Edición #145 - Mayo 2011

U n a re v i s t a a c tu a l Alejandro Madrazo Lajous: “Un Derecho que no transforma a la sociedad es inútil”

EDITORIAL

¿Puede ser inconstitucional la Constitución?

REPORTAJES

Los 25 libros jurídicos más influyentes en México Gilberto Adame López

Cuánto ganan los abogados en México Alejandra Peralta ENTREVISTAS

Enrique Romero Los horrores del fenómeno migratorio

José Guadalupe Medina Vanguardia tecnológica en el Registro Público del D.F. ENCUESTA

¿Qué opina usted de que el presidente de un Tribunal Superior de Justicia se pueda reelegir?

Año 14, núm. 145 Mayo 2011 $40.00

Teófilo Benítez:

“Promovamos la reflexión crítica en las aulas”

Editorial ¿Puede ser inconstitucional la Constitución?

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a demanda de amparo que presentaron algunos intelectuales para denunciar la inconstitucionalidad de nuestra Carta Magna no es algo que deba pasar inadvertido. La idea de estos intelectuales no era tanto defender la supremacía del espíritu constitucional, como invalidar la disposición del artículo 41 de la Carta Magna, que determina que, además de los partidos políticos, “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.

Lo que adujeron los quejosos fue que esta disposición constitucional violaba el artículo 6° de la Constitución, el cual establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial y administrativa”. Alegaron, asimismo, que se contraponía con algunos tratados internacionales firmados por México y que, además de las normas constitucionales, existían normas metaconstitucionales (nunca dijeron cuáles) que era preciso acatar.

Se entiende que un poeta como Ramón Xirau no entienda bien a bien el asunto, pero ¿podría decirse lo mismo de José Roldán Xopa o de Luis de la Barreda? Abogados como ellos no pueden ignorar que toda garantía individual tiene límites. Por añadidura, lo que prohíbe el artículo 41 no es la difusión de las ideas, sino la imposibilidad de los parti-

DIRECTOR GENERAL Ángel M. Junquera Sepúlveda director@elmundodelabogado.com DIRECTOR ADMINISTRATIVO Carlos Alamán Bueno CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN F. Javier Sánchez Campuzano Gonzalo Linaje Aréchiga Andrés Sánchez Abbott ABOGADO GENERAL Manuel E. Forcada Warren

culares para contratar propaganda política, en aras de evitar que los grupos con más poder económico puedan inclinar, deslealmente, la balanza a su favor… Son conceptos completamente distintos.

Pero hay algo más importante aun que el fondo del asunto: la idea de ampararse contra la Constitución no puede ser descartada fácilmente. En un mundo globalizado en que se privilegian los derechos humanos y los tratados internacionales viven su auge, nadie puede pretender regirse, de manera exclusiva, por sus propios ordenamientos.

Nuestro marco constitucional y legal no puede cerrarse a las exigencias de la comunidad internacional. La pregunta que, involuntariamente, han formulado los intelectuales con su fallida solicitud es si, en efecto, el amparo es el camino para lograrlo.

Los propios ministros de la Corte disienten al respecto: cuando discutieron la posibilidad de conceder un amparo contra la Constitución, no estaban pensando en el artículo 6° ni en el 41, sino en la factibilidad de garantizar, de modo efectivo, los derechos humanos, posibilidad que echó abajo el voto de Pardo Rebolledo. De hecho, los más de 250 amparos que hoy día existen contra el 41 no tienen oportunidad de progresar, según puede inferirse de las sentencias de la Corte. Televisoras y radiodifusoras deben estar furiosas.

Pero avancemos o no en el sentido de permitir al ciudadano evadir una norma constitucional, también vale la pena

CONSEJO EDITORIAL Fabián Aguinaco Bravo, Elisur Arteaga, Mario Becerra Pocoroba, Humberto Benítez Treviño, Néstor de Buen, José Ramón Cossío, Óscar Cruz Barney, Miguel Estrada Sámano, Héctor Fix Fierro, Jorge García de Presno, Sergio García Ramírez, José Antonio González Fernández, Fernando Hegewisch Díaz Infante, María de la Luz Lima Malvido, Alejandro Ogarrio, Luis Ortiz Hidalgo, Javier Quijano, Luis Rodríguez Manzanera, Andrés Roemer, Rafael Ruiz Mena, Ignacio Soto Borja, Diego Valadés, Clemente Valdés, Juan Velásquez, Manuel Villalpando César, Álvaro Vizcaíno Zamora, Claus von Wobeser, Arturo Zaldívar, Jesús Zamora Pierce, Alberto Zínser Cieslik

DIRECTOR EDITORIAL Luis Arturo Pelayo Gutiérrez editor@elmundodelabogado.com DIRECTORA DE ARTE Marcela Velázquez Aíza arte@elmundodelabogado.com FOTOGRAFÍA Aristeo Becerra Maldonado CORRECCIÓN DE ESTILO Julio Ulises Gallardo Sánchez COLABORADORES Amanda Sotto Fontes, Ernesto Corzo Aceves, Víctor Corzo Aceves, Eduardo Molina

preguntarnos qué buscaban nuestros intelectuales con su intentona. Ellos juran que “acabar con el sistema de partidos y reestablecer el poder ciudadano”, lo cual no queda claro a nadie. Por eso, hay quienes no les creen. Dados los efectos restrictivos del amparo, los escépticos opinan que sus promotores pretendían convertirse en intermediarios bien pagados entre los partidos políticos y las televisoras que, a través de ellos, podrían continuar el multimillonario negocio de saturar de mensajes indeseados a la población en tiempo de elecciones.

Ante esa sola probabilidad, es claro que la Constitución no puede ser inconstitucional vía el amparo. No mientras éste sólo tenga efectos para quien lo solicite. ¿Qué tal si mañana algún despistado poeta se ampara contra la prohibición de la esclavitud o la de poseer armas reservadas para uso exclusivo del ejército?

Queda mucha agua por correr en este asunto, pero todo indica que, en esta ocasión, nuestros intelectuales perdieron un negocio prometedor.

Por fortuna, ganó la ciudadanía, harta ya de que la atosiguen con mensajes no deseados, repitiendo adjetivos y eslóganes que no conllevan ninguna visión clara del gobierno o del Estado.

Hay que felicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también —¿por qué no?— a los abogados que impulsaron un proyecto que, aunque malogrado, nos ayuda a debatir y a entender los alcances y límites del Derecho.

SUSCRIPCIONES suscripciones@elmundodelabogado.com ADMINISTRACIÓN Melchor Tinoco Hilda Castro VENTAS DE PUBLICIDAD Ejecutivos de ventas: Marimar Islas Gabriela González Teléfonos y Fax: 5559-2250 5575-6321 5575-4935 info@elmundodelabogado.com www.elmundodelabogado.com

El Mundo del Abogado, una revista actual, año 14, núm. 145, mayo de 2011, revista mensual, editada y publicada por Editorial Revista El Abogado, S.A. de C.V., Santa Catalina 416, Col. Insurgentes San Borja, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03100. Precio por ejemplar: $40.00. El contenido de los artículos firmados es responsabilidad del autor. Editor responsable: Luis Arturo Pelayo Gutiérrez. Registrada en la Dirección General del Derecho de Autor, Reserva núm. 001059/98 de fecha 27 de marzo de 1998.

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Distribuida en el Distrito Federal por la Unión de Voceadores de México y en locales cerrados por Distribuidora de Impresos, S.A. de C.V.

2011 Índice mayo POSICIONES

REPORTAJES

06 Notarios públicos como autoridad en el juicio de amparo Fernando García Sais

20 La Cámara de Diputados aprueba el juicio en línea

22 El concurso mercantil con plan de reestructura previa Jaime R. Guerra González

46 La banca de desarrollo y el financiamiento popular Luis Bartolini Esparza

32 Los 25 libros jurídicos más influyentes en México Gilberto Adame López

42 El INACIPE otorga doctorados honoris causa José David Aroesti Ventura

56 Cuánto ganan los abogados en México

ENTREVISTAS

Alejandra Peralta

12 Teófilo Benítez Granados:

DERECHO EN EL MUNDO

24 Alejandro Madrazo Lajous:

San Fernando, Tamaulipas: migración y delincuencia organizada Víctor Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo

“Promovamos la reflexión crítica en las aulas”

“Un Derecho que no transforma a la sociedad es inútil”

ENCUESTA

38 Enrique Romero

Los horrores del fenómeno migratorio

50 José Guadalupe Medina Romero

Vanguardia tecnológica en el Registro Público del D.F.

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El Mundo del Abogado mayo 2011

48 ¿Qué opina usted de que el presidente de un Tribunal Superior de Justicia se pueda reelegir?

60 LIBROS

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La función social de la abogacía

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l pasado 31 de marzo, Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, impartió una cátedra extraordinaria en el Aula Magna de la Universidad Panamericana, la cual tuvo un triple objetivo: hacer un reconocimiento a la encomiable labor de instituciones como el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la propia Universidad Panamericana; informar acerca de la situación que afecta al ámbito jurídico actual a nivel internacional, y hacer una exhortación a unir esfuerzos para la edificación de una sociedad más justa.

Mediante la entrega de una medalla conmemorativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y del Ilustre al doctor Hernández-Gil, confeccionada por el artista mexicano Lorenzo Rafael, se refrendó la amistad más que centenaria entre el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y el Colegio de Abogados de Madrid.

Bajo la premisa mencionada por Óscar Cruz Barney, presidente del Ilustre, según la cual “el abogado no es ajeno a su entorno”, la temática de esta cátedra extraordinaria desarrolló algunos puntos fundamentales con los que se pretendía poner de manifiesto el valor de la función social de la abogacía.

“Somos una comunidad de saberes, de personas, que a pesar de su juventud hunde raíces en las más consolidadas tradiciones universitarias, en las que el espíritu de cuerpo adquiere trascendencia […] En este contexto, es obvia nuestra inclinación hispánica y la importancia que España ha tenido para la Universidad Panamericana, desde su fundación, al haberse inspirado como obra corporativa de educación superior en la Universidad de Navarra”, aseguró José Antonio Lozano, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, quien recordó al auditorio que ser abogado es, ante todo, vocación.

Teniendo como fondo un esbozo de la historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para subrayar la importancia de la función social de la abogacía, la cátedra del doctor Hernández-Gil hizo énfasis en que la profesión del abogado implica un compromiso con el interés social, responsabilidad que recae en el abogado más que en ningún otro ciudadano.

Finalmente, frente a la crisis social que se vive mundialmente, hizo énfasis en que la paz del mundo tiene como base el reconocimiento de los derechos humanos, intrínsecos a la naturaleza de cada miembro de la familia humana. “Que la responsabilidad de la abogacía no sea sólo administrar la justicia: que sea algo más, algo más trascendental, incluso por encima de los intereses nacionales […] Vengo a pedir su colaboración, su imaginación, para construir un futuro y una sociedad mejor”, concluyó el doctor Hernández-Gil.

Portafolio

Ramón Ayala / Universidad Panamericana

Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, José Antonio Lozano y Óscar Cruz Barney

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Fernando García Sais*

Notarios públicos como autoridad en el juicio de amparo

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Ilustración: Edu Molina

al margen En el marco de la polémica sobre si los actos de un notario, en la tramitación de los juicios sucesorios, son actos de autoridad, el autor de este artículo sostiene —en oposición a una jurisprudencia reciente de 2008 emitida por la primera sala de la Corte— que el notario sí podría ser autoridad para los efectos del juicio de amparo.

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n un asunto que presentó el ministro Sergio Valls en septiembre de 2008, la mayoría de los ministros de la primera sala resolvió que los actos del notario público en materia sucesoria no son actos de autoridad ante la reclamación de un particular por la falta de emplazamiento a un trámite sucesorio, por las siguientes razones: 1) El notario es un particular que por disposición de ley recibe la fe pública.

2) Es el particular quien acude a solicitar la prestación de los servicios notariales.

3) La actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado.1 4) No puede considerarse que el notario actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas.

5) El notario, a través de la fe pública, sólo hace constar los actos y hechos jurídicos que ocurren ante él.

Así, se votó e integró la siguiente jurisprudencia: “notarios públicos. cuando un tercero extraño reclama el trámite de una sucesión llevada ante ellos, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (legislaciones de los estados de jalisco y nuevo león). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natu-

ral y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar.

En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite

El Doctor Dulcamara, aquel charlatán que ofrecía un remedio para curar todos los males en la ópera Elíxir de amor, se habría sentido agraviado ante las disposiciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios —la COFEPRIS—, que ha notificado órdenes para suspender la publicidad de innumerables productos que hoy se anuncian en México para remover toxinas de la sangre, reducir el colesterol, eliminar el acné o controlar la presión arterial. Pero no todas las empresas que promueven estos productos están dispuestas a acatar las disposiciones de la COFEPRIS, la cual ya perdió a uno de sus titulares, víctima de quienes erogan cantidades millonarias para colocar sus maravillas entre un público de incautos.

Hay que revisar el marco legislativo que, en la actualidad, permite que se le tome el pelo a medio mundo. El afán de lucro debe tener límites y para eso está el Derecho… Para eso existe el Estado.

Hablando del afán de lucro, qué lamentable resulta que algunas compañías —ya a nivel mundial— estén luchando, a brazo partido, por patentar el código genético de plantas y animales. Su idea es tener el derecho exclusivo de explotar estas especies. Lo peor es que 20 por ciento de nuestros genes —los genes humanos— ya están patentados también. El cáncer de mama hereditario, por ejemplo, sólo podrá ser estudiado y medicado por Myriad Genetics, según lo pretenden estos laboratorios… Aristóteles, Locke y Adam Smith nos enseñaron que la propiedad privada incidía en el desarrollo, pero ¿no estamos cayendo en lo grotesco? Más de un juez de Estados Unidos ha invalidado alguna de estas “patentes” y esperamos que así lo sigan haciendo…

El Mundo del Abogado felicita calurosamente a José Rodrigo Roque Díaz por su designación como director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Por la trayectoria de Roque, es fácil pronosticar que hará un estupendo papel.

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indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio”.2 Análisis del voto particular del ministro Cossío Díaz3 Según el ministro Cossío Díaz, “conforme al sistema jurídico mexicano la institución del notariado es totalmente sui generis”; “se trata de una función de orden público, toda vez que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de interés social: autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos” y “es un servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido”.4 Los trámites sucesorios ante los notarios implican, según Cossío, una actividad desarrollada por los propios herederos y dichos fedatarios públicos sin la intervención de los órganos judiciales, salvo algunos casos (sucesión legítima, testamento público cerrado y testamento ológrafo), en virtud de la función jurisdiccional que la propia ley les confiere; es decir, la función notarial en materia sucesoria deviene por mandato del legislador. Es posible, así, identificar una plena similitud, insiste, entre las actividades que realiza el notario público al conocer de una sucesión de las que realiza el juez.

De acuerdo con los razonamientos del doctor Cossío, cuando se analizan las funciones que desempeñan los notarios públicos al conocer de una sucesión, es posible concluir que cuando en un juicio de amparo se reclama la falta de llamamiento al procedimiento de sucesión tramitado ante estos funcionarios, éstos sí tienen el carácter de autoridades, ya que se establece con los particulares (herederos, albaceas y demás sujetos relacionados con ese trámite) una relación de supra a subordinación5 que deriva de la ley y, al hacerlo, se coloca en un nivel de superioridad respecto de éstos, ya que emite “ciertos actos decisorios” (equiparables a una sentencia) sin tomar en cuenta la voluntad del particular que pueden crear, modificar o extinguir situaciones que afectan la esfera jurídica del particular.

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La jurisprudencia “ha ampliado el estándar” para establecer cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Conforme al modelo, si se presentan uno o más de los atributos (fuerza pública, unilateralidad, ausencia del consentimiento del afectado y relación de supra a subordinación) habrá una autoridad para los efectos del juicio de amparo.

Lo anterior tiene relevancia pues con la tesis de Cossío se consideraría a ese tercero como un tercero extraño a juicio (por falta de emplazamiento a juicio), quien no tendría que agotar el principio de definitividad, pudiendo acudir al juicio de amparo indirecto. De manera contraria, como vimos en la tesis transcrita, se dejó sentado que dicho tercero deberá agotar los medios de defensa ordinarios (como sería a través de la acción de petición de herencia).

Opinión personal De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.6 Para resolver si el señalamiento que hace un particular que se duele de la falta de emplazamiento a un trámite sucesorio ventilado ante un notario púbico, en el sentido de tener como autoridad responsable al notario para efectos del juicio de amparo, es menester acudir a la doctrina jurisprudencial definida en torno al concepto de “autoridad responsable” y determinar qué naturaleza jurídica tienen la función notarial y los procedimientos sucesorios.

La doctrina jurisprudencial en torno del concepto de autoridad se puede acotar en los dos siguientes criterios: 1) En el que lleva por rubro “autoridad para los efectos del amparo. notas distintivas”7 se establecen las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, acotando las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.

b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

2) En el que lleva por rubro “autoridad para los efectos del amparo. tiene ese carácter un órgano del estado que afecta la esfera jurídica del gobernado en relaciones jurídicas que no se entablan entre particulares”,8 conforme al cual se establece que la teoría general del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, de subordinación y de supraordinación.9 Así pues, la jurisprudencia “ha ampliado el estándar”10 para establecer cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Conforme al modelo, si se presentan uno o más de los atributos (fuerza pública, unilateralidad, ausencia del consentimiento del afectado y relación de supra a subordinación) habrá una autoridad para los efectos del juicio de amparo.

El carácter de funcionario público del notario La doctrina no ha sido unánime en determinar si los notarios públicos son o no funcionarios públicos. Inclusive, para algunos tratadistas el notario está, además, revestido de autoridad.11

al margen En una época los notarios sí fueron funcionarios públicos. Así lo decía la ley del notariado en el Distrito Federal de 1901 (siguiendo dicho criterio las de 1932, 1945 y el texto original de 1980), una reminiscencia de la ley del Ventoso XI de 1803, que en su artículo 1° definió al notario como un funcionario público, modificado por la ley francesa del notariado de 1943 que lo calificó de “oficial público”. La reforma de 1986 a la Ley del Notariado del Distrito Federal estableció que el notario es un “profesional del Derecho”, eliminando cualquier referencia a función pública, servicio público o autoridad.

La jurisprudencia desde 1929 hasta 2008 ha sido casi uniforme en sostener que los notarios no son autoridades para efectos del amparo, salvedad hecha de la tesis que más adelante se cita en el inciso h correspondiente a una tesis de 2001 que interpretó la legislación michoacana y de la que parece que abreva el voto particular de Cossío. a) Año 1929: los notarios son funcionarios públicos pero no son autoridades: “notarios. Como el amparo sólo procede contra actos de autoridad, es improcedente pedirlo contra los actos de los notarios, porque si bien son funcionarios públicos, no por eso son autoridades”.12 b) Año 1932: los notarios son funcionarios públicos pero no son autoridades: “notarios públicos. Aun cuando los notarios son funcionarios públicos, no tienen el carácter de autoridades y, por lo mismo, contra sus actos no procede dar entrada a la demanda de amparo que, conforme al artículo 103 constitucional, sólo cabe contra leyes o actos de la autoridad”.13 c) Año 1941: los notarios son funcionarios públicos pero no son autoridades: “notarios, improcedencia del amparo contra los. Si bien es cierto que los notarios son funcionarios públicos, no por esa circunstancia tienen el carácter de autoridades y, por consiguiente, contra sus actos no procede dar entrada a la demanda de amparo, pues ésta sólo cabe contra leyes o actos de autoridad, conforme lo establece el artículo 103 constitucional”.14 d) Año 1947: los notarios públicos no son autoridades, porque carecen de potestad e imperio: “notarios públi-

cos, improcedencia del amparo contra los. Los notarios públicos no son autoridades porque carecen de potestad e imperio y, por lo mismo, el amparo contra sus actos es improcedente y debe sobreseerse, con fundamento en la fracción VIII del artículo 73 en relación con la fracción I del artículo 1° de la ley reglamentaria del juicio de garantías”.15 e) Año 1948: los notarios públicos no son autoridades, porque carecen de imperio: “notarios, no pueden ser autoridades responsables en el amparo. No procede el amparo contra actos de un notario público, porque aunque éste sea funcionario público, sus actos carecen de imperio, que es lo que caracteriza a los actos provenientes de autoridades, y es bien sabido que, conforme al artículo 103 de la Constitución federal y 1° de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo procede contra actos atentatorios, ejecutados por autoridades”.16 f ) Año 1951: los notarios públicos son funcionarios públicos que carecen de imperio: “notarios, amparo contra los. No procede el amparo contra actos de un notario público, porque aunque éste sea funcionario público, sus actos carecen de imperio, que es lo que caracteriza a los actos provenientes de autoridades”.17 g) Año 2000: la actuación del notario no implica la aplicación de una determinación de observancia obligatoria ni modifica situaciones jurídicas, ni trata de imponer decisiones, ni actúa motu proprio: “notarios públicos. no son autoridad responsable para los efectos del amparo cuando su actuación deriva de una orden judicial. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Efectivamente, el notario es un fedatario público al que la ley le otorga la facultad de autentificar y dar forma a los actos y hechos jurídicos, por lo que cuando actúa en ejercicio de esas facultades, en virtud de una disposición jurisdiccional, su actuación no implica la aplicación o ejecución de alguna determinación de observancia obligatoria, como tampoco la modificación de una situación jurídica determinada o la afectación de la

El Mundo del Abogado expresa su más sentido pésame al distinguido abogado Agustín Acosta Azcón por el sensible fallecimiento de su padre, Agustín Acosta Lagunes, antiguo gobernador de Veracruz. Descanse en paz.

El pasado 4 de abril, a invitación de Alberto del Castillo del Valle, se llevó a cabo un foro de discusión en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), en el que se criticó al sistema acusatorio y, con él, a los juicios orales. Asistieron algunos jueces de Chihuahua, así como litigantes y académicos de otras entidades federativas, todos con la consigna de denunciar las inconsistencias de la reforma de 2008. “Si esto sigue adelante —gimió un magistrado con sombrero en mano— los jueces nos quedaremos sin trabajo.” La sesión recordó, en mucho, aquellas reuniones en las que los empresarios esclavistas se congregaban para advertir de los riesgos que sufriría el mundo si se concedía la libertad a las personas de origen africano que les servían: “¿Qué va a ser del algodón y del azúcar? Nos quedaremos sin dulce y sin ropa si estas ideas extranjeras no se detienen a tiempo”. Aunque el INACIPE es una de las instituciones más progresistas al respecto, los organizadores del foro insistieron en que en las instalaciones del instituto puede discutirse cualquier tema.

Después de todo, adujeron, la pobreza argumental de los enemigos del sistema acusatorio acabará por exhibirlos y consolidar el sistema que tanto critican.

¿Por qué una figura tan inteligente como la extinción de dominio sigue sin progresar en México? Unos dicen que porque se viola el principio de presunción de inocencia, lo cual es falso: la extinción de dominio va contra los bienes y no contra las personas. Otros aseguran que porque la PGR no le sabe al civil y necesita capacitar a sus agentes en este campo, lo cual ya está haciendo el INACIPE. Hay quienes piensan, pese a todo, que el legislador creó esta figura con tantas deficiencias para que algunos diputados y senadores no fueran a perder algunas propiedades mal habidas. ¿Será?

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esfera legal del gobernado, ya que no trata de imponer disposiciones normativas ni actúa motu proprio, sino en acatamiento del referido mandato jurisdiccional, que es donde propiamente se hizo la aplicación de la ley y donde se decretó la afectación de la esfera jurídica de las partes contendientes. Consecuentemente, el fedatario que da autenticidad y forma legal al acto jurídico base de la acción, en el juicio natural, no actúa como autoridad para efectos del amparo, sino como simple fedatario de ese acto que fue materia de una controversia jurisdiccional y, por ende, el juicio de amparo contra actos del notario público resulta improcedente”. h) Año 2001: los notarios públicos son autoridad para efectos de amparo en la tramitación de los juicios sucesorios, supliendo la actividad del juez; llevan a cabo actividades originalmente encomendadas a la autoridad jurisdiccional, unilaterales e imperativas, las cuales pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados: “notarios. son autoridades para efectos del amparo, en los juicios sucesorios en los que por disposición de la ley intervienen en su tramitación, supliendo la actividad del juez (legislación del estado de michoacán). De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1634 y 1635 del Código Civil para el Estado de Michoacán, así como el precepto 1165 del Código de Procedimientos Civiles, los notarios públicos pueden intervenir en la tramitación de los juicios sucesorios, supliendo la actividad del juez; supuestos en que sus actos deben considerarse como autoridad, toda vez que en realidad, con ese actuar, llevan a cabo actividades originalmente encomendadas a la autoridad jurisdiccional, unilate-

rales e imperativas, las cuales pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados. Y si bien el notario público no puede, directamente, constreñir o forzar al gobernado para hacer respetar su fallo, sin embargo, el cumplimiento de su decisión queda a cargo de la autoridad jurisdiccional a quien inicialmente le haya correspondido el conocimiento del juicio, y ésta puede hacer uso de la fuerza pública, inclusive, para hacer cumplir lo resuelto en el juicio, incluyendo los trámites realizados por el notario público”.18 i) Año 2008: los notarios no son autoridad; sus actos de simple fedatario no son decisorios: “notario público. no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (legislación del estado de nuevo león). De la tesis 2a. cciv/2001, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘autoridad para los efectos del amparo. notas distintivas’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, noviembre de 2001, p. 39, se colige que para considerar que un ente reviste tal carácter, entre otras cosas debe estar facultado para emitir actos unilaterales que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten al particular, es decir, que le asista una potestad de imperio. Por tanto, si el artículo 15 de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León establece que el notario público es la persona investida por el Estado de fe pública para hacer constar la autenticidad de los actos y hechos que la requieran, ya sea por disposición de la ley o atendiendo a su naturaleza, es inconcuso que dichos actos, al ser emitidos con el carácter de simple fedatario, carecen de una caracte-

Materialmente, sus actos se asemejan al acto jurisdiccional, en la medida en que los notarios deben garantizar imparcialidad diciendo el Derecho aplicable, lo que genera determinadas consecuencias jurídicas. Es aquí, precisamente, donde sus funciones se asimilan de manera notoria a las de los jueces (diciendo el Derecho y modificando la realidad).

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rística primordial de la que participan los de autoridad, consistente en la mencionada potestad de imperio, pues en ellos no plasma algún tipo de decisión, sino exclusivamente da fe de los hechos o actos sometidos a su conocimiento, por lo que el notario público no es autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo”.19 Naturaleza jurídica de una sucesión tramitada ante notario: ¿convenio entre herederos, legatarios y albacea o acto jurisdiccional?

Los notarios, dependiendo de cada legislación estatal, pueden conocer de procedimientos sucesorios, testamentarios o legítimos, incluyendo el de adjudicación de legados instituidos en el público simplificado. Y pueden conocer de procedimientos desde el inicio o continuarlos.

Los juicios sucesorios son universales, atractivos y declarativos y no crean derechos ni obligaciones, simplemente declaran los derechos y las obligaciones que fueron establecidos por el de cujus o por la ley.20 Desde una perspectiva formal, los actos emitidos por los notarios no son jurisdiccionales. Al estar regulados por el Poder Ejecutivo —sin formar parte de él— sus actos son formalmente ejecutivos.

Materialmente, sus actos se asemejan al acto jurisdiccional, en la medida en que los notarios deben garantizar imparcialidad diciendo el Derecho aplicable, lo que genera determinadas consecuencias jurídicas. Es aquí, precisamente, donde sus funciones se asimilan de manera notoria a las de los jueces (diciendo el Derecho y modificando la realidad).21 Atentos al estándar jurisprudencial, respecto del tercero que se duele de la falta de llamamiento a juicio sucesorio, el notario sí podría ser autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues existe un ente de Derecho (el notario público) que, con fundamento en una ley, ejerce facultades irrenunciables actualizadas por la rogación de los particulares, establece una relación de supra a subordinación con un particular (los herederos y el tercero que se duele de la falta de llamamiento pues la actuación del notario pudo repercutir en su esfera jurídica al habérsele excluido

al margen La doctrina no ha sido unánime en determinar si los notarios públicos son o no funcionarios públicos. Inclusive, para algunos tratadistas el notario está, además, revestido de autoridad. de los posibles herederos) en la medida en que las escrituras (asimilables materialmente a actos decisorios) de adjudicación emitidas crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones, ya que dichas escrituras son válidas y vinculantes, sin que se requiera tener en cuenta la voluntad de la parte afectada, ni requieren homologación judicial.

La mayoría se apartó de los criterios de la Corte y minimizó una de las mayores violaciones al procedimiento, por violación a la garantía de audiencia, que se traduce en dejar a una de las partes en un estado de indefensión absoluta, actos de imposible reparación que hacen procedente el amparo indirecto, actualizando la figura del tercero extraño.

* Licenciado en Derecho por el ITAM, con estudios de doctorado en Derecho patrimonial en la Universidad Pompeu Fabra. Es autor de los libros Derecho concursal mexicano y Derecho de los consumidores a la información. Contacto: fernando@garciasais.com.mx.

1 La subordinación de las relaciones jurídicas es una característica esencial de las relaciones entre las autoridades del Estado y los particulares, en las que se ubica a las primeras en un plano de superioridad respecto de los segundos.

Este tipo de relaciones es regulado por el Derecho público y se caracteriza por la unilateralidad de los actos que provienen de las autoridades.

2 Tesis 1a./J. 99/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIX, febrero de 2009, p. 199.

3 Voto particular formulado por el ministro José Ramón Cossío Díaz en la contradicción de tesis 3/2007-PS. 4 Idem. Siguiendo la explicación del ministro Cossío, en el Derecho positivo mexicano, en términos generales, el trámite de sucesiones testamentarias ante notarios públicos puede abrirse cuando todos los herederos sean mayores de edad, exista testamento público abierto y no se suscite controversia. Una vez hecho el inventario y el avalúo por el albacea y satisfechos los impuestos correspondientes, el albacea, con la conformidad de todos los herederos, los presentará al notario para su protocolización. Posteriormente, el albacea deberá formar el proyecto de partición de la herencia, mismo que, con aprobación de los herederos, exhibirá al notario para su protocolización. Cuando se suscite controversia, el notario suspenderá su intervención y a costa de los interesados remitirá testimonio de lo practicado por él al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste.

5 Precisa Cossío que la relación de supra a subordinación no tiene que darse forzosamente en situaciones en las que exista un conflicto o una controversia entre las partes. Se puede dar aun ante la ausencia de una controversia. El elemento distintivo de este tipo de relaciones jurídicas es que se emitan o se realicen ciertos actos jurídicos sin tomar en cuenta la voluntad de la parte afectada y que dichos actos creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte la esfera jurídica del interesado.

6 La jurisprudencia ha evolucionado de manera constante y dinámica en lo que concierne a la determinación de cuándo se puede considerar “autoridad” a una persona (f ísica o moral) para efectos del juicio de amparo. Recordemos las interesantes aportaciones de Vallarta en torno al concepto de autoridad de hecho, para referirse a la que actuaba fuera de sus facultades y contra la cual procedía el amparo.

7 Tesis 2a. cciv/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, noviembre de 2001, p. 39.

8 Tesis 2a. xxxvi/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, marzo de 1999, p. 307.

9 Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación, regidas por el Derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.

10 Vid. voto particular en estudio.

11 Vid. Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México/ Porrúa, México, 2001, pp. 2216 y 2217; Bernardo Pérez Fernández del Castillo, Derecho notarial, 7ª ed., Porrúa, México, 1995, p. 166; César Eduardo Agraz, El Derecho notarial en Jalisco, Porrúa, México, 1996, p. 48; Froylán Bañuelos Sánchez, Derecho notarial. Interpretación, teoría, práctica y jurisprudencia, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1990, p. 140.

12 Quinta época, segunda sala, Semanario Judicial de la Federación, tomo XXV, p. 885.

13 Quinta época, tercera sala, Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXVI, p. 709.

14 Quinta época, tercera sala, Semanario Judicial de la Federación, tomo LXX, p. 3243.

15 Quinta época, tercera sala, Semanario Judicial de la Federación, tomo XCI, p. 1455.

16 Quinta época, tercera sala, Semanario Judicial de la Federación, tomo XCV, p. 646.

17 Quinta época, sala auxiliar, Semanario Judicial de la Federación, tomo CX, p. 1654.

18 Novena época, TCC, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, p. 878.

19 Novena época, TCC, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, septiembre de 2008, p. 1365.

20 ¿Los notarios deben sujetarse a las consecuencias procesales que derivan de la naturaleza de los juicios sucesorios?

Si la respuesta es sí, entonces le son aplicables a los notarios las reglas de competencia establecidas en los códigos procesales civiles, conforme a la lex rei sitae (es competente el juez del lugar donde se hallen los bienes o donde tuvo su último domicilio el de cujus) versus la de locus regit actum (sin importar el domicilio ni la ubicación de los bienes). ¿O los juicios sucesorios ventilados ante notario son sui generis?

21 Además, algunas leyes orgánicas de los poderes judiciales locales establecen que los notarios son auxiliares de la administración de justicia.

A juzgar por lo que ocurre en nuestro país, uno ya no sabe si la ley ayuda o estorba a la democracia. Tantos tecnicismos, empezando por las disposiciones constitucionales (que debieran ser artículos reglamentarios o, quizás, artículos transitorios de alguna ley) abonan poco para que la sociedad participe en las elecciones o para que sienta confianza en ellas. ¿Cómo se le explica a una comunidad que el que tuvo más votos pierda, debido a una fórmula legal, o que el que tuvo menos votos gane? Ante la incertidumbre, muchos prefieren matar a los candidatos, lesionarlos o presionarlos para que renuncien. Necesitamos un marco electoral más sencillo y accesible.

Muy bien se vio el Consejo de la Judicatura Federal al habilitar a 16 jueces de ejecución de sentencias. Ante el plazo que la ley marcó para hacerlo, y en vista de que no existe aún ley al respecto, los nuevos jueces operarán con la ley de los años setenta… Lo importante es que el Consejo de la Judicatura ha sabido agarrar el toro por los cuernos y enviar un mensaje de que, cuando se quiere, se puede…

Temiendo cualquier práctica de enriquecimiento ilícito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo para que pueda revisarse el patrimonio y la situación bancaria de los jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura Federal, incluyendo a su presidente. El acuerdo ha recibido aplausos —se trata de un avance en materia de transparencia y rendición de cuentas—, pero también críticas: ¿por qué no se incluyó a los ministros? ¿Por qué tardó tantos años en producirse?

Desde el 30 de noviembre de 2010, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Gestación Subrogada.

Pese a ello, el jefe de Gobierno capitalino no la ha promulgado ni la ha votado. Se rumora que la razón es que se dejó fuera a algunos grupos, como las parejas del mismo sexo, o que al hacer gratuito el contrato, se garantiza que ninguna mujer vaya a querer rentar su vientre. Entre que son peras o son manzanas, el proyecto sigue ahí.

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Sofía Esquivel Santos

Teófilo Benítez Granados: “Promovamos la reflexión crítica en las aulas” 12

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Cómo se inició el Centro de Estudios Superiores que usted dirige?

Nuestra institución surgió como un proyecto educativo de posgrado, para luego continuar con el de licenciatura. Inicialmente fue una alternativa para aquellos que deseaban continuar con una maestría o un doctorado, con colegiaturas accesibles y una planta calificada de catedráticos. Hoy somos reconocidos no sólo por la calidad de nuestros docentes sino también por el prestigio de nuestros egresados. ¿Cuál es la misión del CESCIJUC? El equipo de directivos y su planta docente tenemos la misión de plasmar matices inspirados en la reconocida teoría crítica de la enseñanza en nuestros planes y programas de estudio, tanto en licenciatura como en posgrado. Somos una institución que trabaja con dinámicas y enfoques pedagógicos innovadores. De ese modo pretendemos contribuir a elevar el nivel académico superior, posibilitando la aprehensión del conocimiento así como la transformación de la sociedad en la que vivimos. Nuestra institución tiene una misión humanista y crítica. ¿A qué se refiere cuando habla de la “teoría crítica de la enseñanza”?

La teoría crítica de la enseñanza significa la superación dialéctica de la perspectiva positivista de la educación; constituye un espacio para ser uno mismo, para aceptar la diversidad de formas sociales pero sin sometimiento. Es una teoría que aspira a hacernos conscientes y a luchar contra la dominación. Desde este punto de vista, renunciamos a ver la escuela como un simple espacio de instrucción; la vemos, más bien, como una zona de lucha, donde todos participan en la conformación de una sociedad nueva,

Frente a los retos que presenta la realidad actual de nuestro país en relación con la reforma al sistema de justicia penal y la capacitación de sus operadores para las nuevas funciones que tendrán que desempeñar, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC) ofrece una alternativa educativa con sus programas de formación en licenciatura, maestría y doctorado en Derecho, criminalística y juicios orales, entre otras áreas. De ello nos habla Teófilo Benítez Granados, rector de esta institución educativa. consciente, responsable y crítica. La reflexión crítica llega a ser una herramienta de edificación social, con limpieza, con ideas, con cultura y sin sumisión ni resignación. ¿Cuál es la visión de esta institución educativa?

La educación constituye una factura pendiente por parte de las diversas administraciones de nuestra clase política.

De hecho, se notan marcadas deficiencias que nos enfrentan a importantes retos y nos invitan a involucrarnos de manera propositiva en el tema. Así, planteamos un proyecto académico que induce al tránsito paulatino hacia la calidad educativa y hacia la transformación de nuestra sociedad.

La educación es una tarea noble y apremiante para el desarrollo integral de un país. Por eso nuestra visión con-

Renunciamos a ver la escuela como un simple espacio de instrucción; la vemos, más bien, como una zona de lucha, donde todos participan en la conformación de una sociedad nueva, consciente, responsable y crítica”

tiene implícita y explícitamente una propuesta didáctica de renovación social mediante la impartición de planes y programas de estudio y la realización de actividades de aprendizaje que promuevan la reflexión crítica y la actuación consciente y responsable. Estamos convencidos de que experimentar y llevar a la práctica nuevos métodos pedagógicos nos permite avanzar en lo que primordialmente nos involucra como sujetos comprometidos con la investigación y la docencia de calidad. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen?

Específicamente son tres, los cuales involucran a los alumnos, al personal docente y a la sociedad en general. El primero es contribuir en la formación integral de nuestro alumnado; el segundo, impulsar continuamente y de manera coordinada la capacitación de nuestro personal docente, como una vía hacia la excelencia profesional tanto dentro como fuera de las aulas de clase; y el tercero, propiciar de manera sustancial la transformación de la sociedad en la que vivimos. Nos interesa enlazar la educación con el contex-

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to histórico-social, relacionar la teoría y la práctica, articular la docencia con la investigación.

Para lograr lo anterior, damos un enfoque crítico a nuestros planes y programas de estudio, enriqueciéndolos de manera continua con dinámicas educativas que fomenten el trabajo intelectual interdisciplinario para obtener, entre otras cosas, una óptima valoración de las potencialidades y de las aportaciones constructivas, ya sean individuales o colectivas. ¿Qué licenciaturas y posgrados imparten?

Tenemos las licenciaturas en Derecho, criminalística, contaduría pública, administración de empresas, pedagogía y psicopedagogía. En posgrado impartimos las maestrías en Derecho proce-

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Damos un enfoque crítico a nuestros planes y programas de estudio, enriqueciéndolos de manera continua con dinámicas educativas que fomenten el trabajo intelectual interdisciplinario” sal penal con especialidad en juicios orales, Derecho procesal civil, también con especialidad en juicios orales, maestría en Derecho laboral, doctorados en Derecho penal y en Derecho civil, y especialidades en amparo, juicios orales y criminalística. ¿Qué tan difícil ha sido abrirse camino en un campo tan competido como la educación superior, especialmente en el ámbito del Derecho?

Todo inicio es dif ícil. Nosotros comenzamos con el programa de pos-

grado y luego con las licenciaturas, y nuestros mejores promotores han sido los propios alumnos. Con ellos compartimos un gran sentido de fidelidad, pues nosotros les fomentamos el conocimiento y ellos nos traen a sus hermanos, a sus amigos, a sus padres y a sus hijos. Hay algunas familias completas que participan con nosotros. Hoy tenemos planteles en Balderas y Niños Héroes (en el Distrito Federal), Toluca, Tlalnepantla y Avenida Central (en el Estado de México), y en Puebla.

También cuentan con la Fundación CESCIJUC. ¿Qué actividades realiza?

Desde su creación en 2009, la Fundación CESCIJUC es presidida por el señor Teófilo Benítez Arrona, con el apoyo de la vicepresidenta María Elena Granados Enciso. Es una organización sin fines de lucro, que apoya a madres solteras, a alumnos con problemas de integración familiar y a personas con limitaciones económicas. Incluye proyectos de mejora social y apoya a grupos o a instituciones que tengan propósitos y fines nobles, incluidos centros de reclusión. Muchas veces el apoyo es económico o de equipamiento, pero algunas veces es moral, pues hay personas que aun siendo autosuficientes económicamente necesitan una asesoría o una palabra de aliento para continuar su camino en la vida.

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va, se realiza mediante la vía educativa, otorgando becas, aportando asesoría jurídica o enlazando a la persona con nuestros alumnos o maestros, quienes se encuentran en una posición profesional apta para contribuir a la solución de los problemas.

Asimismo, cuenta con diversos proyectos sociales, como apoyos a otras fundaciones, convenios para dar capacitación y dictar conferencias, y, en lo que representa su proyecto más reciente, realizar diversos programas de licenciatura y de posgrado en algunos centros penitenciarios del país, ofreciendo material y equipo de cómputo, así como sesiones académicas, todo sin costo para quien, estando privado de su libertad, decide mejorar su vida mediante la disciplina y el estudio.

El ideal que orienta a la fundación es la creencia de que el espíritu humano puede colaborar dignamente para el bienestar común.

Y aunque los más necesitados pueden ser personas que no poseen bienes económicos o que tienen limitaciones severas, la fundación también está abierta para quienes, poseyendo bienes materiales, tienen padecimientos de carácter emocional, afectivo o de salud.

María Elena Granados Enciso, vicepresidenta de la fundación CESCIJUC, y Teófilo Benítez Granados

Fundación CESCIJUC Desde su creación en 2009, la Fundación CESCIJUC —cuyo presidente es Teófilo Benítez Arrona y cuya vicepresidenta es María Elena Granados Enciso— fue concebida como una organización sin fines de lucro que contribuye tanto al desarrollo del proceso educativo como a la promoción de obras nobles con alto sentido de solidaridad y de valores morales.

Sus esfuerzos se centran en apoyar a alumnos que están en una situación de desventaja, por motivos económicos, sociales o de salud, bajo la premisa de que cuando una persona es apoyada o simplemente es escuchada, eleva su estado de ánimo y mejora su perspectiva.

La solución a los problemas de algunos alumnos del CESCIJUC, e incluso de algunas personas ajenas a esta institución educati-

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Diversos académicos del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC) nos ofrecen breves aportaciones sobre el fenómeno educativo en nuestro país, en el contexto del problema de criminalidad que en los últimos años se ha agudizado y de las diversas medidas implementadas para su combate.

La teoría crítica y la educación Luis Miguel García Arrieta La originalidad en el trabajo de la Escuela de Frankfurt es poder desplazarse en dos vértices: la ciencia sociológica y la teoría crítica; de esta última surge una corriente crítica de la educación, mediante una relación de carácter dialéctico que de alguna manera encierra ideas sobre el cambio social y, sobre todo, acerca del papel que desempeña el proceso educativo en los cambios y en las transformaciones de las sociedades.

Jürgen Habermas abre nuevas perspectivas para la orientación de la práctica investigativa. La percepción de llevarla a cabo mediante un enfoque metodológico tiene como objetivo no sólo hacerla salir de su aislamiento científico, sino también llevarla al ámbito político, por lo que esta actualización tiene su fuente en la epistemología de la lógica social.

Por otra parte, la crítica ideológica y la teoría crítica de la educación requieren también de un gran espacio para la duda, por lo cual en algunas ocasiones el carácter científico impide demostrar oposición y, evidentemente, existe el ocultamiento de valores, de gran relevancia en la actualidad en el seno de las instituciones educativas privadas y públicas.

De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Educación Pública debería realizar un replanteamiento, en los planes y programas de estudio, para que todos los mexicanos puedan acceder a una buena educación.

La actualización de los planes de estudio con la implementación del sistema acusatorio Francisco Javier Estrada Granados Con las reformas constitucionales de junio de 2008 por doquier se realizan cursos de capacitación y diplomados en “juicios orales”. Sin embargo, poco se ha hecho en cuanto a la adecuación de los planes y programas de estudio en los diferentes niveles escolares. Es cierto que el plazo para concluir el cambio hacia un sistema penal acusatorio es de ocho años (hasta 2016), pero ya hemos consumido casi tres, por lo cual el tiempo ya es corto para adecuar los contenidos de enseñanza con respecto al referido sistema penal.

Conceptos como concentración, continuidad, contradicción, inmediación, oralidad, metodología y teoría del caso, presunción de inocencia, etcétera, ya deberían estar presentes en los contenidos curriculares, pero nunca se dio un plazo a las instituciones escolares para que modificaran los contenidos de sus planes y programas de estudio. En el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas ya hemos realizado los ajustes a los planes y programas de licenciatura y de posgrado. Tal es el caso, por ejemplo, del programa de maestría en Derecho procesal penal con especialidad en juicios orales, el cual ha sido estructurado de acuerdo a la reforma constitucional de 2008.

Distorsión en la percepción de la excelencia educativa Fermín Bautista Cejudo La educación basada en competencias significa la adquisición de conocimientos para la ejecución de tareas técnicas, de distribución de bienes y servicios, de gestión de negocios, de mercadeo y de producción de mercancías. El currículum se ha ido ajustando para solventar las necesidades de la economía de mercado, para lograr que la persona asimile ciertos conocimientos que le permitan mostrar externamente sus capacidades para el trabajo, con determinadas actitudes de disciplina, habilidades cognitivas, apego irrestricto a las normas, y hasta un comportamiento afectivo, todo encaminado al cumplimiento de tareas de producción.

Pero ¿dónde ha quedado la conformación de una educación basada en valores y no precisamente en competencias?, ¿dónde están los valores derivados del humanismo ilustrado (lealtad, amor fraternal, igualdad)?

Los valores del idealismo han sido cambiados por los valores del pragmatismo.

Por ejemplo, hoy no existe lealtad con respecto a la institución que da empleo; el trabajador emigra en pos de un lugar que le ofrezca mejor salario. En correspondencia, la empresa desecha a quien no le es útil, de preferencia sin indemnización. En la realidad ya no existe un sentido de pertenencia en el ámbito laboral.

Los valores de lealtad y pertenencia son sólo una pequeña muestra de lo que se ha perdido. Por cierto, estos valores no se promueven en la educación por competencias, tan impulsada por la Secretaría de Educación Pública y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Política criminal y educación Rosa María Santillán Julián El problema de la delincuencia se origina en la incapacidad de los órganos de procuración e impartición de justicia, ya que el actual sistema penal es de carácter represivo, no obstante que en la aplicación de la Constitución y de los principios del Derecho, el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional son desnaturalizados.

La política criminal implementada por el Estado mexicano para combatir a la delincuencia organizada ha causado polémica, y se olvida que el orden jurídico y el orden penal se encuentran vinculados claramente con la realidad social, económica, educativa y cultural del país. Por lo anterior, es importante renovar los planes y programas de estudio en todos los niveles educativos e implementar la materia de prevención del delito. Asimismo, también dentro de la política criminal, deben participar la familia, los académicos, los directivos de las instituciones de enseñanza y las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, así como la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto.

