Una mirada integral al desplazado en Colombia by Editorial USC Universidad Santiago de Cali

U na mirada int egral al Una integral Desplazado en Colombia

Consejo Superior 2006-2009 Sr. Jefferson Ocoró Presidente Dr. Hernán Zambrano Muñoz Vicepresidente Dr. Germán Valencia Valencia Secretario General

Universidad Santiago de Cali Dr. Hebert Celín Navas Rector Dra. María Nelsy Rodríguez Vicerrectora Académica Dr. Diego García Zapata Director Seccional Palmira Dra. Beatriz Delgado Gerente Administrativo Dr. Carlos Alberto Henao Gerente Financiero Dr. Mauricio Morales Gerente Bienestar Dr. Jairo Campaz Director General de Investigaciones

Departamento de Publicaciones Universidad Santiago de Cali Dirección Editorial: C.S.Teresa Consuelo Cardona G. tereco@usc.edu.co Coordinación de Producción: C.S. José Julián Serrano Q. jjserrano@usc.edu.co Coordinación Editorial: C.S. César A. Rincón C. cesararincon@usc.edu.co Coordinación Gráfica: Publicista Sandra Tatiana Burgos D. stburgos@usc.edu.co Diagramación: Jhon Muñoz Aragón publica@usc.edu.co Corrector de Estilo: C.S. Luciano Rodríguez M. publica@usc.edu.co Secretaria y Transcripción de textos: Lorena García. publica@usc.edu.co Practicante Universitaria: Vanesa Lasprilla B.

Dra. Martha L. Duque Directora de Planeación Dr. Wilson López Aragón Director General de Extensión Dr. Leonidas Pino Decano Facultal de Derecho Joaquin González Ibañez Evaluador

Editorial USC Calle 5 No. 62 -00 Bloque 7, piso 2. Tel. (2) 5183000 Ext. 489 - 496 publica @usc.edu.co Cali - Colombia.

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Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

Cabrera Suárez, Lisandro Una mirada integral al desplazado / Lisandro Cabrero Suárez. — Cali : Universidad Santiago de Cali, 2009. 335 p. ; 24 cm. Incluye bibliografías. ISBN 978-958-8303-32-1 1. Desplazados por la violencia - Colombia 2. Conflicto armado - Colombia 3. Grupos subversivos - Colombia 4. Violación de los derechos humanos - Colombia 5. Desplazados por la violencia - Asistencia social - Colombia I. Tít. 304.8 cd 21 ed. A1208732 CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

© Una mirada integral al Desplazado en Colombia 2009. Lisandro Alfonso Cabrera Suárez ISBN 9 78-958-8303-32-1 978-958-8303-32-1 Derechos Reservados: EDITORIAL UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI. Este libro no puede ser reproducido total ni parcialmente por ningún medio sin permiso escrito del editor. Impreso en Colombia Printed in Colombia

DEDICA T ORIA DEDICAT Dedico este libro a la memoria de padre Lisandro Cabrera Collazos, a la fuerza y alegria de mi bella viejita, mi madre, la señora Fanny Suárez, al amor de mi esposa Viviana Galán Camargo.

A GRADECIMIENT OS GRADECIMIENTOS Al Departamento de Publicaciones y a su líder, la doctora Teresa Consuelo Cardona por su incansable labor.

PRESENT A CIÓN PRESENTA La Universidad Santiago de Cali, comprometida con la difusión del pensamiento y el conocimiento de toda su comunidad, ha creado un espacio para que profesores y estudiantes destacados tengan la oportunidad de escribir sobre su área del conocimiento dejando un legado a la humanidad tan importante, tan valioso como un libro. Pero la difusión del conocimiento va más allá de publicar; es por ello que hemos estructurado todo una normatividad que nos permita ser coherentes con las investigaciones que viene realizando la Universidad y los avances que éstas nos propone. El texto que reposa ahora en sus manos es el resultado de una investigación exhaustiva; ha sido analizado y orientado por expertos, y ha contado con la participación de especialistas en la materia. Esta publicación tiene el Sello Editorial santiaguino porque ha cumplido con estándares de calidad y ha sido sometida a la norma, que hemos diseñado para mejorar cada vez más nuestros productos editoriales. Pero no es un capricho de la Universidad Santiago de Cali insistir en la divulgación del pensamiento y el conocimiento de su comunidad, ello en realidad constituye un deber social que tienen todas las entidades que involucren en sus actividades la educación. Puesto que no se puede con cebir la universidad sin producción académica materializada en libros, ponemos en sus manos este ejemplar que lleva el Sello Editorial de la Universidad Santiago de Cali, herramienta que gustosamente ponemos al servicio de este loable propósito. Hoy la academia santiaguina tiene la posibilidad de hacer sus propias reflexiones y ponerlas a consideración de las comunidades nacional e internacional, porque nuestra esperanza y por lo que trabajamos día a día, es que la divulgación de este pensamiento y de estas reflexiones académico-

científicas, trasciendan las fronteras. Nuestro empeño es fortalecer las alianzas que, a lo largo del tiempo de fundada la editorial, hemos venido realizando. El momento que atraviesa Colombia es el adecuado para producir conocimiento, para comprender que sólo las buenas acciones, (entendiendo éstas como el compromiso de los industriales con la economía local; de los políticos con la justicia social y la deferencia de sus acciones hacía los pobres; y la academia como actor decisivo en las políticas, no electoreras, si no de construcción de país), son las que evitarán que este país con tanto talento, potencial humano y riquezas naturales, se hunda y, en cambio, permitirán que ocupe el sitio que se merece en el contexto mundial. Con motivo de celebrar nuestros 50 años, le invito a leer este material que hace parte de la producción del Sello Editorial Universidad Santiago de Cali, que poco a poco se ha ganado un espacio en el corazón de muchos lectores y que no pretende ser otra cosa que un canal para la materialización del conocimiento.

HEBERT CELÍN NAVAS Rector

TABLA DE CONTENIDO Dedicatoria Agradecimientos Presentación Introducción

5 7 9 17

CAPÍTULO 1 CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

CAPÍTULO 2 LOS ACTORES DEL DESPLAZAMIENTO

La guerrilla El ELN El EPL Paramilitarismo y otros

68 69 71 72

CAPÍTULO 3 DESPLAZADOS EN CALI

Zonas de expulsión ¿Permanencia, reubicación o retorno? Futuro incierto Consecuencias del desplazamiento CAPÍTULO 4 TRABAJO DE CAMPO Hipótesis Justificación Modelo de encuesta Resultados de la investigación Conclusión del trabajo de campo

82 91 93

95 97 98 99 100

101 CAPÍTULO 5 CONTEXTO DEL DESPLAZAMIENTO RURAL EN COLOMBIA

107

Ubicación y condiciones actuales Tendencias en las necesidades y expectativas

116 119

CAPÍTULO 6 LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DESPLAZADOS

143

Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Violación a la legislación nacional Los derechos humanos en Colombia y la comunidad Internacional CAPÍTULO 7 EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LOS DESPLAZADOS La necesidad de principios Aplicación de los principios Red de solidaridad social Identificación de los responsables del desplazamiento interno Respuestas del Estado Cooperación internacional Situación de los defensores de los Derechos Humanos Recomendaciones CAPÍTULO 8 ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LOS DESPLAZADOS Estrategias de estabilización y consolidación socioeconómica La Red de Solidaridad Social y el Departamento del Valle en el tema de los desplazados Plan de Acción para la población desplazada del Departamento del Valle del Cauca Apoyo al proceso de retorno y reubicación CAPÍTULO 9 ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE A YUD A A LLOS OS DESPLAZADOS AYUD YUDA ONG Colombianas Ayuda internacional que reciben los desplazados y la participación de las organizaciones internacionales Visión de la O.E.A. sobre el desplazamiento forzado interno Condiciones de vida de los desplazados internos CAPÍTUL O 1 0 CAPÍTULO 10 CONCLUSIONES

146 147 150

153 156 158 159 159 163 167 168 169

171 183 184 185 186

187 191 195 197 206

213

BIBLIOGRAFÍA 223 ANEXOS 229 LIS TA DE GRÁFICOS LIST Gráfico 1. Número de miembros Autodefensas Gráfico 2. Desplazados en Cali según departamento de expulsión Gráfico 3. Responsables del desplazamiento Gráfico 4. Otros responsables del desplazamiento Gráfico 5. Causas del desplazamiento Gráfico 6. Tenencia de la tierra antes del desplazamiento Gráfico 7. Tenencia de la tierra antes del desplazamiento Gráfico 8. Área de terreno en hectáreas Gráfico 9. ¿Qué pasó con la tierra? Gráfico 10. Ocupación jefe de hogar desplazado antes y después del desplazamiento Gráfico 11. Ocupación jefe de hogar desplazado después del desplazamiento Gráfico 12. Tendencia de la tierra antes del desplazamiento Gráfico 13. Área de terreno a la que los HVR tenían acceso antes del desplazamiento Gráfico 14. ¿Qué pasó con la tierra? Gráfico 15. Departamentos de expulsión de población con vínculos rurales Gráfico 16. Desplazamientos masivos e individuales en 2000 Gráfico 17. Personas afectadas Gráfico 18. Factores predominantes de los desplazamientos Gráfico 19. Promedio de personas desplazadas según autor que realizó la acción armada en 2000 Gráfico 20. Presuntos autores de desplazamiento en 2000 Gráfico 21. Causas de los desplazamientos por tipo de acción y por eventos en 2000 Gráfico 22. Promedio de personas desplazadas según autor que realizó la acción armada en 2000

75 82 84 84 86 88 89 90 90 91 92 111 112 112 114 126 126 137 137 139 141 141

LIS TA DE CU ADR OS LIST CUADR ADROS Cuadro 1. Municipios que expulsan más hogares con vínculos rurales 115 Cuadro 2. Tipo de la vivienda antes y después del desplazamiento par los HVR 117 Cuadro 3. Tenencia de la vivienda antes y después del desplazamiento par HVR 118 Cuadro 4. Ocupación antes y después del desplazamiento 120 Cuadro 5. Departamentos expulsores de población en 2000 122 Cuadro 6. Departamentos de llegada de población desplazada en 2000 123 Cuadro 7. Municipios afectados por el desplazamiento forzado en 2000 124 Cuadro 8. Desplazamiento masivo en 2000 125 Cuadro 9. 37 Municipios que expulsaron el 75 por ciento de la población en 2000 127 Cuadro 10. 31 Municipios de llegada del 75 por ciento de la población desplazada en 2000 128 Cuadro 11. 6 Departamentos que expulsaron el 76 por ciento de lapoblación desplazada en 2000 129 Cuadro 12. 9 Departamentos de llegada del 74 por ciento de la población desplazada en 2000 130

Cuadro 13. 6 micro-regiones que expulsaron el 26 por ciento de población desplazada en 2000 131 Cuadro 14. Composición por género de la población desplazada en 2000 Cuadro 15. Composición etérea de la población desplazada en 2000 Cuadro 16. Porcentaje de población afro-colombiana desplazada por Departamento en 2000 Cuadro 17. Porcentaje de población indígena desplazada por Departamento en 2000 135 Cuadro 18. Causas de los desplazamientos por tipo de acción y por eventos en 2000 136 Cuadro 19. Presuntos autores de desplazamiento en 2000

134

Cuadro 20. Promedio de personas desplazadas según causa

139

Cuadro 21. Promedio de personas desplazadas según presunto autor Cuadro 22. Causas de los desplazamientos por tipo de acción por eventos en 2000 140 Cuadro 23. Familias desplazadas según lugar de llegada

132 133

138

140

200

LIS TA DE ANEX OS LIST ANEXOS Anexo 1. Ley 387 de 1997 Anexo 2. Estrategias del Plan Nacional. Estrategia de prevención Anexo 3. Con el honor en la mochila (Testimonios) Anexo 4. Los refugiados

231 245 257 268

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USC - Editorial

Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

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INTR ODUCCIÓN INTRODUCCIÓN El presente escrito surge por la interacción cotidiana del autor con la violencia en Colombia1. La violencia es sectorial, no golpea a todos por igual2, escoge objetivos, que pueden ser personas, grupos o regiones geográficas. Siendo así, los colombianos se han acostumbrado a escuchar cifras sobre el problema social, sus causas y consecuencias. El problema de los desplazados es muy grave, pues se calcula, acorde con informes internos en el país, que desde 1985 alrededor de un millón y medio3 de colombianos han sido obligados a abandonar su lugar de origen. Amnistía Internacional estima, por su parte, que «en los últimos veinte años más de tres millones de personas se han tenido que desplazar en Colombia debido a problemas de orden público, convirtiéndose en uno de los países con más alto índice de desplazados en el mundo, al lado de Sudán, Sri Lanka, entre otros»4. La verdad sobre el número real de desplazados, no existe, puesto que mucha información ha sido distorsionada por la violencia misma y, junto a este factor, por la inexistencia de un sistema sólido y exacto de consolidación de datos.

1 Interacción e interés irrestrictamente académicos desde los ángulos de la antropología, la sociología y de análisis de la violencia como fenómeno epidemiológico. Al respecto puede verse su amplia bibliografía de estudioso del tema, sus artículos, documentos, conferencias, y en especial su libro Desplazados: Un problema de todos, Colección 2000, Universidad Santiago de Cali, Cali, 2000; y el presente libro que sintetiza su visión focal del problema. 2

RUBIANO SAENZ, Pedro, Epístola por la paz, Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Bogotá, 2004.

3 ROJAS RODRÍGUEZ, Jorge, Para una lectura de Un país que huye, inducción al Informe Un país que huye. Desplazamiento y violencia de una nación fragmentada, de la Consultoría para los Derechos Humanos, CODHES, y la UNICEF Colombia, volumen I, Santa Fe de Bogotá, 1999. 4 AMNISTÍA INTERNACIONAL, informe «Colombia: Cuerpos Marcados, crímenes silenciados: Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado«, Bogotá, octubre 13 del 2004.

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El tema de los desplazados fue escogido como trabajo de investigación por las características y honda significación que tiene en el imaginario de los implicados. Dejar atrás el arraigo a la tierra, la comunidad donde uno nace y nos reconoce como persona, genera un derrumbamiento de la estructura de cada ser humano, puesto que todos viven y actúan por pasiones. El tema es aparentemente coyuntural, momentáneo si se quiere, pero la solución no lo es, puesto que las causas del desplazamiento en Colombia son estructurales e involucran a los actores políticos como son los gobiernos, la distribución de las riquezas, los intereses clasistas, la tenencia de la tierra5. En la actualidad se habla de una globalización y de un mercado común que invita a las diferentes naciones grandes o pequeñas económicamente a arriesgar con destino en las leyes del mercado. El fantasma de ideologías impuestas por las potencias en los países tercermundistas allegaron propuestas como la del neoliberalismo económico mal aplicado por muchos6, que se convirtió en un foco de atraso y de profundización de una crisis social de los países que tuvieron que implementarlo. El hecho de apostarle a las exportaciones, de favorecer la industria nacional, de generar competencias iguales, se aplicó en un país como Colombia lleno de corrupción, de vicios clientelistas, de cacicazgos políticos y, peor aún, en medio de un violento enfrentamiento entre una guerrilla consolidada militar y económicamente y un débil Estado que, atónito, presencia el fortalecimiento de grupos paramilitares de autodefensa7, como un actor más del conflicto bélico. Las políticas globalizadoras se vendieron como la panacea a las crisis de las economías emergentes, en donde el pueblo creyó efectivamente que hasta los problemas sociales se iban a solucionar. Sin embargo, la realidad hoy es otra, pues los neoliberalistas colombianos aplicaron la propuesta aperturista e internacionalizadora a su acomodo, favoreciendo sus propios intereses económicos y no generales, sin pensar en una redistribución de excedentes, en la inversión social o en la ayuda a los desplazados.

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Los indicadores, las cifras, los porcentajes, ocultan dramas salvajes: Niños huérfanos sin tierra y sin afectos, mujeres sumando soledades, hombres con el prestigio en la mochila y ancianos que en muchos casos han huido de varias violencias8, comunidades enteras de indígenas y afro colombianos que ni en las proximidades del tercer milenio pueden disfrutar la tierra que los vio nacer. Colombia tristemente anida en su historia varios episodios ligados al desplazamiento: La guerra de los mil días y la masacre de

5 AMNISTÍA INTERNACIONAL, señala en el informe citado: «consideran ellos (los actores del conflicto) que uno de los mejores medios para lograr el dominio de esos territorios es propiciar el abandono de estos por parte de sus pobladores a través de la constante vulneración de los derechos humanos, especialmente contra los grupos en mayor riesgo como las mujeres y los niños, siendo los abusos sexuales uno de los principales delitos cometidos por los grupos en conflicto». 6

SARMIENTO P, Eduardo, Análisis, La gravedad de una apertura sin condiciones, El Espectador, Bogotá, 1998.

ZULUAGA NIETO, Jaime, Una mirada sobre el fenómeno paramilitar, revista Punto de Encuentro, Bogotá, marzo-abril del 2005.

SARMIENTO P, Eduardo, Los cuestionamientos al Dane, Análisis, El Espectador, agosto de 2005.

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las bananeras a principios de siglo, la violencia bipartidista de mediados del siglo y la guerra de guerrillas de final de siglo9. Los desplazados se han convertido en protagonistas históricos de la guerra y son más noticia al huir que al morir. El tema de los desplazados debe ser una obligación de todos los implicados en soñar una sociedad más justa y equilibrada. Las personas que le apuesten al ser humano, a su pleno desarrollo, y a buscar unas condiciones que mejoren la calidad de vida de sus congéneres, no deben ser ajenos al drama del desplazamiento. Más cuando se proviene de una Universidad como la Santiago de Cali, que está comprometida con el ser. Su Proyecto Educativo Institucional (PEISA)10, sostiene que Colombia y el mundo necesitan personas, seres sensibles a la vida, que disfruten la música, que convivan pacíficamente con el otro, que entiendan que la empresa más importante es su vida, de igual manera este ser tiene que estar preparado para competir en el futuro profesional. La Institución anhela que toda la comunidad universitaria reaccione frente a los problemas nacionales y que desde su propio espacio cada uno pueda generar alternativas y soluciones para la construcción de la nueva Colombia. La guerra todo lo transforma. Recibir desplazados en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá (las cuales no se han visto afectadas por la huida de su gente, pero sin embargo resienten la gran crisis social y económica por la que atraviesa el país)11 se ha vuelto un problema que ha llevado incluso a las alcaldías locales a impedir el acceso de éstos a sus ciudades, tema que desató múltiples posiciones al respecto. La Ley 387 de 199712, sobre desplazados, en su artículo 2 numeral 3, señala que: «El desplazado tiene derecho a no ser discriminado por su condición de desplazado» y en el numeral 8 sostiene: «El desplazado tiene derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas por la ley». El conflicto colombiano es irregular y se caracteriza por tener periodos de relativa paz; sus principales manifestaciones han sido la muerte violenta

9 RANGEL SUÁREZ, Alfredo, Colombia: Guerra en el fin de siglo, Universidad de los Andes, facultad de Ciencias Sociales, TM Editores, Bogotá, 1998. 10

El PEISA fue inspirado por el doctor Ricardo Maya Correa, quien quiso que la Universidad Santiago de Cali contribuyera a la construcción de un nuevo país, basada en el compromiso con el SER. 11 KOMPASS, Anders, «Hay que desactivar la guerra «, Delegado de la ONU para los Derechos Humanos, en revista Semana, octubre de 2000. 12 La Ley de Desplazados inició curso en el Congreso de la República con el proyecto de Ley número 15 de 1996, presentada por Fernando Fernández, Yolima Espinoza y Nelson Villoria, sancionada finalmente por el presidente Ernesto Samper Pizarro el 18 de julio de 1997.

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de muchísimos civiles ajenos al conflicto, abusos de poder, masacres, torturas, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores de edad y uso de armas de efectos indiscriminados13. El tema de los desplazados dejó de ser local y ahora, le interesa a toda la aldea global por la violación sistemática de los derechos humanos que éste representa; una demostración clara la da la Unión Europea al intentar mejorar las condiciones sociales, económicas, y políticas de los países tercermundistas, destinando altas partidas económicas y creando oficinas como el ECHO para atender estos temas; iniciativa que está lejos de ser suficiente, puesto que el problema de los desplazados no es un problema coyuntural ni de momento sino estructural y de fondo. Los estudios con que cuenta Colombia sobre el tema de los desplazados representan estadísticas sobre marginalidad y desplazamiento constituyéndose en frías cifras sobre un problema del que no existe una conceptualización. «Desplazados un problema de todos» utilizará datos de la Comisión y Vida de la Arquidiócesis de Cali y el Codhes que en su estudio «Un País que Huye», presenta un minucioso análisis sobre los sitios de partida y de llegada de los desplazados, estadísticas sobre la composición social de las familias y de los factores causantes del desplazamiento; sin embargo, no entra a estudiar las verdaderas causas del conflicto social en Colombia, de aquí la validez teórica del trabajo.

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El desplazamiento de la población a causa de la violencia crece día a día y las decisiones del Gobierno para hacer frente a éste problema sociodemográfico son confusas y paradójicas. Debido a que las medidas de orden público y de erradicación de cultivos ilícitos están disparando los índices de desplazados de todo el país y además, porque, la burocracia, los recortes presupuestales, afectan la realización de los caminos que tome el Gobierno para solucionar el problema14. El problema de los desplazados debe convertirse en un problema de Estado; así se maneja por ejemplo en el Salvador, según el texto Derechos Humanos y Democracia de Alberto Ramos «los últimos cinco años de guerra salvadoreña convirtieron el desplazamiento como el principal problema nacional».

20 13 AMNISTÍA INTERNACIONAL, informe «Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados: Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, Bogotá, octubre de 2004. 14 URIBE VÉLEZ, Álvaro, Hacia la meta en la reducción del déficit fiscal, Conferencia de prensa, Informe de Gobierno, Bogotá, julio 2005.

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Delimitación conceptual Colombia, como muchos otros países en proceso de formación, es un museo vivo de conflictos que al no ser encarados y resueltos por medios políticos, desvían su caudal de energías sociales hacia la violencia. Una vez arraigada ésta, se establece un círculo vicioso entre las causas sociales y las luchas armadas, que subordina la resolución de conflictos a los azares de la confrontación militar, cuyo sentido se aleja cada vez más de los motivos originales que justificaron la iniciación de las luchas. El sector más golpeado por la violencia política son los campesinos, como quiera que la guerra de guerrillas y su contrapartida la guerra contrainsurgente del ejército y los paramilitares tiene como escenario principalmente el campo. A lo anterior se suma que son también los campesinos quienes tradicionalmente han sufrido el reclutamiento forzado para prestar el servicio militar en las fuerzas armadas y en los grupos subversivos15. Así las cosas, tenemos que el 64 por ciento de la población campesina vive en estado de pobreza y un 37 por ciento de ellos sobreviven en condiciones de miseria. Por otro lado, en lo tocante a la tierra, la tendencia ha sido la del despojo y la concentración de la propiedad en pocas manos. Estadísticas nacionales señalan que hay más de un millón de familias campesinas sin tierra. En 1960, el 60 por ciento de la tierra y los grandes latifundistas controlaban el 46 por ciento en haciendas de más de 200 hectáreas. Para 1992 el 55 por ciento de los campesinos propietarios no tenía más que el 2,8 por ciento de la tierra, mientras que menos del 0,5 poseía el 35 por ciento de la tierra16. De las concesiones de tierra y mercedes de la Corona Española y del poder de los gobernantes locales para adjudicar o apropiarse de grandes extensiones de tierra y de otras instituciones coloniales como La Encomienda y La Mita, surgió la estructura latifundista de tenencia de la tierra en Colombia, que en muchos casos era de decenas de miles de hectáreas no explotadas con trabajo e indígena, de esclavos negros en la Costa Atlántica y Pacífica, incluidos los hoy departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, más la adjudicación de baldíos a los poderosos en la República y la presencia del narcotráfico a fines del siglo XX en la adquisición de las mejores tierras, son los determinantes de la existencia y sobrevivientes de la estructura latifundista de la tenencia de la tierra en Colombia, desde la Colonia y la República hasta finales del siglo XX. El poder político y económico de los grandes terratenientes, ha impedido la ejecución de una reforma agraria integral que

21 15 RANGEL SUÁREZ, Alfredo, Colombia: Guerra en el fin de siglo, Universidad de los Andes, facultad de Ciencias Sociales, TM Editores, Bogotá, 1998. 16

DÍAZ CALLEJAS, Apolinar. «Colombia; La Cuestión Agraria». Ediciones siglo XXI, pág. 7, Medellín, Colombia, 1978.

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tendría que ser liberal17 pues en Colombia no ha triunfado revolución alguna para sustituir el sistema económico y social. Ese poder y esa estructura de la tenencia de la tierra han impedido, incluso, un capitalismo relativamente democrático, protector de la soberanía nacional18, con capacidad competitiva en los mercados internacionales. Colombia por tener una frontera agraria abierta, 130 municipios son áreas de colonización, que detrás de la destrucción de las selvas19 esconden procesos de conquista y despojo de pueblos indígenas y negros, para dar paso a la posterior quiebra de la economía campesina y la concentración de la propiedad en haciendas de ganadería extensiva20. El latifundio costeño, por ejemplo, que abarca 107 municipios, ha dejado a gran parte de campesinado sin acceso a la tierra, lo que alimenta la migración y la tugurización de las ciudades21. La región Caribe sólo tiene 31 municipios donde predomina la pequeña propiedad campesina. La región Andina, desde Nariño hasta Norte de Santander y Antioquia, presenta la estructura rural más diversificada. Con la mayor densidad demográfica, la región tiene 200 municipios con minifundios deprimidos, que expulsan población y 143 con minifundio estables, que en su gran mayoría escapan a las manifestaciones más intensas de la violencia. En las vertientes cordilleranas hay 233 municipios donde predomina el campesinado medio, de los cuales 60 son cafeteros. En los valles interandinos del Cauca y el Magdalena hay 77 municipios con agricultura empresarial, de los cuales 32 tienen alta población urbana. En regiones periféricas marginales del litoral Pacífico, de Amazonía y Orinoquía hay 39 municipios con estructura rural atrasada, que son, en términos reales, colonias para extracción de excedentes en favor de empresarios de otras regiones.

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Las tensiones y conflictos rurales se expresan también en las cinco grandes ciudades, (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena)22 que se

17 LLERAS RESTREPO, Carlos, Cuestiones básicas. Apuntes sobre una reforma agraria en Colombia y la integración económica de extensas tierras ociosas, El Espectador, junio de 1973. 18 AGUDELO VILLA, Hernando, El Liberalismo: Una visión democrática de la propiedad en función del bien común, Revista Historia y política, Universidad de Antioquia, Medellín, 1984. 19 MONTAD F, Carlos, El futuro depredado y otras notas sobre el desastre ecológico en el Amazonas, Universidad Autónoma de México, UNAM, México, octubre de 1998. 20 Ibidem: «Se calcula la existencia de unas 1.700 empresas industriales de mediana y alta tecnología, las cuales arrasan con 7.000 hectáreas semanales en pos de la madera, mientras quedan apenas zonas y cuadrículas inútiles de tierra donde había todo un rico e irremplazable ecosistema». 21 DÍAZ W, Fabio, La tugurización: Una cultura urbana del siglo XX que pelea su espacio, artículo revista Claridades, Comunidad Urbana «Ciudad Bolívar», mayo de 2001. 22 GILIBERT, Gilberto, Conferencia, Policía Nacional de Colombia: «Las cuatro principales ciudades andinas de Colombia generan el ochenta por ciento de los delitos y de los muertos del país «, Bogotá, 2002.

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constituyen en centros regionales, en las 31 ciudades intermedias que conforman la malla de centros secundarios y en las 21 ciudades pequeñas que conforman los centros de relevo del país. La red urbana es colonizada por los emigrantes expulsados del campo y la reconstrucción de lo social y lo político les exige entrar en conflicto por la distribución de espacio y oportunidades vitales con las autoridades locales y otros grupos urbanos establecidos. Si se adopta una visión amplia de las relaciones entre la población y el territorio se observa, paralelo a la urbanización, un vasto proceso de desplazamiento, ocurrido durante medio siglo, desde las áreas cordilleranas y del litoral Caribe más densas hacia las tierras de piedemonte de todo el sistemas montañoso del país, y desde allí, al resto de la frontera agraria. En las nuevas regiones en formación no hay una estructura consolidada de relaciones de poder y de propiedad, los actores sociales colectivos surgen y se disuelven con igual velocidad y la sociedad civil pierde su espacio en favor de dominios armados que de facto sustituyen al Estado, cuya acción no supera la presencia nominal, esporádica o la ocupación militar.

Objetivos 1.

Demostrar el fenómeno de los desplazados como un problema de tipo estructural y no coyuntural por responder a las lógicas de un proceso histórico.

Mostrar que la distribución y la tenencia de la tierra actuales son causas del desplazamiento en Colombia.

Identificar el narcotráfico como uno de los factores del desplazamiento en Colombia.

Reconocer las responsabilidades de la guerrilla como grupo armado en el proceso de desplazamiento de los colombianos.

Señalar la responsabilidad de Ejército Nacional y de los grupos paramilitares en el desplazamiento del campesinado en Colombia.

Analizar el fenómeno del desplazamiento en América Latina (Estudio comparativo).

Identificar el papel de la Comunidad Internacional en el tema del Derecho Internacional Humanitario en Colombia y su incidencia en el tema de los desplazados.

Demostrar cómo la solución al conflicto armado en Colombia que produce el desplazamiento de población ya no sólo es competencia nacional sino también de la comunidad internacional.

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Hipótesis del trabajo 1.

El problema de los desplazados en Colombia no es coyuntural, es estructural.

El Estado colombiano es el primer responsable del fenómeno del desplazamiento en Colombia.

Líneas de investigación 1.

Una línea de investigación histórico-política en cuanto a los antecedentes del problema de los desplazados y el marco referencial de los actores del conflicto en Colombia.

Una línea de investigación hermenéutica referente a la interpretación del fenómeno del desplazamiento en Colombia, entendido como un problema de tipo estructural.

Una línea de investigación socio-jurídica, en la cual se establece cómo los factores del conflicto desdibujan el marco jurídico, sus impactos en la generación de injusticias en la sociedad y las perspectivas futuras de un Estado de Derecho en Colombia.

Metodología a)

Utilización del método histórico-político comparativo complementado con análisis estadísticos.

b ) Desarrollo del problema en los ámbitos del conocimiento. c)

Manejo de fuentes bibliográficas, documentales, etc.

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d ) Trabajo de campo en la ciudad de Santiago de Cali.

Estructura El presente informe está estructurado en 10 capítulos, 13 subcapítulos, ilustrados temática y estadísticamente, los cuales introducen a la definición misma del fenómeno del desplazamiento, sus antecedentes, causas, actores, flujos de las corrientes de comunidades desplazadas, y un completo módulo que sintetiza el trabajo de campo con los desplazados, realizado en las ciudades de Cali y Buga. De igual manera, el informe incluye las diferencias entre desplazados y los refugiados, los derechos humanos y los desplazados, así como una visión actualizada de las organizaciones nacionales e internacionales de ayuda a este segmento poblacional desprotegido,

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la actitud puntual del Gobierno de Colombia frente a sus requerimientos y los procesos de organización actual de los desplazados, todo esto visto con las herramientas estadísticas necesarias para síntesis, integración y comprensión necesarias de la información; y, finalmente, el informe cuenta con un plan de anexos, en los cuales se indican las disposiciones internacionales existentes en materia de atención de fenómenos tan intensos como los desplazados, los fallos y demás jurisprudencia interna en Colombia, así como algunos fragmentos de los testimonios descubiertos en los trabajos de campo y que se estiman pertinentes para complementar otra visión de la temática tratada: La horrible realidad desde la oralidad de las víctimas, la misma que trasciende toda conceptualización o reducción estadigráfica posibles. «Somos un pueblo de agricultores y pescadores y pensamos poco en la economía de Colombia. Pero amamos nuestra vida y la de la gente buena que nos rodea. No tenemos más que la vida y para nosotros es todo. Y vale la pena defenderla. Pero, ¿cómo se puede defender un pueblo de pescadores y agricultores frente a la prepotencia y los enormes recursos de las gentes armadas que entran y salen de nuestras casas como si fueran tierra de conquista? ... En Gilgal y en nuestra población de Unguía están el ejército y la policía. Pero no están ni la justicia ni el orden. Están día y noche. Pero en un sólo mes, de día y de noche, los paramilitares sacaron de sus casas a cinco personas. Esta no es una ciudad en donde la ausencia de cinco desaparecidos no se sienta... 15 familias han tenido que huir mientras que en las últimas semanas la guerrilla y el ejército se han enfrentado aquí mismo, al lado de nuestras casas. Y la guerrilla responde asesinando a tres muchachos en Gilgal y amenazando a quien esté cerca de los paramilitares. No pueden seguir haciendo la guerra a costa de agricultores y pescadores que sólo reclaman el derecho a trabajar. Las autoridades no dan razón de nada y el ejército y la policía no ven nada. ¿Para dónde están mirando cuando sacan a nuestros vecinos y familiares de sus casas? ¿A quién, entonces, están protegiendo en Ungía y Gilgal? Señores guerrilleros, señores paramilitares, señores cómplices de la violencia: ¿Qué debemos hacer para seguir viviendo?». Carta de la comunidad de Unguía, de la región de Urabá del departamento de Chocó, recibida en junio de 1996.

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Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

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CAPÍTULO

CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

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Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

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La mayoría de analistas nacionales e internacionales coinciden en concebir la situación bélica que se vive en nuestro país como un conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde hace 40 años en su versión actual (pasando por una serie de etapas), pero que tiene antecedentes históricos en la violencia partidista de la década de 1950 y de años anteriores. La versión oficial del Gobierno actual (presidencia y gabinete) sostiene que en Colombia no existe un conflicto armado ya que nuestro país es un Estado de Derecho, y las alteraciones al orden público causadas por las FARC, el ELN, las AUC u otros actores son consideradas como parte de una amenaza terrorista. Posición que obviamente no es compartida por la mayor parte de la opinión nacional (dirigentes, medios de comunicación, etc.), que siguen empleando el término «conflicto armado», y unos pocos que lo llaman simplemente «guerra civil».

Causas Desde la independencia de Colombia, el país no ha estado ajeno a la violencia partidista, lo cual se evidencia en varias guerras civiles que se desarrollaron durante el siglo XIX y culminando en la Guerra de los Mil Días (1899–1902). Entre 1902 y 1948, Colombia gozó de una relativa paz, primero bajo los gobiernos de la hegemonía conservadora (1886–1930) y luego con los presidentes reformistas liberales (1930–1946). Sin embargo, durante esta época ciertos incidentes de violencia política fueron constantes en diversas regiones. El 9 de abril de 1948, durante el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán. Aun cuando el magnicidio no tuvo aparentemente un móvil político partidista, este creó levantamiento popular violento, conocido como el Bogotazo, siendo la capital el escenario de las reacciones más grandes, pero diferentes grados de violencia se extendieron por gran parte del país. El gobierno de Ospina Pérez logró controlar la situación, consiguiendo terminar su mandato en 1950. En las elecciones de 1950 no participó el partido Liberal alegando falta de garantías. Esto

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facilitó el triunfo del partido Conservador en cabeza de Laureano Gómez, quien continuó y profundizó la política de seguridad de su antecesor ante la violencia partidista, la cual no contemplaba negociar con el partido Liberal. El partido Liberal, ante controversias internas, tomó la decisión de promover guerrillas para oponerse al poder militar del gobierno de Gómez. Además de las guerrillas liberales, que operaban principalmente en los Llanos Orientales, en varias regiones se crearon diferentes tipos de bandas armadas irregulares, tanto por parte de sectores afines al gobierno como por parte de miembros del partido Comunista, entre otros. El fracaso de las políticas oficiales y la desconfianza que inspiraban algunas de las actitudes personales de Gómez llevaron a que perdiera el apoyo de buena parte de los miembros de su propio partido; es así como, en 1953, la clase política se apoyó en el establecimiento militar para propinar un golpe de estado, adjudicando el poder al general Gustavo Rojas Pinilla. Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales garantizando una amnistía. La mayoría se acogió a los términos de la misma y se desmovilizó, lo cual redujo efectivamente buena parte de la violencia. Sin embargo, el asesinato de algunos de los líderes contribuyó a crear desconfianza en varios de los grupos armados quienes continuaron en la clandestinidad. Algunos de los grupos formaron «repúblicas independientes» donde portaban armas principalmente para la defensa perimetral y ocasionalmente realizaban asaltos, retenciones y acciones armadas limitadas en las zonas cercanas. Cuando la dirigencia política del país y los sectores sociales opuestos al régimen consideraron que el gobierno de Rojas Pinilla debía finalizar y no prolongarse por otros cuatro años o más, se promovió un paro que obligó al retiro del general Rojas Pinilla, quedando el poder en manos de una junta militar de transición mientras se pensaba en reanudar el sistema político democrático tradicional de la República.

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Los líderes de los partidos Liberal y Conservador finalmente acordaron que durante un nuevo período de transición, que se extendería por los próximos cuatro períodos (16 años), se alternarían en el poder. Esta propuesta, denominada el Frente Nacional, fue concebida como una forma de concluir las diferencias entre los dos partidos y evitar que se repitiera la violencia política bipartidista. El Frente Nacional logró ese objetivo, pero con el tiempo también se hizo claro que obstaculizaba en la práctica la posibilidad de participación de grupos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, incluyendo a sus disidencias internas.

Mirada internacional sobre el conflicto armado colombiano Para el INDH 2003, Europa podría hacer más contrapeso a las orientaciones norteamericanas. Es un hecho que las relaciones colombo-europeas son más que todo comerciales y varían con el país pero, en general, puede decirse que los Estados europeos promueven la opción no militar para Colombia. Sus representantes en Bogotá velan por los derechos humanos, suministran ayuda humanitaria, prestan buenos oficios para aproximar a las partes en conflicto y consultan sus programas de cooperación con la sociedad civil colombiana. Sin embargo, en un mundo unipolar, y separada por la inmensidad del Atlántico, Europa tiene menos interés y menos influencia que Estados Unidos en Colombia. Por eso se abstiene de adoptar

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iniciativas ambiciosas que, en el marco de la Unión Europea, pudieran hacer contrapeso a las orientaciones norteamericanas, ampliar sustancialmente el campo humanitario, llevar las partes a una mesa de negociación o acelerar a fondo el desarrollo humano. Absorta en su relación privilegiada con el país del norte, la diplomacia colombiana no aprovecha plenamente los foros y organismos internacionales, donde tendría más espacio de maniobra y las demás ventajas del multilateralismo. Aunque no siempre vota con Washington en cuestiones sensitivas -incluyendo la droga y el terrorismo-, Bogotá se adhiere a la opinión de Estados Unidos. Y en lo que al conflicto armado como tal se refiere, Colombia se obstinó primero en sostener que era un asunto interno no susceptible de ser sometido a esos foros, y luego, empezó a pedir declaraciones de apoyo a su zigzagueante «política de paz». La diplomacia colombiana es inconsistente entre la guerra y la paz. En mitad de una crisis tan severa, Colombia sigue siendo un país «modelo» en la observancia de sus compromisos internacionales. A una curtida tradición de respeto a los tratados y de zanjar sus diferendos por la vía del derecho, se han agregado ahora los costos y sacrificios -enormes, a no dudar- de 20 años de guerra contra la droga. En pérdidas de vidas, en daños materiales y en distorsión de las prioridades de gobierno, la comunidad internacional sale a deberle muchísimo a Colombia. Sin embargo, y por causa, más que todo, de aquella distorsión, la diplomacia colombiana es bastante inconsistente en el manejo del conflicto armado. En efecto, si se la juzga a la luz de la estrategia integral que habría de aplicarse a resolverlo, la gestión internacional de la Cancillería muestra varias faltas de equilibrio: Separación (casi divorcio), entre el manejo de la guerra y el manejo de la paz. El Ministerio de Defensa y la Fiscalía inspiran a la Cancillería en cuanto a la guerra; la oficina del Comisionado inspira las gestiones de paz. Sobre todo: La guerra se concierta con Estados Unidos y la paz se conversa con Europa. Mayor disposición a aceptar ayuda para la guerra que para la paz. Desde los tiempos de La Violencia y la Guerra Fría hasta tiempos del Plan Colombia y el terrorismo, los gobiernos han estado dispuestos y aun ansiosos de recibir apoyo militar. En cambio, siempre se han mostrado remisos a aceptar la cooperación internacional en los temas de paz, como lo explicó el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo en un recuadro escrito especialmente para el informe. Inestabilidad en el rumbo de la política, que salta de una «diplomacia de paz» a una «diplomacia de guerra» al compás de los cambios en el clima de opinión interna. Así, unas veces Colombia pide apoyo para usar la fuerza y otras veces lo pide para dialogar. Bajo el gobierno Pastrana, concretamente, el mensaje a Washington, a Bruselas, a la ONU, a la OEA y a los «países amigos» de Europa y América Latina era el de abrirles espacio a los diálogos de paz; bajo el gobierno Uribe, en cambio, predomina el llamado a cerrarle el espacio a la guerrilla en todas partes del mundo. Ambas actitudes son comprensibles y ambas han producido cierto fruto. Pero a la primera es fácil comprobarle su falta de eficacia (falló el proceso de paz). Y a la segunda cabe preguntarle si el costo no es mayor que el beneficio: Las condenas puramente formales de otros Estados a la guerrilla no tienen consecuencias prácticas ni en realidad desacreditan a una insurgencia ya desacreditada ante el mundo. En cambio, una condena formal impedirá que el Estado u organismo en cuestión sea aceptado como árbitro en el evento de otra negociación.

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Las expectativas o solicitudes incongruentes que a veces se plantean a países amigos o a organismos multilaterales. Ha sido el caso de la extradición hacia Estados Unidos, que en 20 años, se ha aplicado o dejado de aplicar sin que cambien los tratados con ese país. El pedir financiación a Europa para el Plan Colombia, dificultó en extremo el manejo de la Mesa de Aportantes y desvirtuó la importancia de los planes de ayuda humanitaria y el apoyo a los cultivos alternativos y a los proyectos sociales. El caso más reciente: Esperar que la ONU envíe «cascos azules a la colombiana», vigile sin excederse los derechos humanos, ejerza «buenos oficios» ante las FARC, condene el terrorismo, tramite el intercambio humanitario, emplace a la insurgencia y acompañe las negociaciones con las AUC. La diplomacia colombiana no tiene una mirada amplia y de largo plazo. Como sostiene el Informe, es necesario que también desde la diplomacia el conflicto armado sea abordado con políticas de Estado, no de gobierno. En la política exterior, por excelencia, deben prevalecer la mirada grande y el largo plazo. Infortunadamente no siempre ha sido así, puesto que cada gobierno ha ido adoptando su propia estrategia de supervivencia en la arena internacional, con giros y contramarchas regulares, y también con manejos individuales y cerrados que oscilan entre una diplomacia por la paz negociada, la pacificación forzada y la neutralización de las fuerzas externas, según ha dicho Juan Gabriel Tokatlián. La política internacional del Estado debe, por supuesto, concordar con la política de Estado en materia de paz. A esos efectos, un futuro Acuerdo Nacional (capítulo 17) tendría que extenderse a los asuntos externos más estrechamente asociados con el conflicto armado y la obtención de la paz. Aunque ese acuerdo no incluyera a los actores armados, daría rumbo y continuidad a la política exterior de los sucesivos gobiernos, precisaría los puntos de máximo consenso y prevería un mecanismo de actualización periódica. Desde el ángulo específico del conflicto, los acuerdos deseables se extenderían a cinco materias, a saber, narcotráfico, financiación y aprovisionamiento de los actores armados, humanización de las hostilidades, negociaciones de paz y seguridad regional. Con una perspectiva integral, la diplomacia colombiana replantearía el diálogo con la comunidad internacional para obtener su concurso generoso -y sin embargo, moralmente obligatorio- en el esfuerzo de construir la paz.

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Mirada internacional de (OEA, ONU, UE)

Los 53 países que integran la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, adoptaron finalmente una declaración sobre Colombia en la que expresan su grave preocupación por la situación en el país, en particular en lo que concierne a los grupos vulnerables. Pese a que el Gobierno colombiano ha logrado varios avances frente a esta declaración anual, no ha tenido éxito en su estrategia de cambiarle el perfil a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá. En la declaración, la Comisión expresa su fuerte apoyo al mandato de la Oficina y confía en que el Gobierno del presidente Uribe seguirá contribuyéndole. Asimismo, la Comisión destaca los esfuerzos del Gobierno y las instituciones estatales por implementar las recomendaciones del Alto Comisionado y reconoce los logros obtenidos hasta ahora, pero hace un llamado para que se siga trabajando en ese sentido hasta lograr una implementación plena.

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La Comisión apoya también los esfuerzos del Gobierno por consolidar la presencia de las autoridades y el control territorial, por luchar contra la impunidad, el terrorismo y el narcotráfico en el marco del respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos. Para esta célula, que cumplió hasta ayer su período de sesiones número 61, es positiva la reducción de los índices de homicidios, masacres y secuestros, pero coincide con el Gobierno en que el nivel y la frecuencia de estos crímenes siguen siendo extremadamente altos. La declaración es directa en mencionar la existencia de un conflicto armado en Colombia e insta al Gobierno y a los grupos armados ilegales a buscar una salida negociada que, teniendo en cuenta los conceptos de verdad, justicia y reparación, permita la reconciliación de los colombianos y la consecución de una paz duradera. En cuanto al proceso de paz en curso con los grupos paramilitares, la Comisión toma nota de las desmovilizaciones y el desarme y, al mismo tiempo, insta al Gobierno a establecer lo antes posible un marco legal integral que reconozca y garantice el derecho a la verdad. Raúl Reyes propone a la UE borrar a las FARC de la lista de «grupos terroristas». En una carta al presidente de la Unión Europea y al mismo tiempo primer ministro de la República de Finlandia, el señor Matti Vanhanen, el jefe guerrillero de las FARC invita a este organismo europeo a encontrar caminos para la paz en Colombia. Al mismo tiempo rechaza la decisión de la UE del año 2002 de incorporar a la guerrilla en la lista de grupos terroristas, subrayando que su organización no realiza acciones armadas fuera de las fronteras de Colombia. La UE aprobó este año una estrategia para la aplicación de las «Directrices de la Unión Europea sobre los niños y los conflictos armados» aprobadas en el 2003. Dicha estrategia abarca especialmente el monitoreo exacto de la situación de niños en el conflicto armado de los respectivos países y da especial importancia a la situación de las niñas, su participación en el conflicto armado y su papel de víctimas. De hecho, la Unión Europea ha sido un socio y aliado del país en temas de cooperación, sobre todo en la búsqueda de la paz y de un mejor desarrollo en regiones marginadas o más necesitadas de Colombia. De igual manera, no se puede olvidar que la UE en su conjunto (Comisión Europea y Estados miembros) es el primer donante mundial de ayuda al desarrollo y Colombia, en este contexto, es uno de los países latinoamericanos que más concentra ayuda europea. Entre los años 2001 y el 2006, la sola Comisión Europea –órgano de iniciativa de la UE- apoyó diferentes proyectos y programas por más de 235 millones de euros. De esta cifra, 105 millones fueron invertidos, principalmente, en los Laboratorios de Paz y en la búsqueda de la reducción de la impunidad a través del sector justicia. Los 130 millones de euros restantes, se comprometieron a través de líneas temáticas específicas como Derechos Humanos y Democracia, proyectos de cofinanciación con ONG, Medio Ambiente, Migración, apoyo a poblaciones desarraigadas víctimas del conflicto armado interno y las ayudas de emergencia a través del Departamento de Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO). La Comisión Europea aprobó a finales del año pasado su plan de acción futuro con Colombia para los años 2007-2013, una estrategia que no se aleja de los objetivos planteados en el periodo anterior (2001-2006), y que busca efectos a corto, mediano y largo plazo.

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En el corto plazo, busca dar asistencia y apoyo a las víctimas de la violencia. A mediano plazo, frente a una resolución del conflicto armado en Colombia, busca promover la paz en el ámbito local y nacional y a más largo plazo, contribuyendo a una resolución duradera del conflicto en Colombia, a través de la promoción de un mejor desarrollo para todos, teniendo como objetivo combatir la raíz del conflicto armado en Colombia. En estos próximos siete años, la Comisión Europea dará un salto cualitativo a la cooperación con Colombia, sobre todo dando también importancia al comercio como una salida viable para aumentar los ingresos del país, buscar una mejor redistribución de los recursos y aumentar la calidad de vida de los habitantes, un énfasis que tiene, finalmente como meta, atacar las raíces del conflicto armado colombiano y encontrar una salida negociada que conduzca a la paz.

Proceso de paz Hasta la fecha el proceso de paz más significativo y en el que más esperanza se depositó desde el inicio del conflicto interno lo llevaba a cabo el ex presidente Andrés Pastrana. Veamos: En enero de 1999 se inicia la mesa de negociación de lo que se llamó la zona de distención que abarcaba los municipios la Uribe, la Macarena, Villahermosa y especialmente San Vicente del Caguán. El lugar debería estar libre de enfrentamientos entre las diferentes fuerzas. A la inauguración acude el por entonces presidente Andrés Pastrana pero no lo hace el jefe de las FARC Manuel Marulanda. No tardaría en congelarse el proceso de paz por una serie de masacres la cual la guerrilla pide al Gobierno clarificar la situación y mostrar su lucha contra el paramilitarismo. Otro nuevo escollo se produce cuando en febrero, son encontrados los cadáveres de tres estadounidenses secuestrados por las FARC, episodio que la organización armada promete investigar.

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En abril se reanudan las conversaciones y se presenta un borrador de la agenda única, un mes después, vuelve a pastrana y Marulanda en un intento por insuflar nuevos aires al maltrecho proceso. En febrero del 2000 una comisión de las FARC viaja a Europa y en marzo el Gobierno presenta en la zona el plan Colombia.

Más tarde una campesina resulta muerta mientras la policía le desactivaba una bomba, se tilda a las FARC y las negociaciones se detienen. Luego, al ratificar que este caso fue producido por grupos delincuenciales, el proceso se reanuda pero más tarde un guerrillero secuestra el avión en que era llevado a la cárcel haciéndolo aterrizar en la zona de distensión donde quedaría protegido por la guerrilla. Se crea una comisión para resolver el problema, pero al final la FARC detiene el proceso porque el Gobierno no daba muestras claras de lucha contra el paramilitarismo. En el 2001 Pastrana y Marulanda se sientan de nuevo para hablar del plan Colombia, la cuestión de los paramilitares y para un posible intercambio de prisioneros. El 5 de octubre firman el «acuerdo de San Francisco de la sombra» que los obliga a un cese de los combates. El asesinato de la ministra de cultura crea la más grande crisis en el cual el Gobierno ataca la zona de despeje, hecho que irrita a la FARC. El 9 de enero del 2002 el comisionado de paz Camilo Gómez anuncia oficialmente el fin del proceso de paz.

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El 20 de enero del mismo año se vencía el establecimiento de la zona de distención por lo que durante esos días la actividad es frenética para intentar frenar lo que parecía una inevitable quiebra del proceso de paz. Finalmente el 20 de febrero de 2002 queda serrado y le da fin al proceso de paz ya que es secuestrado el senador Jorge Gechen. El presidente Andrés Pastrana anunció el fin del proceso asegurando que se vendrán tiempos difíciles para Colombia. Los secuestros y ataques de la guerrilla hicieron que se impidiera el proceso de paz. Aseguró que la zona de distención se había convertido en una guarida de secuestradores, laboratorios de drogas y depósito de armas por lo que ordenó al ejército tomar el control. Por el contrario las FARC acusaban al Gobierno de Pastrana de haber militarizado la zona y consideraban intolerable el férreo control que se ejercía en ella. El nuevo presidente Álvaro Uribe Vélez dijo en Bogotá que está dispuesto a ofrecer un mayor espacio a las FARC para que se negocie un proceso de paz con su gobierno o al menos un acuerdo humanitario sobre secuestrados. «Si hay un gesto de generosidad de las FARC encontraran en mí generosidad infinita». Los países de España, Francia y Suiza propusieron que abrieran la negociación con las FARC, a lo cual Uribe aceptó. En un documento divulgado a mediados de diciembre pasado los tres países sugirieron como sede la aldea de El Retiro situada en Florida Valle. Uribe anunció de inmediato que estaba dispuesto a retirar las fuerzas militares de El Retiro con un territorio cerca de 180km cuadrados, asegurando que si él tenía un segundo mandato estaba dispuesto a ampliar esa zona de seguridad siempre y cuando las Farc asumieran un cese de hostilidades. Sin embargo, grandes diferencias sobre el territorio que debe albergar la negociación y el destino de los guerrilleros que sean excarcelados, entre otras causas, les han impedido sentarse a la mesa de negociaciones. Al iniciar Uribe su nuevo mandato, propuso dos elementos básicos: Por una parte, está la desmovilización de los paramilitares de sus posiciones de combate, y por otra, está la posición de línea dura de no ceder ninguna de las condiciones propuestas por la guerrilla. Recientemente y por presión de Francia, el gobierno de Uribe propuso un mecanismo de intercambio de prisioneros que promueva la paz y la colaboración mutua; esta propuesta no caló en nada ni en los líderes de estas organizaciones ni en el gobierno mismo. Cuando el gobierno de Álvaro Uribe liberó a Rodrigo Granda, lo hizo bajo la condición de las Farc liberaran a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Desde su liberación, Granda protestó y los líderes de las Farc expresaron su desacuerdo con estas medidas. Más que un intercambio de prisioneros, lo que las Farc aspiran es una zona de distensión dentro del territorio colombiano, cuya extensión se calcula equivalente a la ciudad de New York. Esta propuesta de las Farc no agrada al Gobierno, así que por este lado un acuerdo de paz es sumamente improbable. En estos últimos años el gobierno de Uribe ha logrado unas cuantas desmovilizaciones de los paramilitares, algunos de los cuales fueron detenidos para que se presentasen a la Corte suprema de justicia por delitos cometidos, y el resto han sido vinculados a la ciudadanía.

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Las posibilidades de una negociación La cuestión de la negociación del conflicto armado en Colombia es mucho más compleja que un simple empeño de voluntad. Aunque, como apunta el proyecto de Negociación de Harvard «cuanto mejor sean las relaciones entre las partes, más fácil será la exploración conjunta de sus intereses y de las posibles opciones creativas para satisfacerlas» (Ertel, 1996). Por supuesto que una buena capacidad negociadora puede ayudar, pero hemos de recordar que lo más importante es que se trata de un proceso de negociación política entre actores con poder (que no significa que estos poderes sean equiparables). Es decir, no se trata de negociar la desmovilización de grupos guerrilleros virtualmente paralizados, sin medios ni fines, como tampoco de imponer las condiciones de la rendición a un enemigo derrotado. En el trasfondo hay un conflicto planteado entre el Estado y los sectores dirigentes de la sociedad, por un lado, y las organizaciones insurgentes que pretenden disputar este poder. Como señala R. Launay, en un esfuerzo por acercar el conflicto y la negociación, ésta «es una dinámica compleja, que combina procesos conflictivos y cooperativos, dinámica momentánea y frágil con predominio cooperativo, escogida o no por los partidarios/adversarios, que tiende a arreglar de forma pacífica un conflicto pasado, actual o potencial, excluyendo, provisionalmente al menos, la fuerza, la violencia, el recurso a la autoridad, e implicando el reconocimiento de los partidarios/adversarios como diferentes y teniendo cierto poder. El retorno al conflicto, más allá del objeto de las negociaciones, está presente como la amenaza y el motor de la negociación en la medida en que es un proyecto común» (Bellenger, 1995). Si se está delante de un proceso de negociación política, no se puede pensar que lo único, y seguramente tampoco lo primero a negociar, es el fin de las hostilidades. Ahora, es importante llegar a acuerdos en este punto, pero lo que se avance en este campo está asociado a lo que pasa con la agenda política. Por eso es importante destacar lo que ha planteado el gobierno de Samper (1997), negociar en medio de la confrontación. Esto no quiere decir que la negociación se centre en discusiones ideológicas, en principios abstractos, sino en los puntos de interés específicos y sus soluciones.

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En este punto del análisis es importante recordar las recomendaciones del Proyecto de Negociación de Harvard cuando afirma: «Un fundamento paradigmático de los procesos de negociación y de los mecanismos para gestionar los conflictos bélicos, laborales, legales u otros, radica en que su enfoque principal ha de ser el de los intereses de las partes. No sus posturas de negociación, ni su poder de coerción ni sus derechos legalistas». (Ertel, 1996).

Es así que, avanzar hacia un diálogo productivo y una negociación útil, implica acordar unos principios iniciales que orienten el comportamiento de las partes. Al respecto se consideran los elementos presentes en los procesos de negociación exitosos: 1.

El respeto por el «otro» y su reconocimiento como interlocutor político válido.

Un compromiso de las partes de no suspender el proceso de negociación mientras no se llegue a un acuerdo global, sean cuales sean los obstáculos que se presenten.

Una gestión unificada de la información en los medios de comunicación social mediante una Oficina de Prensa del proceso y el compromiso de los negociadores de no emitir declaraciones en la prensa sobre el desarrollo del proceso negociador.

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La disponibilidad y/o presencia de un ente o persona que aporte sus buenos oficios en la mesa de negociación, que contribuya al proceso negociador y que al mismo tiempo sea depositario o garante de los acuerdos producidos.

Que la Política de Negociación y Paz comporte elementos que den credibilidad a las partes.

Algunos elementos serían: a)

Estabilidad en el tiempo. Esto quiere decir que si es necesario vaya más allá de un gobierno determinado;

Presencia en la mesa de negociación (a través de mesas paralelas) de los sectores reales de poder de la sociedad, es decir, empresarios, propietarios de la tierra, sindicatos, fuerzas militares (aunque sean parte del gobierno han de tener representación especial);

Liderazgo del ejecutivo, como responsable constitucional del orden público, lo que no significa monopolizar el proceso. Por eso es útil la creación de un Consejo Nacional de Paz representativo de los sectores de poder de la sociedad, que apoye permanentemente el proceso de negociación;

d ) Apertura de todas las temáticas relacionadas con el conflicto político armado, tanto de orden coyuntural como las de tipo estructural; e)

Voluntad clara de los actores para encontrar salidas a los problemas y no poner obstáculos a cada solución.

Inicialmente parece necesario encontrar respuestas, aunque sean provisionales, a las siguientes preguntas, para tener claro en qué terreno se moverían las negociaciones: 1.

¿Se conocen de forma clara los adversarios, sus lógicas, discursos, prácticas, demandas y aspiraciones?

¿A cambio de qué las organizaciones guerrilleras están dispuestas a modificar sus prácticas y vaciarlas dentro de la institucionalidad?

¿Qué está dispuesto a negociar el Gobierno y la sociedad colombiana a cambio de poner fin al conflicto político armado? ¿Qué está dispuesta a negociar la coordinadora guerrillera?

El esquema de negociar exclusivamente las condiciones para la desmovilización de los alzados en armas y su posterior reinserción en la vida civil, es insuficiente y no permite prever salidas exitosas, con las actuales organizaciones guerrilleras de las FARC-EP, el ELN y el EPL. Está claro que ha de ser uno de los temas centrales, pero nunca el único. «Lo que se busca no es un acuerdo en sí, sino unas soluciones que tengan la posibilidad de afrontar verdaderamente los conflictos y sus raíces» (Ertel, 1996). Es necesario centrar la negociación en otros temas de la agenda, de tal modo que, además de las partes enfrentadas, la sociedad civil colombiana pueda participar, ya que es ella la que define

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hasta dónde está dispuesta a ceder en cada uno de los temas de discusión. Dentro de lo posible, los temas de la agenda se pueden plantear como una reelaboración de un nuevo pacto social que tenga expresión normativa en una nueva Constitución Política, o como desarrollos legales de la Constitución de 1991 (eventuales reformas). En el caso de las organizaciones guerrilleras FARC-EP, ELN, EPL sería muy ingenuo creer que cambien 40 años de lucha por la posibilidad de unos fórum de discusión con diversos sectores sociales, pues, como se dijo, la situación es mucho más compleja. Es por esto que, en el caso de Colombia, una negociación política del conflicto armado ha de tener una agenda que incluya temas como: El problema agrario, las políticas para la gestión de los recursos energéticos, el problema de la representación política del ámbito social, la política social del Estado, el problema de los poderes regionales y su relación con el desarrollo regional, el papel de la fuerza pública y de las políticas de seguridad ciudadana en una sociedad pos-conflicto. No se trata simplemente de ejercicios académicos en relación con los puntos considerados, sino de llegar a acuerdos específicos, viables y verificables. Es necesario romper con la tradición de los gobiernos colombianos de considerar el diálogo y la negociación como mecanismos para desmovilizar movimientos sociales y pasar a verlos como un instrumento para resolver problemáticas nulas. Ha de quedar claro que se trata de resolver un problema político y no uno delincuencial. Se han de crear mecanismos para que el conflicto social se continúe expresando en los ámbitos propios y evitar así recurrir a la confrontación militar como respuesta a la criminalización permanente desde el Estado. Es por eso, que los actores de los conflictos (obreros, campesinos, pobladores de las regiones, etc.) han de tener representación en la mesa de negociación, porque en última instancia es con ellos con quienes se han de dar los acuerdos sustanciales.

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La idea de desarrollar la negociación en medio de un escenario similar al de una Asamblea Constituyente, apoyada por el Consejo Nacional de la Paz y conformada con participación popular mediante importantes procesos regionales de consulta a la sociedad colombiana, el Gobierno y la insurgencia, con capacidad autónoma para decidir, ha de ser considerada como una opción viable. Esto probablemente se acercaría a lo que el ELN llama «Convenio Nacional» de los colombianos para encontrar salida a los problemas nacionales; mucho más todavía si tenemos en cuenta la reciente sentencia de la Corte Constitucional respecto al delito político, que deja en evidencia cómo una de las ramas del poder público se puede volver un obstáculo para la solución del conflicto armado en Colombia.

La propuesta del Consejo Nacional de Paz es una iniciativa de sectores relevantes de la sociedad colombiana y del Estado (Vargas Velásquez, 1996), la cual podría garantizar que la política pública de paz sea producto de un consenso entre sociedad y poderes estatales y no sólo una tarea de gobierno, de forma que responda a grandes acuerdos nacionales y asegure la continuidad que el tema requiere. Los avatares propios del conflicto no pueden ser argumentos para suspender la negociación, como demuestra la experiencia del pasado. Es por eso que el Consejo Nacional de Paz ofrece a las organizaciones guerrilleras un interlocutor serio y representativo, no sólo del Estado sino de la sociedad colombiana, que pueda negociar y pactar con la certeza de que está representando el sentimiento mayoritario de la sociedad colombiana. La prioridad principal de las negociaciones ha de centrarse en apartar a la sociedad civil del conflicto, aunque el objetivo final sea acabar con él. Pero mientras esto no se logre, es necesario

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disminuir los efectos perversos que la guerra tiene sobre la población no combatiente. También son necesarios los eventuales diálogos regionales, que pueden ser útiles a la hora de analizar particularidades regionales del conflicto, y determinantes para precisar alternativas de solución. La persistencia del enfrentamiento armado admite que una importante proporción de los recursos nacionales se destine a la guerra, cuando podría, bajo circunstancias diferentes, invertirse en el desarrollo de las regiones. Pero el desarrollo de las regiones no es sólo tarea del Estado, sino también una responsabilidad colectiva de la sociedad regional. Es necesario pensar de forma creativa y realista un Estado en que convivan poderes regionales y locales diversos, con alternativas de desarrollo construidas de forma consensuada, con autonomía para la toma de decisiones, y que sean el reflejo de las diversas relaciones de poder existentes. Es por esto que podemos decir que desarrollo regional y paz van juntos. La negociación del conflicto armado colombiano ha de ser un pretexto para repensar colectivamente el país y su futuro como nación. La creación dentro del Estado de los mecanismos que posibiliten a todos los actores sociales expresar sus demandas, necesidades y problemas y encontrar soluciones, producto de acuerdos. El desafío es cómo hacerlo para que la salida al conflicto armado se articule en la construcción de una Colombia estable al final del milenio, esto es, con una gobernabilidad democrática Esto implica re-politizar la sociedad y socializar la política, por lo que es necesario colocar en primer lugar de la acción política y social la estratagema de negociación, que por esencia la lógica de la acción política y de la acción democrática. Es necesario crear mecanismos permanentes de concertación de las políticas públicas, que junto con el Congreso refleje adecuadamente la realidad social y política del país, que sea por excelencia el espacio de la toma de decisiones. Construir la gobernabilidad para la Colombia de final de siglo implica considerar a todos los actores relevantes y su poder relativo, y hacer compatibles éstos con la representación en el proceso electoral democrático, es decir, el de las mayorías. No se puede pensar en una gobernabilidad democrática excluyendo a grupos importantes de la sociedad. Finalmente, desde el Instituto Popular de Capacitación de Medellín se afirma, que violencia y paz son movimientos que crucen todos los espacios de la vida pública y privada de nuestra sociedad, y que desorganicen y organicen al mismo tiempo nuestras estructuras en todos los terrenos... En una interpretación dialéctica del papel de la violencia en nuestra sociedad, consideramos que constituye, en la actual realidad colombiana, un eje desestructurante-estructurante-desestructurante de la sociedad. Esto quiere decir que, aunque significa destrucción y muerte, también contiene procesos de organización a su alrededor, en el sentido que organiza diversos actores que hacen la guerra, que se aprovechan de sus consecuencias y que finalmente acaban viviendo en ésta. Por otra parte, se constituyen nuevos actores fruto del rechazo de la violencia y de la guerra, incluso se generan movimientos sociales que trabajan por el respeto de los Derechos Humanos y por la paz. •

Proceso de paz con los grupos de autodefensa

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Proceso de paz entre Gobierno y ELN

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Pr oceso de paz entre el Gobierno y las FFAR AR C Proceso ARC

Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

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Ley de justicia y paz (25-7-2005).

Proceso de paz con los grupos de autodefensa Inicio y avances A mediados del mes de octubre de 2002, en carta enviada al Presidente, el Bloque Central Bolívar, el Bloque Vencedores de Arauca y el Bloque Putumayo de las Autodefensas campesinas de Colombia, manifiestan su decisión de acogerse a la iniciativa de paz del Gobierno y solicitan la intervención de la Iglesia Católica en el proceso. En noviembre del mismo año, se realizan las primeras reuniones formales de este Gobierno con los bloques de autodefensa interesados en concretar una negociación y tres de éstos, las Autodefensas Unidas de Colombia (1 de diciembre), el Bloque Central Bolívar (5 de diciembre) y la Alianza Oriente (8 de diciembre) se comprometen a decretar un cese de hostilidades a partir del mes de diciembre, en cumplimiento de los requisitos exigidos por el Gobierno. Sólo queda excluido de esta iniciativa el Bloque Metro, que aunque pertenece a las AUC, no apoya este proceso. En respuesta a lo anterior, el 23 de diciembre de 2003, el Alto Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo, anuncia públicamente la conformación de la Comisión Exploratoria encargada de iniciar contactos con los grupos de autodefensa que manifestaron su voluntad de paz y se acogieron al cese de hostilidades exigido por el Gobierno. La Organización de Estados Americanos (OEA), desde finales de noviembre de 2003, ha delegado un representante para que acompañe el proceso de diálogo con grupos de autodefensas, ratificando su apoyo a los esfuerzos emprendidos por el Gobierno Nacional y la sociedad colombiana por alcanzar la paz y la reconciliación nacional.

Comisión Exploratoria de Paz

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Fue creada el 23 de diciembre de 2002, con la misión de realizar contactos con los grupos de Autodefensa que declararon públicamente un cese de hostilidades y voluntad de iniciar acercamientos con el Gobierno en busca de opciones para la paz y la reconciliación nacional.

