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NACIÓN
Martes | 8 de noviembre 2022 | Guatemala
Señalan preocupación porque con la compra de los sistemas se podría “alterar el modelo electoral que rige la custodia del voto”.
Organizaciones y exfuncionarios del TSE piden desistir de adquisición opaca LAS MISMAS BASES
Exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), expresidentes de Junta Electoral y varias organizaciones de sociedad civil solicitaron al Tribunal renunciar a la adquisición de equipo informático que pretende ser utilizado en el proceso del próximo año. En la carta, firmada por cuatro exfuncionarios del TSE, cuatro ciudadanos y ocho organizaciones civiles, manifestaron su preocupación por “la posible alteración al modelo electoral que rige la custodia del voto debido a acciones que busca implementar el TSE”. Los signantes de la misiva expusieron que una de las fortalezas del modelo electoral es que el sistema descentralizado delega la responsabilidad del conteo de votos en las Juntas Electorales y Juntas Receptoras de Votos, a través de una cadena de custodia del voto y “verificaciones cruzadas del escrutinio y la publicación de resultados”. En la carta dirigida al magistrado vocal I del TSE, Ranulfo Rojas, señalaron que el Tribu-
ELPERIÓDICO > WALTER PEÑA
RONY RÍOS rrios@elperiodico.com.gt
Las organizaciones cuestionaron la compra del sistema biométrico que costaría más de Q280 millones.
nal pretende adquirir sistemas tecnológicos que impliquen la alteración del modelo actual. “Este cambio al modelo le resta legitimidad al proceso, al quitarles a las Juntas Electorales y a las Juntas Receptoras de Votos la capacidad de cumplir con el deber que la ley les otorga, de velar por la integridad del proceso”.
Las organizaciones también advirtieron que la compra de sistemas no tiene justificación técnica y que podrían ser adquiridos a precios por encima de los valores de mercado, a través de un proceso poco transparente y privilegiando a una empresa controvertida. Otro de los aspectos que fue-
ron abordados es la adquisición del sistema con poco tiempo de antelación, lo que podría afectar en la falta de pruebas piloto y validaciones que confirmen la correcta implementación del mismo. Salvador Biguria, expresidente de Junta Electoral, cuestionó la necesidad de la adquisición del
ALEXANDER VALDÉZ avaldez@elperiodico.com.gt
El proceso de antejuicio contra el diputado Jorge García Silva se ha reactivado luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación que planteó el parlamentario contra el juez pesquisidor Gustavo Dubón, a quien buscaba apartar
del proceso de supuesta corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Al haberse confirmado al pesquisidor, el juez deberá citar al Ministerio Público (MP) para que ratifique el señalamiento y al diputado para que presente sus pruebas con las que busca desligarse de los hechos.
ELPERIÓDICO > ARCHIVO
Se reactiva antejuicio contra Jorge García Silva
El diputado está vinculado al caso de la supuesta sustracción de Q28 millones del Insivumeh.
Desde el pasado 17 de junio, la CSJ anunció que dio trámite al antejuicio presentado por la
Fiscalía contra la Corrupción contra García Silva, vinculado al caso de la supuesta sustracción
Pese a críticas que recibió el TSE por utilizar un procedimiento opaco para la adquisición de un combo de software y equipo, los magistrados dispusieron solamente dividir en seis nuevos procesos de adquisición con las mismas bases y utilizando el sistema alterno a Guatecompras, donde no se pueden fiscalizar las ofertas hasta que no sean adjudicadas.
sistema biométrico que costaría más de Q280 millones. La presidenta del TSE, Irma Palencia, justificó la adquisición del sistema para evitar la duplicidad de los DPI en la emisión de votos, pero Biguria aseguró: “Cualquier duplicidad de DPI o con biometría duplicada es el Renap el que podría hacer el trabajo previamente, sin necesidad de comprar un sistema adicional”.
de Q28 millones del Insivumeh. La fiscalía estableció que existen indicios de los cuales se puede establecer que el diputado intervino, “posiblemente de forma artificiosa”, en procesos de adjudicación de cuatro licitaciones públicas y cinco compras directas contratadas y pagadas a entidades vinculadas con el congresista. La esposa e hijo del diputado actualmente están procesados penalmente por diferentes delitos. A diferencia de otros antejuicios que se han promovido contra operadores de justicia, el presentado contra el diputado no ha avanzado y se ha retrasado en la CSJ.
