El pueblo impreso – edición 116 by El Pueblo Con todo el poder de la información

ISSN: 2056-4683

Edición No. 116 / Cali, del 11 al 17 de Octubre de 2014 / Valor $ 1.500 / www.elpueblo.com.co

La muerte y resurrección de los valiosos inmuebles incautados a los narcos

7.802 inmuebles incautados en el Valle han sido registrados en el último informe de liquidación de la DNE, pero solo 1.676 ha terminado el proceso de extinción de dominio. Preocupa que muchos de estos bienes terminen inservibles. Informe especial. P. 4 y 5 Los alcances de la autonomía indígena

Mis derechos. P. 2 y 3

Una Copa con sentido social

Este viernes finalizó en Cali la Copa Claro de Fútbol, el torneo aficionado que la compañía de telecomunicaciones ha hecho llegar a todos los rincones del país por seis años consecutivos.

Deportes. P. 7

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Edición No. 100 / Cali, del 21 al 27 de Junio de 2014 / Valor $ 1.500 / www.elpueblo.com.co

MIS DERECHOS

Los alcances de la autonomía indígena

Hace algo más de dos años volvió a circular El Pueblo, un referente del periodismo caleño y nacional en los 70s y 80s. En 100 ediciones y en nuestra página de internet hemos registrado y analizado todo lo que pasa en Cali. Esto encontramos y aquí vamos….

El Pueblo. Con todo el poder de la información. Todos los derechos reservados. ISSN 2056-4683. Año I. www.elpueblo.com.co Presidente del consejo editorial Héctor Riveros Serrato Editor Édinson Bolaños Gerente Comercial El Pueblo / El Nuevo Liberal María Claudia Álvarez Sinisterra Periodistas Cynthia Lewis Claudia Palacios Ferney Meneses Juan Camilo Palomar Raxon Montilla Colaboradores Alejo Vargas Ana María Ruiz César López Camila Zuluaga Floro Hermes Gómez Jair Villano Leo Quintero Miguel Ramirez Fotografías Juan Camilo Palomar Hugo Fernando Guerra Webmaster Camilo Fuquen Diagramación Andrés Felipe Ballesteros Redes sociales Facebook/ElPuebloCali Twitter: @ElPuebloCali Google +: google. com/+ElPuebloCo Aliados Web Noticias El Nuevo Liberal CIER Confidencial Colombia Nuevatribuna.es Verdadabierta.com Dirección Calle 15 # 37-18 Acopi – Yumbo

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Con la firma del decreto autonómico, las comunidades indígenas podrán administrar los recursos de la educación y el sanamiento básico en sus territorios. Líderes del departamento advierten tensiones en jurisdicciones donde habiten comunidades indígenas, afrosdescendientes y campesinas. Por Reinaldo Hoyos Molina comunicauca@gmail.com El pasado martes 7 de octubre de 2014, el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, firmó el Decreto 1953 o Decreto autonómico, con el cual se reconoce la autonomía y gobernabilidad de las autoridades indígenas para el manejo de la educación, salud, saneamiento básico y justicia; eliminando en algunos casos la intermediación de las gobernaciones o alcaldías en la adminstración de los recursos. Este hecho fue calificado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, como un acto histórico con el que el Estado inicia a dar cumplimiento al reconocimiento constitucional de la autonomía de esta población consignado en el artículo 329 de la Carta Magna. “El gobierno estaba en mora de firmar una norma de éstas, ya que la misma constitución lo estipulaba”, comentó Eduardo Camayo, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. Esta firma es consecuencia de la movilización social que realizaron los aborigenes en el mes de octubre del 2013, donde lograron sentar en la mesa de negociación en la hacienda La María, Piendamó, al gobierno

“Debemos entrar en una fase de transición para poder empezar a aplicar la norma. Los cabildos se tendrán que unir, por eso no podemos decir que el decreto empezará a regir el próximo año porque viene un proceso de transformación”, Camayo

nacional en cabeza del entonces Ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia. Ese día fue histórico para estas comunidades, pues lograron firmar acuerdos para la expedición de este y otros decretos. El Nuevo Liberal conoció el documento que contiene 99 artículos, en los cuales se consigna el regimen especial para poner en funcionamiento los territorios indígenas para que las comunidades tengan la absoluta admnistración de los recursos y planeación de la educacion y saneamiento básico, y de forma parcial la autonomia en el sector salud. Esto, entendiendo que esta norma es

transitoria, mientras se tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley que reafirme el articulado de este decreto. Además, es de resaltar, que es una decisión administrativa marco, ya que será el trabajo de las organizaciones indígenas reglamentarla en cada territorio. Sin embargo, esta decisión ha despertado algunas inquietudes entre algunos sectores campesinos, debido a que no es claro el alcance de la norma sobre todo en las implicaciones que pueda tener en el ordenamiento territorial. Para Eduardo Camayo, consejero mayor del Cric lo importante es que ya tienen la norma que avala el derecho de gobernabilidad y que reconoce parte de la exigencia de reconocimiento de los derechos indígenas. “Lo que se viene ahora es el diseño que deben hacer las organizaciones indígenas (cabildos, resguardos y demás) para aplicarlo a cada una de las realidades”, explicó. Pero a la luz de las pretenciones de las comunidades indígenas, al presentar ante el gobierno las propuestas que terminaron en la norma, solamente se logró un avance importante en el sector de la educación y la administración de la justicia propia; “contrario a

lo que sucedió con la salud y el saneamiento básico”, manifestó Camayo. En materia de educación el decreto en el artículo 39 y 40 habla de las finalidades de la educación propia y justifica el aval de esta iniciativa en el rescate cultural y la construcción de un Estado pluriétnico, que garantice la autonomía de los gobiernos propios indígenas. Para ello define la necesidad de crear el Sistema Educativo Indígena Propio, Seip, que atenderá la formación de sus comunidades desde la primera infancia hasta la educación superior. Eduardo Camayo dijo que las intenciones de tener autonomía completa en el diseño, aplicación y manejo de la educación propia es para poder rescatar los conocimientos ancestrales. “Por eso ahora administrarémos la educación, ya no dependiendo de los líneamientos educativos del gobierno. El reto ahora es que debemos entrar en una discusión para saber qué queremos en materia de los currículos, los planes de estudio, el programa educativo, en el manejo de nuestros estudiantes, planta física, etc. Es decir, no es solo administrar recursos”. En este punto, el decreto 1953 elimina la intermediación de

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las entidades territoriales como las alcaldías y gobernaciones en el manejo de los dineros, y les da esa responsabilidad de forma directa a los territorios indígenas, como quedó consignado en el numeral 5 del artículo 48. A su vez, las organizaciones políticas de los índigenas deben reorganizarse para cumplir una serie de requisitos como la delimitación del territorio, el censo de estudiantes (en el cual se exige un mínimo de 8 mil), la garantía de infraestructura, entre otros, para que entidades como el Incoder, Dane, Ministerio de Educación, avalen la administración de la educación propia. “En esto ya tenemos experiencia en el Cauca de 10 años. Esta nos da luces para saber cómo se administra la educación y cómo debemos empezar a diferenciar la educación convencional con la propia”, expresó el líder indígena caucano. En esta materia, según la norma, el papel del Estado es de acompañamiento y vigilancia del cumplimiento de los planes que se planteen una vez organizados y certificados los territorios indígenas que hayan cumplido con los requisitos, como quedó plasmado en el artículo 49 del decreto. Sin embargo, no queda claro qué pasará en territorios interétnicos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que asistan a un mismo plantel educativo. Situación de la que aún no tienen respuesta ni las comunidades indígenas, ni el gobierno, y tal parece que solo se sabrá cuando se inicie la aplicación del decreto. Para las autoridades indígenas, otro de los avances importantes que logran con este decreto, son las garantías administrativas para el ejercicio de la justicia, consignadas en los últimos artículos del decreto. Por ejemplo, el artículo 97 expresa que “el gobierno podrá financiar los proyectos de inversión presentados por los territorios indígenas encaminados a fortalecer su jurisdicción especial”; lo que es interpretado por el Consejero Mayor como “la aplicación de recursos que podrían ser destinados a la construcción de centros de resocialización o cualquier otra estructura que permita aplicar nuestra justicia reconocida en el decreto”. De todos modos, la justicia indígena seguirá trabajando de la mano con el sistema colombiano como consecuencia del deber de apoyo que deben ofrecer las entidades de control del gobierno. “Hay comuneros que pueden ser muy peligrosos, en ese sentido, no tenemos la infraestructura para atenderlos, entonces se los entregamos al Inpec”, comentó Eduardo Camayo para ejemplicar de qué se trata el apoyo. De esta manera, tanto en la educación como en la administración de justicia, según

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el líder indígena, se lograron avances importantes en la autonomía de estas comunidades, que es uno de los fines últimos que vienen buscando a través de movilizaciones desde 1971 cuando se creó el Cric.

Acuerdos a medias

Pero el Decreto también habla del manejo de la salud y del saneamiento básico, dos puntos en los que según los líderes indígenas, no se logró lo que se proponía en las negociaciones con el gobierno. En el caso de la salud, lo que buscaban los comuneros era lograr un sistema propio y paralelo al que maneja en la actualidad el Estado y que está regido por la Ley 100. En este sentido, Eduardo Camayo expresó que “a la luz del decreto lo único que queda es que se reconoce todo el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas; pero no la integralidad ni la autonomía que nosotros queremos”. El decreto incorpora el concepto de Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, Sipsi, que es el plan con el que atenderán las necesidades en materia de salud de estas comunidades, pero enmarcado en el Sistema General de Seguridad Social colombiano, como quedó en el artículo 75. Así las cosas, de la propuesta del pueblo indígena solo se logró que el sistema propio de salud fuera de carácter intercultural, es decir, que se trabajará de manera conjunta la medicina ancestral con la medicina tradicional para garantizar la atención de la población indígena. En suma, lo que no pasó fue la propuesta del manejo absoluto del sistema de salud por parte de los aborigenes, por lo que deberán seguir trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y de la protección Social. Aunque las pretenciones de las comunidades indígenas eran “meter en una bolsa” los recursos de la salud y el saniamiento básico, según su visión esa era una manera de prevenir enfermedades en las comuniades. Sin embargo, queda claro en el artículo 89 que tendrán las competencias para administrar el sector de agua potable y

“El problema es que al hacer un reconocimiento de solo un sector de la sociedad se va a tener un detrimento para los que van de último. En el caso puntual, asumismos con preocupación esta situación, debido a que la reivindicación de los derechos de campesinado hace falta”, Díaz

saneamiento básico, haciendo la salvedad de que el Gobierno Nacional debe presentar una reglamentación en donde se incluyan los requisitos que deben cumplir los territorios indígenas para entregarles el manejo de los mismos. En este sentido, queda claro que con el decreto los indígenas lograron mayor autonomía en matería de educación, saneamiento básico y de aplicación de la justicia propia; mientras que en la salud solo se logró el reconocimiento ancestral y seguirá dependiendo del sistema del gobierno nacional.

