Caro Quintero en la memoria

EjeCentral Viernes 15 al domingo 17 de julio de 2022

Caro Usted disculpe, Quintero don Rafael en la memoria

::ejecentral ha documentado los nexos de Rafael Caro Quintero no sólo con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena —suceso que marcó un hito en la lucha contra las drogas y en las relaciones México-Estados Unidos— sino con el fenómeno del narcotráfico en México, pues el sinaloense nunca dejó de operar. Esta es una recopilación de las columnas del periodista Raymundo Riva Palacio que refrescan la memoria sobre la relevancia del capo detenido hoy en Sinaloa, y que pasan revista a los actores con los que tiene vasos comunicantes.

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as paradojas de las nuevas leyes en la procuración de justicia y el fortalecimiento del garantismo, que definió a la Suprema Corte al liberar a Florence Cassez después de casi siete años de apasionado debate sobre el debido proceso, volvieron a surgir al dejar en libertad un juez a uno de los cinco fugitivos más buscados por Estados Unidos, preso en México desde hace más de 20 años por los delitos de narcotráfico y asesinato. Usted disculpe, señor Rafael Caro Quintero, se puede ir a casa.

Caro Quintero abandonó el penal preventivo en Guadalajara, donde purgaba el año 28 de una sentencia de 40 años, tras resolver el juez unitario un amparo a favor del capo de uno de los jefes del Cártel de Guadalajara en los 80s, porque de acuerdo con las reformas constitucionales de 2011 en materia de amparo y derechos humanos, se violó, como en el caso de Cassez, el debido proceso. El juez dijo que debió haber sido juzgado por un tribunal del fuero común, y no por uno federal, que fue el que lo sentenció.

La PGR anticipó que apelará, pero poco podrá hacer bajo las nuevas leyes.

No existe causa alguna en contra de Caro Quintero, porque todas las acusaciones que pendían sobre él se acumularon –esta es una estrategia legal— en un solo expediente, sobre el que fue absuelto. Fuera de la cárcel, tampoco está claro qué sucederá con la petición de extradición de Estados Unidos para que responda en sus tribunales por el secuestro y asesinato de un agente federal. Caro Quintero, el más violento capo en los 80s, es el beneficiario más importante del criterio garantista de la Corte desde que dejaron en libertad a Cassez.

La familia criminal sinaloense debe estar de plácemes Caro Quintero fue perseguido, capturado y juzgado junto con el jefe del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, y otro subalterno, Ernesto Fonseca Carrillo —tío de Amado Carrillo, el finado Señor de los Cielos—, por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, y su piloto mexicano Alfredo Avelar, en febrero de 1985, en venganza por su traición —el agente recibía dinero de ellos—, al denunciar la existencia “El Búfalo”, un rancho de mil hectáreas en Chihuahua, donde producían mariguana.

Propiedad de Félix Gallardo –aún

preso—, el trabajo en “El Búfalo” era tan intenso, que se consumían diariamente dos millones de tortillas y mil 800 pollos rostizados, y había una economía a escala que beneficiaba a la zona. Cuando entró el Ejército mexicano, enviado por la presión de Estados Unidos al gobierno de Miguel de la Madrid, incautaron cinco mil kilos de mariguana, todavía el decomiso más grande en la historia del narcotráfico.

›El Cártel de Guadalajara

tenía la protección de la Policía Federal y, en los cultivos del norte del país, como “El Búfalo”, también del Ejército.

Cuánto pagaban por esa protección institucional no se sabe con precisión, pero reportes de prensa de la época revelaron que Caro Quintero pagaba 60 millones de pesos mensuales (dos millones de pesos aproximadamente en la actualidad) al jefe de la Policía Federal que lo dejó escapar tras el asesinato.

Caro Quintero es la metáfora de la tensa relación generacional entre Estados Unidos y México por el narcotráfico.

El asesinato y tortura de Camarena Salazar desató la furia de la DEA, que encontró en la Operación Leyenda, como le llamaron a la investigación de su crimen, la misión de su vida. La dinámica de las relaciones bilaterales tampoco se puede entender sin aquel episodio que definió el rumbo de una historia que escribieron de manera consistente cuatro presidentes que rechazaron las presiones de Washington para intervenir directamente en el diseño e instrumentación de la estrategia antidrogas, donde finalmente accedió el expresidente Felipe Calderón.

El asesinato de Camarena Salazar convirtió al narcotráfico, hasta entonces un tema muy desconocido en México, en parte indivisible de la vida pública, donde la DEA ha buscado proyectar a ese país como un narcoEstado. La Operación Leyenda produjo testigos que acusaron los secretarios de la Defensa, general Juan Arévalo, y de Gobernación, Manuel Bartlett, de ser cómplices de los cárteles de la droga, que se desvanecieron legalmente, pero no en la opinión pública.

Quien sí pagó fue Rubén Zuno, dueño del rancho donde asesinaron a Camarena y Avelar, el cuñado del expresidente Luis Echeverría que murió en una prisión estadounidense en 2012.

Caro Quintero llegó a Guadalajara en la segunda parte de los 70s, cuando la Operación Cóndor que realizó el Ejército en el noroeste del país, provocó el éxodo de los narcotraficantes sinaloenses hacia Jalisco. La fundación del Cártel de Guadalajara llevó el florecimiento económico, con fraccionamientos y hoteles de lujo, y un disparo en el establecimiento de distribuidoras de automóviles, que cambiaron la fisonomía de la llamada Perla Tapatía.

El lugarteniente de Félix Gallardo fue uno de los primeros narcotraficantes que utilizó parte de sus ganancias de las drogas para obras sociales que sustituyeron las carencias de la autoridad.

En Badiraguato, el municipio en el cual nació –como otras figuras criminales como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, José El Azul Esparragoza o Ignacio Coronel—, construyó una iglesia y canchas de basquetbol. Los jóvenes lo idolatraban y se convirtió en un modelo a seguir por una generación que pensaba que bien valía arriesgar la vida a cambio del dinero, las mujeres y el poder que jamás lograrían si se mantenían dentro de la ley.

Caro Quintero fue detenido en Costa Rica por el descuido de su novia, Sara Cosío, sobrina de un exgobernador de Jalisco, quien habló por teléfono a su casa para asegurarles que estaba enamorada, no secuestrada como se hablaba en la prensa. Desde entonces recorrió penales federales hasta llegar a un preventivo en Guadalajara en 2010, cuando la PGR no pudo demostrar su perfil de alta peligrosidad y perdió un juicio que llevó a su traslado.

Su liberación sorprendió y molestó en Estados Unidos, que llevaba meses en una nueva embestida jurídica contra él.

Apenas en junio, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra 18 personas y 15 compañías que, aseguró, lavaban dinero de las drogas, negocio que afirmaban seguía manejando desde la cárcel. El director de la Oficina de Control de Activos del Tesoro, Adam Szubin, dijo en ese momento que Caro Quintero usaba a familiares y prestanombres para invertir dinero de las drogas en compañías legítimas y negocios de bienes raíces en Guadalajara.

Las advertencias de Washington no importaron al Poder Judicial mexicano.

Lo dejaron en libertad en esta nueva era de garantismo que ahora benefició al exjefe del Cártel de Guadalajara. La leyenda negra de Caro Quintero, que produjo un best seller (Desperados) y una serie de televisión Drug Wars: The Camarena Story) en los 90s, tendrá ahora un nuevo y absolutamente inesperado impulso.

12 de agosto 2013 • https://lastresyuncuarto.wordpress.com/tag/usted-disculpe-don-rafael-por-raymundo-riva-palacio/

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El último narc

A

principios de los años 80, el presidente Ronald Reagan estaba empeñado en derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Su primer instinto fue una invasión, pero luego de consultas con varios países latinoamericanos donde no encontró el apoyo para hacerlo, decidió hacer su propia guerra, como lo había hecho décadas antes en Guatemala. En el Capitolio lo frenaron, y por iniciativa del diputado de Massachusetts, Edward Boland, se enmendó el presupuesto de 1982 que limitaba la asistencia a los contras en Nicaragua a sólo asistencia humanitaria. La llamada Enmienda Boland impedía que Estados Unidos financiera una guerra.

