Edición #129 - Enero 2010

Luis M anuel Pérez de Acha: “L a s reform a s fiscales dejan mucho que desear”

EDITORIAL

¿Convicción o responsabilidad en la agenda legislativa de 2010?

POSICIONES

El “espectro” del espectro radioeléctrico Paola Morales Vargas

¿Merece Polanski el castigo que se le impuso?

Jimena Suárez GRANDES LEGISLADORES

Theodore Roosevelt El hombre que aborrecía los monopolios ENTREVISTAS

Lorenzo Roel Consecuencias laborales de la extinción de Luz y Fuerza

Héctor Cervantes: “Las juntas de conciliación y arbitraje deben desaparecer”

Año 12, núm. 129 Enero 2010 $40.00

Luis Raúl González Pérez Reinventando a la UNAM

Editorial ¿Convicción o responsabilidad en la agenda legislativa de 2010?

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n su célebre conferencia “La política como vocación”, Max Weber sostiene que el hombre político puede vivir la ética desde la convicción o desde la responsabilidad.

La primera exige que se guíe por sus principios, le lleven éstos a donde le lleven. Para eso se llega al poder: para hacer triunfar las convicciones con las que uno ha crecido y con las que se ha alimentado. Da igual si estas convicciones benefician o perjudican a un grupo mayor o menor. Lo importante es hacerlas triunfar. Hombres como Hitler, Stalin o Mao, fueron políticos de firmes convicciones y aunque, ciertamente, para hacerlas prevalecer debieron pisotear a millones de personas, nadie puede acusarlos de incongruentes.

Hay otra clase de ética, que es la de la responsabilidad. En este ámbito, dice Weber, no es importante lo que uno cree o lo que uno piensa. Para el político que se conduce bajo la norma de la responsabilidad, sólo importan las consecuencias de sus actos. Un político responsable se pregunta, de manera permanente, qué repercusiones va a tener su determinación; quién va a ganar o quién va a perder si se hace o se deja de hacer algo. Sus más íntimos sentimientos pasan a segundo plano. Ésta fue la ética que alentó a políticos como Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill o Konrad Adenauer. Tuvieron que olvidar sus posiciones personales para resolver los problemas que les tocó enfrentar.

En 2010, la agenda legislativa en México se muestra suculenta y lo que

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ocurra o deje de ocurrir con ella dependerá de las convicciones y la responsabilidad de los políticos a quienes toque instrumentarla. A nivel federal, se ha prometido revisar a fondo el marco fiscal y frenar el régimen de monopolios —públicos y privados— que nos agobia. En el campo político, el presidente Felipe Calderón ha propuesto la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales; una segunda vuelta —en caso de que sea necesaria— para las elecciones presidenciales; la posibilidad de convocar a consultas populares en ciertos casos; la reducción de las cámaras legislativas y la ampliación del margen para que sobrevivan los partidos políticos.

En el ámbito local, el Distrito Federal se apresta para instrumentar decisiones igualmente trascendentales, como el matrimonio entre personas del mismo sexo que aprobó el órgano legislativo del Distrito Federal, que ha provocado una declaración de guerra del PAN, el PRI y el PVEM. La legalización de la eutanasia no tardará en suscitar manifestaciones semejantes. Desafortunadamente, los grupos de interés comienzan a tomar posturas, sin que a ninguno le importe la responsabilidad: todos hablan en nombre de sus convicciones. El presidente de la República ha reconocido que, mientras subsista esta “dogmática partidista”, México tardará en avanzar.

Quienes se guían por sus convicciones religiosas, por ejemplo, no sopesan ni pros ni contras: la eutanasia es mala; el matrimonio entre personas del mismo sexo, inmoral. Punto. La responsa-

CONSEJO EDITORIAL Fabián Aguinaco Bravo, Elisur Arteaga, Mario Becerra Pocoroba, Humberto Benítez Treviño, Néstor de Buen, José Ramón Cossío, Óscar Cruz Barney, Miguel Estrada Sámano, Héctor Fix Fierro, Jorge García de Presno, Sergio García Ramírez, José Antonio González Fernández, Fernando Hegewisch Díaz Infante, María de la Luz Lima Malvido, Alejandro Ogarrio, Loretta Ortiz Ahlf, Luis Ortiz Hidalgo, Javier Quijano, Luis Rodríguez Manzanera, Andrés Roemer, Ignacio Soto Borja, Laura Trigueros, Diego Valadés, Clemente Valdés, Juan Velásquez, Manuel Villalpando César, Álvaro Vizcaíno Zamora, Claus von Wobeser, Arturo Zaldívar, Jesús Zamora Pierce, Alberto Zínser Cieslik

DIRECTOR EDITORIAL Luis Arturo Pelayo Gutiérrez editor@elmundodelabogado.com DIRECTORA DE ARTE Marcela Velázquez Aíza arte@elmundodelabogado.com

bilidad exigiría sopesar ventajas y desventajas; costos y beneficios. Si dos personas del mismo sexo se unen en un contrato civil, ¿a quién le afecta? Si una persona que padece una enfermedad terminal y dolorosa se niega a seguir viviendo, ¿quién tiene que darle autorización para abreviar sus sufrimientos? ¿Un sacerdote? ¿Un médico? ¿Un juez? ¿Ninguno de los tres?

El tema del aborto es otro ejemplo de cómo el dogmatismo es contraproducente. Con la amenaza de penas tan altas para quien interrumpa un embarazo no deseado, lo único que provocan nuestros piadosos legisladores no es que las mujeres de los sectores sociales más lastimados renuncien a interrumpirlo, sino que se vean obligadas a recurrir a la clandestinidad. Los espantacigueñas se frotan las manos y, en algunas “clínicas” improvisadas, se alista el instrumental. En el caso de las mujeres de provincia con ciertos recursos económicos, es fácil prever que organizarán viajes a la ciudad de México, donde no es delito abortar en las primeras 12 semanas. Si cuentan con más recursos, desde luego, preferirán ir de shopping a los Estados Unidos, así sea un fin de semana. ¿Qué se conseguirá con esta medida? Afectar a los más afectados.

Y lo mismo podría aducirse con respecto a la privatización, los monopolios, la elusión fiscal, la Fórmula Otero, la reelección y tantas otras figuras que merecen debatirse en México y que quizás nunca se discutan, en nombre de principios abstractos y peligrosas convicciones. ¿Qué nos deparará el 2010?

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FOTOGRAFÍA Aristeo Becerra Maldonado

El Mundo del Abogado, una revista actual, año 12, núm. 129, enero de 2010, revista mensual, editada y publicada por Editorial Revista El Abogado, S.A. de C.V., Santa Catalina 416, Col. Insurgentes San Borja, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03100. Precio por ejemplar: $40.00. El contenido de los artículos firmados es responsabilidad del autor. Editor responsable: Luis Arturo Pelayo Gutiérrez. Registrada en la Dirección General del Derecho de Autor, Reserva núm. 001059/98 de fecha 27 de marzo de 1998. Certificado de Licitud de Título núm. 10899. Certificado de Licitud de Contenido núm. 7548. No se devuelven originales no solicitados. Impresión: Preprensa Digital, S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, México, D.F., Tel.: 5611-9653. Distribuida en el Distrito Federal por la Unión de Voceadores de México y en locales cerrados por Distribuidora de Impresos, S.A. de C.V.

Buzón ¿Qué sucede con la justicia en Oaxaca?

Señor director: En relación con la nota publicada en su prestigiosa revista del mes de diciembre, referente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, en mi calidad de conocedor de los fenómenos que aquejan a este estado quisiera dar a conocer a ustedes que no es solamente el desconocimiento de los asuntos judiciales lo que caracteriza a Héctor Anuar Mafud Mafud, sino también otras cuestiones de gravedad, como las siguientes: 1. Durante el periodo que este político se ha encargado de la administración de los asuntos judiciales, lo que más ha caracterizado al Tribunal es el aletargamiento, el abandono y la politización financiera de los asuntos.

2. Las oficinas que tienen mejores condiciones de trabajo y equipo, materiales o herramientas, son las que ocupan sus allegados.

3. En los juzgados y en las salas se ha optado por “colocar” a personas cuyos méritos principales radican en la férrea sumisión y entrega a los caprichos y humores del sedicente abogado.

4. La mayoría de las personas que reciben salarios por disposición de Héctor Mafud Mafud colaboraron con él en labores de espionaje, desestabilización y golpeteo a personas y organizaciones sociales durante los nueve años que se desempeñó como secretario general de Gobierno.

5. La especialidad que caracteriza a personas ligadas a este personaje de los malos tiempos de Oaxaca es precisamente agenciarse asuntos importantes y tramitarlos a través de sus personas de confianza.

6. Quienes pueden atestiguar con plenitud los desplantes y el tratamiento privilegiado o abandonado de cuestiones que debe conocer el aparato burocrático administrativo y pseudojudicial, son las personas a las que ahora es dado llamarles “miserables”, provenientes de distintas regiones del agreste territorio oaxaqueño.

7. La propuesta que realizara y se concretara en una magistratura innecesaria se debió a Mafud Mafud, en favor de uno de los abogados que de la manera más inmisericorde giró, supervisó y coordinó órdenes de aprehensión en contra de muchos inocentes que tuvieron participación en lo que ha dado en llamarse “movimiento social del 2006”: Fernando Enrique Méndez Ortega. Del actual magistrado Méndez Ortega, que se desempeñara como secretario general del Tribunal, y desde allí afectara a decenas de familias, es sabido por toda la sociedad que ha velado por los sucios negocios, convenios y triquiñuelas ya jurídicas, ya meramente financieras, encabezadas por el actual presidente del Tribunal.

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El Mundo del Abogado enero 2010

8. De la actual dupla Mafud Mafud-Méndez Ortega se sabe en el Tribunal y en la vida local que diversas personas han sido favorecidas por ellos; por la realización de favores inconfesables han osado incorporarse a la burocracia estatal en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde ambos personajes cuentan con personas que ahora son intocables.

9. De Mafud Mafud se ha cuestionado también la existencia de una cédula profesional que ampare su desempeño profesional.

10. Lo que ha resultado más característico de esta persona es la experiencia en darle uso político y financiero a cuestiones como la otrora “exitosa instauración” de juicios orales en Oaxaca, a la cual se le dio mayor promoción estatal y nacional en los periodos electorales que beneficiaron al actual gobernador Ulises Ruiz. Se sabe en los corrillos que se pretende usar esta bandera como materia publicitaria para ubicar en las preferencias publicitarias a Ruiz Ortiz. El desengaño en Oaxaca se dio cuando, concluida la fase electoral reciente, se anunciara descaradamente que no existían recursos económicos ni presupuesto para extender a otras regiones dicha modalidad oral.

10. Entre los negocios exitosos que han dado el manejo de los dineros y el presupuesto destinado al Poder Judicial estatal, están los que tienen que ver con la infraestructura material para el Tribunal, los cuales son manejados para fines particulares del actual presidente.

11. Para ejemplificar con casos concretos la lista de asuntos en los que tristemente se padece a los personajes ligados a Héctor Anuar Mafud Mafud y a Fernando Enrique Méndez Ortega, basta con realizar un recorrido por las distintas páginas de los periódicos de circulación estatal y regional.

12. Los lugares visibles donde se ha concentrado el crecimiento de edificios particulares a cuenta de Mafud Mafud se encuentran en la zona céntrica de la ciudad y en la colonia más cara, ubicada en San Felipe del Agua.

13. Previo a las trascendentales elecciones estatales próximas en el estado, el nombrado magistrado presidente ha designado a muchos abogados y a otros profesionistas en lugares claves para efectos de control, difusión, sanción, castigo y atemorización necesarios para el triunfo del partido en el poder, labor que de manera exitosa realizó en su momento para José Murat y Ulises Ruiz.

Finalmente, agradezco a la revista El Mundo del Abogado su labor en pro del crecimiento y el desarrollo de nuestro país, desde la palestra jurídica.

Atentamente, Enrique Díaz Figueroa

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Índice enero 04 PORTAFOLIO

COLUMNA INVITADA

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POSICIONES

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La teoría de la imprevisión Juan Luis González Alcántara ¿Merece Polanski el castigo que se le impuso?

Jimena Suárez

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ENCUESTA

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El “espectro” del espectro radioeléctrico Paola Morales Vargas

ENTREVISTAS Luis Raúl González Pérez Reinventando a la UNAM

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Theodore Roosevelt

OPINIONES

México necesita un gran movimiento por los derechos civiles El abogado mediador Pascual Hernández Mergoldd

DERECHO EN EL MUNDO

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Gabriel Larrea Richerand

GRANDES LEGISLADORES DE LA HISTORIA

REPORTAJES

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No todos los jueces merecen llevar su toga César Esquinca

INSTANTÁNEA

Luis Manuel Pérez de Acha: “Las reformas fiscales dejan mucho que desear” Héctor Cer vantes: “Las juntas de conciliación y arbitraje deben desaparecer”

¿Qué opina de la implementación de la eutanasia propuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal?

DOCUMENTO

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Lorenzo Roel Consecuencias laborales de la extinción de Luz y Fuerza

¿Qué hacemos con los medios de comunicación?

Abraham Zabludovsky

¿Para qué le sir ve a México la diplomacia multilateral?

Víctor Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo

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Contaminación por residuos: ¿un problema de leyes?

Doricela Mabarak Cerecedo ¿Hacia dónde se dirige Obama?

Carlos G. Cabrera Beck

60 LIBROS 64 CINE

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Portafolio

Presentan compilación jurídica de medios de comunicación

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omo parte de las diversas actividades conmemorativas que llevará a cabo el gobierno federal con motivo del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, la Secretaría de Gobernación, a través de las subsecretarías de Normatividad de Medios, y de Asuntos

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n diciembre pasado, Amnistía Internacional presentó el informe “México: nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército”, en el que reveló el incremento de denuncias civiles por violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas de 2006 a 2009 y acusó a las autoridades de no investigar exhaustivamente las denuncias de abusos.

La organización defensora de los derechos humanos aseguró que el aumento de denuncias se hace visible en la cantidad de reportes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia de abusos cometidos por el ejército. En 2006 se recibieron 182 quejas, cifra que aumentó en 2007 a 367 denuncias. Sin embargo, para julio de 2009, la CNDH había recibido cerca de 2,000 quejas de agravios cometidos desde principios de 2008.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera Aragón, reconoció que esos datos no reflejan la totalidad de los abusos que han existido; sin embargo, la tendencia hacia el incremento de esas cifras es

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El Mundo del Abogado enero 2010

Jurí Jurídicos y Derechos Humanos, se dio a la tarea de realizar una recopilación exh exhaustiva de la normatividad aplicable y re relacionada con la regulación jurídica de llos medios de comunicación, con el pro propósito de impulsar la difusión y la obs observancia de la normatividad vigente en eesta materia y contribuir al fomento de la cultura de la legalidad y al fortalec lecimiento del Estado Democrático de De Derecho.

El disco compacto que contiene es esta información pretende ser una h herramienta práctica de consulta p para las autoridades, las industrias de lla radiodifusión y la cinematograf ía, los medios impresos, especialistas, estudiosos del fenómeno mediático y su regulación, así como para todas las personas interesadas en el tema. El contenido general de cada sección del disco es el siguiente: I. Marco jurídico general y de aplicación supletoria a la radiodifusión, en materia de salud, religión y culto, nor-

matividad de comunicación, marco jurídico electoral y cinematográfico.

II. Criterios judiciales y administrativos más importantes en materia de radiodifusión, criterios electorales (relacionados con la materia de radio y televisión) y libertades de expresión, información e imprenta, emitidos por el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

III. Tratados internacionales en materia de radio, televisión y cinematograf ía, así como los relacionados con medios impresos y derechos fundamentales.

IV. Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relacionadas con medios impresos.

Este material se encuentra actualizado hasta el 31 de agosto de 2009 y podrá consultarse en la página www.ordenjuridico.gob.mx, en la que también se pueden encontrar muchas disposiciones más del orden jurídico nacional.

Violaciones de derechos humanos por parte del ejército perceptible y “es necesario evidenciar lo que representa un escándalo para los derechos humanos”.

En la presentación al informe de Amnistía Internacional se aseguró que, como respuesta a las quejas presentadas, la CNDH no formuló ninguna recomendación en 2006, emitió seis en 2007, 14 en 2008 y 25 hasta octubre de 2009.

“México afronta una importante crisis de seguridad pública y el gobierno tiene la responsabilidad de combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga con todos los medios legales a su alcance”, señaló Kerrie Howard, di-

Foto: Prometeo Lucero/Procesofoto

rectora adjunta del programa de América de Amnistía Internacional. “Ésta es una tarea dif ícil y peligrosa, pero no se debe usar la gravedad de una crisis como pretexto para no ver cuando se cometen abusos”, puntualizó.

Néstor de Buen: profesor honorario de la Pontificia Universidad Católica del Perú

E

l 18 de noviembre del año pasado, el Consejo Universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú resolvió nombrar a Néstor de Buen Lozano profesor honorario del Departamento Académico de Derecho de esa institución educativa —fundada en Lima en 1917 y considerada la número uno del país por la calidad de su enseñanza, investigaciones y publicaciones, y una de las veinticinco mejores de América Latina—, a la que ha estado vinculado mediante el dictado de conferencias y cursos sobre temas de Derecho laboral.

El merecido nombramiento de este reconocido abogado se otorgó en función de que es uno de los especialistas mexicanos de mayor prestigio internacional en el campo del Derecho laboral, en particular sobre temas de Derecho procesal laboral, organización y funcionamiento de sindicatos, y Derecho de la seguridad social, entre otros.

Asimismo, se reconoció su fructífera y extensa actividad como docente en instituciones de estudios superiores de nuestro país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Panamericana, entre otras.

Por otra parte, el Consejo Universitario de la Pontificia Universidad Católi-

ca del Perú destacó la contribución del doctor De Buen a los estudios jurídicos, expresada en un conjunto de trabajos de investigación ampliamente difundido, del cual cabe destacar sus libros Derecho del trabajo; Derecho procesal del trabajo; La reforma del proceso laboral; Organización y funcionamiento de los sindicatos; El Estado de malestar y sindicatos, y Democracia y crisis.

La fecunda influencia de la obra de reflexión jurídica que ha llevado a cabo De Buen también le ha merecido ser integrado a importantes instituciones, entre las que cabe mencionar la Academia de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de Buenos Aires, Argentina, y le ha merecido recibir, entre muchos otros reconocimientos, la Encomienda de la Orden del Mérito Civil (España) y las distinciones de comendador de la Orden de la Justicia del Trabajo del Tribunal Superior del Trabajo del Brasil, miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Zacatecas y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.

al margen Durante la sesión solemne en que Daniel Cabeza de Vaca y César Esquinca protestaron como nuevos miembros del Consejo de la Judicatura Federal, tres fueron los temas más comentados por la concurrencia: el valiente discurso en el que Esquinca señaló que no todos los jueces que visten toga son dignos de ostentarla, los “indiscutibles méritos” que tuvo Cabeza de Vaca para llegar a este nuevo cargo y la elegantísima bufanda Louis Vuitton que lució la ministra Olga Sánchez Cordero.

En su tercer informe de labores al frente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías pronunció tantas veces la palabra independencia, que ya nadie supo si fue esta palabra, o gracias (dedicada al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard), la que más se escuchó en su discurso.

Que los partidos políticos sean auditados resulta urgente, tal como lo reconoció, a finales del año pasado, el presidente Felipe Calderón. Más tardó él en señalarlo que César Nava, presidente del PAN, en formular precisiones: la auditoría es bienvenida pero le toca al IFE y no al auditor superior. Suponemos que la declaración era más política que jurídica. Después de todo, en el IFE hay representaciones partidistas y es fácil pactar que un partido no se dé cuenta de ciertas irregularidades para que los otros hagan lo propio. ¿O no es así como funcionan las auditorías entre partidos? Las multas millonarias que hemos llegado a presenciar se dan cuando los partidos no se ponen de acuerdo.

Muy irritados andan por estas fechas algunos abogados penalistas de alcurnia.

Conforme avanzan los mecanismos para hacer de la justicia alternativa una realidad, ellos se quejan de que ahora “la justicia se va a negociar”. Lo que les duele no es la negociación en sí, sino que un problema vaya a arreglarse en una sórdida agencia del Ministerio Público, por cinco mil pesos, cuando ellos podrían haberlo arreglado en un elegante restaurante, por quinientos mil.

Juan Luis González Alcántara

La teoría de la imprevisión

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El Mundo del Abogado enero 2010

Ilustración: Edu Molina

al margen El autor de este artículo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, nos demuestra que las bases del otrora sagrado principio del pacta sunt servanda cada día se vuelven más débiles y herrumbrosas. Lo anterior también muestra la actitud que un juzgador moderno e informado debe asumir en estos tiempos de cambio, al dejar de lado los lamentos y las preocupaciones para involucrarse activamente en la propuesta y la resolución jurídica de las crecientes demandas sociales.

E

n la doctrina y la práctica forense de la Edad Media se difundió el principio de que en los contratos de ejecución continuada debía de considerarse, siempre sobreentendida, la cláusula rebus sic stantibus, por virtud de la cual cuando se produjese un cambio importante en la situación existente a la celebración del contrato, la parte afectada podía dejarlo de cumplir. Dicho principio no fue recogido por los códigos civiles mexicanos de 1870, 1884 y 1928, salvo para casos específicos.

Pero hoy en día esta máxima ha ganado mayor aceptación en la doctrina tanto nacional como extranjera, pues en ella se ve una excelente forma de corregir y compensar las grandes diferencias que la inestabilidad de los cambios y las intensas fluctuaciones de las monedas de la mayor parte de los países origina en los actos jurídicos, sobre todo cuando esto se celebra a largo plazo, divorciando la voluntad original de los contratantes de la realidad efectiva al momento de su celebración. La “teoría de la imprevisión” ha recibido diversas denominaciones, a saber: riesgo imprevisible, alia imprevisible, imposibilidad de la prestación, lesión sobreviniente, etcétera, expresiones que reflejan la falta de una coincidencia

doctrinaria en cuanto a sus fundamentos y naturaleza jurídica.

La necesidad de mantener las prestaciones a que las partes se obligaron, aunque cambien las circunstancias imperantes al momento de la génesis del contrato, puede convertirse en la decadencia del mismo. Por eso recientemente se habla de un redimensionamiento de la máxima pacta sunt servanda. De ahí que los doctrinarios se formulan la siguiente interrogante: ¿debe compelerse el cumplimiento de obligaciones concertadas en épocas normales, si a la fecha de la ejecución de las mismas hay circunstancias extraordinarias e imprevisibles que hacen que la realización de la prestación sea de excesiva gravosidad o ruinosa para el obligado?1 Quienes sostienen a ultranza el principio de la autonomía de la voluntad son enemigos declarados de la teoría de la imprevisión. Por eso de seguro responderán que en los contratos las partes se obligan en la forma y en los términos que quisieron obligarse y a sus consecuencias jurídicas deben de estarse. En cambio, los partidarios de la teoría de la imprevisión, con los cuales comulgo, afirmarán que no se puede obligar a nadie al cumplimiento de lo pactado, si las condiciones son distintas a las que existían en el momento de contratar. En apoyo de esta postura se

Resultó alentadora la designación de Arturo Zaldívar como integrante de nuestro Máximo Tribunal. Ante el riesgo de que alguien pudiera considerar a un fundamentalista católico como Jorge Adame, la elección de Zaldívar fue aplaudida por casi todo mundo. En cuanto a Luis María Aguilar, podrá llegar a convertirse en un estupendo ministro en la medida en que entienda que no se le nombró juez o magistrado de tercera instancia, sino encargado de velar por los más altos intereses del país. El Mundo del Abogado le desea suerte a los dos.

Aunque hubo quien la tomó a chunga, la declaración que hizo el senador Carlos Navarrete sobre la posibilidad de lanzar su candidatura para la presidencia en 2012 debe considerarse con seriedad.