Transformaciones al interior del Cric

Para la comunidad nativa del departamento, el Decreto 1953, que crea un régimen especial para el funcionamiento de los territorios indígenas y el manejo de los sitemas propios, también genera unos retos que podrían significar, en el caso específico del Cauca, una reestructuración de la organización indígena. Esto debido a que se deben cumplir algunos requisitos, como por ejemplo el mínimo de 8 mil estudiantes para dar el aval del manejo del sistema educativo, que solo se puede cumplir con la unión de cabildos para conformar los territorios de los que habla el decreto. “Debemos entrar en una fase

de transición para poder empezar a aplicar la norma. Los cabildos se tendrán que unir, por eso no podemos decir que el decreto empezará a regir el próximo año porque viene un proceso de transformación”, dijo Eduardo Camayo. En el momento, la organización indígena tiene una autoridad regional que es el Cric; una que aglutina a los cabildos que es la Asociación de Cabildos y los cabildos indígenas que ejercen una autoridad administrativa más local. Para el Consejero Mayor del Cric, “estas son discusiones que se tienen que realizar en congresos que se deben convocar por las autoridades. En ellos se sabrá quiénes se van a unir con quiénes. Vamos a determinar cómo va a quedar la administración indígena en el Cauca”. A pesar de que el movimiento indígena en el Cauca tiene una estructura política sólida, lo cierto es que en la carrera por cumplir con las exigencias del gobierno para aplicar el decreto, aún está todo por hacer y se avisoran cambios en la organización.

Los reparos campesinos al decreto

Si bien ese es el análisis que realizan los líderes indígenas sobre el Decreto, el mismo genera algunas preocupaciones en las comunidades campesinas que también reclaman el reconocimiento de sus derechos. En diálogo con César William Díaz, líder campesino y miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cima, expresó que existe una situación de inequidad con el reconocimiento de derechos, pero que son reclamos que se le hacen al gobierno y no al movimiento indígena. “El problema es que al hacer un reconocimiento de solo un sector de la sociedad se va a tener un detrimento para los que van de último. En el caso puntual, asumimos con preocupación esta situación, debido a que hace falta la reivindicación de los derechos del campesinado”, comentó Díaz. Por otro lado, lo que plantea

3 el líder campesino es que aquí también estaría en juego el ordenamiento territorial a nivel nacional ya que “en la Constitución Política Colombiana existe el artículo 64 que habla de las garantías que debe generar el Estado para el acceso a la tierra a los campesinos; entonces al atender un solo grupo, el ordenamiento territorial no está completo, por eso deberían darle trámite a una norma para este grupo social”, agregó Díaz. Pero la preocupación más fuerte de los campesinos caucanos es que se denuncia un proceso de indigenización del campesinado por conveniencia. Es decir, que algunas comunidades campesinas se han hecho censar como indígenas como consecuencia de los beneficios que reciben los comuneros. “Esto va a generar un choque cultural y político debido a que a la hora de aplicar el Decreto, los campesinos que se han censado no lo van a acatar”, afirmó el líder social. A su vez, a esta comunidad también le preocupa el artículo tercero del Decreto en cuestión. Este apartado habla del funcionamiento de los Territorios Indígenas. “Esto, como está en la norma, ya les permite instalarse como entidad territorial y como autoridad. Creo que aquí hubo una ligereza del gobierno, porque no se sabe cuál será el resultado en territorios diversos cuando las comunidades indígenas se vuelvan autoridad. Esto generará diferencias y tensión”, puntualizó. Por eso piden que se haga un proceso de socialización de la norma, y a su vez, solicitan un ejercicio más equitativo desde el Gobierno en la reivindicación de derechos. Este es uno de los tres decretos que el gobierno pactó expedir después de la movilización indígena de octubre de 2013 y que tuvo como protagonista al caucano ex ministro del interior, Aurelio Iragorri Valencia. Según conoció El Nuevo Liberal, estarían por firmarse el decreto que reconoce la seguridad jurídica de los territorios ancestrales y el que eliminaría las facultades de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, que en la actualidad se han convertido en una talanquera para que los indígenas puedan comprar tierras en cualquier municipio del departamento. Así las cosas, si bien se pretende reconocer los derechos de las comunidades indígenas, como lo dijo el líder campesino César William Díaz, es importante que se reactiven las mesas de negociación entre el Gobierno y las comunidades para no romper los pactos de las mismas que se traducen en los territorios interculturales. Pie de foto principal: La firma de decreto se realizó en las instalaciones del Ministerio del Interior y contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y líderes de la Onic.

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INFORME ESPECIAL

La muerte y resurrección de los valiosos inmuebles incautados a los narcos

Desde el pasado 20 de julio, la nueva entidad que administra de los bienes incautados al narcotráfico en Colombia es la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

ste mes de octubre se cumple un año y medio de la resurrección del Club San Fernando. El renacimiento ha sido celebrado por los caleños y cantado por muchos artistas de diferentes tipos de música y países. Es para recordar que el sábado 20 de abril del 2013 cuando volvió a la vida este ícono de la caleñidad, se llevó a cabo un concierto de salsa en la carpa blanca que ocupa ahora una parte del lote donde estuvieron las instalaciones del club. A partir de ese momento las celebraciones no han parado y no era para menos, después de tantos años se vive la ilusión de la reconstrucción. Un sueño que aunque parece de un pequeño grupo de 70 de los 1.300 socios que algún día tuvo el Club, es verdaderamente la ilusión de todos los caleños.

Nadie pueden olvidar las competencias de esgrima de los VI Juegos panamericanos, el último gran evento deportivo antes de los World Games del 2013; las incontables fiestas realizadas en el marco de la maravillosa Feria de Cali; y por su puesto, la evocación que generaba cada vez que se escuchaba el famoso porro ‘San Fernando’ que compuso en su honor Lucho Bermúdez en los inicios de la década de los 50s. Hasta ahora solo hay un prediseño elaborado por el reconocido arquitecto Manolo Lago, autor de obras como el edificio de la Cámara de Comercio de Cali y el edificio inteligente del Banco de Occidente. Se espera que el nuevo Club tenga un centro de convenciones, tres pisos subterráneos de parqueaderos, un hotel con 150 habitaciones, edificio de ofici-

Después de seis décadas de funcionamiento una aguda crisis económica obligó a sus socios a vender los 24.000 metros cuadrados de la sede. Fue una difícil decisión pero al final se aprobó la venta por $21.500 millones en efectivo, una cifra que al final no fue tal

nas, bahía de ingreso y centro de consultorios médicos. Sin embargo, en la actualidad la música que se escucha en los eventos ocasionales de fin de semana, la gorda de los chontaduros que pasados tantos años por fin vuelve a exhibirse, el samán que siempre dio sombra a los jardines, los socios del Club y los caleños que buscan alegría son los únicos que se mantienen en pie en el lugar. Hay que recordar que la sede del representativo Club San Fernando fue vendida en el 2006. A partir de este año, los caleños fueran socios o no, vieron como poco a poco se iba una de las piezas más importantes y llenas de historia de la sucursal del cielo. Después de siete décadas de funcionamiento una aguda crisis económica obligó a sus socios a vender los 24.000 metros cuadrados de la sede. Fue una difícil decisión pero al final se aprobó la venta por $21.500 millones en efectivo, una cifra que al final no fue tal. Según se descubrió tiempo más tarde, la junta directiva negoció el lugar por $18.462 millones según escritura; pero no fue lo único, se conoció además que recibieron como forma de pago casi la mitad de ese monto en propiedades. El único dinero que entraría a la caja no superaría los $3.000 millones,

cuyo respaldo era un cheque posfechado que nunca se pagó. Al final la muerte del “club más popular de la tierra soberana” llegó cuando fue demolida la edificación en el 2007 y el lote usado como parqueadero. Por cinco años los automóviles y las ruinas se apoderaron del lugar, la maleza era lo único que crecía y la vivacidad se acabó. Pero la tragedia no terminó ahí, en el 2008 se conoció que el comprador, Bernardo Pinzón Rivera, era testaferro de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Razón por lo cual, los bienes a nombre de Pinzón fueron sometidos a extinción de dominio, entre ellos el club y uno de los seis inmuebles que entregó como pago. De acuerdo a Víctor Hernández, representante legal del club, la batalla jurídica les costó serias amenazas de muerte y el escándalo estalló. Gracias a una demanda por estafa contra Pinzón y miembros de la junta directiva, otra de nulidad porque el negocio sirvió para el lavado de dinero y la tercera donde se declararon víctimas, por fin el 27 de enero de 2011 la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) designó a la Corporación Club San Fernando como depositaria del inmueble, sin embargo, solo 34 meses después se hizo entrega del terreno.

