Dossier mesoamerica web by Elikaherria

La Lucha de las Comunidades Campesinas y Populares en defensa de la Tierra y el Territorio, contra las Represas y el Poder de las Hidroeléctricas RADIOGRAFÍA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR CONTRA LAS REPRESAS Y EN DEFENSA DEL AGUA Y LA TIERRA EN

MESOAMÉRICA

Septiembre de 2015 Una publicación de

Fundación Mundubat. Mundubat Fundazioa C/ Sombrerería 2. 3º planta. Bilbao Texto elaborado por Fernando Fernández. Such. Eje de Soberanía Alimentaria. Con la colaboración de Delegaciones de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Diseño y Maquetación: Mikel Apodaka Impresión: Garci Nuño, S.L.

SUMARIO 05

Introducción & Contexto

Red Latinoamericana contra las Represas, y por los Ríos, sus comunidades y la vida

1 · MÉXICO. Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en defensa de los Ríos (MAPDER)

2 · GUATEMALA. Frente Nacional Guatemalteco de Afectados/as y Amenazados/as por las Represas. (FNGARDA)

3 · HONDURAS. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. (COPINH)

4 · NICARAGUA.

5 · PANAMÁ. Red de Afectados por Represas Hidroeléctricas y en Defensa de los Ríos de Panamá

6 · EL SALVADOR. Movimiento Nacional de Afectados Anti represas de El Salvador

Bibliografía

Introducci贸n & Contexto

INTRODUCCIÓN y CONTEXTO La Región Mesoamericana se ubica a nivel geográfico entre el istmo centroamericano y la convergencia de los macizos de los continentes norte y suramericano. A las nueve entidades del sur sureste de México (Campeche – Chiapas – Guerrero. Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, tabasco, Veracruz y Yucatán) se le suman, los siete estados del istmo; Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de los departamentos del Chocó y Antioquia en Colombia. Todo esto forma lo que conocemos como Región Mesoamericana. Es una región tremendamente rica en culturas, siendo la cuna de 55 pueblos indígenas que representan a más de 20 millones de habitantes, predominantemente de ascendencia maya. Además, es una de las regiones más biodiversas. Con menos del 1% de la tierra del planeta, sin embargo, reúne entre el 7 y el 10% de todas las formas de vida conocidas (CCAD – BM 2012: 3 y 6) Así mismo, a lo largo de Mesoamérica habitan más de 45 millones de personas, pero de las cuales el 50% vive por debajo de la línea de pobreza, llegando el porcentaje al 70% en las áreas rurales (CCAD – BM 2012 14). Por lo tanto, pese a la riqueza potencial, la región necesita de justicia y equidad en el acceso a los recursos. Entre los años 1950 y 1985 aproximadamente, siguiendo los dictados de la CEPAL, el modelo de desarrollo implementado, fue similar en toda la región. El modelo de industrialización dependiente por sustitución de importaciones, implicaba la internacionalización del capital en todos los casos. Justo en esta época comienza la primera de las etapas en la que se construyeron importantes represas en todos los países, como por ejemplo la represa del Río Lempa en Honduras, o la Represa, 5 de Noviembre en El Salvador1. Posteriormente, en los años 90, se inicia una etapa de extensión y profundidad de las políticas económicas neoliberales avaladas por el Consenso de Washington e implantadas en los estados a través de los Planes de Ajuste Estructural. En esta etapa se pusieron los pilares para la privatización y mercantilización del agua y la energía ofertando estos nichos a la inversión extranjera para su beneficio.

1 FUNPROCOOP. El Salvador. 2010. Más allá de las Represas. Estudio sobre el origen y actualidad del sector hidroeléctrico de El Salvador. Publicado por la red Alforja en el marco del Programa Mesoamericano de Educación Popular. Autor. Erick Barrera Tomasino.

Introducción & Contexto

La nueva fase de expansión capitalista llega a principios del siglo XXI con la amenaza de la puesta en marcha del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica (CAFTA por sus siglas en inglés), ambos, requerían del desarrollo del Plan Puebla-Panamá (PPP) para construir las infraestructuras de comunicación que garantizaran el éxito de los tratados de libre comercio. Todos estos planes requieren entre otras cosas; reformas legales (desregulación nacional y regulación regional), construcción de las infraestructuras que conecten los centros económicos y de extracción de riquezas y la liberalización de la energía como motor que mueve el sistema y su modelo de producción. Uno de los recursos que se han privilegiado para la producción de energía es precisamente el agua. De esta manera, el recurso, asociado a la generación de energía necesaria para la producción, está siendo incorporado a la lógica comercial, alejándola de su característica de bien común al servicio de la humanidad. (Castro G para MAPDER – Otros Mundos 2006)2 Desde entonces, la apuesta por la construcción de grandes megaproyectos hidroeléctricos se convierte en prioridad estratégica. Sin embargo, y como hemos dicho, toda esta riqueza natural está paradójicamente situada en los territorios y tierras de las comunidades indígenas y campesinas, que por otro lado, es la población que sufre mayor pobreza de la región. De esta manera, y desde hace ya aproximadamente 20 años, la tierra ha vuelto a situarse en el centro de las disputas y los intereses del capital. Los planes de las multinacionales sin embargo requieren de un proceso de despojo y desincorporación de la propiedad que hasta ahora era; campesina, ejidal, comunitaria, indígena, o sometida a leyes de la reforma agraria aprobadas en los años 70.

2 Gustavo Castro. 2006. “El movimiento social en Mesoamérica contra las Represas, por el agua y los Ríos. Elaborado para Otros Mundos y MAPDER. Movimiento de Afectados por las represas de México. Participante del seminario Internacional de Bilbao. 2013. 6

Introducción & Contexto

En este proceso, de desafectación de la tierra, las multinacionales se han encontrado de frente con un movimiento que muestra de nuevo su capacidad de resistencia y lucha. Este movimiento, se ha construido y se apoya desde el nivel comunitario en cientos de experiencias de coordinadoras y plataformas locales de defensa del territorio, y se articula a nivel nacional y también regional, amplificando las luchas como en tantos otros procesos. Y es que al capital se le olvida que los ríos fluyen y en su camino, unen pueblos sin importar las fronteras políticas que los dividen entre unos países y otros. De esta manera, observamos como muchos de estos movimientos populares en defensa del territorio, articulan a las poblaciones en torno a una cuenca hidrográfica o un único caudal. ¡¡¡¡Porque el agua es vida y no negocio para el capital!!!! Esta es una radiografía sencilla de estos movimientos y articulaciones en la región mesoamericana que participan junto a otras organizaciones aliadas de Mundubat como el MAB (Movimiento de Afectados por las Represas de Brasil) en la extensión internacional de las luchas. Es necesario enfatizar que la geografía de la región, su característica de istmo, y su ubicación geopolítica entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico la han puesto en muchos momentos de la historia en el ojo de las luchas por el control del comercio. La Construcción del Canal de Panamá a finales del XIX y principios del XX, su posterior ampliación a un tercer juego de esclusas a finales del siglo XX, representan dos de los momentos decisivos, y ahora a principios del siglo XXI, se enfrenta a la amenaza de un nuevo Canal Transoceánico que rompería en dos Nicaragua. Seguro que este proyecto será el centro de nuevos procesos organizativos y sociales en el país y en la región.

