para ser mujer

A partir de los años 2000, el cuestionamiento de la matriz fundante de las relaciones binarias y excluyentes masculino/femenino de la modernidad permite comprender las reivindicaciones actuales y el reconocimiento de identidades sexo-genéricas en las propias comunidades. El concepto de género como categoría analítica era parte de un proceso social y académico distante de los pueblos de América Latina. Las formas de la opresión de género entre mayas, quechuas, aymará, mapuches, kaiowá son específicas. Guiadas por sus propias cosmovisiones, las mujeres originarias resignificaron entonces las relaciones desiguales de género y concibieron conceptos como el de “dualidad” para diferenciar el binarismo de género de las sociedades occidentales modernas.

Demandas compartidas

El reto de la diversidad fundó las reivindicaciones de un movimiento plural, anti-racista, anti-colonial y anti-capitalista que se expresa hoy a través de diversas vertientes que confluyeron: en los 80, en Perú, surgió el “feminismo paritario indígena” de la mano de Rosalía Paiva; en Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, en honor a quien participó en la rebelión anticolonial de Túpaj Katari en el Alto Perú; en Brasil, las mujeres comenzaron a organizarse en asociaciones exclusivas, con algunas organizaciones de mujeres amazónicas (AMARN y AMITRUT); posteriormente surgieron organizaciones de mujeres de pueblos indígenas del Noreste y estados de Minas Gerais y Espíritu Santo (APOINME), de la región Sur y Centro-Sur (ARPIN-SUL).

El levantamiento zapatista, por su parte, fue un parteaguas en la historia de las luchas de la región. Si bien no se puede afirmar que la propuesta zapatista tenga un programa estrictamente feminista, la Ley Revolucionaria de Mujeres de 1993 y la conformación de los llamados “feminismos desde abajo y a la izquierda” se desarrollaron inmersos en el clima de época del lema zapatista “otro mundo en el que quepan muchos mundos”. Así, las demandas de las mujeres originarias son compartidas por los movimientos de mujeres tales como el movimiento #NiUnaMás nacido en Ciudad Juárez. Simbolizado por las cruces de color rosa y los zapatos rojos, ese movimiento legó el concepto de feminicidio –que Marcela Lagarde reelaboró a partir del concepto “femicide” de la escritora Diana Russell– como bandera de lucha. La relación directa que existe en México entre capital y muerte, proliferación de maquilas y precarización de las vidas, caracteriza un escenario de guerras difusas, en el cual la impunidad del poder se sostiene en la espectacularización de la muerte: es frecuente la aparición de cuerpos de mujeres pobres, mestizas, indígenas, torturados y con marcas extremas de violencia sexual.

Otro proceso fundante para la política indigenista en Bolivia fue el surgimiento en esa misma época del “feminismo comunitario”, un pensamiento-acción que nació de la vertiente de la Comunidad Mujeres Creando Comunidad, comprometido con la despatriarcalización, la descolonización y la autonomía a partir de la concepción del Vivir Bien. Otro hito importante en la región ocurrió en 2006, cuando en Brasil se ratificó la Ley María da Penha contra la Violencia Doméstica. La misma fue discutida en talleres con mujeres indígenas de distintos pueblos en Brasilia durante el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas de Brasil. Finalmente, en 2011 se fundó la “Marcha del Buen Vivir” liderada por las mujeres mapuches de Argentina y Chile en defensa de los territorios, contra los feminicidios y por la liberación de las lideresas espirituales –como el reconocido caso de la Machi Francisca, detenida al presentar una demanda contra un latifundista por tala ilegal del bosque nativo–. Las luchas de las indígenas hoy son

transnacionales y “desde abajo”, concebidas y desarrolladas contra el capitalismo extractivista.

En Chile, cabe destacar la labor de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, así como en Paraguay, CONAMURI.