La Casa Blanca y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) decidieron, por la vía clandestina, financiar la guerra. La logística incluyó la participación del Cártel de Guadalajara y de la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de Manuel Bartlett, en ese entonces secretario de Gobernación, y el territorio mexicano sirvió como la ruta de abastecimiento de armas a los contras, a cambio de cerrar los ojos al tráfico de drogas. Ese manejo ilegal de dos gobiernos con el narcotráfico, causó el asesinato de Manuel Buendía, el principal columnista político en el último medio siglo en 1984, y el de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA en 1985.

Esta historia siniestra y de complicidades criminales volvió a resurgir al estrenarse la serie de cuatro capítulos en Amazon Prime

llamada The Last Narc, sobre el asesinato de Camarena Salazar. The Last Narc no se debe traducir como El último Narco. La palabra Narc fue acuñada en la DEA para identificar a los agentes de campo, como era Camarena Salazar, asignado a la oficina de la agencia en Guadalajara, y a quien mandaron matar los entonces jefes del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, aún preso; Ernesto Fonseca, que recuperó su libertad en 2017, y Rafael Caro Quintero, quien por un descuido –por ser lo más generoso– de la vieja PGR, fue liberado en 2013.

The Last Narc recuerda la historia contada por varios de sus protagonistas desde hace 20 años, de cómo la CIA, en complicidad con el gobierno mexicano y el Cártel de Guadalajara, tuvo en México un centro de entrenamiento y logística para los contras nicaragüenses, en un rancho en Veracruz. Paradójicamente, cuando preparaba la invasión a Guatemala en 1954, la CIA entrenó mercenarios en un rancho en Los Tuxtlas, también en Veracruz. Las armas para los contras llegaban por México procedentes de Irán y de los depósitos de la OTAN, que transportaba el Cártel de Guadalajara de Estados Unidos hasta entregarlos a contratistas de la CIA en Centroamérica, para evitar que hubiera rastros del involucramiento del gobierno de Reagan en violación de la Enmienda Boland.

Lo hicieron con el apoyo del gobierno mexicano, en particular del secretario

Bartlett y la Dirección Federal de Seguridad, que trabajaba con la CIA. Rogelio Hernández, un periodista de investigación, publicó en aquellos años en Excélsior, algunos detalles que en ese entonces parecían fragmentados, de cómo varios agentes de la DFS introducían droga en pipas del sindicato petrolero por las fronteras de Tamaulipas, donde las aduanas estadounidenses se abrían sin problema, y regresaban con armas. En pláticas semanas antes de que lo asesinaran, Buendía comentaba la ruta de Tamaulipas a Guadalajara y de la capital tapatía a la frontera con Guatemala, donde el Cártel de Guadalajara jugaba de protagonista. Tampoco sabía en ese entonces que todo ello correspondía a lo que pocos años después se conoció como el Irán-Contras.

The Last Narc no revela casi nada, pero refresca la memoria de las imputaciones que la CIA tuvo un papel central en el asesinato de Camarena Salazar, de quien temían iba a descubrir el entramado clandestino. La CIA, que no suele opinar sobre estos temas, siempre lo ha negado. La serie no es objetiva ni equilibrada, al apoyarse completamente en las afirmaciones de Héctor Berrellez, quien estuvo a cargo en un principio de la investigación del asesinato, y que gradualmente fue encontrando, para su sorpresa, el involucramiento de la CIA. Todo fue, sin embargo, de oídas, sin pruebas documentales. Bartlett jugaba un papel

central como miembro del crimen organizado, según un testigo de Berrellez, Víctor Lawrence Harrison, que manejaba las comunicaciones del Cártel de Guadalajara, que acusó al entonces secretario de Gobernación y hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, y a los entonces jefes de la DFS, de vinculaciones con el crimen organizado. Un juez en Los Angeles censuró el testimonio de Harrison en el juicio de Camarena, luego que llegara a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para eliminara su acusación a cambio de inmunidad.

El conflicto entre la DEA y la CIA no era nuevo, y se alimentaba de objetivos distintos.

La primera era policía, mientras la segunda atendía los asuntos de interés para la seguridad estadounidense. Chocaron en Colombia y Panamá, donde la DEA ganó la batalla al lograr el asesinato de Pablo Escobar y la captura de Manuel Antonio Noriega, que estaban en la nómina de la CIA. La perdieron en Honduras, donde la CIA organizó y armó a los contras. Y perdió en México con el asesinato de Camarena Salazar. La dinámica de confrontación se daba en los diferentes campos de batalla donde sus metas eran excluyentes.

The Last Narc nos estrella en la cara que este pasaje siniestro en la historia de la Guerra Fría en nuestra región, no lo hemos discutido debidamente. Bartlett es el mejor ejemplo, y sigue siendo poderoso y arropado por la impunidad. Pero él es sólo una pieza. El Estado mexicano no ha aireado lo que fuimos y lo que somos, donde por años los gobiernos, incluido el actual, no han querido abrir esa puerta. Quizás, porque todos saben que son culpables de algo y no quieren que se sepa.

Mejor el olvido, que rendir cuentas.

30 de septiembre de 2020 • https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-el-ultimo-narc/

El asesinato de Buendía 1

ER. TIEMPO: Aquella terrible noche de mayo.

La redacción de Excélsior se sacudió casi a las siete de la noche del 30 de mayo de 1984, cuando Luis Soto, colaborador de Manuel Buendía, le habló al director del diario en ese entonces, Regino Díaz Redondo, para informarle que lo acababan de asesinar. Quince días antes del crimen, después de una larga cena en el ya desaparecido restaurante Las Mercedes en la Zona Rosa, a escasas dos cuadras de su oficina, le dije: “Don Manuel, mejor me cruzo la calle porque es un peligro caminar junto a usted”. Todos rieron: Buendía y Fausto Fernández Ponte, quizás el corresponsal extranjero más aclamado de Excélsior, pensando que eso nunca sucedería. La mañana del jueves 31 de mayo empató con la realidad. Las ocho columnas en Excélsior, bajo mi firma, empezaban: “Manuel Buendía, el periodista que dedicó su vida a la defensa de las causas que carecían de voz, que abogó desde su tribuna contra los poderosos y los intocables con

una pluma crítica y honesta, fue acallado ayer por la tarde de cinco tiros por la espalda, uno de ellos al corazón. El más influyente columnista político de todos los tiempos moría tirado en una banqueta en la avenida Insurgentes, ante la vista morbosa de decenas de personas que no sabían la relevancia de ese crimen y lo que significó para la vida pública de México”. Buendía siempre llevaba una pistola con sus iniciales en la cintura, y solía decir entre sonriente y echado para adelante, como era: “A mí, para matarme, me tendrán que matar por la espalda, porque si me atacan de frente me llevaré a varios”. Buendía fue asesinado a la hora del crepúsculo por un agresor que, con indudable conocimiento que portaba un arma, le bajó la gabardina que llevaba puesta a la mitad de los brazos para inmovilizarlo y le disparó a quemarropa. La llamada de Luis Soto a Excélsior no fue la primera. Tan pronto le informó Juan Manuel Bautista, el ayudante en la oficina de Buendía, que coincidió con él a la salida, que el columnista estaba tendido en la calle con varios balazos, habló con Miguel López Azuara y Carlos Ferreyra, director y subdirector de Notimex, respectivamente, con los que también colaboraba, quienes le sugirieron le hablara a José Antonio Zorrilla Pérez, jefe de la Dirección

Federal de Seguridad (DFS), íntimo amigo de él, y cuya oficina estaba a escaso un kilómetro. Junto con Zorrilla Pérez, varios comandantes de la DFS llegaron en minutos a la oficina de Buendía y por órdenes del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, se llevaron expedientes del voluminoso archivo que tenía Buendía. Soto veía impotente lo que hacían los agentes de la policía política, que revisaban los cientos de expedientes que había archivado bajo la guía de Buendía y tomaban algunos.

En un momento me dio un fajo de expedientes, para que pudiera sacarlos y ponerlos bajo resguardo.

Era ilegal que hicieran eso, pero no importaba. Era un saqueo abierto que no tenía soporte jurídico alguno. Muchos años después, uno de los que ejecutó la orden reconoció, después de varias horas de insistirle, que la orden de hacerlo había provenido de Manuel Bartlett, en aquel entonces secretario de Gobernación. ¿Qué buscaban? Eso se comenzó a saber muchos años después.

DO. TIEMPO: Un irritante para los poderosos.

