Propuestas para el Gobierno de la Seguridad en Santa Fe

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe

Indice Editorial. Agustín Rossi .................................................................................................................. 3 Prólogo. León Carlos Arslanian ...................................................................................................... 5 Introducción ................................................................................................................................. 13 La inseguridad en Santa Fe: Los resultados del desgobierno ............................................... 18 El caso Rosario ........................................................................................................................... 22 El incremento del homiciodoloso .................................................................................... 22 La singular lectura de las estadísticas criminales ................................................................ 23 La desigual distribución de los delitos más violentos ......................................................... 28 Nuestras propuestas ................................................................................................................... 30 Un acuerdo social y político por la seguridad democrática para Santa Fe ........................ 30 Reorganización integral de la fuerza policial ...................................................................... 31 Profesionalización de la policía provincial distinguiendo las funciones de prevención y de investigación. Salir del esquema de policía única ...................................................... 33 Una política integral de participación comunitaria en materia de seguridad .......................38 El control disciplinario ......................................................................................................... 40 Políticas de transparencia y control de corrupción ............................................................. 41 Promoción de fiscalización o inspectorías de servicios y dependencias policiales ............ 42 Puesta en marcha de un Sistema de Gestión del Conocimiento sobre el delito y la violencia ....................................................................................................................... 43 Información estadística consolidada sobre el delito y la violencia ..................................... 44 Coordinación efectiva entre la política de seguridad y la política de persecución penal para el desarrollo de una política criminal provincial ................................................ 46 Impulso de programas de prevención social del delito y la violencia ................................. 46 Coordinación de esfuerzos a nivel local para la prevención y erradicación del delito de trata de personas ................................................................................................. 53

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Editorial

Editorial

Agustín Rossi

La presente publicación intenta ser un aporte para el gobierno de la seguridad con valores democráticos en la provincia de Santa Fe. Que me ocupe del tema no es circunstancial, la problemática de la inseguridad en nuestra provincia siempre me preocupó. Ya en el año 2002, siendo concejal de la ciudad de Rosario, presenté un proyecto de ordenanza que creaba el Programa Municipal de Seguridad Urbana.

En el año 2007, como pre-candidato a gobernador de la provincia, presenté una serie de propuestas en el área, entre las que destaco la creación del Ministerio de Seguridad y de las policías locales de prevención.

Durante mi campaña a Gobernador, el pasado año 2011, la seguridad también ocupó un lugar prioritario. Tomé nota del incremento de los delitos más violentos, de la autonomización policial y del desarrollo de economías delictivas que se fueron produciendo en este último tiempo en nuestra provincia; fue así que con nuestros equipos técnicos elaboramos y presentamos una serie de propuestas de políticas públicas en la materia, muchas de las cuales, pueden encontrarse aquí, de manera más desarrollada y ampliada.

El trabajo continuó más allá del momento electoral, ejemplo de ello fueron las denuncias públicas que realicé acerca del uso político que se daba a la categoría “ajuste de cuentas”, expresión eufemística que intentaba invisibilizar el aumento exponencial de los homicidios dolosos en el DepartaPágina 3

Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe mento Rosario.

Un punto de quiebre se produjo en enero del año 2012 con el asesinato de tres jóvenes militantes sociales, hecho conocido como el “triple crimen de Villa Moreno”. Este trágico suceso me llevó a plantear la necesidad de un Acuerdo para la Seguridad Democrática en Santa Fe, tomando como inspiración el Acuerdo para la Seguridad Democrática, que se celebró a nivel nacional a fines del año 2009.

El problema de la inseguridad en Santa Fe es grave y demasiado importante para que quede exclusivamente en manos de políticos o de expertos, es necesario escuchar y darle participación a toda la población; la seguridad debe convertirse en eje de un gran debate provincial.

Las propuestas que aquí se formulan, intentan aportar soluciones para el gobierno de la seguridad en la provincia y al mismo tiempo, generar disparadores para una reflexión que permanezca abierta.

Quiero agradecer a quienes hicieron posible esta publicación, en especial al distinguido León Carlos Arslanian, quien me honró escribiendo el prólogo, y a Ileana Arduino, por su inestimable contribución en la elaboración de las propuestas.

También deseo expresar un reconocimiento a Adela Aichino, Gustavo Peters, Fernando Rosúa, Alejandro Rossi, Esteban Borgonovo y Sergio Giorgis, quienes sumaron sus ideas y experiencias.

A Fernanda Llobet, por la coordinación general de la tarea junto a Germán Martínez y Eduardo Monti.

Finalmente, un agradecimiento a Julia Irigoitia, Juan Andrés González Utges y Roberto Román, y en ellos a todo el grupo de estudio e investigación sobre seguridad democrática del Instituto Santafesino de Políticas Públicas.

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Prólogo

PROLOGO

León Carlos Arslanian

Algo está cambiando en Argentina en materia de seguridad pública y ciudadana; y para bien.

Ese cambio tiene diversos vectores que, en lo esencial, se expresan y concretan en una sustitución del paradigma de policiamiento de la seguridad que gobernó la cuestión durante toda nuestra historia institucional hasta las postrimerías del siglo pasado. Tal cambio de paradigma coincide con el proceso de transición que los países de América Latina encararon luego de las dictaduras militares que asolaron la región y sumieron a aquellos en el subdesarrollo y a sus pueblos en diversos modos de exclusión y privación de derechos, entre ellos a vivir de un modo digno y a disfrutar de los bienes jurídicos esenciales.

El nuevo paradigma rompe con mitos y se libera de complicidades ideológicas: el problema de la inseguridad ciudadana ya no es un producto de la presunta lenidad del sistema penal, de la insuficiencia de poderes acordados a fuerzas policiales, de la munificencia garantista dispensada al delincuente, ni de la ineficacia de los órganos del estado que en forma primaria deben encargarse de aquella; pero tampoco es el resultado excluyente de las crisis sociales, económicas, de la pobreza, ni aún de la inequidad, sino un punto de encuentro entre la multiplicad de factores concurrentes que constituyen la argamasa sobre la que el hombre político, en función de gobierno, o no, debe construir.

No más policiamiento puro de la inseguridad, ni explicaciones sociológicas de cuño economicista.

Esta es la síntesis conceptual desde donde Agustín Rossi ofrece su plan de seguridad para su provincia: Página 5

Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe “…Se cae en una visión “economicista” de los problemas que la acercan a la teoría del derrame neoliberal. Al igual que el modelo de la demagogia punitiva, la política se desliga del problema, y, olvidando su complejidad, se termina asociando pobreza con criminalidad, lo cual es falaz y estigmatizante”.

El nuevo paradigma es rico en la diversidad de recursos y enfoques y en la reasignación de roles y de funciones, en particular hacia los nuevos actores a quienes compete contribuir para que la realidad criminológica muestre registros más satisfactorios; y esto exige parar mientes en la dureza de las cifras, cuanto en los sentimientos de la comunidad, atemorizada por los hechos al socaire de su difusión rampante.

Surge, así, un nuevo concepto hasta hace apenas una década desconocido entre nosotros: el gobierno político de la seguridad que, a despecho del fenómeno extendido del gobierno autónomo o auto-gobierno de las fuerzas policiales, reivindica para los funcionarios políticos -y para la política- tan delicada misión.

Como derivación de ello, otro fenómeno (hasta ahora extraño a nuestras tradiciones institucionales) inaugura un capítulo que consiste en formular políticas públicas de seguridad o, lo que es lo mismo, practicar diagnósticos que nos permitan conocer la realidad y planificar de acuerdo a ese conocimiento.

Se trata, entonces, de elaborar propuestas y políticas para la atención del fenómeno de la inseguridad, conocer la cantidad y calidad de los delitos, su geo-referencia, sus modalidades, detectar los procesos más complejos y socialmente más dañosos como lo son la criminalidad organizada transnacional, el rendimiento de las agencias penales, su comportamiento, la detección y examen de las causas de la violencia social que se criminaliza, y a partir de esa suma de conocimientos elaborar las propuestas que, por cierto, se nutrirán de los aportes de diversas agencias del estado, que no serán tan sólo las que atienden al sistema penal sino también las que tienen por misión corregir la conflictividad social y satisfacer la demanda insatisfecha (multiagencialidad).

La etapa diagnóstica resulta esencial porque consiste en acopiar información útil y pertinente, pero además interpretarla adecuadamente eludiendo la tentación de explicaciones sesgadas más Página 6

Prólogo funcionales a conveniencias políticas de momento que a una planificación seria y racional.

Precisamente, Agustín Rossi, tras examinar los datos suministrados por la estadística gubernamental elaborada por los órganos especializados de Santa Fe y referidas a la ciudad de Rosario, cuestiona el análisis que se hacen de estas al igual que las conclusiones a las que se arriban que bien pueden llevar a decisiones equivocadas o a la elusión de las medidas más apropiadas.

Es muy interesante el examen que el autor hace del funcionamiento de la agencia penal en la Provincia de Santa Fe y del resultado de las diversas reformas que se fueron poniendo en práctica.

Su mirada, aunque crítica, no está exenta de objetividad lo que le permite juzgar con beneplácito ciertas acciones llevadas a cabo por el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social: tal la creación del Ministerio de Seguridad que generó expectativas que -en su opinión- no encontraron el correlato adecuado en una reforma que debió haber sido profunda; otro tanto podría decirse de la creación del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) -concebido como persona jurídica autárquica- presidido por un civil, en su comienzo, pero reemplazado por un funcionario policial en situación de retiro que es quien lo dirige en la actualidad.

Pondera, también, que se mantuviera vigente la Ley 12.521 para el Personal Policial aprobada en el año 2006 que estableció el sistema de escalafón único, el mecanismo de ascensos mediante concurso y hasta el establecimiento de un régimen disciplinario respetuoso del principio de legalidad en la enumeración de las infracciones y la garantía del debido proceso. Sin embargo, ante la falta de reglamentación los ascensos siguen haciéndose mediante el viejo y amañado procedimiento de las Juntas de Calificaciones.

De su rica descripción causa sorpresa que aún se encuentre vigente la Ley Orgánica de la Policía N° 7.395 que data de 1975, a cuyo amparo todavía el personal policial puede perpetrar detenciones arbitrarias fruto del olfato policial.

De esta, y de tantas otras cuestiones, se hace cargo el pormenorizado informe que brinda Agustín Rossi, conocedor profundo de la problemática que aborda, pero también de su abordaje más apropiado.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe Así, el plan que ofrece el autor para la Provincia de Santa Fe rinde tributo a las exigencias de ese nuevo paradigma de seguridad y sin incurrir en niveles de detalle que perjudicarían su adecuada intelección muestra los grandes capítulos que una mirada holística demanda.

La experiencia argentina es suficientemente aleccionadora acerca del carácter indispensable que tienen los acuerdos políticos a la hora de adoptar planes de gobierno en materias de alto impacto social como lo son la economía, la salud pública, el medio ambiente y por supuesto la seguridad personal.

Estos acuerdos tienen un escenario institucional, digamos natural, que son los cuerpos legislativos que deben contribuir a que se reúnan las mayorías necesarias para que las leyes que vertebran los planes obtengan una rápida sanción. Existe una presunción (por cierto no irrefragable) de que esas leyes darán estabilidad y perdurabilidad a cuanto decidan, circunstancia en la que media un interés político considerable si se aprecia que cualquier plan de mediano -y ni qué decir de largo plazo- puede exceder el período de gobierno de la fuerza política que detenta el poder.

Sin embargo, las crisis de representatividad política, por un lado, y nuevas representaciones sociales surgidas de modo vigoroso en las últimas dos décadas, sumados al por demás interesante proceso de activación social al que asistimos, muestran que otros acuerdos, en procura del máximo consenso, son convenientes. Véase por caso para ratificar este aserto, el denominado Acuerdo para la Seguridad Democrática al que accedieron la casi totalidad de los partidos políticos -incluido el del gobierno-, las ONGs más caracterizadas, la comunidad académica, educativa, las centrales de trabajadores, las iglesias y demás, el 29 de diciembre de 2009, y que tuvo por antecedente el celebrado por el gobierno de Felipe Solá en Buenos Aires, en noviembre de 2006.

Los postulados y consignas democráticas alrededor de los cuales se selló el acuerdo del que tomó parte y fue entusiasta defensor Agustín Rossi han inspirado su plan con el que pretende enfrentar “…la inercia de las viejas prácticas y en definitiva la vigencia del autogobierno policial (que) siguen hasta hoy imponiendo sus lógicas”.

