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PUBLISHED BY ACCIÓN LATINA
May 5-18, 2022
Vol. 52 No. 9
International
INDIGENOUS PUEBLA COMMUNITY DEFEATS CANADIAN MINING PROJECT, FOR NOW
COMUNIDAD INDÍGENA DE PUEBLA GANA DISPUTA A PROYECTO MINERO CANADIENSE
Lorena Garibay
C
El Tecolote
laudia Paola López Ramírez still remembers the times of her childhood when she would go for water to one of the springs that was in her community of Cruz de Ocote, located in the northern mountains of Puebla. There are already two springs that have dried up in the town that belong to the Nahua indigenous community. López Ramírez’s face lights up as she tells the story of how her grandfather managed to obtain his ejido and how he had to fight to partially found what is now Cruz de Ocote.
It is a struggle to defend the ejido territory whose heavy responsibility now falls on the descendants of that generation. A responsibility that might also be inherited to the next. On Feb. 16, the Nahua Community and the Ejido de Tecoltemi of the northern highlands in the state of Puebla celebrated a victory over the mining concessions of the Canadian mining company Almaden Minerals. It is the first time that the First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN) grants protection to a community and withdraws the concession of 14,000 hectares of land to the mining company. “These concessions were
issued without having considered the opinion of those who inhabit this territory, and there was no prior consultation or consent,” said Diana Pérez, the attorney who handled the case. An ejido, as it is known today, is land that is used communally for agricultural purposes. These lands were granted to individuals after the Mexican revolution so that rural populations would have a way to support themselves and cultivate from them. The ejidos were protected under the agricultural law but all that changed with the agrarian reform of 1992. Under this reform found
de la compañía minera canadiense Almaden Minerals. Es la primera vez en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) le otorga el amparo a una comunidad y retira la concesión de 14 mil hectáreas de terreno a la compañía minera. “Estas concesiones se emitieron sin haber considerado la opinión de quienes habitan este territorio, y no hubo consulta ni consentimiento previo,” dijo Diana Pérez, la abogada que llevó el caso. Un ejido, como se conoce el día de hoy, es tierra o terreno que se usa comunalmente con propósito agrícola. Estas tierras se les fueron otorgadas a individuos después de la revolución mexicana con el propósito de que las poblaciones rurales tuvieran manera de sostenerse y cultivar de ellas. Los ejidos estaban protegidos bajo ley agrícola pero todo eso cambió con la reforma agraria de 1992. Bajo esta reforma en el artículo 27, los dueños de ejidos, ejidatarios, pueden vender su terreno y dicho terreno puede ser incorporado al desarrollo
urbano, cosas que anteriormente no se permitían. Sin embargo, bajo las leyes agrícolas del presente, es necesario consultar y recibir permiso de los ejidatarios y la comunidad indigena para legalmente recibir las concesiones, cosa que la minera Almaden nunca hizo según el caso. “Son terrenos donde viven, laboran y siembran. Tienen terrenos de pastoreo, tienen bosque incluso… ellos han cuidado, reforestado y aprovechado sustentablemente”, dijo Pérez al explicar la importancia del terreno ejidal para las comunidades involucradas en el caso. Pérez es integrante del Consejo Tiyat Tlali, una de las organizaciones que ha estado apoyando a las comunidades indígenas para proteger sus derechos ejidales y los derechos ambientales. Ella comenta que la victoria en la SCJN fue un momento agridulce para su equipo y para las comunidades afectadas. Ellos están conscientes de que mientras la compañía minera logre convencer a los ejidatarios a llegar
(Al centro) Panorámica del Bosque del Ejido Cruz de Ocote, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, México, que se encuentra en riesgo. (Middle) The forest located at the Ejido Cruz de Ocote, Ixtacamaxtitlán, is at risk due to the threat of a mining project that would destroy the entire land.
See PUEBLA, page 8
Internacional Lorena Garibay
C
El Tecolote
laudia Paola López Ramírez aún recuerda los tiempos de su infancia en los que solía ir por agua a uno de los manantiales que se encontraban en su comunidad en Cruz de Ocote, localizada en la sierra norte de Puebla, Mexico. Ya son dos manantiales los que se han secado de los que pertenecen a la comunidad indigena Nahua. El rostro de López Ramírez se ilumina mientras cuenta la historia de cómo su abuelo logró obtener su ejido y cómo tuvo que luchar para en parte fundar lo que hoy forma Cruz de Ocote. Es una lucha por defender el territorio ejidal cuya pesada responsabilidad recae ahora sobre los descendientes de aquella generación, y que quizás también sea heredada a la siguiente. El 16 de febrero, la Comunidad Nahua y el Ejido de Tecoltemi de la sierra norte de Puebla celebraron una victoria ante las concesiones mineras
Vea SIERRA NORTE, página 9
(Arriba) Claudia Paola López Ramírez, miembro de la comunidad Tecoltemi, heredó tierra de su madre en el Ejido de Cruz de Ocote, actualmente en peligro por el proyecto que pretende una compañía minera canadiense. (Top) Claudia Paola López Ramírez, a Tecoltemi community member, inherited land from her mother in the Ejido de Cruz de Ocote, which is threatened by a Canadian mining company. (Abajo) En color naranja se muestran las concesiones mineras para el proyecto Ixtaca, de Minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals; y en amarillo los polígonos de los núcleos agrarios de la región de Ixtacamaxtitlán, Puebla. (Bottom) In orange are the mining concessions for the Ixtaca project, owned by Minera Gorrión, a subsidiary of Canada’s Almaden Minerals; and in yellow is the Ixtacamaxtitlán region, Puebla. Courtesy photos: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible