Ya es hora de que los

Los sucesos por todos conocidos, que ponen en tela de juicio la actuación de un antiguo general que fuera secretario de El nombramiento de un general de División para desempeñar el cargo de secretario de la Defensa Nacional, o de un almirante, para el de secretario de Marina, obliga a una serie de razonamientos y discusiones relativos a la situación jurídico-política la Defensa Nacional, han provoen que dichos nombramientos colocan a las Fuerzas Armadas cado que, entre otros debates Mexicanas. Si se acepta que los secretarios de Estado adquieren, por ese sólo hecho, una posición eminentemente política, enconados, se plantee la con- debe concluirse que los titulares de las secretarías encargadas veniencia de que ese alto cargo de los asuntos militares también asumen ese papel, lo deseen del gobierno federal sea conceo no, puesto que va implícito en el alto puesto federal para el que han sido designados. El problema radica en que las Fuerdido no a un militar sino a un zas Armadas tienen como norma fundamental la instituciocivil, como ocurre en la mayoría nalidad, que se traduce en la “lealtad al gobierno legalmente de los países del mundo occiconstituido”, pero esta lealtad, que es en realidad a la Constidental. En México ésta no es una tución y no a los hombres que integran al gobierno, no puede implicar la participación de las Fuerzas Armadas en el devenir polémica reciente; en realidad, político de la nación, del que deben ser celosas protectoras y ya desde hace años se ha pro- no actoras del mismo. La participación de los secretarios de la puesto e insistido en la conveDefensa Nacional y de Marina en los actos de gobierno plantea serias dificultades en cuanto a su constitucionalidad y, por niencia y urgencia de que civiles supuesto, en cuanto a su fundamento ético, porque no debe estén a cargo de las secretarías olvidarse que ambos funcionarios ostentan, además del cargo que tienen funciones militares. administrativo conferido por el presidente de la República, Como ejemplo de lo anterior, el no menos importante de ser el alto mando de las Fuerzas Armadas, otorgado por la legislación vigente. Es decir, tienen en esta ocasión transcribimos el una doble responsabilidad pública, inseparable por estar detexto que, en su momento, diera positada en una misma persona, y que puede acarrear graves a conocer el abogado experto dificultades a los institutos armados o, al menos, contribuir a su desprestigio. en asuntos de Derecho militar, El presidente de la República tiene la facultad de nombrar José Manuel Villalpando, en su y remover libremente a los secretarios de Estado. Para hacerlo obra Introducción al Derecho toma en cuenta la afinidad en ideología, la coincidencia de obmilitar mexicano (Miguel Ángel jetivos y la pertenencia al grupo o equipo político del que forma parte. El presidente de la República —y sus más inmediatos Porrúa, 1991, pp. 62-64), y que colaboradores— tiene una actitud política muy clara, orientada fuera nuevamente incluido en por sus principios y plataformas de campaña que convencieron otra obra suya titulada Las Fueral pueblo para elegirlo y conferirle el Poder Ejecutivo federal. Los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, por lo tanto, zas Armadas y la ley (Escuela asumirán la ideología y los puntos de vista acordes a los que fije Libre de Derecho, 2002, pp. 98- el presidente en turno, arrastrando tras de sí a las Fuerzas Arma102). A continuación se reprodudas, de las que son alto mando, las que pierden, por lo tanto, la ce dicho texto, con autorización institucionalidad a la que están obligadas. Quizá, como medida precautoria, la ley dispone el nombramiento obligado de un de su autor. general de División para secretario de la Defensa Nacional; sin

embargo, al ocupar éste el despacho correspondiente, será inmediatamente responsable, política y administrativamente, de sus actos, de los que no pueden diferenciarse los ejecutados como secretario de los que realice como alto mando del Ejército y Fuerza Aérea. Igual sucede con el secretario de Marina, que es a su vez alto mando de la Armada.