Resolución 185 del 23 de diciembre de 2002. Por la cual se integra una Comisión Exploratoria de Paz. Documento de Recomendaciones. 25 de junio de 2003. La Organización de Estados Americanos (OEA) Convenio para el Acompañamiento al Proceso de Paz en Colombia. Del 4 de febrero de 2004. Resolución 859. 859 6 de febrero de 2004. Apoyo al Proceso de Paz en Colombia

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Acuerdos Acuer do de Santa FFe e de Ralit o. 15 de julio de 2003. Los días 14 y 15 de julio en Tierra cuerdo Ralito. Alta (Córdoba), el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión Exploratoria y delegados de la Iglesia Católica, se reúnen con los representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las partes suscriben el «Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia». En éste, las Autodefensas se comprometen a desmovilizar gradualmente la totalidad de sus miembros, estableciendo el 31 de diciembre de 2005 como fecha límite para cumplir con este propósito. Por su parte, el Gobierno se compromete a adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil. Igualmente, se acuerda establecer zonas de concentración para facilitar la desmovilización gradual. Entre otros puntos, las Autodefensas ratifican su compromiso con el cese de hostilidades, y se hace un llamado conjunto para convocar la solidaridad y apoyo de la comunidad nacional e internacional. Comunicados Conjuntos 2003 Alto comisionado 2003/2004 Noticias Recopilación de no ticias. En Caminos de Paz, apartado del sitio Web de las AUC. noticias.

Proceso de Paz entre el Gobierno Colombiano y el ELN Antecedentes «Procesos de paz en Colombia: Historia de fracasos, traición y exclusión» exclusión». Ejército de Liberación Nacional. (Desde la década de los cincuentas a la fecha). az. Departamento Nacional de Planeación de la Ant ecedent es del Pr oceso de P Antecedent ecedentes Proceso Paz. República de Colombia. Instrumentos jurídicos Resolución No. 83. Ministerio de Defensa Nacional. 9 de octubre de 1998. Con esta resolución se da por iniciado el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, y este último queda considerado como una organización armada con carácter político.

Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

Proceso de negociación y ruptura Acuer dos de Puer ta del Cielo. Alemania, 15 de julio de 1998. Firmados por la Sociecuerdos Puerta dad Civil aquí representada, el ELN y el Comité Nacional de Paz, con la facilitación de las Conferencias Episcopales de Alemania y Colombia. Están encaminados al inicio del proceso de paz y el desarrollo del proceso de una Convención Nacional. Este proceso se estancó a los pocos meses de iniciado, con la actitud negativa del presidente Pastrana hacia el desarrollo de la propuesta con dicho enfoque. Acuer do de Río V er de. 11 al 13 de octubre de 1998. Se acordó, con los delegados del cuerdo Ver erde. acuerdo de Alemania, abordar un bloque temático que recoge los grandes problemas que se deben solucionar para una paz real y duradera: 1.

Garantizar la vigencia integral de los derechos humanos, el DIH y acabar con la impunidad.

Construir el Estado de Derecho que represente y condense el interés nacional, la participación democrática y el papel de las fuerzas armadas.

Establecer un modelo económico que garantice la justa distribución de la riqueza, y que ésta esté en función del desarrollo y el bienestar actual y el de las futuras generaciones.

Defender la soberanía nacional y los recursos naturales, para que éstos estén en función del desarrollo del país. Reglamento para la «zona de encuentro» y el reglamento para su verificación verificación; se elaboraron y acordaron, entre el Gobierno nacional y el ELN, con el fin de celebrar la Convención Nacional y los diálogos y negociaciones de paz, respetando los derechos y libertades de la comunidad comprometida en ella.

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Declaración de Ginebra. Ginebra 25 de julio de 2000. El «encuentro por el consenso nacional por la paz de Colombia» sostenido entre sectores de la sociedad civil, representantes del Gobierno y el ELN en Ginebra, Suiza, fue un paso importante para el avance del proceso de paz. Las partes respondieron positivamente a la solución política negociada, la Convención Nacional y al acatamiento del Derecho Internacional Humanitario.

Crisis del pr oceso de paz. 12 de abril de 2001. Este documento pone de manifiesto la proceso ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN. Ruptura que se oficializará a principios de agosto del mismo año y que el ejecutivo colombiano atribuye a la falta de voluntad política del ELN para la paz. En este documento, el ELN explicita cuáles son los elementos que han contribuido a paralizar el proceso de negociación, entre los que se destacan la falta de credibilidad de los acuerdos y la persistencia de acciones paramilitares en la supuesta zona de encuentro así como la no actuación de las fuerzas públicas para parar a estos grupos. Encuentr o de Est ocolmo Encuentro Estocolmo ocolmo. 23 al 25 de abril de 2001. En este encuentro participaron representantes del ELN, Gobierno de Suecia y el Gobierno colombiano, delegados de la ONU, de ONG de Europa y Colombia y representantes de varias organizaciones sociales

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comprometidas con la paz. En este encuentro se centró una reflexión profunda sobre el proceso de paz de Colombia, el aporte positivo de la Comunidad Internacional, la aplicación del DIH y los DDHH y el intercambio sobre experiencias de procesos de paz en otros países. Cumbre por la P az en la Habana, Cuba. 29 a 31 de enero de 2002. Paz Declaración de la Habana. 31 de enero 2002. La Declaración propone la creación de una comisión conjunta del Gobierno, el ELN, con el acompañamiento del Grupo de Países Amigos, facilitadores del proceso de paz colombiano, y del representante del secretario general de Naciones Unidas, con el fin de llevar a cabo acuerdos humanitarios y sociales. Al referirse a acuerdos humanitarios, el documento formula nueve puntos que incluyen la desvinculación de los menores del conflicto armado, inversión social en zonas de conflicto, respeto a la infraestructura eléctrica, vial y petrolera, y localización y erradicación de todo tipo de minas antipersonal. Ponencia del ELN. ELN 30 de enero de 2002. Suspensión de los diálogos de paz Discurso por el presidente Andrés Pastrana donde explica la ruptura con el ELN. ELN 31 de mayo de 2002. El presidente Andrés Pastrana rompió las conversaciones con el ELN, argumentando la imposibilidad de acceder a las demandas de esta organización insurgente respecto de la financiación de la tregua. Pastrana también responsabilizó al ELN por su negativa a firmar un acuerdo que, según él, se había redactado conjuntamente, además de señalar que las negociaciones en medio del conflicto se agotaron. Comunicado del Ejército de Liberación Nacional. 3 de junio de 2002. El ELN respondió al anuncio del Gobierno con un comunicado titulado «La paz exige grandeza», en el que denunció la incapacidad del Gobierno de cumplir sus compromisos. Citaron como ejemplo la zona de encuentro en el sur de Bolívar y el incumplimiento del Acuerdo de La Habana del 2001 y el de Transición hacia el próximo gobierno. Anunciaron además que el ELN mantiene su postura de trabajar por una salida política al conflicto.

Proceso de paz entre el Gobierno Colombiano y las LAS FFAR AR C ARC Antecedentes En las últimas décadas, la historia colombiana ha presenciado numerosas treguas, en las cuales las partes involucradas directamente en el conflicto se han comprometido a suspender sus hostilidades, a través de la firma de acuerdos o armisticios. Una de las más significativas por sus contenidos y alcances quizás haya sido la de 1984.

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Con la aprobación de la Ley General de Amnistía, en 1982 (Ley No. 35 del 19 de noviembre) y la derogación del Estatuto de Seguridad -a cuyo amparo, el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) había adelantado una abierta represión contra las organizaciones populares- surgen en el país condiciones favorables para iniciar un proceso de Cese al Fuego, Tregua y Paz, entre las Farc-EP y el Gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1984). Este proceso cristaliza en la firma de los Acuerdos de Cese al Fuego y Tregua, el 28 de marzo de 1984, en los cuales las partes firmantes se comprometen a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto. El Documento -más conocido como «los acuerdos de la Uribe» - fue suscrito por una Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, en representación del Gobierno, y por el Estado Mayor de las Farc-EP. Dos meses después de firmado el acuerdo, el 28 de mayo de 1984, las Farc-EP ordenaron el cese del fuego a todos sus frentes guerrilleros (en un número de 27, para ese momento). Simultáneamente y, dando curso a lo acordado, el presidente Betancur -comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Oficiales- dio la misma orden a todas las autoridades civiles y militares del país. El pacto, en ningún momento, contemplaba la entrega de armas por parte de la insurgencia. Instrumentos jurídicos para la negociación: Resolución 84 del 14 de octubre de 1998. En virtud de la Ley 418 de 1997 y de la Ley 417 del mismo año se reconoce a tres miembros de las Farc como representantes de este grupo en el proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos entre dicho grupo y el Gobierno colombiano. Resolución 85 del 14 de octubre de 1998. Es el inicio formal del proceso de diálogo entre las Farc y el Gobierno y supone el establecimiento de la zona de distensión que funcionará a partir del 7 de noviembre del mismo año y que abarcará los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena y Vista Hermosa (todos ellos situados en el departamento de Caquetá). El período de vigencia de la zona de distensión será fijado temporalmente por el ejecutivo de la República.

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Resolución 01 del 5 de enero de 1999. Establece la extensión del artículo 8 de la Ley 418 (suspensión de órdenes de captura y capacidad para moverse por el territorio nacional) a los portavoces o miembros-representantes de las Farc que participen en la puesta en funcionamiento de las mesas de diálogo en las que se deberá definir la agenda y las reglas de solución negociada del conflicto. Decreto 333 de 28 de febrero de 2002. Por el cual se decreta un Teatro de Operaciones delimitado por diferentes áreas y se nombra comandante de dicho «Teatro de Operaciones» al Mayor General Gabriel Eduardo Contreras Ochoa, sin perjuicio de sus funciones como Jefe de Operaciones del Ejército Nacional.

44 Acuerdos

Acuerdo de la Uribe. 28 de marzo de 1984. La Uribe, Municipio de Mesetas (Meta). Acuerdan que las Farc ordenarán el cese al fuego y demás operativos militares a todos sus

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frentes en el país, a partir del día 28 de mayo de 1984. Cuando a juicio de la Comisión de Verificación, hayan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un período de prueba o espera de un año para que los integrantes de las Farc puedan organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión y podrán acogerse a los beneficios de la Ley 35 de 1982 y decretos complementarios. El Gobierno les otorgará, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes. Prórroga del Acuerdo de la Uribe. 2 de marzo de 1986. La Uribe, Municipio de Mesetas (Meta). Las partes signantes de este documento adicionan y amplían el Acuerdo de la Uribe, pensando en los altos intereses de la Nación y en la necesidad que existe de afianzar la paz, como medio de garantizar no sólo la continuidad y el desarrollo democrático del país, sino el sosiego y la seguridad de todos los ciudadanos. Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia. 6 de mayo de 1999. La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá). En este documento se enumeran los temas a tratar en las negociaciones de paz entre las Farc y el Gobierno, entre ellos: Solución política negociada, protección de los derechos humanos como responsabilidad del estado, política agraria integral, estructura económica y social, acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario, etc. Acuer do de los P ozos. 9 de febrero de 2001. Los Pozos, municipio de San Vicente del cuerdo Pozos. Caguán (Caquetá). Este acuerdo entre el gobierno colombiano y las Farc responde a la reanudación del proceso de negociación de la paz, que se estancó a finales de 2000. En este acuerdo se prevé, entre otras cuestiones, la creación por parte de la Mesa de Diálogo y Negociación de un nuevo organismo: la Comisión de Notables (personalidades nacionales) que deberá centrar su trabajo en la identificación de los mecanismos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Así mismo, se prevén fórmulas de auto evaluación del proceso negociador y se anticipan los trabajos que, en términos de Derecho Internacional Humanitario, acabarán dando lugar a un Acuerdo Humanitario, firmado por el Gobierno y las Farc, el 2 de junio de 2001 del que resultará la liberación de cerca de 250 policías y militares -según las Farc. Acuer do de San FFrancisco rancisco de la Sombra para concre tar y consolidar el pr ocecuerdo concretar proceso de paz. 5 de octubre de 2001.San Vicente del Caguán (Caquetá). Tanto el Gobierno como las Farc se comprometen a estudiar el documento presentado por la Comisión de Notables, el 19 de septiembre de 2001, que incorpora temas como la tregua, la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente o hacer partícipes a los candidatos presidenciales (las elecciones presidenciales colombianas se realizarán en mayo de 2002) y a los partidos y movimientos políticos, así como a diferentes sectores sociales y al Consejo Nacional de Paz, de diferentes temas relacionados con la consecución de la paz para favorecer el diálogo y el intercambio de opiniones. También se ratifica el respeto de las Farc a las personas democráticamente elegidas como alcaldes de los municipios que se sitúen en la zona de distensión así como a la desaparición de la práctica de la pesca milagrosa (así se conocen a los retenes que, de forma arbitraria, se colocan en diferentes zonas del territorio y que pueden conllevar el secuestro de personas con rentas medias/ altas para después pedir rescates, así como el robo de posesiones personales, etc.).

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Acuer do de Cr onograma de Consenso para el FFutur utur o del Pr oceso de P az. 20 de cuerdo Cronograma uturo Proceso Paz. enero de 2002. Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá). En este acuerdo ambas partes ratifican que la salida política negociada es la vía para resolver el conflicto armado en Colombia. Y uno de los puntos acordados se refiere a la conformación, de común acuerdo, de una Comisión Internacional de acompañamiento que permita servir de verificadores de los acuerdos y para superar cualquier inconveniente que se pueda presentar. Asimismo, la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación se fija como meta llegar a la firma de acuerdos concretos sobre tregua con cese de fuegos y hostilidades a partir de la disminución del conflicto, teniendo como fecha para lograrlo el 7 de abril de 2002. Acuerdo sobre el Acompañamiento Nacional e Internacional a la Mesa de Diálogo y Negociación. Negociación 7 de febrero de 2002. Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá). En este acuerdo se consideraron a los miembros de la Comisión de Facilitación Internacional, los siguientes países: Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela. Ruptura del proceso de Paz Discurso del presidente Andrés Pastrana donde anuncia la ruptura de los diálogos de paz. 20 de febrero de 2002. El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, anunció el fin de las negociaciones de paz que su Gobierno emprendió en 1999 con la guerrilla de las Farc, y dijo que desde esta fecha correrá un plazo para que las fuerzas militares recuperen la zona neutral creada para el proceso. Resolución No. 3 1 de 2002. Por la cual se termina el proceso de diálogo, negociación 31 y firma de acuerdos con las Farc y se deja sin efecto el reconocimiento de carácter político a la organización mencionada.

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Resolución No. 32 de 2002. Por la cual se da terminación a la zona de distensión. En consecuencia, los municipios de San Vicente del Caguán, La Macarena, Vista Hermosa y Mesetas tendrán nuevamente presencia judicial y militar.

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LOS DESPLAZADOS EN COL OMBIA COLOMBIA La etimología de la palabra Desplazados puede sintetizarse así: Alejados de su calle, repetidamente separado de sus vecinos, a menudo desterrados de su patio prontamente. Las definiciones actuales involucran el concepto de violencia y la búsqueda de protección a la vida personal y familiar, por ejemplo: «Se consideran desplazados a las personas que hayan sido obligadas a abandonar sus hogares o actividades económicas habituales debido a que sus vidas, seguridad y libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada o conflicto prevaleciente, pero que han permanecido dentro de sus países». «Personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares repentina o inesperadamente en grandes cantidades como resultado de conflicto armado interno, violación sistemática de los derechos humanos o por desastres naturales23 o provocados por el hombre y quienes han sido privados de espacio en su propio país». Aun desde la época pre-hispánica esta región del mundo estaba tocada por su designio migratorio a través del fenómeno del desplazamiento. Las constantes guerras tribales producían movilizaciones de pueblos enteros. A la llegada de los españoles, la situación se agravó de modo drástico. Comunidades que escapaban de ser eliminadas huían por rutas «no ciertas ni propias», según hasta en el lejano y neutral decir de Domínguez Camargo24, Colombia presenta numerosas razones sociales y económicas que traen como consecuencia un proceso constante de migraciones25. Un movimiento masivo y constante de población no puede enmarcarse sólo en el contexto de las migraciones económicas propias del ser colombiano en su búsqueda constante de mejores condiciones de vida; es evidente que estructuralmente los desequilibrios hacen que se presenten. Sin embargo, éste proceso cruza por los fenómenos de violencia política y del conflicto armado que se vive en el país desde mediados del siglo XX. La confrontación armada entre fuerzas irregulares y las fuerzas armadas del Estado ha acompañado siempre la historia de Colombia26. Los partidos tradicionales (liberal – conservador) en una lucha a muerte por un predominio político que resumía intereses económicos, fueron el marco de la confrontación conocida como la Violencia27, los enfrentamientos armados que se propagaron durante 23 El trabajo «Desplazados un problema de todos» no hará un estudio minucioso del desplazamiento originado por los desastres naturales ni el éxodo masivo hacia muchos lugares por la situación socio-económica, tan solo en los conclusiones se hará mención. 24 DOMÍNGUEZ CAMARGO, Hernando, (1606-1659) Invectiva apologética, obra tardía, publicada después de su muerte, hacia 1678. 25 LIÉVANO AGUIRRE, Indalecio, Los grandes conflictos económicos y sociales de nuestra historia, Norma, Santa Fe de Bogotá, 2001. 26 TEHORTÚA CRUZ, Adolfo León; VÉLEZ RAMÍREZ, Humberto, Estado y fuerzas armadas en Colombia, Universidad Javeriana, Cali, 1994. 27

Ibíd.

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y después del acuerdo histórico de los partidos políticos nacionales denominado «Frente Nacional28», el surgimiento de las guerrillas izquierdistas que proclamaron desde la primera mitad de la década del sesenta la lucha armada como parte de la estrategia de la toma del poder para el pueblo y el prolongado conflicto armado interno en la medida que multiplicó su cobertura e intensidad, presentó nuevos métodos de guerra e involucró más a la población civil; es así como en éste contexto de conflicto armado, población civil29 y derechos humanos se puede penetrar en el análisis de los fenómenos de migraciones, colonización y desplazamiento forzoso. El continuo traslado de población rural a centros urbanos tiene una primera explicación en la decisión de buscar mejor calidad de vida, es decir, tiene relación con los derechos económicos, sociales y culturales que consagran los derechos humanos. El espejismo según el cual «en la ciudad todo se consigue» marcó la generación de un fuerte proceso migratorio a partir de los años sesenta y setenta, y configuró un sector marginal urbano que concentró en condiciones de miseria a emigrantes30 que vieron frustradas sus posibilidades de trabajo, educación, salud y servicios públicos. La característica de ésta migración tradicional es la actividad de sus protagonistas de salir del campo a la ciudad, individual y familiarmente; no estuvo exenta la motivación que dio a estas personas la llamada época de la Violencia que tuvo auge fundamentalmente en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos. Los ciclos rodeados de violencia y muy relacionados con acciones de terror obligaron a muchos campesinos a abandonar regiones completas con argumentos anticomunistas y evidentes intereses económicos y políticos. Éstas migraciones ocurrieron en los últimos 30 años y las circunstancias de violencia desde éste período en Colombia afectaron en diversas formas los procesos de inserción económica de sus protagonistas.

Causas del desplazamiento La convergencia de los intereses del latifundio con la agro-industria, el narcotráfico, las fuerzas políticas tradicionales o los monopolios internacionales, se implementan y desarrollan modelos de recuperación de zonas estratégicas por su riqueza, su potencial agroindustrial y su importancia vial.

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El uso de la violencia armada ha modificado la relación de tenencia de tierra, para perpetuar o ampliar la concepción de su propiedad. Se han desocupado y/o repoblado territorios estratégicos para la implementación de equipos agroindustriales o de explotación de recursos naturales, para la construcción de grandes obras públicas o para asegurar el control de zonas de cultivo o procesamiento de drogas ilícitas e incluso se han ocupado territorios con criterios de dominios políticos y militares. La incidencia del modelo neoliberal, su implementación a partir de las políticas de privatización y sus consecuencias sociales, básicamente en la estigmatización y criminalización de las distintas formas de protesta social.

28 Que la majestad de la República sea honrada por el voto propicio de una paz duradera, una paz al concierto de la equidad y la convivencia armónicas entre los colombianos (Alberto Lleras Camargo, Alocución sobre Un Gran Acuerdo Nacional, Bogotá 1958). 29

WILLIAMS SANMARTÍN, Augusto, En esta lucha el pueblo pone los muertos, ensayo, editorial Girasol, Neiva, julio de 1971.

ESPINOSA VALDERRAMA, Abdón, Sobre la falacia urbana y otros mitos, revista Eco, Bogotá, 1987.

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El modelo neoliberal se aplicó en América Latina y en Colombia desde un Estado corrupto, débil y con intereses particulares, no se preocupó por el pueblo en general, amplió la brecha entre pobres y ricos, aumentó la crisis, golpeó a la base social, generó desempleo. La falta de apertura del sistema político para dar cabida a nuevas formas de opciones partidarias fortaleciendo la intolerancia de grupos hegemónicos en algunas regiones. La guerrilla en Colombia históricamente enarboló la bandera de reivindicación social y la transformación política. Han mantenido una responsabilidad sostenida desde 1995 en el desplazamiento mediante amenazas a la población civil contrarios a su ideología (que aumentan cada día porque su proyecto político a decaído y hoy son vistos como un movimiento que solo busca una forma de sustento económico) y contra personas acusadas de colaborar con las fuerzas militares o los grupos paramilitares. De igual manera, son acusados de ejecuciones sumarias, secuestros selectivos y colectivos con fines extorsivos o políticos y de reclutar menores de edad. Su responsabilidad consolidada es del 26 por ciento31 en el problema del desplazamiento. La persecución de líderes, dirigentes sociales, opositores políticos buscando su desarticulación. La violencia en Colombia ha llegado a niveles insospechados que genera altísimos grados de violencia civil. Se ha vuelto peligroso decir la verdad, pensar libremente32, participar en organizaciones comunitarias o sociales (basta recordar la muerte del periodista humorista Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999)33. La violencia urbana también genera desplazamiento, sus principales manifestaciones son las pandillas juveniles y la delincuencia organizada34. La legitimación de proyectos paramilitares como consecuencia de la lógica de la guerra. Los grupos paramilitares se convirtieron en la principal fuerza expulsadora de población civil desde 1995, a raíz de la ejecución de masacres, asesinatos selectivos, torturas, amenazas, e intimidación de personas señaladas como colaboracionistas de grupos guerrilleros. El último informe del Codhes señala con el 32 por ciento de responsabilidad. La violación sistemática de los derechos fundamentales y la impunidad general casi cómplice del Estado.

CODHES, op cit, pág. 51.

32 El autor del presente estudio y su familia debieron salir rumbo a Estados Unidos en el año 2002 y pasar una temporada allí, debido a las constantes amenazas, originadas simplemente en su trabajo académico. A su regreso, y no obstante cambiar de líneas telefónicas, estas amenazas continuaron. 33 PERSONERÍA, Santiago de Cali, Denuncia por amenazas al profesor Lisandro Alfonso Cabrera Suárez y a su familia, debido a su trabajo de docente investigador de la Universidad Santiago de Cali, en el tema del Desplazamiento Forzado en Colombia, diciembre de 2003. DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Regional del Valle del Cauca, denuncia ídem. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solicitud de protección. 34 Un año después de las primeras amenazas personales y a su familia, tanto el autor como directivos de los centros educativos donde labora, continuaban enviando cartas a las autoridades solicitando que se hiciera efectiva la protección física y se adoptaran medidas preventivas de control para identificar a los agresores. El único motivo que originaba esta situación era su actividad como docente, en cuyo ejercicio se analizaba la situación de los desplazados en Colombia, como es menester estudiar cualquiera de los problemas sociales que afronta el país y que requieren el estudio de la academia en busca de estructurar soluciones adecuadas.

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Los seres humanos tienen unos derechos como tales. En Colombia se violan sistemáticamente los Derechos Humanos, lo que ha convertido éste problema en internacional, pues hay unos principios humanitarios, valores éticos que aún en las circunstancias de la guerra siguen vigentes y son ineludibles para quienes combaten con las armas. La contra-reforma agraria promovida por el narcotráfico. El conflicto social que se desarrolla en el marco de la lucha por la tierra presenta múltiples manifestaciones de violencia e intolerancia alrededor de privilegios de unos pocos detentores de la propiedad privada de las mejores y peores tierras en detrimento de una inmensa mayoría de desposeídos. El narcotráfico con una responsabilidad del 2 por ciento se convierte en un actor más de este fenómeno; sin embargo, generalmente los narcotraficantes utilizan la población civil para su beneficio, dándoles incluso sin formas de sustento, eso sí, transformando su contexto. Las acciones del ejército y la policía, ayudados por los Estados Unidos y otros países contra el narcotráfico mediante el uso indiscriminado de armas biológicas e incluso bombardeos también hacen salir a los civiles de las poblaciones. La expansión del paramilitarismo, el incremento de las acciones de la guerrilla en campos y ciudades y las medidas de orden público, junto con los regresivos proyectos de ley y de reforma constitucional, son hechos que se suman a la crisis del país y generan, también, el desplazamiento. El aumento significativo de la violación política de los derechos civiles desde 198635, acompañado cada vez más por el incremento en la actividad en guerra se caracteriza por un mayor número de víctimas, muchas de ellas inocentes, cada vez mayor. De esta manera, y para el caso colombiano, la violencia generalizada o el conflicto prevaleciente como origen del desplazamiento coincide con el conflicto armado, siendo las principales causas los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas, los bombardeos a las zonas campesinas, los operativos militares que lesionan a la población civil, las acciones de los grupos paramilitares y los operativos antinarcóticos.

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El desplazamiento también hace parte de la lógica de la guerra contrainsurgente, en los habitantes de zonas campesinas que supuestamente sirven de apoyo social a la guerrilla, son obligados a dejar su tierra para ser sustituidos por miembros de grupos paramilitares y de individuos simpatizantes de las mismas fuerzas armadas36, es un mecanismo de repoblamiento que, por demás, tiene una utilización común en el conflicto armado.

La ubicación de las regiones de partida de los desplazados se basa en el alto grado de confrontación armada, presencia de grupos paramilitares y/o significativos índices de violación de los derechos humanos. Existen niveles de ubicación de las zonas de expulsión37: uno es las regiones tradicionales o de permanencia del conflicto, y otro, es la expansión del conflicto en donde esporádicamente se presenta el desplazamiento, aún no con la connotación del primer nivel. Las siguientes regiones se

35 El partido liberal, vencedor en las elecciones de agosto del 1986, llevó al poder a un hombre con fama de gestor y gerente, el santandereano Virgilio Barco Vargas. Sin embargo, no menos de trece mil personas estaban en la cárcel, o eran perseguidas por un aparato estatal represivo. La economía mostraba índices débiles y el narcotráfico se enfrentó al país a través de un plan de asesinatos y de explosiones nunca visto antes en Colombia. La guerrilla y los paramilitares evidenciaban el hallazgo de su estabilidad estratégica gracias al silencioso pero efectivo proceso de narcotización de sus operaciones. 36

Ibidem.

SANTOS CALDERÓN, Enrique, Contraescape, El Tiempo, Bogotá, septiembre de 1986.

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citan como referencia después de compilar información de estudios e informes que abordan con profundidad los fenómenos de violencia.

Magdalena medio Amplia región irrigada por el río Magdalena que cubre zonas de los departamentos de Santander, Bolívar y Antioquia. Es un territorio caracterizado por un alto grado de concentración entre los cuerpos armados del Estado (ejército, policía, cuerpos elite, organismos secretos y la brigada móvil No. 2 encargada de combatir al «Comando Central» del ELN), presencia de grupos paramilitares, de autodefensa y narcotráfico.

Meta – Guaviare – Sumapaz Escenario de prolongación del conflicto armado de mediados de siglo. Epicentro de la dirección de las Farc y de la Brigada Móvil No. 1, encargada de su persecución. Grupos paramilitares y autodefensa complementan un ambiente de intolerancia que prioriza la violencia en la solución de los conflictos sociales. El dramático descenso electoral de movimientos políticos alternativos (caso UP)38 y la desarticulación de expresiones organizadas del movimiento popular y de derechos humanos, advierten una acción continua, coordinada y dirigida de grupos armados que cuentan con la impunidad como principal aliado39. En el Meta confluyen migraciones tradicionales, colonización y desplazamiento que hacen relevante un flujo migratorio permanente. La crisis organizacional de los movimientos populares contribuyó grandemente a la variación poblacional, llegado el momento prioritario de salvar las vidas de sus dirigentes en cada sector. Córdoba, Sucre y Urabá La aplicación de modelos contrainsurgentes que involucran a la población civil40, tienen a Córdoba como ejemplo. Una violencia transportada del Magdalena medio (lo que posibilitó el eje paramilitar Puerto Boyacá – Montería – Puerto Asís) con fuerte influencia del latifundio, la ganadería y posteriormente el narcotráfico, se afianzó en los años 88-90 en ésta región de la Costa Norte de Colombia. La extensión geográfica y social con la zona de Urabá en el departamento de Antioquia y la movilidad de grupos paramilitares en la región, sugiere esta unidad territorial, con fuerte presencia militar y de grupos guerrilleros (FARC, ELN, EPL).

51 38 Aún hoy reina impunidad sobre los crímenes de más de tres mil militantes y dirigentes de la Unión Patriótica, víctimas de un programa sistemático de eliminación en todo el país. 39

Ibidem.

VALENCIA TOVAR, Álvaro, La población civil entre el fuego, análisis revista Estrategia, Bogotá, diciembre 18 de 1998.

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Las circunstancias de violencia que ahora afronta el departamento de Sucre, fronterizo con Córdoba, similares a las de Montería en 198841, constituyen una preocupante prolongación geográfica42, que en esencia conserva protagonistas, actores y objetivos.

Nororiente El Nororiente colombiano reúne geográficamente regiones de Norte de Santander, Cesar y Santander del Sur. Además del conflicto social que se produce alrededor de la explotación del petróleo y de la agroindustria de la palma, fue escenario de constante enfrentamiento armado entre las fuerzas militares y grupos de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Grupos paramilitares, impunidad frente a innumerables crímenes y corrupción política, resumen una conflictiva situación de violencia en ésta región43.

Nordeste antioqueño – bajo cauca antioqueño Los municipios del nordeste, de explotación minera, son escenario de masacres atribuidas a grupos paramilitares de confrontación armada del Estado con frentes del ELN y las FARC44. En el bajo Cauca hay una identidad con los fenómenos de violencia del vecino departamento de Córdoba, pero se ubica como zona de expulsión el departamento de Antioquia dada su ubicación geográfica y su contexto social.

Putumayo y Nariño La confluencia de confrontación Estado – guerrillas, narcotráfico, grupos paramilitares y delincuencia común, fue característica en esta región fronteriza con el Ecuador45 en los años 87 – 90. Zona de colonización espontánea, de interés estratégico para el tráfico de drogas y como es tradicional de fuete presencia militar, Putumayo amplió al final de la década del ochenta el mapa de zonas de expulsión de población por violencia política.

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Zona bananera del Depar tament o de Magdalena Departament tamento

El mapa de zonas de expulsión se amplía en los últimos años hacia ésta región del norte de

41 Fue tal el grado de violencia en esta jurisdicción que cambió muchos aspectos de la sensibilidad y comportamiento social de los monterianos. 42 La lucha por «los corredores estratégicos» seguía siendo la constante entre los movimientos insurgentes, los paramilitares y el ejército en esos momentos de la historia. 43

MARTÍNEZ, Guillermo, Los civiles atrapados en los santanderes, revista Discrepancia, Cúcuta, julio de 1999.

44 MONTES L, Gabriel, Las mentiras de la muerte: ¿Quién responde por las masacres del bajo cauca antioqueño?, Grupo Solidaridad, Universidad de Antioquia, Medellín, 1989. 45 Hubo en esta época una gran laxitud en el manejo de la frontera colombo-ecuatoriana, al punto de que militares del vecino país participaban activamente en la venta de armamento selectivo de uso privativo de las fuerzas armadas.

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Colombia. La reactivación del cultivo de banano46 para exportación a mercados de Estados Unidos, su supuesta presencia de capitales del narcotráfico en la zona, grupos guerrilleros, militares, policías, movimientos de paramilitares y sicarios (al placer provenientes de Urabá), son elementos de una situación evidente al empezar el primer milenio.

Zona de expulsión coyuntural Las zonas de expulsión coyuntural son áreas esporádicas de expulsión de población como consecuencia de enfrentamientos, violación de derechos humanos o presencia reciente de grupos paramilitares. Tal es el caso del norte del Valle del Cauca, la zona cafetera del gran Caldas47, el eje Cauca – Huila – Caquetá, Casanare y el sur del departamento del Tolima. Son regiones características de procesos económicos en ascenso (caso los pozos de petróleo de Cusiana, Casanare) de procesos económicos en decadencia (cultivo de café en Caldas – Risaralda – Quindío), conflictos de tierra entre indígenas48 y terratenientes (Cauca y sur del Tolima) y acciones contrainsurgentes dirigidas (norte del Valle – Tolima – Caquetá). Las características del proceso de desplazamiento por violencia política hace «difícil una ubicación exacta de las zonas de asentamiento. La inexistencia de desplazamiento organizado (campamentos de refugiados internos), complica la elaboración de un mapa de zonas de asentamiento. La información de diversas ONGs y las visitas de campo realizadas en el marco de diversos informes e investigaciones, señalan algunas zonas, especialmente marginales urbanas, de ubicación dispersa de desplazados49. El sector de Ciudad Bolívar y los barrios de la vía al Llano en el sur oriente de Bogotá, reúnen población desplazada, especialmente del departamento del Meta. Por su extensión y número de habitantes, Bogotá concentra un alto índice de población desplazada; la imposibilidad metodológica de cuantificar, sigue siendo una dificultad para abordar el tema, en el caso del departamento del Meta fue posible identificar un proceso de desplazamiento hacia Villavicencio de damnificados por la guerra sucia, especialmente viudas, huérfanos o parientes de víctimas. Hacía Bogotá se trasladaron sobrevivientes de la violencia (también familiares) pero especialmente amenazados, víctimas de atentados y heridos50. La experiencias del albergues en Barrancabermeja y barrios marginales, ubica al puerto petrolero como opción de asentamiento de desplazados. Ciudades como Bucaramanga y Bogotá son alternativa creciente, sobre todo en casos de dirigentes políticos, activistas de derechos humanos y sindicalistas. Montería presenta un alto grado de concentración en barrios subnormales en el que confluyen

AMÉZQUITA, Dolores A, La falsa sostenibilidad bananera y la irrealidad de la zona, documento El Colombiano, agosto de 2000.

47 Hasta mediados de los ochentas, solía hablarse del «blindaje cafetero» en el viejo Caldas, originado en la cultura de la siembra desarrollada por los comités de cafeteros y la Federación Nacional del gremio. No obstante, en el período siguiente esta región demostró una altísima vulnerabilidad al fenómeno de la violencia. 48 La situación de la población indígena y su problema de despojo de tierras, merece por sí misma un estudio aparte. Es sin duda alguna, uno de los sectores más golpeados no obstante la sistemática resistencia de sus organizaciones culturales. 49 BARRETO, Francisco Javier; VALDERRAMA, Juan Camilo; SANDOVAL VILLABA, Clara Lucia, Interpretación del artículo 3 común a los convenios de Ginebra. Una panorámica de la guerra que se vive, en el Derecho Humanitario, La otra guerra, Plaza & Janés, página 311, Bogotá, 1999. 50

RAMÍREZ T, Iván, MD, Una clínica para la guerra, Universidad del Tolima, Ibagué, 2000.

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miles de familias campesinas que huyeron de la violencia o de desastres naturales; situación similar presentan ciudades como Apartadó, en la zona de Urabá y más recientemente Sincelejo, capital del departamento de Sucre. Otro lugar de asentamiento que reviste toda la complejidad del conflicto urbano es Medellín, específicamente en la Comuna Nororiental. Igualmente esta situación la presentan las provincias de Sucumbíos y Napo en Ecuador, que reciben población del departamento de Putumayo51. El hecho de traspasar la frontera y regresar a la zona de origen cuando se normaliza la situación ubicaría esta población en el marco del refugio internacional. En algunos casos los desplazados buscaron como zona de asentamiento el alto Sibundoy y la ciudad de Pasto, capital de Nariño. El traslado de población del Guaviare al departamento del Guainía en una interrelación de desplazamiento y colonización, también es significativo en la ubicación de centros de asentamiento. La dispersión del desplazamiento sugiere ubicación aislada de familias desplazadas por violencia en otros epicentros urbanos ubicados en áreas de conflicto permanente o coyuntural. Ciudades como Cali52, Santa Marta, Valledupar, Cartagena, Barranquilla son posible centro de refugio y protección de población afectada por la violencia política. El desplazamiento interno de la población civil en busca de protección por causa del conflicto armado es un problema preocupante que afecta la situación de derechos humanos en Colombia. Sólo en el casco urbano de la ciudad de Montería, Capital del departamento de Córdoba, existen 23 barrios subnormales con una población aproximada de 100 mil habitantes, de los cuales se calcula que la mitad ha abandonado sus hogares en razón de desastres naturales, dificultades económicas y violencia presentada en la región.

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El departamento de Putumayo, localizado al sur del país en la frontera Colombo-Ecuatoriana, presenta desplazados a causa del exterminio de los militantes de los partidos políticos de oposición, de la realización de operativos militares antinarcóticos y de la acción de grupos paramilitares. El desalojo como problema real de derechos humanos en la Colombia del siglo XX se puede periodizar en dos etapas. La primera, 1946 – 1966, conocida como la violencia, dejó un saldo de 200 mil muertos y produjo un desplazamiento forzoso que se estima en 2´003.600 personas53, originando un proceso social traumático de migración ascendente de los habitantes del campo hacia la ciudad. La segunda etapa se presenta desde mediados de la década de los sesenta como la consecuencia de un conflicto armado bajo la modalidad de una guerra de guerrillas. De esta manera, la violencia generalizada o el conflicto prevaleciente como origen del desplazamiento coincide con el conflicto armado, siendo las principales causas los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y las

54 51 ARAUJO, Consuelo, Programa para difundir el Español entre las gentes del Putumayo. Escuelas de Idiomas: ¿Porqué hablan portugués?, Ministerio de la Cultura, Bogotá, 1997. 52

CABRERA SUÁREZ, Lisandro Alfonso, Desplazados, Universidad Santiago de Cali, Colección 2000, Cali, 2000.

FORERO BENAVIDEZ, Abelardo, Breve reseña de la violencia colombiana, Tercer Mundo, Bogotá, 1979.

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fuerzas armadas, los bombardeos a las zonas campesinas54, los operativos militares que lesionan a la población civil, las acciones de los grupos paramilitares y los operativos antinarcóticos55. Los campesinos se presentan bajo la forma de éxodos masivos o de migraciones familiares o individuales. El abandono forzoso de la gente de sus fincas que posteriormente se dirigen a los centros urbanos para esperar que cesen los combates y que los operativos militares trasladen su escenario a otras zonas para así poder regresar a sus parcelas. En los traslados familiares o individuales realizados en forma sigilosa, los campesinos generalmente no regresan a sus tierras, debido a que sus jornaleros o pequeños propietarios que consideran que no vale la pena el riesgo que corren en sus fincas; éste es el que genera mayores problemas pues su apariencia hace que sea el menos atendido. La migración interminable de colombianos que huyen dentro de su propio país y que cada vez más buscan refugio en otras latitudes, pone en entre dicho la institucionalidad. Se calcula que entre 1985 – 200156, alrededor de 2 millones de colombianos se han desplazado por causas de violencia relacionadas con el conflicto armado interno, cifra que es similar a los desplazamientos ocurridos a mediados del siglo XX en la llamada violencia bipartidista. Uno de cada 40 colombianos ha sido desplazado en los últimos 15 años y esta cifra sólo reconfirma que el país mantiene una constante de violencia en su proceso sociodemográfico57 de una población desterrada, excluida, despojada o arrinconada en las montañas y en las zonas de colonización. La Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado desde comienzos de la década de los sesentas han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de la Seguridad Nacional y la aplicación de los fundamentos del conflicto de baja intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la eliminación del «enemigo interno», representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia. Así, en el marco de dicha estrategia a comienzos de la misma década se recomienda por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de organizaciones de «tipo antiterrorista» y para la «lucha anticomunista». El desarrollo de tal propósito fue dictado bajo el Decreto 3398 de 1965, el cual fue convertido posteriormente en legislación permanente a través de la Ley 48 de 1968, por medio de los cuales se dio el fundamento legal para la organización de la «defensa nacional», la «defensa civil» y la promoción en la organización de las «‘autodefensas». Bajo el amparo de dichas normas e inclusive desbordándolas, los miembros de la Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en zonas de conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente. El propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos es amedrantar a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad 54

DÍEZ, Danilo, Marquetalia o el inicio de una guerra dependiente, Mora Editores, Barranquilla, 2002.

El uso de equipo militar concebido inicialmente en el Congreso de Estados Unidos para la lucha exclusiva contra los narcóticos, fue pasando, con su aprobación, a ser usado en todo tipo de operaciones contrainsurgentes. 56 Una cifra promedial que conjuga la información interna sobre un millón y medio de desplazados y las de Amnistía Internacional que habla de tres millones. No obstante, nadie tiene una información clara y precisa, debido a los problemas de manejo de información que hemos dilucidado en el presente informe. 57 SÁNCHEZ LOW, Alfredo, La violencia en Colombia: Un fenómeno epidemiológico, Universidad Nacional, Cuadernos Sencillos, Bogotá, 2001.

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social. Hasta el presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares se han ido desarrollando en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petróleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico58. Los grupos paramilitares en la geografía nacional no han tenido un sólo modelo o método de acción, sino que éste ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos más al accionar de la Fuerza Pública. En tal sentido son diferenciables tres modelos de acción: a)

El involucramiento compulsivo de la población;

b ) La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c)

La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de un grupo permanente.

La contratación de mercenarios extranjeros por parte sectores económicos y altas autoridades del Estado han constatado, la intervención en el entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas y en el empleo y manejo de sofisticado armamento. a. El involucramiento compulsivo de la población

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Con frecuencia la población ha sido víctima de la intimidación mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte. Estos grupos han sido justificados como «autodefensas», en donde se afirma que las patrullas de «campesinos organizados» están protegidas por el ejército y se promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios. La relación con la Fuerza Pública se ha determinado por llevar a cabo patrullajes conjuntos; se ha utilizado a la población civil para que les acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas estructuras criminales. El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del Estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una serie de «impuestos» ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos59.

LARA BONILLA, Rodrigo, Estamos enfrentando a verdaderos ejércitos privados, intervención ante el Senado, Bogotá, 1982.

MÉNDEZ, Ignacio, La cosecha «vacunada»: Un campesinado en quiebra, artículo en El Heraldo, septiembre de 2003.

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b. La conformación de una estructura permanente La conformación de estos grupos ha sido importante para la participación de sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas zonas. Desde el año 1983 el entonces Procurador General de la Nación60, señaló la participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de estos grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex integrantes de estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de agentes del Estado en su promoción y protección. Los grupos paramilitares han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de acción ha estado enmarcada en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello. Pese a que frente a reconocidos dirigentes paramilitares como Fidel Castaño, alias «Rambo» han sido expedidas órdenes de captura61, es claro el desinterés de las autoridades para hacerlas efectivas. c. La contratación de personas para que realicen hechos específicos La modalidad que ha venido siendo utilizada en algunos lugares de Antioquia y Norte de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han contratado personal proveniente de otros municipios o departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones. Este accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la misión de crímenes de lesa humanidad. Los anuncios de la administración del presidente Samper en materia de políticas de paz y de derechos humanos, el fenómeno del Paramilitarismo, y la reactivación de sus acciones, constituyen la más profunda preocupación de los organismos de derechos humanos, por cuanto las autoridades Estatales se han negado de manera sistemática a reconocer su gravedad, y por sobre todo, a tomar las decisiones que se requieren para poner control a su acción criminal. En efecto, la actitud de las autoridades de negar los diversos grados de conexidad entre los grupos de particulares armados y unidades militares, el consentimiento o la tolerancia de los mandos de las Fuerzas Militares, las ha conducido a pretender a toda costa evitar la discusión sobre la acción paramilitar, con la consideración de que se trata de una conjura de la guerrilla colombiana para minar la legitimidad de las fuerzas armadas gubernamentales. Durante los primeros seis meses de la administración del presidente Samper, a pesar de pregonarse la humanización del conflicto armado interno, se aprecia62 una reactivación del Paramilitarismo, demostrada en el surgimiento de los grupos «Muerte a Comunistas y Guerrilleros» (Macogue) y «Colombia sin Guerrilla» (Colsingue). 60

JIMÉNEZ GÓMEZ, Carlos, Procurador General de la Nación, en la Cámara de Representantes, Bogotá, 1983

61 Impresiona a propios y visitantes saber que los responsables de la violencia en Colombia afiliados a todas las organizaciones, tienen ordenes de captura, juicios y hasta sentencias, y se pasean tranquilos por todo el país, de masacre en masacre. En cambio la justicia no demora «en hacer cumplir la Ley» cuando se trata de delitos menores protagonizados por ciudadanos sin antecedentes penales. 62

Revista SEMANA, No 967, de noviembre 13-20 de 2000.

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Estos grupos paramilitares tienen un radio de acción nacional y son quienes han comandado sus operaciones especialmente contra dirigentes políticos y sindicales63. En noviembre de 1994 se realizó la primera cumbre de las autodefensas de Colombia en la que según un documento de 57 páginas que ha sido conocido por las ONGs colombianas, se aprobó «... seguir considerando como blancos militares, a los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda, mientras los grupos insurgentes no humanicen la guerra y continúen asesinando militares y civiles fuera de combate, así como a los familiares de los miembros de las autodefensas64». La aprobación del Decreto 3567 del 11 de febrero de 1994, constituye motivo de preocupación, pues en cuyo artículo 34 se lee: «...la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir licencias de funcionamiento a cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias para operar el servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada en el área donde tienen asiento la comunidad. Podrán operar con o sin armas». El ministro de defensa de ese entonces, Fernando Botero Zea, informó al país la puesta en ejecución del programa de cooperativas rurales de seguridad, que luego fueron denominadas «asociaciones», las cuales, a juicio de las ONGs de Derechos Humanos, tienen el serio riesgo de convertirse en formas legalizadas de los grupos paramilitares para realizar acciones armadas ofensivas contra la población civil que sea considerada «simpatizante» o «colaboradora» de los grupos guerrilleros. Ante las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad en relación con las asociaciones de seguridad rural, las explicaciones del Gobierno se fundamentan en señalar que las autoridades militares y de policía ejercerán un celoso control sobre dichas asociaciones para que no desborden el marco de su acción, en apariencia circunscrito a labores de información a las autoridades y dotadas con armas de defensa personal65. Resulta difícil aceptar que el Gobierno pueda comprometerse a mantener el control sobre la acción de dichas asociaciones, para evitar que se conviertan en formas legalizadas del Paramilitarismo, tiendo en cuenta que uno de los argumentos de las autoridades estatales para explicar la ausencia de resultados en el combate es precisamente que las autoridades militares y de policía han estado imposibilitadas para controlarlo.

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Los grupos paramilitares que han sido investigados los han sancionado por los crímenes realizados a la humanidad, e igualmente debe impedirse la presencia y actuación de mercenarios en el territorio nacional; además, hacer efectivas las órdenes de captura existentes contra sus miembros, también a sus financiadores, integrantes y las autoridades que han intervenido en su promoción y/o protección. Abstenerse de dar trato especial o benigno en virtud de eventuales negociaciones de paz con el ejecutivo.

Las normas o actos administrativos que autoricen, ordenen o favorezcan la creación o constitución de grupos paramilitares, así como de aquellas que posibiliten un trato benigno o favorable, en especial el artículo 34 del Decreto 3567 de febrero de 1994. Destituir por vía administrativa, de manera inmediata, al personal de la Fuerza Pública que ha sido señalado por parte de organismos nacionales o internacionales como comprometidos en la formación, promoción o instigación de este tipo de grupos. 63

Su poder es infinito, actúan con grande eficacia tanto en las ciudades como en los campos y cualquier rincón selvático.

GIRALDO, Javier, sobre El conflicto social, Humana, Bogotá, 2001.

65 PRETTEL DE LA VEGA, Sabas, Intervención ante la Cámara de Representantes, Proyecto Justicia y Paz, Santa Fe de Bogotá, julio de 2005.

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Las guerrillas no aparecen como resultado de la decisión de un grupo de campesinos oprimidos sino que comienzan seriamente en Colombia después de que Fidel Castro se toma el poder en Cuba con su grupo de guerrilleros y se posesiona como dictador. Fidel Castro y Ernesto Guevara ven en su revolución la forma de crear un mundo socialista66 y por ello deciden comenzar movimientos de guerrilleros en diferentes países de América y África. Colombia era un muy buen país para comenzar una revolución debido a la historia de violencia política entre Liberales y Conservadores (los dos grupos políticos más grandes). Es decir, en Colombia las guerrillas comienzan con el apoyo de Cuba y la antigua Unión Soviética. Apoyo que en la actualidad no existe, pero como es apenas lógico, la guerrilla se ha adaptado a esto pues siempre han tenido nexos muy fuertes con el Partido Comunista Colombiano (PCC), el mismo que por supuesto, niega estos vínculos. Las primeras dos organizaciones guerrilleras modernas nacen en 1964: Algunas autodefensas campesinas influenciadas por el Partido Comunista conforman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) - Ejército del Pueblo; al mismo tiempo surge un foco guerrillero, inspirado por la revolución cubana pero igualmente vinculado a la histórica resistencia campesina en el departamento de Santander, denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual proclama la estrategia del Che Guevara para derrocar al Gobierno colombiano y gana mucha simpatía por la integración del cura Camilo Torres en 196567, quien cae en su primer combate, el 15 de febrero de 1966. La división internacional de los partidos comunistas en 1967 entre «pro-soviéticos» y «prochinos» hace que nazca una tercera organización, el Ejército Popular de Liberación (EPL); este grupo, de pensamiento maoísta, logra en poco tiempo extenderse particularmente en los departamentos de la Costa Atlántica. Los tres grupos tienen su presencia principal en el campo, en muchas ocasiones, se ha constatado que esta característica es una gran limitación del movimiento insurgente. Se dice que la guerrilla es campesinista, que se retiró de las ciudades, que no tiene respuestas para los problemas urbanos. Crítica que hasta cierto grado es correcta, pero tampoco se debe olvidar que siempre ha sido muy difícil mantener una organización clandestina en las ciudades donde la represión es mucho más fuerte; además, siempre ha habido también una repercusión importante de la guerrilla en las capitales colombianas, desde los años sesenta hasta hoy. Los setentas traen consigo el nacimiento de otras organizaciones guerrilleras que se distinguen de las ya mencionadas por su pensamiento político y su forma de accionar. La más importante es el Movimiento 19 de abril (M-19), muy popular en el exterior por sus acciones espectaculares como la toma de la Embajada Dominicana 1980 y su presencia urbana. A pesar de las divisiones internas en el movimiento guerrillero y las diferentes crisis de las organizaciones, la guerrilla se convierte en un peligro real para el Gobierno;en 1977 se da una huelga general que expresa el descontento generalizado de la población colombiana.

PARDO LLADA, José, El Fidel que yo conocí, Plaza & Janes, 1988.

TORRES, Mauro, Camilo o la exacerbación de un ideario, Ed. Pinto, Bogotá, 1998.

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El entonces presidente Turbay Ayala (1978-82) reacciona con una nueva etapa de represión68. Comienzan las desapariciones de opositores, se generaliza la tortura y se decretan nuevas leyes «antiterroristas». Pero, contrario a lo que se esperaba, la resistencia se extiende en todo el territorio colombiano. Es en estos años que el M-19 agudiza la guerra contra el régimen. En el sur, la guerrilla se convierte en un pequeño ejército y se acerca tremendamente a algunas capitales departamentales; la administración del conservador Belisario Betancur (1982-1986) entiende el peligro inmanente del avance guerrillero. La experiencia nicaragüense todavía está reciente, en El Salvador reina la guerra civil y, por ello, Betancur busca una salida para neutralizar al movimiento insurgente, proponiendo un proyecto realmente audaz. Decreta una amnistía general para los presos políticos, entre ellos muchos dirigentes guerrilleros, y busca negociaciones directas con el movimiento armado. De hecho, logra dividir así a los grupos guerrilleros. En 1984, las FARC-EP, el M-19 y el EPL entran en tregua, mientras que el ELN (y dos organizaciones pequeñas más) rechazan la propuesta que – según ellos - llevará a la desmovilización del movimiento popular. Son años muy movidos, en todo el territorio se extiende el movimiento popular, son obreros, cristianos, feministas, negritudes, indígenas y pobladores que se toman las calles. Socialistas, comunistas y ex militantes de las FARC-EP dan vida a la organización política Unión Patriótica. Simpatizantes del EPL se presentan como Frente Popular en las elecciones municipales. Y los oponentes de la tregua conforman el movimiento político ¡A Luchar!

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El gobierno Betancur promueve la conformación de grupos paramilitares y da comienzo a la guerra sucia, en 1984 nace el movimiento terrorista para-estatal más cruel del mundo. Una alianza de militares, terratenientes, servicios secretos y narcotraficantes levantan centenares de grupos paramilitares que a diferencia de los escuadrones de muerte centroamericanos no se limitan al asesinato político y la masacre. Estos grupos ejercen un verdadero poder territorial, en decenas de municipios colombianos, los paramilitares empiezan a controlar la vida cotidiana. Puerto Boyacá en el Magdalena Medio (centro del país) y las zonas ganaderas de Córdoba (Costa Atlántica) se convierten en estados paramilitares. La guerra sucia. A mediados de los ochentas, son asesinados los principales líderes de la izquierda como el presidente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal69, y los voceros políticos del M-19 y del EPL, grupos en aquel momento en tregua. El ejército hostiga permanentemente a los campamentos guerrilleros, violando así el acuerdo de tregua. Al mismo tiempo comienzan las masacres indiscriminadas contra sindicalistas y campesinos en zonas de conflicto; de esta manera, la UP pierde más de 2.000 diputados, concejales y activistas; desde 1984, en total se calcula que han sido más de 30 mil muertos por las actividades paramilitares, no sólo activistas populares sino también homosexuales, prostitutas, pequeños delincuentes y niños de la calle. Hoy se especula que las principales masacres paramilitares han sido dirigidas directamente por el ejército70.

Los documentos de los organismos de derechos humanos y de la misma justicia colombiana, basados en los testimonios de diferentes dirigentes paramilitares, inculpan a generales tan importan-

68 Durante el gobierno de Turbay su ministro de la Defensa, General Bernardo Camacho Leyva, lideró los primeros operativos conjuntos con expertos norteamericanos traídos de la represión ha contra los Tupamaros, en Uruguay, con amplia trayectoria en la lucha contrainsurgente urbana. 69 El asesinato de Pardo Leal deja a la izquierda no sólo sin candidato sino con un macabro derrotero hacia el mayor genocidio que agrupación política haya sufrido luego de la política de exterminio contra el liberalismo en los años cincuenta. 70 Acusados de tal complicidad varios generales, coroneles y capitanes del ejército han sido llamados por la justicia a declarar. Sin embargo, no hay una correlación satisfactoria entre estos intentos de justicia y la toma de decisiones reales.

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tes como Jesús Gil Colorado71 (jefe del ejército hasta 1994) y Farouk Yanine Díaz (primero jefe de la V. Brigada en Bucaramanga y luego docente de la Escuela Interamericana de Defensa en Washington). Lo más grave es que estos protagonistas de la guerra sucia disfrutan de la más completa impunidad. Si no fuera por las presiones internacionales, ni siquiera se darían mínimas investigaciones judiciales. La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar se conforma en 1987. Son estas condiciones de guerra sucia y hostigamientos militares que pronto llevan al fin del proceso de paz, después de un año de tregua, el M-19 y el EPL vuelven en 1985 a la actividad armada porque no ven una disposición real del Gobierno para una democratización del país. También se conforma la Coordinadora Nacional Guerrillera, integrada principalmente por el M-19, el EPL y el ELN. En 1987 se juntan las FARC a esta iniciativa de unidad y surge la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Ya que el Gobierno no puede presentar soluciones sociales en los ochentas, se extiende la lucha armada. El ELN, por ejemplo, que tenía unos cuatro frentes a principios de los ochentas, supera los 30 frentes guerrilleros en 1990. A pesar de tener en el 2000 una estrategia totalmente diferente, también las FARC-EP viven un crecimiento impresionante. En el mismo período, logran tener 50 frentes habiendo partido de unos 20 en 1980. Es así como, en muchos territorios, la guerrilla se convierte en un contra poder palpable y masivo. Colombia es un país que se ha acostumbrado a la guerra. Hoy se convive en la insensibilidad del combate. Existe una herencia colonial desde el siglo XV cuando la Metrópoli Española trajo su feudalismo tardío en forma de encomienda, que hoy se expresa como latifundio y concentración de la tierra en pocas manos, así como su estancada inquisición y sus obsoletas formas político - administrativas en manos de una estirpe poco calificada profesional y en su condición de humanos. La República se constituyó expropiando al nativo americano de sus tierras y desplazándolo a las altas cumbres en la lucha por sobrevivir. En adelante, la población civil de origen europeo y los mal llamados criollos se trenzaron en combates por el poder, unos de tinte político, otros de tinte civil. Son famosos algunos combates como la guerra de los mil días, la matanza de las bananeras, la violencia oficial de mitad de siglo. El problema social en Colombia podrá resumirse citando a una aristocracia poseedora de los medios de producción y a una gran masa del pueblo luchando, los unos por mantener su poder y posición, los otros por subsistir. Así, en este escenario se consolida el fenómeno de la guerrilla, del narcotráfico, del paramilitarismo, de un fuerte ejército respaldando al Estado y luchando por legitimarlo, abusando de su autoridad violentando Derechos Humanos y generando desplazamiento. Los desplazados en Colombia son en su mayoría campesinos que durante los últimos 10 años huyeron de las amenazas y los homicidios de los grupos guerrilleros, de los voraces atropellos cometidos por los paramilitares, de los abusos y ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública y de la violencia generalizada provocada por el narcotráfico. La población desplazada, en su inmensa mayoría acaba en barrios marginales de ciudades distritales en los que les tocó reconstruir sus patrones culturales. El padecer el síndrome del desarraigo trae problemas dramáticos en el deterioro de la calidad de la vida, unas fuertes y severas consecuencias psico-sociales. 71

Asesinados por las FARC- EP en 1994, según ellos como resultado de la justicia política.

Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

Desplazados... Un problema de todos

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El desplazamiento es un fenómeno de migración involuntaria originado por la violencia, en el que personas y familias sin estar directamente implicados en la lucha, se ven obligados a movilizarse desde su lugar de origen para proteger su vida o su integridad física. Como violación del Derecho Humanitario es una situación en la cual se materializa la vulneración simultánea de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

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CAPÍTULO

LOS ACTORES DEL DESPLAZAMIENTO

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Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

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Uno de los problemas más complejos y de mayor impacto negativo que ha debido enfrentar Colombia en el transcurso de su historia es el de la producción, tráfico y consumo de drogas de alta peligrosidad. La agudización de los efectos nocivos del narcotráfico en Colombia ha hecho de éste la causa de los males que aquejan al país, desdibujando la importancia que tienen los factores estructurales, relacionado con las desigualdades y desequilibrios internos y externos como generadores de la pobreza, el atraso y la injusticia propios del subdesarrollado; sin embargo, por el poder que desarrolla como empresa, efectivamente sí es una de las principales causas de los problemas de Colombia. El narcotráfico se ha convertido en una de las más grandes organizaciones internacionales, capaz de movilizar centenares de millones de dólares diariamente, de quebrantar el concepto de soberanía estatal72, producir acciones impensables de violencia, financiar guerrillas y alimentar el terrorismo. El narcotráfico es un fenómeno singular y preocupante de la era contemporánea. Sus propulsores constituyen una nueva transnacional, que con su colosal poder económico y su red de corrupción ha modelado una verdadera narco-economía73 en muchos lugares del mundo74. Ha penetrado los mandos del Estado y de la fuerza pública; ha roto la imparcialidad de la justicia, corrompido a políticos, atemorizado a policías; ha creado un nuevo poder social levantando sobre la corrupción, el crimen y el terror, ocasionando miles de desplazados. Para comenzar su negocio, los narcotraficantes necesitaron apoderarse de inmensas extensiones de tierra, que fueron compradas a muy bajos precios; además, utilizó como mano de obra de primera línea al campesinado de la región, transformando inmediatamente las realidades socio-económico-políticas del área. En épocas de bonanza se convirtió en costumbre ver comunidades de campesinos o de indígenas utilizando lujosos carros y dándose la gran vida al lado de una violencia que los

65 72 Durante el gobierno d Belisario Betancur, el narcotráfico ofreció pagar toda la deuda externa de Colombia a cambio de no ser extraditados a Estados Unidos. 73

Término acuñado durante la administración de George Bush, padre.

74 Varios ensayistas internacionales publicaron diversos textos en la década del noventa, previendo el poder del narcotráfico. Algunos de ellos se han atrevido a vaticinar que el fenómeno del narcotráfico puede ser el origen de la Tercera Guerra Mundial.

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acompañaba silenciosamente. La no tenencia de la tierra hizo del campesinado una presa fácil del abuso de los patrones75, lo que inició procesos de desplazamiento masivo. Los narcotraficantes realizaron alianzas estratégicas con la guerrilla para obtener seguridad a los cultivos. Esta bomba narco-guerrilla76 se convirtió en un elemento muy importante en la desestabilización del Estado, que por su centralismo no hizo presencia en múltiples zonas del país. La narcoguerrilla se apoderó institucionalmente de pueblos, logrando así un respaldo en la población. Las condiciones políticas de Colombia cambiaron y la guerrilla comenzó a ser perseguida por los paramilitares lo que dejó a la población en medio del conflicto armado y produciendo una ola de desplazamiento de los campesinos que tuvieron que dirigirse a las grandes ciudades, no sólo en busca de empleo sino para proteger su vida. El diagnóstico de Washington es que los orígenes del problema de la droga se encuentran en el lado de la oferta , mientras que los países productores afirman que es la demanda, puesto que en tanto ésta subsista y se amplíe siempre habrá alicientes para el cultivo, procesamiento y comercialización de ella. Es una simple cuestión de lógica del mercado. Aquí reside la principal discrepancia entre los países productores y los consumidores. Pero detrás de esta discrepancia existen muchos otros intereses concretos. El tema no puede ser reducido a un tema meramente moral, como plantean los países del norte.

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El cultivo de la coca forma parte de la economía de los países productores. Decenas de miles de campesinos pobres se dedican a él. No es tan fácil, por tanto, erradicarlo sin causar un problema social de enormes proporciones, aun mayor que el causado por el desplazamiento. Hay muchos elementos y realidades en el problema, algunos de ellos dramáticos, que tienen que ver con las precarias condiciones de vida de amplios sectores de la población campesina que han optado por estos cultivos porque han sido la única oportunidad que les ha ofrecido la sociedad como alternativa para alcanzar la relativa prosperidad que el mercado siempre les negó. Por la inoperancia del Estado, Colombia ha aprendido a convivir con el narcotráfico.

La inversión de dineros del narcotráfico en compra de tierra ha sido muy notable en 251 municipios del país. Solamente el gran corredor minifundista oriental desde Nariño hasta Norte de Santander, ha permanecido en lo fundamental ajeno al apetito por tierras por parte de las mafias. Al desplazamiento de campesinos ocasionado por la mayor concentración de la propiedad se suma un aumento de los precios de la tierra y un relevo de capas propietarias anteriores, con lo cual cambia la naturaleza de los adversarios del campesinado en áreas del conflicto. El cambio apunta a la mayor identidad entre los señores de la tierra y los señores de la guerra, pues los mafiosos, en las regiones donde tienen grandes territorios, han formado escuadrones de la muerte que protegen sus intereses y administran justicia privada77. En 126 municipios de aquellos donde los narcotraficantes han comprado tierras ha habido movilizaciones sociales.

75 El término patrones es utilizado para referirse a los jefes «capos» de los carteles de la droga. En Colombia se destacaron los de Medellín con Pablo Escobar y en Cali con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez al mando. 76 El término narcoguerrilla fue impulsado por el gobierno de Estados Unidos. Ha generado protestas de los líderes guerrilleros como Manuel Marulanda Vélez, porque sostienen que su alianza con el narcotráfico fue simplemente de negocios y no militar. El Gobierno colombiano constantemente muestra estadísticas que por el criterio señalan lo contrario. 77 MENDEZ GÓMEZ, Alfonso, Las ausencias del Estado Constitucional en varias regiones colombianas, conferencia, Asociación Colombiana de Municipios, Bogotá, 2000.

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En tres de las principales regiones de movilización rural y conflicto guerrillero, el conjunto de Urabá-Córdoba-Bajo Cauca-Magdalena Medio y el conjunto de Ariari -Guayabero-Guaviare, las mafias armadas gozaron de los beneficios de una alianza implícita con las Fuerzas Armadas en su lucha contra las guerrillas, pues la creación de autodefensas por las Fuerzas Armadas y la de escuadrones privados por las mafias fueron allí mismo proceso en distintas fases, ocurrido desde 1981. Las regiones de alta movilización rural donde no ha sido notable la compra de tierras por las mafias son el Norte de Santander, oriente de Santander, Arauca, centro-oriente de Cauca, Huila y Vaupés. Las restantes regiones donde ha habido movilización social han tenido la transformación de origen mafioso, que se alían con las anteriores o las desplazan y subordinan. La economía de las drogas ha financiado a las guerrillas y los grupos paramilitares78, y ha elevado enormemente el valor del botín de guerra y las recompensas clandestinas que son captadas por miembros de seguridad. Los ejes del paramilitarismo han sido la compra de grandes territorios por parte de narcotraficantes organizados y la creación de grupos de autodefensa por las Fuerzas Militares, que convergieron en unas regiones y no en otras. La simple comparación de las dos cifras ya mencionadas de 373 municipios de acción paramilitar y 251 de alta compra de tierras por narcotraficantes ilustra la mayor cobertura territorial del paramilitarismo. Las regiones donde se asocian la compra de tierras y las acciones paramilitares son Urabá, Córdoba, Magdalena Medio Antioqueño y Boyacense, alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, norte de Cauca, sur del Valle y municipios del eje cafetero y sur de Antioquia. Las regiones donde han operado paramilitares y no han comprado tierra los narcotraficantes de una manera notable son el nor-oriente (oriente de Santander, Norte de Santander), Arauca, sur del Tolima y centro sur del Huila, centro-oriente del Cauca, Vaupés y municipios dispersos del eje cafetero y el sur de Antioquia. En estas regiones los grupos paramilitares han convocado al apoyo de medianos y grandes propietarios, algunos empresarios y comerciantes y la cooperación ilegal de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Muchos de estos grupos tienen un origen cercano a las necesidades de autodefensa de la comunidad, pero con el paso del tiempo son cooptados al servicio de jefes locales y se transforman en fuerzas predatorias que extorsionan a los pobladores a cambio de seguridad79. El despliegue territorial de los grupos paramilitares ha logrado sembrar el terror de las comunidades campesinas de todas las grandes regiones donde hay alta presencia guerrillera. Más aún, han actuado en territorios donde no es alta la presencia de las guerrillas, como Guajira, Atlántico, sabanas de Sucre, norte del Tolima, eje cafetero, norte del Valle, centro del Huila y Vaupés, donde su presencia responde a la lógica del control territorial y la protección de negocios ilícitos. En algunas regiones críticas de violencia, los paramilitares han provocado éxodos masivos de población campesina y han repoblado territorios con campesinos desplazados por las guerrillas.

EMBAJADA de Estados Unidos, Informe sobre Colombia, Bogotá, diciembre de 2003.

79 UN PAÍS QUE HUYE, Desplazamiento y violencia de una nación fragmentada, Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos, en colaboración con UNICEF-Colombia, Santa Fe de Bogotá, mayo de 1999.

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La Guerrilla Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, autodenominadas «FARC», a través de su proceso histórico, cumplieron las siguientes etapas: 1.

La historia de las FARC se inicia prácticamente el 09 de Abril de 1948, a raíz del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán80, situación que desembocó en la organización de grupos armados que con un claro objetivo, incrementaron la violencia; termina esta etapa en 1959 y abarca dos fases plenamente definidas: 1 ra

Fase: Se inicia en 1948(9), cuando el Partido Comunista Colombiano (PCC) en su intento por capitalizar el caos que cubría gran parte del territorio nacional, lanza la consigna de organizar la masa campesina para que sirviera de apoyo en la conducción de la resistencia armada. Esta fase termina en 1953, con la amnistía del 13 de junio, otorgada por el General Rojas Pinilla e instalación del nuevo gobierno, habiéndose realizado durante esta fase, como tarea principal, la evacuación campesina hacia las regiones seleccionadas por el Partido Comunista (región de El Davis, Tolima), para instalar en ellas el mayor número de familias campesinas afiliadas al partido.

