Ciudad de México
Edición No. 64 Del 29 de mayo al 4 de junio de 2023 $ 5.00
Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director GeneralCiudad de México
Edición No. 64 Del 29 de mayo al 4 de junio de 2023 $ 5.00
Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director GeneralDesampara a trabajadores del estado al desaparecer 689.6 mdp de ISSTEY
*Desaparece 541.2 mdp destinados a Atención a Víctimas
*Desfalcó más de 109.5 mdp en Desarrollo Rural
Redacción/La Opinión de México
Yucatán.- La arrogancia, en política, no lleva a nada bueno. Sobre todo, cuando estás en la mira de las propias autoridades y quieres figurar a nivel nacional como un posible candidato a la Presidencia de la República. Acción Nacional no se ha dado cuenta de eso y es por ello, que sin decir agua va, apoya al gobernador Mauricio Vila Dosal en sus sueños guajiros.
Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, y la yucateca Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del mismo partido, parece que se han olvidado de que el gobernador restaurantero está inmiscuido en problemas políticos-económicos por varias aristas.
Como ejemplo está: Con Vila la SAF adeuda 2 mil 169 millones de pesos a la hacienda pública, así como desfalcó más de 109.5 millones de pesos en Desarrollo Rural y desaparecieron 541.2 millones de pesos destinados a Atención a Víctimas y desamparó a trabajadores del Estado al desaparecer 689.6 millones de pesos del ISSTEY.
En la revisión de la Cuenta Pública de los años 2019 y 2020 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), en la Auditoría del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán se determinó que derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, se estima una posible afectación de 689.6 millones de pesos a la hacienda pública.
De la revisión de los estados financieros, auxiliares de cuentas contables, estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias, se detectaron 46 cheques de las siguientes cuentas: Banco Nacional de México, BBVA Bancomer S.A., Banco Mercantil del Norte S.A., y Banco Mercantil del Norte S.A. por 1,805.6 millones de pesos con una antigüedad mayor a 6 meses; la entidad fiscalizada no proporcionó las aclaraciones correspondientes o copia certificada del cheque cancelado. PAG. 3
*La violencia y el narcomenudeo se dispararon en la capital del país, desde que la doctora, Claudia Sheinbaum Pardo tomó las riendas en diciembre del 2018
*Con claras aspiraciones presidenciales, la especialista en medio ambiente y ciencias pretende ser la primera mujer presidenta que gobierne el país, pese a que la Ciudad de México le ha quedado demasiado grande en temas de seguridad y en el transporte público como el colapsado Metro
*En Ciudad de México ocurren 4.6 homicidios por día. Muchos homicidios y carpetas de feminicidio sin resolver en la llamada Ciudad de la Esperanza
En la revisión de la Cuenta Pública de los años 2019 y 2020 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), en la Auditoría del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán se determinó que derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, se estima una posible afectación de 689.6 millones de pesos a la hacienda pública.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, en la Auditoría aplicada a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se determinó que derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, se estima una posible afectación de 541.2 millones de pesos a la hacienda pública.
Derivado del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) se estima una posible afectación de 109.5 millones de pesos a la hacienda pública. Auditoría de la Secretaría de Desarrollo Rural.
De acuerdo con la Auditoría de la Secretaría de Administración y Finanzas realizada por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) y derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2019, se estima una posible afectación de 2 mil 169.3 millones de pesos a la hacienda pública.
Desafío
*El Menos Peor
*Ser Mexicano
Por La gama es tal que somete hasta a la incredulidad y la convierte en fuente de entendimiento; si todos son malos es menester elegir al menor peor.
Colombia: La nueva estrategia del narco para trafica
En Colombia todo ha cambiado en el narcotráfico. Los capos ahora son más discretos y operan con bajo perfil, aunque siguen siendo efectivos en el tráfico de drogas internacional.
En el México de los años 60, una nueva generación de autores irrumpió en la escena literaria encabezada por José Agustín. Este movimiento, más adelante fue denominado como “escritores de la onda” por Margo Glantz. La onda no fue realmente una manifesttación literaria, fue un fenómeno social, es decir, el nombre que tomó el movimiento contracultural en el México de los años sesenta. En 1969, la editorial Siglo XXI publicó una antología de cuentos titulada “Narrativa joven de México”, Xorge del Campo fue el encargado de seleccionar los textos, Margo Glantz, escribió el prólogo. El libro
estuvo bajo la responsabilidad de Xorge del Campo, pero el prólogo fue Glantz quien da una clasificación que ha sido objeto de controversia entre los críticos de la literatura mexicana . Glanzt designó a José Agustín como escritor de la onda. Glantz comenzó a identificar como “onda” a los jóvenes que simpatizaban con la naciente contracultura, que surgía en los Estados Unidos. Los llamamos ‘”jipitecas”, versión nacional de los hippies, y de todos aquellos cuyo punto de convergencia era la afición al rock, el rechazo al sistema y los valores establecidos. Gracias al éxito de ventas, Siglo XXI decidó reeditar la antología, no obstante, ésta fue modificada debido a las
protestas de varios autores jóvenes que no habían sido tomados en cuenta en la primera edición. En 1971 se da a conocer a”Onda y Escritura en México. Jóvenes de 20 a 33”, una compilación elaborada, y prologada por Glantz.
En 1976, Glantz escribió :“La Onda diez años después: epitafio o revalorización”, en el que, apunta sus ideas anteriores. Glantz, insiste en la importancia de la música para los textos que ella denomina de la “onda”, los juegos lingüísticos, el lenguaje erotizado y la relevancia de las drogas dentro de estos relatos. Cuestiona, incluso, la capacidad de permanencia de la literatura de la “onda”, puesto
Subdirector General: José Enrique González Ortiz
COLUMNISTAS:
*El Menos Peorque la validez de esta corriente literaria estaba en función de su capacidad de reflejo de la realidad, que es en sí misma era transitoria. En 2023, es evidente que la clasificación hecha por Glantz, carece de una sustentación sólida puesto que los rasgos que propone como característicos pueden ser aplicados a muchos textos y no por ello comparten los contenidos y escrituras de lo que se ha llamado literatura de la “onda”. Glantz en su faceta como teórica de la “onda”, tuvo su mayor logro en darse cuenta de que el lenguaje popular ingresaban al ámbito de la llamada literatura ‘culta’ y esto que pasaba en todo el mundo se reflejó en México mediante la “onda”.
*Ser Mexicano
Por Rafael Loret de MolaLa gama es tal que somete hasta a la incredulidad y la convierte en fuente de entendimiento; si todos son malos es menester elegir al menor peor. Este es el razonamiento imperante entre un amplio sector de la población convencida, además, en el ejercicio del voto como elemento sustantivo para asegurarse mexicanos de bien y no permitir la manipulación de la voluntad colectiva... cuando, no pocas veces, es al revés.
Rafael Loret de Mola / Ricardo Ravelo Galó / José Sánchez López / Francisco Medina / Mouris Salloum George / Pablo Cabañas / Héctor Moctezuma de León / Édgar González Martínez / Sergio Gómez Montero / Moisés Sánchez Limón / Sócrates Campus Lemus / Gregorio Ortega Molina / Glen Rodrigo Magaña / Fernando Irala / Octavio Campos Ortiz / Alberto Woolrich / Aletia Molina / Miguel Rocha Valencia / Miguel Tirado Rasso / Armando Rojas / Roberto Fuentes
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Abstenerse, lo he dicho en otras ocasiones, es también un acto político relevante si se hace luego de meditar en la pobreza de la oferta política y la tendencia a jugar con las mismas reglas a pesar de los embustes y fraudes coligados unos a otros. Dicen que quien por su gusto muere que lo entierren parado; y tal parece ser la norma de la mayor parte de la clase política insistente en repetir en sus cargos para refugiarse de sus propias rapiñas o cuidarse las espaldas en tiempos de vacas flacas. Buen ejemplo de ello son Emilio Gamboa y Manuel Bartlett, quienes perdieron el faro de la dignidad hace ya varios sexenios. Me preguntan por quién votar y, la verdad, siempre me he negado a inducir a los lectores con mis sugerencias, creyente como soy del libre albedrío y de la independencia de criterios, explicablemente no afines por las condiciones y circunstancias peculiares de cada quien. La democracia, o el rescoldo de la misma, es esencialmente eso: una fórmula para dirimir, entre individualidades, la senda del colectivo asegurando así liderazgos con respaldo mayoritario.
En fin, es seguro de quien gane los próximos comicios en 2024, no lo hará por mayoría absoluta, ateniéndonos a los resultados oficiales que por allí marcan las cosas, ni en sueños guajiros. Y, es más, para cuantos quieren ponerme sellos les digo: estoy harto de los partidos, tanto, que prefiero fijarme en los candidatos y sus perspectivas antes de medir a las dirigencias de sus respectivos institutos y a las estructuras de los mismos. Por ello, votaría distinto en cada entidad federativa con aspirantes a gobernador –Guanajuato, Jalisco, Morelos, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Puebla y Tabasco-, sin que ello implicase traición alguna a mi concien-
cia sino refrendo a que la partidocracia se asfixia ya ante la incredulidad masiva si bien algunos abanderados pueden ser rescatados apenas de la ignominia. Vivo en el Distrito Federal, nací en Tamaulipas, me formé en Mérida y soy hijo adoptivo de Tlaxcala, luego de pasar dos veces por Guanajuato y estar a punto de quedarme en Aguascalientes bajo el embrujo de dos lindos ojos, por lo que la condición se complicaría si no existiera en mi conciencia una superior: el ser sencillamente mexicano.
Un verraco gachupín, José Antonio Sánchez, presidente nada menos de Radio y Televisión Española, se dio en decir que los aztecas debieron ser exterminados porque fueron tan sangrientos como los nazis. La estupidez es mayúscula pero no sólo eso: el sujeto ofendió a los mexicanos y, cuando menos, debe exigirse la intervención de la Secretaría de Cultura, para ilustrarlo, y la Cancillería para declararlo persona non grata y evitar así que sus plantas pisen nuestro suelo hollado por su ignorancia. Esto fue hace un año y no hubo la menor respuesta de nuestro superior gobierno, vergonzosamente de rodillas.
Recuerde el imbécil que fueron los invasores, con caballos y armaduras, quienes llevaron la crueldad a niveles inimaginables, despreciando a quienes moraban ya en territorios de Mesoamérica, violando, matando y esclavizando a fuerza de obligares a profesar su fe, situada en el amor pero que engendraba odios por sus practicantes. Por algo, el padre Hidalgo –aunque algunos ahora se empeñen en negarlo-, gritó a los cuatro vientos, en la hora de las campanadas de Dolores: ¡Mueran los Gachupines!
De seguir permitiéndose afrentas verbales contra la historia, como lo ha hecho el verraco presidente de Radio y Televisión Española a quien debiera prohibirse su entrada al país, corremos el riesgo de perder nuestra idiosincrasia. Rescatemos la cultura mexica y repudiemos a los gachupines que pretenden vindicar la invasión hispana, entre 1517 y 1522, cuando corrió la sangre indígena a cambio del oro y la plata robados por los aventureros sin higiene.
Redacción/ La Opinión de México
Mérida, Yucatán.- La arrogancia, en política, no lleva a nada bueno. Sobre todo, cuando estás en la mira de las propias autoridades y quieres figurar a nivel nacional como un posible candidato a la Presidencia de la República. Acción Nacional no se ha dado cuenta de eso y es por ello, que sin decir agua va, apoya al gobernador Mauricio Vila Dosal en sus sueños guajiros.
Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, y la yucateca Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del mismo partido, parece que se han olvidado de que el gobernador restaurantero está inmiscuido en problemas políticos-económicos por varias aristas.
Como ejemplo está: Con Vila la SAF adeuda 2 mil 169 millones de pesos a la hacienda pública, así como desfalcó más de 109.5 millones de pesos en Desarrollo Rural y desaparecieron 541.2 millones de pesos destinados a Atención a Víctimas y desamparó a trabajadores del Estado al desaparecer 689.6 millones de pesos del ISSTEY.
En la revisión de la Cuenta Pública de los años 2019 y 2020 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), en la Auditoría del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán se determinó que derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, se estima una posible afectación de 689.6 millones de pesos a la hacienda pública.
