Pacto por la Seguridad Ciudadana

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Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana

Julio 2013

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PACTO POR LA SEGURIDAD CIUDADANA “El Perú enfrentando sus amenazas”

El Gobierno Nacional ha convocado a los actores políticos, a las diversas instancias de gobierno, medios de comunicación, instituciones del sistema de justicia, sociedad civil y a los representantes de las empresas de seguridad, con el objeto de instaurar una agenda de trabajo común destinada a establecer acciones efectivas contra la delincuencia.

Producto de las iniciativas recibidas y compromisos asumidos, condensamos en el presente documento el Pacto por la Seguridad Ciudadana, un esfuerzo que busca articular las iniciativas de diversas instituciones públicas y privadas para mejorar la seguridad ciudadana, en una agenda nacional de ocho puntos que son los siguientes:

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1.

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo deben dar prioridad a la preparación, discusión y aprobación de Proyectos de Ley, Reglamentos, Directivas y demás dispositivos legales requeridos para mejorar la seguridad ciudadana. Esta iniciativa incluye la necesidad de una reforma constitucional destinada a ampliar el plazo máximo de detención para combatir el crimen organizado, el cual debe equipararse al plazo previsto para los casos de terrorismo y narcotráfico, así como la necesidad de atender la agenda legislativa priorizada en esta materia que obra en el Congreso de la República (en anexo 1 el listado de proyectos de ley jerarquizados). Este aspecto del Pacto es apoyado por los actores políticos.

2.

Todas las entidades públicas y privadas deben asumir una decisión política clara y frontal contra el Narcotráfico, el Terrorismo y el Crimen Organizado. Un compromiso firme y real de todas las fuerzas políticas e instituciones públicas y privadas para combatir estas amenazas en todas sus formas, sin ambigüedades, buscando

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unir esfuerzos para superar la fragmentación con la que se enfrenta el problema hoy (muchas instituciones aisladas), estructurando mejores mecanismos de persecución de estos delitos complejos de modo conjunto y coordinado. Atacar estos delitos desde diversos frentes como el financiamiento de partidos, lucha contra el lavado de activos, control de insumos químicos, fortalecimiento de unidades estratégicas de la Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial, entre otros. Este aspecto del Pacto es apoyado por todos los intervinientes.

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3.

Eficacia policial para incrementar la seguridad ciudadana, lo que debe expresarse en resultados concretos y tangibles para reducir las tendencias delictivas que afectan a nuestra comunidad. La actuación policial demostrará ser profesional, eficaz, legal, enérgica y muy proactiva para desarticular bandas organizadas en todas sus modalidades y combatir a la delincuencia común. Sus logros o limitaciones deberán medirse en forma permanente, buscando los correctivos en caso sea necesario: la Policía Nacional del Perú (PNP) rendirá cuentas mostrando sus resultados en forma periódica. Se va a repotenciar las áreas estratégicas de la PNP, mejorar las operaciones policiales, desplegar una política de inversiones multianuales y uso de tecnologías, fortalecer la relación con las juntas vecinales, eliminar el sistema de franco-retén, entre otras acciones afines.

4.

Decidido apoyo a la reforma de la Policía Nacional, buscando lograr un cambio fundamental en esta institución, atacando frontalmente la corrupción a través de una mejor carrera policial, un régimen disciplinario repotenciado, mejores sueldos y mejores

sistemas de denuncias, entre otras acciones. El cambio deberá incidir en una mejor relación con la población, implementar más y mejores comisarías, así como impedir que los malos elementos expulsados retornen. Reportes periódicos del Ministerio del Interior (Mininter) incidirán en el cumplimiento de este compromiso. Asimismo, se reconoce que la corrupción está enquistada en la sociedad, por lo que el combate a la misma debe tener un enfoque integral, cubriendo tanto al agente pasivo como al activo. Este aspecto del Pacto es apoyado por todos los intervinientes.

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5.