INFORME ESPECIAL

No obstante, este ha sido solo uno de los bienes que incautó la DNE en los 24 años y siete meses que estuvo activa. María Mercedes Perry representante legal de la entidad, presentó el pasado 30 de septiembre el informe final de la liquidación y proyectó el acta de cierre del proceso, en el cual se hizo entrega de 40.379 pertenencias, entre inmuebles, vehículos, establecimientos, aeronaves, entre otras cosas. No obstante, según cifras históricas de la entidad administradora, serían más de 95.951 propiedades de la mafia que se habrían confiscado. Ahora las propiedades pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), unidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Fueron necesarios tres años para acabar con una de las entidades más llenas de corrupción. Un proceso largo que ha dejado varias irregularidades, las cuales han terminado en varios casos en acciones de tipo penal. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía han sido más de 70 y se siguen adelantando, además, ya se han dictaminado algunas condenas. Se conoce por investigaciones de la Fiscalía que algunos de los bienes fueron vendidos por más de $100 mil millones. Por esta razón, en los últimos meses la Fiscalía ha adelantado varias investigaciones, donde se han realizado varios interrogatorios a exfuncionarios de la liquidada entidad que decidieron colaborar con la justicia. Personas que han referido a muchas otros individuos que presuntamente habrían participado en hechos irregulares y que aún no han sido implicados. De acuerdo al Informe de Casos de Connotación, realizado por la Fiscalía General de la Nación el mes pasado, a la fecha se han solicitado 45 audiencias de imputación, que involucran a 14 funcionarios de la DNE. Ocho personas se encuentran con medida de aseguramiento y otras tres están condenadas. Existen varios procesos abiertos y en investigación, en los que están implicados tanto funcionarios como particulares. Otro problema que se presenta en todo este embrollo de la liquidación y las irregularidades, es que solamente al 18 % de los bienes incautados en la nación han terminado el proceso de extinción de dominio, según el informe de la DNE. Cabe destacar que este asunto lo debe iniciar la fiscalía y su terminación es por decisión de un juez, no tiene nada que ver ni la antigua entidad administradora ni la SAE. Por otra parte, al igual que el Club San Fernando habría más de 23.000 inmuebles quitados al narcotráfico repartidos por todo el país, los cuales de acuerdo la Contraloría General de la Nación estarían valorados en $5,8 billones. El Valle del Cauca particu-

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23.201 bienes son casas, apartamentos, locales, oficinas, bodegas, garajes, lotes y fincas; 17.178, en vehículos, motonaves, aeronaves, sustancias, sociedades, establecimientos y obras de arte.

larmente aparece como el departamento con más inmuebles registrados. En el informe de liquidación aparecen 7.802, el 35 % del total, con un valor de $1,9 billones. Sin embargo, solo en 1.676 casos ha terminado el proceso de extinción de dominio. Por ejemplo, si se compara con Antioquia y Bogotá DC, que registran 3.044 y 2489 respectivamente, la situación de las incautaciones de bienes en el Valle es bastante importante. Por esta razón, hay que adelantar y terminar el proceso de extinción de dominio en el menor tiempo posible, ya que se conoce que el deterioro en algunas propiedades parece no tener reversa. No se puede dejar que otros lugares sufran la depreciación que han tenido propiedades como la mansión donde vivió Fabiola Moreno, la cuarta esposa de Miguel Rodríguez, o algunos apartamentos ubicados en los mejores barrios de la ciudad. Inmuebles que se han caído a pedacitos perdiendo su esplendor. Hay que buscar que al igual que resucitó el Club San Fernando, se abra la puerta a la reconstrucción de tan valiosos lugares.

Al igual que el Club San Fernando habría más de 23.000 inmuebles quitados al narcotráfico repartidos por todo el país, los cuales de acuerdo la Contraloría General de la Nación estarían valorados en $5,8 billones En 2011 la Fiscalía descubrió la existencia de una red criminal conformada por más de 30 personas, la cual se habría apropiado de lujosos bienes que administraba la DNE.

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¿Qué pasó con el legado de Juegos Mundiales? IV

Los escenarios de la Unidad Deportiva Alberto Galindo fueron objeto de adecuaciones, entre la que más se destaca es la del patinódromo mundialista /Foto: Web

Remodelaciones que le vienen bien a escenarios de patinaje, bolos, billar o gimnasia, una obra que nunca se hizo y otra que se construyó pero no se usa, en la última entrega Por Juan Camilo Palomar Deportes@elpueblo.com.co

ara finalizar el informe especial exclusivo de EL PUEBLO en el balance del legado de Juegos Mundiales en Cali, luego de repasar la actualidad de escenarios nuevos como el diamante de sóftbol, el Coliseo de Hockey en línea, el Coliseo Mundialista de la Escuela Nacional del Deporte o la Arena Mundialista de la Unidad Deportiva Panamericana, esta última entrega se centra en obras ya existentes sobre las cuales intervino la organización de las justas y la ciudad con obras de remodelación. Además, dos proyectos de construcciones nuevas, uno que se terminó sin afectar positivamente el deporte de la ciudad y otro, para la masificación de una disciplina, que nunca se llevó a cabo.

Un buen balance, a pesar de…

Iniciando por la Unidad Deportiva Panamericana, las piscinas Hernando Botero O’byrne tuvieron su ampliación con la construcción de la piscina de Kayak polo y nado sincronizado, que sirvió para que, especialmente nado sin-

cronizado, tuviera mejor regularidad en sus entrenamientos y se pudiera consolidad la escuela de formación de la Liga Vallecaucana de Natación. Esta piscina está ubicada entre las Hernando Botero y el coliseo de Voleibol, al interior de la Unidad. Por otra parte, en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, el Coliseo El Pueblo fue intervenido con una remodelación que reclamaba desde hace años, ya que fue construido para los Juegos Panamericanos de 1971 sin sufrir grandes cambios. Para los Juegos Mundiales $3.550 millones de pesos en el cambio de toda la tubería del escenario, así como la instalación de ventanas de un material llamado ‘celoscreen’ que ayuda a mantener la ventilación interior sin grandes ráfagas de viento. Sin embargo, para el Coliseo quedó faltando el aire acondicionado. Por estos días, este escenario es de nuevo intervenido en materia de acceso a graderías. En la misma Unidad, el Patinódromo Mundialista ahora luce el techo que le fue instalado para las justas mundialistas, de un material similar al techo que recubre el Pascual Gue-

rrero y que le brinda al Patinódromo la protección contra el sol y la lluvia a las cabinas de periodistas y a la silletería instalada. En este escenario se realizó una inversión de $1.900.000 millones de pesos, aunque a largo plazo, como indican deportistas y entrenadores de la Liga del Valle, será necesario también intervenir la pista, cuyo material sintético requiere ya una readecuación. El velódromo Alcides Nieto Patiño, en cambio, recibió para

DEPORTES Juegos Mundiales una adecuación de camerinos y zonas internas del escenario, pero fue para el Mundial de Ciclismo, en marzo de este año, cuando tuvo una adecuación realmente grande. Para entonces, la administración municipal cambió la estructura del techo del escenario e instaló silletería en todas las graderías, además de pulir la pista para patinaje artístico en el centro del mismo. El Coliseo de Bolos amplió el campo de juego en dos pistas más mientras el de billar ahora tiene mesas para jugar las distintas modalidades mundialistas de la disciplina, además de adecuar también sus accesos y zonas de camerinos y prensa, tal como ocurrió también en el Coliseo Evangelista Mora y las piscinas Alberto Galindo de la Unidad Deportiva San Fernando. Entretanto, en el parque panamericano, ubicado al frente de las piscinas Alberto Galindo, se construyeron baños totalmente dotados, para servir a la comunidad asistente al estadio Pascual Guerrero o a las piscinas, aunque desde su construcción nunca han sido abiertos. A la ciudad le costaron $300 millones de pesos y desde la administración municipal no han logrado implementar un plan de uso de esta obra, dado que debe administrarlo alguna entidad o un particular, cobrando por su mantenimiento y preservando la inversión, pero hasta ahora sólo sirve al paisaje. La que no se construyó fue la pista de bochas, que en un principio quedaría entre el Patinódromo Mundialista, el Coliseo El Pueblo y el Velódromo Alcides Nieto Patiño, dado que pocos días antes de los Juegos Mundiales la organización local de las justas decidió aplicar el plan B con esta disciplina, desarrollarla en el Coliseo de Tejo de la Unidad Deportiva Panamericana como solución momentánea, y descartar la masificación de este deporte de la petanca en la ciudad. EL PUEBLO trató de contactarse con el venue manager de bochas en Juegos Mundiales, Jairo Galindo, para preguntarle sobre el desarrollo de este deporte un año después de las justas, pero este no pudo atender.

Aunque se invirtieron 300 millones en estos baños, desde su construcción no han sido aprovechados /Foto: Google Street View

DEPORTES

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Una Copa con sentido social

Desde el 2009 se realiza la Copa Claro en Colombia, tanto en fútbol como en béisbol

El equipo femenino de la Escuela Carlos Sarmiento Lora celebró su segundo título nacional en la Copa Claro /Foto: Juan Camilo Palomar

Este viernes finalizó en Cali la Copa Claro de Fútbol, el torneo aficionado que la compañía de telecomunicaciones ha hecho llegar a todos los rincones del país por seis años consecutivos Por Juan Camilo Palomar Deportes@elpueblo.com.co

mpresionadas por la majestuosidad del estadio olímpico Pascual Guerrero, las integrantes del equipo del Meta en fútbol femenino saltaron al campo ante la ovación de un pequeño pero nutrido grupo de personas del común que se dieron cita para ver la final nacional de la Copa Claro de Fútbol. Muchas de las jugadoras de ese equipo llegaron por prim e r a vez a Cali y conocieron este imponente estadio, así como el Meta llegó por primera vez a la final de este torneo tras seis años de participación, los mismos que lleva de realización la Copa. En frente, Valle, de rojo completamente. Se trata del equipo inscrito para este torneo que en su mayoría conforman jugadoras de la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Campeonas defensoras del título que ahora conseguirían el bicampeonato

nacional en casa. A nivel regional, además, la escuela Carlos Sarmiento Lora ya ha sido la campeona por cuatro años consecutivos. Pero la experiencia del Meta no es la única de este tipo que ha dejado la Copa, que este año intervino en los 32 departamentos del país, con la participación de Bogotá como Distrito Capital y las Fuerzas Armadas como un equipo más. En el Amazonas, por ejemplo, cuenta Federico G o n zález, director de la Copa en Colombia, hace un par de años que el torneo llegó hasta allá, logrando integrar una zona del país que poco contacto tiene con las grandes ciudades, como Bogotá o Cali. En aquella edición en la que llegó la Copa al Amazonas, grupos de mujeres y hombres de comunidades indígenas formaron equipos y jugaban sin guayos, sobre la tierra de campos improvisados en distintas localidades de aquel selvático departamento. Cuando

salió el equipo del Amazonas para la fase final a nivel nacional, los dignos representantes amazónicos confesaron conocer por primera vez Medellín, sede para entonces de aquella edición, e impresionarse por las estructuras urbanas y tecnologías como los aviones o los ascensores. De integración, precisamente, se trata la Copa Claro de Fútbol, pues aunque hace parte del programa de responsabilidad social de la empresa de telecomunicaciones, ha logrado consolidarse en Colombia como el campeonato que agrupa a más jóvenes en todo el país alrededor del fútbol. Este año, en su sexta versión, la Copa alcanzó la cifra de 40.000 futbolistas aficionados, entre mujeres y hombres, pertenecientes a 1939 equipos de 350 municipios en los 32 departamentos del país. El mexicano Federico González, director de la Copa, asegura al respecto que “la mayor satisfacción es la respuesta de los jóvenes colombianos, cuando iniciamos este proyecto lo hicimos pensando en construir un tejido social a través del deporte en todo el país, y nos alegra ver que hasta ahora hemos impactado de forma positiva más de 200.000 jóvenes colombianos”.