De la revisión de los estados financieros, auxiliares de cuentas contables, estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias, se detectaron 46 cheques de las siguientes cuentas: Banco Nacional de México, BBVA Bancomer S.A., Banco Mercantil del Norte S.A., y Banco Mercantil del Norte S.A. por 1,805.6 millones de pesos con una antigüedad mayor a 6 meses; la entidad fiscalizada no proporcionó las aclaraciones correspondientes o copia certificada del cheque cancelado.
De la revisión de la balanza de comprobación, estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas y pólizas de registros contables, se detectaron dos pagos por un importe de 689.6 millones de pesos en los meses de mayo y diciembre de 2019 en las cuentas contables
“3000-3300-3311 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y relacionados” y 3000- 3400-3411 Intereses, Descuentos y Otros Servicios
Bancarios”, por concepto de Elaboración de avalúos de predios de Ucvfú y Avalúo fracción del tablaje catastral, avaluó, Avalúo, la entidad fiscalizada no proporcionó los contratos que permitan validar el objeto, importe, forma de pago, plazo, lugar, condiciones, características del producto o servicio prestado, vigencia, garantías, penas convencionales, o en su caso órdenes de servicio de los servicios realizados.
De la revisión de la balanza de comprobación, estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas y pólizas de registros contables, se detectó un pago por el importe de 180.9 millones de pesos en el mes de noviembre de 2019 en la cuenta contable “2000-2700-2711 Vestuarios y Uniformes”, por concepto de Batas maestras y asistentes tela de algodón, bordado el logo del Gobierno del Estado en manga izquierda y en el pecho del lado izquierdo el logo del ISSTEY, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de haber realizado tres cotizaciones.
2020
De la revisión de los estados financieros, auxiliares de cuentas contables, estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias, se detectaron 28 movimientos de las siguientes cuentas: Banco Nacional de México, BBVA Bancomer S.A., Banco Mercantil del Norte S.A., y Banco Mercantil del Norte S.A. por 386.3 millones de pesos al 31 de diciembre de 2020, con una antigüedad mayor a 6 meses; la entidad fiscalizada no proporcionó las aclaraciones correspondientes o copia certificada del cheque cancelado.
De la revisión de los estados financieros, estados de cuentas bancarios, auxiliares de cuentas, pólizas de registros contables y eventos posteriores, se detectaron saldos por un importe 4,612.1 millones de pesos al 31 de diciembre de 2020 en la cuenta contable “1-1-2- 2 Cobrar a Corto Plazo”; la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de haber realizado el análisis de las cuentas pendientes por cobrar, a fin de evaluar su comportamiento y el resultado de las acciones de cobro y, en su caso, las gestiones necesarias para la depuración o bien, la reclasificación o cancelación de saldos. De la revisión de los estados financieros, estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas, pólizas de registros contables y eventos posteriores, se detectaron saldos por un importe de 767.6 millones de pesos al 31 de diciembre de 2020 en la
cuenta contable “2-1-1- 0200-00 Proveedores por pagar a Corto Plazo”; la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de la verificación de la antigüedad de saldos y gestiones necesarias para el pago de los saldos, o en su caso, para la depuración y/o cancelación de los saldos contables.
tecnologías de Información y comunicaciones, programa de adquisición de equipos y software, plan de recuperación de desastres para sistemas informáticos.
1.4 Información y Comunicación, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Establecimiento de actividades de control para riesgos identificados, Documento para planes de recuperación de desastres para sistemas informáticos.
con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Procedimientos de vigilancia, detección, documentación y denuncia de violaciones a los valores éticos de la entidad, y evaluación de desempeño del personal.
establecidos por componente se tiene lo siguiente:
1.1 Ambiente de Control, nivel Alto: Existe un riesgo bajo de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Procedimientos de vigilancia, detección, documentación y denuncia de violaciones a los valores éticos de
*Desampara a trabajadores del estado al desaparecer 689.6 mdp de ISSTEY
*Desaparece 541.2 mdp destinados a Atención a Víctimas
*Desfalcó más de 109.5 mdp en Desarrollo Rural
En la revisión de la Cuenta Pública de los años 2019 y 2020 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), en la Auditoría del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán se determinó que derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, se estima una posible afectación de 689.6 millones de pesos a la hacienda pública.
Control Interno Observación número 1. Se analizó el control interno instrumentado por la entidad fiscalizada, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) implementado por el Sistema Nacional de Fiscalización; aplicando un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros
la entidad, mecanismos de información a las instancias superiores; catálogo de puestos.
1.2 Administración de Riesgos, nivel Alto: Existe un riesgo bajo de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: En la elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos.
1.3 Actividades de Control, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Programa de fortalecimiento de control interno, Comité de
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, en la Auditoría aplicada a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se determinó que derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, se estima una posible afectación de 541.2 millones de pesos a la hacienda pública.
1.5 Supervisión, nivel Bajo: Existe un riesgo alto de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Programa de acciones de problemas detectados, seguimiento de acciones, Autoevaluaciones de Control Interno y programa de trabajo para atender deficiencias detectadas. Lo anterior, en incumplimiento a los acuerdos SCG
11/2017 por el que se expiden los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; SCG
16/2018 por el que se modifican los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. La entidad fiscalizada mediante oficio ISS/DG/ CI/1107/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, proporcionó información y/o documentación con la que pretendió solventar la observación; sin embargo, al realizar el análisis correspondiente de dicha información se concluye que la observación fue solventada parcialmente al no haber acreditado que cumple con todos los componentes del control interno institucional.
Control Interno Observación número 1. Se analizó el control interno instrumentado por la entidad fiscalizada, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) implementado por el Sistema Nacional de Fiscalización; aplicando un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se tiene lo siguiente:
1.1 Ambiente de Control, nivel Alto: Existe un riesgo bajo de que no se cumplan
1.2 Actividades de Control, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Comité de tecnologías de Información y comunicaciones, inventarios de sistemas informáticos y de comunicación en operación, Licencias y contratos para mantenimiento de sistemas de información y de comunicación.
1.3 Información y Comunicación, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Evaluación de Control Interno, Establecimiento de actividades de control para riesgos identificados.
1.4 Supervisión, nivel Bajo: Existe un riesgo alto de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Programa de acciones de problemas detectados, seguimiento de acciones, Autoevaluaciones de Control Interno y programa de trabajo para atender deficiencias detectadas. Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 2, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 21, 27, 28, 29 y 30 del acuerdo SCG 11/2017 por el que se expiden los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; 9, 15 y 23 del acuerdo SCG 16/2018 por el que se modifican los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; numerales 7 y 8.1 del Manual de Control Interno del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. La entidad fiscalizada mediante oficio ISS/DG/ CI/0238/2021 de fecha 20 de julio de 2021, proporcionó información y/o documentación con la que pretendió solventar la observación; sin embargo, al realizar el análisis correspondiente de dicha información se concluye que la observación fue solventada parcialmente al no haber acreditado que cumple con todos los componentes del control interno institucional.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, en la Auditoría aplicada a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se determinó que derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, se estima una posible afectación de 541.2 millones de pesos a la hacienda pública.
De la revisión de la balanza de comprobación, estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas y pólizas de registros contables, se detectaron diversos movimientos por un total de 805.7 millones de pesos a un mismo proveedor en los meses de enero a diciembre de 2019 en las cuentas contables “5-1-3-60-3611-00-00-00000 Difusión de Mensajes/Programas y actividades gubernamentales”, “5-1-3-3-0-3311-00-0000000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría” y “51-3-5-0-3581-00-00-00000
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene” por concepto de pago de Servicio de asesoría en redacción de contenidos, corrección de estilo y diseño gráfico para la comunicación, Consultoría jurídica integral y Servicio de 3 intendentes de limpieza con turnos de 8 horas los cuales rebasan el monto para adjudicación directa, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de haber sometido al Comité de Adquisiciones la justificación de la excepción del procedimiento de adquisición correspondiente de acuerdo al monto pagado, existiendo una presunta partición o fraccionamiento de operaciones realizadas, así como de contar con la documentación que acredite la entrega por los trabajos realizados o el informe de las actividades realizadas. De la revisión de la balanza de comprobación, estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas y pólizas de registros contables, se detectaron diversos movimientos por un importe total de 187.8 millones de pesos en los meses de agosto y diciembre de 2019 por adjudicación directa en las cuentas contables “51-3-5-0-3511-00-00-00000
Mantenimiento y conservación de inmuebles”, y “51-3-3-0-3341-00-00-00000
Servicios de capacitación a servidores públicos”, por concepto de Construcción de muros divisorios y privados a base de yeso, suministro de cancelería de aluminio con cristal 10 mm, pintura y suministro de extractores; y Curso de capacitación en Terapia Psicocorporal en el abordaje terapéutico a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; por los que la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de haber realizado tres cotizaciones, cuadro comparativo para adjudicación directa, así como de contar con la documentación que acredite la entrega por los trabajos realizados.
De la revisión y análisis
practicado a la balanza de comprobación, estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas y pólizas de registros contables; así como de la verificación física de los bienes muebles adquiridos durante el ejercicio fiscal 2019 se detectó que no cuentan con número de identificación de los folios de Inventarios de Bienes Muebles, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de contar con las etiquetas de los bienes.
Control Interno Observación número 1. Se analizó el control interno instrumentado por la entidad fiscalizada, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) implementado por el Sistema Nacional de Fiscalización; aplicando un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se tiene lo siguiente:
1.1 Ambiente de Control, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Normativa de control interno, Normas de conducta, procedimientos de vigilancia, detección, documentación y denuncia de violaciones a los valores éticos de la entidad, mecanismos de información a las instancias superiores; Manual de procedimientos para la administración de recursos humanos, catálogo de puestos.
1.2 Administración de Riesgos, nivel Alto: Existe un riesgo bajo de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Difusión de planes o programas estratégicos y objetivos específicos.
1.3 Actividades de Control, nivel Bajo: Existe un riesgo alto de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Manual de organización, políticas de evaluación y actualización de manuales de procedimientos, Comité de tecnologías de Información y comunicaciones, programa de adquisición de equipos y software, políticas de seguridad para sistemas informáticos y de comunicación, plan de recuperación de desastres para sistemas informáticos.
1.4 Información y Comunicación, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Planes o programas de Sistemas de información, Evaluación de
Derivado del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) se estima una posible afectación de 109.5 millones de pesos a la hacienda pública. Auditoría de la Secretaría de Desarrollo Rural.
Control Interno, Establecimiento de actividades de control para riesgos identificados, Documento para planes de recuperación de desastres para sistemas informáticos.
1.5 Supervisión, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que
se detectaron debilidades y/o carencias de: Programa de acciones de problemas detectados en la evaluación de los objetivos y metas (indicadores) establecidos, seguimiento de acciones.
Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Observación número 2.
De acuerdo con la Auditoría de la Secretaría de Administración y Finanzas realizada por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) y derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2019, se estima una posible afectación de 2 mil 169.3 millones de pesos a la hacienda pública.
Se realizaron 5 empréstitos por un total de 7 mil 498, 580.10 millones de pesos.
Empréstito 1
Monto contratado (millones de pesos) 1,500,000.0 Fecha de contrato 20/10/ 2016 Fecha de inscripción 31/10/ 2016 Fecha de vencimiento Octubre de 2031 Monto al 31 de diciembre del 2019 (millones de pesos) 1,079,400.0 Porcentaje del importe contratado 100 % Institución financiera otorgante Banco Mercantil del Norte, S.A.
Empréstito 2.
Monto contratado (millones de pesos) 1,591,380.1 Fecha de contrato 13/11/ 2013 Fecha de inscripción 19/11/ 2013 Fecha de vencimiento Noviembre de 2028 Monto al 31 de diciembre del 2019 (millones de pesos) 1,340,050.0 Porcentaje del importe contratado 100 % Institución financiera otorgante Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Empréstito 3.