Replantear la organización de la fuerza policial se presenta, pues, como un imperativo y en este cometido pareciera que el primer desafío es el de liberarse del peso inercial que la lógica de lo dado Página 8

Prólogo suele imponer.

Así, uno de los objetivos fundamentales de la reforma del estado es encarar su descentralización y desconcentración, premisa válida con intensidad impar en materia de organización de los recursos humanos policiales si se aprecia la importancia que tiene llevar el poder al territorio del conflicto.

La creación de nuevas policías es un recurso que no solo atiende a dichas exigencias, sino que, además da satisfacción al principio de especialidad: “…tenemos que salir del esquema de policía única”, afirma Rossi, amén de diferenciar la policía de investigaciones de la prevención. Su propuesta es la creación de dos fuerzas separadas de la policía actual, ambas de prevención, para los Departamentos de Rosario y Santa Fe. A su vez, el avance de la descentralización operativa policial lo proyecta sobre los municipios porque es allí en donde es posible practicarla, involucrando al intendente, bien que bajo la conducción política del Ministerio de Seguridad y del Gobernador, generando de tal suerte un escenario de policías múltiples.

No escapa a la consideración del autor, un amplio capítulo sobre participación comunitaria en materia de seguridad. El fenómeno es nuevo, rico y complejo.

Se concretó por vez primera, en nuestro país, en el marco -y como componente esencial- de la reforma llevada a cabo en la Provincia de Buenos Aires durante dos períodos (1997-1999, 20042007); fue introducida en lo que fuera la nueva ley de Seguridad Pública (12.154) y materializada a través de los Foros Vecinales y Municipales de Seguridad.

Tal tipo de participación trasunta diferentes potencias: implica la concesión de nuevos y mayores poderes ciudadanos en la materia que más preocupa a la ciudadanía; contribuye a que la demanda de más seguridad se despoje de su tono errático y se vuelva más racional en la medida en que el involucramiento se concrete en la obtención de información institucional; y, además, otorga un rol activo al ciudadano que coparticipa en el diseño de programas de seguridad barriales, organiza mapas de seguridad y demás.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe Los fenómenos de participación son ricos y variados al punto de verse notablemente enriquecidos por obra de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs.) que operan en el ámbito de lo público y obtienen legitimación, incluso, como operadores de programas gubernamentales, al igual que la pléyade de organizaciones barriales, sociedades de fomento y demás, quienes también operan en la esfera pública, elementos que Rossi rescata, pondera e incorpora a su programa.

La cuidadosa identificación diagnóstica que propone y la diversidad de recursos multiagenciales y multiactorales que pone en juego le permiten avanzar en distinciones sutiles acerca de los diferentes niveles de conflicto (el estrictamente delictivo, la conflictividad social y la conflictividad con el espacio público) lo que favorece una adecuada reasignación de roles en la resolución de los conflictos.

No ha escapado al fino criterio del autor la importancia que tiene la atención de lo relacionado al recurso humano policial, aspecto que aunque resulte paradojal es una clara consecuencia del auto-gobierno de las fuerzas policiales y de la ausencia de políticas públicas que pongan en su quicio el ejercicio de las incumbencias gubernamentales. Los derechos del hombre policía están íntimamente asociados a la eficacia de su desempeño, a su disciplina, a la necesidad de su carrera, a su futuro, a su seguridad, a su salud, a su familia, a la necesaria dignidad de su salario, a sus expectativas sociales, a su retiro, a que se lo escuche, a que se lo haga parte de los procesos de transformación, a que se lo estime públicamente. En suma a que se lo valide como ciudadano.

Y en orden a la obtención de tan plausibles propósitos, el autor introduce dos ideas: la del accountability (rendición de cuentas) y la conveniencia de la creación de un ámbito de control externo que preserve a la institución -y a sus hombres- de las múltiples acechanzas a que se ven sometidos en razón de la índole misma de su función.

No hay recetas milagrosas, sino leyes de organización adecuadas, academia abierta que proteja del ensimismamiento a que conduce el peso corporativo, leyes de personal concesivas de derechos que correspondan, y controles estrictos de naturaleza exógena, como nos lo sugiere Agustín Rossi.

A poco que uno se adentra en la consideración del plan de gobierno que comentamos, se advierte el elevado grado de complejidad que supone el empleo del recurso humano policial.

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Prólogo Sin embargo, el nuevo paradigma concede un punto de partida que allana las primeras dificultades; y ello es así porque el gobierno político de la fuerza policial supone que la conducción estratégica es un atributo de dicho gobierno, al tiempo que pone en manos policiales la conducción operativa que no es otra cosa que la resultante de los planes que la autoridad política diseña.

Compete a la conducción estratégica decidir los modos de intervención policial e, incluso, modificar los criterios convencionales de prevención situacional orientados por la estadística y la georeferencia del delito, que la experiencia general sugiere no siempre útiles; dice Rossi, no es lo mismo trabajar guiados por el objetivo de reducir los robos de vehículos que los hurtos de vehículos y tradicionalmente se trabaja del mismo mismo.

Por lo demás, los conflictos sociales, la violencia de género, la ocupación violenta de espacios públicos, demandan habilidades y metodologías de tratamiento que una academia policial moderna debe atender. De ahí la importancia que es dable acordar a las técnicas de resolución alternativa de conflictos, en particular la mediación, al par que la elaboración de protocolos de actuación que alejen la improvisación, el acaso o la arbitrariedad e impongan, en su lugar, actuaciones regladas y racionales.

Al igual que en la reforma habida en la Provincia de Buenos Aires, la desafectación de policías en el control de detenidos en comisarías -rémora perversa- y de la gestión administrativa, son objetivos que la propuesta trae y que se vinculan con el uso racional de los recursos.

El control del desempeño institucional en las policías presenta modalidades diferentes: endógena con cuerpos diferenciados de carácter policial – propia de los sistemas de auto-gobierno-, exógenas, con integración civil, y mixtas.

Asiste razón a Rossi en que una policía que intente preservar el orden disciplinario debe conservar poderes sancionadores funcionales al cumplimiento de tal finalidad. Nada tiene que hacer la autoridad política con la vigilancia del cumplimiento de órdenes de servicio por parte de subalternos, ni con el incumplimiento de horarios, y tantas otras cuestiones vinculadas con exigencias del servicio.

De poco serviría que se hiciese cargo de dicha problemática.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe Sí, en cambio, importan los hechos de naturaleza grave como la corrupción, el abuso de poder, la intervención de efectivos policiales en la comisión de delitos, cuyo examen y tratamiento es conveniente sea conferido a órganos de naturaleza política.

Ningún control es bastante a la hora de examinar cómo una institución policial o de seguridad hace uso del poder y de la fuerza; o cómo organiza los recursos financieros, o de que procedimientos se vale, si de compras o contrataciones se trata. Y en línea con las tendencias más modernas lo que Rossi propone es un estricto control político al que debe acoplarse el control social: los Foros vecinales, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos deben ser consideradas a la hora de construir un sistema eficiente de controles.

Es tan complejo el tema de proveer seguridad a la comunidad que ni siquiera se cuenta con una sede identificable cumpliendo esa misión. En el viejo paradigma, eran los estados mayores policiales quienes al calor de sistemas de enjuiciamiento de tipo inquisitivo que favorecían la delegación de la investigación -decidían el quién, el qué, el cómo y el cuándo de la prevención y de la persecuciónpero esa delegación se convirtió en la madre de todos los males porque concluyó en la autonomía de las fuerzas policiales y en graves fenómenos de corrupción.

Hay nuevos sujetos y nuevos roles; múltiples escenarios y diversas sedes desde donde y hacia donde se dirigen las políticas que pretenden brindar seguridad, lo que hace que hoy la tarea sea más ardua, compleja y sofisticada en lo tecnológico y en lo humano.

No más compartimentos estancos y sí, en cambio, articulación entre todas las agencias empezando por el Ministerio Público Fiscal cuya misión esencial es la persecución penal, para lo cual se debe generar una comunidad de información con el Ministerio de Seguridad.

Las ideas de Agustín Rossi son innovadoras y provocativas, fruto de su compromiso social y de la extraordinaria experiencia que como hombre público ha acopiado en tantos años de militancia seria y responsable. Su plan rezuma esos valores y cuenta, además, con el respaldo de una labor legislativa proficua y sin tachas.

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Introducción

Introducción Corrientemente asociamos la cuestión de la seguridad ciudadana a ciertas formas de delito -típicamente el delito callejero, el robo, el homicidio- que impactan en nuestra calidad de vida. Se trata de aquellas formas de violencia que afectan directamente nuestra cotidianeidad y que son vistas como situaciones amenazantes.

A ella se suman, sobre todo en los grandes centros urbanos, formas organizadas de criminalidad tales como el narcotráfico y la trata de personas, que en muchos casos se mezclan con las formas de delito ya mencionadas.

También convivimos, aunque muchas veces sin percibir directamente el daño social que causan ni la inseguridad y violencia que provocan, con los llamados delitos de cuello blanco propios de la actividad económica o bancaria, delitos asociados a la evasión impositiva y a la explotación laboral, delitos de carácter ecológico, entre otros.

A esta diversidad de hechos que mencionamos, se suman condiciones de conflictividad social que, sin ser delitos previstos en la ley, tienen una incidencia directa en los niveles de seguridad con los que una comunidad vive o percibe que vive. El abuso y degradación en los espacios públicos, conflictos vinculados a la actividad futbolística, ciertas formas de violencia de género, problemáticas de adicciones que no se resuelven y generan condiciones de conflicto, entre muchas otras circunstancias, son ejemplos de esto.

En este sentido, un concepto de seguridad que reconozca la amplitud de los fenómenos que lo constituyen como un problema, resulta indispensable para diagnosticar y proponer políticas públicas orientadas a mejorar los niveles de seguridad con que viven nuestras

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe comunidades.

El abordaje tradicional, consistente en asociar inseguridad solo con delito y que deja su tramitación en la intervención de las agencias policiales y judiciales, ha demostrado su ineficacia puesto que constituye una forma de trabajo incapaz de promover mejores condiciones de vida.

Esto es crucial para comprender las herramientas con las que debe abordarse la cuestión de la seguridad pública, entendida como “la situación política y social en que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce de sus derechos (…) a defender y ser protegidos en su vida, su libertad, su integridad y bienestar personal, su honor, su propiedad, su igualdad de oportunidades (…) y a obtener el pleno resguardo de la totalidad de los derechos y garantías emanadas del Estado de Derecho” 1 .

En estos últimos nueve años han disminuido notablemente los índices de pobreza, de indigencia y de desigualdad a partir de la implementación de una serie de políticas públicas nacionales de generación y formalización del empleo, previsionales, y de programas de corte universal como la Asignación Universal por Hijo, a las que nuestra provincia ha tenido un acceso privilegiado. Pero, a pesar de estos innegables avances en lo económico y social, la preocupación por la inseguridad sigue al tope de las problemáticas ciudadanas.

Este escenario de crecimiento que genera el proyecto político del gobierno nacional, que tiene en la recuperación y ampliación de derechos su columna vertebral, ofrece un escenario inmejorable para terminar con el “dejar hacer, dejar pasar” sin caer en la demagogia que propone soluciones mágicas de mano dura, que lejos de brindar mayores condiciones de seguridad, generan nuevos problemas y carecen por completo de eficacia preventiva.

En la actualidad, no es serio persistir en que el gobierno de la seguridad ciudadana pase por el reforzamiento de las leyes penales y su aplicación, propio del modelo de la demaSaín, Marcelo F, “Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en Argentina”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2002, pág. 15

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Introducción gogia punitiva; ciertamente, el aparato policial y penal debe intervenir con eficacia cuando el delito se ha cometido.

Tampoco es serio creer que sólo con inclusión social se va a lograr prevenir y reducir el delito, como suele sostenerse desde cierto progresismo, y que los problemas de la inseguridad se arreglan a partir de la mejora de los indicadores macro y micro económicos.

Se cae en una visión “economicista” de los problemas que la acercan a las teorías del “derrame” neoliberal. Al igual que en el modelo de la demagogia punitiva, la política se desliga del problema, y olvidando su complejidad, se termina asociando pobreza con criminalidad, lo cual es falaz y estigmatizante.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir de sus gobernantes políticas activas e integrales mucho más profundas, consistentes en: 1) contar con cuerpos policiales profesionalizados, conducidos por responsables políticos y orientados a una intervención diferenciada en materia preventiva e investigativa, regulados por carreras transparentes, dotados de recursos logísticos y alcanzados por una política clara en materia de control de corrupción y abusos de la fuerza; 2) Despliegue integral de acciones en materia de prevención, basadas en informaciones de calidad y orientadas tanto a generar condiciones de desincentivo para quienes cometen delitos como la integración social de quienes encontrándose en condiciones de vulnerabilidad en materia de derechos, incurren en prácticas delictivas y/o violentas; 3) Políticas claras que respondan a la diversidad de problemas que señalamos con anterioridad, la vieja lógica del análisis de “caso por caso” nos hace perder perspectiva.