2a. Fase: Se inicia en 1954 con la organización de la resistencia armada en Cunday y Villarrica, bajo el mando Pedro Antonio Marín (alias Tiro fijo ó Manuel Marulanda Vélez) y Ciro Trujillo Castaño (alias Mayos Ciro); sin embargo, por la acción de las tropas se ven en la necesidad de replegarse hacia la región de la Marquetalia, Guayabero y Río Chiquito; fase que termina en 1959 con la organización de autodefensas en las áreas señaladas, concluyendo así la primera etapa del proceso revolucionario, la cual se caracterizó por falta de coordinación en las acciones y la carencia de una dirección «político-militar» centralizada.

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La segunda etapa se inicia en enero de 1960. El partido Comunista, lanza el «movimiento de autodefensas de Marquetalia», debidamente organizado y entrenado en la contienda armada, por Pedro Antonio Marín e Isauro Yosa, jefes armado y político respectivamente, quienes proclaman la zona como «República Independiente de Marquetalia», estructuran y difunden el 20 de julio de 1964 el denominado «Programa Agrario de los Guerrilleros».

Los anteriores acontecimientos obligaron al Gobierno a tomar las medidas necesarias para la conservación del orden interno, las cuales culminaron en la realización de la «operación Marquetalia» (Mayo/64)81, con la cual se obliga a una nueva dispersión y repliegue de los grupos armados del PCC, 80 El asesinato de Gaitán, contrario a tesis muy difundidas en el sentido de que habría originado «el proceso de la violencia en Colombia», fue sólo el detonador psico-social de una situación que venía madurando a todos los niveles pero que se mantenía bajo la apariencia de la función democrática. Gaitán, entonces, no tuvo dimensiones gestoras de violencia sino un histórico papel sinérgico en cuanto le correspondió, a veces de modo consciente otras no tanto, aglutinar una serie de respuestas sociales que estaban ahí, esperando poder expresarse. Aunque Gaitán, un hombre de derecho y civilista, en sus discursos previó el tenso clima nacional, nadie o muy pocos pudieron entenderlo, ya que la violencia «no había entrado a las calles de Bogotá». Sólo cuando estalló «El Bogotazo», el centralismo colombiano «oficializó» la situación, y le dio carta de existencia formal a una aberración que existía en forma dramática desde hacía años y que, justamente, Gaitán venía denunciando con sus marchas y discursos. 81 En la Operación Marquetalia, Estados Unidos empezó a ensayar las bombas incendiarias que luego, perfeccionadas, fueron lanzadas sobre Vietnam. Los llamadas conflictos de baja intensidad son utilizados para ir probando estrategias y armamentos destinados a confrontaciones grandes.

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hacia las regiones de Río Chiquito, Pato y Guayabero. En esta segunda etapa, las guerrillas fueron obligadas a pasar a la defensiva, gracias a la acción acertada de las tropas, aprovechando que no hubo una decisión militar favorable, los guerrilleros trataron de pasar a una tercera etapa. El movimiento guerrillero se expandió hacia las zonas del Quindío, Valle y Risaralda, aspiraciones que fueron frustradas por tropas de la Octava Brigada, fracaso que obligó a los guerrilleros de las «FARC» a regresar a sus bases de operaciones iniciales, así mismo a revisar sus tácticas de dirección y a definir una nueva estrategia a seguir; disparándose a amplias zonas del Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, y Valle, así como a la región del Sumapaz y Cundinamarca. A través de su larga historia revolucionaria, este movimiento ha desarrollado ocho conferencias guerrilleras y nueve plenos, durante los cuales ha diseñado la táctica y la estrategia para «someter» a las fuerzas del orden, destacándose el Pleno del 89 en el cual rediseñaron el plan estratégico del 82 y dieron luz a la denominada campaña Bolivariana por la nueva Colombia aún vigente. Las Farc se encuentran conformadas por un Estado Mayor Central, constituido por 25 miembros incluidos los siete integrantes del secretariado, cabecillas de los bloques de frente e integrantes representativos de algunas cuadrillas. Cuenta con cinco bloques de frente, dos comandos conjuntos que aglutinan las 61 cuadrillas rurales, 18 compañías móviles con proyección a constituirse en nuevas cuadrillas, cuatro frentes urbanos (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), cuatro columnas móviles para un total aproximado de 11 mil insurgentes. Además, cuenta con las milicias Bolivarianas ubicadas en áreas de injerencia de las cuadrillas rurales cuyo número se ha estimado en aproximadamente 8 mil hombres. La guerrilla actual en conjunto en Colombia, vive la auto-justificación de un proyecto imposible, como lo manifiesta en su última obra «Derechos Humanos y Democracia» Alberto Ramos Garbiras82: «La guerrilla navega todavía entre la insurrección y la revolución, cayendo en la desfiguración de los propósitos: desfiguración propia del ejército intenso y extenso de la violencia, sin la materialización del triunfo»; situación que trae como consecuencia directa el éxodo de campesinos Colombianos. La organización con su actual dispositivo tiene cubierto gran parte del territorio nacional, localizándose estratégicamente a lo largo de la cordillera oriental y en aquellas áreas que por su ubicación ofrecen ventajas geoestratégicas (Urabá-Putumayo-Arauca) y zonas potencialmente económicas. Su influencia armada terrorista se acentuó en el Urabá Antioqueño y Chocoano, Putumayo, Arauca y Meta, entre otros.

El ELN Disidentes de las Farc formaron el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Este grupo concitó el apoyo de los sectores sindicalistas del Departamento de Santander. Elementos universitarios se unieron a sus filas, al igual que una serie de sacerdotes católicos, siguiendo el ejemplo del Padre Camilo Torres que se sumó al movimiento y murió en un

82 RAMOS GARBIRAS, Alberto, Derechos Humanos y Democracia, Departamento de Publicaciones Universidad Libre de Colombia, Seccional de Cali, Editorial FAID, 1999.

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enfrentamiento con el ejército en 1966. El ELN fue liderado durante muchos años por el Padre Manuel Pérez, religioso español que murió en febrero de 1998. En los últimos años, el ELN ha puesto mucho énfasis en su ataque a la legitimidad del proceso democrático y ha secuestrado a numerosos funcionarios públicos y candidatos electorales. El ELN actuó contra figuras políticas con particular virulencia en los meses que antecedieron a las elecciones municipales de octubre de 1997. Sin embargo, después de las elecciones, el ELN siguió secuestrando a alcaldes y concejales locales en número considerable. El ELN también ha luchado a favor de la nacionalización del petróleo. Como parte de esta campaña, ha realizado más de 600 ataques con dinamita desde 1986 contra la infraestructura utilizada por estos sectores industriales. En la actualidad este grupo cuenta con unos 3.000 a 4.000 integrantes. El ELN ha anunciado su interés en procurar una solución política negociada al conflicto armado. El Presidente Pastrana se reunió, después de su elección a la presidencia, con los encarcelados representantes del ELN, Felipe Torres y Francisco Galán, para discutir las propuestas del grupo disidente para las negociaciones de paz. El grupo ha exigido la celebración de una convención nacional para discutir la paz con la sociedad civil y recientemente llevó a cabo varias reuniones preparatorias para dicha convención con el aval del Estado.

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El ELN ha sugerido que, mientras se prepara la convención nacional, las negociaciones deben conducir a la humanización del conflicto, incluyendo una aplicación más estricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Pese a que el ELN afirma que actualmente respeta las normas del Derecho Internacional Humanitario, sus prácticas en materia de secuestros para la extorsión, etc. dejan en claro que en realidad no respeta estas normas como son interpretadas conforme al derecho internacional. En junio de 1998, el ELN firmó un acuerdo en el cual se comprometió a respetar ciertas reglas mínimas del Derecho Internacional Humanitario. Este acuerdo fue firmado con representantes del Comité Nacional de Paz de Colombia en Mainz, Alemania, después de un diálogo entre dirigentes del ELN, representantes del Estado colombiano y representantes de la sociedad civil. Las conversaciones de paz con el ELN han avanzado en los últimos meses a través de algunos contactos y reuniones dentro y fuera de Colombia.

A diferencia de los guerrilleros de las Farc, que acostumbran a andar en largas filas y fuertemente armados, los combatientes del ELN están lejos de mostrar esta ostentación militar. La mayoría de su armamento es viejo y obsoleto. Los 4.218 militares, según cálculo de inteligencia militar (aunque otros observadores dicen que combatiendo solo hay la mitad) tienen fusiles venezolanos tipo AK47. El calibre de la munición es 7.62, de difícil consecución en el mercado. Solo algunos tiene fusiles AR 15 y M16 estadounidenses y de alta precisión. El fuerte de la organización se basa en un grupo de élite especializado en el manejo de explosivos de alto poder. Eso explica que solo en el mes de enero de 2000, cuando quería presionar la realización de la convención nacional, haya volado 200 torres de energía eléctrica83. Eso, no obstante, no significa que su accionar hacia el futuro corresponda a la misma fragilidad. «No necesariamente tiene que lanzar grandes campañas militares, sino que pueden recurrir a acciones aisladas de sabotaje como, por ejemplo, ataques contra la infraestructura eléctrica.

Esta situación obligó al Gobierno a crear batallones de alta montaña, para vigilancia de la infraestructura eléctrica y petrolera.

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La verdadera fuerza del ELN radica en su capacidad de atacar la infraestructura del país. El desarrollo de la guerra implica resolver tres problemas fundamentales: hombres (mandos y tropa), material bélico (adecuado y suficiente) y recursos financieros. Este último es el que finalmente determina los dos anteriores y las posibilidades de continuar la pelea. En el caso del ELN éste parece ser uno de los cuellos de botella para su crecimiento. A diferencia de las Farc, que lo solucionaron recurriendo al cuidado de cultivos ilícitos en gran escala y a las actividades relacionadas con el narcotráfico, dentro del ELN hay cuestionamientos éticos a esta forma de financiación y eso ha hecho que solo unos pocos frentes se hayan involucrado en el negocio ilícito. Por eso son menos poderosos que las Farc. Un estudio del ejército dice que el ELN tiene 40 frentes rurales, 12 comandos urbanos, 29 escuadras menores, todos agrupados en cuatro frentes de guerra que se mueven en diferentes áreas del país, que pueden provocar acciones violentas. Un ejemplo de esto es el ataque del jueves de la semana pasada en San Francisco, Antioquia. Es el primer parte de una guerra que se agudizará. En la misma semana de la suspensión el ELN incrementó la concentración de buena parte de fuerza en el sur de Bolívar, la zona que se convirtió en la piedra del zapato del proceso. El ELN habla de llevar 1.500 hombres para recuperación. Felipe Torres, uno de los comandantes que se encuentran en la cárcel de Itagüí, reconoció que si logran ese propósito la negociación sería a otro precio. «No vamos a aceptar el acuerdo de la Habana ni ningún tipo de reglamento». En principio esta tarea no parece fácil debido a la presencia de Castaño y sus hombres. Aunque el ELN cuenta con el frente Carlos Alirio Buitrago, que según fuentes del ejército dispone de 450 hombres, con la misión de atacar el sector enérgico y realizar operaciones terroristas en el eje vial Bogotá – Medellín, también es cierto que ha recibido severas bajas. Los golpes al ELN están consignados también en el balance de la Fiscalía General de la Nación. Hay detenidos 13 de sus comandantes, entre ellos Armel de Jesús Robles Cermeño, alias «El Chino», Francisco Gaitán y Felipe Torres, y se les ha capturado a 1.341 de sus militantes. El ejército, por su parte, ha dado muerte en combate a 614 de sus miembros.

El EPL El Ejército Popular de Liberación (EPL), surgió en 1965. El grupo originalmente se negó a participar en las negociaciones de paz iniciadas por el Presidente Belisario Betancur. Posteriormente, uno de sus dirigentes, William Calvo, cambió de posición y firmó un acuerdo de paz en 1980. Muchos de los integrantes del grupo aprovecharon la amnistía política que se les ofreció. Sin embargo, muchos otros que se reinsertaron en la vida civil eventualmente regresaron a la lucha guerrillera cuando William Calvo fue asesinado en una calle de Bogotá, el 20 de noviembre de 1985. El EPL pasó luego a ser una de las partes en los acuerdos de paz concertados durante el Gobierno del presidente Virgilio Barco. Posteriormente, muchos de sus miembros se integraron a la vida civil y han formado un partido político denominado «Esperanza, Paz y Libertad». Un número muy elevado de integrantes del EPL reinsertados han sido asesinados84. Estos 84 Este tipo de antecedentes, en los cuales aparece la buena fe vulnerada, la palabra prometida violada, y los compromisos incumplidos por parte de los diversos actores del conflicto, ha hecho más difícil llegar a nuevos acuerdos y futuros avances hacia la paz en Colombia. Es este uno de los factores degenerados del conflicto, que miran los observadores internacionales.

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asesinatos son primordialmente llevados a cabo por la facción disidente del EPL, que no firmó los acuerdos de paz, y por las Farc. Al menos en parte como resultado de la violencia de que fueron objeto, algunos de los anteriores integrantes del movimiento armado disidente se han aliado ahora con las fuerzas de seguridad del Estado e inclusive con los grupos paramilitares.

Paramilitarismo El paramilitarismo85 fue planteado como un proyecto militar que buscaba eliminar a las guerrillas del país. Es obvio que una situación como ésta pusiera en alerta al Estado colombiano, ya que había sido formado dentro de unos fundamentos que los hacían enfrentar sólo conflictos de baja intensidad. De manera que ante la amenaza de aquellos brotes de insurgencia, era necesaria la toma urgente de medidas para combatirlos. Allí está el origen del denominado paramilitarismo. El surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares urbanos hizo que el Estado desarrollará desde los años sesenta, una estrategia contrainsurgente bajo la orientación de la llamada «doctrina de la seguridad nacional»86, que se aplicó con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay, con un saldo de graves violaciones a los Derechos Humanos. La pretensión aparente de la política contrainsurgente era supuestamente la derrota de los grupos guerrilleros, ella se aplicó en forma indiscriminada contra importantes sectores de la población campesina y del movimiento popular urbano que fueron seriamente afectados, iniciándose así una desbandada de campesinos en busca de protección, originados por la incapacidad del Estado para enfrentar la guerrilla. ¿A quién se le echa la culpa del desplazamiento: al Estado o al paramilitarismo? Como diría Gabriel García Márquez en su cuento «Aquí no pasa nada» da igual, es lo mismo. Los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos87 (explotación de recursos naturales como el petróleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.

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El año de 1982, fue el escenario para que en Puerto Boyacá (municipio en el Magdalena Medio ubicado en el departamento de Boyacá) naciera la primera organización paramilitar; por iniciativa del capitán del ejército Oscar Echandía y con el concurso de terratenientes de la región, se le asignó como meta «limpiar junto al ejército a la región de subversión».

72 85 La discusión en torno del origen civil del paramilitarismo, bajo el manto de cooperativas y asociaciones de la comunidad que se arma para su defensa, ya no tiene mucho sentido, según los analistas. Hoy en todas partes se reconoce esta como una estrategia estatal para reforzar sus operaciones militares evitando el desgaste que la guerra sucia produce a los gobiernos. 86 87

Los militares colombianos y de otros países- son entrenados en escuelas del ejército y la marina de los Estados Unidos.

Investigaciones de ONG y estatales indican que conocidos empresarios, hacendados e inversionistas, son los promotores y sostenedores de las citadas organizaciones.

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La incapacidad de garantizar el control social y el orden público se sumaron, por un lado a la accidentada política de diálogo y tregua con algunos grupos alzados en armas impulsada por el presidente Betancur desde 1982 y, por tanto, la intensificación de las denuncias contra la violación de derechos humanos por parte de los militares, las cuales sintieron limitada su capacidad de acción contraguerrillera por vías institucionales además del crecimiento del poder económico de los narcotraficantes que los había llevado a adquirir tierras en algunas de las zonas más fértiles del país (Magdalena Medio, Costa Atlántica, Llanos Orientales), donde existía presencia de organizaciones insurgentes desde décadas anteriores. Los capos del narcotráfico, ahora hechos terratenientes, no estaban dispuestos a someterse a las exigencias económicas y políticas propias de las regiones controladas por los grupos rebeldes y dispusieron de sus cuantiosas fortunas para financiar fuerzas paraestatales. Además, algunos frentes guerrilleros (en particular de las Farc en el Magdalena medio) se habían excedido en la presión económica sobre medianos y pequeños propietarios rurales a través de la contribución forzosa88, el secuestro y la extorsión; ello creó una disposición de algunos campesinos para colaborar con proyectos «antisubversivos». El proyecto contrainsurgente se vio fortalecido por la financiación de narcotraficantes como José Gonzalo Rodríguez Gacha89 quien financió la traída de mercenarios israelitas e ingleses así como la adquisición de sofisticadas armas. Con base en información de inteligencia suministrada por el ejército, se ejecutaba sumariamente a presuntos simpatizantes de la guerrilla dentro y fuera de la región por otro lado, en coordinación con el ejército dieron contundentes golpes a los frentes guerrilleros asentados en el Magdalena Medio desde hace más de tres décadas, logrando casi su total expulsión de la zona. Los hermanos Fidel (Alias «Rambo» y Carlos Castaño), a mediados de los años ochenta, terratenientes y narcotraficantes del departamento de Córdoba, crearon su propia estructura militar antiguerrillera, las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Sus escuadrones han sido responsables de varias de las masacres más notorias como la de Mejor Esquina (Córdoba) con 39 muertos y Puerto Bello (Antioquia) con 42. A fines de los años ochenta aparecieron otros grupos paramilitares como el MNR (Muerte a Revolucionarios del Nordeste), los Blancos, los Yeyes, COLSINGUE (Colombia sin Guerrilleros) y MACOGUE (Muerte a comunistas y guerrilleros), cuya actividad criminal se extendió a otras regiones como los Llanos Orientales donde narcotraficantes y conocidos esmeralderos como Víctor Carranza90 ha adquirido tierras y donde las guerrillas de las Farc poseen una presencia histórica de más de tres décadas. La década de los noventa finaliza con un balance de 12.859 asesinatos políticos y la agudización del conflicto armado en todo el país, siendo la conversión del paramilitarismo responsable del 32 por ciento del desplazamiento en Colombia. La persecución y desestructuración de los grupos paramilitares, desde el Gobierno se reduce a la expedición de una serie de decretos de estado de excepción (anterior estado de sitio), en los cuales los ubica al margen de la ley, sin que con ello haya influido en su existencia. Por el contrario, a través de varios decretos se les ha otorgado un tratamiento benigno. Situación ésta que entorpece el actual proceso de paz llevado a cabo entre el Gobierno y las Farc.

En el conflicto es siempre la población civil, de una manera u otra, la principal afectada.

Gonzalo Gacha conocido como el mexicano, fue famoso por su crueldad en las acciones violentas del cartel de Medellín. Asesinado en el momento de su captura por efectivos de las Policía Nacional. 90 Carranza es el zar de las esmeraldas en Colombia. Hoy está privado de su libertad, acusado de financiar grupos de autodefensas causantes de múltiples masacres en la región de Boyacá.

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El ejército es el primero que hace presencia, con la Fuerza Aérea y/o la Naval al «teatro de operaciones»; donde se presume hay presencia guerrillera o donde los insurgentes han actuado recientemente bombardean y realizan operaciones rastrillo en las zonas rurales, arrinconando a la guerrilla y obligando a la población a refugiarse en los cascos urbanos más cercanos. Luego, llegan los paramilitares y hacen el «trabajo sucio»91, el cual consiste en detener y masacrar a supuestos colaboradores de la guerrilla (en su mayoría pertenecientes a alguna organización cívica, campesina o sindical) cuando no a familias o comunidades enteras de «sospechosos». En algunos casos realizan actos de barbarie como decapitar, descuartizar y castrar a los muertos, tal como la violencia de los cincuenta92; a continuación amenazan de muerte a los demás pobladores y los obligan a huir del municipio o la zona, agravando el drama del desplazamiento. Los terratenientes (varios de los cuales también son políticos y/o narcotraficantes), una vez limpiado el terreno, amplían sus propiedades y las repueblan con allegados y simpatizantes de la nueva alianza terrorista; por último, llegan las Convivir a garantizar «la paz» y el orden. Este libreto ha sido seguido casi al pie de la letra en Riosucio, Alto Baudó y Salaquí en Chocó, Carepa, Pavarandó, San Miguel y Las Mercedes en Antioquia. En algunos casos, las primeras víctimas son los propios alcaldes electos, concejales o autoridades locales, previamente «denunciados» por algunos medios como simpatizantes de la guerrilla. Pertenecer a alguna organización social, a un partido de izquierda o asumir una posición crítica o independiente frente a los «paras» es condenarse a muerte; sólo en el primer semestre de 1997 en el municipio de Segovia (Antioquia) han sido asesinados más de 70 líderes cívicos y populares93.

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El paramilitarismo no sólo es un proyecto político; representa un mecanismo de control militar por parte de grupos económicos poderosos, en particular los ganaderos, los terratenientes, muchos de ellos también narcotraficantes o estrechamente vinculados en sus negocios. Pero el paramilitarismo no sólo protege intereses, sino que contribuye a su concentración y acumulación de bienes. De este modo, a nivel económico el paramilitarismo tiene como finalidad recuperar, salvaguardar, controlar y ampliar espacios en los cuales hay o puede haber inversiones de capital, sea éste ganadero, agroindustrial, minero, energético o narco. Así se evidenció al analizar la geografía de la expansión paramilitar, puesto que no sólo están haciendo presencia allí donde hay guerrilla, sino en lugares donde se juegan grandes intereses económicos presentes o futuros: Hidroeléctricas, recursos petroleros y minerales, mega-proyectos como el Puerto de Urabá o el Canal interoceánico o la Represa de Urrá94. Según revela un informe divulgado por Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES), entidad no gubernamental, el desplazamiento ha registrado en la última década una línea ascendente en el número de afectados por el conflicto armado protagonizado por las guerrillas, los paramilitares y el ejército. En 1998, precisa el informe, se calcula en 308.00 personas la cifra de personas desplazadas violentamente por las dinámicas de terror, muerte y éxodo que propicia masacres, asesinatos y amenazas. En ese año, indica el mismo informe, «se produjo el desplazamiento de 71.613

74 91 Lo anterior parece formar parte de una nueva visión estratégica para evitar sanciones oficiales por parte de los organismos de Derechos Humanos. 92

RIVAS M, Luís, Historia del bandolerismo en el Tolima, Editorial Andes, Ibagué, 1997.

Boletín de Procuraduría Regional de Santiago de Cali, No. 142, Pág. 38.

El Ejército de Liberación Nacional se adelantó a los intereses de los paramilitares y se tomó la Central Hidroeléctrica de Anchicayá en el Valle del Cauca durante cuatro días en el mes de septiembre de 1999.

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hogares integrados en su mayoría por mujeres, niños y niñas y jóvenes menores de edad». En resumen, subraya el documento, «aproximadamente ocho hogares fueron desplazados cada hora en Colombia durante 1993». Sin embargo, para Carlos Castaño95 las masacres no son un método de lucha. «En la AUC respondió Castaño a los periodistas de El Colombiano de Medellín - no consideramos un método de guerra la ola de masacres de las tres últimas semanas. Nuestro método de guerra consiste en enfrentar la subversión utilizando los mismos medios que ella utiliza para agredirnos. No ordenamos masacres; ordenamos dar de baja a los subversivos plenamente identificados en el estado en que se encuentren, de civil o uniformados». Gráfico 1

FUENTE: Consultoría para los Derechos Humanos –CODHES Las estadísticas indican que las masacres se han convertido en el pan de cada día de la confrontación de paramilitares y guerrillas, y que son la piedra en el zapato de varias de las políticas más sensibles del Gobierno. «El fenómeno de estos grupos está creciendo y afectando de lleno a la sociedad a todas las políticas del Gobierno: la de derechos humanos, la de búsqueda de la paz y la de búsqueda de la convivencia y seguridad ciudadanas». El problema, que reviste una gravedad extrema, no es nuevo. Según un estudio realizado por el Ministerio de Defensa, en 1986 los grupos ilegales de autodefensa contaban con 93 hombres en sus filas. Luego de una década, el número de combatientes en esas filas llegaba a 2.880, y en 1999 ascendía a 5.915. El gran salto se dio en el paso del 99 al 2000, año en el que al mes de noviembre las autoridades estimaban en más de 8.000 hombres el pie de fuerza de las autodefensas. 95 Todos los sectores manejan una teoría distinta respecto del estilo y del papel de este líder de las autodefensas, tanto al interior de estas organizaciones como hacia fuera de ellas. Actualmente se desconoce su paradero, no obstante que algunos han dicho que murió rivalizando por el poder interno de las AUC.

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Para algunos observadores ese salto en el número de miembros de las AUC coincide con la campaña de las Farc de atacar poblaciones con cilindros de gas para buscar el retiro de los puestos de Policía de los cascos urbanos, con los ataques terroristas del ELN, como la voladura de torres de energía y el secuestro de civiles del avión Focker y la iglesia de la María, en Cali. Aunque Carlos Castaño lo niega, las estadísticas muestran el aumento vertiginoso de las masacres cometidas por grupos de autodefensas en los últimos años. El estudio del Ministerio de Defensa señala que estos grupos perpetraron seis masacres en 1997, 16 en el 98, 61 en el 99 y a octubre del año 2000 ya eran 75 las masacres. Si ese ritmo de crecimiento se compara con las 23 masacres cometidas en apenas 17 días de este mes, la conclusión obligatoria es que sí se trata de un método de lucha y que la tendencia es a que aumenten y no a que disminuyan en el futuro cercano. El Gobierno venía trabajando en el combate a los grupos paramilitares, y buena parte de su estrategia consistió en aplicar con rigor los correctivos a la violación de los derechos humanos, en especial los cometidos por integrantes de las Fuerzas Militares. En desarrollo de esta especie de purga fueron retirados cerca de 200 miembros del ejército, entre ellos una veintena de oficiales, sobre quienes recaían sospechas o había pruebas de sus vínculos con grupos de autodefensas. Esa limpieza parece haber tenido un resultado positivo en la medida en que logró disminuir sensiblemente los nexos entre militares y autodefensas y permitió rebajar los índices de violación de los derechos humanos por parte del Estado colombiano96. Las alarmas en el Gobierno se activaron cuando las autoridades se percataron de que a pesar de todas las medidas tomadas no sólo se dispararon los datos de efectivos reclutados por las autodefensas y los ataques perpetrados por estos grupos, sino que los sondeos de opinión empezaron a mostrar una simpatía creciente de los colombianos por este tipo de manifestaciones violentas. Fue así como se creó lo que se conoce como el grupo antisicarial. Se trata de un programa gubernamental que busca coordinar los esfuerzos de las distintas agencias del Gobierno que tienen algo que ver con el tema.

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La idea salió de un consejo de seguridad que presidio Andrés Pastrana, y al que asintieron también el vicefiscal General de la Nación y el procurador Jairo Bernal Cuellar. La reunión, cuyos asistentes coinciden en calificar como una de las más importantes y efectivas entre las realizadas sobre ese tema, fue el primer paso para la elaboración del plan, que se concretó finalmente el martes 18 de enero de 2000 en el Ministerio de Defensa.

En esta reunión, a la que asistieron el fiscal Alfonso Gómez Méndez y el nuevo procurador, Edgardo Maya Villazón, fue diseñada la nueva política contra el paramilitarismo en dos niveles. Por un lado, la creación del grupo antisicarial, integrado por representantes de todos los programas de seguridad y la Fiscalidad, con el fin de unificar esfuerzos y compartir información y recursos para combatir de manera más contundente y eficaz los grupos paramilitares. Y, por otro, reconocer que el fortalecimiento del ejército y la policía en la lucha contra la guerrilla es una forma eficaz de evitar el desarrollo de los grupos paramilitares y del apoyo ciudadano a este tipo de organización. Es así como hoy se definen claramente dos formas de actuar: Por un lado, enfrentando estas organizaciones en bloque, y al mismo tiempo fortaleciendo a la fuerza pública para que la sociedad no vea a los paramilitares como una opción, que es lo que está ocurriendo. 96 El «mejoramiento de los índices de respeto a los Derechos Humanos», registrados por el Estado en los escenarios internacionales, se explica, sin duda, en gran parte, a estrategias como esta. Hay que reconocer que las tareas de información y educación realizadas dentro de las escuelas de formación castrense, también han ido creando una cultura nueva o, al menos, un proceso de sensibilización en la oficialidad. Sin embargo, las coberturas son bajísimas (y ni qué decir en el resto de las filas).

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Todo lo ocurrido en este sangriento comienzo de año muestra que el aterrador escenario de la guerra difícilmente puede ser peor. Pero si de rescatar algo bueno detrás de todo este horror se trata, habría que mencionar dos cosas. La primera, que el Gobierno tomó una serie de medidas que pueden llegar a ser un paso importante en la lucha contra estos grupos. Y la segunda, que lo sucedido debe servir para que algunos sectores de opinión que se habían dejado seducir en los últimos meses por el discurso paramilitar recapaciten y entren en razón.

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CAPíTULO

DESPLAZADOS EN CALI

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El fenómeno de los desplazados en Cali no sólo se debe a problemas de violencia en otras zonas sino también a la irrupción de actores armados urbanos en la misma ciudad. Los desplazados llegan a Cali huyendo97 de la confrontación armada, del terror que imponen los actores armados en el vecino departamento del Cauca, de la violación de los derechos humanos en Nariño y Putumayo, de la violencia generalizada de la región de Urabá y Córdoba, y (cada vez con más frecuencia) de la guerra sucia que se apoderó del departamento del Chocó. Cali es el punto de llegada de familias y colonos vinculados a cultivos ilícitos en el sur del país y que comienza a retornar a esos departamentos de origen como consecuencia de los conflictos armados presentados desde 1996 y de la presión de la fuerza pública para que abandonen esas actividades. La población desplazada por razones de violencia en Cali se estima en 45 mil personas, que integran 9 mil hogares, en sumatoria de mujeres y menores de edad provenientes de regiones agrarias, o expulsados de zonas urbanas de la misma ciudad. En promedio cada día llegan a Cali tres familias desplazadas por violencia, cifra que constituye motivo de preocupación sobre los efectos del conflicto armado interno y de la violencia en la capital del departamento del Valle del Cauca; la cifra creció a 54.000 personas, o sea, a 10.700 hogares98. Aferrados a la esperanza de poder encontrar solución a sus problemas, los desplazados llegan a esta ciudad, «pensando que Cali es un paraíso», con la aspiración de establecer un negocio, de encontrar algún tipo de trabajo o de hallar ventajas sociales. Infortunadamente «Aquí se van a llevar una decepción porque la situación está muy dura», advierte el secretario de gobierno Municipal Carlos José Holguín Molina99. Por ello, El Comité Local de Emergencia (CLE) el 20 de agosto de 1999,

81 97 La mayoría manifiesta que dejó todo sin pensarlo un instante, «en lo único que uno primero piensa es no más en los hijitos, lo demás queda intacto como quedó». Las casas son abandonadas con las puertas o ventanas abiertas, la olla sigue en el fogón cociendo algo para nadie «y la ropita que nunca volveremos a ponernos, colgada, allí secándose al sol» (versiones de los desplazados). 98

CODHES, op cit, Pág. 37.

Periódico El País. Agosto 20 de 1999, Pág. 12.

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generó una campaña en conjunto con la Policía Metropolitana para evitar la entrada de más familias desplazadas, debido a que el Valle del Cauca, y en especial Cali, atraviesa por la peor crisis de su historia. La violencia aumentó sobre todo en la zona de Jamundí, comprobándose incluso la presencia de grupos paramilitares. El problema podría pasar desapercibido en la ciudad, si se toman como referencia los altos índices de desplazados en otras ciudades del país, pero la persistencia de los conflictos armados y de múltiples formas de violencia rural y urbana exigen acciones para prevenir el fenómeno y cada vez con más urgencia, para proteger y atender a las personas que en los últimos cinco años huyeron de otras regiones y se ubicaron en otra ciudad en busca de un mejor porvenir. Gráf ico 2. Desplazados en Cali según depar tament o de e xpulsión Gráfico departament tamento expulsión

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Fuente: Codnes – Sisdes

La población desplazada por razones de violencia en Cali se estima en 53.500 personas que integran 10.700 hogares, en su mayoría mujeres y menores de edad, provenientes de regiones agrarias o expulsadas de zonas urbanas de la misma ciudad.100

Zonas de expulsión En su mayoría, los desplazados forzados identificados en la ciudad provienen de diversos lugares de la geografía nacional: Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Costa Atlántica y de diferentes lugares o barrios dentro de la misma ciudad, que se caracterizan por ser 100 Proyección realizada a partir de los datos de la Conferencia Episcopal (1985 – 1994) y de la consultaría para los derechos humanos y el desplazamiento, CODHES (1995 –96).

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el escenario de múltiples violencias que atentan contra la vida, la seguridad de personas y familias. Los desplazados se identifican en el temor y el miedo que comparten, en la indefensión y la zozobra que los embarga al vivir en un lugar que no les garantiza su seguridad. Además de los desplazados que provienen del departamento del Valle del Cauca (37%) están los que vienen del vecino departamento del Cauca (23%), el cual ofrece particulares condiciones de violencia, conflictos por la tierra y pobreza, que generan una migración constante hacia la ciudad de Cali. También es significativa la cifra de desplazados provenientes de los departamentos de Nariño y Putumayo (22%), zonas de conflictos relacionados con cultivos ilícitos, con enfrentamientos armados entre guerrilla y fuerza pública y con la persecución de miembros del ejército y la policía del Ecuador en esa zona fronteriza. Otra zona de expulsión de población que llega a la ciudad de Cali, y que presenta alguna relevancia en el estudio, es el departamento de Antioquia (5%), específicamente los municipios del eje bananero de la zona del Urabá. A ello se suma la tendencia migratoria de personas oriundas del departamento del Chocó (4%), una de las regiones del país más azotada por la intensidad del conflicto armado. La naturaleza de las relaciones étnico – familiares y la cercanía geográfica contribuyen a que estas personas orienten sus esperanzas de vida hacia Cali. Situación similar se registra en el caso de los desplazados de los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas (4%) que buscan en la capital del Valle una posibilidad frente a la crisis del café101 y las crecientes manifestaciones de violencia que se generan en esas regiones del país. El departamento del Huila (2%), los departamentos de la Costa Atlántica (1%), en especial Córdoba y Sucre, y las zonas fronterizas con Venezuela, complementan las zonas de expulsión de los desplazados por la violencia que identificó el estudio en la ciudad de Cali. La información consolidada del total de hogares desplazados encuestados permite afirmar que las milicias urbanas, la guerrilla y los grupos paramilitares son los principales responsables del desplazamiento forzado de la población que arriba a la ciudad de Cali. El caso de las milicias urbanas tiene una explicación en el alto índice de hogares desplazados que se vieron obligados a huir de un lugar a otro dentro de la misma ciudad. Es posible, y así lo indica el trabajo de campo, que este alto porcentaje tenga relación, además de la existencia de milicias urbanas de grupos guerrilleros (milicias bolivarianas de la Farc y milicias populares del ELN), con la proliferación de pandillas armadas que asumen el control de diversos barrios y zonas de la ciudad e imponen por la fuerza su autoridad, obligando a muchas familias a salir para salvar su vida.

101 La cultura del eje cafetero, considerada en los años ochenta como inexpugnables para los violentos, fue, finalmente, filtrada y deteriorada.

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Gráfico 3. Responsables del desplazamiento

Fuente: Codnes – Sisdes

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Gráfico 4. Otros responsables del desplazamiento.

Fuente: Codhes - Sisdes Pero los actores armados no son los únicos responsables de esta situación de desarraigo; el 29 por ciento de los desplazados señaló que «La violencia y la pobreza», «las pandillas juveniles» o el «miedo» que los impulsa a huir de las zonas de conflictos, sumado a la «violencia intrafamiliar», la «violencia entre vecinos» y la «inseguridad», son también factores que provocan desplazamiento. Las acciones contra la población civil por parte de los grupos guerrilleros102 que operan en el

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Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Antioquia, también son causa directa de desplazamiento a la ciudad de Cali. Algunos indican que este alto índice de responsabilidad de la guerrilla es explicable por las formas de sometimiento violento de la población que ha caracterizado a algunos de estos grupos en zonas campesinas e indígenas del Cauca y zonas limítrofes con el Valle103. La fuerza pública (Fuerzas Militares, Policía Nacional y DAS) es señalada como responsables del desplazamiento del 5 por ciento del total de los hogares encuestados, un porcentaje relativamente bajo en comparación con los índices nacionales104. Como últimos responsables del desarraigo forzado de cientos de campesinos de sus terruños, están los narcotraficantes; señalados por un 4 por ciento de los hogares desplazados como culpables directos de su penosa situación, en un hecho que muestra sólo una parte del problema, pues es evidente que estos sectores acuden a la presión, la amenaza y la muerte para imponer sus propósitos ilícitos. Los grados de temor que caracteriza a esta población hacen difícil que señalen a estos sectores delincuenciales. En consecuencia, las amenazas, la intimidación y el terror, obligaron a la mayoría de hogares encuestados a huir en busca de seguridad y protección. Un porcentaje relativamente alto de desplazados, en su gran mayoría gobernados por la ley del silencio que caracteriza a la población objeto de la presión de los actores armados, se abstuvo de responder la pregunta sobre los hechos que motivaron su salida. El miedo, respuesta recurrente de los desplazados, los asesinatos individuales y colectivos, y los atentados, entre otros hechos, complementan las respuestas sobre las causas de salida obligada de las personas afectadas. Las entrevistas de profundidad con los desplazados después de la aplicación de las encuestas permiten identificar algunos de los factores que determinan el desplazamiento:

85 102 El involucramiento de la población civil en el conflicto, y, sobre todo, su maltrato por los distintos actores, ha generado nuevas dinámicas y cambios notorios en el poder regional de estos. 103 Entrevista con miembros de un grupo de guerrilleros reinsertados a la vida civil en el departamento del Valle y ubicados en la ciudad de Cali (Octubre de 1996). 104

CODHES, Sistema de Información de Hogares Desplazados por Violencia, SISDES,

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Gráfico 5. Causas del desplazamiento

FUENTE: Entrevistas con víctimas del desplazamiento. Persecución e intimidación a militantes de partidos o grupos políticos (de izquierda, de partidos tradicionales y movimientos cívicos, reinsertados de grupos guerrilleros, concejales y autoridades municipales). Desatada en algunos de los departamentos de procedencia de los desplazados: Antioquia, Cauca, Nariño, Valle, Cauca.

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Persecución a sindicalistas, maestros105, líderes y miembros de organizaciones comunitarias, defensores de los intereses de pequeños propietarios, campesinos pobres que se niegan a colaborar con actores armados y críticos de los protagonistas de acciones generadores de violencia. Desalojo de campesinos y adquisición de tierras aptas para la producción y/o explotación agropecuaria por parte de grupos al servicio de inversionistas, algunos anónimos, que llegan a zonas específicas del territorio nacional y proceden con el poder del dinero o de la intimidación en detrimento de la población nativa106. Deterioro de la calidad de vida de la población por la escasez de fuentes de trabajo y la inseguridad que presentan zonas rurales en donde prevalece la confrontación armada y se hace más evidente la crisis agropecuaria.

86 105 El debilitamiento de la base sindical y de sus sindicatos ha sido tal, que en el primer semestre del 2005 sólo el 7 por ciento de la población laboral estaba sindicalizada, según cifras del Ministerio de Protección Social. 106 «Un señor, de esos que compran las mejores tierras, compró mucha; lo primero que hizo fue acercar y cambiar el cauce del río para alimentar sus criaderos de pescado, por este motivo en épocas de mucha lluvia empezaron a inundarse las tierras y a dañarse las cosechas... misteriosamente a quienes nos reuníamos para tratar estos asuntos y para reclamar el daño que teníamos, nos empezaron a aparecer algunos familiares muertos y otros fuimos amenazados para que nos fuéramos... desde la aparición del señor terrateniente se empezó a sentir el hambre y el miedo». Testimonio de una familia desplazada de Bocas del Satinga.

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La inexistencia de dinámicas soterradas tendientes a generar miedo en los campesinos y la población civil vinculada con organizaciones comunitarias y a producir el desplazamiento forzado. Algunos agentes del Estado, miembros de las fuerzas armadas que actúan en coordinación con grupos paramilitares, tienen relación con estos casos107. Las amenazas a los campesinos inculpados de ser colaboradores y auxiliadores de uno a otro bando108. La quiebra de productores, campesinos y pobladores de las zonas cafeteras del país y de municipios del norte del Valle, azotadas por la crisis económica y por algunas manifestaciones de violencia vinculadas al narcotráfico que afectan al sector. Estas personas se vinieron para Cali en busca de mejores oportunidades109. Los desastres naturales del departamento del Cauca, los desbordamientos de algunos ríos en la región del suroccidente del país o la combinación de varios de los anteriores. Otra causa de los desplazamientos tiene relación con la crisis de orden público, registrada en los departamentos del sur del país como consecuencia de la erradicación de cultivos ilícitos. Llama la atención que el 49 por ciento del total de jefes de hogar encuestados corresponde a mujeres entre 20 y 40 años, en sus mayorías abandonadas o viudas y con la responsabilidad de un promedio de cuatro hijos. En Colombia, el promedio de mujeres desplazadas cabeza de familia es el 31 por ciento, lo que indica que este fenómeno en Cali es significativamente superior. La población base de este estudio incluye 521 hogares en situación de desplazamiento integrados por 1.876 miembros, de los cuales el 53.73 por ciento son mujeres y el 45.74 por ciento son hombres. Son personas desempleadas, en su mayoría, o con muy bajos ingresos, que en su afán de proteger sus vidas, encontrar un refugio o satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y bienestar, a las cuales es más difícil acceder en las zonas de violencia, llegan a la ciudad generando un aumento relevante de su población.

107 «... Soy desplazada por el pecado de ser testigo de una masacre en una población del Urabá antioqueño... cuando era soldado hacíamos inteligencia en compañía de paras.... salí de la zona junto con mi familia con la ayuda de una ONG y organismos internacionales...» Testimonio de un desplazado de Chirorodó. 108 «Nos vinimos de Caldono porque han matado a varios de mis hermanos, no sé por qué les han hecho eso... somos gente honrada, campesinos dedicados al cultivo de la tierra ... una vecina me informó que tenía la sospecha de que mi hermano era uno de los que estaba diciendo lo que no debía y que por eso fue que lo mataron... entonces nos empezamos a venir, primero mandamos a mi hijo mayor que tiene 16 años a Santander para que le ayudara a un cuñado, luego se vino mi marido luego me vine yo con mis otros dos hijos... mi marido se vino para Cali con la ayuda del hermano a ver cómo le iba... se compró una carretilla y trajimos el caballo, ahora estamos viviendo aquí... pero la situación está muy dura, los hijos no están estudiando y el mayor está sin trabajo porque no tiene papeles... él sale a trabajar, hay veces con unos amigos que saben de construcción y otros de reciclaje...» Testimonio de una familia del Cauca residente en un sector la Comuna Siete. 109 «Nos vinimos para acá porque la situación está muy verraca, se han aumentado los robos y la desocupación... hay veces que no se conseguía ni para remesiar, al principio no nos decidíamos, pero al final nos vinimos porque tenemos familia viviendo desde varios años aquí... tomamos la decisión porque siempre nos han dicho que en Cali ningún paisa se va a varar, al comienzo todo marchó bien , pero ahora aquí la situación también esta dura... hay mucho robos, peleas y los negocios no prosperan... los papás no tienen plata y les toca rebuscarse para medio vivir, las personas y más los jóvenes, hacen lo que sea... y me da pena decir, pero aquí sí se cumple lo que los paisas hemos aprendido desde chiquitos: hijo mío consigue dinero honradamente y si no lo consigues, hijo mío consíguelo.... Testimonio de un padre de una familia desplazada del norte del Valle, residente en MarroquínII.

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Buena parte de esta población corresponde a adolescentes habitantes de los barrios más pobres de la ciudad, que están inmersos o huyen de diferentes formas de violencias. Algunos ven en las pandillas juveniles una forma de «protección» y ocasionalmente participan en «cruces» (acciones delictivas), con el fin de conseguir algo para el sustento de su familia. Otros son jóvenes recién llegados a los barrios marginales que, por negarse a pertenecer a determinados grupos o pandillas, son amenazados con perder sus vidas y las de sus familiares más cercanos. Un 45 por ciento de los hogares desplazados tenían tierra para trabajar y, de éstos, el 83 por ciento en calidad de propietarios. Es decir, más de la mitad de los jefes de familias desplazadas en Cali provienen del campo y son, en su mayoría, campesinos pobres cuya propiedad correspondía a menos de una hectárea (45%) o poseían entre 1 y 20 hectáreas de tierra (22%) El hecho más dramático es que más del 55 por ciento de los jefes de hogares desplazados que poseían tierras tuvieron que abandonarlas110 como consecuencia de la violencia. Lo que confirma, una vez más, que alrededor de los fenómenos de violencia y confrontación armada se ocultan intereses económicos relacionados con la llamada contrarreforma agraria que afecta a pequeños y medianos propietarios. En el mejor de los casos, los campesinos logran vender la tierra antes del desplazamiento, pero a los precios que determina la intimidación que imponen los depositarios de las armas y el terror.

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Gráf ico 6. Tenencia de la tierra antes del desplazamiento Gráfico

FUENTE: Jefes de familia entrevistados sobre el tema.

110 Una de las grandes discusiones que se están dando entre el sector de desplazados es sobre la validez de los títulos de sus tierras, los cuales han sido reciclados por otros no auténticos o bajo presuntas negociaciones de venta.

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Gráf ico 7 Gráfico 7.. Tenencia de la tierra antes del desplazamiento

FUENTE: Jefes de familia entrevistados sobre el tema. Como es apenas obvio, los índices de desempleo en la población desplazada económicamente activa, superan los índices oficiales de desempeño para la ciudad de Cali. El 67 por ciento del total de los jefes de hogar en situación de desplazamiento no tiene una ocupación remunerada, cifra que incide en el desempleo del 17 por ciento del total de la población económicamente activa en la ciudad de Cali, según reporte del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane). Mientras las ventas ambulantes representan una opción de ingresos para el 16 por ciento del total de jefes de hogar desplazados, en el proceso de desplazamiento disminuyeron los empleados formales (pasaron del 8% al 2%), los asalariados agrícolas (del 23% al 13%) y los comerciantes (del 8% al 0.5%).

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Gráfico 8. Área de terreno en hectáreas

FUENTE. Departamento Nacional de Estadística, DANE

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Gráfico 9. ¿Qué pasó con la tierra?

90 FUENTE: Encuesta a jefes de hogar desplazados El hogar, como espacio de trabajo para la mujer, disminuyó del 19 al 4 por ciento, lo que explica que gran número de mujeres desplazadas se han visto obligadas a vincularse a oficios domésticos, ventas ambulantes u otros trabajos informales para garantizar su subsistencia y las de sus hijos.

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El 40 por ciento de los jefes de familia no percibió ningún ingreso durante el mes anterior a la aplicación del formulario. Mientras que el 21 por ciento obtuvo ingresos entre $60.000 y $120.000, y el 26 por ciento entre $120.000 y $180.000, sólo el 11 por ciento de otros miembros de hogares desplazados obtuvieron ingresos que oscilan entre menos de $60.000 y $180.000111. Este panorama laboral sólo confirma el deterioro de la calidad de vida de los desplazados y el grave problema social que implica su existencia y crecimiento como fenómeno social producido por la violencia que impera en el país.

¿Permanencia, reubicación o retorno? El futur o incier futuro inciertto Quedarse en Cali, como una opción de seguridad frente a la violencia que continúa en las zonas de las cuales fueron expulsados, es la decisión de la inmensa mayoría (72%) de las familias desplazadas por la violencia y ubicadas en la capital del Valle del Cauca112. Un número significativo (14%) desea reubicarse en otra zona del país y un 10 por ciento está dispuesto a retornar al lugar donde fue expulsado por la violencia. Aunque la mayoría de los desplazados se mostraron dispuestos a dialogar en el curso de esta indagación, sin embargo un 38 por ciento se abstuvo de responder; pero el silencio es una forma de expresión cuando quiere significar la resignación frente a la tragedia acumulada. Gráf ico 1 0. Ocupación jefe de hogares desplazado antes después del desplazamiento. Gráfico 10.

91 Fuente: Codnes – Sisdes 111

Para 1996 el salario mínimo en Colombia era de $142.525.oo

112 Nótese la presión social para la toma de decisiones que rodea una determinación como esta, la cual no consulta un concepto de planeación urbana sino de atención prioritaria de una emergencia como lo es el desplazamiento originado por el conflicto. La

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Gráfico 11. Ocupación jefe de hogar desplazado después del desplazamiento.

FUENTE: Encuesta a jefes de hogar. Un 6 por ciento manifestó que prefieren vivir en esta ciudad por tranquilidad y recuerdan los hechos de violencia que motivaron la salida.

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Otras respuestas encierran la particularidad de cada familia y las expectativas que tienen frente al futuro inmediato: «Es mejor el ambiente y hay posibilidades de trabajo» / «estoy reunido con los familiares» / «aquí es mejor la situación» / « ya conseguí casita propia» / «aquí tengo más futuro» / «aquí va mejor que donde estaba» / « ese es mi destino « / «quiero conseguir vivienda» / «por la educación de los niños» / «porque hay menos violencia» / « para que mis hijos salgan adelante sin tanta violencia» / «aquí no me amenazan, no hay violencia ni guerrilla» / «me amaño, lavo y plancho» / porque aquí mi esposo no me maltrata» / «por el ambiente» / porque Cali es la capital del cielo». En el caso de quienes desean reubicarse, hay un porcentaje importante (19%) de desplazados sometidos a nuevas reformas de violencia en la ciudad: «hay mucha pandilla» / «por peleas entre vecinos» / «porque tengo una hermana aliada a la guerrilla» / por tantas peleas, robos y muertes» / «vivo muy amenazada» / «hay mucha inseguridad» / «tengo miedo de tanta violencia». Otros (10%) afirman que desean volver a trabajar en el campo, en tanto que algunos se refieren a las necesidades de trabajo, a las dificultades para conseguir vivienda, a la necesidad de buscar otras

92 capital del Valle, en términos de planeación urbana, es una de las ciudades más comprometidas «con sus propios problemas», como suelen referirse en sus informes los técnicos. Cali tiene en estos momentos el más alto nivel de desarticulación social y económica. Sus más indispensables organizaciones de servicio público (Emcali, Emsirva, obras públicas, la vivienda popular, la red de escuelas y los centros de salud, están pasando por uno de los momentos más críticos de su historia. Un vago reflejo son las basuras en las vías, los grandes huecos de sus calles, la mendicidad, los niños sin escuela y el comercio informal de los semáforos). Lo anterior indica que esta ciudad ni es el escenario que pueda ofrecer una ayuda plena y satisfactoria a los desplazados ni se advierte que haya un futuro promisorio, excepto que se adopten medidas radicales y altas inversiones en el futuro inmediato. Ese es el compromiso inmediato de todos los ciudadanos (incluida la colaboración constructiva de los actores del conflicto).

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alternativas y oportunidades, al alto costo de la vida en Cali o al aburrimiento, la soledad y la angustia de vivir en la ciudad. En cuanto a quienes desean retornar, una vez más aparece la no respuesta y el silencio de un 28 por ciento de los desplazados113, mientras que la respuesta del 19 por ciento fue el deseo de recuperar los bienes abandonados y volver a trabajar en el campo. El 12 por ciento manifestó su interés por reunificar la familia, en tanto que otras respuestas tienen que ver con el aburrimiento, la soledad, el maltrato del esposo y la posibilidad de que «las cosas estén más tranquilas allá y no haya tanta violencia...» Las expectativas de permanencia, retorno o renunciación tienen relación con las necesidades más importantes de los desplazados en cuanto a generación de ingresos se refiere. La microempresa, como opción individual o familiar de subsistencia, y el trabajo asalariado constituyen, según las respuestas, las principales alternativas de trabajo de los desplazados. En cuanto a las microempresas, es válido señalar que tiene correspondencia con la solicitud de capacitación técnica advertida en las necesidades en materia de educación114. Y en cuanto a tierras y trabajo en el campo, una vez más una franja de la población desplazada insiste en esa posibilidad que implica retorno o renunciación de la población en zonas agrarias.

Consecuencias del Desplazamiento Comprender adecuadamente el fenómeno del desplazamiento forzoso en Colombia, implica considerar las diversas situaciones de caos y violencia prolongada, revestidas, en la mayoría de los casos, de irracionalidad y de la primariedad característica de procesos sociales arbitrarios. El orden, como organizador del aparato psíquico no ha existido en el sentido real de la palabra. En cambio ha habido un orden impuesto, sostenido por la muerte, la corrupción y el terror, que de ninguna manera pueden generar valores primarios organizadores como son los de la vida y la solidaridad. La imposición social de la violencia ha impedido pensarla, hacerla socialmente consciente con miras a implementarse mecanismos de cohesión reestructurados de las relaciones entre los individuos y la sociedad. Es así que, señalamos a continuación las que consideramos algunas de las consecuencias del desplazamiento: SOCIOECONÓMICAS: Los Departamentos Antioquia, Santander, Meta, Córdoba, Cauca, Boyacá, Bolívar, Norte de Santander y Cesar son regiones que afrontan una crisis que afecta tanto a los propie-

113 El temor de este núcleo poblacional radica, en principio, en la cronicidad del conflicto y las bajas esperanzas de que se logre un acuerdo de paz. En esta actitud va implícito también el convencimiento de que el Estado no tiene el poder suficiente para garantizar su presencia en las zonas que debieron abandonar por el mismo motivo. 114 No obstante, si el desplazado no tiene dinero para pagarse el curso de capacitación, queda marginado del aporte de crédito y de la asesoría para desarrollar su microempresa.

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tarios como a la población asalariada obligados a migrar. Esto causa un gran deterioro en su calidad de vida y como consecuencia constituye un factor de incremento del desempleo, dada la magnitud de estos flujos migratorios. POLÍTICAS: La mayoría de los desplazados son víctimas de la violencia y de esta manera deben ser apoyados por parte del Estado, garante de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Los desplazados en algunos casos no pierden su identidad o tradición partidista y en la práctica se sienten decepcionados con la colectividad porque ésta no ha sido solidaria en el tiempo de desplazamiento y menos en su reubicación115. El desplazamiento generado por violencia política, incrementa el abstencionismo, atenta contra los derechos de participación, libre expresión y movilización. PSICOSOCIALES: El fenómeno socio-demográfico provocado por razones violentas genera un proceso colectivo de desarraigo que afecta a un sector importante de la población con grandes repercusiones en la vida nacional. Las experiencias agresivas insensibilizan ante la crueldad y las personas se transforman en seres diferentes, lo que se constituye en una penetración de los patrones de violencia con consecuencias en la salud mental y en el entorno social, también se puede incrementar el consumo de alcohol y de drogas, el aislamiento social, la depresión profunda, la disfunción familiar, laboral y social. La migración no es sólo una respuesta a las situaciones dadas, es una combinación de factores sociológicos relacionados con procesos afectivos. La pérdida de tierra es una de las consecuencias principales del desplazamiento; pero trae consigo implícitas muchas otras, como el amedrantamiento obtenido por el impacto de la selectividad de la violencia, sobre los líderes y miembros de organizaciones campesinas, y sobre los jefes de familia. El desplazamiento produce efectos en los núcleos familiares en: La mujer se tiene que constituir en cabeza de hogar, y como no hay fuentes de empleo en la economía formal, debe ingresar al rebusque cotidiano.

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Los niños deben interrumpir bruscamente sus estudios que generalmente nunca concluyen, pues en los lugares donde son nacidos no existen políticas al respecto.

Los sobrevivientes masculinos quedan sin trabajo y pierden su tranquilidad y seguridad. Los hogares se ven obligados a recomponerse y reorganizarse, eliminando incluso la satisfacción de sus mínimas necesidades y se ven forzados a vivir por el sustento diario, cambiando las responsabilidades dentro del nuevo grupo familiar116.

115 Muchos directorios políticos no poseen ni una lista siquiera de los desplazados de su área o de sus copartidarios que han llegado hasta allí a buscar respaldo. 116 E90 por ciento de los hogares desplazados, sufre politráumas que estimulan la desintegración del estilo de vida y de la estructura de familia originales (estimación del Instituto de Bienestar Familiar).

CAPíTULO

TRABAJO DE CAMPO

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Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Hipótesis La población desplazada por la violencia en los corregimientos de Nogales, Buenos Aires, La Florida, El Crucero, Frisoles, pertenecientes al municipio de Buga, han encontrado en el coliseo cubierto de esta ciudad, un sitio de albergue para poder subsistir en medio de la crisis social por la que atraviesan. El Estado Colombiano ha creado la Ley 387 de 1997, con el fin de brindar ayuda a los desplazados; sin embargo, al trabajar con ellos y entrevistarlos, se concluye que el Gobierno los tiene en un total abandono117, los auxilios que han recibido hasta el momento provienen de la gente particular y del sector privado quienes, conmovidos por su situación, han decidido colaborar con alimentos, colchones, cobijas, artículos de aseo, etc. Otros auxilios han llegado a través de la Cruz Roja Nacional e Internacional. Aparte de esto, está decretado que el Gobierno tiene no sólo que dar una solución definitiva a este problema sino que debe velar por la convivencia en paz, y lo que se está haciendo es crear proyectos de grupos paramilitares para que combatan a la guerrilla, generando más violencia y provocando el desplazamiento forzado en estos lugares; lo que lleva a concluir que, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto. Los primeros meses estos desplazados recibieron la ayuda de la Red de Solidaridad Social, pero ya ésta ya ha ido desapareciendo, las ONGs no trabajan en bien de ellos, sino que buscan beneficios personales y propios por medio de la crisis que vive esta pobre población campesina.

97 117 Es tan real esta situación, que, como ya hemos dicho, se define un agrietamiento estructural en las relaciones Estadociudadano. El desplazado (antes de ser amenazado y huir) venía afrontando décadas de abandono estatal, sin semillas, sin crédito, sin maquinaria, sin abonos, sin transporte para su producido, sin una estructura de precios que proteja sus cosechas y, desde luego, sin canales de distribución. Muchos lugares carecen hasta de educación básica y jamás han tenido un médico en su vida. Finalmente, el Estado incumple con la vigilancia y el orden, con el sagrado deber constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de sus ciudadanos rurales. Ningún personero, fiscal, procurador, congresista, diputado o concejal, investiga en pos de los responsables o siquiera ofrece a los desplazados ayuda coyuntural.

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Las instituciones designadas por el Gobierno para que trabajen en su ayuda, o han hecho su aparición y el presupuesto que se dice haber para estas situaciones, no se ve por ningún lado, hasta el momento no se han presentado planes de trabajo o proyectos integrales por parte del Estado para mejorar sus problemas actuales.

Justificación El Gobierno colombiano ha planteado una ley con una serie de artículos para brindarles una medida de protección a los desplazados por la violencia. Se quiere demostrar si esta ley la están cumpliendo a cabalidad los personeros de los distintos municipios donde se encuentran la mayor cantidad de población que vive esta crisis social. La investigación se hará en una de las ciudades donde se encuentran refugiadas estas personas, con el objeto de mirar si tienen la ayuda necesaria que el Gobierno, a través de sus decretos, les brinda. Hacer una encuesta con la gente teniendo en cuenta los artículos a cumplir de la Ley 387 de 1997 ; por lo cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección consolidación y estabilización socio-económica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. El trabajo a realizar, mostrará si efectivamente se cumple con lo establecido en la Ley de los desplazados. Mirar si las ayudas que estas están obteniendo provienen del Estado o de qué entidades, además tener conocimientos si el Gobierno está elaborando planes o proyectos integrales que ayuden a dar una solución definitiva a la situación por la que pasan estos campesinos.

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La otra parte de la investigación se orienta hacia las condiciones en que se encuentra viviendo esta gente en los lugares que han sido asignados como refugio, es decir, enterarse si cuentan con los primeros auxilios en salud, alimentación, albergue e higiene. La parte final consistirá en verificar si hay un plan a corto plazo donde les den la solución definitiva a su problema después de ocho meses de asignamiento; comprobar si los derechos a los que tienen los desplazados se respetan118 y si las entidades que deben contribuir están haciendo su presencia en el sector del Valle.

98 118 «Nuestra primera tarea, nuestro primer fin, es luchar por la protección de la persona humana afectada en Colombia por graves atentados cometidos por fuerzas que participan en un conflicto interno. Este es, además, el principio ético sine qua non de la paz y la democracia», GÓMEZ, Juan Gabriel, La humanización del conflicto armado y la realización de acuerdos de paz en el caso salvadoreño»

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Modelo de Encuesta 1.

¿Han recibido ayudas desde el día que llegaron aquí, hasta hoy?

a) SI b ) NO c) NO SABE. 2.

¿Han sentido que los habitantes de Buga los han rechazado por su condición de desplazados?

a) SÍ. b ) NO c) NO SABE. 3.

Ustedes creen posible que algún día podrán volver al lugar de donde se vieron obligados a salir.

a) SÍ. b ) NO c) NO SABE. 4.

¿Cree que si el Gobierno colombiano les hubiera prestado la protección y la ayuda necesaria cuando lo necesitaron, ustedes se encontrarían aquí en este momento?

a) SI b ) NO c) NO SABE. 5.

¿Cree que el Gobierno ya les ha dado una solución definitiva a su problema?

a) SI. b ) NO c) NO SABE.

Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

Se encuestaron 500 personas las cuales respondieron a las siguientes preguntas;

Resultados de la Investigación 1.

¿HAN RECIBIDO AYUDAS DESDE EL DÍA QUE LLEGARON AQUÍ, HASTA HOY?

a) SÍ. b ) NO. c) NO SABE. 2.

Respondieron Respondieron Respondieron

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100

400 80% personas. 90 18% personas. 10 2% personas.

¿USTED CREE QUE SI EL GOBIERNO COLOMBIANO LES HUBIERA PRESTADO LA PROTECCIÓN Y LA AYUDA NECESARIA CUANDO LO NECESITARON USTEDES SE ENCONTRARÍAN AQUÍ EN ESTE MOMENTO?

a) SÍ. Respondieron b ) NO. Respondieron c) NO SABE. Respondieron 5.

250, 50% personas. 230, 46% personas. 20 4% personas.

¿USTEDES CREEN POSIBLE QUE ALGÚN DÍA PODRÁN VOLVER AL LUGAR DE DONDE SE VIERON OBLIGADOS A SALIR?

a) SÍ. b ) NO. c) NO SABE. 4.

320. 64% personas. 160, 32% personas. 20, 4% personas.

¿HAN SENTIDO QUE LOS HABITANTES DE BUGA LOS HAN RECHAZADO POR SU CONDICIÓN DE DESPLAZADOS?

a) SÍ. b ) NO. c) NO SABE. 3.

Respondieron Respondieron Respondieron

30 6% personas. 470 94% personas. 00 0% personas.

¿CREE QUE EL GOBIERNO YA LES HA DADO UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A SU PROBLEMA?

a) SÍ. Respondieron b ) NO. Respondieron c) NO SABE. Respondieron

30 6% personas 420 84% personas 50 10% personas

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Conclusiones TTrabajo rabajo de Cam po Campo 1.

El Gobierno colombiano no brinda las medidas necesarias de seguridad para que los desplazados puedan retornar a sus hogares de origen en donde se vieron obligados a salir por los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados.

Los desplazados de la ciudad de Buga, tras estar ocho meses ubicados en el coliseo cubierto, piden a través de su coordinadora, la señora Marlene, que el Gobierno establezca un plan o proyecto definitivo que solucione la situación por la que pasan.

Los desplazados tienen derecho a la atención médica pero tal parece que al Gobierno se le ha olvidado esto ya que en el albergue de Buga se observa gran cantidad de epidemias y falta de medidas de higiene sanitaria.

El Estado está en el deber de velar por las condiciones de paz, principio que en este momento está violando con el proyecto paramilitar que tiene en esta zona.

La guerra y la violación de los derechos humanos en Colombia han ocasionado que muchas personas, buscando protegerse, abandonen sus casas dejando así todos sus bienes y su seguridad económica; estas personas salen de sus pueblos, veredas y corregimientos sin saber qué va a pasar en adelante con sus vidas119, y se aventuran en una lucha sin cuartel donde el hambre, las necesidades y la desesperanza amenazan sus días como los más implacables enemigos. Estas personas que huyen de masacres, buscan mejorar su calidad de vida, pero infortunadamente algunas veces aquellos que pueden ayudarlos no hacen nada, y es precisamente donde nace la siguiente tesis:

Los desplazamientos forzados, se han convertido en una consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones a los derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel significativo, generan casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas. Los desplazamientos internos provocan la ruptura familiar, cortan los lazos sociales y culturales, ponen término a relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades educativas, niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina, y exponen a personas inocentes a actos de violencia en forma de ataques a los campamentos, desapariciones y violaciones. Los desplazados, tanto si se agrupan en campamentos como si huyen al campo para ponerse al abrigo de posibles fuentes de persecución y violencia o se sumergen en comunidades igualmente pobres o desposeídas, se cuentan entre las poblaciones más vulnerables y más necesitadas de protección y asistencia.

119 Los desplazados no tienen tiempo ni modo de pre-seleccionar escenarios socioculturales en los cuales existan condiciones correspondientes con su cultura, oficios o modos de pensar o sentir. Inclusive podría decirse que ni siquiera huyen a lugares «seguros» sino que simplemente cambiar de lugar, a veces a ciudades donde se encuentran con los mismos sujetos que los han obligado a salir del campo, y los cuales, desde luego, persisten en asediarlos en el área urbana, llevando a algunos desplazados hasta la muerte.

101

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La población desplazada por la violencia requiere de la solidaridad, cuando es expulsada de su territorio. La solidaridad ciudadana debe ser una expresión de ayuda y entendimiento a su tragedia. Los entes del nivel gubernamental y estatal deben en primer lugar prestar la atención humanitaria para superar la emergencia, una vez superada ésta, contribuir en la reconstrucción de su vida personal, familiar y social donde voluntariamente decida hacerlo. Esto es, retornar a su sitio de origen, ser reubicado o permanecer en el sitio a donde llegó. La desatención a un problema como el desplazamiento puede conducir al Estado colombiano en graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En esta perspectiva existe una preocupación por parte del Gobierno nacional, el desarrollo de políticas estatales y gubernamentales que con recursos, posibilite la atención integral a la población desplazada por la violencia que llega a la ciudad. Quienes conforman las familias desplazadas por la violencia política son personas sujetos de derechos, son ciudadanos colombianos protegidos en el marco de la Constitución Nacional y de acuerdo con las normas del derecho Internacional Humanitario. La población desplazada por la violencia con ocasión del conflicto interno armado, tiene unos derechos y por parte del Estado existen unas obligaciones. El derecho inalienable a una vida digna, el derecho a recibir ayuda humanitaria, a que no le sean limitados sus derechos civiles fundamentales por su condición de desplazado, el derecho a la reunificación familiar, a conservar la posesión y propiedad de los bienes patrimoniales abandonados por el desplazamiento, el derecho a la identidad cultural y étnica, el derecho a la justicia, a la igualdad, a la atención en salud, a la educación, a la protección, a la libertad, el derecho a una solución definitiva a su condición de desplazado.

Conclusiones

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Desplazados y Violencia

La violencia que afecta a los desplazados es el resultado de intereses económicos y políticos que mediante la violación de los derechos humanos, logran la intimidación y el sometimiento de pueblos para lograr así beneficiar al Gobierno. La violencia crece con la impunidad de los delincuentes como son: Grupos armados, milicias, narcotraficantes, militares y políticos corruptos, reflejando la crisis de la estructura judicial de algunos países latinos. El desplazamiento es una patología social creciente y en muchos casos irreversible, con efecto rápido en los miembros más vulnerables en el hogar como son los niños y las mujeres. Genera otras enfermedades sociales como la prostitución, el desempleo y toda la serie de problemas que se desarrollan a causa de esta oleada masiva de población. Los campesinos, al perder su espacio laboral debido a los distintos grupos que buscan apropiarse de las tierras o que luchan por el poder territorial, salen a las ciudades en busca de una economía informal, que se caracteriza por el rebusque y el empleo doméstico, creando graves problemas de escolaridad, salud e inseguridad que viajan en la geografía de la muerte120. 120 Las proyecciones de algunas investigaciones en marcha (por aparecer en el primer semestre de 2006) sobre bienestar y calidad de vida de los desplazados, indican que, la multiplicación geométrica de sus dificultades, carencias y retos, podría reducir su promedio de vida de estos desplazados hasta en un tercio de la tasa oficial estudiada para Colombia. Por su parte, los índices de morbilidad han llegado a registrar índices hasta del 114 por ciento en determinados grupos de desplazados ubicados en Ciudad Bolívar, en Bogotá.