A poco que lo pensemos, no hay ningún político más consistente que él dentro del PRD. Como presidente del Senado, ha hecho gala de sus destrezas conciliatorias y él, más que ningún otro perredista, posee una visión de largo plazo que lo convierte en un candidato atractivo para la próxima sucesión presidencial. El antiguo estudiante de Derecho es un hombre inteligente, culto y sensible con quien se puede dialogar. Cuando parece que se avecina una reforma política en México, Navarrete sería preferible a Andrés Manuel López Obrador o a Marcelo Ebrard.

El gran atractivo de la reforma que propuso al Congreso el presidente Felipe Calderón consiste en que, si tiene éxito, se debilitará a los partidos políticos y se fortalecerá a los legisladores responsables.

Se acabará, vaya, la línea que los líderes dan a senadores y diputados, como si éstos fueran empleados de segundo nivel.

En el mejor escenario, los partidos estarán obligados a cuidar a sus diputados y a sus senadores estrellas, quienes, a su vez, responderán a la ciudadanía y no al líder del partido en turno. Ojalá que progrese esta reforma. Una de las condiciones para que esto ocurra será, por supuesto, que la televisión deje de inmiscuirse tanto en los asuntos públicos para decirnos lo que se debe y lo que no se debe hacer.

cita a Cicerón y a Séneca, quienes consideraban que para tener que cumplir con lo prometido, debe permanecer en el mismo estado de cosas lo que existía cuando se formuló la promesa.2 En términos generales, existe cierto consenso en que no existió una formulación precisa de la teoría de la imprevisión en el Derecho romano, pero sí ciertas aplicaciones prácticas basadas en la equidad, mediante condictios.3 Fueron los glosadores y los posglosadores los que consagraron la máxima rebus sic stantibus, cuyo punto de partida parecería surgir de un pasaje del Digesto.4 Pero sobre todo fueron los canonistas quienes la difundieron, bajo el argumento de que en toda relación contractual debe prevalecer la equidad y la justicia, de ahí que la autoridad pontificia, por medio de las Decretales de Graciano y los doctores de la Iglesia (Santo Tomás de Aquino y Bartolo-

culta a la parte perjudicada para pedir la resolución del contrato. La misma es aceptada por Enneccerus y Lehmann, quienes precisan el concepto de base del negocio como “las representaciones de los interesados, al tiempo de la conclusión del contrato, sobre la existencia de ciertas circunstancias básicas para su decisión, en el caso de que estas representaciones no hayan sido conocidas meramente, sino constituidas, por ambas partes, con base en el contrato, como, por ejemplo, la igualdad de valor en principio, de prestación y contraprestación en los contratos bilaterales (equivalencia), la permanencia aproximada con el precio convenido, la posibilidad de reponer la provisión de mercancías y otras circunstancias semejantes”.

No obstante el éxito alcanzado en Alemania por esta teoría, que ha sido aceptada jurisprudencialmente, no han

¿Debe compelerse el cumplimiento de obligaciones concertadas en épocas normales, si a la fecha de la ejecución de las mismas hay circunstancias extraordinarias e imprevisibles que hacen que la realización de la prestación sea de excesiva gravosidad o ruinosa para el obligado? meo de Brescia) llegaran a expresar el principio general de que “los contratos de tracto sucesivo o dependiente de lo futuro se entienden obligatorios, mientras las cosas así sigan siendo”, como lo sostiene Fla y Smayevsky.5 Así pues, es un error atribuirle esa máxima al Derecho canónico, ya que la misma se debe a los glosadores y a los posglosadores. ¿Qué principios sustentan la posibilidad de que el deudor pueda acudir a la justicia a fin de “romper” la fuerza vinculante del contrato, cuando éste se tornó inequitativo por el cambio imprevisto de las circunstancias prevalecientes al momento de su gestación?

Diversas corrientes de pensamiento se han perfilado con este objetivo, dando origen a diversas teorías, las cuales son analizadas por Espín Cánovas6 y que aquí, de manera resumida, se analizan: a) Desaparición de la base del negocio: esta teoría, creada por el alemán Oertmann,7 sostiene que ante la desaparición de la base del negocio se fa-

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El Mundo del Abogado enero 2010

faltado críticas a la misma, haciendo ver que las representaciones que no forman parte del contenido del contrato no pueden tener la eficacia que pretende Oertmann. Y, más aún, que la teoría fallaría en el caso de que los eventos que alteren la normal ejecución del contrato hayan sido totalmente imprevisibles por las partes, en cuya hipótesis, según el autor citado, la base del negocio consistiría en la convicción de las partes de que no se producirían alteraciones esenciales. Pero —se objeta— cuando las partes no piensan para nada en la posibilidad de tal alteración, y la pretendida base del negocio no se revela en signo alguno, no queda otro remedio que inferir aquella convicción del silencio de las partes, y esto es una ficción manifiesta. b) Error en la valoración de la ejecución contractual: se ha querido aplicar a la alteración de las circunstancias la teoría del error como vicio de la voluntad, acelerando que dicho cambio evi-

dencia un error en las previsiones de las partes al momento de concluir el contrato, que más tarde se pone de manifiesto al variar esas circunstancias.

Se rechaza que la valoración subjetiva del futuro desarrollo del contrato implica un riesgo aceptado por las partes, debiendo sufrir cada una el riesgo que aceptó. c) Falta de equivalencia de las prestaciones: esta teoría, contraria a las dos anteriores, que se sustentan en lo subjetivo, lo hace en lo objetivo. Parte de la idea de la equivalencia de las prestaciones al momento de concertar el contrato, pero que con el transcurso del tiempo, por virtud de cambios sobrevenidos de la valoración de una de las prestaciones, se desvirtúan, por lo que en aras de la justicia conmutativa y la buena fe se propugna una revisión del contrato demasiado oneroso para una de las partes. d) Falta de causa funcional: la idea de equilibrio contractual se ha referido también a la causa del contrato, entendida como utilidad o función económico-social para cada parte, por lo que la excesiva onerosidad para una de ellas determina la falta de causa funcional en relación con la misma. Se objeta que siendo la causa un elemento constitutivo del contrato en ciertas legislaciones, su falta originaría su inexistencia, no la resolución, ya que la falta de causa no cabe referirla más que al momento de su celebración. e) Riesgo imprevisible: desde el Derecho público se ha pretendido, en la doctrina francesa, especialmente por Hauriou, aplicar el principio de la justicia distributiva al contrato conmutativo, distinguiendo en el contrato el riesgo previsible de otro imprevisible.

Mientras que aquél sigue sometido al principio de justicia conmutativa, por el cual cada parte soporta su propio riesgo, el imprevisible es común a ambas partes, por lo que debe compartirse por las mismas.

Durante los siglos XVI y comienzos del XVII, la cláusula rebus sic stantibus fue recogida por la legislación italiana y alemana, y de ahí pasó al código bávaro de 1756, al código prusiano de 1794 y al código austriaco de 1812. Es el código civil italiano de 1942, que en sus artículos 1467, 1468 y 1469, consagra, mo-

al margen dernamente, la teoría de la imprevisión.

Así, en el artículo 1467, se establece: “Contrato con prestaciones recíprocas.

En los contratos de ejecución continuada o periódica o de ejecución diferida, si la prestación de una de las partes hubiera llegado a ser excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte que deba la prestación podrá demandar la resolución del contrato, con los efectos establecidos en el artículo 1458. La resolución no podrá ser demandada si la onerosidad sobrevenida entrara en el área normal del contrato. La parte contra quien se hubiere demandado la resolución podrá evitarla ofreciendo modificar equitativamente las condiciones del contrato”.

Después, en su artículo 1468, establece: “Contrato con obligaciones de una sola de las partes. En la hipótesis prevista por el artículo precedente, si se tratara de un contrato en el que una sola de las partes hubiese asumido obligaciones, ésta podrá pedir una reducción de su prestación o bien una modificación en las modalidades de ejecución, suficientes para reducirlas a la equidad”.

Por último, el artículo 1469 determina: “Contrato aleatorio. Las normas de los artículos precedentes no se aplican a los contratos aleatorios por su naturaleza o por voluntad de las partes”.

Por su parte, el código civil portugués regula a esta teoría en los artículos 437 a 439. El primero de ellos preceptúa lo siguiente: “Artículo 437 (Condiciones de admisibilidad). 1) Si las circunstancias en que las partes fundaron su decisión de contratar hubieran sufrido una alteración anormal, tiene la parte lesionada derecho a la resolución del contrato, o a la modificación de éste, conforme a la equidad, siempre que la exigencia de las obligaciones asumidas por ella afecte gravemente los principios de la buena fe y no esté comprendida dentro de los riesgos propios del contrato. 2) Requerida la resolución, la parte contraria puede oponerse a lo pedido, declarando aceptar la modificación del contrato en los términos del número anterior”.

Además, el artículo 438 (Mora de la parte lesionada) agrega: “La parte lesionada no goza del derecho de resolución o modificación del contrato si

estaba en mora en el momento en que la alteración de las circunstancias se verificó”.

Por último, el artículo 439 (Régimen) establece: “Resuelto el contrato, son aplicables a la resolución las disposiciones de la subsección anterior”.

Puede afirmarse que la mayoría de los países del orbe no consagran expresamente la teoría de la imprevisión. Sin embargo, por otros medios se ha alcanzado la revisión de los contratos, como sucede en Francia, donde en un comienzo la Corte de Casación se mostró hostil a la aplicación del principio rebus sic stantibus. Pero al plantearse un caso de servicios públicos, modificó ese criterio en atención a la necesidad de preservar la continuidad y la regularidad de los mismos. Así se decidió en el célebre caso “Compañía de Gas de Burdeos vs. Municipalidad de Burdeos”, en que se admitió una indemnización a favor del alza del combustible, que era excepcional y superaba todos los límites calculados. Este fallo fue dictado en 1916 y la misma solución se dio en los casos de las empresas de gas desplazadas al aparecer el sistema del alumbrado eléctrico, en el Metro de París y en otros análogos.8 La mayoría de los autores, entre ellos Ripert, es adversa a la teoría, y así se expresaron al ser consultados con motivo de la Ley Faillot, basándose en el peligro que implicaba para la seguridad jurídica facultar a los jueces para modificar los contratos. Se dijo, además, que competía al legislador dictar normas de emergencia para estos casos, mientras que los contratantes pueden protegerse de las situaciones encuadradas como de imprevisión, mediante la inclusión de condiciones especiales en los contratos o con plazo de gracia en el pago, que los jueces tienen facultad para otorgar.9 En Alemania la cláusula fue rechazada y cuando se redactó el primer proyecto de código civil se le admitió, pero fue suprimida en la redacción definitiva del código.10 Empero, los acontecimientos derivados de la primera conflagración mundial incidieron en forma tal que la jurisprudencia, con cautela, trató de recomponer las contrataciones afectadas recurriendo al “standard ju-

¿Por qué tanta oposición a que se casen los gays y las lesbianas en el Distrito Federal? ¿Quién gana y quién pierde con esta disposición? Más allá de la hipocresía con la que algunos ultraconservadores se declaran personalmente agraviados, a poco que lo pensemos todos saldremos ganando con esta medida.

Ahora que se está nombrando a más mujeres al frente de los reclusorios varoniles en el Distrito Federal empieza a sentirse un efecto benéfico. Quizás los reclusorios sigan estando tan sucios como antes, pero el solo hecho de que una mujer esté al frente obliga a los reclusos a guardar ciertas normas de cortesía. Y esto, aunque no parezca, hace una diferencia.

A todos sorprendió Beatriz Paredes, presidenta del PRI, con su declaración de que no está a favor de penalizar el aborto pero apoya a quienes sí lo estén.

Quizás lo mismo pueda decir de la corrupción y de otras prácticas semejantes. Su argumento dejó claro que no basta citar a Bobbio en un discurso político para merecer el calificativo de “inteligente”.

Tiene razón Javier Lozano al promover la transparencia entre los sindicatos. No podemos aspirar a un Estado Democrático de Derecho mientras subsistan grupos que, amparados en “la libertad”, hagan lo que quieran, cuando quieran, con los recursos públicos.

Muy inquietos andan en la Secretaría de Seguridad Pública Federal con la designación de Wilfrido Robledo como director de la policía que aún sigue al mando de la PGR. La vocación policial de Robledo hace prever más de una confrontación. Pero esto ocurrirá —con Robledo o sin él— mientras las dos instancias tengan encomendada la misma tarea.

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rídico” de la buena fe contractual, aunando la “buena fe-lealtad” y la “buena fe-creencia”, sirviéndose para ello de la interpretación de los artículos 157 y 242 del B.G.B.11 El Código de las Obligaciones suizo no contiene norma expresa al respecto y resuelve las situaciones fácticas mediante la labor judicial.12 La jurisprudencia en los Estados Unidos e Inglaterra, después de una primera etapa de atenerse al principio contractual del pacta sunt servanda, pasó a admitirla, con las mismas reservas señaladas, como un paliativo para eludir la frustración del fin querido por las partes.

El código civil español no recogió esta máxima.13 Sin embargo, la jurisprudencia reciente es favorable a la admisión de la cláusula, si bien con un criterio restrictivo, dada su falta de apoyo legal y la pugna con el principio básico que inspira su ordenamiento, el de pacta sunt servanda, y limitando sus efectos a la modificación de las prestaciones para evitar su desequilibrio negando los efectos resolutorios.14 Frente al principio tradicional clásico pacta sunt servanda y la no revisibilidad de los contratos, en que se basa el código civil federal de 1928, ha obrado la moderna doctrina nacional resucitando la cláusula romana rebus sic stantibus, fuente de inspiración de los códigos civiles de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.

A principios de noviembre de 2009, la diputada de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandra Barrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa de reforma y adiciones al Código Civil para el Distrito Federal, a efecto de que los artículos 1796, 1796 bis y 1796 ter se reformaran para quedar de la siguiente manera: Artículo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a

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las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, a la equidad, a lo que razonablemente pudieron prever las partes contratantes, al uso o a la ley.

Artículo 1796 bis. En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación a cargo de una parte se toma excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, se podrá exigir la modificación equitativa o la rescisión del contrato. En los contratos aleatorios se podrá dar igual aplicación cuando la excesiva onerosidad sea por causa extraña al riesgo propio del contrato.

Artículo 1796 ter. Conforme al artículo anterior, la modificación equitativa o la rescisión del contrato en la forma y la modalidad de la ejecución no aplicarán a las prestaciones realizadas antes de que surgiera el acontecimiento extraordinario e imprevisible sino se

III. Que todo ello acontezca por la superveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles.

IV. Que se carezca de otro medio para remediar y salvar el perjuicio.

Como se puede observar, la teoría de la imprevisión que se pretende introducir en el proyecto de reformas correspondiente tendría efectos resolutorios y modificatorios en el contrato. En contraste, en la jurisprudencia española solamente tiene efectos modificatorios, encaminados a compensar el desequilibrio de las prestaciones.

Soy un convencido partidario de que en el Código Civil para el Distrito Federal se consagre, expresamente, la teoría de la imprevisión. Con su sanción, el contrato dejará de ser un instrumento por el cual una de las partes contratantes obtenga ventajas injustas en perjuicio de la otra, para convertirse en un negocio que permita la conciliación de intereses. Sólo así,

Soy un convencido partidario de que en el Código Civil para el Distrito Federal se consagre, expresamente, la teoría de la imprevisión. Con su sanción, el contrato dejará de ser un instrumento por el cual una de las partes contratantes obtenga ventajas injustas en perjuicio de la otra, para convertirse en un negocio que permita la conciliación de intereses. aplicarán a las prestaciones cubiertas o por cubrir con posterioridad a éste. No procederá la rescisión si el perjudicado estuviese en mora o hubiere obrado dolosamente.

Del estudio de esa iniciativa claramente se deducen los requisitos para la aplicación de la teoría de la imprevisión, de los que se exige la conjunción de todas las circunstancias y requisitos siguientes, pues al faltar cualquiera de ellos carecería de eficacia: I. La alteración imprevisible en las circunstancias al momento de cumplir el contrato, en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración.

II. La desproporción entre las prestaciones de las partes contratantes, que derrumbe el contrato por aniquilamiento del equilibrio de las prestaciones.

por el contrato, las partes se obligarán de manera justa y equitativa, sin que nadie pueda conseguir una ventaja en su patrimonio en detrimento de otro, siempre y cuando cambien las circunstancias imperantes al momento de la génesis del contrato.

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Diccionario jurídico Omeba.

Fla y Smayevsky, Teoría de la imprevisión. Aplicación y alcances. Doctrina. Jurisprudencia. Buenos Aires, Depalma, 2003, p. 4.

3 Diccionario jurídico Omeba.

4 Idem.

5 Fla y Smayevsky, op. cit., p. 5.

6 Citado por Diego Espín Cánovas, Manual de Derecho civil español, vol. III, “Obligaciones y contratos”, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1983, pp. 417-419.

7 Ibid., p. 417.

8 Diccionario jurídico Omeba.

9 Fla y Smayevsky, op. cit., pp. 6-7.

10 Ibid., p. 7.

11 Idem.

12 Idem.

13 Idem.

14 Diego Espín Cánovas, op. cit., p. 420.

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Lorena de la Canal Rioseco

Luis Raúl González Pérez Reinventando a la UNAM 12

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Qué implica ser el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México?

Compromiso y responsabilidad social. Pero también se requiere una gran sensibilidad y criterio, pues se atiende una gran diversidad de asuntos y personas. El reto es abrumador, por la magnitud de la UNAM. ¿A qué te refieres?

A ser el representante legal de una institución pública con una comunidad de alrededor de 305,000 alumnos, con presencia en 24 estados de la República, con 35,000 integrantes del personal académico y 27,000 del personal administrativo. Cuando hablamos de la UNAM no solamente nos referimos a Ciudad Universitaria, sino también a cinco facultades de estudios superiores que se encuentran en la periferia de la zona conurbada, a 14 planteles de bachillerato, además de cuatro centros de enseñanza en la Unión Americana, uno en Canadá y uno más en España.

Somos una institución que cuenta con 82 carreras, con poco más de 150 planes de estudio. ¿Cuáles son las principales tareas de la UNAM en el siglo XXI? La universidad nacional tiene tres tareas básicas. Desde luego, la primera es la docencia, la formación de cuadros profesionales. La segunda, la investigación; tenemos 29 institutos de investigación científica y humanística. La última tarea, no menos importante, es la difusión de la cultura, incluidas las orquestas sinfónicas, el teatro, el cine, la danza y la pintura. Hay una gran versatilidad de las funciones que desempeña la UNAM enfocadas a un compromiso social. El reto en este siglo es la consolidación de nuevas carreras en áreas novedosas del conocimiento —nanotecnología, biotecnología, sustentabilidad—, es decir, el impulso del desarrollo tecnológico y científico y su vinculación con los sectores público, privado y social. ¿Cómo participa la oficina del abogado general para el cumplimiento de estas tareas?

En la validación de todos los instru-

mentos jurídicos que celebra esta universidad nacional, que son numerosos: desde convenios de intercambio de personal académico con otras universidades, o entre los propios alumnos, hasta acuerdos de transferencia de tecnología de los descubrimientos que realiza la universidad, incluidas patentes y diversos derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, todas las normas y los reglamentos que rigen de manera interna a la UNAM son revisados por la oficina a mi cargo, en una estrecha relación con el consejo y demás autoridades universitarias. ¿Cómo funciona la oficina del abogado general?

Hay una parte contenciosa, que recae en la dirección general jurídica; por otro lado se encuentra la dirección que se aboca a la legislación interna. La universidad goza de una garantía institucional: la autonomía, el blindaje que el Poder Legislativo le otorgó a la UNAM, en su ley orgánica, que la faculta para autonormarse con el objeto de alcanzar sus metas. Todas estas normas internas se emiten y son aprobadas por el Consejo Universitario con el apoyo de

la oficina del abogado general. Además, coordina la labor de las oficinas jurídicas adscritas a diversas entidades académicas.

Como sabrás, en la UNAM hay dos sindicatos muy importantes. Otra tarea que tiene a su cargo esta oficina es su participación en las revisiones contractuales de las condiciones laborales del personal universitario. Estas negociaciones son muy complejas por la diversidad de las condiciones de trabajo en el seno de la universidad, pues estamos hablando de tareas de docencia, de investigación humanística y científica, de cultura —danza, teatro, cine y música—, que tienen sus propias complejidades.

Supongo que debe haber muchos juicios laborales…

Sí, no solamente laborales sino también juicios en materia agraria, por ejemplo, pues la universidad posee diversos ranchos a cargo de la Facultad de Veterinaria para investigación y prácticas. También abordamos casos en materia fiscal, administrativa, mercantil, penal, de amparo y de propiedad intelectual.

Después de que el gobierno del Distrito Federal pasó a manos del PRD, la UNAM perdió interés para algunas facciones de la izquierda, que ya tenían algo más atractivo en qué ocuparse. Juan Ramón de la Fuente comenzó a redefinir a nuestra máxima casa de estudios y José Narro ha continuado dicha labor.

En este escenario, el concepto de “orgullo universitario” cobra mayor importancia. Luis Raúl González Pérez, abogado general de la Universidad, abunda sobre éste y otros conceptos relacionados con el quehacer jurídico que le corresponde.

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Dado que la UNAM desempeña un papel tan importante en la política y en el desarrollo nacional, y a la vez es tan multifacética, ¿cómo se logra mantener unida?

La universidad nacional está inmersa en los grandes problemas del país y participa en sus soluciones. Para eso es necesario que al interior sus entidades académicas, su personal, sus directivos, sus alumnos se ciñan al cumplimiento de la legislación universitaria.

Aquí subrayo el papel relevante que juegan los órganos colegiados dentro de la universidad, que cuentan con la representación de los diversos sectores de la comunidad —alumnos, profesores, investigadores, trabajadores, autoridades—. Los órganos colegiados representan la esencia misma de la actividad universitaria y les corresponde marcar la ruta a seguir en el ámbito académico. En su seno se conjugan los valores que nos identifican como universitarios: la pluralidad, el respeto, el diálogo, la tolerancia. Esa labor colegiada genera equilibrio y mesura en

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Nos hemos fijado la misión de que los convenios y cualquier tipo de instrumentos jurídicos se tengan a tiempo. Debemos ser facilitadores, no obstáculos la toma de decisiones, lo que a su vez mantiene la unión entre los universitarios. Desde luego, siempre con la idea de su perfeccionamiento. ¿No tiende a haber una variedad de interpretaciones de estas normas?

El abogado general tiene la facultad de ser el intérprete de la legislación universitaria. Es una facultad maravillosa porque implica determinar el alcance de una norma ya aprobada. Es una actividad cotidiana de consultas que nos hacen las distintas entidades académicas sobre los alcances de una norma específica. Este tema es al que me refería al principio: la sensibilidad para buscar que en el seno de la universidad se cumpla la norma conforme al espíritu con que se emitió. ¿La oficina del abogado general es la encargada de sancionar a la comuni-

dad universitaria en el caso de que incurra en alguna falta?

No. Nuestra oficina participa con voz, pero sin voto, en el Tribunal Universitario. Llevamos la Secretaría Técnica.

Es importante mencionar que el tribunal está conformado por pares. Si un estudiante incurrió en alguna falta, los propios alumnos participan en la integración del Tribunal Universitario, lo que da equilibrio al buscar la resolución del asunto y, en su caso, al imponer una sanción. Lo mismo ocurre con los profesores y con los demás académicos. Nosotros pugnamos por que las resoluciones sean contundentes pero, sobre todo, justas.

El tribunal es presidido por el decano del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y el vocal es el decano del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es decir, uni-

versitarios con amplios conocimientos jurídicos y experiencia que se ve reflejada en las resoluciones dictadas.

Se trata de un tribunal ad hoc para la UNAM. Las resoluciones del Tribunal Universitario son recurribles ante un órgano colegiado del Consejo Universitario, como es la Comisión de Honor, integrada por académicos, alumnos, investigadores y, desde luego, integrantes de las facultades de Derecho.

En tu desempeño como abogado general, ¿cuáles han sido tus mayores aciertos?