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Tareas de prevención y énfasis en apoyo a la seguridad ciudadana de gobiernos regionales y locales. Para enfrentar este problema es necesario tener una visión integral que comprenda a todos los niveles de gobierno. Para ello, los gobiernos regionales y locales se comprometen a mantener segmentos importantes de sus presupuestos para mejorar en sus circunscripciones en materia de seguridad ciudadana (inversión y gasto en seguridad), teniendo en cuenta la realidad delincuencial de cada municipio, su tamaño y el presupuesto del mismo. Este aspecto del Pacto es apoyado por los Gobiernos Regionales y Municipalidades del país, y su incidencia será medida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien reportará el cumplimiento de estos nuevos lineamientos. El MEF será proactivo en esta materia, asignando las partidas presupuestales que se necesiten para este fin.

6.

Aporte para reducir riesgos en la victimización, dentro del marco de la autoregulación, buscando que la población cuente con información clara, accesible y oportuna sobre las tendencias delictivas, los servicios de seguridad que existen, las acciones que despliega la policía y las instituciones en materia de seguridad ciudadana, entre otros aspectos. Este aspecto del Pacto es apoyado por el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad de Radio y Televisión del Perú.

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7.

Compromiso para apoyar la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, el cual contiene los siguientes seis objetivos estratégicos, que se incorporan al Pacto con apoyo de todas las instituciones pública y privadas consultadas: a. La Seguridad Ciudadana requiere un sistema articulado y fuerte, en el cual exista una coordinación interinstitucional eficiente y efectiva. (Objetivo Estratégico 1). b. Promover la participación de los ciudadanos, sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación y en general todos los estamentos que componen la nación, para enfrentar la inseguridad ciudadana (Objetivo Estratégico 2). c. Fortalecer a la Policía Nacional del Perú como una institución moderna con una gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana (Objetivo Estratégico 3). Para devolver la confianza de la ciudadanía en su policía.

Complementariamente fortalecer las demás entidades que cumplen funciones de operadores de la Justicia. d. Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro

ciudadano. (Objetivo Estratégico 4).

Un firme compromiso del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales para el objetivo de la recuperación de espacios públicos, sin dejar de lado otros importantes objetivos como optimización de los servicios de serenazgo, apoyo al trabajo policial, las labores de las juntas vecinales y demás objetivos similares. e. Mejorar el Sistema de Administración de Justicia para la reducción de la delincuencia (Objetivo Estratégico 5). Para alcanzar estas metas de interés nacional, se reformará el sistema de Administración de Justicia con el propósito de hacerla eficiente y oportuna. El objetivo inmediato es la reducción progresiva de la temporalidad de los magistrados hasta su total eliminación. Comprometer al Poder Judicial y al Ministerio Público a usar las instancias supra-naciona-

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les dispuestas por sus respectivas normas administrativas para delitos de terrorismo, orden público y periodistas en ejercicio de sus funciones. Incrementar la capacidad de albergue del INPE y reforzar sus capacidades para la seguridad y atención de la población penal, potenciando las herramientas de rehabilitación y reinserción. Involucrar en este objetivo a los sectores de la administración pública donde exista corrupción.

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f. Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos. (Objetivo Estratégico 6). Construir una cultura de lucha contra el delito a todo nivel, en los poderes del Estado, sector privado y en la ciudadanía.

Educar a la sociedad, la familia y el individuo en el pleno respeto de los derechos, la cultura de paz y tolerancia cero a la violencia. Se debe incidir en atacar las causas con un enfoque multidisciplinario.

8.

Acompañar y monitorear los esfuerzos institucionales que se integran a este Pacto como compromisos para combatir el crimen en el país. En particular las propuestas de las siguientes entidades que se encuentran anexas al presente documento: a. Congreso de la República b. Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República c. Voceros de los partidos políticos d.Poder Judicial e. Ministerio Público f.Consejo Nacional de la Magistratura g. Asociación de Gobiernos Regionales h.Asociación de Municipalidades del Perú i.Consejo de la Prensa Peruana j.Asociación de Radio y Televisión k.Asociación de Bancos l.Asociación de Propietarios de Armas de Uso Civil.

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ANEXOS DEL PACTO ANEXO 1 PROYECTOS DE LEY SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 1. Ley de control y seguimiento de personas condenadas por delitos de terrorismo y abuso sexual (02069/2012-pe) Objeto: Fijar mecanismos de control y seguimiento de personas que han sido excarceladas tras haber cumplido la condena impuesta por abuso sexual de conformidad con los arts. 170, 171, 172, 173, 173-A y 174 del Código Penal y de terrorismo de conformidad con el Decreto Ley 25475, con el objeto de asegurar a la colectividad frente a la reincidencia de este tipo de ilícitos de alta peligrosidad.