Johana Cuenú Cambindo, una de las delanteras del Valle, marcó la impresionante cifra de 17 goles en la fase nacional del certamen deportivo, tres de los cuales marcó en la final ante Meta, en la goleada que a la postre terminaría 6-0 a favor de las rojiblancas. Esta goleadora nacida en Satinga, Nariño, emigró a Cali con su familia a los 15 años, hace casi nueve ya, y decidió vincularse al fútbol que había jugado desde niña como entrenadora, luego de terminar de formarse en la Carlos Sarmiento, para intervenir en su barrio con un grupo de 80 niños y jóvenes a quienes además de formarlos como promesas del fútbol, les inculca valores como el respeto, la honestidad o la humildad, en el barrio Decepaz, al oriente de Cali. En este proyecto social están inmersos tres profesores. Junto a ella, el profesor James Viveros y Carmen Judith Gamboa, se le midieron a trabajar por la comunidad a través de iniciativas deportivas para alejar a jóvenes del sector de problemas sociales cercanos como la drogadicción o la delincuencia. Ahora, aunque trabaja también por cumplir su sueño de llegar a representar a Colombia en fútbol femenino, Johana también lo hace por el grupo de jóvenes de Decepaz, para quienes consigue balones, uniformes y todo tipo de implementación deportiva con el apoyo de iniciativas como la de Claro, la Escuela Sarmiento Lora e incluso la administración municipal.

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PROCESO DE PAZ

La hermana Yolanda Cerón, una resistente a la violencia del pacifico Colombiano

En la sentencia contra alias ‘Pablo Sevillano’, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá exhortó al Centro Nacional de Memoria Histórica a hacerle un homenaje a la religiosa. Al respecto, el libro Guerras Recicladas, de la periodista María Teresa Ronderos, dedica un apartado a la vida de la monja católica y a su lucha incansable por los derechos de las comunidades afro del pacifico Colombiano. Aquí reproducimos algunos apartes. Por Verdadabierta.com

olanda Cerón, o la hermana Yolanda, como la llamaban sus amigos, dedicó su vida a la lucha por la titulación de tierras a las comunidades afro e indígena en el puerto de Tumaco y se opuso radicalmente a la llegada de los grupos al margen de la ley y a su disputa por la tierra y el narcotráfico. Su labor tuvo una consecuencia funesta: fue asesinada el 19 de septiembre de 2001 en Tumaco por un sicario que le propinó varios disparos, ocasionándole la muerte. Su trabajo con las comunidades más pobres, sus peticiones de titulación de tierras, así como sus denuncias en contra de las acciones contra la población civil perpetrados por el Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los señalamientos que la consideraban simpatizante de la guerrilla del ELN, motivaron su asesinato. Tuvo que pasar más de una década para que la justicia esclareciera el crimen de la religiosa y condenara a sus autores. En sentencia del pasado 29 de septiembre contra Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo

Sevillano’, exjefe de esa facción de las AUC, y varios de los hombres que estuvieron bajo su mando, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá los condenó a la pena alternativa de 8 años por el homicidio de la religiosa y un centenar de crímenes más. Para este alto tribunal, la muerte de la hermana Yolanda, quien dirigió la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, no tuvo otro motivo que “la lucha por la restitución de tierras a favor de las comunidades negras e indígenas del pacífico, lo que en efecto daba al lastre con actividades de cultivos ilícitos de propiedad de los terratenientes de la región, que eran amparados por la fuerza armada de las Autodefensas Unidas de Colombia”. Los constantes señalamientos contra esta religiosa por parte de miembros de la Fuerza Pública destacada en el puerto sobre el océano Pacífico, llevaron al Tribunal Superior de Bogotá a exhortar a la Fiscalía General de la Nación “para que realice las investigaciones de rigor, frente a la posible participación o no, de las Fuerzas de Policía o del Ejército Nacional, en la muerte de Yolanda Cerón Delgado, con el fin de recabar

La muerte de la hermana Yolanda Cerón trajo consigo un daño individual y colectivo cuyas repercusiones no han cesado, las comunidades afro fueron las más vulneradas ya que pocos se atrevieron a mantener las riendas de la representación de Cerón, y quienes lo hicieron fueron silenciados u obligados a salir de la región

en la factible connivencia entre éstas, como estrategia sistemática de dar al lastre con el proceso de titulación de tierras desarrollado por los pobladores ribereños, en el afán de beneficiar a grandes poseedores de terrenos que requerían de aquéllas (ya tituladas), con el objeto de ser utilizadas en actividades de narcotráfico”. Para destacar su labor, y como medida de reparación, la condena contra los exparamilitares del Bloque Libertadores del Sur incluyó una exhortación al Centro Nacional de Memoria Histórica para que proceda a reconstruir la historia

de vida de la hermana Yolanda, con los siguientes objetivos: “El esclarecimiento, desde la voz de las víctimas, de los hechos que victimizaron a esta religiosa; Fortalecer el tejido social a través de la recuperación de la memoria; redignificación de la señora Yolanda Cerón, de su familia y de la comunidad Pastoral a la que perteneció, así como de toda la población de Tumaco que fue beneficiada con el trabajo de esta víctima; y generar recomendaciones de políticas públicas local y regional que permitan visibilizar los procesos de resistencia pacífica de las víctimas, en medio del

conflicto armado, con el fin de evitar que se repitan sucesos como el aquí acaecidos”. La periodista María Teresa Ronderos, fundadora de VerdadAbierta.com y autora del libro Guerras Recicladas, rindió un homenaje a la religiosa nariñense en uno de sus capítulos, algunos de cuyos apartes reproducimos a continuación como aporte a la memoria de esta mujer, que entregó su vida por defender las causas de los menos favorecidos. La lucha por la titulación de la tierra Yolanda no era descendiente de africanos esclavizados. Había nacido en el municipio de Berruecos, en la parte andina de Nariño, el departamento al sur del país, vecino de Ecuador. Pero conoció bien a los afros, porque como religiosa de la compañía de María Nuestra Señora, desde mediados de los años 80 fue maestra de primaria en Salahonda, vereda del municipio de Francisco Pizarro en la costa nariñense. Los padecimientos de la gente allí se le metieron en el alma. Solía decir la hermana Cerón que ella no era negra, pero que dedicaría su vida a reparar las injusticias que contra estos pueblos había cometido la gente de la raza a la que ella pertenecía. Aprobada la Ley 70 de 1993, la cual permitía a los pueblos afro e indígenas conformar consejos comunitarios de gobierno y pedir que se les reconocieras territorios colectivos, Yolanda emprendió una campaña de educación y sensibilización con las comunidades para que se apropiaran de esa lucha, consiguiendo así la titu-

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lación de 96.000 hectáreas de tierra para 9.000 afrodescendientes de Nariño. Con la ley 70 en mano, la hermana Cerón se puso a enseñarles a los habitantes de esos bosques cómo podían organizarse para sacarles títulos formales a sus territorios colectivos. Los más afortunados en Francisco Pizarro vivían en una choza, sin servicios, y tenían algo de tierra sembrada que le daba de comer a la familia, casi siempre muy numerosa. Demasiados, sin embargo, no tenían tierra, y les vendían su fuerza laboral a las empresas madereras y palmeras o a las camaroneras que llegaron en los años ochenta. O cortaban arboles por su cuenta, o buscaban baraquear en algún rio donde después de menear la batea un día al rayo del sol podían encontrar un par de pepitas de oro para no morirse de hambre. Ella fue una figura potente entre las muchas que estaban haciendo realidad esa apuesta que les había hecho el Estado. Desde principio de los años noventa había empezado a organizarse un movimiento étnico de afro descendientes de todo el país que empujaron la elaboración de la Ley 70 y después la pusieron en práctica. En Nariño un grupo de líderes campesinos y algunos jóvenes urbanos educados en colegios católicos consolidaron el capítulo local del Proceso de Comunidades Negras (PCN), conocido como Palenque Nariño. Ellos eran los interlocutores de las entidades nacionales y representaban al movimiento de la región. Faltaba, no obstante, que las comunidades dispersas en esa costa nariñense difícil, llena de ríos y caños, casi sin vías, con el borde tupido de manglares, se organizaran en los Consejos Comunitarios que preveía la Ley 70, y luego si, tramitaran la propiedad colectiva de sus tierras. Ha sido la Iglesia Católica, de la mano sobre todo con la hermana Yolanda, como le decían, la fuerza principal en la consolidación de esos Consejos. Formar cada Consejo fue un trabajo de persistencia. Citar a reuniones, divulgar y explicar la ley, hacer el censo, dar talleres de cómo administrar una entidad comunitaria y elegir representantes requería de una energía especial. Investigadores que analizaron el caso del consejo comunitario del Bajo Mira y Frontera retrataron en cifras esta dificultad: 60 veredas, 9000 habitantes, 12,5% de la población rural de Tumaco, 50000 hectáreas de tierras colectivas, la mitad de la población sin escolaridad ni empleos formales. En el bajo Mira se reunieron unas 60 personas en el primer encuentro en enero de 1995, en el 96 se consiguió hacer una reunión más amplia, y en febrero de 1997, se juntaron 500 personas de esa reunión fronteriza en una asamblea para designar a los representantes del Consejo Comunitario en el pueblito

