Sol Yucatán | Edición n.º 112 | 2 de mayo de 2022

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 2 al 8 de mayo de 2022

Edición No. 112

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¡GOBIERNO CORRUPTO! Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

*La ASEY demuestra la corrupción que permea en las dependencias del gobierno de Mauricio Vila Dosal, pues reporta varias observaciones que no han sido solventadas con un daño a la Hacienda Pública por 41 millones 500 mil pesos.

Esto solo corresponde a seis secretarías *En un evidente acto de complicidad, la ASEY aprobó la Cuenta Pública 2020 de algunas de las secretarías más controversiales de la actual administración, pese a que cuentan con varias observaciones que no han sido solventadas * En el caso de la SSY, estimó una posible afectación de 7 millones 413 mil pesos a la Hacienda Pública, la secretaría no recibió ninguna multa y su titular, Mauricio Sauri Vivas, continúa sin aclarar los gastos sin justificar PAGS. 3 y 4

A LA BASURA DOS MDP CONTRATOS A MODO *Para “impulsar” el desarrollo de tres puertos yucatecos, la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, derrochó poco más de dos millones de pesos, tras favorecer a la empresa Adopra Consultores, pero el proyecto resultó un verdadero fracaso

*No existe el nombre de la representante legal, Paola Gandini Zamudio, y los homónimos son de otros países, y en ninguno hay relación con dicho negocio instalado en la Ciudad de México, sin sucursal en la entidad *Hasta el momento se desconoce el resultado del proyecto, así como el contenido del mismo, ya que nunca se presentó al público PAG. 9

*Un verdadero favoritismo prevalece en los contratos celebrados por la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, ya que pagaron 12.7 millones de pesos por servicios de seguridad a una empresa dedicada a la limpieza, fumigación y control de plagas *Cuando el titular de la Segey, Delio José Peniche Novelo signó este contrato, llevaba apenas un mes en el cargo *La turbia empresa, Seguridad Privada Del Sureste, fue constituida ante el notario público número 16, José German Soto Adams, PAG. 2 quien fue señalado de participar en el delito de fraude contra el empresario Ubald Bouchet Ravagliolie PAG. 15

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Mérida, Yucatán. Del 2 al 8 de mayo de 2022

EDITORIAL

Redacción /Sol Yucatán

CRIMEN CONTRA YUCATÁN

La incesante campaña del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, dirigida por la coterránea del gobernador, Michelle Fridman promueve el Estado con el lema "Vive Yucatán los 365 días del año", de la mano de una caterva de ambiciosos e ignorantes "influencers".

No sOlo atraen a ecocidas foráneos que aniquilan día a día cientos de hectáreas de nuestra selva con todo y fauna al construir desarrollos inmobiliarios que ofertan vendedores de otras entidades y le venden a gente de otros Estados y países, sino que les cierran las puertas a nuestros hijos, quienes desean adquirir un techo o terreno.

Los precios se incrementan de manera inaudita no sólo en la capital yucateca, donde el gobernador Mauricio Vila y el alcalde Renán Barrera, aprovechando el desorden motivado por ellos y solo por ellos, incrementó los

valores catastrales, tratando de engañar a los ingenuos, arguyendo que su propiedad posee mayor plusvalía, para así justificar el desproporcionado aumento en el pago de los impuestos prediales, pero sin hacerlo a la par de los servicios.

Pero la cosa no concluye allá, ya que estos ecocidas y especuladores han puesto los ojos ya no solo en las comisarías meridanas, obviamente desplazando a los nativos y desamparándolos, sino que comienzan a arrasar con otros municipios.

Un ejemplo es Valladolid, donde la ciudad comienza a perder su sabor y encanto gracias a tantos extranjeros que se están asentando luego de adquirir un sinnúmero de propiedades.

De igual forma, la costa yucateca se volvió un sueño guajiro para los mortales, ya que ahora escuchamos precios de un millón de pesos el metro lineal, al tiempo que otros especuladores se encargan de devastar más de mil hectáreas cerca de Chuburná Puerto para hacer un fracciona-

*Ecocidas y especuladores comienzan a arrasar en otros municipios. Valladolid comienza a perder su sabor y encanto gracias a tantos extranjeros que se están asentando luego de adquirir un sinnúmero de propiedades *En la costa yucateca, escuchamos precios de un millón de pesos el metro lineal, otros especuladores se encargan de devastar más de mil hectáreas cerca de Chuburná Puerto para hacer un fraccionamiento con miles de “chiquilotes” *Otra compañía foránea dirige sus baterías a Izamal, donde anunciaron un megaproyecto para vivienda, turismo y comercio, que se asienta en las tierras de los extintos henequenales de una antigua hacienda

miento con miles de “chiquilotes”.

En este mismo tenor, otra compañía foránea ahora dirige sus baterías a Izamal, donde anunciaron con bombo y platillo un megaproyecto que funcionará como un desarrollo para vivien-

DIRECTORIO EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Director General: Pedro Daniel Rodríguez Hernández Subdirector General: José Enrique González Ortiz Coordinación Editorial: José Arturo González Cámara / José Sánchez López Coordinador de Finanzas: Víctor Manuel Simá Kú CORRESPONSALES NACIONALES Veracruz: Sayda Chiñas Córdoba / Tijuana: Isaí Lara Tonathiu / Guerrero: Cuauhtémoc Albarrán / Chihuahua: Héctor Dáyer López / Tamaulipas: Oscar Pineda Tapia / Oaxaca: Roberto Polo Hernández / Sinaloa: Jesús Herrera Guanajuato: Eduardo Estrada Téllez / Puebla: Ana de la Fuente Laudo / Michoacán: Marcos Hernández Palafox / Ciudad de México: José G. Sánchez / Estado de México: Manuel Godínez / Cuernavaca: Alejandro Melgoza COLUMNISTAS Rafael Loret de Mola / Ricardo Ravelo Galó / José Sánchez López / Francisco Medina / Mouris Salloum George / Pablo Cabañas / Héctor Moctezuma de León / Edgar González Martínez / Sergio Gómez Montero /Moisés Sánchez Limón / Sócrates Campus Lemus / Gregorio Ortega Molina / Glen Rodrigo Magaña / Fernando Irala / Octavio Campos Ortiz / Alberto Woolrich / Aletia Molina / Miguel Rocha Valencia / Miguel Tirado Rasso / Armando Rojas/ Roberto Fuentes Caricaturistas: Salvador del Toro “Chavo del Toro” / Armando Barrera Vera Redacción: Jefe de información: Josué Isaías Massa Tec Monitoreo: René Alberto Herrera Pech Transparencia: Gerardo Briceño / Lesmy Aurelia González Velázquez Reporteros: Didier Madera / Eyder Joel Núñez Euán Diseño gráfico y Diagramación: Daniel E. Tuz Solís / Edwin J. Hidalgo Sandoval Relaciones públicas: Paola Pacheco Orendain Ventas: Mario Cabrera Pech Circulación: José Molina Gutiérrez

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Desafío

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da, turismo y comercio, y el cual se asienta en las tierras de los extintos henequenales de una antigua hacienda.

Ya ni hablar de los famosos lotes de inversión, donde los huecos con agua los venden como cenotes o lagos, ¡hágame usted el favor!

Estos desarrolladores poseen el don de destruir lo que los atrajo, es decir, la calidad de vida que tanto nos distinguió y que ahora nos están quitando, mientras los yucatecos o los que aquí vivimos permanecemos sentados, como si las neuronas no nos alcanzaran para darnos cuenta cómo las miles de hectáreas de selva, que tanto oxígeno nos obsequiaban, son aniquiladas para dejarnos planchas de concreto que traerán miles o millones de personas acompañadas de industrias que nos heredarán millones de kilos de basura y acabarán también con nuestras reservas de agua. Escuchó bien: las acabarán y pronto, a este desquiciado ritmo.

Entonces, como yucatecos, ¿qué ganamos con todo esto?

Creo que nada, somos los grandes perdedores. El que gana es el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento al cobrar permisos y “mordidas” que finalmente ellos y sus partidos cosechan y con creces.

Y los resultados ya los vemos si comparamos la ciudad con la de hace algunos años: Cortes en el suministro de energía eléctrica continuamente y por consiguiente nuestras neveras, televisores o aires acondicionados se descomponen cotidianamente; tráfico, embotellamientos y accidentes sin precedentes; escasez de agua en varias colonias, calles en pésimo estado debido al excesivo tráfico, conductores neuróticos y estrés cotidiano que desconocíamos los meridanos, por citar algunos ejemplos.

Los yucatecos estamos perdiendo lo más sagrado que teníamos y lo que atraía tanta gente que es o era nuestra calidad de vida y la oportunidad de heredarle un techo a nuestros hijos, siendo que eso ya parece algo imposible dentro de un sueño fatuo.

Este es un mensaje para los políticos yucatecos que al menos tengan una gota de moral y principios; nos urge un gobernador, alcaldes, diputados y senadores regionalistas que cuiden los intereses de los yucatecos.

Repetimos una vez más: No estamos en contra de que la gente venga a Yucatán, todo se puede con orden y tiempo, simplemente estamos en contra del crimen que se está cometiendo contra nuestra identidad cultural, nuestro medioambiente, nuestros valores y nuestra calidad de vida. ¡Dios nos salve de Vila y Renán!

*Los hurtos del tren *Cuando Camacho habló

Por Rafael Loret de Mola

Ya es un grito que se escucha por doquier, a muchos kilómetros del búnker de Palacio Nacional: López IV, su Alteza no Serenísima –sus vísceras no le permiten otra cosa-, ha caído en la más burda corrupción de la cual se tenga memoria. No solo manipula a una parte de la población aún hechizada por el “cabecita de algodón” –un apodo cursi para un político mentiroso-, sino, además, deja hacer y deja pasar, al más puro estilo del viejo liberalismo, a sus cómplices, amigos, familiares y compadres.

Con el tren maya, una de las tres obras emblemáticas del casi sexenio fallido –ya vamos en el mes cuarenta y uno de su mandato al que solo le restan 29, como más, para fortuna nuestra-, ha logrado acumular una riqueza grosera a partir de la plusvalía alcanzada por su enorme rancho “La Chingada” a unos cuantos metros de la estación planeada para la región de Palenque acaso para que los neozapatistas puedan viajar a costos especiales desde su asiento actual hasta las playas de Cancún.

Pero no es solo eso. Ya contamos el enorme negocio que significa la venta subterránea de las maderas finas que proveen, hasta hoy, las 127 mil 700 hectáreas taladas dañando a miles de árboles de maderas finas con valor, cada uno, de cinco mil dólares en el mercado internacional. Esto significa un ingreso de 81 mil 728 millones de dólares –un billón setecientos millones de pesos aproximadamente-, del que nadie explica, ni las secretarías de Agricultura, ni la de Hacienda ni, mucho menos, en la mentirosa de cada mañana. Lo que se guarda López IV, y que saldrá a la luz poco a poco, jamás podrá recuperarse y colocará al mandante-mandatario con los dos pies en la prisión.

Pero el otro enorme negocio tras las vías del tren es el del agua a sabiendas que en el sureste siempre la encontramos perforando pozos, a veces hasta con sesenta metros de profundidad, pero siempre encontrando el fresco líquido que son un relax maravilloso en los cenotes pero, sobre todo, la esencia misma del hábitat de seres humanos y diversas especies animales. Solo un ignorante o un perverso pueden llegar a tanto.

Ahora se sabe que existe una rebatiña entre diversas empresas que quieren quedarse con el agua de México, no solo con el litio al que falsamente “blindó” una ley minera con el aval de los legisladores esbirros de Morena porque para ésta no se requirió de una mayoría calificada como en el caso de la detenida reforma eléctrica que unió a la oposición como

nunca se había visto antes... y ocasionó que a los integrantes de la misma, el aspirante a un nicho los llamó “traidores a la patria”, cuando el traidor está en Palacio Nacional usufructuando un bien de la República.

El agua en medio del fuego gracias a la intervención felona de Alfonso Romo Garza, el empresario neoleonés insustituible –se fue de la oficina de la Presidencia y entre los 31 millones de votantes a favor de la TTTT en 2018 no se halló a nadie capaz de sustituirlo por lo que el despacho quedó cerrado-, quien es el mayor de los cómplices de Su Ateza, jefe en realidad de la supuesta y espuria corona de México –y no es la cerveza aunque ésta tiene también su sitio-.

Redondeando la historia, la empresa Constellation Brands, a quien se negó instalarse en el norte generando una secuela de incertidumbre entre futuro inversionistas, es premiada ahora con la posibilidad de instalarse en Veracruz, al amparo de la marioneta Cuitláhuac García, para ¡fundar una enorme empresa cervecera!, un rubro, por cierto, en el que están muy interesados los socios de Cerveza Rocía, la empresa de los juniors López Beltrán. La mafia y el nepotismo en pleno. ¿Van a seguir creyendo en las falacias de López IV? Y va ir mucho más allá porque los mexicanos siguen dormidos salvo aquellos que ya despertaron a la verdadera pesadilla.

LA ANÉCDOTA Manuel Camacho Solís, fallecido el 5 de junio de 2015, fue el hombre de todas las confianzas de dos personajes claves en la historia oscura del país: Carlos Salinas y Andrés Manuel. En los últimos años de su vida fungió como senador de la República abanderando al PRD del que había sido principal dirigente –hasta 2000-, López Obrador y después de un largo recorrido por el PRI y el Partido Centro Democrático por él fundado.

Carcomido por el cáncer accedió, en una de sus últimas sesiones, a contestar una terrible pregunta de uno de sus adversarios, Luis Humberto Fernández Fuentes: --¿Es cierto o no que cuando fungió usted como regente de la Ciudad de México -1988-93-, en pleno salinismo, sobornó con 9 mil millones de pesos a Andrés Manuel López Obrador, para que retirara a sus huestes de la Ciudad de México?

El parlamentario, de gran colmillo político, no tuvo más remedio que responder afirmativamente y creo que, con ello, murió en paz.

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¡GOBIERNO CORRUPTO! Mérida, Yucatán. Del 2 al 8 de mayo de 2022 Pág. 3

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*La ASEY demuestra la corrupción que permea en las dependencias del gobierno de Mauricio Vila Dosal, pues reporta varias observaciones que no han sido solventadas con un daño a la Hacienda Pública por 41 millones 500 mil pesos. Esto solo corresponde a seis secretarías

*En un evidente acto de complicidad, la ASEY aprobó la Cuenta Pública 2020 de algunas de las secretarías más controversiales de la actual administración, pese a que cuentan con varias observaciones que no han sido solventadas * En el caso de la SSY, estimó una posible afectación de 7 millones 413 mil pesos a la Hacienda Pública, la secretaría no recibió ninguna multa y su titular, Mauricio Sauri Vivas, continúa sin aclarar los gastos sin justificar

Mauricio Vila Dosal.

Redacción /Sol Yucatán Mérida.- La Auditoría Superior del Estado de Yucatán demuestra la corrupción que permea en las dependencias del gobierno de Mauricio Vila Dosal, pues reporta varias observaciones que no han sido solventadas con un daño a la Hacienda Pública por 41 millones 500 mil pesos.

Esto sólo corresponde a seis secretarías En un evidente acto de complicidad, ASEY aprobó la Cuenta Pública 2020 de algunas de las secretarías más controversiales de la actual administración, pese a que cuentan con varias observaciones que no han sido solventadas, lo que demuestra la complicidad que el máximo órgano fiscalizador de Yucatán tiene con Mauricio Vila Dosal.

Un claro ejemplo de cómo el Ejecutivo solapó las irregularidades de las dependencias del Estado, lo encontramos en la auditoría de la cuenta pública 2020 de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), donde el órgano auditor realizó 15 observaciones, de las cuales solo una fue solventada.

En el colmo del cinismo, la ASEY estimó una

posible afectación de siete millones 413.7 mil pesos a la hacienda pública, durante el año que la pandemia

por COVID-19 afectó a la sociedad yucateca. Pese a lo anterior, la secretaría no recibió ninguna multa y su

titular, Mauricio Sauri Vivas, continúa campante en el cargo sin haber aclarado estos gastos sin justificar.