Había una gran preocupación en el seno de la comunidad universitaria por la oportunidad de suscribir algunos convenios. Estos convenios permiten el intercambio con otras universidades, con el sector social, público y privado. Por medio de dichos acuerdos la universidad y sus entidades académicas pueden hacerse de recursos a través de la prestación de servicios o mediante las mismas investigaciones que realizan. Lo que generan lo utilizan para seguir investigando. Nos hemos fijado la misión de que los convenios y cualquier tipo de instrumentos jurídicos se tengan a tiempo. Debemos ser facilitadores, no obstáculos. Éste es uno de los logros de la oficina. Realizamos nuestro trabajo con una gran oportunidad; de esta manera se han incrementado los ingresos extraordinarios a favor de la universidad.

La comunidad debe estar muy satisfecha con ustedes…

Creo que tenemos una buena imagen.

Esto me lleva a comentar el segundo de nuestros grandes aciertos. Antes la oficina del abogado general era percibida como una entidad apartada de la vida universitaria, como una mera oficina burocrática. Hoy en día, esa percepción ha cambiado. Hemos acercado la oficina a las entidades y a las dependencias. Nosotros vamos a buscarlas; no esperamos a que nos busquen. Debemos ser un área de servicios legales para la comunidad universitaria. Este objetivo me lo propuse desde el día que tomé protesta: brindar servicios legales de acuerdo con los fines y los valores de la universidad (diálogo, tolerancia, en-

Luis Raúl González Pérez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también es profesor. Cuenta con el diplomado en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, donde actualmente cursa el doctorado en derechos humanos.

En la administración pública federal se ha desempeñado como director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación (1994) y como subprocurador especial de la Procuraduría General de la República (1996-2001).

Fue miembro fundador de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, en la que ocupó diversos cargos, como el de director general administrativo (1990-1991), primer visitador general (1995-1996), director general de Asuntos Indígenas (2001-2004) y director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos (2005-2008).

Ha publicado artículos en revistas especializadas y obras colectivas sobre temas relacionados con derechos humanos y procuración de justicia. Además, ha dictado cursos y conferencias en diversos estados del país relativos a la libertad de expresión y el derecho a la información.

En febrero de 2009 fue nombrado abogado general de la UNAM.

tendimiento, corresponsabilidad, persuasión). ¿Cuáles son los retos en el futuro?

Defender los intereses de la universidad y hacer valer el principio de autonomía en los aspectos legales. El ingreso, la permanencia y la promoción del personal académico tiene que sustentarse en reglas de tipo académico, desde luego respetando los derechos laborales; pero los criterios de evaluación siempre deben ser de tipo académico.

A veces se ha encontrado que en los tribunales laborales no se conoce la legislación universitaria. La Ley Federal del Trabajo establece que la labor académica es una labor especial, y como labor especial determina que las reglas de ingreso sean las reglas que impone la universidad de manera interna. Dichas reglas se basan en el respeto a los derechos laborales pero con criterios de evaluación exclusivamente académicos.

Parece que disfrutas mucho tu trabajo…

Sí, lo disfruto; pero también me apasiona. Creo que una de las cosas más

atractivas es la versatilidad de las actividades. Cuando estudias la licenciatura en Derecho, estudias distintas ramas. Lo común es que ya en tu vida profesional te especialices en una o tal vez en dos de esas ramas. Pero en la UNAM ha sido necesario atender casi todas. En algunas de dichas ramas me desenvuelvo con gran facilidad, pero en otras he tenido que volver a estudiar. Lo cierto es que aquí el trabajo nunca es aburrido.

Debo reconocer que el mérito del trabajo que se realiza aquí no es sólo del abogado general, sino de un equipo de profesionales que labora en las direcciones generales y en las oficinas jurídicas. Yo sólo soy el coordinador y el articulador del esfuerzo institucional. ¿No se ha vuelto a considerar la posibilidad de imponer alguna cuota obligatoria? Todas las universidades, aunque sean públicas, cobran…

Para dar respuesta a esta inquietud tendríamos que ubicarnos en lo que significa una universidad pública de las dimensiones de la UNAM. La universidad nacional ha sido, sigue y seguirá siendo un pivote de movilidad social,

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en el sentido de que es la esperanza de mucha gente que, ante las dificultades económicas que enfrenta el país, tiene pocos recursos para sufragar su educación. El Estado mexicano tiene un compromiso con la educación pública. En esa perspectiva el subsidio es insuficiente por la magnitud de los retos. En este tema hay un programa para quien pueda aportar cuotas más altas que las simbólicas previstas en el Reglamento General de Pagos. ¿Un cobro, por ejemplo, de mil pesos por alumno, no ayudaría, por lo menos a fomentar un compromiso por parte de los alumnos? ¿Qué significaría para los 305,000 alumnos cobrarles 1,000 pesos? Se reunirían alrededor de 300 millones pesos, los cuales no van a resolver el problema del financiamiento de la educación pública. No todos los estudiantes tienen la posibilidad de pagar esa cuota. Hay alumnos cuyos ingresos familiares son de dos a tres salarios mínimos. En estos casos se busca que accedan a alguna beca. Creo que el tema del cobro de cuotas no va a resolver el problema del financiamiento de la institución. ¿Qué opinas del pase automático contra el examen de admisión? Parece que muy buenos alumnos se quedan fuera de la universidad, y otros alumnos, no tan buenos, aprovechan el pase automático, pero desaprovechan su estancia universitaria.

El tema es muy complejo. Hay que partir de una premisa básica: todos los alumnos universitarios presentaron y acreditaron un examen de ingreso. Hay quienes lo hacen para acceder al bachillerato y quienes lo aprueban para la licenciatura o para el posgrado. Todos los tipos de exámenes se aplican en igualdad de circunstancias.

Lo que el rector de la UNAM está promoviendo es que se aumente la calidad académica en las preparatorias y en los colegios de ciencias y humanidades del sistema universitario para que al ingresar a la licenciatura cuenten con mayor fortaleza académica y aprovechen al máximo su paso por la universidad.

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Antes la oficina del abogado general era percibida como una entidad apartada de la vida universitaria, como una mera oficina burocrática. Hoy en día, esa percepción ha cambiado

México necesita un gran movimiento por los derechos civiles

E

l México de hoy muestra los resultados de esfuerzos fallidos realizados en los últimos 20 años por modernizar su economía.

El país está atrapado en una red intrincada de privilegios, vetos empresariales y posiciones dominantes en el mercado que impiden un terreno nivelado de juego. Ésta fue la posición que sostuvo la politóloga y académica Denise Dresser, quien el pasado 10 de diciembre impartió la conferencia “México 2010: perspectiva política y económica” para la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo San Luis Potosí.

Con un discurso directo y elocuente, certero y duro, esta elegante, inteligente y culta mujer, que capturó la atención del público en cuanto comenzó a hablar, hizo una crítica seria y profunda a los intocables de México, en un evento que reunió a los principales abogados y juristas de la región, en el que estuvieron presentes José Mario de la Garza Marroquín, presidente del capítulo San Luis Potosí de la Barra Mexicana; los magistrados y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sánchez Márquez; la alcaldesa Victoria Labastida Aguirre; el presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Manuel Lozano Nieto; el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mario García Valdez, así como ex gobernadores y líderes empresariales.

La también doctora en ciencia política por la Universidad de Princeton y autora de numerosos artículos sobre la política mexicana contemporánea y las relaciones México-Estados Unidos, explicó durante su ponencia cómo es que en México opera una red de complicidades que funciona con base en favores, concesiones y protección regulatoria del gobierno y que algunos miembros de la cúpula empresarial exigen como condición para invertir. “Lo que vivimos es un capitalismo de cuates”, señaló, al tiempo que criticó las prácticas

Denise Dresser y José Mario de la Garza

del actual gobierno federal panista por perpetuar las del Partido Revolucionario Institucional que por más de 70 años gobernó al país. “El PAN es responsable del regreso de lo peor del PRI, porque no lo detuvo a tiempo, no lo paró a tiempo, no lo denunció a tiempo”, expresó.

Ante un auditorio repleto, la investigadora del ITAM aseguró que “hay mucha riqueza, pocos beneficiarios; crecimiento estancado, país aletargado; intereses atrincherados, reformas diluidas; poca competencia, baja competitividad; poder concentrado, democracia puesta en jaque; un gobierno que en lugar de domesticar a las criaturas que ha concebido, ahora vive aterrorizado por ellas”.

Asimismo, lanzó una severa crítica a los organismos sindicales por sus componendas, por sus vínculos con el poder y por su falta de compromiso con México. Recordó a Rosa Parks, la estadounidense que en 1955 se negó a ceder el asiento a un blanco en un autobús de Alabama, lo que impulsó el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos.

Hace poco más de 50 años los negros debían viajar en la parte trasera de los autobuses y cederle su lugar a los blancos. “En aquel entonces una mujer de color se paró y dijo: no. Los mexica-

nos por mucho tiempo hemos aceptado que los gobiernos nos pongan en la parte de atrás del autobús, que es nuestro país”, dijo la doctora Dresser. “México necesita un gran movimiento por los derechos civiles de sus ciudadanos.”

Por otro lado, la académica, quien también colabora con la periodista Carmen Aristegui en la radio, en el periódico Reforma y en la revista Proceso, comenzó en 2009 una gira por México para dialogar con ciudadanos y generar un movimiento ciudadano para “sacudir el conformismo que nos caracteriza y enseñar a quienes me escuchan que tienen derecho a aspirar a más. México es un país mal gobernado porque los ciudadanos permiten que así sea”. Su propuesta es enseñar un nuevo vocabulario cívico de exigencias y demanda de rendición de cuentas, pues “hay políticos y empresarios que no quieren que las cosas cambien; por eso debemos empujar la transformación de México”.

Finalizó expresando su deseo de que los asistentes a la ponencia enarbolaran alguna de las banderas que ella alza con orgullo, para que cada uno, desde su trinchera, contribuya al crecimiento del país, a sacarlo de la mediocridad y del estancamiento en el que el mismo pueblo —dijo— ha sumido al país por no exigir a sus gobernantes los derechos que le corresponden.

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Víctor Emilio Corzo Aceves y Ernesto Eduardo Corzo Aceves

¿Para qué le sirve a México la diplomacia multilateral?

Los Estados desarrollan sus relaciones a nivel internacional a través de la diplomacia. La diplomacia tradicional de un Estado se ejecuta a través su presidente o primer ministro, de su cancillería o de su personal diplomático adscrito en el extranjero, tanto en legaciones diplomáticas como en oficinas consulares. La diplomacia se ejecuta en diferentes niveles; por un lado, se tienen las relaciones bilaterales vis à vis con un tercer Estado, y por otro, las relaciones multilaterales que se despliegan en instituciones o alianzas internacionales con más de dos Estados a la vez.

La diplomacia multilateral le ofrece a México una amplia gama de oportunidades que van desde la utilización del sistema internacional —con una visión realista— como un instrumento para avanzar sus propios intereses, hasta aquellas que —con una perspectiva liberal— le permitan la búsqueda del bien común para la comunidad internacional. Aun cuando existe una multiplicidad de ventanas que la diplomacia multilateral abre a México, a continuación se identifican 11 oportunidades.

Primera Esta primera oportunidad se relaciona con la capacidad de representación del Estado mexicano con otros soberanos. Como es sabido, el grueso de las representaciones de México en el exterior descansa en 75 embajadas. Esto le confiere una gran importancia a la diplomacia multilateral, ya que será a través de éstas que el gobierno de México intentará subsanar su ausencia y utilizará los foros multilaterales para estrechar sus relaciones con los Estados en los que no tiene representación.

Segunda Reside en la oportunidad de crear alianzas —diferentes a las regionales— a partir de coincidencias temáticas en foros multilaterales. Lo anterior per-

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Foto: Benjamín Flores/Procesofoto

mite que el Estado mexicano identifique posibles aliados e institucionalice dichas alianzas en grupos estructurados. De esta forma, México autogenera oportunidades de liderazgo y fortalece su posición —en el seno de la diplomacia multilateral— al autodefinirse como puente entre los diferentes grupos a los que pertenece.

Tercera Al tener un servicio exterior permanente, México mantiene una consistencia en el desarrollo de su política exterior y un apego a sus principios. En este sentido, la diplomacia multilateral le otorga una tercera oportunidad al permitirle publicitar su política exterior, lo que facilita la identificación de nuestro país como líder de ciertos temas, por ejemplo, el desarme nuclear.

En corto, el hecho de que la comunidad internacional conozca de antemano la posición de México permite que terceros Estados se le acerquen solicitando su ayuda en materia de cooperación técnica o se unan a los esfuerzos que realiza, fortaleciendo así su posición a nivel mundial.

Cuarta De igual manera, las decisiones que se adoptan en el seno de la diplomacia multilateral en algunas ocasiones pueden servir como fichas de cambio en el juego político internacional, en particular para las negociaciones que México sostiene con terceros Estados. El Estado mexicano puede intercambiar algún voto o apoyo en el plano multilateral para recibir a cambio, en la relación bilateral, un acuerdo que lo beneficie y que tenga un impacto directo en el plano interno.

Quinta Al facilitar el involucramiento de terceros Estados en la solución de conflictos, la diplomacia multilateral sirve como conducto para el desahogo de las tensiones políticas que pueden generarse por la misma geograf ía mundial.

De esta manera, el gobierno de México tiene la oportunidad de desempeñar un papel activo como mediador o conciliador de estas controversias y su actuación no será caracterizada como intervención en los asuntos internos de los Estados, sino que estará legitimada por el principio de solución pacífica

Contacto: victor.e.corzo@gmail.com • ernesto.corzo@gmail.com

de controversias que enarbola la diplomacia multilateral. Esta oportunidad ya ha sido explorada por el gobierno de México; como ejemplo de ésta se puede citar su intervención en la situación actual de Honduras a partir del golpe de Estado, o en el conflicto entre Ecuador y Colombia en relación con el operativo policiaco militar que este último país realizó en el territorio del primero contra un campamento de las FARC. Sexta A partir del principio de igualdad soberana, la diplomacia multilateral permite al Estado mexicano participar de manera activa y tener mayor poder de influencia en la toma de decisiones que la comunidad internacional ejerce en los foros multilaterales. Por ejemplo, su participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad o de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, donde tiene la oportunidad de afectar directamente la codificación del Derecho internacional o las medidas que se adopten para salvaguardar la paz y la seguridad mundial. Esto impacta positivamente el prestigio diplomático de México y el peso político que se adiciona a su papel como potencia media a nivel internacional.

Séptima Dejando a un lado la visión realista o instrumentalista de las relaciones internacionales, y partiendo del hecho de que México es parte de una comunidad internacional, se puede argumentar que la diplomacia multilateral le permite a nuestro país no sólo ser sujeto del sistema, sino también ubicarse como objeto.

Es decir, de acuerdo con una visión funcionalista, el sistema internacional persigue el desarrollo sustentable de los Estados para que transiten hacia el bien común que busca el propio sistema internacional. Esto, en términos reales, permite que México se beneficie directamente por la misma diplomacia multilateral, ya que le permite recibir los apoyos y la asistencia técnica que ésta provee para facilitar el progreso de los países en vías de desarrollo.

Octava En relación con lo anterior tenemos que la diplomacia multilateral orilla a que la

actuación de los Estados se apegue a las normas generales del sistema internacional, objetivizando en cierto grado su comportamiento. Si bien es cierto que los Estados siempre buscan su beneficio, también lo es que la diplomacia multilateral —a diferencia de la bilateral— matiza las justificantes empleadas a nivel internacional. En otras palabras, los Estados no justifican sus actos descaradamente en intereses propios, sino que se apoyan en criterios objetivos codificados por el Derecho internacional.

Con la creación de organizaciones internacionales, que tienen como finalidad velar por el respeto de la norma internacional, la diplomacia multilateral representa —en cierta medida— un seguro de protección frente a posibles atropellos de Estados más poderosos.

Novena Otra de las oportunidades que ofrece la diplomacia multilateral es la relativa a la negociación de los tratados. Una de las características más criticadas del sistema internacional es la falta de un poder legislativo supranacional que establezca normas aplicables para todos los Estados. Frente a dicha carencia, los Estados son libres de adoptar la normatividad que mejor les convenga a través de tratados. Éstos se clasifican, dependiendo del número de Estados partes, en multilaterales y bilaterales. La negociación de tratados multilaterales busca evitar la discusión de un documento de manera individual y separada con cada uno de los miembros de la comunidad internacional. En otras palabras, reduce el tiempo de discusión al favorecer la negociación en bloque. Asimismo, evita los tratos diferenciados entre Estados, que por lo general se dan en tratados bilaterales, en los cuales, a pesar de que se trate del mismo tema, las concesiones que resultan varían dependiendo del peso político internacional que ostente el Estado en turno con el que se negocia.

Décima La diplomacia multilateral es mucho más efectiva para abordar problemas que requieren una acción colectiva para solucionarlos, como el calentamiento global o algunas medidas de protección ambiental. No obstante que la diploma-

cia bilateral puede ser efectiva, las medidas unilaterales de los Estados siempre quedarán cortas frente a la magnitud del problema; por lo mismo, la única vía será multilateral y colectiva. En el caso de México este tipo de diplomacia es evidente en materia de delincuencia organizada o tráfico ilícito de estupefacientes, ya que tales conductas delictivas solamente pueden ser combatidas desde una perspectiva transnacional como lo hace la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas en la Organización de Estados Americanos o la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En consecuencia, la diplomacia multilateral permite al Estado mexicano dar respuesta a los fenómenos que se encuentran fuera de su capacidad de actuación.

Undécima Finalmente, la diplomacia multilateral permite a México adoptar una política exterior fundada en principios de Derecho internacional que sirve como contrapeso a la relación bilateral que tiene con su principal socio, los Estados Unidos. En otras palabras, permite el desarrollo de argumentos y políticas que, en cierto grado, ayudan a aminorar el impacto de una eventual confrontación entre ambos Estados, o en su defecto, la evitan. Adicionalmente, la diplomacia multilateral sirve como válvula de escape de la relación tan estrecha que se mantiene con Canadá y con los Estados Unidos, ya que permite quitarse la etiqueta de Estado exclusivamente norteamericano y desarrollar conceptos de “puente” entre América del Norte y Latinoamérica, o entre Oriente y Occidente. De igual manera, sirve para ampliar los temas de las agendas entre Estados, ya que por lo general en el plano bilateral dichas agendas se abocan a temas muy específicos, y en el plano multilateral se pluralizan.

Como se puede apreciar, la diplomacia multilateral juega un papel de suma importancia para la vida de un Estado, ya que, en conjunción con la diplomacia bilateral, es el mecanismo a través del cual un país participa —ya sea de manera funcionalista o instrumentalista— en el seno de la comunidad internacional de la que es parte.

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Abraham Zabludovsky

¿Qué hacemos con los medios de comunicación?

Aunque Abraham Zabludovsky no es abogado, su labor periodística de más de 30 años ha incidido de forma notable en la comunidad jurídica. Ningún abogado puede pasar por alto sus devastadores cuestionamientos sobre la manera en que se crea y aplica la ley en nuestro país. Presentamos el discurso que pronunció en el Congreso Nacional “Ciudadanía y Medios: Acción Conjunta”, organizado por la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, A.C., en el que nos habla de cómo los medios de comunicación han sido fundamentales en la construcción de la democracia mexicana. Pero también nos advierte de los peligros que corremos al monopolizarlos, someterlos o comprarlos.

E

n algunas ocasiones he comprobado que la prolongación de los ratos de ocio es una buena manera de dar oportunidad a las ideas para que se acomoden solas. Eso es exactamente lo que estaba haciendo el otro día, vagando entre los estantes de periódicos, con la atención puesta en ninguna parte, cuando, de pronto, mi mirada captó un encabezado de una famosa revis-

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ta dedicada al análisis profundo de las cosas políticas, la cual nos invitaba a reflexionar sobre el significado de la caída del muro de Berlín. Entonces me dije: “¡Qué buena idea!” Pero también me pregunté: “¿No será que llega un poco tarde?” Porque el martillo que reventó el muro de contención de una mala idea, envuelta en una reja en torno al campamento de presos políticos más extenso del mundo, había caído 20 años atrás, tiempo suficiente para exa-

minar el inventario de sus significados y sus consecuencias.

Y, sin embargo, no es así. Aunque la famosa revista no lo menciona, creo que la desaparición de la Unión Soviética y todo lo que representa constituye un evento crucial para el México moderno: es un antecedente directo e ineludible de la formación de nuestra realidad actual. Obligó al gobierno de entonces a reconocer que algunos ladrillos del muro le podrían caer encima si no tomaba ciertas precauciones. La situación de afuera impuso al gobierno mexicano emprender transformaciones que no tenía la menor intención de llevar a cabo. Menciono tres: • Una nueva definición del gobierno como agente económico que llevó a cabo privatizaciones, reducción de subsidios y acuerdos de libre comercio, especialmente con Estados Unidos y Canadá.

• La revisión de la relación del gobierno con las iglesias.

• La relación del gobierno con la sociedad organizada a través de los partidos políticos, las elecciones y, paralelamente, el reconocimiento del avance de la opinión pública como una fuerza política creciente que comenzaba a desafiar la influencia de las clientelas tradicionales del partido gobernante.

Por esto es tan pertinente el tema de este encuentro que nos reúne hoy en el puerto de Veracruz en este Congreso Nacional “Ciudadanía y Medios: Acción Conjunta”.

En México han transcurrido apenas 10 años de nuestro equivalente histórico de la caída del muro de Berlín. La derrota del PRI en las elecciones del año 2000 inauguró la alternancia política en la presidencia de la República como consecuencia de elecciones limpias y libres.

Diez años de vivir una nueva realidad ¿es mucho o es poco tiempo? Espero

que la respuesta no se parezca a la que recibió aquel periodista que preguntó al primer ministro de China, Chou Enlai, cuál era su opinión sobre la Revolución francesa. Unos 170 años después de aquel acontecimiento, el sagaz mandarín respondió: “Es muy pronto para opinar”. Y quizás no le faltaba razón, porque la guillotina transformó para siempre la idea que el hombre tenía de sí mismo como persona y como miembro de un cuerpo social. Del filo de esa navaja surgió el concepto del hombre como ciudadano con derechos y protecciones universales por el solo hecho de serlo.

Como un periodista que ha ejercido su profesión en el viejo sistema y en el nuevo, hoy disfruto de una libertad de expresión, de publicación, de reunión, de participación y de crítica sin precedentes en nuestra historia. No participa el que no quiere. Afirmo que en México se ha disparado una transformación cultural profunda que apenas va saliendo de la fragua y que a golpe de forja habrá de adquirir su forma.

La palabra clave es democracia. Yo la entiendo como un mecanismo mediante el cual las personas se organizan libremente para distribuir la autoridad, limitando los abusos del gobierno y los excesos de otros agentes de poder económico, cultural o religioso. Es un estirar y un aflojar infinito, fluido, dinámico. Hace unos 15 años, el académico Francis Fukuyama avanzó la tesis de que la Historia Grande había llegado a su fin luego de la consolidación de algunas democracias y de algunos mecanismos de mercado: votar y consumir.

Un argumento tan ligero capturó la atención. Pero el ahora devaluado don Francis no sabía que, apenas cinco años después, la historia de México se relanzaría de manera impetuosa por senderos inexplorados e impredecibles para los cuales no disponemos de un mapa y sí, quizás, apenas de una brújula. Y ni hablar del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, donde al fin de la historia se le atravesó el choque de civilizaciones…

Vaya que ha habido cambios. Se requiere un pequeño esfuerzo para abrir el periódico y advertir que si antes el papel estaba ocupado con expresiones de júbilo para festejar que el Señor Pre-

sidente pasó bien la noche, ahora están repletos de desplegados que critican las decisiones del gobierno y exigen su rectificación. ¿Habremos pasado de la presidencia infalible a la presidencia impotente? Ni lo uno ni lo otro. La fricción de los intereses expresados públicamente en los medios y a través de ellos, la que ocurre en las esferas políticas, sindicales, culturales y económicas, configura una conversación nacional casi siempre inteligente, pero en ocasiones áspera y rijosa, mentirosa también e incluso grosera, y todo eso está muy bien. El debate está movido, surtido y divertido: que el público informado tome su decisión.