Monto contratado (millones de pesos) 1,300,000.0 Fecha de contrato 22/07/ 2011 Fecha de inscripción
13/09/ 2011 Fecha de vencimiento Octubre de 2036 Monto al 31 de diciembre del 2019 (millones de pesos) 601,880.0 Porcentaje del importe contratado 50.00 % Institución financiera otorgante Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Empréstito 4. Monto contratado (millones de pesos) 487,200.0 Fecha de contrato 09/11/ 2017 Fecha de inscripción 07/12/ 2017 Fecha de vencimiento Noviembre de 2037 Monto al 31 de diciembre del 2019 (millones de pesos) 478,620.0 Porcentaje del importe contratado 84.00 % Institución financiera otorgante Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Empréstito 5. Monto contratado (millones de pesos) 2,620,000.0 Fecha de contrato 13/11/20 19 Fecha de inscripción 13/11/2019 Fecha de vencimiento Diciembre de 2039 Monto al 31 de diciembre del 2019 (millones de pesos) 615,380.0 Porcentaje del importe contratado 100.00 % Institución financiera otorgante Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.
La revisión comprendió la verificación de los recursos de los empréstitos y obligaciones vigentes de la entidad fiscalizada al 31 de diciembre del 2019, garantizados con el fondo general de participaciones y fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas, y autorizados por el H. Congreso del Estado de Yucatán, por las cantidades de 1,500,00.0 millones de pesos; 1,591,380.1 millones de pesos; 1,300,000.0 millones de pesos; 487,200.0 millones de pesos y 2,620,000.0 millones de pesos, que representaron el 100% de los recursos.
Se evaluó la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), mediante un cuestionario de cumplimiento de la ley y la documentación comprobatoria proporcionada con la finalidad de identificar importantes áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar esfuerzos para lograr el cumplimiento, las más relevantes se mencionan a continuación:
2.1 Obligaciones previstas en la Ley y sus reformas:
2.1.1 La entidad fiscalizada no contó con Manuales de Contabilidad, en incumplimiento al artículo 20 de la LGCG.
2.1.2 La entidad fiscalizada no emitió mediante su sistema contable el Estado de Situación financiera, el Estado de actividades, el Estado de variación en la hacienda pública, el Estado de cambios en la situación financiera, el Informe sobre pasivos contingentes, las Notas a los estados financieros, el Estado analítico del activo, el Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: Corto plazo, Largo plazo, Fuentes de financiamiento e Intereses de la deuda, el Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también debería identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa): Administrativa, Económica, Por objeto del gasto y Funcional, en incumplimiento a los artículos 46 y 47 de la LGCG.
2.1.3 La entidad fiscalizada no contó con los clasificadores presupuestarios armonizados, los catálogos de bienes y sus respectivas matrices de conversión, y los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados, en incumplimiento al artículo cuarto del 1 de enero de 2009 de la LGCG.
2.1.4 La entidad fiscalizada no realizó el registro automático y por única vez, en incumplimiento a los artículos 16 y 40 de la LGCG.
2.1.5 La entidad fiscalizada no realizó la interrelación automática de los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas, en incumplimiento a los artículos 19 fracción IV y 41 de la LGCG.
2.1.6 La entidad fiscalizada no contó con procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real que permitieran la emisión periódica (mes, trimestral, anual, etc.) de los estados financieros, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones V y
VI y sexto transitorio del 1 de enero de 2009 de la LGCG y los alcances del acuerdo 1 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de agosto de 2013.
2.2 Transparencia: 2.2.1 La entidad fiscalizada no publicó en su página electrónica de internet el inventario de bienes, en incumplimiento al artículo 27 de la LGCG.
2.2.2 La entidad fiscalizada no publicó en su página electrónica de internet la información contable con la desagregación siguiente: Estado de Situación financiera, Estado de actividades, Estado de variación en la hacienda pública, Estado de cambios en la situación financiera, Informe sobre pasivos contingentes, Notas a los estados financieros, Estado analítico del activo, Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: Corto plazo, Largo plazo, Fuentes de financiamiento e Intereses de la deuda; la información presupuestaria con la desagregación siguiente: Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también debería identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa): Administrativa, Económica, Por objeto del gasto y Funcional; y la información programática con la desagregación siguiente: Gasto por categoría programática, programas y proyectos de inversión, indicadores de resultados, en incumplimiento a los artículos 46, 47 y 51 de la LGCG.
2.2.3 La entidad fiscalizada no publicó en su página electrónica de internet la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios, en incumplimiento al artículo 67 de la LGCG La entidad fiscalizada mediante oficio CEEAV/DIR/162/2020 de fecha 29 de junio de 2020, proporcionó información y/o documentación con la que pretendió solventar la observación, por lo que se determinó que solventa parcialmente al no haber acreditado que cumple en su totalidad con las obligaciones de la LGCG.
Derivado del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) se estima una posible afectación de 109.5 millones de pesos a la hacienda pública. Auditoría de la Secretaría de Desarrollo Rural
Veracruz.- En varias rutas del país el crimen acecha y perpetra asesinatos, secuestros, también comete desapariciones, asaltos a mano armada a camiones de pasajeros y de carga. Nadie los detiene. La Guardia Nacional, lejos de garantizar la seguridad, forma parte del problema, pues a este flagelo también se suma el tráfico de indocumentados, un negocio boyante del que participan las propias autoridades.
Esta ola de inseguridad se le atribuye al crimen organizado, presente por todas partes, y a la ineficiencia de las autoridades civiles y militares que, hasta ahora, no han podido frenar la violencia que desatan unos quince cárteles que mantienen abierta disputa por el control de rutas y del mercado de las drogas.
Uno de los casos de muerte que resultó un escándalo hace un par de años fue el de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años; la investigación sigue abierta y hasta ahora las autoridades no han detenido a ninguno de los responsables de su secuestro y crimen. Este hecho criminal se perpetró en la carretera Monterrey –Nuevo Laredo, ruta donde manda el crimen organizado.
La historia indica que la chica había acudido a una fiesta, debido a unas diferencias personales sus dos amigas que la acompañaban la dejaron en el lugar, aunque le pidieron la asistencia del taxi de Uber, cuyo chofer la acosó sexualmente y ella se bajó del vehículo. En la madrugada se quedó en la peligrosa carretera. Luego, presuntamente fue llevada a un motel donde fue atacada sexualmente. Después recibió
un fuerte golpe en la cabeza, lo que le causó la muerte por contusión craneal. Su cuerpo apareció en el fondo de una cisterna en desuso del propio motel.
Este no es el primer caso de muerte que ocurre en esa carretera, considerada una ruta de muerte y desaparición que, hasta ahora, las autoridades no han podido poner remedio al problema. De acuerdo con las autoridades, en esa ruta han desaparecido al menos unas cuarenta personas en los últimos dos años. Y lo mismo ocurre con el transporte de carga, cuyos conductores son asaltados. Las unidades son saqueadas y en la mayoría de los casos los choferes son asesinados presuntamente por miembros del crimen organizado que operan en esa región.
Los asaltos en las carreteras federales ya alcanzaron niveles de escándalo y preocupación por parte de los transportistas del país que, tanto de día como de noche,
enfrentan los embates de la delincuencia organizada en la mayoría de las vías de comunicación que conectan al país.
Ante este escenario de vulnerabilidad evidente, que causa la impotencia de los afectados, la Guardia Na-
masiadas precauciones en un país dominado por el crimen organizado y común; no viajar de noche es una de las medidas más socorridas para evitar los asaltos, pero resulta que cientos de estos eventos ocurren, inclusive, a plena luz del día tanto en las
*Ni las Fuerzas Armadas ni mucho menos la Guardia Nacional Pueden frenar las oleadas de asaltos, secuestros y desapariciones forzadas que ocurren en las diversas carreteras del país
*De muy poco sirve que la Guardia Nacional patrulle el territorio de norte a sur: el crimen sigue perpetrando a camioneros, automovilistas y a los autobuses de pasajeros, cuyos ocupantes son asaltados a diversas horas del día como de la noche
*Es la ley del crimen la que se impone en los llamados “caminos de la muerte”, pues no existen rutas libres ni seguras
cional (GN) se ha visto limitada –cuando no implicada –para evitar estos atracos en las carreteras que afectan al transporte de carga y también a los vehículos particulares que, con familias completas a bordo, han sido despojadas de sus pertenencias, incluido su vehículo, además de sufrir violaciones y ultrajes de todo tipo.
Salir a carretera causa temor, se deben tomar de-
autopistas de cuota como en carreteras federales. Éstas últimas, por cierto, están no sólo en pésimo estado sino abandonadas por los responsables de la seguridad.
El martes 22 de marzo último, miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), una de las más poderosas del país, realizó un paro de actividades y bloqueos en varios estados,
sobre todo, en los más críticos debido a la inseguridad.
Desde muy temprana hora comenzó la protesta en Ecatepec (uno de los municipios más inseguros de México, dominado por delincuencia organizada); Cuernavaca, Aguascalientes, Monterrey, Veracruz, Acapulco, Tulum, Tuxtla Gutiérrez y los límites de la ciudad de México.
Sus demandas: Seguridad en las carreteras, tarifas oficiales para el transporte, reemplacamiento para vehículos de carga y turismo, prohibición de los camiones con doble remolque, alto a los abusos y extorsiones por parte de las autoridades; reducción de los precios de la gasolina y del peaje en autopistas y carreteras federales.
Con independencia del resto de sus demandas, uno de los puntos centrales de la manifestación nacional de los transportistas fue la inseguridad en las carreteras, un problema explosivo por la impunidad que lo envuelve.
Y es que, en los últimos años, los asaltos a transportistas, autobuses de pasajeros y vehículos particulares
ha ido en aumento. Algunas cifras dan cuenta que el incremento es del 64 por ciento, con relación a otros años, algo que ya raya en el escándalo y que, no obstante, las autoridades no han podido frenar. Algunos manifestantes acusaron a efectivos de la Guardia Nacional –la llamada policía militar –de estar implicados en esta industria de los asaltos y de proteger a los grupos criminales que operan en las carreteras del país.
Las cifras hablan: En el año 2020, por ejemplo, se presentaron ante las autoridades unas mil 120 denuncias por asaltos al transporte público y de carga.
Otras estadísticas dan cuenta de que cada mes hay algo así como 90 atracos.
El Gobierno Federal tiene pleno conocimiento de este problema. Tan es así que dispone, además, de una relación de las carreteras más peligrosas, catalogadas con base en el número de hechos ocurridos y denunciados ante las autoridades. Aquí no se cuenta la llamada cifra negra, que siempre resulta ser más abultada.
De acuerdo con datos oficiales, la carretera más peligrosa durante el 2020 y lo que va de este año es el tramo Puebla-Córdoba-Veracruz. El tramo de La Esperanza está considerado altamente inseguro: es una zona de tráfico de combustible robado y narcotráfico. Los responsables de los robos operan en todo ese tramo y muy cerca de la carretera disponen de bodegas, zonas protegidas para llevar a cabo la descarga de los tractocamiones y, por si fuera poco, también existe alrededor una amplia red de tiendas y pequeños negocios de abarrotes donde colocan la mercancía robada para ser vendida en el mercado negro.
Los asaltos en las carreteras federales ya alcanzaron niveles de escándalo y preocupación por parte de los transportistas del país que, tanto de día como de noche, enfrentan los embates de la delincuencia organizada.
Fernando, el mismo lugar donde cientos de migrantes fueron asesinados a manos del cártel del Noreste.
En esa zona –como en otras con alto índice de asaltos a tractocamiones –es común ver cómo han proliferado las tienditas de abarrotes, ultramarinos, changarros donde se venden aceites –incluido el de oliva extravirgen --, leche, pan de marca, detergentes, galletas, alimentos enlatados –hasta mejillones ahumados y productos del mar en salmuera --, embutidos, vinos importados de diversas uvas, café, chocolates, por citar sólo algunos comestibles.
También se venden detergentes de todas las marcas, nueces, almendras, arándanos, jugos, latas de frutas en almíbar… Y lo mejor es que todos los productos se ofertan a mitad de precio, es decir, 50 por ciento menos que en tiendas como Walmart o Comercial Mexicana. Esto llama mucho la atención porque se trata de una actividad de lavado de dinero que opera en completa impunidad. Es muy parecido al llamado huachicoleo: los delincuentes roban la gasolina y luego la venden a bajo costo e invierten sus ganancias en bienes raíces, la actividad más socorrida para el blanqueo de capitales.