2. Ley para la mayor eficacia en la persecución del delito bajo el Código Procesal Penal (1980/2012-pe) Objeto: La propuesta se centra en la etapa de investigación del delito a fin de lograr una mayor eficacia en la persecución penal a cargo del Ministerio Público y la necesidad de un trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú, lo que implicará que deberán desarrollar tareas concretas para realizar acciones contra los criminales. En ese sentido, fortalece las responsabilidades del Ministerio Público, como defensor de la sociedad frente al delito y de la investigación criminal de la PNP. 3. Ley que fortalece la autonomía universitaria y regula medidas disciplinarias en las universidades, institutos y escuelas de educación superior (01922/2012-pe) Objeto: Propone modificar los artículos 8º, 32º incisos b) e y), 33, 57 f) e i) y 59 de la Ley 23733-Ley Universitaria. Dispone que en caso de flagrancia de delitos o peligro inminente de su perpetración, la PNP pueda ingresar a recintos universitarios (antes solo por autorización del rector). De igual modo, otorga la potestad a los rectores para conducir los procesos disciplinarios y la expulsión de alumn os que causen desmanes y afecten las labores universitarias. Busca devolver el orden y la seguridad en las universidades como premisa interna para mejorar el desempeño académico.

4. Ley que Modifica el Código Penal y Código Procesal Penal e incorpora medidas de lucha para proteger la propiedad pública y privada de las usurpaciones (01897/2012-pe)

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Objeto: Agrava las penas contra quienes conduzcan u organicen invasiones (incluidos funcionarios del Estado). Otorga mecanismos procesales más eficaces para que la autoridad policial pueda repeler una invasión y para que la autoridad judicial brinde medidas cautelares urgentes en defensa de la propiedad.

5. Ley que modifica la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar (01896/2012-pe) Objeto: Propone modificar los artículos 2, 3, 11 y 29 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la violencia familiar. Busca enfrentar la situación de incremento de la violencia familiar con medidas como la suspensión cautelar de la patria potestad del causante de feminicidio, así como también la extinción de la misma. Precisa la cuantificación de los certificados médicos en cuanto a la calificación de los delitos y faltas, para establecer claramente la imputación y responsabilidad penal del causante de violencia familiar. Incorpora la responsabilidad de las municipalidades en tareas de prevención de la violencia intrafamiliar.

6. Ley que el codigo de los niños y adolescentes para establecer reformas de control y seguridad en torno al adolescente en conflicto con la Ley Penal (1871/2012-pe) Objeto: Se reitera y perfecciona la propuesta sobre el tratamiento de menores que cometan infracciones muy graves a fin que sean separados del resto de la población en un Centro Juvenil. De igual modo, cuando alcancen la mayoría de edad deberán pasar a un establecimiento del INPE (saliendo del Centro Juvenil), dentro de secciones especiales. Se da para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes, frente a quienes ya son mayores de edad, además para que se encuentren con mayor seguridad y se evite su fuga.

7. Ley de Interoperabilidad para la Persecución del Delito (01851/2012-pe) Objeto: Propone establecer mecanismos destinados a facilitar el intercambio de información entre las instituciones públicas encargadas del control y persecución penal, fijando deberes de colaboración y uso compartido de dicha información, con el fin de garantizar la lucha eficaz contra la criminalidad. El Gobierno Nacional mediante el Decreto Legislativo N° 1135 ya ha establecido un marco general para la interoperabilidad.

8. Ley Penal Contra el Crimen Organizado (01833/2012-pe) Objeto: Iniciativa que define el contenido legal del crimen organizado (una organización criminal de tres o más personas de ciertas características y sus efectos nocivos), los delitos que comprenden, protocolos de actuación para dar las herramientas a la PNP y autorizar allanamientos, escuchas vigiladas, agentes encubiertos, entre otras medidas para penetrar y desarticular las organizaciones criminales.

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9. Ley que Modifica el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio (01831/2012-pe) Objeto: Incorpora nuevas modalidades de captación de los agentes terroristas.