En el caso de otra de las dependencias consentidas del gobernador, la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey), en ese entonces dirigida por Loreto Villanueva, la dependencia obtuvo cinco observaciones, pero solo una fue solventada.

En la cuenta pública de esta dependencia, de acuerdo con el informe de la ASEY, se detectó una posible afectación de 635 mil pesos a la hacienda pública durante el ejercicio del año 2020.

Como era de esperarse, el órgano auditor no le impuso ninguna multa a la dependencia. Aunque en el 2021, Vila Dosal hizo un reajuste a su gabinete, donde Loreto Villanueva fue relegada del cargo, poco después, el Gobernador la premió con la dirección de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), cargo que ostenta hasta la fecha.

A propósito de la Sedeculta, en ese año dirigida por Erica Millet, la dependencia recibió solo una observación, que fue solventada parcialmente.

Asimismo, la ASEY no detectó ninguna afectación en dicha secretaría, lo que no impidió al Ejecutivo del Estado apartar del cargo a la funcionaria en 2021.

Un caso curioso es el de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), a cargo de Michelle Fridman Hirsch. A pesar de todas las irregularidades documentadas, la Auditoria no encontró ninguna afectación a las cuentas públicas, lo que la vuelve cómplice de las múltiples anomalías encontradas en las licitaciones otorgadas por la también

llamada “Vicegobernadora”.

Algo similar ocurrió con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), dirigida por Olga Rosas Moya, quien a pesar de las observaciones realizadas por la ASEY sobre el bajo desempeño del control interno, tampoco le señaló afectación en las cuentas públicas.

Diferente es el caso de la Secretaría de General de Gobierno (SGG), dirigida por la consuegra de Liborio Vidal, María Dolores Fritz Sierra. A esta dependencia, la ASEY le realizó seis observaciones, de las cuales solo dos fueron solventadas.

Entre las que no fueron solventadas, sobresale la tercera observación, donde se detectó un pago por 53 mil pesos en el mes de octubre de 2020, por concepto de “Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras”, por el cual la dependencia no proporcionó pedido o contrato y evidencia de la recepción de los bienes.

Asimismo, la ASEY detectó pagos por 124 mil pesos en los meses de mayo y julio de 2020, por concepto de “Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras y otros materiales y artículos de construcción y reparación”, por los cuales la entidad fiscalizada no proporcionó orden de compra, pedido o contrato.

Continúa...

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Finalmente, y derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública de la SSG, el órgano auditor estimó una posible afectación de 307 mil pesos. Para sorpresa de nadie, la ASEY no le impuso ninguna multa.

INCAY DESVIÓ 33 MDP En la segunda entrega de los informes individuales, la ASEY pone en evidencia diversas irregularidades en las que incurrió el Incay, que a la vista de la sociedad yucateca ha dejado mucho que desear, como son la adjudicación directa de contratos, violando la ley y faltantes de millones de pesos que habrían sido malversados.

Por otro lado, solo hay que revisar las 30 fojas que componen el Informe individual que la ASEY entregó de la auditoría efectuada al Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), donde en primer lugar se informa que la muestra auditada por el orden de los 151 millones 56 mil 500 pesos, apenas correspondió al 28 por ciento del presupuesto total de la entidad pública que fue de 545 millones 15 mil 400 pesos en 2020.

La farsa inició pues, al tomar como “población objetivo” un total de 224

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millones 26 mil 600 pesos, a modo de representatividad de la muestra, con lo

que se influyó en el resultado final, al indicar que se tuvo una muestra auditada

del 63 por ciento, quedando sin auditar apenas el 33 por ciento, cuando en realidad del universo total se dejaron sin auditar un total de 393 millones 958 mil 900 pesos.

Ya desde ahí se empieza a hacer notable la complicidad que el máximo órgano fiscalizador de Yucatán tiene para con cada una de las secretarías y dependencias del gobierno manejado por Mauricio Vila Dosal.

Los servidores públicos responsables de llevar a cabo el ejercicio auditor “a modo”, fueron: María Isabel Cachón Garma, Azalea Aurora Mendoza Caballero, Glendy Noemí Chi Estrella, Arianne Roxana Garrido Aguilar, Germán Maximiliano Valdez Hernández y Hugo Manuel Méndez Romero.

Claro está que mandado no es culpado, sin embargo, una auditoría efectuada a solo el 28 por ciento del presupuesto anual de una entidad pública, habla más bien de una farsa a la que se presta la actual Legislatura Estatal en apoyo a su jefe, el gobernador de Yucatán.

Aun así, con todo y el tratar de minimizar al máximo los posibles desfalcos encontrados, la ASEY efectuó siete obser-

vaciones, de las que ninguna solventó el Gobierno del Estado, apareciendo cuatro como parcialmente solventadas y tres como No Solventadas.

Más, en el colmo de la sumisión a Vila Dosal, no se estimó ninguna afectación a la hacienda pública, ni se impusieron multas a la entidad fiscalizada, pese a que en la observación número 3 se detectó un subejercicio en el gasto no etiquetado por un total de 33 millones 342 mil 300 pesos.

Más un cúmulo de pagos extras que de acuerdo a la ASEY, por tratarse de pagos hechos a contratistas por servicios y reparaciones que debieron haberse incluido de manera presupuestal dentro del rubro de gastos de operación, resultaron ser observaciones no solventadas.

Elementos con presuntos desvíos de dinero hay muchos, pero el dictamen final de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán no estimó ninguna afectación a la hacienda pública, ni impusieron multas a la entidad fiscalizada. Al contrario, la avaló pese a las remarcadas inconsistencias en la integración del presupuesto y la relación de sus gastos.

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MILLONARIO AUTORREGALO PROGRESO

Redacción /Sol Yucatán

Progreso.- El ayuntamiento de Progreso, bajo la gestión del exalcalde José Isabel Cortés Góngora, licitó una obra millonaria vía fast track antes de terminar su trienio en 2018, con el objetivo de sacar recursos públicos antes de irse, puesto que in-

cumento consultado, el 12 de marzo de 2018 se emitió el fallo del contrato MPY/ I3P/001/2018 a favor del contratista Marco Aurelio Centeno Lara; el objeto de la licitación fue la “Construcción de baños con fosa séptica en el municipio de Progreso, Yucatán”.

Si bien, se trató de una licitación del tipo “Invitación

José Isabel Cortés Góngora. cuadro comparativo con la evaluación de las propuestas, el dictamen técnico, la base para el fallo, así como los presupuestos de los concursantes.

Cortés Góngora; la secretaria municipal, María del Carmen Villanueva Ávila; y el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luis Fernando Martínez Estrada.

* El ayuntamiento de Progreso, bajo la gestión del exalcalde José Isabel Cortés Góngora, licitó una obra millonaria vía fast track antes de terminar su trienio en 2018 * Con el objetivo de sacar recursos públicos antes de irse, el exedil invirtió cerca de tres millones de pesos en la construcción de baños con fosa séptica en el municipio virtió cerca de tres millones de pesos en la construcción de baños con fosa séptica en el municipio.

Al amparo del poder público, el exalcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, entregó al contratista Marco Aurelio Centeno Lara la cantidad de 2 millones 912 mil 614.23 pesos a finales de su gestión, con lo que se aseguró un buen regalo de despedida con dinero público.

De acuerdo con el do-

a cuando menos tres personas, la primera irregularidad del acta es que no menciona cuáles fueron las otras empresas concursantes, ni los motivos por los que fueron rechazadas sus propuestas.

Incluso, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), en el informe de la cuenta pública 2018 del ayuntamiento de Progreso, realizó una observación al respecto, donde señaló la falta de documentación como el

*Falta de documentación como el cuadro comparativo con la evaluación de las propuestas, el dictamen técnico, la base para el fallo, así como los presupuestos de los concursantes Eso sí, de acuerdo con el documento, el contratista se comprometió a pagar el respectivo “diezmo” por la cantidad de 291 mil 261.42 pesos a nombre del ayuntamiento de Progreso.

Sobre el contratista ganador, es mínima la información disponible sobre él, ya que no figura en directores empresariales o de construcción. Por otro lado, si bien en el contrato participó como persona física, Centeno Lara emitió un documento de desglose del avance financiero de las actividades a realizar bajo el nombre de la empresa MC Construcciones.

De igual forma, según consta en el contrato, los trabajos tuvieron una duración de 97 días naturales, específicamente, del 19 de marzo de 2018 al 23 de junio del mismo año. Sin embargo, no existe documentación o evidencia de la entrega de las obras o del cumplimiento de los objetivos, ni mucho menos información de los beneficiarios del programa.

Asimismo, los funcionarios que salieron embarrados con su firma en este acto de corrupción fueron el exalcalde de Progreso, José Isabel

Finalmente, es importante señalar que los recursos públicos provinieron del Ramo 33, a cargo del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que como ya hemos documentado en otras ocasiones, ha servido a alcaldes y exalcaldes para su propio beneficio. En este caso, como un auto “regalo” de despedida para el exedil José Isabel Cortés Góngora.

SIMULACIÓN PERVERSA Otro caso de desvío de dinero público protagonizado por el exalcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, se encuentra en la modernización del distribuidor vial salida a Progreso.

En esta ocasión la perversa simulación fue a favor de la empresa Esma Instalaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, por un monto de 90.3 millones de pesos para el municipio.

Nos referimos a la obra “Modernización del distribuidor vial salida a Progreso, KM 32+000 del periférico de Mérida, mediante la construcción de estructuras de concreto hidráulico, te-

rracerías, obras complementarias, pavimento flexible y señalamiento horizontal y vertical, en el estado de Yucatán”, con el número de licitación pública LO009000999-E212-2017.

El documento, plagado de irregularidades, especifica únicamente que el 9 de septiembre de 2017 fue anunciado el fallo de esta obra bajo la supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras, representada por Juan Manuel Carrillo Bahena, director de Contratación, y Héctor Morales Morán, subdirector de Contratos y Costos, quienes avalaron el proceso, donde 25 empresas participaron, pero solo una hizo acto de presencia.

En esta ocasión, se trató de la empresa Esma Instalaciones, SA de CV, quien de acuerdo al acta de fallo resultó ganadora porque “reúne conforme a los criterios de

adjudicación establecidos en las bases de la Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante”.

Sin embargo, la anomalía más descarada del documento fue la ausencia de las otras 24 compañías participantes, por lo que —para efectos prácticos— se trató de una adjudicación directa, simulada como licitación pública.

Por ende, fue flagrante la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor.

Esta vez, el controversial exalcalde tuvo cuidado de no firmar el contrato, que contó con las rúbricas del director de Contratación, Juan Manuel Carrillo Bahena, y el subdirector de Contratos y Costos, Héctor Morales Morán, así como por Antonio Peña Martínez en representación de Esma Instalaciones.

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BENEFICIÓ A SUS AMIGOS VALLADOLID

Redacción /Sol Yucatán

Valladolid.- Entre los primeros actos de corrupción del exalcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, destacó el vínculo que tuvo con Sury Judith Manzanilla Granados, una arquitecta que en ocasiones funge como contratista pero cuyo principal negocio es atención de ferreterías y tlapalería de Veracruz, a quien en 2018 le autorizó 1.4 millones de pesos para la construcción de habitaciones.

Todo parece indicar que el contrato que Manzanilla Granados consiguió con el edil fue el único que tuvo con una administración gubernamental, pues no ha vuelto a aparecer en las páginas electrónicas de transparencia.

De acuerdo con el sitio web méxicopymes, la Bodega de la Arquitecta Sury Judith Manzanilla Granados es

por un millón 394 mil 689.30 pesos para el desarrollo de la respectiva obra.

En cuanto al financiamiento, el costo total de los trabajos fue con recursos provenientes del Ramo 33 y del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Incluso, el municipio le otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde a 418 mil 406.79 pesos, para que la contratista realizara en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El plazo de ejecución de los trabajos objeto fue de 60 días naturales, por lo que las

Enrique de Jesús Ayora Sosa. legiar a su amigo contratista, José David Castro Mendoza, quien al final dejó un trabajo de precaria calidad.

La labor se efectuó en Tixhualactún, comisaría vallisoletana, la cual, aún tiene problemas de agua potable.

El pasado 12 de agosto de 2019, Ayora Sosa firmó el contrato de obra pública

efectuado, por lo que es evidente la corrupción que prevaleció.

Tampoco se especifica si se trató de una licitación pública, y mucho menos el número de licitantes, por lo que es flagrante la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su re-

*Sury Judith Manzanilla Granados es una arquitecta que en ocasiones funge como contratista, pero cuyo principal negocio es atención minorista de ferreterías y tlapalerías de Veracruz *Todo parece indicar que el contrato que Manzanilla Granados consiguió con el Edil fue el único que tuvo con una administración gubernamental, pues no ha vuelto a aparecer en las páginas electrónicas de transparencia *En el contrato que firmó con el munícipe dio otra dirección, estableció que su oficina está en la calle Altamirano, número 716, de la colonia El Zapotal, en Acayucan, Veracruz

una “empresa especializada en comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías”, creada en julio de 2010, la cual se ubica en el callejón Narciso Mendoza del barrio de San Pedro y San Pablo, de Soconusco, Veracruz.

Sin embargo, en el contrato que firmó con el munícipe estableció que su oficina está en la calle Altamirano, número 716, de la colonia El Zapotal, en Acayucan, Veracruz.

Es decir, un verdadero acto de corrupción para un buen inicio de administración municipal.

El pasado 20 de octubre de 2018, el edil suscribió el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado número FISM-R33-102-037-2018LP, relativo a la “Construcción de cuartos dormitorios en las colonias Candelaria y Santa Ana, de la localidad de Valladolid”.

De tal manera, a la contratista le otorgó un presupuesto

obras iniciaron el 22 de octubre, para concluir el 20 de diciembre de 2018.

El contrato se realizó a través de una licitación pública, en la cual ganó Manzanilla Granados, pero en el documento no se detalla el número de licitantes y no hay detalles de la labor a realizar en el dicho municipio del Oriente del Estado, por lo que es flagrante la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor.

Junto con el alcalde y la contratista, el contrato fue firmado por el secretario del Ayuntamiento, Ramón Isaí May Tuz, así como por el director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vías Terrestres, Iván Agustín Pineda Alcocer.

Como oportunamente se publicó, en su primer año de administración, el exalcalde de Valladolid, dilapidó 1.7 millones de pesos para obras de rehabilitación, tras privi-

con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FISM-R33-102-0142019-LP, cuyo nombre de la obra es “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Tixhualactún”, en la que se benefició a Castro Mendoza, quien es una persona moral.

Para ello, se le entregó un millón 722 mil 194 pesos, recursos provenientes del Ramo 33 y del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2019.

Asimismo, el municipio le otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto, es decir, 516 mil 658.20 pesos, para que el contratista realizara en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

En el documento citado, no se especifica la labor que efectuaría el contratista, al mismo tiempo que omite diversos detalles del trabajo

glamento en vigor.

El plazo de ejecución de los trabajos objeto fue de 90 días naturales, por lo que las obras objeto iniciaron el 14 de agosto, para concluir a más tardar el 11 de noviembre de 2019.

El contrato fue firmado por el edil, así como por el secretario municipal, Ramón Isaí May Tuz, el director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vías Terrestres, Iván Agustín Pineda Alcocer, y el contratista.

PARQUES PÚBLICOS La corrupción prevaleció durante todo su trienio, tal como ocurrió con el contratista Francisco Leonel Dzul Reyes, quien se mantiene como la persona física más beneficiada por diversos alcaldes, tal el caso de Ayora Sosa, con quien confabuló un contrato por 3.2 millones de pesos.

Dzul Reyes lleva más de 10 años participando en convocatorias de construcción, ganando varias adjudicaciones, pero hasta el momento sigue sin consolidar una empresa, pues le es más reditua-

ble el evadir impuestos y el evitar el pago de prestaciones a los trabajadores, y por ende, para las autoridades, les da igual, siempre y cuando llegue a buenos acuerdos de corrupción.