Es preciso avanzar en una mirada que permita comprender los distintos circuitos del delito, la conexión entre los niveles legales e ilegales bajo una lógica económica, que permita detectar no sólo los eslabones criminales más débiles sino también las organizaciones que los sostienen y a su vez, poder operar con medidas de prevención, obstaculizando mediante controles administrativos, acciones de prevención, campañas de desaliento y/o Página 15

Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe advertencia comunitaria, entre muchas otras herramientas 2 .

Esta diversidad de problemas y respuestas supone reconocer que ya no basta con el componente policial para resolver el problema de la inseguridad sino que deben promoverse muchas otras políticas y que la responsabilidad en la búsqueda de soluciones – ya sean en el plano del control de las fuerzas de seguridad como respecto del delito y la violencia- es centralmente política.

La inseguridad no es sinónimo de criminalidad. La inseguridad excede la criminalidad y constituye una problemática multicausal que responde a procesos multidimensionales complejos. Por lo tanto, su solución también será compleja y no solo política o administrativa, sino también socio-cultural.

Gestionar condiciones de seguridad ciudadana supone trabajar en los más diversos órdenes frente a multiplicidad de fenómenos incluso algunos que surgen y reclaman atención urgente, tal como ocurre cuando aparecen nuevas modalidades delictivas o se producen focos de delitos en determinadas zonas o temporadas, en relación directa con el resto de las agencias del Estado y con una fuerte determinación de conducción política -entendida como responsabilidad- de todos los niveles de respuesta, incluida la respuesta policial.

Para nosotros la seguridad es el resultado de una política que busca la reducción de los índices del delito y la violencia, incluyendo la mejora de la calidad de vida de la población, la participación comunitaria en la prevención del delito y el control republicando de las fuerzas de seguridad, la promoción de mejores condiciones de integración territorial a través de la construcción de ciudadanía y fortalecimiento comunitario, en definitiva, hacer de la tutela efectiva de una parte del amplio espectro de derechos un objeto central de la política de seguridad.

En definitiva, no se puede trabajar con la misma herramienta un panorama tan diverso de problemas. La problemática delictiva en zonas rurales reclama medidas completamente distintas a las del narcotráfico y el robo en grandes centros urbanos supone estrategias propias que nada podrán hacer, por ejemplo, frente a la violencia de género; la intervención frente al delito consumado es completamente distinta que las que impulsemos para su prevención. También serán distintas las herramientas de gestión ante distinto tipo de víctimas y de victimarios.

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Introducción Entendemos que se trata de una política central, un servicio público que no puede ser considerado ya un fin en sí mismo (el orden por el orden mismo, incluso a costa de los derechos de las personas) sino una condición de vida sin la cual las personas se ven impedidas de gozar adecuadamente de su libertad, ven menoscabada su dignidad y amenazada su integridad física.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe ..

La inseguridad en Santa Fe Los resultados del desgobierno La inseguridad en la provincia de Santa Fe se ha convertido en los últimos años en un problema grave. A pesar de que constituye la principal preocupación de los santafesinos y santafesinas, no tiene dentro de la agenda del gobierno provincial un lugar acorde a la demanda social.

A partir de 2007, desde nuestro sector político vinimos planteando la creación del Ministerio de Seguridad, por eso, compartimos la decisión tomada al asumir el primer gobierno del Frente Progresista Cívico y Social de jerarquizar el área. Se trató de una medida que se adelantó a otras provincias e incluso a la Nación. Pensamos, lógicamente, que esa decisión se traduciría en políticas concretas en materia de seguridad.

Esperábamos que el gobierno llevara a cabo un plan integral de reformas en materia de seguridad, que avanzara hacia una reforma profunda de la Policía, tal como lo había anunciado3, que asumiera la conducción política de las fuerzas de seguridad, en definitiva, que cumpliera con las expectativas generadas.

Sin embargo, la decisión de otorgarle rango ministerial al área de seguridad en la provincia, no tuvo impacto ni carácter en la gestión y se agotó en el diseño institucional. El estado de situación actual es claro respecto de la ausencia total de iniciativas con capacidad de transformar la realidad de la provincia en materia de seguridad Más allá de la creación del Ministerio de Seguridad, el gobierno provincial continuó, básicamente Rosario/12, 17-04-2008 - Reforma Policial y Nueva Ley Orgánica - Los Planes del Ministro Cuenca. “El gobierno prepara un paquete de leyes –que es probable que el gobernador Hermes Binner anuncie en su mensaje a la Legislatura, el 1 de mayo próximo, para profundizar la reforma policial que se aprobó durante la gestión del exgobernador Jorge Obeid, pero que nunca fue reglamentada, y sancionar una nueva Ley Orgánica de la Policía…”;“Estamos trabajando en los proyectos, uno ya está casi listo, y la idea es enviarlos a las Cámaras este año, lo mas pronto posible”, dijo el ministro de Seguridad Daniel Cuenca, ante una consulta de Rosario 12”.

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La inseguridad en Santa Fe: Los resultados del desgobierno y aún con retrocesos, con lo logrado por reformas llevadas a cabo en gestiones anteriores4.

Así, fue por Decreto 1.359 del año 1997 que se tomó la medida central en términos de control civil de las fuerzas de seguridad de crear la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la Policía, con la función de prevenir e investigar las actividades ilegales cometidas por el personal policial, actuar como auxiliar de la justicia cuando se incrimina a personal policial, y en definitiva mantener una política constante y sólida de monitoreo sobre el desempeño y la institución policial en su conjunto5.

Respecto a la capacitación policial, fue por Ley 12.333 del año 2004 que se creó el Instituto de Seguridad Pública (ISEP) con autonomía de la estructura policial6, y con el objetivo de formar recursos humanos en el área de seguridad pública en una perspectiva de desarrollo profesional, considerando la formación en competencias para la prevención del delito, la resolución pacífica de conflictos, la protección de la vida y la seguridad de los bienes de las personas. La ley previó dos carreras de nivel terciario: la de Auxiliar de Seguridad Pública, de dos años de duración, y la de Técnico Superior en Seguridad, de un año de duración.

En relación a la designación del Director del Instituto, la ley establece que el Ejecutivo lo elige de una terna de nombres elevada por un Consejo Interinstitucional integrado por un representante del Ministerio de Seguridad, otro del Ministerio de Educación y un tercero de la Jefatura de Policía de la Provincia. Actualmente el ISEP está dirigido por un miembro retirado de la policía y si bien la ley no lo prohíbe, es de destacar que quien ocupó el cargo con anterioridad no pertenecía a la fuerza.

Ello ha traído como consecuencia que el ISEP haya cambiado en estos últimos años la lógica con la que fue creado: de autonomía respecto a la estructura policial, ni más ni menos que en un tema crucial como el de la formación7.

Nos referimos a la primera y segunda gestión del ex Gobernador Jorge Obeid.

Compuesta por personal policial y civil, se encuentra a cargo de un jefe designado por el Poder Ejecutivo. Su competencia territorial abarca todo el ámbito de la provincia de Santa Fe, ya que desempeña su gestión en dos delegaciones: centro-norte con sede en la ciudad de Santa Fe, y sur con asiento en Rosario.

6 El ISEP reemplazó a la Dirección General de Institutos Policiales, a la Escuela Superior de Policía “Brigadier General Estanislao López”, a la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia “Comisario Inspector Antonio Rodríguez Soto” y a los Centros de Instrucción en destino de las distintas Unidades Regionales.

7 Resulta simbólico el reemplazo del logo con el que se identificaba la institución desde su creación, a partir del cambio de su Director.

Preocupan también las denuncias formales de parte de alumnas del ISEP por acoso sexual a docentes del instituto, que se encuentran en etapa de investigación.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe La Ley 12.521 para el Personal Policial aprobada en el año 2006, fue uno de los avances institucionales más innovadores en el país y en la región puesto que estableció el sistema de grados con escalafón único, terminando con la doble estructura existente de oficiales y suboficiales8 ; un sistema de ascensos a través de concursos públicos de antecedentes y oposición ante un jurado externo, independiente y renovable; y un nuevo régimen disciplinario, incorporando la garantía constitucional del debido proceso y un número taxativo de faltas, evitando los tipos disciplinarios “abiertos”, como modo de evitar violaciones a los derechos del personal policial.

Ignorando la importancia de la ley citada, el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social no la ha reglamentado – facultad exclusiva del Gobernador- con lo cual muchas de las reformas previstas en la misma han quedado en mero programa, sin ejecución, por ejemplo, las referidas al sistema de ascensos del personal policial que se sigue realizando a través del viejo sistema de juntas de calificaciones previsto en la derogada ley 6.769. No sólo no se reglamentó sino que tampoco el oficialismo generó una normativa de reemplazo9.

Así, la falta de gestión hace que hoy, a pesar de contar con un programa normativo del siglo XXI, la población santafesina tenga a sus fuerzas de seguridad gobernadas centralmente con leyes del siglo pasado.

Ejemplo de ello es la Ley Orgánica de la Policía N° 7.395 que data del año 1975 y que sigue vigente a pesar de la promesa del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social de enviar a la Legislatura una nueva ley que la reemplazara.

La Ley contiene además el cuestionado artículo 10 bis, que es interpretado por la propia policía en el sentido de habilitar detenciones arbitrarias, fruto de lo que se denomina el “olfato policial. El artículo en cuestión establece: “Salvo los casos previstos por el Código de Procedimiento Penal, la Policía no podrá detener o restringir la libertad corporal de las personas sino por orden de autoridad Esa forma de división es un reflejo de la militarización de las fuerzas de seguridad, que nada tiene que ver con sus necesidades operativas. Los modelos policiales modernos ordenan a sus policías por competencias (tal como se propone en este documento más adelante) y no con distinciones de grado propias de la cultura militar, que ninguna utilidad guardan con la eficacia a la hora de prevenir el delito. Más bien han sido funcionales al abuso institucional de oficiales sobre suboficiales.

9 En septiembre de 2009 el Ejecutivo envió un proyecto de ley modificatorio de varios de los artículos de la Ley 12.521, que caducó en su tratamiento legislativo. Se trata del proyecto de ley enviado por Mensaje N° 3648 del 29 de setiembre de 2009, expediente N° 22.871-PE. 8

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La inseguridad en Santa Fe: Los resultados del desgobierno competente. Sólo cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas, que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate se identidad. En este caso, la demora no podrá exceder las seis (6) horas corridas y en el transcurso de las cuales, los que sean trasladados a dependencias policiales, no podrán ser alojados en lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones y tendrán derecho a hacer una llamada telefónica tendiente a plantear su situación y a los fines de colaborar en su individualización e identidad personal. En la primera actuación policial se impondrá a la persona demorada de sus derechos y garantías, no será incomunicada y se labrará de inmediato, acta individual o colectiva, en la que constará la causa de la demora, fecha y hora de la medida, debiendo ser firmada por el funcionario actuante, por el demorado y dos (2) testigos que hubieren presenciado el procedimiento si los hubiere, con entrega de las copias respectivas a los interesados".

Por último, y en línea con una política de seguridad moderna, ya en el año 1996 fueron creadas por resolución Nro. 162 del entonces Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia, las Juntas Barriales de Seguridad Ciudadana, diseñadas para funcionar en las comunas y en los barrios de las ciudades de la provincia, y tenían por objeto recibir inquietudes de miembros de la comunidad en materia de seguridad. Funcionaron en las ciudades de Santa Fe y Rosario (dictándose las ordenanzas municipales de creación de las mismas por parte de los respectivos Concejos Municipales) y también en otras localidades de la provincia.

Desde fines de 2007 a la fecha, ninguna instancia de participación similar ha sido sostenida, estimulada ni mucho menos mejorada aún cuando ya nadie desconoce el rol protagónico de la comunidad en el desarrollo de las políticas de seguridad.

El balance es claro, nuestra provincia contaba ya con instrumentos normativos y mecanismos institucionales orientados a sostener una nueva forma de gestión del gobierno de la seguridad. El gobierno del Frente Progresista Cívico y Social creó un Ministerio de Seguridad aunque con esa herramienta institucional no logró sostener los avances previos ni impulsar acciones novedosas.