La unión de los esfuerzos de los sectores público, privado y social será de gran utilidad para la educación, la cultura y la prevención.

Educación: un camino a la liberación Francisco Javier García Ramírez Las aportaciones de la Escuela de Frankfurt han resultado válidas para el análisis de lo que sucede en la modernidad y en la posmodernidad. De sus estudios ha derivado la proposición de emancipar y transformar a la sociedad, a fin de tomar conciencia y lograr mejoras en sus condiciones políticas y económicas.

Adorno y Horkheimer habían develado ya el desencantamiento del mundo. Descubrieron que los ideales de la educación ilustrada eran sólo un mito; que la educación no había logrado los propósitos de la ilustración; que la libertad, la igualdad, la fraternidad y el desarrollo feliz del hombre no habían llegado al seno del mundo liberal. Ellos insistieron en rescatar la dimensión liberadora de un proyecto social de transformación a través de un discurso educativo radicalmente renovado, que nos devolviera a la realidad, librándonos de la inconsciencia.

Pero ¿es posible que sólo un puñado de intelectuales se haya abstraído de la convulsionada realidad para analizar lo que sucede en la realidad?, ¿es que los demás estamos absortos en los afanes cotidianos?

La teoría crítica de los frankfurtianos caló hondo en la conformación de la pedagogía crítica; influyó decisivamente en los pedagogos de la reproducción: Michael Apple, Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren, Thomas S. Popkewitz, Michael Young y Gimeno Sacristán, entre otros, quienes tomaron la estafeta para proponer la autoconciencia y la liberación.

Sabemos que las instituciones escolares están siendo rediseñadas como espacios de aplicación de exigencias económicas y sociales; sin embargo, deberíamos despertar conciencias. Por ello hemos constituido el Instituto de Investigación del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas como una alternativa en la búsqueda del conocimiento que pueda emancipar nuestras conciencias. Si bien es dif ícil aglutinar investigadores comprometidos y capaces, ya hemos abierto algunas brechas por las cuales se puede transitar.

Oportunidades educativas vs. criminalidad Maura Norma Benítez Granados

El proyecto educativo del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas propone la formación de personas renovadas, críticas, creativas, que hagan posible la creación de nuevas estructuras sociales. Tenemos ya varias generaciones de egresados de los programas de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura. Lo anterior representa una aportación para resolver las contradicciones que obstaculizan la conquista de una sociedad digna y diferente.

En estos tiempos se han reducido de manera considerable los presupuestos para las universidades públicas, se ha disminuido su capacidad financiera y hasta se ha procurado su descrédito ante la sociedad. Al limitarse las opciones de las universidades públicas se abrió el abanico de las universidades privadas, pero se formaron instituciones con un eminente afán de lucro, mientras otras decidieron dar una oportunidad a los menos favorecidos. Ése fue el momento de creación de nuestro Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, el cual pretende ser accesible para todas las personas, ofrece una planta docente cuyos profesores de asignatura poseen estudios de posgrado, y va creciendo con el esfuerzo conjunto de alumnos, personal administrativo y catedráticos.

Mientras hoy la política criminal y de prevención del delito que se basa en el choque policial, en actividades de inteligencia contra la criminalidad y en el patrullaje del ejército en las calles, nosotros proponemos la formación de la materia prima social, dando educación, capacitando, promoviendo valores sociales, ensalzando a la familia y dando oportunidades de educación a quienes no las tienen.

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La cadena de custodia en el nuevo sistema penal acusatorio Gabriel Mauricio Flores Pérez La cadena de custodia no es un término nuevo en el sistema penal acusatorio. Debemos tener bien claro cuál es su significado, porque al ser un elemento f ísico en materia probatoria, no se debe dejar a consideración discrecional de los servidores públicos o privados.

La cadena de custodia puede definirse como el sistema de registro y control para el aseguramiento de la evidencia f ísica que ha sido rastreada, localizada, identificada, fijada, levantada, embalada y etiquetada, para su debida canalización a los diferentes laboratorios o al lugar destinado para su permanencia o almacenamiento, evitando su alteración, su contaminación o su destrucción.

Su registro debe realizarse por escrito, en un formato que permita el control del estado en el que se encuentra la evidencia f ísica y que contenga la lista de los servidores públicos o privados que tuvieron contacto con ella. Todo lo anterior, para conocer qué tipo de estudio se realizó, si se agotó la muestra en el estudio, si se sigue estudiando o cuál es el lugar donde se almacenó.

Por otra parte, son relevantes los términos identificar, fijar, levantar y etiquetar la evidencia f ísica. El investigador deberá emplear una adecuada técnica de búsqueda de los indicios resultantes de la conducta delictiva. La naturaleza del indicio nos dictará qué formas de fijación deberán emplearse para que se proceda a su levantamiento, el cual, si bien podría resultar muy simple, requiere una técnica específica para cada tipo de indicio y para cada tipo de recipiente, empaque o contenedor. Finalmente, en lo que atañe a la evidencia material recabada en determinado lugar, ésta deberá etiquetarse o rotularse anotando los datos administrativos que se desprendan.

Obligada transformación del Ministerio Público Ángel Guadalupe González Morales La controvertida figura de la representación social es percibida de manera diferente según el actor de que se trate (ofendido, víctima, juzgador, testigo o denunciante). Sin embargo, es claro que el Ministerio Público es la instancia responsable de investigar y perseguir los delitos.

Esta figura sui generis, concebida como un órgano de buena fe, pretende ser una institución con firmes objetivos de confiabilidad y eficacia, pero comúnmente es evaluada de manera negativa por la sociedad, por la percepción de inequidad y de corrupción que se tiene de ella. Por esta razón existe la necesidad de renovar a fondo su estructura, de modo que responda a los requerimientos sociales y a los problemas actuales derivados de la nueva dinámica delictiva.

La necesidad de esta modificación se sustenta en diversos estudios y análisis que se han hecho de las fortalezas y las deficiencias no sólo de la función ministerial, sino de todo el sistema punitivo. Desde luego, están por discutirse las condiciones reales de su actuación después de las reformas constitucionales de 2008, y habrán de evaluarse conforme se aplique el nuevo sistema penal de tendencia acusatoria.

El principio de legalidad y la racionalidad del sistema jurídico penal mexicano Osiris Vázquez Rangel Se puede plantear la pregunta sobre la racionalidad de cualquier sistema jurídico, en especial sobre los principios epistemológicos que lo rigen. Al respecto, la elaboración de los textos normativos a cargo de los legisladores es el resultado de acuerdos, lo que demuestra el carácter convencional o artificial del Derecho y descarta su conformación de acuerdo con la “naturaleza” o con cualquier otro criterio de certeza absoluta y eterna.

Por ello, es necesario que las palabras que utilicen los legisladores sean lo menos “abiertas” posibles; es decir, que para su interpretación no se tenga que recurrir a ámbitos discutidos o sumamente opinables. Lo anterior significa que la ley debe ser previa a la realización del acto sancionable (lex praevia), escrita (lex scripta), estricta (lex stricta) y cierta (lex certa). Lo anterior constituye el principio de estricta legalidad, según Luigi Ferrajoli.

En cuanto a la actividad jurisdiccional, los juzgadores deberían evitar interpretaciones extensivas, pues si bien para aplicar una norma jurídica primero deben interpretar el texto normativo (disposición), frente a diversas posibilidades de interpretación deberán optar por la más restrictiva, al ser ésta la que aumenta los ámbitos de libertad de los gobernados.

Para establecer mecanismos que regulen la actividad de interpretación del juzgador, y a fin de contar con una mayor racionalidad, debe establecerse una disposición a nivel constitucional (en el artículo 14, párrafo tercero) que prohíba cualquier tipo de interpretación extensiva (no sólo la analogía y la mayoría de razón) para lograr que los legisladores sean más precisos en la redacción de los supuestos sancionables y que los jueces no caigan en la tentación de la creación normativa.

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La Cámara de Diputados aprueba el juicio en línea Ante el excesivo número de juicios ingresados al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y frente al compromiso de brindar servicios judiciales de calidad, de manera pronta y expedita, la Cámara de Diputados aprobó recientemente reformas a diversos ordenamientos jurídicos que tienen por objeto agilizar el proceso de impartición de justicia fiscal.

E

n días recientes la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el objetivo de ofrecer respuestas más ágiles a las exigencias de

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justicia de la sociedad, específicamente en el ámbito fiscal. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que las reformas permitirán usar las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación (internet) para aplicarlas a los procesos de juicios fiscales, con lo que se da pauta al deno-

minado juicio en línea, un proceso que utiliza internet desde la presentación de la demanda hasta la emisión y la notificación de la sentencia.

En un inventario realizado en 2000, el número de juicios ingresados al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa era de 37,511; para 2007, la cantidad de expedientes rebasaba

Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados

118,000, y al 31 de enero de 2011 existían 89,609 asuntos en trámite.

Cabe destacar que el interés económico, considerando sólo 65 por ciento de los asuntos en trámite, rebasa los 365,059 millones de pesos, monto que implica 10.3 veces el Programa Oportunidades 2011.

Hoy, mediante el juicio en línea —del cual Ramírez Marín fue un decidido promotor— todo el trámite de cada proceso contencioso fiscal, desde la demanda hasta la sentencia, podrá efectuarse a través de internet, lo cual coadyuvará al cumplimiento del artículo 17 constitucional al proporcionar una sentencia pronta y expedita.

En la actualidad un juicio por la vía tradicional se resuelve en tres años en promedio. Mediante el juicio en línea, el tiempo de resolución no excederá 12 meses, lo que equivale a una reducción de tiempo de más de 60 por ciento.

Además, se establece la figura del amparo adhesivo, y a quien lo promueva se le impone la carga de invocar todas aquellas violaciones procesales que estime puedan afectar sus derechos en el procedimiento de origen.

Con lo anterior se pretende que en un solo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse respecto de la totalidad del proceso y no a través de diversos amparos, como sucede ahora.

Ahora también, mediante un procedimiento que se establece en la Constitución, es posible que el Poder Judicial federal nulifique los efectos de dispo-

siciones generales, incluso las emitidas por el Poder Legislativo o por el presidente de la República, cuando se constate que existe violación constitucional de una ley, de un acto o de un reglamento. Ya no se protege sólo al que invoca el juicio de amparo, sino que el beneficio se amplía a aquellos que están en la misma situación.

Otro aspecto importante es el tradicional principio de instancia de parte agraviada. Antes, el juicio de amparo era muy técnico y para tener acceso a éste había que acreditar de manera fehaciente, por parte del interesado, la afectación de un derecho, pero muy concreto y específico. De haber tenido alguna ambigüedad, el amparo era sobreseído y prácticamente se perdía.

Ahora se amplía el concepto de instancia de parte agraviada, el concepto de interés jurídico, por uno más amplio que en muchos países ya existía y que se denomina concepto de interés legítimo.

No obstante que se ha avanzado mucho en esta materia y ahora tenemos un amparo más moderno, se requiere dar continuidad a las reformas constitucionales para dar pie a una Ley de Amparo.

Las reformas hechas por la Cámara de Diputados fueron avaladas en el Senado el lunes 13 de diciembre de 2010 con 90 votos a favor; posteriormente se enviaron a las legislaturas de los estados para su aprobación.

Juicio de amparo Asimismo, el 7 de diciembre de 2010 la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la minuta enviada por el Senado para reformar los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución política en materia de juicio de amparo.

Con las adecuaciones se avaló la incorporación de su procedencia respecto de violaciones a derechos humanos de segunda y de tercera generación, contenidos en los tratados internacionales firmados por México.

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Jaime R. Guerra González

El concurso mercantil con plan de reestructura previa Cuando se desecha o se niega un concurso mercantil con plan de reestructura previa, ¿procede el recurso de apelación conforme al artículo 49 de la Ley de Concursos Mercantiles? ¿Son aplicables las reglas del concurso mercantil ordinario? El autor de este artículo, socio fundador de la firma Guerra González y Asociados, S.C., y especialista en concursos mercantiles, nos ofrece su análisis sobre este tema.

E

l 27 de diciembre de 2007 se reformó la Ley de Concursos Mercantiles, adicionándose el título decimocuarto, que regula el concurso mercantil con plan de reestructura previa.

En los escasos cuatro artículos de dicho título se prevé que, para que un comerciante pueda acogerse al concurso mercantil con plan de reestructura previa, debe presentar una solicitud de concurso con aprobación de 40 por ciento de sus adeudos a través de sus acreedores. Dicha solicitud debe reunir los requisitos a que se refiere el artículo 20 de la ley de la materia.

En los casi cuatro años de vigencia de dicha reforma, únicamente tres empresas han solicitado el plan de concurso mercantil con plan de reestructura previa, de las cuales dos ya concluyeron con un convenio aprobado por la mayoría de los acreedores.

El artículo 342 de la Ley de Concursos Mercantiles ordena claramente que las reglas del concurso mercantil ordinario se apliquen a dicho procedimiento concursal preconveniado cuando éste haya sido declarado en concurso en senten-

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cia pronunciada en tal tipo de procedimientos, reuniendo dicha sentencia los requisitos que establece la ley.

Tal precepto únicamente regula la hipótesis del dictado de una sentencia que admita el concurso preconveniado.

De dicho precepto no se desprende en forma alguna que, en caso de desechamiento del concurso preconveniado o de su propia negativa, resulten aplicables las reglas del concurso mercantil ordinario.

Con motivo de lo anterior, la duda que salta a la vista para el estudioso del Derecho es la siguiente: ¿qué recurso procede en caso de desechamiento o negativa de un concurso preconveniado entre el comerciante y sus acreedores? ¿Procede el recurso de apelación conforme al artículo 49 de la Ley de Concursos Mercantiles? ¿Son aplicables las reglas del concurso mercantil ordinario en caso de negativa o desechamiento de un concurso preconveniado entre el comerciante y sus acreedores?

Analicémoslo. a) El artículo 268 de la Ley de Concursos Mercantiles establece que el recurso de apelación procede en los juicios concursales cuando expresamente

lo determine dicho ordenamiento legal, y cuando éste no prevé en precepto alguno la providencia de dicho recurso, entonces el recurso procedente es el de revocación. b) Como se expresó con anterioridad, el artículo 342 de dicho ordenamiento legal prevé que solamente son aplicables las reglas del juicio concursal ordinario al concurso en plan de reestructura previa, cuando se admita el mismo, y dicho precepto no establece la hipótesis cuando el mismo es negado o desechado, razón por la cual las reglas del juicio ordinario no resultan aplicables a dichas hipótesis. c) El artículo 49 de la Ley de Concursos Mercantiles establece la procedencia del recurso de apelación en los casos del dictado de una sentencia en los juicios concursales ordinarios, iniciado por el comerciante y que se denomina concurso voluntario, o iniciado por los acreedores y que se denomina concurso involuntario, y no en los casos en que sea tratado como procedimiento concursal preconveniado a un plan de reestructura previa. d) Lo anterior es así porque el precepto 342 de la multicitada ley en ningún momento regula expresamente que en caso de desechamiento o negativa de un concurso de reestructura previa sean aplicables las reglas del juicio concursal ordinario. e) Dicho criterio ha sido sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis jurisprudencial visible en el tomo XXVI, de diciembre de 2007, p. 1696, bajo el rubro “concurso mercantil. el auto que desecha la solicitud de su declaración es impugnable a través del recurso de revocación y no del de apelación. De los artículos 49, 145, 175 y 266 de la Ley de Concursos Mercantiles se advierte que el legislador dispuso una serie de hipótesis en las que específicamen-

te es procedente el recurso de apelación. Sin embargo, en ninguno de los citados preceptos se prevé el supuesto relativo a la procedencia de dicho medio de defensa contra el desechamiento de la solicitud de declaración de un concurso mercantil. Por tanto, si el diverso numeral 268 del mismo ordenamiento establece que cuando la propia ley no contemple el recurso de apelación procederá la revocación, es inconcuso que contra una determinación de esta naturaleza procede el último de los mencionados medios de impugnación. No es obstáculo para ello el que, conforme a los artículos 1339, 1340 y 1341 del Código de Comercio, tratándose de autos, son apelables los definitivos que pongan fin al juicio, como lo es el que desecha la solicitud de declaración de concurso mercantil, pues lo cierto es que la ley concursal contiene su propio sistema de recursos, por lo que en tratándose

GG

de su procedencia no puede aplicarse supletoriamente el Código de Comercio, aunque sí para su sustanciación o tramitación, por disposición expresa de la legislación de la materia”.1 Aun cuando este último criterio jurisprudencial se refiere a los concursos ordinarios, también resulta aplicable a los concursos preconveniados, porque resulta la misma hipótesis.

Con independencia de los escasos procedimientos que se han llevado a cabo al amparo de dicha reforma, no pasa inadvertido que en tan pocos artículos se puede reglamentar, como se hizo, todo un procedimiento concursal que implica una complejidad mayúscula y que no puede estar sujeta a interpretaciones diversas.

Nuestro Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, como órgano auxiliar de la administración de justicia en este tipo de procesos, debe y deberá promover las re-

formas necesarias para ajustar los preceptos antes referidos, que ante la gran cantidad de lagunas de ley, deberán satisfacerse en beneficio de la seguridad jurídica que todo procedimiento debe revertir, más aún cuando es un procedimiento que desde la enterada del acuerdo a la solicitud, se debe participar a todos los acreedores interesados para que hagan valer sus derechos y no esperar hasta el dictado de la sentencia de concurso, porque ello provoca una evidente violación a las garantías de audiencia, igualdad de las partes en un proceso concursal y de acceso a la administración de justicia, por limitarse los derechos a los demás acreedores a aquellos que no participaron en el preconvenido.

1 Amparo directo 312/2007, Antico, S.A. de C.V., 5 de octubre de 2007, unanimidad de votos, ponente: María Elisa Tejada Hernández, secretario: Nelson Loranca Ventura.

A

Guerra González y Asociados, S.C. ABOGADOS Especialistas en Derecho concursal, mercan l, civil, administra vo, familiar y arbitraje y mediación

Santa Margarita 232, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F. Tel.: (55) 5488-6100 Fax: (55) 5543-6621 www.guerragonzalez-abogados.com

José Jaime Rivero

Alejandro Madrazo Lajous: “Un Derecho que no transforma a la sociedad es inútil” 24

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Existe o no una agenda definida del interés público?

Yo creo que se está formando una agenda del interés público; creo que hay diversas iniciativas y personas atraídas por temas de interés público, que buscan aprovechar el Derecho para avanzar en una agenda de interés público, pero siento que aún estamos en un periodo muy embrionario, en el que apenas estamos viendo cuál es esa agenda. Aún estamos en una etapa en que la agenda está siendo fijada más por ventanas de oportunidad que por estrategias trazadas a largo plazo. Lo bueno es que son muchas las ventanas de oportunidad.

Hay muchos temas que se ofrecen a consideración del gremio jurídico, y la posibilidad de construir una agenda de interés público desde el litigio tiene que ver con cambios estructurales en el sistema político y en el sistema judicial. Los mexicanos estamos entrando a una dinámica que podríamos calificar de hemisférica y que en lugares como Argentina, Colombia, Canadá o Estados Unidos lleva ya años o décadas en construcción.

Con más frecuencia de lo que sería deseable, la primera práctica profesional de los estudiantes de Derecho se limita a fungir como “mano de obra barata” para los despachos, desperdiciándose la oportunidad de vincular a los futuros abogados con un trabajo sustantivo. Consciente de este problema, Alejandro Madrazo Lajous impulsa, desde la Clínica de Interés Público del CIDE, la práctica de un Derecho transformador de la sociedad.

¿Hacia dónde va esa tendencia hemisférica en el caso del Derecho en México?

Hoy el Derecho se está transformando en un espacio simbólico que los ciudadanos hemos conquistado. Los ciudadanos estamos leyendo nuestros derechos y los estamos exigiendo, y al hacerlo contribuimos a definirlos o redefinirlos y a hacerlos efectivos.

La transformación del Derecho de una pieza de cambio de negociación política a un espacio simbólico es importantísima. Aunque todavía no estamos llegando a una aplicación satisfactoria del Derecho, y aunque todavía tengamos 98.5 por ciento de tasa de impunidad en materia penal, el hecho de que el Derecho sea un espacio simbólico que ya los ciudadanos volteamos a ver, y exigimos y pedimos un cierto estándar de cumplimiento con esa norma, representa un cambio cultural profundo.

Ese cambio cultural profundo tiene el potencial de llevarnos a una mejor implementación del Estado de Derecho, a un mejor cumplimiento de las normas por parte de ciudadanos y por parte de la autoridad.

Entonces ¿cómo concatenamos esa idea del Derecho en relación con la manera en que lo aprendemos los abogados mexicanos?

Hay, por así decirlo, dos agendas. Una es la de la academia, y tiene que ver con abrir el Derecho a otras disciplinas y entenderlo en sus distintas facetas. Nuestra historia del Derecho se ha caracterizado por ser paupérrima en el sentido de que no entendemos el contexto en el que se dan las normas. El Derecho es mucho más que leyes; también es práctica, e, inclusive, una concepción del mundo, al menos del mundo político.

Entonces, interesa entender la cosmovisión que implica el Derecho, con todos sus símbolos, con todos sus valores, con toda la carga cultural que trae.

La otra parte es vincular la academia con la práctica en forma estructurada.

La enseñanza del Derecho siempre ha estado vinculada de manera informal a la práctica. Todos los alumnos de Derecho, desde los primeros semestres, complementan la escuela con la práctica (yo entré a trabajar en quinto semestre de la carrera y ya era de los tardados de mi generación).

Si queremos construir un Estado viable, un Estado legítimo, un Estado creíble, tenemos que construir una cultura de la legalidad. Esa construcción pasa primero por visibilizar al Derecho, y lo estamos visibilizando primero en los tribunales. Estamos en un proceso de transición muy importante y por eso es necesario que la academia mexicana se transforme, que ya no estemos nada más volteando a ver el código civil. También hay que voltear a ver lo que el juez dice acerca del código civil y voltear a ver lo que las partes de un contrato hacen en los hechos en relación con el código civil.

Entender cómo opera el Derecho es muy importante, y ese tipo de estudios los estamos empezando a hacer en México. ¿Cómo va el avance en este aspecto?

La incorporación de diversas herramientas metodológicas y distintas perspectivas al estudio de lo jurídico ya es una realidad en nuestro país; incipiente, pero una realidad. Esto está cambiando el perfil de la academia jurídica, o por lo menos tiene el potencial de cambiarlo y, en consecuencia, de cambiar nuestra cultura jurídica. Hay que olvidar la obsesión nuestra por la pureza del Derecho y la pretendida cientificidad de su estudio. No importa si lo que estoy haciendo es calificado como ciencia o no; a mí me interesa si es útil o

no es útil para entender los fenómenos que nos preocupan. Que hagan ciencia los que traen bata; a mí me interesa que esto sea útil, que siga criterios rigurosos y que busque responder a las preguntas dif íciles.

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¿Por qué? Porque lo que ves en las escuelas, con la enseñanza tradicional, te sirve muy poco para la práctica. Si cursas la carrera en cinco años y después llegas a pedir chamba de abogado, vas a estar en una gran desventaja, y dif ícilmente conseguirás el puesto. Por eso todo mundo ha complementado su enseñanza con la práctica —en despachos, notarías, oficinas de gobierno o juzgados— durante años.

El problema es que esta forma de vincular la práctica con el aprendizaje deja mucho que desear. Un alumno, copiando acuerdos durante muchos años en un juzgado, sin que aprenda a razonar o a abordar un problema jurídico dif ícil, en realidad está fungiendo como mano de obra barata para los despachos. Por eso, en vez de hacerlo como el Borras, incorporemos la práctica a nuestro programa docente, hagamos prácticas profesionales orientadas, evaluadas, ubicadas y colocadas en despachos o en órganos públicos, donde podamos saber que los alumnos están siendo involucrados en el trabajo sustantivo y no nada más en ir a copiar acuerdos.