En esta ocasión, el vínculo de corrupción fue con la “Construcción de parques públicos y/o plazas en Valladolid, Asentamiento Cipreses”, con la asignación de un presupuesto por tres millones 214 mil 993.53 pesos.

De acuerdo con el contrato de obra pública número FISM-R33-102-005-2021LP, la presentación del ganador de la convocatoria fue presidida por Ayora Sosa el 27 de abril de 2021.

El documento establece que el costo total del trabajo fue financiado con recursos provenientes del Ramo 33 y del fondo de Infraestructura Social Municipal 2021.

Aunque fue una licitación pública, se benefició a la persona física, quien se presentó con su credencial de elector así como por su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que fue más que evidente la violación a la Ley de Obras

Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y su Reglamento, en vigor.

El pretexto fue que “tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto”.

El plazo de ejecución del trabajo fue de 100 días, por lo que el contratista empezó a laborar a partir del 1 de mayo, para concluir el 8 de agosto de 2021.

El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 964 mil 498.06 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

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“MAESTRÍA” EN DESVÍOS TECOH

Redacción /Sol Yucatán

Tecoh.- La opacidad que prevalece en las cuentas públicas de varios municipios en Yucatán ha permitido al alcalde de Tecoh, Joel Isaac Achach Díaz, continuar en el poder, a pesar de contar con una resolución de la Auditoría Superior del Es-

funcionarios.

Según consta en el expediente, el 10 de agosto de 2018 se le notificó a Achach Díaz que contaba con un plazo de 30 días hábiles, para que fueran aclaradas, atendidas y solventadas las irregularidades identificadas por la ASEY. Sin embargo, una vez vencido el plazo, el escurridizo

Joel Isaac Achach Díaz. to de Tecoh, Yucatán, como presuntos responsables por la opaca gestión de los recursos, para que comparezcan, ofrezcan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga el 20 de noviembre de 2018.

En este caso, el Ayuntamiento trató de justificar el gasto, adjuntando pólizas presupuestales y facturas por concepto de diversos eventos en los que se prestaron los servicios de alimentos, refrescos, sonido,

*Durante el segundo trienio de Joel Isaac Achach Díaz, la ASEY denunció la probable existencia de un daño patrimonial por la cantidad de 11 millones 621 mil pesos. Benefició a su hermana

tado de Yucatán (ASEY) en su contra y varios de sus funcionarios, durante el ejercicio fiscal 2016.

Nos referimos al pliego de observaciones número 41/2018, del 10 de agosto de 2018, según el cual, se le notificó al ayuntamiento de Tecoh la probable existencia de un daño patrimonial por la cantidad de 11 millones 621 mil 022.99 pesos, perpetrado por el edil y sus

alcalde no presentó información o documentación que solventara el pliego de observaciones.

Por ello, la ASEY ordenó notificar en forma personal a Joel Isaac Achach Díaz, María Beatriz Chi Tun, José Jorge Garnica Alcaraz y Leandro Humberto Estrella Cocom, en sus respectivos caracteres de presidente, síndico, tesorero y secretario del Ayuntamien-

*Obras no realizadas, inconclusas, o con sobreprecio, facturas por compras de material eléctrico y de limpieza en municipios del interior del Estado, cuando en el municipio hay varios giros con mejores precios *La ASEY le otorgó al Edil 30 días para que fueran aclaradas las irregularidades, sin embargo, una vez vencido el plazo, el escurridizo alcalde no presentó información y/o documentación que solventara el pliego de observaciones OPACIDAD DE PRINCIPIO A FIN Obras no realizadas, inconclusas, o con sobreprecio, facturas por compras de material eléctrico y de limpieza en municipios del interior del estado, cuando que en Tecoh hay varios giros con mejores precios, son algunas de las irregularidades señaladas por la ASEY. Entre los ejemplos más notables, figuran pagos sin justificar por un total de 261 mil 137.04 pesos a la empresa Corporeek, SA de CV, por concepto de “diversos servicios”. Empero, al buscar información sobre la iniciativa privada, esta carece de página oficial, cuentas en redes sociales y tampoco aparece en directorios empresariales para su localización, por lo que estaríamos ante una compañía facturera, por lo que resulta complicado identificar el giro de esta compañía.

sillas, mesas, entre otros, pero omitieron anexar las identificaciones de quiénes solicitaron y recibieron los recursos.

Asimismo, figura el caso de la compañía Corpotocho, SA de CV, que recibió pagos por la cantidad de 644 mil 444.54 pesos del fondo de participaciones y el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUN-DF) por diversos conceptos, pero de nueva cuenta, el Ayuntamiento no proporcionó documentación comprobatoria que justifique el destino final del gasto.

Al igual que en el caso anterior, resulta una odisea rastrear información de la empresa, ya que no figura en directorios empresariales ni tiene presencia en la web o redes sociales. Los pagos realizados fueron por “diversos conceptos”, pero nunca se entregó documen-

tación comprobatoria de los servicios prestados, no quién los solicitó, y mucho menos si se cumplieron los fines objeto de los contratos.

Otro caso descarado de desvío de recursos lo encontramos en el apartado “Pagos en los meses de enero a noviembre con el fondo de Participaciones y FORTAMUN-DF por concepto de mantenimiento de equipo de transporte”, en esta caso, tampoco se proporcionó documentación que justifiquen los pagos por la cantidad de 599 mil 74.30 pesos.

Este caso resulta particularmente curioso, ya que una de las facturas, por 23 mil 840.32 pesos, correspondió a gastos por reparaciones de un vehículo que oficialmente estaba dado de baja.

Por si fuera poco, la proveedora de estos servicios fue Juana Garnica Alcaraz, quien es, ni más ni menos, hermana de José Jorge Garnica Alcaraz, tesorero del municipio durante el trienio 2015-2018.

En el colmo del cinismo, Joel Isaac Achach Díaz manifestó al respecto: “se realizaron las cotizaciones verbalmente, siempre buscando una mejor calidad y un costo razonable, con el fin de poder cubrir todas las actividades necesarias que requiere en el ayuntamiento así como en la comunidad”.

De igual forma, en el ramo de la construcción también se otorgaron descomunales licitaciones sin justificar. Por ejemplo, en el apartado “Obras con recursos del FISM-DF”, el edil no proporcionó documentación en el que especifique y conste la ubicación

y la ejecución de las obras, por la cantidad de 1 millón 379 mil 843.16 pesos.

Dicho botín fue repartido entre tres contratistas: José Alberto Koh López y las empresas Infraestructuras Peninsulares, SA de CV, y Construcciones e Ingeniería JCHE, SA de CV. De acuerdo con los contratos, las obras consistieron en construcción y pavimentación, construcción de 10 sistemas de saneamiento y la construcción de tres baños y un cuarto en la localidad, pero no existe evidencia documental de la finalización y entrega de las obras realizadas.

EXPERTO EN EL DESVÍO DEL ERARIO Finalmente, el documento conminó a los responsables —específicamente a Achach Díaz— a resarcir, en concepto de daño patrimonial y/o perjuicio, la cantidad de 10 millones 933 mil 680.70 pesos.

Entre todos los casos de corrupción y desvío de fondos públicos en los municipios que hemos documentado, el caso del edil Joel Isaac Achach Díaz es particularmente preocupante por el cinismo e impunidad con el que opera, ya que le permite incluso pisotear las leyes sin sufrir consecuencias.

Ya que a pesar de todos los señalamientos y denuncias por parte del órgano auditor y otras dependencias, Achach Díaz es actualmente alcalde de Tecoh por tercera ocasión, lo que significa que nos encontramos ante un verdadero experto en el desvío del erario.

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PETO

PISOS CON HUELLAS DE ILEGALIDAD Redacción /Sol Yucatán

Peto.- Otro municipio se suma a los que el director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), Carlos Francisco Viñas Heredia, utiliza para desviar recursos públicos.

Nos referimos en esta ocasión a Peto, donde la dependencia autorizó un proyecto a la empresa Concretum del Mayab, SA de CV, a la

taforma, el 17 de diciembre de 2018, la dependencia autorizó el pago de dos millones 453 mil 347.65 pesos a la empresa de dudosa legitimidad Concretum del Mayab, SA de CV, por el concepto de “Construcción de 390 pisos en el municipio de Peto, del estado de Yucatán”.

Lamentablemente, no existe constancia, ni documentación que permita corroborar que dichos trabajos

Carlos Francisco Viñas Heredia.

*El IVEY autorizó un contrato a la empresa Concretum del Mayab por 2.4 millones de pesos, para la supuesta construcción de pisos. El desvío fue tan descarado que ni siquiera se puede acceder al documento a través de la Plataforma de Transparencia *No existe constancia, ni documentación que corrobore que los trabajos se realizaron, por lo que estaríamos ante un nuevo caso de obras “fantasma”, ya que los recursos no fueron utilizados para su propósito original *A pesar de todas estas irregularidades, las dependencias continúan haciendo tratos con la compañía. Con la opacidad con la que opera, es posible desviar recursos públicos dejando la mínima huella posible

cual le entregó 2.4 millones de pesos, para la supuesta construcción de 390 pisos.

Como hemos documentado con anterioridad, al menos siete municipios han servido como pretexto al director del IVEY para desviar recursos provenientes de fondos federales para programas sociales. Ahora se suma Peto, donde a pesar de sus graves carencias, el funcionario desvió una millonaria suma proveniente del Ramo 33, específicamente, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), para sus propios intereses.

Por otra parte, el desvío fue tan descarado que ni siquiera se puede acceder al documento a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para su consulta. Sin embargo, a pesar de sus intentos, no pudieron borrar todas las huellas, ya que se conservó el registro de pago en Compranet, el sistema electrónico de información pública del gobierno federal.

De acuerdo con esta pla-

se realizaron, por lo que estaríamos ante un nuevo caso de obras “fantasma”, ya que los recursos no fueron utilizados para su propósito original.

Según consta en la página de consulta, los trabajos iniciarían el 20 de diciembre de 2018, para finalizar el 17 de febrero de 2019, es decir, las obras debían tener una duración de 60 días naturales. Sin embargo, como anteriormente mencionamos, no hay constancia de la entrega de la obra o pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la misma.

Entre la poca información disponible, se sabe que el número del contrato es IVEY-LP-067-2018 y que la licitación fue de tipo pública. Empero, no quedó constancia de las otras empresas participantes o los motivos por los que fueron rechazadas, ni mucho menos de las razones del fallo a favor de Concretum del Mayab.

Sobre la empresa “ganadora”, poca información se puede rastrear en Internet,

ya que a pesar de la magnitud de sus contratos y supuestas obras, carece de página web y cuentas oficiales en redes sociales. Sin embargo, sí aparece en directorios empresariales, donde queda constancia de su participación en otras licitaciones públicas. Sin embargo,

lejos de hallar respuestas, nos encontramos con ciertas irregularidades en torno a esta iniciativa privada.

Tomaremos tres licitaciones como ejemplo. El primero caso lo encontramos en el contrato celebrado el 14 de mayo de 2018 con la Junta de Agua Pota-

ble y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) con número LO-931045999-E17-2018, cuyo objeto fue la ampliación del sistema de agua potable en el municipio de Tizimín.

En esta ocasión, Concretum del Mayab recibió tres millones 74 mil 853.62, a pesar que su propuesta fue la más elevada (por más de un millón de pesos) en comparación con las otras dos compañías concursantes.

Pero además del evidente sobreprecio, solapado por la JAPAY, llama la atención la firma del representante de Concretum del Mayab: Alberto Tun Magaña.

Pero en otro contrato, celebrado el 11 de diciembre de 2020 con el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey), con el número LO931037999-E82-2020, y cuyo objeto fue la “Reconstrucción y mantenimiento en el Instituto Tecnológico Superior de Progreso”, la empresa, además de embolsarse un millón 998 mil 465.10 pesos, fue representada por otra persona: el ingeniero Roberto J. González Vallejo.

Lo primero que salta a la vista al comparar estas licitaciones, además de sus diferentes representantes, es que Concretum del Mayab hace de todo, lo que la ha convertido en una de las consentidas de las dependencias de la actual administración.

Para finalizar, a pesar de todas estas irregularidades, las dependencias de Yu-

catán continúan haciendo tratos con la compañía, ya que debido a la opacidad con la que opera, es posible desviar recursos públicos dejando la mínima cantidad de huellas posible.

IVEY, NIDO DE VÍBORAS Los municipios del interior del Estado se han convertido en el negocio ideal para los corruptos funcionarios del Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY), pues tan sólo en Tekax, durante 2019 obtuvieron una ganancia de 1.2 millones de pesos.

Lo peor de todo, en la mayoría de los casos, las casas que supuestamente entregan a familias de escasos recursos son de precaria calidad, debido a que el material de construcción que usan es el más barato.

Incluso, es evidente el favoritismo hacia determinadas empresas, con las cuales hacen negocios con tal de conseguir más dinero.

Ejemplo de ello fue la obra de construcción de 195 acciones de vivienda en Tekax”, para lo cual se destinaron poco más de 12 millones de pesos.

De acuerdo con el acta de fallo, los trabajos correspondientes iniciaron el 30 de septiembre de 2019, con una duración de 85 días, por lo que debió concluir el 23 de diciembre del mismo año. Sin embargo, como ya es costumbre en la dependencia, en esta ocasión tampoco hubo evidencia que permita corroborar el cumplimiento de la obra pagada.

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A LA BASURA DOS MDP Mérida, Yucatán. Del 2 al 8 de mayo de 2022 Pág. 9

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Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- Para “impulsar” el desarrollo de tres puertos yucatecos, la secretaria de Fomento Turístico (Sefotur) del gobierno del Estado, Michelle Fridman Hirsch, en 2019 derrochó poco más de dos millones de pesos, tras favorecer a la empresa Adopra Consultores, Sociedad Civil, pero el proyecto resultó un verdadero fracaso.

Al investigar sobre este polémico caso, Sol Yucatán constató que no existe el nombre de la representante legal, Paola Gandini Zamudio, y los homónimos son de otros países, y en ninguno hay relación

*Para “impulsar” el desarrollo de tres puertos yucatecos, la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, derrochó poco más de dos millones de pesos, tras favorecer a la empresa Adopra Consultores, pero el proyecto resultó un verdadero fracaso

*No existe el nombre de la representante legal, Paola Gandini Zamudio, y los homónimos son de otros países, y en ninguno hay relación con dicho negocio instalado en la Ciudad de México, sin sucursal en la entidad *Hasta el momento se desconoce el resultado del proyecto, así como el contenido del mismo, ya que nunca se presentó al público

Michelle Fridman Hirsch. públicos que la Sefotur del gobierno del Estado efectuó con relación al Covid-19, cuando los gastos le corresponderían a la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

Tan sólo en el primer semestre de 2021, refrendó tres contratos, tanto con iniciativas privadas como con la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), por lo que el número de convenios aumentaría en breve, y por ende, el monto dilapidado.

Hasta el momento, Sefotur ha destinado un millón 240 mil 95.20 pesos “en las estrategias” de análisis del desarrollo de la mortal patología de rápida propagación, en el ámbito del sector turismo.

La cifra más alta corresponde al contrato SFT/66/2021 que firmó con Raúl Román Salas Segura, por un monto por 630 mil pesos, por un lapso de siete meses, correspondiente de junio

con dicho negocio instalado en la Ciudad de México, sin sucursal en la entidad.

A lo largo de esta administración, la “vicegobernadora” es la funcionaria más criticada, la más conflictiva y la que más anomalías ha cometido, siempre en beneficio de sus familiares y amigos, además que la mayoría de los contratos a modo corresponden a empresas no radicadas en Yucatán, lo que impide que los proyectos tengan el éxito esperado.

Las anomalías más descaradas se registraron en 2020, pues durante las restricciones establecidas a consecuencia de la pandemia, autorizó numerosos contratos y proyectos, es decir, un millonario despilfarro de recursos públicos.