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En los países en vía de desarrollo, el paramilitarismo se aprovecha de su inestabilidad para fomentar una ola de terror, promoviendo el incremento de las acciones violentas. El narcotráfico y la guerrilla establecen alianzas oscilantes que buscan obtener beneficios económicos políticos provocando un retraso en las dinámicas sociales económicas y políticas, utilizando la masacre y la tortura de los pueblos, demostrando que el fenómeno de los desplazados no requiere sólo de acciones nacionales sino de particulares, de cada contexto en que se desarrolle y también internacionales. Las acciones gubernamentales o no gubernamentales de carácter nacional o internacional frente al problema del desplazamiento deben trascender a las propuestas coyunturales y asistencialistas para pensar en reales mecanismos que pongan fin al problema de los desplazados, el mismo que tiene unas causas que han de ser el blanco de la atención en general. El por entonces candidato a la presidencia Andrés Pastrana escogió, con acierto, el tema de la paz como elemento central de su campaña presidencial llamada «el Cambio». Llegando incluso a cometer errores tácticos que en un principio le dieron la presidencia de la República, por el golpe de opinión, pero que luego como presidente le hicieron mostrar su flaqueza. El visitar al guerrillero Manuel Marulanda Vélez, jefe de las Farc (más conocido como Tirofijo) en su reducto en las montañas y selvas colombianas, y lograr construir una agenda de paz generó en los 35 millones de colombianos una hermosa ilusión. El proceso comenzó y la guerrilla puso condiciones, pues se encontraba en su mejor momento militar y económico, poseía más del 50 por ciento de los 1.004 municipios existentes en su poder, manteniendo además unas finanzas sólidas a base del secuestro y boleteo. Se les entregó una zona de distensión con cinco municipios y se despejó el área y se le llamó dulcemente «laboratorio de paz»121. El Estado colombiano ni siquiera pudo exigir ni pedir cautelosamente la suspensión del conflicto o el cese del enfrentamiento armado. En este contexto se construye un escenario de negociaciones de paz en medio del conflicto y sin acuerdos humanitarios lo que garantiza de antemano que para el 2000 mientras el mundo se prepara con bombos y platillos, para recibir el nuevo milenio, miles de compatriotas caminarán en busca de seguir viviendo, aunque sea lejos de su natal terreno. Los diferentes analistas políticos, ven muy lejos la paz en Colombia por lo que se hace obligado y tema de reflexión profunda la generación de verdaderas estrategias que integren a los desplazados y sean adoptados por las diferentes ciudades en su economía. Ya es tiempo de que los planes de desarrollo y la planeación nacional los incluya. Una solución parcial al problema de los desplazados sería respetar y acatar plenamente el Derecho Internacional Humanitario pero el Estado no tiene mecanismos para involucrar a los diversos actores del conflicto en esta dinámica. El problema del desplazamiento forzado demanda y permite exigirle al Estado en términos constitucionales su participación en ámbito nacional, puesto que es un problema que afecta a la mayoría de los departamentos, y es un problema internacional en cuanto a derechos humanos se trata.

121 Estudiosos franceses que terminan sus investigaciones sobre este segmento histórico del proceso de paz en Colombia, han avanzado a los medios de comunicación su temor porque los resultados de experimentos como este hayan «pervertido la opción de arreglo», debido a la pérdida de credibilidad general en la voluntad política de la partes por «participar en un nuevo modelo de país en paz».

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La Violencia en Colombia

La violencia en Colombia no surge de una sola fuente ni sigue siempre la misma trayectoria. Es un fenómeno que se manifiesta en modalidades cuya diversidad escapa a cualquier intento de clasificación exhaustiva. Dentro de las múltiples y variadas formas de violencia que hoy circundan a los colombianos, hay tres que por su especial intensidad constituyen factores determinantes de la crisis moral, política y jurídica experimentada por nuestra sociedad. Son ellas: a.

La violencia del Estado que se ejerce por empleados oficiales de condición civil o militar y es perfectamente distinguible del legítimo recurso a fuerza para conservar o restablecer el orden público, aplicar eficazmente la potestad positiva del Estado o defenderse de una injusta agresión. Es la desatada por quienes obran como si estuvieran convencidos de que en la represión y en la guerra no hay prohibiciones.

La violencia de la subversión se ejerce por particulares que pretenden, mediante el desarrollo de una lucha armada, el derrocamiento del Gobierno y la supresión del régimen constitucional.

La violencia de los criminales comunes (cuyas manifestaciones se dan lo mismo en el magnicidio planteado por la mafia que en el lugar raponazo callejero), se ejerce por quienes aplican injustamente la fuerza para alcanzar propósitos ajenos a los del empleo insurgente de las armas.

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El desarrollo de esas tres formas de violencia echa mano del terrorismo, entendido éste como la táctica de ejecutar deliberadamente actos criminosos con el fin de asustar a la población civil. En este sentido, merece el calificativo de terrorista no sólo los actos de quienes hacen estallar bombas en hoteles y centros comerciales sino también quienes se dedican sistemáticamente al exterminio de los miembros de un partido político122. En Colombia se dan simultáneamente, un terrorismo de normalización, un terrorismo de alteración y un terrorismo de presión. El primero corre por cuenta de agentes del Estado. El segundo es obra de extremistas que practican el «culto a la espontaneidad» de que habla Lenin. El tercero, está a cargo de poderosos criminales empeñados en obtener el perdón y el olvido de sus delitos mediante la brutalidad y la intimidación.

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La violencia del Estado, la violencia de la subversión y la violencia de los criminales comunes inciden de manera negativa en el ejercicio efectivo de aquellos bienes jurídicos que el artículo quinto de la Nueva Constitución llama «los derechos inalienables de la persona»; los mismos que son vulnerados o amenazados cuando los violentos, hacen de ellos el objeto de su ataque injusto. Los homicidios, las torturas, los secuestros las detonaciones arbitrarias y los demás desaguisados que se consuman en Colombia, son actos de agresión contra los derechos fundamentales del ser humano, contra los derechos que cada hombre porta en razón y por virtud de su dignidad intrínseca. Todo atentado contra estos derechos, independientemente de la denominación técnico-jurídica que se les dé, se opone por lo tanto a la convivencia pacífica y al imperio del orden justo.

122

Está respaldada también en la definición Standard Internacional sobre terrorismo.

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América Latina y la Comunidad Europea

La integración regional de América Latina tiene sus principios en la colonia, ya que por siglos nuestro continente dependió cultural, económica y políticamente de Europa, así durante casi un siglo el comercio exterior latino se realizó con el viejo continente. Durante el siglo XX se dio un cambio en América Latina: Pasó de ser dependiente de Europa, para serlo de Estados Unidos. Desde que Europa se recobró de la segunda guerra mundial, Latinoamérica ha recurrido cada vez más a los países de esta área en busca de equidad para su desarrollo, haciendo posible la intensificación de procesos de regionalización. La integración regional de los países es un proceso de abolición de fronteras que permite un acercamiento y cooperación; la Comunidad europea ha promovido entonces, la integración Latinoamericana a través de ayudas financieras, políticas y sociales que han ayudado al desarrollo de los países Latinos y al avance integral del continente, lo que favorece el acercamiento y el diálogo. El diálogo biregional ha conllevado también a que los Estados miembros de la Unión Europea y los países de Latinoamérica se acerquen y logren la cooperación que permita mantener unas condiciones que limiten el riesgo de conflicto en el futuro. América Latina, hace 20 años estaba a las puertas de la «década perdida» ya que muchos países eran gobernados por regímenes militares, tenían deudas externas enormes, se estancaron sus esfuerzos de integración y sus economías eran cada día más marginadas. La restauración de la democracia, el avance de la de la integración económica y las tendencias de crecimiento a largo plazo para superar la crisis financiera internacional, son características de la actual Latinoamérica123. La salida a la actual crisis económica Latinoamericana no depende únicamente de las estrategias que tomen sus dirigentes sino también de la buena voluntad de los gobiernos industrializados124, que deben apoyar las monedas de la región y aliviar las políticas monetarias para evitar presiones deflacionistas. Entre los principales intereses de América Latina en Europa de cara al próximo siglo están: Fomentar el comercio, atraer inversiones productivas, mantener la cooperación económica y el desarrollo, diversificar los vínculos políticos y establecer alianzas constructivas y estratégicas en la lucha contra el crimen transnacional y en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales. La recuperación económica Latinoamericana ha sido insuficiente para aliviar la pobreza en la mayoría de los países, ya que el crecimiento y la estabilidad macroeconómicos parecen no hacer reducido los índices. América Latina requiere de un activo compromiso Europeo para superar los problemas de pobreza y desempleo. La descontrolada demografía que se presenta en América Latina es una amenaza para los planes de desarrollo, porque al crecer la población crece la demanda de empleos y beneficios sociales. La educación es un punto clave para responder los retos sociales y económicos del futuro Latinoamericano125 toda vez que de ella depende la habilidad para adaptar la tecnología extranjera a las necesidades locales y el crecimiento económico. Los esfuerzos de América Latina, Europa y otros actores por

123

DIAGO AGUILAR, José María, América Latina frente a la internacionalización de la economía, México, UNAM, Septiembre 2003.

124 El Fondo Monetario Internacional anunció una mayor participación en la búsqueda de que Colombia mejore su tasa de crecimiento anual, siquiera por encima del 4 por ciento, durante la visita de la comisión de la entidad financiera en mayo del 2005. 125 GUTIÉRREZ, Elio Fabio, La necesidad de un nuevo sistema curricular en la Educación Superior de Colombia, revista Itinearios, publicación de las universidades regionales, 2003.

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mejorar los niveles educativos tendrían a medio y largo plazo un efecto positivo en los niveles de empleo y competitividad siendo factible en un futuro más cercano mitigar los problemas de desempleo y subempleo mediante el fomento activo de la cooperación entre pequeñas y medianas empresas europeas y latinoamericanas. Los intereses políticos específicos de Europa en América Latina son: Promover la política exterior común de la Unión Europea, consolidar la estabilidad institucional, respaldar la integración y potenciar la seguridad regional. Un interés concreto es apoyar la consolidación en América Latina de sistemas políticos abiertos y estables, capaces de generar un consenso duradero sobre los preceptos fundamentales del orden social y económico, es decir, potenciar a capacidad del Estado. Al tiempo que se busca contrarrestar las externalidades negativas, como el narcotráfico y el deterioro del medio ambiente.

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América Latina debe buscar que la inversión y la cooperación europea sea realmente utilizada en las necesidades básicas y sociales de la población, para ello debe reformar el sistema judicial y la función pública del Estado, es decir, que abandonen la corrupción126 para crear una conciencia de credibilidad y respeto hacia él. Así mismo, necesita crear un ambiente de gobernabilidad para cumplir a cabalidad los programas encaminados a la solución de problemáticas sociales.

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126 Resulta apabullante observar en los índices de desempeño macroeconómico de los diversos países latinoamericanos, incluida, desde luego Colombia, que la corrupción arrasa con más de 65 por ciento de los recursos del PIB, los cuales podrían invertirse en desarrollo social y económico.

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CAPÍTULO

CONTEXTO DE DESPLAZAMIENTO RURAL EN COLOMBIA

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El desplazamiento ha sido un motor de la historia del país, especie de eje vicioso de destrucción – reconstrucción – destrucción de relaciones económicas, políticas, técnicas, ecológicas y culturales de la sociedad colombiana. En este sentido, el desplazamiento de la población rural no es sólo el problema de un 2 por ciento de la población colombiana, generalmente, de origen campesino, sino que es un problema de todos. La violencia y desplazamiento son expresiones de dos tipos de conflictos que se complementan y entrecruzan, pero que es necesario distinguir, para una sana comprensión y formulación de alternativas: El conflicto por la tierra y el conflicto por el territorio. El primero se refiere a la a estructura concertadora de la tierra y a las relaciones competitivas por este recurso, que se manifiestan en antagonismos entre latifundios ganadero y/o empresa agroindustrial y el minifundio campesino. Se trata de una competencia entre unos económicamente fuertes frente a otros más débiles, por un recurso escaso e importante no solamente para la explotación agropecuaria, sino también para la minería. Estos conflictos por lo común se concentran en espacios locales y tienen que ver con la propiedad y el control sobre la tierra. Los conflictos por territorios se refieren al dominio y control del territorio como espacio de orden político y económico. Puede tratarse bien de fuerzas que quieren sacar de su paso a competidores que cuestionan su poder, como grupos de izquierda, o de fuerzas guerrilleras o paramilitares que se disputan el dominio territorial. Estos se orientan hacia la población que ocupa la región, es decir, tiene un radio de impacto mayor. En estos casos, la tierra como parte importante del territorio tiene un papel que va más allá de su función productiva, pues funciona como espacio comercial, fuente de recursos naturales, área de paso, conexión, refugio, etc. El territorio colombiano presencia cómo estos dos problemas se superponen y se complementan y la diferenciación podría hacerse más por el mayor énfasis que alcanza uno de ellos en determinada región, que por la no presencia del otro. Por ejemplo, se puede decir que en Urabá hay un mayor énfasis del conflicto por el dominio territorial y en el Cesar, un mayor énfasis del conflicto de tierras.

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La violencia desempeña un papel de comodín, entre causa y efecto, de la ambición y la búsqueda por concentrar los espacios productivos rurales, en medio de un proyecto modernizante que se apoya en la explotación de la tierra, o que exige el dominio territorial, y que se está construyendo a sangre y fuego. Hay una reconcentración de la propiedad de la tierra, acentuándose la polarización entre el neolatifundio y el mini y microfundio127. Las mejores tierras y los espacios estratégicos se constituyen en objetivo prioritario de fuerzas violentas que, creando confusión y amparadas en la impunidad, propician la expulsión de los pobladores más vulnerables, y dejan así el campo abierto al desarrollo de sus intereses económicos y políticos. Vale la pena considerar que tanto la tierra como el territorio han ido adquiriendo distintas valoraciones que tienen que ver, entre otros, con los recursos naturales y su condición geoestratégica que van más allá de la tradicional explotación agropecuaria. Una de las consecuencias de la violencia y el desplazamiento es, entonces, la pérdida de la tierra por parte de las familias rurales. Sin embargo, su atención implica mucho más que la preocupación por dotar de tierras a las familias rurales desplazadas que quieren regresar al campo, problema que, por supuesto, debe ser atendido.

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Una forma característica del ejercicio de la violencia rural es la selectividad con que actúa contra los puntos neurálgicos de las sociedades locales, que son los líderes y miembros de las organizaciones campesinas, cualquiera que sea su carácter. Ello ejerce un impacto enorme, amedrentando y desplazando las familias circundantes. Esta estrategia, además de los efectos económicos descritos, disuade los procesos de organización de las sociedades civil rural que luego del desplazamiento, van a tener muy pocos deseos de constituirse en una fuerza organizativa para denunciar su situación y para gestionar colectivamente la solución de sus necesidades128. Las experiencias traumáticas van llevando a relegar la participación política en sus diversas manifestaciones. Los procesos de la violencia rural se entretejen de manera muy sutil, pero muy fácil, con los conflictos derivados de las estructuras locales de poder. Estos, a su vez, han ido sufriendo en mayor o menor medida los efectos de los procesos de descentralización. De esta manera, se articulan y encubren intereses locales, grupales y/ o individuales, dentro de intereses regionales y aun nacionales.

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La población rural desplazada corresponde al 67.8 por ciento del total nacional. De acuerdo con las proyecciones realizadas, en los meses de septiembre del 94 a octubre del 95 fueron obligados a desplazarse 14.451 hogares con vínculos rurales, que corresponderían a 60.694 personas (cálculo sobre un promedio de 4.2 personas por hogar, Sisdes). De acuerdo con los datos de la Conferencia Episcopal y Codhes, es posible afirmar que entre 1985 y 1994 se registró el desplazamiento de aproximadamente 58.854 hogares con vínculos rurales (HVR). A pesar de que actualmente Colombia es considerado un país mayoritariamente urbano, las dos terceras partes de los desplazados, tienen vínculos rurales. Sin embargo, de éstos, no todos residían en las veredas. Sólo el 53 por ciento de los desplazados encuestados en el ámbito nacional declaran tal procedencia. La procedencia rural o urbana, definida por veredas es un tanto relativa, pues del total de HVR registrados, un 14.3 por ciento aunque habitara en cascos urbanos de municipios pequeños e intermedios, mantenía una ocupación agropecuaria.

127 Es importante diferenciar los conceptos actuales de neolatifundio y microfundio, del latifundio tradicional (de herencia colonial o republicana) y sus minifundios satélites de similar trayectoria histórica. Estas concepciones nuevas nos indican que la visión del latifundismo como «la amplia geografía de unas tierras ociosas», ha sido modificada por extensiones de tierras (las mejores) pero poderosamente utilizadas, tanto en lo tecnológico, en las altas inversiones económicas, como en su destino agropecuario y, desde luego, en el principal papel de área estratégica de control y de guerra. 128

Esta es una de las principales causas de que los censos no eran reales.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Ocho de cada 10 hogares con vínculos rurales accedían a la tierra, pero solo 65 por ciento en calidad de propietarios129. Sus parcelas, dada su área, correspondan a micro o minifundios y ahora se encuentran, en la mayoría de los casos, abandonadas. Antes del desplazamiento trabajaban con escasos recursos y en condiciones difíciles, como la mayoría de los pobladores rurales del país, pero se autoabastecían y gozaban de relativa tranquilidad. Los pobladores rurales, en condiciones ya poco favorables desde antes del desplazamiento han sido sometidos por éste a un abrupto empobrecimiento. La parcela y la vivienda, en la mayoría de los casos único patrimonio, ha pasado al abandono forzoso en dos tercios de los hogares con vínculos rurales (71.6%). Su venta solo fue posible en un 12.8 por ciento de los casos130, y su arrendamiento en un 2.0 por ciento. Otras opciones frente a la tierra han sido cederla a otros familiares, devolverla a los dueños, cuando no son propietarios y cederla a amigos. En síntesis, la población rural se caracterizaba antes de su desplazamiento por ser, en su mayoría, propietarios pobres y asalariados agrícolas, quienes aunque no poseían la tierra la trabajaban para otros, en distintas formas. Como bien prioritario dentro de la población rural, la tierra era ya un recurso escaso en estos hogares (Gráfico Nº 1, 2,3). Gráf ico 12. Tendencia de la tierra antes del desplazamiento Gráfico

Fuente: Codhes -Sisdes

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Gráfico 13. Área de terreno a la que los HVR tenían acceso antes del desplazamiento.

Fuente: Codhes - Sisdes

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Gráf ico 1 4. ¿Que paso con la tierra? Gráfico 14.

112 Fuente: Codhes -Sisdes

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Según la edad los hijos de los HVR encuestados se caracterizan así: Población menor de 5 años (15.9%), entre los 5 y los 9 años (21.7%), entre los 10 y 14 años (20.1%). Se tiene entonces que los hogares con vínculos rurales albergan en su seno un 57.6 por ciento de los hijos menores131, con gran dependencia para la satisfacción de sus necesidades básicas. Los hijos entre los 15 y 19 años corresponden a un 13.6 por ciento. Respecto del nivel educativo formal, 21.1 por ciento del total del HVR desplazados reportan no tener ninguno, en tanto que el 64.4 por ciento han cursado la primaria de manera completa o incompleta; 13.2 por ciento recibieron educación secundaria total o parcial mientras que solamente el 1.2 por ciento tiene estudios técnicos o superiores. Para los demás miembros de los HVR, se registran los siguientes datos: Sin ningún nivel educativo formal (38.4%), primaria (48.7%), alcanzaron estudios secundarios (12.0%). La educación universitaria, técnica y no formal, sólo tiene el 1 por ciento de los otros miembros de la familia, distintos al jefe de hogar. El desplazamiento produce efectos muy serios en la vida de los hogares y en cada uno de los miembros que la componen, atendiendo a sus especificidades de género y edad: La mujer debe constituirse en cabeza de hogar de manera forzada e ingresa obligatoriamente a las filas de la economía informal. Se registra un aumento sensible en la jefatura femenina del hogar que pasa al 26.6 por ciento (frente al 16.3 por ciento del estudio del Episcopado); algo más de la cuarta parte de los hogares con vínculo rural Los hijos interrumpen bruscamente sus estudios132 y sólo una quinta parte puede continuar asistiendo a la escuela primaria. Los hombres, si sobreviven a la persecución, quedan privados de su trabajo habitual y de las pocas seguridades con que contaba. Todos deben abandonar su parcela y vivienda, fruto de esfuerzos de muchos años y sitio donde era posible, aunque de manera precaria, la reproducción de la economía campesina. Los hogares se ven obligados a padecer un rápido proceso de desorganización – reorganización familiar, que con frecuencia provoca el traslado abrupto de responsabilidades y la pérdida de la satisfacción de sus mínimas necesidades. De ello son víctimas, especialmente, los niños y niñas. Además, en la búsqueda de la sobrevivencia física, las necesidades emocionales y los traumas psicosociales pasan a ser secundarios y muy poco atendidos133.

131 «Nos ha tocado ver morir a nuestros hijos en el frío de estas calles, de hambre o de enfermedades que de pronto les aparecen porque aguantan mucha hambre y entre tanta gente, mire, pero a nadie parece importarle», Alicia Mina, desplazada del Chocó, en entrevista al informativo Noticias UNO, julio de 2001. 132 La deserción escolar entre los desplazados tiene una tasa del 80 por ciento en Bogotá. No sólo porque el porcentaje de ellos que logra acceder a una escuela es bajísimo (se estima que el 6 por ciento) sino porque cuatro o cinco de «estos privilegiados» es seducido por pandillas de menores que les inculcan la necesidad «del rebusque personal» y los consecuentes anti-valores sociales que los niños de la calle ya manejan (Secretaría de Educación del Distrito). 133 Esta es una de las razones capitales del esfuerzo del presente estudio por demostrar que estamos ante un problema social y económico estructural, que requiere de la participación de todos y cuyos impactos aún son impredecibles en Colombia.

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Los jefes de HVR desplazados en el último año, reconocen que pertenecían en un 56.29 por ciento a diferentes organizaciones, antes de su éxodo. La mayor frecuencia se sitúa en las organizaciones comunitarias, (15.74%), seguida por las organizaciones políticas (11.11%). El desplazamiento es una realidad nacional y no sólo un problema que se presenta en algunas zonas. Si bien la intensidad de desplazamiento en algunos departamentos es proporcionalmente alta, en los demás la cifra es muy significativa: Sumados estos últimos, pueden alcanzar cerca de la mitad de la población rural desplazada en el país. (Gráfico 4). El proceso de intensificación y concentración de la expulsión se agudizó en el último año. Antioquia y particularmente Urabá, alcanzan a duplicar la intensidad encontrada antes del 94. Los departamentos de mayor salida, Antioquia y Santander, son a la vez, muy importantes en el flujo de llegada. Ello refleja un desplazamiento intradepartamental significativo en estas dos zonas. Se registra una dinámica de los departamentos expulsores de la población rural, que aumentan para el Cesar, Cauca y Sucre134, y que disminuye ligeramente en intensidad para Cundinamarca, Valle, Magdalena, Huila, Boyacá y Casanare. Atlántico, Córdoba, Valle y Boyacá, registran una alta proporción de llegada de hogares con vínculo rural, lo cual los convierte en zonas preferencias de «albergue». Cundinamarca, específicamente Bogotá, es un caso excepcional en intensidad de llegada, dado el carácter estratégico en cuanto a su dinámica económica y la posibilidad que ofrece la ciudad capital para poder lograr el anonimato.

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Gráf ico 1 5. Departamento de expulsión de población con vinvulos rurales. Gráfico 15.

114 Fuente: Codhes –Sisdes

134 Nótese cómo estas regiones han dominado las estructuras latifundistas de modo históricos y de qué modo son fortalecidas y respaldadas por las inversiones gigantescas del narcotráfico.

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El efecto secundario de un enfrentamiento entre grupos armados, en el desplazamiento es menos que la consecuencia directa de acciones de grupos armados contra la población civil. Por lo tanto, constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario. El desplazamiento se da en medio de lo que se denomina la «guerra sucia», en la que los contrincantes poseedores de las armas, antes que enfrentarse entre sí, se dedican a amenazar, asesinar, torturar y perseguir a la población civil no combatiente. Identificar a estas fuerzas que hostigan y presionan a los pobladores rurales no es fácil, además que es parte de su estrategia para crear la confusión.

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El desplazamiento de los hogares con vínculos rurales durante el último año, muestra de manera individual a los paramilitares como la fuerza más hostigadora (con un 26.3%) seguidas por la guerrilla (8.3%). Narcotraficantes, milicias y autodefensas, como grupos específicos, son poco señalados (por debajo del 1.3%). Comparando estas tendencias con las registradas para los hogares rurales desplazados entre 1985 y 1994, se encuentra un descenso de la guerrilla, señalada en un 27.7 por ciento, y un aumento de las fuerzas paramilitares, señaladas en este periodo en un 16.1 por ciento. Los encuestados señalan otros causantes: El temor y el miedo a la violencia y a sus estragos (39.2%), actores no intensificados (29.7%), particulares reconocidos, como terratenientes y delincuentes (16.6%). Por último, un 8.3 por ciento expresa que su desplazamiento tiene que ver con la incertidumbre económica (falta de fuentes de trabajo, pérdida de la cosecha, ausencia de servicios públicos). En menor proporción (3.6%) son señalados otros organismos del Estado que producen temor. Un 2.3 por ciento afirma que las amenazas provienen de la guardia venezolana135. Los hechos que provocan el desplazamiento corresponden, para el último año, en un 40 por ciento a amenazas, las cuales conllevan un alto contenido de presión psicológica. Frente a los resultados provenientes del estudio del Episcopado, que mostraban en un 29.8 por ciento la presión de las amenazas, se registra un aumento sensible de este mecanismo, como motivo del éxodo rural. Los asesinatos constituyen el 9.3 por ciento de las causas y sumando a ellos los atentados, desapariciones y torturas se llega a un 16.1 por ciento de hechos graves violatorios de los derechos humanos, con una marcada selectividad.

Ubicación y condiciones actuales Por lo general la llegada y ubicación en los nuevos sitios se realiza sin contar con ayuda alguna136. Así lo manifiesta el 42.4 por ciento de los hogares rurales consultados, proporción que se mantiene igual frente a lo indicado por los hogares rurales desplazados entre 1985 y 1994.

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Sin embargo, un 29.6 por ciento de los hogares manifiesta haber contado con algún apoyo137,

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135 Este ha entrado a ser considerado por algunos como otro actor del conflicto colombiano, lo cual, de oficializarse, significaría un gigantesco cambio en los escenarios de guerra y de negociación. 136 Algunas inmobiliarias o propietarios de vivienda urbana no alquilan a personas desplazadas, por las siguientes razones: a. Las consideran agentes de la guerrilla. b. Estiman que pertenecen a la red urbana de los paramilitares. c. Porque ningún desplazado llena los requisitos de capacidad de pago ni de garantía y algunos sólo tienen títulos de propiedades en manos de los actores del conflicto. Es decir: «Escrituras nulas», según los comerciantes, actuando estos también de modo cómplice con los actores de la guerra, causantes del desplazamiento, en contra de la Constitución y de la Ley que, como Estado de Derecho, garantizan la propiedad privada del campesino desplazado sobre su parcela forzosamente abandonada, mientras sí lo defienden estos inmobiliarios para sus propiedades urbanas. Parecen ignorar estos propietarios de inmuebles urbanos, que al actuar de esta manera están creando un precedente de desconocimiento civil de la Constitución y de la Ley a favor de los violentos, y, por lo tanto, aceptando desde ya el cuestionamiento legal de su calidad de propietario urbano, si este despojo que sufre el campesino se trasladara en cualquier momento a la ciudad. 137 Uno de los factores del rápido deterioro social y económico del desplazado, es su cultura vergonzante, incapaz de solicitar ayuda inmediata. Algunos prefieren esperar semanas, o incluso meses, «mientras me sale algún trabajito por ahí». A esto se suma la desinformación (dirección, teléfono, personajes, etc) sobre las entidades de ayuda. Cuando el desplazado resuelve esta conjunción de factores socio-culturales y solicita la ayuda, su nivel de deterioro es el de la indigencia personal o familiar.

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por parte de familias y amigos. La iglesia, las organizaciones comunitarias, la ONGs y las organizaciones estatales, son mencionadas por los encuestados entre un 5 y un 6.5 por ciento cada una. El 31.2 por ciento de los hogares asegura haber recibido ayudas de dos o más organizaciones y personas de las ya mencionadas. Los encuestados respondieron con respecto a las ayudas recibidas que en un 53.1 por ciento de los casos fueron apoyados en dos o más servicios en materia de alimentación, vivienda, salud, educación, asistencia legal o apoyo moral. Para cubrir una sola de las anteriores necesidades, se registra que se ha recibido apoyo para alimentación (13.3%), vivienda (12.0%), apoyo moral (8.4%) y otras ayudas (7.1). La salud, la educación y la asistencia legal han sido menos satisfechas, de pronto por haber sido menos apremiantes. CUADRO 2: Tipo de la vivienda antes y después del desplazamiento

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CU ADR O 3: Tendencia de la vivienda ates y después del desplazamiento para HVR CUADR ADRO

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La situación de la vivienda, para los desplazados de los últimos 15 meses, es bastante difícil. De las familias que antes del éxodo vivían en casa, sólo la mitad continúan haciéndolo, mientras que el número de quienes viven en un cuarto alquilado se quintuplicó, lo cual corrobora el incremento en el hacinamiento. La tenencia de la vivienda también se modificó sustancialmente, toda vez que, de cinco familias que antes del desplazamiento vivían en casa propia, ahora solo una habita en propiedad. El arrendamiento y la invasión se triplicaron. En cuanto al acceso a los servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado, se registran aumentos en la cobertura que alcanzan el 30 por ciento. Desde algunos indicadores de la medición de las necesidades básicas para determinar la pobreza, podría leerse al desplazamiento como un factor que propicia mejores condiciones de vida, pero esto sería un análisis bastante mal enfocado. Sin embargo, dadas las condiciones de abandono rural y las características con que usualmente se atiende estas necesidades, que implica la existencia de una alta densidad poblacional, los desplazados ubicados en cascos urbanos gozan ahora de algunos servicios ya existentes allí. Con todo, el acceso a tales servicios, no significa mayor cosa dentro del conjunto de situaciones que los hogares desplazados deben enfrentar: Gran hacinamiento, pérdida de la propiedad sobre su vivienda, abandono forzoso del trabajo que les generaba sus ingresos y su subsistencia, drástica reducción en la escolaridad de los niños y en el nivel de ingresos. Por el contrario, el proceso de pauperización que produce el desplazamiento es creciente, con efectos rápidos en los miembros del hogar más vulnerables, y con tendencia a empeorar138. Cuatro de cada 10 jefes de hogar no habían recibido ningún ingreso en el último mes, en el momento de la encuesta; y dos de cada 10, recibieron únicamente el equivalente a medio salario mínimo (de 2000). Cerca de una cuarta parte de los hogares lograron entre medio y un salario mínimo y sólo un 12.2 por ciento de los jefes de HVR logró una suma superior al mínimo.

138

Ibidem.

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El cuadro N° 4, referido a la ocupación antes y después del desplazamiento, muestra cómo se ha ido disminuyendo de manera seria la posibilidad de explotación agropecuaria, que reportaba, además de algún ingreso por la venta de excedentes producidos, la posibilidad de la seguridad alimentaria familiar para cerca de la mitad de los HVR. Por cada 12 hogares que antes del desplazamiento dependían de esta actividad, luego del éxodo solamente uno puede seguirlo haciendo. Los asalariados agrícolas pierden su espacio laboral en cerca de una tercera parte. Las mujeres rurales, que antes se dedicaban al hogar dentro de la economía campesina, ahora, muchas de ellas viudas y al frente de la familia, salen en la mitad de los casos a incorporarse en la economía informal, de lo cual da cuenta el incremento en empleo doméstico. De igual forma, la ocupación de los jefes de hogar ha variado en ocupaciones como las ventas ambulantes que se multiplican por 87, y de los empleados (se refiere a oficios como celaduría, labores de aseo y otros que no necesariamente implican estabilidad laboral)139, que se quintuplica. Es preocupante, además, la desocupación reinante, que aun cuando ya estaba presente en muchos jefes de hogar (no hay que olvidar las diversas crisis del sector agropecuario), ahora se ha aumentado en siete veces. Otras ocupaciones como educador, comerciante, funcionario público y empleado, que ejercían jefes de hogar con vínculos rurales, y donde la explotación de la tierra significaba una actividad secundaria, se vieron también modificadas. Los comerciantes aumentaron cuatro veces y los funcionarios se mantuvieron estables.

Tendencias en las necesidades y e xpectativ as expectativ xpectativas La población campesina desplazada entre 1985 y 1994, de la cual el 36 por ciento deseaba retornar a su lugar de expulsión, de los hogares con vínculos rurales desplazados en el último año, solamente el 18.3 por ciento desean hacerlo. Por el contrario, un 60.4 por ciento prefieren quedarse en el sitio actual de residencia. Irse para otro lugar es la opción deseada de un 18.0 por ciento de los casos. Un 3.3 por ciento no responde.

119 139 La sociedad civil manifiesta su oportunismo y carencia de sensibilidad social con los desplazados en materia laboral, pues a casi ninguno de ellos se les retribuye por su trabajo con siquiera el salario mínimo y las prestaciones de Ley. Mientras tanto, estos aprovechados e inmorales patronos urbanos dicen «ayudar» al desplazado y están convencidos de que le «estamos dando una oportunidad». Esta situación aberrante denota la corrupción y el sucio papel de algunos ciudadanos, quienes aún viven bien en las ciudades sin ser tocados en forma directa por el conflicto. Sin embargo no tienen escrúpulos para derivar beneficios de la guerra, tan inmorales como el despojo de fincas a los desplazados, actos que tanto critican.

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CUADRO 4: Ocupación antes y después del desplazamiento

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La necesidad de acceder a tierra como fuente de generación de ingresos, es manifestada por 21 de cada 100 hogares desplazados encuestados y por 30 de cada 100 hogares. Pareciera que con el desplazamiento, la perspectiva de reincorporación a los vínculos rurales, se reduce seriamente, pues solo uno de cada tres hogares que antes tenían acceso a la tierra, considera que volver a ella ahora pudiera ser una alternativa económica. Se calcula, entonces, que entre el 70 y 80 por ciento de la población desplazada del campo pierde de manera total y definitiva el vínculo rural por razón del desplazamiento. Cualquier decisión frente a su futuro, sin embargo, está mediada por la posibilidad real y oportuna que se les brinde para satisfacer sus necesidades más apremiantes, entre las que se destaca el trabajo, que les permitirá recobrar la autoestima y la autogestión. Más de la mitad de los hogares con vínculos rurales en situación de desplazamiento no han accedido a ayuda alguna. Sin embargo, su persistencia en la sobrevivencia y su empeño en la vida les ha llevado a buscar por su propio esfuerzo y de manera cotidiana, posibilidades de subsistencia. Pese a que algunas entidades del Estado empiezan a intervenir, no obstante se percibe amplia burocratización manifestada en respuestas tardías140, en el marco de un proceso de neo-centralización caracterizado por una restricción en la toma de decisiones en el ámbito local y una imponente espera de expediciones de decretos, autorizaciones firmas de instancias superiores o centrales. A lo anterior se suma la 140 La Ley colombiana establece un plazo de 15 días para que cualquier funcionario oficial de respuesta a las inquietudes o solicitudes de los ciudadanos. Hay desplazados hasta con dos años de gestiones, de aquí para allá, sin que les resuelvan algo.

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falta preparación de los funcionarios sobre el fenómeno de desplazamiento, las circunstancias y traumatismos de la población afectada y los canales y procedimientos para la búsqueda de posibles alternativas. Igualmente, se percibe cierta estigmatización de los desplazados por parte de funcionarios públicos locales, regionales y nacionales y, en algunos casos, de la población a donde llegan141. En esto influye el temor a que se reproduzcan en las nuevas zonas las dinámicas de violencia. En ciertas áreas se han dado algunos intentos de coordinación de las instituciones preocupadas por el fenómeno del desplazamiento forzado. En algunos casos se ha involucrado al Estado, pero éste no ha sido líder convocante. Es necesario reconocer que las ONGs han mostrado mayor eficiencia y capacidad de respuesta y de atención a los desplazados que las instituciones gubernamentales. Algunos lineamientos nacionales, como el documento Conpes sobre la población desplazada por violencia y el Acuerdo del Incora para establecer un reglamento especial de dotación de tierras para los desplazados por la violencia, constituyen, ciertamente, avances en materia de reconocimiento y voluntad política para ofrecer atención particular y asignación de presupuestos y funcionarios. Así mismo, la determinación de una instancia específica en el Ministerio del Interior para responder por la atención estatal, puede constituirse en oportunidad para articular distintos esfuerzos y garantizar la efectiva puesta en marcha de programas. Sin embargo, el tiempo transcurrido ha ido mostrando que a pesar de la voluntad de algunos funcionarios, el peso de la parsimonia burócrata ha impedido una atención real y oportuna de los desplazados. El SEFC informa que en el año 2000 se presentaron 1.351142 eventos de desplazamiento, en los cuales 128.843 personas pertenecientes a 26.107 hogares tuvieron que migrar. Visto por semestres, en el primero ser reportaron 51.515 personas (40%,) y el segundo 77.328 personas (60%) lo que reporta un crecimiento de 50 por ciento. De las 128.843 personas desplazadas se conoce el lugar de expulsión del 96 por ciento, (124.187 personas, de 25.979 hogares143 ). De estos desplazamientos, el 35 por ciento (467) corresponde al primer semestre del año y el 65 por ciento (884), al segundo semestre, lo que indica un crecimiento de 89 por ciento (Véanse cuadros 1 y 2).

141

1993.

MÉNDEZ, Juan E, La violencia continúa, Informe del Director del Comité Américas Watch, Tercer Mundo Editores, Bogotá,

142

Esta cifra india que en Colombia se producen, en promedio, cuatro desplazamientos al día. Es decir, cada día se ven obligados a migrar 352 personas, lo que equivale a 15 personas cada hora. 143 De 4.656 personas no se conoce el lugar de expulsión. Esto se explica, fundamentalmente, por el hecho de que la red de fuentes opera con mayor facilidad en los lugares de llegada, debido, en parte, a que en lugares de conflicto permanente, en los cuales los actores armados desocupan los municipios, no hay funciones que informen o, si las hay, tienen temor a posibles represalias de los actores armados. Además, la misma dispersión del desplazamiento permite, en algunos casos, conocer a dónde llega la población, mas no su lugar de rocedencia.

121

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Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

122 Fuente: red de Solidaridad: sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas – SEFC.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

123 Fuente: Red de Solidaridad Social Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas. SEFG-.

Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

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En cuanto a los territorios afectados, el SEFC reporta que en el año 2000, 322 municipios expulsaron población y 322 municipios fueron lugares de llegada. En total hay 480 municipios afectados por el desplazamiento, de los cuales 158 son solo de expulsión, 158 de llegada y 164 presentaron la doble condición. Además, se sabe que en 159 municipios se ha presentado más de un evento de desplazamiento al año (véanse Cuadro 3 y Mapas 1 y 2).

124

Fuente: Red de solidaridad Social de Estimación del Desplazamiento Forzado Contrastadas SEFC.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Al analizar los cambios intersemestrales, se ve que en el primer semestre 218 municipios expulsaron población y 193 fueron lugares de llegada. En el segundo semestre, la cifra de expulsores subió a 219 y la llegada a 232, lo que representa un incremento de 4 y 20 por ciento respectivamente. Con respecto a desplazamientos masivos144 e individuales, el SEFC reporta que de los 1.351 eventos de desplazamiento del año 2000, 254 fueron eventos masivos (19%) y 1.079 fueron eventos de desplazamiento individual o familiar (81%). Pese a que los individuales fueron mucho mayores (843 más), en los 254 desplazamientos masivos se desplazaron 115.328 personas, lo que quiere decir que el 93 por ciento de la población desplazada en 2000 lo hizo en eventos masivos (véanse Cuadro 4, Gráfico 1 Mapa 3)145.

125

Fuente: Red de Solidaridad Social Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas. SEFC.

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Gráf ico 1 6: Desplazamientos masivos e individuales en 2000 Gráfico 16:

Fuente: Red de Solidaridad Social Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas. SEFC.

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Gráf ico 1 7: Personas afectadas. Gráfico 17

Fuente: Red de Solidaridad Social Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas. SEFC.

126 144 El Decreto Reglamentario 2569 de 2000 define como desplazamiento masivo al que involucra a 10 o más hogares y o a 50 ó más personas. 145 Estos datos permiten estimar que cada 34 horas ocurre en Colombia un desplazamiento masivo y cada ocho horas un desplazamiento individual.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Semestralmente la tendencia se mantiene: En el primer semestre se presentaron 97 desplazamientos masivos (equivalentes al 21 por ciento de los desplazamientos del semestre) y 370 eventos individuales. En el segundo semestre, el 18 por ciento de los desplazamientos ocurrió en hechos masivos (1.577) y el 82 por ciento en hechos individuales o familiares (727). Si bien porcentualmente los eventos de desplazamiento individual o familiar fueron muy superiores a los masivos, en estos últimos el 94 por ciento de la población se desplazó en el primer semestre y el 93 por ciento en el segundo semestre146. Aunque los desplazamientos afectan al 43 por ciento de los municipios del país, la expulsión se concentra en 37 municipios (el 3.36% de los municipios del país) que representan el 75 por ciento del total de población municipios (el 2.8% de los municipios del país) (véanse Cuadros 5 y 6).

127

146 Muchas entidades, sobre todo del orden municipal, apenas «están cuadrando» sus cuentas estadísticas sobre desplazados, sobre todo a partir de las disposiciones del Gobierno nacional sobre atención a estas víctimas del conflicto. En ocasiones resulta difícil homologar cifras, debido a los vacíos históricos de algunos de los entes responsables.

Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

USC - Editorial

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

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Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC. Visto por departamento, seis de éstos expulsan el 76 por ciento de la población147: Antioquia (33%). Bolívar (18%), Chocó (11%). Valle del Cauca (7%), Meta (4%) y Sucre (4%). En cuanto a los lugares de destino, el 74 por ciento de la población llega a nueve departamentos: Antioquia (25%) Magdalena (4%) y Sucre (4%) (Véanse cuadros 7 y 8).

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

147 Coincide con la intensidad de los «teatros de operaciones» en los actuales los diversos actores del conflicto han definido sus posiciones y el control de áreas geográficas.

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Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC. Visto por regiones, los desplazamientos ocurren principalmente en Urabá (9.1%), Magdalena Medio (6.1%), Centro del Chocó (4.7%), Sur de Bolívar (2%), Sierra Nevada de Santa Marta (2%) y Bajo Cauca Antioqueño (2%). Estas seis micro regiones148 agrupan el 26 por ciento (véase cuadro 9)

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Con respeto a los municipios, se estima que cuatro de éstos expulsan el 25 por ciento de la población: el Carmen de Bolívar (13%), Betulia (4.84%), San Luís (4.41%) y San Onofre (3.49%). Así mismo, a cuatro municipios llega el 25 por ciento de la población desplazada así Bogotá (9.2%). El Carmen de Bolívar (6.2%) y Quibdó (4.14%).

130

148

Ibidem

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

Algunas características de los grupos afectados De las 63.944 personas desplazadas de las que se conoce su género, el 47 por ciento (30.205) corresponde a mujeres y el 53 por ciento (33.739) a hombres, siendo los departamentos de Caquetá, La Guajira, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Cesar, Norte de Santander y Bogotá, D.C. los que presentan mayor incidencia de mujeres desplazadas; en promedio, 55 por ciento de la población desplazada corresponde a mujeres. Entre tanto, Sucre, Risaralda, Córdoba, Vichada y Huila presenta una mayor proporción de hombres desplazados149. En promedio, el 72 por ciento de la población desplazada corresponde a hombres (véase cuadro 10)

131

149 La población masculina activa migra primero para evitar que los atrape el reclutamiento (sobre todo la franja demográfica masculina entre los 14 y los 50 años de edad). Junto a ellos, suele seguirles la población femenina joven tempranamente en alto riesgo. Luego los ancianos, las mujeres y los niños, ceden el terreno víctimas del terror o de los atropellos.

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Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

132 Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

En cuanto a la composición etérea, el SEFC estima que de las 60.341 personas de las que se conoce su edad, el 46 por ciento es menor de 18 años (véase cuadro 11). En resumen, y extrapolando las cifras de menores de 18 años y el porcentaje de mujeres al universo de la estimación (128.843 personas), se estima que el 71 por ciento de la población desplazada (91.968 personas) corresponde a mujeres y menores de 18 años150.

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150

Ibidem

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Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

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En cuanto a minorías étnicas, de las 53.280 personas sobre las que se conoce su etnia, se estima que el 19 por ciento corresponde a población afrocolombiana y el 3 por ciento a población indígena (Véanse cuadros 12 y 13).

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Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

135 Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

Respecto a las razones que ocasionan el desplazamiento, tenemos: Amenazas generalizadas (53%), enfrentamientos armados (19.42%), masacres (14.80%), toma de municipios (5.2%), amenazas específicas (3.43%), ataques indiscriminados (1%) y menos del 1 por ciento por más de una de las causas anteriores. Visto por eventos, el 50 por ciento de éstos se produce por amenaza generalizada151, amenaza específica (29%), enfrentamiento armado (8.81%), masacres (7.09%), toma de municipios (2.50%) y ataques indiscriminados a la población (1.44%) (Véanse cuadro 14 y Gráfica 2).

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Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

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151 SUÁREZ NAYAS, Ramón A, Apuntes sobre la ideología del terror en las culturas de oriente , Universidad Autónoma de México, México, 1998.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Gráfico 18. Factores predominantes de los desplazamientos

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC. Gráfico 19. Promedio de personas desplazadas según autor que realizo la acción armada en 2000

137 Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

Lisandro Alfonso Cabrera Suárez

Los datos consolidados muestran como autores de los desplazamientos a: Grupos de autodefensas (58%), las guerrillas (11.26%), agentes armados del Estado152 (0.13%), más de uno de los actores armados (30.15%). Según estas cifras, la acción de las autodefensas es la responsable de más de la mitad de los desplazamientos. El análisis de la información por eventos de desplazamiento muestra que el 43 por ciento de los eventos de desplazamiento se produce por acción de guerrilla, el 34 por ciento por acción de los grupos agentes armados del Estado. (Véanse cuadro 15 y Gráfica 3). Estas cifras permiten ver que si bien los grupos guerrilleros acuden con más frecuencia al desplazamiento de población no armada como estrategia para desocupar poblaciones y avanzar en el control territorial, las acciones de los grupos de autodefensas parecen tener un nivel de incidencia más alto en tanto desplazan mayor número de personas.

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Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

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ción.

Los diversos analistas internacionales (incluidas ONGs especializadas en asuntos del conflicto) coinciden en esta aprecia-

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Gráfica 20. Presuntos autores de desplazamiento en 2000

Fuente: Red de Solidaridad Social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas SEFC Finalmente, el SEFC permite estimar que un enfrentamiento armado desplaza, en promedio, a 185 personas; una toma, a 176 personas; una masacre, a 175; una amenaza generalizada, a 89; un ataque indiscriminado, a 52; y una amenaza específica, a 10 personas (véanse cuadros 16 y 17 y Mapa 4).

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Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

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Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

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Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Gráf ico 2 1. Causas de los desplazamientos por tipo de acción y por eventos en 2000 Gráfico 21

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC. CUADRO 22 Causas de los desplazamientos por tipo de acción por eventos en 2000

141 Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas –SEFC.

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Una mirada integral al Desplazado en Colombia

CAPÍTULO

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DESPLAZADOS

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Una mirada integral al Desplazado en Colombia

En Colombia153 la violación del Derecho Internacional Humanitario no es una cuestión abstracta sino la cruda realidad de la vida diaria. La guerra irrumpe en las actividades cotidianas de una finca, una aldea, una iglesia, un autobús público o una escuela, al ritmo de la llegada de combatientes armados por un sendero o en un vehículo todo terreno. A veces, los hombres armados eligen con cuidado a sus víctimas en listas. Otras, asesinan sencillamente a los que tienen más a mano, para sembrar terror. De hecho, la disposición a cometer atrocidades es una de las características más estremecedoras de la guerra colombiana. Pese a que las comunidades afectadas han intentado negociar acuerdos locales con combatientes para proteger sus vidas154, ninguna de las partes en conflicto ha respetado esa decisión, lo que demuestra lo difícil que es cambiar la conducta de estos grupos en la práctica. Las negociaciones de paz han estado condenadas al fracaso debido sobre todo a que no se plantean asuntos fundamentales, como la impunidad155 por las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ni el cese al fuego, ni el fin de ataques a la población civil. Colombia expone las violaciones del Derecho Internacional Humanitario por parte de tres instituciones del Estado: el Ejército de Colombia, la Policía Nacional y las CONVIVIR156. (Aún en duda si originaron los grupos paramilitares). Las organizaciones internacionales, incluso las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han emitido repetidas veces recomendaciones detalladas al Gobierno de

153 LEY 387, de 18 de julio de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socio-económica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. 154 LIMA, Leila, La construcción de la paz, informe sobre la población desplazada de Colombia para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Bogotá, 1998. 155 AMÉRICAS WATCH, Informe sobre las reformas que buscan disminuir la violencia en Colombia, Institutos de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de las Naciones Unidas, 1997. 156

ECHEVERRY MEJÍA, Gilberto, El origen de las Convivir, artículo El Mundo, Medellín, 1996.

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Colombia para mejorar la protección de los Derechos Humanos, combatir la impunidad, mejorar las condiciones humanas de detención a muchas personas acusadas o condenadas por terrorismo o rebelión, pues, en general, las condiciones son nefastas, especialmente para las personas que el Estado considera miembros de medio o bajo rango de las organizaciones insurgentes. Mientras que es posible que los líderes encarcelados estén albergados en lugares muy cómodos dentro de centros de máxima seguridad y reciban los alimentos y las medicinas que quieran, los presos de las bases de estas organizaciones viven en bloques de celdas sumamente hacinados donde los actos de violencia son habituales y existe una carencia crónica de alimentos, agua y atención médica157.

Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario ·

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· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Ataques contra la vida, la integridad física o moral y la supervivencia de las personas protegidas. Reclutamiento de menores. Homicidio intencional. Juicios sumarios. Tortura y tratos crueles e inhumanos. Atentados contra el personal sanitario y religioso. Desaparición forzada. Uso de medios y métodos de combate prohibidos. Ataques contra la población civil. Actos terroristas. Usar a la población civil como escudo. Armas prohibidas Ataques indiscriminados. Perfidia Ataques fuera de combate. Ordenar que no haya sobrevivientes. Desplazamiento forzado. Hacer padecer de hambre a la población. Toma de rehenes. Secuestro158. Bienes protegidos. Bienes civiles. Bienes sanitarios. Bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Pillaje. Ataques a instalaciones que contengan fuerzas peligrosas.

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157

YUSTY, Miguel, Paz & Región. Un presente que horroriza, Artes Gráficas Univalle, Santiago de Cali, julio de 1998.

158 Colombia y México son los dos únicos países del mundo con altas tasas impunes del llamado «delito siciliano» (el secuestro), según un informe presentado por el Vice-ministerio de Justicia y divulgado por RCN, Santa Fe de Bogotá, septiembre 6 de 2005.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Violaciones a la Legislacion Nacional Normatividad CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ART. 18 Derecho a la libertad de conciencia ART. 22 Derecho a la paz ART. 24 Derecho a la libre circulación ART. 40 Derecho al voto CÓDIGO PENAL COLOMBIANO ART. 186 Concierto para delinquir ART. 187 Terrorismo ART. 192 Perturbación servicio de transporte colectivo u oficial ART. 40 Derecho al voto ART. 248 Perturbación electoral ART. 249 Constreñimiento al elector ART. 293 Violación del derecho político entre otros DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERCHOS HUMANOS ART. 13 Libertad de circulación ART. 21 Numeral 1 y 3 Participación democratica PROTOCOLO II ART. 4 Numeral 2, Literal d (Actos de terrorismo) ART. 4 Numeral 2, Literal h (Amenazas) ART. 4 Numeral 2, (Prohíbe las amenazas de violencia cuya finalidad sea atemorizar a la población civil )159, entre otros. El tipo de violaciones cometidas por el ejército varían en función de la región y la unidad. En el oriente de Colombia, donde los paramilitares son una fuerza débil o que todavía no han avanzado lo suficiente, el ejército está implicado directamente en el asesinato, tortura o amenazas a personas que no participan directamente en las hostilidades o de combatientes que se han rendido o han sido capturados, en condiciones calificadas por los Convenios de Ginebra como horas de combate (fuera de combate). En el resto del país, donde los paramilitares tienen una presencia destacada, el ejército no adopta medidas contra ellos y tolera sus actividades, entre ellas graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario; suministra información de inteligencia a los grupos paramilitares para que lleven a cabo sus operaciones; y en otros casos promueve y se coordina activamente con las unidades paramilitares y participa en maniobras conjuntas con ellos que suelen resultar en Cundinamarca. Las unidades de las AUC suelen operar en coordinación directa con las fuerzas de seguridad colombianas, las AUC también actúan de manera independiente y cuentan con su propia estructura de mando, fuentes de suministro de armas y provisiones y planificación de operaciones.

159 La violación de todas estas normas en el conflicto colombiano, y, en especial, la de atemorizar a la población civil, es el eje estratégico sobre el que está montado el accionar de los actores de la confrontación y la causa que genera tantos desplazados.

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El líder de las AUC, Carlos Castaño ha declarado reiteradamente su voluntad de comprometer a sus fuerzas a que respeten el Derecho Internacional Humanitario, lo cual si se pone en práctica, supondría un avance en la protección de la vida humana. Sin embargo, Castaño también ha afirmado que las características de la guerra colombiana (con muchos combatientes sin uniforme ni identificación) hacen que las normas estrictas sean difíciles si no imposibles de aplicar160. En cambio, ha defendido una versión «criolla» del Derecho Internacional Humanitario, que es incompatible con un principio esencial de este derecho: la protección de los combatientes rendidos, capturados o que de cualquier manera se encuentran en un estado de indefensión. La Policía Nacional también ha incorporado el tema de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a su discurso oficial, y realiza capacitaciones periódicas sobre estas normas internacionales a sus agentes. En general, los mandos policiales prestan más atención que los militares a los informes sobre abusos cometidos por sus subordinados y están más dispuestos a iniciar investigaciones sobre estos hechos. En varias ocasiones, la Policía ha calificado públicamente a comunidades enteras de guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla y retira la protección policial, una violación de su responsabilidad de proteger a los civiles en situaciones de peligro de conformidad con el derecho colombiano e internacional. De este modo, permite que los paramilitares circulen libremente en la zona y asesinen a civiles.

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Las CONVIVIR están autorizadas por el Gobierno y dirigidas por civiles que presuntamente practican la autodefensa y constituyen una red de respuesta rápida contra los ataques de la guerrilla. Sin embargo, varias CONVIVIR han participado directamente en las hostilidades, han atacado a la guerrilla y han colaborado estrechamente en operaciones militares y policiales. Las CONVIVIR desdibujan peligrosamente la línea divisoria entre civiles y combatientes, lo que expone a los civiles al riesgo de ataque. Además, el Gobierno hasta ahora no ha supervisado ni controlado eficazmente a las CONVIVIR, y algunas de ellas han asesinado o amenazado de muerte a civiles.

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160 Una característica de la cultura colombiana en el análisis y la gerencia de problemas consiste, precisamente, en admitir con entusiasmo el problema y sentar de inmediato, incluso en tono enfático, sin mediar mayor estudio, «la rotunda solución» del mismo. Al parecer, asunto arreglado y todo el mundo contento. Sin embargo, una vez superada la alta presión de las expectativas que el problema había generado, no sólo se inicia (de modo extemporáneo) el análisis del citado problema (empezándose a notar un cúmulo de inconveniencias en la solución prematuramente adoptada) sino que comienzan a formularse cambios sutiles a la solución anteriormente aprobada, lo cual, de hecho, desbarata el compromiso que llevó en un principio al acuerdo y a la solución del problema. Esa cultura viciada «de la insolucionabilidad» de los problemas permite que estos crezcan y sean más tarde muy difíciles de manejar, o, algo peor, que es típico del modo de vivir colombiano: Se deja la solución del problema en la ambigüedad, con la resignación consciente y fatal de «convivir con el problema». Incluso esta característica de la colombianidad –que nos ha permitido «convivir» casi un siglo en conflicto bélico- ha invadido también el terreno de la Ley. En Colombia, toda ley establece un procedimiento y sus resultados se destacan en la titularidad y en su introducción. Esto da la falsa imagen de que «aprobamos con facilidad» muchas reformas, por ejemplo. No obstante, en medio del cuerpo de la ley, entre los grandes articulados, se filtran ciertos parágrafos e incisos casi invisibles pero tan certeros, con los cuales termina desvirtuándose allí el objetivo principal de la Ley. Esta estrategia, acaba con el gran esfuerzo hecho en la expedición de la Ley, pues la eutraliza, o, peor aún, la entraba en una atmósfera polisignificante tan curiosa, que termina sirviéndole a los abogados (Colombia es una país de abogados) para aplicarla en casos y con enfoques absolutamente distintos y extraños al inicial problema que originó la citada Ley. Esta característica de nuestra psicología social ha sido, sin duda, un ingrediente fundamental, sino el mayor, en la prolongación del conflicto colombiano (por ejemplo, en Colombia «iniciar negociaciones» no significa –como en el resto del mundo- que las partes se sientan a poner fin a un problema; sino que, «negociar», significa una oportunidad para ganar ventajas estratégicas al adversario para seguir luchando porque crezca el problema). Como si la misión fuera crear un problema, alimentarlo a diario para que se complique bastante, y hacer que crezca lo mejor que se pueda, hasta lograr la meta delirante de tener «el problema más perfecto e insoluble del mundo». Eso hace del conflicto colombiano, algo demasiado singular e inmanejable para propios y extraños.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Las Farc, la más grande guerrilla colombiana, intenta adaptar sus métodos de lucha a las normas internacionales cuando consideran que existe un beneficio político, exhiben su respeto al Derecho Internacional Humanitario161. Sin embargo, en decenas de otros casos donde no existe un beneficio claro, violan flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario. Entre las violaciones documentadas se encuentran masacres y asesinatos planificados de civiles, asesinato de combatientes fuera de combate, tortura, toma de rehenes, pillaje y ataques a objetivos sin carácter militar como ambulancias. Una y otra vez, las Farc niegan su participación en este tipo de violaciones incluso cuando la prueba de su responsabilidad es contundente162. La UC-ELN (Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional) fue uno de los primeros grupos insurgentes de Colombia que inició un debate interno sobre el Derecho Internacional Humanitario. Incluso cuando Colombia no quiso adoptar el Protocolo II, la UC-ELN reclamó negociaciones con el fin de «humanizar» el conflicto político. Sin embargo, esta apertura a la negociación todavía no se ha reflejado en su conducta real. De hecho, la UC-ELN cuestiona enérgicamente los conceptos del Derecho Internacional Humanitario, a veces para justificar tácticas que constituyen claras violaciones y en la práctica demuestra un desdén claro por estas normas. Además, la UC-ELN viola la prohibición de atacar objetivos sin carácter militar mediante la colocación sistemática de explosivos en los oleoductos colombianos con el fin de extorsionar a las compañías petroleras y demostrar sus objetivos políticos163. El EPL informó que respeta el Derecho Internacional Humanitario, con ciertas excepciones, como por ejemplo, permitir que sus fuerzas ejecuten a personas que participan en grupos paramilitares. Dichas excepciones confirman que en los hechos cometen asesinatos políticos que los disfraza de 161 Uno de los principales factores de pérdida de credibilidad internacional de las FARC ha sido su doble discurso de Derechos Humanos y la retención, por secuestro extorsivo, de miles de personas en las selvas, algunas hasta con ocho años de cautiverio allí. 162 La reciente reclasificación de la violencia crónica colombiana, y que cada vez hace más carrera en los organismos internacionales, como «un fenómeno de epidemiología» –que amenaza convertirse en pandemia a lo largo de toda América y parte de Asia- es bastante significativa y preocupante. No sólo para nosotros (que tendríamos, en un caso como este, mínima capacidad de decisión) sino para el conglomerado de naciones con fuertes intereses en Colombia o que podrían también sentirse amenazadas por nuestro problema de insalubridad. Eso significaría que estaríamos en el terreno directo de la patología social y no en el de los campos de los actos normales como el del honor, la política, la búsqueda de ideales o el de una reacción emocional entendible o justificable, típica de quien da una respuesta de facto racional –en este caso, de violencia- frente a una agresión anterior. Algunos de los signos de patología social del conflicto colombiano, serían: a. Su cronocidad. b. Su aceptación por las partes (casi acostumbradas a convivir con el fenómeno). c. La pérdida de objetivos altruistas. d. El deterioro de la sensibilidad de los victimarios (actores) y la de las víctimas (la población) que los lleva a la práctica de retaliaciones cada vez más sanguinarias. d. La inercia y el cinismo frente a la degradación, lo cual significa pérdida de la autoestima, de la moral, de los patrones éticos, de las metas políticas y militares. e. La carencia de objetivos hacia la resolución del problema social y la subvaloración de la vía negociada en términos realistas y funcionales. f. La perversión adjunta del narcotráfico. g. Su expansión a los países del área. Este conjunto de variables podría indicar al mundo (sobre todo a las naciones poderosas) el fracaso de la gestión política y el desgaste de la vía militar por parte de los actores del fenómeno, lo cual llevaría a estos países a realizar proyecciones del mediano y largo plazo alarmantes y que justificarían para sus intereses otro tipo de tratamiento del fenómeno. Esta línea de análisis de la hipótesis general planteada, nos pondría ante la perspectiva de que los grupos de presión del orden internacional, pudieran acudir a otro tipo de acciones. Podría terminarse con la fase de intermediación e iniciarse una nueva etapa de intervención punitiva (del mismo modo que se persigue a grupos o individuos criminales, delincuentes que tienen un precio, para que respondan ante tribunales internacionales capaces de dictar sentencia y aplicar la pena). Este último escenario posible (se habla en baja voz que cada día toma más cuerpo y «se hace más posible», casi real), además de humillante para los colombianos, nos pondría a las puertas de la pérdida de la identidad como Nación. ¿Podría Colombia ser el Irak desmembrado del próximo quinquenio? Aunque algunos han dicho que tal situación no sería posible (por la extensión territorial, los grandes bosques, etc.) olvidan éstos que en caso de la llamada «acción punitiva» de las grandes potencias, nadie buscaría otro Vietnam. Todo lo contrario. Sería Colombia el primer escenario buscado para iniciar un nuevo tipo de guerra tecnológica, donde se experimentaría, entre otros recursos, la alta robótica. Es decir, la guerra del futuro, que, según los especialistas, no llevará de parte de las grandes potencias soldados al frente de combate sino sólo lo que llaman ellos «diseños autónomos». Lo que significa que podríamos ver pronto en Colombia a la robótica bélica de alta tecnología, por primera vez en la historia, de cacería por caminos y selvas. Una sola mirada desde 70 mil kilómetros de altura, atravesaría la selva más espesa hasta identificar de día o de noche la marca del lapicero en la camisa. Es obvio que, según dirían ellos, «a la captura o destrucción de bestias salvajes» o algo parecido a eso; o a enfermos mentales peligrosos para la humanidad civilizada. 163

Internet: ///A/violacionalosderechoshumanos/romero.html.

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juicios, más el asesinato de familiares de desertores de la guerrilla y de combatientes fuera de combate, la toma de rehenes y los ataques a objetivos sin carácter militar, como los autobuses públicos. Todas las fuerzas en contienda en Colombia provocan desplazamientos y reclutan niños menores de 15 años, sin importar en lo absoluto lo dispuesto por el Derecho Internacional Humanitario. Actualmente, más de un millón y medio de colombianos han sido desplazados por la violencia. Dentro de las causas principales del desplazamiento forzado están las violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El desplazamiento forzado suele ser el resultado de ataques indiscriminados, el terror causado por las masacres, los asesinatos selectivos, la tortura y las amenazas.

Los Derechos Humanos en Colombia y la Comunidad Internacional La Unión Europea, algunas embajadas y diplomáticos europeos han desempeñado papeles destacados en el intento de disminuir la violencia política y el sufrimiento causado por ésta. En abril de 1997, el embajador de los Países Bajos, Gysbert Bos, realizó una visita de tres días a la región del Magdalena Medio, en parte para llamar la atención sobre el aumento de la actividad paramilitar y el desplazamiento. Esta visita fue considerada especialmente importante teniendo en cuenta que, en ese momento, los Países Bajos ocupaban la presidencia de la Unión Europea (UE). La Unión Europea sigue presionando a Colombia para que mejore su historial en materia de Derechos Humanos, emitiendo declaraciones fuertes criticando los niveles de impunidad y la falta de implementación de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Después de los homicidios de los defensores de Derechos Humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña, el Parlamento Europeo aprobó resoluciones condenando las matanzas y solicitando a las autoridades colombianas que investigaran y «tomaran medidas urgentes, eficaces y preventivas para proteger la seguridad personal y garantizar las actividades de las personas que defienden los Derechos Humanos, sociales, laborales y de campesinos y a los líderes políticos.» Igualmente solicitó desmantelar a los grupos paramilitares y a las Convivir. Las siguientes recomendaciones son hechas por la Comunidad Internacional a Colombia164 y se basan en las normas antes mencionadas y reflejan el tipo de violaciones que todas las partes del conflicto cometen. Esto significa en concreto165: USC - Editorial

El cese de los asesinatos de personas que no participan directamente en el conflicto, incluyendo la ejecución de detenidos después de la realización de supuestos juicios. Las personas protegidas no son sólo los civiles que no participan directamente en las hostilidades, sino también los civiles cuyas opiniones puedan ser partidistas; El cese de los asesinatos de combatientes fuera de combate;

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El cese de la tortura;

164 La mayoría de los tratadistas coincide en que Colombia, y en especial los actores del conflicto, debieran adoptar una posición más consciente y racional frente a estas recomendaciones de la comunidad internacional, para evitarse futuras sorpresas. 165

ONU. Boletín Naciones Unidas. Julio de 1997.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

El cese de la mutilación de cadáveres; El cese de las amenazas de muerte contra civiles, incluida la amenaza de considerar civiles «objetivos militares». El cese de los ataques a personal religioso o sanitario que cumplen con su tarea protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; El respeto a las estructuras y los vehículos marcados con el distintivo de la Cruz Roja Internacional. Las fuerzas deben dejar de utilizar, importar, producir y almacenar minas antipersonales, que por definición son armas indiscriminadas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. La adopción de un protocolo facultativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que aumente la edad mínima para el reclutamiento o la participación en las hostilidades de los 15 a los 18 años. La prohibición de la participación de niños en las hostilidades no debe limitarse a la participación «directa», sino que debe incluir la participación de menores en tareas de apoyo, dado que los niños que prestan estos servicios suelen participar directamente en las hostilidades posteriormente. Los bandos deben eliminar las prácticas que provocan el desplazamiento forzado y dar instrucciones a sus combatientes para que eviten el desplazamiento forzado de civiles. Los bandos deben adoptar reglas claras sobre la instalación de retenes para evitar la muerte de civiles. Se debe dejar claro a los combatientes que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en los retenes está absolutamente prohibida por el Derecho Internacional Humanitario. Los atentados contra los funcionarios elegidos democráticamente, candidatos electorales y otros que expresan una opinión política también están prohibidos. Las partes en conflicto deben negociar los siguientes puntos con carácter prioritario: Un mecanismo para mejorar la localización e identificación de las personas «desaparecidas,» heridas y caídas en combate, y asistir en las tareas de evacuación de civiles protegidos de las áreas de combate; Un mecanismo para establecer zonas desmilitarizadas en las áreas de combate para la protección de civiles y el tratamiento de heridos; Un mecanismo para identificar y señalar de manera adecuada los edificios de la salud y religiosos, los monumentos históricos y culturales y las áreas donde existen zonas de peligro, tales como represas, diques y centrales nucleares de energía eléctrica dado que de acuerdo al artículo 15 del Protocolo II se encuentran protegidas. Se deben dar instrucciones a los combatientes para que se abstengan de atacar estas instalaciones. Se debe impartir al mismo tiempo una educación a la población sobre el significado de estos

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símbolos internacionales. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa y el subcomité de Derechos Humanos organizaron en Bruselas en 1995, una audiencia pública del Parlamento Europeo en donde se destacó la ponencia del diputado Carlos Carnero que trabajó el tema «La inclusión del respeto de los principios democráticos y de Derechos Humanos en los acuerdos entre la Comunidad Europea y terceros países», en la que sostiene: La Comunidad Europea es pionera en el camino hacia una sociedad más justa y hacia un nuevo orden mundial basado en la dignidad de los seres humanos. El mercado y sus leyes no deben avalar la falta de derechos y de protección social, por el contrario cobrará sentido al servicio del bienestar material, social, cultural de la humanidad166.