También, como vimos, fue protagonista de francos retrocesos.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe .

El caso Rosario El incremento del homicidio doloso.

A la luz de las consideraciones que hicimos hasta aquí, el estado de situación en el que se encuentra nuestra provincia con las expresiones dramáticas que el tema de la violencia tiene en la ciudad de Rosario en cuanto al aumento del delito y la violencia y la evidente autonomía de la policía provincial respecto de la cual no se ejerce control genuino alguno, tienen explicación. No hay casualidades, sino causalidades: la ausencia de gestión y de un rumbo claro por parte del gobierno provincial es el denominador común entre los distintos problemas que muestra nuestra provincia en materia de seguridad.

El año pasado, durante la campaña a gobernador de la provincia de Santa Fe, advertimos sobre la situación que se estaba dando en la provincia y, fundamentalmente, en el Departamento Rosario.

No lo hicimos con la intención de alarmar ni especular electoralmente sino de dimensionar acabadamente el problema y hacerle saber a la población santafesina que para nosotros la seguridad sería un tema prioritario en la agenda de gobierno. Fue así que formulamos y diseñamos con nuestros equipos de trabajo una serie de propuestas de políticas públicas en la materia.

Logramos instalar el tema en la agenda pública y correr el velo de lo que aparecía invisibilizado por la gestión de gobierno. Las cifras comenzaron a aparecer en los medios de comunicación.

Al mes de julio de 2011, dimos a conocer el incremento de los homicidios dolosos (intencionales) en el Departamento Rosario:

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El caso Rosario

Fuente: Unidad Regional II de Polícia

A pesar de haberse hecho públicas estos datos, continuó la incapacidad del gobierno provincial de construir una agenda para atender la problemática de la inseguridad.

Al finalizar el año 2011 las cifras lamentablemente nos dieron la razón y confirmaron lo que habíamos anticipado. La cantidad de 163 homicidios dolosos perpetrados durante el año 2011 dan cuenta de un incremento del 29,3% respecto a 2010, superando asimismo la cifra de todos los años precedentes.

Estos números indican un aumento importante de la tasa de homicidios dolosos en el Departamento Rosario: de 10 casos cada 100.000 habitantes en el período 2010 pasamos a la cantidad de 13 casos cada 100.000 habitantes en el año 2011, tasa que duplica el promedio nacional11. En los meses transcurridos del año 2012, la situación no ha variado y sigue siendo preocupante, al día 18 de octubre se estima la cantidad de 140 homicidios dolosos en el Departamento Rosario.

La singular lectura de las estadísticas criminales.

En la provincia de Santa Fe no contamos con datos estadísticos consolidados sobre el delito y la 11

Marcelo Saín, programa “Final Abierto” emitido en fecha 26/09/2012 por Televisión Regional Rosario.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe

Fuente: Dirección de Análisis Criminal (Ministerio de Seguridad) - Unidad Regional II de Polícia12

violencia. Más allá de la escasa información que poseemos, no deja de sorprendernos la forma en que se construye esta información y el análisis y uso político que se hace de la misma.

Tomamos como ejemplo la única información con la que contamos en forma actualizada y que ha trascendido a través de los medios de comunicación: el registro de homicidios dolosos en el Departamento Rosario. La tasa de homicidio doloso es un parámetro útil para medir la inseguridad, ya que es la única cifra que no se puede ocultar y que se puede medir sin la necesidad de recurrir a encuestas de victimización.

Veamos cómo se construye la información sobre homicidios dolosos referida al Departamento Rosario. Las estadísticas de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad provincial discriminan en cuatro tipos de circunstancias para explicar la situación en que sucedió un homicidio doloso: Cuestiones Interpersonales/Familiares (CIF) Ocasión de robo (OR) Enfrentamiento policial (EP) Enfrentamiento en instituto penitenciario o comisaría (EPC).

Datos extraídos de nota del Diario La Capital, 09-01-2012: “Los homicidios en Rosario subieron un 29 por ciento en relación a 2010”.

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El caso Rosario La mayor cantidad de homicidios dolosos se agrupa en los hechos denominados Cuestiones Interpersonales/Familiares (CIF) que abarcan la cantidad de 140 casos en 2011 en el departamento Rosario, esto es un 86 % del total.

Homicidios dolosos 2011 departamento Rosario desagregados por causas13 Cuestiones Interpersonales/Familiares (CIF) 140 Ocasión de robo (OR) 18 Enfrentamiento policial (EP) 1 14 Enfrentamiento en instituto penitenciario o comisaría (EPC) 4

Desde la gestión de gobierno se sostiene que la suma aritmética de los homicidios dolosos sólo genera alarma, ya que no todos los homicidios dolosos generan “escenarios de inseguridad”.

Argumentan que del total de homicidios, sólo los ocurridos en ocasión de robo son representativos de lo que suele entenderse como hechos de inseguridad. Y que los mismos sólo constituyen el 11% del total de homicidios dolosos.

La Capital, 09-01-2012: “Los homicidios en Rosario subieron un 29 por ciento en relación a 2010”.

Se cree que hay subregistro en esta categoría y en la anterior, que muchas de las muertes ocurridas tanto en enfrentamientos con la policía, como en institutos penitenciarios o carcelarios se registran como homicidios culposos y no como dolosos o intencionales.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe En este sentido y según la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad provincial, de los 163 homicidios que hubo en Rosario durante 2011 solo 18 casos fueron en ocasión de robo, es decir el 11 por ciento del total. En el primer semestre de 2012 hubo 10 homicidios con esta causa sobre un total de 87, lo que representa también el 11 por ciento de los casos15.

En la misma línea de pensamiento, el actual Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, dijo: "Solamente el 11 por ciento de los homicidios que se producen en la provincia tienen que ver con situaciones de robo o violencia. Quizás, contrariamente a lo que puede creerse, la mayoría de los homicidios se producen en el marco de accidentes domésticos o por conflictos interpersonales”16.

Asombra el análisis que hace el gobierno provincial de las cifras, buscando, ante lo inocultable de las mismas, dejar a la mayor parte de estos delitos fuera de la problemática de la inseguridad. Incluso, se intenta destacar como un logro el hecho que los homicidios en ocasión de robo descendieron del 25% en 2010 al 11% en 2011.

Nosotros creemos, en cambio, que el oficialismo hace una construcción de las estadísticas que no es inocente, para luego poder “hacer hablar” los números de una determinada manera.

El planteo oficial es que ante este tipo de casos y por tratarse de conflictos que se suscitan entre personas que se conocen entre si, la policía y el gobierno, tienen poco o nada por hacer. No coincidimos con esa lectura. Nosotros creemos que la metodología utilizada por el organismo provincial es la que impide conocer fehacientemente las causas de los homicidios, la que imposibilita conocer lo que en realidad ocurre.

La categoría “Cuestiones Interpersonales/Familiares (CIF)” es de una vaguedad y generalidad tal, que nada aporta para la formulación y diseño de políticas publicas para prevenir y sancionar el delito y la violencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conflictos interpersonales? es decir, cuando aludimos,

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La Capital, 15-07-2012: “Asesinatos en Rosario: no crecieron en 2012 y el sudeste es la zona más crítica”.

Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, Diario Rosario 12, 21-07-2012.

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El caso Rosario nada más y nada menos, que al 86 % de los homicidios dolosos ocurridos en el departamento Rosario. ¿Por qué no se intenta desagregar esa cifra?

Separar los homicidios dolosos ocurridos en ocasión de robo, por enfrentamiento policial y por enfrentamiento en instituto penitenciario o comisaría, que representan -según los datos publicadosla minoría de los casos, es correcto. En cambio, agrupar en una sola tipología, la de conflictos interpersonales-familiares, hechos que poco o nada tienen que ver entre si y que constituyen la gran mayoría de los casos, nos parece un desatino.

Nosotros creemos que es necesario desagregar aún más, para poder diferenciar las causas de los homicidios. No es lo mismo un femicidio, de un homicidio que se produce por un conflicto entre vecinos, del cometido como consecuencia de una disputa entre bandas que venden droga.

Todos son hechos de inseguridad y según cuales sean las causas de los homicidios dolosos, se pueden y deben adoptar políticas tendientes a prevenirlos y sancionarlos, las que deben ser abordadas a través de distintas acciones y desde las diversas áreas de gobierno que correspondan según la tipología.

La criminalidad y la inseguridad no son lo mismo, pero se hallan íntimamente vinculadas. La criminalidad es parte de la dimensión objetiva de la inseguridad, que tiene además, como todos sabemos, componentes subjetivos, como el temor a ser objeto de un hecho delictivo. La inseguridad excede la criminalidad. Por ello, mal puede afirmarse que sólo los homicidios en ocasión de robo son hechos representativos de inseguridad. ¿Que busca esta errónea construcción de las estadísticas y la particular lectura de las mismas? generar tranquilidad en los sectores medios y altos de la sociedad que son los que poseen mayor posibilidad de expresarse, y que son los más propensos a sufrir hechos vinculados a delitos contra la propiedad (y por lo tanto, a homicidios en ocasión de robo). invisibilizar el resto de los homicidios intencionales que afectan a sectores sociales con menor posibilidad de expresarse y que ocurren en los suburbios de los grandes centros urbanos, zonas que aparecen alejadas de la preocupación pública.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe En definitiva, se intenta a través de eufemismos y de lecturas equivocadas de la sesgada información estadística, justificar la inacción del Estado.

La desigual distribución de los delitos más violentos.

Contrariamente a lo que pueda suponerse, son los barrios más pobres los más indefensos frente al delito violento. Aunque no contemos con un mapa del delito, es fácil advertir que la ocurrencia de los mismos se concentra en las zonas más postergadas y de mayor pobreza estructural. Los barrios La Tablada, Las Flores, Ludueña, Saladillo, La Cerámica, Santa Lucia, Parque Casas, son los más afectados por la inseguridad.

Por el contrario, en la zona de mayor densidad poblacional de la ciudad de Rosario, entre los bulevares y el río, fueron víctimas de homicidios intencionales 6 personas en el primer semestre del año, lo que equivale a un 7,32% del total de 87 casos registrados en dicho período17.

Un caso emblemático que puso en evidencia la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran los sectores sociales más desprotegidos, y dentro de este sector, en especial, los jóvenes, fue el triple crimen ocurrido en el barrio de Villa Moreno de Rosario, el 1° de enero de 201218.

Una de las explicaciones a la desigual distribución de los delitos más violentos podría encontrarse en que los sectores altos de la sociedad tienen mayores recursos económicos para acceder a lo que se denomina el “mercado de la seguridad privada”, que abarca la contratación de personal priLa La Capital, 15 de julio de 2012, “Asesinatos en Rosario: no crecieron en 2012 y el sudeste es la zona más crítica” Por la tragedia fallecieron Jeremías Trasante, de 17 años, Claudio Suárez, de 19 años y Adrián Rodríguez, de 21 años; todos ellos militantes barriales del Movimiento 26 de Junio en el Frente Darío Santillán, quienes fueron víctimas inocentes de una venganza entre bandas, mientras se encontraban en una plaza del barrio esperando festejar la llegada del año nuevo. En el caso se presume existió complicidad policial con los cinco procesados, hecho que motivó el pase a disponibilidad del Jefe de Zona 3 y de un suboficial.

Cuando la comisión investigadora de la Legislatura se encontraba a punto de terminar la redacción del informe final, un nuevo hecho conmovió a la opinión pública, Facundo Osuna, un joven de 18 años que fuera víctima de un hecho anterior vinculado al triple crimen de Villa Moreno, fue ultimado de siete balazos el 22 de julio pasado.

Pocos días después, el 18 de agosto, un hermano de una de las víctimas del triple crimen de villa Moreno, de Adrián Rodríguez, fue víctima de una brutal golpiza. El 22 de agosto, un hermano de Claudio Suárez, otra de las víctimas del triple crimen de la Villa Moreno, fue objeto de un ataque a balazos. En el último caso registrado, los policías asignados para la custodia del lugar se ausentaron sin motivo; al momento del ataque ninguno de los dos patrulleros que debían custodiar de manera permanente la zona de Biedma y Moreno estaban en sus puestos.

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El caso Rosario vado de seguridad, la instalación de alarmas, de cámaras de seguridad, de rejas, etc. Esto, sin dudas, produce un desplazamiento del delito hacia los sectores de menores recursos.

Pero más allá de estas razones y fundamentalmente en lo que respecta al Departamento Rosario, se está dando un nuevo fenómeno que explica el incremento del delito violento en los barrios más postergados de la ciudad: la existencia de bandas organizadas asociadas al narcotráfico que cometen homicidios en la disputa de territorios por la venta de drogas.

