El valor económico de la Semana Santa

DESPUÉS DE DIEZ AÑOS, LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PUBLICADO SIGUEN SIENDO VÁLIDAS

La Semana Santa en Guatemala es la ocasión para una de las manifestaciones de fervor popular más impactantes del mundo. Aunque, en esencia, se trata de un evento religioso, en la práctica se traduce en un fenómeno cultural con un inmenso impacto económico y social, tanto sobre las comunidades donde se desarrolla como sobre los lugares aledaños. La relevancia económica de las celebraciones de Semana Santa radica en la enorme cantidad de espectadores que acuden a observarlas y a ser partícipes de las imponentes procesiones (especialmente en la capital del país y en la Antigua Guatemala), de las coloridas alfombras, de las arraigadas tradiciones y, particularmente en la Antigua, del impresionante escenario urbano.

La medición de su impacto económico permite comprender mejor este fenómeno cultural y extraer conclusiones de utilidad para definir acciones que no solo preserven el patrimonio cultural, sino que también lo potencien como una fuente generadora de bienestar para los guatemaltecos. Precisamente hace diez años, en colaboración con Ana Luz Castillo, Luisa Fernanda González y Julio Solórzano -amplios conocedores del mundo de la cultura – publicamos el libro El Valor Económico de la Semana Santa en la Antigua, en el que calculamos el valor de la producción y el consumo generados por todos los sujetos que intervienen en ella y que tienen efectos sobre los distintos sectores productivos y, por ende, sobre el total de la economía nacional.

Para realizar ese estudio se analizó y encuestó tanto a los participantes que generan (los oferentes de) las expresiones religioso-culturales de la Semana Santa -entre quienes sobresalen, en su orden, las Hermandades, las autoridades locales y los ciudadanos antigüeños-, como a los visitantes que consumen (los demandantes de) dichas expresiones. Los resultados del estudio siguen siendo, diez años después, impresionantes. Y las conclusiones derivadas del mismo, siguen siendo válidas. Entonces, el costo inicial de producir el inmenso espectáculo de la Semana Santa antigüeña (desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección) fue de Q4 millones, mientras que los efectos económicos directos e indirectos, derivados de dicho costo inicial, que fueron generados por la interacción de los millares de visitantes con el resto de agentes económicos que les proveyeron bienes y servicios, ascendió a más de Q670 millones ese año.

Gonzalo Marroqu N Enfoque

impunidad que favorece a los corruptos, pero también a las mafias y el crimen organizado.

CUANDO SE VIOLA DE MANERA FLAGRANTE Y CONTINUADA LA CONSTITUCIÓN, ES EVIDENTE QUE

SE SOCAVA LA DEMOCRACIA. PARA HACERLO, SE NECESITA DE MUCHOS CONSPIRADORES. ¿QUIÉNES SON?

Mientras nos adentramos en el proceso electoral, parece quedar en el olvido algo que podría calificarse en un sentido como golpe de Estado parcial, o una violación clara, evidente y vergonzosa de la Constitución, que nadie ha salido a defender hasta el día de hoy: tenemos una Corte Suprema de Justicia (CSJ) espuria e inconstitucional.

Es impresionante la pasividad que todos hemos mostrado ante la evidente e inconstitucional actuación que ha tenido el Congreso, la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), el Ejecutivo, y las instituciones de la llamada sociedad civil, en donde de una u otra manera todos deberíamos estar representados.

Algunos pensarán que la falta de elección de una Corte Suprema de Justicia (CSJ) es algo sin demasiada importancia, pues mal que bien los tribunales y salas de apelaciones siguen funcionando, pero en realidad lo que se está manteniendo es un muro gigante de

Sin embargo, es más grave que eso –que es el fin que persigue la alianza oficialista–. En efecto, estamos ante una violación de nuestra Constitución, lo que significa, además de todos los males que trae tener una Suprema espuria, ilegal y altamente comprometida, que se viola la Carta Magna y que las instituciones no responden al mandato que la ley les impone. Hay pues, un evidente incumplimiento de funciones institucional y generalizado.

La primera violación a la Constitución que hay, es que se ha roto el principio de independencia de poderes. El artículo 141 de la Carta Magna establece que la subordinación entre los mismos –los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial– es PROHIBIDA. Aquí hemos visto claramente que la Corte Suprema espuria está sometida a las órdenes del poder político. Sus fallos y resoluciones son vergonzosos.

Podemos poner de ejemplo, aunque hay muchísimos, los casos en que ha levantado la inmunidad a jueces a los que debiera proteger en su independencia. Como ejemplo, me refiero Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, convertidos en dos víctimas más de un sistema judicial corrompido y comprometido. El pecado original de esta anómala e ilegal situación se encuentra en la negativa del Congreso de la República para elegir nueva CSJ. Eso debió ocurrir en 2019. Como no se llevó a cabo por un proceso en el que se hizo evidente que había comisiones paralelas, la elección se estancó con la anterior legislatura.