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sobre la Mira, y la gente lloraba de emoción al ver lo que estaban consiguiendo. A Yolanda no le gustaba darse aires, pues al fin y al cabo era la gente la que estaba construyéndose su futuro, y ella solo era un motorcito que jalaba. “Fueron las mismas comunidades las que trabajaron, las que lucharon, las que elaboraron su historia, su censo, sus prácticas tradicionales de producción”, dijo Yolanda en una entrevista. Para 1995, siendo directora de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, dirigió proyectos de defensa de derechos humanos apoyando la denuncia sobre la corrupción y la violencia que se habían apoderado de Tumaco a través del programa radial La Caja de Pandora que se emitía en la emisora Radio Mira Caracol, el cual tiempo después tuvo que ser cerrado por las constantes amenazas de los actores armados. La llegada del Bloque Libertadores Sur En 1998, la región presenciaría la llegada de los narcotraficantes y con ellos la entrada de la violencia. Para finales de la década del noventa aparecieron los primeros laboratorios de procesamiento de coca en la región. La batalla de los actores armados se concentró entonces en la disputa por el control de la producción y la distribución de esa sustancia ilegal. La hermana Cerón vio venir el tsunami antes de que llegara. Ella les decía a los pobladores de Hojas Blancas y Vuelta de Gallo y a los demás vecinos del Patía Grande que había que ordenar el territorio, apropiarse de él, ponerlo a producir para ellos antes de que llegaran otros a apropiarse de él; había que construir murallas de solidaridad y legitimidad sobre el territorio para impedir que el vendaval de la violencia que venía de otras regiones colombianas los arrasara, sobre todo a ellos, que no tenían defensas contra esa plaga. El tiempo, sin embargo, no les dio para finalizar sus procesos, porque desde finales de 1999 los paramilitares llegaron husmeando la coca, como buenos sabuesos. Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, el antiguo guardaespaldas de un narcotraficante del cartel de Mede-

Su labor tuvo una consecuencia funesta: fue asesinada el 19 de septiembre de 2001 en Tumaco por un sicario que le propinó varios disparos, ocasionándole la muerte. Su trabajo con las comunidades más pobres, sus peticiones de titulación de tierras, así como sus denuncias en contra de las acciones contra la población civil

llín convertido en dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue encargado por Vicente Castaño de enviar a Tumaco el primer grupo de paramilitares de lo que después se llamó ‘Frente Libertadores Sur’. Los frentes de las Farc y el Eln se movían por algunos municipios de la región desde los años ochenta, pero al finalizar la década del noventa y en consonancia con su pulso negociador con el gobierno en el Caguán habían arreciado sus golpes a la fuerza pública y habían comenzado a amenazar a los más pudientes con extorsiones y secuestros. Había aparecido en Tumaco, además, una banda de delincuentes comunes llamada los BamBam, y como los paramilitares ofrecieron acabarla, comerciantes y la gente del común de la ciudad recibieron eso como una buena noticia. El primer mensaje de los paramilitares fue directo al grano. El 2 de febrero de 2000 asesinaron a Francisco Hurtado, apreciado gestor de Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera. Estaba realizando el censo de los 40 pobladores que

componían esta comunidad. Era uno de los requisitos que debía llenar para conseguir el título de colectivo oficial. Su asesinato puso a temblar a todos. Tras la muerte de Hurtado se registraron más asesinatos selectivos, entre los que se encuentran el de los periodistas Marisol Revelo, de Radio Mira y Teletumaco y Flavio Bedoya del periódico Voz, este último asesinado según alias ‘Pablo Sevillano’ por pertenecer al Partido Socialista y ser colaborador de la guerrilla. La hermana Yolanda no podía quedarse callada. Sabía que los asesinos querían destruir el trabajo de los Consejos Comunitarios y, contrariamente a lo que era su deber institucional, los miembros de la fuerza pública les estaban ayudando. Así que comenzó a averiguar qué oficiales podían estar involucrados y a denunciarlos. No había que una gran detective para darse cuenta de esa colaboración. Hoy los tumaqueños cuentan que veían a los paramilitares entrar y salir de las guarniciones militares como Pedro por su casa y, para fines del milenio, estaban tan cómodos que asesinaban a plena luz del día mendigos, drogadictos, y también a quienes que fuera señalado como de izquierda. Pese a las constantes amenazas y los asesinatos selectivos que se presentaron, la hermana Yolanda continuó, junto con el sacerdote carmelita Guillermo Correa, el trabajo con las comunidades afrodescendientes. “Correa y Cerón, además, encabezaron los equipos que formó la Iglesia Católica en el largo litoral Pacífico colombiano para acompañar a las comunidades negras en el reclamo de los derechos colectivos sobre el territorio y en su resistencia a las violencias que los atacaban desde los dos flancos”. Desde la entrada de los ‘paras’ a la región la hermana Yolanda investigó la relación de miembros de la Fuerza Pública con los paramilitares del Bloque Libertadores Sur, la presentación de la documentación durante un consejo de seguridad local conllevó a que fuera tildada de guerrillera por parte de un oficial militar. Hecho que se constituyó como en deto-

9 nante de más intimidaciones y amenazas que terminaron con el asesinato de la religiosa. Una voz más silenciada La hermana también siguió denunciando en voz alta a “Sevillano” y a sus colaboradores, y por la autenticidad de su liderazgo la escuchaban hasta en el Vaticano y en la Unión Europea. “Yolanda tuvo unas dimensiones sociales y políticas difíciles de calcular en medio del fuego de paramilitar”, dicen un joven miembro de la Pastoral Social que no la conoció, pero que aún hoy siente su energía. “Era una Pola (en referencia a la heroína de los tiempos de la Independencia de España, Policarpa Salavarrrieta). Sus denuncias y su trabajo por las comunidades afro fueron silenciados el 19 de septiembre de 2001 cuando en frente de la iglesia de la Merced, en el Parque de Nariño, le dispararon en repetidas ocasiones, alias ‘Capulina’ fue quien accionó el arma contra la religiosa por orden directa de Guillermo Pérez Álzate, alias ‘Pablo Sevillano’. Yolanda llevaba la bandera al frente y cuando ella no está ya, cada uno siguió por su lado”, dijo una dirigente afro en el documental que años después hizo la pastoral sobre la obra de cerón. Eso fue exactamente lo que pasó. Si podían matar a Yolanda, una figura internacionalmente conocida, los demás no tendrían mucha esperanza. Y los paramilitares no pararon ahí. Sostuvieron el terror contra todos los que tramitaban la creación de los consejos y la titulación de las tierras. A José Santos y a Lucía Grueso, dirigentes del Proceso de Comunidades Negras, les tocó huir. A Silvio Garcés, el funcionario del Incora que estaba haciendo su trabajo y respondía las peticiones de los Consejos Comunitarios para avanzar en las titulaciones lo amenazarían y después de bajaron de cargo. La muerte de la hermana Yolanda Cerón trajo consigo un daño individual y colectivo cuyas repercusiones no han cesado, las comunidades afro fueron las más vulneradas ya que pocos se atrevieron a mantener las riendas de la representación de Cerón, y quienes lo hicieron fueron silenciados u obligados a salir de la región. Fueron 96.000 hectáreas de tierra que la hermana Yolanda logró titular mientras vivió, el día de hoy hay un estimado de un millón de hectáreas que luego de su muerte quienes abanderaron su legado lograron titular. A pesar de que su ausencia aun sea del diario vivir de las comunidades afro de Nariño muchos afirman que el trabajo por la comunidad aún empieza y que su legado lo mantendrán hasta alcanzar el respeto y el acceso a todos los derechos de las comunidades.

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INTERNACIONAL

Evo Morales, sin contrincantes que le hagan sombra

Bolivia celebra elecciones generales hoy domingo, 12 de octubre. Por nuevatribuna.es Javier M. González

l presidente de Bolivia, Evo Morales, va camino de convertirse en el presidente más longevo de su país, tras una victoria que los sondeos pronostican como histórica. Las encuestas para la elección hoy 12 de octubre le dan una ventaja de 40 puntos respecto a su más próximo rival. La oposición no ha podido unirse para tratar de enfrentar el ciclón Evo, que arrollará a sus rivales y se asegurará un tercer mandato consecutivo, con el que llegará a 14 años ocupando el Palacio Quemado, sede de la presidencia. En 2005, Evo Morales fue elegido con el 53,74% de los votos y en 2009 con el 64,22%. Las encuestas, ahora, le dan un 59% de intención de voto. Un respaldo impresionante, tres victorias por mayoría absoluta, aunque algo lejos del 74% que se había propuesto como meta al inicio de la campaña electoral. La extraordinaria popularidad que estos números reflejan no puede ocultar la polémica interpretación legal que permitió hacer realidad su candidatura. La Constitución, que el mismo Evo impulsó, establece que no puede haber más de dos períodos consecutivos, cosa que el presidente boliviano está cumpliendo ahora. La argucia legal para habilitarlo nueva-

mente como candidato fue que Bolivia habría sido refundada, como si se hubiera convertido en otro país, al dar a luz el nuevo estado plurinacional. La principal baza electoral de Evo Morales y su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo) tiene que ver con la extraordinaria bonanza económica que experimenta el país en los últimos años, que contrasta con las penurias de alguno de sus vecinos, como Argentina. El gas y el petróleo, nacionalizados a poco de la llegada de Morales al poder, permitieron que el PIB se triplicara desde 2005. Este año el crecimiento será del 5,2% (el año pasado fue del 6,8 %), el mejor de América Latina, después de Panamá. El salario mínimo se triplicó desde 2005. Los gastos sociales –en educación, salud, pensiones y programas sociales- aumentaron más del 45% en siete años. La reducción de la pobreza ha sido notable y ya ha dejado de ser el más pobre de la región, posición que ahora ocupa Paraguay: datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indican que se redujo del 58,3% en el 2000 a 26,1% en el 2012. También hubo una reducción muy importante de la extrema pobreza. Y, lo que es más importante, se ha reducido la desigualdad, como señala el índice GINI, que mide la diferencia de ingresos del tope y la base de la pirámide social. Los principales indicadores