Introducción & Contexto

I. Red Latinoamericana contra las Represas, y por los Ríos, sus comunidades y la vida “Esta Red es una iniciativa de organizaciones que se preocupan por el bienestar de sus comunidades y la soberanía sobre sus aguas”3. La Red está compuesta por más de 250 organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, redes comunitarias y zonales, frentes, y movimientos de 18 países de América Latina, que involucran a más de un millón de personas. Fue constituida en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, al encontrarse varias de estas organizaciones en el Marco de la Consulta Regional convocada por la Comisión Mundial de Represas los días 12 y 13 de agosto de 1999 en la misma ciudad. En marzo del 2000 la organización colombiana, CENSAT Agua Viva4, propuso convocar una primera reunión a las mismas organizaciones, aprovechando un evento sobre bosques, hidroeléctricas, embalses, represas, megaproyectos hídricos en Bogotá. Posteriormente, varios miembros de la Red realizaron una Misión Internacional a los territorios de los pueblos indígenas de los Embera Katío (represa de Urrá) y de los Uwa (pozo petrolero de la Oxydental) El segundo encuentro de REDLAR se celebró en Posadas, Provincia de Misiones, Argentina, del 11-13 julio de 2002, organizada por la Coalición Ríos Vivos, el MAB, Movimiento de Atingidos por Barragens y la RAE (Red de Asociaciones Ecologistas de Misiones).

3 Cita tomada directamente de su presentación como red de organizaciones. 4 CENSAT Agua Viva es la organización integrante de Amigos de la Tierra en Colombia. Aliada importante de los movimientos campesinos e indígenas de Colombia. 8

Introducción & Contexto

La Red está compuesta por más de 250 organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, redes comunitarias y zonales, frentes, y movimientos de 18 países de América Latina, que involucran a más de un millón de personas.

La Red se fortaleció y llegó a su III Encuentro en Cubulco, en la Colonia El Naranjo, Municipio de Cubulco, Departamento de Baja Verapaz, Guatemala, del 17 al 22 de octubre de 2005. El Comité Organizador estuvo a cargo de La Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Represa Chixoy COCAHICH, el Movimento dos Atingidos por Barrangens (Mab-Brasil), Taller Ecologista (Argentina), Coordinadora de los Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), Derechos en Acción (Guatemala), Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC-México), Censat Agua Viva (Colombia) e International Rivers Network (USA). Se dieron cita más de 420 delegados y delegadas provenientes de distintos pueblos de 25 países y de 112 organizaciones campesinas, indígenas, sociales, de derechos humanos, de ecologistas, ONGs, iglesias católicas y evangélicas, redes, frentes, movimientos, medios de comunicación alternativas, naciones indígenas y representantes comunitarios. Se reunieron para analizar, discutir y construir alianzas y estrategias para enfrentar las amenazas a nuestros ríos, comunidades y aguas y específicamente; consolidar la Red y definir sus aspectos operativos (coordinación, página Web, etc.); Analizar las iniciativas de integración como Plan Puebla Panamá, e IIRSA (iniciativa para la Integración de Infraestructuras de Sudamérica), su relación con los Tratados de Libre Comercio, y su papel en el impulso a la construcción de represas. Analizar la política de los gobiernos en estas iniciativas y su rol como promotores de represas. Realizar un mapeo actualizado de las instituciones financieras internacionales, regionales y nacionales y empresas que respaldan la construcción de represas. La evaluación de las luchas en la región, éxitos y fracasos. La elaboración de estrategias comunes hacia un Plan de Acción Continental; Elaboración de una agenda regional; y Fortalecer la lucha por la justicia y reparación para los sobrevivientes de las masacres, los desalojos forzados, y otros daños que ocurrieron a causa de la construcción de la Represa Chixoy en Guatemala.. El IV Encuentro de REDLAR se realizó en julio del 2008 en el valle del río Sinú, en Santa Cruz de Lorica, Colombia, siendo los anfitriones, ASPROCIG, Asamblea de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, CENSAT Agua Viva y los Cabildos Mayores Pueblo Embera Katío. El V y último encuentro celebrado fue en el año 2013, del 6 al 12 de octubre en Retalteco, Peten, Guatemala. En este Encuentro se dio un salto cualitativo al vincular de manera formal en la construcción teórica y política la cuestión energética con el proceso de control sobre el agua. De esta manera se debatió la política energética de la región, el derecho a la consulta, consultas comunitarias, dar seguimiento a los planes de integración, y denunciar la criminalización de nuestros procesos de resistencia entre otros temas. Además, se dieron seguimiento a los acuerdos de Lorica, Colombia (2008) y estableceremos los pasos a seguir y dinámicas de funcionamiento interno de la REDLAR.

Introducción & Contexto

México. Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en defensa de los Ríos (MAPDER)

a resistencia de comunidades y pueblos amenazados con el desplazamiento y el despojo por la construcción de presas comienza a posicionarse en las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en los medios de comunicación, y en los ámbitos sociales y políticos, debido al avanzado nivel de organización de las personas afectadas, agrupadas en el Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Este movimiento que acaba de celebrar su VII Encuentro Nacional en los territorios de los compañeros mixtecos y chatinos amenazados por el proyecto de presa Paso de la Reyna en la costa de Oaxaca, suma a más de 120 colectivos y coordinadoras de todo el país. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas nace de la decisión de los y las afectadas de distintos estados para integrar una resistencia unificada frente a esta agresión. En México, las instituciones encargadas de abrir el camino al control del capital sobre los recursos agua y energía, son la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Las dos instituciones, necesitan el apoyo de la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) como agente encargado de otorgar los permisos para el

saqueo o las ventas a trozos de los recursos nacionales, y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que debe validar el despojo de tierras cambiando el estatus jurídico de tierras ejidales a tierras privadas. Estas “promotoras” gubernamentales entregan los proyectos a las grandes constructoras, sobre todo a través del esquema conocido de Inversión financiada con capitales contratados con la banca internacional, básicamente a través de PIDIREGAS (Mecanismo de la Comisión Federal de la Electricidad), y que acaban originando deuda pública millonaria que tendrán que pagar todos los mexicanos y mexicanas. Por citar un caso y para hablar de montos, el presupuesto programado para el proyecto Presa La Parota, hoy suspendido por la lucha de los pueblos, era de mil millones de dólares. Precisamente, el I Encuentro del MAPDER se celebró en octubre de 2004 en Guerrero, en el marco de la resistencia contra la Presa La Parota. Sobre la base de las experiencias compartidas por personas afectadas de todo el país y la asimilación de la información vertida por organizaciones y expertos, se definieron los lineamientos de una lucha común en defensa de tierras, territorios y recursos naturales. Se comenzó a trabajar desde un esquema de derechos. Se definieron las bases para una correcta

México · MAPDER

M茅xico 路 MAPDER

defensa jurídica como respaldo de los movimientos en los terrenos penal y agrario. Se reforzaron lazos de cooperación con defensores y defensoras de derechos humanos y se fijaron líneas de defensa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; además se integraron expedientes para ejercer los derechos como pueblos indígenas. Se definió además la línea política independiente del movimiento y se adoptó como método fundamental de lucha, la movilización. El MAPDER integra las resistencias contra los proyectos de presas de La Parota en Guerrero, Arcediano en Jalisco, El Cajón y La Yesca en Nayarit, Itzantún en Huitiupán Chiapas y los proyectos binacionales compartidos con Guatemala en el Río Usumacinta, la Presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués, Oaxaca. Además, se integran en el movimiento, grupos de desplazados desde décadas atrás por las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro en la Cuenca del Papaloapan, y quienes ahora enfrentan las mayores agresiones por los proyectos, El Zapotillo en Jalisco y Paso de la Reyna en Oaxaca, además del apoyo a los desplazados por la presa Picachos en Sinaloa. Los esfuerzos se centran en las resistencias locales que son diversas, con características propias y niveles distintos de respuesta y, a la vez, trabajan en fortalecer el carácter nacional del MAPDER, definir su programa y estrategia nacionales y darle una visión de largo plazo que vaya más allá de los movimientos locales y acciones coyunturales. Son conscientes de la necesidad de avanzar en la discusión sobre el problema energético en general en tanto que la construcción de presas tiene un lugar estratégico en las definiciones sobre el control de la energía. “Nos corresponde convencer de que la lucha contra las presas corresponde a toda la población porque en ella se disputa la soberanía energética nacional.” 12

Los esfuerzos se centran en las resistencias locales que son diversas, con características propias y niveles distintos de respuesta y, a la vez, trabajan en fortalecer el carácter nacional del MAPDER, definir su programa y estrategia nacionales y darle una visión de largo plazo que vaya más allá de los movimientos locales y acciones coyunturales.