Además, tenemos espacios dentro de la academia en los que pueden entrar a practicar, como la clínica de interés público, y reflexionar sobre esa práctica.

¿Cuál ha sido el resultado de la clínica de interés público en el CIDE? El resultado es que tienes una clínica que ha litigado el caso de Derecho penal más importante en la historia de este país: Acteal. Los criterios más importantes en materia de garantismo penal que se han establecido han salido a raíz de ese caso. Ya los demás casos, como Atenco y el caso de Alberta y Teresa, son casos que han abrevado de los criterios de Acteal.

También es una clínica que está realizando litigio innovador en materia de control de tabaco, inclusive cuestionando figuras procesales inveteradas del amparo como el interés jurídico muy estrecho o la fórmula Otero.

Y bueno, en materia de derechos fundamentales, yo creo que una de las discusiones más ricas, robustas, apasionantes y esperanzadoras que hemos visto tener a la Corte, fue la decisión en el litigio sobre la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, y ahí estuvieron también la clínica y el Programa de Derecho a la Salud del CIDE, representando a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La clínica ha desempeñado un papel clave, y creo que nació precisamente con esa idea: no se trata solamente de que los alumnos tengan la experiencia práctica, sino que la propia edu-

Alejandro Madrazo Lajous cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Yale, Estados Unidos. Asimismo, es profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, coordinador del Programa de Derecho a la Salud dentro de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y colaborador de la Clínica de Interés Público de esa misma institución. Ha ejercido como litigante, especializándose en controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre los casos que ha litigado, destacan la impugnación de la Ley Televisa, la defensa de la constitucionalidad de la interrupción legal del embarazo, la Ley de Protección a los no Fumadores y los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal. Es activista e impulsor del litigio de interés público principalmente en temas vinculados con el derecho a la salud.

Ha publicado artículos en México y en el extranjero sobre enseñanza del Derecho, justicia constitucional, derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, libertad de expresión e historia del pensamiento jurídico.

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cación contemple a la práctica como algo valioso, y a lo práctico como algo de lo que se aprende. De alguna forma es como una investigación que se realiza a través de la práctica del Derecho, porque se están explorando nuevas cosas, nuevos ángulos, nuevos argumentos. No sólo estás enseñando a los alumnos a litigar, sino que estás explorando, junto con ellos, nuevas formas de hacer exigibles los derechos sociales; se están explorando nuevos mecanismos para poder dotar de efectos generales a las sentencias de amparo. Yo diría que la clínica de interés público es una investigación activa, un laboratorio vivo. Es fascinante lo que ha logrado la clínica. ¿Cuál es su experiencia personal sobre el impacto del litigio?

Cuando yo regresé del doctorado decidí dedicarme a litigar. Existía un espacio relativamente nuevo que era la Suprema Corte de Justicia con cachucha de tribunal constitucional, y fui a ver qué estaba sucediendo ahí.

Regresé a lo que yo pensaba en mi cabeza era una especie de “guerrilla jurídica”. No puedes hacer una guerra para transformar el Derecho en este país, no tienes la capacidad; pero lo que sí puedes hacer es escoger batallas muy puntuales que puedan tener incidencia en la transformación de la cultura jurídica. El primer litigio que trabajé lo llevamos en un despacho que eché a andar con quien había sido mi jefe antes de la maestría. El primer caso que llevamos fue el caso de la Ley Televisa, y bueno, al año lo ganamos contra todo pronóstico. Y no sólo lo ganamos, sino que se generaron criterios importantísimos en materia de libertad de expresión, telecomunicaciones, concesiones y competencia económica. Vamos, fue un éxito brutal.

Inmediatamente después tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de juristas muy prestigiado en la defensa de la despenalización del aborto, y ahí el éxito también fue inesperado.

Lo que había sido la posición minoritaria de un voto aislado del ministro Gudiño Pelayo en el caso de la Ley Robles de 2002, se convirtió en el engrose de la sentencia de aborto; no sólo eso, sino que hubo muchos votos que

fueron más allá del engrose. Hubo votos concurrentes y particulares de varios ministros con posicionamientos robustos en materia de derechos que iban mucho más lejos que el engrose. Bueno, de la doctrina o del precedente constitucional que había quedado de la Ley Robles de 2002, al fallo en 2008, hubo un cambio fenomenal.

Luego, desde el CIDE, he podido litigar el caso de matrimonios del mismo sexo y el caso del tabaco. ¿Y por qué la vuelta de tuerca, por qué regresar a la academia después de tantos logros en la esfera del litigio?

Hubo dos cosas que me hicieron repensar mi renuncia a la academia. La primera es que me di cuenta de que cuando uno empuja la agenda del interés público se afectan intereses privados, y los privados con intereses importantes no se quedan quietecitos.

Me di cuenta de que los intereses privados se defienden cuando alguien impulsa el interés público, y que en ese sentido no puede haber uno, dos o tres abogados locos impulsando el interés público. Necesitábamos formar más gente, un ejército de abogados para continuar con la metáfora de la guerrilla jurídica. No pueden ser uno, dos o tres guerrilleros jurídicos solos; tiene que ser una columna completa de abogados. Ése fue un primer indicio de que había que regresar a abrir espacios en la academia, que permitieran a los alumnos imaginarse el uso del Derecho en formas transformadoras, sin comprometerlos con una agenda política específica. Ése es el objetivo de regresar a la academia, que un alumno pueda ver que es posible no sólo imaginar, sino además implementar un uso distinto del Derecho. Estoy consciente de que en el futuro los alumnos a los que hoy les pido, les exijo e impulso a que piensen en el potencial transformador de su actividad, pueden utilizar ese potencial transformador para apoyar agendas con las que yo no estoy de acuerdo; pero no me importa, está bien. Lo que importa es que hagamos nuestra la posibilidad de transformación a través del Derecho.

Y hubo otra cosa que me sorprendió, que a mí no me tocó vivir cuando me

Si queremos construir un Estado viable, un Estado legítimo, un Estado creíble, tenemos que construir una cultura de la legalidad” fui. Se estaba formando una generación de académicos del Derecho que entendía la academia jurídica de manera distinta. Pedro Salazar, Lorenzo Córdova, Ana Laura Magaloni, Sergio López Ayllón, José Antonio Caballero y muchos otros, constituyen una generación de académicos que por primera vez se está tomando en serio la academia.

Finalmente, ¿cuál es el objetivo de crear un espacio académico como el Programa de Derecho a la Salud?

El objetivo es impulsar la creación de espacios institucionales que permitan

a los alumnos de hoy entender al Derecho desde perspectivas nuevas, con herramientas nuevas y abordando los temas que nos afectan a todos, que no son tan nuevos, pero que en la academia jurídica nunca los hemos tomado en serio. Cómo no tomarnos en serio el tema de la alimentación, si es la diabetes mellitus la principal causa de muerte hoy en día; lo que era el tabaquismo hasta hace unos cuantos años, hoy es la obesidad y el sobrepeso. En el Derecho habíamos visto eso como un problema más, que un área específica del Derecho administrativo —que llamábamos

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Derecho a la salud— iba a abordar. Entonces los administrativistas a veces llegaban a opinar sobre la regulación de la salud que tenía que ver con ese problema sin entrarle a fondo.

O ni siquiera los abogados…

Claro, eso cuando había abogados que le entraran al tema del Derecho a la salud. Referirse al Derecho a la salud es hablar de todo lo que nos afecta en nuestra vida cotidiana, en nuestros hábitos, por los productos que consumimos, por los riesgos a los que estamos expuestos. Los accidentes de tránsito son un problema de salud, las muertes por homicidio son un problema de salud, el consumo de estupefacientes es un problema de salud, la contaminación es un problema de salud; entonces la salud no es un temita más, sino un tópico fundamental que involucra muchos otros temas. Y debemos tener a gente sentada en el Derecho a la salud, desde la perspectiva constitucional, no sólo administrativa, e incluso desde la perspectiva penal.

Tenemos que repensar seriamente el uso del Derecho penal como una política de salud, pues nuestros delitos contra la salud son la peor política de salud que yo he visto en la vida, y ésa es la principal política que en materia de adicciones tiene este país.

Tenemos que construir espacios académicos serios para que los alumnos, los estudiantes, entiendan los problemas con los que tienen que lidiar en alguna instancia del mundo jurídico, y eso no lo vamos a hacer estudiando nada más la teoría del acto administrativo. Debemos ver cuáles son las políticas públicas y cuáles son los tratados internacionales específicos que se han implementado en relación con problemas de salud muy concretos, cuál es la epidemiología de la obesidad y el sobrepeso, o del consumo del tabaco, del alcohol y de otro tipo de drogas y estupefacientes; tenemos que preguntarnos cómo la regulación jurídica enfrenta o abona al crecimiento de estos problemas. Es importante mandar la señal a los alumnos de que éstos son problemas no sólo legítimos para ser abordados desde la academia jurídica, sino que son los problemas más importantes de la sociedad hoy en día.

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Que hagan ciencia los que traen bata; a mí me interesa que el Derecho sea útil, que siga criterios rigurosos y que busque responder a las preguntas difíciles”

Víctor Emilio Corzo Aceves y Ernesto Eduardo Corzo Aceves

San Fernando, Tamaulipas: migración y delincuencia organizada “El 24 de agosto de 2010 fueron localizadas 72 personas ejecutadas de origen extranjero en una finca ubicada en el Ejido Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas”, indicaba el boletín de prensa que la Procuraduría General de la República emitió como parte de los esfuerzos para encontrar a los responsables. Ocho meses después se repetía una imagen igual de trágica. El escenario, el mismo, San Fernando, Tamaulipas. La cifra, 183 personas ejecutadas; 111 más que la primera vez. Los verdugos, nuevamente bandas delictivas pertenecientes al narcotráfico.

Estos hallazgos inauditos traen a la mente los relatos de guerra que se desahogaron ante los tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, donde cada una de las fosas clandestinas contenía en promedio 400 o 500 cadáveres. Las imágenes que muestran los medios de comunicación de la “guerra contra el narcotráfico” nos obligan a visualizar un escenario de conflicto armado en México, donde la violencia no tiene fin. Ante la proyección de esta realidad mexicana, en el extranjero surge la preocupación de que la violencia se expanda más allá de las fronteras territoriales o de que nacionales extranjeros sean externalidades de dicho conflicto. Hay que recordar la declaración de protesta conjunta de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, dirigida a México el año pasado, que urgía a implementar acuerdos migratorios para proteger a los inmigrantes que se encuentran en el país y que utilizan el territorio nacional como plataforma para ingresar a Estados Unidos. ¿En qué consiste la protección diplomática o consular?

El Derecho internacional, en especial la normatividad acerca de derechos humanos, establece la obligación de los Estados de garantizar la vida y la seguridad de todas las personas que habitan en sus territorios. Cuando dicho derecho es violentado, el Estado tiene la obliga30

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ción de realizar una debida diligencia para sancionar a las personas responsables de los actos atentatorios. Como se puede apreciar, dicha obligación se centra exclusivamente en el Estado con jurisdicción territorial. Ante esto surge la pregunta: ¿qué pueden hacer los demás Estados para proteger a sus nacionales en el extranjero?

Los Estados apoyan a sus nacionales en el extranjero a través de la protección diplomática y la asistencia consular. En general, la primera engloba a la segunda, ya que ésta busca la protección de los intereses de sus nacionales en el extranjero; pero técnicamente se diferencia, primero, porque son distintos los funcionarios que la realizan (esto es, diplomáticos y cónsules), y, segundo, por consistir la protección diplomática, en estricto sentido, en hacer el Estado propia la reclamación de uno de sus nacionales ante un tribunal internacional.

La protección consular abarca la representación del individuo ante autoridades extranjeras, la asistencia económica y la asesoría para que la persona tenga conocimiento del sistema extranjero en el que se encuentra involucrada.

De acuerdo con el estado actual del Derecho internacional, la protección diplomática o asistencia consular es reconocida simplemente como una facultad discrecional que el Estado tiene para proteger a sus ciudadanos; en otras palabras, no es considerada un derecho humano, por lo cual la persona puede solicitarla, mas no exigirla.

Esto último resulta importante, ya que la protección diplomática o asistencia consular siempre debe ser complementaria, mas no supletoria, de la actuación del individuo, ya que, en primer lugar, para respetar el principio de no intervención en los asuntos internos del Estado, se debe permitir que las autoridades extranjeras actúen para seguir la regla de agotamiento de los recursos locales, evitando una duplicación de esfuerzos, y, en segundo lugar, para destinar los recursos existentes —de las le-

gaciones diplomáticas— a los casos de verdadera urgencia, que es cuando efectivamente el Estado tiene la obligación de actuar, pues se encuentra revestido con la figura de garante.

Si bien es cierto que el marco legal internacional define en qué consiste la protección diplomática y la asistencia consular, en la práctica su extensión variará Estado a Estado, dependiendo de sus recursos. En este tenor, no se puede comparar la capacidad que tiene el gobierno de México, a través de su red diplomático-consular, que es de las mejores, con la de ningún otro Estado.

De esta manera, la protección será dispar, dependiendo de la nacionalidad, pues algunos Estados llegan al extremo de pagar a un abogado para representar a su nacional en el extranjero y otros simplemente emiten declaraciones de condena por las violaciones cometidas en contra de sus nacionales.

La protección diplomática o consular es una de las instituciones más viejas del Derecho internacional. Su raison d’etre se deriva de la preocupación de proteger los intereses comerciales o las inversiones que realizaban los nacionales del Estado en el extranjero. En la actualidad, dicha justificación se diluye ante la argumentación de que tal protección se otorga bajo la bandera de los derechos humanos. Sin embargo, el tema económico no deja de ser factor relevante en el caso de México, que cuenta con 51 representaciones en Estados Unidos, pues en este país residen aproximadamente 13 millones de mexicanos, los cuales —según estimaciones del Banco Mundial— envían anualmente 69,000 millones de dólares a México en remesas. De este modo, nuestro país es uno de los tres países en el mundo con mayor percepción económica proveniente del extranjero. ¿Cómo opera en la práctica la asistencia consular?

La tragedia de San Fernando, Tamaulipas, es el marco perfecto para ejempli-

Contacto: victor.e.corzo@gmail.com • ernesto.corzo@gmail.com

Foto:http//lanotamexico.com

ficar cómo opera la protección consular o diplomática. En primer lugar, ante el descubrimiento de dichas fosas clandestinas, los Estados expulsores de migrantes giran instrucciones a sus representaciones diplomáticas para que le den seguimiento a la situación. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, a través de su embajada en la Ciudad de México, ha solicitado a las autoridades mexicanas la información forense relevante sobre las víctimas, con el objeto de iniciar sus propias investigaciones, y ha desarrollado una serie de indagaciones para determinar fehacientemente las identidades de las personas fallecidas a través de su consulado general en Monterrey. En segundo lugar, las representaciones o su cancillería atienden las llamadas de los familiares de aquellos migrantes que se dirigieron hacia Estados Unidos y de los cuales hasta la fecha no se tiene noticia de su paradero. En este caso, el gobierno de El Salvador ha hecho un llamado a su población para que informen a las autoridades salvadoreñas si “desconocen el paradero de sus familiares que han viajado de manera irregular a Estados Unidos en los últimos meses”.

Una vez recabada la información de los familiares, se solicita a las autoridades del Estado receptor que verifiquen las pertenencias de las personas, los rasgos físicos de éstas y cualquier marca que permita identificarlas como originarias de determinado país.

En caso de que esto último no sea posible, se procede a la identificación de los cadáveres por parte del oficial consular, quien se basará en la información

proporcionada por los familiares. De ser negativa la identificación, la petición se turnará a las representaciones de otros países para poder localizar a la persona desaparecida. En última instancia, los restos en avanzado estado de descomposición se someten a un examen de ADN o mitocondrial.

Ya identificados, el Estado extranjero procederá a cubrir los gastos de repatriación de los restos —dependiendo de la situación económica de los familiares— y a realizar el visado correspondiente para permitir el tránsito del cadáver hacia su territorio. De forma paralela, las autoridades extranjeras probablemente llamarán a consultas al embajador del Estado donde se cometió el ilícito, para solicitarle una explicación de los hechos, y le exigirán la captura de los presuntos responsables. En caso de que el Estado donde se cometió el ilícito no pueda o no quiera actuar en consecuencia, siempre existe la posibilidad de que el Estado extranjero extienda su jurisdicción penal de manera extraterritorial a través del principio de personalidad o nacionalidad. De igual forma, los agentes diplomáticos o consulares podrán intercambiar inteligencia policiaca con las autoridades locales, o enviar peritos desde su país, para colaborar en las investigaciones correspondientes.

Principio de precaución aplicado a la asistencia consular De manera preventiva, ante estas situaciones, los Estados publican alertas de viajes para prevenir que sus nacionales viajen a ciertos países o regio-

nes. Estas alertas se emiten ya que, de acuerdo con la percepción del gobierno extranjero, dichos países no cuentan con las condiciones mínimas que garanticen la seguridad de sus nacionales. Un ejemplo de lo anterior fue la alerta emitida por el Departamento de Estado del vecino país del norte, el 10 de septiembre de 2010, en la que recomendó a sus nacionales tomar ciertas medidas para evitar ser víctimas de la violencia en México. Queda, entonces, a discreción del migrante el asumir el riesgo al emprender el viaje.

Este mismo criterio opera en el caso de la penalización de la migración indocumentada. Si bien es cierto que en México la migración ya no está criminalizada, también lo es que en Estados Unidos el reingreso indocumentado es sancionado como crimen. No obstante, lo más trágico de la migración indocumentada en gran parte de América Latina es que las personas hacen caso omiso de dichas alertas con tal de llegar a Estados Unidos para alcanzar el “sueño americano” que, muchas veces —por todos los riesgos que corren—, tiende a convertirse en una pesadilla.

Conclusión Es evidente que los migrantes son un grupo muy vulnerable en cualquier parte del mundo. Por lo general, no alzan la voz por estar en medio de su travesía; sus familiares desconocen su paradero; están lejos de su lugar de origen; sus costumbres son diferentes; por su lenguaje corporal son identificados a simple vista; llevan consigo pequeños montos de dinero pero que en conjunto con los de los demás, representan una suma considerable, y, finalmente, se resignan a ser victimizados tarde o temprano.

De lo anterior se deduce la importancia de que la protección consular se convierta en una de las políticas más loables que cualquier Estado pueda perseguir para aliviar esa vulnerabilidad.

Como consecuencia de la interrelación gradual de las naciones y del fenómeno creciente de la migración, se espera que evolucione la protección consular en una institución que vele con mayor efectividad por la seguridad y el bienestar de quienes se aventuran a mejorar su nivel de vida.

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Gilberto Adame López*

Los 25 libros jurídicos más influyentes en México La “biblioteca mínima” de todo abogado que aquí nos ofrece el autor, está integrada por los libros que, en su opinión, son las 25 obras jurídicas más influyentes editadas en México, ya sea por la época en que se publicaron, por el éxito que tuvieron, por lo innovador del tema o por haberse convertido en verdaderos clásicos del Derecho.

1. Eduardo García Máynez, Introducción al estudio del Derecho, 1940 Es el libro jurídico más importante en la materia, no sólo por el número de ejemplares vendidos en México, sino por su auge en distintos países de habla hispana. Además, su lectura constituye un puente necesario entre la educación media superior y el grado universitario, puesto que en el primero de los niveles citados se imparte la materia de nociones de Derecho positivo mexicano, pero con una amplitud y una generalidad insuficientes para el primer contacto pleno con la materia. Antes de su existencia, en las facultades no se impartía la materia de introducción al estudio del Derecho, por lo que este libro es considerado un parteaguas en nuestro país. A partir de este título, distintos autores comenzaron a escribir y, desde entonces, existe esta cátedra. Su primera edición se remonta a 1940 y ha alcanzado ya 50. Es un texto que se considera vigente y útil, tan es así que podría afirmarse que aquel estudiante que no lo haya revisado, es incapaz de entender el Derecho.

2. Manuel Borja Soriano, Teoría general de las obligaciones, 1939 Un libro que ha alcanzado las 21 ediciones. Es el más importante y completo, didáctico e innovador en el tema, pues comprende las teorías extranjeras aplicables a la interpretación del Derecho mexicano y analiza la legislación vigente al momento de su elaboración, es decir, el Código Civil de 1928, comparándolo con los de 1870 y 1884, para desentrañar el origen de cada disposición; el índice por artículos relacionados, con cada código, es de gran utilidad para los estudiosos del Derecho. Es de los pocos libros de materia civil que justifican la existencia de antecedentes históricos en su contenido, ya que el maestro Borja participó activamente en la redacción del código vigente que, a diferencia de su antecesor, no incluía un apartado general para las obligaciones, lo que vuelve a este libro fuente de primera mano.

3. Ignacio Burgoa Orihuela, El juicio de amparo, 1943 Esta obra se publicó por primera vez en 1943 y se ha editado en 43 ocasiones. Sin duda es un texto que se ha convertido en la herramienta obligada para esta cátedra. Ha permitido llamar a su autor el “Quijote del Amparo”, por su manera de entender, explicar y defender la institución mexicana del juicio de garantías. El contenido es amplio, pues analiza la historia, el objeto, el funcionamiento procesal, los efectos prácticos y las causas, y explica por qué este juicio es un medio de defensa constitucional. Cabe destacar que esta obra fue escrita por el autor a la temprana edad de 24 años, como presagio de su gran capacidad y sabiduría.

* Licenciado en Derecho por la UNAM y notario 233 del Distrito Federal.

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4. Felipe Tena Ramírez, Derecho constitucional mexicano, 1944 Siendo su primera edición de 1944 y habiendo llegado a 33, éste es uno de los principales textos de Derecho constitucional. Fue sometido a constante rectificación y vigilancia por parte de su autor, quien fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y considerado uno de los abogados más respetados en la materia. Contempla el análisis del poder constituyente, el constituyente permanente, nuestra forma de gobierno, los tres niveles de gobierno, las facultades de cada cámara del Congreso para legislar de manera general y exclusiva, las funciones del presidente de la República, la organización del Poder Judicial federal y la responsabilidad de los funcionarios públicos, exponiendo de todos ellos sus facultades y limitaciones. Casi 70 años después de que vio la luz, es un referente indispensable.

5. Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho civil, 1959-1962 A diferencia de muchos autores que advierten al inicio de su obra el no pretender hacer una obra extensa sobre ésta o aquella materia, el maestro Rojina escribió en ocho tomos el primer gran tratado jurídico en México. Explica de manera clara los diversos conceptos fundamentales del Derecho civil, abordando todas sus partes integrantes. Es un texto que continúa vigente y utilizándose en las facultades de Derecho para la enseñanza de los primeros cursos de la materia. Se mantiene actualizado por la hija del maestro.

6. Ignacio Galindo Garfias, Derecho civil: primer curso, 1973 Esta obra, que se editó por primera vez en 1973, ha alcanzado 26 ediciones. Dicho por el propio autor, “con la publicación de esta obra pretendo poner al alcance de los alumnos del primer curso de Derecho civil, la información que sobre los temas en ella tratados he recogido a través de las explicaciones de cátedra. Tiene, por consiguiente, una finalidad didáctica…” Su consulta es obligada para el estudiante que tiene una primera aproximación al Derecho civil, pues con sencillez y claridad, pero con la amplitud suficiente en cada caso, entrega al lector los conceptos jurídicos fundamentales de la materia. Hay que hacer notar que en este libro, como el mismo autor lo reconoce, se encuentran múltiples notas a pie de página, las cuales enriquecen y dan información que quizá debió ocupar la parte general de su factura.