Todos los días esta acción conjunta de medios y ciudadanía se manifiesta de muchas maneras. Las empresas de comunicación se han vuelto más receptivas a las preocupaciones del auditorio y de los lectores y se han abierto a todas las ideologías porque responden así a una sociedad que vigila y que no se deja como antes. Una sociedad que no tolera la injusticia advertida, la prepotencia manifiesta, el tráfico de influencias, el aprovechamiento indebido de los bienes públicos. Se va construyendo así un nuevo tipo de ciudadano. En las elecciones de julio, la acción conjunta de medios y ciudadanos permitió la expresión del rechazo a la clase política mediante el llamado a ejercer el voto anulando la

de la pobreza, la injusticia, el trabajo de los niños, la trata de mujeres, la marginación de todo tipo, las vejaciones a los migrantes y a los jornaleros, la impunidad de las pandillas, la proliferación de los narcotraficantes, la prisión injusta de mexicanos en Estados Unidos, por mencionar sólo unos cuantos temas de trabajos que han encontrado auditorio, exhibición y reconocimiento.

• Se ha reanudado la denuncia política como tema de la obra cinematográfica. La interacción de medios y sociedad tuvo una expresión importante en la película Fraude, dirigida por Luis Mandoki. En ella se presentan documentos en video filmados por ciudadanos comunes que demuestran, según ellos, que el voto fue contado de mala manera para favorecer al candidato del Partido Acción Nacional. La elaboración de una película de esta naturaleza hubiera sido impensable en cualquier momento del siglo XX en México, pero en el año 2006 encontró —si bien con dificultades— salas, pantallas, promoción y espectadores. Y aún más: la versión en video de esta película y otros documentos de la campaña de Andrés Manuel López Obrador alcanzaron una circulación de dos millones de discos compactos.

Me detengo en la película El violín de Francisco Vargas, cuyo argumento

Como un periodista que ha ejercido su profesión en el viejo sistema y en el nuevo, hoy disfruto de una libertad de expresión, de publicación, de reunión, de participación y de crítica sin precedentes en nuestra historia. No participa el que no quiere. papeleta en la urna. Más de un millón de personas respondieron a esta convocatoria. Yo pregunto: ¿es una exageración calificarlo como una revolución cultural? Creo que no.

La acción conjunta de medios y sociedad es asombrosa: • En los últimos años hemos conocido una verdadera explosión en la realización de películas del género documental. Cientos de cineastas se han dado a la tarea de explorar la realidad nacional como nunca antes, examinando sin tregua los problemas

constituye una poderosa denuncia al maltrato que las fuerzas armadas descargan sobre la población civil, especialmente sobre los pobres. La película recibió el premio de la crítica y el aplauso del público y no hubo censura que la mutilara o la mantuviera oculta como pretendió hacer el viejo régimen con la película La ley de Herodes de Luis Estrada, apenas hace nueve años.

• En la radio y en la prensa impresa se dice y se escribe lo que cada quien piensa. Miles de voces y de plumas ofrecen un repertorio insólito de opi-

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niones, acertadas o no, buenas o malas; el elenco se completa con algunos alquilones y demasiados zoquetes, pero el conjunto es desde luego superior a la suma de sus partes y ofrece una variedad espeluznante. Agrego un dato: solamente en la ciudad de México se producen, en un ciclo de 24 horas, 100 noticieros de radio. Y ninguno admite estar en segundo lugar.

La acción conjunta de ciudadanos y medios ha elevado el costo de la mala conducta de los gobernantes y los poderosos en el mundo del dinero o de la influencia social.

• El tema del comercio sexual con niños irrumpió violentamente en el escenario nacional, cuando la periodista Lydia Cacho publicó el libro Los demonios del Edén. En venganza y para silenciarla, los protagonistas denunciados organizaron el secuestro y encarcelamiento de la señora Cacho. La voz de alarma lanzada desde los medios salvó a la periodista de un destino quizá más atroz y la indignación colectiva sometió a uno de los hombres más ricos de México, Kamel Nacif, y a uno de los políticos más poderosos, el gobernador de Puebla, Mario Marín, a una condena de oprobio y rechazo que

las semanas del miedo —casi pánico— que experimentamos en México cuando apareció el virus de la gripa de la influenza en la primavera de 2009. No recuerdo ni tengo referencias de un episodio de cumplimiento voluntario por millones de personas que efectivamente fueron segregadas unas de otras durante muchos días y confinadas en sus domicilios. Un episodio de responsabilidad compartida que fue casi un milagro.

• Un ejemplo formidable de acción conjunta de medios y ciudadanos: el 7 de mayo de 2007 se reunieron en el zócalo de la ciudad de México unas 18,000 personas que respondieron a la invitación del fotógrafo Spencer Tunick para ser fotografiadas en la calle, en estado de encueramiento absoluto.

Hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, gordos y flacos, de cuerpos turgentes o adiposos, todos a una ¡y que se bajan los calzones! para exhibir frente a Palacio Nacional, primero, y después frente a la Catedral, no sólo aquella parte del cuerpo donde la espalda pierde su santo nombre, sino aun esa porción en donde la piel se vuelve botón en remolino. Y luego se fueron a desayunar a Sanborns. Puede

El sector público (federal, estatal y los ayuntamientos) gasta una cantidad inmensa, incuantificable, en los medios de comunicación. Esto constituye una gravísima amenaza a la libertad, porque se ha convertido en un eficaz método de coerción que recompensa obediencia y oportunismo. jamás van a poder cancelar. Están marcados para siempre.

• La acción conjunta de medios y ciudadanos puso al descubierto el comportamiento del sacerdote Marcial Maciel, fundador de la orden de los Legionarios de Cristo. Numerosos jóvenes denunciaron en los medios las vejaciones de pederastia cometidas repetidamente y a lo largo de décadas por el clérigo michoacano. Su verificación condujo a una censura papal que redujo al silencio al influyente legionario.

• Un caso dramático de feliz convergencia de la acción conjunta de ciudadanos y medios se dio a lo largo de

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afirmarse que esa mañana de domingo fuimos testigos de un acto de libertad completa, convocado por los medios y por ellos conocido.

La acción conjunta de medios y sociedad permitió cristalizar dos instrumentos de difusión de la información y fortalecimiento de la cultura nacional. El Instituto Federal de Acceso a la Información esclarece las tinieblas que con frecuencia encubren los actos de la burocracia, empeñada en dificultar una y otra vez el conocimiento de sus actuaciones. Pero es un avance. Lo mismo puede afirmarse del sacrificio fiscal asumido por el gobierno federal me-

diante el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La insistencia de la comunidad cinematográfica respaldada por los medios de comunicación empujó al gobierno a aceptar este mecanismo al que todavía no se resigna como lo demuestra la batalla anual por preservar un subsidio a la cultura que ha hecho posible la producción de unas 200 películas mexicanas.

He procurado describir un escenario a un tiempo positivo y optimista. Porque hasta ahora esas son las características del panorama nacional en lo que toca a los medios y su interacción con la sociedad. Pero no confundo el optimismo con las ilusiones: ninguna victoria es permanente. La libertad es una conquista cotidiana. La tentación autoritaria nos viene de siempre, desde el tlatoani, el cacique, el rey, el virrey, el señor presidente... Es más, esta década de libertad podría ser, en el largo arco de nuestra historia, una anomalía, quizás una inconsistencia, un error de redondeo.

Al comenzar esta charla me referí a la caída del muro de Berlín como uno de muchos factores que puede hacernos entender lo que ha pasado en México. Regreso a Rusia porque lo que sucedió ahí es un recordatorio oportuno, una advertencia brusca de que la experiencia de la libertad puede ser ef ímera y los procesos democráticos absolutamente reversibles. Los últimos 20 años se pueden dividir en dos. Una década de libertad con Boris Yeltsin y una década de represión bajo un régimen cada vez más autoritario encabezado por Vladimir Putin. Moraleja: en la democracia siempre hay marcha atrás. Hasta su anulación completa.

Por eso es preciso consolidar lo alcanzado y contemplar, sociedad y medios, una acción conjunta para dibujar la agenda mínima que proteja la libertad de expresión y la extienda a través de mecanismos firmes e instituciones dotadas de vigor, capacidad de decisión y de resistir a las presiones de los intereses creados. Propongo cuatro asuntos que considero necesarios.

1) Derecho de réplica. La gente está indefensa cuando los medios se proponen exponer a las personas al ridículo público con objeto de acumular rating o cuando atacan su honorabilidad y su

Fidel Herrera, Juan Francisco Ealy Ortiz, Margarita Zavala y Marcos Fastlicht, entre otros participantes en la inauguración del Congreso Nacional Ciudadanía y Medios: Acción Conjunta realizado en Veracruz, el pasado mes de noviembre.

buen nombre o degradan la diversidad sexual o la dignidad de seres humanos con desventajas físicas en escenas supuestamente cómicas. Los medios disfrutan de la libertad unilateral de administrar la crítica o suprimirla, de dosificar el acceso a la rectificación. En términos generales los medios carecen de un código de ética conocido por el público, no existen instancias efectivas para presentar quejas o protestas relacionadas con contenidos ofensivos y mucho menos existen los procedimientos vinculantes para satisfacer los reclamos. El espacio de cartas al editor no es suficiente para enmendar tantísima errata; en los medios electrónicos las correcciones son intermitentes, ocasionales y sujetas al capricho del concesionario o del conductor que está en el aire.

2) El Estado anunciante. El sector público (federal, estatal y los ayuntamientos) gasta una cantidad inmensa, incuantificable, en los medios de comunicación. Esto constituye una gravísima amenaza a la libertad, porque se ha convertido en un eficaz método de coerción que recompensa obediencia y oportunismo. Cuando el Estado se anuncia distorsiona de raíz todos los mecanismos del mercado publicitario.

Es más, destruye el mercado porque no permite la libre competencia y estorba la libre concurrencia. Cuando el Estado paga por difundir sus mensajes el gobernante beneficia a sus aliados,

se perpetúa y legitima aquella famosa frase de algunos periodistas e intelectuales que se jactan como en los viejos tiempos: “Mi revista no circula, pero yo sí”. Eso tiene que terminar de una vez por todas.

3) Captura regulatoria. Este término es otra manera de afirmar que las grandes empresas del sector de las telecomunicaciones le dictan al gobierno lo que tiene que hacer. La regulación nunca es neutra. Incuba o sepulta la innovación; disuelve o petrifica los privilegios adquiridos aunque sea por derecho. Perpetúa el manantial de rentas monopólicas que surten del capital barato que subsidia la expansión ventajosa hacia otros negocios. La inacción cómplice del Congreso de la Unión ha permitido a los operadores más grandes utilizar el litigio, especialmente el amparo, como una herramienta para prolongar ad infinitum el estado de cosas. Y, como decía el clásico, aun hay más: la connivencia de la Comisión Federal de Competencia es asombrosa porque ignora sin el menor escrúpulo sus propias resoluciones. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es una confitería donde se tardan años en tomar una decisión, dejando pendiente todo lo importante.

4) La estructura de las industrias de la comunicación y su propiedad cruzada es un asunto pendiente. Se ha ido consolidando lo que podría denomi-

narse el grupo de los 12: una docena de empresarios controla los segmentos más dinámicos e influyentes de la comunicación masiva en México. Me explico: en televisión abierta, dos; en televisión por satélite, dos; en televisión por cable, tres; en exhibición cinematográfica, tres; en la radio, seis; en los grupos multimedia encabezados por un periódico fuerte, cuatro o cinco.

Ahí están los divinos doce, porque algunos coinciden simultáneamente en varias plataformas, compiten en unas y se complementan en otras, ya sea como generadores de contenido o distribuidores de señales o compradores de publicidad. A veces parece que no son más que las hojas de un frondoso trébol de la buena suerte, planta de invernadero que no ha sido sometida a los rigores de la intemperie.

El problema no es que la concentración distorsione los mecanismos de mercado, de suyo importante. Lo verdaderamente grave es la capacidad de este mecanismo de suprimir la difusión de ideas incómodas o adversas a los intereses del grupo, o de sus aliados, o del gobierno. El peligro radica en que se vaya dibujando un pensamiento único expresado de mil maneras distintas.

México es una nación con más de 100 millones de personas que conforman una de las 10 primeras economías del mundo en una sociedad con intereses encontrados y en conflicto, con estratos sofisticados que demandan opciones y alternativas reales y pertinentes. Tenemos que reventar el sistema aún vigente que dispensa recompensas a cambio de subordinación y alineamiento.

Hemos transitado a lo largo de una década construyendo una nueva realidad. Recuerdo ahora la frase del licenciado Winston Churchill después del triunfo de los ingleses en la batalla de El-Alamein: “No es el final, no es ni siquiera el principio del final. Es quizás el final del principio”.

El optimismo es el signo de los tiempos. La causa es justa; juntos, ciudadanos y medios, podemos hacer de nuestro país un gran país. El sueño de la libertad no se detiene. No podemos dar ni un paso atrás; ya no, ahora no, nunca más.

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Enc uest a ¿Qué opina de la implementación de la eutanasia propuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal?

Juan Velásquez Me parece que están haciendo lo mismo que en el caso del aborto: legislando acerca de temas que en México ya son realidad. El aborto se practicaba antes de legislarse; ilícitamente, pero se llevaba a cabo. Lo mismo sucede con la eutanasia en casos de enfermos terminales. Se les suministran cada vez más sedantes para disminuir el dolor hasta deprimirles el sistema nervioso y provocarles la muerte.

No es algo deseable, pero es algo que sucede; por lo tanto, es necesario legislar sobre el tema para que no existan lagunas.

Gerardo Laveaga Elegí a la mujer con quien me casé y elijo a mis amigos. Elegí la carrera que estudié y elijo los libros que leo. Elijo la comida que como y la ropa que visto. ¿Por qué no voy a poder elegir el momento y la forma de mi muerte? Entiendo que si se permitiera esta elección, las empresas que lucran con el sufrimiento —desde las que venden consuelo para la otra vida hasta las que cobran por mantener respirando un cadáver— pretenderían jugosos dividendos. Por eso sus representantes se desgarran las vestiduras cada vez que alguien menciona el tema. No obstante, espero de todo corazón que, cuando yo tome esta decisión, las leyes de México me den todas las facilidades al respecto.

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Néstor de Buen Lozano Yo creo en la posibilidad de implementar la eutanasia. En mi opinión consiste simplemente en acabar con la agonía de una persona.

Una vida llena de dolor no vale la pena vivirla, y la eutanasia es una forma viable de evitar este tipo de angustia.

Mario Álvarez Ledesma En primer lugar, hay una gran confusión en el ámbito jurídico respecto de la jerarquía de valores. Se cree, erróneamente, que la vida es el valor por excelencia; valor que a priori tiene mayor jerarquía que otros. Sin embargo, este modo de pensar es un error básico, ya que no existen valores que a priori sean jerárquicamente superiores a otros. En segundo lugar, el concepto de vida es un concepto complejo. En el caso de la eutanasia no está en tela de juicio el concepto de vida biológica sino el de vida social y cultural. Hay casos en que la vida biológica no necesariamente está en el primer escalón jerárquico de valores, casos donde se puede interponer la autonomía de la voluntad, así como la libertad. En esta iniciativa, el Estado no autoriza la muerte del individuo, sino que regula cuándo una persona puede solicitar a otras que le asistan al buen morir.

En mi opinión es necesaria una regulación que le dé cauce a este suceso. Además, en muchos casos ya se practica la eutanasia de manera soterrada, por lo que es indispensable tener una herramienta jurídica que la regule.

Luis de la Barreda Solórzano

Ricardo Franco Guzmán En la actualidad, la mayoría de las legislaciones sancionan el hecho de que una persona acceda a la reiterada y consciente petición de otra de que no se prolongue inútilmente su vida, por padecer una enfermedad incurable, que le produce atroces dolores y consume su frágil economía. En la segunda mitad del siglo XX, algunos países aceptaron plasmar en sus leyes la idea de que todo ser humano, en ciertas condiciones, tiene el derecho a una muerte digna. Debe impulsarse esta idea en toda la República mexicana.

El azar nos hace vivir. La vida es un don maravilloso; el bien de mayor importancia de cuantos disfruta el ser humano, la evidente condición para que pueda gozar de otros bienes. Dicho lo anterior, es claro que sólo es valiosa la vida que quiere ser disfrutada por su titular. No es racional que se imponga a una persona el deber jurídico de vivir. El Derecho tutela intereses sociales, ya individuales, ya colectivos. ¿Qué se tutela a una persona al prohibir que por sí misma o con ayuda de tercero ponga fin a su vida cuando ya no la quiere? Si por sufrimientos insoportables o por cualquier otra razón la vida deja de ser un bien para su titular, no parece razonable que el Estado le imponga conservarla contra su voluntad y su deseo.

Jorge Nader Kuri Susana Barroso Montero Así como es injusto obligar a alguien a morir, también es una crueldad incomprensible que se pretenda obligarle a vivir en contra de su voluntad.

Todo ser humano tiene derechos fundamentales (entre ellos la vida), pero también tiene derecho a decidir la calidad de vida que desea. La vida digna significa no sólo gozar de las funciones vitales, sino lo que se califica como persona. El Estado nunca debiera suplir la libertad del individuo; su tarea es proporcionar los medios y la legislación adecuada para que cada uno —dependiendo de su resistencia al dolor, de su formación religiosa o de sus valores morales— decida si quiere seguir viviendo en una unidad de cuidados intensivos, conectado a medios artificiales cuando tiene una enfermedad terminal, o si prefiere poner fin a su sufrimiento. No hay daño a la sociedad cuando un individuo decide la terminación voluntaria de su vida, cuando lo único que pretende es evitar el dolor en un estado terminal.

Como sucede con el aborto y otros temas, las distintas implicaciones íntimamente relacionadas con el problema han polarizado la discusión y evitado la adopción de una solución mayoritariamente convincente. Pero, a diferencia de esos otros temas, es más sencillo convenir en que el derecho a la vida implica el derecho a una muerte con dignidad, y que la ley no debe seguir obligando a las personas a vivir una vida que no desean.

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Gabriela García Martínez

Lorenzo Roel Consecuencias laborales de la extinción de Luz y Fuerza 26

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A casi dos meses de que el presidente Felipe Calderón emitiera el decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, no han dejado de oírse las voces que sostienen que dicha medida es inconstitucional, al no haberse fundamentado ni motivado el decreto, con lo que se violaron los derechos fundamentales de los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Lorenzo Roel, coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, no coincide con este punto de vista.

Qué opina del decreto del 11 de noviembre de 2009 que emitió el presidente Felipe Calderón para extinguir al organismo Luz y Fuerza del Centro?

Los colegios de abogados, entre ellos el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, han coincidido en que el decreto que expidió el presidente Felipe Calderón el 11 de noviembre pasado, mediante el cual extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, está debidamente fundado y motivado y cumple con los requisitos de legalidad que establecen los artículos 16 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el Congreso de la Unión decidió no presentar controversia constitucional respecto al decreto, por lo que la extinción de Luz y Fuerza del Centro se debe considerar como legal. ¿Qué nos puede decir de la relación colectiva entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas?

En la extinción de Luz y Fuerza del Centro son aplicables los artículos 433 y 434 de la Ley Federal del Trabajo que esta-

blecen que una de las causas de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo es el cierre originado por una causa de fuerza mayor no imputable al patrón, o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos. ¿Qué derechos tienen los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro al darse por terminada en forma colectiva las relaciones de trabajo?

En este caso el presidente Calderón ejerció sus facultades constitucionales para extinguir al organismo Luz y Fuerza del Centro, por lo que no se requería la aprobación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que hace referencia el artículo 435 de la Ley Federal del Trabajo. Sobre la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, de acuerdo con lo que establece el artículo 436 de la propia ley laboral, los trabajadores tienen derecho a una in-

demnización de tres meses de salario y a recibir 12 días por año laborado por concepto de prima de antigüedad. Sin embargo, en el caso de Luz y Fuerza del Centro se les ofreció y se les ha cubierto a los ex trabajadores una indemnización superior a la que establece la Ley Federal del Trabajo, incluyendo los siguientes conceptos: • Compensación por antigüedad: 20 días del salario integrado por año de antigüedad.

• Compensación adicional: 14 días del salario integrado por año de antigüedad para aquellos con más de 15 años de trabajo.

• Indemnización: tres meses de salario integrado.

• Pago de fondo de ahorro: lo acumulado en el año en curso.

• Aguinaldo: proporcional a los días laborados en el año.

• Vacaciones: proporcionales a las no devengadas.

• Indemnización por año laborado: 20 días del salario integrado por año de antigüedad.

• Indemnización por extinción de la empresa: tres meses de salario integrado.

• Prima adicional de antigüedad: 24 días de salario mínimo por cada año de antigüedad.

Además de lo anterior, quienes gestionaron su indemnización antes del 14 de noviembre recibieron una compensación adicional. ¿Considera que la indemnización que se les ofreció a los trabajadores es legal?

Analizando que los trabajadores han recibido o recibirán una indemnización superior a la que establece la Ley Federal del Trabajo y que asciende aproximadamente a 33 meses de salario, lo que resulta dos años nueve meses de salario, considero que es más que justa, además de que tendrán un beneficio adicional, ya que la mayoría de los trabajadores serán contratados por la Comisión Federal de Electricidad. Por ese

Al extinguirse la empresa y darse por terminadas las relaciones colectivas de trabajo, el sindicato tiene que iniciar un proceso de disolución, conforme a lo que establecen sus estatutos El Mundo del Abogado enero 2010

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motivo, como informó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes el 14 de noviembre del año pasado, en esa fecha un total de 27,407 ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro ya habían recibido su liquidación, lo que representa el 61.57 por ciento de los trabajadores. ¿Qué sucederá con el contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado la extinta Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas?

Como lo establece la fracción III del artículo 401 de la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo terminó por el cierre de la empresa. ¿Qué sucederá con el Sindicato Mexicano de Electricistas?

Debido a que es un sindicato de empresa, al extinguirse la empresa y darse por terminadas las relaciones colectivas de trabajo, el sindicato tiene que iniciar un proceso de disolución, conforme a lo que establecen sus estatutos. ¿Qué opina respecto al amparo que se promovió en contra del decreto

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expedido por el presidente de la República?

Los colegios de abogados ya emitieron su opinión al respecto, por lo que considero que el amparo se debe negar por improcedente. ¿Qué hay en relación con el amparo colectivo que se promovió por el procedimiento que se está siguien-

do para la liquidación de los trabajadores?

Como ya lo mencioné, existen motivos fundados para la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, además de que la liquidación que se les ofreció a los trabajadores es muy superior a la que establece la Ley Federal del Trabajo; por tal motivo considero que dicho amparo también se debe negar por improcedente.

Lorenzo de Jesús Roel Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y cuenta con 30 años de experiencia representando a patrones en asuntos individuales y colectivos de trabajo, consultoría preventiva y asesoría en materia laboral.

De 1978 a 1985 formó parte del despacho Sergio Roel Abogados, S.C.; de 1985 a 2005 ocupó la dirección jurídica del despacho Roel y Roel Asociados, S.C., del que también fue socio, y desde 2006 es director de la firma Roel Asociados, que cuenta con oficinas en las ciudades de México, León y Torreón.

Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en la que forma parte de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, así como de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, donde funge como coordinador de la Comisión de Derecho Laboral.

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Pascual Hernández Mergoldd*

El abogado mediador A le memoria de José Francisco Ruiz Massieu

Con la reforma constitucional en materia penal, el artículo 17 constitucional establece la necesidad de prever mecanismos alternativos de solución de controversias. En el Distrito Federal existe una institución pública, creada en 2003, que ofrece estos servicios, en particular el de la mediación. Se trata del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuyo director explica las ventajas del abogado mediador.