México · MAPDER

La lucha ha rendido frutos. Arcediano está cancelada y La Parota suspendida por decisión de los pueblos. Las últimas agresiones recaen sobre El Zapotillo ante las declaraciones del gobernador de Jalisco y del director de la cuenca Lerma Santiago de la CONAGUA que afirman que no harán caso de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y amenazan con expropiar a la población pobladora que se niegan a vender sus tierras y sus casas. En Sinaloa, las personas desplazadas por la presa Picachos culpan al gobierno de la muerte de seis compañeros en junio de 2013, atrapados por el fuego cruzado y muertos cuando regresaban del plantón en el Congreso local en el que exigían, junto con muchos más, el cumplimiento de compromisos y la indemnización por sus tierras inundadas. En este contexto, el Movimiento sigue su fuerza expansiva en todo el país, plantando cara a un gobierno decidido a entrar en el club de los países ricos vendiendo los recursos naturales y expulsando a su propia población, un gobierno corrompido por el narcotráfico y vendido al capital y los cárteles y que ha perdido toda legitimidad internacional.

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2 E

Guatemala. Frente Nacional Guatemalteco de Afectados/as y Amenazados/as por las Represas. (FNGARDA)

l 30 de julio del 2005 los pueblos y comunidades de Guatemala dieron un paso histórico al conformar el Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas que no tiene precedentes en el país. A la orilla del gran río Usumacinta que divide la frontera entre Guatemala y México, más de 300 delegados y delegadas se plantearon como Objetivo General el “Conformar un Movimiento Nacional de afectados y amenazados y amenazadas por la construcción de represas, que luchara por sus tierras y comunidades, y por la defensa del agua.” Entre los objetivos específicos se plantearon: Generar conciencia entre las comunidades afectadas y amenazadas, y en general entre la población guatemalteca, sobre los efectos negativos de las represas a nivel social, económico, ecológico y cultural; Generar conciencia sobre los efectos de concesiones y/o privatizaciones relacionadas con el agua y la energía eléctrica; Visibilizar ante la ciudadanía urbana la necesidad de un frente amplio por la defensa de los bienes comunes y del control sobre la energía que existe detrás de todos estos proyectos. Fortalecer alianzas entre las organizaciones y comunidades que luchan contra represas y se oponen a la privatización del agua, conformando un movimiento nacional para coordinar y fortalecer las resistencia

y lucha cotidianas en todo el país; reflexionando entorno a las alternativas para las comunidades, que sean compatibles con sus visiones de vida y desarrollo. En Guatemala existen 17 represas hidroeléctricas que han sido causa de inundaciones de tierras y comunidades, desplazamientos, despojo de recursos naturales, muerte y destrucción. Y están planteados otros 33 proyectos hidroeléctricos que se inscriben en el contexto neoliberal entre los cuales destacan los planificados en Baja Verapaz, Alta Verapaz, Petén, Quiché, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Retalhuleu, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos. Además, la ley de Concesiones y la ley de Agua proponen un marco legal que favorece la privatización y mercantilización del recurso hídrico, siempre y en todo caso ligado a la generación de energía. El objetivo del Frente es Defender los recursos naturales del pueblo de Guatemala, las tierras, las comunidades y la defensa del agua, conformando un Movimiento Nacional de Afectados/as y Amenazados/as por la construcción de represas.

Guatemala · FNGARDA

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Y de manera más específica, su planteamiento es: • Oponerse a la privatización de los recursos, a través de la organización, campañas de información, capacitación o formación ciudadana. La unidad y solidaridad entre las comunidades y las organizaciones de los diferentes departamentos • Fortalecer el Frente Nacional Guatemalteco contra Represas, construyendo frentes contra represas a nivel de las comunidades, municipios y departamentos. • Defender los derechos como pueblos indígenas, exigiendo el respeto del convenio 169 de la OIT y la celebración de consultas y procesos reales de autogestión. • Construir alternativas a los planes neoliberales desde las comunidades y en el Frente Nacional.

El movimiento centra sus reclamos en una serie de demandas que son en este momento históricas entre la sociedad guatemalteca. • La masacre de más de 400 personas en la construcción de la represa de Chixoy (1990 – 1994). El movimiento sigue solidarizándose con las familias desplazadas que perdieron sus tierras y viven en extrema pobreza. A pesar de haber transcurrido 22 años de la construcción de la represa de Chixoy, se siguen esperando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el INDE, sin que los sucesivos gobiernos de turno den solución a su problemática. Además, continúan las amenazas y los intentos de desprestigio hacia los sobrevivientes y sus organizaciones.

• No se cumple con la obligación de consulta comunitaria recogida por el Convenio 169 de la OIT, ni se toma en cuenta la opinión de las comunidades para decidir la construcción de las represas hidroeléctricas, a pesar de ser las más afectadas. Piden la participación como organizaciones afectadas, en la gestión y control del proceso de consulta. • El engaño, las mentiras y la desinformación que las autoridades, empresarios extranjeros y funcionarios públicos hacen en las comunidades, negando los planes y proyectos hidroeléctricos y atacando a la dirigencia de nuestras organizaciones y dividiendo nuestras comunidades.

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• Del mismo modo, denuncian a los medios de comunicación, que se prestan al juego de gobierno y hacen publicidad a favor de los proyectos neoliberales como el Plan Puebla Panamá y TLC, y no toman en cuenta las opiniones y daños que esto genera en nuestro pueblo. • Piden la ampliación de las áreas protegidas que afectan la vida y sobrevivencia de las comunidades, tal es el caso de Semuc Champey en el municipio de Lanquín, Alta Verapaz y de la cuenca el Mirador, en Petén.

• Denuncian los desalojos e intentos de despojos de tierra y los planes ocultos que el gobierno y los poderosos hacen en las comunidades en donde ya se han concesionado los proyectos de represas, como son el caso de las comunidades Trece Aguas de Senahú, y Chulac, en Santa María Cahabón, ambas en el departamento de Alta Verapaz; en Xálala y Serchil sobre el río Chixoy, municipio de Ixcán, Departamento de Quiché, cuyos estudios de factibilidad y pre-factibilidad, han sido adjudicados a la empresa colombiana INGETEC.

Frente a esto las organizaciones que forman el Frente, exigen: • La cancelación definitiva de los estudios, de la construcción y los posibles planes de construcción de nuevas represas que se proyectan en las leyes mencionadas. • La suspensión total de las concesiones mineras y petroleras que afectan a muchas comunidades de nuestro territorio nacional ya que hasta el momento el gobierno no ha respondido al clamor de la población y ha continuado apoyando a las empresas transnacionales de minería y petróleo, al menos hasta que se desarrollen los procesos de consulta con todas las garantías y controles sociales.