7. Ramón Sánchez Medal, De los contratos civiles, 1972 Este texto es considerado un libro de cabecera. Su autor impartió cátedra en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde su primera edición en 1972, ha logrado 23, innovando en la forma en que clasifica los contratos, con base en un método que es aplicable a todos, a los que analiza desde el punto de vista de las partes que intervienen, las prestaciones que se entregan, la correspondencia o la reciprocidad entre las mismas y su momento de ejecución, entre muchos otros criterios que no habían sido manifestados hasta ese entonces. A la fecha sigue vigente.

8. Mario de la Cueva y de la Rosa, El nuevo Derecho mexicano del trabajo, 1972 Esta obra se editó por primera vez en 1972 y ha llegado a las 22 ediciones. Recuerda el momento histórico del despertar del sindicalismo europeo a principios del siglo XIX y las luchas de los trabajadores mexicanos al despuntar el siglo XX. En este texto, el autor amplía y reitera sus comentarios sobre la historia de esta rama del Derecho positivo en México, que había plasmado en su obra anterior titulada Derecho mexicano del trabajo. Aborda temas como las circunstancias de su aparición, su desarrollo durante la Edad Media, su evolución, la influencia de las doctrinas sociales y la Iglesia. En palabras del maestro, “la historia del Derecho del trabajo es uno de los episodios más dramáticos, por su profundo sentido de reivindicación de los valores humanos, tal vez el más hondo de todos, por lo que es la lucha por la liberación y la dignificación del trabajador; lo que es tanto como decir la liberación y dignificación del hombre en su integridad”. Es el primer libro que aborda integralmente la regulación del trabajo en México, incluyendo el pasado y el presente, junto con las reformas que ha tenido el artículo 123 constitucional hasta la fecha.

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9. Gabino Fraga, Derecho administrativo, 1934 Con 46 ediciones, se erige como la gran obra del Derecho administrativo mexicano, de incipiente estudio en cuanto fue creada. Es un clásico con una fama que pocos textos jurídicos alcanzan. La primera edición se publicó en 1934. El autor impartió la materia en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1930 y se le ha llamado el “Forjador del Derecho administrativo en México”. Una obra de gran relevancia, básica en la bibliograf ía de todo estudiante de Derecho, por desprenderse del Derecho constitucional y ser de éste la base de organización.

10. Jorge Carpizo McGregor, La Constitución mexicana de 1917, 1969 De toda su bibliograf ía, destaca esta obra editada en 1969. Comenta el autor: “Esta Constitución configura un orden social que parte de nuestra guerra de Independencia con la Constitución de Apatzingán en la cual se configuró un sistema jurídico basado en la noción de soberanía y derechos del hombre, con exclusión de la libertad religiosa, un régimen republicano, el principio de la división de poderes y un sistema representativo indirecto”. Es un texto que estudia, desde la perspectiva de la ciencia jurídica, diversos aspectos de nuestra ley suprema, principal apoyo para la comprensión y el análisis de esta ley. También tiene un carácter innovador, al tratar la materia constitucional mezclando asertivamente su aspecto jurídico con el político y social.

11. Mariano Jiménez Huerta, Derecho penal mexicano, 1972 Dado que el Derecho penal es una de las materias de mayor interés e importancia, por ser el delito un fenómeno humano que se ha producido a través de la historia y ha sido objeto de una valoración cultural, esta obra señala los principios lógicos que obligan a contemplar dicho fenómeno en su realidad histórica, filosófica y jurídica, más cuando partimos de la base de que en todos los lugares y en todas las civilizaciones han existido comportamientos humanos objetos de desaprobación. El autor, con gran erudición, trata la parte general y los delitos en particular, de una manera clara, exponiendo las teorías que les son aplicables. Esta obra se editó por primera vez en 1972 y hasta 2003 llevaba siete ediciones.

12. Jorge Barrera Graf, Instituciones de Derecho mercantil, 1989 En esta obra cumbre de su carrera profesional, el autor plasma, con genialidad, toda su experiencia, al escribirlo al final de su vida. Podemos encontrar en esta obra la extensa gama de instituciones de Derecho mercantil, ya que si bien es cierto que la disciplina se relaciona con el comercio, esta rama del Derecho comprende áreas no comerciales, como la expedición de títulos valor respecto de actividades civiles, o la utilización de navíos para fines deportivos o científicos. Nos ofrece una visión y una explicación de fácil comprensión que nos permite entender de manera eficaz la materia. Su primera edición fue en 1989 y hasta el momento ha logrado dos más.

13. José Becerra Bautista, El proceso civil en México, 1962 El autor de esta obra, la más completa en su género, persigue una visión panorámica del Derecho procesal civil, resumiendo, entre otros temas, las reglas básicas a las cuales deben sujetarse las autoridades jurisdiccionales, la distinción entre actos inexistentes, nulos y anulables, partes y terceros extraños al juicio y competencia. Sin duda, constituye una guía práctica dirigida a quienes inician estudios en la teoría general del proceso y el Derecho procesal civil. Editado por primera vez en 1962, hasta la fecha cuenta con 19 ediciones.

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14. Luis Recasens Siches, Tratado general de filosofía del Derecho, 1959 Esta obra se editó por primera vez en 1959, sumando 16 ediciones hasta la fecha. El autor fue influido por las ideas de José Ortega y Gasset, por lo cual logró elaborar una concepción jurídica de notable fecundidad, pues él, junto con Niceto Alcalá Zamora, es uno de los grandes representantes del exilio jurídico español en la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue un detonador para que otros maestros publicaran sus obras. Es un instrumento útil para orientar a los estudiantes universitarios y a los juristas en general. Pleno de erudición, su lectura requiere total concentración a todos cuantos sientan un interés por los temas del Derecho, del Estado y de la justicia en nuestra humana existencia. Al ser la filosof ía del Derecho una materia tan compleja, se coloca al final de los planes de estudio, como corolario al cúmulo de conocimientos adquiridos durante toda la carrera y con el panorama pleno del mundo del Derecho.

15. Roberto Luis Mantilla Molina, Derecho mercantil, 1946 Publicado por primera vez en 1946, y con 29 ediciones a la fecha, se convirtió en libro de texto y de consulta en escuelas y despachos de México, así como en varios países de Centroamérica. Actualmente es catalogado como un clásico de la materia mercantil. La manera en que aborda el estudio de las cuestiones más controvertidas del tema lo hace de fácil comprensión, gracias, además, a la elegancia de su redacción. Esta obra se caracteriza por la facilidad del autor para elaborar definiciones con argumentos firmes que brotan del estudio de la doctrina, del Derecho comparado y de la jurisprudencia. El hecho de ordenar y correlacionar diversas normatividades complica la actualización de esta obra, pero sin duda esta característica la hace atractiva para que el estudiante o el profesionista que tenga que realizar una consulta bibliográfica, la haga su primera opción.

16. Francisco Lozano Noriega, Cuarto curso de Derecho civil: contratos, 1962 Un libro que comenzó confeccionado con apuntes de los alumnos se transformó en un tratado que no puede escapar a la lectura de quien se diga estudioso de los contratos, y menos de quienes elaboren los mismos en la práctica diaria, ya que fue escrito de manera excepcional, a la manera en que se expone en el aula. Demuestra de modo indubitable que las definiciones y los conceptos tradicionales carecen de técnica jurídica y que siempre es menester para un buen jurista la comprensión sistemática de todos los principios rectores del Derecho, pues nada está dicho en las diversas relaciones jurídicas que los individuos entablamos día a día. Esta obra se editó por primera vez en 1962. Tiene la particularidad de que su autor donó las regalías y los derechos sobre esta obra al Colegio de Notarios del Distrito Federal, A.C., que sigue publicando ediciones de la misma.

17. Raúl Carrancá y Trujillo, Código penal anotado, 1962 La primera edición de esta obra fue en 1962, y a la fecha suma 26. Este libro lleva de la mano a quienes no son expertos en la materia a abordar de manera frontal y segura el aprendizaje del Derecho penal. Con cuidadosos comentarios y experiencias prácticas, se convierte en un deleite para la lectura. Siguiendo la premisa de que siempre hay que comenzar estudiando la ley, enseguida la jurisprudencia y al final la doctrina, en esta obra se pueden apreciar estas tres aristas en un orden esquemático de acuerdo con el código penal, pero enriquecido por los dos elementos complementarios que hacen de la obra un estupendo compendio de Derecho positivo y sus fuentes. Además, esta obra mantiene su vigencia y su interés por la actualización que realiza el hijo del autor, el maestro Raúl Carrancá y Rivas.

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18. Rodolfo Batiza, Las fuentes del Código Civil de 1928, 1979 La obra del jurista Rodolfo Batiza sin duda es una gran contribución jurídica en la historia del Derecho en México, ya que reúne un estudio sobre la codificación civil francesa y las fuentes del Derecho civil mexicano relacionadas con el código francés de 1804. Estudio jurídico que ha merecido reconocimiento nacional e internacional, este libro se ha editado desde 1979 y permite una fácil compilación de las fuentes del Derecho civil mexicano, pasando por sus antecedentes inmediatos: los códigos civiles de 1870 y 1884.

19. Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga, Derecho procesal civil, 1946 Ante la publicación del nuevo Código de Procedimientos Civiles de 1932, cuya principal novedad fue la tendencia, no lograda aún, de la oralidad en los procedimientos judiciales, en contraposición a la forma escrita que hasta esa fecha había imperado, se volvió imprescindible contar con una obra jurídica que ayudara a entender y a realizar con éxito esa transición. Dicha tarea concluyó en 1946, con la publicación de este título, que ha alcanzado 28 ediciones y que tiene la particularidad de la mixtura de la cultura jurídica española de Rafael de Pina con la cultura jurídica mexicana del maestro Castillo Larrañaga.

20. Ernesto Gutiérrez y González, Derecho de las obligaciones, 1961 Esta obra jurídica, editada por primera vez en 1961 y que logra hasta el momento 16 ediciones, es una extensa compilación de estudios jurídicos nacionales e internacionales, relacionada con la enseñanza de las obligaciones y generadora de criterios jurídicos propios para los estudiosos del Derecho, a quienes ayuda a consolidar el aprendizaje y la aplicación práctica de las disposiciones legales. Comprende el desarrollo de las obligaciones en cuanto a sus antecedentes, elementos, fuentes, efectos, responsabilidad, clasificación, transmisión y extinción, además de la importancia de los principios éticos en la materia, lo que la convierte en una herramienta imprescindible en la formación jurídica. Controvertida y con un estilo desenfadado, goza del sello de la sencillez en sus ejemplos y en sus citas, lo cual facilita al estudioso del Derecho el acceso a conceptos jurídicos que la mayoría de los autores explican de manera rebuscada. Edición tras edición, el maestro realizaba una revisión completa de la obra y la modificaba con la humildad de quien reconoce sus errores, sin sujetarse a dogmas.

21. Luis Carral y de Teresa, Derecho notarial y Derecho registral, 1965 En esta obra, el autor estudia la importancia de la existencia de una figura que dé certeza a los actos jurídicos celebrados entre los integrantes de una sociedad, función que en nuestro Derecho se reviste en la figura del notario, en virtud de la delegación de fe pública que le otorga el Estado y de los conocimientos indispensables que para dicha tarea ha hecho suyos dicho fedatario, sobre la base de las facultades y las obligaciones que establece la ley. La primera edición es de 1965 y es la primera obra que estudia aisladamente esta materia, involucrando el aspecto registral, íntimamente ligado al notarial.

22. Cipriano Gómez Lara, Teoría general del proceso, 1974 Con siete ediciones a la fecha, esta obra apareció por primera vez en 1974. Estudia al Derecho procesal como una materia aislada, con conceptos jurídicos propios, separados de la rama a la que correspondan, determinando las reglas generales del proceso en sí mismo. Desarrolla la parte teórica que corresponde a todas las ramas del Derecho instrumental. Los temas fundamentales son la acción, la jurisdicción, la competencia y el proceso, los cuales el autor desarrolla en forma sencilla y amena, cuidándose de no incluir ninguna práctica que lo haga incursionar en el procedimiento civil general.

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23. Raúl Cervantes Ahumada, Derecho mercantil, 1984 Este libro contiene exposiciones teóricas en las que se ha reunido el material que explica la actuación de las instituciones en la práctica mercantil y en los textos legales que, para el estudiante de la licenciatura en Derecho, deben ser la base fundamental de su investigación y el contenido mínimo de su conocimiento. Se trata de un texto para un curso institucional a nivel académico de la licenciatura, un clásico de la materia y un referente obligado en los foros de enseñanza.

Editado en 1984, ya suma cuatro ediciones más.

24. Jorge Alfredo Domínguez Martínez, El fideicomiso, 1972 En este libro, la figura del fideicomiso es observada y analizada como un acontecimiento jurídico novedoso e independiente, de una forma en que nadie lo había hecho —en un solo tomo—, con aplicación a la regulación legal de la teoría general del acto jurídico, tanto en su régimen anterior a la reforma de 2003 como a partir de dichas modificaciones. El autor analiza la situación de los bienes fideicomitidos, el régimen fiscal que le es aplicable, sus bondades para la inversión extranjera, así como el análisis de las mencionadas reformas. Editada por primera vez en 1972, suma 12 ediciones más hasta el momento.

25. José Arce y Cervantes, De las sucesiones y De los bienes, 1983 La aparición de De las sucesiones tuvo lugar en 1983, y a la fecha suma ocho ediciones. Constituye una herramienta didáctica y profunda sobre la materia sucesoria. Consta de cuatro partes dedicadas al estudio de la sucesión testamentaria, la sucesión legítima, el análisis de las disposiciones comunes a las sucesiones testamentaria y legítima, así como a las sucesiones especiales. Este material contiene apéndices que lo enriquecen no sólo como libro de texto, sino también como obra de consulta, en los que se abordan aspectos como la tramitación de sucesiones ante notario, los impuestos sucesorios, el pacto sucesorio y la comunidad hereditaria, además de incluirse resoluciones judiciales de interés para los temas abordados en el libro. También incluye un índice de voces. El texto De los bienes contiene conceptos básicos del Derecho civil. A la principal exposición de los temas se han agregado cuatro apéndices: “El derecho del tanto de los copropietarios”; “El régimen jurídico de otros bienes en el Derecho mexicano”; “Los asentamientos humanos”, y “Tesis de jurisprudencia y ejecutorias relativas a la materia de los bienes”. Hasta la fecha suma seis ediciones. Su gran virtud es que sintetiza en una obra concreta y útil dos materias muy complejas y extensas cuyo estudio se dificulta sin el auxilio de textos sencillos como éste.

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El fenómeno migratorio de nuestro país a Estados Unidos reviste tintes dramáticos para quienes dejan su patria, su familia y su cultura en busca de mejores oportunidades laborales y de una mejor calidad de vida. Enrique Romero, jefe de Asuntos Comunitarios en el Consulado General de México en San Antonio, Texas, nos habla del drama que viven cerca de 400,000 mexicanos que año con año emigran hacia los Estados Unidos.

ese objetivo, pero nunca lo he dejado de intentar. Además es un tema apasionante. Cada uno de los migrantes tiene mucho qué decir.

La reunificación familiar de hijos con padres, de hermanos con hermanos, es una causa de la migración que no es posible detener, aun cuando mejoren las condiciones en el país de origen. Los problemas emocionales, tanto de los que se van como de los que se quedan, son determinantes para tomar la decisión de salir.

Los cientos de miles de compatriotas que ya se encuentran en Estados Unidos están esperando a que los otros cientos de miles que aún permanecen en el “terruño” (en el pueblo) se reúnan con ellos. Los barrios, las colonias de los nuestros en el extranjero, continuarán creciendo; los departamentos de una o dos recámaras están listos para hospedar a más de 10 personas. Como se puede apreciar, se trata de un fenómeno dramático, más todavía si pensamos que con la “reunificación” posiblemente se reduzcan las remesas.

¿A través de qué instituciones se lleva a cabo esta protección?

Yo estoy convencido de que la demanda de protección consular en Estados Unidos sobrepasa la de cualquier departamento de protección en cualquier otro consulado. Se habla de que nuestra población migratoria en este país, legalizada, en ese proceso o sin la documentación debida para permanecer, ya asciende a más de 15 millones de personas. En otras palabras, se puede presumir que potencialmente se pueden dar 15 millones de casos de protección consular.

En la práctica, existen varias instituciones involucradas en la protección de los mexicanos en el exterior. Por ejemplo, aparte de los consulados de México, existen las oficinas de apoyo al migrante a nivel estatal, las cuales cuentan con recursos económicos muy importantes, o algunos municipios, que tienen partidas especiales para apoyar a los connacionales en el exterior.

Por ejemplo, en caso de deceso de un connacional en Estados Unidos, la representación consular es responsable de gestionar la documentación necesaria para el traslado del cadáver y de brindar apoyo económico a la familia cuando ésta lo requiera. La oficina de apoyo al migrante del estado correspondiente se encarga de recibir los restos mortuorios en el aeropuerto internacional y de trasladarlos al domicilio de los familiares del occiso (aunque esto no se hace en todos los estados); por su par-

Cuáles son los principales factores que motivan la migración?

Los estudiosos del fenómeno migratorio explican que este fenómeno se debe a factores de expulsión y atracción, y a la oferta y a la demanda.

Hoy en día, se han simplificado los motivos de la expulsión, por lo cual podemos llegar a la conclusión de que, en el caso de México, el fenómeno se origina en el desempleo y en el subempleo. Este concepto es explicado de la manera más sencilla por un alto porcentaje de migrantes: “Me voy porque no hay oportunidades, ¡no hay para comer!”

Tampoco hay que perder de vista que las condiciones y las características del migrante han cambiado con los años.

Ya no se trata sólo de gente dedicada a la agricultura o a la construcción; hoy en día también emigran muchos paisanos egresados de preparatorias y hasta de universidades. ¿Podría asegurarse que el principal motivo de la migración es la falta de oportunidades?

Efectivamente, la falta de oportunidades en el país de origen ha provocado la salida de mucha gente. Sin embargo, existe un factor determinante para que tanto los menos preparados como los más preparados continúen saliendo del país: ¡la familia!

¿Cómo surgió su interés por el fenómeno migratorio?

Porque yo mismo soy un migrante mexicano, oriundo de Puruándiro, Michoacán, que emigré con mi familia —mis padres y mis siete hermanos— a Los Ángeles, California, a finales de la década de los sesenta del siglo pasado. Por eso nunca he dejado de ser parte de esa comunidad. Además, toda mi vida he trabajado para los migrantes, en una búsqueda constante de formas para ayudarlos. No siempre he logrado

¿En qué consiste la protección de los mexicanos en el extranjero?

Puede ir desde un simple consejo, una asesoría o la expedición de un documento hasta el apoyo en casos complicados en que la persona ha sido sentenciada a la pena de muerte. En otras palabras, consiste en proteger los intereses de nuestros connacionales, en prestarles ayuda y asistencia, y en velar que se respeten sus derechos. Las áreas que abarca la protección consular son: derechos humanos y materias penal, familiar, migratoria, laboral y administrativa.

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invitada te, algunas veces la presidencia municipal proporciona el lugar donde se ha de llevar a cabo la sepultura.

De manera paralela, muchas organizaciones no gubernamentales participan en la protección de los mexicanos en el exterior, siendo muy importantes los esfuerzos de los activistas que actúan de manera individual. Cada grano de arena que se aporta es esencial en el esquema general de protección.

Yo trato de cooperar con mi parte, concientizando a la gente —a través de mis libros— sobre los riesgos a los que eventualmente se enfrentarían si deciden migrar de manera irregular. ¿Cómo surgió la idea de escribir una trilogía sobre historias de migrantes?

Nunca pasó por mi mente escribir.

Ocurrió circunstancialmente. El desarrollo de mis labores en el Departamento de Protección de los Consulados de México me permitió estar muy cerca de la felicidad y de la tragedia de los migrantes. En lo personal, no poder ayudar a la gente como uno quisiera crea frustraciones, angustias, lamentos y hasta cansancio. Escribir me permitió desahogarme, deshacerme de todas mis frustraciones. En 1998, mientras trabajaba en el Consulado de México en Orlando, Florida, atendiendo el caso de la muerte de un menor, comprendí qué tan frágiles somos, y más todavía los miles de migrantes que siguen arribando cada año a Estados Unidos.

La muerte de aquel pequeño me afectó mucho. Esa experiencia me obligó a escribir sobre la vida del migrante. A partir de entonces, escribí todos los días; los personajes fueron naciendo, creciendo, sonriendo, sufriendo. Ese do-

cumento lo concluí años después. Nunca pensé que aquellos cientos de hojas pudiesen convertirse en un libro y mucho menos en una trilogía. ¿Qué busca transmitir con sus libros?

En un principio no había ninguna pretensión; sin embargo, los tres libros —Tortillas duras: ni pa’ frijoles alcanza, ‘Ta de la tostada la vida allá en el norte y Por si las moscas, paisano— permiten reflexionar en torno a los riesgos de ingresar a este país y acerca del peligro que corre un migrante fuera de su tierra, así como ayudar a que los nuestros sepan que tienen derechos y obligaciones, y que hay instituciones que les pueden brindar asistencia en caso de emergencia. ¿De qué trata Tortillas duras: ni pa’ frijoles alcanza?

Es un retrato vibrante, colorido, crudo y jocoso de realidades poco conocidas por el gran público, pero que constituyen los sinsabores de la vida cotidiana de millares de mexicanos que emigraron a Estados Unidos.

Son casi 500 cuartillas, escritas sin pretensiones. Yo sólo fui acumulando letras, renglones, párrafos, páginas enteras, descargando las frustraciones que me provocaba constatar que las condiciones de vida de los migrantes no mejoraban y que, por el contrario, empeoraban. Las muertes en la frontera cada día eran más, y nuestros paisanos estaban siendo explotados y discriminados.

En este libro no hay estadísticas. Los números suelen ser fríos. El migrante es mucho más que una cifra. Tortillas duras es un relato sobre todo lo que le

Enrique Romero Moreno es licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al servicio exterior mexicano en 1988, donde ha ocupado diversos puestos en las representaciones consulares de México en Los Ángeles, California; San Antonio, Texas; Orlando, Florida, y Tecún Umán, Guatemala, donde fungió como cónsul en las últimas dos adscripciones.

A lo largo de su carrera se ha especializado en la protección de mexicanos en el exterior y en el análisis del fenómeno migratorio. Es autor de una trilogía de libros en los que narra la desgarradora realidad que viven los mexicanos en su intento por alcanzar una vida mejor en Estados Unidos.

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puede suceder al migrante, sea mexicano, centroamericano o sudamericano.

Es un libro escrito a veces a gritos, con algunos momentos de reflexión, salido desde el corazón. Su objetivo es mostrar que la vida de los migrantes está llena de sinsabores, de soledad, de sueños incumplidos, de frustraciones, de miedos, de lágrimas y risas, de muerte, de deportación, de detenciones policiacas, de abusos. Los paisanos están expuestos a todo tipo de vejaciones laborales, civiles, de derechos humanos. Mi libro también aborda los juegos de futbol en que participan los migrantes, su vida cotidiana, la cantina, la iglesia, la convivencia familiar. ¿Qué tema aborda Por si las moscas, paisano?

Se trata de una “advertencia”. Es un texto muy fácil de leer, que reconoce la labor de quienes han dedicado su vida a la protección consular. Consta de nueve historias de migrantes, que narran distintas situaciones del fenómeno migratorio: “¡No te vayas!” aborda la muerte de un migrante en la frontera México-Estados Unidos; “No todo es lana” trata el caso de una compensación laboral y el traslado de un enfermo; “Sin palabras” es un relato acerca de la violencia doméstica y sobre el aislamiento de menores por parte de las autoridades; “¿Y los sueños?” aborda el tema de los detenidos por migración y la compra de documentos falsos; “México lindo y querido, si muero lejos de ti” se refiere al traslado de los restos mortuorios de las personas que mueren allende la frontera; “Hasta para carne tendremos” habla sobre la pensión alimenticia; “What? ¿Culpable?” es un asunto penal; “¿Donde están mis hijos?” se aboca al tema de la sustracción de menores, y “Santo madrazo” es una demanda civil.