El año pasado, el entonces candidato a gobernador Bonfatti participó en un ciclo de conferencias sobre justicia y seguridad organizado por el Colegio de Abogados de Rosario y el Foro Regional Rosario que junto a otras organizaciones integran el Foro por la Seguridad Ciudadana. Aseguraba en ese entonces (28-04-2011) “en la provincia el tráfico de personas y el narcotráfico están controlados”. Sin embargo, por la misma época, otra era la óptica policial, que reconocía la existencia de conflictos entre bandas por la disputa por venta de drogas19.

Se acuñó así otro eufemismo -además del de “conflictos interpersonales”- para referirse a estos delitos: el de “ajustes de cuentas”, que el gobierno y frecuentemente también los medios de comunicación reproducen de la jerga policial.

A través de esta expresión se intenta naturalizar estos hechos, como si se tratase de una “venganza privada” en la que el Estado no debiera o no pudiera intervenir. Pero además de intentar quitarles la entidad que tienen como delitos graves, se busca ocultar la existencia de las economías delictivas que operan detrás de los mismos.

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Ver al respecto La Capital, 29-05-2011: “Sólo uno de cada diez crímenes del año se produjo en ocasión de robo”.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe

Nuestras propuestas Un acuerdo social y político por la seguridad democrática para Santa Fe. La entidad de la crisis que atraviesa la provincia en materia de seguridad indica la necesidad de promover un espacio de acuerdo con todas las fuerzas políticas que fije las bases de cuáles son los ejes indiscutibles de un plan sostenible en materia de seguridad pública.

La ausencia de un contexto electoral inmediato, el reconocimiento de un arco político con referentes con peso a nivel nacional y el desarrollo de una amplísima organización a nivel de la sociedad civil, junto con una vasta red de unidades académicas otorgan un marco ideal para el desarrollo de acuerdos básicos que deben pasar el umbral de los lineamientos y acciones en materia de seguridad.

La inercia de las viejas prácticas y en definitiva la vigencia del autogobierno policial siguen hasta hoy imponiendo sus lógicas. La necesidad de poner como eje de la gestión la construcción de autoridad política sobre la fuerzas de seguridad ha sido implícitamente reconocida por el gobierno actual a través de ciertas gestualidades, tales como el recambio masivo de personal policial, el reconocimiento del nexo entre policías y narcotráfico o la ausencia de toda presencia estatal en distintos territorios -incluido la presencia orientada al control sobre los recursos policiales- deben ser seguidas por acciones concretas cuya legitimidad no puede sino Página 30

Nuestras propuestas gestarse en un acuerdo amplio.

Mecanismos tales como la creación de un Consejo Provincial de Seguridad Pública con representantes de distintos organismos, con integración de todos los poderes de Estado y representación de las fuerzas de seguridad es una forma concreta de articular una iniciativa de estas características.

Se trata de un mecanismo consultivo de seguimiento y monitoreo que coordina el Poder Ejecutivo20 que asegure representatividad.

Reorganización integral de la fuerza policial.

El actual gobierno provincial ha dejado de lado las herramientas de modernización establecidas con el acuerdo del poder legislativo durante gobiernos anteriores y tampoco ha avanzado a través de otros mecanismos en gobernar una policía eficiente, preparada y honesta.

Las denuncias de corrupción policial -por su participación directa en actividades ilegales a través de algunos de sus integrantes algunos de altísimo rango21 o por omisión en sus funciones cuando lejos de proteger a las personas del delito “liberan zonas” para que bandas criminales operen a su antojo- ya exigen medidas profundas y estructurales.

Es la impunidad garantizada desde quienes debiendo conducir como gobierno a la policía, omiten por falta de decisión o por complicidad, hacerlo. El efecto es el mismo y en materia de gobierno y control las buenas intenciones terminan por resultar en declamaciones y nunca en transformaciones de la realidad. Lo que pone en juego el prestigio de los buenos policías es el corporativismo imperante y la falta de mecanismos adecuados de conducción desde el poder político termina por someter a los policías honestos y dejar impunes a quienes delinquen.

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Experiencias similares hubo en el primer mandato del Doctor León Arslanián en la provincia de Buenos Aires y están previstos en legislaciones modernas como las impulsadas por el Gobierno del Chaco y el Gobierno de Catamarca. En el primer caso se trata de un proyecto que contó con la colaboración directa del experto en seguridad, Dr. Marcelo Saín.

21 Las denuncias escandalosas por vinculaciones con el narcotráfico respecto de la conducción de Unidad Regional II - Rosario son una muestra elocuente en ese sentido. También en esta línea, las denuncias realizadas en el año 2009 por el agente policial Juan José Raffo, que referían a la existencia de cajas negras en la policía provincial. Además, existieron declaraciones asumiendo la posibilidad de liberación de zonas a organizaciones delictivas ligadas al narcotráfico en la ciudad de Rosario, así como el involucramiento de policías en dicha actividad por el entonces ministro Leandro Corti.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe Para tomar el control sobre la institución policial y hacernos cargo de nuestras responsabilidades de gobierno, proponemos: Consolidar una política activa de protección de derechos hacia el interior de la fuerza policial, que ponga en práctica reglas disciplinarias claras y asegure al personal subalterno mecanismos de reclamo y denuncia que no pongan en riesgo su tarea cuando les sea exigido avanzar en acciones ilegales o delictivas. Crear la Defensoría del Policía y promover mecanismos que eliminen las sanciones por reclamos fundados así como promover mecanismos de denuncia y contacto directo con las autoridades ministeriales.

Fortalecer el esquema de carrera previsto en las leyes existentes, asegurando una carrera profesional previsible, con tiempos de duración adecuados y fijando criterios de profesionalidad mínimos y condiciones predecibles de ascenso y movilidad, de modo tal que no sea la pura discrecionalidad del comisario jefe de turno lo que decida el destino de cada policía.

Repotenciar el mecanismo de concursos de antecedentes para los ascensos, y en general poder contar con antecedentes vinculados a desempeño profesional, adecuación a normas de derechos humanos y evaluación de crecimiento patrimonial a los efectos de considerar en todos los planos desde el Ministerio que las personas que asciendan a puestos de conducción sean idóneas profesional y éticamente. Esto debe incluir la posibilidad de consultar a organismos externos tales como el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros.

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Nuestras propuestas Profesionalización de la policía provincial distinguiendo las funciones de prevención y de investigación. Salir del esquema de policía única.

La policía de la provincia de Santa Fe está integrada, aproximadamente, por 17.800 efectivos de distintas jerarquías y escalafones, que se encuentran distribuidos en las 19 Unidades Regionales; la Dirección General de Seguridad Rural o Guardia Rural "Los Pumas"; la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA); la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas; y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Nuestra policía mantiene en lo estructural un modelo de organización vetusto y antiguo, con independencia de algunos cuerpos especializados; la ausencia de un proceso de formación orientado por necesidades y metas específicas hace que muchas veces se confundan roles y funciones.

En materia policial mantener una clara distinción entre las funciones de investigación y prevención (seguridad) permite optimizar y profesionalizar los recursos humanos disponibles. Tenemos que salir del esquema de policía única.

Proponemos, en una primera instancia, la creación de dos fuerzas separadas de la policía actual para los Departamentos de Rosario y Santa Fe. Serán policías armadas estrictamente de prevención. En una segunda instancia, creemos que podemos pasar a un sistema de policías múltiples, involucrando activamente a los intendentes en el desarrollo de las políticas de seguridad que puedan descentralizar operativamente la presencia en el territorio bajo una clara conducción política del Ministerio de Seguridad y del Gobernador.

Además, la función de prevención debe ser jerarquizada mediante el reconocimiento de su especificidad y su impacto directo en las condiciones de vida diaria, dotando a los agentes responsables de ella de una adecuada especialización.

Debemos pensar, antes que en cuerpos rígidos y en organizaciones burocráticas, en funciones, metas y competencias, que hagan de la flexibilidad organizacional un recurso al servicio de la seguridad.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe Promover formas de vinculación con la comunidad, a través de policías de prevención con fuerte arraigo comunitario y al mismo tiempo, concentrar los esfuerzos de investigación en cuerpos especializados con capacidad de intervenir especialmente en las formas organizadas del delito, es indispensable para mejorar el servicio de seguridad en su conjunto.

Se trata de alcanzar el máximo de descentralización necesaria para asegurar presencia acorde a las problemáticas que se van planteando en las distintas realidades. La presencia de policía de prevención en una gran ciudad como Rosario es completamente diferente de las exigencias que plantean nuestras ciudades o pueblos más rurales.

También existen en materia de prevención del delito un conjunto de medidas por tomar en el plan político, nuevas formas de involucrarse en la construcción de las políticas de seguridad que exigen diferenciar bien los roles operativos y las responsabilidades institucionales. No necesitamos funcionarios “sheriff” que reemplacen la labor policial, sino funcionarios con capacidad de fijar objetivos que una policía profesional pueda concretar con recursos operativos.

Las comisarías, el enclave territorial de la policía, debe dejar de ser el lugar central y funcionar como edificios operativos de base en los que se mantenga el recurso humano mínimo indispensable – no policial en todo aquello que no sea indispensable- para la atención ciudadana y recepción de denuncias.

Es claro que la responsabilidad operativa es siempre del elemento policial, pero los criterios de planificación, los objetivos de las políticas deben ser definidos bajo la conducción política. En este orden es imperioso promover reformas en materia de: Prioridades de labor policial. El policiamiento tradicional se define sobre la base de cantidades de “delitos” registrados en un período de tiempo previo al de la definición del despliegue o sobre la base de la mayor “visibilidad” del patrullaje en zonas de mayor demanda. No existe actualmente y debemos caminar hacia, no sólo una organización policial estructurada sobre el conjunto de problemáticas delictivas de Santa Fe, sino además hacia un despliegue guiado por los problemas criminales (por. ej. no es lo mismo trabajar guiados por el objetivo de reducir los robos de vehículos que

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Nuestras propuestas los hurtos de vehículos y tradicionalmente se trabaja del mismo modo). Ello implica identificar los procesos dinámicos en los que se desarrollan los eventos delictivos e intervenir operacionalmente sobre los puntos de equilibrio de esos procesos en el tiempo, la forma y la intensidad adecuados.

Despliegue en la vía pública asociado al servicio de seguridad urbana. Ya está mundialmente comprobado que las formas tradicionales de intervención policial, reactivas al delito, fracasan.

Una policía con capacidad de gestionar conflictividades varias desde una perspectiva de resolución y prevención de conflictos debe formarse en una lógica distinta, con fuertes componentes de mediación y capacidad de intervenir en realidades territoriales específicas (relación con jóvenes, atención a situaciones de violencia de género y familiar, etc.) y otras formas de conflictividad que no entrañan delito necesariamente pero que desde un punto de vista preventivo ofrecen una ventaja comparativa enorme en términos de disminución en el uso de la fuerza.

Reorganización de las áreas de planificación de patrullaje, revisando los criterios actuales.

En general las policías manejan con total discrecionalidad la distribución de recursos en la vía pública, quedando sujetas a sospechas de corrupción, de venta del servicio policial y la discrecionalidad de no tener que responder con parámetros medibles cuál es el criterio con que definen la presencia policial. La propuesta es avanzar hacia despliegues definidos por información objetiva (mapa de conflictividad y del delito), criterios georeferenciales de relevancia (definición de zonas prioritarias tales como grandes centros comerciales, corredores turísticos, corredores escolares, distribución de bancos, diversificación de la presencia policial según horarios, etc.) y otras pautas, como la demanda ciudadana. Adicionalmente, concentrar las planificaciones de recursos que hoy se despliegan en el mismo espacio físico administrados sin ninguna coordinación (por ejemplo: servicios motorizados que van sin coordinación en el mismo territorio en que una comisaría define un patrullaje).

Estos criterios de planificación deben además guardar una adecuada relación entre sostenibilidad y cambio en función de las dinámicas del conflicto y su expresión en el territorio.

Desafectación completa del personal policial de la atención de detenidos. Deben ser desafectadas en forma urgente las comisarías de la tarea de alojamiento de las personas privadas de libertad, que distrae recursos policiales valiosos en la atención de detenidos en condiciones que además de vulnerar los derechos humanos de los internos, afectan también al personal policial que debe estar al cuidado de los mismos. La formación de la policía no está dirigida a la custodia de los Página 35

Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe internos, esa función está a cargo del servicio penitenciario. Al mes de abril de 2011 se estimaba había 1.530 personas privadas de libertad en dependencias policiales de toda la provincia, 915 en Rosario de las cuales 315 estaban alojadas en Alcaidía y 545 en Comisarías. La cifra es aún superior según la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC)22.