Incluye nuevos supuestos de configuración del delito de terrorismo (Captación y reclutamiento, conspiración terrorista, inscripción ilegal en Sistema Electoral).

10. Ley que propone la creación y regulación del beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de libertad (01830/2012-pe) Objeto: Busca que los extranjeros condenados puedan ser expulsados del país luego de cumplidos determinados supuestos, con el objetivo de evitar la permanencia en el territorio nacional de estos individuos que, en muchos casos, vuelven a delinquir.

11. Ley que restringe beneficios penitenciarios a quienes cometen delitos contra agentes de la PNP, magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público y miembros de las Fuerzas Armadas (01632/2012-pe) Objeto: Eliminar beneficios penitenciarios contra quienes cometen delitos en agravio de los agentes del Estado a fin garantizar la integridad de quienes combaten la delincuencia.

12. Ley que modifica el Código Penal y Código de Ejecución Penal para sancionar el feminicidio y brindar mayor protección a las mujeres (1616/2012pe) Objeto: Incorporar el Artículo 107º-A al Código Penal, y modificar los Artículos 107, 46-B y 46C del Código Penal, así como modificar el Artículo 46 del Código de Ejecución Penal para establecer un régimen altamente punitivo contra quienes cometen este delito.

13. Ley que reforma al Código Ejecución Penal para impedir la acumulacion de beneficios en determinados supuestos (1497/2012-pe) Objeto: Busca complementar a nivel del Código Penal, el régimen jurídico de los beneficios penitenciarios incorporando la figura de la acumulación de la pena redimida por trabajo o educación al tiempo de permanencia efectiva en un establecimiento carcelario, de cara al cumplimiento total de la condena o excarcelación definitiva.

14. Ley del Negacionismo (1464/2012-pe) Objeto: Sancionar la negación de ideas subversivas que perviertan los fines democráticos. Asimismo se deben tomar las previsiones del caso para que la

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norma no pueda ser utilizada como herramienta en contra de la libertad de expresión.

15. Ley que establece el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado - REDEE (1311/2011-pe) Objeto: Con este proyecto de ley se propone crear un registro de aquellos sentenciados que aún mantengan deuda pendiente con el Estado por concepto de falta de pago de reparaciones civiles, para impulsar el pago de las mismas como medida disuasiva. Incorpora la categoría de la muerte civil.

16. Ley que precisa la competencia territorial por razón del domicilio en los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento (1310/2011-pe) Objeto: Se busca determinar los mecanismos de competencia para impedir el abuso de las acciones de amparo y de medidas cautelares, practicado por malos policías para obtener reincorporaciones indebidas.

17. Ley que modifica normas sobre prohibición de doble percepción de ingresos por parte del estado (1182/2011) Objeto: Autorizar la contratación de personal de la PNP y de las FFAA para apoyar en seguridad ciudadana y nacional.

18. Ley que modifica los artículos 197 y 237 del Código de los Niños y Adolescentes (887/2011-pe) Objeto: Se busca establecer mecanismos de protección frente a jóvenes infractores de la Ley Penal que alcanzan la mayoría de edad, mediante su trasladado a un centro penitenciario para continuar con el cumplimiento de la medida impuesta.

19. Ley que modifica los artículos 5 y 14 de la ley 28094, Ley de Partidos Políticos (760/2011-pe) Objeto: Se busca modificar artículos de la Ley de Partidos Políticos, a fin de evitar la inscripción de organizaciones políticas que promuevan ideologías orientadas a la destrucción del Estado Democrático o que no reconozcan autoridades elegidas democráticamente, a propósito de la frustrada inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

20. Ley que reforma el delito de reglaje o marcaje (02100/2012) Objeto: Modifica el Artículo 317°-A del Código Penal para establecer una formulación legal con un esquema distinto, a fin de facilitar la comprensión y la aplicación del tipo penal que, por su complejidad, se compone de diversas modalidades típicas. Esta propuesta no se limita a ser una mera modificación formal, sino que tiene especial importancia al momento de definir los verbos rectores en torno a los cuales deberá girar el análisis del operador del sistema de justicia penal.

