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Herramienta proactiva y solidaria
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0931 que declara al Archipiélago como ‘Zona de Frontera y Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo’, mediante el cual se establecerán medidas especiales para reactivar el comercio, el turismo y la recreación, entre otros sectores, que se han visto visiblemente afectados en los últimos meses.
Al respecto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, señaló que esta normatividad especial permitirá, entre otras medidas y propósitos, dinamizar la infraestructura turística y hotelera, para mejorar los ingresos de la ciudadanía del Archipiélago, muchos de los cuales también se han visto mermados.
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En efecto, con la activación de esta herramienta la región podrá aplicar disposiciones especiales que permitirán la reactivación de sectores afectados como consecuencia, entre otros factores, de las operaciones aéreas canceladas –Viva y Ultra Air–, con beneficios especiales en materia de precios de combustibles y temas tributarios.
Para su mayor calado la medida podrá tener un alcance transversal a los ministerios del Interior, de Hacienda, de Relaciones
Exteriores, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y Turismo; el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que lo suscribieron simultánea y asociadamente.
No en vano, el ministro Velasco dijo: “A las islas hay que darle un ‘estartazo’ de energía económica. Tenemos que mejorar su infraestructura, tenemos que mejorar básicamente los ingresos de la gente. Este decreto nos sirve para ello y para nuestros compatriotas del Archipiélago se convierte en una muy buena noticia”.
Pero ¿cuál es el efecto y los alcances reales que tendrá este decreto? Ante todo, sin egoísmos y con una mirada solidaria, los delegados de cada cartera y entidad involucrada deberán sentarse a discutir y definir los beneficios especiales que en diversas materias podamos definir para reactivar la economía de las islas.
Por último, el decreto expedido hace énfasis en la solicitud presentada por el gobernador del Departamento Archipiélago que resalta el significativo detrimento ocasionado a nivel social. Razón, por demás necesaria para ponerlo en práctica dentro de la urgente atención que demanda esta región del Caribe colombiano.