La frontera que debe existir para las Fuerzas Armadas entre su misión de salvaguardar la soberanía y el orden constitucional y la dudosa participación, muy activa, como agentes de un gobierno politizado, es muy difícil de precisar, más aún si su alto mando desempeña un doble papel. Sin embargo, un ejemplo puede ser lo bastante ilustrativo para evidenciar esta situación comprometedora. La Constitución ordena que todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar fi rmados por el secretario de Estado a quien el asunto corresponda, disposición que convierte en corresponsables, políticamente hablando, a los secretarios de Estado de los actos del presidente de la República. La tradición legislativa mexicana hace que aquellas normas de carácter general, importantes para la nación, o bien aquellas otras que es necesario publicitar y darles relevancia, son refrendadas por la totalidad del gabinete presidencial, mismo que incluye, por supuesto, a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. No puede pasar inadvertido que, muchas veces, estos ordenamientos jurídicos responden a consideraciones políticas momentáneas, cuando no caprichosas, y son posteriormente derogados o abrogados, al aparecer con el tiempo razones sufi cientes que inducen al gobierno a cambiar su política. Pero en este ir y venir de la legislación, las Fuerzas Armadas también se ven inmiscuidas, como en el caso de la nacionalización de la banca, cuyos instrumentos legales fueron refrendados por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, suscripción que compromete a las Fuerzas Armadas, puesto que equivale a avalar y aceptar incondicionalmente una postura política, lo que no les corresponde, situación agravada por la posterior modifi cación en el sentido de dar marcha atrás y volver al régimen privado de la prestación del servicio público de banca y crédito. En ambos casos, las Fuerzas Armadas participan en calidad de sujetos activos por el simple hecho de la fi rma de su alto mando. No importa aquí lo acertado o lo erróneo de esos textos, sino destacar que las Fuerzas Armadas asumieron el papel de agentes del gobierno y fueron, por ello, víctimas de políticas contradictorias. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas no puede estar sujeta a las variaciones de las ideologías económicas imperantes.

Desde un punto de vista estrictamente personal, lo correcto sería hacer una diferenciación clara entre los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, funcionarios con responsabilidades políticas y administrativas, y el alto mando de las Fuerzas Armadas, encomendados a miembros de ellas de alta graduación, que cumplirían con una función exclusivamente técnica: la militar. Esto supone que los secretarios mencionados deben ser parte del equipo de gobierno del presidente de la República, de procedencia civil, y dedicados a las tareas propias de las cuestiones políticas y administrativas, como ocurre en todos los países democráticos y con un ordenamiento constitucional. El alto mando debe estar compuesto por generales de División o almirantes, designados por el mando supremo, que se concretarán a ejercer funciones absolutamente técnicas, militares o navales, es decir, a organizar, preparar y operar a las Fuerzas Armadas. Esto garantizaría la institucionalidad, puesto que el alto mando sería necesariamente asignado a un militar, nombrado de entre aquellos que escalafonariamente puedan serlo, y el cual, al estar exento de participar en decisiones políticas, acataría únicamente las órdenes que reciba del mando supremo, directamente o a través del órgano político respectivo, es decir, de un civil que funja como secretario del ramo, quienes asumirían las responsabilidades que correspondan. Si, como dice el adagio, “la guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares”, los políticos deben asumir la responsabilidad política de las Fuerzas Armadas y los militares la de cumplir con efi cacia su misión defi nitiva, la de salvaguardar la soberanía nacional, misma que, en el sistema jurídico mexicano, radica en la Constitución.

* Profesor titular de Historia del Derecho Patrio en la Escuela Libre de Derecho.

María Goerlich León es doble graduada en Derecho y ciencias políticas y en administración pública por la Universidad de Valencia y tiene un máster en acceso a la abogacía por la Universidad Europea de Madrid. Fue becaria en el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y en la Conselleria de Infraestructura y Obras Públicas.

En 2018 se incorporó en el grupo editorial Tirant lo Blanch como editora para México y desde hace unos meses asumió la dirección de la editorial en nuestro país.

Entrevista

María Goerlich

Víctor Hugo Gil

El éxito de Tirant lo Blanch en México

Tirant lo Blanch se ha consolidado, desde hace años, como el grupo editorial líder en el sector jurídico, no sólo en España sino también en Latinoamérica. María Goerlich, directora de Tirant en México —donde la editorial tiene ya una década de presencia— habla de las principales áreas para las que desarrollan contenido y de lo que pueden esperar los profesionales del Derecho de su oferta editorial y educativa.

Tirant lo Blanch tiene un gran prestigio y tradición en el tratamiento de contenidos jurídicos tanto en España como en Latinoamérica. ¿A qué crees que se debe ese éxito?

Tirant lo Blanch nació como una editorial en Valencia, España, en 1977. Desde entonces, no ha parado de crecer. Además de extendernos por toda España y Latinoamérica, hemos ampliado considerablemente lo que hacemos. Por supuesto, seguimos editando libros jurídicos, pero también desarrollamos contenido para abogados en otros formatos. En concreto, mediante el desarrollo de plataformas tecnológicas para juristas y la implementación de programas de formación.

En estas tres líneas de tratamiento de contenido jurídico nos caracterizamos por la calidad. Buscamos que tanto nuestros libros, plataformas como cursos y másters sean de la mayor calidad y utilidad para los operadores jurídicos a los que van dirigidos.