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El desarrollo no existe sin paz ni democracia. Por todo lo anterior una investigación como esta, al menos encuentra una luz de esperanza a los grupos económicos desarrollados y en especial la Unión Europea pueden condicionar su colaboración económica, comercial al mejoramiento del ser humano y a sus condiciones de vida. Todos pueden evitar ser desplazados.

152 166 La visión a mediano y largo plazo del impacto del fenómeno de violencia crónica en Colombia, aparte de significar un influyente «presupuesto económico», puede convertirse, de la noche a la mañana, en «un valioso presupuesto social y cultural de la humanidad», lo cual, por sí mismo, debido a los altos costos y mínimo beneficio (relación costo / beneficio) favorable, podría influir en el cambio de tratamiento que se le dé en un futuro cercano a Colombia.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

CAPÍTULO

EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LOS DESPLAZADOS

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Una mirada integral al Desplazado en Colombia

El Gobierno colombiano ha generado una serie de medidas, normas, e instituciones para atender a la población desplazada, en ocasiones por recomendación de los organismos internacionales y en otras por las presiones de la población civil e incluso de las ONG. En este capítulo se realiza un análisis de los principales aspectos. El desarrollo de los parámetros internacionales para los desplazados internos, fue presentado por el representante del Secretario General para los Desplazados Internos a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en abril de 1998167. La Comisión, compuesta por 53 miembros, tomó nota de los principios en una resolución adoptada por unanimidad, y reconoció la intención declarada del representante de utilizarlos en su trabajo. Le pidió que informara sobre los esfuerzos realizados y sobre las opiniones expresadas por los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las ONG. La resolución también señaló que los Principios Rectores habían sido bien recibidos por el Comité Permanente lnter-Agencias (CPIA)168, compuesto por los responsables de las principales organizaciones internacionales humanitarias y de desarrollo, el cual había pedido a sus miembros que los discutieran con sus juntas rectoras. La decisión del CPIA169 de marzo de 1998 también había alentado a sus propios miembros a discutirlos con su personal y a aplicar los principios en sus actividades en favor de los Dl. La decisión reforzada del CPIA, el ACNUR, UNICEF, el PMA y la OIM presentaron comunicaciones a la comisión resaltando la importancia de los Principios Rectores para su trabajo. UNICEF describió los principios como un punto de referencia excelente que servirá como parámetro internacional de

155 167 Colombia entró a formar parte de la Convención Americana, a partir del 31 de julio de 1973 durante el Gobierno de Misael Pastrana Borrero, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, el jurista y defensor de los Derechos Humanos, Alfredo Vásquez Carrizosa, preparó la documentación respectiva. 168 Ratificada por la Comisión Colombiana de Juristas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el 6 de marzo de 1996. 169

SALINAS, Yamile, Estándares Internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ONU, 2004.

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protección y asistencia a los DI. El PMA observó que los principios aumentarían la concienciación nacional sobre los problemas específicos a los que se enfrentan los Dl así como sobre las normas jurídicas relevantes para tratar sus problemas. Las ONG, en sus intervenciones ante la Comisión, urgieron la acción efectiva sobre el terreno con relación a las disposiciones contenidas en los principios. Aunque no se pidió (ni se esperó), que la Comisión adoptara los principios, ésta dio un paso adelante muy importante en la mejora de la protección a los DI al reconocer los principios y el uso esperado que se haría de ellos en el terreno170.

La necesidad de principios

USC - Editorial

Los principios rectores consolidaron en un documento todas las normas internacionales aplicables a la cuestión de los Dl, hasta entonces dispersas en muchos instrumentos diferentes. Aunque no es un documento jurídicamente vinculante, los principios reflejan y son consecuentes con el Derecho Internacional de los derechos humanos y el Derecho Humanitario existentes. Al redactar de nuevo las normas ya existentes, también se pretende superar la existencia de zonas grises y de lagunas171. Un estudio anterior había encontrado 17 áreas de protección insuficiente para los Dl y ocho áreas de lagunas jurídicas evidentes. No era posible encontrar, por ejemplo, una norma que prohibiera explícitamente el retorno forzoso de Dl a zonas de riesgo. Tampoco había un derecho a la restitución de la propiedad perdida como consecuencia del desplazamiento durante el conflicto armado, o a la compensación por dicha pérdida. Es más, el Derecho guardaba silencio sobre el internamiento de los Dl en campos. Se necesitaban garantías especiales para las mujeres y los niños.

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Los principios, desarrollados por un grupo de juristas internacionalistas, no crean un nuevo status jurídico para los Dl. Dado que OT se encuentran dentro de su propio país, gozan de los mismos derechos y libertades que otras personas en su país. Tienen, sin embargo, necesidades especiales por causa de su desplazamiento172, que los principios intentan regular. Son aplicables tanto a los gobiernos como a las fuerzas insurgentes, ya que ambos causan frecuentemente el desplazamiento y someten a los Dl a abusos. También tratan todas las fases del desplazamiento La mayoría de las organizaciones intergubernamentales y las ONG aparecen en escena sólo después de que haya tenido lugar el desplazamiento, o durante la fase de retorno y reintegración. Pero los principios también tratan la prevención del desplazamiento ilegal. En la introducción de los principios, se describe a los DI como «personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente». Esta es la definición más amplia en uso de Dl en el ámbito internacional o regional. 170 Un avance importante habida cuenta de la situación tan precaria que a nivel interno se vivía en torno de los DI, así sobre el terreno, aún hoy, haya dificultades para aplicarlos. Pero, de todos modos, está inserta la cultura de estos principios en nuestra racionalidad. 171 El principal problema para la jurisprudencia radica más en homologar la dinámica del conflicto que en cubrir las demandas sistémicas de la ciencia. Ocurre, sin embargo, que la invención de nuevas y aterradoras recurrencias por parte de los actores armados es, como sucede con toda realidad, como con el lenguaje, casi inalcanzable. Algo similar como ocurre con los neologismos en el idioma frente a los esfuerzos codificadores de la academia. Siempre el neologismo irá adelante, mientras la academia lo reconoce, lo captura y lo tramita.

172 Es, justamente, sobre estas especificidades que los teóricos y analistas disertan, con base en las cuales se ha podido crear «un nuevo clima» respecto de las regulaciones que las partes en conflicto deben observar.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

La primera sección de los principios trata la protección contra el desplazamiento y enumera explícitamente las circunstancias y condiciones en las que el desplazamiento es inadmisible y las garantías mínimas procesales que deben ser respetadas en el caso en que ocurriera el desplazamiento. Los principios dejan claro, por ejemplo, que el desplazamiento está prohibido cuando se basa en políticas de apartheid, ‘limpieza étnica’173, u otras prácticas «que tienen por objeto o resultado la alteración de la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada». También consideran como desplazamiento interno «los casos de proyectos de desarrollo a gran escala, que no están justificados por intereses imperiosos de seguridad nacional». Además, se deja claro que el desplazamiento no debería realizarse de modo que viole el derecho a la vida, la dignidad, la libertad o la seguridad de los afectados. Del mismo modo, los Estados tienen una obligación particular de proporcionar protección contra el desplazamiento de los pueblos indígenas y de otros grupos con una dependencia o un vínculo especiales con sus tierras. La sección relativa a la protección durante el desplazamiento cubre una amplia gama de derechos. En la mayoría de los casos, se afirman las normas generales, seguidas de los derechos específicos que necesitan los Dl para hacer efectivas dichas normas. Por ejemplo, después de afirmar la norma general que prohíbe el trato cruel e inhumano, se especifica que los Dl no deben ser devueltos forzosamente o reasentados en condiciones en las que su vida, seguridad libertad y/o salud estén en peligro. De manera similar, tras la norma general sobre el respeto a la vida familiar, se especifica que las familias separadas por el desplazamiento deberían ser reunidas tan pronto como sea posible174. Asimismo, se hace efectiva la norma general que reconoce el derecho a la personalidad jurídica del ser humano al especificar que deberían expedirse a los Dl todos los documentos necesarios que les permitan disfrutar de sus derechos legales y que las autoridades deben facilitar la sustitución de los documentos perdidos en el curso del desplazamiento. Se presta especial atención a las necesidades de las mujeres y los niños, incluida la prohibición de violencia específicamente de género, así como a las disposiciones que exigen la plena participación de las mujeres en la planificación y distribución de alimentos y de objetos básicos. Se afirma también el acceso de las mujeres a los servicios de salud femenina y a los cuidados de salud reproductiva y se reconoce la igualdad de derechos de la mujer para obtener documentación y para que tal documentación se expida a su propio nombre. Se prohíbe el reclutamiento forzoso de los niños en las fuerzas armadas y se piden esfuerzos especiales para reunir a los niños con sus familias. Los principios prohíben causar hambrunas como método de combate175. Afirman el derecho de los Dl a pedir asistencia humanitaria, el derecho de los actores internacionales a ofrecer dicha asistencia y la obligación de los Estados de aceptar tales ofertas. De hecho, el consentimiento por parte de los gobiernos y de otras autoridades que reciben ayuda humanitaria no puede ser denegado arbitrariamente. Se insiste en el acceso rápido y sin obstáculos a los Dl. Las organizaciones humanitarias proporcionan asistencia a los Dl sin prestar la suficiente atención a sus necesidades de protección y de derechos humanos, este énfasis en la protección es un cambio bien recibido. De hecho, la inutilidad de alimentar a las personas sin prestar atención a sus

173

RAMOS GARBIRAS, Alberto, Violencia, fronteras e intervención, Textos Académicos, FAID Editores, Cali, 2000.

174

ESQUIROL, Jorge L, El proceso de paz: Conforme al Derecho Internacional, La otra Guerra, Plaza & Janes Editores, Bogotá, 1999.

175 NAVARRO, Antonio, Una economía campesina capaz de producir eficientemente, El problema rural da la clave, Tierras en Conflicto, Santa Fe de Bogotá, marzo-abril del 2005.

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necesidades de protección se ha demostrado una y otra vez, en Bosnia y en otras crisis en todo el mundo. Reconociendo esto, el entonces Secretario General de ONU, Kofi Annan, pidió una aproximación más integrada a las emergencias humanitarias de modo que la protección y la asistencia fueran tratadas de manera integral176. La sección final de los principios relativos al reasentamiento y la reintegración deja claro que los desplazados tienen derecho a volver a sus hogares o lugares de residencia habitual voluntariamente y con seguridad y dignidad, o a reasentarse en otra parte del país. Ello resulta especialmente pertinente ya que a menudo se fuerza a los Dl a volver a sus hogares aunque las zonas no sean seguras y al margen de sus deseos de reasentarse en otras partes del país. Otra disposición necesaria es la que establece la recuperación de la propiedad y las posesiones perdidas como resultado del desplazamiento así como la compensación o indemnización si la recuperación no es posible.

Aplicación de los principios El siguiente paso importante es difundir extensamente los principios para aumentar así la concienciación internacional sobre las necesidades de los Dl y de los parámetros jurídicos relevantes con relación a sus necesidades. Aunque sólo los principios no pueden evitar el desplazamiento o la violación de los derechos de los Dl, avisan a los gobiernos y a las fuerzas insurgentes que sus acciones están siendo controladas177 y que son responsables de no crear las condiciones que causan el desplazamiento y de proteger a las personas que ya están desplazadas178.

USC - Editorial

Las agencias de Naciones Unidas (NU) han empezado a publicar y a hacer circular los principios y a traducirlos a idiomas distintos del inglés. El vicesecretario general para Asuntos Humanitarios, que preside el proceso inteligencias, ha puesto rápidamente en marcha la difusión de los principios y publicará 10.060 copias para su uso en el terreno. El Global IDP Survey (Consejo Noruego para los Refugiados) también está haciendo circular los principios. Pero llegar a millones de Dl y a las organizaciones que los asisten exigirá un esfuerzo sostenible y global en el que las organizaciones regionales e internacionales, así como las ONG locales, deberían implicarse.

158

Los principios están redactados de manera clara y son fáciles de comprender. La formación con relación a sus disposiciones concretas debe ser parte del programa de formación en gestión de desastres de NU, y de programas similares de las ONG. Es imperativo también formar a las fuerzas de mantenimiento de la paz y la policía de NU en protección y derechos humanos de los Dl. Las ONG han sugerido la elaboración de un manual de distribución general basado en los principios, para ayudar a la formación de trabajadores sobre el terreno y de las autoridades locales; actualmente se está preparando uno bajo los auspicios del Proyecto de la Institución Erookings sobre Desplazamiento Interno. El control de la aplicación de los principios es crítico para su efectividad. Dado que no existe un órgano de control que supervise la materialización de los principios, las agencias de NU, los organismos regionales y las ONG tendrán que llevar a cabo esta función.

176

ANNAN, Kofi, Intervención sobre la situación en Bosnia, Secretaría General de las Naciones Unidas.

177

Transmite, inclusive, el mensaje de que mucha gente del Primer Mundo Desarrollado, con poder e influencias, podría generar severas sanciones en tribunales internacionales, sobre los abusadores internos. 178

SANTOS FRANCISCO, Documentos Vicepresidencia de la República, Bogotá, 2004.

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Red de Solidaridad Social La Red de Solidaridad Social es una iniciativa presidencial que convoca a la solidaridad nacional para atender las necesidades apremiantes de los grupos de población más pobres y vulnerables del país y facilitar su participación en los grandes programas sociales. Bajo esta orientación, la Red ejecuta un conjunto de acciones que, articuladas entre sí179, buscan mejorar la calidad de vida de estos grupos y consolidar el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Es el ente oficial encargado de atender el problema del desplazamiento El Ministerio de Salud es el ente público con la responsabilidad de la vigilancia de la Salud de los desplazados. Cuenta con una unidad dentro de la subdirección de urgencias, emergencias y desastres focalizada en los desplazados.

Identificación de los responsables del Desplazamiento interno A diferencia de las situaciones de desplazamiento esencialmente rural que conoció Colombia en la primera mitad del siglo XX, motivado por la búsqueda de tierras cultivables o por despojos, en los últimos años el fenómeno aparece como parte integrante de la estrategia militar de los principales actores. El desorden, la vulnerabilidad y el terror de la población forman parte de un modus operandi. Tanto los observadores como las víctimas coinciden en que ningún actor armado responde por sus actos y todos se acusan mutuamente de la manipulación de los campesinos y del terror sembrado entre la población. Esta dilución de las responsabilidades asegura su mayor impunidad180 internacional, existe la idea de que se carece de un mínimo de eticidad que haga posible, y sobre todo «creíble», la firma de una paz verdadera. El Defensor del Pueblo evalúa que «la migración de estas personas obedece al hecho de que militares y policías, miembros de grupos paramilitares o alzados en armas las forzaron a huir de sus hogares y de sus trabajos para evitar la muerte, la tortura, el ultraje y otros infortunios abatidos sobre sus parientes, amigos y vecinos. El desplazamiento forzado en Colombia es obra conjunta de las partes en conflicto y demuestra en los contendientes total y menosprecio de elementales principios de humanidad» 181. El último informe de Amnistía Internacional sobre el desplazamiento en Colombia también enfatiza que «en la inmensa mayoría de los casos, el desplazamiento de la población civil no es una consecuencia casual, esporádica o inevitable de las operaciones de contra-insurgencia, sino un instrumento básico de la estrategia de las fuerzas armadas para combatir a las fuerzas insurgentes.

159 179 Aquí, en realidad, radica el secreto de esta propuesta: En su poder articulador que determine nuevas realidades para estos grupos. 180 Este avanzado deterioro moral del conflicto, es la principal amenaza para la paz. Sobre todo en el ámbito internacional, existe la idea de que se carece de un mínimo de eticidad que haga posible, y sobre todo «creíble», la firma de una paz verdadera. 181 Defensoría del Pueblo, tercer informe anual del defensor del pueblo al Congreso de Colombia, 1996, pág. 82 (en adelante Tercer Informe Anual del Defensor del Pueblo).

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Las zonas elegidas como objetivo se ‘limpian’ de la base de apoyo real o potencial de las guerrillas, y se repueblan con campesinos favorables a los paramilitares»182. En 1996, la actualización realizada por CODHES de la investigación hecha por un equipo de la Conferencia Episcopal de Colombia y publicado en «Desplazados internos en Colombia»183, atribuye de la siguiente forma las responsabilidades del desplazamiento: 33% a paramilitares 29% a guerrilla 16% a fuerzas públicas 15% a desconocidos u otros, y 6% a milicias urbanas184. Otras organizaciones no gubernamentales calculan porcentajes similares. Según Amnistía Internacional, «los paramilitares son el principal agente expulsor: aproximadamente el 35% de los desplazamientos internos, el 17% por las Fuerzas Armadas y la Policía y el 24% por los grupos armados de oposición»185. FUERZAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD: EN su informe de 1994, el representante del secretario general de las Naciones Unidas para Desplazados Internos señaló que «tanto testimonios como conversaciones con altas personalidades del Gobierno, indican que la población civil que se encuentra en zonas de combate es susceptible de ser desplazada forzadamente»186. En efecto, según el señor Deng, en las zonas controladas o con fuerte presencia de la insurgencia -en la actualidad prácticamente dos tercios del país-, las fuerzas militares realizan redes aéreas, seguidas con operaciones de rastrillo terrestre, que habitualmente obligan a las comunidades a desplazarse temporal o de manera definitiva.

USC - Editorial

La mayoría de los observadores concuerda en que durante el período de vigencia del Decreto Presidencial No. 717 del 18 de abril de 1996, cuando casi el 25 por ciento del territorio nacional fue declarado «zona especial de orden público» bajo poderes especiales de las Fuerzas Militares, la situación de los desplazados empeoró y que «un altísimo porcentaje de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones de la normativa humanitaria no ha sido sancionado»187.

160

Varias organizaciones no gubernamentales e internacionales insisten en que personas desplazadas tras los bombardeos de las fuerzas públicas de seguridad se encuentran, después de huir de sus comunidades, ubicadas en campamentos o en asentamientos fuertemente vigilados y controlados por militares y policías. El hecho de establecer cuarteles militares muy cerca de donde se

182 Amnistía Internacional, Colombia, Just What Do We Have to Do to Stay Alive? Colombia´s Internally Displaced: Dispossessed and Exiled in Their Own Land, octubre de 1997. 183

Informe de la Conferencia Episcopal de Colombia, Derechos Humanos: Desplazados por violencia en olombia, 1995, pág. 160.

184

CODHES

185

Amnistía Internacional

186 Informe del Representante del secretario general para los desplazados, Francis Deng, presentado a la Comisión de Derechos Humanos, 51 periodo de sesiones, en cumplimiento de su resolución 1993/1995, E/CN.4/1995/Add.1,3 de octubre de 1994, párrafo 54 (en adelante 1994 informe del Representante del Secretario General). 187

Tercer informe Anual del defender del Pueblo, págs. 28-29

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

concentra población desplazada de cualquier otro tipo, hace presumir que las denuncias relativas a la utilización de escudos humanos por parte de algunos mandos no estaría alejada de la realidad. La inseguridad de esta población se acrecienta al no poder percibir objetivamente como protectores de su vida o integridad física a los que muchas veces bajo la acusación de «guerrilleros» les obligaron a desalojar sus comunidades y a abandonar todo lo que permitía su supervivencia y a volverse marginales en regiones o ciudades desconocidas por ellos. La Comisión también estudia las condiciones de puesta en marcha de programas militares de erradicación de cultivos ilícitos en zonas supuestamente controladas por la guerrilla, con el objeto de eliminar plantaciones de cocaína con productos químicos, como el tebuthiurón, clasificados entre los de mayor peligrosidad para la población y los futuros cultivos188. Informaciones provenientes de varias fuentes afirman que las fuerzas militares habrían provocado el desplazamiento de cultivadores de coca con estos métodos o utilizando excesiva violencia contra la población a que habría vinculado con los insurgentes. Si bien las autoridades del Estado tienen potestad para prevenir y reprimir los delitos, y en particular para eliminar cultivos de materias ilegales, las fuerzas públicas de seguridad deben en todo momento respetar los derechos fundamentales de la población y no utilizar métodos reñidos con el derecho internacional. GRUPOS ARMADOS DISIDENTES: Desde su inicio y tanto por razones históricas como estratégicas, los grupos armados disidentes han optado por operar en las zonas rurales y paulatinamente avanzar hasta las áreas urbanas. La Conferencia Episcopal informaba en 1994 que la guerrilla utilizaba minas anti-personales, toma de rehenes, secuestros individuales, destrucción de propiedades civiles, ataques a bienes civiles indispensables, acciones todas que obligan al desplazamiento de personas. Si bien los observadores coinciden en señalar que las zonas rurales son las más afectadas, la violencia armada tampoco excluye a las ciudades, donde los desplazados de áreas rurales vuelven a enfrentarse con las mismas violaciones e inseguridades. Al respecto, un informe de la CPDIA establece que «estos grupos (armados disidentes) han sido la causa también de desplazamiento urbano y sus efectos fueron observados en algunas zonas de Medellín»189 . Según la Arquidiócesis de Cali, la información proporcionada por los hogares desplazados permite afirmar que milicias urbanas y la guerrilla son uno de los principales responsables del desplazamiento forzoso de la población que arriba a Cali. Así, sostienen que las acciones contra la población civil por parte de grupos armados disidentes que operan en los departamentos del Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Antioquia también son causa directa de desplazamiento190. Aun cuando la Comisión no tenga competencia en el marco de la Convención Americana para examinar las denuncias contra grupos cuyos actos no son imputables al Estado, considera oportuno enfatizar que el respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario se aplican a todas las partes en el conflicto, y en particular reiterar la aplicabilidad de los Principios Rectores que requieren que cualquier grupo o persona, en sus relaciones con desplazados internos, respete sus derechos fundamentales.

188

«Pushed by US, Colombia Plans New Chemical Attack on Coca», New York Times, 20 de junio de 1998.

189

Informe de la CPDIA, pág. 28

190

Arquidiócesis de Cali, pág. 37-38

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GRUPOS PARAMILITARES: Basándose en la información que ha recibido al respecto, la Comisión considera que los grupos paramilitares son la mayor causante de desplazamientos colectivos de la población rural. Según fuentes de organizaciones humanitarias, eclesiásticas y observadores internacionales, el recrudecimiento de las actividades paramilitares en estos últimos años se ha centrado en operaciones de rastrillo o limpieza contra poblaciones civiles sospechosas de ayudar y contribuir a la logística de los grupos armados disidentes o quienes ocupan tierras que quieren adquirir los grupos paramilitares. En 1994, el informe del representante del secretario general de las Naciones Unidas para los Desplazados, Francis Deng, consideraba que: «Algunas organizaciones no gubernamentales y víctimas de violaciones a los DDHH así como muchos funcionarios dijeron al Representante que estos grupos son la fuente del consiguiente desplazamiento y que en muchos casos gozan al menos del apoyo tácito del Gobierno, mientras que en muchas zonas son financiados y usados por los narcotraficantes»191. La Comisión también recibió información indicando que el Estado colombiano fue omiso en acciones administrativas, legislativas, judiciales, etc., para impedir o prevenir las acciones de estos grupos, contribuyendo a mantener la impunidad y, por tanto, el desplazamiento como consecuencia de las mismas, que en muchos casos fue anunciado previamente por los propios causantes. Al referirse al caso de los desplazados de la Finca Bellacruz, el ex-consejero presidencial para los Derechos Humanos señaló que: Estos grupos (paramilitares) han pretendido defender los intereses de determinados sectores frente a la guerrilla pero han cometido abusos, atropellos y crímenes. Fueron justamente estos grupos los que, al parecer, expulsaron en febrero de 1996 a los campesinos (de Bellacruz)192, víctimas del desplazamiento forzado... En los municipios de San Pelayo y municipios aledaños existe una situación muy conflictiva cuya víctima fundamental es la población civil y concretamente los campesinos, atrapados entre la guerrilla y los paramilitares.

USC - Editorial

La Arquidiócesis de Bogotá demuestra que los grupos paramilitares tienen la mayor incidencia en el desplazamiento de población hacia la capital. Gratuito no es que el 42 por ciento de los hogares consultados hayan responsabilizado a estos grupos de las acciones de muerte, terror y amenazas que motivaron su huida193.

162

Tal como ya se analizó en el Capítulo IV del presente informe, la Comisión considera que determinadas actuaciones de los grupos paramilitares pueden implicar la responsabilidad internacional del Estado de Colombia. Por esta razón, tanto las normas de derechos humanos como las del derecho humanitario pueden ser aplicadas bajo ciertas circunstancias a las acciones dirigidas por grupos paramilitares194.

191

1994, informe del representante del secretario general, pág. 42

192 Esta situación fue elevada a los tribunales y juzgado por ello el representante legal de Bellacruz, el ex -embajador Carlos Arturo Marulanda Grillo. 193 Este informe tramitado desde una institución nacional (la iglesia) coincide con los informes de las ONGinternacionales sobre el tema. 194

Ver Capítulo IV del Informe de la OEA

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Respuestas del Estado La Comisión ha podido constatar que existe coincidencia tanto en sectores gubernamentales como no gubernamentales sobre la gravedad del fenómeno del desplazamiento interno y la imperiosa necesidad de prevenirlo y proteger a las víctimas. También existe consenso entre los observadores nacionales y los representantes de organizaciones internacionales de que el Estado ha dirigido ciertos esfuerzos para tratar de dar soluciones a los desplazados, pero muchos coinciden en señalar que la política adoptada hasta ahora por el Estado para enfrentar esta situación no ha sido suficiente y no ha logrado una disminución del mismo. El aspecto más grave de esta falta de respuesta efectiva es que no se ha observado la interposición de medidas gubernamentales para la prevención de acciones que provocan los desplazamientos forzados, a pesar de ser concebidas como un eje de la política gubernamental195 y de que la gran mayoría de los desplazamientos fueron anunciados por los propios responsables o denunciados por las comunidades afectadas, organismos de control, la Iglesia o diversas organizaciones de la sociedad civil. Marco de la política del estado en materia de asistencia y protección a los desplazados internos: La Comisión reconoce la voluntad que en años recientes ha tenido el Estado de enfrentar la situación del desplazamiento interno dentro del marco global de la protección a los derechos humanos. También valora el impulso que ha significado simultáneamente para la promoción de los derechos humanos y del derecho humanitario la incorporación de textos internacionales y de convenios específicos sobre desplazados internos dentro de la legislación nacional, a través del artículo 93 de la Constitución Política o por propuestas legislativas. A través de estos esfuerzos, se ha logrado la aprobación de una cantidad notable de normas legales y la adopción de programas estatales o semiestatales que han contribuido a aportar algún tipo de asistencia y protección a los desplazados. Desde 1994 el Gobierno había inscrito dentro del «Plan Nacional de Desarrollo, Salto Social», su prioridad para adoptar una política clara respecto a los desplazados. En septiembre de 1995 el documento número 2804 del Consejo de Política Económica y Social («CONPES»39 ) creó el Programa Nacional de Atención Integral a la población desplazada por la violencia en Colombia, con los objetivos de asistir a esta población y prevenir las dinámicas de la violencia que generan el fenómeno. Sin embargo, las autoridades reconocieron meses más tarde que el programa había tenido «dificultades de gestión y coordinación interinstitucional, de información y de carácter financiero»196. La creación de la Consejería Presidencial para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, el 28 de abril de 1997, tuvo el propósito de coordinar el desarrollo de todas las operaciones, medidas, y mecanismos del Programa Nacional de Atención197. Tal programa se financia sobre

195

CEPEDA, Manuel, A la cárcel quienes no cumplan disposiciones sobre desplazados en Colombia. El plazo para rendir informes de sus resultados con cuentas organizadas, vencerá el próximo 1 de diciembre de 2005, Declaración oficial del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Santa Fe de Bogotá, octubre 8 de 2005. 196 CONPES es un órgano de la rama ejecutiva del Estado colombiano compuesto por los ministros de las carteras correspondientes para la aprobación de planes o proyectos específicos presentados por el Gobierno. 197 El decreto 1165 del 28 de abril de 1997 establece la responsabilidad de la Consejería Presidencial para la atención Integral a la Población Desplazada por la violencia de coordinar el desarrollo y operación del Programa Nacional de Atención y la Red Nacional de Información. Esta Red tiene el fin de recolectar y coordinar la información sobre el desplazamiento.

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la base del Decreto 1458 del 30 de mayo de 1997 que reglamenta la naturaleza y funcionamiento del Fondo para Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen, creando una partida especial para los desplazados. El documento número 2924 de CONPES de 1997 también presentaba estrategias de prevención, atención inmediata, consolidación y estabilización socioeconómica. La Ley No. 387 del 18 de julio de 1997, impulsada por el Gobierno, reagrupó varios de los organismos que trabajan con los desplazados internos y señaló la necesidad de coordinar el Programa Nacional de Atención con las organizaciones no-gubernamentales y algunos organismos internacionales especializados en esta temática. Partiendo de esta Ley, se diseñó el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, que contiene las acciones que el Gobierno debe ejecutar para la protección de la población desplazada. Este Plan complementa los lineamientos de la política gubernamental consignada en los documentos CONPES e incluye nuevos protocolos de las entidades que trabajan en el tema de los desplazados. El concepto del Estado ha sido también que las acciones previstas en el mediano y largo plazo debían generar las condiciones de sostenibilidad socioeconómica para la población desplazada en el marco de un retorno voluntario y de reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas, a través del acceso al Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y de Programas de Atención Social. En el año 1997, el Gobierno solicitó también a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados («ACNUR») abrir una oficina en Colombia con el propósito de aprovechar las experiencias de su mandato en procesos de retorno para la población desplazada. El Estado también trabajó con las diferentes agencias internacionales para crear un sistema de información de alerta temprana.

USC - Editorial

Carencias y deficiencias del estado frente al tema del desplazamiento interno: La Comisión reconoce que el Estado colombiano, a través de sus autoridades gubernativas, ha tomado algunas medidas para incorporar las recomendaciones de los expertos para abordar el tema de los desplazados internos. Sin embargo, las dificultades de toda índole para alcanzar las metas gubernamentales, algunas reconocidas por las propias autoridades del Estado, no permiten hasta la fecha vislumbrar ningún retroceso significativo del desplazamiento interno sino lo contrario.

164

Las carencias en la respuesta del Estado han sido provocadas en gran parte por los problemas fiscales que éste enfrenta, así como por la «expansión de la insurgencia armada, la cual incluye regiones de movilización campesina por la tierra en las que también se da la confrontación con las fuerzas legítimas del Estado, convirtiendo así todos estos espacios en zona de guerra, donde una gran parte de las víctimas son campesinos y se presentan los fenómenos de desplazamiento forzoso»198. La Comisión no sólo asume que en determinados puntos del territorio las autoridades del Estado tienen dificultades de acceso, en razón de la densidad o recrudecimiento del conflicto armado interno, sino que entiende que en algunos casos, la implementación de las políticas de prevención y protección a los desplazados internos puede llegar a ser virtualmente imposible. Sin embargo, en muchos casos donde éstos se podrían razonablemente contemplar, los órganos competentes no han demostrado un grado significativo de voluntad para iniciar y ejecutar tales procedimientos.

198

Respuesta del Ministro de Agricultura ante Cámara de Representantes, citado en informe de la CPDIA, pág. 27.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

La Comisión considera con preocupación las siguientes carencias en la puesta en aplicación del Programa Nacional de Atención: La impunidad de las violaciones de derechos humanos y de las normas del derecho humanitario presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas militares y de seguridad contra la población civil se mantienen, situación que favorece la continuidad de dichos abusos, así como la prolongación e incremento del desplazamiento mismo. Hasta la fecha, esta Comisión no ha tenido información de sentencias en contra de miembros de las fuerzas armadas o de seguridad que habrían cometido violaciones en el marco de sus operaciones armadas llevando al desplazamiento. También la impunidad en que se mueven y operan los grupos paramilitares ha representado un factor exponencial para el desplazamiento de la población rural. El hecho de que el Gobierno haya optado por una política de asistencia más que de prevención y protección adecuada puede encontrar su justificación en el contexto actual que vive Colombia, pero en ningún caso puede servir de pretexto admisible. En efecto, erradicar las causas del desplazamiento y prevenirlo son competencia primordialmente del Estado. Además de los problemas existentes en relación con la prevención del desplazamiento forzoso, también se han detectado dificultades importantes relacionadas con la asistencia a las personas que viven en situación de desplazamiento. Aunque con problemas presupuestarios, se ha puesto en evidencia que el Programa Nacional de Atención duplica o multiplica muchos esfuerzos y que no ha existido una real coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales, o entre el Gobierno y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Estas carencias han dejado a gran cantidad de familias desplazadas sin censar y, por lo tanto, sin posibilidad de acceso a los programas de atención básicos. La Comisión recalca que la tendencia actual del derecho internacional, establecida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y apoyada por la Comisión Interamericana, requiere que los Estados cubran las necesidades básicas de la población civil a lo largo del conflicto y que aseguren asistencia alimenticia, suministro de agua potable, y condiciones de higiene satisfactorias así como atención médica a los heridos o enfermos. El Programa Nacional de Atención no ha contemplado la urgencia de definir una política de documentación adecuada de la población desplazada199 a Nacional del Estado Civil fracasó en el proyecto de actualizar las cédulas plastificadas, fáciles de falsificar. En Venezuela, en cambio, ciudadanos colombianos dicen haber sido cedulados a los seis meses de vivir allí, lo cual les permite participar en las elecciones, inclusive. . Esto afecta no sólo a los menores, que muchas veces no se encuentran ni siquiera registrados en el registro de nacimiento, sino también a los desplazados en general en su capacidad jurídica. Tal responsabilidad corresponde ineludiblemente al Estado, y puede considerarse irracional el hecho que el texto de la Ley nacional no pueda ser cumplido primeramente por falta de funcionarios competentes para emitir dicha documentación u otras razones. La estrategia de consolidación socioeconómica no ha atenuado substancialmente las dificultades de acceder a tierras cultivables por parte de la población en general y en particular para los desplazados. Esto confirma la apreciación de expertos según los cuales el proceso de reforma agraria se ha visto interrumpido en los escenarios regionales «donde se enfrentan las violencias de la guerrilla,

199 La crisis de identificación ciudadana en Colombia (cédula) es tan dramática, que la Registraduría Nacional del Estado Civil fracasó en el proyecto de actualizar las cédulas plastificadas, fáciles de falsificar. En Venezuela, en cambio, ciudadanos colombianos dicen haber sido cedulados a los seis meses de vivir allí, lo cual les permite participar en las elecciones, inclusive.

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las operaciones de contrainsurgencia, de los grupos paramilitares y la expansión territorial del narcotráfico, lo que ha dado lugar al desplazamiento forzado de personas, particularmente campesinos, estableciéndose una relación entre los factores que han impedido por diversas razones y coyunturas, la relación de la reforma agraria, con la expulsión violenta de aquellos de sus localidades de residencia .... Así, campesinos asentados en tierras adquiridas por INCORA han sido amenazados y se han visto obligados a solicitar autorización al Instituto para enajenar sus parcelas y salir de este lugar»200. También existe un problema serio en relación con la falta de alternativas de desarrollo en las zonas de cultivo de coca. La misión de la CPDIA, al evaluar la situación de las zonas de producción de cultivos ilícitos en los Departamentos de Putumayo, Guaviare, Caquetá y Meta, cuyo control por parte del Gobierno ha originado desplazamientos masivos de campesinos cocaleros, en su mayoría colonos llegados de otras zonas del país desde hace varios años que se radicaron allí en búsqueda de alternativas de subsistencia, considera que estos territorios se han convertido en virtuales teatros de confrontación declarados «zonas de orden público» y que las insuficiencias del programa gubernamental de sustitución de cultivos, junto a la inseguridad de estas zonas, han favorecido notoriamente el desplazamiento de la población campesina. El favorecer o incentivar el retorno en zonas donde el conflicto se mantiene, o donde el Estado no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pone a los desplazados ante el peligro de ser tomados como rehenes o ser objeto de violencia por una de las partes en el conflicto, y deja sin posibilidades de consolidación las áreas de reasentamiento, anulándose de hecho la titularización de las tierras adjudicadas a los desplazados. A este respecto se recuerda que el principio 21 de los Principios Rectores sobre desplazados insiste en el debido respeto y garantías al derecho de propiedad de esta población. También establecen que el retorno debe llevarse a cabo solamente en condiciones de seguridad y dignidad. De la misma manera, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial aprobó el 16 de agosto de 1996 su recomendación general XXII relativo a los refugiados y al desplazamiento de personas por motivos étnicos.

USC - Editorial

En esta recomendación se reitera que «todos los refugiados y personas desplazadas tienen derecho a regresar libremente a su lugar de origen en condiciones de seguridad, que los Estados Partes tienen la obligación de garantizar que el regreso de esos refugiados y personas desplazados sea voluntario, y que tienen derecho, después de regresar a su lugar de origen a que se les restituyan los bienes de que se les privó durante el conflicto y a ser indemnizados debidamente por los bienes que no se les pueden restituir».

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La implementación de un sistema de información de alerta temprana y ampliación de la telefonía celular fija, a pesar de su inclusión en los documentos CONPES y de la insistente demanda por ella en las regiones afectadas, tanto por parte del sector público como del privado, ha sido débil o inexistente, contribuyendo a la falta de prevención de movimientos migratorios forzados. El Programa Nacional de Atención, al diseñar sus políticas, no parece haber tomado en consideración las características del Estado, la fragilidad de algunas instituciones, y sobre todo, la falta de mecanismos de transmisión entre el poder central y los departamentos. Tampoco creó mecanismos ágiles y coordinados con las organizaciones religiosas y no gubernamentales nacionales e internacionales que durante muchos años han llevado prácticamente solos toda la responsabilidad de la atención a los desplazados internos. 200

Id., nota 15

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Aunque no se puede desconocer que el Estado colombiano avaló la expedición de la Ley 387 de 1997 y la creación de una Consejería Presidencial para los Desplazados Internos, la atención humanitaria y la protección jurídica de los desplazados dejan mucho que desear. La exigua cantidad de recursos y la evasiva de asumir la responsabilidad en algunos casos evidencian la situación. Los esfuerzos jurídicos y organizativos deben compaginarse con una atención y protección real y efectiva, requiriendo la adopción de mecanismos de control efectivos201. En sus observaciones a este Informe, el Estado colombiano comunicó a la Comisión que algunas de las cuestiones arriba señaladas ya han sido detectadas a nivel gubernamental. El Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002, propuesto por el presidente Pastrana, incluye algunas de las soluciones propuestas. El Estado señaló que uno de los componentes esenciales de la nueva política en este campo será la superación del enfoque marcadamente asistencialista en favor de un mayor énfasis en la prevención y estabilización socioeconómica202. La Comisión se complace en recibir información sobre las nuevas políticas estatales en materia de desplazados y observará con interés el desarrollo de aquéllas. Sin embargo, no puede pasar por alto la preocupación expresada por algunos observadores calificados con relación al retraso en el diseño de estrategias para tratar este tema, así como con la decisión del Presidente de cerrar las oficinas de la Consejería Presidencial para los Desplazados en diferentes zonas del país. La Comisión es clara en enfatizar que le compete primordialmente al Estado colombiano la responsabilidad de proteger y proveer ayuda para sostener la vida a las personas desplazadas internamente dentro de su territorio203. Si la magnitud del problema es tal que excede sus posibilidades presupuestarias o de acción de asistencia, el Estado tiene la obligación de solicitar apoyo a la comunidad internacional para realizar las tareas humanitarias necesarias.

Cooperación Internacional En este sentido, la Comisión toma nota del hecho de que la participación de la comunidad internacional204 y de las agencias especializadas en el tema en asistir y proteger a la población desplazada ha ido incrementándose tanto por la magnitud del fenómeno como por algunas solicitudes oficiales del Estado de obtener apoyo internacional que le permitiera estudiar y enfrentar dicha situación. Varias organizaciones internacionales con mandato en Colombia han tomado recientemente el objetivo de concentrar su atención en la magnitud de este fenómeno. En este sentido, el CICR ha hecho esfuerzos notables orientados a proteger a todas las víctimas del conflicto armado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Colombia lo considera en su agenda como tema permanente y el ACNUR ha realizado varias visitas in loco y decidió en 1998 el

167 201

Esta situación obligó a la intervención de la Corte Suprema de Justicia, entidad que dio plazo hasta diciembre 1 del 2005 para que todos los organismos comprometidos por ley en apoyar a los desplazados, presenten sus informes con el apoyo de cuentas organizadas, dice la Corte. 202

IGLESIAS, Enrique, Banco Interamericano de Desarrollo, Carta Informativa, 2000.

203

CONSTITUCIÓN NACIONAL DE COLOMBIA, El primero de los derechos fundamentales, 1991.

204

LEMOS SIMONDS, Carlos, Guerrilla, apoyo internacional y compromisos, El Tiempo, Editorial, Bogotá 1992.

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establecimiento de una oficina en Colombia. La Unión Europea ha dispuesto de fondos205 para la ayuda humanitaria y para la reconstrucción de los grupos desarraigados. Algunas agencias de cooperación han aumentado su presencia en el país con la finalidad de trabajar en respuestas más integrales. En 1997, la CPDIA realizó su segunda misión al país para evaluar el deterioro de la situación de desplazamiento y observar la política gubernamental y puesta en práctica de las recomendaciones que la misma CPDIA y otros organismos internacionales formularon en años anteriores206. La comunidad internacional ha contribuido a la ejecución de programas de asistencia inmediata y protección, a través de las organizaciones no-gubernamentales locales, aportándoles soporte financiero y técnico. Sin embargo, según la evaluación de los expertos de la CPDIA «al no existir una instancia coordinadora de estas iniciativas, algunas veces se ha caído en duplicaciones o en dispersión de esfuerzos y se han favorecido determinadas regiones mientras que en otras la ayuda ha sido escasa»207. La Comisión considera que la presencia del CICR, ACNUR y otras agencias con experiencia en temas relacionados con el desplazamiento interno, el refugio y el reasentamiento, es fundamental para mantenerse y sostenerse en las zonas más conflictivas, y aportar soluciones adecuadas y no duplicadas ni erráticas que se conjuguen con la voluntad que el Estado ha demostrado en años recientes de incorporar las recomendaciones de expertos o de organismos especializados para aportar soluciones adecuadas a la población desplazada. La CIDH urge una cooperación mayor entre el Estado de Colombia y las entidades internacionales que trabajan en el tema del desplazamiento interno, para la ejecución de medidas más efectivas, tanto para la prevención del desplazamiento como para la protección y asistencia a las personas que ya se encuentran desplazadas. Específicamente, la Comisión insta al Estado a diseñar, colaborando con estas agencias y con el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los desplazados internos, modalidades para crear soluciones duraderas que permitan el retorno voluntario de los desplazados a sus hogares o a su reasentamiento en otra zona del país en condiciones de dignidad y seguridad.

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Situación de los defensores de los Derechos Humanos que trabajan con desplazados

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La Comisión desea expresar su preocupación por la riesgosa situación que los defensores de los derechos humanos encargados de asistir a la población desplazada enfrentan al realizar su labor profesional. Considera que los defensores de los derechos humanos de los desplazados, vinculados a instituciones gubernamentales o no, cuya actividad es prestar protección jurídica o asistencia humanitaria a la población desplazada, han sido el blanco de graves violaciones a los derechos humanos, de las cuales un número alarmante ha resultado en su ejecución extrajudicial. 205 Este tipo de ayuda, que ha sido importante y significativa para el país, ha tenido dos debilidades: Su orientación, marcadamente asistencialista, por una parte. Y, además, no se le ha articulado dentro de una estrategia conjunta de fondos, lo cual ha hecho de esta cooperación una acción coyuntural, sobre la cual, además, ninguna ONG da informes. A su vez la Contraloría General de la Nación ni el Ministerio del Interior –al cual están adscritas estas estrategias de ayuda a los desplazados- tienen jurisdicción para ejercer controles sobre dineros que no son precisamente presupuesto colombiano, pero, que, de todas maneras, impacta realidades nuestras. 206

Éxodo.

207

Informe de la CPDIA, pág. 96

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Según el Tercer Informe de la Defensoría del Pueblo, los defensores son personas destacadas en instituciones gubernamentales y no gubernamentales con actividades muy visibles de protección jurídica y asistencia humanitaria a la población desplazada, por lo que rápidamente pasan a ser el blanco de alguna de las partes en el conflicto208. Prueba de lo anterior fue la ejecución, por sujetos no identificados, el 11 de agosto de 1998, de Amparo Jiménez Payares, periodista y funcionaria de la Red Nacional de Desplazados, una entidad gubernamental, para el Cesar y La Guajira. La comunicadora había recibido varias amenazas luego de realizar un informe relativo a los campesinos desplazados por la violencia en el municipio de Celaya, Departamento del Cesar. Las autoridades han capturado a tres sospechosos, incluyendo presuntos autores intelectuales y materiales, en relación con el asesinato de la Amparo Jiménez209.

Recomendaciones Con base en lo anterior, la Comisión formula las siguientes recomendaciones: 1. Las partes en el conflicto armado interno deben observar los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, particularmente para evitar y prevenir las condiciones que llevan al desplazamiento forzado interno. 2. El Estado colombiano debe requerir a todas sus instituciones y agentes respetar las normas internacionales y nacionales relativas a los desplazados internos, en particular la obligación de respetar los derechos a la vida, integridad física y seguridad personal de los desplazados. En este sentido, el Estado debe difundir ampliamente el texto de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. 3. El Estado debe asegurar el reasentamiento o regreso a los lugares habituales de residencia. La Comisión subraya que los procesos de retorno deben efectuarse de manera voluntaria, y en condiciones de seguridad y dignidad para los retornados. 4. Es deber del Estado desarrollar una campaña sobre la situación de los desplazados enfatizando su calidad de población civil, no combatiente ni asimilable a ninguna de las partes en el conflicto, para evitar las confusiones difundidas por algunas personalidades del Estado, incluyendo miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía. 5. El Estado colombiano debe ejecutar los programas de asistencia humanitaria y de desarrollo en coordinación con entidades internacionales con experticia en el tema, asegurando que se facilite el alojamiento adecuado, se cumpla con las reglas básicas en materia de salud e higiene, y se respeten las unidades familiares.

169 208 209

Tercer Informe Anual del defensor del Pueblo.

Igualmente los investigadores adscritos a cátedras universitarias y que por razones de su función como docentes deben investigar y estimular el aprendizaje sistémico y metodológico de la investigación entre sus alumnos, siguen siendo víctimas de todo tipo de chantajes y amenazas diarias.

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Le corresponde al Estado garantizar el respeto por parte de todas las autoridades nacionales y locales, elegidas o designadas, de los principios de igualdad y no discriminación a los desplazados internos, para evitar situaciones de rechazo.

7. Así mismo, el Estado debe consolidar los mecanismos judiciales para impedir la proliferación de la impunidad de los actores institucionales y/o particulares que han causado el desplazamiento210 forzado de personas y su correlativo sentimiento de extrema vulnerabilidad en el seno de la población afectada. 8. El Estado debe reforzar en prioridad la protección de los defensores de los derechos humanos de los desplazados. 9. Del mismo modo, ha de iniciar en los plazos más breves una campaña para documentar a los desplazados internos, tomando en cuenta la experiencia de varios países de la región y la cooperación de las organizaciones con experiencia en este tema. 10. Fortalecer la presencia y coordinación del sector internacional para compartir y coordinar programas eficaces de atención que permitan soluciones coherentes y duraderas, son también deberes del Estado.

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11. El Estado debe implementar la política de distribución de tierras dentro del marco legal ya establecido y con mayor involucramiento y protección a los funcionarios de INCORA para el cabal desarrollo de sus funciones durante todas las etapas de adjudicación de tierras a los desplazados.

170 210 En el momento de redactar este informe se ha abierto en Colombia una gran discusión por la aflicción de la Ley de Justicia y Paz, pues ha permitido que personas detenidas por delitos de lesa humanidad –delitos atroces-, por los cuales habían sido sentenciados a 60 años de prisión, hoy han sido beneficiados para que sólo paguen cuatro y seis años de cárcel. Inclusive el mismo ponente de la Ley de Justicia y Paz, congresista Rodrigo Rivera, ha dicho a los medios de comunicación que no entiende los resultados de tal recurso legal por el cual dio la batalla en el parlamento colombiano.

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CAPÍTULO

OR G ANIZA CIÓN A CTU AL ORG ANIZACIÓN ACTU CTUAL DE LLOS OS DESPLAZADOS

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La siguiente información recoge en forma sistemática y crítica el conjunto de acciones tanto del equipo asesor y acompañante como del grupo de familias desplazadas. El proceso de organización ha tenido diversos momentos que han significado crisis, oportunidades de aprendizaje y de cohesión, valoración sobre las posibilidades, límites y exigencias que requiere una organización, en las características propias del desplazamiento. La necesidad de construir procesos de organización y liderazgo fue una propuesta desde el comienzo del trabajo e incluso hacía parte explícita de los objetivos del contrato con el INCORA211. Más allá de una organización formal, lo que se pretendía era la distribución de responsabilidades y gestiones, como mecanismo práctico para la resolución de necesidades. Desde el principio, se buscó generar un compromiso claro por parte de los desplazados, para ir avanzando de manera responsable hacia la decisión y construcción de sus soluciones. En esa medida, fue preocupante la facilidad con que se generaba dependencia con respecto a los agentes externos en los aspectos más simples. Las formas organizativas variaron de acuerdo con las exigencias propias de cada momento y con los intereses y visiones de los participantes en el proceso212, tanto de los desplazados como de los asesores y de las instituciones que formulaban exigencias. A continuación se presentaran tres momentos diferentes de formas de organización de los desplazados: Las delegaciones veredales, ASIPRODES y los grupos por reinstalación.

173 211 El papel del Incora puede ser muy significativo en el seguimiento de derechos adquiridos sobre las tierras por parte de los desplazados, los cuales, en estos momentos, están sujetos al poder de los usurpadores. 212 Una de las dificultades organizativas más visibles es la confluencia de campesinos de diversas culturas rurales existentes en Colombia, lo cual exige planteamientos desde dinámicas antropológicas distintas: La alimenticia, de manejo idiomático, visiones éticas, entre otras.

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A. Primera FFase: ase: Las Delegaciones V eredales: Después de haber salido de sus regioVeredales: nes y ante las múltiples necesidades enfrentadas por los desplazados, unas de las instituciones que se constituyeron en punto de encuentro y de apoyo fueron las Iglesias, particularmente, la parroquia católica. El mecanismo que se fue gestando para la distribución de recursos, para la elaboración de listas y demás, fue el de seleccionar unos líderes por cada una de las veredas. En muchos casos esos líderes eran los pastores de distintas iglesias213 y líderes comunales, con experiencia en las Juntas de Acción Comunal. Una de las preocupaciones centrales consistía en garantizar que quienes estuvieran recibiendo los beneficios fueran realmente desplazados. Dado que la migración forzada había sido masiva y que podían identificarse como vecinos, resultaba entonces práctica esta organización por veredas. Se nombraron delegados representantes de cada vereda y estos servían tanto de controladores, como de canales de comunicación en unas relaciones que resultaban masivas.

El momento se caracterizó por: La orientación hacia la resolución de problemas inmediatos como el hambre y las enfermedades. Una relación de marcada dependencia con respecto a quien gestionaba los recursos y quien se relacionaba con las entidades, sin mayor información. Los líderes tenían relación con el sacerdote pero no la tenían entre sí como grupos de toma de decisiones o como ente propositivo214. La labor de los líderes en la toma de decisiones frente a los demás miembros de su vereda estaba definida por las directrices que fijara el sacerdote. Los líderes actuaban como convocantes a las reuniones, lo cual dentro del contexto de alta dispersión de la población facilitaba los encuentros. Algunos líderes respondían a esquemas de liderazgo tradicional, concentrando información y tomando decisiones.

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La rotación de los líderes fue creciendo, en la medida en que cada cual estaba buscando sus formas de sobrevivencia.

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213 Este papel de simples mediadores y auxiliares en una catástrofe humanitaria como lo es el desplazamiento en Colombia, con tres millones de víctimas, ha generado todo tipo de amenazas de parte de los actores armados contra pastores evangélicos y sacerdotes católicos. Por esa razón algunos han sido desplazados de sus templos y parroquias. Otros han sido asesinados. 214 Es importante destacar el evidente deterioro del liderazgo campesino contemporáneo comparado con el que se formó durante los años sesenta y setenta del siglo anterior. El papel aglutinante de la Radio, en especial de las llamadas escuelas radiofónicas, fue determinante en la cohesión cultural de los campesinos. Justo ahora, en este proceso crítico de los desplazamientos, una cultura funcionalista, como la citada, que operó en el siglo pasado, hubiera contribuido a atenuar, al menos, las afugias del campesino desplazado, a través de los llamados modelos de supervivencia, y hasta habría facilitado a las diversas organizaciones las tareas de ayuda y acompañamiento aquí señaladas.

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B. Segunda FFase: ase: La conf ormación de «ASOPR ODES» y los Comiy es de TTrabajo: rabajo: conformación «ASOPRODES» Comiyes Los temores e intereses que, en medio del conflicto existían, se conjugaron para generar una nueva organización: Las delegaciones veredales se volvían poco operativas en cuanto a capacidad de convocatoria, pues las familias se encontraban cada vez más dispersas en el casco urbano. Los intereses actuales dejaban de estar ligados a los lugares de origen, ahora se trataba de conseguir trabajo, educación y salud215. El diálogo con las instituciones privadas y del Estado exigían cierta formalidad que se podía expresar en las categorías tradicionales de organización en la posesión de una personería jurídica y una estructura que representara a los asociados. El equipo externo conformado por los profesionales de la Pontificia Universidad Javeriana y ACPO, temían mucho a una organización formal que podría, por una parte, diluir la participación y la responsabilidad de los desplazados y, por otra, exponer a los posibles líderes a ser asesinados216 como venía sucediendo a las organizaciones populares en otros lugares del país. Por tanto, impulsaron la elaboración de un diagnóstico participativo en el que se precisaran las necesidades y sugirieron la conformación de unos comités flexibles de trabajo para atender dichos problemas. El sacerdote Jorge Uribe, interesado en el retorno de los desplazados y en la consolidación de la organización alrededor de dicha vereda, impulsaba la continuación de las acciones por medio de la personería jurídica de la existente Asociación de Cosecheros de Maíz y de la Casa de la Cultura Campesina que dependía de él, insistiendo además en la necesidad de que fuera una sola organización y en que los desplazados no se dividieran. Algunos desplazados con base en las experiencias de las Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones tradicionales (como el caso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC) impulsaron la conformación de una asociación de desplazados con toda la formalidad y la asignación de cargos de costumbre. Algunos de ellos, ligados a los políticos tradicionales217, veían en los desplazados una posibilidad de movimiento de sus intereses.

215 Aquí entra en juego un concepto de manejo estructural del problema, con criterios de planeación, aplicación racional de recursos, y estrategias de desarrollo personal y comunitario, mediante las cuales se pueda reacomodar a la masa de desplazados en sus nuevos escenarios. 216 Puede advertirse también aquí, respecto de este punto de exposición social e inseguridad, las ofensivas urbanas de las milicias o cuadros de ciudad, que tanto la guerrilla como los paramilitares y otros agentes activos del conflicto manejan para matar desplazados, sin ningún «criterio selectivo» diferente que el de ser un desplazado, un campesino con liderazgo o propiedad rural, el cual les resulta peligroso e incómodo en la urbe. 217 Parte de la decadencia del liderazgo de los campesinos estuvo marcado por los compromisos extra-organizacionales, en especial con líderes de los partidos tradicionales que sólo se interesaban en el fenómeno electoral más no en el problema rural.

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La decisión de constituirse en un ente formal, autónomo, con personería jurídica, con unos directivos elegidos por la asamblea, surgió en una reunión convocada por los mismos, sin participación del equipo asesor. Ante tal decisión el equipo de la universidad y de ACPO decidió acompañar a la gente y ayudarles a madurar en el proceso organizativo que habían decidido. Desde entonces, ASOPRODES ha venido constituyéndose en espacio aglutinador de los desplazados, y su historia ha estado marcada por distintas fases: ACOMODACIÓN: Una de las primeras tareas fue buscar coherencia entre la organización de comités que estaban ya realizando trabajos, pero que no tenían mayor articulación con la junta directiva. La necesidad de definir reglas del juego básico, que como cuestión formal quedaron consignadas en los estatutos, pero que en la práctica poco ha movido las formas de participación de las personas. Sin embargo, han servido para justificar decisiones en momentos críticos. El otro trabajo era la formalización de la personería jurídica. La elaboración de los estatutos, la realización de la Asamblea respectiva y, sobre todo, las diligencias ante los organismos encargados de la aprobación y registro demandaron esfuerzos y recursos con los cuales los desplazados no contaban. Con la ayuda del equipo asesor y a donaciones de particulares, fue posible la realización de tales diligencias. Durante la etapa que se está describiendo se conformaron los comités de salud, vivienda, educación, trabajo, tierras y paz218. En diferentes grados de intensidad y, según momentos y circunstancias, dichos comités han funcionado respondiendo a las necesidades y posibilidades que se obtienen. Curiosamente, el comité de paz, tal vez porque tiene menos expresiones materiales concretas, no ha logrado funcionar como tal.

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er cera FFase: ase: R eagrupamient o por tipo de solución: Algunas soluciones concretas o C. TTer Reagrupamient eagrupamiento ercera perspectivas de solución, dispersan y relocalizan a los desplazados. Así, para enero de 1998 se veía con claridad que cerca de 60 familias se reubicarían en la finca Quindío, que 22 lo harían en la Duda, y 43 familias habían retornado a Jerusalén y Quimari. Cerca de 30 familias que se habían ubicado desde hace más un año en Villamadeira y un buen grupo de familias (cerca de 120), tenían clara su decisión de permanecer viviendo en el casco urbano del municipio219.

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Las necesidades e intereses e incluso las instituciones con que cada grupo debe relacionarse son diferentes. Ello exige una revisión de la asociación, pues cada grupo requiere de su propia organización diferenciada. Por ahora se han ido definiendo varios grupos con organización particular formal o informal, manteniendo su vinculación con ASOPRODES. El futuro de la asociación lo irán definiendo los miembros según los intereses y circunstancias. 218

Ibidem

219 Un bajísimo porcentaje de los campesinos desplazados toma su emergencia como una oportunidad para ensayar una opción diferente al de permanecer en sus parcelas sin crédito, sin insumos, sin vías para sacar su pequeño producido, sin un programa de niveles de precios que estabilice la compra de sus productos, etc. Aprender a convertir su gran problema de desplazamiento en una oportunidad de mejoramiento socio-económico (como si lo hubieran hecho de modo voluntario para trascender las limitaciones económicas y culturales de su minifundio), es una de las claves para la adaptación y crecimiento de estos grupos sociales nuevos en la ciudad.

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Ante tal perspectiva, el equipo de asesoría y acompañamiento decidió concentrarse en unas jornadas de reflexión sobre diversos temas con quienes, dentro de la asociación, se hubieran destacado por su participación activa en el trabajo y que representaran a cada una de estas soluciones, de manera que se consolidaran en su liderazgo y que tuvieran una mayor información sobre temas como las comunidades de paz, el Derecho Internacional Humanitario, la planeación y la organización comunitaria. El siguiente escrito muestra la actual situación de los desplazados, con el ánimo de contribuir a la orientación en las acciones que se puedan realizar posteriormente. En principio es necesario aclarar que la población de la cual se está hablando, se ha dispersado en diversos grupos, según las opciones de vida que les ha sido posible tomar. A continuación se refiere a cada uno de los grupos. Como resultado del proceso de búsqueda y gestión de tierras con el INCORA el 31 de diciembre de 1997, se realizó la negociación de la finca El Quindío, en jurisdicción del municipio de Montería, en la inspección de Nueva Lucia. Allí fueron asignadas 61 familias, 60 de las cuales provienen del desplazamiento masivo de mayo del 96 y la otra proveniente de una experiencia diferente y que había estado residiendo en Montería. A la fecha se han realizado las siguientes gestiones220: Las reuniones convocadas por los líderes del grupo han sido múltiples, para tomar decisiones de frente a las distintas exigencias institucionales. Otras reuniones han sido convocadas por el equipo para definir cuestiones que permitieran elaborar el proyecto de reasentamiento. La preparación de un proyecto de reasentamiento, que incluye la propuesta para vivienda provisional221, esta última realizada por un funcionario de la Consejería Presidencial para Desplazados. Los factores de conflictos son varios, y en ellos se conjugan no sólo las desconfianzas internas y el desconocimiento frente a situaciones novedosas de convivencia, sino algunas arbitrarias intervenciones de funcionarios y, sobre todo, la demora en la posibilidad de reinstalación222. De las familias solicitantes de tierra, 22 fueron asignadas a la finca La Duda, junto con 78 más provenientes de distintos grupos que llegaron desplazados al municipio de Montería. En la gestión del proyecto y el proceso, el equipo de la Javeriana y de ACPO no han participado, pues la asignación fue dada por cupos disponibles ante la capacidad de la finca. Los reubicados en el casco urbano de Tierralta son cerca de 150 familias, las cuales han tomado la opción de quedarse a vivir y a trabajar allí, ante las dificultades, las condiciones, las restricciones y la lentitud de los procesos de reubicación en una zona rural, con el apoyo del INCORA.

220 Adviértase la buena voluntad y predisposición de personas y entidades por entrar a hacer aportes de modo constructivo y reparar, en parte, los graves daños que los actores armados del conflicto vienen asestando al tejido social. 221 Si estos dineros de vivienda provisional tuvieran –como se ha propuesto- unidad de caja y un fondo de vivienda con criterio de mediano y largo plazo para las víctimas del conflicto por desplazamiento, no sólo la cobertura sería mayor sino que los rendimientos a escala permitirían una mayor calidad de la vivienda. 222 Los controles del Estado sobre los procesos licitatorios han tenido alta influencia en la desregulación de propuestas y proyectos. Por ejemplo, el aporte inicial que el gobierno bogotano daba por vivienda para un desplazado, era de un millón de pesos. En estos momentos, por consideración de los controles fiscales, se está suministrando solamente quinientos mil pesos como subsidio.

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La necesidad de vivienda ha sido expresa desde el primer momento del desplazamiento, y por ello se creó un comité de trabajo que sólo se ha ido consolidando en la medida en que se han concretando las soluciones de tierras para los grupos de Quindío y La Duda. Así, de manera más evidente, y a partir de los últimos meses del año 97, se han estado reuniendo de manera periódica un grupo numeroso de personas, para darle forma lentamente a una organización, con unos directivos que les representen. En una reunión de redefinición de tareas y de apoyo a la organización surgieron las siguientes actividades: Las familias individualmente aportan cuotas de $2.000 quincenales. Las reuniones de información se realizan cada 15 días. Los lotes apropiados en el casco urbano y costos de los mismos se estuvieron buscando y averiguando. La alcaldía se comprometió a ceder un lote frente al barrio Nuevo Oriente, garantizando la instalación de la red de servicios básicos y el levantamiento topográfico. Este compromiso está por escrito en un acta de reuniones con el equipo de la Universidad Javeriana y de ACPO y también quedó registrado en una carta enviada a INURBE223 en Bogotá, para efectos de que esta entidad se interese por el proceso de construcción. Las familias han conseguido 600 estacas para delimitar los lotes individuales. Las familias han estado haciendo comunicaciones con INURBE, SERVIVIENDA, FEDEVIVIENDA, la Universidad Javeriana224, Facultad de Arquitectura, entre otras, para solicitar apoyo en la construcción. Algunos han solicitado y ya se ha realizado el levantamiento topográfico del lote en conjunto por parte de la Secretaría de Obras Publicas y la de Planeación Municipal. Algunos han realizado rifas con participaciones de todos los interesados para conseguir fondos y visitas a los solicitantes para verificar sus condiciones y necesidades.

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La información recogida en estos formularios hace posible que se tenga una visión socio-demográfica de las familias que han tomado la opción de reubicarse en el casco urbano de Tierralta.

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La Iglesia Latina (evangélica), decidió buscar la solidaridad y recoger algunos fondos que fueron destinados a la compra de terrenos en la zona suburbana, en la vía que conduce a Urra, a raíz del desplazamiento masivo de mayo de 1996. Dichos terrenos se repartieron en 60 lotes con miras a que las familias tuvieran un sitio donde ubicarse. Algunos recibieron un apoyo adicional para madera y tejas y así, paulatinamente fueron asentándose en viviendas muy precarias sin ningún tipo de infraestructura de servicios. Los lotes no pueden ser vendidos y la donación se hizo a los niños.

223

Ibidem

224 El aporte del sector privado, sobre todo a nivel fundacional o solidario, ha sido básico en la coyuntura puntal del trabajo de apoyo a los campesinos desplazados.

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Las 30 familias que residen actualmente allí, han ido organizándose alrededor de actividades religiosas como cultos, campañas evangelistas y la escuela dominical. Al mismo tiempo se han ido definiendo unas reglas de convivencia muy estrictas, frente a la cultura costeña, que prohíbe la realización de fiestas, el trago y la música225. No se admiten personas que no sean cristianas, y que no asuman estos compromisos. Las actividades de los hombres adultos se concentran en el jornaleo agrícola, que no es fijo y cuya demanda no es suficiente para la mano de obra disponible. Las mujeres, en la mayoría de los casos, se dedican al hogar y a cuidar los niños y sólo algunas generan ingresos a través de la venta de comida. De las 29 familias registradas, sólo en cinco la mujer es cabeza de hogar y la población menor de 15 años llega al 55 por ciento, y a diferencia de la tendencia general, los hombres superan a las mujeres en cantidad. La organización inicial que tenían los desplazados en Tierralta (a través de delegados veredales), permitió que se fueran conociendo experiencias diversas de organización en cada caso. Así fue como se conoció de la vivencia de las familias de Jerusalén y de su deseo por retornar en medio de grandes incertidumbres. Luego de varias reuniones para ir buscando caminos y apoyos que facilitaran ese proceso, se fue dando un retorno de familias de manera muy lenta. Una de las instancias convocadas fue la Prelatura del Alto Sinu y San Jorge, a cuya cabeza estaba Monseñor Vidal226, y quien aceptó acompañar la peregrinación a la vereda, que ha tenido una tradición católica. Esta celebración se realizó en el mes de septiembre de 1997 y en ella participaron desplazados de otras veredas. Entre las gestiones que se realizaron, estuvo la solicitud al municipio de nombrar un maestro para la escuela y una promotora de salud, hechos que se dieron a principios de 1998; a la fecha están asistiendo 25 niños y niñas a la escuela, cuyo profesor es miembro de una de las familias de la vereda227. La gestión que realizó el señor Obispo, hizo que posteriormente se lograra el apoyo de la Consejería Presidencial para desplazados, la cual dio un aporte de 60 millones de pesos para apoyar a los desplazados en Tierralta y Montelibano. De lo correspondiente a Tierralta, se asignaron cinco millones de pesos para las veredas de Jerusalén y Quimari. Como este dinero estaba coordinado por un sacerdote de la parroquia, un comité estuvo coordinando la gestión y distribución de estos recursos. Sin embargo, por falta de definición concertada en los criterios, surgió una crisis en la comunidad, pues esta comisión debía responder por los deudores de este aporte, los cuales optaron por seleccionar sólo a algunos vecinos.

225

1987.

RUIZ H, José Luís, Antropología del desarraigo, una forma de leer los abandonos de los desplazados, Imprenta Temis, Bogotá,

226 La Iglesia Católica ha dicho a través de la Conferencia Episcopal que mantendrá su tarea pastoral en las comunidades y que no abandonará las regiones pese a las amenazas que viene sufriendo su grey.