La información oficial consultada también establece
que otro de los tramos peligrosos, por el elevado índice de asaltos a camiones de carga, es el que comprende las ciudades de Uruapan-Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, tierra de nadie. Aquí el territorio está tomado por la delincuencia organizada y ni la GN ha podido desarticular la actividad criminal.
Otra carretera de la muerte es el tramo Matamoros-Reynosa. Los datos señalan que el punto crítico es San Fernando, el mismo lugar donde cientos de migrantes fueron asesinados a manos del cártel del Noreste, organización criminal que se volvió el azote de Tamaulipas por elevada capacidad de generar violencia.
Pero eso no es todo: El llamado libramiento Norte, en la Ciudad de México, que conecta a los estados de Puebla, Querétaro y Veracruz, es otro de los tramos donde las alertas están encendidas. A este se suman Los Reyes-Zacatecas, México-Cuernavaca; México-Puebla; México-Querétaro y Pátzcuaro-Uruapan. Y ni se diga la México-Ecatepec.
Aquí no sólo han ocurrido asaltos: también violaciones y crímenes.
De acuerdo con datos de
Unos mil camiones de carga eran asaltados cada año en las carreteras. Ahora la cifra ha aumentado, pese a que hay mayor vigilancia en las vías de comunicación
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Ecatepec están afincados cárteles michoacanos, entre otros, Los Viagras, Familia Michoacana, así como algunas células del cártel de Jalisco que, por cierto, también opera ampliamente en la Ciudad de México, según reconoció hace tres semanas el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch.
En la información consultada resaltan otros tramos carreteros peligrosos, como el Querétaro-San Luis Río Colorado y la Querétaro-León. También resaltan en rojo Orizaba-Fortín de Las Flores-Córdoba.Veracruz.
Los asaltos en carreteras al transporte de carga se han incrementado a pesar de que la GN vigila las vías de comunicación. Si este delito aumenta quiere decir que no están haciendo su trabajo o bien están coludidos con el hampa. No hay otra explicación.
De esta forma, los llamados “piradas del asfalto” gozan de impunidad, además, no operan desprovistos de armamento de alto poder, tecnología de punta y, como ya se dijo, cuentan con cadenas de distribución para vender sus mercancías en el mercado negro. Esto no lo ve el Sistema de Administración Tributaria.
criminales, de igual forma los dueños de los camiones, pues al final del día quienes pagan los platos rotos son las aseguradoras, donde, a decir verdad, tampoco se descarta la corrupción.
En las carreteras de Estados Unidos y Europa existen puntos específicos para el parqueo de los camiones de carga. Tienen prohibido parar en cualquier punto. Además, al menos dos días a la semana –sábados y domingos –los conductores deben descansar en estos puntos vigilados. De esta forma se evitan accidentes durante los fines de semana. Y la seguridad es permanente. Ahora sí que las reglas son muy claras. En el caso de México hace falta una verdadera revolución en materia vigilancia. Se debe empezar por las carreteras: la mayoría de éstas carecen de seguridad, están oscuras y las carreteras federales lucen deterioradas y, sobre todo, abandonadas. Transitar por ellas es meterse a un túnel sin salida. Ninguna autoridad garantiza la vida ni el patrimonio, pues lamentablemente muchos policías estatales y algunos de la GN están involucrados en el crimen organizado, como lo demuestran decenas de denuncias.
Y es que a medida que aumenta la población también aumentan las demandas de servicios y de seguridad.
En el caso de México hace falta una verdadera revolución en materia vigilancia. Se debe empezar por las carreteras: la mayoría de éstas carecen de seguridad.
Hace unos tres años, unos mil camiones de carga eran asaltados cada año en las carreteras. Ahora la cifra ha aumentado, pese a que hay mayor vigilancia en las vías de comunicación, pues se disponen de cámaras y de una policía militar supuestamente mejor dotada de herramientas. De acuerdo con los miembros de la AMOTAC y autoridades consultadas, los asaltos ocurren en paradas de camiones no establecidas, en estacionamientos de restaurantes y centros comerciales. Cabe decir que, por desgracia, muchos conductores están ligados a los
El Estado no avanza en medidas a la misma velocidad que crece la sociedad, a lo que además hay que sumar el grave problema de la corrupción. Ninguna autoridad puede garantizar orden: éste debe surgir de la misma consciencia: cada ser humano debe trabajar en ello. El Estado debe ocuparse de crear empleo y mejores condiciones sociales, en suma, se requiere una verdadera revolución en todos los frentes: económico, social, humano, educativo, en materia de seguridad… Una verdadera Cuarta Transformación que no sea como la actual, una continuidad maquillada del pasado.
Redacción/ La Opinión de México Nuevo León.- En gobierno de Samuel García en Nuevo León, tiene pendientes de aclaración 2 mil 315,179.72 millones de pesos, señala la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría De Cumplimiento: 2021-A-19000-19-12762022, aplicada al Gobierno del Estado de Nuevo León en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo .
Al Gobierno del Estado de Nuevo León se le aprobaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 por 14,791,045.4 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; al respecto y como resultado de modificaciones presupuestales se autorizó una ampliación por un monto de 1,079,121.6 millones de pesos, que resultó en un monto ministrado de 15,870,167.0 millones de pesos, para su ejercicio y aplicación, de los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación 319.9 millones de pesos, antes de la presentación de la Cuenta Pública, por lo que el monto registrado como ejercido ascendió a 15,869,847.1 millones de pesos.
Servicios personales Reportado como ejercido en la Cuenta Pública 14,721,484.9 millones de pesos.
Gastos de operación Reportado como ejercido en la Cuenta Pública 1,148,362.2 millones de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del fondo aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2021 al Gobierno del Estado de Nuevo León, por 15,870,167.0 millones de pesos. La muestra examinada fue de 15,227,464.0 millones de pesos, que representaron el 96.0% de los recursos transferidos. Por lo que respecta, al subfondo de Servicios Personales se identificó un monto ministrado por 14,721,804.8 millones de pesos, de los que se reportaron recursos ejercidos en la Cuenta Pública por 14,721,484.9 millones de pesos y se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación por 319.9 millones de pesos antes de la publicación de la Cuenta Pública, que por objeto del gasto presentó el comportamiento siguiente:
Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo: comportamiento presupuestario por objeto del gasto del subfondo de servicios personales Aportaciones federales a las entidades federativas
y municipios para servicios personales Reportados como ejercidos 13,633,865.8 millones de pesos.
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para aportaciones al ISSSTE Reportados como ejercidos 502,308.0 millones de pesos.
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para aportaciones al FOVISSSTE Reportados como ejercidos 251,989.7 millones de pesos.
Aportaciones federales
a las entidades federativas y municipios para aportaciones al sistema de ahorro para el retiro Reportados como ejercidos 100,795.8 millones de pesos.
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez Reportados como ejercidos 160,013.6 millones de pe-
sos. Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para los depósitos al ahorro solidario Reportados como ejercidos 72,512.0 millones de pesos.
Cabe señalar que, la Secretaría de Educación Pública retuvo y realizó, por cuenta y orden de la Unidad de Integración Educativa del Estado de Nuevo León, las
aportaciones de seguridad social con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2021.
El Gobierno del Estado de Nuevo León incumplió al realizar pagos a 32 trabajadores adscritos en un centro no financiable por 1,270.3 millones de pesos, y a partidas no financiables a gastos de operación por 1,044.9 millones de pesos, adicionalmente, tuvieron pagos a trabajadores después de la fecha de baja definitiva por 126.9 millones de pesos y pagos a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2021 o ejercicios fiscales anteriores por 204.4 millones de pesos, correspondientes a la nómina federal, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por un total de 331.2 millones de pesos. Se determinó un monto por 2,646,414.38 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 331,234.66 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,315,179.72 pesos están pendientes de aclaración.
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,227,464.0 millones de pesos, que representó el 96.0% de los 15,870,167.0 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre de 2021, el Gobierno del Estado de Nuevo León comprometió el total de los recursos y pagó 15,696,005.2 millones de pesos, que representaron el 98.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2022, ejerció 15,869,847.1 millones de pesos, que representaron casi el 100% de los recursos asignados, por lo que se
determinaron recursos no ejercidos por 319.9 millones de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, así como 4,343.2 millones de pesos correspondientes a rendimientos financieros. En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, mediante las nóminas federales realizó pagos a personal en centros no financiables en el ejercicio fiscal 2021 por 1,270.3 millones de pesos, y partidas no financiables a gastos de operación por 1,044.9 millones de pesos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,315.2 millones de pesos, adicionalmente, tuvieron pagos a trabajadores después de la fecha de baja definitiva por 126.9 millones de pesos y pagos a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2021 o ejercicios fiscales anteriores por 204.4 millones de pesos, correspondientes a la nómina federal, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por un total de 331.2 millones de pesos, las observaciones derivaron en la promoción de acciones.
El Gobierno del Estado de Nuevo León, en específico la Unidad de Integración Educativa del Estado de Nuevo León, dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. La entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.
Ciudad de México.- En una revisión de la Cuenta Pública 2007, realizada por Grupo Sol Corporativo, en la Auditoría: 07-0-36C00-020455 en Adquisición de Bienes Muebles, se constató que el presupuesto ejercido por la Policía Federal Preventiva (PFP) bajo el mando de Genaro García Luna, en la partida 4304 “Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles” se desagregó, ejerció y registró con base en las partidas de los capítulos y conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto como un total de mil 269,879.9 millones de pesos.
Se constató que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio de 2007 se remitió a la Secretaría de Economía mediante el oficio núm. PFP/CAS/ DGRMSGI/DGARMSG/ DA/726/2007 del 28 de marzo de 2007, en cumplimiento de los artículos 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 13-B de su reglamento.
Se revisaron 958,154.1 millones de pesos que representaron el 75.3% del total ejercido (1,272,152.3 millones de pesos) en la Partida 4304 "Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles", que correspondieron a las transferencias que realizó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la Policía Federal Preventiva (PFP) y que se destinaron a la partida 5301 "Vehículos y Equipo Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional".
Áreas Revisadas Las Coordinaciones de Administración y Servicios (CAS), y de Seguridad Regional (CSR); las direcciones generales de Administración y Finanzas (DGAF), y de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura (DGRMASGI), adscritas en la PFP, así como la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El presupuesto original autorizado en la partida 4304 “Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles” fue de 182,670.0 millones de pesos, el cual se modificó con ampliaciones por 1,653,367.3 millones de pesos y reducciones por 563,885.0 millones de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 1,272,152.3 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 1,269,879.9 millones de pesos. Respecto de la diferencia por 2,272.4 millones de pesos, se comprobó que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Por otro lado, se comprobó
que las cifras del presupuesto original y modificado de la partida 4304 “Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles” reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007, coincidieron con las registradas por la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2007 y en los auxiliares contables y presupuestales de la entidad fiscalizada, lo cual da confiabilidad a las cifras, en cumplimiento con los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 242 de su reglamento. Las modificaciones del presupuesto se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria internos y externos y fueron autorizados por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Seguridad Pública y por la SHCP, de conformidad con los artículos 58, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 92, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Al comparar las cifras reportadas como presupuesto ejercido en el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 en la partida 4304 “Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles” (1,272,152.3 millones de pesos) con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto (1,269, 879.9 millones de pesos), se determinó una diferencia por 2,272.4 millones de pesos, originada porque la DGPOP de la SSP reportó el importe de las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas a la PFP menos el importe de los avisos de reintegro presentados por ésta; sin embargo, la PFP presentó en forma extemporánea ( abril, junio y julio de 2008) los avisos de reintegro núms. 1364, 1490 y 1502, en los que se señala como concepto “Devolución de recursos no utilizados por la U.R. C00 Policía Federal Preventiva, correspondientes al presupuesto del ejercicio 2007 de la partida 4303, mediante transferencia electrónica.” y no especificó el importe correspondiente a la partida 4304, por lo que no fueron considerados por la DGPOP de la SSP para la Cuenta Pública. Por lo anterior, las cifras reflejadas en la Cuenta Pública no son confiables, en incumplimiento de los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 234 y 242 de su reglamento. Recomendación 07-036C00-02-0455-01-00.1 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización
En la partida 5301 “Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional” se ejercieron 1,196,696.1 millones de pesos, de los cuales se revisaron 958,154.1 millones de pesos que representaron el 80.1% del total ejercido en dicha partida, los cuales se erogaron como sigue:
TOTAL 958,154.1
SSP/PFP/CNS/103/2007 Adquisición de 150 camionetas FORD F-150XL, doble cabina, servicios especiales, 4X4, modelo 2008, con equipo policial integrado de origen. Adjudicación Directa 84,918.0
SSP/PFP/CNS/104/2007 Adquisición de 600 camionetas FORD F-150XL, doble cabina, servicios especiales, 4X4, modelo 2008, con equipo policial integrado de origen. Adjudicación Directa 337,210.6
SSP/PFP/CNS/105/2007 Adquisición de 850 vehículos auto patrulla de origen, modelo 2008, 8 cilindros, cuatro puertas marca DODGE CHARGER con equipo policial integrado. Adjudicación Directa 394,030.2
SSP/PFP/CNS/099/2007 Adquisición de 3 Helicópteros marca SIKORSKY, modelo S-70ª “BLACK HAWKS”. Adjudicación Directa 141,995.2
Los gastos fueron:
5101 Mobiliario 13,353.6 millones de pesos.
5102 Equipo de administración 2,132.5 millones de pesos.
5103 Equipo educacional y recreativo 27.6 millones de pesos.
5202 Maquinaria y equipo industrial 144.2 millones de pesos.
5204 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 65.5 millones de pesos.