Cada una de estas historias viene acompañada de una serie de recomendaciones que ayudan al lector a encontrar una solución a sus problemas y a evitar errores que los puedan involucrar en situaciones dif íciles, como arrestos y deportaciones. No se trata de ninguna guía legal, sino sólo de una serie de consejos prácticos.

Igualmente, ofrece información importante sobre la Secretaría de Relaciones Exteriores y su delegación foránea,

gente buena que ayuda a los migrantes.

Le experiencia de Tecún Umán me ha permitido escribir ¿Y los de acá, qué?, un libro que abordará ese tema.

Cuando los paisanos cierran los ojos, sueñan con vivir; cuando los paisanos abren los ojos, sueñan con morir” las oficinas estatales de apoyo al migrante y las oficinas que atienden casos de crímenes violentos, así como otras de este tipo en Estados Unidos.

do por una serie de relatos de la vida cotidiana de nuestros paisanos en Estados Unidos, quienes lamentablemente viven con más penas que glorias.

Finalmente, ¿de qué se trata el libro ‘Ta de la tostada la vida allá en el norte?

El nombre del libro lo dice todo, lo mismo que su introducción: “Cuando los paisanos cierran los ojos, sueñan con vivir; cuando los paisanos abren los ojos, sueñan con morir”. El libro está integra-

¿Piensa escribir algo acerca del fenómeno migratorio en el sur?

Sí. En 2002 fui trasladado a la representación consular de México Tecún Umán, Guatemala, como cónsul alterno, hasta 2005. Tecún Umán es la ciudad de paso de los centroamericanos para entrar a México, desde donde buscan su traslado a Estados Unidos. Durante esa época, tuve la oportunidad de conocer de cerca la problemática de los migrantes centroamericanos que transitan por Chiapas: la Bestia de Acero, la prostitución, la droga, las vejaciones, la explotación, la discriminación, la muerte, la angustia, las pandillas, los albergues, los centros de detención… pero también a la

Para concluir, ¿qué retos enfrenta la protección consular?

Hoy en día la protección consular no tiene nada que ver con la que se brindaba a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado. En 1985 tuve la fortuna de integrar el personal de protección consular en el consulado de México más grande del mundo: el de Los Ángeles, California. Entonces contaba con muy pocos funcionarios y los recursos con que operaba eran más limitados aún.

Había una actitud pasiva, por lo que se puede decir que se trataba de una protección consular de “referencia”.

Contrariamente, en la actualidad se trabaja de manera diferente: exigir, en lugar de sólo referir, es parte de la protección consular cotidiana; los recursos económicos son mucho mayores y los casos que se atienden son muchos.

Hay que reconocer que el número de migrantes y, por lo tanto, la cantidad de casos de protección que se atienden rebasa al equipo de protección de cualquier representación consular, por lo cual es muy importante crear proyectos de protección preventiva.

Se requiere adiestrar a nuestros paisanos sobre sus derechos y sus obligaciones en Estados Unidos. Además, es indispensable elaborar material didáctico atractivo para que el migrante “potencial” esté consciente de los riesgos a los que se enfrentará en el país del norte. Con esto no se pretende “preparar” al migrante ni promover la migración. Lo que se quiere es que nuestros paisanos no “metan tanto la pata”, lo cual les acarrea arrestos policiacos y migratorios, la pérdida de sus hijos y de su libertad e incluso la muerte.

Con toda esta problemática en mente, escribí mis libros y trato de fomentar el tema lo mejor posible mediante presentaciones o foros en los que se discute el tópico migratorio. En mi dirección electrónica (tortillasduras@ gmail.com) recibo con gusto cualquier iniciativa que pugne por el bienestar y la protección de nuestros connacionales en el exterior.

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José David Aroesti Ventura

El INACIPE otorga doctorados honoris causa El pasado 29 de marzo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) el el doctorado honoris causa a Laurence Tribe, El pasado 29 otorgó de marzo, Instituto Nacional de profesor de Derecho constitucional dedoctola Escuela de Derecho de la Ciencias Penales (INACIPE) otorgó el rado honoris causa a Laurence Tribe, profesor Universidad de Harde Derecho constitucional de la Escuela de De- vard, y a René Gonrecho de la Universidad de Harvard, y a René zález de la Vega. PreGonzález de la Vega, ex procurador general de sentamos una reseña justicia del Distrito Federal. Presentamos una del evento y el disreseña del evento y el discurso de aceptación curso de aceptación preparado por Laurence Tribe con motivo de preparado por Laurence Tribe con moeste acontecimiento. tivo de este acontecimiento.

El abogado general de la UNAM, Luis Raúl González, devela el muro donde aparecen las fotografías de René González de la Vega y Laurence Tribe

“

Si el ius puniendi es esencial para explicar al Estado Democrático de Derecho, sus orígenes, sus propósitos, no basta a la hora de garantizar su permanencia. Un Estado Democrático de Derecho no puede sustentarse sólo sobre el ius puniendi.

Valores como justicia, libertad e igualdad deben fincarse… en un propósito común de vivir y permanecer unidos en comunidad.” Con estas palabras, Gerardo Laveaga, director general del INACIPE, inauguró la ceremonia de investidura del doctorado honoris causa, otorgado a Laurence Tribe y a René González de la Vega.

Con un auditorio lleno, y en medio de fuertes aplausos de los asistentes, los laureados recibieron la máxima distinción

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académica otorgada por el INACIPE. Por cuestiones de salud, Laurence Tribe, académico de la Universidad de Harvard, no pudo asistir al evento. A pesar de la imposibilidad de asistir presencialmente, el galardonado envió un mensaje videograbado que fue proyectado frente a los asistentes. “Lo que me impresiona más de las actividades y de las aspiraciones del instituto [INACIPE] es el reconocimiento de que las ciencias y el Derecho deben ir de la mano si el fin último de la actividad gubernamental, la preservación de la justicia y la seguridad, ha de realizarse”, comentó Laurence Tribe durante la proyección de su discurso de aceptación.

El pergamino y la medalla conferidos a Laurence Tribe fueron entregados a representantes de la embajada de Esta-

dos Unidos por el licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República.

Acompañado de una obra de arte encomendada especialmente para la ocasión, el pergamino señaló que la distinción fue otorgada por “su capacidad para provocar una reflexión lúcida e intensa sobre el conflicto que implica el ejercicio de algunas libertades dentro de un Estado Democrático de Derecho”.

Con igual entusiasmo, René González de la Vega aseveró que “intentar hablar de derechos fundamentales y su defensa no me coloca en el grupo de los que exhiben camisas sangrantes, ni de los que quieren colocarse al lado de los infieles. Es mi propósito, solamente,

Discurso de aceptación del doctorado honoris causa Laurence Tribe

El representante del gobierno de Estados Unidos, Charles Jakosa, recibe el diploma de Laurence Tribe de manos del subprocurador Jorge Lara

Gerardo Laveaga entrega el diploma a René González de la Vega

para información de los más obstinados, decir que los derechos son de todos, que el Derecho es un escudo y no una espada, y que en la preservación del Estado de Derecho y de justicia va nuestro destino”.

A continuación, Gerardo Laveaga impuso la insignia y entregó el pergamino que da constancia de la distinción otorgada a René González de la Vega. De igual manera, el pergamino fue acompañado de una obra de arte original y en él se señaló que el galardón se le entregó “por el aná-

lisis crítico que ha desarrollado para hacer más accesible el estudio del Derecho penal, a la luz de la ética y la política”.

Alejandro Madrazo Lajous y Sergio García Ramírez participaron en la ceremonia con emotivos pronunciamientos de Laudatios en honor de Laurence Tribe y René González de la Vega, respectivamente.

Una vez concluido el evento, los invitados disfrutaron de una recepción en la que se llevó a cabo un brindis en honor a los laureados.

Es con una combinación de placer y humildad que acepto este doctorado honoris causa, la distinción académica más alta que otorga el INACIPE. Quisiera empezar agradeciendo profundamente al instituto y al gobierno de México por adjudicarme este grado, que entiendo nunca había sido otorgado a un ciudadano estadounidense. El trabajo del instituto, desde su fundación por parte del gobierno de México en 1976, ha sido de gran valor en la tarea de construir los cimientos de una investigación científica y un análisis empírico y teórico relacionado con todos los asuntos de la justicia penal en México.

Lo que me impresiona más de las actividades y las aspiraciones del instituto es el reconocimiento de que las ciencias y el Derecho deben ir de la mano si el fin último de la actividad gubernamental, la preservación de la justicia y la seguridad, ha de realizarse.

Yo solía ser lo que algunas personas en Estados Unidos llaman un “científico duro”. Me titulé como licenciado en matemáticas y pasé un año en la Fundación Nacional para el Estudio de las Ciencias. Trabajé seis veranos en el laboratorio de radiación Lawrence en Berkeley, California, estudiando f ísica de altas energías y programando computadoras antiguas, de aquellas que requerían edificios completos para realizar los cálculos que ahora podemos hacer en un Smartphone.

Aunque después dediqué toda mi atención al estudio del Derecho nunca he perdido mi devoción por la ciencia, la cual también capturó la atención del presidente Obama, quien se volvió mi asistente de investigación como estudiante de Derecho en 1989. En aquel tiempo trabajamos en un artículo que titulé “La curvatura del espacio constitucional”, publicado en la revista de De-

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recho de Harvard. Trataba sobre lo que los abogados pueden aprender de la f ísica.

Incluso desde ese momento, antes de graduarse de la Facultad de Derecho, nuestro futuro presidente ya mostraba una gran curiosidad científica, un apetito voraz por la verdad y una necesidad de ir más allá de las complejidades sin sobresimplificarlas. Eso me impresionó mucho y ayuda a explicar el entusiasmo con que acepté su invitación para trabajar en su administración el año pasado, como jefe de asesores de acceso a la justicia, posición en la cual se me encomendó crear una nueva área en el Departamento de Justicia encargada de encauzar los esfuerzos gubernamentales para convertir el sistema legal norteamericano, tanto en sus componentes civiles como penales, en uno más eficaz y accesible para los ciudadanos ordinarios, sin importar raza, género o riqueza.

El pasado diciembre regresé desde el gobierno a mi puesto como catedrático de Harvard. Y cuando miro hacia atrás y pienso en todos los discursos que emití como representante del gobierno de Obama, recuerdo con mucho cariño el discurso inaugural que pronuncié en junio de 2010 en el Instituto Nacional de Justicia, que es, en muchos sentidos, el equivalente del INACIPE en Estados Unidos.

Un par de meses antes de dar ese discurso fui electo como el milésimo primer miembro de la Sociedad Filosófica Americana, la cual tiene casi 270 años de existencia y fue fundada por Benjamin Franklin en 1743. La misión de dicha sociedad es promover y difundir el conocimiento útil.

Esas palabras son más que un lema trillado; envuelven una filosof ía que los americanos compartimos con el México moderno, una filosof ía que evoca el espíritu de los fundadores de Estados Unidos y, particularmente, al más famoso por su devoción científica: un visionario cuya cosmovisión personifica de mejor manera el espíritu tanto del Instituto Nacional de Justicia de mi país como del INACIPE en México, es decir, Benjamin Franklin.

Franklin aprendió de todos, de los indios nativos, de los franceses, de los británicos... de todos. Con sus descubri-

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Laurence Tribe en su mensaje enviado a través de un video

mientos encontró lo que muchos no veían y nunca persiguió el conocimiento por una ganancia personal, sino por el bienestar de los demás seres humanos.

Franklin rechazaba constantemente el registro de patentes y reconocimientos materiales por sus descubrimientos; no buscaba crédito propio, sino mejorar de manera tangible e inmediata la condición humana.

Y ustedes también, con su confianza no sólo en poseer el conocimiento, sino en compartirlo; con su búsqueda de políticas públicas, basadas en la evidencia, que protejan al pueblo de los costos incalculables del crimen mientras se protege a aquellos que se sospecha o se acusa de cometer delitos de los iguales costos incalculables de sentencias injustas y métodos policiacos que violan derechos humanos y se alejan del Estado de Derecho, contribuyen con dichas metas.

Sucede que el tatarabuelo de Franklin fue famoso por su innovadora asistencia legal como abogado defensor de granjeros pobres que no podían pagar el acceso al sistema de justicia de Inglaterra en sus conflictos contra la aristocracia. Pero hay un punto más importante que quiero resaltar, más allá de este vínculo retórico y conveniente entre el ancestro lejano de Franklin y el compromiso de nuestra nación con las palabras grabadas en la fachada del edificio de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos: “Justicia igual bajo la ley”. En pocas palabras, se trata de exal-

tar la fe en el conocimiento como arnés del progreso, pero no sin antes avanzar en el conocimiento mismo. Una misión a la que tanto el Instituto Nacional de Justicia como el INACIPE se dedican.

El progreso que ambas instituciones buscan se basa en algo que mi héroe del sistema judicial y amigo difunto, el ministro William J. Brennan, dijo alguna vez y con lo que creo todos estarían de acuerdo: “Debemos recordar que el interés social atiende de igual manera a la necesidad de que el inocente no sufra, como a la de que el culpable no escape”.

Los obstáculos financieros, sociales y culturales para lograr dicho desarrollo son mayúsculos, tanto en su país como en el mío. Éste no es el momento ni el lugar indicado para esbozar un panorama sobre los pasos que nuestros países deben tomar para vencer dichos obstáculos. Basta con decir que en ambos países se requiere un trabajo policiaco más inteligente y una acusación más ética que pueda, simultáneamente, proteger al inocente, preservar el Estado de Derecho y hacer más con menos recursos.

Es por el apego que el INACIPE tiene en cumplir estas metas, que hace una gran contribución al bienestar de México y a sus ciudadanos e, indirectamente, al bienestar de sus vecinos al norte aquí, en Estados Unidos; y es gracias a su contribución en la realización de todas esas metas que me siento muy honrado en recibir este extraordinario grado de doctor.

Muchas gracias.

Luis Bartolini Esparza*

La banca de desarrollo y el financiamiento popular El financiamiento de las actividades productivas de los sectores populares —que en buena medida pueden impulsar el crecimiento de nuestra economía— no puede darse con los criterios de la banca comercial, sino a través de una banca de desarrollo que se eleve por encima de intereses de carácter político, para dirigir su mirada a los intermediarios financieros no bancarios, que son a quienes acuden los sectores sociales más desfavorecidos. Así lo sostiene el autor de este artículo.

P

ara el sistema financiero mexicano, la banca de desarrollo y el financiamiento popular resultan fundamentales para el crecimiento equilibrado del país, ya que si bien es cierto que la banca comercial privada tiene un papel relevante en el impulso de las actividades productivas y el consumo, precisamente atendiendo a su naturaleza, también está sujeta a ciertas prioridades y criterios, incluso de orden normativo, que le impiden profundizar en algunos segmentos de población que por razones de ubicación geográfica e ingresos, entre otros, dejan de ser atendidos en la prestación de los servicios bancarios básicos.

En relación con lo anterior, también es una realidad que estos segmentos de la población tienen necesidades de servicios financieros y que en la medida en que no se logre involucrarlos de lleno con el resto de la población, en lo que a servicios bancarios se refiere, la brecha socioeconómica entre diversos sectores de la sociedad se hará más grande, con las consecuencias negativas que conlleva.

Por otra parte, la figura de la banca de desarrollo ha sido utilizada en algunas ocasiones con fines más de bien de índole política, y no necesariamen-

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te en aras de lograr el desarrollo o el crecimiento de determinado sector de la economía. También, al formar parte del sector financiero público, y estar constituidas como sociedades nacionales de crédito, entidades paraestatales y fideicomisos públicos, los funcionarios y demás personal que las opera son servidores públicos, que están sujetos a la normatividad administrativa correspondiente, lo que en varios casos ha redundado en ineficiencias y retrasos en la colocación de los recursos.

En la pasada convención bancaria que se realizó el mes de abril, de las ponencias que se sustentaron en el evento hubo concretamente dos participaciones ligadas de manera directa con el desempeño reciente de la banca de desarrollo, presentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que se desprende que se ha logrado cambiar el perfil de dicha banca, al pasar de entidades que financiaban de manera casi exclusiva a otras entidades gubernamentales, incluidas entidades paraestatales, a financiar a entidades del sector privado. Esto es, existe una mayor transferencia de recursos del sector público al privado, lo que en ocasiones se vuelve mucho más palpable para la mayoría de la población. Es el caso de la Sociedad Hipotecaria Federal, que a través de sus

programas de financiamiento y garantía logra que los intermediarios financieros privados que participan distribuyan los recursos con el público en general para la construcción y la adquisición de vivienda, sector que, como sabemos, ha crecido de manera importante en los últimos 10 años.

Otro de los aspectos que ha logrado la banca de desarrollo es la integración de consejeros independientes en sus órganos de decisión y la creación de comités de riesgo que también cuentan con miembros independientes y profesionales, apegándose en general a la normatividad aplicable para las instituciones de crédito de banca múltiple, lo cual ha derivado, entre otros beneficios, en la disminución de la cartera vencida cuyo índice de morosidad bajó de 19 por ciento en 2000 a 4.5 por ciento en 2006 y a 4.2 por ciento al cierre de 2010.

Baste recordar que tan sólo el saneamiento y la liquidación de Banrural y de Financiera Azucarera implicaron un costo para el país de 145,000 millones y 16,000 millones de pesos, respectivamente.

Para los fines de este artículo, obviaremos lo concerniente a programas de desarrollo de infraestructura, industria, comercio exterior y agropecuario,

para enfocarnos más bien a la función de la banca de desarrollo y a su relación con los intermediarios financieros en el financiamiento popular.

Así las cosas, según la información más reciente proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2007 la banca de desarrollo reportaba que trabajaba con 319 intermediarios financieros, mientras que al cierre de 2010, la cifra era de 488 entidades, cifra relevante si consideramos que ese incremento no se refiere a bancos, sino a intermediarios financieros no bancarios.

La pregunta natural es: ¿quiénes son los llamados intermediarios financieros no bancarios?, porque queda claro que no se trata bancos y pareciera que se trata de un bloque homogéneo de organismos de la misma categoría, cuando en realidad son de muy distinta naturaleza. Según la información publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a finales del año pasado, en el sistema financiero mexicano estaban autorizadas y operando, entre otras entidades financieras supervisadas, 41 instituciones de banca múltiple, 35 sociedades financieras populares (Sofipos), 20 sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles), 16 sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) reguladas, 54 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Scap) y 133 uniones de crédito, cuyo objeto esencial es precisamente el otorgamiento de crédito.

Es menester destacar que las cifras anteriores corresponden a entidades reguladas y supervisadas por la CNBV, pero no hay que perder de vista que en el sistema existe una cantidad mucho mayor de participantes que por cuestiones legales no están sujetos a la supervisión de la citada CNBV, o se encuentran en un periodo transitorio para obtener su autorización correspondiente.

Tan sólo en los que se refiere a Sofomes ENR (entidades no reguladas), las cifras más recientes indican que podría haber un universo de 3,000 entidades, aunque efectivamente estén operando unas 2,300, que de todas maneras es cuantitativamente un universo muy superior al de entidades reguladas.

Ahora bien, salvo las Sofipos, las uniones de crédito y las Scaps, los de-

más intermediarios financieros no bancarios tienen la prohibición expresa de buscar fondeo directo del público, ya sea a través de la recepción de depósitos o incluso de financiamientos que provengan de personas que no sean entidades financieras, lo que al final de cuentas los coloca en una situación muy dif ícil, ya que estructuralmente tienen la debilidad del fondeo. Ésta es una de las principales problemáticas que deben resolver estas entidades para operar, lo que en muchos casos las convierte en proyectos inviables.

El asunto toma relevancia en el momento en que entendemos que precisamente este tipo de intermediarios financieros no bancarios, regulados o no, tienen —dadas sus características y su naturaleza— mayor cercanía con la gente de los sectores populares, y son capaces

mente cubiertos —infraestructura, vivienda, agropecuario, etcétera—, pero ¿qué institución de la banca de desarrollo es competente para proporcionar financiamiento o garantías a intermediarios financieros, como las miles de Sofomes que dan créditos para capital de trabajo por 2,000 o 3,000 pesos a grupos de señoras que tienen talleres de costura, restaurantes, etcétera, actividades que son netamente de financiamiento popular productivo y ni siquiera de consumo?

Tal vez sólo Nafin y Bansefi ofrezcan programas similares, en los que son sujetos de sus beneficios sólo algunos tipos de intermediarios financieros no bancarios, como las Socaps, las uniones de crédito o las Sofoles, quedando fuera la mayor parte del universo de los intermediarios.

La banca comercial privada está sujeta a ciertas prioridades y criterios que le impiden profundizar en algunos segmentos de población que por razones de ubicación geográfica e ingresos, entre otros, dejan de ser atendidos en la prestación de los servicios bancarios básicos. de generar esquemas de financiamiento con usos y costumbres en ocasiones fuera de la lógica formal de una política crediticia bancaria tradicional.

En este sentido, debemos recordar que en el Derecho bancario el reconocimiento de usos y prácticas bancarias y mercantiles está dispuesto en el artículo 6, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, pero como su nombre lo indica, se trata de prácticas bancarias, y si en verdad se busca llegar a los sectores más bajos de la población, tal vez habría que replantear, en tratándose de intermediarios financieros no bancarios, la existencia de usos y prácticas financieras aceptables para estas entidades que reconozcan la realidad de la operación que día a día llevan a cabo dichos intermediarios con millones de personas en el país, y que no necesariamente es af ín a los criterios bancarios.

Por otra parte, retomando el vínculo entre la banca de desarrollo y el financiamiento popular, hay sectores que se encuentran por lo menos institucional-

En conclusión, creo que habría que reconocer que el tema del financiamiento popular tiene sus propias reglas y que en la medida en que lo queramos encajonar en los criterios de la banca, tendremos como respuesta siempre un no.

Por otra parte, se trata de sectores que la banca no está atendiendo y no sé hasta cuándo lo vaya a hacer. Quienes operan estos sectores, a diferencia de los intermediarios que participan en otros ámbitos de la banca de desarrollo, no cuentan con programas especiales, creados específicamente para el sector popular, que les permita acceder al fondeo en condiciones convenientes y más baratas, en perjuicio del usuario final del crédito, quien termina asumiendo el acumulado de altos costos financieros, lo cual es paradójico y absurdo si se considera su circunstancia económica precaria. El que menos tiene, es el que paga más. * Especialista en Derecho financiero y socio del despacho Bartolini, Ramírez y Rodríguez Habeica, S.C.

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Enc uesta ¿Qué opina usted de que el presidente de un Tribunal Superior de Justicia se pueda reelegir?

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales; podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados” [artículo 116, fracción III, párrafo cuarto de la Constitución mexicana]

Juan Velásquez Yo viví la reelección de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; por ejemplo, la de don Julio Sánchez Vargas (ocho veces, aunque por periodos de un año), y me parece que la de don Saturnino Agüero, lo cual beneficiaba la continuidad de los programas de ese tribunal. Decidir tal reelección, y las reformas legales consecuentes, correspondería a su pleno, y si éste decidiera que es conveniente la permanencia por un tiempo más de un presidente en turno, que ha sido eficiente, ¿por qué no?

Sergio García Ramírez Me parece que el desempeño del presidente de un alto tribunal de justicia debiera extenderse por un tiempo razonable, de manera que resulte útil para el desarrollo adecuado de esa jurisdicción. No es conveniente que su ejercicio sea tan reducido que no brinde la oportunidad de servir adecuadamente a dicho propósito; tampoco lo es un desempeño muy prolongado. La solución está en el justo medio, que ciertamente no excluye —en mi concepto— la posibilidad de reelección de quien ha probado dedicación, competencia, probidad, independencia y creatividad.