Cuando fue asesinado, Manuel Buendía acababa de cumplir 58 años. Muy pocos políticos, periodistas e intelectuales le regateaban méritos, aunque entre estos últimos estaba Julio Scherer, quien, sin embargo, acudió a la funeraria Gayosso en Félix Cuevas, la misma noche del crimen cuando lo velaron. Temido, pero respetado, su obsesión por encontrar todas las trampas que hacía el gobierno Continúa en la página Xxxx

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de Estados Unidos para someter a México llevó a John Gavin, entonces embajador del presidente Ronald Reagan, a referirse privadamente a él como Manuel Malanoche. Las relaciones de Buendía eran bastas en todos los niveles de la vida pública, aunque sobresalía la frecuencia con la que dos de los más notables secretarios de Estado en la historia de los gabinetes, Jesús Reyes Heroles de Gobernación, y Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, de Relaciones Exteriores, lo procuraban. Sus nexos con los hombres de poder nunca fueron de subordinación. En una ocasión, Buendía habló en su influyente columna “Red Privada”, que se publicaba en la primera plana de Excélsior, que el gobierno de José López Portillo preparaba un cambio en una política pública y prometía más detalles de lo que había averiguado en la segunda parte al día siguiente. El gobierno reaccionó. Reyes Heroles llamó al entonces director de Excélsior, Regino Díaz Redondo, y lo amenazó: “Si publican la segunda parte habrán revelado un secreto de Estado y el gobierno tomará represalias”. Díaz Redondo le habló a Buendía y tras comentarle lo dicho por el secretario de Gobernación, le dijo: “Son las cinco, don Manuel. Si a las siete usted no me ha hablado, publicaremos la segunda parte y afrontaremos las consecuencias”. Buendía habló a las siete de la noche para decirle a Díaz Redondo: “Va en camino otra columna”. Buendía era admirado, respetado y también odiado. Sus enemigos incluían personas e instituciones sobre las que había escrito de manera sistemáticamente crítica, aunque con nadie llegó a tener temores como con el organismo ultraderechista Los Tecos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tenía una organización secreta de choque. Su preocupación llegaba al extremo que cuando iba a Guadalajara, este era el único lugar donde lo protegía un equipo de seguridad. Los Tecos nunca hicieron nada contra él, y tampoco dejó de escribir sobre ellos. Guadalajara en esos años, se sabría años después, era un punto de enlace entre Estados Unidos y Centroamérica, por donde pasaban armas hacia la contra antisandinista que todavía hoy sigue siendo uno de los grandes misterios en torno al móvil del asesinato de Buendía. Otra figura poderosa, el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, lo amenazó públicamente, lo que motivó una movilización de apoyo que concluyó en una tumultuosa reunión en el hotel El Diplomático, donde estaba uno de los comederos más frecuentados por los políticos de la época, que se conoció como “el desayuno del desagravio”. Buendía tenía muchos flancos abiertos, con enemigos públicos, como los antes mencionados, al mercader de armas alemán, Gerhard Mertins o los servicios de inteligencia estadounidenses. La narcopolítica no estaba en el corpus nacional como lo está ahora, por lo que pareció en su momento de poca relevancia y riesgo que retomara en su columna lo que un mes antes de su muerte se había producido: una denuncia de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder. Esa noticia, que apareció en la segunda parte de la primera sección del diario, sería un punto de inflexión.

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ER. TIEMPO. Crimen de Estado. En abril de 1984, cuando se publicó en Excélsior la carta de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en la política, a Manuel Buendía le pareció un tema relevante y reprodujo la denuncia de los obispos. Buendía era un acucioso lector de periódicos y con una gran capacidad sináptica, de donde fluían muchas de sus columnas. Cuando se encontraba investigando un tema, Buendía solía retomar viejas columnas y les daba un contexto de coyuntura, para darse tiempo en lo que estaba trabajando. Las columnas previas a su asesinato tenían este formato, y nadie se imaginaba lo que aquella denuncia de los obispos del Pacífico, en “Red Privada”, había tenido. Esa publicación sacudió al interior del gabinete de Miguel de la Madrid. El 30 de mayo de 2007 publiqué en la columna “Estrictamente Personal” un informe secreto elaborado por un equipo de investigación, bajo la responsabilidad de Samuel del Villar, que era asesor de De la Madrid, quien afirmaba que el verdugo del columnista había sido un militar cuya orden de matarlo se dio tras una reunión presidida por el entonces secretario de la Defensa, el general Juan Arévalo Gardoqui, donde estuvieron presentes colaboradores del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, y un proveedor de armas de la Defensa, ante el temor, señalaba, que el columnista tuviera información del involucramiento de altos miembros del gobierno con el narcotráfico y la fuera a publicar. Aquel informe describió al ejecutor como un joven delgado y de corte militar, que era como habían descrito al asesino de Buendía testigos entrevistados por el reportero de Excélsior la noche del crimen. Nunca se mencionó a ningún militar involucrado en el homicidio, pero el informe de Del Villar tenía una foto del militar, presunto asesino material, cuyo cuerpo fue encontrado en Zacatecas con 120 puñaladas, tres días después de la muerte de Buendía. La fotografía del militar tenía una enorme semejanza con el busto construido a partir de los retratos hablados de los testigos del asesinato.

Eventualmente, el exdirector de la extinta Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, fue condenado como autor intelectual del crimen, y uno de sus agentes, Juan Rafael Moro Ávila, cuya fisonomía no cuadraba con la descripción del asesino que dieron varios testigos del crimen, fue sentenciado como autor material. El informe de Del Villar mencionaba a Ávila Moro como la persona que esperó en la esquina al asesino para ayudar en la huída en motocicleta, y días después, un reportero de Excélsior, Carlos A. Medina, amigo del influyente político y conocedor de las cañerías del país, Javier García Paniagua, recibió una llamada de él en la que le comentó que la motocicleta que se había utilizado en el crimen estaba estacionada en la Dirección Federal de Seguridad. Zorrilla fue detenido el 13 de junio de 1989, por el entonces procurador general de Justicia del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, y fue condenado a 35 años de prisión como autor intelectual del crimen. En septiembre de 2013 obtuvo el beneficio de la prisión domiciliar para cumplir el resto de su condena. Zorrilla Pérez ha guardado silencio sobre quién o quiénes fueron los verdaderos

autores intelectuales del crimen, pero siempre ha dicho que él no fue. Aquel asesinato fue un crimen de Estado en los prolegómenos violentos de la narcopolítica.

TO. TIEMPO: La respuesta de Morales Lechuga.

El 31 de mayo de 2017, el mismo día en que se publicó en “Estrictamente Personal” una versión aumentada de aquella original llamada “Crimen de Estado”, Ignacio Morales Lechuga, quien como procurador general de Justicia del Distrito Federal enfrentó a José Antonio Zorrilla Pérez acorralado en una casa, pero armado y dispuesto a suicidarse o matar a alguien, me envió una carta para refutar el informe secreto de quien había sido asesor del presidente Miguel de la Madrid, Samuel del Villar, sobre el asesinato de Manuel Buendía. En ella, afirmó: “Como responsable de la investigación, de todas las hipótesis que se agotaron por parte del Fiscal Especial, entre ellas, incluso la que mencionas, se llegó a la conclusión y se probó sin lugar a dudas que el autor intelectual fue José Antonio Zorrilla Pérez. No sólo eso, había un paralelismo en los actos previos, durante y posteriores al asesinato de José Esqueda, funcionario de la Secretaría de Gobernación (en la prensa política hace 20 años se reveló que Esqueda le había informado al secretario de Gobernación que el director de la DFS estaba involucrado con el narcotráfico) y compadre de Zorrilla Pérez. Ocho días antes del asesinato de Buendía, su oficina fue revisada y cateada por personal (supongo de la DFS) que buscaba información que no encontró. Asimismo, en uno de los edificios de Insurgentes, cercano a la oficina del periodista, se montó una guardia y vigilancia para interceptar ilegalmente conversaciones telefónicas y control visual de los movimientos de Buendía, circunstancia que fue conocida y comprobada en el propio expediente”. Fuera de la investigación oficial, agregó Morales Lechuga, “un comandante que fue del Servicio Secreto presenció los hechos a corta distancia, confirmó que los asesinos materiales fueron los que aparecen en el expediente y, por otra parte, el día de la detención, le cuestioné a Zorrilla Pérez sobre la posibilidad de otros involucrados, como algún secretario de Estado, y él negó su propia autoría y la participación de cualquier otro participante. Sí mencionó el nombre de un testigo que dijo había visto militares en motocicletas el día de los hechos, el testigo fue localizado en Pachuca y presentado”. Morales Lechuga remató su carta subrayando que su relato se basaba en hechos, no en especulaciones, “provenientes incluso de una comisión que de haber existido y ser ordenada por el presidente De la Madrid, no tenía competencia alguna para investigar los hechos”.

