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Opinión
viernes 20 de mayo del 2016
EL DECRETO DE MADURO PARA ELUDIR LA CENSURA DE SU MINISTRO DE ALIMENTACIÓN
Escape inconstitucional maría amparo
Grau
D
Abogada venezolana
e acuerdo con el artículo 187.10 de la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional tiene competencia para dar voto de censura a los ministros del gobierno. La consecuencia jurídica de esta censura es su destitución inmediata. El pasado 28 de abril, la Asamblea decidió dar voto de censura al ministro de Alimentación del gobierno de Maduro. Sin embargo, el presidente se resistió a cumplir con la consecuencia constitucional de la destitución y para ello dictó, el 2 de mayo, el inconstitucional Decreto N° 2039, mediante el cual decidió unilateralmente “restringir y diferir las mociones de censura”. Pretendió fundamentar esta decisión política inconstitucional en el estado de excepción, debido a la emergencia económica que el propio presidente había también decretado previamente (Decreto N ° 2184 del 14 de enero del 2016, prorrogado por el Decreto N° 2270 del 11 de marzo de este mismo año), ambos contrariando la voluntad de la Asamblea de negarle la aprobación constitucional requerida, pero en vigencia por decisiones sin parangón de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sinembargo,lociertoesquelaemergencia económica o cualquier otra modalidad del estado de excepción no habilitan al presidente de la República para alterar el orden constitucional vigente. No solo es de doctrina constitucional que los estados de excepción no son un mecanismo de suspensión del Estado de derecho sino que, por el contrario, son una garantíaalmantenimientodelmismo,apesar de la situación de anormalidad. Esto porque con él se permiten medidas extraordinarias y excepcionales dentro del marco constitucional por parte del Ejecutivo, que en todo caso siempre estará limitado por el carácter general de las normas que dicte y el respeto a los derechos fundamentales. Este principio esencial de la doctrina constitucional se contempla en el artículo 339 de Constitución venezolana, conforme al cual: “La declaratoria del estado de excepción no
interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público”. O sea que no porque haya un estado de excepción puede el presidente afectar el normal funcionamiento de la Asamblea y sus competencias, incluida la de ejercer el control político y el voto de censura. El decreto del presidente para rebelarse ante el voto de censura a uno de sus ministros alude en sus motivaciones a que el acto parlamentario responde a una mayoría burguesa y circunstancial. Se manifiesta en estas expresiones que el gobierno no admite la nueva composición política del Parlamento producto de la elección democrática del pasado mes de diciembre en el que la mayoría cambió para,porvezprimeradesdeelchavismoenelpoder, pertenecer a una coalición de oposición. El voto de censura es una manifestación del control político del Parlamento sobre el gobierno y, por tanto, es el reflejo de la voluntad popular, obedece al poder del voto –ese voto que representa la mayoría parlamentaria que siempre será circunstancial–, pues depende del momento, lo que no la hace menos válida o legítima. Todo acto gubernamental dirigido a sustraerse del control político constitucional será contrario a la Constitución y ajeno al sistema democrático. Además, eliminar esta competencia parlamentaria de producir censura implica una usurpación de funciones, pues equivale a sustraer del órgano competente la facultad para emitir el acto de control que constitucionalmente le corresponde. Es como si la presidenta Dilma Rousseff hubiera dictado un decreto para suspender el ‘impe-achment’ debido a las Olimpiadas a celebrarse en ese país. Eso lo impide un Estado constitucional de derecho bajo el cual el poder se somete al orden normativo. Lo cierto es que en Venezuela todas las ejecutorias del gobierno y del Tribunal Supremo designado por el partido de gobierno apuntan a desaplicar cualquier acto dictado por esta Asamblea Nacional de oposición democráticamente elegida. Desde las leyes que han sido dictadas, todas las cuales han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo, hasta los actos de limitación del Poder Ejecutivo, como son, precisamente el control político: la censura, y la aprobación de los estados de excepción. Maduro es un presidente latinoamericano que elude el control parlamentario, su conducta antidemocrática es evidente y no admite justificación.