El pasado 28 de marzo de 2019, la polémica funcionaria firmó el contrato número SFT/096/2019, para la elaboración del programa de desarrollo turístico de la Riviera Yucatán, que comprende los puertos de El Cuyo, Sisal y Celestún.

Ante el evidente privilegio, la Sefotur le otorgó un presupuesto de dos millones 22 mil 200 pesos, pues el proyecto también contempló la identificación de acciones

de imagen urbana, productos y servicios turísticos para impulsar a Celestún, Sisal y El Cuyo, como destinos turísticos de calidad, que permita captar el interés del turista que genere gasto y estadía al tiempo que promuevan el cuidado, además de conservación del patrimonio natural y cultural e incorporen a la población a la dinámica económica que genera la actividad turística.

El prestador de servicio debió entregar documentos en original y digital, de los cuatro rubros del programa: Diagnóstico, Estrategias de desarrollo, Proyectos turísticos detonadores y Proyectos ejecutivos.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el resultado del proyecto, así como el contenido del mismo, ya que nunca se presentó al público.

El contrato fue firmado por la funcionaria y por Gandini Zamudio, así como también por el director de Infraestructura y Proyectos Turísticos, Irving Mayett Mucino.

COVID-19, LA EXCUSA Fridman Hirsch derrochó cerca de 1.2 millones de pesos por la publicidad y estudios financiados con recursos

a diciembre del año pasado.

El monto correspondiente es por la “Contratación del servicio de generación de contenido para Comunicación Social de la Sefotur, como parte del Plan de Reactivación Turística ante la contingencia de Covid-19”.

De acuerdo con el do-

cumento, semanalmente se emitiría un boletín de prensa o comunicado para diversas plataformas, enfocados a las acciones de la dependencia para medios nacionales y locales, además de una invitación quincenal a comunicadores, para reforzar el contenido del material oficial, los cuales dependerían de las oportunidades que genere la dependencia con los prestadores de servicio.

El prestador de servicio se comprometió a la generación de un reporte de las notas publicadas, con al menos 80 publicaciones mensuales.

Además de la elaboración de al menos tres contenidos mensuales para medios de comunicación local, semanalmente se desarrollaría un discurso para la presentación de eventos y entrevistas programadas para la titular de la dependencia, incluyendo la redacción y presentación de posturas oficiales, cuando sea necesario.

También contempló la realización de 30 monitoreos especiales por mes sobre las afectaciones, acciones de otros destinos y notas relevan-

tes de Covid-19 en el turismo a nivel global, que se entrega en el reporte de actividades de manera mensual.

Por todo ello, la Sefotur le pagaría 90 mil 619 pesos mensuales, en el período comprendido de junio a diciembre de 2021.

Mientras que el último

cuatrimestre de 2020, la Sefotur le pagó un monto total de 453 mil 95 pesos, por el servicio antes descrito, es decir, cinco servicios de generación de contenido para comunicación social de la dependencia estatal, como parte del plan de reactivación turística ante la contingencia de Covid-19.

De igual forma, la Sefotur sufragó 157 mil pesos, con 20 centavos, para el desarrollo del “Estudio sobre las condiciones, retos y oportunidades en materia de profesionalización turística en tiempos de Covid-19 en el Estado de Yucatán”, a cargo de académicos de la Uady.

El objetivo de la investigación fue “la elaboración del estudio sobre las condiciones, retos y oportunidades en materia de profesionalización turística en tiempos de Covid-19 en Yucatán, como parte de los proyectos específicos desarrollados por el Observatorio Turístico de Yucatán y la Sefotur”.

La encargada del estudio fue Ileana Beatriz Lara Navarrete, quien indicó que debido a la necesidad de la industria turística, y apoyados en la experiencia académica, la Uady desarrolla los mecanismos que atiendan parcialmente las demandas del sector.

La Máxima Casa de Estudios se comprometió ante la Sefotur a entregar un estudio de diagnóstico sobre las condiciones, retos y oportunidades de la oferta turística en tiempos de Covid-19 en el Estado, así como una base de datos de las encuestas

aplicadas a los prestadores de servicios turísticos y/o herramientas de recolección de información que se lleven a cabo en el proyecto.

En el diagnóstico del estudio se contempló la detección de necesidades, específicamente, demandas en materia de capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, así como la aplicación de encuestas y entrevistas a actores claves del sector.

Con los principales hallazgos se emitirían recomendaciones en materia de capacitación y profesionalización del sector turístico, además del análisis de recomendaciones de temas para el Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística.

Sin embargo, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia de la Información, a 19 meses de la presencia del Covid-19 en la entidad, hasta el momento se desconocen los resultados de este estudio, y tampoco se han aplicado la respectiva capacitación para el personal del sector.

OTRAS ANOMALÍAS Por otra parte, se informó que la dependencia pagó 118 mil 859.58 pesos, por concepto de adquisición de materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicación, específicamente, cartuchos y toners para las diferentes oficinas de la Sefotur. El adjudicado fue Edier Gaspar Colonia Chan.

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"REGALÓ" CONTRATOS TZUCACAB

Redacción / Sol Yucatán

Tzucacab.- Pese a la denuncia mercantil que había en contra de la empresaria María Esther Aguilar Echeverría, el hoy ex alcalde de Tzucacab, Javier Cuy Canul, aprovechó la situación para delinquir al favorecer a la empresa Transformadora Costamaya, Sociedad Anónima de Capital Variable, y otorgarle un contrato a modo por 1.6 millones de pesos.

A cambio del favor recibido, la propietaria de dicha ini-

bajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El plazo de ejecución de los trabajos objeto fue de 25 días naturales, por las obras iniciaron al día siguiente de la signación del documento en poder de Sol Yucatán, para acabar el 30 de diciembre de 2018.

De manera oficial, el contrato fue producto de una licitación pública por invitación a cuando menos tres personas, sin embargo, en ningún momento

Javier Cuy Canul.

*Pese a la denuncia mercantil que había en contra de la empresaria María Esther Aguilar Echeverría, el hoy ex Alcalde de Tzucacab, Javier Cuy Canul, otorgó a la empresa Transformadora Costamaya un contrato a modo por 1.6 millones de pesos *El contratista debió entregar al concejal informes, así como material fotográfico del avance de la labor efectuada, pero se desconoce el paradero de todo este material *Como oportunamente publicó Sol Yucatán, Cuy Canul se sirvió con la “cuchara grande” durante su primer año de mandato, a través de contratos y licitaciones con montos jugosos que no fueron solventados, al carecer de documentación que justifique el gasto de 20 millones de pesos ciativa privada la reembolsó el 10 por ciento del total del presupuesto que se le otorgó a finales de 2018, para obras de vialidad.

De acuerdo con el expediente 01146/2014, Saúl Sagundo García, promovió un juicio ejecutivo mercantil en procuración de la persona moral María Esther Aguilar Echeverría, titular de Poliestirenos del Sureste y Transformadora Costamaya, ambas SA de CV. A pesar del antecedente, el presidente municipal emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo caso omiso y decidió contratar los servicios de tal iniciativa privada, con sede en Mérida.

El 5 de diciembre de 2018, Cuy Canul firmó el contrato número FISMDF-Tzucacab-YUC-LP-2018/06, referente a la “Construcción de calles en la localidad y municipio de Tzucacab.

Por ende, se le entregó un monto por un millón 600 mil 585,40 pesos, recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 480 mil 175.62 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los tra-

se dieron detalles de la obra, por lo que fue evidente la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor.

El contratista debió entregar al concejal informes, así como material fotográfico del avance de la labor efectuada, pero se desconoce el paradero de todo este material.

Junto con el edil y la contratista, el contrato también fue firmado por la secretaria municipal, Elmi Rubí Cuxim Cel, la síndico Bertha Silvia Canul Díaz, y la tesorero, Narda Beatriz Solís Yupit.

Como oportunamente publicó Sol Yucatán, Cuy Canul se sirvió con la “cuchara grande” durante su primer año de mandato, a través de contratos y licitaciones con montos jugosos que no fueron solventados, al carecer de documentación que justifique el gasto de 20 millones 490 mil pesos, correspondiente al ejercicio 2018. la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY) emitió 74 observaciones al Ayuntamiento de Tzucacab, de las cuales, sólo dos fueron solventadas.

El munícipe no presentó la documentación necesaria que justifique del gasto público ejercido, así como la evidencia de resultados por los servicios contratados. Una de las más descaradas anomalías fue la omisión de los nombres de los

proveedores que resultaron privilegiados por dichos contratos.

El reporte de la ASEY ha logrado documentar información que arroja evidencias contundentes que exhiben la presunta corrupción de Cuy Canul.

De conformidad con el artículo 72 fracción IV de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, durante el proceso del 2018 se emitieron 74 observaciones, de las cuales dos fueron solventadas, 15 fueron solventadas parcialmente y 57 no fueron solventadas.

El primer ejemplo de la descarada corrupción lo encontramos en la revisión de los estados de cuenta bancarios, donde se detectó que el ayuntamiento no emitió los comprobantes fiscales (CFDI) de los ingresos por concepto de las contribuciones, productos y aprovechamientos, recaudados a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, con un desfalco de 728 miles de pesos.

Asimismo, se detectó que la entidad fiscalizada tampoco emitió los comprobantes fiscales de los ingresos por concepto de Participaciones a partir del 1 de enero hasta el 31 de agosto del ejercicio fiscal 2018 por 17 millones 648 mil pesos.

Por otro lado, también se detectaron pagos por 114.1 miles de pesos, de febrero y agosto de 2018, por concepto de “Material eléctrico y electrónico”. A pesar que las representaciones impresas de los comprobantes fiscales validadas mediante el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encuentran canceladas, el ex alcalde no proporcionó comprobante fiscal vigente o evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta bancaria de la Entidad.

También se detectaron pagos por un millón 210 mil de pesos, de marzo a agosto de 2018, por concepto de “Combustible G. Corriente”; de nueva cuenta, no se proporcionaron bitácoras de combustible que justifiquen el destino final del gasto.

Lo anterior, en incumpli-

miento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 160 párrafo primero, 161 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

De nueva cuenta, la auditoria detectó el pago por 85 mil pesos en noviembre de 2018, por concepto de “Combustible G. Corriente”. Lamentablemente, la bitácora de combustible no estableció placas de los vehículos ni kilometraje inicial y final, así como tampoco proporcionó las aclaraciones correspondientes para el empleo del combustible que justifique el destino final del gasto.

Por si fuera poco, se detectaron otros pagos por 538.2 miles de pesos en febrero, julio, agosto y octubre de 2018, por concepto de “Material eléctrico y electrónico”, de nuevo, en el colmo de la opacidad, no se proporcionaron cotizaciones, padrón de proveedores, contratos debidamente suscritos, solicitudes, aunque sí se presentó la recepción de bienes sin firma, y tampoco se aportó reportes de entrada y salida de almacén, ni se presentó bitácora de uso de material eléctrico, ni documento que justifique la obligación del pago.

A su vez, tan solo en agosto se detectó el pago por 50 mil pesos, por concepto de “Materiales, útiles y equipos menores de oficina, sin establecer la cantidad, unidad de medida, descripción y clase de los bienes adquiridos o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que lo amparen.

En otros rubros cuyo gasto no fue justificado, Sol Yucatán encontró que en octubre se utilizó 59.7 mil pesos, por concepto de “Cemento y productos de concreto, Lubricantes y aditivos, Otros materiales y artículos, Herramientas menores, Material eléctrico y eléctrico y Refacciones y accesorios menores”; pagos por 250 mil pesos en junio y agosto de 2018, por concepto de “Gastos de orden social y cultural G. Corriente”.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

LAVADOR DE DINERO

Campeche, Campeche

Del 2 al 8 de mayo de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 55

$ 5.00

*La Fiscalía General del Estado confirmó la existencia de una carpeta de investigación en contra del exmandatario Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero por supuesta alteración de operaciones inmobiliarias *Está documentado el incremento de su riqueza inmobiliaria entre 2015 y 2021, cuando el valor toral de sus casas y terrenos pasó de 6.5 millones a 12.6 millones de pesos, también señala la presunta defraudación fiscal y el lavado de dinero *Durante su mandato también quedaron pendientes por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación más de 3 mil 800 millones de pesos

LEGADO DE CORRUPCIÓN *El exalcalde de Carmen, Óscar Rosas González, está entre los exfuncionarios investigados por malversación de recursos durante el trienio 2018-2021, debido a obras a sobrecosto *También existen sospechas por enriquecimiento ilícito al contar con diversas empresas, ranchos y miles de cabezas de ganado de las razas más caras del mundo *Entre las anomalías detectadas, está el pago de más de 3 millones de pesos por la pavimentación de una sola cuadra de 200 metros

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LAVADOR DE DINERO

Campeche, Campeche. Del 2 al 8 de mayo de 2022

Redacción/ Sol Campeche

Campeche.- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la existencia de una carpeta de investigación en contra del ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito debido a que su riqueza personal no concuerda con los salarios que ha tenido como funcionario durante toda su carrera política.

Tal como ha documentado Grupo Sol, “Alito” Moreno cuenta con diversos frentes abiertos por casos de corrupción, tanto en la ejecución de obras públicas durante su mandato como en cuanto a operaciones financieras por el uso de fondos federales que le fueron entregados.

Tan sólo por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hay un monto detectado de 3 mil 894 millones de pesos que quedaron sin aclarar en los ejercicios fiscales de 2016, 2017, 2018 y 2019.

De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF, “Alito” Moreno arrastra irregularidades de su administración no aclaradas por el mencionado monto de casi cuatro mil millones de pesos, en gran parte, desfalcados durante el año electoral del 2018, en el cual utilizó todo el dinero público a su alcance para tratar de incidir en los comicios federales y estatales, pues decía que él iba a “educar a AMLO”, pero no lo logró aunque se esforzó con en el llamado mapachismo electoral.

Ese año quedaron sin aclarar, como presunto daño a la Hacienda Pública Federal, 3 mil 429 millones de pesos, según el reporte actualizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo documento señala que en la mayor parte de las auditorías efectuadas tienen “seguimiento concluido”, pero las inconsistencias aún no están justificadas en 2022.

El ex mandatario habría malversado fondos federales violando la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de otras disposiciones de carácter local.

BAJO LA LUPA DE LA JUSTICIA Esta no es la primera ocasión que Alejandro Moreno es investigado por enriquecimiento ilícito, desde 2019, el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex mandatario campechano.

Tal como ahora, la denuncia fue por enriquecimiento ilícito, pues señaló a “Alito” de haber realizado la adquisición de 16 inmuebles en Campeche, justo en los años en los que estuvo al frente del Gobierno del Estado, entre 2015 y 2019.

Como mandatario estatal, el actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reportaba ingresos anuales por 5 millones de pesos, pero en tan sólo dos años construyó una mansión de mil 900 metros cuadrados valuada en más de 46 millones de pesos, esto en la exclusiva zona de Lomas del Castillo en la capital campechana, en un predio de 7 mil metros cuadrados que dijo haber adquirido en su tiempo como diputado federal, de 2012 a 2015.

Derivado de estos señalamientos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la FGR, indagó a “Alito”; sin embargo, el 2 de septiembre del 2020 emitieron un documento de no ejercicio de la acción penal, como lo que el dirigente priista ya se sentía libre de culpas.

No obstante, el 13 de mayo del 2020 una nueva indagatoria fue lanzada contra el priista, la ruta de investigación apuntó no sólo hacia el enriquecimiento ilícito, también señala la presunta defraudación fiscal y el lavado de dinero por la supuesta alteración de las operaciones inmobiliarias.

La lista de inmuebles propiedad de Moreno Cárdenas se compone de compras hechas a exfuncionarios estatales y federales, en un entramado de amiguismo que también podría configurar organización delictuosa.

Grupo Sol ha documentado cómo “Alito” Moreno duplicó su riqueza inmobiliaria en seis años, pues el valor de sus terrenos y casas pasó de 6.5 millones en 2015 a más de 12 millones de pesos en 2021, esto de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales de esos años.