TO. TIEMPO: Lo que piensan en Estados Unidos. El documental de Manuel Alcalá, Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?, enfatiza en hipótesis de que el columnista fue asesinado porque tenía información sobre un acuerdo secreto entre

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Estados Unidos y México que, con apoyo del Cártel de Guadalajara, introducían armas a la contra antisandinista a cambio de que les dejaran pasar droga a aquella nación. En esa época, la Enmienda Boland le impedía al gobierno de Ronald Reagan enviar ayuda militar a Centroamérica, por lo que buscaron vías alternas de manera ilegal, como se reveló en el llamado escándalo del Irán-Contra. No es una versión nueva. Años antes, cuando liberaron a Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del Cártel de Guadalajara, la cadena de noticias Fox afirmó en su emisión del 10 de octubre de 2013, a días de aquel momento que enfureció al gobierno estadounidense, que en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, por el cual estaba en la cárcel Caro Quintero, habían participado agentes de la CIA. La conexión había sido sugerida por Buendía y varios columnistas mexicanos en los 90 y a principio de este siglo, a partir de una declaración ministerial de Lawrence Victor Harrison, abogado estadounidense que vivió en la casa de Ernesto Fonseca, otro coacusado del asesinato de Camarena Salazar, y cercano a Caro Quintero.

En su testimonio narró varios pasajes de cómo el Cártel de Guadalajara, junto con su socio hondureño, Juan Ramón Mata Ballesteros, llevaban las armas que enviaba el gobierno de Estados Unidos a la contra en Honduras y Nicaragua, en un intercambio para que les permitieran introducir drogas a esa nación. Harrison señaló a dos secretarios de Estado en ese momento, Juan Arévalo Gardoqui, de la Defensa Nacional, y Manuel Bartlett, de Gobernación, de estar coludidos en la red criminal en la que participaron dos gobiernos. Mencionó también a agentes de la DFS acusados del asesinato material de Buendía como parte de ese entramado de narcopolítica. ¿Iba a publicar Buendía la conexión de ambos gobiernos con el Cártel de Guadalajara, del intercambio de drogas y armas para la contra antisandinista? Existen pruebas, en algún lugar, que Buendía tenía esa información, y que la Secretaría de la Defensa ayudó al gobierno de Reagan enviando armas bajo su consigna a otras naciones calientes en esos tiempos de la Guerra Fría. El expediente de Buendía sigue abierto, pese a que oficialmente se ha cerrado en México, como abierto está el caso del asesinato a Camarena, por el cual Bartlett sigue siendo un objetivo de los fiscales estadounidenses.

22 julio 2021 • https://www.ejecentral.com.mx/ayuda-de-memoria-el-asesinato-de-buendia/

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El Presidente contra la DEA

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l presidente Andrés Manuel López Obrador ve a la DEA según la óptica ideológica del momento. Si se trata de la captura del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es consecuencia de la corrupción en el gobierno de Felipe Calderón, pero si se trata de la detención del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, es una violación a la soberanía nacional. El doble discurso es notable, pero en medio de las contradicciones permeadas por su agenda política, López Obrador tiene razón en la forma como descaradamente Estados Unidos se entromete regularmente en los asuntos internos de México, y se debe frenar.

Pero antes se requieren certidumbres. No sabemos si el Presidente habla en serio, o sólo grita para sus audiencias domésticas; si está determinado a tomar medidas concretas al respecto, o volverá a agacharse cuando el presidente Donald Trump lo vuelva a ver feo. ¿Está dispuesto finalmente a defender a México, y dejar de entregarse a los deseos estratégicos del jefe de la Casa Blanca? Si el tono de su indignación es real, tendrá el apoyo de muchos; si es una molestia pasajera, pese al machetazo que le propinaron en las piernas que sostienen buena parte de su gobierno, seguirá acumulando el desprecio de quienes pensamos que hincarse ante Estados Unidos es inaceptable.

López Obrador es el Presidente más entreguista que ha tenido México en la memoria, bajo el argumento que no quiere

pelearse con Trump para que no tome decisiones que afecten su proyecto de reforma.

Desconoce que hay otras formas de evitar un conflicto sin tener que ser genuflexo, y aunque es tarde para esconder el polvo de las rodillas, es un buen momento, pertinente, para corregir.

Lo primero, por ejemplo, instruir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pedir explicaciones al embajador Christopher Landau, el diplomático más intervencionista que ha representado a Estados Unidos desde John Gavin, en el gobierno de Ronald Reagan, del por qué México fue mantenido en completa oscuridad sobre la investigación y posterior captura del general Cienfuegos. Lo que hizo el Departamento de Justicia fue una cachetada a López Obrador, que presume de tener una buena relación con Washington. Cuando detuvieron a García Luna avisaron con una antelación de 10 minutos antes de que lo aprehendieran, pero les habían comunicado con anterioridad que lo estaban investigando y pedían la colaboración del gobierno mexicano.

También podría el Presidente, ya que anda pidiendo por todos lados que ofrezcan disculpas a México por lo que hicieron otras naciones intervencionistas en el pasado,incluir a Estados Unidos, que se quedó con más del 50% de territorio mexicano en el Siglo XIX, que ha invadido nuestro país en dos ocasiones y que ha realizado —al menos en el recuento del historiador Gastón García

Cantú—, 156 intervenciones. Simbólicamente, López Obrador parecería justo al reclamar a quien más ha golpeado a México como nación, y que hoy en día ignora para evitar que le den de manotazos en la Casa Blanca.

En términos de la real politik, López Obrador puede hacer otras cosas importantes sin tener que andarlas ventilando en la mañanera, donde se socializan acciones que se quedan en demagogia y propaganda, sin corregir el fondo de las cosas. Una de ellas es quitarle lo hablador a Landau, y que cada vez que se meta en los asuntos internos, sea llamado a la Cancillería para reconvenirlo. Si insiste, elevar el reclamo al Departamento de Estado.

Con respecto a la DEA, López Obrador debe preguntar sobre el expediente que tiene el gobierno mexicano, donde verá que después del secuestro del doctor Humberto Álvarez Machaín, relacionado con el asesinato de su agente Enrique Camarena Salazar, el gobierno de Miguel de la Madrid exigió que los agentes de la DEA fueran registrados como tales en la lista diplomática oficial. Relaciones Exteriores y la Fiscalía saben a detalle cuántos, quiénes y dónde se encuentran los agentes de la DEA en México, y una señal de molestia real sería, con discreción, expulsar de este país al jefe de la agencia antinarcóticos por haber violado los convenios de colaboración bilateral y embarcarse en una clara acción de espionaje.

López Obrador debe cuidar su lenguaje

público, si está hablando en serio, porque con esas bravuconadas mañaneras, lejos de resolver las cosas, lo toman como alguien ridículo. México y Estados Unidos tienen hace muchos años, como todas las naciones en sus bloques de intereses comunes, una estrecha relación en temas de inteligencia y seguridad, donde comparten información. Eso no puede frenarse porque va en contra de los intereses mexicanos y en particular de su gobierno. Sin información de Estados Unidos, una buena parte de su combate a la corrupción se truncaría. Por lo mismo, el fondo no es romper con Estados Unidos, sino evitar los abusos, que se acrecentaron desde el gobierno de Vicente Fox, y que rompen los parámetros de la cooperación bilateral.

El Presidente tiene la autoridad política y moral para ejercer esa presión y poner límites a sus actividades en México. Sin embargo, hay asegunes. La razón por la cual lo mantuvieron en ascuas sobre lo que iba a suceder con el general Cienfuegos y que Estados Unidos intervenga conversaciones telefónicas desde su territorio —para darle la vuelta legalmente al espionaje—, es porque no creen que el gobierno mexicano, y en particular López Obrador, esté combatiendo al crimen organizado. Como está en los documentos del caso Cienfuegos, creen que lo que se brinda es protección.