“Maduro es un presidente latinoamericano que elude el control parlamentario, su conducta antidemocrática es evidente y no admite justificación”.
ilustración: rolando pinillos romero
El crimen se expande desde la provincia constitucional
Callao de exportación Martín
Soto Florián
O
Abogado y director del Grupo Valentín Paniagua
las de asesinatos inundan el país. Veloces, zigzaguean las calles; sin pausa pero sin prisa, disparan una, dos, diez veces. El retrovisor de sus motos deja atrás pánico y desconcierto. Hace poco fue capturado Gerson Gálvez, alias ‘Caracol’, y antes Gerald Oropeza. En ambos casos supimos de sus amores, autos y fiestas. De su red criminal, la ruta de la droga y sus containers ‘preñados’, muy poco. De la relación entre el narcotráfico, las bandas y el sicariato, nada. Desde diciembre del año pasado, el Callao se encuentra en estado de emergencia, el que se ha prorrogado ya tres veces. Más de
3.000 policías custodian la provincia constitucional y han capturado a más de 1.000 delincuentes, de los cuales 200 serían sicarios. Pese a ello, cada semana se registran al menos tres asesinatos de gran ferocidad. ¿Por qué escribo del Callao? Porque es la madre del cordero. No por nada es el hogar de los sicarios de rostro tapado que salen por televisión y el centro de operaciones de las bandas más importantes. En este escenario, aparecen de forma repetida los nombres de autoridades de un exitoso movimiento político que, apropiándose del grito de guerra chalaco, gobierna la provincia desde hace más de 20 años. Fundado por un ex pepecista que le ganó la elección a Kurt Woll, dicen, quienes lo conocieron, que parecía el salvador del Callao y, por qué no, del Perú. Bajo su guardia se produjo la gran infraestructura que antes no existía, pero también llegaron las bandas y el crimen organizado. Llegaron, hay que decirlo, primero co-
mo trabajadores municipales, luego como autónomos. Este fantástico experimento –incorporar ‘choros plantados’ y futuros extorsionadores a labores de seguridad ciudadana– produjo que los barrios del Callao se enfrentaran primero por puestos de trabajo y, luego, por el cobro de cupos a empresarios de la construcción y por protección del narcotráfico. ¿Dónde se origina el problema? En la droga y la corrupción. ¿Cómo se origina? Con la extraña relación entre política y crimen organizado. ¿Pero qué ha pasado en el Callao? Al vuelo y de memoria: denuncias de obras adjudicadas sin licitación, mecánicos nombrados gerentes y rankeados criminales que trabajan en seguridad y limpieza. Planillas fantasmas, reglaje a adversarios políticos, el negocio del peaje, el fraude de las fotopapeletas, las extorsiones de construcción civil y el tráfico de terrenos en Ventanilla. También las vinculaciones entre gerentes
municipales –de seguridad ciudadana– y el clan Orellana, y los 460 estibadores que controlan el tráfico de carga y los camiones llenos de droga. Todo ello sin contar los asesinatos que se cometen con armas de guerra, en los cuales la víctima recibe no menos de 15 disparos a manos de un sicario que alguna vez estuvo en la planilla municipal o regional. Controlar la inseguridad, en contextos de desigualdad y exclusión, es una tarea compleja. En este renglón, como sociedad hemos hecho muy poco. Así, fenómenos otrora restringidos a un espacio determinado hoy se derraman a todo el país y amenazan ser parte de una nueva normalidad compartida. Hoy, algunos asesinatos no se producen más en Gambetta Baja sino en San Borja. La razón es sencilla: el Callao pos-Kouri no es Áncash, es peor y queda a 5 minutos de Lima. Atentos: las bandas amenazan con dar una gran gira por la capital y alrededores. Cualquier día aparecen tocando en tu barrio.