E

n el terreno jurídico, la justicia alternativa es una de las respuestas que ha retomado su carta de naturalización en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El párrafo tercero del nuevo texto de su artículo 17 establece que “las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”. Es el Derecho, en este importante tema, el instrumento del proceso de este nuevo cambio.

Uno de los mecanismos alternativos de solución de controversias es la mediación, mecanismo que consiste en un procedimiento voluntario, independiente de la jurisdicción ordinaria, por el cual dos o más personas involucradas en una controversia, a las cuales se les denomina mediados, buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador.1 Se trata de un movimiento humanizador y democratizante que impulsa una cultura de paz que propiciará, de manera creciente, una participación más activa de la población para encontrar

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nuevas formas de relacionarse, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización del diálogo para el desarrollo colectivo.

En la solución de controversias entre particulares por mecanismos alternativos, en especial en la mediación, no hay que sujetarse a los tiempos que requieren los juicios y sus diversas instancias para arribar a una solución satisfactoria, lo cual se traduce en ahorro de tiempo y dinero, además de abatir drásticamente el desgaste personal.

El Distrito Federal es una de las 22 entidades federativas que cuentan con una institución pública para ofrecer los servicios de solución de controversias por mecanismos alternos. Se trata del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, creado en 2003, originalmente como órgano del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para administrar y desarrollar los métodos alternos de solución de conflictos en el tribunal, en particular a través de la mediación.

El Centro de Justicia Alternativa es la oportunidad constitucional que tienen los ciudadanos de solucionar sus con-

flictos a través de métodos no contenciosos como la mediación, capaces de alternar y coexistir con la vía jurisdiccional.

Cuenta con mediadores altamente calificados que han reunido los requisitos establecidos en la legislación aplicable, dentro de los que destacan el contar con título y cédula profesionales de licenciatura en Derecho,2 lo que se explica en razón de que el Centro está en sede judicial y su ámbito de competencia consiste, principalmente, en el desarrollo y la administración eficaz y eficiente de la mediación como método alterno de solución de controversias legales.

Conforme a la ley,3 la mediación procede en las materias civil, mercantil, familiar, penal y de justicia para adolescentes. Sin embargo, en estas dos últimas es indispensable que la legislación aplicable abunde sobre los supuestos, términos y condiciones en que se aprovechará.

Diversos factores han propiciado un repunte en la demanda de los servicios que proporciona el Centro de Justicia Alternativa, en particular los de mediación civil-mercantil, lo que significa que la mediación resulta cada vez más atractiva como mecanismo para la solución de conflictos, principalmente por los ahorros de tiempo, de dinero y de desgaste personal que representa.

El creciente interés que se percibe, de instituciones de crédito y de algunas empresas, revela la necesidad de prepararnos para un crecimiento importante en la demanda de los servicios de mediación.

La participación del sector privado en la prestación de servicios públicos es una opción real para lograr la ampliación de las coberturas. En el caso de la mediación, la Ley de Justicia Alternativa prevé esa participación a través de mediadores privados capacitados, calificados, certificados y registrados por el Centro, que implicará la responsabilidad, para la referida dependencia del Tribunal Superior de Justicia, de garantizar altos índices de competencia profesional, conforme lo ordena la propia ley.4 Aplicando la fórmula de descentralización por colaboración, el profesional del Derecho puede vincularse al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a través de su Centro de Justicia Alternativa, con lo que, además de con-

tribuir a la justicia, puede ejercer una especialidad en el ejercicio libre de su profesión como mediador privado, con lo que propiciará la solución pronta de conflictos y, por tanto, coadyuvará en la descongestión de juzgados y salas.

La mayor rapidez a la solución de controversias por mecanismos alternativos propicia una disminución en los costos, no sólo para las partes involucradas sino para el sistema de justicia, ya que representa una posibilidad muy cercana de descongestionar los tribunales. Este propósito está claramente definido en el principio de economía, que

establece que “el procedimiento deberá implicar el mínimo de gastos, tiempo y desgaste personal”. Este principio —junto con los de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad y legalidad— rige la mediación, en los términos del artículo 8 de la Ley de Justicia Alternativa.

Otra característica de la justicia alternativa es que no resulta indispensable la contratación de los servicios profesionales de abogados para litigar o defender a cualquiera de las partes. Esta realidad no debe alarmar al profesional del Derecho, pues se trata de una transformación jurídica del país que requiere un cambio radical en la mentalidad del jurisconsulto del siglo XXI, tanto en su formación como en su ejercicio profesional, pues la justicia alternativa también amplía el universo del quehacer del profesional de la ciencia jurídica.

Esto supone alejarse de los paradigmas tradicionales que fomentan el litigio como único mecanismo para resolver conflictos y formar abogados con una vocación orientada a solucionar controversias mediante el uso de otros

mecanismos igualmente basados en el Derecho.

En la mediación, el profesional del Derecho puede facilitar la construcción de acuerdos como mediador. De hecho, esto ya ocurre no sólo en el Centro de Justicia Alternativa, donde se proporciona el servicio por mediadores públicos, sino en otras instituciones como el Instituto Mexicano de la Mediación y la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, a través de sus mediadores privados. Asimismo, el profesional del Derecho puede operar como asesor o consultor de cualquiera de las partes, por ejemplo, para supervisar el contenido del proyecto de convenio que, en su caso, suscriban los mediados ante la fe pública del director de mediación de la materia que corresponda.

En la medida en que más ciudadanos sepan de la existencia del Centro de Justicia Alternativa y de los servicios de mediación privada, como opción real de solución de sus conflictos a través de la mediación en sede judicial, crecerá la demanda del servicio y además se contribuirá a despresurizar las altas cargas de trabajo de juzgados y salas.

El abogado mediador ha de tener presente que su condición de facilitador lo convierte en un factor indispensable en el proceso de mediación, cuya tarea primaria, basada en el principio de flexibilidad, será la de que las partes definan, adopten, acepten y respeten el procedimiento para construir los acuerdos que

formen parte de la solución, misma que será plasmada en un acuerdo que debe ser eficaz y eficiente, además de sostenible, si se alcanza con los medios que las personas poseen y si el beneficio es perdurable.5 En la nueva opción de transformarse en mediador, el abogado está llamado a ser una figura importante del siglo XXI y a participar en la responsabilidad de impulsar el cambio social. Como en otras fases del ejercicio profesional del Derecho, tiene el reto de cambiar y de cambiarse si no quiere ser reemplazado por profesionales de otras disciplinas. *El autor es director general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

1 Artículo 2, fracción X, de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (LJADF), publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de enero de 2008.

2 Artículo 18, fracción II, de la LJADF. 3 Artículo 5 de la LJADF. 4 Artículo 9, fracción III, de la LJADF. 5 Salvador Puntes G., exposición en la clase de la maestría en Gestión y Resolución de Conflictos: Mediación, Universidad de Barcelona-Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Ciudad de México, sesiones presenciales, 16 y 17 de abril de 2009.

Contacto Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Centro de Justicia Alternativa Río Lerma, núm. 62, 4° piso Colonia Cuauhtémoc México, Distrito Federal, C.P. 06500 Horario: lunes a viernes, 9 a 17 horas Tels. 5514-2860 y 5514-5822

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César Esquinca

No todos los jueces merecen llevar su toga Hace un par de meses, al asumir el cargo de consejero de la Judicatura Federal, César Esquinca, ex director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, pronunció un discurso —del que aquí reproducimos un extracto— en el que habló de los retos que tiene por delante el Poder Judicial. En concreto, sus jueces y sus magistrados, a quienes exigió comportarse a la altura de la misión que se les ha encomendado.

E

l alma del Poder Judicial que gobierna el Consejo son sus jueces y sus magistrados, sus defensores y sus asesores, a los que necesariamente deben estar encaminadas las acciones de administración para que la justicia federal sea pronta, completa e imparcial, como lo ordena la Constitución y lo demanda la sociedad.

En cuanto a la facultad disciplinaria, es pertinente aclarar que el Consejo no se legitima en la medida en que más sanciona, lectura simplista de los medios de comunicación. Por el contrario, se legitima cuando menos lo hace, porque esto significa que los sistemas de control funcionan y las conductas incorrectas se erradican.

Por eso, la vigilancia debe entenderse como un sistema tendiente a obtener el cumplimiento de las normas administrativas, con un trabajo profesional y disciplinado en beneficio de los justiciables, con orden y respeto a los derechos laborales de los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

La mejor justicia sólo podrá obtenerse fortaleciendo la carrera judicial, para que la selección de jueces y magistrados no deje lugar a dudas respecto a la capacidad profesional y a las condiciones personales de los seleccionados.

El sistema de concursos instaurado en 1996, que democratizó las designaciones al brindar oportunidades antes inexis-

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tentes, ya cumplió su ciclo. Así lo demuestran las continuas inconformidades y los múltiples recursos interpuestos contra sus resultados. Es el momento de impulsar reformas legales que permitan sustituirlo por otro en el que el Instituto de la Judicatura sea la puerta de entrada a la carrera judicial, a través de cursos diseñados con el mayor rigor académico, para alumnos de tiempo completo, con tutorías y estancias en órganos jurisdiccionales de distintas especialidades que den una visión universal de los problemas de la justicia; con un seguimiento puntual de conductas y tendencias que permita superar problemas de personalidad, que ahora no conocemos sino hasta que el designado entra en funciones.

Refiriéndose a la formación de sacerdotes, al prologar un controvertido libro, el obispo Raúl Vera López recordó que en los primeros años de su servicio episcopal, cuando estaba enfrentando un caso en el que claramente se apreciaba una actitud inmadura en un sacerdote, su vicario general en la diócesis le explicó: “A nosotros nos ponían una sotana y creíamos que ya éramos padrecitos; nadie cuidó los aspectos humanos que teníamos que desarrollar”.

No corramos el riesgo de investir, simbólicamente, con la toga y el birrete, a jueces que no estén suficientemente capacitados para el desempeño de cargo tan importante.

Lo que requiere el Poder Judicial y exige la sociedad son juzgadores de tiempo completo, que antepongan las responsa-

bilidades del cargo a cualquier otro interés, incluyendo los académicos, que no pueden estar por encima de la función; juzgadores sensibles, que privilegien el fondo sobre la forma y busquen la solución definitiva del caso, para terminar con el eterno peregrinar de expedientes de los tribunales de instancia a los de amparo, y de éstos a aquéllos; juzgadores con visión de género y un sentido humano de la justicia que trasciendan el texto frío de la ley, preocupados por los problemas sociales y por la suerte de los más necesitados; en suma, juzgadores del siglo XXI, comprometidos con las mejores causas de nuestra patria.

Formarlos, capacitarlos, actualizarlos, vigilarlos y, en su caso, disciplinarlos, son responsabilidades que el Consejo debe cumplir con el mayor de los cuidados.

En lo que respecta a la función jurisdiccional, que cada día se torna más compleja, lo primero es identificar los problemas que la aquejan, que sin duda existen, y después —ese es el tema toral— decidir cómo resolverlos.

La mejor fórmula para avanzar en tema tan trascendente es replantear la relación entre el Consejo y los órganos jurisdiccionales, entre los consejeros y los juzgadores, con el fin de eliminar en definitiva las barreras que los separan desde siempre y encontrar juntos las soluciones idóneas.

En lo personal, mi compromiso es mantener un diálogo permanente con magistrados, jueces y personal operativo, bajo los principios de buena fe y lealtad institucional.

No corramos el riesgo de investir, simbólicamente, con la toga y el birrete, a jueces que no estén suficientemente capacitados para el desempeño de cargo tan importante.

Siempre estarán abiertos los canales de comunicación para atender los problemas de mi competencia con seriedad y franqueza, nunca con ligereza ni doble discurso. No habrá de mi parte acto alguno que vulnere la autonomía de los órganos jurisdiccionales ni la independencia e imparcialidad de los juzgadores, porque no hay nada más reprochable que pretender influir en la decisión de jueces y magistrados, cuando precisamente una de las responsabilidades fundamentales del Consejo es la de velar en todo momento por su vigencia.

Con esa convicción llego al Consejo, decidido a sumar, a aportar las experiencias acumuladas en muchos años de transitar por los caminos de la carrera judicial, pero también por las veredas de una ya larga carrera administrativa. Estoy seguro de que habrá muchas coincidencias con sus integrantes por las cualidades y la sensibilidad que han demostrado, pero cuando así no sea, expondré con lealtad y respeto mis discrepancias, anteponiendo a cualquier otro el interés del poder al que siempre he servido con pasión y sin límite de esfuerzo.

¿Merece Polanski el castigo que se le impuso?

Jimena Suárez Ibarrola*

En Estados Unidos, el simple hecho de tener relaciones sexuales con un menor de edad, aun con el consentimiento de éste, implica un castigo tan severo como el de conductas como el secuestro y el homicidio. A partir del conocido caso de Roman Polanski, conviene reflexionar sobre los elementos que deben considerarse al momento de diferenciar los delitos sexuales con miras a establecer una justa proporcionalidad de la sanción.

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l artículo “Unjust and Ineffective”, publicado por la revista The Economist en agosto de 2009, relata las consecuencias que ha tenido la dureza de ciertos castigos que se aplican en los Estados Unidos. Todo aquel que cometa una ofensa sexual debe ser listado en un registro público, que puede ser consultado fácilmente en internet y contiene la

fotograf ía y la dirección del infractor, sin precisar el delito que cometió. Esto hace que la mayoría de las personas que consultan estos registros asuman que todos los listados son responsables de alguna ofensa sexual peligrosa, como lo es la violación de un menor. Exponer este tipo de información al público tiene como consecuencia que los infractores sean víctimas de hostigamiento y, en algunos casos, hasta de homicidio.

El artículo comenta los hallazgos de un estudio realizado por el Comité de Revisión de los Registros de Ofensores Sexuales de Georgia, en el que se demuestra que 65% de los infractores registrados en este estado no representan el menor riesgo para la sociedad (en este porcentaje están incluidos los adolescentes que tienen relaciones sexuales con otro adolescente, de manera consensual, o los hombres que visitan prostitutas), 30% era potencialmente amenazador y sólo 5% era claramente peligroso.

A pesar de las conclusiones del Comité, los infractores que no son violentos continúan enlistados en el registro, atrapados en una enorme telaraña de controles. Por ejemplo, en Georgia tienen prohibido vivir a menos de 300 metros de una escuela, guardería o cualquier lugar que suponga la congregación de niños. Además, se reporta que la mitad de los individuos que cometieron delitos sexuales y están registrados tienen problemas para encontrar un empleo. Es importante notar que los registros en los Estados Unidos son para toda la vida.

Debido a que tantas ofensas sexuales requieren un registro, el número de infractores sexuales registrados en Estados Unidos ha aumentado de modo considerable. De acuerdo con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), se tenían 674,000 personas registradas en diciembre del año pasado, lo cual representaría una población mayor que la de los estados de Wyoming, Vermont o Dakota del Norte.

Es cierto que algunos de los infractores registrados son altamente peligrosos, pero muchos no lo son y resulta dif ícil distinguir entre unos y otros.

Por ello, la organización Human Rights Watch ha insistido en que los condenados por delitos menores o sin violencia no deben estar en el registro y tener las mismas restricciones. Asimismo, esta organización ha pedido que los infractores sean valorados de manera individual y sólo quienes sean considerados como probables violadores o abusadores de menores sean registrados.

La realidad es que no es lo mismo ser mayor de edad y tener relaciones sexuales consentidas con una pareja, aunque

Las relaciones sexuales con adolescentes que son explotados sexualmente es un delito que merece una de las más altas penas que contenga un sistema de justicia. Difiere, en todo sentido, de un error de juicio que conduce a un adulto y a un menor a tener una relación sexual. ésta sea menor de edad, que ser un predador sexual que, con el uso de la fuerza f ísica o moral, obligue a la persona a tener una relación sexual. El daño a la sociedad provocado por los dos casos anteriores es diferente, por lo que no deben recibir la misma clase de sanciones. La proporcionalidad entre los delitos y las penas es un concepto fundamental en una sociedad democrática y sin ella se puede perder el rumbo que lleve a distinguir los delitos graves de los que no lo son. Asimismo, se puede perder de vista la tutela de los bienes jurídicos que son más importantes para la seguridad de la sociedad.

El principio de proporcionalidad es imprescindible en un sistema de justicia penal moderno, debido a que las personas no deben ser castigadas más que por la conducta que realizan. La magnitud de la sanción que reciben debe corresponder a la gravedad de su conducta. Por ello, la ley debe distinguir una relación sexual entre un adulto y un menor, basada en el consentimiento, y una relación sexual entre un adulto y un menor, basada en la fuerza y en el aprovechamiento. La primera no es violación, sino estupro: una relación sexual consentida entre un adulto y un menor de 16 años. El bien jurídico que se intenta proteger al sancionar el estupro es el desarrollo psicosexual del menor, diferente del bien jurídico tutelado en el delito de violación: la libertad y la seguridad sexual. Según las cifras que arrojan los estudios mencionados en el artículo “Unjust and Ineffective”, el sistema de justicia estadounidense no está distinguiendo entre los delitos sexuales menores y los delitos sexuales mayores a la hora de aplicar las sanciones.

En su artículo “Desafueros de la libido”, Mario Vargas Llosa compara el caso del conocido cineasta Roman Polanski con los caprichos sexuales del ministro de Cultura francés, Frédéric Mitterrand, con jóvenes tailandeses

menores de edad. Aplaudo la opinión del novelista peruano: la justicia debe ser la misma para todos. El estatus social no debe ser —en ningún caso— un amparo frente a las leyes, que todo ciudadano debe acatar.

No pretendo, pues, unirme a la defensa de estos personajes, ni analizar por qué, en la práctica, figuras que gozan de un estatus social superior, por ser artistas o políticos, se encuentran por encima de la ley. Aquí es importante diferenciar las clases de delitos sexuales que se cometen y la proporcionalidad de toda sanción aplicable a estos delitos, con base en la gravedad del delito, entre otros factores.

Los delitos que cometieron el cineasta polaco y el ministro de Cultura francés parecerían similares a primera vista —porque ambos involucran a menores de edad— pero, en el fondo, no lo son. El caso Polanski es un caso común en la sociedad norteamericana. En una sesión de fotos, en Los Ángeles, Roman Polanski conoció a una de las modelos, Samantha Geimer, de 13 años, quien aparentaba ser mucho mayor y tuvo una relación sexual con ella. Por otro lado, el delito que cometió Mitterrand pertenece a otro nivel de peligro para los menores. El ministro francés contrataba los servicios de menores de edad tailandeses, que se ven forzados a ser esclavos sexuales por el trato violento que reciben de aquellos que controlan el comercio sexual de menores, además de vivir en la pobreza. Las relaciones sexuales con adolescentes explotados sexualmente es un delito que merece las más altas penas que contenga un sistema de justicia. Difiere, en todo sentido, de un error de juicio que conduce a un adulto y a un menor a tener una relación sexual.

La ofensa que cometió el ministro de Cultura de Francia está en un escenario distinto a la que cometió Polanski.

Mitterrand aprovechó el comercio de

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esclavos sexuales que, además, forma parte del catálogo de delitos que comete la delincuencia organizada —el delito de trata de personas, que actualmente azota a nuestro país—, valiéndose de la miseria en la que se encuentran estos adolescentes del mundo subdesarrollado. En esta relación sexual existe una explotación por parte del adulto hacia el menor, ya que las sociedades del subdesarrollo no proporcionan ni defensa ni voz a los menores, en contra de los visitantes que provienen de Occidente en busca de este comercio sexual.

La mayoría de las personas que fueron entrevistadas para el artículo “Unjust and Ineffective” vivieron una situación similar a la del cineasta. Uno de ellos fue acusado de abuso de un menor al haber tenido relaciones sexuales con una chica que afirmaba tener 17 años pero era dos años más joven, por lo que pasó un año y medio en prisión. Otro de 27 años, de Carolina del Norte, pasó nueve meses en prisión por tener relaciones sexuales de manera consensual con una menor de 15 años.

Los actos que merecen penas similares al delito que cometió Mitterrand son las ofensas de los “predadores” sexuales, esto es, los que abusan de menores, forzándolos a tener relaciones sexuales. La actividad de un verdadero predador sexual no incluye el consentimiento de la víctima, a diferencia de lo que sucedió en el caso Polanski. Asimismo, el consentimiento que expresa

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un menor que forma parte del mercado de esclavos sexuales es nulo, ya que las condiciones de trabajo los obligan a contraer relaciones sexuales con cualquiera que pague este servicio. De esta manera, el político francés cometió el delito de violación.

Aunque el consentimiento que otorga un menor a un adulto al tener una relación sexual casi siempre está viciado por la falta de comprensión de los actos que realiza, debe ser un eje central al sancionar en materia de delitos sexuales, se trate o no de menores.

La tendencia de aumentar la severidad en los castigos para las ofensas en materia sexual se debe a que los políticos norteamericanos intentan ganar más votos prometiendo frenar este tipo de actividades. Quienes intentan dar marcha atrás a esta desproporcionalidad en las penas que se aplican a la mayoría de delitos sexuales se llevan la etiqueta de ser suaves con los que abusan de menores, algo que la mayoría de los políticos prefiere evitar. Esto crea un efecto de creciente presión. Todo legislador que quiere ganar votos debe endurecer su tono hacia los infractores sexuales y tiene que proponer una ley más severa que la que fue decretada por un político anterior, que tenía las mismas intenciones.

El hecho de que las leyes se vuelvan cada vez más severas no significa que se cometerán menos ofensas sexuales.

Sí dificultará, en cambio, llevar el registro de los delincuentes más peligrosos

o de los delitos más graves. Debemos aprovechar el impacto mediático de un caso como el de Roman Polanski para resaltar las injusticias que padece una gran cantidad de ciudadanos norteamericanos por haber cometido un delito sexual menor y sin violencia. Asimismo, debemos tomar en cuenta el caso de Mitterrand para focalizar nuestra atención en aquello que lastima a los menores de edad, por más lejano de nuestra sociedad que parezca.

Frédéric Mitterrand mantiene su puesto como ministro de Cultura de Francia; miles más, que apoyan y recurren al comercio sexual de menores, abusando de ellos, continúan impunes.

Polanski, por su parte, permanece en la cárcel suiza de Winterthur, esperando una resolución sobre su extradición a Estados Unidos.

Desde su captura el 26 de septiembre, el cineasta ha sido etiquetado como violador y pedófilo. Además, deberá pagar tres millones de euros de fianza para poder esperar la resolución del Tribunal Penal Federal de Suiza acerca de su extradición en su chalé en la estación de esquí de Gstaad, entregar su pasaporte y aceptar un dispositivo de vigilancia electrónica mientras se encuentre bajo arresto domiciliario. ¿Hasta dónde ayuda una condena de este género a hacer nuestro mundo más habitable? * La autora es estudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM.

1) El primer caso que ganó como abogado: Empecé trabajando en un despacho que puse donde atendíamos casos mercantiles. En ese tiempo los créditos se resolvían de una manera mucho más sencilla que ahora, generalmente con arreglo entre los clientes. Uno de esos casos que recuerdo es el de una casa automotriz de Guillermo Prieto.

2) El primer caso que perdió: No recuerdo haber perdido algún asunto como abogado.

3) Lo que más aprecia de un contrincante dentro de un juicio: Que sea decente, que se conduzca con verdad y que sea buen abogado.

Instantánea Gabriel Larrea Richerand

4) El caso que recuerda con más afecto: Hay muchos, no sólo de litigio sino de tiempo después, cuando me empecé a dedicar al Derecho de autor. Hemos ganado muchos asuntos, incluso reformas legales benéficas para los autores. El último en el que intervine fue para una reforma constitucional, para que los temas de Derecho de autor fueran legislados por el Congreso federal. Un caso que también recuerdo con afecto es el relativo a la ratificación del Convenio de la UNESCO de 2005, en relación con la protección de la diversidad cultural. México fue el tercer país en ratificarlo.

5) Personaje de la historia con quien le habría gustado conversar: Benito Juárez.

6) Pasatiempos: Lectura, cine y viajar.

7) Libro favorito: Son muchos y sería muy difícil mencionar sólo uno.

