Privatización educativa en Uruguay: políticas, actores y posiciones

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Privatización educativa en Uruguay: políticas, actores y posiciones

Conclusiones 1. A pesar de su incidencia global, la privatización educativa es un fenómeno multifacético que se presenta con variada intensidad y siguiendo trayectorias muy diferentes en cada contexto nacional. Uruguay representa un caso singular en la región en el que se verifican actualmente –y de modo comparativamente tardío– algunos elementos propios del inicio de nuevos procesos de privatización. 2. Si bien la participación del sector privado en la educación formal en el Uruguay se ha mantenido relativamente estable a lo largo del período analizado, las tendencias generales de participación privada en la matriculación contrastan y difieren de los datos relativos a la oferta. Se advierte que la cantidad de establecimientos educativos privados ha crecido sustancialmente más que la de establecimientos públicos a lo largo del período, y con mayor incidencia en el interior del país, con más camino por recorrer en ese sentido que el área metropolitana de Montevideo. 3. El marco legislativo uruguayo no es particularmente restrictivo respecto de la participación de agentes privados en educación, aunque tampoco la propicia directamente, especialmente en la comparación con otros casos de la región como Colombia, Chile o Argentina. Se advierte de este estudio que han existido dos grandes momentos en la construcción de ese marco legislativo: por una parte, los avances realizados por los sectores privados –particularmente impulsados por el peso del sector religioso– a mediados del siglo XX, los cuales permitieron importantes exenciones fiscales a todo el sector privado educativo; por otro lado, lo regulado en el marco de los gobiernos progresistas posteriores a la crisis que permitió abrir nuevas posibilidades a partir de esquemas de participación público privada y reguló la renuncia fiscal sobre las donaciones especiales. El análisis del marco normativo en su conjunto y, en particular, de sus pautas de monitoreo y control de los agentes privados, arroja varios interrogantes respecto del funcionamiento de los sistemas de financiamiento estatal, directo o indirecto, de los que éstos se benefician y muestra la necesidad de una acción explícita del Estado a los efectos de facilitar a la ciudadanía el acceso a información relevante en esta área. 4. El estudio efectuado ha puesto de relieve el carácter incipiente o “latente” (Verger, Moschetti, et al., 2017, p. 45) de las nuevas modalidades de privatización desarrolladas en Uruguay. En las experiencias estudiadas se identifican modalidades educativas público-privado destinadas a poblaciones focalizadas que no acceden a las prestaciones del Estado por falta de infraestructura y recursos de éste (primera infancia e inicial) o por dificultades en la diversificación y adecuación de los formatos educativos (educación media). 5. Una modalidad diferente a la precedente la constituyen las instituciones de 65


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