Desafectación completa del personal policial de tareas administrativas. Debe optimizarse el recurso policial para el desarrollo de tareas policiales, concentrarse las tareas que no requieran policías en personal sin estado policial, para aumentar la capacidad de presencia en la vía pública.

Es seguramente insuficiente aún reorganizando ese recurso pero resulta imprescindible acompañar cualquier política de aumento en el reclutamiento de una reorganización de los recursos actualmente disponibles. El año pasado hicimos una estimación en este tema, dijimos que la policía de la provincia asigna 2 de cada 3 agentes a tareas administrativas y de investigación, y sólo 1 de cada 3 agentes se destinan a prevenir el delito.

En materia de investigación es importante tomar nota de que actualmente, buena parte de la criminalidad urbana se desarrolla bajo la modalidad de mercados de delitos a los cuales tributan las formas más torpes o burdas de criminalidad. La ausencia de fuerzas especializadas en investigación, acompañadas de adecuadas estructuras en materia de inteligencia criminal y recursos logísticos orientados por las necesidades funcionales que se plantean como objetivos de trabajo, es lo que permite perder de vista los actores de la trama, su diferente peso y relación.

Hoy la labor policial clásica, cuando de detección del delito se trata, se centra en los roles de la estructura que poseen menor calificación, los que son fácilmente reemplazables. Es necesario darse políticas de desarticulación de los mercados de delitos que actúen sobre los engranajes organizadores de cada campo de acción, en lugar de detenerse en los eslabones más finos23, que son los que ocupan las personas de los sectores sociales más postergados de la sociedad.

Una fuerza de policía con estructuras especializadas en materia de investigación que dé preeminencia a la criminalidad compleja tendrá frente a si el desafío de promover nuevas formas de inter-

Según la CTC, al mes de marzo de 2012 "un 40 por ciento de las más 4.300 personas detenidas se encuentran en dependencias policiales, sin que se garanticen las condiciones mínimas de habitabilidad, de higiene y salud. Así como tampoco resultan garantizados derechos básicos como la vida o la salud en unidades penitenciarias". Asimismo, más de la mitad de las personas privadas de la libertad en Santa Fe se encontraban sin condena. Ver Rosario/12, 29-07-2012. “Para evitar los delitos de Estado”.

23 Kessler, Gabriel, “Seguridad y Ciudadanía, nuevos paradigmas, reforma policial y políticas innovadoras”, Ed.Edhasa, pag.19. .

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Nuestras propuestas vención inteligente frente a la criminalidad y con ello, también será mayor el costo para aquellos estamentos de la organización policial que en la confusión de roles y funciones ponen el retraso institucional al servicio de su connivencia con el delito.

El modelo tradicional de compartimentos estancos en divisiones especializadas según delitos, áreas de inteligencia por otro lado, manejo de recursos por el otro sin conexión y muchas veces en relación de competencia negativa conspira abiertamente contra toda posibilidad de reordenar los recursos y orientarlos con criterios de eficacia bajo criterios de investigación más modernos.

Este funcionamiento parcelado favorece que quien desarrolla actividades de inteligencia acumule información que no está al servicio de las áreas especializadas según delitos y que los recursos necesarios que se adquieran no guarden una directa relación con las necesidades operativas que estas áreas plantean.

En este sentido proponemos no sólo distinguir adecuadamente entre prevención e investigación sino también desarrollar estructuras de coordinación adecuadas que pongan otras áreas vitales como las de inteligencia y logística al servicio de la optimización del servicio policial y abandonar el esquema actual en el que lejos de ser servicios que aseguran tareas sustanciales – medios para los fines investigativos y/o preventivos - se convierten en fines en sí mismos.

Esto debe ser acompañado de adecuadas estructuras de organización que sobre todo en el plano de la información y el análisis pongan a las policías de prevención (seguridad) e investigación en relación de coordinación orientadas a la resolución de problemas.

También resulta indispensable promover mesas de trabajo y coordinación entre las áreas de seguridad y justicia para avanzar en la investigación del inmenso caudal de hechos que se cometen con autores ignorados que constituyen más de la mitad de los hechos que se cometen y que terminan siendo relegados de toda actividad investigativa.

La ausencia de una adecuada política de investigación y análisis, que salga de la lógica judicial del “caso a caso” termina por frustrar las posibilidades de éxito en la resolución y lo que es peor, por acrecentar la desconfianza de las personas en sus instituciones.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe

Hoy es plenamente aplicable a la realidad provincial la siguiente afirmación “policías y fiscales se encuentran inmersos en el procesamiento de casos sin mayor estrategia, incluso actuando muchas veces sobre segmentos de esos mercados que son fácilmente sustituibles, agravando incluso el fenómeno criminal (aumentando la violencia por inexperiencia, por ej) y tornando inútil todo su trabajo”24.

Una política integral de participación comunitaria en materia de seguridad.

Nadie pone hoy en discusión que la comunidad y sus organizaciones tienen un rol fundamental en materia de construcción de políticas de seguridad.

La participación comunitaria es una herramienta indispensable porque permite participar en el diagnóstico, en el desarrollo de propuestas y sobre todo en la evaluación de desempeño policial.

Es una política que requiere adecuada inserción institucional de modo tal que la Secretaría de Seguridad Comunitaria debe contar con un plan especifico de promoción de la participación comunitaria en seguridad en el que se promueva una representación amplia en toda la provincia con convocatorias a organizaciones sociales de todo tipo, con particular énfasis a aquellas de carácter comunitario, comedores, bibliotecas populares, asociaciones de jubilados, etc. La participación para ser amplia, debe ser accesible, de modo tal que debe estar anclada y orientada por la mayor localidad posible. La escala barrial es un buen esquema porque trabaja con identidades comunitarias ya consolidadas. En este punto es clave el desarrollo de acuerdos con las intendencias y de difusión a escala territorial.

Estos mecanismos de participación permiten no sólo considerar la cuestión desde la perspectiva del recurso policial y las demandas de respuesta en esos términos, sino también considerar dimensiones sociales, culturales y de gestión del espacio público que guardan directa relación con las condiciones de vida y los niveles de seguridad y/o inseguridad que las personas experimentan a diario. Un trabajo que permita distinguir distintos niveles de problemas (el delictivo estrictamente, la conflictividad social y la conflictividad con el espacio público) permite atender con respuestas diverBinder, Alberto, “El Control de la Criminalidad en una Sociedad Democrática”, en “Seguridad y Ciudadanía, nuevos paradigmas, reforma policial y políticas innovadoras”, Kessler, Gabriel, compilador, Ed.Edhasa, pág 36.

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Nuestras propuestas sas y rompe con el vicio de acudir para todos los temas al recurso policial. También posibilita identificar con rapidez los distintos niveles de demanda y demandados interagencialmente e intergubernamentalmente25.

Es importante que los cursos de acción que se definan -que siempre son definidos por la autoridad política y no deben delegarse en la policía que acompaña la tarea pero no es el interlocutor principal- tengan devolución hacia la comunidad. Al mismo tiempo, esos diagnósticos permiten considerar otras problemáticas que van surgiendo generando así la necesidad de articular con otras áreas de gobierno.

La participación por sí sola no es una herramienta útil para la disminución del delito, pero constituye un instrumento fundamental para dotar a la comunidad del protagonismo que reclama en la solución de los asuntos públicos de manera sistemática y sostenida, y no sólo a través de la atención de casos espectaculares muchas veces sobredimensionados por el abordaje mediático como única forma de contacto entre ciudadanos y políticas de seguridad.

Líneas directas de denuncias para informar sobre desempeño institucional. En directa relación con la participación de la comunidad, es necesaria la promoción de mecanismos de denuncia confiables y disponibles las 24 horas. Es importante que sean números de denuncia con finalidades específicas tales como desempeño policial y corrupción o formas graves de delitos, con capacidad de atención las veinticuatro horas.

Las experiencias de los foros de seguridad de la provincia de Buenos Aires hasta el año 2007 son un ejemplo integral de ello. En el caso de la provincia de Santa Fe, más precisamente en la Capital, una experiencia fue el “Proyecto de Seguridad Urbana en Guadalupe”. Se trató de un relevamiento sobre calidad de servicio policial que se desarrolló durante el año 2006. Esta metodología se diferenció de otras debido a que no se trabajó sobre percepciones o participación abierta sino sobre personas que habían tenido efectivo contacto con la comunidad.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe

También es importante impulsar la instalación de urnas con encuestas en lugares de atención policial que permitan a las personas en forma anónima – y en dispositivos que no puedan ser violentados – volcar sus impresiones sobre la experiencia policial en materia de atención y trato.

El control disciplinario.

En este contexto, no alcanza con las intervenciones sucesivas en el área de asuntos internos.

Mucho menos la idea de que el cambio consiste en poner “policías o funcionarios buenos”. Es quizás uno de los aspectos nodales en materia de autonomía institucional y de lo que se trata es de modificar no sólo la estructura de control sino su lógica y finalidad misma.

Existe al respecto una confusión importante. En la medida de que se trata de cuerpos en los que la regulación disciplinaria ocupa un lugar central para la supervivencia misma de la institución, la propia policía en tanto responsable de la conducción operativa, no puede prescindir de herramientas disciplinarias y las áreas llamadas de asuntos internos, lo son. Eso es tan cierto como que gran parte de la debilidad institucional del poder político tiene que ver con la ausencia de mecanismos externos que le permitan también marcar la pauta disciplinaria y ejercer conducción en ese plano.

En general el gesto de “captura” de las áreas de asuntos internos no funciona. Esos mecanismos históricos regulan la vida institucional y no son reemplazables de un momento al otro. Por ejemplo, la opción orientada a asumir un intervencionismo indiscriminado en el nivel de la autoridad política conducirá, más temprano que tarde, a un abarrotamiento de casos que terminarán por impedir el logro de los objetivos que hay detrás del interés de tomar ese control por imposibilidad fáctica, quedar atrapado en la maraña de problemas menores que las fuerzas consideran disciplinarios sin que ello implique ningún avance en términos de conducción política (por ejemplo, los casos de faltas leves tales como la tardanza, la inasistencia, etc) o peor aún, dejen en evidencia esa imposibilidad de control precisamente en los casos más graves.

Esas reformas deben garantizar que sean organismos funcionalmente autárquicos y autónomos con relación a la conducción policial.

El tipo de intervención que el poder ejecutivo se reserva debe tener que ver con: Página 40

Nuestras propuestas

asegurarse una función auditora dependiente directamente del Ministro que le permita motorizar casos; asegurarse intervenciones orientadas a los casos más graves; modernizar esas estructuras asegurando profesionalidad y externalidad respecto de los casos; Esto debe ir acompañado de una política de control parlamentario que fortalezca mecanismos de seguimiento institucional. Si los intentos se agotan en generar cargos externos26 sin introducir reformas estructurales y mecanismos de articulación entre la dimensión interna del sistema disciplinario y el control político, la inercia del autogobierno, otra vez, se impone. Conducir eficientemente implica hacer que los mecanismos de control propios de toda organización jerárquica, funcionen adecuadamente, no en su supresión total. En experiencias comparadas sobre la creación de agencias externas de control “Una de las críticas que se hace a estas agencias independientes es que les quita responsabilidad a las organizaciones policiales(…)”27 Políticas de transparencia y control de corrupción.

Una experiencia adecuada es desarrollar políticas específicas orientadas a controlar con eficacia el grado de corrupción que las estructuras policiales evidencian en distintos niveles. Por un lado, promoviendo políticas activas de control preventivo sobre los procesos institucionales que ofrecen ventajas para la actividad delictiva (por ejemplo: compras y contrataciones) y por otro, impulsando una política de rendición de cuentas y puertas abiertas al monitoreo social del accionar y la gestión policial.

La contracara del control ministerial es el monitoreo comunitario tanto de la legalidad como de la eficiencia policial. Para ello es necesario implementar una política de acceso de información activa, en el sentido de garantizar la difusión y promover la supervisión popular de aquello que la policía hace concretamente en cada barrio, cómo lo hace, con qué recursos y qué resultados obtiene.

La creación en el año 2009 de la Secretaría de Control por arriba de la Dirección de Asuntos Internos a raíz de las denuncias de Raffo no parece haber dado resultados.