227 Las soluciones endocomunitarias, que parten desde el seno de la comunidad misma, tienen grandes ventajas. La primera de ellas, la claridad de propósitos, el entusiasmo que aporta la agilidad de la gestión y un enfoque metodológico común que facilita la realización de cualquier proyecto en curso.

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La inconformidad y el conflicto allí surgido, llevó a que se realizara una reunión aclaratoria, en donde se decidió cubrir con recursos provenientes de la Fundación Social a las otras familias, de manera que todas recibieran apoyo de manera equitativa, por un aporte de $200.000 destinados a actividades agrícolas. El mes de mayo del 98, el Ministerio de Agricultura informó que aprobaba una solicitud de apoyo en la seguridad alimentaria, por un valor de seis millones de pesos, y con la asistencia técnica de la UMATA municipal. Para efectos de decidir el uso de este aporte, se realizó una asamblea en la vereda, en donde se definieron algunos acuerdos y responsables. En la medida en que el proceso ha avanzado, otras familias que han subido a veredas cercanas han solicitado apoyo. Tal es el caso de la vereda de Bony228. Pero, por otra parte, la presencia de grupos paramilitares también ha retornado de manera reciente a estas veredas y se mantiene una actitud de expectativa frente a los sucesores próximos. Es impredecible el rumbo que tomen estos acontecimientos aunque se mantiene la esperanza de poder sostener el retorno, conservando la autonomía comunitaria y sin comprometerse con estos actores armados. El acompañamiento a los retornados a Batata ha estado en manos de un sacerdote de la parroquia, debido por una parte a serias dificultades para la coordinación, dado el manejo de criterios de trabajo muy distintos, y por otra parte, por la cantidad y complejidad en el trabajo con los grupos ya mencionados, frente a los recursos humanos disponibles en el equipo de la Universidad y de ACPO. Sin embargo, se han recibido varias solicitudes de apoyo de algunos líderes de Batata, quienes han decidido organizar una Asociación de Desplazados autónoma, que les permita gestionar a ellos mismos ante las entidades y buscar solucionar sus múltiples problemas. Están en trámite de adquirir personería jurídica y sería muy importante dentro de la posible continuidad del trabajo prestar asesoría suficiente a esta nueva dinámica organizativa.

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Los desplazados, por lo general, buscan parientes, compadres o conocidos en las capitales y cabeceras municipales, donde les ceden un rincón de la casa para dormir en hamacas o esteras. Otros ni siquiera tienen dónde llegar. Lo peor de todo es que ni siquiera saben por qué perdieron sus tierras.

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La descoordinación institucional es evidente para la atención al desplazado. Según Jorge Rojas de CODHES, cada organismo del Estado actúa por su lado y para solucionar cualquier problema prima el deseo de protagonismo. La atención es lánguida, por que el déficit fiscal ha obligado a restringir la inversión social229. La ausencia de políticas que benefician a los desplazados es total por parte del Estado, que hasta ahora le ha dado un tratamiento coyuntural230 a un problema que se ha convertido en estructural, procedimiento que se limita a: El envío de mercados, asistencia de salud, medicamentos, ropa, y algunas carpas para los improvisados campamentos. Pero, ante la dimensión de las dramáticas condiciones que enfrentan los desplazados, este tipo de ayuda recibida es transitoria.

228 La policía ha anunciado que prepara nuevas unidades especializadas capaces de garantizar la tranquilidad en la región, pero, no obstante, se carece de un cronograma del proyecto de presencia estatal. 229 El fracaso en la debida inversión social en Colombia, en los últimos tres años, ha estado ligado en forma directa y proporcional a la intensidad del conflicto, por una parte; y en segundo término, a la frustración nacional frente al reto de reducción del déficit fiscal, el que sigue creciendo en forma desmesurada (otros autores siguen observando los altos porcentajes de desvío de recursos de inversión social en el problema capital del país: La corrupción, que es un fenómeno mundial registrado en los estudios sobre crecimiento y desarrollo). 230

Ibid.

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Es así que, ante la falta de garantías para su retorno, los desplazados prefieren perderlo todo y no regresar. La reubicación en otro sitio es darles la razón a los causantes del desplazamiento y permitirles que cumplan su objetivo monopolizando las mejores tierras. El Gobierno, por su propia debilidad, no es ninguna garantía, y la comunidad internacional le ha expresado en numerosas oportunidades su preocupación por la sistemática violación de los derechos humanos en el país; en la actualidad cursa un proyecto de la ley en el congreso que contempla la creación de una institución coordinadora del conflicto de los desplazados, y esto sólo será posible con la participación y la presión del resto de la sociedad colombiana. El programa de atención y apoyo al desplazado se concibe como el que debe brindar una primera orientación a la persona desplazada que llega a la ciudad. Esta orientación debe hacerse primero desde un sitio estratégico de información, ubicado en los que se han determinado, son los principales sitios de llegada de estas personas231: Terminal de transporte, comisarías de familias, inspecciones de policía, cruz roja, personería, iglesias y centros de salud. La información que se brinde aquí es fundamental pues es la que le va a posibilitar al desplazado orientarse en un primer momento y determinar su rumbo, que puede ser el de quedarse en la ciudad o irse hacia otro lugar. Para que estos sitios de información funcionen es necesario en primera instancia hacer un filtro con las instituciones que reciben a las personas desplazadas para conocer su nivel de compromiso con el programa, pues se requiere que ellas puedan destinar una o más personas para que se encarguen de dar la orientación necesaria. Una vez comprometidas las entidades se procederá a dar inducción, a través de una capacitación, al personal asignado pues es importante que ellas puedan hacer un diagnóstico preliminar, además de tomar los datos iniciales. También se busca unificar ciertos criterios y que cada persona maneje la misma información sobre dónde orientar o remitir a la población desplazada. Si la persona define que va a quedarse en la ciudad, se le brinda el apoyo a través de los centros de acogida y atención al migrante, lugares donde el desplazado va a encontrar una orientación más cualificada y acorde con sus necesidades. Allí se le hace inicialmente una evaluación a través de un cuestionario que da cuenta del estado de sus necesidades, igualmente se determina cuál es la causa de su desplazamiento y cómo se le puede apoyar de manera más cualificada. Si no tiene dónde quedarse o carece de los recursos para hacerlo, se le remite al centro de migrantes, en el cual podrá permanecer durante un período de tres a cinco días y donde se les dará unas condiciones mínimas de sobrevivencia mientras se reubica o retorna su lugar de origen, si fuese el caso. Los desplazados llegan a la ciudad con la esperanza de encontrar vivienda y solucionar sus necesidades básicas, que en principio son atendidas por las instituciones; pero esto sólo se hace cuando el Ministerio del interior232, la Personería y la Red de Solidaridad (que es la que determina si son o no desplazados por las características y documentos que pueden encontrar), están seguros de que son desplazados; así, según las necesidades con las que llegan los desplazados, las diferentes entidades los organizan de acuerdo a las capacitaciones y apoyo que les pueden brindar, como son:

231 El Centro de Información Primario debe constar: Una caseta con computador. Listados con personajes, entidades y direcciones de la ayuda. Finalmente, materiales guía en abundancia. Si el desplazado no posee habilidades urbanas, asignarle un tutor de traspaso ocupacional. 32

Es evidente que se no aplica la Ley sobre simplificación de trámites, y menos cuando se detecta la calidad del desplazado.

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El Gobierno para la atención social de las familias ha establecido convenios y líneas de trabajo coordinado con cada una de las entidades distritales para la atención de las familias en esta primera fase de intervención. Esta se puede describir así: El instituto apoya a la unidad de atención integral a través de los proyectos de prevención y protección, que se desarrolla en los 15 centros zonales dando prioridad a mujeres embarazadas, madres lactantes y menores de 18 años. Estos proyectos son: Atención al menor de 7 años233. Atención complementaria al escolar y al adolescente. Asistencia y asesoría a la familia. Protección especial. Atención extrajudicial al menor y a la familia. Vinculación a los niños a los programas de atención y nutrición en los hogares comunitarios y hogares familias. Asesoría psicosocial. Los desplazados son trasladados o remitidos al Comité Internacional de la Cruz Roja, instancia vital en la atención humanitaria en las familias desplazadas en lo concerniente a las emergencias de protección, alimentos, colchonetas, kit de aseo, baterías de cocina y también remisiones de urgencias en los centros de salud y hospitales. Este apoyo, que inicialmente es por tres meses consecutivos, puede extenderse a tres meses más si al desplazado no ha encontrado ninguna solución.

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DESEPAZ es una de las primeras instituciones donde recurren los desplazados para buscar apoyo, ya que en ésta se les brinda alojamiento dado por las diferentes fundaciones sin ánimo de lucro como son los centros de acogida y del migrante de la iglesia y otras instituciones, que son albergues transitorios. El cual es por tres días reglamentarios, según lo estipulado por el reglamento interno para la atención al desplazado.

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El convenio suscrito de atención integral para las familias desplazadas que llegan a la ciudad (por un valor de dos mil millones de pesos, por un período de un año), contempla la atención médica y quirúrgica, la entrega de medicamentos y la atención psicosocial. Cada grupo familiar es remitido por la unidad a la red adscrita de hospitales distritales, para su atención por un período de tres meses. La Secretaría de Salud, en el marco del convenio, efectuará el control y la supervisión de los recursos que aportará el Ministerio de Salud. Igualmente verificará la calidad de los servicios que prestarán las entidades de salud a la población de acuerdo a la ubicación por localidad.

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La UNICEF ha pedido priorizar los proyectos atinentes al sector infantil.

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Estrategias de estabilización y consolidación socioeconómica El Gobierno distrital234 actúa como apoyo al desarrollo de las políticas y planes de ámbito nacional a través de la unidad de atención integral para procurar el desarrollo de proyectos productivos, de generación de ingresos, capacitación y organización social y de atención social a la población, brindando alternativas concretas para la superación de las condiciones sociales y económicas de los desplazados; Ello, además, permite una adaptación progresiva al medio de vida urbano en aquellos casos en que las familias no tengan otra alternativa que rebuscares en la ciudad, ya sea porque no se han superado las causas que ocasionaron los desplazamientos en la región expulsora o porque definitivamente no será posible una reubicación rural o urbana en otro sitio del país. En esta óptica la unidad de atención ha venido adelantando y consolidando procesos en la siguiente área: La Secretaría de Educación ofrece el servicio educativo a los niños desplazados en sus instituciones educativas, en cualquier momento del año, en los grados en que corresponda a su nivel académico y edad. Al respecto, ha dado instrucción a los directivos docentes de las instituciones educativas del distrito para que matriculen a los niños desplazados, sin exigir, en el caso en que éstos no puedan hacerlo, la presentación de los documentos que se requieren para realizar el proceso de matrícula y también con total exoneración de costos, es decir, sin ningún valor. Igualmente, mediante circulación interna, la Secretaría ha dado instrucciones a las instituciones educativas del distrito para que expidan las certificaciones académicas a los niños desplazados que no puedan presentarla, sobre grados cursados previamente. Estas certificaciones se expiden con base en resultados de pruebas académicas que se le aplican a los estudiantes (pruebas de validación), de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Secretaría de Educación distrital para tal fin. El SENA235, a través del programa de apoyo de sostenimiento para capacitación de alumnos, dará prioridad a la población joven desplazada en el acceso de los cursos de formación técnica; además, diseñará y ejecutará programas especiales de capacitación para las mujeres desplazadas que propendan por su inserción laborar en las ciudades, en tocante a las artes y oficios, modistería, entre otras. La población tendrá un acercamiento de una manera distinta, construir un espacio de trabajo terapéutico, analizar conjuntamente el problema y sus alternativas como población afectada, establecer prioridades con relación a sus necesidades más apremiantes, al igual que plantear propuestas de trabajo concreto desde el ámbito de lo individual y lo colectivo.

234 El actual gobierno distrital tiene como prioridad la inversión social, en lo cual ha destacado con sus programas de restaurantes populares (tanto para niños como para adultos). No obstante, la presión de los desplazados ha sido tan intensa en Bogotá, que ya empieza a desbordar este enfoque administrativo. Noticias UNO filmó, luego de una agresión por parte de la policía, un refugio de desplazados en el cual (como si fuera un «gueto») ninguno de ellos puede salir de las alambradas, vigilados por la policía están confinados casi sin comida, sin agua y en condiciones salúbricas precarias. Esto motivó fuertes protestas, pero indica el grado estructural del problema, como venimos sosteniendo en el presente informe. 235 Esta institución de la educación tecnológica ha sido una de las más serias del país, Sin embargo, al volcarla el gobierno –con acierto, desde luego- a suministrarle apoyo a los desplazados, la entidad ha empezado a resentirse (en su dinámica administrativa, sus presupuestos, sus objetivos, la relación maestro / alumno, etc.), lo cual amenaza con agotarla si no se toman en la cuenta tales circunstancias.

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El programa acciones para la convivencia del D.A.C.C., a través del cual se inscribieron cinco organizaciones de desplazados y dos grupos de jóvenes que recibirían capacitación para desarrollar proyectos que promuevan y generen procesos de participación e integración comunitaria, los cuales serán financiados por el programa. El fomento y capacitación de las familias a escala micro-empresarial direccionada a la constitución y conformación de empresas asociativas para el trabajo que tiene como fundamento obtener un recurso económico a largo plazo y grupal, con el apoyo de la Cámara de Comercio.

La R ed de Solidaridad Social y el Depar tament o Red Departament tamento del V alle en el ttema ema de los desplazados Valle Conforme a Ley 387 de 1997 y considerando la magnitud del conflicto armado vivido en el departamento, se ha venido diseñando de manera concentrada el plan de acción para la prevención y atención al desplazamiento teniendo en cuenta la región como expulsora de población236 por el conflicto armado y receptora de otras regiones del país. Por lo cual se ha venido las causas, características propias de la región, el análisis poblacional, territorial y las acciones con los aliados estratégicos en el diseño de alternativas tanto de prevención, seguridad, atención humanitaria o restablecimiento. Centro del Valle: Municipios de Tuluá, Buga, San Pedro, Andalucía, Sevilla y Bugalagrande. Se encuentran registradas en albergues 814 personas. En Tuluá, en su mayoría son pequeños productores dedicados a las actividades agropecuarias en sus minifundios, los restantes son administradores de fincas y jornaleros. El desplazamiento se registra desde la zona rural de estos municipios, hacia el casco urbano, la ciudad de Cali y departamentos del eje cafetero.

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Municipio de Cali: Está registrado como receptor debido a la visión que se tiene sobre la ciudad, desde otras regiones, acerca de características como: Desarrollo de la infraestructura, condiciones climáticas, culturales y étnicas. Situación que dispara aún más las tasas de desempleo. Los desplazados están ubicados en el Distrito de Aguablanca, Terrón Colorado, Siloé, Comuna 18 (barrio Lourdes), Barrio Obrero, Barrio el Calvario y Centro principalmente.

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Buenaventura y zonas del Pacífico: Es valorado como receptor y expulsor. Recibe población de los departamentos del Chocó, Antioquia y del mismo Valle. Expulsor de su área rural y municipios aledaños del Andén Pacífico (reposo y carretera vieja), hacia el casco urbano, la ciudad de Cali y departamentos como Risaralda. Zona rural de Jamundí y sur del Valle: Por presencia de actores armados se generó, el año anterior, el desplazamiento masivo de 1.500 familias hacia el municipio de Jamundí, para lo cual se vienen planteando propuestas de PAZ cotidiana y restablecimiento.

236 Deflactar esta situación tan crítica requiere, sin duda, de acuerdos firmes y multilaterales de paz, pues si se logran acuerdos sectoriales los otros agentes del conflicto, en actividad, se encargan de ocupar tales lugares y continuar con el mismo papel de agresión social que realizaba el agente del conflicto reintegrado a la vida civil.

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El departamento del Valle cuenta con dos centros de atención transitorios para la ubicación de los desplazados que son: CAT’s CALI: Se están ubicando los lotes en coordinación con la alcaldía. CAT’s SEVILLA: Se adelantó por parte de la gerencia los trámites para definir el predio. La instalación de mesas en el departamento del Valle se dio así: Una mesa departamental y cuatro municipales (Buga, Tuluá, Sevilla y Cali), a través de las cuales se inicia el trabajo de organización de la comunidad, agendas de trabajo permanente, identificación de grupos poblacionales, grupo de interés y alternativas de solución a las diferentes situaciones. Las alternativas se plantearon, como espacios permanentes de interlocución con las familias desplazadas, las entidades en la oportunidad y tipo de atención. Se identificaron acciones a seguir de acuerdo a la evaluación y conclusiones, así como, elección de representantes, mecanismos e información acerca de la política nacional, metas, estrategias. Las diferentes propuestas han sido evaluadas y presentadas para el retorno a la entidad, concluyéndose, que no existen actualmente condiciones de seguridad para que la comunidad regrese a sus predios generando proyectos productivos. En las mesas permanentes de trabajo se han identificado alternativas de paz cotidiana, seguridad y seguridad alimentaria. A la vez, de tiempo atrás, se adelantan propuestas de restablecimiento en los municipios de Trujillo, Buenaventura, Jamundí y Repatriados. Los casos especiales, como el municipio de Sevilla y Ceilán, donde los desplazados laboran en el día en sus parcelas y regresan a dormir al casco urbano, siendo necesario trabajar el tema de seguridad y plantear la solicitud de subsidio de transporte.

Plan de acción para la población Desplazada 7. 237 en el depar tament o del V alle del Cauca23 departament tamento Valle Las metas y políticas trazadas por el Gobierno nacional, la gerencia de la red, la oficina de la primera dama del departamento, a través del comité departamental y en coordinación con la fundación Valle en Paz, de manera concertada y tendiente a reforzar las propuestas que se vienen diseñando, plantean: Una primera fase, tendiente a trabajar directamente con las comunidades en la construcción de tejido social y proyectos de restablecimientos.

185 237 El Valle del Cauca fue, tal vez, la primera región colombiana en anticiparse en el análisis, diseño y dotación logística, para enfrentar el fenómeno del desplazamiento. Los primeros estudios socio económicos sobre el impacto de este fenómeno en la economía regional, fueron impulsados desde el Valle. Esta actitud proactiva, aunque ha ayudado a atenuar las circunstancias del problema, y quizá facilitado un poco su atención, no ha dado la respuesta de tipo estructural que el problema requiere, tal como se presenta en este informe.

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Una segunda para los proyectos productivos, condiciones de seguridad para el retorno o la ubicación de la población desplazada que se encuentra en albergues, así como aquellos que se hallan en posición de resistencia. Los casos de nuevos desplazamientos y restablecimiento para estos, se plantea: A. Registro y orientación, el cual busca que sean ubicados en primera instancia donde familiares o amigos. B. Esquema de adopción por familia, cuando no es posible la anterior. C. Remisión a los CAT’s, donde la atención se dará por tres meses prorrogables a seis, mientras se define el restablecimiento, esto cuando no es posible alguna de las dos anteriores.

Apoyo al proceso de retorno y reubicación La unidad de atención integral apoya las acciones que en esta línea se requieren para posibilitar el retorno y la renunciación de las familias desplazadas. Dicho apoyo se refiere a destinación de recursos para la provisión de pasajes terrestres a través de la oficina de atención al migrante en riesgo que depende del departamento Administrativo de Bienestar Social y los recursos propios de la unidad, los cuales aseguran además el transporte de los enseres de las familias238. Por su parte, la Red de solidaridad social verifica las condiciones de seguridad de la zona destino, aporta recursos económicos para el viaje y un mercado por cada familia. Coordina con la correspondiente delegación para iniciar su proceso de acompañamiento en la estabilización socioeconómica de los mismos. La unidad de atención integral canaliza las solicitudes de retorno o reubicación individual o grupal que a través de esta se presente, y coordina con la Delegación Bogotá, para que proceda de acuerdo a la Ley.

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La participación de las entidades del nivel nacional es prioritaria en la tarea mancomunada de desarrollo de estos procesos239; aquí entran a participar el SENA, el Ministerio de Trabajo, la Red de Solidaridad Social, el Inurbe, el fondo Nacional para la Atención a la Población Desplazada, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Agricultura, el INCORA, entre otros.

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238 En este campo se está experimentado con un trabajo válido y especial, cual es la reconstrucción de los históricos familiares, a través de objetos vinculantes (desde lo emocional a la significación intelectual) traídos por los campesinos desplazados. Mediante el manejo semiológico de estos objetos (un machete, un sombrero, una imagen tallada, una olla, etc.,), se logra atenuar el desgarrador impacto de desarraigo que bloquea al desplazado y lo inmoviliza como sujeto social en el escenario urbano. Igualmente sirve esta estrategia para controlar brotes de neurosis y de otras patologías mentales, que reducen la potencialidad del individuo y agrietan las estructuras sociales de la familia. 239 Entender en lo conceptual, legal, administrativo y en las tareas operacionales, es premisa básica para asumir en sus primeros pasos un tratamiento no coyuntural del problema del desplazamiento. La creación de políticas múltiples y comunes, con la participación de todos los estamentos del Estado y de la llamada sociedad civil, daría los insumos primarios y básicos para formular una solución estructural al problema.

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El tema de los desplazados en Colombia, ha sido considerado de interés mundial. Este capítulo analiza las posiciones, ayudas e incluso exigencias que los organismos internacionales hacen sobre el fenómeno migratorio. Incluye a instituciones nacionales e internacionales que trabajan por los desplazados en Colombia, en diversas áreas como la salud, por ejemplo, en la cual se encuentran comprometidas varias ONG: CICR - COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA: Es una organización que trabaja en favor de la fiel aplicación del Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, se realiza ante las partes en conflicto, es decir, las autoridades gubernamentales y los grupos de la oposición armada, las gestiones necesarias para obtener el pleno respeto del derecho. En el cometido de ayuda a los desplazados se aúnan la intervención jurídica y las actividades operacionales. MSF - MÉDICOS SIN FRONTERAS: Se trata de una organización no gubernamental, apolítica y aconfesional, cuyo principal objetivo consiste en proporcionar ayuda sanitaria de urgencia de forma rápida y eficaz. MÉDICOS DEL MUNDO: Es una ONG de medicina humanitaria, que aplica el derecho a socorrer a las víctimas, a los enfermos, a los refugiados. Denuncia las injusticias sociales y políticas en aquellos países en los que desarrolla proyectos de acción humanitaria. MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA: La acción en favor de los refugiados y de las personas desplazadas, conviene tener en cuenta, asimismo, las actividades de los demás componentes del Movimiento, es decir, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y su Federación. De hecho, el Movimiento ha adoptado una verdadera política con respecto a los refugiados y a las personas desplazadas. MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF): Se creó en Francia en 1971. A principios de los setenta, coincidieron en ese país un grupo de médicos testigo del genocidio que la minoría vio durante la guerra de secesión de Biafra (Nigeria, 1968) y otro grupo recién llegado de

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socorrer a las víctimas de las inundaciones que asolaron Pakistán Oriental (actual Bangladesh) en 1970. El primer grupo, que trabajaba con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se sentía frustrado ante la obligación de guardar silencio sobre lo visto y hecho en Biafra que dicha organización exigía a sus miembros. El segundo grupo fue testigo de la descoordinación, falta de medios y escasa eficacia de la ayuda humanitaria a las víctimas de las inundaciones. En plena resaca de mayo del 68, ese grupo de personas se dio cuenta de que, una vez finalizado el proceso de descolonización, el escenario internacional estaba en fase de transformación y se imponía adaptar la ayuda humanitaria a las nuevas necesidades. A partir de ahora, atender a las víctimas no sería suficiente: Había que denunciar las violaciones de los derechos humanos, crear corrientes de opinión a través de los medios de comunicación y profesionalizar la ayuda. MSF es una organización no gubernamental, apolítica y aconfesional, cuyo principal objetivo consiste en proporcionar ayuda sanitaria de urgencia de forma rápida y eficaz y denunciar las violaciones del derecho internacional. La red internacional de MSF cuenta con seis secciones operacionales en Bélgica, España, Francia, Holanda, Luxemburgo y Suiza. Una oficina internacional en Bruselas con enlaces en las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. Además, la organización tiene oficinas de representación en Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Grecia, ONG - ONG, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido y Suecia. MSF lleva más de 25 años de experiencia atendiendo a las víctimas de catástrofes de origen natural o humano, decenas de miles de personas que han aportado su profesionalidad durante este cuarto de siglo y con programas en 70 países. MSF es la mayor organización humanitaria independiente de ayuda médica de emergencia del mundo.

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MÉDICOS DEL MUNDO FRANCIA (MDM-F): Es una organización humanitaria no gubernamental internacional, sin ánimo de lucro y apolítica cuya meta es brindar asistencia médica a poblaciones vulnerables víctimas de crisis o exclusión en todo el mundo inclusive en países desarrollados como Francia. Desde 1980 brinda asistencia, curando las heridas que se ven pero también las que no, a través de una red de voluntarios profesionales de los sectores de salud, sin consideración de sexo, religión o nacionalidad. Sus fondos provienen de la solidaridad internacional, de donaciones privadas o de la Cooperación Internacional (Embajadas, Unión Europea, etc.)

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Misiones: Los Médicos del Mundo Francia en la actualidad están realizando 297 proyectos de salud en 88 países diferentes del mundo, con poblaciones víctimas de catástrofes naturales, violencia, refugiados, desplazados, minorías en peligro, niños de la calle, inmigrantes, drogodependientes, excluidos de los sistemas de salud, etc. Los proyectos de atención dentro de este contexto de ayuda internacional, pueden ser: De emergencia: Es decir, ayuda rápida a las víctimas en situación de crisis. Un ejemplo de ello es la misión en Armenia, para apoyar a la población damnificada por el terremoto.

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De desarrollo: Dentro de los cuales el principal objetivo es mejorar el acceso a la salud en un contexto marcado por la pobreza y la carencia de recursos a través de la transferencia de un saber hacer. En América Latina y Caribe existen proyectos de MDM-F, de apoyo a la salud, en Brasil, México, Cuba, República Dominicana, Haití Guatemala, Honduras (Mitch), Perú, Colombia, Nicaragua, El Salvador. Siempre intentando unir nuestros esfuerzos para el desarrollo de los pueblos. MDM-F en Colombia está realizando tres proyectos de apoyo a la salud, en los siguientes lugares: En el Amazonas Colombiano, sobre el acceso a la salud para la población indígena localizada en las comunidades del río Apaporis, con los siguientes ejes de trabajo: a) Formación pluridisciplinaria de promotores b) Rehabilitación / construcción de puestos de salud c) apoyo en las acciones de prevención d) La integración de las poblaciones indígenas al sistema de seguridad social por medio de una EPS (desde 1987). El acceso a la salud para los habitantes de la calle de Bogotá con los siguientes ejes de trabajo: a) Atención médico social b) Formación de Gestores de salud c) Regularizar de su situación y lograr la afiliación de esta población al régimen subsidiado. (Desde 1995). El apoyo en salud a la población desplazada por la violencia en Urabá, desde julio de 1997, con los siguientes ejes de trabajo: a) Capacitar a promotores de salud en coordinación con las instituciones colombianas encargadas de dicho mandato. b) Concienciar y sensibilizar a la población de desplazados en salud c) Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias d) Acompañamiento psicológico y sensibilización sobre psicotraumatismo y atención en salud mental. ANESVAD -ACCIÓN SANITARIA Y DESARROLLO SOCIAL: ANESVAD realiza proyectos sanitarios, sociales y educativos con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los países de menor desarrollo. Es una de las ONG más antiguas de España y la de mayor presencia en el Sudeste Asiático.

ONG colombianas CORPORACIÓN AVRE: Es una ONG concebida para disminuir las secuelas psicológicas de los afectados por la violencia sociopolítica y facilitar su adaptación a la situación generada por ella, mediante el acompañamiento a procesos organizativos que busquen dar respuesta a este fenómeno. Objetivo que se cumple mediante acciones tendientes a: Apoyar emocionalmente a las víctimas de la violencia sociopolítica. Asesorar y capacitar a entidades y comunidades para participar en la recuperación emocional y el mantenimiento del apoyo a las víctimas. Establecer relaciones e intercambiar opiniones con las diferentes entidades sobre esta problemática para preparar acciones conjuntas que tienden a la mejoría en la calidad de vida de las víctimas.

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La Corporación AVRE ejecuta actividades de salud mental comunitaria articulados a programas de desarrollo de las afectadas.

Áreas de Trabajo: Acciones preventivas e intervenciones terapéuticas específicas, individuales y grupales, en los casos en que se presenta alteración o disfunción emocional importante de la persona o del grupo. Actividades de asesoría a las comunidades, a las personas y a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, especialmente de derechos humanos en aspectos de salud mental, organización y manejo de grupos, resolución de problemas intra e intergrupales, desarrollo institucional o comunitario. Actividades terapéuticas que consisten esencialmente en la atención médico-psiquiátrica individual y grupal240. Actividades educativas relacionadas a la capacitación en salud mental y en entrenamiento en el manejo de la problemática emocional de las víctimas d de la violencia, a agentes de la comunidad y a entidades interesadas. Desarrollo de proyectos de investigación sobre el impacto emocional de la violencia en sus víctimas y la mejor manera de apoyarla.

Historia:

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La corporación AVRE nació en 1989 cuando un grupo de psiquiatras del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, diseñó un programa para la atención a las consecuencias emocionales de las víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia. El programa se inició con la atención a los pacientes que llegaban al departamento de Psiquiatría y luego se extendió a diversas regiones del país. En 1997 el grupo se constituyó como una organización no gubernamental.

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Cubrimiento: El trabajo tiene cubrimiento nacional y se adelanta en diferentes ciudades: Magdalena, Montería, Sincelejo, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Popayán, Villavicencio. SINERGIA: La Sinergia es una ONG que trabaja por la salud psicosocial de la comunidad como respuesta a nuestra situación de violencia y de estrés producidos por desastres naturales o no, para mejorar el nivel de salud mental de la población.

240 Este ha sido uno de los apoyos más demandados por los desplazados en cuanto no pueden por sí mismos trascender el impacto de la agresión y los cambios recibidos.

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La Fundación Social Colombiana CEDAVIDA: Es una ONG que busca cubrir un nivel de prevención y protección del niño entre cero y siete años241, uno de atención psicosocial con salud física y mental y uno de reconstrucción del proyecto de vida a través de la formación con todos los miembros de la familia de la población desplazada. CEDAVIDA es una institución sin ánimo de lucro, que trabaja en favor de los desplazados y víctimas de la violencia política en Colombia. Inició su trabajo en 1988, año en el cual se produce el primer gran éxodo de familias campesinas de los últimos años. Desarrolla su labor en Santa Fe de Bogotá, Villavicencio, Barrancabermeja, Apartadó, Chigorodó, y Soacha, ciudades receptoras de un gran número de desplazados, provenientes de diversas zonas del país. La experiencia adquirida en los primeros años hizo evidente la necesidad de desarrollar un trabajo integral con la población civil no combatiente en los aspectos que requerían atención en prevención, atención humanitaria de emergencia y consolidación socioeconómica. Para ello construyen un modelo de intervención que se denomina «Comunidades Constructoras de Paz». En ellas se busca cubrir un nivel de prevención y protección del niño entre cero y siete años, un nivel de atención psicosocial con salud física y mental y un nivel de reconstrucción del proyecto de vida a través de la formación con todos los miembros de la familia. Éste a su vez propicia un nivel preventivo de que los hechos se repitan a su interior y en la comunidad rompiendo la espiral de la violencia. La Guerra es una consecuencia de la violación de los derechos humanos y del modelo de formación implementado desde la escuela y la familia el cual posteriormente revierte a través de las personas formadas para nutrir la Guerra242. Es una relación de círculo vicioso, que tiende a ascender en espiral y que sólo puede enfrentarse adecuadamente, como círculo vicioso, atacando al mismo tiempo los dos extremos. El proyecto de formación se constituye en el eje de la Comunidad constructora de paz, involucrándose en su desarrollo toda la familia y a la comunidad. No es posible resolver los problemas de los desplazados sin antes lograr su reparación moral, para vencer de alguna manera la impunidad y aceptar los niveles de responsabilidad para que retomen la conducción de su vida como sujetos históricos.

241 Este trabajo institucional es de los que se enfoca más hacia las prioridades que la UNICEF promueve, ya que se trata de una población en especialmente sensible. 242 Esta es una referencia demasiado significativa para dejarla pasar por alto, en cuanto coincide con los cuestionamientos postmodernos a la educación (y sobre todo a la educación tradicional). La postmodernidad, considerada como una actitud cultural cuya expresión básica parte de «un discurso insurgente contra lo moderno», busca dilucidar –en esta materia- dos bases conceptuales: La Educación (considerada como un sistema pre-definido de dominación cultural individual y grupal desde la sociedad anterior) y la Formación (vista como el libre desarrollo de los talentos que los nuevos individuos y culturas traen como «potencias» o «habilidades», las cuales renuevan las sociedades y los tiempos). Debe resaltarse que se trata esta actitud de una nueva visión teórica en construcción entre los especialistas de las diversas culturas y escuelas. No es aún una realidad científica definida y aceptada en su totalidad. El asunto –desde «el discurso insurgente» post moderno- parte de una primera pregunta: «Si la educación es liberadora, ¿porqué condiciona la orientación formativa y porqué somete al educando a aceptar unas reglas y una visión cultural pre-existentes?». La segunda pregunta –más mortífera aún-, señala: «Si la educación es buena y correcta: ¿porqué tenemos este mundo tan deformado, incorrecto y empantanado en la crisis?». Ambas premisas están íntimamente ligadas con la perversión educativa de la competitividad, la generación de posiciones egoístas (ver el desplazamiento en el banco de la escuela), y, por consiguiente, generadoras de guerras en la madurez plural de la cultura humana. Los testimonios probatorios de esta tesis, se afirma, abundan en todo el mundo: Más de mil guerras (grandes y pequeñas) desde el inicio del modernismo, lo atestiguan. Sólo en el siglo XX tuvimos dos guerras catastróficas con 120 millones de muertos y dos bombas atómicas de destrucción masiva (sin mencionar las terribles armas biológicas). Harold Blum también cree –respecto del desarrollo de condiciones per se hacia la genialidad- que «entre menos intervenga la escuela, más opciones liberadoras» apoyarán la libertad creativa (la genialidad).

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CEDAVIDA considera que su labor se debe realizar con la participación directa de los beneficiarios, quienes, luego de ser formados, intervienen directamente en la coordinación y dirección de los proyectos. El 70 por ciento de los funcionarios son personas desplazadas. En la actualidad cuenta con 28 hogares infantiles, que constituyen el núcleo de la Comunidad Constructora de Paz, donde son atendidos 420 niños por 28 maestras, ocho mujeres que preparan alimentos y ocho coordinadoras de área, además de 12 profesionales y un equipo administrativo de siete personas. Alrededor de estos hogares existen aproximadamente 2.500 personas, familiares de los niños atendidos en el proyecto pedagógico, vinculadas a CEDAVIDA a través de los siguientes proyectos: Formación de líderes, derechos humanos, negociación de conflictos y pedagogía para la paz, capacitación para el empleo, proyectos de generación de ingresos, salud integral. CEDAVIDA tiene como objetivo general contribuir al desarrollo de un conglomerado social, a efectos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, elaborando y ejecutando planes y programas que permitan a los desplazados por la violencia política, rehacer su proyecto de vida, dignificando su existencia. PASTORAL SOCIAL: Es una organización que impulsa la nueva evangelización de los grupos humanos afectados por los fenómenos migratorios (emigrantes de dentro y fuera de Colombia, pescadores, itinerantes y desplazados), para promover sus derechos fundamentales y facilitar su integración en las nuevas comunidades de vida y de fe, respetando sus valores culturales. CORPORACIÓN MARÍA CANO: Es una ONG que cumple con funciones de capacitación, asesoría y apoyo económico, mediante proyectos de cofinanciación con organismos internacionales de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria. En este momento están desarrollando un programa nutricional llamado la «Olla comunitaria» en el departamento de Córdoba.

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CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE: Es una ONG que desde 1983 trabaja en la atención integral de comunidades afectadas por desastres naturales.

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PAZ Y TERCER MUNDO: Paz y Tercer mundo tiene la intención de iniciar en Colombia proyectos de apoyo a las poblaciones más vulnerables. Para lo cual se han identificado dos pequeñas acciones a ejecutar en Medellín y Ocaña, que servirán para ir conociendo mejor la realidad nacional y calibrar las posibilidades de mutua colaboración. En Medellín se tiene previsto cofinanciar un programa de acompañamiento y asesoría técnica a grupos de producción agropecuaria de comunidades campesinas. En Ocaña se apoyará un proyecto de auto-sostenimiento colectivo de viudas de la población de Abrego. FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR: Esta ONG Colombiana se encarga, a través de una escuela y de actividades con las familias desplazadas en Soacha, de mantener un contacto con más de 10.000 familias desplazadas situadas en las montañas de Soacha. Ataca los efectos psicosociales del desplazamiento. El proyecto nace como respuesta a la creciente problemática de desplazamiento forzado «gota a gota» que vive el municipio de Soacha, Cundinamarca. Incluye: Centro de recepción y diagnóstico de desplazados

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Organización social y desarrollo comunitario Fomento y recuperación de la salud mental Promoción de la salud y prevención integral Estabilización socio-laboral: cursos de capacitación técnica, formación humana y formación empresarial. Educación formal a la población infantil y juvenil. Alfabetización para población adulta. Comunicación y coordinación interinstitucional. APOYO A LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: El Proyecto, se inició en 1997 en colaboración con el Servicio Jesuita de Refugiados, consiste en prestar una atención integral a los desplazados por la violencia. Se puso en marcha un Plan de Emergencia para prestar servicio de acogida a la nueva población desplazada, alcanzando la ayuda a 500 familias; un Plan de Redefinición del Proyecto de vida para 200 familias desplazadas, que les permita tomar decisiones vitales a la hora de reorganizar su vida; un Plan de Prevención que permita buscar soluciones al conflicto armado; y un Plan de Coordinación de Trabajos con desplazados. FONDO DE EMERGENCIA PARA APOYAR A PERSONAS AMENAZADAS: La escalada de violencia ha afectado a la Asociación «Programa por la Paz», ya que dos de sus miembros han sido amenazados de muerte. Se les ha proporcionado los medios necesarios para que ellos y sus familias puedan salir del país y reiniciar una nueva vida lejos de Colombia. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL CON CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA: El Instituto Mayor Campesino-IMCA, situado en Guadalajara de Buga, trabaja con comunidades campesinas e indígenas pertenecientes a los Municipios de Buga, Restrepo y Riofrío. Se ha conseguido que las familias pertenecientes a estos Municipios se conviertan en los verdaderos actores de un desarrollo humano sostenible, y que alcancen mayores niveles de autonomía, conservación y uso de los recursos naturales.

Ayuda internacional que reciben los Desplazados y la par ticipación de las organizaciones int ernacionales participación internacionales Las ONG ayudan a los desplazados de Colombia, inspeccionando la acción de intervención que realiza el Gobierno colombiano, es decir, evaluando a Colombia como un país en guerra interna, y presentando diagnósticos críticos sobre la situación del país243.

243

TOVAR PINZÓN, Hermes, Colombia: Droga, economía, guerra y paz, Planeta, Bogotá, 1999.

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Las Organizaciones internacionales entrarán a participar en los programas de desarrollo social de cultivos alternativos, desplazamiento forzado interno, incluidos en el Plan Colombia. A través de sus organismos y con la creación de normas, dichas organizaciones buscan brindarles la integridad física y emocional a los desplazados244. El Gobierno debe destinar los dineros recaudados por impuestos con productos de primera necesidad a los desplazados de cada región. La buena organización y distribución de los desplazados en los centros de refugio harán manejable el problema porque muchas veces por falta de planeación en la organización y distribución, los desplazados deciden huir para buscar otra forma de supervivencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está consciente de que la situación de las personas desplazadas es particularmente trágica y cruel. Un número desproporcionado de personas desplazadas de Colombia y otras partes del mundo requieren de atención y servicios especiales como los niños, las personas mayores y las mujeres embarazadas. Aunque frecuentemente se ven forzados a huir de sus hogares por los mismos motivos que los refugiados, el hecho de que los desplazados permanezcan en el territorio nacional significa que no pueden reclamar su condición de refugiado ni beneficiarse del régimen especial acordado a los refugiados conforme al derecho internacional. Su presencia en el territorio nacional exige que sea el propio Gobierno quien deba de asumir la responsabilidad primaria para garantizarles su seguridad y bienestar. La Convención Americana y otros tratados establecen, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física, así como el derecho a la libertad de movimiento y de residencia, pero no contemplan el derecho concreto de no ser desplazado ilegalmente, de contar con protección y asistencia durante el desplazamiento y de disfrutar de un retorno y reintegración seguros; además, no garantiza el derecho explícito a encontrar refugio en una zona vigilada del país, ni una garantía expresa contra el retorno forzado de personas desplazadas internamente245 a lugares donde existen peligros para su vida o integridad personal.

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La OEA tiene una sólida tradición de defensa de los derechos humanos, mediante el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fortalecimiento fue acordado en la Cumbre. Los gobiernos solicitaron a la OEA y al BID, que establezcan o fortalezcan, según sea el caso, programas para apoyar los proyectos nacionales destinados a la promoción y la observancia de los derechos humanos en el hemisferio.

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Los principales instrumentos legales para el sistema (Declaraciones, Convenciones, Protocolos y Ratificaciones) son publicados como Documentos Básicos concernientes a los derechos humanos en el sistema Interamericano. Algunos instrumentos legales son preparados por el sistema interamericano de derechos humanos. Actualmente, una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.

244

SABOGAL, Melquesidec, Crisis social agraria, narcóticos y guerra, Conversaciones de paz, Santa Fe de Bogotá, junio del 2000.

245 Esta es una de las paradojas del Derecho Comparado. El único antecedente, y que, como anotamos aquí, no es válido para aplicarlo a los desplazados al interior del país, sino para otra categoría de perseguidos, llamados los refugiados, es el Derecho de Asilo Político. Sin embargo, para que un desplazado interno o su familia pudiera utilizar tal figura, habría de llegar a una ciudad grande, buscar un consulado o la embajada de un país, y pedir refugio. Lo cual, como se observa, entraría a consolidarse teóricamente en otro estadio de la aplicación del Derecho de Gentes. Porque la diferencia entre desplazado y refugiado (como se puede ver en este informe) es bastante diferente y compromete escenarios y actores muy distintos.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

La Organización de los Estados Americanos es la encargada de velar por el respeto de los derechos humanos246. De acuerdo con las funciones que le atribuyen a la Carta de la OEA, la Convención Americana y los demás instrumentos jurídicos internacionales aplicables, la Comisión realizará el seguimiento de la situación de los derechos humanos en Colombia. La CIDH reitera su deseo de colaborar con autoridades colombianas dentro del marco de su competencia, con el fin de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos internos e internacionales para la defensa y protección de los derechos fundamentales dentro del marco del Estado de Derecho.

Visión de la OEA sobre el Desplazamiento forzado interno El fenómeno del desplazamiento interno de personas ha alcanzado tales proporciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo considera uno de los aspectos más graves de la situación de los derechos humanos en general en Colombia. La mera magnitud del problema del desplazamiento interno hoy día en Colombia constituye nada menos que una catástrofe de orden humanitario, por lo cual la Comisión ha decidido preparar este capítulo en el que se que examina, inter alia, las causas del desplazamiento interno, la actual situación de las personas desplazadas en varias zonas del país, y las medidas adoptadas por el Estado ante esta crisis. El reconocimiento de la gravedad de la situación de las personas desplazadas, llevó a que la Comisión - en su nonagésimo primer período de sesiones, en febrero de 1996 -, nombrara un relator especial para tender este tema. Esta relatoría ha permitido fortalecer las relaciones entre la Comisión Interamericana y el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para Desplazados Internos. Además, el relator especial ha colaborado con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y otras organizaciones para estudiar el problema de las personas desplazadas en las Américas247. Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas de derecho interno e internacional, los desplazados internos tienen derecho a disfrutar libremente de los mismos derechos y libertades que el resto de la ciudadanía. No obstante, en la práctica, rara vez pueden hacerlo, puesto que el desplazamiento en sí mismo contradice esencialmente el goce de los derechos humanos básicos248. Incluso cuando se obliga a las personas a abandonar sus hogares por motivos legítimos, su desplazamiento por lo común implica múltiples violaciones de los derechos humanos. Esto es particularmente cierto durante los conflictos armados, una de las principales causas de desplazamientos internos en todo el mundo. Es precisamente durante esos conflictos que los derechos básicos y las necesidades de los desplazados más se ponen en peligro y menos se respetan y se protegen. 246 Especialistas en Derecho Internacional consideran que el papel de la OEA en el conflicto interno colombiano «ha mostrado una adinamia significativa y su liderazgo continental exhibe adolescencia». Otros, aducen que tan débil protagonismo no es exclusivo de la OEA sino también de la ONU en la mayoría de los conflictos mundiales de los últimos 30 años. Se explica este comportamiento, en razón de que «nos encontramos en una coyuntura de reacomodamiento jurídico internacional, mediante el cual el mundo está haciendo una lenta pero eficaz transición de los modelos de control entre países desde la post-guerra (Segunda Guerra Mundial) hacia un nuevo esquema intervencionista, más eficaz, con mayor influencia, más dinámico y con mayor conocimiento estratégico de la realidad a intervenir. 247 Ninguno de los países americanos tiene sobre sus espaldas una migración interna y múltiple de tres millones de colombianos (fenómeno del desplazamiento). 248 «Una ética civil y humanista centrada en la dignidad de la persona, los derechos humanos, la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres, la moralidad pública, la solución pacífica y justa de los conflictos, la cooperación en las relaciones capital y trabajo» (SANDOVAL MORENO, Luís Ignacio, Paz: Recrear la democracia desde la sociedad civil, Instituto María Cano, Santa Fe de Bogotá, 1998.

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Los desplazados internos, sin embargo, no pierden sus derechos inherentes por ser desplazados; pueden invocar los derechos humanos internacionales y, cuando corresponda, el derecho humanitario para proteger sus derechos. Como observó reiteradas veces la Comisión, existen ciertas garantías fundamentales protegidas por la Convención Americana que no pueden ser suspendidas, incluso en tiempos de conflicto armado u otra emergencia. La Convención Americana y otros tratados de derechos humanos y derecho humanitario, tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, contienen garantías en especial pertinentes para las personas desplazadas. No obstante, existen áreas en las cuales la protección ofrecida por estos instrumentos no es suficientemente específica en relación con la situación de las personas desplazadas. Esto ocurre porque esos instrumentos no fueron preparados con la intención de satisfacer las diversas necesidades de los desplazados internos. Las deficiencias en el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario aplicable a las personas desplazadas han sido objeto de estudio exhaustivo por Francis M. Deng, a quien el Secretario General de las Naciones Unidas designó en 1992, como su representante para desplazados internos. Tanto la Asamblea General como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instaron al señor Deng a preparar un marco normativo adecuado para los desplazados internos con base en sus propias investigaciones y conclusiones. En abril de 1998, el señor Deng presentó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe con un anexo titulado «Principios Rectores de los Desplazamientos Internos». La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó por consenso una resolución copatrocinada por más de 50 Estados, entre ellos Colombia, la cual entre otras cosas tomó nota de la decisión del Comité Interinstitucional Permanente de acoger con beneplácito los Principios Rectores e instar a sus miembros a comunicarlos a sus comisiones ejecutivas, junto con la intención expresa del señor Deng de utilizar dichos principios en su diálogo con los gobiernos y con todos aquellos cuyos mandatos y actividades se relacionan con las necesidades de los desplazados internos249.

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La Comisión observa que los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en esencia reiteran en un documento único y en términos más detallados los principios generales de protección, establecidos en la Convención Americana y otros tratados, y abordan las zonas grises y lagunas del derecho que fueron identificadas por el señor Deng. El documento consiste de 30 principios que abordan todas las etapas del desplazamiento250: Las normas aplicables antes de que ocurra el desplazamiento interno (es decir, protección contra el desplazamiento arbitrario), las normas aplicables en situaciones concretas de desplazamiento y las aplicables en el período post-conflicto. A la luz de estos Principios, los desplazados internos, son: Todas las personas o grupo de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida251.

198 249 Resolución 1998/50 de la Comisión de Derechos Humanos, 17 de abril de 1998, E/CN.4/1998/53/Add.2. Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos que copatrocinaron la resolución fueron los siguientes: Perú, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Argentina Chile, Colombia, El salvador, Guatemala y Nicaragua. 250 Resulta por demás conveniente identificar que el fenómeno del desplazamiento es un proceso (no un evento) y tiene una serie de fases y etapas, según las cuales, y acorde con su grado de madurez, requieren de una visión conceptual, estratégica y operacional adecuadas. 251

Principios Rectores para los Desplazamientos Internos.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

La Comisión acoge con beneplácito y apoya plenamente los Principios Rectores. Como la reiteración más completa de las normas aplicables a los desplazados internos, los Principios Rectores dan a la Comisión una importante orientación sobre cómo debe interpretarse y aplicarse la ley durante todas las etapas del desplazamiento. (Los Principios Rectores sobre Desplazados Internos figuran en el Anexo 1 de este informe). El derecho colombiano incluye también normas relacionadas con los desplazados internos. La Ley No. 387 del 18 de julio de 1997, adoptada para tratar el tema del desplazamiento forzado interno, define en su primer artículo el concepto de desplazado, utilizando una definición similar a la que se encuentra en los Principios Rectores252. Asimismo, la Ley 387 de 1997 «adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia» y prevé una serie de mecanismos para garantizar estos derechos a los desplazados así como para prevenir las causas del desplazamiento forzoso253. La Constitución Política de Colombia también incluye derechos de especial importancia para los desplazados. Por ejemplo, el artículo 42 de la Carta magna establece que el Estado «y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia». El artículo 24 de la Constitución también reconoce que todo colombiano «tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional». Según diferentes estudios, la cifra de la población desplazada en Colombia oscila entre 700.000 y 1.200.000 personas. Sin embargo, todas las fuentes coinciden en calificar los últimos cuatros años como los peores de la historia de este país. Algunos apuntan a que esta situación, que en el año 1996 alcanzó unas 180.000 personas, afectó aún en mayor proporción a la población durante el año 1997 y principios de 1998. Un estudio de la Conferencia Episcopal Colombiana evalúa en 250.000 las personas desplazadas entre el período enero a octubre de 1997254. Para el primer semestre de 1998, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento («CODHES») calculaba que 148.000 personas habían sido afectadas por la violencia y obligadas a abandonar sus residencias255. Otras cifras estiman que en 1997, cada hora, cuatro familias iniciaron su éxodo por el territorio nacional en busca de algún refugio256. Aunque cifras publicadas por CODHES y la Arquidiócesis de Bogotá sobre el desplazamiento en la última década han sido desestimadas por el Gobierno -pero aceptadas por la Defensoría del

252 El artículo 1 de la Ley 387 establece que : Es desplazado quien se ha visto forzado a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios, y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos Humanos, infracciones al DIH u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. 253

SAMPER STRAUSS, Jacquin, Los Desplazados: Esa Colombia que no podemos ignorar, Presidencia de la República, Despacho de la Primera Dama de la Nación, 1997 (en adelante informe de la Presidencia de la República). 254 Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados («GAD»), Éxodo sobre el desplazamiento Forzado en Colombia, enero 1octubre 31 de 1997 (en adelante Éxodo). 255

CODHES es una organización no-gubernamental especializada en este tema, con sede en Bogotá.

256

Éxodo.

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Pueblo y UNICEF-, la Comisión no puede dejar de tomarlas como índices. Según estas estadísticas, desde 1985 habrían sido desplazadas 920.000 personas en todo el país, de las cuales 235.000 habrían llegado a Bogotá. Otros 180.000 desplazados en el mismo periodo estarían viviendo en Medellín. Según el informe de 1997 de la Arquidiócesis de Cali, el 2,5 por ciento del total de los habitantes de la capital del Valle fueron desplazados por diversas razones, y cada día del año llegan a Cali por lo menos tres familias desplazadas por la violencia, provenientes de los Departamentos del Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó y de la Costa Atlántica257. Fuentes vinculadas a las organizaciones no gubernamentales que trabajan esencialmente con desplazados consideran que si bien los desplazamientos en las regiones del norte han aumentado, 1997 también fue un año clave en cuanto a la aparición de nuevas tendencias de desplazamiento en la región sur oriental. Estas poblaciones habrían sido víctimas de masacres y amenazas tras su participación en marchas campesinas durante el paro cocalero de 1996 y de acciones retaliatorias tras la retención de soldados por las FARC en Las Delicias, Putumayo, en las acciones de «recuperación de zonas» iniciadas por grupos paramilitares258.

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La Red Nacional de Información, organismo dependiente de la Consejería Presidencial para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia del Gobierno, publicó en agosto de 1997, «El Primer informe consolidado sobre volumen y distribución geográfica de la población desplazada durante los años 1996 hasta junio de 1997». Dicho informe, que no incluye a todos los municipios ni tampoco a las capitales de departamentos, establece el siguiente cuadro259:

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Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Tradicionalmente el desplazamiento en Colombia solía identificarse con la huida masiva de familias campesinas expulsadas por terceros de sus campos y lugares habituales de residencia. Sin embargo, en años recientes también sectores urbanos (pobladores urbanos, maestros260, sindicalistas) y población indígena261 han incrementado estas filas. Ello demuestra que a las causas originales del desplazamiento se han ido sobreponiendo otras: La intensificación del conflicto armado y el recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos, como en las regiones del Nororiente de Antioquia que vieron una campaña anunciada de «limpieza de auxiliadores de la guerrilla»262. Algunos grupos internacionales que realizaron misiones de observación en el territorio colombiano manifestaron a la Comisión haber percibido nuevas características adicionales del desplazamiento, en la medida en que aunado al desplazamiento como consecuencia del conflicto armado interno se sumó el desplazamiento como objetivo económico para permitir el control de grandes terrenos, a veces con el objetivo de establecer importantes proyectos económicos en estas zonas. Asimismo, se observó un «desplazamiento itinerante», que habiéndose iniciado como desplazamiento por violencia se transformó posteriormente en migración económica, creando una forma de «cultura de desarraigo» en aras de la supervivencia. La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia identifica cuatro tipos de desplazamientos: A.

Desplazamiento de poblaciones campesinas deliberadamente provocado por los diversos actores de la violencia, que dan muerte o golpean a campesinos hasta lograr expulsar todo el grupo o comunidad. Éste es provocado principalmente por grupos paramilitares en las zonas del Chocó, parte de la región del Urabá antioqueño, Bolívar y Magdalena;

Desplazamiento como consecuencia no deliberada del enfrentamiento entre actores armados, por carecer la población de las garantías mínimas y protección a su vida e integridad física, tras acciones de bombardeos o acciones militares indiscriminadas en su contra. Se presentó esta situación en las regiones de Antioquia, Magdalena Medio, Bolívar y Meta;

257 Comisión Vida, Justicia y Paz, Arquidiócesis de Cali, desplazados en Cali: Entre el miedo y la pobreza, 1997 (en adelante informe de la Arquidiócesis de Cali). 258

Éxodo.

259 Documento de la Red Nacional de información, agosto de 1997. A mediados de 1998, la red aún no contaba con datos oficiales de desplazamientos en las grandes ciudades y en algunos municipios. Ver Presidencia de la República, Consejería Presidencial para la atención a la población desplazada por la Violencia, mayo de 1998. 260 Los maestros han sido uno de los gremios más impactados por la violencia de múltiples focos, tanto en el campo como en la ciudad. Ellos también son desplazados de sus escuelas sin fórmula de juicio. 261 Esta situación ha diezmado la actividad sindical en Colombia y están a punto de desaparecer varios pueblos indígenas, cuyas etnias enteras han sido perseguidas a sangre y fuego durante decenios, acusados de ser amigos de este o de aquel otro actor armado del conflicto. O, como ocurre ahora, matan los indígenas por el supuesto delito de «falta de compromiso» con cualquiera de los actores armados del conflicto. 262 La degradación del conflicto –que busca justificar siempre nuevas víctimas que agredir- se viene dando en la manera en que «las víctimas de primera línea» escasean, los campos de combate van quedando solitarios y sin actividad, mientras que los actores armados de la confrontación necesitan «material para su carnicería». Alguien «sobre que» disparar. Poco importa quién sea o de quién se trate (si es un personaje inocente, se le inventa y se le cuelga cualquier historia o motivo que justifique la agresión). El poeta africano Hyi Zulk, escribió al respecto: «Es igual al turista que llega a cazar a las sabanas y dice: Entremos al safari: Si hay leones, qué bueno llevar una cabeza de león. Si hay bisontes, excelente una cabeza de bisonte. Si apenas hay antílopes, pues llevaremos una cabecita de antílope. ¡Qué le vamos a hacer! Lo importante es llevar la cabeza que justifique el safari».

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Desplazamientos causados por grupos de personas interesadas en la tenencia de la tierra, a través de grupos de acción privada, que obligan a los campesinos a abandonar sus residencias y cultivos;

Desplazamientos voluntarios hacia zonas de reserva forestal o fáunica que buscan establecer cultivos ilícitos y que generan otro tipo de conflicto263 a Técnica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1997 (en adelante informe de la CPDIA).

Por su parte, el estudio del analista político Alejandro Reyes, señala que donde más coincide la violencia política con la violencia relacionada con la tenencia de la tierra (Costa Atlántica, Chocó y Urabá antioqueño), el desplazamiento es significativamente mayor que en las regiones donde, a pesar del nivel de violencia política, son menores las incidencias del conflicto por la tierra (Nororiente, Región Andina Central, Suroccidente264). Reyes considera que, «en condiciones locales de guerra no sólo es imposible plantear demandas sociales, sino que el problema pasa a ser el cómo asegurar la estabilidad de la población en su territorio, pues éste adquiere valor estratégico para los adversarios. El desplazamiento se produce cuando las amenazas plantean el dilema entre la propiedad y la vida, y cuando es mayor la incapacidad del Estado para protegerlas»265. Tal análisis y las constataciones de la propia Comisión en su visita in loco, confirman que existe una estrecha relación entre injusticia social, particularmente el despojo de tierras, y el desplazamiento interno, cuyas causas primarias son anteriores al actual conflicto armado266. La Comisión ha recibido información en la cual se señala que el 65 por ciento de los jefes de hogares desplazados que poseían tierras tuvieron que abandonarlas como consecuencia de los hechos de violencia que les obligó a huir. Esta estadística tiende a confirmar una vez más que alrededor de los fenómenos de violencia y confrontación armada se ocultan intereses económicos relacionados con la llamada contrarreforma agraria que afecta a pequeños y medianos propietarios267. En la actualidad, el 67 por ciento de los jefes de hogar en familias desplazadas no tienen ocupación remunerada268.

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A fines de 1997, la Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas («CPDIA»)269 emitió su informe elaborado tras varias visitas in situ, en el que señala como impactos o consecuencias de carácter general y específicos del desplazamiento: 1) La desprotección y aislamiento

202

263 Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, Respuesta a la Proposición No. 131 de abril de 1997, citado en el informe Final sobre la misión in situé de asistencia técnica sobre desplazamiento interno en Colombia de la Consulta Permanente sobre desplazamiento Interno en las Américas («CPDIA»), Secretaría Técnica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1997 (en adelante informe de la CPDIA). 264

REYES POSADA, Alejandro, El problema territorial del desplazamiento forzoso, anexo al informe del CPDIA.

265

MOLANO, Alfredo, Ventana al Porvenir, Siguiente el corte, 1990.

266

Ibidem.

267 Informe de la Conferencia Episcopal de Colombia, Derechos Humanos: Desplazados por violencia en Colombia, 1995 (en adelante Informe de la Conferencia Episcopal). 268

Informe de la Arquidiócesis de Cali, págs. 42-43.

269 La CPDIA fue establecida en noviembre de 1992 por iniciativa de representaciones regionales de agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La Comisión Interamericana de Derecho Humanos, la Organización Internacional de Migración, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja se sumaron a dicha iniciativa. También varias organizaciones no -gubernamentales internacionales y expertos independientes han participado en la misma. La Secretaría Técnica del grupo se encuentra a cargo del instituto interamericano de Derecho Humanos.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

de las comunidades desplazadas, tanto durante los períodos de emergencia hasta las etapas de retorno o reasentamiento, falta de asistencia humanitaria a través de proyectos integrales, interinstitucionales e interdisciplinarios. 2) Por dichas carencias los desplazados se encuentran sin posibilidades de acceder legalmente a nuevas viviendas, tierras o empleos y se ven obligados a iniciar una lucha de supervivencia, compitiendo entre ellos mismos para obtener un espacio en «tugurios de invasión o en urbanizaciones clandestinas». 3) La fragmentación de las familias, comunidades y desvanecimiento de los lazos sociales en general. 4) Un acelerado proceso de concentración de la propiedad rural en detrimento de la población, con cambios drásticos en el uso y tenencia de tierras. La Comisión considera que las consecuencias psicosociales del desplazamiento, sin ninguna atención, han incrementado la destrucción del tejido social, pauperización, desintegración familiar, desnutrición, enfermedades, alcoholismo, drogadicción, prostitución, deserción escolar y delincuencia270. En su estudio sobre población y efectos del desplazamiento, la Arquidiócesis de Cali señala que la población desplazada es «joven, improductiva, compuesta por campesinos pobres, pequeños propietarios obligados a salir de sus sitios de trabajo por múltiples amenazas contra sus vidas». Están incluidos desproporcionadamente en las filas de los desplazados las mujeres, los niños y los indígenas271. Mujeres: Según cifras de CODHES, el 59 por ciento de las personas desplazadas son mujeres, muchas de ellas viudas y con varios hijos y el 65 por ciento menores de edad272. Tal magnitud implica una gran fragilidad de la unidad familiar ya que en muchos puntos de reasentamiento las mujeres son las que asumen solas las tareas familiares, mientras los hombres buscan algún tipo de labores dentro o fuera del radio de reubicación. Las desplazadas, en su inmensa mayoría, son de origen campesino que deben buscar refugio en condiciones muy precarias en los barrios marginales de las ciudades, donde no pueden ni cultivar ni poseer animales domésticos para alimentar a su familia. En la mayoría de los casos tampoco tienen acceso a los servicios básicos de salud. A pesar de que la Constitución Colombiana y la legislación específica han reconocido la igualdad de derechos de la mujer, y pese a que el Gobierno ha ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como la Convención de Belem do Pará), integrando una nueva orientación de género, muchas de estas normas y gran cantidad de programas gubernamentales no logran alcanzar a las mujeres que viven en situación de desplazamiento interno. La Comisión destaca que el principio 19 de los Principios Rectores sobre Desplazados Internos hace directa referencia a la situación de la mujer, al establecer que: «Se prestará especial atención a las

203 270 En sus observaciones, el Estado hizo notar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y UNICEF tienen programas dirigidos a enfrentar las consecuencias psicosociales del desplazamiento forzoso. El Estado reconoce, sin embargo, que esta línea de trabajo es difícil y muchas veces relegada ante la urgencia de suplir otro tipo de necesidades básicas inmediatas. 271 La Comisión también hace referencia en este informe al tema de desplazamiento en relación con estos grupos en los capítulos que se han redactado específicamente en relación con ellos. 272

Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos: Sistema de Seguimiento y Vigilancia.

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necesidades sanitarias de la mujer, incluido su acceso a los servicios de atención médica para la mujer, en particular los servicios de salud reproductora, y al asesoramiento adecuado de las víctimas de abusos sexuales y de otra índole». Sin embargo, la información en poder de la Comisión indica que no se ha cumplido cabalmente con este requerimiento. Niños: Según la Conferencia Episcopal Colombiana, aproximadamente el 70 por ciento de los desplazados son menores de edad, incluyendo en esta cifra a jóvenes madres de familia que, por haber perdido su esposo y sustento, quedan solas a cargo de infantes. Fuentes no gubernamentales señalan que el 85 por ciento de los niños desplazados no recibe educación primaria y sólo el 20 por ciento tiene acceso a asistencia médica273. El estudio de la Arquidiócesis de Cali afirma que «el analfabetismo funcional caracteriza la mayoría de los integrantes de los hogares desplazados por violencia», debido a las altas tasas de deserción escolar durante el desplazamiento. La Comisión también considera que la falta de acceso real a la educación primaria gratuita y obligatoria contribuye a una situación en que los niños no son aceptados e integrados en los pueblos de recepción. En cuanto a los programas de salud, el 81 por ciento de los desplazados entrevistados por el equipo de la Arquidiócesis afirmó no tener acceso a ninguno de ellos274. El censo de la Defensoría del Pueblo celebrado en los albergues de Turbo registró en noviembre de 1997 más de 2.000 menores, los mismos que no gozaban ni de una nutrición adecuada, ni de programas sanitarios a pesar de las carentes condiciones de higiene del lugar275. Tampoco se conocen programas educativos a los cuales tengan acceso. Igual situación se registra en el censo de Pavarandó, con casi 1.800 niños de 0 a 14 años, y numerosos otros centros transitorios de alojamiento que no cuentan con medios mínimos para atender a la población infantil desplazada. Varios niños desplazados de la Finca Bellacruz, reubicados en el Departamento de Tolima, fueron encontrados sufriendo procesos de avanzada desnutrición276. Tales carencias no permiten un sano desarrollo de la niñez. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana y otros instrumentos de carácter universal, recogen el consenso de que los niños tienen derecho a una atención especial y a la protección integral. Es así que, auxiliar a los niños desplazados –como víctimas directas del conflicto– en los programas gubernamentales diseñados para la infancia, ha de constituir una prioridad.

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La Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por Colombia, así como el artículo 19 de la Convención Americana, obligan al Estado a dar protección a la infancia, asistiéndola con ayuda alimenticia, sanitaria y médica.

204

273 GROSS RIVER, Jacques, ¿La humanización facilita el proceso de paz?, Humanizar la Guerra: Una opción urgente, colección Sociedad y Conflicto, Cinep, 1996. 274 DE ROUX, Carlos Vicente, Los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la Paz en la Colombia de hoy, Fundación Social, Agenda Ciudadana para la Paz, Santa Fe de Bogotá, septiembre de 1998. 275 «Las leyes de la guerra imponen a la parte responsable del desplazamiento, la obligación de asegurar a la población «condiciones adecuadas de albergue, higiene, salud, seguridad y nutrición» (Protocolo II, Co nvención de Ginebra, Parte IV, Artículo 17). 276 «El primer acto soberano de un pueblo es su alimentación. Este garantiza la fuerza primera del Estado: El hombre de ideas claras y el músculo fuerte» (SARMIENTO, Domingo Faustino, Apuntes sobre la raza y otras notas, Buenos Aires, 1867). «La soberanía con la dinámica de la globalización está desdibujada por las exigencias de la comercialización mundial, la intromisión de la banca internacional y otros aspectos» RAMOS GARBIRAS, Alberto, Violencia y estados de excepción, FAID Editores, 2005).

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

Por su parte, los Principios Rectores establecen que: «Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales»277. Así las cosas, queda absolutamente prohibido, tanto por las normas del Derecho Internacional Humanitario como por la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el alistamiento de los niños menores de 15 años278. Los Principios Rectores también establecen que: «Los niños desplazados no serán alistados en ningún caso ni se les permitirá o pedirá que participen en hostilidades»279. Sin embargo, la Comisión ha recibido información según la cual niños desplazados han sido reclutados por grupos armados disidentes y, especialmente, por grupos paramilitares. Asimismo, la Comisión ha sido informada de una gran cantidad de infantes nacidos durante el desplazamiento o en centros de alojamiento, los cuales no han sido registrados por las autoridades competentes y por lo tanto no tienen ningún tipo de documentación280. Cabe señalar que es un principio de derecho internacional universalmente reconocido el goce de la personalidad jurídica. A este respecto los Principios Rectores también enfatizan la necesidad de implementar un proceso eficaz de documentación para todos los desplazados, inclusive para los menores. Indígenas: Según datos obtenidos por esta Comisión, el desplazamiento que afecta a los grupos indígenas en Colombia es extremadamente grave. En el Departamento de Córdoba, la población indígena desplazada alcanzaba a más de 10.000 personas. Tales cifras se suman a los desplazamientos masivos sufridos por las comunidades indígenas del Departamento de Antioquia, desde 1996, expulsados de sus zonas ancestrales por la violencia de grupos paramilitares. La comunidad Zenú de El Volao, municipio de Necocli, en el Urabá antioqueño, fue desplazada por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en marzo de 1995. Varias familias indígenas en el sur del Tolima fueron también desplazadas tras el asesinato de sus líderes281, el hostigamiento del ejército, las operaciones de los paramilitares y los ataques de la guerrilla en marzo de 1996. La CPDIA por su parte considera que la región del Chocó y en particular el Bajo Atrato, donde se proyecta la construcción del Canal Atraco-Truando, se ha convertido en un escenario de guerra que

277

Principios Rectores, Principio 4 (2).