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21. Ley que establece medidas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de faltas contra la persona y el patrimonio (02101/2012) Objeto: Establecer medidas de fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el ámbito de la comisión de faltas contra la persona y el patrimonio, relacionadas con el infractor reincidente o habitual, con el fin de contribuir con la labor del sistema de justicia penal.

ANEXO 2 PROPUESTAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA a.

Congreso de la República 1.

Compromiso para dar prioridad en la agenda legislativa a los proyectos vinculados a la Seguridad Ciudadana.

2.

Contribución activa por parte de todos los miembros del Congreso, a través de acciones e iniciativas, referidas a la tarea de mejorar la Seguridad Ciudadana del país.

b. Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República 1.

Al Poder Judicial, acelerar la investigación y juzgamiento de los internos procesados sin condena, en los establecimientos penitenciarios, al representar el 59% de la población penitenciaria, que asciende a 34,508 internos.

2.

Al Poder Judicial y al Ministerio del Interior, efectuar coordinaciones interinstitucionales, que permitan encontrar soluciones al problema de la “reincorporación de policías por mandato Judicial”, que entre los años 2003 al 2012 ascendió a 1339 policías reincorporados.

3.

A la Fiscalía de la Nación, implementar acciones concretas a fin de cumplir a cabalidad el mandato del artículo 159° inciso 4) de la Constitución Política, el cual señala que le corresponde al Ministerio Público “Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función”.

4.

Al Ministerio del Interior, realizar actividades de coordinación con las Municipalidades, que otorgan las licencias de construcción, y con el Ministerio de Trabajo, que lleva el registro de trabajadores, para optimizar las labores de inteligencia.

5.

Al Ministerio del Interior, concluir en breve plazo, las investigaciones administrativas disciplinarias, que representó el 40% de su carga en el 2012, ascendente a 10,219 procesos por resolver, de un universo de 25,354 expedientes administrativos.

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6.

Al Ministerio del Interior, proporcionar mensualmente información estadística actualizada al Observatorio de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, sobre infracciones y sanciones al personal policial, además de incluir la información de aquellos policías reincorporados por medidas judiciales, y policías con denuncias, proceso y condena en el fuero común y militar-policial.

7.

Al Ministerio del Interior, crear unidades Especializadas de la Policía Nacional en las regiones afectadas por la violencia y extorsiones en el sector construcción. Asimismo, fortalecer la Unidad Especializada de Protección de Obras Civiles.

8.

Al Ministerio de Justicia y el INPE, continuar con la construcción de nuevos penales y mejorar su infraestructura carcelaria, que le permita superar la problemática de la sobrepoblación penal, que asciende a 60,448 internos, frente a su capacidad de albergue de 28,637 internos, excediendo en 111% su capacidad.

9.

Al Ministerio de Justicia, el estudio de la implementación de grilletes electrónicos como alternativa para la descongestión de los penales; y alternativa para los internos con beneficios penitenciarios.

10. Implementación en las principales ciudades afectadas por la inseguridad ciudadana de Puestos de Auxilio Rápido (PAR). En este tema, la policía debe ser proactiva en la búsqueda de convenios con los municipios para que éstos los doten de equipos y personal de serenazgo correspondiente a dichas comisarías. En tanto, la Policía Nacional deberá apoyar con efectivos a fin de realizar acciones conjuntas en la lucha contra la delincuencia, siendo, en la práctica, extensiones de la comisaría del sector.

11. No se siga considerando infracciones administrativas, la comisión de delitos como establece el anexo del Decreto Legislativo 1150, norma que regula el reglamento disciplinario de la policía, que sanciona como faltas administrativas conductas de recibir dádivas de la ciudadanía, falsificación de documentos, apropiación de bienes, entre otros (El artículo 230 inciso 10 de la Ley 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo, prohíbe el non bis in ídem, sancionar el mismo hecho como falta administrativa y como delito).

12.

Patrullaje integrado, con policías asignados por las comisarías.

13. Analizar la proporcionalidad de efectivos policiales en referencia a la cantidad de ciudadanos por espacio geográfico, es decir que en algunas regiones de nuestro país cuentan con gran cantidad de efectivos policiales pese a que no existe gran incidencia de criminalidad e inseguridad ciudadana.