En 2005, Evo Morales fue elegido con el 53,74% de los votos y en 2009 con el 64,22%. Las encuestas, ahora, le dan un 59% de intención de voto. Un respaldo impresionante, tres victorias por mayoría absoluta, aunque algo lejos del 74% que se había propuesto como meta al inicio de la campaña electoral. económicos sustentan el optimismo, aunque el FMI, el Banco Mundial y el BID anuncien que se acabó la fiesta en Latinoamérica. Con una inflación del 4,30%, la tasa de desempleo se sitúa en el 8%. Las reservas internacionales de Bolivia son más del 48% del PIB. La Inversión Directa Extranjera fue del 5,9% del PIB, la más alta de los países de la región, a pesar de la retórica antiimperialista. En el 2008, fue expulsado el embajador norteamericano, Philip Goldberg, así como los agentes de la DEA (Agencia antinarcóticos de los EEUU), acusados de conspirar contra el gobierno. Aunque ya hay acuerdos para volver a intercambiar embajadores, todavía no se concretó. En los últimos años Evo logró lo que parecía imposible: conquistar lo que se conoce como la Media Luna, los cuatro departamentos del oriente del país –Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija- donde la población es mayoritariamente de origen europeo y donde se concentran los principales recursos del

país: petróleo, gas, soja y ganado. Hace cinco años se produjo un enfrentamiento que parecía irreconciliable y que alentó, incluso, tensiones independentistas. Según las encuestas, el partido del presidente, el MAS (Movimiento al Socialismo) debe sacar este domingo en torno al 50 % de los votos en esta región. Este domingo se elige la fórmula presidencial, además de 36 senadores (cuatro por cada departamento), y 130 diputados para la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las candidaturas que ha presentado cada partido fueron obligadas a una paridad de género, dato interesante en un país donde el machismo y los casos de femicidio son elevados. De hecho ha habido un movimiento de mujeres que actuó bajo el lema “Machistas, fuera de la lista”, que logró que dos candidatos acusados de violencia doméstica fueran sacados de las candidaturas y que el tema quedara instalado en la campaña. El principal objetivo del MAS es recuperar la mayoría de dos

tercios que tenía hasta que 5 diputados indígenas se fueron en el 2011 por el conflicto del TIPNIS, el parque nacional indígena por el que se quería hacer una carretera, y que llevó a movilizaciones masivas. De conseguir recuperar esa mayoría, podría pensarse en modificar la Constitución para permitir la reelección indefinida de Evo. Aunque oficialmente se niega que esté en la agenda del gobierno, también es cierto que el presidente venía negando que aspirase a un tercer mandato. Los principales candidatos de la oposición son: el empresario del cemento Samuel Doria Medina, ya varias veces candidato presidencial, que tiene como aliado a Rubén Costas, ex líder de los secesionistas de Santa Cruz; el ex presidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), presentado por la Democracia Cristiana; el ex alcalde de La Paz, Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo (MSM); y Fernando Vargas, ecologista y líder indígena del oriente del país.

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Sorpresa en Brasil: Aécio Neves disputará la segunda vuelta con Dilma El candidato del PSDB consiguió dar la vuelta a las encuestas a última hora. Aécio Neves, líder del centrista PSDB, logró finalmente dar vuelta a las encuestas y superar a Marina Silva (PSB) en la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil. De esta manera, el líder tucano –como se conoce a los de su partido-, disputará con Dilma Rousseff (PT) la presidencia de la República, en la segunda vuelta del próximo 26 de octubre. Por nuevatribuna.es Javier M. González

os resultados son sorprendentes, porque hace solo 48 horas los sondeos de intención de voto daban un virtual empate técnico entre Marina y Aécio, con ligera ventaja para la primera. Los resultados, sin embargo, son claros a favor del segundo: 33,55 % para el candidato del PSDB, 21,32 % para Marina. La presidente, Dilma Rousseff, quedó primera con un 41,59 %, el peor resultado del PT en los últimos 12 años. En 2010, Dilma obtuvo el 46,9 % de votos en la primera vuelta. Además, su rival de entonces, José Serra, también sacó algo menos que su competidor de ahora. Todo indica, pues, que

la segunda vuelta se presenta como la más incierta en las últimas elecciones. El hombre de la jornada del pasado domingo, Aécio Neves, nació en Belo Horizonte hace 54 años. Casado con una hermosísima modelo, acaba de tener gemelos, lo que le aporta una imagen atractiva para cierto electorado. Es economista y nieto de Tancredo Neves, elegido presidente de la República en las primeras elecciones después de la dictadura (1964-1985), pero que falleció antes de poder asumir el cargo. Su debut en la política fue, precisamente, como secretario personal de su abuelo, que ha quedado en la memoria sentimental de todos los brasileños. Diputado federal entre 1987 y 2002, fue después dos veces

gobernador de Minas Gerais, el estado más rico de Brasil. Cuando dejó el cargo, para competir –y ganar- un puesto en el Senado, gozaba de una altísima popularidad. Esta es su primera candidatura a la presidencia de la República. Las últimas encuestas dicen que en la segunda vuelta ganará la actual presidente. La diferencia sería 50 % frente a 41% en la encuesta de Datafolha, y de 45 % a 35 % según Ibope. Pero la campaña ha demostrado que el electorado está siendo muy volátil. En cuestión de semanas, la presidente pasó a ser superada por Marina Silva, aunque enseguida recuperó terreno. No obstante, Silva superó a Neves desde mediados de agosto. En la recta final, el candidato del PSDB volvió a recuperarse y

quedan aún tres largas semanas de campaña. Neves necesitará seducir al electorado de Marina Silva para la segunda vuelta. No hay todavía una definición, pero hay ya algunas señales. Eécio dijo que todos los que puedan contribuir a su proyecto, “serán muy bien venidos” y añadió que tenía un enorme respeto personal por la ex ministra y senadora Marina Silva. “Es hora de unir fuerzas, mi candidatura ya no es de un partido político o de un conjunto de alianzas. Es el sentimiento más puro de de todos los brasileños, que todavía tienen la capacidad de indignarse, pero sobre todo la capacidad de soñar”. Marina, por su parte, no descartó darle su apoyo. Pero habló de la coherencia con su programa electoral y con el sentimiento de un cambio cualificado: “la sociedad brasileña está diciendo que no quiere lo que está ahí”, señaló, en referencia a lo que considera la vieja política. Hace cuatro años, cuando también quedó tercera, Marina Silva decidió mantener la neutralidad y ahora podría apostar a mantenerse como la representante de la nueva política y así afianzar su propio proyecto, que no pasa por el partido que la presentó en estas elecciones, el PSB, sino por el suyo propio, Red de Sostenibilidad, que no llegó a tiempo de ser legalizado para estas elecciones, pero que tiene todos los requisitos para su registro. Y hay sectores del PSB próximos al PT, que podrían dar apoyo a la candidatura de Dilma. En su primer discurso tras conocerse los resultados, Dilma Rousseff atacó muy duro y de frente a su rival. Habló de los “fantasmas del pasado” y dijo que, cuando gobernaron

el país, los tucanos –es decir, Fernando Henrique Cardoso-, “gobernaron para solo un tercio del país, dieron la espalda al pueblo, promoviendo la contracción salarial, la recesión y el desempleo, y llevaron el país tres veces a la quiebra”. Consciente de que los mercados preferirían a Aécio Neves como presidente, Dilma prometió cambios en la economía y un mayor control de la inflación. Pero aseguró que no promoverá los ajustes o las medidas antipopulares de los gobiernos del PSDB. También prometió un combate durísimo contra la corrupción. Más allá de los resultados para la presidencia, hacer un análisis de los resultados electorales se complica en Brasil por el gran número de formaciones, 32, que además tienen intereses cruzados en algunos de los estados. Valga como ejemplo los respaldos de los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Dilma, además de su propio partido, el PT, tiene el apoyo del PMDB – el más grande del país, con 2,3 millones de afiliados, pero que hace tiempo no tiene candidato presidencial propio-, y otros menores: PSD, PP, PR, PC do B, PROS y PRB. Aécio Neves, por su parte, además del PSDB, cuenta con el apoyo del PMN, PTC, PT do B, DEM, PEN, PLN, PTB. Ante esta verdadera sopa de letras, el ex presidente Lula se mostró convencido de que hay que actuar contra esta proliferación y encararlo desde la tan mentada reforma política. El Congreso Nacional no puede “continuar funcionando con centenas de partidos políticos (…) Las personas no tienen compromisos ideológicos, no tiene compromisos programáticos”, afirmó.

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OPINIÓN

Una grieta por reparar: el binomio política-mercado Por Guido Germán Hurtado Vera Miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, Cier. Universidad Autónoma de Occidente.

n el 2008 saltó con toda su fuerza la primera gran crisis del siglo XXI. Diversos analistas aún hoy no saben muy bien cómo explicarla, pero lo que sí saben es que sus efectos son cada día más devastadores. En lo económico: depresión, caos monetario y ajuste fiscal. En lo social: aumento vertiginoso de la pobreza. En lo público: pérdida de institucionalidad. En lo ambiental: cambio climático. En lo cultural, en palabras de Lipovetsky: la “era del vacío”. Con estas lacónicas aseveraciones se podría intentar dar respuesta al porqué de las masivas movilizaciones sociales

de los últimos años en todos los rincones del mundo (no obstante, los medios de comunicación solo publican las que para ellos son noticia). Ahora bien, esas breves afirmaciones sirven para señalar la muerte del Estado de Bienestar. Esta forma exclusiva de Estado encontró un perfeccionamiento a continuación de la Segunda Guerra Mundial. El eslogan de los laboristas ingleses de 1945: “la parte justa para todos”, resume con eficacia el concepto universal del Estado de Bienestar. Un pacto político y socioeconómico que poseía instrumentos de regulación, primordialmente en el gasto

“Lo que se percibe hoy en las sociedades es un resultado desastroso: la política no hace ya honor a su nombre. Es otra, quizás. Y persiste bajo otro lenguaje y otras formas de activismo”

público y en los impuestos progresivos. Hoy la globalización lo despedazó a través de un mercado especulativo que ha llevado a los Estados a un endeudamiento sin fin y a la consolidación de una cultura mafiosa que sostiene y permite el lavado de activos y permite la corrupción. Baste con traer a colación de lo sucedido recientemente con el descalabro de Interbolsa. La desaparición de un marco regulatorio condujo a una elefantiasis en la que el poder político ha llevado la peor parte. Ejemplos están a la orden del día: Grecia, Irlanda, Portugal

y, recientemente, Argentina. El mercado ha vapuleado, extorsionado y humillado sin misericordia a Estados y economías chicas y descomunalmente empobrecidas para oponer resistencia. Esto no es más que la expresión de la grieta del binomio política-mercado. Lo que se percibe hoy en las sociedades es un resultado desastroso: la política no hace ya honor a su nombre. Es otra, quizás. Y persiste bajo otro lenguaje y otras formas de activismo. Las formas que esgrimen los Estados para enfrentar este feroz monstruo son caseras y de

origen político. Así, los ciudadanos observan inútilmente a unos imperios económicos globales promotores de la crisis, que han quedado incólumes, que se sienten inmunes ante la ley y la responsabilidad política. Un ejemplo, el carácter sistémico del poder financiero especulativo que ha obligado a los Estados a intervenir con políticas de salvamento para impedir su desplome. Léase la crisis bancaria de los EE.UU. y Europa. Ante tal panorama apremia rescatar la capacidad regulatoria de la política sobre el mercado. Esto parece complejo, pero recordemos que la democracia se inventó para que la aspiración de las mayorías y los derechos de las minorías se respeten. La invitación es a seguir dando una lucha más intensa y enaltecida y si se quiere, más legítima, por nuestras libertades. Eso es lo que hoy incontables hombres y mujeres del mundo estamos anhelando porque lo que está en juego es la felicidad y la dignidad de millones de seres humanos.