La percepción no se cambia con gritos en las mañaneras, sino con acciones concretas. Si existe respeto y para que esas acciones extralegales de los servicios policiales y de inteligencia cesen, debe probar que se encuentra en la misma línea de combate a la delincuencia organizada trasnacional que el mundo, y no del otro lado de la trinchera, como aparentemente lo ha estado hasta ahora.

21 octubre 2020 •https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-el-presidente-contra-la-dea/

Bartlett en capilla E l diablo está en los detalles. Ayer un reportero de Proceso le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la investigación abierta en contra de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por el caso Camarena, donde testigos del caso lo señalan como participante presencial en la planeación y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. El presidente respondió: “Independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el licenciado Bartlett, lo que es evidente, público y notorio, es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios”.

La minucia fina de su declaración es que no hizo una defensa a ultranza de su colaborador, como suele hacer, y dejó abierta la posibilidad de que sea culpable.

Propaganda aparte, hay un trasfondo de su dicho este jueves. En el corazón de Palacio Nacional, el tema de Bartlett fue un tema que

abordó el presidente con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a finales de mayo, después de que el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, publicó fragmentos inéditos y extraordinarios del expediente de Camarena Salazar, torturado y asesinado por el Cártel de Guadalajara, que revelan que el director de Bartlett estuvo en la casa donde torturaron y mataron a Camarena el 7 de febrero de 1985, el mismo día que lo privaron de su libertad y de haber participado en reuniones previas al asesinato.

Las acusaciones nunca habían sido tan detalladas como hasta ese momento, pese a que en 1990 Víctor Lawrence Harrison, un testigo protegido de la DEA, describió en un tribunal de Los Angeles el involucramiento de Barlett con el Cártel de Guadalajara, su participación en el asesinato de Camarena y además, de Manuel Buendía, el columnista político más importante en México de los últimos 50 años, por quien pagaron con la

cárcel los más altos jefes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que respondía al secretario de Gobernación, el hoy director de la CFE. La publicación de esos fragmentos prendió el semáforo rojo en la cancillería. Ebrard le recomendó que no hiciera una defensa de Bartlett antes de que se iniciara el proceso en Estados Unidos y le notificaran al gobierno mexicano. Lo que inexplicablemente no precisó Ebrard, es que el caso no iba a iniciar porque en realidad no ha cerrado. El presidente difícilmente leyó el texto de Esquivel, pero el canciller o entendió mal o le faltaba contexto. De cualquier forma, la preocupación del presidente giraba en torno a los problemas que podría atraerle a Bartlett, quien es uno de sus principales aliados.

El primero de junio pasado se publicó en este espacio que la entrega de esos fragmentos a Esquivel, confirmados por funcionarios con conocimiento del expediente, era la respuesta de la DEA a los ataques de López Obrador contra la agencia, en el contexto de un renovado interés prioritario del gobierno de Estados Unidos contra la violencia del crimen trasnacional. En las últimas tres semanas, la vicepresidenta Kamala Harris, los directores de la CIA, el secretario de Continúa en la página Xxxx

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Seguridad Territorial, Alejandro Mayorkas, y altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional encargados de México, estuvieron en México, donde abordaron un tema que mostró en dónde hay una preocupación unánime en Washington, el incremento del narcotráfico a través de la frontera común —en particular el fentanilo, que cruza por tierra—, y la posibilidad de que gobiernos hostiles a Estados Unidos u organizaciones terroristas puedan utilizar las redes y logística de los cárteles mexicanos para atacar a esa nación.

El tema de Bartlett, como había sugerido Ebrard, no había sido tratado por el presidente hasta este jueves, donde no surgió de un planteamiento de alguno de aquellos que son usados por su vocero presidencial para

desviar un tema o hacer novedoso otro con el fin de atacar a quien en ese momento tenga en la mira. Un periodista de Proceso fue quien obligó a López Obrador a hablar sobre el problema que tiene Bartlett con la justicia estadounidense, en donde no fijó postura sobre su cullpabilidad o inocencia, pero sí buscó ubicar todo dentro de su narrativa.

“Cada vez que lo consideran necesario, sacan el expediente”, dijo el Presidente. “Y no sólo eso, para afectar al licenciado Bartlett, sino para afectarnos a nosotros. Tiene que ver con el descrédito a nuestro proyecto; es parte de la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación…. Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de interés creados”.

No hay duda de que Bartlett ha enfrentado resistencias de la industria eléctrica, particularmente porque ha violado acuerdos, normativas y leyes acordadas internacionalmente, pero en el caso particular que le fue presentado al presidente, se trata de otra cosa. No tiene que ver con la energía eléctrica lo que publicó Proceso, sino con un ajuste de cuentas contra López Obrador, que hace unos meses amenazó con expulsar a la DEA de México y obligó a los servicios policiales y de inteligencia de ese país, informar al gobierno de sus actividades y contactos.

La DEA encontró el pretexto perfecto para protestar las acciones de López Obrador en Bartlett, quien para el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado con el Cártel de

Guadalajara y fue actor de primera línea en el asesinato de Camarena Salazar. El presidente dijo el jueves que si tenían pruebas contra él, que las presentaran. No se da cuenta que ya tienen suficiente información contra Bartlett, acumulada durante más de tres décadas, y que tienen una escopeta sobre la cabeza del director de la CFE que pueden disparar en cualquier momento, afectando por igual al funcionario como al Presidente, al lastimar a su grupo radical contra la reforma energética y su desmantelamiento legal.

Al Presidente le importa tanto esto como Bartlett, pero es rehén de los tiempos y cálculos políticos del gobierno de Estados Unidos, aunque no se hayan dado cuenta en Palacio Nacional.

18 junio 2021 • https://www.ejecentral.com.mx estrictamente-personal-bartlett-en-capilla/

La pax narca E

l misterio sobre lo que sucedió la noche del domingo 14 de agosto de este año en Puerto Vallarta empieza a develarse. No fue una operación para detener a Jesús Alfredo Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, como se afirmó en un principio, sino para capturar al operador financiero del Cártel del Pacífico, que estaba con él.

Está confirmado que quienes realizaron la privación de la libertad de ellos dos fueron miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos vínculos conectan con exescoltas del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, al servicio del narcotráfico.

Pero si el misterio se empieza a aclarar, los motivos detrás de aquella operación siguen intrigando a las autoridades. ¿Cuál fue la razón de esa privación de la libertad? ¿Qué buscaban?

Si el hijo de El Chapo fue liberado, ¿qué sucedió con el operador financiero identificado por las autoridades únicamente por sus apellidos, Jiménez Fernández? ¿Qué le hicieron a Juan Daniel Calva, exmiembro del Ejército, y escolta del joven Guzmán, a quien también se llevaron esa noche? Los tres estaban en el restaurante La Leche, a donde llegaron gradualmente entre las 22:00 y las 23:50 horas las 16 personas que celebraban una fiesta, sin despertar la atención de nadie, sin guardaespaldas, ni armas. El comando entró al restaurante 10 minutos pasada la medianoche, la madrugada del lunes 15, por dos puertas, y uno de los atacantes les ordenó tirarse debajo de la mesa. Los atacantes buscaban a una persona en particular, y por esa razón separaron a Guzmán y a otra persona que la DEA identificó erróneamente como Iván Archivaldo Guzmán, el hijo mayor de El Chapo, quien en realidad era Jiménez Fernández, según la investigación. Son ellos quienes en fragmentos videograbados de las cámaras del restaurante, se ven hincados. En ese momento, uno de los primeros hombres que entró

armado preguntó a uno de sus cómplices: "¿Quién es?" Al señalarle a Jiménez Fernández, el mismo hombre le dio una patada en el estómago que lo hizo doblar.

Jiménez Fernández fue al único que maltrataron. Después de ser golpeado en el suelo, y tener bajo control el lugar, una persona alta, con sobrepeso, en bermudas y huaraches, entró al restaurante a verificar que tenían a la persona buscada.

Esa persona fue identificada por los investigadores por su apodo, El Teniente, sobrino de Rafael Caro Quintero, uno de los capos legendarios del narcotráfico, actualmente prófugo.

La operación concluyó tres minutos con 14 segundos después de iniciada, cuando El Teniente sacó a rastras a Jiménez Fernández del restaurante. Ninguno de los miembros del comando procuró siquiera taparse la cara para no ser identificado.