27 Colleen Lewis, “Conducción para la integridad y la responsabilidad efectiva: un desafío desde adentro”, en “Conducción y administración policiales”, Ed. Prometeo, pág.238.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe

El mensaje debe ser doble: hacia la comunidad que asocia casi como indisolubles a la corrupción con el estado policial y hacia la policía respecto de que el compromiso con la gestión eficiente y no corrupta tiene centralidad para la gestión.

Por su parte la política aperturista es funcional a la construcción de confianza entre los vecinos y las instituciones del sistema de seguridad, particularmente las policiales.

Desarrollar una política eficaz de difusión y aseguramiento de acceso a la información del sector seguridad, que no comprometa confidencialidad o secretos que deban mantenerse por imperio de la ley. La cuestión es una medida de promoción del acceso a la información que coopera con la ruptura del paradigma del secreto, en un sector históricamente signado por la oscuridad y el ocultamiento, en muchos casos al servicio de la ilegalidad.

Promoción de fiscalización o inspectorías de servicios y dependencias policiales.

Es importante contar con mecanismos de monitoreo directo sobre el desempeño institucional.

Aunque lo operacional es siempre estricta responsabilidad policial, es fundamental que la autoridad política -además de involucrarse en el diseño y planificación de las políticas- tenga mecanismos eficaces de evaluación sobre las fuerzas de seguridad.

La conformación a nivel local de inspectorías -puede hacerse en alianza con los municipios- sobre el despliegue operativo de la policía y los mecanismos de patrullaje son centrales en el proceso de toma de decisiones. Esto guarda relación directa con una profunda reforma en la integración de las áreas policiales y en la planificación de los servicios policiales y para mantener una fuente directa de información y de contacto con los policías subalternos. También permite conocer en mejores condiciones el terreno para intervenir en las decisiones, formular propuestas y adicionalmente evaluar las que sean viables.

No deben incluir solamente el despliegue en el terreno, también deben considerar las condiciones de trabajo y el estado general de las comisarías.

En este sentido, un modo de ordenar los recursos y maximizar oportunidades, es por ejemplo, Página 42

Nuestras propuestas acordar las inspectorías de comisarías con organizaciones de la sociedad civil o con otros organismos del Estado con competencia en la materia (por ejemplo: Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, etc.)

Puesta en marcha de un Sistema de Gestión del Conocimiento sobre el delito y la violencia.

El gobierno político de la seguridad lleva implícito el hecho de comprenderla y ello no es solo contar personas y delitos cometidos por jurisdicción.

Comprender la seguridad es conocer una multiplicidad de problemas sociales y los procesos que los generan, los agentes que interactúan y los factores que inciden en su desarrollo. Comprender estos problemas implica conocer el campo en el que se desenvuelven, conocer las dinámicas de los procesos, conocer las percepciones sociales y de los agentes estatales, conocer las instituciones e identificar tendencias, regularidades, singularidades y las variaciones en torno a todos estos factores.

Cada uno de estos conocimientos tiene un nivel de complejidad propio y requiere de un esfuerzo estatal sostenido en el tiempo para alcanzar una verdadera comprensión de la problemática de la seguridad.

Parte del gobierno político es reducir esa complejidad por medio de la observación, la investigación y el análisis, de modo que podamos emprender acciones para abordarla racionalmente en toda su dimensión.

Lograr ese objetivo requiere de la consolidación de estructuras institucionales dedicadas a fijar pautas, criterios y objetivos en torno a la generación de información destinada a la comprensión de los fenómenos asociados a la seguridad, y con capacidad de sistematizar y analizar la información de forma tal que la misma se torne en conocimiento que sea funcional a las decisiones políticas estratégicas.

Información estadística consolidada sobre el delito y la violencia.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe

Uno de los problemas con que se atraviesa la política criminal en general y en particular en la provincia de Santa Fe es la escasa confiabilidad de las estadísticas del delito y la insuficiente información acerca de la violencia y sus causas.

Hay dificultades vinculadas tanto a la producción de información estadística, como a la falta del análisis posterior que debe hacerse de la misma. Carecemos de fuentes estadísticas plenamente confiables o con coberturas exhaustivas que nos permitan acercarnos a lo que en verdad ocurre.

Conocemos solo una parte de la realidad, pero de ningún modo la realidad misma.

De la totalidad de los hechos delictivos que se cometen, ingresa al sistema penal para su tratamiento, solo una parte. Muchos de los delitos de menor entidad, fundamentalmente dentro de los denominados delitos contra la propiedad (robo, hurto, etc…), no se denuncian y pasan a integrar lo que se denomina comúnmente como la “cifra oscura o negra del delito”.

Un ejemplo que suele darse es el del arrebato de celulares. Los ciudadanos, quizá por falta de confianza en los órganos del sistema penal o porque consideran que es una pérdida de tiempo en trámites burocráticos frente al escaso valor del objeto sustraído, no efectúan las denuncias. De los delitos no denunciados, nadie se encargará, y contribuirán a distorsionar las ya de por si deficientes estadísticas, generando un subregistro en las mismas y aumentar la distancia entre lo que el Estado registra en su dimensión objetiva y lo que las personas vivencian a diario.

Existen herramientas útiles para tener un conocimiento más aproximado a la realidad, una de ellas son las denominadas “encuestas de victimización”. A través de las mismas, se puede captar los casos que no ingresan al sistema penal para su tratamiento. Y lo que es también importante, conocer las causas por las cuales los ciudadanos omiten efectuar las denuncias.

En la provincia de Santa Fe no contamos con encuestas de victimización oficiales. El gobierno se sigue guiando por las estadísticas policiales o judiciales, que además de ser sesgadas -por la cantidad de delitos que no se denuncian y que constituyen la “cifra negra”- a la vez difieren entre sí.

Además del problema de la fuga de datos, las fuentes emisoras de la información, la policía y la Página 44

Nuestras propuestas justicia penal, no armonizan sus metodologías ni trabajan conjuntamente. La denuncia policial capta el hecho en su inicio, pero no sigue su evolución, por lo que, lo que pudo empezar con una denuncia de lesiones graves puede terminar siendo un homicidio; y los posibles autores del delito, pueden ser luego desvinculados de la causa, absueltos o sobreseídos.

Creemos también que es necesario integrar la información con otras fuentes no penales y no estatales, extendiendo la proveniente de ongs. que trabajan la temática, foros de seguridad y vecinales, que poseen el conocimiento vivencial de la inseguridad28, con el objeto de obtener información consolidada.

Contar con una base de datos consolidada y con encuestas de victimización nos permitiría cumplir con la primera etapa: la producción de información oficial que evite la fuga de datos.

No debemos limitarnos a “contar casos y personas”, como es actualmente la lógica preponderante de la información oficial. Será necesario además, efectuar un adecuado análisis de dicha información estadística.

Sólo a partir de una información consolidada entre las distintas fuentes y un buen análisis de la misma, podremos encontrar respuesta a distintas preguntas: ¿La criminalidad afecta por igual a las ciudades pequeñas que a los dos grandes conglomerados urbanos de la provincia? ¿Qué tipos de delitos prevalecen en unas u otras? ¿Dentro de una misma ciudad, existen diferencias entre las distintas zonas urbanas? ¿Los sectores de mayores y menores recursos económicos son victimizados de igual manera en la comisión de delitos?

Contar con buenos registros de información también impactará directamente en la capacidad de analizar e intervenir en los procesos y en la regularidad con que se presenta el accionar delictivo en determinadas zonas y en la raíz de la conflictividad según cada tipo de delito y/o violencia.

Coordinación efectiva entre la política de seguridad y la política de persecución penal Ver al respecto el Proyecto de Ley de Creación del Observatorio Nacional del Delito y la Violencia, elaborado por León Arslanián, disponible en www.hcdn.gob.ar, expediente 293-D-2012.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe para el desarrollo de una política criminal provincial.

Toda política de seguridad debe tener en cuenta de un modo directo el grado de organización, desarrollo y eficacia de la persecución penal.

Es bastante común que exista en este campo una relación de indiferencia, es decir, que la política de seguridad se lleve adelante con total prescindencia del funcionamiento de la persecución penal y, en sentido contrario, que los planes de prevención se desentiendan totalmente de que sucederá con los casos cuando ellos ingresen a la justicia penal. Es necesario compatibilizar competencias entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal tanto en el plano de conducción como en el plano operativo.

A su vez deben integrarse la visión del caso del Ministerio Público Fiscal con la visión de los fenómenos criminales de la policía y construir una visión conjunta sobre los circuitos de criminalidad locales. Para ello, será necesario concluir sin más la puesta en marcha del nuevo sistema de enjuiciamiento penal de la provincia que se mantiene en eterno proceso de implementación y pensarlo articuladamente con el proceso de modernización policial29.

Carece de sentido la promoción de una estructura penal completamente nueva si se persiste en dejar que la agencia policial, central en la función auxiliar en materia de investigaciones, persista con los patrones que todos conocemos.

Impulso de programas de prevención social del delito y la violencia.

Ya en el año 2003 afirmaba Néstor Kirchner “En materia de seguridad (...) son el Estado y la sociedad en su conjunto los que deben actuar participativa y coordinadamente para la prevención (...)

Una sociedad con elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta de fe y horizontes para la juventud, con impunidad e irresponsabilidad, siempre será escenario de altos niveles de inseguridad y violencia (…) Para comprender la problemática de la seguridad encontramos soluciones que no sólo se deben leer en el Código Penal, hay que leer también la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 14 bis (…) derecho al trabajo, a la retribución justa, a las 29

El nuevo Código Procesal Penal de la Provincia fue promulgado por Ley 12.734 en fecha 27-08-2007.

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Nuestras propuestas condiciones dignas y equitativas de labor ”30.

Bajo estas ideas señeras, afirmamos que la atención de la multicausalidad que impera frente a las distintas manifestaciones del delito y la violencia no puede abordarse sólo con respuestas policiales, resulta indispensable promover políticas activas en materia de prevención social orientadas a la satisfacción de derechos de comunidades en situación de vulnerabilidad frente al delito, mediante la intervención coordinada de otras agencias estatales y de las organizaciones sociales.

El desarrollo de ciertas formas de criminalidad, que se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de ciertos colectivos o que influyen en ellos bajo la lógica de la identificación de ciertas formas de delito como mecanismo de acceso a identidades y bienes de consumo que son valorados socialmente, reclama mucho más que las políticas punitivas sobre los eslabones detectados por el aparato policial, que como sabemos, suelen ser los más débiles.

El esfuerzo en desarrollar una política de mejoramiento en las capacidades investigativas sobre las organizaciones y circuitos criminales que sostienen o promueven formas de involucramiento de jóvenes en el delito31 debe ser acompañado prioritariamente por políticas activas que construyan respecto de estos jóvenes alternativas reales bajo la lógica de la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y el acceso a derechos básicos.

Estas políticas deben ocupar un lugar de paridad en importancia con las de carácter estrictamente policial puesto que garantizan la presencia del Estado en la atención de las condiciones estructurales que dan lugar u oportunidad a la comisión de delitos que luego deben investigarse cuando ya han producido consecuencias dañosas.

El gobierno del Frente Progresista Cívico y Social -con apoyo directo del gobierno nacional durante el año 2010- llevó adelante experiencias de este tipo en la ciudad de Santa Fe, a través de la Secretaría de Seguridad Comunitaria, que lamentablemente fueron progresivamente abandonados Discurso inaugural ante la Honorable Asamblea Legislativa correspondiente al período 2003.

La sobrerepresentación de varones de entre 19 y 25 años de sectores populares en los delitos detectados muestra que el Estado suele concentrarse penalmente en ellos pero no han tenido el mismo tipo de abordaje por parte de otras instituciones. Las vinculaciones son mucho más profundas que la mera relación con el delito, también en términos culturales es un desafío promover herramientas y políticas que favorezcan el desarrollo de identidades en las que se valoren otras cuestiones diferentes al consumo y a la violencia como forma de vida.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe aún cuando se trata de aspectos de gestión con un rol de responsabilidad eminentemente local.

Retomar el trabajo orientado al desarrollo de dispositivos socio-culturales de integración social, políticas de promoción y acceso al deporte y alternativas socio-laborales así como educativas bajo la lógica de procesos de construcción de ciudadanía destinados a poblaciones en conflicto con la ley penal y sus agencias en general, formará parte central de nuestra política de seguridad porque esto supone la posibilidad concreta de reducir la vinculación con la violencia y el delito para muchas personas32.También es imprescindible promover acciones efectivas en materia de reintegro comunitario de personas privadas de la libertad y programas de apoyo y acompañamiento a grupos familiares.