• Que el Congreso de la República rechace la Ley de Aguas y la Ley de Concesiones, ya que es el marco legal que las empresas y los poderosos esperan para llevar adelante las privatizaciones de nuestros bienes • Que el gobierno y el personal funcionario, cumplan con su tarea de trabajar para la ciudadanía y que no nieguen a las comunidades y sus organizaciones la información sobre proyectos que pueden afectar su vida y su futuro. • Al INDE, al gobierno y a las instituciones involucradas, la inmediata reparación de los daños causados a las y los compañeros afectados por la construcción de la represa de Chixoy.

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Honduras. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. (COPINH)

“En el día del Amanecer y de la renovación de las Etapas de la Vida, regido por los sagrados signos antiguos nos encontramos las comunidades de los municipios de la parte sur de los departamentos de Lempira e Intibucà con representantes del sector norte de Intibucà y San Francisco de Opalaca. Todos y todas organizados y organizadas en torno al COPINH y otras fuerzas vivas de este Pueblo, desarrollando en este municipio de Concepción, la Asamblea Lenca en Defensa de los Territorios, Cultura y Vida y en especial en defensa del Río Negro, San Juan, Torola y Guarajambala. Inspirados e inspiradas por la heroica lucha de Río Blanco, que pese a la persecución política, militar y judicial continúan en el legítimo ejercicio de su derechos históricos, a casi 5 meses del control territorial en el Roblón, y en honor a nuestros compañeros y compañeras asesinados como Tomás García, Paula González, Olayo Sorto y Juan Humberto Sánchez, ejerciendo los derechos que ancestralmente nos corresponden.”

on esta declaración se hizo efectiva la refundación de COPINH en marzo de 2013, y tras 4 años de desvertebración provocada por el hostigamiento incesante de las fuerzas golpistas en Honduras que se hicieron con el poder en el año 2009. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, es una organización social y política, sin fines de lucro, indigenista y pluralista, amplia, solidaria, humana, digna y unitaria de la zona sur-occidental de Honduras y con incidencia nacional. Es una instancia facilitadora en la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos de que trabaja para elevar su conciencia social y política, impulsando a la vez el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.

El ataque especialmente violento contra este movimiento, ha sido denunciado por todas las instancias internacionales, y se explica por el especial interés de los gobiernos golpistas en Honduras para ofrecer al capital los recursos naturales sin límite alguno. Sólo en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013) se han aprobado leyes para la concesión de los ríos, leyes para la exploración y explotación de hidrocarburos, ley para la creación de Regímenes Especiales de Desarrollo (Ciudades modelo), ley que disminuye y limita la categorización de zonas de reserva y áreas naturales protegidas, ley para la Promoción y Protección de las Inversiones, ley para la reconversión de la deuda pública a través de la hipoteca de recursos naturales, entre otras. Además están en proceso de aprobación la ley para la concesión de las aguas marítimas y una nueva ley

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municipal que permitirá la creación de municipios mineros. Todas estas iniciativas legislativas convergen en un solo objetivo: Abrir las puertas al capital transnacional para una fase acelerada y agresiva de concesión de los bienes naturales. El 18 de agosto de 2009, a los pocos días del golpe de estado, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. En el marco de esta ley, en junio de 2010, el Congreso Nacional1 aprobó 40 contratos a empresas privadas para suministro de energía eléctrica2 y una serie de proyectos para la construcción de represas en territorios indígenas y comunidades campesinas. Entre ellos, están concesionados 24 proyectos hidroeléctricos sólo en el departamento de Atlántida3, la mayoría de ellos sin contar con suficientes estudios técnicos y sin la participación, y mucho menos la consulta de los y las afectadas, lo que ha generado el rechazo de los pueblo y conflictos entre las comunidades y empresarios que son protegidos por el ejército, la policía y el Gobierno.

1 Diario El Heraldo: “Congreso aprueba Ley General de Aguas”, edición del 19 de agosto de 2009. 2 Diario El Heraldo: “Congreso aprueba Ley General de Aguas”, edición del 19 de agosto de 2009. 3 MEJÍA GUERRA, Juan y FERNÁNDEZ, Martín. Situación jurídica y técnica de los recursos hídricos del departamento de Atlántida. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. La Masica, Atlántida. 2010, p. 3. 20

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El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, es una organización social y política, sin fines de lucro, indigenista y pluralista, amplia, solidaria, humana, digna y unitaria de la zona sur-occidental de Honduras y con incidencia nacional.

Ejemplo de ello es el ataque ejecutado por un oficial del ejército en el que murió el indígena Lenca Tomás García, y quedó gravemente herido su hijo menor de edad, quienes defendían sus territorios en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Por otra parte a las comunidades Indígenas Lencas del departamento de la Paz, se les ha impuesto de forma arbitraria la construcción de una represa hidroeléctrica, cuyos propietarios han sido vinculados a la actual secretaria del Congreso Nacional. Pese a que desde hace más de dos años se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de las Etnias, los tribunales locales y las instancias administrativas, ninguna dependencia estatal ha realizado acciones efectivas para restituir y garantizar este derecho a la población. Al contrario, varios líderes indígenas al momento de brindar sus declaraciones o interponer sus denuncias han sido víctimas de las autoridades quienes les han negado el reconocimiento de sus derechos como pueblos indígenas. Al mismo tiempo, el 23 de enero de 2013, se aprobó la Ley de Minería luego de un proceso ilegítimo en el que supuestamente se socializó y consultó a diversos sectores sociales. Un análisis preliminar de ella nos indica que este instrumento legal tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica para las inversiones por encima de los derechos humanos de las comunidades, tales como, el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios ya que permite la expropiación forzosa de los territorios ancestrales en nombre del concepto de la “utilidad pública”. En materia fiscal, esta ley otorga un incentivo del 2% de las utilidades de cada proyecto minero para un “fondo de seguridad” que va directamente para el fortalecimiento de la Policía y el Ejército, supuestamente como estrategia para disminuir la inseguridad derivada de la violencia y el crimen. No obstante, en la práctica, estos fondos al ser sus beneficiaros la Policía y el Ejército, convierten a la fuerza pública prácticamente en socio de las empresas. Honduras · COPINH

Ante este escenario, las comunidades se han organizado para enfrentar y denunciar los impactos sociales y ambientales de este tipo de proyectos, por lo que muchos de sus liderazgos han sido víctimas de una escalada de amenazas, ataques violentos, intimidaciones, asesinatos y criminalización4. Hoy por hoy, COPINH, es la fuerza social organizada frente al despojo del territorio y en contra de los proyectos de inversión hidroeléctricos y mineros en el país. La organización dice textualmente: “ ... - Rechazamos una vez más la privatización a través de concesiones de nuestros ríos, como ser el Río Negro, Guarajambala, San Juan y Torola, concretizándose en Proyectos Hidroeléctricos como el “Chinacla” y un complejo de hidroeléctricas sobre estos sagrados ríos que privatizan también energía, territorios y vida, destruyendo nuestros tejidos y procesos comunitarios ancestrales. - Rechazamos las amenazas de concesión, estudio, exploración y explotación minera, y que sepan las transnacionales y empresas oligarcas que tienen estas pretensiones sobre estos sagrados territorios del Pueblo Lenca, que somos hijas e hijos de Lempira, y que parte de nuestra propósito como Pueblo Lenca es custodiar los bienes comunes de la naturaleza para garantizar la vida, la dignidad, los equilibrios, nuestra espiritualidad, soberanía alimentaria, la salud, el agua como derecho humano y vital, la biodiversidad, contrarrestar el calentamiento global y la contaminación. - Todos y todas somos defensores y defensoras de nuestros territorios y nuestros ríos, así como también estamos en alerta y resistencia permanente; que no permitiremos más invasiones, así como lo hemos hecho en distintos puntos de la región Lenca en procesos de luchas en comunidades organizadas al COPINH, sin permitir que los bienes comunes los conviertan en “recursos ociosos” y sean entregados al mejor postor. - Nos solidarizamos con la causa que libran nuestros hermanos y hermanas de Río Blanco, como también con nuestra compañera Berta Cáceres, y nuestros compañeros Tomas Gómez y Aureliano Molina. Que nos auto convocamos a la Audiencia Inicial para el 12 y 13 de septiembre en los Juzgados de Intibucà. Condenamos larepresión y la persecución política, judicial y militar contra el COPINH, la criminalización y campañas de ataque mediático y los intentos de dividir nuestra organización.

