Privatización educativa en Uruguay: políticas, actores y posiciones

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Una investigación de la Internacional de la Educación

sus lógicas de gestión) con mayores niveles de eficiencia y calidad. Así, la incorporación de técnicas de gestión propias del sector empresarial, la provisión privada y las distintas modalidades de hibridación público-privada –todas en principio desterradas con el fracaso del modelo neoliberal– han comenzado a reconstituirse en alternativas en apariencia válidas para revertir el diagnóstico de “crisis educativa”. Si bien los impulsos de reforma estructural de corte privatizador han encontrado hasta el momento dificultades para avanzar y no han logrado superar el plano propositivo (Bentancur, 2016; D’Avenia, 2013), otras iniciativas de tipo más acotado se han abierto camino y materializado en políticas y experiencias diversas (Bordoli & Conde, 2016). En paralelo, grupos de actores e instituciones cada vez más amplios, provenientes tanto de la sociedad civil como desde el propio Estado, han comenzado a poner en cuestión aspectos y dimensiones clave de la estructura de gobierno, provisión y financiación públicos del sistema educativo uruguayo. Los cambios en el plano discursivo y la proliferación de iniciativas legislativas y políticas privatizadoras de alcance hasta ahora acotado, orientan una trayectoria de privatización singular en la región que Verger, Moschetti, et al. (2017) caracterizan como de tipo latente o incipiente, y que tiene en Uruguay su caso más emblemático. El objetivo central de este trabajo consiste por tanto en mapear las distintas manifestaciones de la privatización educativa en Uruguay e identificar los diferentes elementos contextuales, actores, discursos y posiciones que sostienen el incipiente pero renovado impulso que han cobrado las políticas pro privatización educativa. En particular, este objetivo se articula en los siguientes objetivos específicos: - Identificar cuál ha sido la evolución de la participación del sector privado en la provisión educativa en el período 1990-2015. - Caracterizar los marcos normativos que habilitan y condicionan la participación de agentes privados en la educación. - Ofrecer un mapeo de todas las experiencias y modalidades de provisión privada y público-privada existentes en la educación formal1. - Reconstruir el mapa de actores, discursos y posiciones en torno a la idea de una mayor participación privada en educación y comprender sus diagnósticos y propuestas. En línea con los objetivos señalados, el informe se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, se plantean algunas consideraciones conceptuales referidas a los procesos de privatización educativa y de su estudio desde la perspectiva de la economía política y cultural, a la vez que se describen los lineamientos metodológicos que orientaron el trabajo. En segundo lugar, se presentan datos estadísticos relativos a la evolución de la participación del sector privado en el período 1990-2015 y se identifican tendencias generales por nivel educativo y jurisdicción. El tercer apartado recupera la legislación 1 Sin perjuicio de que puntualmente se haga referencia a algunas experiencias de la educación no formal potencialmente escalables o consideradas como “modelo”.

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