Timochenko en La Habana, ¿bueno o malo?

Por Floro Hermes Gómez Pineda Twitter: @Florohermes

ste viernes 10 de octubre, en horas de la mañana, el señor Ministro del Interior, el copartidario liberal Juan Fernando Cristo Bustos, confirmó que el comandante de las FARC-EP, el médico guerrillero especializado en cardiología Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko” o “Timoleón Jiménez”, “ha estado en dos ocasiones en La Habana”. El que “Timochenko” haya ido a La Habana, pone a la opinión pública colombiana ante dos posiciones que se corresponden y sustentan mutuamente: una, la conflictiva/ dilemática y, otra, la emocio-

nal, por lo cual, se hace urgente una mirada racional, toda vez que no es posible en las cuestiones de guerra y paz, que se deben abordar desde distintos horizontes de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, ser razonables, porque se puede caer en peligrosas y dañinas ambivalencias. En tal sentido, desde una posición emocional, los viajes de “Timoleón Jiménez” a La Habana son escandalosos porque “sigue acá dirigiendo masacres contra colombianos”, como lo expresó el apasionado senador Álvaro Uribe Vélez, quien racionalmente (dentro de sus

los viajes de “Timoleón Jiménez” a La Habana son escandalosos porque “sigue acá dirigiendo masacres contra colombianos”, como lo expresó el apasionado senador Álvaro Uribe Vélez, quien racionalmente (dentro de sus cálculos políticos) escogió el productivo camino político de alimentar las emociones, pasiones e instintos de nosotros los colombianos

cálculos políticos) escogió el productivo camino político de alimentar las emociones, pasiones e instintos de nosotros los colombianos. Desde la orilla conflictiva/dilemática, o racional, los viajes de “Timochenko”, autorizados personalmente por el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, nos colocan ante el dilema moral si haber callado estos desplazamientos es un acto de prudencia o es un acto de engaño, por una parte.

Pero, por la otra, más allá de si fue una conducta de precaución o de falta de trasparencia, los viajes nos revelan la existencia de grandes avances dentro del proceso de una paz negociada con las FARC-EP, si nos atenemos al hecho de que esta guerrilla es una organización que toma decisiones de manera colegiada, situación que a muchos nos inquietaba por la no presencia de su Jefe máximo. Igualmente, nos revelan el control del territorio por parte del Estado colombiano, pues

los movimientos del cardiólogo guerrillero se llevaron a cabo mediante una autorización presidencial, lo cual quiere decir que “Timochenko” no estaba en capacidad de valerse por sí mismo, para llegar a La Habana. Esto, en términos de liberalismo, quiere decir: primero, que el Estado colombiano está conquistando el monopolio de la violencia; segundo, que está cobrando legitimidad frente a las fuerzas insurgentes de las FARC-EP, y, finalmente, que si bien aún no las ha sometido, ha logrado de ellas un acatamiento, como lo prueba el hecho de que su máximo jefe haya tenido que acudir a un permiso del señor Presidente de la República. En conclusión: si las interpretaciones que acabo de realizar desde la lógica formal son acertadas, esto hace prever que la terminación de la confrontación con las FARC-EP, salvo alguna equivocación grave de las partes, está próxima. O, en otras palabras, que vamos con paso firme hacia la paz, la cual atraviesa por dejar de combatir, en primer lugar, y por construir, a lo largo de varios años, una institucionalidad política y económica innovadora, liberal e incluyente, que remplace la actual extractiva, conservadurista y excluyente.

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Las disculpas de Siriri Por Ray Charrupi Twitter: @raycharrupi

n la columna de enero 14 de 2014 del Diario El País de Cali, de autoría del Publicista Mario Fernando Prado “SIRIRI”, expresa: “La gran atracción de la pasada temporada decembrina fue, sin lugar a dudas, el Bulevar del Río al que quisieron colocarle toda clase de nombres, incluyendo el de un morenito que ya ni me acuerdo qué gracia tuvo para que se le rindiera semejante tributo. Calentanos que somos, siendo que con la plazoleta Jairo Varela la cuota afrodescendiente -como dicen ahora- quedó más que cubierta.” (Se refiere a Alexandre Petión, Afro libertador de Haití, que dio el apoyo dos veces a Bolívar para lograr nuestra independencia). En esa ocasión escribí al Premio de periodismo Simón Bolívar, para que se revisará los premios que han dado a este periodista. El pasado 27 de septiembre, el mismo periodista manifiesta “Lo anterior ha hecho que cambie el fenotipo de los conductores de los ahora mal llamados ´Merchos´- chapa infame que

debe estar haciendo revolcar en su tumba a Herr Karl Benz - y que algunos de sus felices propietarios tengan rasgos orangutánicos ugandeses, chanclas y camisetas esqueleto, porque lo que antes era para muy pocos ahora es para muy muchos.” Ante esta conducta escribí una carta a María Elvira Domínguez (Gerente del PAIS) y para hacer el cuento corto le pedí a la líder Vallecaucana que tomará cartas en el asunto porque lo que la mano constructora de su periódico hace, resulta borrado con el codo de la exclusión y la indignidad que SIRIRI generó. En la Columna del sábado 4 de octubre, SIRIRI escribe: “RECTIFICACION: En la columna del pasado sábado se me fue la mano y por hacer un chiste malo ofendí a la comunidad afrodescendiente. Lamento esta metida de pata que fue sin intención malsana y ofrezco públicas disculpas al movimiento CHAO RACISMO que con toda razón protestó airadamente. Comentarios así, no volveré a perpetrar.” SIRIRI me invitó a su pro-

Quiero dedicar esta columna a María Elvira Domínguez, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente y quien nunca respondió mi carta; pero tal como me lo han señalado varias personas, cumplió con el deber ético, moral y de autoridad de llamar al orden a Mario Fernando Prado SIRIRI, y estamos seguros, “motivarlo” para que públicamente rectificara

grama de radio para ofrecer nuevamente disculpas ante su radio audiencia; por su puesto asistimos y estrechamos la mano de nuestro otrora ofensor, no sin antes advertir que esperábamos que esta excusa fuera sincera y el primer paso a una conversión decidida y definitiva a la inclusión ( que no es otra cosa que incorporar la diversidad étnica, de genero, religión, territorial, etc) y que si y solo si, así se garantiza la dignidad. También le explicamos a SIRIRI, sus compañeros y audiencia que nuestro reclamo

no era una sensiblería y que las disculpas no se pueden dar como considere el ofensor, sino como lo determine la dignidad del ofendido. Le invitamos a ponerse en los zapatos del otro, a comprender que cuando decimos que los afro, las mujeres o los gay nos “delicamos” por todo, estamos hablando desde la barrera. Acaso no nos molesta a todos los colombianos que se nos asocie o estereotipe con la coca, o los narcos? acaso no nos ofende y hiere profundamente que extranjeros hagan chistes con algo que para nosotros ha sig-

13 nificado la muerte de compatriotas y el combustible de un conflicto que hace que como hermanos nos matemos?. Quiero dedicar esta columna a María Elvira Domínguez, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente y quien nunca respondió mi carta; pero tal como me lo han señalado varias personas, cumplió con el deber ético, moral y de autoridad de llamar al orden a Mario Fernando Prado SIRIRI, y estamos seguros, “motivarlo” para que públicamente rectificara. Con esta acción ,María Elvira Domínguez da una lección ejemplarizante a todo el mundo editorial de que el ejercicio periodístico no puede ser irresponsable ni ligero, ni sus directivas ser permisivas e indiferentes. La libre expresión tiene como limite la dignidad y los derechos de los demás. A SIRIRI y demás líderes de opinión les reiteramos que estaremos vigilantes de sus futuras actuaciones, esperando que nunca mas se incurra en estos episodios, pero sobre todo, ansiosos de calificarlo como un gran hombre no por los errores que cometió, sino por las correcciones sinceras y magnificas que se pueden y deben hacer en honor a la inclusión. Psd: El video de la disculpa en la emisora esta en youtube: SIRIRI se disculpa con CHAO RACISMO

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Lo bueno de la guerra contra el Perú Por Alfonso Otoya

n 1919 el entonces presidente de Colombia Marco Fidel Suarez sancionó la ley 126 en la cual se creaba la Fuerza Aérea Colombiana y a la vez la escuela militar de aviación que luego llevaría su nombre. La escuela de aviación tuvo operación inicialmente en el municipio de Madrid, Cundinamarca y posteriormente en 1933 con ocasión de la guerra contra el Perú la escuela traslado su operación al lugar que desde entonces ha ocupado, Cali. La Escuela de Aviación Marco Fidel Suarez ha acompañado el desarrollo de nuestra ciudad durante su historia reciente y ha sido protagonista de la realidad cotidiana para muchos caleños. Participó activamente en las inauguraciones de los Juegos Panamericanos y los World Games, y lo más importante, brinda seguridad y educación a muchos caleños y colombianos.