Me apasiona la lectura de todo tipo, no sólo jurídica.

8) Película favorita: Detesto el mal cine y los churros estadounidenses.

Me gustan las películas europeas, los filmes clásicos del cine mexicano, sobre todo los de Cantinflas, y también el nuevo cine mexicano.

9) Compositor favorito: De música clásica, Beethoven. De música popular mexicana, Manuel Esperón, Roberto Cantoral, Armando Manzanero y Jorge Macías.

10) Ciudad predilecta: La Ciudad de México, en su contexto integral.

Aquí nací y he vivido toda mi vida.

11) Restaurante predilecto en la Ciudad de México: Me agradan el Enrique y el San Ángel Inn. 12) Platillo favorito: Ravioles, crepas de huitlacoche y pescado a la veracruzana.

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Paola Morales Vargas

El espectro del espectro radioeléctrico A fines del año pasado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió la convocatoria para la licitación de bandas de frecuencias de 1850-1910/1930-1990 y 1710-1770/2110-2170 mhz, que permiten la prestación de cualquier tipo de servicios de telecomunicaciones. ¿Podemos esperar que en verdad mejore la competencia en el sector y se amplíe la cobertura y la oferta de servicios para los usuarios? La autora, abogada especialista en materia de telecomunicaciones en el despacho Santamarina y Steta, nos ofrece su opinión.

S

egún el diccionario de la Real Academia Española, “espectro” es un sinónimo de “fantasma”. ¿Y qué es un fantasma? Entre otras definiciones, según el mismo diccionario: a) la imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía; o b) una visión quimérica como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación.

Cualquiera de estas definiciones podríamos utilizarlas para ejemplificar la situación actual del espectro radioeléctrico en el sector de las telecomunicaciones en México. Los concesionarios no están en posibilidad de ofrecer nuevos servicios o mejorar las condiciones de los que actualmente prestan, ya que necesitan una mayor capacidad. Los concesionarios de telecomunicaciones por cable o “cableros” también tienen esa necesidad para avanzar en los servicios de banda ancha. Los nuevos ope-

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radores no pueden entrar para generar competencia en el sector debido a que el insumo principal no está a la mano.

En un país donde el mercado tiene escasa competencia y problemas de cobertura, esta situación se vuelve grave.

La Ley Federal de Telecomunicaciones establece que se requiere concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional. De igual manera, establece que las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro se otorgarán mediante licitación pública.

Es importante mencionar que la misma SCT es la encargada de establecer y publicar periódicamente el programa sobre las bandas de frecuencias del espectro (con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas) que serán materia de licitación pública. Lo anterior, con la interven-

ción de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), que es el organismo encargado de aportar la parte técnica en todo el proceso.

Aunque cualquier interesado tiene la facultad de solicitar que se liciten bandas de frecuencias, modalidades de uso y coberturas geográficas distintas a las contempladas en el programa de la SCT, ésta tiene la facultad de resolver acerca de estas peticiones. En otras palabras, para que se pueda explotar el espectro radioeléctrico en el país siempre se estará a lo que decidan (o no) la SCT y la COFETEL. Los operadores e interesados en la industria de las telecomunicaciones, cuyos servicios están relacionados directamente con el espectro radioeléctrico, han venido manifestando su interés de que la SCT establezca las bases para licitar espectro adicional desde hace ya varios años (la última licitación relacionada con servicios de acceso inalámbrico, fijo o móvil, se llevó a cabo en 2005).

Los operadores se enfrentaron al “espectro” de un espectro radioeléctrico que no llegaba a sus manos. Las autoridades responsables argumentaron falta de consenso, ausencia de circunstancias adecuadas, oposición de operadores y un sinf ín de explicaciones cuyo resultado fue el aplazamiento continuo de las licitaciones. Las presiones políticas, los cambios de gabinete e intereses encontrados también fueron jugadores importantes tanto para bien como para mal. En su momento, detuvieron el avance para que las licitaciones fueran una realidad y en su momento presionaron para que los procesos se destrabaran.

Por fin, el 31 de marzo de 2008 la SCT publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo programa sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que podrán ser materia de licitación pública. En este progra-

ma se estableció una recomendación para que las convocatorias correspondientes para llevar a cabo las licitaciones se publicaran en plazos que no debían exceder de 45 a 180 días naturales, dependiendo de las bandas a licitarse. Esto significaba que las convocatorias deberían haber salido entre mayo y septiembre de 2008.

Aunado a esto, había que convencer al ente antimonopolios (Comisión Federal de Competencia, COFECO) de que las bases eran “justas” y no dañarían sino, por el contrario, generarían más competencia.

Para el efecto se envió a la COFECO un paquete de documentos para su análisis que incluyó las bases de licitación con todos sus anexos, es decir, los modelos de títulos de concesión de red pública de telecomunicaciones y de bandas de frecuencias, formularios de calificación, manuales, protocolos, listado de concursos y demás documentación necesaria para acreditar la solvencia técnica, económica y jurídica de los participantes; además de diversa información de índole técnica.

El pasado 1° de septiembre, la COFECO resolvió recomendar a la COFETEL que incluyera una serie de medidas de regulación de competencia a las bases de la licitación, con la finalidad de promover la entrada de nuevos competidores al mercado. Específicamente, la COFECO estableció un límite de acumulación de espectro o cap de 80 mhz, es decir, que ningún participante puede llegar a acumular más de 80 mhz en las bandas de frecuencias por licitarse, evitando así la concentración excesiva de espectro por parte de algún agente económico y asegurando que los nuevos competidores tengan acceso a este insumo.

La Ley Federal de Telecomunicaciones prevé que la COFECO, en una fase posterior, deberá emitir opinión favorable sobre los diferentes participantes en la licitación, con el objetivo de evitar concentraciones excesivas de espectro radioeléctrico en un solo agente económico.

Después de todos estos años, de procesos, autorizaciones y gestiones, el 23 de noviembre de 2009 la COFETEL publicó la convocatoria que permite participar en el procedimiento de licitación pública para el otorgamiento de

Foto: Eduardo Miranda/Procesofoto

concesiones para el uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que permite el acceso inalámbrico en las bandas de frecuencias de 18501910/1930-1990 y 1710-1770/21102170 mhz.

En ambas bandas está previsto autorizar la prestación de cualquier tipo de servicios de telecomunicaciones, ideales para los servicios denominados de tercera generación, que comprenden voz, datos y video, con los beneficios de las múltiples aplicaciones que proporciona internet.

Los procesos de licitación de ambas bandas se realizarán de manera simultánea para permitir que cualquier participante se inscriba en los concursos que mejor convengan a sus intereses.

La convocatoria establece que las bases de licitación estarán disponibles del 6 al 8 de enero de 2010.

Sin embargo, la realidad…

No podemos dejar de mencionar la situación por la cual atraviesa nuestro país. El índice de producción del sector telecomunicaciones que prepara la

COFETEL revela que en 2009 el sector se vio afectado internamente por bajas generales en la gran mayoría de sus rubros.

Las perspectivas son muy conservadoras y se espera que la economía repunte apenas en 2.9% en 2010, lo que influirá en el comportamiento tanto del número de usuarios de telecomunicaciones como en el tráfico que se cursa en las redes públicas de telecomunicaciones.

En caso de que se respeten los tiempos, los procesos de licitación concluirán en el entorno de una economía que se espera que crezca muy reservadamente. Esto nos lleva a hacernos las preguntas obligadas: ¿habrá un nuevo competidor dispuesto a entrar a este mercado?, ¿los operadores actuales tendrán la capacidad de ofrecer nuevos servicios a mejores precios?, ¿estarán dispuestos a hacerlo?, ¿será que el “espectro” dejará de serlo y se convertirá en un hecho?

Por el bien de todos los usuarios, del sector y del país, esperemos que las respuestas para todo lo anterior sean sí.

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Lorena de la Canal Rioseco

Luis Manuel PĂŠrez de Acha: Las reformas ďŹ scales dejan mucho que desear 40

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Cuál es tu opinión acerca de la reciente discusión sobre el nuevo paquete fiscal?

Si bien es cierto que tiene que plantearse una reforma fiscal integral, también lo es que el supuesto básico previo de una recaudación creciente es una economía fortalecida. No puede pensarse en aumentos de la recaudación federal mientras no haya un incremento en el producto interno bruto de México. En realidad, es la generación de riqueza económica la que produce una mayor tributación, tanto en cantidad como en calidad.

Por ello, lo que debe implementarse es una política de Estado en sentido macroeconómico, encaminada al fomento de la economía nacional.

Aunque no todo debe mirarse en términos financieros, ¿verdad?

Claro que no, también es importante reflexionar sobre las finanzas públicas en su integridad, en particular en lo referente al gasto público de la Federación y de los estados y municipios.

Es notoria la ausencia de una discusión profunda del tema y los actores políticos —gobernantes, partidos, Poder Legislativo, etcétera— se limitan a solicitar que los contribuyentes aportemos mayores recursos pecuniarios, pero no explican para qué se necesitan ni en qué pretenden gastarlos. Por el lado de los ciudadanos, el exorbitante gasto público produce la sensación de despilfarro que nos genera irritación, con la agravante de que carecemos de mecanismos para exigir una rendición de cuentas eficaz.

Como ocurre con los partidos políticos…

No sólo con los partidos políticos, subsidiados con nuestros impuestos. De igual modo, el gasto del Instituto Federal Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Poder Legislativo y el de todos los estados de la República, e incluso el de la Presidencia de la República, es tremendo.

Los legisladores no solamente viajan en avión, sino que lo hacen en primera clase; los políticos hacen apariciones en diversos medios de comunicación con el único fin de fortalecer su

Luis Manuel Pérez de Acha no sólo es uno de los más connotados abogados fiscalistas del país. Su amplia trayectoria como docente y conferencista en numerosos seminarios y diplomados lo han llevado a representar los intereses de una larga lista de empresas nacionales e internacionales. En esta entrevista nos comparte su opinión acerca de una situación que, año con año, causa polémica: la aprobación del paquete fiscal. ¿Tiene razón el presidente, el Congreso o las empresas? En su opinión, los que terminan pagando por una serie de desacuerdos son los contribuyentes. imagen personal. Como esos existen múltiples ejemplos, todos patrocinados por los ciudadanos.

Ahora bien, en lo que respecta al gasto público en educación, salud, seguridad pública, etcétera, la obligación es que sea eficiente, con resultados tangibles. En suma, debe revisarse el gasto público en general antes de pedirle al contribuyente mayores impuestos.

En una situación de crisis es insultante exigir a los ciudadanos que paguen mayores impuestos. ¿Crees que es un abuso que las grandes empresas evadan el pago de impuestos por errores legislativos?

Efectivamente hay muchos reductos en la ley que las empresas aprovechan a su favor, aunque los mismos existen en todos los países. Lo anterior hace imprescindible trabajar para subsanar esas fallas, a la vez que eliminar los privilegios fiscales que tanto medran las finanzas públicas y que favorecen a los

grupos de mayor potencial económico de México, en particular a los monopolios. El Estado, lejos de eliminar esos privilegios, nos ofrece múltiples explicaciones de las razones por las cuales hay que mantenerlos. Lo absurdo del caso es que, como contrapartida, en la misma línea neoliberal el gobierno se empeña en sostener altas cargas tributarias sobre las clases medias y la nómina de los trabajadores. Toda una paradoja tributaria, sin lugar a dudas: el Estado que tutela a los ricos y desprotege a las clases socialmente marginadas.

Es la dominancia de una política fiscal secuestrada durante 25 años por un estilo de gobierno insensible y desfasado de la realidad actual.

Háblanos de estos privilegios fiscales.

Uno de ellos es el régimen de consolidación fiscal, en función de la cual varias empresas tributan como una sola entidad económica y, en consecuen-

La operación logística del SAT y la instrumentación de procedimientos de fiscalización y cobro han sido defectuosos El Mundo del Abogado enero 2010

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cia, difieren el pago del ISR a lo largo del tiempo. Pues bien, cuando se aborda mínimamente el tema de la consolidación fiscal, se produce una reacción mayúscula por los grupos de poder, con el respaldo decidido de funcionarios hacendarios y legisladores, que genera una reacción concertada y de primer nivel tendiente a mantener esa prerrogativa. Es cierto que eliminar de tajo la consolidación fiscal provocaría un problema importante en la economía nacional, pero eso no es justificación para que siga existiendo un privilegio fiscal de semejante magnitud. El tema debería ser cómo acotarla, no cómo dejarla subsistente; el reto se funda en cómo darle salida al privilegio, no en cómo mantenerlo.

Otro privilegio es la exención en bolsa, de la que gozan los grandes capitales de México: hay una resistencia gigantesca e inexplicable para eliminarla.

En resumen, hay un desfase inexplicable entre el discurso hacendario y la realidad tributaria.

Centrémonos en la evasión fiscal…

Ciertamente, la evasión fiscal es alta en México, tanto en IVA como en ISR; pero es la dinámica de operación de las autoridades fiscales, federales y estatales la que no permite combatirla decididamente. ¿Quiénes de los grandes evaso-

res fiscales de México se encuentran en la cárcel? Algunas de las grandes fortunas están basadas en la evasión fiscal, en muchas ocasiones aparejada al lavado de dinero; pero la acción operativa de las autoridades fiscales no está encauzada hacia ese rumbo; o al menos los resultados no se aprecian. Es impensable —y absurdo— insistir en que la evasión fiscal deba combatirse mediante reformas legales, como recientemente se sostuvo en el Congreso de la Unión, y así se ha insistido durante varias décadas. La evasión fiscal debe combatirse con instrumentación logística y operativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT); mediante procedimientos y sistemas de fiscalización y cobro coactivo agresivo, pero legal; mediante planes integrales y sistemáticos de persecución penal; mediante combate a la corrupción interna. ¿No es eso justamente lo que está intentando hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Reformar para ser más eficientes?

Por más reformas legales que se aprueban año con año, la situación de la recaudación fiscal federal en relación con el producto interno bruto no repunta, es mediocre. Esto avala un hecho adicional: que las reformas fiscales no han

Luis Manuel Pérez de Acha es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho constitucional y administrativo. Ha sido catedrático de posgrado en varias universidades del país y conferencista en seminarios y diplomados en materia constitucional, administrativa y fiscal.

Ha publicado artículos en materia constitucional, administrativa y fiscal en los periódicos El Universal, Reforma, Excélsior y El Economista, así como en las publicaciones de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la Federación Interamericana de Abogados y del Instituto Nacional de Administración Pública en España, así como en las revistas Southwestern Journal of Law, Tax Notes International, Cuestiones Constitucionales y Lex. Es autor de las obras Establecimiento permanente y Beneficios empresariales, así como coautor del libro Estudios tributarios.

Desde 1984 se ha desempeñado como abogado postulante representando a empresas nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como director general de PDeA Abogados, firma de la que es socio fundador.

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sido las idóneas, lo que implica un trabajo deficiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Congreso de la Unión, o bien que la operación logística del SAT y la instrumentación de procedimientos de fiscalización y cobro han sido defectuosos.

En ambos casos, en función de los resultados, las órganos del Estado responsables de estas tareas están reprobados.

En este tema hace mucho ruido la coordinación fiscal. Gran parte del combate al sector informal de la economía corresponde a las autoridades estatales, que están coordinadas con la hacienda pública federal, y es precisamente en el ámbito de las entidades federativas donde se presentan esquemas crecientes de evasión fiscal y corrupción.

Entonces, ¿es un tema de corrupción?

Me parece que sí. La corrupción es muy grande en el SAT y quizá mayor en las entidades federativas del país en materia de recaudación federal. Hay una perversidad en el sistema que lo hace ineficiente. La coordinación fiscal responde a un modelo totalmente agotado. Se realizan esfuerzos por poner remiendos a este sistema, pero, insisto, ésa no es la solución. ¿Propondrías que se eliminara la coordinación fiscal entre estados y federación?

La respuesta no es sencilla. Existe una amplia gama de paradigmas en torno a ese modelo. Lo cierto es que ni las entidades federativas hacen su trabajo de fiscalización de contribuciones federales como les corresponde —sobre todo a sectores que están identificados con la economía informal—, ni el SAT les exige cuentas adecuadas de ese trabajo. Las entidades exigen participaciones federales a la SHCP y sólo extienden la mano. Eso es perverso. Los recursos se convierten en un mero mecanismo de control político por parte de la Federación. Es un desfase porque las entidades federativas ya están maduras políticamente, pero completamente inmaduras en materia de recaudación. ¿No crees que la ineficiencia vaya de la mano con los excesivos formalis-

mos que exigen tanto los gobernados como las autoridades?

El tema de los formalismos legales tiene secuestrado al sistema, aunque eso se ha ido flexibilizando. Cada vez son menos los casos en que los tribunales aceptan como causal de anulación de las actuaciones del SAT la falta del acatamiento de formalidades legales por parte de la autoridad. Se ha ido relajando la exigencia de formalismos legales absurdos. Empero, los mismos formalismos legales son aplicados a rajatabla por parte de las autoridades fiscales en perjuicio de los contribuyentes, en muchos casos para rechazarles deducciones, para determinarles ingresos, para fincarles responsabilidades contables, etcétera. Se tiene que hacer una depuración del tema desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial.

De lo contrario nos quedaremos estancados, pues los procesos que aplica el SAT fueron diseñados hace más de 50 años y vivimos en un mundo mucho más dinámico.

En lo que corresponde a los procedimientos del SAT —fiscalización, recaudación y cobro coactivo, entre otros—, algunos sin duda se pueden mejorar para volverlos más eficientes y modernos; pero al hacerlo deben respetarse las garantías individuales de los contribuyentes. No se puede caer en una visión de que la efectividad del Estado se logra en función del sacrificio de los derechos fundamentales de los gobernados.

Con lo que has expuesto, ¿crees que el nuevo paquete fiscal es atinado o desatinado?

Es una reforma que apenas va a recaudar unos centavos en función de las necesidades reales de las finanzas públicas. Para un cambio ínfimo se incurrió en un gran desgaste que ocasionó múltiples reacciones de inconformidad por parte de los diversos sectores sociales, empresariales y políticos del país. Podemos pensar que esta reforma no es sino una aproximación menor a lo que es un requerimiento mayor de México.

Lo que está sucediendo es un atropello a quienes operamos en el sector formal de la economía, y no hay un mecanismo para incluir tanto a la economía informal como a los grandes capitales,

Debe revisarse el gasto público en general antes de pedirle al contribuyente mayores impuestos.

En una situación de crisis es insultante exigir a los ciudadanos que paguen mayores impuestos que además gozan de privilegios fiscales abusivos.

rrogativa intocable. El Estado no puede restringirlo.

¿Qué pasa con el amparo fiscal? ¿No se ha convertido más en un negocio que en un medio de defensa de garantías fundamentales?

El tema es complicado, pues ciertamente existen casos que han resultado sensibles para la hacienda pública. Sin embargo, el derecho fundamental de una persona para defenderse frente a las actuaciones del Estado es esencial en todo sistema de Derecho. Es una pre-

Pero, ¿se valen esas grandes devoluciones?

En el tema de devoluciones hay dos vertientes: las que en términos fiscales son consecuencia de la injustificada tasa de 0% del IVA y las derivadas de los pagos de los contribuyentes hechos en exceso —ya sea porque la ley exige pagos mayores a los que corresponden o porque la autoridad cobra de más—. En ambos casos, las devoluciones no tienen nada

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que ver con el amparo fiscal. No es correcto que el gobierno federal dramatice esta situación e intente justificar la eliminación de este medio de defensa por esos motivos. El problema, en ocasiones, ha sido que las autoridades fiscales efectuaron una defensa equivocada en estos juicios. ¿Esto justificaría la eliminación del amparo? Sería aberrante.

Por otro lado, las declaratorias de inconstitucionalidad de las contribuciones pueden obedecer a errores del Poder Legislativo en el diseño normativo de las leyes o a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha excedido en sus decisiones. El problema, entonces, se ubica en los órganos del Estado: en el Poder Judicial, que declaró la inconstitucionalidad de leyes fiscales, o bien en la Secretaría de Hacienda y en el Congreso de la Unión, que realizaron estructuras maltrechas (de suyo inconstitucionales) de las propias leyes. Además, las declaratorias de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte ya no son tema de actualidad; es un tema hoy superado que no justifica la premura y la enjundia por materializar la reforma constitucional para limitar ese medio fundamental de defensa constitucional. La reacción del Estado es inoportuna y draconiana. ¿Tiene razón el presidente Felipe Calderón en el reclamo que hace a las grandes empresas por no pagar impuestos?

En términos tributarios, el planteamiento es correcto. Está documentado que varias de las grandes empresas de México tributan en porcentajes bajos respecto de sus ganancia netas y conforme a lo que en realidad deberían pagar, y eso es porque se aprovechan de los reductos de las leyes o gozan de privilegios fiscales de los que ya hablamos. Lo incorrecto son las generalizaciones, siempre desafortunadas, por involucrar a contribuyentes que durante años han realizado esfuerzos significativos para cumplir con sus obligaciones fiscales. El enojo de los empresarios ha sido, en muchos de los casos, justificado, sobre todo porque la información entregada al presidente de la República fue imprecisa. La acusación más fuerte de los empresarios es que dicha información es falsa.

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Lo que está sucediendo es un atropello a quienes operamos en el sector formal de la economía, y no hay un mecanismo para incluir tanto a la economía informal como a los grandes capitales

Grandes Legisladores de la historia Gerardo Laveaga

Theodore Roosevelt El hombre que aborrecía los monopolios Habría llegado Theodore Roosevelt (1858-1919) a ser uno de los más emblemáticos presidentes de Estados Unidos si no hubiera padecido asma? La enfermedad lo vapuleó durante su infancia y adolescencia. En su afán por sobreponerse a ella, se dedicó a hacer ejercicio y desarrolló un tórax magnífico, gracias al cual pudo enfrentar mejor los ataques de asfixia.

No es que el asma lo hubiera llevado a la presidencia, no, pero lo dotó de una disciplina que, en otras circunstancias, no habría conseguido.

Roosevelt provenía de una próspera familia de Nueva York —la casa donde nació y pasó su niñez puede ser visitada ahora en Manhattan— y su primer sueño fue convertirse en naturalista. Tanto, que a lo largo de su vida escribió diversos libros sobre el tema. Pero su precaria salud lo condujo por otros caminos. Ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, primero, y luego a la de Columbia. Su interés por la historia y su vocación política terminaron por apartarlo del estudio de la naturaleza… y de la ley. Pronto se convirtió en activo diputado y, aunque perdió las elecciones para la alcaldía de Nueva York, consiguió ser designado comisionado de la policía neoyorquina. En este cargo comenzó por enseñar a leer a sus colaboradores y terminó por dotarlos de armas y reformar el marco jurídico de la institución. Desde entonces, adquirió su fama de hombre valiente e incorruptible. “Nada lo asusta”, se decía. “Nada lo corrompe.”

En los círculos políticos se comentaba que tenía todo para ser presidente, que llegaría a serlo, pero la mente de Roosevelt estaba aún lejos de aquella meta. Él deseaba fortalecer a su país y creía que la mejor forma de hacerlo era a través del poderío naval. Con esta convicción se esmeró por ser designado subsecretario de Marina, posición que obtuvo. Pero la vida en la administración pública no lo llenó, por lo que renunció al puesto, reclutó un cuerpo de 20,000 voluntarios, a los que se conoció como Rough Riders, y se embarcó a Cuba para pelear por la independencia de la isla.

Aunque su padre había sido un pacifista que se negó a participar en la guerra cuando tuvo la oportunidad, Roosevelt creía en la strenuous life. Estaba convencido de que sólo los Estados Unidos podían garantizar progreso y paz en el mundo. En palabras de Henry Kissinger, pensaba que un equilibrio global del poder era inconcebible sin su participación: “Fue el primer presidente que insistió en que era deber de los Estados Unidos hacer sentir globalmente su influencia... [y que] si sus intereses chocaban con los de otros países […] tenían la obligación de utilizar su fuerza para prevalecer”.