14. Evaluar la colaboración que efectúan las FFAA para la lucha contra el crimen que efectúa la PNP, con miras a normar el nivel de intervención de los institutos armados, en búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia de los recursos con que cuenta el Estado para estos fines.

15. Evaluar la manera de identificar y transparentar las motos lineales y las mototaxis, de manera que los conductores y pasajeros estén visibles, y

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sean fácilmente identificables.

16. Evaluar la conveniencia de cambiar la matriz energética de la PNP, en cuanto a la opción de migrar a gas natural si las cifras son favorables, tanto en el nivel económico como en el operacional.

c.

Voceros de los partidos políticos 1.

Una de las principales causas de la criminalidad es la pobreza, por lo que se debe dar atención a la base del problema, y mantener como objetivo prioritario del Estado la lucha contra la pobreza.

2.

Es necesario dar señales claras y concretas, medidas y acciones de alto impacto, de manera que no solamente se mejore la seguridad, sino también que la ciudadanía perciba lo positivo de los cambios.

3.

Adoptar la política de informar una vez al año al Congreso de la República sobre la situación y avances de la Seguridad Ciudadana, por parte del Presidente del Consejo de Ministros (PCM).

4.

Evaluar la posibilidad de pedir delegación de facultades legislativas para poder legislar en materia de Seguridad Ciudadana.

5.

Se debe apoyar para que el Poder Judicial prosiga con su Reforma, teniendo como mira la reducción de la provisionalidad de los jueces, la que hoy alcanza el 60%.

6.

Se debe enfrentar la sensación generalizada en el sentido de que los delincuentes que son detenidos, la mayoría de las veces salen libres en poco tiempo. Determinar en qué medida esto guarda relación con la legislación inadecuada contra los crímenes de bagatela o el cogoteo. Evaluar si las normas referidas a este problema en proceso deben ser aprobadas y pueden solucionar el tema.

7.

Se debe recuperar la confianza de la población con la Policía Nacional, por lo que se deben diseñar e implementar programas que revaloricen a la PNP ante la colectividad nacional. Evaluar un cambio de uniforme como parte de un proceso de cambio de imagen.

8.

Se debe mejorar el sistema de captación de postulantes a la PNP, de manera que se cuente con personal policial comprometido y apto, a la vez de mejorar condiciones laborales y sociales de los miembros de la PNP. 9.

Si bien es cierto el sistema 24x24 va a ser eliminado, mientras dure el proceso, todavía habrán policías de franco dando servicio a particulares. Por lo tanto, se debe emitir las directivas del caso para evitar que los policías en servicio no sean confundidos con vigilantes particulares, con medidas como, la prohibición de usar el uniforme de reglamento en servicios particulares.

10. Disminuir al mínimo el personal PNP dedicado a funciones administrativas.

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11. La corrupción en la policía de tránsito es un mal endémico. Se debe evaluar políticas alternativas para el control del tránsito y cortar el mal de raíz. Una vía podría ser la municipalización del control del tránsito.

12. La investigación es una piedra angular en la lucha contra la delincuencia, por lo que se deben asignar recursos suficientes para contar con la tecnología, personal e infraestructura necesaria, y, así, tener una investigación forense de punta.

13. El combate al pandillaje debe ser prioritario por sus grandes implicancias en la seguridad y por el daño que hacen sus actitudes antisociales a la juventud peruana.

14.

Al incrementar la seguridad contra el delito simple (robo), las actividades ilícitas como extorsión y secuestro se incrementan, por lo que se debe tomar las medidas necesarias para combatir eficazmente esas modalidades delictivas. Concentrarse en desarticular las bandas que se dedican a estos delitos.

15. Dar sanciones eficaces a los choferes que causen accidentes de tránsito, en especial aquellos que afectan la vida o la propiedad de terceros.

16. Considerar la necesidad de legislar sobre el uso de armas, letales y no letales, tanto las usadas por las fuerzas del orden como por los civiles.

17. Revisar la clasificación de los internos en el sistema penitenciario, desde los puntos de vista de peligrosidad y posibilidades de readaptación.

18. Que exista una coordinación permanente entre el Ministerio de Educación, Colegios y Gobiernos Locales para la capacitación a los escolares en una cultura de prevención del delito, con énfasis en consumo de drogas.