Se trata sólo su riqueza en bienes inmuebles que tiene registrada en sus declaraciones patrimoniales; la primera realizada en 2015, justo antes de entrar a la gubernatura del estado, en ella Moreno afirmó contar con 15 propiedades que ascendían a 6 millones 553 mil 466 pesos.

Seis años después, en la declaración patrimonial que presentó el pasado mes de septiembre del 2021, al iniciar su periodo como diputado federal, Moreno Cárdenas detalló que ahora sólo cuenta con 12 inmuebles, y aunque esto podría suponer que se deshizo de algunos predios para disimular su riqueza, ha resultado todo lo contrario, ya que el valor al que ascienden los sus inmuebles declarados actualmente es de 12 millones 653 mil 458 pesos.

Cabe recordar que el ex gobernador campechano abandonó la entidad en 2019, dejó trunco su sexenio y se fue con diversos señalamientos y presuntas indagatorias por parte de instancias de procuración de justicia como la propia Fiscalía General de la República (FGR), esto ante los señalamientos de enriquecimiento ilícito y corrupción durante su gestión estatal.

Ahora se ha confirmado que también es investigado a nivel estatal, por lo que podría ser requerido para retornar al estado y aclarar las cuentas irregulares que dejó con su administración.

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Alejandro Moreno Cárdenas *La Fiscalía General del Estado confirmó la existencia de una carpeta de investigación en contra del Ex mandatario Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero por supuesta alteración de operaciones inmobiliarias *Está documentado el incremento de su riqueza inmobiliaria entre 2015 y 2021, cuando el valor toral de sus casas y terrenos pasó de 6.5 millones a 12.6 millones de pesos también señala la presunta defraudación fiscal y el lavado de dinero *Durante su mandato también quedaron pendientes por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación más de 3 mil 800 millones de pesos

EVASOR DE IMPUESTOS Al respecto, el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, señaló que las indagatorias actuales son debido a que se detectó que el ex gobernador Moreno Cárdenas adquirió a precios irrisorios lotes de terrenos costeros en el municipio de Champotón, específicamente en la exclusiva zona de “Playa Esmeralda”, los cuales posteriormente donó a familiares como su madre y su hermano, para revenderlos a precios elevados, con lo que constituyó una evasión fiscal que será investigada y denunciada.

Presuntamente se trató de un terreno de más de 30 hectáreas ubicadas en "Playa Esmeralda". Se presume que el ex gobernador se auto vendió esos predios playeros, y pagó 100 mil pesos, para posterior-

mente donarlo a su progenitora para que no apareciera entre sus propiedades. "Alito" habría recurrido a una serie de estrategias fraudulentas y de simulaciones en las que involucra a sus familiares más cercanos, como a su hermano Gabriel Emigdio Moreno Cárdenas y a la madre de ambos.

Sales Heredia confirmó que se trata de indagatorias no sólo a nivel estatal sino también federal, pues el enriquecimiento de Moreno Cárdenas es inexplicable al comparar sus ingresos durante toda su carrera política.

Estas anomalías financieras están integradas en la carpeta de investigación que se ha abierto contra el ex mandatario, por lo que podrían quedar frustradas sus aspiraciones presidenciales para el 2024 y truncados los negocios que ahora realiza como diputado federal plurinominal.

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¡INVESTIGADO POR LA UIF! Campeche, Campeche. Del 2 al 8 de mayo de 2022

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Francisco Medina/ Sol Campeche/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

Ciudad de México.- Romárico Arroyo Marroquín, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo y ahora socio —con sus hermanos Tulio y Orlando— en la empresa Sunset World Resorts & Vacation Experiences, fue denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita.

La UIF recibió una denuncia en la que se señala al Grupo Sunset de realizar triangulaciones financieras a través de varias de sus empresas filiales, entre ellas Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. En la denuncia se advierte toda la maraña que han realizado los empresarios Orlando y Romárico Arroyo, este último esposo de la empresaria Cristina Alcayaga Núñez, expresidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cancún.

La denuncia precisa que Orlando y Romárico, de apellidos Arroyo Marroquín, tienen diversas sociedades en el sistema financiero mexicano, entre las que destaca Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V., mediante la cual llevan a cabo numerosas actividades en el ramo hotelero y la venta de tiempos compartidos que realizan con diversos clientes a través de la elaboración de contratos, dentro de los cuales se establecen las condiciones de pago y obligaciones que ambas partes obtienen; sin embargo, también se menciona que captan recursos en efectivo de diversos grupos de la delincuencia organizada, depositados como supuestas ventas de tiempos compartidos, pero con la finalidad de proceRedacción/ Sol Campeche Campeche.- El ex Alcalde del Municipio de Carmen, Óscar Rosas González, está en la mira de las autoridades estatales, como parte de los ex presidentes municipales que malversaron dinero público durante la administración 2018-2021, pues junto con Eliseo Fernández de la capital, y Roque Sánchez Golib de Calkiní, cuenta con indagatorias abiertas ante la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.

Sobre el ex edil priista de Carmen pesan desde hace años acusaciones de enriquecimiento ilícito, particularmente desde el 2012, cuando fue senador de la República y uno de los impulsores de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, por lo que se presume que fue parte de los millonarios sobornos que se repartieron entre los legisladores.

A partir de esa fecha amasó una enorme fortuna, incursionando en la educación privada con la construcción de escuelas, además de comprar un enorme rancho de cientos de hectáreas en la comunidad de Oxcabal, en el cual cuenta con miles de cabezas de ganado de una de las razas más caras del mundo, “Beefmaster”.

Ahora se ha abierto un nuevo señalamiento en su contra, debido a un contrato de más de 3 millones de pesos que realizó en el último tramo de su administración para pavimentar con concreto hidráulico un tramo de calle de tan sólo 200 metros, por lo que se trata de un caso de sobreprecio en una obra pública.

Destaca que la contratación fue realizada a unos cuantos meses de que terminara su trienio, y justo durante el proceso electoral del 2021, en el cual pretendía reelegirse, debido a lo cual hay indicios de que esta contratación fue encarecida para desviar

*El “ambientalista”, empresario y secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo es investigado por la UIF por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita *Romárico Arroyo Marroquín, junto con su hermano Orlando, capta recursos en efectivo de diversos grupos de la delincuencia organizada, depositados como supuestas ventas de tiempos compartidos, pero con la finalidad de proceder al blanqueo del capital

Romárico Arroyo Marroquín. der al blanqueo del capital.

En el caso se explica que una vez que los supuestos clientes realizan los pagos o depósitos por la adquisición de los servicios que sean contratados y que brindan los hermanos Arroyo Marroquín, a través de los hoteles del Grupo Sunset, dichos recursos son transferidos a diversas cuentas que han sido aperturadas en las Islas Vírge-

*Dichos recursos son transferidos a diversas cuentas que han sido aperturadas en las Islas Vírgenes Británicas, para luego ser transferidos a Panamá y Estados Unidos de América, y finalmente ser depositados en las cuentas de la sociedad Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. nes Británicas, para posteriormente ser transferidos a cuentas que tienen en la República de Panamá y luego a cuentas del mismo grupo en Estados Unidos de América, para finalmente ser depositados en las cuentas que tienen habilitadas en el sistema financiero mexicano de la sociedad Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. De esta manera, se señala,

regresan a México las cantidades que les convienen para hacer el fraude al fisco federal y hacer los retornos, pero ahora bancarizados a las cuentas designadas por la delincuencia organizada, constituyendo esto la conducta de lavado de dinero o activos.

En dicho documento se precisa que los hermanos Arroyo Marroquín son ayudados por sus

LEGADO DE CORRUPCIÓN

los recursos públicos a su propia campaña por la coalición “prianista”, Va por Campeche, encabezada por el PRI, PAN y PRD. REELECCIÓN EN JUEGO

De acuerdo con la información recabada respecto a la obra pública de la pavimentación de la calle 43, entre 20 y 22 de la colonia Centro de Ciudad del Carmen, llevada a cabo por la administración de Óscar Rosas González, hay fuertes indicios de que sólo se trató de sacar recursos, pues estaba en juego su reelección, esto debido a que el millonario contrato fue firmado el 4 de junio, dos días antes de las elecciones de 2021.

Documentos obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) dan cuenta del proceso opaco en el que se llevó a cabo esa obra de pavimentación.

La licitación LO804003999-E8-2021 fue lanzada a mediados de mayo, fueron tres proveedores los que se presentaron, pero

Óscar Rosas González. el gobierno municipal desechó la propuesta más económica.

De los tres participantes se eligió a la empresaria Lucía Tapia Azotla, vinculada con diversos gobiernos priistas en Campeche, como proveedora idónea para llevar a cabo la obra de pavimentación, pese a que su propuesta económica fue la segunda más cara.

Se pagó un total de 3 millones

633 mil 367 pesos, impuestos incluidos, mediante el contrato MCCDOP-FOPET-LP-004-21 a favor de Lucía Tapia.

La firma del contrato se realizó el 4 de junio, pero las obras debían iniciar hasta el día 10 de ese mismo mes, lo cual fue contrario a la normativa en las contrataciones que marca que los trabajos inician un día después de la firma; y tuvo un plazo de 80 días naturales hasta el 28 de agosto.

Con ello, se permitió que el constructor gozara del anticipo varios días antes de iniciar con la obra, curiosamente, tan sólo dos días después de firmar el contrato, fueron las elecciones del domingo 6 de junio del 2021, en las cuales el ex alcalde Óscar Rosas González se jugó su reelección, pero perdió estrepitosamente pese al derroche de recursos que realizó.

CALLE A SOBREPRECIO Además del tufo de corrupción,

Orlando Arroyo Marroquín. operadores financieros y contadores Roberto Hosoya Utrera y Elías Sánchez Leyva, en la elaboración de los esquemas financieros para evadir las obligaciones fiscales y los mecanismos para obtener los recursos de procedencia ilícita.

Estas personas, señalan los denunciantes, viajan constantemente a la República de Panamá, a verificar las operaciones que van realizando financieramente antes de enviar los recursos a las cuentas que tienen los hermanos Arroyo Marroquín, en los Estados Unidos de América, de donde posteriormente las distribuyen a las cuentas bancarias que tienen en México, y así dispersarse las ganancias ilícitas.

Estas, considera la denuncia, son conductas delictivas que contempla el Código Penal Federal, en su numeral 400 Bis, relativo a Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita así como las contempladas en el Código Fiscal Federal.

Ante estas triangulaciones financieras y manejo de cuentas sospechosas, se exhorta a las autoridades competentes como

lo son la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República (FGR), para que procedan conforme a sus atribuciones, a la investigación de los hechos que han sido puestos de su conocimiento, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, financieras y penales de las diversas sociedades mercantiles del Grupo Hotelero Sunset, con hoteles en Cancún y la Riviera Maya, así como de sus integrantes quienes se encargan de realizar todas la operaciones de Orlando y Romárico Arroyo Marroquín, así como sus contadores Roberto Hosoya Utrera y Elías Sánchez.

Romárico Arroyo Marroquín también se encuentra en un lío de corrupción y sobornos, en complicidad con autoridades de la Fiscalía General del Estado, por realizar diversos actos delictivos como cohecho y extorsión, entre otros, para comprar a las autoridades de esta entidad y con su ayuda y colaboración puedan obtener resoluciones favorables, y evitar el pago de 126 millones de dólares que adeudan, la cual fue reclamada en su momento por la sociedad Comercializadora Time Share Internacional, S.A. de C.V. Así está registrado en la carpeta de investigación FGE/ QR/ FECC/CAN/0381/2021, integrada por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción mediante la cual fueron denunciados los hermanos Orlando y Romárico Arroyo Marroquín por comprar las voluntades de autoridades.

La empresa Comercializadora Time Share International S.A de C.V reclama el pago de más de 126 millones de dólares (unos 2 mil 520 millones de pesos) al Corporativo Sunset, quienes buscan a toda costa no pagar. En la denuncia se señala la presunción de un soborno a la Juez Tercero Mercantil de Cancún.

*El ex Alcalde de Carmen, Óscar Rosas González, está entre los ex funcionarios investigados por malversación de recursos durante el trienio 2018-2021, debido a obras a sobrecosto *También existen sospechas por enriquecimiento ilícito al contar con diversas empresas, ranchos y miles de cabezas de ganado de las razas más caras del mundo *Entre las anomalías detectadas, está el pago de más de 3 millones de pesos por la pavimentación de una sola cuadra de 200 metros peculado y presuntos delitos electorales con dinero público que se habría realizado mediante la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 43 de Ciudad del Carmen, la obra también resultó un fiasco en cuanto a la calidad de los materiales y el sobrecosto de cada metro lineal edificado.

Tal como detalla la licitación y su posterior contrato, el pavimento hidráulico fue cobrado como si fuese el de la más fina calidad, ya que sólo fueron 200 metros de calle lo que se construyó, por lo que cada metro pavimentado en el centro de la ciudad tuvo un costo aproximado de 18 mil 166 pesos.

Al tener en cuenta el contexto electora en el que se realizó la obra, se deduce que esta contratación infló descaradamente el presupuesto al gastar 3 millones 633 mil 367 pesos en apenas 200 metros de calle.

Esta obra se suma a una larga lista de irregularidades dejadas por el ex alcalde Óscar Rosas González, así como por su suplente de tan sólo unos meses María de Jesús Bolón Cano, quien aseguró el flujo de efectivo de la Comuna carmelita a la campaña de “Va por Campeche”.

INVESTIGADO Además de las irregularidades financieras de su administración, Óscar Rosas González ya es investigado por otros presuntos delitos, como la exhumación ilegal de cadáveres en el Panteón Colonia de Ciudad del Carmen, cometido durante su administración en complicidad con su director de Servicios Básicos, Jaerhs José Echavarría Martínez, y el ex administrador de este cementerio, José Flores Alejandro.

Desde el pasado mes de octubre, la nueva administración municipal presentó una denuncia penal en contra de los ex funcionarios de la administración de Óscar Rosas González, por la exhumación ilegal de más de 360 cadáveres que fueron sacados de las bóvedas del Panteón Colonia, aprovechando que estuvo cerrado al público durante la pandemia de COVID-19.

De esta forma, ya no es sólo la Fiscalía Anticorrupción la que tiene bajo la lupa a Óscar Rosas González, sino también la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público.

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*El “ambientalista”, empresario y secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo es investigado por la UIF por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita

*Romárico Arroyo Marroquín, junto con su hermano Orlando, capta recursos en efectivo de diversos grupos de la delincuencia organizada, depositados como supuestas ventas de tiempos compartidos, pero con la finalidad de proceder al blanqueo del capital *Dichos recursos son transferidos a diversas cuentas que han sido aperturadas en las Islas Vírgenes Británicas, para luego ser transferidos a Panamá y Estados Unidos de América, y finalmente ser depositados en las cuentas de la sociedad Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. Francisco Medina/Sol Campeche/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México Ciudad de México.- Romárico Arroyo Marroquín, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo y ahora socio —con sus hermanos Tulio y Orlando— en la empresa Sunset World Resorts & Vacation Experiences, fue denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita.

La UIF recibió una denuncia en la que se señala al Grupo Sunset de realizar triangulaciones financieras a través de varias de sus empresas filiales, entre ellas Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. En la denuncia se advierte toda la maraña que han realizado los empresarios Orlando y Romárico Arroyo, este último esposo de la empresaria Cristina Alcayaga Núñez, expresidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cancún.

Romárico Arroyo Marroquín.

Orlando Arroyo Marroquín.

“EL HUMMER”, FUNDADOR DE LOS ZETAS: VIVIR PARA MATAR

NARCOTRÁFICO

Ricardo Ravelo/Sol Campeche

*Fue militar, miembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) y fundador de Los Zetas, el ejército protector del Cártel del Golfo. Jaime González Durán se caracterizó por ser un sicario sanguinario y despiadado.