279

Id., Principio 13 (1).

280 Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor desfase en su identidad ciudadana y demográfica. La Registradora Nacional del Estado Civil, Alma Beatriz Rengifo, ha asegurado que este desfase quedará técnicamente superado antes de un año. Sin embargo, algunos críticos consideran que por lo menos el 20 por ciento de la población colombiana, ni ha sido registrada ni ha recibido del Estado su respectiva cédula de ciudadanía. Eso viene ocurriendo desde hace muchos gobiernos, pues se argumenta que esa falla fundamental «sirve de cortina de humo para los manejos electorales». En las fronteras, la situación es más crítica aún. A lo largo de la línea divisoria con Brasil, la mayoría de los colombianos residentes en esa zona colombiana tienen cédula brasileña, ven la televisión brasileña no la colombiana y hablan en hispano-portugués (una mezcla de español y portugués). Esta caótica situación hizo exclamar al expresidente Rafael Azuero Manchola: «Para garantizar en nuestro país la vigencia real y total del Estado de Derecho, necesitaremos corregir más de un error». 281 La población indígena post-hispánica se ha reducido el triple, sólo en los últimos setenta años del siglo XX, comparado este breve pero dañino período con los índices de aniquilamiento sufridos por la etnia en los últimos 430 años (casi cuatro siglos y medio), contados desde su caída demográfica en el período 1492-1930. Es decir: Desde el mismo descubrimiento hasta el gobierno de Olaya Herrera.

205

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afecta principalmente a las comunidades afro caribeñas y a los indígenas, ocasionando el desplazamiento de estas personas. Cabe recalcar que los Principios Rectores señalan expresamente, en su principio 9, que: «Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma»282. Las acciones en contra de algunas comunidades indígenas deben ser evaluadas con este principio y las normas de derecho internacional así como las normas relativas a la igualdad y nodiscriminación por motivo de raza, lengua, origen nacional y religión de la Convención Americana.

Condiciones de vida de los Desplazados internos Al incrementarse exponencialmente las cifras del desplazamiento, los programas nacionales e internacionales de asistencia no han logrado compensar todas las necesidades de estas poblaciones. La asistencia humanitaria del Estado colombiano no ha alcanzado los estándares internacionales de rapidez, eficacia y neutralidad debido a diversas razones de orden político, burocrático y censal. El censo para 1997 efectuado por la Red Nacional de Información evaluaba en 38.033 la población desplazada por la violencia que ha recibido asistencia de parte del Gobierno283.

USC - Editorial

La indocumentación de los desplazados es también causa grandes dificultades y obstáculos, tanto para los adultos como para los niños, en el acceso al registro y documentación de ciudadanía, en el sentido que acarrea (entre otras) pérdida de bienes por falta de pruebas documentales y ausencia de tutelación de derechos fundamentales. Por ejemplo, la mayoría de los programas de atención a los desplazados exigen la certificación de su condición como tal, la que es sumamente difícil de adquirir, salvo cuando determinados municipios o alcaldías han realizado un esfuerzo para resolver la situación de los indocumentados. El problema de la distribución de tierras se agrava también por las dificultades en la documentación de la población desplazada.

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Cabe señalar que, de conformidad con el principio 1 de los Principios Rectores, los desplazados internos no deben ser objeto de discriminación alguna por la condición en que se encuentran. El exigir a los desplazados tramitar documentos especiales clasificándolos como tales podría violar este principio. Asimismo, el derecho internacional de los derechos humanos establece el derecho fundamental a la personalidad jurídica de toda persona y la Convención Americana considera inderogable este derecho284.

282 En Colombia ha sido al contrario, desde la mal llamada «Conquista» (que fue un genocidio impune) y la Colonia (que fue el mayor acto de esclavitud, saqueo y despojo desde la destrucción de Jerusalén, en el 70 D.C., y luego desde la caída de Bizancio), hasta nuestros días. La sobrevivencia de las minorías étnicas o de especies débiles (lo mismo da que sea un mal llamado indígena -que no ha sido indígena nunca y sí siempre suramericano- o de un ave en extinción) jamás ha interesado a nadie en esta civilización, impuesta e ignara, que jamás supo (ahora sus descendientes tampoco lo saben) a dónde por equivocación había llegado. Por eso esta tierra sigue siendo «un misterio» para todo el mundo. Incluido nuestro crónico y aberrado conflicto. 283 En estos momentos en que se desarrolla un nuevo censo poblacional, se están conociendo lagunas y desfases muy importantes en la visión socio-demográfica de Colombia. 284

Convención Americana sobre Derecho Humanos, artículo 3.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

El punto 20 de los Principios Rectores también señala enfáticamente que para dar efecto al reconocimiento de la personalidad jurídica a la que tiene derecho la persona desplazada, «las autoridades competentes expedirán a los desplazados internos todos los documentos necesarios para el disfrute y ejercicio de sus derechos legítimos… En particular, las autoridades facilitarán la expedición de nuevos documentos o la sustitución de los documentos perdidos durante el desplazamiento, sin imponer condiciones irracionales, como el regreso a su lugar de residencia habitual».

a. Situación en campamentos y asentamientos Un fenómeno reciente es el de la creación de campamentos de desplazados. Tras las matanzas de campesinos en el Urabá chocoano, en abril y diciembre de 1997, el corregimiento Pavarandó Grande de Mutatá se volvió el «campo de desplazados más grande de la historia de Colombia» con más de 5.000 personas. Según cifras proporcionadas por organizaciones internacionales en relación con este campamento, la mayoría de las personas285 allí concentradas pertenecían a 48 comunidades negras, y la mitad eran niños y menores de 14 años, algunos de los cuales habrían muerto por falta de atención médica y alto grado de desnutrición. Pavarandó era el sitio en Colombia que más «se parece a un verdadero campo de refugiados como los existentes en otras partes del mundo» con filas de carpas con las insignias de la Cruz Roja y de otras organizaciones no-gubernamentales, las que proporcionaban alimentación y atención médica. Existía muy poca infraestructura, según informes de organizaciones no gubernamentales, por lo que los desplazados se quejaban de recibir raciones erráticas e insuficientes de comida286 . En enero de 1998 se iniciaron los primeros programas para el retorno y reubicación de las familias en Pavarandó. La mayoría de los desplazados fueron retornados a seis asentamientos en el Bajo Atrato en el Departamento del Chocó. Sin embargo, antes de que pudiera concretarse completamente este retorno, los desplazados que permanecían en Pavarandó fueron víctimas de nuevos actos de violencia. A principios de septiembre del año 1998, los cerca de 1.000 desplazados que faltaban por regresar al Urabá chocoano abandonaron el campamento en Pavarandó por temor a un ataque de los paramilitares. Estos últimos los acusaban de apoyar a los guerrilleros de las Farc que atacaron, en agosto de 1998, la Brigada XVII del ejército ubicada en la zona287. La Comisión considera de suma gravedad este nuevo desplazamiento de las víctimas de desplazamiento forzoso que se habían refugiado en Pavarandó. En su visita al albergue del Coliseo de Turbo en la municipalidad de Apartadó (Antioquia), la Comisión pudo observar las condiciones difíciles que se viven en los campamentos de desplazados. La población desplazada residente en el coliseo provenía de varias localidades de Riosucio en el Urabá chocoano al municipio de Turbo, tras una campaña de terror sembrada por los paramilitares, a los que presuntamente se añadieron los ataques aéreos de las Fuerzas Militares, hacia finales del año 1996. Los pobladores denunciaron ante la Comisión que varias comunidades habían sido bombardeadas y aterrorizadas por ejecuciones a los pobladores. Según estos pobladores, las casas fueron saqueadas y los habitantes fueron posteriormente obligados a desalojarlas. Contaron que los paramilitares habían

285

El Tiempo, 31 de diciembre de 1997.

286

Inited states Commttee for refugees, Colombia’s Silent Crisis : One Million Displaced by 280 280 Violence, marzo de 1998.

287

El Tiempo, 9 de septiembre de 1998.

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tomado el control de la zona donde ellos habían vivido. El 27 de febrero de 1997, los desplazados llegaron al albergue del Coliseo de Turbo donde, a la fecha de la redacción de este Informe, aún se encontraban unas 330 personas hacinadas y a la intemperie. En este campamento, la Comisión pudo constatar que los residentes viven en condiciones de hacinamiento exagerado. La mayoría de los desplazados duermen en camas ubicadas una al lado de otra en el espacio abierto al interior del Coliseo. Los residentes no sólo denuncian la falta de privacidad288 sino que protestan por la asistencia alimenticia propiciada por el Gobierno (mercados de 25.000 pesos para 15 días), la cual es insuficiente. A pesar de las promesas gubernamentales, el albergue quedó sin gas para cocinar y con insuficiente agua para la cantidad de población. En noviembre de 1997 se suspendió oficialmente la ayuda a las 75 familias por falta de fondos y se multiplicaron las enfermedades y riesgos de epidemia, en particular entre los niños que en varios casos presentaban cuadros de desnutrición avanzada. Además, la Comisión ha registrado varias denuncias según las cuales algunas personas desplazadas a Turbo habrían desaparecido o habrían sido ejecutadas. Con base en la información recibida durante y después de su visita al coliseo y otros albergues en Turbo, la Comisión decidió (en diciembre de 1997), solicitar al Estado colombiano la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad de los desplazados residentes temporalmente allí. La aplicación de medidas cautelares para comunidades enteras de desplazados internos constituyó un recurso novedoso en el desarrollo de mecanismos jurídicos de protección dentro del sistema interamericano289. La Comisión consideró que la gravedad de la situación merecía este paso. Esta decisión se basó en el hecho de que la Comisión fue informada que, en las semanas que siguieron a su visita a Turbo, miembros de grupos paramilitares hicieron conocer a los desplazados sobre su presencia en varias ocasiones. El 11 de diciembre de 1997, dos individuos armados, reconocidos como paramilitares, entraron en el coliseo deportivo de Turbo buscando a un miembro de la comunidad de desplazados. El 14 de diciembre, otro paramilitar fue visto inspeccionando el albergue «Unidas Retornaremos»290.

USC - Editorial

Más recientemente, la Comisión recibió copia de una carta dirigida al Presidente de la República en relación con otro grupo de desplazados instalado en albergues en la municipalidad de Dabeiba, Departamento de Antioquia. Esta carta, firmada por los desplazados provenientes del corregimiento La Balsita y fechada 9 de agosto de 1998, detalla la situación de esta comunidad.

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Según la carta, más de 1.000 personas fueron desplazadas cuando un grupo de aproximadamente 400 paramilitares entró en las veredas de La Balsita, el 21 de noviembre de 1997, asesinando a 21 campesinos y desapareciendo a otros291. El grupo paramilitar avisó explícitamente a los campesinos que deberían desocupar sus veredas para salvar sus vidas.

288 El hacinamiento es el primer precio que pagan los desplazados que, afortunados, encuentran donde refugiarse. A medida que pasa el tiempo, estas condiciones generan cambios comportamentales y conductismos erráticos. 289

CASTRO, Jaime, La sensibilidad jurídica ante los vacíos de procedimiento, El Tiempo, 1997.

290

MARTÍNEZ T, Emilio, El proceso de la retaliación urbana contra campesinos desplazados, El Magazín, Barranquilla, 1999.

291 La masacre y la desaparición forzada se han erigido en los dos más aberrantes símbolos de la fase del conflicto colombiano en los últimos 20 años. Ningún país del mundo y en ningún otro conflicto de alta o baja intensidad, se han dado estas características, sobre todo con la intensidad, la sevicia y la degeneración de los derechos humanos, como en Colombia.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

A partir del 30 de noviembre de 1997, la comunidad se instaló en la municipalidad de Dabeiba. Allí, 250 personas están viviendo en dos salones provinciales, durmiendo en el piso y sufriendo de un hacinamiento grave. La cocina y el lavadero están ubicados en el mismo dormitorio donde duermen las personas desplazadas. Los residentes de estos albergues han denunciado que tienen poco servicio de agua y que a veces pasan hasta tres semanas sin que reciban alimentos. Además, señalan que algunas autoridades locales de la comunidad de Dabeiba y el comandante del destacamento local del Ejército les han presionado y amenazado para que vuelvan a sus veredas, sin ofrecer protección a sus vidas o integridad personal. Los desplazados en Dabeiba sostienen que miembros del Ejército también les han dicho que sufrirán graves consecuencias si se descubre que alguno de ellos «le ha dado un vaso de agua a un guerrillero»292. Dos miembros de la comunidad de desplazados fueron asesinados.

b. Desplazados hacia Panamá Un grupo numeroso de desplazados, que salieron de Riosucio, Unguía y otras partes del Urabá chocoano a finales de 1996 y principios de 1997 a causa de las incursiones paramilitares de esta época, intentó primero huir a Panamá. Este grupo estableció campamentos espontáneos en la región del Darién de Panamá, pero poco después los desplazados fueron informados que no podían permanecer en ese país vecino293. Según los campesinos desplazados, los pliegos de peticiones que ellos formularon al Gobierno colombiano para el retorno fueron desatendidos y, en consecuencia, se vieron obligados a volver a Colombia sin las garantías que ellos buscaban. Algunos de los refugiados fueron llevados en un primer momento a Apartadó (Antioquia) y allí se les instaló en un albergue donde se vieron hacinados y sin condiciones adecuadas de salud. Además, la comunidad de Apartadó sufría en este momento de la misma violencia paramilitar que había obligado a muchos de los desplazados a salir del Chocó. Otros fueron llevados por el Gobierno colombiano a Bahía Cupica en la costa pacífica del Departamento del Chocó. A pesar del hecho de que fueron llevados allí obligatoriamente por el Gobierno, éste aún no les ha suministrado asistencia humanitaria adecuada. Según la información recibida por la Comisión, los campesinos no reciben suficiente alimentación y, en muy pocas ocasiones, se les ha dado carne para cocinar. Se tiene acceso a solamente un médico para toda la población desplazada y no existen medicamentos para enfermos de gravedad. Cuando se presentan condiciones graves, se hace necesario trasladar al enfermo a Bahía Solano, a distancia de dos horas por mar. Dada la dificultad del transporte, han ocurrido casos en que el enfermo espera hasta cuatro días para trasladarse al hospital294.

292 En los términos en que está planteado el conflicto, cualquier gesto, con previo conocimiento o nó de las partes, es interpretado y tratado como un vínculo de complicidad con el enemigo. Por ejemplo, un médico que atiende a un paciente –aunque desconozca su identidad o procedencia- puede ser acribillado en el lugar donde hace su año rural, por supuesta conexidad con los alzados; o bien, de parte de los rebeldes, por colaborador del Ejército. Sobra explicar cómo estas exigencias violan las disposiciones internacionales y nacionales, e involucran a la población civil en el conflicto. 293 Nótese el cambio de estatus de estos campesinos desplazados en el territorio colombiano pero que pasaron a ser refugiados en Panamá, bajo otras ópticas y parámetros. 294 Esta vergonzosa e infame situación se ha agravado después de que los médicos de la Patrulla Aérea del Pacífico, que antes prestaban auxilio gratuito a estas personas en avioneta, han sido también amenazados por los actores armados del conflicto, bloqueando su gratuita y voluntaria tarea social.

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Según la información suministrada a la Comisión, los desplazados del Chocó siguen en negociaciones con el Gobierno colombiano para su retorno en condiciones de seguridad y dignidad, pero mientras tanto, las realidad en los asentamientos de desplazados sigue siendo muy precaria. A lo que se suma el hecho que grupos paramilitares mantienen control absoluto en algunas zonas del Chocó, llevando a una situación de gran inseguridad que causa nuevos desplazamientos.

c. Situación de los desplazados de la Finca de Bellacruz, Depar tament o del Cesar Departament tamento El 14 de febrero de 1996, la comunidad campesina de la Finca Bellacruz, ubicada en los municipios de La Gloria, San Pelayo y Tamalameque, en el Departamento del Cesar, fue el blanco de un operativo armado de grupos paramilitares y debió abandonar sus residencias y cultivos. Algunos testigos presenciales han declarado que las fuerzas militares estaban presentes y operaron junto a los paramilitares. El ataque aparentemente fue provocado por los reclamos de los habitantes de la finca sobre las tierras que ocupaban desde hacía tres años. Al mes después del ataque (el 13 de marzo de 1996), una decisión judicial ratificó la distribución de títulos sobre las tierras baldías a los campesinos de Bellacruz. Por otro lado, dichas tierras habían sido reclamadas por el grupo «Inversiones Marulanda», herederos de un finquero del mismo nombre295 que en la década de los cuarenta ya había expulsado a los campesinos residentes en esa época con ayuda de grupos paramilitares.

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Tras una resolución del Parlamento Europeo condenando el ataque a los campesinos, el Gobierno de Colombia inició una investigación sobre los autores de los graves actos de violencia y la responsabilidad de importantes personalidades del Gobierno que tendrían intereses en la finca Bellacruz. Según información suministrada a la Comisión, la investigación iniciada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación resultó en mayo de 1998 en la detención de Francisco Alberto Marulanda Ramírez, hermano de Carlos Arturo Marulanda, ex embajador de Colombia ante la Comunidad Europea, en relación con el ataque de febrero de 1996. El 15 de enero de 1999, la Fiscalía también profirió orden de detención en contra de Carlos Marulanda296. A finales de marzo de 1996, los campesinos de la finca Bellacruz lograron un acuerdo con el Gobierno para poder regresar a sus tierras, tras estar hacinados durante varias semanas en un edificio privado en el municipio de San Pelayo. Sin embargo, la Comisión de Verificación Institucional, creada a raíz del acuerdo con los desplazados y formada por representantes del Gobierno, las Fuerzas Militares, las organizaciones no-gubernamentales y los afectados, no pudo acceder el 8 de abril de 1996 a la finca Bellacruz por considerarse área demasiado peligrosa, debido a la presencia de los paramilitares. Días más tarde, el 19 de abril de 1996, un equipo del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria («INCORA») fue atacado por los paramilitares que cuidan la finca, cuando trataron de realizar

210 295 MARULANDA GRILLO, Alberto, colonizador y propietario de dicha región, dueño de las haciendas La Gloria y Bellacruz. Era tal la extensión de tales propiedades (divididas en cuatro secciones, con aeropuerto propio para avionetas) que un administrador necesitaba una semana para recorrerla a caballo. Al morir Marulanda Grillo, fue sepultado en la hacienda Bellacruz. Al engrandecimiento de estas propiedades contribuyeron también los anexos de tierras baldías, sabanas sobre las cuales se carecía de propiedad privada. Esta característica de la conformación de tales propiedades por toma directa, solía crear permanentes dificultades entre los colonos por el uso concurrente de las servidumbres. 296

Herederos de Alberto Marulanda Grillo, el fundador.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

las mediciones indispensables para la entrega de los lotes y los títulos de propiedad de los campesinos. A uno de los funcionarios, los paramilitares le cortaron parte del cuero cabelludo, según denuncian organizaciones no gubernamentales. Desde entonces y a pesar de varias tentativas del INCORA, el acceso a la finca ha sido imposibilitado por la violencia de los paramilitares. Entre noviembre y diciembre de 1996, las autoridades decidieron la reubicación de algunas de las familias desplazadas en varios departamentos. Algunos encontraron suerte en Tolima pero los que debían llegar a Cundinamarca fueron rechazados por la gobernadora, bajo el argumento que los desplazados internos eran «guerrilleros que representaban una grave amenaza a la seguridad del Departamento», instruyendo a los alcaldes para que se negaran a la reubicación temporal del grupo. Finalmente, según los datos recientes obtenidos por esta Comisión, aún se mantienen unas 50 familias sin reasentamiento fijo y ninguna de ellas ha podido regresar a sus tierras, ni recuperar los títulos de propiedad que el Estado debía adjudicarles. Así, la decisión judicial de adjudicación de tierras y los intentos de los funcionarios del INCORA pasaron a ser letra muerta. La responsabilidad de las autoridades por no asegurar la protección física de los desplazados, la imposibilidad de llevar a cabo la investigación judicial sobre las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que se habrían cometido, y la paralización de las adjudicaciones de títulos de propiedad, son desafíos que el Gobierno no puede dejar en la impunidad297.

d. Pliegos de peticiones y propuestas de comunidades de paz Algunas comunidades de desplazados han procedido a organizarse en «comunidades de paz», exigiendo el respeto de su condición de población civil, y han propuesto pliegos de peticiones para su retorno. Así, las comunidades desplazadas por la violencia del área de Riosucio (Chocó) asentadas en Pavarandó (Antioquía), presentaron en julio de 1997 una propuesta para evitar un mayor desmembramiento de sus comunidades. Tras señalar que las consecuencias de su hacinamiento, desempleo y falta de perspectivas minan la resistencia de los pobladores, propusieron un Acuerdo Global y la negociación de una serie de iniciativas de desarrollo socioeconómico y de supervivencia comunitaria que involucran al Estado, a la cooperación internacional y a entidades como la Diócesis de Apartadó, la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja («CICR»). Por su parte, la Comunidad de Turbo también ha presentado un pliego de peticiones y ha exigido reunirse con el Presidente de la República para tratar las «promesas no cumplidas».

297 Esta sucesión de eventos fallidos en el ejercicio de la aplicación del Estado de Derecho en Bellacruz, sólo son una pequeña muestra de todo el proceso de fragmentación y disolución del Estado como rector de los procesos de una Nación. Hechos como estos, han dado pié para que juristas muy capaces hayan esparcido la tesis de la paulatina disolución del Estado, del cual sólo quedarían «ciertas roscas de poder», las que actúan, muchas veces en forma corrupta, a nombre de toda la República. Sus fallos o actuaciones, por lo general, sólo afectan a los ciudadanos de temperamento pacífico, indefensos e inermes. El resto de la sociedad colombiana, armada hasta los dientes en la delincuencia común o en la insurgencia, hace lo que desea, cuando quiere y en los lugares que le apetezca, sin que lo que aún se llama el Estado tenga auténtica capacidad de represión y control. Baste indicar, como visión complementaria, que la Corte Suprema de Justicia fue incendiada con sus magistrados adentro; muchos congresistas han sido asesinados o permanecen secuestrados (incluido el Presidente de la Comisión de Paz del Congreso); el Palacio Presidencial ha sido atacado con cohetes; igual que distintas bases y batallones militares; varios candidatos presidenciales han sido asesinados; la sede principal del Das fue destruida con explosivos; obispos y sacerdotes, han muerto víctima de los violentos; casi toda la Asamblea del Valle permanece secuestrada; ya no se secuestra a individuos sino a grupos completos; los asesinatos no sólo son individuales sino colectivos, en horribles masacres; la impunidad galopa, con el agravante de que hasta los que están presos delinquen desde la cárcel misma, como si estuvieran libres; y muchos comerciantes, ganaderos, e industriales, viven extorsionados «pagando vacunas» a uno y otro actor armado. Los actores armados dominan ciertas áreas del país y suelen «hacer retenes» en las carreteras a discreción como si fueran la autoridad legítima.

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Los delegados y habitantes de las 28 veredas de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, decidieron, en abril de 1997, firmar públicamente una declaración en la que exigían el respeto de su neutralidad y el fin de la guerra. Varias delegaciones nacionales e internacionales, así como un parlamentario holandés, forman parte de la Comisión Especial de Observación. Sin embargo, las partes armadas en el conflicto no siempre han respetado la neutralidad de la comunidad. Entre su declaración de neutralidad y la visita de la Comisión en diciembre de 1997, 43 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó fueron asesinados por miembros de los grupos paramilitares, las Fuerzas Militares y las FARC. Miembros de las Fuerzas Militares han indicado que no aceptan la declaración de neutralidad por considerarla una declaración de alianza con los grupos armados disidentes. Con base en los hechos de violencia en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Comisión solicitó al Estado colombiano la adopción de medidas cautelares a favor de toda la comunidad con fecha 17 de diciembre de 1997.

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Una mirada integral al Desplazado en Colombia

CAPÍTULO

CONCLUSIONES

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La terminación de la Guerra Fría, evidenció la complejidad del problema de los desplazados internos en varios lugares del mundo, al igual que en sus dimensiones políticas, sociales, económicas, psicológicas y jurídicas. En efecto, el número de personas afectadas en el mundo resalta la necesidad de considerar a las personas desplazadas con la misma o con más atención con la que se considera a los refugiados en el mundo. Se calcula que el número de desplazamientos internos en el mundo aumentó a 25-30 millones de personas, mientras que el número de refugiados disminuyó a 14.4 millones.298 La situación, que comienza a preocupar a la comunidad internacional, es protagonizada por varias naciones en desarrollo entre las cuales, infortunadamente, Colombia ocupa un lugar preeminente299. Desde hace varios años, el desplazamiento en Colombia dejó de ser un problema para convertirse en una tragedia nacional. Los desplazados han venido aumentando, y hoy se calcula que hay aproximadamente tres millones de ellos300, quienes han abandonado sus sitios de origen a causa de los diversos tipos de violencia301, practicados en el país desde 1985. La historia reciente del país está llena de altos y bajos difíciles de interpretar por quienes están metidos en esta horrible tarea de dar cuenta de esa pesadilla, resultado de una guerra irracional, que deja secuelas e intereses fallidos de represión y diálogo ante la persistencia de lucha armada, de luchas sociales, que buscan la conformación de nuevas realidades, y también por esas dinámicas urbanas marcadas por el éxodo, el desarraigo y la voluntad de volver a empezar. El tema de los desplazados no es un tema nuevo; durante mucho tiempo, una gran parte de la opinión pública se acostumbró a vivir en una situación de «ni guerra- ni paz», reaccionando sobre todo

215 298

CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento; Análisis, 2004.

299 El desplazamiento en Colombia es tan grave, que ha sido definido por la ONU como «uno de los episodios de desplazamiento más grandes desde la Segundo Guerra Mundial en Europa» (Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, 2005). 300

CODHES, Encuesta realizada en el mes de febrero del 2005.

301 Conflicto armado, bombardeo a las zonas campesinas, operativos militares, acciones de los grupos paramilitares, conflicto por la tierra, amenazas, intimidación, asesinatos, atentados.

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a los acontecimientos de contornos más terribles, a las masacres más impresionantes, los magnicidios, los atentados terroristas302, y se manifestaba sensible a los fenómenos de violencia urbana que la afectaba directamente (sicarios y bandas juveniles). Pero no se tomó conciencia sino muy tardíamente de las transformaciones profundas que la violencia había producido, la expansión de las guerrillas, las nuevas estrategias territoriales de los paramilitares o la continua expansión del cultivo de droga. Para que se alcanzara a tomar conciencia de lo que estaba sucediendo no bastaba con que se multiplicaran los desplazados en las ciudades. Se necesitaba también que la opinión pública y sus voceros adoptaran nuevas categorías para pensar en los fenómenos de la violencia. Mientras tales fenómenos fueron percibidos como una suerte de mal crónico que golpeaba ciertas zonas rurales o como el resultado de una economía de la droga inducida desde el exterior y que tendría sus lados buenos y malos, los desplazamientos no podrían aparecer sino como realidades capilares e individuales. Por supuesto no se podía ignorar la campaña de exterminación que golpeaba a la Unión Patriótica,303 ni tampoco las acciones de desestabilización realizadas por los narcotraficantes o el aumento del poder de la guerrilla y de los paramilitares. Pero no se quería reconocer que todo esto engendraba verdaderas situaciones de terror en diversas regiones. Muchos sabían que en ciudades como Barrancabermeja o Apartadó existían fronteras invisibles entre los barrios bajo la tutela de uno u otro grupo y que los habitantes vivían en medio del miedo.304 Pero Colombia es un archipiélago: Lo que sucede en una región no parece necesariamente ser susceptible de difundirse hacia las otras.

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Los portavoces de la opinión pública llevaban a cabo lo que puede llamarse una negación colectiva, en la medida en que no se solidarizaban verdaderamente con alguna de las partes en conflicto; sin ubicarse ante lo que parecía un enfrentamiento confuso donde los protagonistas de la violencia combinaban a su manera todas las formas de lucha, echando discursos políticos, acaparando recursos financieros y utilizando métodos de gran delincuencia, se negaban a reconocer que una buena parte de la población estaba sometida a una verdadera situación de guerra. Recientemente cuando la polarización de los enfrentamientos se volvió evidente, las percepciones comenzaron a cambiar. El empuje de las fuerzas paramilitares y las masacres sistemáticas que los acompañan, la expansión de las guerrillas y el fortalecimiento de su capacidad militar han quebrado la banalidad de la violencia. Solo así se ha podido tomar conciencia de la existencia de poblaciones que están en medio de fuegos cruzados, sometidas al terror, en amplias regiones del país. Los fracasos de las fuerzas militares, que empezaron con la operación de las FARC en Las Delicias,305 y siguieron con varios otros reveses, acabaron por convencer que el conflicto ya no tenía mucho en compón con el cuadro de la violencia rutinaria. Fue entonces que el problema de los desplazados emergió a plena luz. El recrudecimiento de los enfrentamientos y los desplazamientos masivos de poblaciones no son más que dos caras de una misma situación.

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302

RODRÍGUEZ SILVA, Alberto, De las masacres y la violencia en Colombia, 1997.

303

FUNDACIÓN MANUEL CEPEDA VARGAS, Genocidio de la Unión Patriótica, documento, 2005.

304

DE ROUX, Francisco, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

305 En 1996, las FARC tomaron prisioneros de guerra en el golpe de la base militar «Las Delicias». Casi 30 militares fueron dados de baja en el duro combate y 67 llevados como prisioneros. El año siguiente fueron entregados en un gesto unilateral a los representantes del presidente Ernesto Samper después de que éste había desmilitarizado el municipio de Cartagena de Chairá, en el departamento de Caquetá, en abierta protesta de la cúpula militar (Revista Colombia Internacional, Universidad de los Andes. Los desplazados: un problema social y político, Daniel Pecaut, mayo de 1999.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

El tema de los desplazados está, ahora sí en la agenda nacional. El Congreso ha aprobado una ley,306 pero se sabe que ninguna ley, por sí sola, hace una política y el Gobierno pareciera tener dificultad en adoptar alguna307. Las autoridades locales no muestran gran interés por ocuparse del tema: Además de las dificultades financieras a las que se ven enfrentadas, insisten en que los desplazados engendran tensiones sociales y que una ayuda a su favor contribuye a fijarlos definitivamente en el sitio donde sea otorgada. Aún las ONG tienen dificultades en identificar los objetivos a seguir, cuando se trata de ir más allá de las acciones asistenciales de primera necesidad. ¿Se debe perseguir la instalación definitiva de los desplazados en las ciudades o, por el contrario, favorecer su regreso a sus lugares de origen,308 cuando éste es posible? Existen diferentes respuestas a esta pregunta que dependen de la manera como se interpreta la violencia y sus posibles salidas. El desplazamiento forzado como salida de una localidad hacia otra región ha constituido una respuesta obligada en el conflicto armado colombiano. La historia colombiana con sus procesos está repleta de acciones de sobrevivencia, de resistencia y se observa cómo a manera de puentes forzados se han ido tejiendo las relaciones entre el campo y la ciudad, entre regiones socio-culturalmente distintas y entre países fronterizos. La violencia política hace navegar a Colombia en contra de la corriente mundial, estar fuera de órbita, parece estar aislándolo y ubicándolo entre los temores y aun entre las amenazas por parte de ciertas potencias hegemónicas internacionales.309 Las amenazas, el miedo, el incendio de las viviendas, el temor de las personas que huyen por las masacres y los asesinatos, por los enfrentamientos entre los actores armados que generan violencia y afectan a la población civil junto con las desapariciones forzosas, son características del desplazamiento. En este sentido, la comunidad internacional busca encontrar condiciones de seguridad y paz a través de la salvaguarda de la dignidad humana y para ello ha puesto los derechos humanos en la primera línea de la agenda política y social. En igual forma, reforzó la democracia en una nación pluriétnica y multicultural. Pero en los últimos años, la situación se ha empeorado y los derechos humanos de los colombianos con respecto a la salud, el trabajo, la vivienda y la educación -por nombrar sólo algunos-, han hecho que la población clame por un orden y en especial, por una protección de sus derechos fundamentales.310 La Constitución de 1991, consagró en su título II «Los derechos, las garantías y los deberes»311 en el cual se contemplan los mecanismos de aplicación y protección de estas personas, las responsabilidades del Estado, de los funcionarios, y las acciones que se pueden tomar para conservar y mantener los derechos humanos. Los derechos fundamentales de índole social son poco distinguidos por la

306 LEY 387 DE 1997:Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, la protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en Colombia. 307 Siete ministros y los directores de la Red de Solidaridad, el ICBF y el Sena, fueron amonestados por la Corte Constitucional por incumplir disposiciones de esta corporación y «no han dado atención suficiente a 1,6 millones de personas desplazadas a cuyo favor se tramitaron 108 acciones de tutela en el 2004, por desamparo del Estado». Estos altos funcionarios amonestados podrán ser sancionados con medidas disciplinarias, multas y arrestos (Diario El Tiempo, domingo 18 de septiembre de 2005). 308

CABRERA SUÁREZ, Lisandro Alfonso.Con el honor en la mochila: Experiencias del retorno, pág. 25.

309

Ejemplo: Venezuela, Ecuador, Panamá, Argentina.

310

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991, Art. 1, 4,11 y concordantes.

311

DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES, Art. 11-95.

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población en situación de desplazamiento, desconociéndose por estas personas que son estos pilares fundamentales al momento de hacer las exigencias a que tienen derecho ante las autoridades nacionales. «Estos derechos implican una prestación por parte del Estado y por lo tanto una erogación económica que por lo general depende de una decisión política. Su razón de ser está en el hecho de que su mínima satisfacción es una condición indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos, con lo cual adquieren el carácter de fundamentales; las diferentes categorías de tales derechos un todo indisoluble que encuentra, encuentran su base en el reconocimiento de la divinidad humana, característica que exige protección permanente con el propósito de obtener su plena vigencia, sin que jamás pueda satisfacerse la violación de unos en aras de la realización de otros.»312La población desplazada lo que busca primordialmente es solucionar su crisis alimentaria, educacional, de salud y de vivienda313; infortunadamente han sido pocas las familias que se han preocupado por el tema, y que han sido asesoradas para instaurar alguna acción314. El conflicto armado que ha dado pie a la violencia en Colombia en las últimas décadas, se ha constituido en un determinante y condicionante del desplazamiento individual, familiar y colectivo que tiene un fuerte impacto en la vida social, puesto que deja a un vasto sector de la población en situaciones de vulnerabilidad, por cuanto ha sido la causa de la migración interna forzada de más de dos millones de personas. Las familias que se han desplazado del campo a la ciudad, tejen historias nuevas,315 salpicadas de resentimientos profundos y odios naturales, tensiones y dolor por la forma como se han visto obligadas a salir; pero con el tiempo, ellas aunque presionan de manera contundente a la familia y reviven culpas, se disuelven y se moldean a través de una oralidad agradable, por medio de la cual recrean los grupos de amistad y dan rienda suelta a los recuerdos imaginados, en donde en espacio y el tiempo se convierten en la ayuda imprescindible de un nuevo modo de vida en donde los conflictos diferentes, se atenúan, se modifica, cuando no, se ven menguados ante las circunstancias presentes.

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La guerra que atraviesa la vida individual, familiar y colectiva de las personas, deja marcas en sus historias, modifica su modo de vida y sus expresiones. La guerra destruye y, recrea la acción colectiva existente al dividir y polarizar las diferentes identidades. En este sentido, guerra y desplazamiento, son a la vez generadores de fragmentaciones espaciales y de fronteras internas, provocadoras de dinámicas de construcción y reconstrucción de referentes de identidad y de territorio316 que se constituyen en nuevos códigos de reracionamiento social. Así, los pobladores en distinta medida y con diversa responsabilidad se van configurando como víctimas y actores de la guerra. La ubicación de ellos en los nuevos espacios geográficos no aptos para hacer vida social o familiar, deteriora las condiciones de vida y lleva al surgimiento de nuevos conflictos, productos de la contradicción, del enfrentamiento interno, hasta de la insolidaridad y rechazo de sus propios líderes.

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312

BUSTILLO, Juan Manuel, El Derecho a la Salud de los desplazados en Colombia: Entre la formalidad y la realidad.

314 Mientras el país le dedica la décima parte de su presupuesto anual a la guerra, unos 10 billones de pesos, apenas el 0,42 por ciento va para la atención de la crisis humanitaria (NACIONES UNIDAS, Informe sobre Desarrollo Humano, 2005). 315

CABRERA SUÁREZ, Lisandro Alfonso, Con el honor en la mochila, Pág. 15.

316 Para la adquisición de predios hace falta un billón de pesos. Lo asignado para el 2005 llega a los 50 mil millones de pesos. Hay una paradoja que habla de la negligencia estatal_ Mientras en tres años los desplazados han recibido apenas ínfimas 12.877 hectáreas, en manos de los narcos y paras hay 4, 5 millones de hectáreas. Aquí no están contabilizados los millones de hectáreas en manos de la guerrilla FARC-ELN-EPL y otros.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

El desplazamiento forzado, no es únicamente una consecuencia del conflicto armado, por cuanto al tipificarse el o la desplazada como víctima de una violación compleja de derechos humanos, víctima de un delito, de una infracción al derecho internacional humanitario y de un crimen de guerra que la obliga a desplazarse, él o ella se constituyen en titulares de todos los derechos que tiene toda víctima de un delito, de una violación a los derechos humanos y de una infracción al Derecho Internacional Humanitario, según reza la sentencia de la Corte Constitucional del año 2001.317 El desplazamiento forzado implica la salida abrupta de las parcialidades, de sus resguardos y territorios colectivos, con los cuales mantienen unas relaciones exclusivas de intercambio y de generaciones, y que cimienta a su vez el desenvolvimiento y autoproducción de las culturas. Implica un tipo especial de desarraigo cultural, al encontrarse ellos con prácticas culturales no sólo diferentes, sino enfrentadas con las propias, y al incorporarse en modelos productivos basados en el crecimiento, la productividad y la monetarización, sin posibilidad de decidir su futuro como pueblos. Con esto se impide el derecho a adoptar libremente las decisiones sobre el futuro como pueblos y como individuo, por lo cual se resisten a desplazarse y a esperar la muerte por parte de los actores armados: militares, guerrilla y autodefensas,318 que buscan expansión y control territorial. Las FARC,319 estarían asumiendo una posición torpe sin razón de ser, pues hace 500 años las comunidades indígenas adelantan un proceso de resistencia civil neutral en defensa de sus territorios. Los desplazados son en su mayoría campesinos que en los últimos 10 años, huyeron de las amenazas y homicidios cometidos por grupos guerrilleros, de las masacres perpetradas por los paramilitares, de los abusos y ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública320 y de la violencia generalizada por el narcotráfico321. Solo el 1,28 por ciento de estas personas han recibido algún tipo de ayuda humanitaria.322 En otros términos y gracias a la violencia, a la incapacidad del Estado y al secular abandono del campo, Colombia ha creado una legión de seres humanos víctimas del desarraigo. Son personas humilladas y despojadas de su dignidad, que sufren la marginalidad, la discriminación y el temer por su futuro, y sin quererlo se convierten en materia prima para alimentar todas las formas de delincuencia o de indisciplina social, a quienes se les discrimina sin resolver sus enormes necesidades. A ello se aúna la indiferencia social, que lleva a mirar el pavoroso drama del desplazamiento como algo remoto y ajeno. Pero tienen algo que les queda en común y es el miedo y las imágenes del terror que transportan con ellos, un miedo y un terror que, aún cuando se ubiquen en otro sitio, no los abandona, porque la desconfianza subsiste hasta en las ciudades.

317

RODRIGO ESCOBAR GIL, Rodrigo, ponente sentencia T-1346 DE 2001.

318 AUTODEFENSAS: Ellos y los sectores que representan, son la expresión de la extrema derecha de Colombia, y defienden una ideología política y unos intereses contra los que luchan las fuerzas guerrilleras. «DARIO ACEVEDO CARMONA». 319 FARC-EP: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, nacieron el 27 de mayo de 1964, en Marquetalia, al sur del Tolima, al exterminar el Gobierno a 48 campesinos y a sus familias, quienes bajo el mando del comandante guerrillero Manuel Marulanda Vélez, se habían apropiado de montañas, fundaron fincas, las cultivaban, y vendían sus productos en colectivo; y se dieron formas y normas de convivencia, lo que el Estado Colombiano, apoyado por el Gobierno Norteamericano, denominó inaceptables «Repúblicas Independientes» dentro del mismo territorio Colombiano; y como un peligroso experimento socialista (revista «Colombia Analítica»). 320 La Corte Constitucional amenazó con sanciones al Ministerio de la Defensa por «la falta de un plan específico para prevenir el desplazamiento y proteger a la población que huye» (diario El Tiempo, 18 de septiembre de 2005). 321

Sólo seis de cada 10 desplazados son atendidos por el Estado a través del Régimen de Salud (Ministerio de Protección Social).

322

CODHES, encuesta realizada en el mes de mayo de 2005.

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La situación actual también se distingue de la de los años cincuenta,323 ya que durante la Violencia, las ciudades eran refugios más o menos seguros para los desplazados. Es cierto que los asesinatos urbanos no estuvieron ausentes en ese tiempo, y se sabe que una de las ciudades más golpeadas fue Cali. También es cierto, que muchos debían establecerse en terrenos de invasión con el riesgo de suscitar la reacción violenta de la policía, pero podían por lo menos sustraerse al dominio de sus antiguos jefes y otros gestionarios locales de la violencia. Hoy en día, las cosas acontecen de otra manera; las ciudades ya no representan un refugio y estas personas no pueden soñar con escapar a la influencia de los protagonistas que han conocido en el lugar de la partida y menos aún de los que actúan en el medio urbano. Ya no hay espacios libres de la autoridad, de las redes informales o ilegales de poder en Colombia, que pueden estar formadas por bandas juveniles, por milicias que controlan los barrios, por individuos que mantienen contacto con la guerrilla o con los paramilitares. Puede tratarse también sencillamente de las organizaciones que asumen la voz de asentamientos de desplazados. Entre todas estas redes las interferencias son muchas. No faltan los casos en los cuales estas personas por la acción de los paramilitares y por la acción de la guerrilla se encuentran instalados los unos cerca de los otros, lo que agudiza todavía más las tensiones. En cualquiera de estas condiciones se hace difícil la emergencia de lazos que den cohesión entre ellos.

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La situación entonces, no es muy diferente de la tenían cuando partieron, prevalece la desconfianza, los rumores circulan, es posible la incursión de tal o tal grupo, la sensación de ser espiados por los agentes de uno u otro grupo es general. Estas personas pueden considerarse como rehenes ya que de un día para otro pueden ser instrumentalizados en función de planes que no son los suyos. Mientras tanto, alimentan los argumentos de cada campo para denunciar los desmanes del otro. No sólo son rehenes sino también sospechosos; lo son a los ojos de la población que está alrededor de los asentamientos que se preocupan del desorden provocado por los recién venidos. Lo son de la misma forma para las autoridades, que insisten en que su instalación favorece la intromisión de los grupos armados y no saben qué medidas tomar, dudando como se ha señalado, entre aceptar su instalación definitiva y presionar para hacerlos regresar al punto de partida, sin ofrecerles alguna garantía sobre todo de seguridad; es lo único que tienen claro estas autoridades que están frente a un problema social explosivo. La condición en que las autoridades han delimitado los asentamientos, alejándolos lo más posible del centro de la ciudad, muestra la intensidad de ver las cosas, sin atenuar con ello el desorden ocasionado.

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Según informe del Codhes, realizado en el último trimestre de este año, el Litoral Pacífico, tiene concentrado a 32.000 desplazados a nivel nacional; así, en todo el territorio el total asciende a 91.467 personas distribuidas en 18.293 hogares, en 564 municipios de 29 departamentos. Esos 91.467 con los del primer trimestre suman una cifra de 153.463 desplazados. Hace 10 años cuando el Codhes en uno de sus informes hizo las primeras advertencias sobre la realidad que hoy se denuncia, el Valle del Cauca tenía 53.000 personas desplazadas de diferentes lugares; de ese número, había 32.000 en Cali. Ahora de esos números se le agregan los 51.700 que han llegado a la capital en los últimos seis años. El informe del Codhes anota que Cali ha recibido entre abril y julio 6.500 personas en situación de desplazamiento, lo cual la coloca como la segunda ciudad en esta condición en el ámbito nacional

323 Uno de los factores que consolidó el origen del movimiento guerrillero se remonta al incidente ocurrido en 1948, cuando todas las fuerzas progresistas fueron organizadas y movilizadas en apoyo de la candidatura de Jorge Gaitán (líder popular) quien fue asesinado, provocándose un levantamiento mayor que fue llamado El Bogotazo. Este magnicidio incrementó la guerra selectiva en los pueblos y montañas de Colombia entre los liberales y los conservadores, la cual pasó también a las grandes ciudades. En los años 50´ esta guerra civil degeneró en una guerra de guerrillas con muy poca sustancia (PETRAS, James,La violencia en Colombia (19461965).

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después de Bogotá con 11.191; en promedio a la ciudad llegan cada día de cuatro a cinco familias, por lo tanto el Gobernador del Valle del cauca, Angelino Garzón, se pronunció diciendo que el Gobierno Nacional debe hacer una mayor inversión social324, que se necesitan acciones conjuntas y eso se logra en la medida en que el Estado haga presencia, no solo militar. Esto no puede seguir si el Gobierno está por un lado, la comunidad internacional por el otro y los departamentos por otro, se necesita un fondo común para trabajar en la educación, salud, mejoramiento y construcción de viviendas y empleo, para lograr una considerable disminución de desplazados. Bajo la Ley 387 de 1997 (conocida como la Ley de los Desplazados), se adoptan medidas para la prevención, consolidación y estabilización socio-económica, pero tiene dos aspectos negativos de mucha importancia y es el bajo nivel de coercitividad, y dos problemas que merecen la atención y el ser subsanado325, como son: 1.

La ausencia de verdaderas estrategias de apoyo psicosocial; este es el aspecto más ausente y el más importante, ya que para estas personas lo más difícil de llegar a vivir a una ciudad es el estar rodeadas de personas con costumbres totalmente distintas a las suyas y, que a vez se muestran indiferentes ante ellos y ante ésta grave situación.

Los programas que se brindan no son lo suficientemente sólidos y estructurados para garantizar la más adecuada y pertinente ayuda.

Ante un problema tan serio, la sociedad colombiana está en mora de enunciar una verdadera estrategia para responder de raíz a este drama. Aunque se han empezado a plantear soluciones desde sectores oficiales y no oficiales, se constata que en contraste con el acelerado crecimiento del problema, la definición de respuestas y programas avanza a un ritmo muy lento. Es indudable que un tratamiento exhaustivo ante la situación de desplazamiento debe ocuparse de sus causas,326 la protección y las soluciones para su regreso. Estas personas como ciudadanos de un país, exigen por encima de todo que las autoridades respeten y apliquen sus derechos de ciudadanos, incluido el derecho a la libertad de circulación y residencia. Se debe trabajar para evitar que ésta población no se siga viendo obligada a enfrentar el drama de la exclusión, la estigmatización y el desarraigo, por lo tanto hay que hacer partícipes a la comunidad en general o al colectivo para buscar una pronta solución y brindar una mejor y óptima calidad de vida que es la que se merecen. Considerar lo que el desplazamiento forzado conlleva y llegar a la conclusión de qué genera un imaginario y buscar una solución, amerita un estudio profundo y una visión integral; por lo tanto, ha llevado a formular los siguientes interrogantes: ¿Son suficientes las políticas que el Gobierno ha implementado a las entidades creadas a favor de los de los desplazados con base en las disposiciones

325 Es lamentable el desfase entre los objetivos previstos y las metas alcanzadas finalmente en estas disposiciones. En el 2004 debían ser atendidas 114.939 hogares en estado de Ayuda Humanitaria de Emergencia, pero sólo alcanzaron a ser atendidos con las asignaciones presupuestales existentes 25.799. Lo cual indica que 89.140 hogares se quedaron sin atención, es decir, el 77.4 por ciento de la población urgentemente necesitada (CORTE CONSTITUCIONAL, Informe 2005). 326 Del desplazamiento «Cali- Valle del Cauca«: Empobrecimiento del campo (29.1%); Violencia del país (70%), en donde los más afectado son los niños – niñas y las mujeres jefes de hogar (49%). En esta medida el desplazamiento como fenómeno social es sumamente complejo y por lo tanto su explicación se hace muy difícil, esto obliga a que las diferentes entidades del Estado, con las ONG y organismos internacionales, junto con la sociedad civil, unan y coordinen esfuerzos para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y de manera especial, entren a investigar y dar cuenta del mismo con el fin de definir las políticas correspondientes que lleven a la búsqueda de la paz y al logro de una convivencia civilizada (RODRÍGUEZ SILVA, Alberto, De las masacres y la violencia en Colombia).

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de la Ley 387 de 1997? ¿Como reincorporar a los desplazados en la sociedad? ¿Es suficiente el nivel de coercitividad de las normas sobre desplazados para la efectiva reinserción a su antiguo medio y adaptación a la zona urbana? ¿En la ciudad Santiago de Cali, cómo se podría vincular a los desplazados dentro de un proyecto que les garantice ingresar a la sociedad de una manera activa y productiva? La razón de estos interrogantes es porque las normas para regular el problema del desplazamiento no han tenido la suficiente fuerza determinante para solucionar su situación actual, además para esto es necesario que el Gobierno tome las medidas pertinentes para que se reincorporen a la sociedad, sin considerarlos ni que ellos se consideren una carga social, así mismo brindarle capacitación en diferentes campos, para que puedan conformar agrupaciones de trabajo, crearles un espacio de desarrollo económico y con esto impulsar la economía de su grupo familiar, de trabajo, de Santiago de Cali y del Valle del Cauca. Las investigaciones sociales como tal no tienen fin, en tanto que el ser humano es indescifrable, es por ello que con un grupo de profesores investigadores y tres alumnas de la Facultad de Derecho, se ha creado del grupo HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, avalado institucionalmente y registrado ante Conciencias, con dos semilleros de investigación. Uno de ellos, «Desplazados por Colombia», (GIDESCO)327 busca cambiar la imagen que se tiene de los desplazados, a través del proyecto de investigación Reconstrucción del imaginario colectivo frente a los desplazados en la ciudad Santiago de Cali, teniendo como base que estas personas normales, envueltas en un conflicto en el que no participan como actores, son una de las consecuencias de la irracional guerra irregular que enfrenta Colombia.

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«Si hay guerra, que no compartimos, que se respete a los civiles, que haya una política para atender los costos sociales. El desplazamiento se ha convertido en una expresión del fracaso de la política de seguridad democrática».328

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327 Grupo de Investigación conformado por la Dra. Beatriz Delgado Motoa, Dr. Celso Nogales y Dr. Lizandro Cabrera, como investigadores. Co-investigadoras: Catalina Rodríguez Pabón, Mariana Paredes Escobar y Lorena Camargo Carreño. Grupo que está iniciando un proyecto de investigación encaminado a la Reconstrucción del Imaginario Colectivo frente a los desplazados, es un proyecto inter-facultades, encabezado por la Docente Diana Aristizabal –Facultad de Comunicación Social / Facultad de Derechoquien se encargará de presentar de manera distinta los procesos de desplazamiento masivo en Colombia, modificar los imaginarios colectivos frente al problema existente. 328

GUEVARA CORRAL, Rubén Darío, DESPLAZAMIENTO Y DERECHOS HUMANOS.

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ANEXOS

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ANEX O 1 ANEXO Le 7 de 1 99 7 (Julio 1 8) Leyy 38 387 199 997 18) El Gobierno colombiano el 18 de julio de 1997, creó la Ley 387 que busca manejar el tema de los desplazados, de una forma más humana y racional. A continuación se presenta el texto completo. En el capítulo VIII se incluye un trabajo de campo.

Text o Of icial xto Oficial «Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia». El Congreso de Colombia, DECRETA: TÍTULO I Del desplazamiento y de la responsabilidad del Estado. ART. 1°- Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de

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los derechos humanos, infracciones al derecho internacional a humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. PAR.- El Gobierno Nacional reglamentará que se entiende por condición de desplazado. ART. 2° - De los principios. La interpretación y aplicación de la presente Ley orienta por los siguientes principios: Los desplazados forzados329 tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda humanitaria. El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente. El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad física. La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación. El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen. Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente.

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El desplazado y/o los desplazados forzados tienen derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley.

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329 La Ley incurre en un pleonasmo directo al mencionar «el desplazado forzado«, pues no existe la condición de «desplazamiento amable». Nadie es desplazado «por las buenas», pues si así fuera no sería desplazado sino alguien que se va de un sitio «por su propia voluntad», un inmigrante, un viajero o un turista; aunque entendido es, desde luego, que nadie podría gozar de tal discrecionalidad voluntaria en medio de un conflicto o guerra de baja intensidad, como, de modo técnico, se ha de denominar la confrontación interna de Colombia, abstracción hecha de los intereses políticos que usan la heurística y la semántica como material de la misma confrontación. En realidad, el término «desplazamiento» tiene origen bélico y militar en la llamada «guerra de posiciones». Se refiere a conquistar una plaza, a «sacar de la plaza al enemigo» para tomarla para sí, mediante la fuerza militar, durante largos sitios o de una altísima carga ofensiva. Aquel ejército que abandona la plaza, es un desplazado. Es decir, alguien que ya no tiene la plaza. Hoy, aunque el término original de desplazado sigue vigente (de echo se usó en la Segunda Guerra Mundial), se aplica por analogía a quienes, víctimas del enfrentamiento, de la violencia, de un conflicto en el cual no hay un solo ejército sino varios guerreando entre sí, es presionando por el poder de la violencia de los combatientes a abandonar su lagar, su patio de siempre, su plaza cívica. Esta aclaración al texto legal vale como ejercicio exegético jurisprudencial, pues se supone que los textos legales deben ser representativos, con fidelidad, de la realidad que regulan (y no al contrario). Ese es, precisamente, uno de los motivos por los cuales ha sido famoso el texto del Código Civil (Balzac lo tenía por modelo de construcción literaria) traducido en Chile por Don Andrés Bello. Contiene este códice sabiduría jurisprudencial, fidelidad extrema, e impecable lenguaje, dones, los cuales, permiten que el ejercicio de la Ley sea más claro y, por lo tanto, brille en ella la Justicia, que es el fin primordial de todo engranaje legal y normativo. Otro aspecto desnaturalizador (el maestro Darío Echandía, solía decir en sus clases: «El derecho ajeno es corruptible desde la raíz de su naturaleza semántica») del lenguaje que compromete la dignidad y los derechos ciudadanos, es el habla común, la cual suele transferir significados o ejercer sinonimias inexistentes. Por ejemplo, se suele decir: «Se desplazó a Bogotá» para decir que viajó a esa ciudad. Allí, hay dos incurrencias. Una, el «se desplazó» (ya sabemos, nadie se desplaza así mismo). Segundo, si va a Bogotá a voluntad, es un viajero no un desplazado (de la misma manera que nadie «arriba» a un lugar, sino que llega; excepto en el caso de los buques, los que sí arriban técnicamente). Debe agregarse que los componentes semiológicos, resultan indispensables para construir un discurso sólido, como por ejemplo, aquello que distingue a un desplazado de un refugiado, pues este último, además de moverse de un país a otro, utiliza otro esquema jurídico diferente al del desplazado que se basa en el Derecho Internacional –como es el Derecho de Asilo para perseguidos políticos; y depende esta garantía de la aceptación del país al cual acude, el que es libre de aceptarlo o no –leer sobre el tema en este texto.

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Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los colombianos, la equidad y la justicia social. ART. 3° - De la responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia. Para efectos del inciso anterior, se tendrán en cuenta los principios de subsidiaridad complementaria, descentralización y concurrencia en los cuales se asienta la organización del Estado colombiano. TÍTULO II Del sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia. CAPÍTULO I Creación, constitución y objetivos del sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia. ART. 4° - De la creación. Créase el sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia para alcanzar los siguientes objetivos: Atender de manera integral a la población desplazada por la violencia para que, en el marco de retorno voluntario o el reasentamiento, logre su reincorporación a la sociedad colombiana. Neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia que provocan el desplazamiento, mediante el fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, y la promoción y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones de desplazamiento forzado por la violencia. Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las situaciones que se presenten por causa del desplazamiento forzado por la violencia. PAR. – Para el logro de los anteriores objetivos, el sistema de nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia contará con el plan nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia. ART. 5° - De la Constitución. El sistema estará constituido por el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención integral de la población desplazada. ART. 6° - Del consejo nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia. Créase el consejo nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia como órgano consultivo y asesor, encargado de formular la política y garantizar la asignación presupuestal de

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los programas que las entidades responsables del funcionamiento del sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia, tienen a su cargo.

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Este consejo nacional estará integrado por:

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•

Un delegado del Presidente de la República, quien lo presidirá.

•

El consejero presidencial para los desplazados, o quien haga sus veces.

•

El Ministro del Interior.

•

El Ministro de Hacienda y Crédito Público.

•

El Ministerio de Defensa Nacional.

•

El Ministerio de Salud.

•

El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

•

El Ministerio de Desarrollo Económico.

•

El Director del Departamento Nacional de Planeación.

•

El Defensor del Pueblo.

•

El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o quien haga sus veces.

•

El Consejero Presidencial para la Política Social, o quien haga sus veces.

•

El Gerente de la Red de Solidaridad Social o quien haga sus veces.

•

El Alto Comisionado para la Paz, o quien haga sus veces.

PAR 1° - Los ministros del Despacho que, de acuerdo con el presente artículo, conforman el Consejo Nacional, podrán delegar su asistencia en los viceministerios o en los secretarios generales de los respectivos ministerios. En el caso del Ministerio de defensa Nacional, éste podrá delegar en el comandante general de las Fuerzas Militares. En el caso del director del departamento Nacional de Planeación podrá delegar en el subdirector del mismo departamento, y en el evento de la red de solidaridad, en el subgerente de la misma. Cuando la naturaleza del desplazamiento así lo aconseje, podrán ser invitados al consejo otros ministros o jefes de departamentos administrativos o directores, presidentes o gerentes de entidades descentralizadas del orden nacional o representantes de las organizaciones de desplazados. PAR. 2°- El director de la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Nacional. ART. 7°- De los comités municipales, distritales y departamentales para la atención integral a la población desplazada por la violencia. El Gobierno Nacional promoverá la creación de los comités

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

municipales, distritales y departamentales para la atención integral a la población desplazada por la violencia, que estarán conformados por: •

El Gobernador o el Alcalde, o quien haga sus veces, o quien lo presidirá.

•

El comandante de Brigada o su delegado.

•

El comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción o su delegado.

• El director Regional, coordinador del Centro Zonal o director de Agencia en los nuevos departamentos, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. •

Un representante de la Cruz Roja Colombiana.

•

Un representante de la Defensa Civil.

•

Un representante de las Iglesias.

•

Dos representantes de la población desplazada.

PAR. 1°- El comité, por decisión suya, podrá convocar a representantes o delegados de otras organizaciones o en general a organizaciones cívicas o a personas de relevancia social en el respectivo territorio. El Ministerio del Interior o cualquier entidad del orden nacional, miembro del Consejo Nacional pueden, para efectos de coordinar la ejecución de las acciones y/o prestar apoyo técnico en cualquiera de las áreas de intervención, asistir a las sesiones de dichos comités. PAR. 2° - Cuando el desplazamiento se produzca en poblaciones, veredas o corregimientos en donde no puedan convocarse todos los anteriores miembros, el comité podrá sesionar con la primera autoridad política del lugar – inspector de policía – o quien haga sus veces, el representante de los desplazados y/o el representante de las iglesias, de la fuerza pública y de la Policía Nacional. PAR. 3° - En aquellos municipios o distritos donde se presenten situaciones de desplazamiento provocadas por la violencia, será obligación de los alcaldes convocar de emergencia los comités municipales y distritales para la atención integral de la población desplazada. Será causal de mala conducta omitir el cumplimiento de esta disposición. ART. 8°- De las acciones de prevención de los comités municipales. Las acciones de prevención que deberán emprender los comités municipales, entre otras, serán: Acciones jurídicas. Los miembros del Comité Municipal deberán orientar a las comunidades que puedan verse afectadas por un hecho de desplazamiento, en la solución, por vías jurídicas e institucionales, de los conflictos que puedan generar tal situación. Así mismo, analizarán la viabilidad de las asociaciones jurídicas y recomendarán o decidirán la interposición oportuna de los recursos constitucionales o legales pertinentes que permitan minimizar o erradicar procesos de persecución o violencia.

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Los miembros del Comité Municipal tratarán de prevenir los procesos embrionarios de desplazamiento proponiendo mecanismos alternativos de solución de conflictos. Acciones asistenciales. Los miembros del comité municipal deberán evaluar las necesidades insatisfechas de las personas o comunidades que eventualmente puedan precipitar un proceso de desplazamiento forzado. Deberán, con base en dicha evaluación, tomar las medidas asistenciales del caso. CAPÍTULO II Del Plan Nacional para la Atención Integral a la población desplazada por la violencia. SECCIÓN 1ª Del diseño y objetivo del Plan Nacional para la Atención Integral a la población desplazada por la violencia. ART. 9° - Del diseño. El Gobierno Nacional diseñará el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población desplazada por la violencia el cual, una vez aprobado por el consejo nacional, será adoptado mediante decreto. Para la elaboración de dicho plan se contará con el concurso de las entidades públicas, privadas y comunitarias que conforman el sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia. Las medidas y acciones que se adopten en el plan nacional deberán atender las características y condiciones especiales de las «zonas de expulsión» y de las «zonas de recepción». PAR. – El Gobierno Nacional diseñará y pondrá en ejecución, en un término no mayor a (6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, el plan a que se hace referencia en este artículo.

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ART. 10.- De los objetivos. Los objetivos del plan nacional sean los siguientes, entre otros:

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Elaborar diagnóstico de las causas y agentes que generan el desplazamiento por la violencia, de las zonas del territorio nacional donde se producen los mayores flujos de población, de las zonas receptoras, de las personas y comunidades que son víctimas de esta situación y de las consecuencias sociales, económicas jurídicas y políticas que ello genere. Diseñar y adoptar medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y seguridad, orientadas a la prevención y superación de las causas que generan el desplazamiento forzado. Adoptar medidas de atención humanitaria de emergencia a la población desplazada, con el fin de asegurarle su protección y las condiciones necesarias para la subsistencia y la adaptación a la nueva situación. Crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerables y la defensa de los bienes afectados.

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Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para que cree sus propias formas de subsistencia, de tal manera que su reincorporación a la vida social, laboral y cultural del país, se realice evitando procesos de segregación o estigmatización social. Adoptar las medidas necesarias que posibiliten el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento. Brindar atención especial a mujeres y niños, preferiblemente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos. Garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres, y propiciando el retorno a sus territorios. Las demás acciones que el consejo nacional considere necesarias. SECCIÓN 2° De la red nacional de información para la atención a la población desplazada por la violencia. ART. 11. Funcionamiento. La red nacional de información para la atención a la población desplazada será el instrumento que garantizará al sistema nacional una rápida y eficaz información nacional y regional sobre los conflictos violentos, la identificación y el diagnóstico de las circunstancias que obligan al desplazamiento de la población. Además, le permitirá evaluar la magnitud del problema, tomar medidas para la atención inmediata, elaborar planes para la consolidación y estabilización de los desplazados y formular alternativas de solución para la atención a la población desplazada por la violencia. Esta red deberá contar con un módulo especial para el seguimiento de las acciones ejecutadas en desarrollo del plan nacional. ART. 12.- Puntos de información locales. La consejería presidencial para los desplazados y la dirección General Unidad Administrativa Especial para los derechos Humanos, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, las personerías municipales, las oficinas regionales y secciónales de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja colombiana, la Iglesia y las organizaciones de desplazados, acordarán la instalación de puntos en red en los municipios de las zonas afectadas por el desplazamiento. ART. 13.- Del observatorio del desplazamiento interno por la violencia. El Gobierno Nacional creará un observatorio del desplazamiento interno por la violencia, el cual producirá informes semestrales sobre la magnitud y tendencias que presenta el desplazamiento y los resultados de las políticas estatales a favor de la población desplazada. Dicho observatorio fortalecerá la red nacional de información y contará con la participación de expertos y centros académicos de reconocida trayectoria. SECCIÓN 3ª De la prevención ART. 14.- De la prevención. Con el objetivo de prevenir el desplazamiento forzado por la violencia, el Gobierno Nacional adoptará, entre otras, las siguientes medidas:

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Estimular la constitución de grupos de trabajo para la prevención y anticipación de los riesgos que puedan generar el desplazamiento. Promover actos ciudadanos y comunitarios de generación de la convivencia pacífica y la acción de la fuerza pública contra los factores de perturbación. Desarrollar acciones para evitar la arbitrariedad, discriminación y para mitigar los riesgos contra la vida, la integridad de las personas y los bienes patrimoniales de la población desplazada. Diseñar y ejecutar un plan de difusión del derecho internacional humanitario. Asesorar a las autoridades departamentales y municipales encargadas de los planes de desarrollo para que se incluyan los programas de prevención y atención. PAR.- La Dirección General de la Unidad Administrativa especial de Derechos Humanos del ministerio del Interior, deberá concertar con las autoridades municipales y/o departamentales la convocatoria de los consejos de seguridad, cuando existan razones fundadas para presumir que se presentará un desplazamiento forzado. SECCIÓN 4ª De la atención humanitaria de emergencia. ART. 15.- De la atención humanitaria de emergencia. Una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas.

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En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren en las zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la población desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes de Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas de Derecho Internacional Humanitario.

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Mientras persista la situación de emergencia se auspiciará la creación y permanencia de equipos interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, para la protección del desplazado y sus bienes patrimoniales. El ministerio público y la fiscalía General de la nación emprenderán de oficio las investigaciones sobre hechos punibles que condujeron al desplazamiento. PAR.- A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más.

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SECCIÓN 5ª Del retorno Art. 16.- Del retorno. El Gobierno Nacional apoyará a la población desplazada que quiera retornar a sus lugares de origen, de acuerdo con las previsiones contenidas en esta ley, en materia de protección, consolidación y estabilización socioeconómica. SECCIÓN 6ª De la consolidación y estabilización socioeconómica. Art. 17.- De la consolidación y estabilización socioeconómica. El Gobierno Nacional promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplaza-da en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento con otras zonas rurales u urbanas. Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población desplazada a la ofer-ta social del Gobierno, en particular a los programas relacionados con: •

Proyectos productivos.

•

Sistema nacional de reforma agraria y de desarrollo rural campesino.

•

Fomento de la microempresa.

•

Capacitación y organización social.

•

Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas do la tercera edad.

•

Planes de empleo urbano y rural de la red de solidaridad social.

SECCIÓN 7ª De la cesación de la condición de desplazado forzado ART. 18. —De la cesación de la condición de desplazado forzado. La condición de des-plazado forzado por la violencia cesa cuan-do se logra la consolidación y estabilización socioeconómica bien sea en su lugar de ori-gen o en las zonas de reasentamiento. PAR. — El desplazado cooperará en el me-joramiento, restablecimiento, consolidación y estabilización de su situación. SECCIÓN 8ª De las instituciones

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ART. 19. — De las instituciones. Las instituciones comprometidas en la atención integral a la población desplazada, con su planta de personal y estructura administrativa, deberán adoptar a nivel interno las directrices que les permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la población despla-zada, dentro del esquema do coordinación del sistema nacional de atención integral a la población desplazada. Las instituciones con responsabilidad en la atención integral de la población despla-zada deberán adoptar, entre otras, las si-guientes medidas: 1.

El instituto Colombiano para la Refor-ma Agraria, lncora adoptar programas y procedimientos especiales para la enajena-ción, adjudicación y titulación de tierras, en las zonas de expulsión y de recepción de la población afectada por el desplazamiento forzado, así como líneas especiales do cré-dito, dando prelación a la población despla-zada.