... ”

4 Sólo por poner unos ejemplos recientes, el 15 de julio un soldado del Primer Batallón de Ingenieros asesinó al líder indígena, Tomas García durante una manifestación en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca; el 25 de agosto fueron asesinados los indígenas tolupanes, María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, por realizar acciones de defensa de su territorio de la explotación ilegal de los bienes naturales en sus territorios; el 20 de septiembre se dictó prisión preventiva contra Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, acusados de los delitos de usurpación, coacción y daños a la empresa DESA, que pretende llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en territorio ancestral del pueblo indígena lenca. 22

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Un ligero mapeo como el que hacemos a continuación, revela la gran cantidad de proyectos en marcha en un territorio relativamente pequeño. Concesiones otorgadas sin ni siquiera el trámite del previo consentimiento contemplado en el Convenio 169 de la OIT.

A. Proyectos Hidroeléctricos en el territorio del Pueblo Lenca. • Proyecto Hidroeléctrico de San Rafael, en el municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá. El proyecto, que está concesionado a nombre de la empresa PROINTER, impacta la comunidad lenca de San Rafael. • Proyecto Hidroeléctrico Chinacla, que afecta las comunidades de San Marcos de la Sierra, Colomoncagua y Santa Elena en el departamento de Intibucá. • Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado sobre el río Gualcarque. Afecta las comunidades de los municipios de Intibucá, San Francisco de Opalaca y San Francisco de Ojuera en el departamento de Intibucá. • Proyecto Hidroeléctrico Gualcarque, también ubicado en el río Gualcarque. Es impulsado por las empresas Ríos Power y ENERSA del Grupo Terra. En 6 cabildos abiertos la población de San Francisco de Opalaca ha manifestado su no rotundo a este proyecto. • Proyecto Hidroeléctrico Las Ventanas, ubicado sobre el río Uluíta. Afecta la comunidad lenca de Las Ventanas, San Rafael. • Proyecto Hidroeléctrico Guarajambala, sobre el río Guarajambala. Afecta las comunidades indias de los municipios de Concepción, San Marcos de la Sierra, Colomoncagua y Camasca en el departamento de Intibucá.

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• Proyecto Hidroeléctrico San Juan, sobre el río San Juan. Afecta diferentes comunidades de los municipios de San Francisco y Piraera en el departamento de Lempira y comunidades del municipio de Concepción en el departamento de Intibucá. • Proyecto Hidroeléctrico La Aurora, en el municipio de San José, departamento de La Paz. • Proyecto Hidroeléctrico Lepasale, sobre el río Lepasale. Afecta la comunidad de Las Minitas, municipio de La Paz. • Proyecto Hidroeléctrico Sazagua, sobre el río Sazagua. Afecta comunidades del municipio de Santiago Puringla en La Paz y en el municipio de Masaguara en el departamento de Intibucá.

B. Proyectos Hidroeléctricos en territorios de los pueblos Pech, Tawahka y Miskito. Se trata de 3 grandes proyectos hidroeléctricos a construirse entre los Departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Estos proyectos son conocidos como Patuca I, Patuca II y Patuca III, y que se realizarán en el río Patuca, que es la única vía de comunicación y espacio de confluencia de estos 3 pueblos originarios. Una vez construidos con un costo estimado de 22.800 millones de Lempiras (unos 924,6 millones de euros), generarán 524 Megavatios de energía. Patuca I generará 270 Mw, Patuca II 150 Mw y Patuca III 104 Mw. Patuca III, también conocido como Proyecto Hidroeléctrico Piedras Amari24

llas, ubicado entre los municipios de Patuca y Catacamas en el Departamento de Olancho, será el primero en realizarse a un costo de 290 millones de eursos. Con la construcción de un embalse con una cortina de 57 metros de altura que creará una caída bruta de 43.5 metros, entrará en actividad en octubre del 2013, produciendo 104 megavatios de energía eléctrica, utilizando para ello una descarga de 135 metros cúbicos de agua por segundo. Al construirse las 3 fases del proyecto se inutilizarán alrededor de 200 kilómetros de los 350 que tiene de extensión el río Patuca, lo que se traducirá en un fuerte impacto ambiental y social para los grupos étnicos y ladinos de la zona. Solamente Patuca III borrará del mapa unas 18 comunidades campesinas forzando la reubicación de 379 familias ya que el espejo de agua de la represa será de 72 kilómetros cuadrados aguas arriba de la cortina de represamiento. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica afirma haber realizado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual fue remitido a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en enero de 2008, registrado como expediente Nº 2006-A-163. Sin embargo, los grupos étnicos lo desconocen y afirman nunca haber sido llamados para participar en dicho estudio, tal como lo prescribe la Ley General del Ambiente, el Reglamento del SINEIA, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Resolución de la Organización de Estados Americanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, y la Resolución de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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C. Proyectos Hidroeléctricos en el territorio Tolupán • Proyecto Hidroeléctrico Locomapa, municipio de Yoro. La represa se construirá sobre el río Locomapa en San Francisco de Locomapa, que es la tribu de mayor población autóctona de las 28 tribus Tolupanes conocidas actualmente. • Proyecto Hidroeléctrico Jimía, a construirse en el río Jimía en el municipio de Yoro. Afectará directamente las comunidades de San Antonio y Jimía pertenecientes a la tribu Jimía.

• El Proyecto Hidroeléctrico del río Alao en el sector Mejía del municipio de Yoro y el Proyecto Hidroeléctrico del río Yaguala en los límites departamentales de Olancho y Yoro, no se ubican en territorios tribales de los Tolupanes pero afectan indirectamente varias de sus tribus.

D. Proyectos Hidroeléctricos en Territorio Garífuna. • Poyecto Hidroeléctrico La Ensenada, a construirse en el río Cuyamel, que afecta la comunidad Garífuna de Sambo Creek. La licencia ambiental le fue otorgada en el gobierno de facto de Micheletty en el tiempo record de 40 días. El pueblo Garífuna no fue consultado tal como lo estipulan las leyes. • Proyecto hidroeléctrico Masca, sobre el río Masca. Afecta la comunidad Garífuna de Masca en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.