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A su regreso de la guerra, no halló obstáculos para triunfar en las elecciones como gobernador de Nueva York. Aquí inició una campaña contra la que le parecía la peor enfermedad del gobierno: la corrupción.

Como administrador, resultó impecable. “El mejor ejecutivo —aseveraba— es el que tiene olfato para seleccionar a las personas competentes que hagan lo que él quiere, y el suficiente autocrontrol para no entrometerse mientras lo están realizando.” Pronto afectó intereses, por lo que sus enemigos resolvieron hacerlo caer hacia arriba. Apoyados por algunos senadores, lograron que el presidente McKinley lo postulara para la vicepresidencia. Ahí no causaría dolores de cabeza a nadie. Para mala suerte de sus detractores, McKinley fue asesinado y, a sus 42 años, el vicepresidente se convirtió en presidente. Ningún otro hombre ha llegado más joven a la primera magistratura de los Estados Unidos.

Dado que había accedido a la silla presidencial sin el voto popular, Roosevelt resolvió legitimarse. Así, proclamó un derecho general de intervención; participó en la guerra de los boxers, en China; envió a la flota a Marruecos para rescatar a un ciudadano norteamericano que, supuestamente, había sido secuestrado, y obligó a Haití a pagar sus deudas a los bancos europeos. Un año después, atizó los conflictos en Panamá y consiguió que ésta se independizara de Colombia. En cuanto Panamá se convirtió en “Estado soberano”, cedió la zona del canal a los Estados Unidos. El hombre derrochaba energía.

Una vez reelegido —ahora sí con el apoyo abrumador de unas elecciones— estableció un protectorado financiero en la República Dominicana y ocupó Cuba, donde ya antes había inaugurado la base de Guantánamo. Rubén Darío le endilgó una crítica despiadada: Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción; que en donde pones la bala el porvenir pones.

No. Pero ¿qué le importaba esto a Roosevelt? Se esforzó por debilitar a Rusia y a Japón, fungiendo como mediador en la guerra de ambas naciones, ejercicio que, por irónico que parezca, le valió el Premio Nobel de la Paz. Según sus conveniencias, alternó zanahoria y macana para salirse con la suya. “Habla suave y carga siempre un gran garrote”, aconsejaba. De acuerdo con la mayoría de los historiadores, pocos presidentes han disfrutado tanto de su encargo.

La grandeza de Roosevelt, pese a ello, habría que buscarla en su política interior. Sentía profunda simpatía por los más pobres y, cuando estalló una huelga en una mina de carbón, tomó partido por los huelguistas. Sus propios partidarios, que ya estaban escandalizados porque había invitado a cenar a un dirigente negro a la Casa Blanca, quedaron estupefactos: el presidente obligó a los dueños de la mina a aumentar el sueldo a los mineros en 10%, así como a otorgarles una jornada laboral de nueve horas al día. No más. Nunca se había visto algo así en un país en que los políticos respaldaban, incondicionalmente, a los empresarios. Éstos, a su vez, los corrompían sin recato.

Resuelto a no dejar el país en manos de unos cuantos magnates, Roosevelt la emprendió contra los monopolios: “Pondremos límite a la mala conducta —anunció—, no a la riqueza”. No tuvo que examinar los informes que el Banco Mundial y la OCDE han elaborado con el propósito de saber que la competencia es indispensable para el crecimiento económico de cualquier país y de que monopolios y oligopolios dan al traste con ella. Sus críticos lo acusaron de haberse ensañado con unos, mientras que a otros, como la U.S. Steel, ni siquiera los tocó. La verdad es que no podía abrir tantos frentes al mismo tiempo. Tenía que elegir sus batallas.

Demandó con buen éxito a la Northern Securities Company —tres líneas de ferrocarril que se conducían como si

Theodore Roosevelt no tuvo que examinar los informes que el Banco Mundial y la OCDE han elaborado con el propósito de saber que la competencia es indispensable para el crecimiento económico de cualquier país y de que monopolios y oligopolios dan al traste con ella. una porción del país fuera de ellas—, así como a otras muchas industrias que acaparaban la producción de petróleo, tabaco y decenas de insumos. Para vigilar su comportamiento, creó el Department of Comerce and Labor. Asimismo, cuando a raíz de la publicación de la novela The Jungle, de Upton Sinclair, se percató de la poca higiene de los rastros, impulsó la Pure Food and Drug Act, para impedir que algunos empresarios, con tal de aumentar sus ganancias, estuvieran envenenando a la población.

Entendía que el papel de un presidente era señalar caminos, marcar rumbos, dotar a su pueblo de un sueño y crear las condiciones para realizarlo. Pero, también, custodiar el patrimonio nacional. Por ello, fincó las bases jurídicas para evitar que se destruyera el medio ambiente e impulsó la legislación para sustraer de la explotación privada miles de kilómetros cuadrados que, más tarde, designó parques y bosques nacionales. Fundó un National Forest Service que se ocupó de preservarlos. Su vocación de naturalista resurgió en el mejor momento posible.

Roosevelt fue un hombre de familia. Tuvo una hija de su primer matrimonio —enviudó a los 25 años— y otros cinco del segundo. Al final de sus días quedó desilusionado ante la gestión de William Taft, a quien él había impelido para que le sucediera. Intentó el respaldo de sus correligionarios para ocupar un nuevo periodo en la Casa Blanca, pero fracasó: los barones republicanos querían aquiescentes testaferros que les permitieran hacer y deshacer a su antojo —los conseguirían con Harding, Coolidge y Hoover— y no a un hombre dispuesto a gobernar de verdad. Imbuido en la filosof ía de que el pacifismo era cobardía y de que “It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed”, Roosevelt fundó, entonces, un partido político, mismo que sólo consiguió dividir a los republicanos y allanar el camino para el demócrata Woodrow Wilson.

Aunque murió desencantado, con la sensación de haber perdido, la verdad es que Roosevelt dio a la presidencia de los Estados Unidos nuevos bríos, una nueva dimensión, una dignidad y una fortaleza que garantizarían, por muchos años, el vigor de su nación. A través de un marco legislativo de avanzada, procuró que la riqueza estuviera mejor distribuida, sin tener que recurrir a los experimentos socialistas, que tanto han dañado a tantas naciones.

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Doricela Mabarak Cerecedo

Contaminación por residuos: ¿un problema de leyes?

Aunque desde hace más de 20 años México cuenta con una Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y desde hace 17 opera una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en la mayoría de las poblaciones de nuestro país no existen programas que tiendan al reciclaje de los desechos, lo que genera graves problemas de deterioro ambiental e infinidad de trastornos en el ser humano. ¿Se encuentra el problema en una normatividad deficiente? La autora, académica del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey, nos ofrece su perspectiva al respecto.

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Foto: Margarito Pérez/Procesofoto

L

a contaminación del medio ambiente por la generación de residuos es un problema que cada día provoca más y mayores daños al ambiente.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente señala, en su artículo 3º, qué es un residuo: “Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó”.

Si bien es cierto que en numerosas ocasiones el estado y la condición de un residuo determinado no permite al agente que lo generó su reutilización en el proceso que lo originó, sí es posible actuar a favor del medio ambiente, sometiendo esos residuos a procesos de reciclaje y aprovechamiento, en su caso, con el objeto de aminorar sus efectos nocivos e, inclusive, generar beneficios económicos a los transformadores, al mismo tiempo que se protege el entorno ambiental. Desgraciadamente, en este aspecto las políticas gubernamentales han sido muy endebles y a veces hasta inexistentes en algunas regiones, en las que por desconocimiento de las oportunidades de reciclaje, por corrupción gubernamental o por carencias de carácter económico, la reutilización y el aprovechamiento de los residuos no se lleva a cabo, con el consiguiente daño ecológico.

En la ley ambiental se encuentran incluidos conceptos importantes, pero desgraciadamente insuficientes, para la administración integral de estos aspectos tan delicados, susceptibles de ser producidos por los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. En efecto, dada las dimensiones del problema, los artículos de la Ley del Equilibrio Ecológico abarcan y comprenden sólo los aspectos más generales del problema.

En consecuencia, existe un importante acervo de disposiciones, tanto legales como complementarias, que regulan la generación, el manejo, la transportación, la transformación, la reducción y la eliminación de los residuos. Esta legislación vigente en México es la siguiente:

1) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

2) Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

3) Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

4) Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias.

Además de estos preceptos legales y reglamentarios, existe un número muy importante de normas oficiales a través de las cuales la autoridad, en el ámbito federal, regula la generación, el manejo y la eliminación de los residuos. También los gobiernos de las entidades federativas y los propios municipios cuentan con importantes disposiciones legales y reglamentarias en torno a los citados residuos. Como claramente puede deducirse, por la presencia de disposiciones legales no podemos quejarnos.

sos de basureros públicos municipales abiertos, los que provocan serios problemas de contaminación, sobre todo a la atmósfera; en otros casos, la basura simplemente se entierra en fosos (llamados eufemísticamente rellenos sanitarios), en los que no se cumple con las mínimas medidas de prevención, lo que conlleva graves problemas de contaminación del subsuelo, de la atmósfera y, por supuesto, de los mantos freáticos.

En la mayoría de las poblaciones de nuestro país no existen programas que tiendan al reciclaje de los desechos.

Un caso de excepción es Nuevo León, donde la basura (los desechos sólidos), además de seleccionarse para reciclamiento, se somete a un tratamiento por medio del cual la composta o el subproducto obtenido a partir de los desechos sólidos se utiliza como combustible para generar energía eléctrica.

La ciudad de Monterrey y algunos municipios conurbados aprovechan para

El problema de la contaminación del medio ambiente por residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, no radica en la ausencia de disposiciones legales, sino, en primer lugar, en la ausencia o, al menos, la debilidad extrema de las autoridades para cumplir y exigir el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en esta materia.

El problema de la contaminación del medio ambiente por residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, no radica en la ausencia de disposiciones legales, sino, en primer lugar, en la ausencia o, al menos, la debilidad extrema de las autoridades para cumplir y exigir el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en esta materia. En efecto, en relación con los desechos sólidos (peligrosos y no peligrosos, los cuales generalmente están mezclados), las autoridades municipales son las encargadas de prestar el servicio público de recolección de basura, y desde luego ninguna, o casi ninguna en el mejor de los casos, cumple con los requisitos y las exigencias que impone la legislación vigente al respecto, por virtud de que aún se ven numerosos ca-

alumbrado público la energía eléctrica producida por el organismo encargado del manejo y el aprovechamiento de los desechos sólidos. Me pregunto: ¿cuántos, de los más de 2,500 municipios que existen en el país, cumplen con las mínimas normas legales y reglamentarias que existen en torno a los residuos? La respuesta es obvia: casi ninguno.

Está comprobado que el ser humano es el sujeto más contaminante del planeta, por diversas causas, pero sobre todo por la generación —a veces exagerada— de residuos. En consecuencia, no sólo es necesaria una legislación abundante como la que existe; tampoco sería suficiente la voluntad política y la presencia de importantes recursos públicos para enfrentar de

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En la mayoría de las poblaciones de nuestro país no existen programas que tiendan al reciclaje de los desechos. Un caso de excepción es Nuevo León, donde la basura (los desechos sólidos), además de seleccionarse para reciclamiento, se somete a un tratamiento por medio del cual la composta o el subproducto obtenido a partir de los desechos sólidos se utiliza como combustible para generar energía eléctrica. manera eficaz el problema de los residuos. Seguro que es aún más esencial la creación de conciencia cívica en los individuos y la generación de una cultura ambiental que los vuelva conscientes del grave problema que han generado por la abundante producción de residuos.

En conclusión, la producción de basura es un tema que debe causar alarma. Se dice que cada persona produce diariamente un promedio de medio kilo de basura. Si somos 110 millones de habitantes, significa que todos los días generamos 55 millones de kilos de desechos. Esta cantidad, elevada al mes, arroja la suma de 1,650 millones de kilos de residuos. Si la suma anterior la consideramos por un año, la operación aritmética nos da la fantástica suma de 19,800 millones de kilos de desechos de toda clase; si esa

cantidad se multiplicara por 10 años, que es un lapso demasiado breve en la historia de la humanidad, pues resulta que tenemos basura suficiente para hacer desaparecer, en ese corto tiempo, al Golfo de México: ¡198,000 millones de kilogramos de basura! Éste es un tema que nos causa un gran desasosiego y en el que las autoridades hacen pocas tareas, al menos para neutralizarlo.

Foto: Juan Carlos Cruz/Procesofoto

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Luis Arturo Pelayo

H茅ctor Cervantes Nieto: Las juntas de conciliaci贸n y arbitraje deben desaparecer 52

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Cuáles son los principales problemas que existen en nuestro sistema de justicia laboral?

Desde mi punto de vista, existen dos problemas muy graves en la impartición de la justicia laboral. El primero tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo, la cual es obsoleta, por lo que es necesaria y urgente su reforma y que en el proyecto de reforma realmente intervenga gente especializada en la materia.

El otro gran problema es el de la lentitud con que se imparte la justicia laboral, en especial en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que no cuenta con los elementos suficientes para desahogar la carga de trabajo que tiene y que cada día es mayor. En este sentido, un juicio laboral tarda hasta cinco años para tener un laudo firme, no obstante que el procedimiento de acuerdo con la ley debe durar un máximo de 92 días naturales o 62 días hábiles. ¿Qué medidas se deben implementar para resolver estos problemas?

Reformar urgentemente la Ley Federal del Trabajo para agilizar el procedimiento ante las juntas de conciliación y arbitraje, y que las autoridades intervengan enérgicamente. Además, que la persona que sufra un acto de violencia lo denuncie y le dé seguimiento, ya que de lo contrario los actos de violencia quedarán impunes y cada vez serán mayores. ¿A qué se refiere cuando habla de violencia?

Hoy en día, sobre todo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, existe un grave problema de violencia que obedece a la lentitud con que se imparte la justicia laboral, lo que mueve a algunas partes a tratar de hacerse justicia por su propia mano, o bien a recurrir a la intimidación para resolver su conflicto. ¿Las juntas de conciliación y arbitraje realmente permiten resolver las disputas laborales?

Efectivamente, resuelven las disputas laborales, pero lo hacen de una manera muy lenta y en periodos de tiempo

En septiembre del año pasado publicamos el documento que diversos abogados litigantes en materia laboral y representantes de importantes colegios de abogados entregaron al secretario de Gobierno del Distrito Federal con alternativas para resolver la problemática de la impartición de justicia laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. ¿Se ha dado algún cambio como resultado de esa propuesta? Héctor Cervantes Nieto, uno de los abogados impulsores de la iniciativa, nos habla de ello. muy superiores a los permitidos por la ley, lo que crea un grave perjuicio a trabajadores, patrones, litigantes y al país mismo.

Otro aspecto muy importante en la impartición de la justicia laboral es que en la actualidad resulta sumamente complicado rescindir un contrato individual de trabajo por todas las cargas probatorias que tiene que agotar el patrón para inhabilitarlo sin responsabilidad de su parte; por lo tanto, cuando tienen que despedir a un trabajador muchos patrones no rescinden el contrato, sino que despiden al trabajador, y cuando les llega la demanda, niegan el despido y le ofrecen la restitución del trabajo, con el objeto de revertir la carga de la prueba y que el trabajador tenga que acreditar que efectivamente fue despedido, lo que trae como consecuencia que muchas veces las resoluciones laborales no sean justas. ¿Una parte de la solución al problema sería crear más juntas?

Creo que las juntas de conciliación y arbitraje deben desaparecer, ya que la manera tripartita en que se imparte la justicia laboral no aporta nada para que las resoluciones sean justas, porque la mayoría de los representantes del patrón votan a favor de este sector y el de

los trabajadores a favor de sí mismos, pero quien tiene el voto que decide una cuestión es el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Así, al final el sistema funciona de la misma forma que en un juzgado, donde una sola persona emite la resolución.

Además, la intervención de los representantes, tanto obreros como patronales, retrasa el procedimiento, ya que algunos acuden esporádicamente a firmar los acuerdos y las resoluciones. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de eliminar la distinción entre los ámbitos local y federal en el régimen judicial laboral?

El problema para la impartición de la justicia laboral no es el de la competencia local o federal; por el contrario, lo que debe haber es un número suficiente de tribunales encargados de aplicar la justicia laboral, que cuenten con funcionarios eficientes y debidamente capacitados para tal efecto y con una legislación que permita que el procedimiento sea ágil, y que a aquel que viole las disposiciones en cuanto al procedimiento, ya sea como funcionario de la junta o como litigante, se le apliquen las sanciones correspondientes.

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Una alternativa para resolver de manera más eficiente los conflictos laborales es otorgar presupuesto para crear mayores juzgados o tribunales encargados de impartir la justicia laboral ¿Qué lecciones podemos aprender en materia de justicia laboral a la luz de la reciente desaparición de Luz y Fuerza del Centro?

Lo que sucedió con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro debemos entenderlo como una lección muy clara de lo que le puede ocurrir a quienes intervienen en los factores de la producción, por lo que deben actuar de una manera más responsable y tener mucho cuidado con los compromisos que adquieren y los beneficios que obtienen, sobre todo en la revisión de los contratos colectivos de trabajo, ya que éstos pueden llegar a ser insostenibles, o bien otorgar una sobreprotección al trabajador que,

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lejos de beneficiarlo en el transcurso del tiempo, lo puede perjudicar, como ocurrió en el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

En septiembre el presidente de la República manifestó la necesidad de una reforma laboral que incremente la productividad, con pleno respeto a la autonomía sindical y a los derechos de los trabajadores. No obstante, no se han propuesto medidas concretas para lograr este objetivo. ¿Se trata de un tema relegado en la agenda nacional?

Si bien es urgente una reforma a Ley Federal del Trabajo —la cual se ha pos-

puesto desde hace varios años—, ésta no se ha podido concretar por no ser el momento político adecuado. Creo que en el caso que ahora nos ocupa tampoco se va a dar, por lo menos en este periodo de sesiones. En el remoto caso de que sucediera, esta reforma sería muy ligera y, en lugar de beneficiar, perjudicaría a los trabajadores, porque se asumiría que ya se cumplió con el compromiso de la reforma laboral sin llegar a una discusión a fondo, como lo requiere el país.

Es indispensable que se prepare un proyecto de ley con un alto sentido de responsabilidad sin importar a qué partido se pertenece, ni a qué sector se representa, y que se proponga una ley con reformas de fondo que busquen, en primer lugar, el beneficio de nuestro país. ¿Cuál es el impacto que tiene la lentitud con que se imparte la justicia laboral?

Para responder esta pregunta es necesario considerar que mientras que en el Distrito Federal existen 83 juzgados en materia civil, en materia penal 69 y en materia familiar 42, solamente existen 17 juntas de conciliación y arbitraje, las cuales resultan insuficientes para la gran cantidad de juicios y asuntos que hay que atender, lo que provoca una seria afectación al país, porque justicia que no es pronta y expedita no es justicia.

Por otro lado, el no contar con una legislación laboral adecuada a la situación económica, política y social que vive México, además de que inhibe la inversión y propicia la desaparición de micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más abundan en el país, se tiene que pagar un laudo condenatorio que incluye salarios caídos por más de cinco años, que es lo que puede durar un juicio laboral. Por lo tanto, es más conveniente para las empresas cerrar sus puertas y dejar sin empleo a varios trabajadores que pagar la condena.

Lo anterior también genera violencia, por la frustración que enfrenta un trabajador que obtiene un laudo favorable que puede ejecutar después de cinco años, en el transcurso de los cuales desapareció la empresa, de modo que ya no puede hacer exigible tal laudo.

En resumen, la relación con otras áreas es muy estrecha.

Recientemente la ANADE, la Barra Mexicana, el Ilustre, la COPARMEX y la CONCAMIN, junto con diversos abogados laboralistas, entregaron una propuesta para mejorar la impartición de la justicia laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. ¿Han tenido alguna respuesta?

Por desgracia no. Efectivamente, en mayo invitamos a un grupo de abogados litigantes en materia laboral —que representan a importantes colegios— a un desayuno con Jesús Campos Linas, quien es presidente titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, con el propósito de ofrecerle nuestro apoyo para mejorar la impartición de la justicia laboral; incluso le sugerimos algunas medidas que, de aplicarse, podrían ayudar a que la

Héctor Manuel Cervantes Nieto es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (de cuya Comisión de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social es miembro), y socio director del despacho Cervantes Nieto, Rebolledo y Abogados, S.C., especializado en Derecho del trabajo y de la seguridad social. Asimismo, es profesor de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, en las especialidades de Derecho de las obligaciones y contratos, Derecho constitucional y amparo, y Derecho corporativo.

Ha impartido cursos y conferencias sobre Derecho laboral, Ley del Seguro Social, Infonavit y sus reglamentos, en la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, el Colegio de Contadores Públicos, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Instituto Superior de Estudios Fiscales (donde es expositor titular en materia de Derecho de trabajo), así como en la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, dirigidos a funcionarios de las juntas federales de conciliación y arbitraje.

Es autor del libro Aspectos prácticos del contrato individual de trabajo (ISEF, 2002) y colaborador en diversas revistas especializadas en Derecho del trabajo y de la seguridad social como Información Dinámica de Consulta y Revista Laboral.

justicia laboral fuera más ágil. Algunas de dichas medidas ni siquiera requerían un presupuesto especial, sino únicamente voluntad, pero a la fecha no hemos recibido una respuesta a nuestras propuestas.

Posteriormente, en julio y septiembre, nos entrevistamos con el secretario general de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, a quien le hicimos saber la problemática por la que atraviesa la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. El funcionario nos manifestó que la conocía perfectamente y que era urgente aplicar las medidas correspondientes para combatirla, sin que a la fecha tampoco tengamos una respuesta de su parte. Mientras tanto, el rezago en la citada junta cada día es más grande, ya que, en promedio, de acuerdo con el informe de labores de la propia junta,

en septiembre se recibieron 3,180 demandas y se concluyeron 2,006, lo que arroja un rezago mensual de 1,174 expedientes. ¿Quisiera hacer algún comentario final?

Exhorto a los involucrados en el Derecho y en la impartición de la justicia laboral a que unamos esfuerzos con el objeto de obtener una reforma a la Ley Federal del Trabajo acorde a las circunstancias y a las necesidades de nuestro país, de modo que la justicia laboral se imparta de manera pronta y expedita.

Por último, también invito a los legisladores a que pongan especial interés y empeño en elaborar una iniciativa de ley de manera inmediata que se apegue a las circunstancias en que vivimos, lo que desde luego traerá un gran beneficio para nuestro país.

En la actualidad resulta sumamente complicado rescindir un contrato individual de trabajo por todas las cargas probatorias que tiene que agotar el patrón para inhabilitarlo sin responsabilidad de su parte El Mundo del Abogado enero 2010

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Foto: Benjamín Flores/Procesofoto

Carlos G. Cabrera Beck*

¿Hacia dónde se dirige Obama?

Cuando en octubre del año pasado se concedió el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama por sus “extraordinarios esfuerzos” para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos, las críticas no se hicieron esperar. ¿Fueron justificadas? ¿Acaso Obama es sólo el presidente de los esfuerzos y los ideales? El autor de este texto nos ofrece un retrato del destacado abogado y profesor de Derecho constitucional que hoy dirige los destinos del país más poderoso del mundo.

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stados Unidos es nuestro principal vecino y demócratas derrotó a toda una figura consolidada, Hillary nuestro socio comercial más grande, con el cual Clinton, y luego, en las elecciones de noviembre de 2008, compartimos alianzas y conflictos, decisiones venció fácilmente a John McCain, una de las mejores cartas políticas, variados intercambios, grandes bene- de los republicanos. ficios pero también muchas tragedias.