Actuaron con prisa pero sin apresurarse. La Policía Municipal no se encontraba cerca y llegó 17 minutos después de que se fue el comando con sus víctimas, tras una llamada anónima de robo y una posterior de secuestro. El Teniente y el resto del comando se llevaron a cinco personas en dos camionetas blancas, una Suburban y una Takoma, resguardados por otras cuatro camionetas, una Land Rover, una Cherokee, una Honda y una Escalade, que encontradas horas después, aportaron información importante a la investigación. Las evidencias dentro de las camionetas condujeron a la identificación de Juan Ramón Martínez, vinculado a una empresa llamada Corporativo Seguridad Pública, con oficinas centrales en Nayarit –una empresa con nombre similar tiene su sede en Tamaulipas.

Martínez fue escolta del exgobernador González Márquez, al igual que Rodrigo Córdova, cuñado del propietario oficial de la compañía nayarita, Manuel Jacobo Díaz. Puerto Vallarta

se encuentra en los límites con Nayarit, donde el Cártel del Pacífico, pero en especial El Chapo Guzmán y sus viejos socios, los hermanos Beltrán Leyva, reclutaban a sus escoltas.

Todos ellos pertenecieron en algún momento a la misma organización criminal del Pacífico, antes Sinaloa y previamente conocida como el Cártel de Guadalajara –pese a que todos ellos eran sinaloenses–, que se fue fracturando. La primera gran escisión, en enero de 2008, fue entre los Beltrán Leyva y los entonces jefes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo. La segunda, a decir por el operativo en La Leche, es reciente, entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, que nació de la mano de Guzmán, y el del Pacífico, aunque las autoridades aún no descubren las razones por el conflicto con Caro Quintero, asociado y cercano a Zambada y a otros líderes del narcotráfico en Sinaloa. Las investigaciones muestran que el objetivo de la acción en La Leche nunca fue el joven Guzmán, a quien se llevaron por equivocación y provocó una enorme tensión en las cañerías del cártel, hasta que se negoció su liberación sin consecuencias aparentes para nadie por el error. No se sabe hasta ahora, sin embargo, qué sucedió con Jiménez Fernández, Calva y otras dos personas que también fueron privadas de su libertad esa noche, ni por qué el interés era en el operador financiero del Cártel del Pacífico. Los investigadores creen, como hipótesis, que hubo una recomposición del liderazgo y territorios dentro de la organización, aunque no tienen claro cómo finalmente se arreglaron, que es lo único en lo que tienen certeza, porque después de aquella privación de la libertad no hubo matanzas, ni venganzas. Sólo un silencio de armas, como si entre ellos, todo hubiera quedado claro.

30 septiembre 2016• https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/la-pax-narca/

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Sin capitán de barco E

l asesinato de Javier Valdez Cárdenas esta semana, fue el catalizador de que algo está sucediendo en la guerra contra el narcotráfico. No está claro qué es, pero que enseña que esa lucha no puede seguir analizándose con las categorías hasta ahora utilizadas. El asesinato de Valdez Cárdenas fue producto de una inteligencia criminal diferente. El fundador y director del semanario sinaloense Ríodoce no firmaba los textos más penetrantes sobre el narcotráfico, por lo que la hipótesis sobre el qué había escrito para buscar pistas sobre presuntos asesinos es endeble. Es decir, pese a haber realizado una crónica a través de varios libros sobre el narcotráfico, no estaba directamente en la línea de fuego. Sin embargo, el respetado periodista, galardonado internacionalmente, era un símbolo en esta profesión que sobrevive en el ecosistema de la violencia y la inseguridad, por lo que se puede argumentar que el crimen fue contra un objetivo de alto impacto, bien pensado para que sacudiera todas las estructuras.

Así fue. La posición de la Fiscalía de Sinaloa que tiene como principal línea de investigación el que haya sido un robo de auto, no se sostiene: le dispararon 12 tiros de cuando menos dos calibres diferentes, lo que habla de al menos dos asesinos quienes, lo más importante, nunca intentaron llevarse el vehículo. El crimen generó, como no había sucedido desde el

asesinato de Manuel Buendía en 1984, un sentimiento de indefensión e impotencia en el gremio, particularmente entre aquellos que, a diferencia de los charlatanes y oportunistas en la profesión, saben cuando las amenazas y los entornos significan algo. El crimen de Buendía fue en un inefable mayo, al cerrar un mes de inestabilidad política originado en Estados Unidos con denuncias nunca probadas de desvío de dinero del entonces presidente Miguel de la Madrid, y pocas semanas después de que el columnista había retomado una denuncia de los obispos del Pacífico donde alertaban que las estructuras políticas estaban coludidas con el crimen organizado.

Ese crimen abriría una década de turbulencia narcopolítica. Casi una década después fue asesinado en Guadalajara el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, durante un extraño intento de asesinato de Joaquín El Chapo Guzmán, por parte de matones de los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana. Posadas Ocampo fue acribillado en el aeropuerto de esa capital, a donde había ido a recoger al nuncio apostólico, Girolamo Prigione, quien lo iba a acompañar a la inauguración de una mueblería de un amigo del obispo, Eduardo González Quirarte, lugarteniente de Amado Carrillo, el inmortalizado —por las telenovelas— Señor de los Cielos, y quien era el encargado del Cártel de Juárez para penetrar y reclutar a generales.

Visto en la línea de tiempo histórica, el crimen Buendía comenzó una década de turbulencia, donde los sobresalientes de esa época incluyeron el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que había infiltrado al Cártel de Guadalajara, por lo que sus jefes, Rafael Caro Quintero –a quien la PGR en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no actuó para impedirle que recuperara su libertad por un tecnicismo jurídico—, y Ernesto Fonseca, quien logró del Poder Judicial su liberación anticipada por enfermedad, y la irrupción maldita del narcotráfico en el Ejército, con la compra de protección del general de tres estrellas, Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era el zar contra las drogas en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Esa época trajo el magnicidio del candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Durante esos años, las instituciones se fueron debilitando y los cárteles de la droga fortaleciéndose y penetrando las estructuras políticas nacionales.

Lo que se sembró en aquellos años llegó a niveles de rebase en el gobierno del presidente Vicente Fox, donde Michoacán y Tamaulipas se habían convertido prácticamente en narco estados, lo que detonó la guerra contra las drogas en el gobierno del presidente Felipe Calderón. La llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia trajo consigo una gran

estrategia de lengua que se hizo añicos en el primer año de administración, y un rezago en la lucha contra la delincuencia organizada. El asesinato de Valdéz Cárdenas se inscribe en el desbordamiento en el que se encuentra el gobierno frente a los criminales, y la notable falta de estrategia para combatirlos, pero no sólo como consecuencia de la ineptitud en materia de seguridad pública, sino como un desafío al Estado mexicano.

Ese es el algo que no se puede definir pero que existe, que cambió la dinámica del crimen organizado y, por tanto, también deberían de cambiar las formas de combatirla. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, estuvo en Washington este jueves para concretar una nueva estrategia con Estados Unidos en este campo, donde se abordará el fenómeno desde el punto de vista del negocio que representa, para atacarlo en todas sus facetas. Será un combate integral —económico, financiero y social— que deje atrás el énfasis policial de Calderón. Pero un día antes, en respuesta a las presiones por el asesinato de Valdéz Cárdenas, Peña Nieto anunció un paquete de medidas para proteger a periodistas que sólo tiene medidas policiales. La transversalidad acordada por Videgaray en Estados Unidos, fue ignorada por un Presidente que, o no entiende lo que le plantean, o no escucha lo que le dice su canciller. En todo caso, qué preocupante. El barco no tiene capitán.

19 mayo 2017 •https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-sin-capitan-de-barco/

Asesinato en Cajeme

A

tres semanas de las elecciones, Abel Murrieta, aspirante a la alcaldía de Cajeme, fue asesinado el jueves a plena luz del día mientras hacía proselitismo, en uno de los cruceros más transitados de Ciudad Obregón. Murrieta era muy respetado en Sonora, donde fue procurador durante dos gobiernos, y también el abogado de la familia LeBarón en el caso de la masacre contra nueve de sus miembros en 2019 en Bavispe. El crimen cimbró a los sonorenses y conmocionó a la sociedad política del país, que vive el proceso electoral más violento de la historia.