Gerardo Laveaga Desde una perspectiva constitucional, me parece que la prohibición que hace la Carta Magna se refiere a los consejeros de la Judicatura y no al presidente del Tribunal (aunque éste, eventualmente, presida el Consejo). Desde una óptica legal, el obstáculo que suponía la prohibición del artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ya quedó allanado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Finalmente, desde el punto de vista del management, no encuentro objeción alguna para que un servidor público o un gerente en una organización privada que se han desempeñado con eficacia no puedan mantenerse en su cargo un nuevo periodo. En el caso concreto del Distrito Federal, pese a los muchos desaf íos que quedan por emprender, considero que Edgar Elías ha desempeñado un papel destacado y, si en mis manos estuviera, votaría por su reelección.

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Javier Quijano Baz Desde el momento en que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal lo es también del Consejo de la Judicatura, su reelección no sólo resulta desaconsejable, sino que la reciente reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que la permite es inconstitucional, porque viola el artículo 122 de la Constitución General de la República.

Edgar Corzo Sosa La Constitución federal, en su artículo 116, fracción III, relativo a los poderes judiciales locales, no establece ninguna limitación al respecto. Por ello mismo, las constituciones locales tienen la libertad normativa para regular, si así lo desean, la reelección de su presidente. Es más, esta reelección es posible en tanto que, de acuerdo con el mismo artículo 116, fracción III, de la Constitución federal, se permite la reelección de los magistrados, aun cuando sabemos que esta reelección forma parte de sus garantías judiciales.

Por otra parte, la reelección, en el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, sí es posible, ya que así lo dispone el artículo 97, cuarto párrafo constitucional, aunque de manera mediata.

En consecuencia, no advierto ningún inconveniente jurídico para que el presidente de un Tribunal Superior de Justicia pueda reelegirse. Más bien, la discusión debiera consistir en cuánto tiempo, con todo y reelección, requiere la presidencia de un Tribunal Superior para realizar razonablemente su programa de gobierno. Pero aun en este caso resulta útil que exista una evaluación del ejercicio de la presidencia, la cual deberá realizarse en el momento en que se busque la reelección.

Miguel Alejandro López Olvera El presidente de un Tribunal Superior de Justicia no debe reelegirse, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene principios y valores que protegen nuestro régimen democrático, en el que debe prevalecer el equilibro de las instituciones. La intención del legislador para que determinados servidores públicos ocupen la titularidad de un órgano por un periodo de tiempo determinado se funda en que de antemano se analizó que es suficiente ese tiempo (tres, cinco, diez, quince años, etcétera) para que pueda producir los avances necesarios en esa institución.

La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. El Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, uno de los cuales será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también presidirá el Consejo […] Todos los consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrado y durarán cinco años en su cargo; serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo” [artículo 122, base cuarta, fracción II, párrafo primero de la Constitución mexicana] El Mundo del Abogado mayo 2011

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Amanda Sotto Fontes

José Guadalupe Medina Romero Vanguardia tecnológica en el Registro Público del D.F. 50

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Cómo se trabajaba en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal anteriormente?

La percepción era la de una institución anquilosada, obesa, con inercias y carente de un modelo actualizado a la realidad de esta gran ciudad. En el esquema gubernamental, para que un proyecto se consolide es necesario contar con tres elementos básicos: en primer lugar, voluntad política como la mostrada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, quien desde el inicio de su administración planteó la necesidad de entrarle al tema de la modernización de la institución registral para proyectarla como pilar de la certeza y la seguridad jurídica del patrimonio de los habitantes de la ciudad de México, además de convertirla en impulsora de la competitividad y garante de la inversión en materia de comercio; en segundo lugar, liderazgo en la implementación del proyecto como el asumido de manera puntual por parte de nuestra consejera jurídica, Leticia Bonifaz, responsable de todos los servicios legales que provee el gobierno citadino; y en tercer lugar, contar con un modelo integral de modernización como el instaurado en la ciudad de México, apoyado con recursos presupuestales suficientes.

A este respecto, vale precisar que el nuevo modelo registral del Distrito Federal, si bien obedece a la lógica y a las dimensiones únicas de una de las ciudades más grandes del mundo, responde a un esquema consensuado a nivel nacional en el que participan instancias federales como la Comisión Nacional de Vivienda o la Sociedad Hipotecaria Federal.

Para tener una idea de la dimensión del trabajo que realizan, ¿podría darnos algunas cifras?

El acervo registral de la ciudad de México se integra por un estimado de 2,000,000 de folios reales y aproximadamente 400,000 folios mercantiles; 10,500 libros en materia de propiedad y casi 2,500 libros en materia de comercio. El promedio de operaciones al año se sitúa en 750,000; hay más de 1,500 usuarios y 5,000 operaciones diarias,

En su tarea de resguardar y permitir la consulta de los registros inmobiliarios que constituyen el patrimonio de la gente, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio es una de las instituciones que mayor necesidad tiene de incorporar en sus actividades tecnología confiable que facilite los procesos registrales.

José Guadalupe Medina Romero, director general de esta institución en el Distrito Federal, nos habla del proceso de modernización que están implementando en sus servicios. así como un estimado de 20,000 registros de nuevas sociedades mercantiles al año, lo que ubica a nuestra institución como la más importante del país por volumen y tipo de operaciones. ¿Cuáles son los cambios que se han realizado en esta administración?

El proceso de modernización en el que se encuentra inmersa la institución registral representa para el Gobierno del Distrito Federal acciones de buen gobierno, visibles y tangibles. La meta es modernizar con seguridad y certeza jurídicas, con el avance de técnicas que faciliten los procesos registrales y que además dicha fórmula promueva la calidad y la calidez en el servicio al usuario del servicio registral.

En este contexto es importante recordar que a lo largo de su historia, el Registro Público fue objeto de cuatro distintos programas de modernización que no se concluyeron y que abarcaron parcialmente algunas de las necesidades que agobiaban a la institución. En el proceso actual se implementó el programa bajo un enfoque integral y sis-

témico, con una inversión significativa de recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros. Lo anterior permitió sustituir los viejos sistemas de datos con tecnologías de vanguardia, robustas y blindadas informáticamente para garantizar la preservación y el manejo de la información tan trascendente que hoy se deposita en nuestra bóveda virtual. Así, hoy se realizan todas las gestiones, inscripciones y trámites de forma totalmente electrónica, introduciendo la firma digital para garantizar la autenticidad de la información registral; además, se implementó la digitalización a demanda de los libros y folios cartulares para completar la migración de las bases de datos al nuevo sistema de información registral denominado Futureg-DF. Se acaba de celebrar el 140 aniversario del Registro Público. Cuéntenos un poco acerca de su evolución histórica.

El Registro Público de la Propiedad es una institución creada en 1871, iniciando sus funciones con la técnica del re-

La seguridad y la certeza jurídica de las transacciones inmobiliarias y de comercio se han visto incrementadas de manera contundente” El Mundo del Abogado mayo 2011

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gistro en libros. Durante más de 100 años la inscripción de actos se realizó en partidas de libros hasta el cambio de su esquema de registro de libros a la técnica de folio real cartular, en 1979. Sin embargo, por varias razones, los resultados no fueron suficientes para lograr una institución acorde con las demandas ciudadanas ni gubernamentales.

En 2008 comenzó el proceso de modernización integral del Registro Público y a tres años de trabajos llegamos a la celebración con una institución registral que cuenta con bases jurídicas, como la nueva Ley Registral para el Distrito Federal, nuevos y modernos procesos registrales, así como con infraestructura tecnológica para brindar servicios de vanguardia, acordes a las necesidades actuales de la ciudadanía. ¿Cuáles son las implicaciones de este proceso de modernización que menciona?

Con la nueva herramienta informática se incorporó el folio real electrónico, que permite la inscripción electrónica con firma digital, la cual inició el 24 de mayo del año pasado. A partir de esa fecha, y hasta el día de hoy, se han generado y firmado más de 137,865 folios reales electrónicos y 427,889 asientos electrónicos. Con el folio real electrónico se eliminaron por completo las diversas fuentes de consulta que se tenían anteriormente (libros, folios, microfichas y sistemas informáticos), para integrarlas en una sola fuente de información.

En resumen, la evolución en el Registro Público ha contemplado un cambio de técnica registral, dejando atrás las inscripciones en libros y expedientes cartulares, e iniciando el registro en folios reales electrónicos, los cuales cuentan con información registral, escaneada, alineada y almacenada en nuestra bóveda digital, que permite resguardar la información electrónica con medidas de seguridad, brindando certeza jurídica al acervo registral más grande del país. ¿Cómo han funcionado estos nuevos procesos?

El objetivo principal del Programa Integral de Modernización es hacer del

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José Guadalupe Medina Romero es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de cuyo cuerpo docente forma parte desde 1994.

Comenzó su vida laboral en 1981 como auxiliar de oficina en Petróleos Mexicanos, etapa que culminó como coordinador de Programas Especiales de la Gerencia de Administración Industrial, en 1991. En febrero de ese año se incorporó a la naciente Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde ocupó los cargos de jefe del Departamento de Estudio y Calificación, visitador adjunto y secretario particular de la Dirección General de Quejas y Orientación; de 1995 a 1998 participó en el Gobierno del Distrito Federal como secretario técnico de Derechos Humanos de la Dirección General de Reclusorios y como subdirector en la Contraloría Interna de la Procuraduría capitalina. En la administración pública federal ha participado como subdirector de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y como director del área fiscal especial para el Combate a la Corrupción, director general de Inspección Interna y director general de Visitaduría en la Procuraduría General de la República, instancias de control técnico-jurídico del Ministerio Público de la Federación.

En marzo de 2008 fue invitado por Leticia Bonifaz Alfonzo, consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal, para formar parte de su equipo de trabajo, integrándose al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, primero como coordinador para la Implementación del Proyecto de Modernización en Materia de Comercio, de agosto a octubre de ese año como director jurídico de la dependencia y, a partir del 1° de noviembre de 2008, como director general de esta institución registral.

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal una institución que sea garante del desarrollo de la función registral y la publicidad que tiene asignadas, para que los actos que requieren satisfacer tal requisito surtan efectos frente a terceros.

Asimismo, se pretende consolidar una institución registral más eficaz, más eficiente, más segura, que impacte favorablemente en el desarrollo territorial, genere mayor recaudación y, como ya se mencionó, sea en la capital de la República un motor de la competitividad.

Los servicios que otorga esta institución registral cumplen con estándares internacionales de calidad y eficiencia, para lo cual se hace indispensable utilizar herramientas tecnológicas y mecanismos de gestión que permiten transitar a la renovación tecnológica de manera sistemática, sin colapsar los servicios registrales que se ofrecen de manera cotidiana.

Los nuevos procesos registrales han permitido mejorar los tiempos de respuesta en trámites y servicios del Re-

gistro Público. Un ejemplo de lo anterior es la emisión de certificados de existencia e inexistencia de gravamen, del que se tenía un promedio de respuesta de 10 días. Ahora, con los nuevos procesos, la respuesta promedio es de tres días.

Asimismo, la inscripción de nuevas sociedades mercantiles mejoró sus tiempos de registro, pasando de 19 días a un promedio de 30 minutos. De igual manera se han mejorado los tiempos de respuesta en las inscripciones de actos jurídicos, mejoras que son evaluadas por instituciones locales e internacionales. Por ejemplo, recientemente el Banco Mundial ha documentado las mejoras de los procesos registrales e informado acerca de los avances de la modernización para los indicadores nacionales en el Doing Business México. ¿En verdad la modernización registral ha propiciado una mayor certeza jurídica?

Sí, ya que a mayor modernización hay menos riesgos de corrupción, toda vez

que los procesos registrales se han fortalecido mediante la incorporación de la firma electrónica avanzada, la creación del folio real electrónico, la digitalización en proceso de todo el acervo registral y, por supuesto, el nuevo modelo integral de registro público digital con que ya cuenta esta ciudad. Todo esto nos permite afirmar que la seguridad y la certeza jurídica de las transacciones inmobiliarias y de comercio se han visto incrementadas de manera contundente.

Las acciones implementadas en el proceso de modernización han permitido realizar, a la fecha, el escaneo de 740,782 folios reales cartulares y se han digitalizado 383,758 partidas de libros de propiedad, lo cual refleja un total de más de 3,000,000 de imágenes digitalizadas, considerando que un folio real f ísico consta de varias fojas en su integración.

Así, con la digitalización a demanda, con una reingeniería de la gestión interna, con un control de gestión robusto y adecuado al nuevo modelo registral, se pretende que el Registro Público se posicione a la vanguardia del país.

El modelo de modernización plantea de manera integral la implementación de nueve componentes: marco jurídico, procesos registrales, tecnologías de la información, gestión de calidad, profesionalización de la función registral, políticas institucionales, gestión y acervo documental, participación y vinculación con otros sectores e indicadores de desempeño; los cuales son cuantificados y evaluados objetivamente por el Comité de Evaluación del Programa Estatal de Modernización de Registro Públicos.

de los procesos registrales mediante la utilización de metodologías electrónicas, informáticas y administrativas, controles de acceso a las áreas sustantivas y la implantación de 212 cámaras de monitoreo ubicadas en los puntos estratégicos de bóvedas, áreas de atención al público e, inclusive, zonas aledañas a las instalaciones del conjunto Villalongín.

En la segunda, ante la detección y acreditación de actos presumiblemente ilegales, se ha procedido a la denuncia ante la autoridad competente.

No obstante lo anterior, se mantiene una lucha frontal permanente contra cualquier acto de corrupción, monitoreando a los gestores y, sobre todo, fa-

cilitando el acceso a la información y a los servicios a los particulares. Estamos convencidos de que la transparencia en la información es vital para transmitir certeza en la gestión registral.

La constante expansión, incluso más allá de las fronteras estatales, de la ciudad de México, hace que el control registral sea engorroso. ¿Cómo han logrado mantener la eficacia de la institución en una ciudad como ésta?

Mediante la incorporación de nuevas herramientas electrónicas se han implementado mecanismos de consulta a distancia que permiten conocer el estado actual de trámite vía internet; es decir que el usuario registral puede co-

La inscripción de nuevas sociedades mercantiles mejoró sus tiempos de registro, pasando de 19 días a un promedio de 30 minutos”

Se habla mucho de defraudaciones cometidas por los gestores, también conocidos como coyotes. ¿Qué está haciendo el Registro Público para evitar este fenómeno?

Se implementaron acciones en dos vertientes: la preventiva y la reactiva. En la primera, durante esta administración se implantó la credencialización de todos los gestores que trabajan para notarías, contando con el aval y la firma de cada notario. De este modo sabemos a quién responden los gestores en su actividad, además de las modificaciones

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para los fedatarios que requieren el servicio registral inmobiliario.

Asimismo, el 24 de noviembre de 2008 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ocho criterios registrales en materia de comercio.

Durante el proceso de modernización y en cada una de las etapas de implementación de los nuevos procesos registrales, se han emitido circulares en apego a las facultades de operación y administración de los servicios públicos registrales, a fin de divulgar las normas y los lineamientos administrativos que rigen el servicio registral.

Lo anterior ha evitado discrecionalidad en la función registral, aunado a que en diciembre de 2010 fue aprobada la Ley Registral para el Distrito Federal, y en breve tiempo se presentará el nuevo Reglamento del Registro Público de la Propiedad.

nocer desde su casa u oficina la resolución a su solicitud, así como la fecha para pasar a recoger la respuesta a las ventanillas del Registro Público.

A finales de febrero del presente año se inició la prestación de nuevos servicios electrónicos denominados “Envío de constancia de antecedente vía electrónica”, “Comunicado de conclusión de asiento electrónico”, “Consulta de imagen electrónica de documentos ya expedidos” y el envío de “Boletín electrónico personalizado”; todos pueden ser consultados desde la página web de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, a través de la ventanilla virtual del Registro Público.

Los nuevos servicios registrales tienen la ventaja de que el servicio electrónico se puede solicitar y obtener desde la comodidad del hogar o del centro de trabajo, sin trasladarse a las oficinas del Registro, sin filas, sin gastos de traslado y con la ampliación del horario de atención vía internet.

Los pagos de los servicios electrónicos se pueden realizar mediante referencia bancaria directamente en sucursales de banco, o con tarjeta de crédito o débito de todos los bancos, vía internet.

Es importante mencionar que la validación de los pagos electrónicos realizados mediante tarjeta de crédito o dé-

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El Mundo del Abogado mayo 2011

bito se ejecuta de manera automática, por lo que una vez hecha la transacción de pago, el usuario puede realizar la solicitud de manera inmediata y recibir la información registral en el acto. Ahora bien, la validación de los pagos realizados en sucursal bancaria se da en un lapso de 15 minutos, siempre y cuando la institución bancaria haya realizado la notificación a los sistemas de la Secretaría de Finanzas por lo que se refiere al pago de derechos. ¿Qué criterios jurídico-registrales se siguen para evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones de la institución?

Esta función se realiza bajo los principios registrales que la norma y la doctrina determinan: el de legitimación, la fe pública registral, la prelación, el de rogación, el de tracto sucesivo, de consentimiento, de especialidad, de inscripción y de publicidad. Con lo anterior se impide que se inscriban en el Registro Público títulos contrarios a derecho o irregulares y se faculta al registrador para calificar estas circunstancias.

El 22 de julio de 2008 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 23 criterios registrales en materia de propiedad, que aplican tanto para la operación del Registro Público como

¿Cuáles son los retos que tiene por delante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal?

Que esta institución registral sea reconocida como modelo de éxito en el campo de la modernización registral, y que sea el referente mundial en su concepto integral de modernización. Estamos convencidos de que en un futuro cercano podrán realizarse consultas a nuestros asientos desde cualquier parte del mundo, de manera rápida y eficaz, pero ante todo garantizando la seguridad y la certeza jurídica, presupuestos sin los cuales todos nuestros esfuerzos habrán sido inútiles.

La sociedad en general deposita una gran confianza y por tanto responsabilidad en nuestros registros públicos, ya que nada más y nada menos tenemos el compromiso del resguardo de sus bienes económicamente más preciados.

Por lo tanto, la institución registral se convierte en una auténtica garante de la paz y la tranquilidad social, al ser un ente de justicia preventiva. El paradigma para un Registro Público de vanguardia está en no asumir el papel de componedor de conflictos, sino en promotor activo para evitarlos. Éste es el reto y con el desarrollo del nuevo modelo registral que se construye y consolida día a día en la ciudad de México, habremos de lograrlo.

El Mundo del Abogado abril 2011

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Alejandra Peralta*

Cuánto ganan los abogados en México ¿A quién no le gustaría conocer el salario de los demás, especialmente de los colegas de profesión? Pero más allá de la curiosidad, hay factores como la necesidad de contratar personal o de exigir un salario por el trabajo que se desempeña que vuelven necesario contar con parámetros acerca de los salarios dentro de la profesión.

A

la pregunta de cuánto ganan los abogados en México podrían ofrecerse muchas respuestas, pero la realidad es que el trabajo de los abogados es remunerado a partir de las actividades que desarrollan y de la modalidad en la que ejercen su profesión. Aunado a lo anterior, la especialización es un factor decisivo y contundente que permite obtener mejores puestos, ya sea como abogado corporativo o en un bufete.

Si bien es cierto que la experiencia es una de las herramientas más poderosas, también es verdad que se complementa con la especialización, la cual se adquiere en la práctica y a través del trabajo académico.

Por lo anterior es necesario contar con información actualizada para saber si uno recibe la remuneración adecuada o si la empresa en la que laboramos, o en la que aspiramos a laborar, tiene conocimiento de los rangos salariales adecuados respecto del mercado actual.

En México existe un estudio de remuneración especializado en el área legal, elaborado por Michael Page México.

Su investigación se sustenta en más de 5,000 registros de candidatos calificados y ha sido acompañada por un análisis permanente del mercado durante 2010. Los resultados contemplan las prestaciones líquidas de los empleados y se dividen por rangos de facturación, lo que proporciona las cifras de sueldos de acuerdo con el tamaño de la empresa.

A continuación proporciono una muestra representativa del estudio, la cual hemos dividido en dos ramas: la primera, los sueldos de los abogados corporativos; la segunda, los salarios de los abogados de despachos.

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Abogados corporativos Director de Jurídico Reporta: director general/director jurídico regional.

Responsabilidades: proporciona soporte a todas las áreas del negocio en el área jurídica; debe ser un líder capaz de llevar a cabo el área legal a nivel nacional, apoyándose para su diseño en el director general.

Perfil: se requiere una experiencia aproximada de 10 a 15 años en el área legal o en despacho; debe tener un perfil muy generalista, concentrándose básicamente en aspectos mercantiles y societarios, con especial énfasis en la rama jurídica más relacionada con la actividad de la empresa; idealmente, debe poseer estudios de posgrado, ya sea LLM o MBA; debe dominar el idioma inglés.

Remuneración: Facturación

Salario base mensual

Bono

Menor a US$ 200,000

MXN$ 80 - 120,000

2 a 3 meses de sueldo anual

Entre US$ 200 y 400,000

MXN$ 110 - 160,000

3 a 4 meses de sueldo anual

Mayor a US$ 400,000

MXN$ 150 - 250,000

5 a 8 meses de sueldo anual

In House Lawyer Reporta: director general/director de administración y finanzas.

Responsabilidades: proporciona asesoría jurídica a todas las unidades del negocio; tiene a su cargo el área legal de la em-

presa, principalmente las áreas corporativas, propiedad intelectual y laboral; coordina los despachos externos.

Perfil: experiencia de cinco a ocho años en despachos o empresas; debe ser un abogado generalista experto en aspectos mercantiles y societarios; idealmente, debe poseer estudios de posgrado, LLM. Esta figura ha sido cada vez más común en empresas que no cuentan con un departamento jurídico.

Remuneración:

Abogado de empresa Reporta: gerente jurídico corporativo/gerente jurídico contencioso.

Responsabilidades: brindar asesoría jurídica dependiendo del área en que se encuentre, ya sea corporativa, contenciosa, laboral o de propiedad intelectual; apoyar todo tipo de asuntos, ya sean corporativos o en litigio; revisar contratos; realizar el seguimiento del gobierno corporativo.

Perfil: experiencia aproximada de dos a cuatro años en despacho o en empresa.

Remuneración:

Facturación

Salario base mensual

Bono

Menor a US$ 200,000

MXN$ 40 - 50,000

2 meses de sueldo anual

Facturación

Salario base mensual

Bono

Entre US$ 200 y 400,000

MXN$ 50 - 60,000

3 meses de sueldo anual

Menor a US$ 200,000

MXN$ 15 - 30,000

2 meses de sueldo anual

Mayor a US$ 400,000

MXN$ 70 - 80,000

3 meses de sueldo anual

Entre US$ 200 y 400,000

MXN$ 25 - 35,000

2 meses de sueldo anual

Mayor a US$ 400,000

MXN$ 40,000

2 meses de sueldo anual

Gerente corporativo Reporta: director jurídico.

Responsabilidades: coordinar y brindar asesoría jurídica en el área corporativa; llevar el día a día corporativo de la empresa (redactar actas, poderes, libros corporativos); elaborar la documentación necesaria y preparar diferentes opiniones o consultas; elaborar y revisar contratos.

Perfil: experiencia aproximada de cinco a siete años en un despacho o en el área legal de una empresa; tiene que administrar y supervisar el trabajo de abogados externos e implementar políticas legales corporativas; idealmente, debe poseer estudios de posgrado, LLM. Remuneración: Facturación

Salario base mensual

Bono

Menor a US$ 200,000

MXN$ 40 - 60,000

2 meses de sueldo anual

Entre US$ 200 y 400,000

MXN$ 60 - 90,000

2 meses de sueldo anual

Mayor a US$ 400,000

MXN$ 80 - 100,000

2 meses de sueldo anual

Gerente contencioso Reporta: director jurídico.