5206 Bienes informáticos 7,953.6 millones de pesos.
5301 Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional 1,196,696.1 millones de pesos.
5401 Equipo médico y de laboratorio 38.3 millones de pesos.
5402 Instrumental médico y de laboratorio 4.6 millones de pesos.
501 Herramientas y máquinas herramienta 116.0 millones de pesos.
5801 Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública 49,200.0 millones de pesos.
5802 Equipo de seguridad pública y nacional 79.1 millones de pesos.
5902 Otros bienes muebles 68.8 millones de pesos.
Superior de la Federación, recomienda que la Policía Federal Preventiva instrumente los mecanismos de control y supervisión que garanticen que en los enteros que se efectúan a la Tesorería de la Federación se señale la partida a la que corresponden, en cumplimiento de los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 234 y 242 de su reglamento.
Se constató que de las economías determinadas por la PFP al cierre presupuestal de 2007, por 2,596.8 millones de pesos, fueron enteradas en forma extemporánea a la Tesorería de la Federación 2,473.7 millones de pesos, mediante los Aviso de Reintegro núms. 1364, 1490 y 1502, del 23 de abril, 27 de junio y 15 de julio de 2008, respectivamente; la diferencia por 123.1 millones de pesos corresponde a ministraciones que se cancelaron, por lo tanto, no fueron recibidas por la PFP.
La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Policía Federal Preventiva instrumente los mecanismos de control y supervisión que garanticen que los reintegros a la Tesorería de la Federación por concepto de economías o ahorros presupuestarios se realicen de conformidad con las disposiciones generales aplicables, en cumplimiento de los artículos 109, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 85 de su reglamento.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07-9-36C00-020455-08-001. La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Policía Federal Preventiva, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión intervinieron en el reintegro extemporáneo a la Tesorería de la Federación por concepto de economías o ahorros presupuestarios del ejercicio 2007, en incumplimiento de los artículos 109, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 85 de su reglamento.
La adquisición de las 750
camionetas FORD F-150XL, doble cabina, servicios especiales, 4X4, modelo 2008, con equipo policial integrado de origen, se efectuó mediante dos procedimientos de adjudicación directa y se sustentó en el artículo 41, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51, fracción IV, de su reglamento; el acreditamiento de los criterios en que se fundó y motivó la selección del procedimiento, así como la justificación de las razones para el ejercicio de la opción se hizo constar en escrito firmado por el titular del área requirente de los bienes, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y fue dictaminada favorablemente por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Séptima Reunión Extraordinaria mediante los acuerdos SE/29102007/A.1.07 y SE/29102007/A.2.07, de conformidad con el artículo 22, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Por otro lado, se comprobó que antes de la adquisición se contó con los recursos presupuestales suficientes para cubrir las erogaciones, como consta en los documentos denominados Formato Único de Adquisiciones (FUA) con folio único 000543 y 000550 y Solicitudes de Suficiencia Presupuestal núms. 130-072 y 140-059, debidamente autorizados por la Dirección General de Programación y Control Presupuestal de la Dirección General Adjunta de Recursos Financieros, en cumplimiento del artículo 25 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de los numerales III.1.2 y III.5.2. de la Circular 01 emitida por la Oficialía Mayor de la SSP, mediante el oficio núm. OM/0440/2006 del 28 de agosto de 2006. Asimismo, se contó con el oficio de liberación de inversión de número OM-OLI-148 del 25 de octubre de 2007, suscrito por el Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual fue presentado ante la SHCP en forma previa al procedimiento de contratación, en cumplimiento de los artículos 156, fracción II, y 156 A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para formalizar la adquisición se celebraron los contratos núms. SSP/PFP/CNS/103/2007 y SSP/PFP/CNS/104/2007 del 9 de noviembre de 2007, por un importe total de 84,918.0 millones de pesos y 337,210.6 millones de pesos (incluyen el Impuesto al Valor Agregado), con una vigencia del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2007.
Redacción/ La Opinión de México
Ciudad de México.- En la revisión de la Cuenta Pública 2019, realizada por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López, se determinaron 6 mil 657,544.00 pesos pendientes por aclarar en la Contratación de Servicios, señala la Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-0410019-0008-2020 8-GB,
Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2019, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto”, correspondiente al Ramo 4 Secretaría de Gobernación “Gasto Corriente”, Capítulo 3000 “Servicios Generales”.
Resultados Los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto; de Recursos Materiales y Servicios Generales; de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; de Radio, Televisión y Cinematografía; del Registro Nacional de Población e Identificación Personal; y de Medios Impresos, no se encuentran actualizados. No se contó con la Matriz de Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios revisados, ni con procedimientos de planeación estratégica relativos a las funciones que desarrolla por la contratación de servicios.
No se realizó el reintegro de 57,633.8 millones de pesos que quedó como presupuesto disponible, al Ramo General 23 por el cierre de fechas del Sistema “Módulo de Adecuaciones Presupuestarias” (MAP). Las contrataciones formalizadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre derivadas de procedimientos de adjudicación de directa se informaron al Órgano Interno de Control con 69, 40 y 8 días naturales posteriores a la fecha establecida en la normativa. De los recursos ejercidos en las partidas seleccionadas para su revisión se detectaron las inconsistencias siguientes:
31602 “Servicios de telecomunicaciones”
No se proporcionaron los reportes e informes que soportan lo señalado en las actas de entrega recepción de los servicios de un contrato.
31901 “Servicios integrales de telecomunicación”
Deficiencias en el procedimiento de adjudicación de un contrato, ya que la investigación de mercado careció de elementos que acreditaran la aceptabilidad del precio y los precios máximos de referencia; y los criterios en los que se fundamentó la adjudicación directa no se apegaron a lo elementos establecidos en la normativa.
32701 “Patentes, derechos de autor, regalías y otros”
En un contrato plurianual no se determinó el presupuesto total así como el relativo a los ejercicios 2019 y 2020, y en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes no se consideraron los costos que se encontrarían vigentes.
33801 “Servicios de Vigilancia”
No se proporcionaron los entregables que acrediten la prestación de los servicios establecidos en dos contratos por 886.5 y 5,771.1 millones de pesos.
34501 “Seguro de Bienes Patrimoniales”
No se contó con el Programa Anual de Aseguramiento Integral del ejercicio
2019, ni se remitió en tiempo y forma los reportes de los siniestros ocurridos durante el ejercicio 2019 mediante el Sistema Integral de Administración de Riesgos.
35801 “Servicios de lavandería, limpieza e higiene”
Los representantes lega-
les de cuatro empresas que de conformidad con la documentación proporcionada por la SEGOB participaron en el procedimiento de adjudicación de un contrato, informaron que no recibieron solicitud de cotización y por consecuencia no presentaron cotización para la prestación
Se seleccionaron, para su revisión, 11 partidas presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales” de la Secretaría de Gobernación, de las que se revisó una muestra de 953,330.6 millones de pesos, que representó el 44.2% del presupuesto total ejercido en dichas partidas de gasto por 2 mil 157,696.6 millones de pesos, como se muestra a continuación:
31602 Servicios de telecomunicaciones 34,481.4 millones de pesos.
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 57,580.1 millones de pesos.
31901 Servicios integrales de telecomunicación
88,414.4 millones de pesos.
31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 240,901.5 millones de pesos.
32201 Arrendamiento de edificios y locales 124,643.2 millones de pesos.
32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 15,461.9 millones de pesos.
33602 Otros servicios comerciales 16,226.1 millones de pesos.
33801 Servicios de vigilancia 33,818.3 millones de pesos.
34501 Seguros de bienes patrimoniales 42,684.6 millones de pesos.
35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene
39,783.7 millones de pesos.
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 259,335.4 millones de pesos.
del servicio. Asimismo, al comparar las firmas de las representantes legales plasmadas en los oficios de solicitud y envió de cotización de tres de las citadas empresas, con las identificaciones oficiales proporcionadas, se comprobó que son inconsistentes.
36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”
No se realizaron los informes semestrales sobre los gastos relativos a Campañas de Comunicación Social.
Se realizó una consulta en el Sistema de Compras Gubernamentales para realizar una campaña de Comunicación Social; sin embargo, ésta se realizó considerando parámetros de búsqueda muy particulares, lo que imposibilitó identificar prestadores de servicios que pudieron ser susceptibles de cotizar.
De 42 pedidos suscritos para la realización de dos campañas no se proporcionó evidencia documental de haber solicitado cotizaciones a diversos proveedores para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
De 5 empresas adjudicadas no se contó con la opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos y de 2 empresas no se contó con la opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.
El dictamen de la ASF se emitió el 14 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la Secretaría de Gobernación para la contratación de servicios, a efecto de verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Gobernación cumplió con las disposiciones, legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:
Se detectaron debili-
dades en la adjudicación, contratación, operación, comprobación y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas seleccionadas del Capítulo 3000 “Servicios Generales”, toda vez que no se realizó el reintegro de los recursos no ejercidos a nivel central por 57,633.8 millones de pesos, ya que no se consideraron las fechas de cierre del ejercicio presupuestario 2019, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que no se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
No se realizó una adecuada ejecución y supervisión de un procedimiento de contratación de los servicios integrales de telecomunicación, toda vez que existieron diversas omisiones identificadas en la investigación de mercado, en el estudio de factibilidad, así como en la elaboración, revisión y suscripción del contrato, por lo que no es posible asegurar que las contrataciones realizadas cumplieron en términos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad; tampoco, en la contratación del servicio de alimentación para empleados, se aseguraron de contar con la totalidad de la información que debían haber presentado las empresas participantes en dicho proceso. Adicionalmente, de 2 contratos para la prestación del servicio de vigilancia, se realizaron pagos improcedentes por 6,657.5 millones de pesos, toda vez que se identificaron pagos en exceso, inasistencias de elementos, falta de fatigas y fatigas que carecen de la firma de visto bueno del responsable por parte de la dependencia. En relación con el procedimiento de adjudicación de la contratación del servicio de limpieza, se realizaron actos inconsistentes, ya que de las cinco empresas a las cuales se les solicitó cotización y que presentaron dichas cotizaciones, mediante solicitud de la Auditoría Superior de la Federación, los representantes legales de las cuatro empresas no ganadoras informaron que en ningún momento recibieron, por parte de la SEGOB, solicitud alguna de cotización y, por consecuencia, no la presentaron; asimismo, con la comparación de firmas de la información proporcionada por los representantes legales referidos, contra la documentación proporcionada por la dependencia, se comprobó que son inconsistentes.