19. Fortalecer los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana de los distritos con la participación activa de las instituciones públicas y privadas, así como de la sociedad organizada de conformidad a lo previsto en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Como medida de prevención, promover en el sistema Educativo Nacional una Educación en valores de real significación, para alejar a la juventud de la actividad criminal.

d.

Poder Judicial 1.

Implementar un sistema de medición y seguimiento de los índices de criminalidad, para tener una manera de evaluar y hacer el seguimiento de objetivos y logros en la lucha en favor de la seguridad ciudadana.

2.

Ante los diferentes criterios para la aplicación del código procesal, en un plazo perentorio se plantea tener un modelo unificado en el Poder Judicial.

3.

Reducir los procesos judiciales más comunes a través de su oralidad.

Estos son los casos de los procesos de familia, cobro de sumas de dinero pequeñas, contenciosos administrativos, etc.

4.

Buscar penas intermedias para casos menores, sin ingreso a penales.

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5.

Generar de oficio anotaciones en los Registros Públicos de bienes incautados, así no sean requeridos por los procuradores, y preparar un protocolo para el levantamiento de dichos registros, de ser el caso.

6.

Utilización de video-conferencia para las audiencias, a fin de evitar el costo del traslado de reos, en especial cuando se trata de largos desplazamientos.

7.

Analizar los cambios requeridos en la Justicia Penal Juvenil para proteger al menor cuya rehabilitación es viable. Dar un adecuado tratamiento al delincuente que cumple mayoría de edad, en especial aquellos muy adentrados en la actividad delictiva.

e.

Ministerio Público 1.

Desarrollar protocolos de acción conjunta para definir roles y funciones en las intervenciones de la PNP, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y demás involucrados.

2.

Establecer protocolos rápidos y eficaces para facilitar la labor de la DIRINCRI en acciones como allanamientos, interceptaciones telefónicas y similares.

3.

Ante inconducta de fiscales provisionales, se debe hacer una investigación rápida, y de ser el caso, retirarles la confianza de manera inmediata.

4.

Registrar las fallas del Nuevo Código Procesal Penal. Existe una Comisión que está trabajando en ello.

5.

La PNP ahora está implementando laboratorios de criminalística. El Ministerio Público se debe centrar en las pericias médico forenses, dejando las demás bajo la competencia de la PNP. 6.

Se debe considerar la creación de la sub especialidad de lavado de activos.

7.

Emitir una directiva a nivel nacional para que los fiscales soliciten a los jueces la pérdida de dominio y, así, puedan disponer de esos bienes.

f.

Consejo Nacional de la Magistratura 1.

Firme compromiso para reducir la provisionalidad en jueces y fiscales, a nivel nacional.

2.

Control disciplinario riguroso de la función judicial para combatir la corrupción y su relación con la criminalidad. Debe existir una particular atención con los casos que afecten la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

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3.

Debe existir una especial atención en los casos que involucren a efectivos policiales, por la naturaleza de los bienes jurídicos que tutelan.

Se debe cuidar que los actos antijurídicos cometidos por malos efectivos no queden impunes.

g.

Asociación de Gobiernos Regionales 1. Anuncian mayores inversiones en materia de Seguridad Ciudadana.

2.

Reafirman su liderazgo y responsabilidad en el desarrollo y aplicación de los Planes Regionales de Seguridad Ciudadana.

3.

Se van a mejorar los niveles de coordinación entre regiones y con el gobierno nacional.

4.

Piden que se les faculte a usar el canon para gasto corriente, vinculado a seguridad.

h.

Asociación de Municipalidades del Perú 1.

Dotar de un nuevo impulso y continuar el proceso de formulación integrado de Planes Locales de Seguridad Ciudadana, debidamente consensuados con la Policía Nacional, las municipalidades, las juntas vecinales y demás organizaciones de los ámbitos distrital, provincial y regional; construyendo así actores eficaces y verdaderos espacios de concertación para la ejecución compartida del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y de Convivencia Social, liderado por el Gobierno Nacional en la persona del Presidente de la República.

2.

Constituir los Observatorios desde el contexto Distrital, Provincial y Regional; como parte del Observatorio Nacional de la Seguridad Ciudadana, liderado por el Consejo Nacional con la representación de los gobiernos locales y regionales.