Ciertamente la mayor apertura del Partido Demócrata Cuando México logró su independencia, los hizo posible apoyar esta audaz competencia electoral: entre Estados Unidos de Norteamérica ya existían como nación una mujer, sin duda brillante abogada, y el también graduado independiente y progresista y gozaban de un elevado presti- en leyes y perspicaz profesor de Derecho constitucional, hoy gio, pues lograron la construcción del primer Estado consti- presidente de los Estados Unidos. tucional del mundo y crearon el sistema político más exitoso La globalización y la acentuada tendencia demográfica a la e imitado hasta la fecha. urbanización han favorecido la aparición de sociedades meNo obstante, y a pesar de tan notable cercanía, podríamos jor informadas. En la reelección del presidente George Bush preguntarnos qué tanto conocemos en realidad a nuestro fue muy notorio que los estados líderes de la Unión Amerigran vecino, con el que estamos tan directamente vincula- cana y con mayor información hubiesen votado en su condos y económicamente integrados. tra, mientras que en los estados tradicionalistas las votacioSabemos que los padres de la nación norteamericana re- nes apoyaran decididamente las políticas antiterroristas e presentaron una minoría muy ilustrada que con enorme vi- internacionales del candidato republicano que alcanzó nuesión prospectiva logró consolidar una poderosa unión polí- vamente la presidencia. tica planteada mediante la primera Constitución del mundo, Pero finalmente los cuatro años resultantes de esa reelechace exactamente 222 años. ción resultaron precipitados y muy costosos. No sólo se perfiLa evolución histórica de los Estados Unidos parece coin- laron opciones contrarias a la política internacional y de guecidir, entre otros factores importantes, con la continuidad de rra decidida por las autoridades, sino que el país entró de lleno un gran liderazgo político que supo conjuntar un máximo en una severa recesión que también arrastró a sus socios codesarrollo interno e influir de manera determinante en la co- merciales. Sus causas múltiples, los gastos bélicos, los errores munidad internacional. y los menosprecios de políLos dirigentes norteamerieconómica, castigaron El presidente Obama es hijo político de tica canos fomentaron desde un duramente a la población y principio una política de ex- la esperanza, más que de las realizacio- produjeron la prudente repansión cuyas últimas etapas, nes. Encarna el carácter y las aspira- nuncia de ese icono de la aprovechando la desarticulaFED (Sistema de Reserva Feción de la Unión Soviética, ciones de esa sociedad multiétnica que deral de los Estados Unidos) incidió en importantes regio- reclama con urgencia cambios y que llamado Alan Greenspan. Al nes de Asia compitiendo con desea fervientemente creer en un respecto, hace unos meses países de la Unión Europea. nuestro presidente Felipe Sin embargo, algunos ar- mundo de nueva esperanza.

Calderón insistió en la imgumentos, métodos y costos portancia de contener la hegenerales de esta última etapa produjeron efectos adversos. morragia financiera y recuperar la capacidad de decisión y Se ocasionaron consecuencias negativas en el ámbito nacio- de consumo de los estadounidenses. nal estadounidense y se deterioró la imagen modélica de los Ya como representante demócrata en posición minoritaria, Estados Unidos, poniéndose públicamente en entredicho la perteneciente al centésimo noveno congreso, Obama había pertinencia y la eficacia de las acciones realizadas tanto entre apoyado el control de las armas convencionales, pugnó por sectores significativos de la propia ciudadanía norteamerica- la rendición de cuentas de los fondos federales, se preocupó na como en el entorno internacional. por el calentamiento global, por el terrorismo nuclear y por Al mismo tiempo debe destacarse un cambio de actitud la atención del personal militar que regresaba de sus misiones experimentado en la plural sociedad norteamericana, así en Irak y Afganistán, entre otros temas. como también en la sociedad mundial, el cual ha transforDesde joven estuvo vinculado a relevantes tareas editoriamado completamente usos y costumbres anteriores y ha des- les y pronto emprendió su propia labor en la materia. Es auarticulado antiguos paradigmas. tor, entre otras obras, de Los sueños de mi padre: una historia de raza y herencia y de La audacia de la esperanza.

El presidente Obama, todo un fenómeno político: la oba- Cómo restaurar el sueño americano, ambas obras traducimanía das al español y accesibles al público mexicano. El primero El arribo de Barack Hussein Obama II a la presidencia de los de estos libros es más autobiográfico y está dividido en tres Estados Unidos puede constituir uno de los acontecimientos partes que el autor titula, respectivamente: “Los orígenes”, políticos más revolucionarios de la historia norteamericana “Chicago” y “Kenia”. La segunda obra, más reciente, está dereciente. dicada a las mujeres que lo criaron —su abuela “Tutu” y su Siendo prácticamente un desconocido, Obama alcanzó un madre— y contiene experiencias y elementos de análisis de escaño en el Senado por el estado de Illinois, donde antes ya carácter axiológico, político, jurídico, económico, étnico, inhabía realizado trabajo político. Después, en las primarias ternacional y familiar.

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Puede considerarse que el presidente Obama resultó ser el hombre correcto en el momento indicado. Es el heredero simbólico de toda una lucha y de todo un conjunto de ideales cuya posibilidad de realización se fue retardando dolorosamente en los Estados Unidos. Encaja con el modo de sentir de la nueva sociedad plural norteamericana. Es un hombre seguro de sí mismo, culturalmente muy preparado, poseedor de una gran percepción política y de una extraordinaria audacia; familiarmente ha brindado una imagen estable. Al mismo tiempo es un político pragmático y conciliador. Poseedor natural de una ideología social y de un modo de pensar plural, es particularmente sensible ante los fenómenos de injusticia y discriminación. Simboliza el liderazgo de la esperanza, que personalmente ha tenido a lo largo de su vida de una manera especialmente clara. Y hoy se encuentra ante el mundo dotado de un gran capital político y como presidente de los Estados Unidos.

El enfoque de las decisiones políticas del presidente Obama A lo largo del corto periodo de su mandato el presidente Obama ha asumido diversas decisiones concretas que, dentro de sus facultades constitucionales de carácter ejecutivo, responden a los enfoques generales que había manifestado, a sus compromisos y a algunas políticas tradicionales del Partido Demócrata.

Obama se encontró con la prioridad de rehacer la economía y reparar un sistema internacional deteriorado. Ha perfilado su modo de pensar hacia una sociedad más igualitaria y menos individualista. No ha dudado en ejercer su intervención al asumir las decisiones concretas correspondientes, autorizando importantes apoyos financieros para el sostenimiento empresarial interno, buscando elementos de reestructura y reconciliación, propiciando la protección y el respeto de los derechos humanos, luchando contra la discriminación, la tortura y los confinamientos, preocupándose directamente por el regreso de los ciudadanos que han prestado servicios militares a los Estados Unidos, estableciendo puentes de comunicación y conciliación con sectores y con grupos tradicionalmente marginados del diálogo, reivindicando la organización y los derechos sindicales, promoviendo la igualdad salarial de mujeres y hombres, instrumentando mecanismos para ampliar eficazmente la cobertura de servicios —particularmente médicos— a millones de personas y niños estadounidenses desprotegidos, etcétera.

Sin embargo, muchas otras decisiones se encuentran en proceso o están pendientes y hay quienes han sostenido que las estrategias decisorias del presidente Obama se han enfocado más a cuestiones domésticas que a la política internacional. No ha sido así, al menos, en lo que a su presencia y a su popular imagen se refiere en múltiples foros del ámbito internacional.

Foto: Octavio Gómez/Procesofoto

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El presidente Obama y la paz mundial Apenas ocho meses y medio después de su entronización en la Casa Blanca, un sorprendido Barack Obama fue elegido para el Premio Nobel de la Paz. El comité de los premios consideró sus “extraordinarios esfuerzos” para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos y para fomentar el desarme nuclear y abordar los grandes retos del cambio climático, méritos para distinguirlo con el galardón frente a otros candidatos, como la senadora colombiana Piedad Córdoba, mediadora con las FARC, o el ministro

zimbabwense Morgan Tsvangiai, constructor de un gobier- Obama es hijo político de la esperanza, más que de las reano de unidad. “Muy pocas veces —señala el comité— una lizaciones. persona con orígenes como los de Obama llama la atención Lo que hasta hace relativamente poco era imposible y culdel mundo y da esperanza a la gente para un mejor futuro.” minaba con la represión o con el asesinato de los líderes reiEs interesante recordar que el presidente republica- vindicadores, hoy se transforma en el triunfo apoteósico de no Theodore Roosevelt recibió el mismo galardón en 1906 quien ha sabido entender los nuevos vientos políticos y las por su intervención en la guerra ruso-japonesa, así también tendencias contemporáneas de la sociedad plural estadocomo los demócratas Woodrow Wilson en 1919 y Jimmy unidense y mundial. Barack Obama encarna el carácter y las Carter en 2002 por sus trabajos de promoción a favor de la aspiraciones de esa sociedad multiétnica que reclama con paz. Todos ellos recibieron el premio al final de sus manda- urgencia cambios y que desea fervientemente creer en un tos o ya después de haber ejercido el cargo presidencial en el mundo de nueva esperanza. último de los casos.

El presidente Obama se encuentra en la coyuntura de un El presidente Obama estimó que dicha presea no se le otor- orbe en conflicto que desea y espera, después de un terrible gaba tanto en función de concretos merecimientos persona- siglo XX, un profundo cambio integrador. No se puede penles, sino que debía entenderse como un reconocimiento a los sar que haya aceptado el Premio Nobel de la Paz solamenobjetivos que se había marcate por lo que ya ha hecho. Lo do para la nación y el mundo. Obama resultó ser el hombre correc- recibe ante todo por lo que él Lo consideró también una representa y por lo que simllamada a la acción para tra- to en el momento indicado. Es un hom- boliza como el cuadragésimo bajar en la solución conjunta bre seguro de sí mismo, culturalmente cuarto presidente de los Esde los problemas y de los re- muy preparado, poseedor de una gran tados Unidos, así como por tos del siglo XXI. En tal virel compromiso que adquietud decidió aceptarlo humil- percepción política y de una extraordi- re frente al mundo en “la audemente como un estímulo naria audacia. dacia de la esperanza” y en el frente a esos grandes retos. esfuerzo común de “restauHay quienes piensan que el otorgamiento del galardón no rar el sueño americano”, en un entorno de mayor comprense justifica plenamente o que algunas de las políticas ya com- sión y armonía internacionales. prometidas por el mandatario no corresponden a una proSabemos por experiencia que muchas veces las expectatitección plena y debidamente priorizada de los derechos fun- vas, sobre todo las que son muy grandes o ambiciosas, en lo damentales y de la vida. tocante a su realización práctica, pueden arrostrar grandes Otros, como su alternante Piedad Córdoba, sostienen que dificultades, pero el parteaguas del primer presidente afroeste premio resulta una forma de mayor compromiso para el americano en los Estados Unidos y la euforia esperanzadorecipiendario que “impacta muchas decisiones que a futuro ra que ha generado constituyen episodios inéditos y sobreseguramente los norteamericanos van a tomar en lo que tie- salientes a pesar de las dudas sobre Obama o, incluso, de los ne que ver con las guerras en el mundo”. niveles de “insatisfacción” que algunos han pregonado.

Algunas conclusiones Con base en lo anterior es posible afirmar que el presidente

* Carlos G. Cabrera es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México Norte.

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Rodolfo Vázquez Las fronteras morales del Derecho Fontamara, México, 2009

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on el fin de garantizar la seguridad y estabilizar las expectativas ciudadanas a través de

la coordinación, la disuasión y la sanción de las acciones, ¿debe concebirse el Derecho al margen de las valoraciones morales o, por el contrario, debe incorporar estas últimas para dar cuenta de sus propias finalidades?

Esta reiterada y genérica pregunta puede traducirse en otras más específicas —de las que quiere dar cuenta este libro—, que hacen visibles las tensiones entre el Derecho y la moral, evidenciando los límites del primero pero, al mismo tiempo, la necesidad de su existencia para la institucionalización de la segunda. Para dar respuesta a estas interrogantes, Rodolfo Vázquez —doctor en filosof ía por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacio-

nal de Investigadores y del Colegio de Bioética, y autor de textos como Educación liberal (1997), Liberalismo, Estado de Derecho y minorías (2001), Del aborto a la clonación (2004) y Entre la libertad y la igualdad (2006)— nos ofrece el libro Las fronteras morales del Derecho, conjunto de ensayos dividido en dos grandes apartados con los títulos de “Justicia, legalidad y derechos” y “Bioética, Derecho y laicidad”, en los que aborda temas como la independencia judicial, la cultura de la legalidad, la tolerancia y sus límites, migración y ciudadanía, laicidad, bioética, penalización de la posesión de drogas, aborto y eutanasia, todos ellos de indiscutible actualidad en la discusión jurídica actual.

Ricardo Ojeda Bohórquez El amparo penal indirecto y Teoría de la suspensión del acto reclamado en materia penal Porrúa, México, 2009

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n la sexta edición de su libro El amparo penal indirecto, Ricardo Ojeda Bohórquez nos ofrece, producto de su experiencia judicial y docente, un análisis riguroso y profundo de temas como el de los principios generales, las partes, la competencia, la procedencia y la improcedencia del juicio, su trámite, el no ejercicio de la acción penal, la clasificación de los actos reclamables y la suspensión del acto reclamado, entre otros.

Además, cita conceptos y aborda aspectos angulares y prácticos del juicio de amparo indirecto en materia penal que son de gran utilidad, ya que contienen definiciones, anécdotas y sus puntos de vista, así como gráficas, formatos y una selección de los criterios jurisprudenciales más actuales y rele-

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vantes en cada caso en concreto, con un índice de esas tesis y otro temático para su mejor manejo.

Por otra parte, el magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito nos ofrece también una segunda edición de su libro Teoría de la suspensión del acto reclamado en materia penal, en el que resalta que el juicio de amparo no sería eficaz sin la figura de la suspensión. Así, establece una teoría de la suspensión, específicamente en materia penal, soportada en su experiencia judicial y docente, en acontecimientos históricos relativos al tema, así como en los criterios juris-

prudenciales actuales y relevantes, y aborda temas como la procedencia, las clases, los efectos, el desacato y los recursos, todos enfocados a la materia de suspensión.

En síntesis, se trata de dos obras de gran valor y trascendencia para la comunidad jurídica, la ciencia del Derecho y en especial para el juicio de amparo.

Sergio García Ramírez y Olga Islas de González Mariscal La reforma constitucional en materia penal.

Jornadas de Justicia Penal IIJ-UNAM/INACIPE, México, 2009

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ara quienes estamos acostumbrados a las originales portadas de los libros del INACIPE, la de su más reciente producción editorial resulta incomprensible. Es fea a rabiar.

El contenido del libro, sin embargo, salva la edición.

Con el afán de fomentar la pluralidad y promover el debate, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) coeditan esta obra que reúne las intervenciones de numerosos expositores en las Novenas Jornadas sobre Justicia Penal, que tuvieron lugar en el IIJ del 21 al 25 de abril de 2008.

Mediante la participación de legisladores, funcionarios del Ministerio Público federal y local, jueces federales y locales, académicos, defensores de los

derechos humanos y abogados del ámbito penal, se analizan los retos, los obstáculos, los miedos y los temores de la reforma, desde cada una de las perspectivas que constituyen la columna vertebral de este libro.

En el trabajo se pretende reunir todas las voces que opinan sobre la reforma: las que participaron en su construcción, las que la apoyan, las que aún no creen en ella y, también, aquellas que la atacan con la finalidad de defender a toda costa sus propios intereses.

No cabe duda de que el sistema de justicia penal continúa siendo uno de los grandes pendientes en la transición democrática y, pese a esto, es difícil explicar cómo hay quienes prefieren seguir por el laberinto de la oscuridad, como lo exponen en sus conferencias, en lugar de prender la luz y lograr transparentar nuestro sistema.

Con las participaciones de Emilio Álvarez Icaza, Felipe Borrego, César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell, César Esquinca, Pablo Gómez, Alejandro González Alcocer, Moisés Moreno y Jesús Zamora Pierce, entre otros, esta obra causará polémica y dejará en claro las grandes resistencias que tendrán que enfrentar quienes quieran transitar a un sistema acusatorio adversarial más transparente.

Gerardo Armando Urosa Ramírez Guía de estudio de Derecho penal. Parte general Porrúa, México, 2009

Qué son los elementos objetivos del tipo? ¿Cuáles son las principales críticas que se han hecho al fi-

nalismo? ¿Qué estudia la dogmática penal? ¿Qué es el iter criminis? Éstas y otras 296 preguntas —con sus respectivas respuestas— conforman el nuevo libro de Gerardo Urosa, quien nos hace volver al origen del Derecho penal y nos ayuda a entender su sentido desde un ejercicio de mayéutica.

El autor realiza un recorrido por la transformación histórica de esta disciplina jurídica, partiendo de la idea de la pena y de su evolución, hasta llegar al delito y su transformación a través de las diversas escuelas o modelos de sistematización: causalismo, finalismo y sistema funcionalista. Todo a través de preguntas y respuestas.

Dolo, culpa, antijuridicidad, culpabilidad y tentativa son analizados con

la lógica de quien, desde el sentido común, desea entender el porqué de los conceptos jurídico-penales originales.

Se trata de una obra de enorme utilidad para los estudiantes de Derecho, pero también para todo aquel docente, servidor público o litigante que requiera una herramienta de fácil consulta que contenga información breve pero fundamental. Urosa utiliza cuadros y diagramas que no pueden más que evocar la vida de las aulas. En unas cuantas líneas, logra lo que los grandes maestros intentaron transmitir en indigeribles volúmenes. Tal vez por esta amabilidad comienza su obra citando a Jorge Luis Borges, rememorando la amistad.

Vale la pena adentrarse en su agilísima lectura.

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Revista Pandecta Núm. 20, tercera época, diciembre de 2009

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a portada nos recuerda el diseño del New Yorker y el formato de las páginas interiores es estupendo.

Pero ¿acaso es la portada y el diseño editorial lo que debe distinguir a una “revista de alumnos”? Pandecta, la revista “de los alumnos” de la Escuela Libre de Derecho, nos invita a reflexionar al respecto.

Más que de estudiantes, Pandecta intenta ser de profesionistas; una revista académica más que una revista universitaria. Y esto tiene venta-

jas. Pero también desventajas. Lo que podría ser encomiable en un órgano de difusión e información académica, como la participación de un estudiante de la universidad de Viena, de Bogotá, o de Utrecht, pierde sentido cuando este ejercicio no ahonda en los intereses de una comunidad estudiantil. Porque en Pandecta los autores parecen haber olvidado que escriben para esta comunidad.

Por las páginas de la revista desfilan distinguidos abogados de la Universidad Panamericana y hasta de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, pero ninguno de ellos escribe para “los alumnos”. El control constitucional de la Ley de Amparo, el problema del apátrida como obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fuente del Derecho en México no son, precisamente, lo que justifica la publicación de una “revista de los alumnos”.

Es cierto que hay artículos que pueden considerarse paradigmáticos. La

entrevista que Gerardo Pérez-Chow le hace a Rafael Estrada Michel, o la que Emilio Garciadiego le hace a Fernando Villaseñor, por ejemplo. Son artículos dotados de una frescura ejemplar. Animan a la comunidad universitaria a conocer sus alcances y sus límites; propician la toma de posturas en el seno de la escuela; fortalecen al alumnado como grupo de interlocución con sus autoridades.

Pero ¿a cuántos estudiantes podrá importarles las opiniones de otro estudiante sobre la caída de la monarquía y el establecimiento de la República romana o sobre el artículo 1804 del Código Civil para el Distrito Federal? Los expertos —los abogados consumados— han escrito un raudal a favor y en contra de estos temas.

Ojalá que el impulso de los editores pueda dar un aliento más crítico a Pandecta. Se echa de menos una entrevista con el rector, una ponderación de los planes de estudio, una denuncia a los malos maestros y una evaluación a la sociedad de alumnos.

Revista La Barra Núm. 73, agosto-octubre de 2009 El número 73 de La Barra, órgano de información y difusión de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, nos presenta en su portada a un satisfecho Antonio Arámburu Mejía, quien mira a los lectores como para compartir con ellos su orgullo por haber recibido el Premio Pro Bono 2009. Este premio lo otorga la Barra Mexicana a aquellos abogados que prestan sus servicios profesionales gratuitos a favor de la sociedad. En las páginas interiores de la revista Arámburu explica los motivos del premio. La Barra también contiene un artículo de Adolfo Athié quien, con el tono de un profesor universitario, nos explica cómo debemos entender la propiedad intelectual en México en el siglo XXI. Se explaya en florituras sobre los derechos reales y sobre las similitudes de los bienes corpóreos e incorpóreos de la legislación actual.

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Por medio de esta revista nos enteramos, también, de los requisitos de la prueba del uso de las marcas en el artículo que escribe Baudelio Hernández, así como de las actividades que realiza el Colegio en beneficio de sus miembros.

Se informa que José de Jesús Orozco Henríquez es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que Javier Quijano Baz es académico honorario en España.

En las secciones fijas se reseñan los programas que se han transmitido a través del Canal Judicial y se da cuenta puntual de las distintas comisiones de trabajo.

Los miembros del Colegio tienen razones de sobra para sentirse satisfechos del trabajo editorial de su revista. Cuando la fundó Jesús Zamora Pierce —entonces vicepresidente de

Octavio Igartúa— pocos podrían adivinar que La Barra acabaría convirtiéndose en una publicación imprescindible.

Cine El secreto de Vera Drake Vera Drake Director: Mike Leigh Producción: Alain Sardo/UK Film Council, 2004

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hora que Benedicto XVI se ha empeñado en recuperar el poder de la Iglesia católica, diciendo a las personas con quién pueden ir a la cama y con quién no; ahora que los legisladores del PRI y del PAN están haciendo suyos los preceptos de esta Iglesia para ver si así obtienen alguna credibilidad en nuestro país, vale la pena ver una película como Vera Drake, para meditar sobre las ventajas y las desventajas que supone seguir los dogmas ciegamente, sin preguntarnos qué implicaciones puede tener ese hecho para una sociedad.

En esta coproducción de Inglaterra, Francia y Nueva Zelanda, Imelda Staunton da vida a una mujer de la clase trabajadora que vive felizmente casada con su marido y sus dos

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hijos en el Londres de los años cincuenta. Obsesionada por ayudar a los demás, Vera Drake no sólo lleva de comer a los inválidos y se ayuda económicamente como trabajadora doméstica en algunas casas de la clase media alta sino que, en cuanto le es posible, ayuda a interrumpir embarazos no deseados a algunas jóvenes que “metieron la pata”.

Cuando a una de sus “clientas” se le complica el embarazo y va a dar al hospital, Vera es denunciada. Luego de un juicio donde ella admite sus actividades secretas, es condenada a prisión. Lo interesante del caso es que todos los personajes a su alrededor viven, de distinta manera, el mismo drama. Nos enteramos, por ejemplo, de la joven de buena posición económica que, para interrumpir un embarazo, tiene que fingir una historia disparatada, internarse en un hospital y, finalmente, pagar una cantidad exorbitante a un “respetable” médico que lucra con su tragedia. Conocemos también a la amiga de Vera Drake, que cobra a cada una de las mujeres a las que visita la protagonista de la película quien, por cierto, no recibe un centavo por sus buenos oficios. La “gente decente” de la película es, francamente, despreciable.

Desfilan también jueces, abogados y policías que, sin darse cuenta, hacen el juego a quienes, directa o indirectamente, se benefician con el mercado negro de los abortos.

Uno no tiene más remedio que preguntarse: ¿qué necesidad hay de esto? Cualquier espectador inteligente no tiene más remedio que incomodarse al constatar cómo, en aras de “la moral”, se destruye la vida de tantas personas. Particularmente, de aquellas mujeres que no tienen los recursos para acudir a un cómodo hospital clandestino, que cobra 150 libras, por un servicio que no vale ni las dos libras que se embolsa la corrupta amiga de Vera.

El hecho de que la historia ocurra hace 60 años hace comprensible lo ocurrido. No obstante, cuando uno termina de ver la película, cuando advierte que esto sigue sucediendo en México, se pregunta qué esta pasando en nuestro país. ¿Por qué nadie hace nada ante el retroceso que supone que en estados como Guanajuato o Baja California se castigue con 50 años a una mujer violada que no desea tener el producto de dicha violación? Películas como Vera Drake nos obligan a la reflexión.