Una de las claves es nunca perder de vista el contexto jurídico en el que nos movemos, estar actualizados en los temas relevantes, para así poder seleccionar y ofrecer al mundo jurídico libros, plataformas y cursos de formación de la máxima calidad y actualidad.

También es importante ser conscientes de las necesidades que van cambiando en una profesión que se caracteriza —precisamente— por el rigor y por estar sometida a constantes reformas.

¿Cuáles han sido los proyectos que han marcado la punta de lanza para el mercado latinoamericano?

Como en España, en Latinoamérica hemos abordado nuestras principales líneas de desarrollo: edición, tech y formación.

De estas tres áreas en las que trabaja Tirant, la que más rápido ha crecido en los últimos tiempos ha sido la de formación.

Creo que esto se puede deber al tipo de formación que damos: online y pensando en el profesional jurídico. Nuestra apuesta de formación se hace pensando en el profesional y se adapta a sus necesidades. Tratamos de buscar temas interesantes para su práctica. Y, como eje conductor, la calidad en todos nuestros programas de formación. Además, hemos buscado alianzas estratégicas con universidades locales.

Es por todo esto que la formación que ofrece Tirant ha sido tan bien recibida en Latinoamérica.

¿Cómo determinan el contenido de esos programas de formación?

Como mencionaba, en Tirant tratamos de salvaguardar la calidad, ante todo, y en todas nuestras áreas.

Así como buscamos a los mejores autores que hagan los mejores libros sobre los temas más interesantes y relevantes en el contexto jurídico de cada país, también buscamos que nuestros cursos, másters y maestrías sean del mayor interés.

Siempre se busca un tema relevante, bien por tratarse de un cambio significativo que requiere de actualización por parte de los abogados, bien por tratarse de un tema que —aunque no tiene que ser nuevo— supone cierta complejidad en la práctica.

Aunque no es fácil realizar ese filtro, siempre intentamos que la oferta de cursos y maestrías responda a estos parámetros.

¿Qué nos puedes compartir del plan editorial y de formación de Tirant para los próximos meses?

En 2021 lanzaremos muchos proyectos importantes, tanto en México como en el resto de los países donde tenemos presencia.

Respecto a las novedades editoriales —y a pesar de que no puedo hacer demasiado spoiler—, veremos algunas obras que estoy segura que trascenderán. Por ejemplo, una de estudios orgánicos sobre una muy importante institución de México. También otra obra que creo que va a ser de sumo interés para los abogados litigantes, en la que van a encontrar muchas respuestas. Invito a todos a que estén atentos a las novedades de estos próximos meses, porque vienen cargadas de sorpresas.

Por otra parte, respecto a los programas de formación, también vamos a lanzar cursos y maestrías que creemos que van a tener una muy buena acogida. Entre ellos, destacaría, por ejemplo, la maestría en regulación en línea, que comienza en enero y que hemos

lanzado junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿Cómo se han visto afectados por la situación del 2020 y qué cambios han tenido que incorporar?

Creo que este año 2020 va a ser recordado por todos como un año que nos reubicó, en muchos ámbitos de nuestra vida.

Esta pandemia nos ha llevado a todos a que el cómo hacer las cosas sea forzosamente a través de tecnología y en el mundo digital.

En lo que se refi ere a la actividad de Tirant, al haber incursionado desde hace años al mundo digital, en realidad más que el cómo hemos tenido que cambiar el qué. Es decir, hemos tenido que hacer un viraje de los temas importantes a incorporar en nuestro plan de trabajo.

Desde luego, ha habido materias que con la pandemia y las crisis económica provocada por ella han tomado mucha relevancia, como el Derecho concursal. Hay otras materias que, simplemente, han afl orado por necesidad como, por ejemplo, los juicios en línea.

Además, también hemos innovado con algunos formatos. Nos hemos animado por primera vez con los congresos digitales y en este 2020 ya hemos concluido con éxito tres, que han tenido una muy buena recepción en todo el continente.

Nuestro gran reto durante esta pandemia ha sido, sin lugar a dudas, ofrecer el contenido jurídico relevante para la nueva situación que surgió de una forma muy abrupta.

¿Qué otras herramientas han desarrollado para los profesionales del Derecho en México?

En México llevamos ya 10 años trabajando. A pesar de que 10 años no parecen tantos, contamos con un sello editorial muy consolidado en el mundo jurídico. Además, las plataformas digitales que desarrollamos han

tenido una gran acogida en el país.

¿Qué pueden encontrar en Tirant tanto los estudiantes como los profesionales del Derecho?

Independientemente de los formatos que ofrezca Tirant, creo que lo que es común a todos ellos es la calidad que los caracteriza. Así, independientemente de la materia y formato del libro o curso, buscamos que sea del mayor rigor.