Le dispararon 10 balazos, dos de ellos a la cabeza, y sus asesinos huyeron en una camioneta blanca X-Trail, donde lo esperaba un tercer participante en el atentado. Autoridades federales revelaron que fueron dos tiradores, uno con una camiseta de color gris y otro con una de color blanco, con gorra de beisbolista de color negro ambos, que se aproximaron caminando al cruce en donde se encontraba Murrieta, cerca de las cuatro de la tarde con 40 minutos, mientras la camioneta en donde escaparon, se empezó a acercar al punto de extracción 10 minutos después.

La identificación de la camioneta y los perfiles de los asesinos permitieron a las autoridades federales establecer la primera línea de investigación del crimen, que apunta la autoría intelectual de Isidro Meza Flores, más conocido como El Chapo Isidro, que trabajó bajo las órdenes de Joaquín El Chapo Guzmán, y de quien se desprendió para formar su propia organización, Los Mazatlecos, hasta vincularse con el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, que rompieron con el Cártel de Sinaloa en 2008.

Meza Flores tiene una disputa añeja con Los Salazar que operan junto a los hijos de El Chapo Guzmán, y dominan el narcotráfico en Sonora.

No había relación entre Los Salazar y Murrieta, de acuerdo a lo que han establecido las autoridades, pero sí vínculos circunstanciales. A Los Salazar se le atribuye el asesinato del reportero del periódico El Imparcial de Hermosillo, Alfredo Hernández, que investigaba sus nexos con el Cártel de Sinaloa en 2005, y como procurador de Sonora, Murrieta investigó aquel crimen que todavía sigue sin resolverse.

La violencia en Sonora no es nueva, pero en Continúa en la página Xxxx

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los dos últimos años se incrementó con el apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación a El Chapo Isidro. Las organizaciones criminales en el estado se han desdoblado, y en el fondo, dicen autoridades federales, está la disputa por Sonora, en donde se ha involucrado Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del extinto Cártel de Guadalajara, de donde surgieron los capos de Sinaloa —y también los que crearon y empoderaron al Jalisco Nueva Generación—, que forma parte del mando jerárquico del Cártel de Sinaloa.

Parte del desdoblamiento que añade complejidad al fenómeno del narcotráfico en Sonora es el otro conflicto que libra El Chapo Isidro con la organización criminal ligada a Caro Quintero conocida como Los Antenas, que encabeza Alfredo Olivas, El Chapo Alfredo, quien a través de su jefe de sicarios, Francisco Javier Meraz, El Antena de Bacum, una comunidad yaqui en el sur de Sonora donde controlan la mariguana, infiltró a parte de los grupos de ese pueblo originario, y de acuerdo con funcionarios federales, están detrás de los retenes con los cuales varios grupos yaquis realizaron bloqueos como presión para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atendiera sus demandas para garantizar la conservación de agua y tierras. Y lo lograron. En octubre firmó el decreto.

El asesinato de Murrieta no fue aislado en esta batalla entre cárteles. La Mesa de Seguridad y la Paz en Sonora concluyó que fue “un ataque planeado y directo contra el candidato”. No hay móvil todavía, aunque en Sonora

señalan que en las vísperas había dicho que lo habían amenazado de muerte. Este crimen ha hecho voltear a Sonora, tan lejos del Centro y tan cerca del infierno.

Los homicidios dolosos (mil 584) se incrementaron el año pasado 17% con respecto a 2019, reportaron recientemente los Comités Ciudadanos de Seguridad de Sonora y Hermosillo, y Ciudad Obregón, reveló el WorldAtlas, es la vigésima ciudad más violenta en el mundo —la octava de México—, con una tasa de 52 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Varios expertos consideran que la cifra está subestimada ahí, y en el estado.

Ciudad Obregón figura en las estadísticas del crimen, pero no está Caborca, el municipio de mayor crecimiento de violencia el año pasado, con un incremento en homicidios dolosos de 387% con respecto a 2019. La plaza, históricamente controlada por el Cártel de Sinaloa, como el resto de Sonora, está ahora en una disputa interorganizacional entre Los Salazar y Caro Quintero, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha incrementado su influencia de Bavispe, donde asesinaron a los miembros de la familia LeBarón a Agua Prieta, una importante ruta del fentanilo.

›La violencia en Sonora

y en el país es incontenible.

La estrategia de seguridad diseñada por Alfonso Durazo, primer secretario de Seguridad Pública federal y hoy candidato a gobernador de ese estado, fue un fracaso.

En dos años y medio de gobierno de López Obrador, según la consultora TResearch, el total de homicidios dolosos —83 mil 311 hasta el 14 de mayo—, sumaron 19 mil 563 más que durante toda la presidencia de Enrique Peña Nieto, 37 mil 975 más que en todo el gobierno de Felipe Calderón, y superaron por 59 mil 299 a los registrados durante toda la administración de Vicente Fox. Se desconoce qué motivó el ataque en Cajeme, quedando en el aire la pregunta si El Chapo Isidro quiso calentar la plaza controlada por Caro Quintero a través de Los Antenas para debilitarlo en su lucha por todo Sonora. En cualquier caso, el asesinato de Abel Murrieta no es un recordatorio de lo que vivimos, sino una ratificación de cómo el país se ha dejado a merced de los criminales.

17 mayo 2021 •https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-asesinato-en-cajeme/

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omo seguramente lo hicieron sus antecesores, Andrés Manuel López Obrador quiere trascender como un gran Presidente. Es una ambición legítima que muy pocos han logrado en la Historia. El deseo claro de López Obrador, sin embargo, no empalma con algunas de sus decisiones, como el que este viernes regrese a Badiraguato, en Sinaloa, cuna de los más importantes narcotraficantes de México. No es uno de esos momentos que lo trasladarán épicamente a las páginas de los libros de Historia de México, a menos claro, que el Cártel del Pacífico sea quien los escriba.

Pero ante esa bajísima probabilidad, ¿por qué va el Presidente a ese municipio? Oficialmente, para supervisar la obra de una carretera, que habían programado como visita “privada”. Un Presidente no supervisa obras secundarias, pero López Obrador decidió con este acto equipararla con los megaproyectos que visita regularmente. Hacerlo inicialmente en lo oscurito, parecía avergonzarlo de hacerlo, o buscaba privacidad para algún encuentro que quisiera en ese municipio, pero se tuvo que hacer pública ante revelación de lo que pretendía.

A López Obrador y a su vocero Jesús Ramírez Cuevas, que tanta atención le prestan a las redes sociales, Badiraguato y Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los hijos pródigos del municipio, fueron trending topics en las redes sociales, pero por las razones contrarias. Una, no expuesta en las plataformas digitales, es lo que significa entrar a Badiraguato, donde a diferencia de muchas otras comunidades en el país, no es nada sencillo. Es la cuna de muchos de los narcotraficantes más célebres en la historia mexicana, lo que no es algo fortuito: desde hace casi 100 años, se cultiva opio y se exporta a Estados Unidos. Badiraguato es una de las puertas puerta al llamado “Triángulo Dorado”, entre Sinaloa, Durango y Chihuahua,

Secuela del culiacanazo

E

l momento que define hasta ahora el fracaso del combate al crimen organizado del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el 17 de octubre de 2019, cuya historia aún tiene varios capítulos por contarse y la consecuencia de las decisiones tomadas en Palacio Nacional aquella tarde, aún no se alcanzan a ver en toda su dimensión porque siguen generando secuelas. La última: Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien el Presidente ordenó liberar para evitar una matanza en Culiacán, pero jamás instruyó para que fueran tras él para capturarlo, reapareció esta semana cuando un grupo a su mando inició una guerra contra bandas criminales rivales, para quedarse con el narcomenudeo en la Ciudad de México.

La nueva iniciativa criminal quedó al descubierto el martes, cuando la célula de Guzmán, que

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equiparado así por las autoridades estadounidenses con el “Triángulo Dorado” de Laos, Myanmar y Tailandia, otra región de fuerte producción de opio en la década de 1970.

Llegar a Badiraguato no es sencillo, no solamente por lo sinuoso de los caminos —aunque otro de sus hijos pródigos, Rafael Caro Quintero, construyó una carretera que lo conectaba con Culiacán, a 80 kilómetros de distancia—, sino porque es una zona profundamente inmersa de narcotráfico como la mariguana, de donde se estima que el Cártel del Pacífico saca sus gastos de operación cotidiana, por lo que hay halcones sembrados en todo el camino, y para visitas como las del Presidente, se tiene que pedir permiso. Son reglas no escritas que se cumplen o se atiene uno a las consecuencias.