• Proyecto Hidroeléctrico de Santa Fé, sobre el río Mármol. Afecta la comunidad Garífuna de Guadalupe en el municipio de Santa Fé, departamento de Colón. • Proyecto Hidroeléctrico de Ojo de Agua, sobre afluente del río Sico. Afecta la comunidad Garífuna de Ojo de Agua del municipio de Iriona, departamento de Colón. • Proyecto Hidroeléctrico del río Sico, es una mega represa a construirse sobre el río Sico. Afectará a todas las comunidades del municipio de Iriona, departamento de colón

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Nicaragua

a situación en Nicaragua es diferente a la del resto de los países de la Región. En estos años no se ha conformado un movimiento nacional o una red de organizaciones de personas afectadas por el desarrollo de represas o proyectos hidroeléctricos. Esto no significa que no existan en el país amenazas a la vida de comunidades indígenas y campesinas por esta razón. A pesar de no existir un movimiento nacional articulado, al igual que en el resto de los países, cuando existen noticias de algún proyecto, las comunidades afectadas tienen gran capacidad de organización y de movilización social. Algunos de los casos que articulan las fuerzas sociales populares en resistencia son: • El megaproyecto hidroeléctrico Río Grande de Matagalpa, conocido como la “Represa del Tumarín” tiene el objetivo de generar hasta 980 MW mediante la construcción de tres represas (Copalar, Tumarín y Mojolka), en dos fases consecutivas. Para lograr esta capacidad, que representaría el doble del consumo actual de energía eléctrica de toda Nicaragua, ese proyecto se propone la inundación de aproximadamente 345 Km² en la confluencia de los límites de la

Región Autónoma del Atlántico Sur, Atlántico Norte y los departamentos de Boaco y Matagalpa, afectando gravemente a la población de la zona y a los recursos naturales. De las tres represas, el proyecto más avanzado y que ha generado mayor contestación social es de Tumarín. Tumarín estará ubicado en el municipio de La Cruz de Río Grande, Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS. La construcción de la hidroeléctrica, corre a cargo de la estatal brasileña Electrobras y el conglomerado Queiroz Galvao y se pretende realizar en un período de cuatro años. Tendrá una potencia instalada de 253 megavatios con una generación anual estimada en 1,184 Gv hora. Sin embargo, y después de años de paralizaciones, se ha llegado a un acuerdo con las 315 familias pobladoras que representan el 10% del total de familias aceptadas. Meses antes se había alcanzado ya un acuerdo con el 90% de las familias. El precio que ha pagado por manzana de tierra es de 800 USA$. Es decir, unos 500 $USA por Ha de tierra. De esta manera, Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN) encargada de la gestión logra allanar el camino a la construcción de la Represa.

NICARAGUA

En noviembre pasado el proyecto incrementó sus costos de operación en US$300 millones, pasando de US$800 millones en 2009 - cuando se aprobó y publicó la Ley Especial para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico, Ley 695. La reforma permite dar mayor seguridad jurídica a los inversionistas, ampliando los beneficios fiscales, incluyendo la exoneración total de los impuestos municipales. Por otro lado, está prevista la visita del Gobierno de Brasil junto con representantes de Electrobras, para negociar con los homólogos nicaragüenses el precio al que se venderá la energía a la distribuidora que será la empresa española TSK Melfosur. • El proyecto hidroeléctrico Brito. Este proyecto avalado por la actual administración, en concreto con el aval del Ministerio de Energías y Minas, MEM, contempla la construcción de una muralla sobre el río San Juan, antes de El Castillo, llamada “Presa San Isidro”, cerca de la desembocadura del Río Sábalo, y otra sobre el Río Brito, en el Istmo de Rivas, llamada “embalse Miramar”, usando como fuente de regulación las aguas del Lago de Nicaragua. Se estima, que su potencia de producción energética sería de 250 megavatios. El costo de inversión está estimado en 600 millones de dólares, en un tiempo de cuatro años y con apoyo de una importante firma brasileña. Esta pared hará que las aguas del lago, que se descargan naturalmente al Caribe a través del Río San Juan, se frenen en su ruta, aumenten el nivel de agua del Cocibolca y eso llenaría la represa Miramar, donde funcionarían las turbinas gigantes que generarán la energía. Sin embargo, el impacto ambiental de esta obra es todavía incalculable. Los estudios para esta obra se iniciaron en los años 70 y para finales de 1978 el gobierno de Somoza pensaba buscar financiamiento para construir la obra. La revolución dejó aparcado el proyecto y la salida del régimen acabó definitivamente con la propuesta, hasta que en 2007, con el regreso del presidente Daniel Ortega al poder, y en alianza con Brasil, se volviera a tocar el tema. La amenaza sobre el ecosistema del Río San Juan es evidente, pero el impacto social será tremendo. Las 50.000 personas que quedarán atrapadas de la represa hacia la cabecera de cuenca quedarán todavía más aisladas y sin posibilidad salida empujándoles a la emigración hacia Costa Rica.

NICARAGUA

A pesar de no existir un movimiento nacional articulado, al igual que en el resto de los países, cuando existen noticias de algún proyecto, las comunidades afectadas tienen gran capacidad de organización y de movilización social.

El proyecto definido en cooperación con el Gobierno de China y capitales e inversores procedentes del gran gigante económico, pretende asumir el 5% del transporte de mercancías mundial.

Pero el proyecto más amenazador para la cohesión social y la sostenibilidad ambiental de Nicaragua es la construcción prevista del llamado Desarrollo Integral del Gran Canal de Nicaragua o Canal Transoceánico. Un canal que uniría la costa del Atlántico con el Pacífico por el centro del país, aprovechando la conexión del Lago Nicaragua. El proyecto definido en cooperación con el Gobierno de China y capitales e inversores procedentes del gran gigante económico, pretende asumir el 5% del transporte de mercancías mundial. Un recorrido de 278 Km. de los cuales, 105 transcurren por el Lago de Nicaragua. Las puertas de entrada y salida serían Puerto Brito en el Pacífico y Puerto Punta Águilas en el Atlántico. El proyecto pretende construir dos juegos de exclusas. En el lado Pacífico, la exclusa Brito estará ubicada cerca de la comunidad de Río Grande en el Departamento de Rivas, y la esclusa Camilo del lado Caribe se encontrará cerca de la confluencia del Caño Eloisa y el Río Punta Gorda. El proyecto incluye la construcción de 6 zonas de libre comercio en los márgenes aledaños al canal sobre todo en las zonas de entrada y salida del canal. El proyecto ha iniciado sus pasos en diciembre de 2014 con una fuerte campaña de difusión y publicidad de sus “potenciales” beneficios por parte del propio gobierno de Daniel Ortega que se ha convertido en su principal valedor, cuando la mayoría de organizaciones y colectivos sociales ven importantes peligros en su construcción. Una de las amenazas más importantes y firmes procede de la cualidad del inversor principal, China, necesita colocar inversión por el enorme superávit de su economía y para frenar la desaceleración que empieza a vislumbrarse en el último trimestre. La falta de información relacionada con el proyecto ha sido denunciada ya por el Centro Humboldt en varios documentos y comunicados1. Su llamada de atención inicial está siendo sobre los impactos ambientales en todo el curso del Lago Nicaragua. El Centro Humboldt además, alerta de que el informe inicial no explica nada acerca de los impactos de la construcción del lago artificial de Atlanta que el proyecto prevé y que tendría un área de 400 km.2

1 El Centro Humboldt. Organizó en Managua, el 11 de septiembre de 2014 un Foro Abierto de discusión sobre el Proyecto de desarrollo integral del Gran Canal Interoceánico. Celebrado en la Universidad Centroamericana, convocó a representantes de la Academia de las Ciencias, de organizaciones y movimientos sociales, y a representantes del gobierno para debatir sobre el proyecto.