La base también ha traído desarrollo a la ciudad. Es un dinamizador de la economía no sólo por los servicios que demanda sino porque forma a colombianos en las últimas técnicas aéreas en operación y mantenimiento de equipos aéreos. La presencia de la base en nuestra ciudad ha permitido el desarrollo de una industria aeronáutica dentro de la cual se destacan cuatro compañías fabricantes de aviones ultralivianos, que cada día se posicionan como una industria naciente con posibilidades reales de competir en el marco mundial. Hoy empresas como la brasilera Embraer estudian la posibilidad de construir una de sus plantas en nuestra ciudad para la construcción de cabinas de sus aviones KC-390. En algún momento se propuso el traslado de la base y la utilización de los terrenos para un gran parque. Esta idea aunque en principio inofensiva, en

El proyecto Aéreo Ciudad Pacifico plantea la alternativa de mantener la EMAVI, o mejor el componente educativo de la base Marco Fidel Suarez, y trasladar el componente de operaciones al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

realidad cercena un patrimonio de ciudad importantísimo y desconoce realidades que hacen que esta sea descabellada. A nadie se le ocurriría pedir el traslado de la Universidad del Valle o del Hospital Departamental para construir parques en los lugares donde funcionan esas emblemáticas instituciones. Pues bien, igual ocurre con la Marco Fidel Suarez que cumple con dos tareas estratégicas. La primera, educar a los futuros cadetes que desde los cielos protegerán nuestra patria y democracia, a cargo de la EMAVI hoy liderada por el Coronel Luis Fernando Amaya. La segunda, garantizar la seguridad en el suroccidente

colombiano, frente a enemigos nacionales o extranjeros, a cargo del CACOM 7 comandado por el Coronel Sergio Hernando Suarez Vargas. En lugar de pensar en sacar la base lo que debemos hacer es analizar como la podemos usar mejor para beneficio de todos. El proyecto Aéreo Ciudad Pacifico plantea la alternativa de mantener la EMAVI, o mejor el componente educativo de la base Marco Fidel Suarez, y trasladar el componente de operaciones al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Al tener la base con destinación exclusiva en educación permitiría ampliar sus programas, mejorar las instalaciones físicas en be-

Las necesidades y las decisiones Por Sofía Gaviria Correa Senadora de la República

uestro Partido Liberal, a lo largo de 166 años, ha hecho énfasis en proclamar la igualdad entre los sexos. Así, el Liberalismo ha logrado, en su historia, la concesión de la ciudadanía a las mujeres, el voto femenino, la autonomía patrimonial de la mujer, el acceso de ésta a la universidad, la protección de la maternidad, el control de la natalidad y la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras muchas victorias. Siguiendo este derrotero que ha llevado a las cumbres los empeños de nuestro partido, que deben merecer la gratitud y simpatía de todas las mujeres de Colombia, propusimos, durante nuestra pasada campaña al Senado, una reforma política que asegurara que en las listas cerradas de todos los partidos hubiera al menos un 50% de participación femenina. El nombre del modelo, “lista cremallera”, ayuda a vislumbrar mejor, metafóricamente, la figura de este tipo de lista, en la cual hombres y mujeres alternan posiciones. La semana pasada, celebra-

mos con entusiasmo la buena nueva de la aprobación en primer debate de tal idea, en la Comisión Primera del Senado, como parte de la Reforma de equilibrio de poderes. A pesar de que la mujer constituye el 51.6% de nuestra población y de que, desde hace más de veinte años, es mayoría en los centros de educación universitaria en Colombia, ocupa sólo el 12% de la representación política en el país. Esta cifra debería avergonzarnos, ya que las barreras de discriminación de género están siendo superadas hasta en países tan pobres y subdesarrollados como Ruanda, en el cual, gracias a una decisión política, el año pasado, las mujeres lograron una representación del 60% en el parlamento. Las mujeres hemos cumplido con toda curia el papel de cuidadoras, especialmente de los niños, de los adultos mayores y de las personas en condición de discapacidad (que, así mismo, representan un alto porcentaje de nuestra población). Con la implementación de la “lista cremallera”, las políticas públicas gozarían con mucha mayor

la mujer constituye el 51.6% de nuestra población y de que, desde hace más de veinte años, es mayoría en los centros de educación universitaria en Colombia, ocupa sólo el 12% de la representación política en el país. Esta cifra debería avergonzarnos, ya que las barreras de discriminación de género están siendo superadas hasta en países tan pobres y subdesarrollados como Ruanda

eficacia del aporte de la visión y la misión de las mujeres, siempre a la defensa de la familia y de la paz. La falta de atención para con estos parámetros, por parte del Estado, se ve en la ausencia de políticas sociales que realmente hayan beneficiado a la familia y hayan garantizado la protección infantil, en aras de disminuir el índice de marginación y pobreza en nuestro país. Es increíble que, a pesar de que la mujer es mayoría en la población, haya sido aislada del poder a causa de absurdas distorsiones culturales que no hacen parte del espíritu de nuestro tiempo. De esos mismos vicios ideológicos centenarios, como son el machismo, el ra-

cismo, la discriminación por motivos físicos y la homofobia, han sido víctimas otros grupos poblacionales cuya reivindicación también demandamos. El Liberalismo se ha ocupado ya de estos segmentos de la sociedad cuando ha logrado, por ejemplo, la protección constitucional de los indígenas y de los afrodescendientes, o cuando consiguió la despenalización de las relaciones homosexuales y el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero nuestros esfuerzos deben ir más allá y deben perseguir la custodia efectiva del sagrado derecho a la igualdad de estas comunidades y, sobre todo, del derecho de estos grupos a gozar de una

neficio de los cadetes y desarrollar el ambicioso programa de expansión y remodelación que tienen planeado con motivo de la conmemoración de los 100 años de existencia de la Fuerza Aérea. A su vez, al trasladar las operaciones militares al Bonilla Aragón se permitiría la construcción de la segunda pista de este aeropuerto de 4 kilómetros de longitud. Esto no sólo haría factible vuelos comerciales Cali-Shanghái con lo cual nuestra región ganaría competitividad, siendo la única en Sur América en poder hacer este trayecto sin escalas, pero a su vez la Fuerza Aérea también ganaría eficiencia al poder tener una pista más larga que permita mayor autonomía de vuelo a las aeronaves y por ende mayor tiempo de operación. En el colegio nos enseñan en la clase de historia los acontecimientos de la guerra contra el Perú de 1933, nos resaltan el territorio que perdió Colombia por defender Leticia, pero nunca nos mencionan la joya que gano Santiago de Cali al haberse producido el trasladado de la escuela de aviación Marco Fidel Suarez. Hoy tenemos como caleños que defenderla para que permanezca en nuestra ciudad y continúe dinamizando nuestro desarrollo. participación política. Es hora de darles visibilidad a las minorías de la patria y de hacer cumplir sus derechos. El Estado no sólo debe escuchar la voz de estas poblaciones, sino también concederles la representación que éstas merecen en la administración pública. Buscamos que los porcentajes de las comunidades indígenas, afrocolombianas, LGBTI y de discapacitados, en la sociedad, se reflejen en los cargos estatales, para que nutran las políticas públicas con su visión y sus preocupaciones, que son de vital importancia para llegar a un panorama integral que lleve a una justa concepción de cuáles deben ser las políticas que guíen a Colombia. La aprobación de la “lista cremallera” en primer debate es un logro para las colombianas. Pero necesitamos que esta propuesta sea aprobada en los siete debates siguientes, para que nosotros, con otros colegas, cualquiera sea su filiación política, podamos prontamente trabajar con mayor soporte en la lucha por hacer valer los derechos de los demás grupos poblacionales anteriormente mencionados. Esperamos que nuestros colegas de ambas cámaras, especialmente los hombres de avanzada, tomen conciencia de la ineludible necesidad de esta tan necesaria para que las mujeres vallecaucanas puedan, por fin, participar en la política, en igualdad de condiciones.

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Explosivistas sueltos

Ana María Ruiz @anaruizpe

l período Santos II llegó con un mensaje potente que se tomó las prioridades de asignación de recursos del presupuesto, la disponibilidad de recursos de cooperación internacional y una gran tajada de la torta publicitaria del país. Estamos en el post conflicto. De un día para otro. Como si sentarse en el solio de Bolívar diera súper poderes para decretar el estado de la nación, incluida una voltereta que tiene más que ver con lo que se quiere y se anhela, que con lo que efectivamente se tiene. Seguramente todos nos hemos visto llevados por la “gran” prensa bogotana, la que crea información, la que tiene la razón y dicta la opinión, a pensar en que #SoyCapaz ¿de qué? Lo que quedó claro para todo el mundo es que las empresas más grandes del país metieron un billete importante en una inversión publicitaria de dimensiones relevantes, poniéndose de acuerdo para vestirse de blanco (paquetes, sobres,

cajas, envolturas) y presentar el #SoyCapaz como un gancho para vincular emocionalmente un mensaje de perdón. Este “Olimpo” de la publicidad y las comunicaciones, desde sus oficinas bogotanas, #FueCapaz de proyectar su idea creativa en una manera de mostrarle al país (a todo el mundo, ¿si me entiende marica?) que se puede apoyar el proceso de La Habana sin ser Castrochavista, que se puede escoger el lado de apoyar la paz, y que perdonar pasa por ponerse en los zapatos del otro. Y para mostrar cómo es esto de ponerse en los zapatos de otro, cometieron la audaz idea de poner a los presidentes y directores de grandes empresas a intercambiar, cómo no, los zapatos frente a los flashes de la farándula criolla y las cámaras del entretenimiento informativo. Quien sabe si esa noche Juvenal Ulcué Ipia, líder comunero de Toribío, vio en el noticiero cómo alguien decía “saber

#SoyCapaz de destruir esa bomba, debió decir el coronel Germán López, comandante encargado de la fuerza de tarea Apolo, a cargo de hacer una detonación controlada y eliminar así ese riesgo latente para todos los niños de la vereda cómo ponerse en los zapatos de otro”. Posiblemente así fue. Y de ser así, seguramente se preguntó por los zapatos de quién se pusieron los niños de la escuela de la vereda La Palma que, sin saberlo, habrían podido detonar la pipeta de gas enterrada por las Farc prácticamente en el patio de recreo. #SoyCapaz de destruir esa bomba, debió decir el coronel Germán López, comandante encargado de la fuerza de tarea Apolo, a cargo de hacer una detonación controlada y eliminar así ese riesgo latente para todos los niños de la vereda. La misma desactivación de bomba había sucedido, esta semana también, en una escuela de San Andrés de Pisimbalá en el municipio de Inzá al oriente del Cauca.

Estos artefactos sembrados en los alrededores de las escuelas en el Cauca dan cuenta de que hay uno, o unos, explosivistas bien entrenados en la zona, que al parecer saben mucho de técnica de explosivos,

pero desconocen absolutamente qué es la compasión frente al que sufre un daño, cuál es la idea general de protección a los niños, o porqué se habla de garantía absoluta de respeto por la vida del otro, cualquiera que él o ella sea. Esa persona que siembra muerte alrededor de las escuelas tiene que saber del peligro que supone para cualquier persona más allá de su “objetivo militar”. Para la paz, esta persona deberá aceptar la inutilidad y la vileza de su arma, para redirigir sus destrezas. Esa vuelta es llevar el proceso hasta donde toca, que no es en Bogotá, ni en los salones de La Habana. Es en las veredas del campo colombiano, en sus escuelas y en sus salones comunales. Todo será más fácil si #SoyCapaz de entenderlo.

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