No se sabe cómo lo ha logrado López Obrador, aunque en esta ocasión tiene a su lado a un oriundo de Badiraguato: Rubén Rocha Moya, gobernador electo de Sinaloa, que compitió por Morena en un proceso salpicado de denuncias por la participación del narcotráfico a su favor.

Rocha Moya es contemporáneo de otra de las celebridades negras del municipio, Juan José Esparragoza, El Azul, uno de los narcotraficantes con el cual casi todos los capos de las drogas en el país, —aún quienes estaban enfrentados—, hablaban con él como un consigliere. Los dos nacieron ahí en 1949, cuando la población apenas superaba los 14 mil. Otro de sus contemporáneos, Caro Quintero, nació tres años después.

No tiene mucho tiempo que el Presidente

visitó Badiraguato, lo que le generó un escándalo que lo persigue. Fue a finales de marzo del año pasado, cuando López Obrador detuvo su camioneta para saludar de mano a la madre de El Chapo Guzmán. No se sabe si fue espontáneo o negociado, pero ahí estaba convenientemente el abogado en México del narcotraficante, que le entregó una carta de doña María Consuelo Loaera, quien le pedía que interviniera ante el gobierno de Estados Unidos para lograr la repatriación de su hijo.

López Obrador instruyó públicamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al entonces titular de Hacienda, Arturo Herrera, junto con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, reunirse con los abogados del criminal, quienes, según la misiva, les aportarían pruebas para demostrar que "había sido entregado ilegalmente" a las autoridades de ese país.

Se desconoce qué sucedió con esa gestión, y tampoco se sabe si esta nueva visita servirá para otro encuentro con la madre de El Chapo Guzmán.

La señales que da el Presidente con los cárteles de las drogas son muy negativas. Previo a su primera visita como jefe de Estado al corazón mediático del narcotráfico en México, el presidente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, quien había sido detenido por una unidad especial de la vieja Policía Federal apoyada por el Ejército, por una petición de extradición del gobierno de Estados Unidos. La liberación fue muy polémica, no sólo por la

Foto: Cuartoscuro

Visita a Badiraguato Alto riesgo. El mes pasado, el presidente López Obrador minimizó el hecho de que reporteros hayan sido interceptados en un retén de hombres armados, en Badiraguato. violación a la ley en que incurrió el propio Presidente, sino por los motivos reales que lo llevaron a la decisión de soltarlo.

La versión oficial fue que ante el desastre de una organización fallida de los militares —como si quisieran que se fracasara—, se optó por liberarlo en lugar de provocar una matazón. Se puede aceptar ese argumento en principio, pero se cae al saberse que el joven Ovidio salió de Culiacán con las escoltas del Cártel del Pacífico sin que lo siguiera nadie, ni se intentara una nueva operación de captura o tampoco se le fincara alguna responsabilidad. Los mensajes en Twitter de uno

de sus hermanos donde amenazaba con exhibir pagos para la campaña presidencial si no lo liberaban, pasaron desapercibidos.

Qué sucedió el 17 de octubre en Culiacán, aún no sabemos lo suficiente, pero es uno de los episodios más oscuros de la Presidencia de López Obrador. Se tendrá que explicar en algún momento, así como también la forma deferencial y respetuosa como trata a los jefes del narcotráfico.

Regresar a Badiraguato no lo ayuda, sino lo perjudica. López Obrador debe pensar que es menor el costo que el beneficio, pero debe saber que históricamente, está equivocado.

29 julio 2021 •https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-visita-a-badiraguato/

forma parte del Cártel de Sinaloa, protagonizó en Topilejo uno de los enfrentamientos con la policía más grandes que se recuerden en la capital federal. Fue un operativo altamente elogiado en la prensa, normalmente muy crítica de la estrategia de seguridad federal, por lo que llamó la atención que este jueves, en el informe sobre el tema en Palacio Nacional, no hubiera una sola mención de lo que había sucedido. Visto desde lo que es la comunicación política, parece una omisión acertada.

Haber hablado del tema habría regresado el culiacanazo al primer plano de la discusión nacional, porque la realidad volvió a alcanzar a López Obrador. El Presidente buscó desviar el tema cuando le preguntaron en la mañanera, y aseguró que no tenía información que vinculara a los criminales de Topilejo con los hijos de El Chapo Guzmán. El subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, presente en Palacio Nacional, señaló que tampoco ellos tenían información. Sin embargo, un trabajo de inteligencia de las autoridades de la Ciudad de México respaldada por la Marina, estaban siguiendo a esa célula desde hace alrededor de un año, lo cual contradice los dichos. La salida retórica del Presidente lo ayudó en el momento, pero es un bumerán que se le regresará.

El culiacanazo es una tormenta que lo persigue.

El 15 de mayo, de gira por Sinaloa, el Presidente dijo que en una semana, o 15 días a lo más, daría a conocer un informe sobre lo que sucedió en Culiacán durante el operativo fallido del joven Guzmán. Por supuesto, nunca presentó nada, porque todo lo que pueda informar públicamente, chocará con incompetencias, contradicciones y omisiones por parte de las autoridades federales, que inician con el diseño del operativo. Como botones de muestra: 1.- Fue preparado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para llevarse a cabo al mediodía. Contra toda lógica operativa, no se planeó para realizarse durante la noche, donde bajan todas las defensas criminales y, sobre todo, prácticamente no hay gente en la calle, con lo que se reducen los riesgos de víctimas inocentes.

2.- El operativo fue realizado por antiguos miembros de las fuerzas especiales de la Policía Federal, que realizaron la detención sin disparar un solo balazo, pero se quedaron esperando por casi una hora a que llegaran los equipos para la extracción. Nunca sucedió. Es decir, la parte más delicada de una operación de esa naturaleza, que es el plan de extracción, no existió o no se ordenó que se procediera a realizarlo.

3.- La demora para llevarse a Guzmán de

Culiacán permitió que el Cártel de Sinaloa movilizara a sus células para rescatarlo. Al no actuar con celeridad los militares, fueron rápidamente superados en fuerza. Los doblegaron y humillaron.

La operación se había preparado para atender la petición del gobierno de Estados Unidos para extraditarlo, pero fue un desastre. Al liberarlo, el avión de la DEA que volaba a la Ciudad de México para llevárselo a Estados Unidos, dio la vuelta de regreso a su país. El operativo estuvo pésimamente diseñado y ejecutado, como si se buscara su fracaso. Sin embargo, pensar de esa manera abriría la posibilidad de que dentro de lo más alto de la Secretaría de la Defensa hubo una traición al Presidente.

Esa noche del 17 de octubre, el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, informó que se había puesto en libertad al hijo de El Chapo Guzmán para detener la violencia y los bloqueos que su detención había causado en Culiacán. Dijo que la decisión la tomaron colegiadamente él y los secretarios de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, almirante Rafael Ojeda. Al día siguiente, el Presidente confirmó lo dicho por Durazo y señaló que él sólo respaldó la decisión del gabinete de seguridad. Pero el 19 dijo otra cosa. La liberación de Ovidio Guzmán, había sido ordenada por él.

La realidad objetiva del fiasco de la operación, descrita de manera reduccionista por Durazo como un “error táctico”, llevó al Presidente a tomar una buena decisión. Pero su racionalidad para evitar el muy probable baño de sangre en Culiacán de haber seguido la operación, estuvo ausente para otra orden necesaria, que las fuerzas federales lo siguieran y buscaran reaprehenderlo fuera de la ciudad.

La impunidad prevaleció y quedó exhibido el gobierno federal, por incompetencia o complicidad. Por ahora, lo único comprobable es la incapacidad que tuvo el alto mando del Ejército en ese momento, para planear una acción exitosa como muchas otras que tuvo antes. La complicidad permanece en el imaginario colectivo por la forma cómo el gobierno ha sido complaciente con el Cártel de Sinaloa. En todo caso, por una razón o por otra, estamos viendo las consecuencias de la laxitud con la que trataron a Ovidio Guzmán.

En el operativo de Topilejo, las autoridades capitalinas encontraron insignias y placas de El Chapo Guzmán, comunes en las vestimentas de esa facción del Cártel de Sinaloa, así como varios escudos con la imagen de El ratón, con el dibujo de ese animal que está asociado como escudo de armas con Ovidio Guzmán, el mismo a quien el Presidente dejó escapar en Culiacán.

15 julio 2022 •https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-secuela-del-culiacanazo/

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