Tras cumplirse catorce años de su captura, al matón de Los Zetas se le recuerda por el asesinato del cantante Valentín Elizalde, el 25 de noviembre de 2006, en Reynosa, Tamaulipas *Junto con él, también fue acusado del crimen Raúl Hernández Barrón, “El Flander

1”, militar y miembro de Los Zetas. A 16 años del crimen, el caso sigue sin aclararse. Circulan dos versiones de los hechos: Que el cantante se metió con una de las novias de “El Hummer” y la otra establece que le habían prohibido cantar “A mis enemigos”, una canción que en realidad estaba dedicada al entonces jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, enemigo acérrimo de los jefes del Cártel del Golfo y de Los Zetas. Al término del palenque, Elizalde cerró su presentación con esa melodía. Media hora después fue ejecutado junto con su chofer y su representante. El caso sigue impune

solyucatan.mx Mérida, Yucatán. Del 2 al 8 de mayo de 2022 Pág. 11

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

MADRUGUETE CON MILONARIAS OBRAS TICUL

Redacción /Sol Yucatán

Ticul.- Pocos días después de las elecciones de 2018, el exdirector del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, Gilberto Herbé Enríquez y Soberanis, otorgó, vía fast track, una licitación por 2.4 millones de pesos a una empresa de dudosa procedencia.

Nos referimos al contrato número OP-I3P-18INCCOPY-0003, celebrado el 5 de julio de 2018, con el objeto “Construcción de techumbre metálica en la Plaza de Calzado, ubicada en la carretera salida a Santa Elena, en la localidad y municipio de Ticul”.

Según consta en el acta del fallo, la licitación fue pública, sin embargo fue evidente el fallo a favor de Distribuidora Tanlah, SA de CV, representada por su administrador único, el empresario Marco Christian Murrillo Villarino, quien fue beneficiado con

2 millones 459 mil 669.07 pesos.

Como ya es costumbre en los contratos celebrados durante la salida del gobierno anterior, el documento se encuentra plagado de irregularidades e inconsistencias, que van desde la censura de los datos del proveedor, hasta la omisión de detalles sobre las otras empresas concursantes, los motivos de la adjudicación a Distribuidora Tanlah, así como las especificaciones de los trabajos a realizar.

Entre la poca información proporcionada, el acta señala como plazo de ejecución 56 días naturales, iniciando el día siguiente de la firma del contrato, 6 de julio de 2018, para terminarlos a más tardar el 30 de agosto del mismo año.

De igual forma, el documento indica que Distribuidora Tanlah fue constituida como sociedad en el 2008, ante el fedatario Orlando Alberto Paredes Lara, titular de la Notaría Pública No. 36, quien en el 2018, bajo la carpeta de

El ex Gobernador Rolando Zapata Bello, en compañía de funcionarios del INCCOPY, durante el banderazo del inicio de trabajos de construcción de la Plaza del Calzado de Ticul investigación 628/2018, fue señalado como posible responsable en el delito de despojo, de acuerdo con medios locales.

Finalmente, la simulación fue consumada con las firmas del entonces director general del INCCOPY, Gilberto Herbé Enríquez y So-

(Jedey) y el municipio de Tizimín.

Sin embargo, la última vez que se actualizó su información en las bases de datos consultadas fue en 2019. A partir de ese año, literalmente, se desvaneció del mapa.

*Se otorgó vía fast track una licitación por 2.4 millones de pesos a una empresa de dudosa procedencia para techar la Plaza del Calzado *El documento se encuentra plagado de irregularidades e inconsistencias, que van desde la censura de los datos del proveedor, hasta la omisión de detalles sobre los motivos de la adjudicación *La última vez que se actualizó la información de la empresa Distribuidora Tanlah en las bases de datos consultadas fue en 2019. A partir de ese año, literalmente, se desvaneció del mapa beranis, y el administrador único de la iniciativa privada ganadora, Marco Christian Murrillo Villarino.

Sobre la empresa ganadora, Distribuidora Tanlah, poca información se puede encontrar sobre ella en la actualidad. De acuerdo con directorios empresariales, en algún momento su dirección fiscal se encontraba en la calle 51-A, de la colonia Francisco de Montejo, en Mérida, Yucatán.

También hay registros de su actividad como proveedora de servicios entre los años 2012 y 2018, cuando recibió, por lo menos, 10 contratos de obra pública por 29.6 millones de pesos en el estado de Yucatán.

Las principales licitaciones provinieron del INCCOPY, el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), la Junta de Electrificación de Yucatán

APOYAN EMPRESA FANTASMA Con el cambio de administración, uno pensaría que las cosas cambiarían, pero al año siguiente, los funcionarios entrantes también cayeron en prácticas de corrupción de sus antecesores.

Por ejemplo, el dueto de corruptos conformado por el actual secretario de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, y el entonces director general del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY), Roger José Echeverría Calero, autorizaron en 2019 el pago de cerca de dos millones de pesos para el mantenimiento del Centro de Salud de Maní, luego de beneficiar a Carlos Manuel Chi Durán, propietario de una “empresa fantasma”.

El 12 de diciembre de 2019 se firmó el contrato de servicio del sector público con base a precios unitarios y tiempo determinado, co-

rrespondiente a la obra de “Conservación y mantenimiento menor de inmuebles”, correspondiente al Centro de Salud de Maní.

En el documento no se especifica si hubo una licitación pública, por lo que hay una grave violación a la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor.

Tras privilegiar a Chi Durán, quien se declaró como persona moral, se le asignó un monto por un millón 839 mil 361.34 pesos, para efectuar los trabajos en dicho inmueble, ubicado en la calle 22 con 33 de Maní.

Incluso, se le entregó un anticipo del 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 551 mil 696.90 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

Como podemos observar, la corrupción es el factor común entre los dos funcionarios, tal como en numerosas ocasiones se ha demostrado.

solyucatan.mx Pág. 12 Mérida, Yucatán. Del 2 al 8 de mayo de 2022

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ROBO EN "PUEBLO MÁGICO" IZAMAL

Redacción /Sol Yucatán

Izamal.- En agosto de 2020, durante los momentos más difíciles provocados por la pandemia de Covid-19, el exalcalde de Izamal, Fermín Humberto Sosa Lugo derrochó 5.6 millones de pesos en obras “fantasma”, ya que hasta el momento, no hay evidencia o documentación que acredite la realización de dichos trabajos.

El pago por obras “fantasma” se ha convertido en el común denominador de muchos municipios yucatecos. Prueba de ello, es el caso del ayuntamiento de Izamal, que durante el

utilizar para el desvío de recursos públicos.

En dicho acto de corrupción, firmaron el exalcalde Fermín Humberto Sosa Lugo, la secretaria, Rita Elida del Rosario Kuk Cob, el tesorero municipal, Didier Sánchez Rodríguez, así como el “administrador único”, Julio Chan.

A propósito del “contratista”, Julio Alejandro Chan Peraza, su nombre no figura en las bases de datos empresariales o de construcciones, tanto locales como nacionales. Además, no cuenta con una empresa constituida legalmente, por lo que el único documento que presentó para acreditarse, según consta en el acta,

Fermín Humberto Sosa Lugo.

gió a este contratista rodeado de tanta opacidad.

Lo que sí sabemos de la lectura del contrato, es que Chan Peraza pagó su respectivo “diezmo” al ayuntamiento, por la cantidad de 565 mil 487.77 pesos, lo que seguramente influyó al momento de fallar a favor del contratista.

En cualquier caso, al empresario “ganador” le otorgaron 50 días naturales como plazo de ejecución de los trabajos, iniciando las

*En agosto de 2020, durante los momentos más difíciles provocados por la pandemia de Covid-19, el exalcalde, Fermín Humberto Sosa Lugo derrochó 5.6 millones de pesos para obras que no se hicieron *El “contratista” Julio Alejandro Chan Peraza no cuenta con una empresa constituida legalmente, el único documento que presentó para acreditarse, según consta en el contrato, fue su acta de nacimiento *Su domicilio fiscal está registrado en el fraccionamiento Gran Santa Fe. La residencial de élite es tan excluyente que no se permite la entrada a cualquier persona, por lo que resulta extraña la ubicación de una constructora en ese domicilio

2020, cuando la población se encontraba más vulnerable por las restricciones y consecuencias de la contingencia sanitaria, autorizó el pago de cinco millones 654 mil 877.74 pesos para la supuesta construcción y rehabilitación de las calles del “Pueblo Mágico”.

De acuerdo con el contrato con número MIY/ FAIS-02URB/2020, el 3 de agosto se firmó el fallo de la licitación pública a favor del empresario Julio Alejandro Chan Peralta, con el objeto de “Construcción y rehabilitación de las calles en las localidades de Izamal, Citilcum, Kimbilá del municipio de Izamal, Yucatán”.

Por supuesto, la millonaria cantidad provino del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ramo 33), que tanto alcaldes como exalcaldes suelen

fue su acta de nacimiento.

Por si fuera poco, la única constancia de su existencia como prestador de servicios, además del documento que nos atañe, es su registro en el catálogo de proveedores del municipio de Tekax de 2019.

Por otro lado, su domicilio fiscal está registrado en el exclusivo fraccionamiento Gran Santa Fe, ubicado en Caucel, en el municipio de Mérida. La residencial de élite es tan excluyente que no se permite la entrada a cualquier persona (incluso la entrada de taxis está restringida), por lo que resulta extraña la ubicación de una constructora en ese domicilio.

Dicha residencial, por cierto, fue noticia en medios locales y nacionales en 2017, cuando dentro de ella detuvieron a Roberto Nájera Gutiérrez alias “La Gallina”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, quien luego de la captura

fue recluido en un penal en Chiapas.

Asimismo, mediante una consulta al domicilio designado por el contratista, se puede constatar que se trata de una residencia privada, sin ningún rótulo que la identifique como una empresa establecida de manera formal.

Encima, en el acta de fallo no se especifican cuáles fueron las otras empresas participantes, ni se detallan los motivos por los que el dos veces alcalde, Fermín Humberto Sosa Lugo, eli-

obras un día después de firmarse el contrato, es decir, el 4 de agosto, para finalizar el 22 de septiembre de 2020.

Si bien, hay registros del inicio de los trabajo gracias a un comunicado emitido a finales de agosto del año en cuestión, no hay constancia documental o fotográfica de la finalización y entrega de las obras, así como tampoco del cumplimiento de los objetivos planteados en el FISMDF-Ramo 33.

Finalmente, valdría la pena confirmar los datos sobre el uso correcto de los mencionados recursos públicos, sobre todo en un momento de tanta vulnerabilidad, como lo fue la segunda mitad del 2020.

Sin embargo, la falta de transparencia fue una de las características principales del segundo trienio de Sosa Lugo.

Valga como ejemplo, el informe a las cuentas públicas del ayuntamiento de Izamal, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán en 2020. Donde el órgano auditor realizó 16 observaciones, de las cua-

les, ninguna fue solventada.

Según consta en las conclusiones de la ASEY, durante el ejercicio fiscal de 2020, se detectó un daño al erario por al menos cinco millones 279 mil tres pesos. En esta ocasión, la dependencia multó al ayuntamiento con una modesta cantidad: 13 mil pesos.

Asimismo, de acuerdo con la evaluación realizada por la ASEY sobre el uso de los fondos provenientes del FISM-DF, la auditoría detectó un daño a la hacienda pública por cinco millones 299 mil tres pesos.

Esta vez, la dependencia fue más benevolente, pues no le aplicó ninguna multa, volviéndose cómplice de los turbios manejos del controversial edil.

Como dato curioso, Sosa Lugo planeaba reelegirse en las elecciones del 2021, pero finalmente declinó por “motivos familiares”. Fue entonces que entró al quite el también priista Warnel May Escobar, quien resultó ganador y actualmente ejerce su segundo trienio como presidente municipal de Izamal.

Domicilio fiscal del contratista, en el exclusivo fraccionamiento Gran Santa Fe

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CONTRATA EMPRESAS FICHADAS TEKAX

Redacción /Sol Yucatán

Tekax.- Para la rehabilitación de un par de calles, el alcalde de Tekax, Diego José Ávila Romero, derro-

nicipal fue la de recibir a cambio un reembolso de al menos el 10 por ciento del total del contrato signado, días antes de concluir el 2021.

Es decir, se trató de uno

miento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, además de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

via y la tesorero municipal, Gloria Rosalía Góngora Buenfil.

Por otra parte, en 2021, la Unidad de Ejecución Fiscal de la Coordinación General de Auditoría Fiscal del

Pese las graves irregularidades detectadas en el documento, fue firmado por el concejal y el contratista, así como por la secretaria municipal, Flora Margarita Peraza Campos.

Incluso, como testigos estaban el síndico Mariana Guadalupe Navarrete Sego-

gobierno de Tabasco presentó la lista de mil 424 empresarios y personas físicas incumplidos, entre ellos estaba Cetina Dorantes.

Sin embargo, dicha dependencia no presentó detalles del ilícito por el cual fue colocada en dicha “lista negra”.

Diego José Ávila Romero.

*José Ávila Romero favoreció al contratista Marco Alejandro Cetina Dorantes, a pesar que se encuentra en la lista de empresarios incumplidos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas de Tabasco *Para la rehabilitación de un par de calles entregó un contrato de 1.5 millones de pesos

chó 1.7 millones de pesos, tras favorecer al contratista Marco Alejandro Cetina Dorantes, a pesar que se encuentra en la lista de empresarios incumplidos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas de Tabasco.

La estrategia de corrupción del presidente mu-

de los primeros actos de delincuencia que efectuó en su administración, tal como en otras ocasiones ha puesto en evidencia Sol Yucatán.

El 6 de diciembre de 2021, Ávila Romero suscribió el contrato de obra pública a pre-

*No se especificó el número de licitantes y mucho menos se dio a conocer la propuesta de cada uno de ellos cios unitarios y tiempo determinado número 31079.01.2021.16A-AMP, correspondiente a la “Rehabilitación de calles (adoquín, asfalto, concreto, y empedrado), en Tekax”.

Para ello, a Cetina Dorantes se le asignó un presupuesto por un millón 502 mil 710.46 pesos, recurso proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones del Distrito Federal (Ramo 33).

Sin embargo, posteriormente hubo un convenio adicional de ampliación de contrato por 246 mil 48.30 pesos, por lo que el contratista terminó embolsándose un total de un millón 783 mil 850.15 pesos.

Asimismo, el municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 450 mil 813.14 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de

materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

La obra se ubicó en la calle 36 con 63 de Noctunich, comisaría de Tekax, sin especificar más detalles al respecto.

En cuanto al plazo de ejecución, al contratista se le dio un período de 30 días para realizar la obra objeto, por lo que empezó a laborar el 1 de diciembre, para concluir el 30 de dicho mes.

Numerosas son las irregularidades detectadas en este proyecto, como lo es la premura de tiempo, ya que el fallo de la licitación pública estatal se emitió el 30 de noviembre de 2021, cuando días antes se dio a conocer la respectiva convocatoria.

Las obras asignadas a una persona física iniciaron al día siguiente del fallo, pero el contrato se firmó hasta el 6 de diciembre de ese año.

Al mismo tiempo, no se especificó el número de licitantes y mucho menos se dio a conocer la propuesta de cada uno de ellos.

De tal manera, fue más que evidente el incumpli-

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¡INVESTIGADO POR LA UIF!

Pág. 14 Mérida, Yucatán. Del 2 al 8 de mayo de 2022

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Francisco Medina/Sol Yucatán/Sol Quintana Roo/Sol Campeche/La Opinión de México

Ciudad de México.Romárico Arroyo Marroquín, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo y ahora socio —con sus hermanos Tulio y Orlando— en la empresa Sunset World Resorts & Vacation Experiences, fue denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita.

La UIF recibió una denuncia en la que se señala al Grupo Sunset de realizar triangulaciones financieras a través de varias de sus empresas filiales, entre ellas Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. En la denuncia se advierte toda la maraña que han realizado los empresarios Orlando y Romárico Arroyo, este último esposo de la empresaria Cristina Alcayaga Núñez, expresidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cancún.

