Hablemos de Calidad MINERÍA

Dr. Julio Santana santju2012@gmail.com

Los compradores no deberían, como sigue ocurriendo en el país, verificar si los bienes que adquieren cumplen con los requisitos correspondientes; por ejemplo, si tienen más o menos azúcar de lo que ellos declaran, o más componentes químicos de lo que permiten las normas o reglamentos correspondientes. La infraestructura de la calidad preconiza el cumplimiento voluntario de normas, así como el aseguramiento de mediciones fiables, junto al Estado que exige la observancia de los reglamentos técnicos asociados a la defensa y protección de los objetivos legítimos del Estado.

El aseguramiento de mediciones trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) (M, metrología); de normas técnicas que resumen requisitos, límites de substancias y métodos de ensayo (N, normalización), pruebas y ensayos (P, laboratorios que determinan y certifican que “una o más características de un objeto de evaluación de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento” (ISO/IEC 17000) se cumplen fehacientemente, y evaluación y certificación (C, compilación y análisis de evidencias de cumplimiento de primera o tercera parte acreditada para expedir constancia de ello) es la cadena técnica de eventos (MNPC) que, a estas alturas, debería estar siendo asumida como una prioridad política de primer orden. En esa cadena es primordial la confianza (acreditaciones y certificaciones), la despolitización y el respeto del comportamiento estrictamente técnico de las funciones señaladas. Desde 2012, cuando se crea el sistema dominicano, hemos avanzado con las funciones del Indocal (normalización, metrología y certificación), pero estamos todavía muy rezagados en materia de acreditación. La acreditación es la confianza del sistema nacional para la calidad. Al mismo tiempo, en vez de atender las necesidades del sistema, el Consejo Nacional para la Calidad (Codoca), máxima autoridad del Sidocal encargada de formular, coordinar...

La autor es experto en caLidad

Crecimiento. Los jeeps crecieron un 9.2%, al pasar de 569,102 a 621,291 unidades en los últimos dos años.

9.2 3.06

Cantidad. En las calles dominicanas se movilizan más de 3,063,704 unidades de motocicletas.

en Santo Domingo (166,080), seguido del Distrito Nacional (151,070) y Santiago (84,180).

La Vega y La Altagracia reportan 65,046 y 35,803, respectivamente. En menor cantidad, Independencia, 2,669; Elías Piña, 2,525; y Pedernales, 1,660.

Si hay algo cierto es que el parque vehicular dominicano está en constante crecimiento. Solo en el 2022 entraron 311,548 nuevos vehículos de motor a República Dominicana, eso sitúa al parque vehicular en 5,463,996 unidades al cierre del 2022. Al comparar los datos con el 2021, cuando la DGII contabilizó 5,152,448 vehículos, se evidencia una variación de 6% entre ambos períodos. Además, el ítem con el crecimiento de 9.2% entre 2021 y 2022 fue el modelo “jeeps”, al pasar de 569,102 a 621,291 unidades, para una diferencia de 52,189. Sin embargo, las motocicletas siguen siendo el vehículo de mayor ponderación en las calles dominicanas al totalizar 3,063,704 unidades, un 6.6% más que el 2021 que se fijó en 2,874,590. Según los datos, equivale a una diferencia de 189,114. Los camiones conocidos como volteos presentan un crecimiento de 6.2%, al pasar de 22,528 a 23,920 unidades. Esto equivale a una diferencia de 1,392. Conforme los datos, los automóviles crecieron apenas un 3.9% entre 2021 (1,045,414) y 2022 (1,085,675), para un aumento de 40,261.

Rechazo a eliminación de los anticipos del ISR

La economista Germania Montás Yapur, experta en temas tributarios, considera improcedente eliminar la figura del anticipo del impuesto sobre la renta (ISR), pues favorece a todos los contribuyentes por igual “cuando no todos deberían ser beneficiados por esta disposición y esto ocurre en perjuicio del Estado”.

Montás Yapur entiende necesario ajustar la figura para permitir manejar de forma eficiente las excepciones y eximir a aquellos que así lo requieran, pero que eliminarlos no es la solución. Admite que su opinión resulta impopular para algunos sectores.

A su entender, es importante crear métodos alternos de cálculo que reduzcan el monto para algunos sectores, que se incorporen excepciones para contribuyentes que así lo necesitan y, además, se contemplen mecanismos de exención por causas de eventos económicos que impactan la renta gravada por el ISR. Explica que además del efecto que tiene los anticipos de distribuir el recaudo, que estima en RD$7,000 millones por mes en 2022, también aportan al cumplimiento del impuesto sobre la renta en la medida en que lo facilitan, distribuyendo el gravamen a pagar.

“También atenúan impacto sobre la liquidez del mercado en las fechas límites. Si no existieran anticipos, en abril del 2022 las sociedades demandarían más de RD$130,000 millones para pagar el ISR, esto es casi 60% de los billetes en circulación en esa fecha”, explica Montás.

Joan Sebastian Vallejo jvallejo@eldinero.com.do Santo Domingo

De acuerdo con datos registrados en la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, al menos el 55% de la población dominicana desconoce sus derechos fundamentales, entre los cuales están los derechos económicos y sociales. En ese sentido, para el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, estos se garantizan con dinero.

“Los derechos fundamentales se garantizan con dinero”, dijo en el marco del Seminario de Derechos Económicos Aplicados, una Panorámica Nacional y Global de la Economía, realizado por el Defensor del Pueblo junto al periodico elDinero. “Si no hay recursos, si no hay estabilidad y no hay mecanismo de cómo reducir la informalidad” no hay cómo asegurar el acceso a necesidades básicas, señaló.

En la apertura del evento, también aseguró la democracia se administra con dinero. No obstante, recaudar esos recursos recaen en organismos estatales a los cuales exhortó hacerlo en “base al respeto al ciudadano” y garantizando la ley así como el crédito.

Durante su exponencial cuestionó cómo se fiscaliza en el país, al tiempo que cuestionó