Redacción/ La Opinión de México
Ciudad de México.- El grupo Escorpión del Cártel del Golfo (CDG) arrancó una agresiva campaña para reclutar nuevos “halcones” y “sicarios” en el Estado de Tamaulipas para dar la batalla contra las últimas células de Los Zetas y sus otrora amigos del grupo “Panteras”, también del Cártel del Golfo, pero hoy en una eventual alianza con la organización criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En polémicos videos, el Cártel del Golfo empezó a circular imagen de la detención de diez exintegrantes de Los Zetas en el estado de Tamaulipas, los cuales fueron sometidos en enfrentamientos por el grupo “Escorpiones”, en dichos mensajes ofrecen empleo de estacas, halcones y sicarios, bajo la promesa que ellos “no abandonan”.
Los sicarios detenidos aparecen con las cabezas vendadas, algunos visiblemente golpeados, desaliñados y mugrosos, así como todos sometidos y dando las gracias a la organización del grupo Escorpiones.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en entidades como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Veracruz hace “reclutamientos” de forma más soterradas. Con sus jóvenes -algunos de ellos, incluso juniors de escuelas privadas- empiezan a invitar a sus futuros integrantes (tiradores, estacas, halcones o sicarios) a fiestas, donde pulula el alcohol, la droga y jóvenes prostitutas y se les muestran las bondades falsas del narcotráfico como dinero fácil, fiestas y mujeres y posteriormente, caen en reclutamiento forzado, como lo han demostrado varios testimonios de quienes han logrado salir con vida de ese círculo vicioso.
Quienes han logrado salir de ahí, son por escapatoria y
condenarse a un exilio regional de la zona donde delinquían, a un anexo antidrogas o arriesgarse a ser perseguidos hasta no ser dados de baja (ejecución violenta).
En Sinaloa, los reclutamientos son más selectivos, pues la organización que ahora liderean “Los Chapitos”, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar ponderan los negocios en el norte del país, recintos portuarios y contactos en naciones extranjeras, por encima del baño de sangre, razón por la que jerarquizan corromper corporaciones policiales y dentro de la Fiscalía o al interior de los juzgados, destinado fuertes cantidades de dinero, autos de lujo o departamentos tipo pent-house como soborno para obtener prebendas y beneficios en los sistemas de seguridad, procuración e impartición de justicia.
Los sobornos policiales son también para tener contactos en aeropuertos y recintos portuarios, por lo que solo reclutan a jóvenes de la sociedad civil para trabajar y administrar sus restaurantes, giros negros y comercios para lavar dinero y no tanto como sicarios.
Un dato revelador, desde hace un año, la Secretaría de Marina Armada de México se hizo de los controles de seguridad de siete aeropuertos del país, desplegando más de mil 500 elementos -entre ellos la terminal 1 y 2 de la Ciudad de México- por la gran cantidad de precursores químicos que se estaban colando por ahí, para elaborar metanfetaminas, grapas de cocaína con fentanilo y otras de las llamadas drogas sintéticas, ante la incompetencia o complicidad de los empleados aduanales, de seguridad pública y privada.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que el 2023 ha arrancado muy violento en sus primeros cuatro
*Organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, Cártel de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa amplían de forma explicita sus “vacantes de empleo” en redes sociales o de voz a voz en giros negros
*En el baño de sangre en el Golfo de México, Bajío mexicano y occidente, 5 mil, 913 personas han muerto por armas de fuego en los primeros cuatro meses del año: Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz concentran el mayor número de homicidios
*El repliegue del Cártel de Santa Rosa de Lima, la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el bajío mexicano y la ruptura del Cártel del Golfo en Tamaulipas y Veracruz desencadenó un baño de sangre en varías regiones del país
*Entidades que en el pasado eran pacificas como Oaxaca, Chiapas y Puebla empiezan a registrar incrementos en sus números de homicidios
*El reclutamiento de nuevos sicarios se da vía redes sociales o contactos en escuelas o antros de vicio
meses del año, contabilizando al cierre de abril un total de 13 mil, 858 homicidios en el país; de los cuales 5 mil, 915 han ocurrido con armas de fuego.
Es más, el número de feminicidios se ha disparado con 281 casos, además, en los primeros cuatro meses del año, las distintas fiscalías del país ya concentran 31 mil, 102 denuncias por narcomenudeo.
Los estados con mayor número de homicidios según el SESNSP son Estado de México con mil, 287 asesinatos, Guanajuato con mil, 210 homicidios en los primeros cuatro meses del año -más de 300 asesinatos por mes-, Jalisco con 846, Veracruz con 580 homicidios, Ciudad de México con 463 y Zacatecas con 415.
El baño de sangre en el primer cuatrimestre del 2023 se explica por el repliegue del Cártel de Santa Rosa de Lima en el bajío mexicano, el cual ya solo concentra operaciones en el robo de combustible y extorsión en municipios como Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande y Penjamo; así como la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) qué tomó por asalto las entidades de Guanajuato y Zacatecas donde hoy se encuentra librando una férrea batalla para hacerse del control de las actividades ilícitas, como trasiego de
droga, trata de personas, robo de combustible, secuestro y extorsión.
Otra región considerada hoy un auténtico foco rojo, es el estado de Tamaulipas y la huasteca veracruzana, pues por la ruptura del Cártel del Golfo, en la parte alta del Golfo de México se desencadenó un baño de sangre.
En ciudades como Matamoros, Nuevo Laredo, alrededores de Victoria, San Fernando y Mier, hay enfrentamientos a diario, con un número indeterminado de víctimas.
En el polígono que comprende los municipios veracruzanos de Poza Rica, Tihuatlán y Papantla, han ocurrido más de 25 ejecuciones y 15 desapariciones en los últimos 20 días de abril y primeros 7 días de mayo. En esos tres municipios ya gobierna Morena.
Peor aún, entidades que en el pasado eran pacificas como Oaxaca, Chiapas y Puebla empiezan a registrar incrementos en sus números de homicidios.
Por ejemplo, en Oaxaca van 700 homicidios en los primeros cuatro meses del año y en el 2015 ocurrieron 415 pero en todo el año; y en Chiapas van 447, mientras que en el 2015 ocurrieron 500 pero en todo el año.
Grupo Sol que da cuenta del número de ejecuciones por fin de semana, contabilizó 221 ejecutados en el fin de semana del 12 al 14 de mayo, en donde tan solo en Guanajuato hubo 31 personas abatidas, mientras que en Baja California ocurrieron 23 ejecuciones, la mayoría de ellas en Tijuana y municipios cercanos.
En Jalisco hubo 19 ejecuciones en ese fin de semana y en el Estado de México 21. Incluso el lunes 15 de mayo, en pleno día del maestro se llevaron a cabo 100 ejecuciones, la mayoría de ellas concentradas en Baja California, Guanajuato, Morelos y Veracruz.
Redacción/ La Opinión de México
Ciudad de México.- Desde que Claudia Sheinbaum Pardo dijo “si protestó” como jefa de gobierno a la Ciudad de México en diciembre del 2018 y hasta el último día de abril del 2023. En la capital del país se han suscitado 7 mil 356 homicidios. De esta cifra, 3 mil 142 personas fueron asesinadas con armas de fuego en la llamada ciudad de la esperanza, de acuerdo con cifras obtenidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En feminicidios, la Ciudad de México figura como una de las principales regiones donde se atenta contra las mujeres, pues desde que Sheinbaum tomó las riendas de la capital del país han ocurrido 312 feminicidios. En este delito, la Ciudad de México apenas aparece por debajo de entidades como Veracruz, Estado de México y Jalisco, entidades sacudidas por la narcoviolencia.
El mismo SESNSP arroja que en Ciudad de México, desde que entró Sheinbaum, ocurren 4.6 homicidios por día.
Desde hace un par de años, Sheinbaum Pardo empezó a descuidar la administración y la decisión de políticas públicas en la Ciudad de México por elucubrar con una eventual candidatura presidencial en el 2024 y así suceder a Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Al interior de Morena y del Gobierno Federal, Claudia Sheinbaum ha sido bautizada como “la corcholata”, al igual que los otros Secretarios de Despacho, Adán Augusto López de Gobernación y al de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Causabon, quienes son los favoritos del propio
López Obrador, para sucederlo en el próximo periodo 2024-2030.
“Yo quiero que sea Claudia, pero sí no es ella. Le va a tocar a Adán”, ha confesado, López Obrador a su círculo más cercano de colaboradores.
Y en esa tesitura, la aun Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum solo administra la capital del país de lunes a jueves, pues viernes sábados y domingos hace “giras de trabajo” a los estados que considera sus bastiones como Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Estado de México entre otros, en donde dicta conferencias magistrales de “como gobernar” la capital del país, de gestión pública y asiste a mítines políticos. Mientras tanto, la grave crisis de inseguridad continúa en la Ciudad de México.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que en los primeros cuatro meses del 2023 (enero a abril) ocurrieron en Ciudad de México: 463 homicidios, de los cuales 163 fueron con arma de fuego y van 16 feminicidios. Además ocurrieron 25 mil 877 robos –asentados en denuncias penales, sin contar los que no se denuncian, de los cuales mil 142 fueron a casa habitación y mil 877 a vehículo automotor.
El mismo Secretariado Ejecutivo ilustró que en el 2022 ocurrieron en la capital del país: mil 441 homicidios, de los cuales 446 fueron con arma de fuego, así como 74 feminicidios. Hubo además, 4 mil 394 denuncias por narcomenudeo.
En el 2021, uno de los años más álgidos de su gestión, y cuando ya empezaban sus elucubraciones presidenciales, la Fiscalía General del Estado de la Ciudad de México aperturo mil 537 denuncias
*La violencia y el narcomenudeo se dispararon en la capital del país, desde que la doctora, Claudia Sheinbaum Pardo tomó las riendas en diciembre del 2018
*Con claras aspiraciones presidenciales, la especialista en medio ambiente y ciencias pretende ser la primera mujer presidenta que gobierne el país, pese a que la Ciudad de México le ha quedado demasiado grande en temas de seguridad y en el transporte público como el colapsado Metro
*En Ciudad de México ocurren 4.6 homicidios por día. Muchos homicidios y carpetas de feminicidio sin resolver en la llamada Ciudad de la Esperanza
penales por homicidios, en los cuales, consignaba que 614 asesinatos fueron con armas de fuego. Además ocurrieron en este mismo lapso, 68 feminicidios.
En el mismo registro de homicidios y delitos violentos en la Ciudad de México en la administración de Claudia Sheinbau, en el 2020 se registraron mil, 771 homicidios con arma de fuego; 768 con arma de fuego y 78 feminicidios. Además la FGE de CDMX abrió 5 mil 404 denuncias por narcomenudeo y 112 por trata de personas, delito de explotación sexual en plena capital del país, que ha captado la atención incluso de medios internacionales.
En el 2019, la ciudad más poblada de México registró mil, 997 homicidios, de los cuales más de la mitad (1004) se presentaron con arma de fuego. Así como 72 feminicidios. En el 2018, durante el primer mes de gobierno de Sheinbaum se registraron 147 homicidios, de los cuales 106 fueron con arma de fuego.
Sheinbaum Pardo ha sido el blanco de ataques de la oposición, pues ha priorizado sus giras al interior del país y el proporcionar conciertos gratuitos para la población tanto en el Zócalo de la Ciudad como en el Monumento a la Revolución. Hasta ahora han tocado grupos de renombre internacional como Los Tigres del Norte, Intocable, Grupo Firme, Rosalía, el tres de junio tocara la banda argentina, Los Fabulosos Cadillacs.
Sandra Cuevas (gráfica), la alcaldesa de Cuauhtémoc –la delegación más importante de la Ciudad de México- acusó a Sheinbaum de “derrochar más de un millón de dólares”
Los propios voceros de Sheinbaum, han soltado a la prensa, de qué antes de que acabe el año buscan cerrar al fenómeno de corridos tumbados, Peso Pluma, al francés Manu Chao o incluso al reguetonero colombiano, Maluma.
Este derroche de recursos públicos, los cuales pudie-
ran ser orientados a reforzar la seguridad en la capital del país, a la compra de patrullas o armas, o a destinar luminarias en colonias marginales e incluso a invertir en el mantenimiento del metro, le han valido una oleada de críticas a la primera autoridad de gobierno en la capital del país.