Masacre y opresión

Las luchas de las mujeres indígenas hoy son transnacionales y “desde abajo”, concebidas y desarrolladas contra el capitalismo extractivista a partir de la analogía entre el cuerpo femenino y el territorio. Su emblema es la figura de la lideresa indígena y feminista lenca, víctima de feminicidio: Berta Cáceres, co-fundadora del COPINH –organización social y política de carácter indígena, sin fines de lucro, pluralista, solidaria de la zona sur-occidental de Honduras con incidencia nacional–. Los movimientos de mujeres indígenas son testigos de una época en que una verdadera masacre está ocurriendo en distintos puntos del planeta. En Mato Grosso do Sul, el pueblo Guarani Kaiowá padece un proceso de re-colonización territorial. En Brasil, la Cámara de Representantes aprobó en agosto de 2015 un proyecto de ley que establece medidas contra las prácticas tradicionales indígenas consideradas perjudiciales, incluyendo el infanticidio del que son acusadas las mujeres indígenas por influyentes campañas mediáticas. Cerca de cuatrocientas líderes indígenas kaiowá fueron asesinadas en los últimos trece años, número que podría ser más alto debido a las muertes no registradas que se suman a las estadísticas de asesinatos de líderes y lideresas ambientales en la región.Otros movimientos luchan en Perú contra las “esterilizaciones forzosas”, una práctica ya denunciada en Bolivia en los años 60.

Las luchas contra las opresiones y violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas se articulan a través de sororidades y confluyen en dos grandes expresiones del movimiento feminista contra los feminicidios, que abarcan geográficamente desde el Ni Una Más en México hasta el Ni Una Menos en Argentina, y se expresa en la consigna de lucha: NiUnaMujerIndígenaMenos.

Mabel Bellucci y Viviana Norman

Menos de la mitad de los países del mundo han tomado decisiones legales en torno al aborto. Un número insuficiente para un tema prioritario. En Argentina, luego de una discusión histórica en el Congreso, el Senado votó en contra. La prevalencia de un conservadurismo que no termina de morir.

Las políticas públicas a nivel global, promovidas por los gobiernos, o bien surgidas de leyes que se debaten y aprueban en los Parlamentos, son producto de diversos actores, del Estado como de la sociedad civil. Tanto el caso del aborto voluntario como el de la mutilación genital femenina constituyen prácticas que se realizan en la clandestinidad o en condiciones inseguras, y comprenden daños evitables en la salud y la vida de las personas que se someten o son sometidas a ellas. El Estado debería subrogar su rol punitivo a la hora de abordar tales problemáticas sociales porque la restricción en torno a la decisión soberana sobre el propio cuerpo es una injerencia que entorpece el ejercicio pleno de los derechos humanos. La Educación Sexual Integral (ESI), por otra parte, representa un recurso, sobre el que no se ha tomado debida responsabilidad y urge hacerlo en la medida en que involucra los derechos sexuales y (no) reproductivos. Los organismos internacionales son asimismo actores fundamentales para promover legislaciones, tratados internacionales y acompañar con recursos técnicos y materiales su implementación.

Derechos sexuales y (no) reproductivos

Cerca del 38% de los países del mundo han tomado decisiones legales en torno al acceso al aborto. Un número aún insuficiente cuando se trata de un tema prioritario sobre la sexualidad de las mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y varones trans. En el resto de los países existen diferentes modos de tratamiento ante la práctica abortiva que va desde la prohibición según causales a penas extremas: entre 8 y 40 años de cárcel para toda persona que realice o facilite la concreción del mismo, como en el caso de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Malta y Ciudad del Vaticano.

Otro caso emblemático es Polonia. A partir de 1939, el aborto estaba despenalizado y legalizado. Pero en 1993 la Iglesia logró imponer una ley que acababa con la plena libertad de abortar. En 2017, se llevaron a cabo marchas multitudinarias en el país que se considera regido por una de las legislaciones más restrictivas de Europa.

En Argentina, desde hace más de una década se constituyó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, conformada por alrededor de 500 organizaciones de todo tipo y procedencias políticas. Sus consignas son: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En marzo de 2018, luego de una sostenida lucha del feminismo en el país, comenzó el debate en el Congreso para lograr una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El mismo involucró a diversxs referentes sociales, profesionales y expertxs con posiciones a favor y en contra. Finalmente, en agosto, el Senado de la Nación, después de una larga contienda, rechazó el proyecto de despenalización y legalización del aborto.

En 2017 se presentaron avances en Chile y en Bolivia. En el primero, durante la presidencia de la socialista Michelle Bachelet, se despenalizó el aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. En cuanto al segundo, el artículo 153 del nuevo Código Penal, elimina la pena en el caso de estudiantes, mujeres con hijos, discapacitados o mayores a su cargo, antes de la semana 8 de gestación. Igual, se considera la interrupción del embarazo como un delito con penas de hasta tres años de prisión.

En Estados Unidos, tras el 45 aniversario de la legalización del aborto, dicha medida se ve amenazada por el presidente republicano Donald Trump. El mandatario