Estas medidas, muchas veces impugnadas por improntas que pretenden reducir delito a pobreza y/o marginalidad, son defendidas en este programa de acción entendiendo que el Estado tiene que privilegiar el acceso a oportunidades de inserción genuinas en la vida comunitaria y política, en definitiva a la construcción de ciudadanía.

Es evidente que las formas del delito de la que participan los grupos más vulnerables -y que también protagonizan como víctimas puesto que los sectores sociales más desaventajados son los que conviven con mayores niveles de inseguridad- no son las únicas ni las que producen mayor daño social y de esas debemos ocuparnos con estrategias específicas.

Pero sí es cierto que el delito contra la propiedad, predominantemente urbano y muchas veces violento encuentra tras sus protagonistas un derrotero de antecedentes y vínculos con el Estado a través de su aparato represivo que no han tenido eficacia para desterrar el problema. Hemos comprendido políticamente este aspecto que ya nadie pone en discusión y lo queremos acompañar con convicción, con medidas que hagan de la búsqueda de oportunidades y la profundización de derechos para estas personas una posibilidad de una vida menos violenta para todos y todas.

También proponemos eliminar del ámbito policial todo lo vinculado con atención de adiccioEl programa “Comunidades vulnerables” del Ministerio de Justicia de la Nación es otra experiencia que consideraremos especialmente. Al respecto, se han evaluado resultados muy positivos en cuanto a disminución de reincidencia y mejora de las situaciones de violencia y delito en los distintos puntos el país en que se aplicó. Pueden verse en detalle resultados en Lozano, Camilia “Una investigación de las políticas públicas en la Argentina dirigidas hacia la prevención del delito en comunidades vulnerables: El estudio de caso en Villa Tranquila de Avellaneda y el Barrio Pampa”, disponible en www.digitalcollections.sit.edu

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Nuestras propuestas nes, en el entendido de que el consumo problemático de drogas no puede limitarse sólo a las de carácter ilegal y lo que resulta más importante, deben ser resorte de la autoridad sanitaria y no policial.

Promoción de planes de acción específicas para ciertas formas de delito y violencia: control de armas, lucha contra la violencia de género y trata de personas.

Sin perjuicio de la necesidad de trabajar en distintos niveles, existen áreas de intervención integral y específica que por su entidad, reclaman planificaciones de mediano y largo plazo. Entre otras cosas porque suponen el desafío de trabajar sobre verdaderos procesos de transformación cultural.

En la actualidad, cuestiones como la violencia derivada del circulante de armas, el carácter estructural de la violencia de género y la creciente atención a la problemática de trata de personas, han generado un escenario en el que es imperativo promover acciones de gobierno de carácter integral desde el momento inicial de la gestión.

Control de Armas Resulta indispensable en una política de seguridad promover condiciones para reducir los niveles de violencia que circulan en la sociedad y el trabajo sobre el control de armas -legales e ilegalesocupa un lugar central frente a tal desafío.

La provincia ha intentado ponerse en sintonía con la normativa nacional en la materia mediante la Ley N° 12.929, que adhirió a la Ley Nacional N° 25.938, y que obliga a la información al Registro Nacional de Armas (RENAR) de cada incautación. Recientemente se continuó en la misma línea con el Decreto N° 2026/12 a través del cual el Gobernador reglamentó la referida adhesión y previó ciertos resguardos para el depósito transitorio y definitivo de las armas.

Sin embargo se requiere una mayor audacia en las medidas que no demandan más tarea que rápidas y breves reformas al Código Procesal Penal y tienden a ahorrar dinero, racionalizar la distribución de los recursos humanos del sistema de seguridad y del sistema judicial y a evitar muertes.

Los gobiernos provinciales tienen el deber de extremar los esfuerzos en la línea planteada por el Página 49

Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe gobierno nacional que es ejemplo en la región puesto que gran parte de las acciones posibles e indispensables son resorte local. Entre otras medidas proponemos: Reforma inmediata del Código Procesal Penal de la provincia. Santa Fe tiene un CPP relativamente nuevo que no aborda la problemática de las armas incautadas que permanecen en depósitos judiciales por prolongados períodos de tiempo y constituyen una fuente de desvío hacia circuitos ilegales. A tal fin es necesario modificar los artículos 242 y 243 del CPP, incorporando las armas de fuego, la munición y los explosivos a las disposiciones sobre objetos secuestrados (que hoy sólo refieren a autos y motos para su reutilización por el Estado) con motivo de causas penales y a su “pronta devolución” cuando fueren reclamados.

Proponemos que el Juez de la causa deba resolver el decomiso y destrucción de las armas y materiales controlados incautados en un plazo máximo de seis meses desde su secuestro y que previo a ello se obtengan, mediante el Sistema Automatizado de Identificación Balística del Ministerio de Seguridad de la Nación, la totalidad de los datos de las armas para facilitar posteriores investigaciones.

Entendemos que nuestra propuesta evita un dispendio de riesgos y recursos y dispone un plazo razonable -en tanto habilita la realización de la totalidad de los peritajes que el juez provea- para producir las pruebas que de las armas puedan extraerse, con la posibilidad de contralor por las Partes garantizando la igualdad de armas respecto de las medidas probatorias en relación a las mismas.

Asimismo, respecto de la devolución a Legítimos Usuarios, ésta deberá operar sólo cuando su titular cuente con la habilitación al día del RENAR y haya cumplido con las disposiciones legales que obligan a denunciar su pérdida, robo o extravío en tiempo y forma.

Promover la destrucción obligatoria y supervisada de excedentes de arsenales. Otra fuente de ingreso de armas al circuito ilegal son las armas que exceden la necesidad de dotación de nuestra policía. Cada vez que se compran armas nuevas, las viejas no son destruidas sino recircularizadas mediante su venta o se mantienen dentro de la institución sin una utilidad específica para la exigencia de las operaciones policiales.

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Nuestras Propuestas

A fin de reducir el circulante de armas en nuestra provincia y de ser coherentes con la política nacional de desarme, debemos destruir la totalidad de armas y munición que excede las necesidades operativas.

Claro que esta medida se inscribe en el gobierno político de la seguridad que venimos pregonando y del que nuestra provincia carece. Ello en la medida en que para destruir es necesario inventariar, auditar, planificar estratégicamente desde la conducción civil y dirigir también la logística policial.

Promover una política criminal dirigida al mercado ilegal. Nuestro mercado ilegal es grande y no estamos dirigiendo ninguna política concreta para erradicarlo. En Santa Fe tenemos aproximadamente 100.000 armas registradas en manos de usuarios individuales y se calcula que existe un número similar en negro (casi 185.000 según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud).

La policía provincial promedia una incautación de entre 1000 y 2000 armas de fuego anualmente, lo que está muy lejos de hacer mella en el circulante ilícito.

Aunque con objetivos distintos pero útil a fin de conocer nuestro circulante real, el Plan de Entrega Voluntaria de Armas liderado por el gobierno nacional nos confirma nuestra baja performance en este campo. En tan sólo un año, el Plan logró recoger 10.000 armas sólo en Rosario y Santa Fe (en 2008) y continúa haciéndolo a la fecha.

Resulta imprescindible mapear los flujos de armas a partir de relevar lo que secuestramos. Debemos conocer cómo, qué tipo de armas y por dónde ingresan a la provincia. A partir de profundas y rápidas medidas de investigación y análisis podemos definir junto con el Ministerio Público Fiscal y con las provincias de la región una política criminal específica en este campo que nos permita incrementar las incautaciones y reducir el segmento del circulante asociado a circuitos delictivos.

Adicionalmente, proponemos impulsar acciones en materia de transformación cultural, promover un monitoreo permanente mediante la creación de un Observatorio de Violencia Con Armas de Fuego, promover contenidos en los procesos de formación incluso en el ámbito educativo en genePágina 51

Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe ral, impulsar medidas económicas de desmotivación del mercado vía exclusión de beneficios impositivos y/o tributos más altos para importación de armas, fabricación y comercialización interna, considerando explícitamente los riesgos de estimular el mercado ilegal, entre muchas otras medidas.

Desarrollo de acciones en materia de seguridad con perspectiva de género Es importante destacar que a pesar de que fue sancionada la Ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales, nuestra provincia aún no adhirió a la misma, La ley que contempla un conjunto de mecanismos y herramientas que involucran directamente a los estados provinciales y municipales en la articulación de recursos y esfuerzos para atender las distintas formas de violencia que aquejan a las mujeres.

El pasado 8 de marzo, en ocasión de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue enfática al señalar la necesidad de que las violencias hacia las mujeres sean consideradas especialmente en la agenda de seguridad pública.

En este sentido, resultan medidas imprescindibles para poder contar con una política de seguridad a la altura de dicho desafío -sin perjuicio de las muchas otras medidas que se propongan en las demás áreas de gobierno- las siguientes: Desarrollo de una política de equidad de género hacia el interior de la policía. No se puede contar con instituciones capaces de desempeñarse profesionalmente y con criterios sensibles al género si hacia el interior de las mismas persisten culturas patriarcales y formas de discriminación que afectan particularmente a las mujeres. En ese sentido la promoción de acciones para lograr paridad en la carrera, medidas orientadas a reducir la disponibilidad de armas en personal con antecedentes de violencia intrafamiliar, promoción de reglas razonables para la consideración de situaciones como el embarazo y la lactancia, entre muchas otras medidas, son indispensables para desterrar progresivamente las prácticas que -más o menos invisibilizadas- aún mantienen a las mujeres sujetas a prácticas que, si no son en sí mismas violentas, consideradas en su diversidad y reiteración terminan siéndolo. Para ello conformaremos un Consejo de Políticas de Género33 en el

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Nuestras Propuestas sector seguridad de integración plural y diversa, con participación protagónica de mujeres de las fuerzas, que permita llevar adelante una agenda de medidas integrales.

Promoción de una política integral de formación profesional orientada a la atención de víctimas de violencia de género. Aún cuando existan servicios especializados, la inmensa mayoría de las mujeres acuden a estaciones policiales cuando son objeto de alguna forma de violencia que las afecta en tanto tales. Es indispensable promover formación específica para que el contacto con la agencia policial resulte en contención y respuesta y no en una nueva instancia de victimización. En esa línea propondremos articulación con experiencias tales como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, además de procurar seguir en la línea de las acciones emprendidas por el Consejo Nacional de las Mujeres, organismo rector de la Ley 26.485.

Adquisición de tecnología que permita mejorar los mecanismos de control de medidas de restricción y contacto con victimarios, así como también optimizar el acceso a la asistencia de aquellas mujeres que en su condición de víctimas pueden ser pasibles de nuevos ataques, procurando superar escenarios lamentables en los que las denuncias se reiteran y la protección llega demasiado tarde.

Coordinación de esfuerzos a nivel local para la prevención y erradicación del delito de trata de personas.

Si bien se trata de un delito de orden federal, existen diversas cuestiones ligadas a sus posibilidades de ejecución que pueden y deben ser abordadas por los gobiernos provinciales y municipales.

En efecto, aún cuando se optimicen los resultados de la política federal en materia de persecución de este delito tal como viene haciéndose desde 2004 y con particular impulso desde la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2010, en el ámbito provincial proponemos acciones muy concretas, a saber: Adhesión a los protocolos de investigación, atención y protección de víctimas así como también al SISTRATA, sistema de información único de información sobre delitos de trata, que permita profesionalizar y controlar en mejores condiciones el desempeño de nuestra fuerza y sus áreas Las experiencias llevadas adelante por el gobierno nacional desde 2006 a la fecha en el Ministerio de Defensa y luego en 2010 en adelante en el Ministerio de Seguridad bajo la conducción de la Dra. Nilda Garré constituyen antecedentes valiosos en la materia.

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Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe especializadas en la materia. Casi la totalidad de las provincias han adherido a estos protocolos, lamentable e inexplicablemente, el gobierno de la provincia de Santa Fe no ha avanzado en la materia.

Desarrollo de una política provincial de “municipios libres de trata”. Orientada a promover medidas tales como erradicación de normativa que facilite la existencia de lugares en los que se explote sexual o laboralmente a personas, mejorar las capacidades de fiscalización (poder de policía) a los efectos de controlar y poner todo el poder administrativo local en línea con la necesidad de evitar situaciones de trata, trabajar en la promoción de campañas locales de prevención y sensibilización.

Adhesión a propuestas y programas impulsados desde el Ministerio de Educación, para trabajar en prevención en el nivel primario y secundario.

Promoción de mesas de trabajo específicas de coordinación a nivel territorial con las autoridades federales, a los fines de maximizar los esfuerzos de la división especializada de trata en la investigación de este tipo de delitos.

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