Por ejemplo, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc –la delegación más importante de la Ciudad de México- acusó a Sheinbaum de “derrochar más de un millón de dólares” en espectáculo gratuitos para alentar sus aspiraciones presidenciales.
“Y lo hace con el dinero de nuestros impuestos que debió destinar en infraestructura vial, mantenimiento al Metro, niños y mujeres con cáncer, seguridad, etc. Con este proselitismo, ella misma acaba de sepultar sus aspiraciones presidenciales”, expresó Cuevas.
Otra política, la panista, Kenya López –y quien aspira a suceder a Claudia Sheinbaum- ha acusado a la jefa de gobierno de “inhumana” ante la ola de feminicidios y asesinatos en la Ciudad de México, y en la que ella –según Lópezestá más abocada a aceitar sus aspiraciones presidenciales.
“Hoy las víctimas no tienen justicia, las familias no tienen seguridad. Claudia Sheinbaum es tan inhumana, como irresponsable. Anda en campaña de forma ilegal y le da la espalda a las mujeres de la Ciudad de México”, ha recriminado la Senadora en distintos espacios de televisión.
Claudia Sheinbaum poco ha hecho caso a la oleada de críticas, pero los más de 7 mil homicidios y más de 300 feminicidios durante su gestión en la Ciudad de México, es una fuerte lapida que habrán de seguirla en las próximas elecciones.
Redacción / La Opinión de México Ciudad de México.Mientras que grupos ambientalistas y propietarios de tierras expropiadas hacen esfuerzos por contener los excesos cometidos por la autoridad en la construcción del tramo 4 del Tren Maya que corre de Izamal a Cancún, el Fondo Nacional para Fomento del Turismo (Fonatur) mantiene impune el desproporcionado desvío de recursos que ascienden a más de mil millones de pesos.
El último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló que la dependencia federal encargada de la construcción de plataforma y vía del Tren Maya que correrá de Izamal a Cancún en los estados de Yucatán y Quintana Roo no ha podido aclarar 1 mil 86 millones 757 mil 360 pesos.
Esta exorbitante cantidad de dinero faltante fue puesta en evidencia en la auditoría de cumplimiento a inversiones físicas identificada con la nomenclatura 2021-3-21W3N-22-01152022, en su modalidad presencial, con número de auditoría 115.
Las empresas vinculadas al millonario desvío de recursos son el Consorcio del Mayab, S.A. de C.V.; ICA Constructora, S.A. de C.V.; ICA Constructora de Infraestructura, S.A. de C.V., así como Triada Diseño, Gerencia y Construcción, S.A. de C.V.; Egismex, S. de R.L. de C.V., Triada Consultores, S.A. de C.V. y Transconsult, S.A. de C.V.
Durante la revisión documental y presencial por parte de los funcionarios de la ASF a los contratos que otorgó Fonatur a las empresas señaladas, dictaminaron 7 solicitudes de aclaración y un pliego de observaciones.
El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los
recursos federales canalizados al Proyecto Tren Maya, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) incumplió con algunas de las disposiciones legales y Grupo Funcional Desarrollo Económico.
Estos incumplimientos son pagos en exceso por 3 millones 742 mil pesos por inconsistencias en el rubro del costo por financiamiento; además de obra pagada no ejecutada por un monto de 6 millones 109 mil pesos, en el concepto “formación de relleno tipo pedraplén con materiales de tamaño entre 100 mm y 900 mm”.
A las anomalías encon-
*Mediante la liquidación de obras no realizadas y pagos excesivos a empresas constructoras, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) desvío más de mil millones de pesos en el Tramo 4 del Tren Maya
* Las empresas vinculadas al millonario desvío de recursos son Consorcio del Mayab, S.A. de C.V.; ICA Constructora, S.A. de C.V.; ICA Constructora de Infraestructura, S.A. de C.V., así como Triada Diseño, Gerencia y Construcción, S.A. de C.V.; Egismex, S. de R.L. de C.V., Triada Consultores, S.A. de C.V. y Transconsult, S.A. de C.V.
tradas por la Auditoría Superior de la Federación se suman pagos en exceso por un monto de 45 millones 928 mil pesos por inconsistencias en el cálculo de ajuste de costos; así como pagos en exceso por un monto de 48 millones 763 mil miles de pesos, en los informes mensuales de obra y supervisión, por no acreditar la participación del personal incluido en sus precios unitarios.
Los auditores federales también encontraron que Fonatur realizó pagos en exceso por un monto de 20 millones 118 mil pesos, en 3 conceptos de la subpartida de "terraplenes, por diferencias volumétricas e insumos no utilizados.
Además, los funcionarios de Fonatur y las empresas cómplices pactaron pagos en exceso por un monto de 68 millones 882 mil pesos, en 5 conceptos de la subpartida “obra civil pasos vehiculares”, debido a que se consideraron cantidades superiores en el costo directo de materiales.
Los desvíos más significativos detectados en los recursos de la Cuenta Pública 2023 entregados a Fonatur Tren Maya Tramo 4 fueron los pagos en exceso por un monto de 492 millones 942 mil pesos, en 3 conceptos de la subpartida de “muros de contención”, debido a que se consideraron cantidades superiores en el costo directo de materiales.
Asimismo, se realizaron pagos en exceso por un monto de 400 millones 271 mil pesos, en 6 conceptos de la subpartida de “pavimentos”, debido a que se consideraron cantidades
superiores en el costo directo de materiales.
A toda esta maraña de desvíos de dinero en el que incurrieron tanto los funcionarios corruptos de Fonatur y las empresas cómplices, se suman una serie de violaciones a las leyes ecológicas, y aquellas de materia mercantil y agrarias.
Tal es el caso de la denuncia penal contra funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Secretaría de Marina Armada de México (Semar), por la violación a la suspensión definitiva concedida en amparo a los dueños del predio Camino del Sol, donde el gobierno busca que pase el Tren Maya en su Tramo 5 Norte.
Según la denuncia número FED/QR/ CUN0000309/2023, interpuesta la tarde del martes 16 de mayo en la FGR Delegación Cancún, y además, ingresaron un incidente de violación de la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo indirecto 1954/2022.
Los denunciantes acusaron que, pese a que estaba prohibido por mandato del Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, los trabajadores y funcionarios federales reanudaron los trabajos en el predio conocido como Camino del Sol, ubicado al norponiente de Playa del Carmen.
En el lugar se encontraban elementos del Cuerpo de Ingenieros Militares deambulando por el terreno, donde han construido una brecha para el paso de maquinaria pesada. Asimismo, trabajadores del Tren Maya tramo 5 Norte buscaron impedir la documentación del hecho, pues exigieron dejar filmar y tomar fotografías del lugar.
Además, los grupos ambientalistas han interpuesto diversas denuncias para impedir la devastación y un posible ecocidio en las zonas, sin embargo, tanto jueces como autoridades federales hacen caso omiso y continúan los trabajos del Tren Maya, que con día con día se erige como el gran monumento de la corrupción y la impunidad.
Ciudad de México.- Con la revisión de la documentación que acreditó los pagos del servicio integral de apoyo logístico de las reuniones de trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que dirige Marcelo Ebrard Casaubón, ejerció recursos por 153,605.8 millones de pesos, relacionados con los contratos números SREDRM-LP-24/17, y su con-
venio modificatorio, y SREDRM-LP-14/18, Mediante 111 escritos, los administradores responsables de verificar el cumplimiento del contrato acreditaron que recibieron los servicios integrales argumentando que se daban por aceptados y concluidos los servicios a entera satisfacción a efecto de hacer procedentes los pagos; sin embargo, dicho documento no acredita la verificación realizada por dichos administradores, toda vez que, como
En el análisis de la documentación que avala la solicitud de los servicios y los pagos de los recursos ejercidos por 34,857.5 millones de pesos, relacionadas con los contratos abiertos plurianuales números SRE-DRMLP-55/16 y SRE-DRM-LP-26/17, del servicio integral de transportación terrestre (Ciudad de México) y el arrendamiento de vehículos terrestres para las delegaciones ubicadas fuera de la Ciudad de México, respectivamente, se detectaron las deficiencias siguientes: 1. Respecto al contrato abierto plurianual núm. SRE-DRM-LP-55/16 con una vigencia del 1 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019:
a) De la solicitud de los servicios para efectuar el mantenimiento preventivo o correctivo a los vehículos, se constató que el prestador de servicios emitió 230 formatos de solicitud correspondientes sólo a 106 vehículos del total de 169 vehículos arrendados, en los que se especificó la fecha, el servicio solicitado, el número de placas, marca, submarca, color y kilometraje del vehículo suscritos por el prestador servicios; sin embargo, dichos documentos carecen del visto bueno del administrador del contrato, y 62 formatos carecen del sello de “recibido” por parte de la SRE; asimismo, no se contó con el documento que acredite que los servicios solicitados de los 106 vehículos fueron entregados por el prestador de servicios en tiempo y forma, o bien, de la sustitución de los mismos, motivo por el cual no se pudo verificar que efectivamente no se incurrió en un atraso que haya originado penas convencionales.
b) No se emitieron bitácoras de la utilización de los vehículos para acreditar el personal que los utilizó, así como las fechas, el tiempo, uso y destino del servicio de cada vehículo arrendado, y por tanto, no se pudo verificar si la prestación de los servicios de vehículos terrestres se realizó de conformidad con lo estipulado en el contrato y si dichos vehículos fueron utilizados para actividades oficiales; en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
c) Los pagos de los servicios se sustentaron en 12 validaciones mensuales emitidas por el prestador del servicio, las cuales describen lo siguiente: número de serie, tipo de vehículo, marca, modelo, periodo, tarifa, días de uso y renta mensual; sin embargo, carecen del visto bueno por parte del administrador del contrato, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
d) Se determinaron deducciones de servicios no proporcionados por 3.2 millones de pesos de lo que se proporcionó evidencia del reintegro a la cuenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el 23 de marzo de 2018; sin embargo, no se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, y 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7 fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
k) En 18 casos, no se contó con copia del pasaporte diplomático.
ya se mencionó, no se proporcionó la documentación que avaló la ejecución de los eventos en tiempo y forma.
En la justificación para la contratación del servicio, el Coordinador de Logística de Eventos de la Oficialía Mayor estableció la necesidad de la contratación de servicios integrales para atender visitas de Estado, presentación de cartas credenciales de las representaciones, reuniones de trabajo con Jefes de Estado, mandatarios, y funcionarios extranjeros, y celebración de foros regionales con delegaciones de otros países con los cuales se tiene relaciones comerciales, diplomáticas y políticas; no obstante, se pa-
garon 19 eventos por 5,311.1 millones de pesos que no corresponden a los conceptos requeridos de los servicios integrales antes señalados, toda vez que correspondieron a la celebración del Trabajador de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2017.
Firma del Convenio de Colaboración S.R.E.-S.E.P.; Desayuno promoción de la candidatura de (…) al “Comité Jurídico Interamericano"; Celebración del día de las madres 2018 de la S.R.E.
Ejercicio de simulación “Jaguar Negro”; Taller sobre prevención y asistencia a personas migrantes; Programa Escuelas México: Ganadores de los concursos "Mejor aprovechamiento de sexto grado" y "Concurso de pintura infantil”; Estrategia de gestión integral del riesgo de desastres primera etapa: actividades 2018
Empoderamiento económico con perspectiva de género; exposición Istmo de Tehuantepec, tratos, relatos y retratos; Taller de normalización y evaluación de la conformidad; Encuentro de la comunidad del sello de igualdad de género; Servicio de grabación video y audio del macrosimulacro; Décima edición de las jornadas de acceso a la justicia para Mujeres Indígenas 2018; Feria de la Salud 2018, Tercera reunión del dialogo de movi-
a dichos incisos. No obstante, lo informado por la SRE, no se proporcionó el mecanismo de control o las acciones a implementar para fortalecer sus controles, por lo que no se atiende lo observado.