Responsabilidades: coordinar y brindar asesoría jurídica en el área de litigio; encabezar todos los litigios de la empresa; preparar todos los escritos dirigidos a las autoridades; coordinar despachos externos.

Perfil: experiencia aproximada de cinco a siete años en litigio.

Remuneración: Facturación

Salario base mensual

Bono

Menor a US$ 200,000

MXN$ 40 - 60,000

2 meses de sueldo anual

Entre US$ 200 y 400,000

MXN$ 50 - 70,000

2 meses de sueldo anual

Mayor a US$ 400,000

MXN$ 70 - 80,000

2 meses de sueldo anual

Abogados de despachos Socio Reporta: consejo.

Responsabilidades: asesorar en la materia de especialidad a sus clientes (laboral, corporativa, financiera, bancaria, propiedad intelectual, competencia económica, comercio exterior, fiscal, administrativa, litigio) y desarrollar la parte comercial para su despacho atrayendo nuevos clientes.

Perfil: en general, se requiere una experiencia aproximada de 10 a 15 años en despachos para poder alcanzar la sociedad; tener capacidad comercial; dominar alguna de las ramas del Derecho.

Remuneración: varía en función de las horas facturadas.

Cada despacho tiene diferente manera de facturación y diverso costo.

Es necesario contar con información actualizada para saber si uno recibe la remuneración adecuada o si la empresa en la que laboramos tiene conocimiento de los rangos salariales adecuados respecto del mercado actual.

Asociado Reporta: socio(s).

Responsabilidades: asesorar en la materia de especialidad a los clientes de cada socio (laboral, corporativa, financiera, bancaria, propiedad intelectual, competencia económica, comercio exterior, fiscal, administrativa, litigio), dirigiendo a un equipo de abogados y pasantes.

Perfil: experiencia aproximada de cinco a 10 años en despacho; dominar alguna de las ramas del Derecho; hablar correctamente el inglés.

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Remuneración: varía en función de las horas facturadas.

Suelto bruto mensual

Suelto bruto mensual

Sueldo bruto mensual

bajo

promedio

alto

USD$ 180 - 220

MXN$ 30,000

MXN$ 57,000

MXN$ 76,000

USD$ 220 - 260

MXN$ 48,000

MXN$ 65,000

MXN$ 100,000

Mayor a USD$ 260

MXN$ 68,000

MXN$ 85,000

MXN$ 135,000

Tarifa por hora

Abogado Reporta: directo: asociado/indirecto: socio.

Responsabilidades: asesorar en la materia de especialidad a los clientes de cada asociado (laboral, corporativa, financiera, bancaria, propiedad intelectual, competencia económica, comercio exterior, fiscal, administrativa, litigio).

Perfil: experiencia aproximada de uno a cuatro años en despacho; conocimiento de alguna de las ramas del Derecho; dominio del inglés.

Remuneración: Suelto bruto mensual

Suelto bruto mensual

Sueldo bruto mensual

bajo

promedio

alto

Menor de USD$ 120

MXN$ 17,000

MXN$ 25,000

MXN$ 30,000

USD$ 120 - 140

MXN$ 18,000

MXN$ 30,000

MXN$ 50,000

USD$ 140 - 180

MXN$ 24,000

MXN$ 42,000

MXN$ 65,000

Tarifa por hora

Los corporativos y los despachos están dispuestos a tener entre sus filas a profesionales que cuenten con los mejores talentos y habilidades en cada materia.

Por medio de esta muestra podemos constatar que una de las constantes es la especialización, ya sea por sector o por actividad, lo que nos lleva a concluir que es una tendencia a la alza que se justifica en las necesidades del mercado, el cual exige mucho más que antes.

Por esta razón los corporativos y los despachos están dispuestos a tener entre sus filas a profesionales que cuenten con los mejores talentos y habilidades en cada materia, además de ofrecer planes de carrera a largo plazo, así como una remuneración adecuada. * Consultora senior de la división legal de Michael Page México.

Michael Page International, empresa reconocida mundialmente como líder en reclutamiento especializado de ejecutivos en gerencia media y alta dirección, para posiciones temporales o permanentes, se ubica como precursora en la selección de candidatos especializados para diversas ramas productivas del país.

Michael Page México cuenta actualmente con 11 divisiones: Finance & Tax, Insurance, Supply Chain & Procurement, Human Resources, Legal, Banking & Financial Services, Sales & Marketing, Engineering & Manufacturing, Information Technology, Healthcare y Property & Construction.

Para mayor información, visite: www. michaelpage.com.mx.

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El Mundo del Abogado mayo 2011

OBITUARIO Antonio Sánchez Galindo

Elías Neuman Recuerdos de un penalista

E

l doctor Elías Neuman (1932-2011), argentino de nacimiento (Río de la Plata, 26 de octubre) fue un ciudadano del mundo.

Quizá esto tuvo que ver con su origen judío. Su ansia de ser universal reveló siempre su gen mesiánico.

Fue, como es de suponerse, un hombre de empresa, pero de empresa intelectual. Rara avis en su medio, prefirió el estudio de las ciencias culturales a la economía. Y esto fue ganancia para la enciclopedia de las ciencias penales, hacia cuyo ámbito dirigió sus pasos hasta su último día (Buenos Aires, 8 de abril de 2011).

Se recibió de licenciado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde también cursó la maestría y el doctorado. En Rebibbia, Italia, bajo las enseñanzas de Benigno di Tullio y Franco Ferracuti, entre otros ilustres maestros de la criminología italiana, realizó otro posgrado en criminología. En Argentina fue discípulo predilecto de Luis Jiménez de Asúa, quien prologó la primera edición de su gran arranque en la manufactura de libros que dejaron huella en Latinoamérica y en España: La prisión abierta, su tesis doctoral que recibió el premio “Facultad”. Este histórico volumen nos iluminó a los mexicanos para llevar a cabo las primeras realizaciones en estos terrenos: Sergio García Ramírez tomó datos de este tratado y con su sabiduría personal y su erudición puso en marcha la primera prisión abierta que se construyó en este país: “la cárcel sin rejas” del complejo penitenciario que conformó en 1967 en el Estado de México. Y eso fue precisamente Elías Neuman: un alumbrador esperanzado para hacer de las prisiones del mundo un lugar menos duro y cruel: un lugar humano. Por eso se emocionó cuando vino a México y contempló la obra que, con apoyo de Alfonso Quiroz Cuarón, Celes-

tino Porte Petit, Javier Piña y Palacios, Rafael Matos Escobedo y Juan José González Bustamante, hizo realidad Sergio García Ramírez en el Estado de México, en tres años de tareas romanas, gracias a la voluntad política del entonces gobernador de esa entidad, don Juan Fernández Albarrán.

De esta manera lo conocí en su primer viaje a México, en plena juventud, pero ya con profunda madurez.

Dos aspectos sobresalían en su poliédrica personalidad: su calidad humana y su capacidad de enseñanza.

Sabía hacer amigos para toda la vida y cómo ser un maestro inolvidable. Dejó hermanos del alma y alumnos en todo el mundo. Bondadoso, pero no débil; tolerante, pero lleno de firmeza en sus posturas intelectuales; generoso, pero bien administrado. También fue amoroso con su familia; sus hijos eran sus mejores amigos. De aquí su preocupación por sus mellizos, los últimos retoños que nacieron de su segundo matrimonio, cuando se acercaba a los 75 de edad. No quería dejarlos pequeños y luchaba a brazo partido para seguir viviendo, a pesar de que su salud ya se encontraba minada desde hacía algún tiempo. Tenía un síndrome de inmunodeficiencia, una especie de enfermedad —aunque no tan aguda— semejante a la leucemia, que terminó por debilitarlo, provocándole infecciones que se agudizaron con unos divertículos, por lo que tuvieron que practicarle una colostomía de la que ya nunca se recuperó totalmente. No obstante, estuvo en pie de lucha hasta el último momento. Así lo narra su esposa Cristina cuando dice que, dos días antes de su muerte, seguía preparando la publicación de su libro Mis queridos delincuentes y la actualización de su aleccionadora obra La legalización de las drogas, que preparaba porque decía que la iba a dedicar a México para ayudar a resolver el siniestro problema que vivimos.

Lo recordamos por sus conferencias, que impartió a lo largo de Latinoamérica y Europa, brillantes y llenas de crítica. Nuestro Instituto Nacional de Ciencias Penales disfrutó muchos de sus cursos.

No concedía un ápice de tolerancia a los malos gobiernos. Por eso, cuando Argentina sufrió la dictadura, se desterró a Israel. Además, fue maestro en toda la geograf ía universitaria de nuestro continente y en España, en materias de posgrado como Derecho penal, criminología, victimología, Derecho penitenciario, prevención social, situación de las prisiones, sustitutivos penales y sociología jurídica.

De la cuarentena de libros que escribió, sólo citaré algunos: La prevención de la delincuencia en Israel, El problema sexual de las prisiones, Sociedad carcelaria, Problemas actuales de la criminología argentina, Las penas de un penalista, La sociedad de la droga, Droga y criminología: crónica de muertes silenciadas, Victimología y control social, El abuso del poder en Argentina y otros países latinoamericanos, Corrupción, drogas y colonialismo, Mediación y conciliación penal, Sida en prisión y La pena de muerte en tiempos del neoliberalismo.

Este hombre de ciencia, poeta, cantador y bailador de tangos murió pensando en sus pasiones. Pero, sobre todo, en las fundamentales: su esposa, sus hijos, su Argentina y su México.

Ulises Schmill Ordóñez Las implicaturas del resentimiento. La tragedia de Otelo Themis, México, 2010

S

iempre he creído que los textos más lúcidos tratan de muchas cosas. Tantas, en ocasiones, que el discurso se atropella en su propia aser-

David Garland La cultura del control

Gedisa, Barcelona, 2005

E

ste libro busca dar una explicación de las transformaciones en el pensamiento criminológico y la justicia penal de Gran Bretaña y Estados Unidos, a partir de los cambios sociales, económicos y culturales que se han dado en los últimos 30 años.

Mediante la realización de una investigación histórica, Garland determina que a finales del siglo XX tiene lugar una crisis en el modelo criminológico actual, ante la sensación de que la teoría es contraproducente y equivocada en sus premisas. La reestructuración familiar, los cambios en la ecología y en la demograf ía social y una cultura del consumo ampliamente individualista, entre otros factores, impactan en dos aspectos fundamentales: 1) el delito pasa a ser considerado algo normal y 2) se rompe con el mito de que el Estado tiene la capacidad absoluta de controlar el problema del delito.

Garland establece la ruptura de la noción del delito como determinaba el anterior modelo correccionalista, por lo

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El Mundo del Abogado mayo 2011

tividad. Así veo Las implicaturas del resentimiento que, para acabar pronto, no sabría en qué estante colocar en una librería.

Ulises Schmill realiza en esta obra un asombroso trabajo de fuentes. Retazo tras retazo, construye un espacio multidisciplinario en el que las juntas se desdibujan. Psicología, epistemología, lingüística y literatura —sólo por mencionar algunas— forman un solo cuadro, un solo bloque, un solo trazo.

La tragedia de Otelo es leída desde la perspectiva de la comunicación y sus procesos, siempre intencionales, emotivos, personales. De esta manera, emisión y recepción están igualmente comprometidos por nuestra que ahora se vuelve una característica de la cultura contemporánea, de las rutinas de individuos egoístas que requieren controles efectivos que impongan restricciones e inculquen el autocontrol.

Así, surgen dos criminologías del control: “Existe una criminología del sí mismo [de la vida cotidiana] que caracteriza a los delincuentes como consumidores racionales y normales, tal como nosotros; y existe una criminología del otro, del desafiado atemorizante, el extraño amenazante, el resentido y excluido”. Mientras la primera busca controles no intrusivos y la identificación con el delincuente, la segunda implementa controles sin importar los costos sociales.

En este contexto, las políticas públicas se encuentran polarizadas: por un lado, la maquinaria administrativa reconoce limitaciones y diseña estrategias mediante la reubicación de responsabilidades (controles informales); por otro lado, la maquinaria política estatal evade y niega el problema de sus limitaciones y se vuelve cada vez más populista, reaccionaria y emotiva en virtud de la competencia electoral, alejándose de la postura correccionalista para dirigirse hacia medidas penales retributivas y cada vez más duras, que la audiencia pública avala.

La conclusión de Garland es que actualmente nos guiamos por una cultura

subjetividad. Los enemigos se mentirán, los amigos cooperarán y, mientras eso suceda, los juegos serán predecibles. Cuando esto no sucede —es decir, cuando el enemigo es veraz o el amigo miente— estarán dadas las condiciones para el drama.

La obra del gran dramaturgo inglés sirve como una calca analítica que puede llevarse los terrenos del diálogo, el análisis literario o la interpretación jurídica.

Las implicaturas aparecen en cualquier intercambio de información, y el método que propone el autor ayuda a develar las intenciones y a escudriñar los enigmas del lenguaje y de sus creadores.

Alberto Lujambio Llamas

de imposición de regímenes de regulación, inspección y control más severos; por una cultura cívica menos tolerante y más excluyente, que atenta contra grupos vulnerables que carecen de poder político. Sin embargo, dicha cultura del control del delito es producto de elecciones políticas y sociales que pueden ser distintas y que no están predeterminadas.

Ana Gaitán Uribe

Vicente Fernández Fernández Responsabilidad patrimonial del Estado en México e Iberoamérica Porrúa/Tecnológico de Monterrey, México, 2010

C

on la idea de hacer un recuento de la situación en que se encuentra México en el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto en el interior como en lo exterior, esta obra se estructura en

tres partes: en la primera se analizan los sistemas iberoamericanos de responsabilidad estatal, comenzando con España, cuya regulación y guía han sido emblemáticas para los países latinoamericanos; la segunda parte está destinada al análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado en México, empezando por el análisis constitucional, para después abordarlo de manera muy precisa en relación con la regulación federal y posteriormente con todas las entidades de la Federación y el Distrito Federal. El libro concluye con el análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en lo que se refiere a la responsabilidad por error judicial, pues este instrumento no está previsto en México

(con excepción de algunas entidades federativas que ya lo han incluido).

El libro realiza un análisis legislativo y jurisprudencial que nos permite diagnosticar la fase en la que se encuentra el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado en México y compararlo con sistemas afines. El autor de esta obra demuestra que nos encontramos entre los países más atrasados de Iberoamérica en esta materia; de ahí la necesidad de seguir presionando para que los legisladores cumplan con su labor de crear las leyes que se necesitan para mejorar el sistema y, también, para que la sociedad en su conjunto asuma una conducta de reclamo de sus derechos y de sus indemnizaciones cuando los primeros han sido violados por el Estado.

Revista Académica

Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Año VIII, núm. 16, enero de 2011

M

antener a lo largo del tiempo una revista jurídica de excelente calidad, en forma y fondo, representa un reto de gran tamaño para cualquier institución de educación superior. En el dif ícil campo editorial jurídico, la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle no sólo lo ha enfrentado y sorteado de manera exitosa, sino que su esfuerzo le ha merecido las más altas calificaciones año con año.

Y como ejemplo, la última entrega de la Revista Académica muestra a los estudiosos de las disciplinas jurídicas un contenido de primera línea, con autores como Ruth Villanueva, Glen Olives Thompson y el ministro jubilado Genaro Góngora Pimentel.

Estos notables juristas, en conjunto con una grupo de coautores de gran

calidad, dan cuerpo a un número realmente notable, en el que se combinan originales artículos como “Cavalleria rusticana: del amor adúltero al duelo mortal”, de Gonzalo Uribarri y Alejandro Anaya, hasta las personales opiniones sobre la prisión y la reforma al artículo 18 constitucional que lleva a cabo José Antonio Yáñez, pasando por la excepcional reflexión sobre la aceptación, la crítica y el rechazo en el mundo de la famosa resolución de la Suprema Corte estadounidense de Marbury vs. Madison, de Clemente Valdés.

Revistas como la que semestralmente publica la Facultad de Derecho lasallista demuelen, semestre a semestre, diversos mitos que existen en el medio, como aquellos que pregonan la imposibilidad de editar una publicación pe-

riódica de contenido misceláneo, con una presentación elegante y agradable al público, y conformada por autores que en cada entrega captan de inmediato el interés de los lectores. ¡Felicidades a la Universidad La Salle!

El Mundo del Abogado mayo 2011

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César Esquinca Muñoa Consejo de la Judicatura. Experiencia mexicana Porrúa, México, 2010

U

na de las instituciones que ha generado mayor discusión entre los doctrinarios durante los últimos veinte años ha sido el “Consejo de la Judicatura”. En nuestro país su introducción en el ámbito federal, con la reforma constitucional de 1994, no sólo desencadenó la multiplicación de esta figura en el contexto local, sino que apenas cinco años después, en 1999, el Consejo de la Judicatura Federal ya sufría importantes modificaciones en su estructura y en la forma de entender su naturaleza jurídica.

En el diseño y la adopción de este instrumento, cuyos antecedentes más remotos se hallan en los estados de Sinaloa y de Coahuila en 1988, la influencia de la doctrina y la experien-

cia extranjera fue fundamental. De ahí que el autor de esta obra, el magistrado y actual consejero de la judicatura federal, César Esquinca Muñoa, lleve a cabo un extenso estudio sobre el marco regulatorio de esta clase de consejos en Europa y en América, para dar paso a continuación a su historia y a su desarrollo en los contextos federal y local en México.

Con un sólido apoyo documental y doctrinal, Consejo de la Judicatura. Experiencia mexicana es una obra que, frente al cada vez más cercano proceso de reforma política que se dará en nuestro país —del que está por demás decir que repercutirá de manera primordial en la ingeniería y en el funcionamiento del Poder Judicial—, ayuda-

rá a los legisladores y a estudiosos de la materia a sentar las bases para la transformación de esta clase de órganos.

Jesús Rogelio Alcántara Méndez, Adriana García García, Gabriel Leyva Lara y Sergio López Ayllón Derecho administrativo Oxford University Press/CIDE, México, 2010

uienes ya cuentan con algunos conocimientos acerca de la regulación de la administración pública y sobre la organización y las funciones de las instituciones del Estado, encontrarán en este libro un útil complemento para profundizar en aspectos como los medios de defensa del gobernado contra actos de autoridad, los ti-

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El Mundo del Abogado mayo 2011

pos de actos de autoridad y las figuras atípicas del Derecho administrativo, ya que los autores revisan cuidadosamente los efectos de los actos administrativos dirigidos a los particulares, así como los instrumentos de que disponen los gobernados para enfrentar los actos de autoridad que los afecten.

A partir de casos concretos, el lector puede identificar tanto los actos de autoridad que benefician al gobernado por ampliar su esfera jurídica, como los que lo perjudican por restringirla. En el primer caso, se estudian el permiso, la licencia, la autorización y la afirmativa ficta. En relación con los actos restrictivos, se examinan la clausura y la negativa ficta.

Asimismo, se analizan los actos declarativos, que son una de las formas

en que se manifiesta la autoridad administrativa, y figuras no tradicionales del Derecho administrativo, como la transparencia y el acceso a la información, además de aquellas que se han desprendido de otras ramas del Derecho, como el civil (los contratos y la responsabilidad patrimonial del Estado) y el laboral (la responsabilidad de los servidores públicos).

Se trata de un libro que los interesados en el Derecho administrativo deben leer, ya que su estructura está pensada para alcanzar objetivos de conocimiento y habilidades que lleven al lector a asumir una posición jurídica propia, como resultado de conocer y aplicar los conceptos fundamentales del Derecho administrativo a diferentes casos prácticos.

Re rarte con una buena pensión...

¡no ene por qué ser di cil!

¿Crees que una pensión del Seguro Social es insignificante? ¿Dejaste de co zar y crees que ya no enes derecho a tu pensión? ¿Tienes miedo de que te paguen un monto menor al que enes derecho? ¿Te asusta la burocracia y los trámites para tramitar tu pensión?

¡No te preocupes!

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• Alterna vas para obtener una pensión óp ma del IMSS. • Análisis de la mejor edad para que te re res.

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Si ya cumples con los requisitos para obtener una pensión del IMSS por cesan a en edad avanzada o por vejez, nosotros te asesoramos para que mejores sustancialmente el monto de tu pensión mensual y para que recuperes en una sola exhibición los fondos que administra tu Afore (Re ro 1997 y SAR-IMSS 1992) y el Infonavit (SAR-INFONAVIT 1992).

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Caso 1 Una mujer de 45 años, divorciada, que ha co zado 1,196 semanas y actualmente no co za, bien asesorada por profesionales podría alcanzar una pensión mensual vitalicia de 40,400 pesos a la edad de 65 años.* * Escenarios considerados de acuerdo con la Ley del IMSS de 1973.

Caso 2 Un hombre de 38 años, casado, que ha co zado 500 semanas y actualmente co za con un sueldo de 20,000 pesos, bien asesorado podría recibir, a la edad de 65 años, una pensión mensual vitalicia de 21,500 pesos.*

Jorge Witker Velásquez Introducción al Derecho económico Grupo Editorial Hess, México, 2011

L

a irrupción del enfoque anglosajón del law and economics, que ha resultado indiscutiblemente benéfico para la enseñanza y la formación de todo abogado, ha relegado a un segundo término el estudio y la sistematización del Derecho económico, olvidándose que en esta rama se debe realizar el encuadre jurídico del fenómeno económico nacional. Con esta idea como premisa fundamental, Jorge Witker Velásquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrolla un análisis de la organización económica del Estado mexicano, de sus recursos naturales y de los problemas derivados del manejo de las finanzas públicas.

Sin embargo, el estudio de este fenómeno jurídico no se reduce al trata-

miento de estas cuestiones. Como señala el autor, se requiere que el abogado no sólo aporte sus conocimientos técnicos, sino especialmente que oriente su sensibilidad social y su experiencia con el propósito de conocer y superar las ventajas y las desventajas de los ordenamientos establecidos en lo relativo a las políticas de fomento industrial, turismo y comercio internacional.

En resumen, que la participación del profesional del Derecho se amplíe para traducir en normas todos aquellos instrumentos que tienen que ver, en última instancia, con el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.

Una vez que han empezado a fluir los resultados del censo de 2010, los abogados no pueden perder de vista que la población económicamente activa es de 57.8 por ciento, con una tasa de des-

ocupación de 5.4 por ciento, y que en el rubro de remuneración media/dólares por hora/comparativo internacional, la población mexicana percibía 5.8 dólares (en serie desestacionalizada) en diciembre de 2009, mientras que Canadá… 17.6 y Japón… ¡24.3!

Plan de Ayutla 1854. Edición conmemorativa Academia Nacional, A.C., México, 2010

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n esta ocasión, aún en honor de las celebraciones por el bicentenario de nuestra Independencia y por el centenario del movimiento revolucionario, diversas instituciones tanto públicas como privadas encabezadas por la Academia Nacional, que preside el distinguido abogado José Elías Romero Apis, felizmente decidieron reeditar esta publicación conmemorativa del Plan de Ayutla de 1854, que la Procuraduría General de la República editó originalmente en diciembre de 1987, cuando dicha dependencia estaba bajo la conducción de Sergio García Ramírez, quizá el procurador más culto y visionario que ha tenido esta dependencia en las últimas cinco décadas.

Sobre esta reedición, que bien puede catalogarse como “de colección”, vale la

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El Mundo del Abogado mayo 2011

pena destacar la inclusión del estudio que en ese tiempo redactara don Alfonso Noriega Cantú, el famoso Chato Noriega, destacado catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y reconocido litigante en materia de amparo, cuyas palabras y comentarios sobre el pensamiento y la obra de los liberales de mediados del siglo XIX todavía conservan un gran valor filosófico y moral en estos aciagos tiempos que nos ha tocado vivir.

A pesar de que esta publicación es de circulación restringida, y por lo tanto tuvo un tiraje reducido, todo abogado interesado en la evolución social y constitucional de nuestro país debería buscarla y obtenerla, para que ocupe, como debe ser, un sitio importante en su librero.