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Panamá. Red de Afectados por Represas Hidroeléctricas y en Defensa de los Ríos de Panamá

l proceso de organización popular en Panamá en relación a este tema, arranca en el año 1996 en el marco del proceso de discusión sobre la ampliación del Canal de Panamá con un tercer juego de exclusas lo que provocaba el desalojo de 80.000 familias campesinas de sus tierras ancestrales. Fruto de este proceso, se creó la Coordinadora Campesina contra los Embalses que durante años desarrolló una campaña de movilización social, de sensibilización a la ciudadanía y de resistencia frente a los actos que condenaban las vidas de miles de campesinos y campesinas. El proceso de organización fue tremendo al enfrentarse ante un gigante mundial como es la Autoridad del Canal de Panamá y todos los intereses económicos y políticos que existen detrás de ella. El proceso generó un debate intenso en el seno del movimiento social – indígena y campesino al que se suman organizaciones ecologistas y organizaciones de desarrollo y la propia Iglesia panameña, fruto del cual se constata que la relación entre agua - energía y colonialismo era intensa en el contexto panameño Hoy en día, la ampliación del Canal de Panamá es una obra en construcción muy avanzada, pero ade-

más, la Red de Afectados denuncia la construcción de más de 20 proyectos hidroeléctricos y grandes embalses en el país y que otros 60 proyectos están en trámite en la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), institución encargada de controlar la subasta de ríos de acuerdo a los intereses económicos y políticos del gobierno en turno. Solo en Chiriquí se están construyendo 17 hidroeléctricas y en Bocas del Toro, el río Changuinola ya es un prisionero más de la transnacional americana AES, que demuestra que sus dólares son más importantes que el cumplimiento de derechos humanos, los derechos de pueblos indígenas y la protección de Parque Internacional La Amistad (PILA), patrimonio de la humanidad. Al igual que en el resto de los países de la región, es de desatacar que los procesos de organización en estas redes surgen de las luchas concretas que desarrollan comunidades indígenas y campesinas afectadas como es el caso de las luchas ejemplares de las comunidades indígenas Naso y Ngäbe que mantienen resistencia contra los proyectos hidroeléctricos en los ríos Bonyic y Tabasará. Estos procesos comunitarios de organización, articulados a nivel nacional, consolidan las redes que en este documento cartografiamos.

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De esta manera, en el caso de la Red Panameña, los movimientos y organizaciones que la forman son; Movimiento 10 de abril del Rio Tabasara, Movimiento Campesino en defensa del Río Cobre, Unión Indígena y Campesina, Asociación ambientalista de Chiriqui, Fundacion Naso Ther.di, Movimiento por la defensa de los territorios y el ecosistema del archipiélago de Bocas del Toro, Afectados por la represa del Río Gariche, Alianza Ambiental pro desarrollo integral unidos por Panamá, Familias en resistencia contra la Hidroeléctrica Chan 75. Río Changuinola, Congreso Local de Kodri, Comité de Protección y conservación de la cuenca del Río Santa María, Red de desarrollo integral comunitario Mata Redonda. Río Liri. Red de Desarrollo Integral Comunitaria el Remance Distrito San Francisco. Comité de Líderes de Juventud Ngabe. Cacique Tradicional de Mirondo – Casilda. Castrellón. Comité en Contra del Proyecto Minero de Cerro Pelado. Coordinadora por la defensa de los Recursos Naturales y el derecho del pueblo Ngabe Buble y Campesino. Uno de los casos emblemáticos es la Lucha del pueblo Ngäbe que ha protagonizado durísimos choques con el actual Gobierno de Panamá. El primero fue en Changuinola (Bocas del Toro) en 2010 donde corrió la sangre de los obreros ngäbe de las bananeras. Después, en 2011 y 2012, miles de ngäbe y de buglé se concentraron a lo largo de la carretera Panamericana para defender la integridad de su territorio legalmente reconocido (la Comarca Ngäbe Buglé y los territorios anexos) frente a la expansión de los megaproyectos energéticos y extractivos. Una de sus exigencias, teóricamente aceptada por el presidente Ricardo Martinelli tras duras jornadas de represión policial, era que la Comarca quedara libre de hidroeléctricas y de minería.

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El río Changuinola ya es un prisionero más de la transnacional americana AES, que demuestra que sus dólares son más importantes que el cumplimiento de derechos humanos, los derechos de pueblos indígenas y la protección de Parque Internacional La Amistad (PILA), patrimonio de la humanidad.

El Gobierno firmó los acuerdos de San Félix y San Lorenzo, utilizó a Naciones Unidas para dilatar un proceso de verificación y, desde su óptica, debilitar un movimiento de resistencia que había despertado, además, la solidaridad de la mayor parte de la sociedad panameña. Sin embargo, a mediados del 2013, ese mismo gobierno autorizó a la empresa Generadora del Istmo a reanudar las obras de la represa de Barro Blanco, en el río Tabasará, un proyecto al que los indígenas se han opuesto desde el inicio por las graves afectaciones a 40 comunidades y al ambiente. Los tres lugares más amenazados a partir de ayer, lunes 17 de febrero de 2014, son Quebrada Caña, Nuevo Palomar y la comunidad cultural de Kiad. Y es en estos puntos donde desde el fin de semana se han ido concentrado centenares de ngäbe para evitar que la herida sobre su territorio siga creciendo. La resistencia es firme y la presencia policial en la localidad de Tolé, masiva.

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El Salvador. Movimiento Nacional de Afectados Anti represas de El Salvador

pesar del fuerte interés de las corporaciones transnacionales por el control de los ríos para la generación de energía, la ejecución de los proyectos de represas hidroeléctricas se ha encontrado con oposición de distintas organizaciones, que con altos y bajos permanecen en la lucha contra las represas en El Salvador. En este nuevo período, es decir, desde mitad de los años noventa a la fecha, la construcción de proyectos hidroeléctricos, se ha encontrado con la oposición de numerosas organizaciones y colectivos, fundamentalmente protagonizados por los pueblos originarios y campesinos. Hay que mencionar que desde el principio la lucha contra las represas estuvo muy apoyada por Organizaciones No Gubernamentales con experiencia y capacidad en temas ambientales, debido a que algunas de estas que trabajan en los territorios amenazados fueron las primeras en conocer las proyecciones de los gobiernos ejecutivos. En muchas ocasiones, ni siquiera en la Asamblea Legislativa se tenía información pues el tema se trataba como secreto de Estado. Así, muchas de estas organizaciones iniciaron una serie de consultas en las comunidades y con otras organizaciones para sondear el nivel 34

de conocimiento acerca de los nuevos proyectos de hidroeléctricas; dando como resultado un absoluto desconocimiento de la población acerca de las intensiones del gobierno sobre la construcción de las represas (Barrera y Vanegas. 2008) En el año 2004 se impulsó una de las primeras tentativas de coordinar las luchas que hasta la fecha se realizaban de manera aislada, esta iniciativa se conoció como Coordinadora Nacional Anti represas de El Salvador, la cual impulsó una oposición más frontal y de mayor presencia a nivel nacional. Luego, en el marco del III Foro Nacional Anti represas, desarrollado del 17 al 19 de agosto del 2006 , en el municipio de Carolina, Departamento de San Miguel, se forma el Movimiento Nacional Anti represas de El Salvador, que se conoció como MONARES. Este quedó conformado por representantes de todas las comunidades participantes en ese foro (Comunidades Indígenas de Morazán, Coordinadora del Alto Lempa, Comunidades afectadas de Carolina, San Antonio del Mosco, San Luís de la Reina, Nuevo Edén de San Juan, Segundo Montes, Suchitoto, Nahuizalco, Santa Ana y Texistepeque; así como el Grupo Ecológico La Estancia, CORAF Cimarrón, y las instituciones