El lncora llevará un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia e informará a las autorida-des competentes para que procedan a impe-dir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos. En los procesos de retorno y reubicación de desplazados por la violencia, el Gobierno Nacional dará prioridad a éstos en las zonas de reserva campesina y/o en aquellos pre-dios rurales que hayan sido objeto de la ac-ción de extinción de dominio mediante sentencia administrativa o judicial. El Instituto Agropecuario de la Reforma Agraria establecerá un programa que permi-ta recibir la tierra de personas desplazadas a cambio de la adjudicación de otros predios de similares características en otras zonas del país.

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El Fondo Agropecuario de Garantías otorgará garantías del 100% a los créditos de los proyectos productivos de los desplazados. 2.

El Ministerio de Agricultura y Desa-rrollo Rural a través de la dirección de desarrollo social y de la oficina de la mujer rural, diseñará y ejecutará programas para la atención, consolidación y estabilización socioeconómica de la población desplazada.

El Instituto de Fomento Industrial, a través de los programas de Propyme y Fi-nurbano otorgara líneas especiales de crédito en cuanto a períodos de gracia, tasas de interés, garantías y tiempos de amortización para el desarrollo de microempresas y pro-yectos productivos que presenten las perso-nas beneficiarias de la presente ley.

El sistema general de seguridad social en salud implementará mecanismos expeditos para que la población afectada por el desplazamiento acceda a los servicios de asis-tencia médica integral, quirúrgica, odonto-lógica, psicológica, hospitalaria y de rehabi-litación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993.

La red de solidaridad social dará en las mesas de solidaridad prioridad a las necesi-dades de las comunidades desplazadas y atenderá a las víctimas de este fenómeno, vinculándolas a sus programas.

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La dirección nacional para la equidad de la mujer dará prelación en sus programas a las mujeres desplazadas por la violencia, especialmente a las viudas y a las mujeres cabeza de familia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dará prelación en sus programas a la atención de los niños lactantes, a los me-nores de edad, especialmente los huérfanos; y a los grupos familiares, vinculándolos al proyecto de asistencia social familiar y comu-nitaria en las zonas de asentamiento de los desplazados.

El sistema nacional de cofinanciación dará atención preferencial a las entidades te-rritoriales que soliciten la cofinanciación de los diferentes proyectos para atender las ne-cesidades de la población afectada por el desplazamiento forzado.

Las entidades territoriales desarrollarán programas especiales de atención en materia educativa a la población desplaza-da por la violencia y accederán a recursos del programa de subsidios a la permanencia y asistencia a la educación básica del FIS.

10. El Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación departamen-tales, municipales y distritales, adoptarán programas educativos especiales para las víctimas del desplazamiento por la violen-cia. Tales programas podrán ser de educación básica y media especializada y se desarrollarán en tiempos menores y diferentes a los con-vencionales, para garantizar su rápido efecto en la rehabilitación y articulación social, la-boral y productiva de las víctimas del des-plazamiento interno por la violencia. 11. El SENA dará prioridad facilidad para el acceso de jóvenes y adultos despla-zados por la violencia, a sus programas de formación y capacitación técnica. 12. La Defensoría del Pueblo diseñará y ejecutará programas de divulgación y pro-moción de las normas del derecho interna-cional humanitario. 13. En estos programas se deberán integrar las entidades gubernamentales del orden nacio-nal, departamental y municipal, las organi-zaciones no gubernamentales y las organi-zaciones de desplazados. La Comisión Nacional de Televisión diseñará y ejecutará campañas de sensibili-zación y concienciación para prevenir el desplazamiento forzado en los canales de la televisión nacional. 14. El Instituto Nacional de la. Reforma Urbana, Inurbe, desarrollará programas es-peciales de vivienda para atenderlas necesi-dades de la población desplazada por la vio-lencia. ART. 20. —Del Ministerio Público. Co-rresponde al Ministerio Público y a sus ofi-cinas regionales y secciónales la guarda y promoción de los derechos humanos y el de-recho internacional humanitario de la población víctima del desplazamiento forzado, así como el control del estricto cumplimiento de las obligaciones asignadas a cada institución en el plan nacional para la atención integral a la población desplazada. Las autoridades municipales deberán informar, de manera inmediata, al representante del Ministerio Público correspondiente, sobre la ocurren-cia del desplazamiento o sobre la ocurrencia de eventos que puedan generarlo.

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CAPÍTULO III Del fondo nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia. ART. 21. —De la creación y naturaleza. Créase el fondo nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia que funcionará como una cuenta es-pecial sin personería jurídica administrada por el Ministerio del Interior, como un siste-ma separado de cuentas. PAR. —La consejería presidencial para los desplazados coordinará la ejecución de los recursos de este fondo. ART. 22—Del objeto. El fondo nacional para la atención integral a la población des-plazada por la violencia tiene por objeto fi-nanciar y/o cofinanciar los programas de prevención del desplazamiento, de atención humanitaria de emergencia, de retorno, de estabilización y consolidación socioeconó-mica y la instalación y operación de la red nacional de información. PAR— La participación del fondo nacio-nal en la financiación y/o cofinanciación de los programas mencionados, no exime a las instituciones y entidades nacionales, depar-tamentales, distritales y municipales invo-lucradas en la atención integral a la pobla-ción desplazada, de gestionar los recursos necesarios para la ejecución de las acciones de su competencia. ART. 23. —De los recursos. Los recursos del fondo nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia estarán constituidos por: Los recursos que se le asignen en el presupuesto general de la Nación. Las donaciones en dinero que ingre-sen directamente al fondo, previa la incorpo-ración al presupuesto general de la Nación y las donaciones en especie legalmente acep-tadas. Los recursos de crédito que contrate la Nación para atender el objeto y funciones del fondo, previa incorporación al presu-puesto general de la Nación. Los aportes en dinero proveniente de la cooperación internacional, previa incorporación al presupuesto general de la Nación.

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Los demás bienes, derechos y recursos adjudicados, o que adquiera a cualquier título de conformidad con la ley.

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ART. 24. —De la administración. La administración del fondo nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia estará a cargo del director gene-ral de la Dirección General Unidad Adminis-trativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien será orde-nador del gasto en virtud de la delegación que le otorgue el Ministro del Interior. ART. 25. —De la reglamentación. El Go-bierno Nacional, dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de esta ley, reglamen-tará la organización y funcionamiento del fondo, los objetivos y funciones que le corres-ponden, el régimen de aprobaciones y ope-raciones en materia presupuestal y patri-monial necesario para su operación.

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Así mismo, el Gobierno Nacional hará los ajustes y traslados presupuestales corres-pondientes en el presupuesto general de la Nación para dejar en cabeza del fondo las apropiaciones necesarias para el cumpli-miento de sus Objetivos. TÍTULO III Marco de protección jurídica ART.26. —De la definición de la situación militar de los desplazados. Las personas que teniendo la obligación legal de resolver su situación militar y que por motivos relacio-nados con el desplazamiento forzado no lo hubiesen hecho, podrán presentarse a cualquier distrito militar, dentro del año siguien-te a la fecha en la que se produjo el desplaza-miento, para resolver dicha situación sin que se le considere remiso. ART. 27—De la perturbación de la pose-sión. La perturbación de la posesión o aban-dono del bien mueble o inmueble, con motivo de una situación de violencia que obliga al desplazamiento forzado del poseedor, no interrumpirá el término de prescripción a su favor. El poseedor interrumpido en el ejercicio de su derecho informará del hecho del des-plazamiento a la personería municipal, De-fensoría del Pueblo procuraduría agraria, o a cualquier entidad del Ministerio Publico, a fin de que se adelanten las acciones judicia-les y/o administrativas a que haya lugar. ART. 28. —De los procesos judiciales y administrativos en los que el desplazado forzado es parte. Las autoridades competen-tes evaluarán conforme a las circunstancias del caso, los cambios de radicación, comisio-nes, traslados y demás diligencias necesarias a fin de garantizar la celeridad y eficacia de los procesos de que se trate, sin perjuicio de los derechos de terceros. TÍTULO IV Otras disposiciones ART. 29. —De la protección a las personas desplazadas. La Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior brinda-rá protección a las personas desplazadas por la violencia, con respecto de las cuales exis-tan razones fundadas para temer por su se-guridad, bajo los parámetros que establezca el plan nacional de atención integral a la po-blación desplazada. La evaluación de la situación de seguridad de los desplazados se hará en estrecha cola-boración con el Ministerio Público, la Iglesia y las organizaciones no gubernamentales que realicen actividades en las zonas de ex-pulsión. ANT.30. — Del apoyo a las organizaciones de desplazados. El Gobierno Nacional brin-dará las garantías necesarias a las organiza-ciones de los desplazados y a las entidades no gubernamentales que desarrollen accio-nes en pro de los derechos humanos y de los desplazados internos, ART. 31. —De los informes al Congreso. Con el fin de evaluar el desarrollo del plan nacional para la atención integral a la pobla-ción desplazada por la violencia, el Gobier-no Nacional presentará al Congreso de la República, antes del 16 de marzo de cada año, un informe sobre la ejecución del plan y los correctivos y propuestas de acción a seguir.

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ART. 32. — De los beneficios consagrados en esta ley. Tendrán derecho a recibir los be-neficios consagrados en la presente ley, las personas colombianas que se encuentren ende esta ley y que cumplan los siguientes re-quisitos: 1. 2.

Que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías mu-nicipales o distritales, o cualquier despacho judicial de acuerdo con el procedimiento de recepción de cada entidad. Que además, remitan para su inscripción copia de la declaración de los hechos de que trata el numeral anterior a la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, o a la oficina que esta entidad designe a nivel departamental, distrital o municipal.

PAR— Cuando se establezca que los he-chos declarados por quien alega la condición de desplazado, no son ciertos, esta persona perderá todos los beneficios que otorga la presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. ART. 33. — En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Nacional los beneficiarios de la presente ley, las organizaciones no gubernamentales y las entida-des oficiales encargadas de la defensa o promoción de los derechos humanos, podrán ejercitar la acción de cumplimiento para exi-gir judicialmente la plena efectividad de los derechos consagrados en la presente ley en favor de los desplazados. Mientras se desarrolla legalmente el artículo 87 de la Constitución Nacional, la acción de cumplimiento se tramitará de con-formidad con las disposiciones procedimentales y de competencia consignadas en el De-creto 259l de 1991 (1) sobre acción de tutela. ART. 34. —De la vigencia de la ley. Esta ley rige a partir de su promulgación. Publíquese y ejecutase.

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Dada en Ibagué a 18 de julio del 1997.

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ANEX O 2 ANEXO Estrategias del plan nacional Estrategia de prevención La estrategia de prevención comprende el conjunto de programas, proyectos y acciones que ejecutarán las entidades gubernamentales y estatales, en coordinación con los entes territoriales y la sociedad civil, con el propósito de desarticular o neutralizar la acción de los múltiples actores y procesos de violencia que generan el desplazamiento y presentar alternativas eficaces de protección a la vida, la integridad y libertad personales de la población civil respecto a las situaciones del conflicto armado y la violencia generalizada. El concepto de prevención también comprende la promoción de los derechos humanos y el DIH. Esta estrategia estará coordinada por la Dirección General Unidad Administrativa Especial para la protección de los Derechos Humanos del Ministerio de Interior, con el apoyo de las Consejerías Presidenciales para los Desplazados y para los Derechos Humanos, el programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, la oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo y los comités departamentales, municipales y distritales. Las acciones comprendidas en ésta estrategia serán financiadas con recursos propios de cada entidad, del Fondo Nacional para la Atención a la Población Desplazada, del Fondo Nacional de Paz y de los entes territoriales. Comprende las siguientes líneas de acción y entidades responsables:

La política La política comprende acciones tendientes a propiciar una cultura preventiva del desplazamiento a través de los planes de desarrollo regional y local y de los programas sociales que las entidades nacionales ejecutan, con el propósito de lograr un desarrollo integral sostenible. Así mismo, comprende acciones tendientes a propiciar o fortalecer iniciativas ciudadanas o institucionales de paz, neutralidad activa frente al conflicto, convivencia democrática, cabildos por la paz, entre otras. En estos espacios la participación de las mujeres es fundamental para garantizar que sus necesidades sean tenidas en cuenta. La política también auspiciará acciones que tienden a desarrollar procesos de distensión entre las partes del conflicto y posibiliten, mediante acuerdos especiales, poner en vigor la totalidad o parte de las disposiciones y normativas humanitarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo tercero común a los convenios de ginebra de 1949, de tal manera que se garantice la protección de la población civil. Los responsables de su diseño y ejecución serán, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la oficina de Mujer Rural y la Dirección de Desarrollo Social del Ministerios de Agricultura, el INCORA, LA Caja Agraria, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y el INURBE. La Defensoría del Pueblo se vinculará a estas acciones a partir de sus propios programas que desarrolla en cumplimiento de sus facultades constitucionales y legales.

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La comunicación La comunicación comprende acciones de difusión a través de los medios masivos de comunicación, las emisoras comunitarias, impresos, videos y otros medios alternativos, con el propósito de sensibilizar a las autoridades locales, líderes sociales y comunitarios, actores del conflicto y población civil en general, en relación con el respeto de los derechos humanos, la aplicación de las normas humanitarias y la problemática del desplazamiento forzado. Los responsables de su diseño y ejecución serán la oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, la Oficina de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, la Cruz Roja Colombiana y la Comisión Nacional de Televisión. La Defensoría del Pueblo se vinculará a estas acciones a partir de sus propios programas de difusión.

La pedagogía La pedagogía comprende acciones de formación y capacitación a través del sistema de educación formal y no formal en derechos humanos, DIH, resolución democrática de conflictos, problemáticas del desplazamiento forzado, reconocimiento y respeto a la diferencia. Así mismo, comprende la realización de foros, talleres, mesas de trabajo, cabildos por la paz y la producción de material didáctico de apoyo, dirigidos a las autoridades civiles, militares y de policía, líderes sociales y comunitarios, actores del conflicto y población civil en general. Los responsables de su diseño y ejecución serán el Ministerio de Educación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, la Oficina de Mujer rural del Ministerio de Agricultura y la Cruz Roja Colombiana. La Defensoría del Pueblo se vinculará a estas acciones a partir de sus propios programas.

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La investigación

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La investigación comprende acciones tendientes a identificar los factores y actores violentos que generan el desplazamiento, sus áreas de influencia, sus dinámicas, el contexto sociopolítico de las regiones, con el propósito de determinar las zonas y poblaciones en riesgo, de expulsión o llegada y recomendar alternativas de acción y atención integral. También incluye acciones tendientes a precisar la dimensión cuantitativa y cualitativa tanto local y regional, como nacional del desplazamiento y de fortalecimiento de la Red Nacional de Información y del Observatorio del Desplazamiento, de tal manera que permita diseñar acciones preventivas y de atención. Las investigaciones y los estudios necesitan que identifiquen diferencialmente los niveles de vulnerabilidad de la población civil, teniendo en cuenta las condiciones de género, edad, grupo social y étnico, para garantizar mayor efectividad en las acciones de prevención y atención. Los responsables de su diseño y ejecución serán la Consejería Presidencial para los Desplazados, la Dirección General Unidad Administrativa Especial para la protección de los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Observatorio del Desplazamiento Interno por la Violencia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Oficina de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, la Red Nacional para la Protección de los Derechos Humanos, la Red Nacional de Información sobre el Desplazamiento, el Ministerio de Educación Nacional, el INCORA, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, y el Ministerio Público. Los

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centros de investigación públicos o privados y las ONG podrán diseñar estudios o investigaciones específicas y presentarlas COLCIENCIAS para su financiación.

La distensión La distensión comprende acciones tendientes a la creación de espacios para el diálogo y la concertación, el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, programas interinstitucionales para neutralidad, con el fin de lograr acuerdos de convivencia pacífica y de cumplimiento total o parcial entre las partes de las normas del DIH. Los responsables de su diseño y ejecución serán la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Red de Solidaridad Social, la Oficina de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio Público y la Cruz Roja Colombiana.

La protección La protección comprende acciones tendientes a minimizar los riesgos contra la vida, la integridad personal y los bienes patrimoniales de la población civil que pueda estar expuesta a fenómenos de violencia que generen desplazamientos. Los responsables de su diseño y ejecución serán la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, los Jueces Agrarios, la Cruz Roja Colombiana, el INCORA, las Fuerzas Militares y los organismos de seguridad del Estado. La Defensoría del Pueblo en coordinación con las Defensorías regionales, diseñará y ejecutará un programa especial de acompañamiento a la población desplazada por la violencia.

La estrategia de atención humanitaria de emergencia La estrategia comprende acciones inmediatas de atención a la población desplazada, individual, familiar y colectivamente, tendientes a garantizar y satisfacer las necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimiento, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia, alojamiento transitorio, seguridad y protección y organización comunitaria. En esta última, la participación de las mujeres deberá ser garantizada. Las mujeres, gestantes y lactantes, los jóvenes y la población infantil serán atendidas de manera diferencial y preferencial. Las personas desplazadas individuales, familiar o masivamente tendrán derecho a la atención humanitaria de emergencia inmediatamente después del desplazamiento, por un tiempo máximo de 3 meses, prorrogables excepcionalmente por otros 3. En la ejecución de las acciones que se describen a continuación, los niveles local, regional y nacional tendrán responsabilidad en la medida de la magnitud y las características del desplazamiento. Esta estrategia estará coordinada por la Consejería Presidencial para la Atención a la Población desplazada por la violencia y la Red de Solidaridad Social.

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Las acciones comprendidas en esta estrategia serán financiadas con recursos propios de cada entidad, del fondo Nacional para la Atención a la población Desplazada y de los entes territoriales. Comprende las siguientes líneas de acción y entidades responsables:

La seguridad alimentaria La Seguridad alimentaria comprende acciones tendientes a garantizar los alimentos que posibiliten una dieta adecuada en correspondencia con los hábitos y costumbres alimenticias de la población desplazada. Los responsables de su diseño y ejecución serán la Red de Solidaridad Social, la Consejería Presidencial para la Atención a la población Desplazada por la violencia, el Fondo Nacional para la Atención a la población Desplazada por la violencia, el Fondo Nacional de Calamidades, el ICBF y la Cruz Roja Colombiana.

La salud El Ministerio de Salud y las Direcciones Departamentales y Locales de salud garantizarán el derecho a la salud de la población desplazada a través de la atención integral en salud, que comprende acciones de servicios de atención médico quirúrgica, atención de urgencias, hospitalización, tratamiento, servicios de ayuda diagnóstica, transporte de paciente, provisión de medicamentos, acciones de promoción y prevención de la enfermedad, tales como vigilancia epidemiológica, saneamiento ambiental, educación en salud, participación comunitaria, atención psico-social y rehabilitación, según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, los decretos números 412 de 1992, 1283 de 1996, los acuerdos números 59 y 85 de 1997 del consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Los responsables de su diseño y ejecución serán el Ministerio de Salud, las Direcciones de salud de los entes territoriales, el ICBF y la Cruz Roja Colombiana.

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El transpor transportte

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El transporte comprende acciones tendientes a garantizar el traslado de la población desplazada y del personal responsable de la atención humanitaria de emergencia. Así como, el transporte de cualquier tipo de provisiones necesarias para la atención a esta población. Los responsables de su diseño y ejecución serán, la Red de Solidaridad Social, la Consejería Presidencial para la Atención a la población Desplazada por la violencia, el Fondo Nacional para la Atención a la población Desplazada por la violencia, el Fondo Nacional de Calamidades, la Cruz Roja Colombiana y el ICBF.

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La protección y seguridad La protección y seguridad comprende acciones y medidas de protección destinadas a neutralizar las circunstancias que han generado el desplazamiento, evitar la arbitrariedad, la discriminación y minimizar los riesgos contra la vida, la integridad personal y los bienes patrimoniales, a los que la población desplazada puede estar expuesta. En situaciones de desplazamiento masivo, las autoridades civiles, militares y de policía que se encuentran en la zona de desplazamiento, garantizarán el libre paso de los envíos de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional o internacional a la población desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes para la defensa y protección de Derechos Humanos. Mientras persista la situación de emergencia, la Consejería Presidencial para los Desplazados y la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los derechos humanos auspiciaran la creación y permanencia de equipos interinstitucionales para la protección y defensa del desplazado y sus bienes patrimoniales, los cuales serán conformados por delegados de las Personerías Municipales, las Procuradurías Provinciales o Departamentales, la Fiscalía, la Rama Judicial, las Inspecciones Generales de la Fuerza Pública y el INCORA. Los responsables de su diseño de ejecución serán, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, las Consejerías Presidenciales para los Derechos Humanos y para la atención a la población desplazada por la violencia, Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y de Policía, especialmente, las inspecciones generales de la fuerza pública, el ICBF y el INCORA. La Defensoría del Pueblo, en coordinación con las defensorías regionales, diseñará y ejecutará un programa especial de acompañamiento a la población desplazada por la violencia.

El alojamiento El alojamiento comprende acciones tendientes a garantizar un alojamiento transitorio, el adecuado manejo de abastecimientos y la dotación de utensilios de cocina. Los responsables de su diseño y ejecución serán la Consejería Presidencial para los Desplazados, la Red de Solidaridad Social, el Fondo Nacional para la atención a la población Desplazada por la Violencia, el fondo Nacional de Calamidades, el Ministerio de agricultura, el ICBF y la Cruz roja Colombiana.

La atención educativa La atención educativa comprende acciones de educación formal y no formal que propendan por la formación académica y de habilidades de la población desplazada, especialmente de los menores y de los jóvenes, de tal manera que les permita, una vez retornen o se reubiquen, una fácil articulación social, laboral y productiva. Los responsables de su diseño y ejecución serán el Ministerio de Educación, el Ministerio de trabajo y seguridad social, la Oficina de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, el ICBF y el SENA.

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La par ticipación y organización comunitaria participación La participación y organización comunitaria comprende acciones orientadas a generar procesos de resignificación, reconstrucción o fortalecimiento del tejido social y cultural en torno de la solución de las necesidades básicas. Este componente es fundamental para lograr mejores condiciones de articulación social de la población desplazada en los procesos de atención humanitaria y de reubicación o retorno voluntario. Los responsables de su diseño y ejecución serán la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Agricultura, la Oficina de Mujer Rural, el INCORA, el Ministerio de Educación, y el ICBF.

La estrategia de consolidación y estabilización socioeconómica La consolidación y estabilización, permitiendo el acceso directo de la población desplazada a los programas sociales del gobierno, propenderá por la reincorporación social, económica y cultural de las personas y de las familias desplazadas por la violencia a sus lugares de origen o reasentamiento. Para que la consolidación y estabilización sea un proceso que posibilite la reconstrucción de un proyecto de vida, el Estado deberá garantizar a la población desplazada condiciones de seguridad y sostenibilidad económica y social y contribuir al desarrollo local y regional de las zonas donde los procesos y las dinámicas de violencia obligan al desplazamiento y de las zonas que se construyan en receptoras de población desplazada.

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La consolidación y estabilización socioeconómica urbana y rural es una estrategia que se lleva a cabo en el marco del retorno voluntario o en la reubicación diminutiva de la población desplazada por la violencia. El Gobierno nacional apoyará a la población desplazada que quiera retornar voluntariamente a sus lugares de origen o reubicarse en otra zona, de acuerdo con las previsiones contenidas en este plan en materia de seguridad y consolidación y estabilización socioeconómica.

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El retorno voluntario es la opción preferible dado que en los lugares de origen la población desplazada tiene un proyecto de vida y ha construido un tejido social, económico y cultural de referencia y pertenencia. Para que esta opción sea realmente viable, se requiere que en los lugares de origen de los procesos de violencia que causaron el desplazamiento se hayan desarticulado o por lo menos neutralizado, de tal manera que la población desplazada tenga condiciones de seguridad y protección reales para que pueda regresar sin poner en riesgo su vida o su integridad personal. La reubicación es la alternativa necesaria cuando el retorno voluntario no puede llevarse a cabo. La conveniencia de esta opción se estudiará y analizará en cada caso específico. Un programa de retorno voluntario y/o reubicación debe incluir, entre otras, las siguientes actividades: El Gobierno Nacional y las autoridades civiles, militares y de policías locales y departamentales, analizarán la situación de orden público y crearán las condiciones de seguridad y protección en la zona del retorno o la reubicación. El Gobierno Nacional realizará con la comunidad desplazada, garantizando la participación de las mujeres y de las entidades territoriales, mesas de concertación para acordar la opción de retorno o

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la reubicación, determinar las condiciones de la alternativa elegida y presentar las propuestas gubernamentales para la consolidación y estabilización socioeconómica de la zona donde se retorna o se reubica. El Gobierno Nacional realizará con la comunidad desplazada, un censo de predios rurales, urbanos y demás bienes patrimoniales que hubieran sido abandonados, de requerimiento de crédito y de alternativas de proyectos productivos, con el propósito de adecuar la oferta institucional a las necesidades de la población que retorna o se reubica. El comité regional o local, Gobierno Nacional y la comunidad desplazada elaborará un plan operativo para el retorno o la reubicación que contemple los requerimientos de transporte, alimentación, medidas y acciones de seguridad, protección y acompañamiento, entre otras. En su relación se garantizará la participación de las mujeres. Los casos en que sea necesario, se creará una comisión constituida por representantes del Gobierno Nacional, departamental y municipal y la comunidad desplazada que retorna o se reubica, organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y cualquier otra entidad privada que por mandato o interés trabaje con esta problemática, para verificar las condiciones de seguridad de la zona. La consolidación y estabilización socioeconómica del retorno o la reubicación rural La consolidación y estabilización socioeconómica rural, en concordancia con los fundamentos de la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios tendrá en cuenta los siguientes criterios del desarrollo rural: competitividad, participación comunitaria, equidad y solidaridad y sostenibilidad de los recursos naturales. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Dirección General de Desarrollo Social y la Oficina de Mujer Rural, coordinará la ejecución de los planes, programas y proyectos necesarios para garantizar el diseño y ejecución de las acciones contempladas en esta estrategia. El Ministerio promoverá en los consejos Municipales de Desarrollo Rural la participación de la población rural desplazada, la focalización de recursos municipales para la atención de la misma y la concertación con las autoridades locales y las comunidades beneficiarias. La consolidación y estabilización socioeconómica rural se centrará, en particular, en los programas relacionados con:

El acceso al sistema de reforma agraria y desarrollo rural campesino El acceso al sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural comprende la adjudicación y titulación de tierras, organización y capacitación campesina e indígena, disposición de servicios sociales básicos y de infraestructura física, subsidio a vivienda rural, adecuación de tierras y la seguridad social, asistencia técnica, transferencia de tecnología y la diversificación de cultivos, mercadeo, acopio, empaque y procesamiento y fomento agroindustrial y su financiación. La condición de mujer campesina jefe de hogar desplazada será suficiente para ser considerada beneficiaria del sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino. En la ejecución de las acciones para el fomento productivo y de reforma agraria, se estimularán soluciones solidarias, que correspondan a la diversidad cultural y económica de las poblaciones beneficiarias.

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El acceso al sistema nacional de reforma agraria, a cargo de diversas entidades que, de acuerdo con sus responsabilidades, diseñarán y ejecutarán los programas y proyectos para la población desplazada, implica los siguientes componentes:

Las tierras El acceso a la tierra se llevará a cabo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 160 de 1994, los Acuerdos números 18 del 17 de octubre de 1995 y 06 del 14 de agosto de 1996, el Decreto número 2217 del 5 de diciembre de 1996 y el parágrafo del Artículo 26 de la Ley 333 del 19 de diciembre de 1996, la entidad responsable de su ejecución será el INCORA. Los mecanismos de acceso a la tierra son dos: la titulación de baldíos y el mercado de tierras y la compra directa por parte del INCORA. En beneficio de las comunidades desplazadas por la violencia podrá utilizarse cualquiera de estos dos mecanismos. El acceso a la tierra comprende, para la compra del predio, un subsidio del estado por el 70% del valor de la tierra adquirida.

Los créditos Los créditos comprenden acciones que garantizarán al beneficiario del programa de tierras, los recursos para el pago del 30% del valor de la tierra no incluido en el subsidio y el monto necesario para desarrollar el proyecto productivo que adelantará en su parcela. Las entidades responsables del componente son FINAGRO, Caja agraria. Para hacer operativo el mandato de la ley 387 de 1997, relativo a las garantías del 100% a través del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, se debe diseñar una línea especial de crédito para desplazados

La asistencia técnica

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La asistencia técnica comprende acciones que garantizarán el cabal desarrollo de los proyectos productivos y se prestará con la colaboración del Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria y el apoyo de la UMATA de cada municipio.

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La asistencia comprende el acompañamiento a la comunidad en la formulación, desarrollo y consolidación de los proyectos productivos y de las actividades agropecuarias. Para lograr este cometido se fortalecerán las UMATA a través del Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, Pronatta. De este componente hacen parte, también el ICA, Corpoica y las secretarías de agricultura departamentales. Eventualmente, si las circunstancias así lo requieren, podrá llevarse a cabo un proceso de asistencia técnica a través de un mecanismo alterno a la UMATA.

La capacitación La presentación de capacitación técnica agropecuaria, orientadas a fortalecer las prácticas y conocimientos tradicionales e incorporar tecnologías apropiadas que garanticen sostenibilidad y competitividad de los proyectos productivos y su inserción en los mercados regionales. Son responsables del diseño y ejecución de estas acciones el Sena, la ESAP, el INAT, el Fondo Capacitar y el INCORA. Adicionalmente, las entidades podrán establecer convenios de asistencia y capacitación con institucio-

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nes educativas públicas o privadas regionales. El fondo Capacitar atenderá las necesidades de fortalecimiento de la organización campesina, indígena, de las mujeres y las negritudes.

La comercialización La comercialización comprende acciones que garantizarán el acceso a los mercados regionales de los productos agropecuarios para que en condiciones de rentabilidad, se generen ingresos, de tal manera que los procesos de sostenibilidad y autonomía económica de las familias rurales desplazadas se consoliden. En circunstancias graves de orden público y posiciones dominantes del mercado, el Fondo Nacional para compra de cosechas intervendrá en beneficio de los productores y podrá determinar el otorgamiento de subsidios directos a productores de acuerdo con la Ley 101 de 1993. El programa de subsidio a la conformación de Cooperativas de Beneficiarios de Reforma Agraria, del Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural, priorizará la atención a las comunidades desplazadas por la violencia y proveerá un subsidio adicional del 5 al 10% del valor del subsidio otorgado por el Estado, de acuerdo con lo establecido en la ley 160 de 1994 y la reglamentación respectiva. El Fondo Emprender promoverá el establecimiento de empresas de primera transformación de productos agropecuarios, en las cuales el Estado aportará hasta el 49% del capital necesario para desarrollarlas como capital semilla o capital de riesgo, de acuerdo con lo establecido en la ley 101 de 1993 y la reglamentación respectiva.

La seguridad alimentaria La seguridad alimentaria comprende acciones orientadas a la producción agrícola de bienes básicos para la subsistencia de las familias rurales desplazadas, con el propósito de asegurar parte de la dieta alimentaria y disminuir gastos familiares. La Dirección General de desarrollo Social y la Oficina de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural coordinarán la elaboración y ejecución de programas locales de granjas de Pancoger, para las comunidades desplazadas, que complementen su dieta básica. Estos programas requieren de mano de obra familiar y niveles tecnológicos bajos y contemplan la siembra de cultivos tradicionales y la cría de especies menores. Para su ejecución, el Plan de Generación de Empleo, PMD, establecerá porcentajes de recursos destinados exclusivamente a este propósito, para lo cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hará las gestiones pertinentes.

La capacitación y organización social La capacitación y organización social comprende acciones para la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y civiles de desplazados, con el propósito de estimular la participación y gestión de la comunidad en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos que en el marco de este plan se lleven a cabo. El Fondo Nacional para los Desplazados y la Oficina de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura cofinanciarán proyectos para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones civiles y comunitarias de los desplazados y, en especial, de las mujeres.

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La atención social en salud, educación, empleo, a la niñez , la mujer y las personas de la tercera edad Las acciones tienden a garantizar a las familias desplazadas la continuidad de la atención integral en salud, el acceso a los programas sociales de salud, educación y a los de atención a la niñez, la mujer, las personas de la tercera edad y la juventud. La población desplazada será vinculada al Régimen Subsidiado de Seguridad Social. Por tanto, las entidades territoriales garantizarán su afiliación a las EPS que manejen dicho régimen. El Ministerio de Salud hará seguimiento al Plan de Atención Básica de los entes territoriales y en coordinación con la Consejería Presidencial para los Desplazados diseñará, ejecutará, a través de organizaciones que certifiquen su experiencia en el tratamiento de poblaciones vulnerables, proyectos de rehabilitación psicosocial para los desplazados por la violencia. Las mujeres desplazadas jefes de hogar, con hijos en edad escolar, serán beneficiarias de los subsidios de la Red de Solidaridad Social para el pago de los costos educativos de sus hijos entre seis y once años. Las entidades territoriales que atiendan población desplazada podrán acceder a recursos del programa de subsidios a la permanencia y asistencia a la educación básica del FIS. El Ministerio de Educación Nacional transferirá recursos a las gobernaciones, especialmente del Fondo Educativo de Compensación, para co-financiar la ampliación de la cobertura educativa de la población desplazada en edad escolar, la cualificación de la comunidad educativa y el equipamiento escolar . El SENA a través de su programa de apoyo de sostenimiento para la capacitación de alumnos, dará prioridad en el acceso a los recursos de formación técnica a la población joven desplazada y diseñará y ejecutará programas especiales de capacitación para las mujeres desplazadas que propendan por su inserción laboral en el campo. Los menores de edad, las mujeres campesinas gestantes y lactantes y los ancianos serán objeto de los programas de protección, prevención y atención del ICBF, incluidos los contemplados en la Red de solidaridad Social.

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También se promoverá la creación, focalización y reubicación de hogares comunitarios en zonas de desplazamiento, en situaciones especiales de emergencia.

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Igualmente, el ICBF vinculará al proyecto de asistencia social familiar comunitaria a los miembros del grupo familiar, de tal manera que se facilite la atención terapéutica inicial. Las familias serán vinculadas a los proyectos educativos y re-adaptativos a través de acciones especiales diseñadas en el proyecto. La atención en salud a pueblos indígenas desplazados se llevará a cabo según lo dispuesto en el Decreto número 1811 de 1990. La Red de Solidaridad Social apoyará con su programa Revivir los ancianos desplazados. Los niños desplazados por la violencia accederán prioritariamente al programa de bono alimenticio a niños en edad preescolar del área rural, de la Red de Solidaridad Social. Adicionalmente, la población rural desplazada por la violencia podrá acceder a los programas de empleo rural de la Red de Solidaridad social y al programa de inserción laboral de Ministerios de Trabajo.

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La consolidación y estabilización socio-económica del retorno a la reubicación urbana La consolidación y estabilización socio-económica urbana, en concordancia con la Ley 9ª de 1989, la Ley 388 de 1997, los planes de desarrollo municipal y los planes de ordenamiento territorial, deberá considerar simultáneamente las siguientes dimensiones de la gestión urbana: La gestión socio-cultural, que permita la adaptación progresiva al medio de vida urbano. La gestión físico-especial, que define el asentamiento como renovación urbana, desarrollo de nuevas áreas de expansión, mejoramiento de zonas subnormales, reubicación de zonas de alto riesgo. La gestión política, que posibilita espacios de integración y participación ciudadana, de organización y autonomía, evitando la estigmatización social. La gestión económica, que proporciona la generación de ingresos y la capacitación para el empleo. La gestión medio-ambiental, que contempla acciones para recuperar y proteger los sistemas naturales (zonas verdes, quebradas, etc.) que se ven afectados por los asentamientos y asegurar una sustentabilidad ambiental de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley del medio ambiente de 1995. La consolidación y estabilización socio-económica urbana se centrará, en particular, en los programas relacionados con:

La disposición de vivienda y equipamiento urbano La disposición de vivienda y equipamiento urbano comprende acciones integrales de desarrollo urbano, vivienda y equipamiento social-comunitario. El Ministerio de desarrollo (Vice-Ministerio de vivienda y desarrollo Urbano), en coordinación con el INURBE y el sistema nacional de cofinanciación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 706 de 1995, la Ley 3ª de 1991 y el literal d) del artículo 26 de la Ley 333 de 1996, deberán desarrollar planes de vivienda nueva, mejoramiento integral de vivienda y entorno, vivienda usada y de vivienda de interés social, para lo cual se tendrá en cuenta la disposición de suelo urbano, la oferta de tierras propiedad del municipio o la aplicación directa de los instrumentos de enajenación previstos en la Ley 9ª de 1989 y la Ley 388 de 1997. Las entidades del orden nacional deberán coordinar con las administraciones municipales, el diseño y la ejecución de las acciones aquí previstas. El INURBE, a través del procedimiento ordinario y del excepcional de asignación y entrega de subsidios para construcción de vivienda o mejoramiento, que contempla el Decreto número 706 de 1995, deberá ampliar la cobertura de beneficiarios a la población desplazada por la violencia. Adicionalmente al procedimiento excepcional, se accederá al subsidio de vivienda a través del programa de vivienda urbana y mejoramiento del entorno de la Red de Solidaridad Social. Los hogares desplazados con jefatura femenina tendrán acceso prioritario a estos planes.

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Los proyectos productivos y generación de ingresos Los proyectos productivos y generación de ingresos comprende acciones específicas para la asistencia, la capacitación técnica y el acceso al programa de inserción laboral del Ministerio de Trabajo, al plan de empleo urbano de la Red de Solidaridad Social, a las líneas especiales de crédito, en cuanto períodos de gracia, tasas de interés, garantía y tiempos de amortización, de los programas Propyme y Finurbano del IFI. Los hogares desplazados con jefatura femenina tendrán acceso prioritario a estos programas.

La capacitación y organización social

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La capacitación y organización social comprende acciones para la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y civiles de desplazados, con el propósito de estimular la participación y gestión de la comunidad en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos que en el marco de este plan se lleven a cabo. El Fondo Nacional para los Desplazados cofinanciará proyectos para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones civiles y comunitarias de los desplazados.

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ANEX O 3 ANEXO Con el honor en la mochila Testimonios de desplazados Conflicto armado colombiano INTRODUCCIÓN La presente publicación hace una caracterización del fenómeno social del desplazamiento masivo de población civil víctima del conflicto armado en Colombia, particularmente en el Departamento del Valle del Cauca y su capital Santiago de Cali. Como fenómeno debería ser un hecho aislado, particular y con tendencia a la desaparición, pero en este país la condición de desplazado se ha vuelto normal. Inicialmente se hace una contextualización de la temática, donde se analizan los antecedentes, las causas y principales consecuencias, posteriormente se hace un estudio de casos, con entrevistas sin editar a personas desplazadas y se estudia el retorno como una posible solución tomando el caso del Departamento del Valle del Cauca en del año 2004.

Los desplazados son más noticia al huir que al morir Los desplazados son personas como usted o como yo. Gente normal, envuelta en un conflicto en el que no participan como actores, son una de las consecuencias de la irracional guerra irregular que enfrenta Colombia. Cerca de tres millones de personas han sido obligadas a abandonar su lugar de origen, dejando atrás sus sueños y proyectos de vida. Un día cualquiera don Carlos ya no estaba en su terruño, se enfrentaba al asfalto. Pues la noche anterior llegaron a su pueblo unos hombres armados, que a él poco le importa de qué bando eran, y mataron a muchos. Él se salvó. Corrió por su vida. Empacó lo que pudo, tomó de la mano sus cuatro hijos, el recuerdo de su mujer a la que ni pudo enterrar pero quedó en la plaza central como reconocimiento a su calidad de ser humano, y con el honor en la mochila abordó un bus sin destino. ¿Cuánto hace que llego aquí? No puedo responderle eso ni quién nos sacó de la tierrita, porque a varios amigos los han seguido matando. ¿Qué hace hoy en día? Trabajar en lo que resulte, mi Diosito lindo no nos ha abandonado. Comemos todos los días. ¿Cómo se siente en una ciudad diferente a la suya? Sabe, señor acá ni se siente, sólo pasan las horas.

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En mi vereda yo era don Carlos, el de la tienda, todos me saludaban y yo le fiaba a todos, acá es como si no me vieran, eso extraño mi tierra, mi gente, mi pasado. ENTREVISTA REALIZADA POR EL A UT OR EL 9 DE SEP A, V ALLE SEP.. DE 2002 EN BUG BUGA VALLE ALLE, AUT UTOR ENTREVISTAS Y ESTUDIOS DE CASOS Las siguientes tres entrevistas fueron seleccionadas de una muestra de 200 realizadas entre el año de 1999 y el 2003. Se utilizará la letra D para indicar las respuestas de las personas desplazadas. La trascripción de la nota trata de ser lo más fiel posible. Todos los nombres utilizados en este documento fueron cambiados por razones de seguridad.

Caso No. 1. Buenas TTar ar des ardes D: «Buenas Tardes». ¿Me puede recordar cuál es su nombre? (El niño guarda silencio por un momento y luego responde:) D: «Mario Fernando». ¿Cuántos años vivió en su lugar de Origen? D: «Dos Años, dice mi amá». ¿Y hace cuantos años es desplazado? D: «Unos... 10 años, según las cuentas de mi amá». ¿Cuántas personas conforman su familia? USC - Editorial

D: «Seis».

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¿De donde son ustedes? D: «De Buenaventura». ¿Ustedes a qué se dedicaban antes de salir de su tierra? (El niño suspiro y luego respondió) D: «Eh, mi mama vendía pescado, coco - Guardó silencio – eh, de todo».

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¿Qué hacen ahora? D: «Mi mamá, vende arepas, mi mamá me puso a vender maíz, mi hermana le ayuda a mi mamá». ¿Y su hermana cuántos años tiene? D: «Doce». ¿O sea que ninguno de ustedes estudia? D: «No señor… no tenemos para comer menos para estudiar». A vver er enos un poq uit o de la vida, de su e xperiencia q ue ha ttenido enido aq uí en er,, cuént cuéntenos poquit uito experiencia que aquí Cali D: «Da pereza». Cuénteme de experiencias que ha vivido aquí en Cali, cómo lo han tratado las demás personas, cómo se ha sentido aquí. D: «Hay unas que me tratan mal hay unas que me tratan bien» (Guardó silencio por un instante). D: «Pero...todo bien». Háblenos en qué lugares ha vivido aquí en Cali. D: «La Paz, Chorro, muchas partes». ¿Y qué ha sucedido, o sea, el motivo por el cual se han tenido que salir de ese lugar donde han estado viviendo? D: «Porque matan mucho y es muy peligroso». ¿Ha visto cuando han matado a alguna persona? D: «Sí, sí señor – El niño se queda pensando— eh, mataron un muchacho en frente mío, por eso fue que... no podemos volver allá». ¿En q ué par qué partte? D: «Chorros». ¿Y usted sabe quién lo mato? D: «Eran encapuchados; nadie vio nada».

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A ver, usted que le quiere decir a las personas que leerán está entrevista. D: «Que trabajen, qué estudien, qué sigan adelante, también qué... nos den ayuda para que toda la gente desplazada pueda mandar a sus hijos al estudio, que estudien, que aprehendan algo para que ayuden a su madre».

CASO No. 2 ¿De dónde viene? D: «De Bolívar, Nariño». Cuénteme cómo estaba constituida su familia allá en Bolívar Nariño. D: «Por mi Papá, mi marido, mis dos hijos y mi hermano». ¿Ustedes en donde vivían? ¿En una finca, o en zona más rural o más central, en el pueblo? D: «No, eso es una zona roja, o sea, eso es un una vereda y por allá si pues ahí si pasan carros es lo único». ¿A que se dedican ustedes en este momento? D: «No pues mi marido y nosotros vinimos aquí el 18 de enero; desde ese tiempo él empezó a los 15 días a trabajar con un señor que lo llevó a hacer una casa de dos pisos y él está trabajando en construcción; él es el único que ha estado respondiendo por nosotros y pues yo he estado vendiendo dulces en los buses para ayudarle a él». ¿La familia suya a qué se dedicaba allá en su pueblo? D: «Nosotros sembrábamos lo que era yuca, maíz, de vez en cuando café, y salíamos también a veces a jornalear y nos pagaban cinco mil pesos el día. USC - Editorial

¿Qué grupo fue que los presionó a ustedes a que salieran de allá?

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D: «Pues hubo un enfrentamiento con un grupo que se llamaba soldados profesionales, creo que eran de acá de Cali, y el grupo del ELN de los guerrilleros, no sé qué frente sería ese». Quiero que me cuente la historia de cómo ustedes fueron desplazados. D: «Estuvimos trabajando en lo que yo le dije anterior y de ahí a un momento a otro hubo ese enfrentamiento y en ese enfrentamiento resultó lesionado mi hermano. Estábamos en un lote trabajando, desyerbando eran unas matas de yuca y entonces hubo unos tiroteos y eso sonaba horrible; eso era bala por todo lado y cuando de un momento a otro vimos que mi hermano estaba tirado en el suelo pensamos que estaba muerto, entonces yo me puse a gritar y a llorar y mi papá pues fuimos a recogerlo y resulta que él todavía respiraba y abrió un ojo pero él perdió totalmente el sentido. De ahí lo

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recogimos y salimos corriendo para una carretera que había y nos llevó un carrito hasta un punto que se llama La Llanada, que eso es un puesto de salud pero no hay ley ni nada de esas cosas, solamente la ley del monte; en ese tiempo sólo se había metido él ejército y no más. Y de ahí atendieron a mi hermano y después lo llevaron ya a otro punto que se llama Samaniego Bolívar y allá ya lo estuvieron atendiendo hasta ahora, pero sin embargo él quedó mal de la cabeza, quedó prácticamente como un niño porque se le regó mucho líquido del cerebro, perdió la vista, quedo así discapacitado. El 10 de enero del 2003, llegaron otra vez los guerrilleros y entonces de ahí hicieron una reunión, que todos los de las veredas tenían que salir al pueblo y los que no salían ya sabían qué les pasaba -fue lo que dijeron-, entonces nosotros salimos. Y dijeron que los del ejército venían por Soto, eso es otro pueblito, que iba a haber otra vez enfrentamientos como había pasado hace cuatro meses atrás, que fue lo que le paso a mi hermano, y entonces dijeron que a las personas mayores de edad como mi papá que ya tenía 70 años no se los llevaban, pero que los jóvenes se los llevaban por ejemplo ahí caíamos mi persona y mi marido y a mi hermano tal vez no se lo llevaban porque él había quedado así enfermo, y entonces nosotros con el miedo de que de pronto me llevaran a mí y como yo tengo dos niños pequeños. Entonces nosotros nos vinimos y dejamos allá las cosas, todo lo que nosotros teníamos lo dejamos allá botado y nosotros vinimos con el miedo que de pronto nos llevaran, o que hubiera otra vez ese enfrentamiento y que iban a hacer reclutamiento de personas de ahí del municipio. Cuando llegaron ustedes aquí a Cali, ¿a dónde llegaron? D: «Nosotros llegamos a un barrio que se llama el Poblado II, eso queda ahí diagonal a Mojica; ahí entramos donde una señora y esa señora nos dio posada y dijo que nos cobraba 50 mil pesos por el arriendo y entonces mi marido salía a buscar así trabajo y el iba, al principio iba a lavar carros y lo que se ganara y pues eso era como para comer y nos atrasamos en un mes y medio de arriendo y ella ya nos iba a pedir y yo me fui a trabajar lavando ropa, mi iba a planchar y después ya.... «llanto»... ¿Hace cuánto llegaron ustedes aquí a la ciudad? D: «Desde el 23 de enero, fuimos ¿cómo es que se llama eso?, a la personería de aquí de Cali pero acá no nos han ayudado. Claro que dicen que nos van a ayudar con una operación que le van a hacer a mi hermano en un ojo y que nos iban a ayudar, en una remesa y yo siempre venía aquí y no, hasta ahora no dicen nada. ¿Cuánto tiempo llevan viniendo a personería? D : «Yo di la declaración en el 31 de marzo porque en ese tiempo pues estuve vendiendo dulces en los buses, después cuando ya dejé de ir a pedir comida así en la calle entonces hablé con una señora y esa señora, de ver la situación que nosotros teníamos, dijo que ella me iba a tener los niños, desde las ocho hasta las cuatro, que ella me les daba de comer allá, para que ellos no aguantaran hambre, porque ellos en el día mantenían llorando mucho y pedían comida y a veces no había nada que comer. Entonces, sí desde el 31 de marzo empecé a venir acá pero pues hasta ahora no nos han ayudado en lo de la ayuda que dijeron que nos iban a ayudar con remesa y desde ese tiempo estoy vendiendo dulces en los buses, mi marido está trabajando allá en construcción y los dos somos los

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únicos que estamos ayudando para la casa y para comprar así pues con 20 mil pesos mercamos para la semana; con eso comemos mi hermano, los niños y papá; pero nosotros no desayunamos, a veces almorzamos, a veces comemos pero entonces no nos alcanza eso es.

CASO No. 3 Buenas TTar ar des ardes D: «Buena Tarde». ¿Me puede recordar cuál es su nombre? D: «Astro Berta Figueroa». ¿Cuántos años vivió en su lugar de origen? D: «Hace 23 años». ¿Y hace cuántos años es desplazada? D: «Hace un año». ¿Cuántas personas conforman su familia? D: «13». ¿De dónde son ustedes? D: «De Bocas de Satinga». ¿Quién los hizo salir de sus tierras y porqué? D: «Esa gente, que dice que es guerrilla, paramilitar todos esos delincuentes». USC - Editorial

¿Ustedes a qué se dedicaban antes de salir de sus tierras?

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D: «Al campo, a la agricultura, a la pesca»: ¿Cómo se sienten en un lugar extraño? D: «Uno se siente raro, como que no es de ahí, como que se quiere ir, o sea, pues no sé, uno no se acomoda». ¿Qué es lo que más extraña de su tierra? D: «La tranquilidad, el campo, los familiares que uno dejó por allá, el puerquito, la gallinita, las matitas».

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¿Ustedes qué le piden al Gobierno? D: «Una casita como para irse uno acomodando ahí pué... eso... alimentico, comidita». ¿Qué tipo de ayuda les ha dado el Gobierno o la sociedad actualmente? D: «Pué... ninguna pué... si le estuvieran dando ayuda a uno, uno no tendría que andar ahí pidiendo moneda a la gente». ¿De qué tipo de rechazos han sido víctimas ustedes? D: «Pué... que lo miran mal a uno como bicho raro, que creen que uno es ratero, qué los va a robar». ¿Quiere usted decir algo a los que escuchan está entrevista? D: «Qué lo ayuden a uno pué, pa´ uno comé porque es que esta situación de anda pa´rriba y pa´bajo como loco, eso no es bueno pué, a uno también le da hambre pué». Muchísimas gracias por la entre vista y el tiem po prestado señora Astr o Ber ta entrevista tiempo Astro Berta D: «¡Ay... venga! Pero regale pué, pa´un pan señor, venga».

Análisis El desplazamiento de personas civiles víctimas del conflicto armado en Colombia es un problema de índole estructural y no sólo coyuntural. Las personas necesitan más que colchonetas y unas pocas remesas que a veces ni llegan. Se requiere una verdadera transformación de las estructuras del Estado, en lo referente a la distribución de la tierra, la re-inversión social, la distribución de la riqueza y en la construcción de un verdear modelo económico que garantice igualdad de oportunidades para todos.

El retorno como posible solución El retorno es el proceso de reasentamiento de personas desplazadas en el mismo lugar de donde fueron expulsadas por la violencia. Este proceso puede ser de tipo individual, familiar o colectivo. Según el Decreto 2569 del 2000, el Gobierno Nacional apoyará a la población desplazada que voluntariamente desee retornar a sus lugares de origen, desarrollando los componentes de la consolidación y estabilización socioeconómica. Previo al proceso de retorno deberá realizarse una evaluación sobre las condiciones de orden público existentes en las regiones o localidades hacia las cuales se pretenda retornar, y cuyo resultado se hará conocer a quien desea retornar. Si a pesar de una evaluación negativa sobre las condiciones de retorno, los desplazados insisten en su interés de retornar, el Gobierno Nacional a través de la Red de Solidaridad Social, levantará un acta en la cual se evidencien las condiciones del lugar de destino, que los interesados en el retorno conocen de las mismas, que no obstante subsiste la voluntad inequívoca de retornar y que asumen la responsabilidad que tal decisión conlleve.

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La Red de Solidaridad Social define dos tipos de retorno, con base en el tiempo comprendido entre el momento del desplazamiento y el de reasentamiento: Retornos rápidos y retornos integrales. Se entiende por retorno rápido el que se realiza dentro de los 90 días posteriores al desplazamiento. Como mecanismo de estímulo al retorno rápido, bien sea en desplazamientos masivos o individuales, siempre y cuando se verifiquen las condiciones de protección y seguridad en la zona, se apoyarán, de manera inmediata y mediante la entrega de un paquete de insumos y herramientas para la producción agropecuaria, las iniciativas de recuperación que la población afectada proponga, conservando, por supuesto, los límites institucionales definidos. De acuerdo con la verificación técnica que gestionen el Comité Departamental y, según el caso, el Comité Municipal o Distrital para la Atención Integral a la Población Desplazada, los recursos de apoyo se destinarán a la atención en varios frentes: Seguridad alimentaria y recuperación de activos productivos abandonados; rehabilitación de las viviendas afectadas; y atención psicosocial. Cuando los procesos de retorno no se circunscriban a las condiciones descritas para los retornos rápidos, serán entonces considerados retornos integrales, en tanto éstos comprometen acciones de mayor alcance a mediano y largo plazo, en los diversos componentes del restablecimiento, y aplican, por lo tanto, las consideraciones generales para el restablecimiento de población desplazada, así: Se entiende por restablecimiento el proceso que se inicia con la atención humanitaria a las familias desplazadas y culmina cuando se han generado condiciones que les permiten contar con alternativas para rehacer integralmente su proyecto de vida y lograr su estabilización progresiva, aprovechando sus propios recursos y potenciales y la oferta institucional disponible. Los programas y proyectos de restablecimiento tienen el objetivo de ofrecer a la población desplazada oportunidades y alternativas de reubicación en una nueva localidad, o de retorno al lugar de donde se vio forzada a salir; de reconstrucción de sus sistemas sociales y económicos para integrarse a la comunidad receptora; y de facilitación de su acceso a oportunidades de bienestar superiores a las que tenía cuando ocurrió el desplazamiento, en los casos en los que sea posible.

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La intensificación de las acciones armadas ha producido, entre otros efectos, la expansión territorial del conflicto y la afectación de un mayor número de grupos sociales y comunidades, lo que ha generado en la población de las diferentes regiones una fuerte incertidumbre sobre su situación.

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En estas circunstancias, ofrecer a la población desplazada soluciones predeterminadas y definitivas implicaría un alto riesgo de fracaso. En consecuencia, los programas de restablecimiento deben incluir esquemas de transición entre el proceso de atención de emergencia y el de soluciones duraderas, y comprender una gama de opciones que no sólo respondan a las particularidades locales, sino que además sean elegidas, mediante compromiso mutuo, por la población víctima del desplazamiento y los actores locales.

La reubicación: Es el proceso de reasentamiento de las personas desplazadas en un lugar diferente al de su origen o residencia, lo que necesariamente implica su adaptación a nuevas condiciones espaciales, culturales, sociales y económicas. La reubicación puede hacerse en el lugar inicial de acogida o recepción, o en otro diferente; puede ser urbana -en cabeceras departamentales o municipales-, o rural; y puede ser de tipo individual, familiar o colectivo.

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La permanencia de personas y hogares desplazados en el lugar de acogida puede significar una solución temporal o definitiva frente a los hechos que motivaron su salida forzada; para efectos de la atención, es necesario, en todos los casos, conocer la decisión que al respecto haya tomado la población afectada. La reubicación de un grupo de personas desplazadas ha de ser lo menos traumática posible, de manera que responda coherentemente a sus características socioeconómicas, étnicas y culturales y a sus condiciones geográficas de origen. En cuanto implica procesos de readaptación, aceptación e integración local, la reubicación se entiende como un proceso de doble vía, que involucra tanto a la comunidad desplazada atendida como a la receptora y a la institucionalidad local. La reubicación urbana y la rural son dos opciones que representan un tipo de reasentamiento alternativo al retorno y, en esa medida, la inserción en las localidades de acogida o en otras de libre escogencia. En ambos casos, las personas afectadas por el desplazamiento optan por establecer vínculos con comunidades y territorios generalmente desconocidos, lo cual implica un reto, en términos de posibilidades de aceptabilidad y de integración, tanto para quienes se restablecen como para la población receptora. En estos casos es fundamental examinar previamente la incidencia de factores de orden cultural, social, ambiental y político sobre la viabilidad y la sostenibilidad de los procesos específicos que se emprendan. La reubicación rural para las familias campesinas desplazadas es comúnmente una alternativa menos traumática, pues les permite conservar los vínculos con la tierra, con su vocación agrícola, con su experiencia productiva y, en general, con las normas y patrones culturales propios del sector rural.

El V alle es modelo de re Valle rettorno de desplazados La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, destacó los 22 procesos realizados en la región. En el departamento hay 69 mil desarraigados, de los cuales el 55 por ciento son niños. Tenerife, Dagua, Jamundí, Buenaventura y El Cerrito, son algunas de las poblaciones adonde volvieron los campesinos. Por lo menos 10 mil desplazados del Valle han regresado a sus lugares de origen en los últimos tres años. La mayoría de estos campesinos volvieron a sus hogares tras la realización de 22 procesos de retorno programado, que realizó la Gobernación. «Este es un problema por el que todavía padecemos. Actualmente el departamento podría tener 69.000 desplazados. Sin embargo, si no se hubiera avanzado en el regreso de algunas personas a sus parcelas, la situación sería más complicada», explicó el gestor de Paz del Valle, Fabio Cardozo. De acuerdo con el funcionario, el ‘mapa’ de la violencia y el desplazamiento se ha modificado muy poco en el último año, por lo que las zonas más afectadas siguen siendo el sur occidente (Jamundí), el sur oriente (Pradera, Palmira, Florida y El Cerrito), el centro (Buga y Tulúa), Cali y Buenaventura. El 83,66 por ciento de los desplazados (52.543 personas) se concentra en las seis principales ciudades. Es así como la capital del Valle es receptora de 24.323 afectados; el Puerto tiene 16.247; Tulúa alberga a 5.630; Jamundí recibió 2.523; Buga es hogar de 2.183 y Palmira cuenta con 1.737. El regreso. El primer retorno programado, realizado en el corregimiento La Meseta, de Jamundí, tuvo lugar en el 2001 y permitió que 792 personas volvieran a sus casas. «Esta es una herramienta que ha dado resultados pero es inacabada. La idea es que los procesos sean voluntarios y se den con dignidad. Garantizar la subsistencia de los campesinos retornados es difícil, pero estamos a la espera

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de un mayor compromiso del Gobierno y las empresas», señaló Cardozo. Luego de La Meseta, vinieron experiencias en el cañón del río Amaime (Palmira y El Cerrito), Dagua y el centro del Valle. «Los recuerdos de esa época en Tenerife (El Cerrito), fueron traumatizantes. Marcó tanto el asesinato de un pastusito...Era una persona muy querida y dolió tanto su muerte que casi todo el mundo se vino. Se paralizó la región completamente», recordó un líder comunitario del sector. Otro retorno que culminó con el resurgimiento de la esperanza en el campo fue el ocurrido en Sendo y Machado, veredas de Dagua. Allí, según explicó Marino Bolaños, vocero de la comunidad, el desplazamiento es «una gran pesadilla que todos queremos dejar en el pasado». Luego del asesinato de dos personas por parte de las FARC, estos sitios fueron abandonados. «Sólo después de un proceso de concertación volvimos acá», indicó el líder, quien añadió que la zona recuperó su vocación turística. Sabaletas, corregimiento del Puerto, fue escenario del retorno. «Hemos tenido colaboración en las campañas de salud que nos han traído. El apoyo de las autoridades militares ha sido bueno, pero necesitamos más colaboración estatal», dijo Arturo Mosquera, habitante del sector.

Reflexiones finales

USC - Editorial

La desatención a un problema como el que constituye el desplazamiento puede conducir al Estado colombiano a graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En esta perspectiva existe una preocupación por parte del Gobierno nacional, el desarrollo de políticas estatales y gubernamentales que con recursos, posibilite la atención integral a la población desplazada por la violencia que llega a la ciudad.

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Las personas y familias desplazadas por la violencia tienen unos derechos, son ciudadanos colombianos protegidos en el marco de la Constitución Nacional y de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario. Además, existen unas obligaciones por parte del Estado: El derecho inalienable a una vida digna, el derecho a recibir ayuda humanitaria, a que no le sean limitados sus derechos civiles fundamentales por su condición de desplazado, el derecho a la reunificación familiar, el derecho a conservar la posesión y propiedad de los bienes patrimoniales abandonados por el desplazamiento, el derecho a la identidad cultural y étnica, a la justicia, a la igualdad, el derecho a la atención en salud, el derecho a la educación, a la protección, a la libertad, el derecho a una solución definitiva a su condición de desplazado. Hoy acompañamos a un gobierno entusiasta que en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez ha dinamizado la Ley 387, conocida como la Ley de Desplazados, le ha dado presupuesto y acción a la Red de Solidaridad, ha incorporado los temas sociales al Plan Colombia y siempre dispone de recursos para el apoyo a estas personas que hoy requieren más que estudios, documentales, películas o fotos, verdaderas soluciones. El desplazamiento es un fenómeno de emigración involuntaria originado por la violencia, en el que personas y familias sin estar directamente implicados en la lucha, se ven obligados a movilizarse desde su lugar de origen para proteger su vida o su integridad física. Como violación del Derecho Humanitario es una situación en la cual se materializa la vulneración simultánea de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Colombia es un país que se ha acostumbrado a la guerra. Hoy se convive en la insensibilidad del combate. Existe una herencia colonial desde el siglo XV cuando la Metrópoli

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española trajo su feudalismo tardío en forma de encomienda, que hoy se expresa como latifundio y concentración de la tierra en pocas manos, así como su estancada inquisición y sus obsoletas formas político - administrativas en manos de una estirpe poco calificada profesional y en su condición de humanos. La República se constituyó expropiando al nativo americano de sus tierras y desplazándolo a las altas cumbres en la lucha por sobrevivir. En adelante, la población civil de origen europeo y los mal llamados Criollos se trenzaron en combates por el poder, unos de tinte político, otros de tinte civil. Son famosos algunos como la Guerra de los Mil Días, la Matanza de las bananeras, la Violencia Oficial de Mitad de Siglo. El problema social en Colombia podrá resumirse citando a una aristocracia poseedora de los medios de producción y a una gran masa del pueblo luchando, los unos por mantener su poder y posición, los otros por subsistir. Así, en este escenario se consolida el fenómeno de la guerrilla, del narcotráfico, del paramilitarismo, de un fuerte ejército en respaldo del Estado y que lucha por legitimarlo, que abusa de su autoridad, violenta los Derechos Humanos y genera desplazamiento. Los desplazados en Colombia son en su mayoría campesinos que durante los últimos 10 años huyeron de las amenazas y los homicidios de los grupos guerrilleros, de los voraces atropellos cometidos por los paramilitares, de los abusos y ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública y de la violencia generalizada provocada por el narcotráfico. La población desplazada, en su inmensa mayoría acaba en barrios marginales de ciudades distritales en los que les tocó reconstruir sus patrones culturales. El padecer el síndrome del desarraigo trae problemas dramáticos en el deterioro de la calidad de la vida, unas fuertes y severas consecuencias psico-sociales. POR QUE... LA PAZ ES MUCHO MÁS QUE EL FINAL DE LA GUERRA.

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ANEX O 4 ANEXO Los refugiados Los refugiados se definen como las personas que ante el temor de ser perseguidas por razones de raza, religión, nacionalidad, o por ser miembros de un grupo social en particular o por sus opiniones políticas, se encuentran fuera de sus naciones de origen. Este concepto excluye a quienes han abandonado su territorio nacional impulsado por razones económicas o a aquellas personas que han sido víctimas de desastres naturales. La violencia es una de las principales causas que condenan a las personas a salir de su país y convertirse en refugiados. Datos estadísticos muestran que hay más de 18 millones330 en todo el mundo y con el paso del tiempo y debido a las situaciones de países como Bosnia, Guatemala, Kosovo, la cifra tiende a aumentar. El conflicto armado, de igual forma, ha involucrado a centenares de personas que huyen a otros países en calidad de refugiados, creyendo que el asilo les brindará seguridad y protección en todo el sentido de la palabra, sin llegar a imaginar que se encontrarán con una comunidad hambrienta y paupérrima, donde los principales protagonistas son niños, mujeres y ancianos, que se han visto afectados por la pérdida de sus hogares.

USC - Editorial

La ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) es una institución perteneciente a la ONU, que coordina con otras instituciones como la Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y otras mundiales. Así mismo, la ACNUR provee a instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Centro Mexicano de Ayuda a Refugiados (CEMAR) y otros organismos que al igual que México sostenga cada país. La ACNUR, ha creado tres formas diferentes de trabajar: Regresar a los refugiados a su país de origen al terminar el conflicto, los asienta en el lugar donde se refugiaron, negocia con los gobiernos y busca su apoyo, para terminar los reubica en una tercera localidad.

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El traslado de los refugiados se motiva también, por un aspecto político que los involucra directamente. De esta forma, se ve cómo problemas de toda índole, está acabando con la vida de un país y de una sociedad; sin embargo, la inconsciencia de las personas que protagonizan las guerras, ha llegado al punto de pasar por encima de un pueblo que lucha por subsistir, porque en este mundo ya no se puede vivir. Las personas refugiadas, se ven motivadas a salir de su país, por la constante violación de los derechos humanos. Lo más triste, es ver cómo por culpa de la intolerancia de los violentos, deja como consecuencia, la puesta en escena, de un protagonista que presenta a un sentimiento tan fuerte y trascendental, como son los niños, como lo es el miedo que noche a noche los embarga en una comunidad y país desconocido. Colombia no enfrenta aún el problema de los refugiados, pero los desplazados comparten sus características. Los refugiados, además de ser sometidos a torturas, antes de salir de su país, deben acostumbrarse a la discriminación cultural, que influye de manera notoria en todas y cada una de las personas que pertenecen a estas comunidades, además de la incertidumbre con respecto a su futuro, motivándolos a buscar una «mejor forma de vida», porque a pesar del apoyo del gobierno benefactor y de la ayuda de ACNUR, la sociedad los ha rechazado y los han relegado, encontrando dentro de los mismos campos, torturas, violaciones, abusos, etc.

Una mirada integral al Desplazado en Colombia

La decisión acerca de una solicitud de asilo, la devolución a un tercer país no seguro, la no asunción de los costos de mantenimiento de los campos de refugiados pueden determinar la muerte o la vida de personas. Las penalidades que padecen los refugiados son producto de la guerra, de la incapacidad del ser humano para vivir en paz y de la debilidad propia de su estado para solucionar y mantener el orden interno. Esto genera una relación entre la crisis mundial y el abuso de los derechos humanos; por lo tanto, cada nuevo refugiado le preocupa al mundo; de allí entonces se deduce que el Gobierno colombiano está permitiendo la gestación de todas las condiciones óptimas para que hayan refugiados además de los miles de desplazados que ya existen, incluso se podría pensar que muchos de las actuales familias que emigran por el territorio nacional aspiran a ser asilados en otro país. El problema de los refugiados hace referencia a la situación propia de Colombia y se puede citar cómo en la región del Urabá Antioqueño 300 campesinos pertenecientes a 60 familias llegaron hasta Panamá pero no lograron una aceptación política, puesto que el Gobierno panameño los ayudó momentáneamente y los devolvió a Colombia. En un episodio similar en el mes de agosto de 1999, 40 familias llegaron hasta San Cristóbal (Venezuela) de donde fueron devueltos. Existen unas condiciones para determinar la condición del refugiado fijadas por ACNUR. (Ver anexo 1).

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ANEX O 5 ANEXO

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Derecho de la población desplazada y obligaciones correlativas del estadocolombiano

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Siglas y expresiones utilizadas: C.N C.N: Constitución Nacional de Colombia Plan Nacional: Nacional Plan Nacional para la Atención Integral a la población desplazada por la violencia. IFI IFI: Instituto de Fomento Industrial ICBF ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar INCORA INCORA: Instituto Colombiano para la Reforma Agraria SENA SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje INURBE INURBE: Instituto Nacional de Reforma urbana Ar Artt.: Artículo

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