una estructura económica y plan comercial particular, dados los tiempos propios de la actividad. Los planes económicos que realizan las empresas, planes que determinan su ahorro, gasto, accionar, son planes a largo plazo (60 años), por lo que cambios abruptos como este terminarían por dejar en letra muerta el desarrollo socioeconómico, ya que las empresas y los trabajadores que en exclusiva dependen de ello verían extinta su fuente de trabajo”, dice el informe de la Sociedad de Productores Forestales.
Para esta asociación, la iniciativa de la Dinama es aún más imprevista ya que choca con los intereses a favor de la forestación empujados por los distintos gobiernos desde el retorno de la
democracia, incluido el actual de Tabaré Vázquez. “El proyecto trasluce un total desconocimiento de los pormenores y características de la industria forestal nacional, presentando un análisis asistemático de la realidad nacional”, critica, y señala “la contradicción en el desarrollo de políticas públicas disímiles, que afectan la imagen internacional del país, poniendo en peligro las futuras decisiones de inversión extranjera”. El documento detalla que, de completarse, la ampliación del área protegida va a afectar a emprendimientos forestales de 3.048 hectáreas e inversiones por más de US$ 22 millones.
Un despropósito
La oposición a la propuesta de la Dinama no es solamente de la industria forestal. De acuerdo a datos recabados por la Sociedad de Productores Forestales, el 75,6% de los afectados por el proyecto está en contra; vecinos de la zona manifestaron su discrepancia durante la audiencia pública organizada por la Dinama que se desarrolló en Treinta y Tres. Uno de los asistentes fue el coordinador del equipo de ordenamiento territorial de la intendencia de aquel departamento, Gerardo Caticha, quien expresó su malestar con que el proyecto se haya llevado adelante sin la aprobación municipal. Sostuvo que este tipo de decisiones se toman con los instrumentos legales de ordenamiento territorial, por lo que deben coordinarse entre la autoridad nacional y la municipal.
“Es un despropósito el aumento del área que quieren ampliar, que llegaría a 50.000 hectáreas”, dijo al semanario el intendente blanco de Treinta y Tres, Ramón Da Silva. “No hay ningún elemento que amerite esa ampliación. Justificación clara no tienen ninguna”, añadió. Da Silva dijo estar “convencido” de que esto “atenta” contra muchos productores de la zona y contra el “potencial desarrollo del departamento”. Además, para el jerarca, “es muy desprolijo que la Dinama haga esto en plena transición de gobierno. Este planteo está sacado de los pelos, a las apuradas. Está totalmente fuera de lugar y de contexto“.
En ese sentido, tanto la intendencia como los productores afectados manifestaron que la comunicación de la iniciativa no se realizó según los tiempos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. “Los propietarios de terrenos en la zona no fueron notificados personalmente de la propuesta como está previsto por las leyes y decretos del país. Solo existe una publicación del proyecto el 26 de julio en el Diario oficial”, afirmó Miguel Helou, gerente general de la Sociedad de Productores Forestales.
Helou explicó que, debido a la falta de notificación, las empresas que forman parte de la organización no tuvieron tiempo para estudiar al detalle los sustentos técnicos planteados por la Dinama, pero su intención es, antes de analizar cualquier acción legal, tener una instancia de trabajo donde “armonizar” puntos en común. “En la audiencia pública propusimos empezar el proceso desde cero pero la Dinama no quiso. Intentamos contactarnos desde agosto con la Dinama y la reunión nos la concedieron dos días antes de la audiencia pública. Eso da la pauta de que no hubo un relacionamiento del todo fluido”.
En base a informe de la página web de SPF sobre informe de Búsqueda.