La denuncia precisa que Orlando y Romárico, de apellidos Arroyo Marroquín, tienen diversas sociedades en el sistema financiero mexicano, entre las que destaca Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V., mediante la cual llevan a cabo numerosas actividades en el ramo hotelero y la venta de tiempos compartidos que realizan con diversos clientes a través de la elaboración de contratos, dentro de los cuales se establecen las condiciones de pago y obligaciones que ambas partes obtienen; sin embargo, también se menciona que captan recursos en efectivo de diversos grupos de la delincuencia organizada, depositados como supuestas ventas de tiempos compartidos, pero con la finalidad de proceder al blanqueo del capital.

En el caso se explica que una vez que los supuestos clientes realizan los pagos o depósitos por

Romárico Arroyo Marroquín.

la adquisición de los servicios que sean contratados y que brindan los hermanos Arroyo Marroquín, a través de los hoteles del Grupo Sunset, dichos recursos son transferidos a diversas cuentas que han sido aperturadas en las Islas Vírgenes Británicas, para posteriormente ser transferidos a cuentas que tienen en la República de Panamá y luego a cuentas del mismo grupo en Estados Unidos de América, para finalmente ser depositados en las cuentas que tienen habilitadas en el sistema financiero mexicano de la sociedad Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. De esta manera, se señala, regresan a México las cantidades que les convienen para hacer el fraude al fisco federal y hacer los retornos, pero ahora bancarizados a las cuentas designadas por la delincuencia organizada, constituyendo esto la conducta de lavado de dinero o activos.

En dicho documento se precisa que los hermanos Arroyo Marroquín son ayudados por sus operadores financieros y contadores Roberto Hosoya Utrera y Elías Sánchez Leyva, en la elaboración de los esquemas financieros para

Orlando Arroyo Marroquín.

*El “ambientalista”, empresario y secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo es investigado por la UIF por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita *Romárico Arroyo Marroquín, junto con su hermano Orlando, capta recursos en efectivo de diversos grupos de la delincuencia organizada, depositados como supuestas ventas de tiempos compartidos, pero con la finalidad de proceder al blanqueo del capital *Dichos recursos son transferidos a diversas cuentas que han sido aperturadas en las Islas Vírgenes Británicas, para luego ser transferidos a Panamá y Estados Unidos de América, y finalmente ser depositados en las cuentas de la sociedad Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. evadir las obligaciones fiscales y los mecanismos para obtener los recursos

de procedencia ilícita.

Estas personas, señalan los denunciantes, viajan

constantemente a la República de Panamá, a verificar las operaciones que van realizando financieramente antes de enviar los recursos a las cuentas que tienen los hermanos Arroyo Marroquín, en los Estados Unidos de América, de donde posteriormente las distribuyen a las cuentas bancarias que tienen en México, y así dispersarse las ganancias ilícitas.

Estas, considera la denuncia, son conductas delictivas que contempla el Código Penal Federal, en su numeral 400 Bis, relativo a Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita así como las contempladas en el Código Fiscal Federal.

Ante estas triangula-

ciones financieras y manejo de cuentas sospechosas, se exhorta a las autoridades competentes como lo son la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República (FGR), para que procedan conforme a sus atribuciones, a la investigación de los hechos que han sido puestos de su conocimiento, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, financieras y penales de las diversas sociedades mercantiles del Grupo Hotelero Sunset, con hoteles en Cancún y la Riviera Maya, así como de sus integrantes quienes se encargan de realizar todas la operaciones de Orlando y Romárico Arroyo Marroquín, así como sus contadores Roberto Hosoya Utrera y Elías Sánchez.

Romárico Arroyo Marroquín también se encuentra en un lío de corrupción y sobornos, en complicidad con autoridades de la Fiscalía General del Estado, por realizar diversos actos delictivos como cohecho y extorsión, entre otros, para comprar a las autoridades de esta entidad y con su ayuda y colaboración puedan obtener resoluciones favorables, y evitar el pago de 126 millones de dólares que adeudan, la cual fue reclamada en su momento por la sociedad Comercializadora Time Share Internacional, S.A. de C.V. Así está registrado en la carpeta de investigación FGE/QR/ FECC/ CAN/0381/2021, integrada por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción mediante la cual fueron denunciados los hermanos Orlando y Romárico Arroyo Marroquín por comprar las voluntades de autoridades.

La empresa Comercializadora Time Share International S.A de C.V reclama el pago de más de 126 millones de dólares (unos 2 mil 520 millones de pesos) al Corporativo Sunset, quienes buscan a toda costa no pagar. En la denuncia se señala la presunción de un soborno a la Juez Tercero Mercantil de Cancún.

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MUGRERO EN LA SEGEY Mérida, Yucatán. Del 2 al 8 de mayo de 2022 Pág. 15

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Un verdadero mugrero prevalece en los contratos celebrados por la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey), ya que en el 2018 pagaron 12.7 millones de pesos por servicios de seguridad a una empresa dedicada a la limpieza, fumigación y control de plagas.

Fue el 2 de marzo de 2018, cuando el entonces titular de la Segey, Delio José Peniche Novelo, autorizó el pago de 12 millones 758 mil 361.48 pesos a la presunta empresa de seguridad Prevención Integral en Seguridad Privada Del Sureste, SA de CV por la adquisición de servicios de seguridad en edificios de la dependencia.

De acuerdo con el contrato número SE-2018-01/P. 1, el administrador único de la compañía “ganadora”, Carlos Ramón Madera Ambrosio, se embolsó la millonaria cantidad a cambio de ofrecer servicios de seguridad en 36 edificios de la dependencia en el interior del Estado.

El servicio pagado, según consta en el acta, consistió en la contratación de elementos de seguridad para

Delio José Peniche Novelo. dad de Mérida, sino en otros municipios del interior de Yucatán, como son Tekax, Valladolid, Tizimín, Maxcanú, Yaxcabá, Peto, Motul, Hunucmá y Ticul, por lo que hablamos de un servicio de gran capacidad técnica y humana.

Lo cual no representó ningún problema para el empresario Carlos Madera, ya que declaró bajo protesta de decir la verdad que contaba con la suficiente organización, elementos, así como con los recursos técnicos, administrativos y financieros necesarios para prestar

*Un verdadero favoritismo prevalece en los contratos celebrados por la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, ya que pagaron 12.7 millones de pesos por servicios de seguridad a una empresa dedicada a la limpieza, fumigación y control de plagas *Cuando el titular de la Segey, Delio José Peniche Novelo signó este contrato, llevaba apenas un mes en el cargo

los servicios solicitados.

Curiosamente, en su declaración también señaló —como quien no quiere la cosa— que su empresa tiene por objeto, además de la seguridad privada, “servicios de limpieza y mantenimiento a hoteles, comercios, edificios, clínicas, hospitales, industrias y oficinas”. Hasta aquí todo bien.

Sin embargo, la anomalía aparece en el apartado de la dirección fiscal. Ya que de acuerdo con el documento, el domicilio que proporcionó “el proveedor” para los fines del contrato se encuentra en la calle 25 por

mos el beneficio de la duda y nos encontramos ante una empresa que se dedica por igual a la limpieza, desinfección, fumigación, control de plagas y servicios de seguridad privada, las características físicas del predio no corresponden a la capacidad de servicios que presuntamente

rida del Instituto Fonacot”.

En este contrato, el proveedor declaró que el objeto social de su empresa consiste en: “prestación de toda clase de servicios y asesoramiento de mantenimiento de limpieza, pulido de pisos, limpieza en general, saneamiento, desinfección

ofrecen.

Además, Prevención Integral En Seguridad Privada Del Sureste, SA de CV, según consta en el contrato, se constituyó como sociedad en el 2008 en Puebla, Puebla.

Por cierto, la turbia empresa fue constituida ante el notario público número 16, José German Soto Adams, quien fue señalado en 2015 de participar en un delito de fraude contra el empresario Ubald Bouchet Ravagliolie.

De igual forma, existen rastros de otras licitaciones ganadas por Carlos Ramón Madera Ambrosio.

Un caso que llama la atención es el contrato número I-LIM-2019-042, celebrado el 28 de febrero de 2019 con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), bajo el objeto “Servicio integral de limpieza en las oficinas de la dirección de Mé-

patógena, desbacterización, fumigación, desinfectación, desratización y control integral de plagas”.

Por otra parte, para esta licitación, Madera Ambrosio también proporcionó el domicilio en Jardines de Mérida como dirección fiscal para los fines del contrato.

Finalmente, y a manera de contexto, hay que apuntar que cuando el titular Delio José Peniche Novelo signó este contrato, llevaba apenas un mes en el cargo, ya que el anterior director de la Segey, Víctor Caballero Durán, renunció por motivos personales el 26 de enero de 2018.

Aún con todo, solo esperamos que los servicios de seguridad privada prestados por Madera Ambrosio hayan sido mejores que sus trabajos de limpieza y desratización, ya que con el mugrero de la Segey, dejó mucho que desear.

*La turbia empresa, Seguridad Privada Del Sureste, fue constituida ante el notario público número 16, José German Soto Adams, quien fue señalado de participar en el delito de fraude contra el empresario Ubald Bouchet Ravagliolie 60 y 66, en la colonia Jardines de Mérida, en la capital yucateca.

Ahora bien, por medio de una consulta a dicho predio, se pudo descubrir que en la dirección proporcionada se encuentra una compañía dedicada a ofrecer servicios de limpieza. Nos referimos a Limpex, que de acuerdo a su propia descripción, es una empresa de fumigación y control de plagas.

Pero tal parece que estamos ante una empresa que sabe adaptarse a los cambios, ya que si uno visita su página oficial, podrá encon-

cubrir las escuelas, sedes y bodegas que integran los 36 edificios especificados en el documento, por lo que estaríamos hablando de una plantilla de al menos 95 trabajadores.

Llegado este punto, conviene señalar que el contrato que aquí nos atañe correspondió apenas a la primera partida, por lo que la cantidad pagada y el número de personal contratado debieron ser mayores a los ya mencionados.

Asimismo, los 36 edificios a vigilar se encontraban dispersos no solo en la ciu-

Limpex (o Prevención Integral En Seguridad Privada Del Sureste, SA de CV), calle 25 por 60 y 66, en la colonia Jardines de Mérida.

trar que actualmente su giro es ofrecer servicios de limpieza y desinfección a propósito de la Covid-19.

Incluso, en su descripción se presentan como: “expertos en la desinfección, limpieza y control de plagas en el área hospitalaria de Mérida con más de seis años en el mercado”.

Es decir, que la Segey pagó 12.7 millones de pesos por servicios de seguridad a una iniciativa privada cuyo giro empresarial es completamente diferente al requerido por la dependencia.

Pero, aún si les concede-

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“EL HUMMER”, FUNDADOR DE LOS ZETAS: VIVIR PARA MATAR Ricardo Ravelo/ Sol Yucatán

Ciudad de México.- Violento hasta el extremo, dueño de una saña indomable, Jaime González Duran, “El Hummer”, miembro durante varios años de Los Zetas, tiene una larga historia en el narcotráfico: Fue militar, pieza del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), de donde desertó en 1999 para sumarse al narcotráfico.

Su tarea criminal, de corta trayectoria pero de profunda destrucción humana, lo convirtió en uno de los hombres más peligrosos dentro de Los Zetas, que por aquel entonces operaba como brazo armado del Cártel del Golfo. Eran, en resumen, un ejército del narcotráfico.

Su historia criminal registra decenas de asesinatos, entre otros, se le atribuye la ejecución, en noviembre de 2006, del cantante Valentín Elizalde, asesinado al término de una presentación en el palenque organizado en la Expo Feria Reynosa.

Cuando terminó su presentación, Elizalde salió del palenque a bordo de una camioneta suburban. En el trayecto fueron alcanzados por un comando armado que les disparó unos 70 tiros.

Adentro de la camioneta fallecieron el cantante Valentín Elizalde, Reynaldo Ballesteros, su chofer y Ma-

rio Mendoza Grajeda, su representante. Fausto “Tano” Elizalde, primo hermano del cantante, resultó herido.

Media hora antes del ataque, Elizalde –conocido en el mundo artístico como “El Gallo de Oro”–, todavía se encontraba cantando en el palenque.

El pasado 25 de noviembre de 2021 se cumplieron 16 años del crimen del cantante. Pese al transcurso del tiempo, el caso no ha sido aclarado por las autoridades federales, quienes atrajeron la investigación por tratarse de un asesinato presuntamente vinculado con el narcotráfico.

Sobre el crimen han circulado diversas versiones, pero entre éstas una ha sobresalido y tiene que ver con una canción titulada “A mis enemigos”. Se trata de una composición musical que lanzó a la fama a Elizalde. Los investigadores sostienen que la canción tiene un mensaje y un nombre en su letra.

Dicha canción habría sido compuesta en honor al entonces poderoso jefe del Cártel de Sinaloa –Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”–. Se infiere algo más: Que la canción en realidad es un mensaje de Guzmán a sus rivales del Cártel del Golfo, que por aquellos años estaban enfrentados a muerte.

Y es que el Cártel del Golfo fue, por años, el ene-

*Fue militar, miembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) y fundador de Los Zetas, el ejército protector del Cártel del Golfo. Jaime González Durán se caracterizó por ser un sicario sanguinario y despiadado. Tras cumplirse catorce años de su captura, al matón de Los Zetas se le recuerda por el asesinato del cantante Valentín Elizalde, el 25 de noviembre de 2006, en Reynosa, Tamaulipas

*Junto con él, también fue acusado del crimen Raúl Hernández Barrón, “El Flander 1”, militar y miembro de Los Zetas. A 16 años del crimen, el caso sigue sin aclararse. Circulan dos versiones de los hechos: Que el cantante se metió con una de las novias de “El Hummer” y la otra establece que le habían prohibido cantar “A mis enemigos”, una canción que en realidad estaba dedicada al entonces jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, enemigo acérrimo de los jefes del Cártel del Golfo y de Los Zetas. Al término del palenque, Elizalde cerró su presentación con esa melodía. Media hora después fue ejecutado junto con su chofer y su representante.

El caso sigue impune migo acérrimo del Cártel de Sinaloa. Ante la imposibilidad de matar el destinatario del mensaje, en este caso “El Chapo”, los miembros del Cártel del Golfo y de Los Zetas decidieron eliminar al mensajero: Valentín Elizalde.

Se asegura, además, que le dijeron al cantante que no cantara esa canción porque le iba a costar caro.

Elizalde, sin embargo, cerró su presentación con “A mis enemigos” y así selló su suerte.

En ese tiempo –2006– el Cártel del Golfo contaba con un brazo armado, Los Zetas, tan sanguinarios como temibles. Este grupo armado se encargaba de todo el trabajo sucio de la organización criminal:

Asesinatos, desapariciones, amenazas, extorsiones y despojo de propiedades.

Como probables autores del crimen se manejaron dos nombres: Se trata de Raúl Hernández Barrón, “El Flander 1” y Jaime González Durán, “El Hummer”, ambos de extracción militar y fundadores de Los Zetas.

“El Flander 1” estuvo dentro de las filas del Ejército Mexicano durante seis años. Era soldado de infantería. Ingresó a la milicia el 1 de septiembre de 1993 y causó baja en febrero de 1999.

Fue adiestrado por la milicia estadounidense y por las fuerzas armadas de Israel. Luego se incorporó al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES),

de donde fueron cooptados Los Zetas, de acuerdo con la versión oficial.

González Durán, “El Hummer” –el otro personaje acusado del crimen de Valentín Elizalde– también tiene una historia dentro de la milicia antes de pasarse al crimen organizado.

La tarde del viernes 7 de noviembre del 2008, tres días después del accidente aéreo donde falleciera el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, González Durán fue detenido en un operativo de la Policía Federal. Entonces “El Hummer” tenía 37 años.

Su biografía señala que este sicario –uno de los más sanguinarios– nació el 8 de octubre de 1971 en un poblado de la Huasteca Potosina. Es hijo de Eleuterio González y Sara Durán.