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CESTA, FUNPROCOOP, CÁRITAS, Comisión Diocesana Por La Vida de Chalatenango como acompañantes del proceso), quienes adquirieron el compromiso de darle seguimiento a los acuerdos de dicho foro. Bajo el lema “La Tierra no se vende, se ama y se defiende (Barrera y Vanegas. Óp. Cit.)” A medida que el MONARES se consolidaba como un fuerte movimiento con presencia en las regiones amenazadas y afectadas por represas, las diferencias en cuanto al planteamiento estratégico que debía orientar la lucha del movimiento en defensa de los ríos, generó ciertas escisiones que terminaron por debilitar el debate, la incipiente organicidad, y en consecuencia, produjo la desarticulación del movimiento; siendo este debilitamiento aprovechado para inaugurar algunos de los proyectos anunciados (específicamente El Chaparral). Aun así, las comunidades mantienen diversas formas de presión y resistencia, de carácter territorial, para detener las construcciones. Estas últimas protestas han sido dirigidas al gobierno ejecutivo y muy raro a las empresas y al modelo de dominación imperialista con sus planes de control del territorio. Aún con ello, en los últimos años se han incorporado varias instituciones y sectores quienes se han pronunciado en contra de la construcción de las represas hidroeléctricas y han dedicado sus acciones en proponer “alternativa”. En diciembre de 2007 se aprobó la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad. Esta Ley establece un paquete de beneficios fiscales a las personas naturales o jurídicas que inviertan en fuentes renovables para generar electricidad: exonera aranceles de importación por los primeros 10 años para centrales de hasta 20 MW, exime el impuesto sobre la renta los primeros cinco años para centrales entre 10 y 20 MW y 10 años para las menores de 10 MW, entre otros. Esta ley en principio positiva, favorece la inversión extranjera en 36

EL SALVADOR

Las diferencias en cuanto al planteamiento estratégico que debía orientar la lucha del movimiento en defensa de los ríos, generó ciertas escisiones que terminaron por debilitar el debate, la incipiente organicidad, y en consecuencia produjo la desarticulación del movimiento.

el sector estratégico de la energía. A partir de este momento, en El Salvador, se está promoviendo diversos estudios para conocer el potencial geotérmico, eólico, solar y de biomasa en el país, como política energética para esta década. En cuanto a los proyectos de generación de energía hidroeléctrica planeados para el Salvador, hay varios de gran tamaño e impacto. Los nuevos proyectos representan un incremento del 74% de la capacidad instalada hasta 2007. Hidroeléctrica el Chaparral: ubicada sobre el río Torola, al norte de San Miguel, se esperaba su finalización para enero de 2013, aunque todavía no está en funcionamiento. Con un préstamo de $163 millones del BCIE se construye esta represa, que tiene un costo total de $220 millones. La constructora del proyecto es la italiana ASTALDI SpA. De igual modo está en inscripción La Hidroeléctrica 5 de Noviembre: Ampliación de la ya instalada con un costo del proyecto estimado en $136 millones y se espera que entre en operación en el año 2015. Hidroeléctrica Santa Ana, con una inversión estimada en 550 millones de dólares y una capacidad instalada de 261 MW; proyectada a partir de 2010, su construcción tomará siete años. Hidroeléctrica el Tigre. Pendiente de construcción. Es un proyecto binacional entre El Salvador y Honduras. En el municipio de Sensuntepeque, Cabañas en El Salvador y los departamentos de Lempira e Intibucá, en Honduras. El proyecto hidroeléctrico El Tigre formaría parte del sistema de centrales generadoras construidas a lo largo del río Lempa, entre las represas 5 de Noviembre y 15 de Septiembre en El Salvador. El proyecto ha permanecido latente desde 1995. El Proyecto Hidroeléctrico del Río Paz es un proyecto binacional Guatemala-El Salvador, sobre el río Paz. La primera obra hidroeléctrica se conoce como, proyecto hidroeléctrico El Jobo-La Angostura. La segunda obra hidroeléctrica se conoce como, proyecto hidroeléctrico Piedra de Toro-La Cabaña. EL SALVADOR

El Caso del Proyecto de la Represa El Cimarrón En 1997 se realizó un estudio de pre-factibilidad para la construcción de una cuarta hidroeléctrica en el Río Lempa con una capacidad instalada de 243 MW, aguas arriba de la presa Cerrón Grande. En el 1998 El Salvador ratifica el Protocolo de Kioto y obtiene préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción de 12 proyectos de ‘energía limpia’ entre los que figura el de la Represa El Cimarrón. Por denuncias de la ciudadanía y de las posibles comunidades afectadas, en 1999 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se pronunció en contra considerando que la construcción de la represa era violatoria de los derechos humanos y que impediría el desarrollo sostenible de la zona norte del país. Para hacer valer sus demandas los afectados crearon la Coordinadora de Afectados por la Represa El Cimarrón (CORAF-CIMARRÓN) y trabajaron en conjunto con la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), la Fundación del Río Lempa y otras organizaciones de la región. En el año 2000, la Fundación del Río Lempa denuncia ante el Tribunal Centroamericano del Agua a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica Del Río Lempa por las posibles consecuencias socioambientales a las comunidades. El Tribunal Resuelve: 1) Recomendar al gobierno de El Salvador que en cumplimiento de la Constitución de la República, que le manda tener a la persona humana como el centro de la actividad estatal, y los Tratados Internacionales, instruya a la empresa estatal Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, que suspenda el proyecto y se abstenga de construir la Presa. 2) Demandar al gobierno de El Salvador la publicidad de los documentos 38

EL SALVADOR

Por denuncias de la ciudadanía y de las posibles comunidades afectadas, en 1999 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se pronunció en contra considerando que la construcción de la represa era violatoria de los derechos humanos y que impediría el desarrollo sostenible de la zona norte del país.

que hacen relación a la política hidroeléctrica nacional. 3) Demandar al Banco Mundial que en atención a las graves consecuencias que el proyecto traería para los salvadoreños en sus vidas y en sus posibilidades de desarrollo y de los previsibles impactos, algunos irreversibles para el ecosistema, se abstenga de darfinanciamiento a la CEL para la ejecución del mismo. En el 2010, Mauricio Funes del partido Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) llegó al poder y canceló el proyecto de construcción con el diseño actual de aquél entonces. Alegando, que el mismo tenía grandes impactos en el medio ambiente y en las comunidades cercanas. El presidente exigió a la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en hacer un nuevo diseño. Actualmente la CEL tiene intención de construir el Proyecto Hidroeléctrico, por lo que contrató a la empresa brasileña Electrobras para el rediseño. En el 2013, debido a un aumento en el costo de los materiales de construcción, la CEL propuso construir la hidroeléctrica mediante una alianza Públio-Privada, bajo el esquema del BOT (“build, operate and transfer”, por sus siglas en inglés, o “construir, operar y transferir”). Con el diseño anterior, el río Lempa disminuiría en más de 70 km su caudal por la construcción de la represa El Cimarrón y desplazaría a más de 100.000 personas. Actualmente se está a la espera de un nuevo diseño, sin embargo las comunidades se mantienen en rotundo rechazo. EL SALVADOR

BIBLIOGRAFÍA FUNPROCOOP. El Salvador. 2010. Más allá de las Represas. Estudio sobre el origen y actualidad del sector hidroeléctrico de El Salvador. Publicado por la red Alforja en el marco del Programa Mesoamericano de Educación Popular. Autor. Erick Barrera Tomasino.

Gustavo Castro. 2006. “El movimiento social en Mesoamérica contra las Represas, por el agua y los Ríos. Elaborado para Otros Mundos y MAPDER. Movimiento de Afectados por las represas de México. Participante del seminario Internacional de Bilbao. 2013.

MEJÍA GUERRA, Juan y FERNÁNDEZ, Martín. Situación jurídica y técnica de los recursos hídricos del departamento de Atlántida. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. La Masica, Atlántida. 2010

Ruz Exparza, F X. FLACSO 2011. México. Incidencia del Movimiento Mesoamericano contra las Represas en la política Hidroeléctrica de México y Guatemala en el periodo 2010 – 2014

Proyecto de Desarrollo Integral del Gran Canal de Nicaragua. Informe de Plan de Diseño. Presentación del proyecto. Embajada China. 2014