3.

Asumir un plan sistemático para informar, educar y promover la participación proactiva y preventiva de la comunidad, así como a las entidades administradoras de la Seguridad Ciudadana, en el marco de la Ley del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana-CONASEC, y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y de Convivencia Social; evaluando, monitoreando y perfeccionando su contenido, de manera coordinada y efectiva.

4.

Erradicar conjuntamente los puntos de comercialización clandestina de mercadería (autopartes, aparatos telefónicos, artefactos y otros) obtenida de manera ilegal, corrupta y como consecuencia de la comisión de hechos delictivos —que ocasionan innumerables pérdidas de vidas- sancionando drásticamente a los infractores, tanto a vendedores

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como a compradores.

5.

Fortalecer las capacidades de las Municipalidades, en función de su rol estratégico en la previsión y prevención de los riesgos que afectan la Seguridad Ciudadana y propician la violencia y el delito. El Gobierno Nacional, con la activa participación de los diferentes Ministerios y otras entidades públicas y privadas, debe proveer de asesoría técnica, financiera y apoyo efectivo a los Gobiernos Locales, constituyéndose como su mejor aliado.

6.

Incorporar legal y formalmente a la AMPE, como representante de las 1,838 municipalidades del Perú, en el Consejo Nacional Seguridad Ciudadana CONASEC; y con ello asumir la Seguridad Ciudadana de forma integral tanto en el área urbana como rural.

i.

Consejo de la Prensa Peruana y Asociación de Radio y

Televisión 1.

Crear una cultura de denuncia del delito, que involucre la cooperación del ciudadano con la PNP. 2.

Bajo su autónoma decisión, los medios comprometidos con los valores de la democracia y la ciudadanía difundirán mensajes en favor de la seguridad pública.

3.

Restringir beneficios penitenciarios a quienes delinquen en contra de periodistas en ejercicio de su profesión.

4.

Como medida en contra de la sobrepoblación carcelaria, acelerar los procesos judiciales utilizando videoconferencias en los juzgamientos, de manera que se eviten los traslados de los reos en cárcel, a la vez de disminuir el riesgo de fugas en los traslados.

5.

Procurar que los diversos amparos que otorga el Poder Judicial para reponer a malos policías en la PNP se den con medidas efectivas dentro del marco de la legalidad.

6.

Hacer públicos y transparentes los procesos disciplinarios del nuevo Tribunal Disciplinario Policial.

7.

Implementar controles biométricos en todas las notarías.

8.

Restringir la circulación de efectivo poniendo limitaciones a las transacciones con dicha modalidad.

j.

Asociación de Bancos 1.

Continuar explorando tecnologías (tanto de biometría dactilar como facial) que faciliten la identificación de clientes y usuarios del sistema financiero nacional y permitan desarrollar acciones efectivas para contrarrestar la criminalidad en la industria bancaria.

Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana

seguridadciudadana@pcm.gob.pe

2.

La situación de las comisarias debe mejorar, en especial, la creación de capacidad para albergar detenidos (celdas).

3.

Desarrollar un modelo de servicio policial flexible capaz de asignar recursos de manera dinámica y alineada con el desplazamiento del riesgo delictivo en el país, para ello ASBANC mantendrá actualizado un mapa de riesgos que monitoree el comportamiento de las amenazas y vulnerabilidades que afecten la seguridad física del sistema financiero.

4.

Es necesario coordinar en forma estrecha el trabajo de seguridad entre los agentes privados y la PNP.

k.

Asociación de Propietarios de Armas de uso Civil 1.

La renovación anual de licencias para portar armas es sumamente onerosa e impracticable. Se solicita evaluar un sistema alterno que simplifique el proceso, sin dejar de tener una forma de supervisión anual sobre la tenencia del arma de fuego (declaración notarial del interesado).

2.

Reconsiderar las limitaciones de las tenencias de armas recientemente legisladas para los deportistas y coleccionistas.

3.

Disponer que las entidades pertinentes produzcan una estadística real y actualizada de la tenencia legal de armas en el Perú.

4.

Incluir en los requisitos para la tenencia legal de armas la previa educación en el manejo de armas de fuego.

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