Ambos decidieron ponerle a su vástago el nombre de Jaime.

Jaime ya tenía dos hermanos mayores –Carlos Alberto y Hortensia– quienes como él nacieron en Xolmón, municipio de Aquismón, localizado a 318 kilómetros al este de la capital de San Luis Potosí.

Esta demarcación fue la cuna de uno de los fundadores más sanguinarios del grupo delictivo Los Zetas.

Xolmón tiene unos 500 habitantes. Su orografía es muy accidentada, ya que por este sitio atraviesa la Sierra Madre Oriental, la belleza

del paisaje en su plenitud.

Su orografía no oculta la majestuosidad del paisaje natural –montañas, laderas y ríos– que Jaime González, “El Hummer” tuvo la oportunidad de disfrutar desde su niñez. En realidad, este violento personaje de la delincuencia vivió en un ambiente naturalmente sano.

Otros detalles de las bondades de la naturaleza es que la temperatura es cálida y no menos húmeda. En Xolmón, según estudios de su geografía y vegetación, llueve durante nueve meses –de marzo a noviembre–, lo que hace de estas tierras un lugar idóneo para la agricultura y el cuidado de ganado, principales actividades económicas de los habitantes.

En esta comunidad es tradicional que los menores de edad ayuden a sus padres en las labores del campo, incluida la caza de serpientes y venados, en un entorno donde prevalecen altos niveles de marginación y pobreza.

Durante la década de los setenta, en Aquismón era usual que la mayoría de los hogares tuvieran piso de tierra. Esta condición era una generalidad tan clara como la cultura mestiza e indígena que domina en ese territorio. Esa población está habitada por unas 25 mil personas de la etnias Tenek y el Náhuatl es el dialecto que predomina en la Huasteca.

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Redacción/ Sol Yucatán

Mérida, Yucatán. Del 2 al 8 de mayo de 2022 Pág. 17

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

ENTRE SEMANA Ovalle, amigazo del Santo Patrono de los otros datos

VIOLENCIA IMPARABLE POR DOQUIER *En Morelos se suscitan balaceras y masacres; el comercio de drogas está imparable y, por si fuera poco, los grupos criminales ajustan sus cuentas pendientes en todas partes

*Tras la captura, en el 2019, de Santiago Mazari, “El Carrete”, jefe del cártel de “Los Rojos”, Morelos se quedó sin control por parte del crimen organizado

Ricardo Ravelo Galó

*En un mismo día el crimen cobró la vida de 6 jóvenes Saúl (18 años), Jerson (17), Alan (17) y Fernando (16). Ellos se encontraban dentro de un vehículo y en otros hechos fueron ultimados Omar y Carlos Alfredo Lagunas Reyes, de 22 y 25 años *Los cuerpos de dos hombres fueron descuartizados y abandonados en bolsas de plástico color negro.

Junto a los despojos los criminales dejaron un mensaje escrito en dos cartulinas *El Estado es clave en la ruta del Pacífico, la que conecta con Guerrero y Michoacán y que permite el abastecimiento de droga en la Ciudad de México

Hoy Escriben

*Cuando Graco Ramírez, el exgobernador del PRD, dejó el cargo, el Estado estaba dividido. En Morelos hay 37 municipios y al menos 15 de ellos estaban gobernados por alcaldes ligados al narcotráfico Ciudad de México.- Por otra parte, a través de un comunicado de prensa el gobierno de Morelos que encabeza Cuauhtémoc Blanco que al filo de las 22:00 horas el C-5 recibió un reporte de un tiroteo en una plaza comercial ubicada sobre la avenida Diana de la colonia Las Delicias.

El cártel Guerreros Unidos y Los Rojos están enfrentados por el control de la plaza de Morelos. A esta guerra se ha sumado el Cártel Jalisco Nueva Generación y una célula del grupo Sinaloa.

La guerra entre los cárteles “Los Rojos, “Guerreros Unidos” y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen a Morelos sumido en una crisis de violencia que ha trastocado la gobernabilidad del Estado que gobierno el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

Tanto de día como de noche, en Morelos se suscitan balaceras y masacres; el comercio de drogas está imparable y, por si fuera poco, los grupos criminales ajustan sus cuentas pendientes en todas partes. Además, cobran el llamado “derecho de piso”, secuestran, “levantan” a personas que, después, son asesinadas y enterradas en fosas clandestinas a pesar de que los familiares pagan el costo del rescate. La mafia no tiene límites en la tierra del revolucionario Emiliano Zapata.

El estado de Morelos, gobernado por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, está convertido en un campo de batalla del crimen organizado.

La violencia que se enfrenta en esa entidad se debe, de acuerdo con las autoridades locales y federales, a la lucha que enfrentan las bandas criminales, las cuales están disputándose el control territorial.

Morelos se quedó sin control por parte del crimen organizado tras la captura, en el 2019, de Santiago Mazari, “El Carrete”, jefe del cártel de “Los Rojos”, quien operó el narcotráfico protegido por el anterior gobierno, el que encabezó Graco Ramírez y quien entregó malas cuentas a su sucesor.

Mazari controlaba todo Morelos y buena parte de Guerrero, éste, territorio de “Guerreros Unidos y “los Ardillos”, dos de los más temibles cárteles generadores de violencia en el país.

Uno de los casos más escandalosos fue la ejecución de tres médicos, tres menores de edad, una mujer y un agente estatal.

No fue todo: Dos víctimas de esta violencia sin control fueron descuartizadas por sus asesinos. Con estos casos, la semana pasada fue la más trágica de los últimos meses para Morelos en medio de la cuarentena por el coronavirus.

De las muertes registradas, el caso que más llamó la atención fue la muerte de tres galenos, cuando fueron asesinados a balazos por un comando armado que supuestamente los atacó para robarles un vehículo: Un Mercedes Benz, así como otras pertenencias.

La triple ejecución ocurrió en la colonia La Presa, en el poblado de Tilzopotla, municipio de Puente de Ixtla, donde según las autoridades los médicos se detuvieron a consumir bebidas alcohólicas.

Los médicos no portaban batas ni ningún tipo de identificación que indicara su profesión. Dos de ellos, de acuerdo con los informes oficiales, laboraban en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que el tercero ejercía de manera privada.

ASESINATOS SIN CONTROL La violencia cobró la vida de cuatro jóvenes, entre

otros tres menores de edad, que fueron asesinados.

Los hechos ocurrieron en la calle Benito Juárez, en el conocido barrio de San Juanito, en la demarcación de Yautepec.

Los muertos fueron Saúl (18 años), Jerson (17), Alan (17) y Fernando (16). Ellos se encontraban dentro de un vehículo, usado habitualmente para acudir a un tianguis en la colonia La Joya, donde venden ropa.

Los atacantes huyeron en una camioneta color negro y una motocicleta verde.

Ese mismo día, en el municipio de Xochitepec, dos hermanos fueron asesinados a balazos a las afueras de una papelería ubicada en las calles Llamaradas y Capa de Oro, en la colonia Unidad Morelos.

Ahí los jóvenes Omar y Carlos Alfredo Lagunas Reyes, de 22 y 25 años, respectivamente, fueron ejecutados por impacto de bala, según dio cuenta un jefe policíaco.

La violencia continúa: Tres hombres fueron ejecutados con arma de fuego. Sus cuerpos fueron hallados en la carretera Cuernavaca-Taxco, a la altura de la colonia Centro, en el poblado Huajuntlán, municipio de Amacuzac, la tierra y otrora centro de operaciones de “El Carrete”.

Los cuerpos de dos hombres fueron descuartizados y abandonados en bolsas de plástico color negro.

Junto a los despojos los criminales dejaron un mensaje escrito en dos cartulinas. Esto permite inferir que se trató de una venganza, un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado.

El primer cuerpo desmembrado apareció alrededor de las 17:30 horas en Cuernavaca, mientras que casi a la misma hora los restos de otra persona apareció en el municipio de Juitepec, considerado un territorio controlado por grupos criminales.

De igual forma, el cuerpo de otro hombre asesinado apareció en La Misión, municipio de Emiliano Zapata; adicionalmente, un joven de 23 años en Terextepango, Ayala, fue acribillado. Además, otro cuerpo con vendas en la cabeza fue hallado en Cocoyatla, en Coatlán del Río. El jueves, otro hombre fue encontrado en Emiliano Zapata, mientras que en Puente de Ixtla un joven de 23 años fue ejecutado.

Otro caso fue el de una persona del sexo masculino que fue hallado muerta. Tenía las manos atadas, signo de que antes de morir fue torturada por sus victimarios.

También fue asesinado a balazos un hombre de 68 años de edad. El crimen ocurrió en la colonia Bosque de Cuernavaca. Y en Axochiapan ocurrió otro crimen.

El cuerpo de la víctima, según las autoridades, fue arrojado a un pozo.

La violencia continuó cuando una joven de 25 años, junto con su padre de 65, fueron atacados a balazos en la colonia Tepeyac de Cuautla. De acuerdo con las autoridades de Morelos, el hombre falleció en el sitio del ataque; la mujer murió en un hospital, horas después.

NARCO DISPUTA SIN FIN El estado de Morelos es una de las entidades que, desde hace décadas, es asidero del crimen organizado. El Estado es clave en la ruta del Pacífico, la que conecta con Guerrero y Michoacán y que permite el abastecimiento de droga en la Ciudad de México: La droga llega a Morelos y luego ingresa a la capital del país por el municipio de Xochimilco.

En la década de los ochenta y noventa, Morelos estuvo bajo el dominio de los cárteles de Guadalajara y de Juárez, entonces encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo y Pablo Acosta Villarreal, respectivamente.

Tiempo después, Pablo Acosta se suicidó cuando Guillermo González Calderoni, el policía del salinato, pretendió detenerlo. Félix Gallardo, por su parte, fue detenido en 1989. Fue el segundo golpe espectacular de Carlos Salinas. Antes había capturado a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el líder petrolero.

Así, el camino quedó abierto en Morelos y en la ruta del Pacífico para Rafael Aguilar Guajardo , quien asumió el control del cártel de Juárez hasta 1993, pues en abril de ese año fue asesinado en Cancún, Quintana Roo. Tras su muerte, Amado Carrillo asumió el liderazgo del cártel y tomó el control de Morelos.

No sólo el Estado le sirvió como plaza: también optó por quedarse a vivir en el Estado, en el municipio de Tetecala, donde adquirió una finca cuya característica es una enorme barda, como de unos cinco metros de altura, que convirtió aquella fastuosa mansión en una verdadera fortaleza.

En la hacienda o finca Tetecala se ahogó una hija de Amado Carrillo –Amada Carrillo –quien cayó en una de las albercas que había en ese lugar.

Con Amado Carrillo llegó la plana mayor del cártel de Juárez a Morelos: Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, Ignacio “Nacho Coronel”, Ismael “Mayo” Zambada y los hermanos Beltrán Leyva. Arturo Beltrán vivía en una zona residencial de Cuernavaca. Ahí fue murió en un tiroteo con efectivos de la marina. Vivía protegido, según se dijo, por altos mandos del Ejército.

¡Caray! Fíjese que el licenciado presidente recién quiso enterarse de la corrupción denunciada por Enrique Manuel J. Sada Fernández desde enero de 2019 en Seguridad Alimentaria Mexicana, a cargo de Ignacio Ovalle FernánMoisés Sánchez Limón dez su cuaderno de doble ralla. ¡PA’ QUE LO ENTIENDA! Ángel Ganívet, diplomático de alcurnia de lejanas tierras escribió en 1896: ‘’El sentido común es una constitución que rige con mas eficacia que todas las constituciones’’. Hoy en cercanas tierras sabemos que al no existir sentido común, en muchos, no existe una constitución y por ende no existe eficacia en la aplicación de la ley.

Alberto Woolrich Ortiz.

Para poder entender o tratar de comprender...

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solyucatan.mx EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Mérida, Yucatán. Del 2 al 8 de mayo de 2022 Pág. 19

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

¡INVESTIGADO POR LA UIF!

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 2 al 8 de mayo de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 112

*El “ambientalista”, empresario y secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo es investigado por la UIF por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita *Romárico Arroyo Marroquín, junto con su hermano Orlando, capta recursos en efectivo de diversos grupos de la delincuencia organizada, depositados como supuestas ventas de tiempos compartidos, pero con la finalidad de proceder al blanqueo del capital

“MAESTRÍA” EN DESVÍOS

PISOS CON HUELLAS DE ILEGALIDAD

*No existe constancia, ni documentación que corrobore que los trabajos se realizaron, por lo que estaríamos ante un nuevo caso de obras “fantasma”, ya que los recursos no fueron utilizados para su propósito original PAG. 8

Romárico Arroyo Marroquín.

Ciudad de México.- Romárico Arroyo Marroquín, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo y ahora socio —con sus hermanos Tulio y Orlando— en la empresa Sunset World Resorts & Vacation Experiences, fue denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita PAG. 14 TECOH

PETO

*El IVEY autorizó un contrato a la empresa Concretum del Mayab por 2.4 millones de pesos, para la supuesta construcción de pisos. El desvío fue tan descarado que ni siquiera se puede acceder al documento a través de la Plataforma de Transparencia

*Dichos recursos son transferidos a diversas cuentas que han sido aperturadas en las Islas Vírgenes Británicas, para luego ser transferidos a Panamá y Estados Unidos de América, y finalmente ser depositados en las cuentas de la sociedad Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. Francisco Medina/Sol Yucatán/Sol Quintana Roo/Sol Campeche/La Opinión de México

$ 5.00

TEKAX

ALCALDE CONTRATA EMPRESAS FICHADAS Orlando Arroyo Marroquín.

IZAMAL

ROBO EN "PUEBLO MÁGICO"

*En agosto de 2020, durante los momentos más difíciles provocados por la pandemia de Covid-19, el exalcalde, Fermín Humberto Sosa Lugo derrochó 5.6 millones de pesos para obras que no se hicieron *El “contratista” Julio Alejandro Chan Peraza no cuenta con una empresa constituida legalmente, el único documento que presentó para acreditarse, según consta en el contrato, fue su acta de nacimiento

*Durante el segundo trienio de Joel Isaac Achach Díaz, la ASEY denunció la probable existencia de un daño patrimonial por la cantidad de 11 millones 621 mil pesos. Benefició a su hermana PAG. 7

*Su domicilio fiscal está registrado en el fraccionamiento Gran Santa Fe. La residencial de élite es tan excluyente que no se permite la entrada a cualquier persona, por lo que resulta extraña la ubicación de una constructora en ese domicilio PAG. 12

PROGRESO

*José Ávila Romero favoreció al contratista Marco Alejandro Cetina Dorantes, a pesar que se encuentra en la lista de empresarios incumplidos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas de Tabasco *Para la rehabilitación de un par de calles entregó un contrato de 1.5 millones de pesos PAG. 13

VALLADOLID

MILLONARIO AUTORREGALO BENEFICIÓ A SUS AMIGOS *El ayuntamiento de Progreso, bajo la gestión del exalcalde José Isabel Cortés Góngora, licitó una obra millonaria vía fast track antes de terminar su trienio en 2018

*Sury Judith Manzanilla Granados es una arquitecta que en ocasiones funge como contratista, pero cuyo principal negocio es atención minorista de ferreterías y tlapalerías de Veracruz

*Con el objetivo de sacar recursos públicos antes de irse, el exedil invirtió cerca de tres millones de pesos en la construcción de baños con fosa séptica en el municipio

*Todo parece indicar que el contrato que Manzanilla Granados consiguió con el edil fue el único que tuvo con una administración gubernamental, pues no ha vuelto a aparecer en las páginas electrónicas de transparencia

*Falta de documentación como el cuadro comparativo con la evaluación de las propuestas, el dictamen técnico, la base para el fallo, así como los presupuestos de los PAG. 5 concursantes

*En el contrato que firmó con el munícipe dio otra dirección, estableció que su oficina está en la calle Altamirano, número 716, de la colonia El Zapotal, en Acayucan, Veracruz PAG. 6