Recomendación 2018-005100-19-0026-01-006 para que la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a efecto de que en los escritos que establezcan que se recibieron los servicios y se den por aceptados a entera satisfacción por
parte de los administradores del contrato, se adjunte la documentación que acredite la verificación realizada por dichos administradores respecto del cumplimiento en la prestación del servicio en tiempo y forma de los contratos, tales como listas de registro de asistencia, memorias fotográficas, constancias, e invitaciones, entre otros, a efecto de hacer procedentes los pagos.
lidad de personas; Curso de conocimiento y utilización de las imágenes de los satélites goest 16 y geonet cast; V Foro Internacional "Procuración de justicia y empoderamiento de las mujeres”.
Y como alcanzar el desarrollo sostenible ante el cambio tecnológico acelerado, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo, segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De los pagos efectuados de los servicios integrales ci-
tados por 153,605.8 millones de pesos sólo se proporcionaron las órdenes de trabajo y el escrito del área usuaria de recepción de los servicios a entera satisfacción, por lo que de los 111 eventos efectuados, la SRE no acreditó el personal y funcionarios invitados que participaron en los mismos (listas de registro de asistencia), memorias fotográficas y constancias e invitaciones, entre otros, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Cabe señalar, que la realización de algunos de los eventos fueron corroborados mediante la búsqueda efectuada en las páginas de internet. En respuesta de la presentación de resultados finales, la SRE remitió oficio de fecha 10 de mayo de 2019 mediante el cual el titular de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) solicitó a la Coordinadora de Logística y Eventos de la SRE instruir a las áreas requirentes de los servicios revisados para que se implementen acciones relativas a lo señalado en los incisos a y c antes señalados, a efecto de transparentar la rendición de cuentas relativos
Del contrato abierto plurianual núm. SRE-DRMLP-26/17 con una vigencia del 29 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019:
a) La Dirección General de Delegaciones no proporcionó evidencia documental que acredite que se llevaron a cabo las verificaciones del servicio de arrendamiento de vehículos en un término de 5 días hábiles posteriores al mes inmediato anterior, de conformidad con los Anexos uno, tres y cuatro del contrato referido.
b) No se emitieron bitácoras de la utilización de los vehículos para acreditar el personal que lo utilizó, así como las fechas, el tiempo, uso y destino del servicio de cada vehículo, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
c) Se identificó que en el mes de julio de 2018, las delegaciones en los estados de Michoacán y Morelos reportaron incidencias de 2 vehículos tipo Sedan Básico Chevrolet AVEO, sin que se proporcionara evidencia de la sustitución de los vehículos por parte del prestador de los servicios; al respecto, la SRE efectuó el cálculo de la penalización a partir de la fecha en que los vehículos ingresaron al taller, la cual debió ser la fecha de la llamada al “call center”, de acuerdo con lo estipulado en dicho contrato, lo que originó que no se efectuaran cobros de penalizaciones al prestador del servicio por un total de 4.5 millones de pesos, en incumplimiento del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y numerales 2.4.1 y 2.5.1 del Anexo uno del citado contrato.
d) El prestador del servicio realizó la sustitución de 27 vehículos por siniestro o reparación correspondientes a las delegaciones en Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Tapachula y Veracruz; sin embargo, 5 vehículos que fueron sustituidos no se correspondieron con las especificaciones del Anexo uno del referido contrato, sin que se proporcionara evidencia de la aplicación de la penalización correspondiente, en incumplimiento del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, y numerales 3 y 10, inciso f, del Anexo uno del contrato citado.
e) Se realizaron pagos por 28.6 millones de pesos por concepto de 3 vehículos sustitutos correspondientes a las delegaciones en Campeche, Quintana Roo y Tijuana sin que se proporcionara el acta de entrega-recepción que acreditara que el prestador del servicio realizó la entrega de dichos vehículos, en incumplimiento del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y numeral 2.2.1 del Anexo uno, del citado contrato.
f) Se identificó que siete vehículos asignados a las delegaciones en Campeche, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz no fueron utilizados durante los meses de enero, marzo, junio, julio y noviembre de 2018, de los cuales se realizaron pagos por 86.9 millones de pesos, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
g) De conformidad con los servicios no proporcionados, se efectuaron reintegros a la cuenta de la SRE con motivo de la aplicación de la penalización por 6.4 millones de pesos; al respecto, no se proporcionó evidencia del reintegro a la TESOFE, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, y 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Redacción / La Opinión de México
Ciudad de México.-
Con el oficio núm. SAF/ SE/5045/2018 del 6 de diciembre de 2018, la Subsecretaría de Egresos de la SAF comunicó al titular de la SSC, Omar Hamid García Harfuch, el techo presupuestal preliminar por un monto de 17,660,671.4 millones de pesos; de éstos, 100,000.0 millones de pesos se asignaron al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”; 240,126.6 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y 60,031.6 millones de pesos al FASP Contraparte Local. La SAF también indicó que el envío de la información de los Módulos de Integración por Resultados (Guión del POA, marco de política y proyecto de POA) y de Integración Financiera (Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Analítico de Claves), en versión electrónica, sería a más tardar los días 8 y 10 de diciembre de 2018, respectivamente; y los reportes que genera el sistema SAP-GRP con firma autó-
grafa del titular, en forma impresa, a más tardar el 12 de diciembre de 2018.
Al respecto, mediante el oficio núm. SSC/OM/ DGRF /6349/2018 del 12 de diciembre de 2018, con sello de recepción del 14 de diciembre de 2018, la SSC remitió a la Subsecretaría de Egresos de la SAF en forma impresa, la información de los Módulos de Integración por Resultados y Financiera de la SSC para el ejercicio de 2019, por un monto de 17,660,671.4 millones de pesos, de los cuales 100,000.0 millones de pesos corresponden al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”.
En respuesta a la confronta realizada por escrito con fecha 22 de septiembre de 2020, la SSC no presentó información adicional a la proporcionada durante la auditoría, por lo que la presente observación prevalece.
Por remitir los reportes que generó el sistema SAPGRP correspondientes a los Módulos de Integración por Resultados y Financiera de la SSC para el ejercicio de 2019 con dos días de desfase, la SSC incumplió el plazo establecido en la fracción I, “Presentación”,
numeral 3, “Plazos para la Integración y Envío de Información”, actividad “Reportes e Información”, del Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019, emitido por la SAF y dado a conocer a la SSC mediante el oficio núm. SAF/SE/5045/2018 del 6 de diciembre de 2018, vigente en 2019. La estructura del An-
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México núm. 482 Tomo II del 31 de diciembre de 2018, se publicó el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, en el artículo 5, se estableció que a la SSC se le asignó un presupuesto de 17,497,387.6 millones de pesos.
Con el oficio núm. SAF/SE/0112/2019 del 10 de enero de 2018, la Subsecretaría de Egresos de la SAF comunicó al titular de la SSC, el techo presupuestal, el Analítico de Claves y el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, correspondientes al presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por 17,497,387.6 millones de pesos; de éstos, 100,000.0 millones de pesos se asignaron al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”; 240,126.6 millones de pesos al FASP; 60,031.6 millones de pesos del FASP Contraparte Local; y 30,000.0 millones de pesos al Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED).
Con los oficios núms. SAF/SE/0390/2019 y SAF/ SE/0648/2019 del 28 de enero y del 11 de febrero de 2019, respectivamente, la Subsecretaría de Egresos de la SAF comunicó a la SSC el calendario presupuestal y el POA aprobado para el ejercicio fiscal de 2019, respectivamente; ambos por un monto de 17,497,387.6 millones de pesos, importe que coincidió con el indicado en el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019 y en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019.
teproyecto de Presupuesto de Egresos para 2019 considera las bases para la programación; es decir, incluye los objetivos, políticas, prioridades y metas de la SSC correspondientes a la partida 5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales”, la cual se encuentra incluida en la actividad institucional 341 “Protección y Vigilancia con Proximidad a la Ciudadanía”, donde se programaron 8,285,541 servicios.
En el análisis de la información y documentación proporcionadas por la SSC, se observó que los elementos de valoración que se consideraron para planear la adquisición de las 244 motocicletas tipo
patrulla con cargo a la partida 5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales” fueron la variación porcentual anual del índice delictivo en la Ciudad de México, para la meta física, y una proyección financiera de acuerdo a costos promedio por bien o servicio, para la meta financiera, y los mecanismos de identificación fueron planes, programas, operativos y acciones desarrolladas por la Subsecretaría de Operación Policial, elementos empleados para el cálculo y determinación de las metas físicas y financieras establecidas en el anteproyecto de presupuesto, de conformidad con los artículos 24, fracción II; y 25, fracción III, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, vigente en 2018; y el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019.
En el Analítico de Claves se asignaron 100,000.0 millones de pesos al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, los cuales fueron reportados en el Informe de Cuenta Pública de 2019 de la SSC y, en específico, se asignaron a la partida 5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales” seleccionada como muestra, monto que se programó ejercer en el eje 2 “Gobernabili-
dad, Seguridad y Protección Ciudadana”, finalidad 1 “Gobierno”, función 7 “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior”, subfunción 1 “Policía” y actividad institucional 341 “Protección y Vigilancia con Proximidad a la Ciudadanía” del POA; acciones que estuvieron alineadas con el Programa de Gobierno 2019-2024, publicado en la dirección electrónica plazapublica.cdmx.gob. mx.
Se concluye que el presupuesto asignado a la SSC fue aprobado de acuerdo con la normatividad aplicable y reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019; y que coincidió con el monto del techo presupuestal, del Analítico de Claves, del POA y del calendario presupuestal; sin embargo, la SSC remitió a la SAF los reportes que generó el sistema SAP-GRP, correspondientes a los Módulos de Integración por Resultados y Financiera, con dos días de desfase. Recomendación ASCM-2119-1-SSC Es necesario que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por conducto de la Dirección General de Finanzas, implemente mecanismos de control y supervisión para asegurarse de que los reportes que genera el Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales, correspondientes a los Módulos de Integración por Resultados y Financiera, se remitan en forma impresa a la Secretaría de Administración y Finanzas en el plazo establecido en la normatividad aplicable.
Sin embargo, la SSC presentó a la SAF los reportes que generó el sistema SAP-GRP con dos días de desfase. Al respecto, mediante una nota informativa sin número del 7 de agosto de 2020, la Dirección de Planeación y Evaluación Financiera de la SSC, informó lo siguiente:
“1. Durante la etapa de integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019 de la SSC el Gobierno de la Ciudad de México se encontraba en etapa de transición, por lo que el envío del documento en cuestión se realizó durante la gestión de una administración diferente a la que actualmente se encuentra al frente de la ahora Dirección General de Finanzas.
”2. En este orden de ideas, en las fechas de referencia, la Dirección de Evaluación y Planeación Financiera (DPEF) no tenía titular.
”3. En este contexto, se buscó en los archivos de la DPEF, información documental que explica el desfase en el envío de la información, sin encontrar el porqué de esa situación.”
José Sánchez López/Corresponsalías Nacionales/ Grupo Sol Corporativo
Jalisco.- La presencia de 7 mil elementos de la Guardia Nacional, distribuidos en medio centenar de cuarteles, no han sido suficientes para contener los embates de al menos seis cárteles de la droga que hicieron del estado de Jalisco su santuario y mantienen sojuzgados a los 8 millones y medio de jaliscienses de los 125 municipios que conforman la entidad
De acurdo a una radiografía realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, expuesta tras el hackeo realizado por el grupo Guacamaya, la disputa que protagonizan seis organizaciones criminales: Cártel de Sinaloa, La Resistencia, Los Templarios, La Familia, los Beltrán Leyva y Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado como el más poderoso, mantienen a Jalisco como uno de los estados más violentos.
En los últimos años, la violencia ha escalado a tal grado en esa entidad gobernada por el emecista Enrique Alfaro Ramúrez, que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que cuando se habla de baños de sangre, vienen a su mente el estado de Jalisco que, junto con Guanajuato, Michoacán y el Estado de México se han convertido en paraísos para la delincuencia organizada..
Y recordó las masacres que se han perpetrado en algunos de sus municipios, como la ocurrida en Tonalá, en febrero de 2021, cuando un comando asesinó a 11 personas o lo acontecido en Guadalajara, donde seis personas fueron asesinadas en un centro de rehabilitación.
Ese tipo de declaraciones causaron polémica y se dio un intercambio de señalamientos con el gobernante Alfaro Ramírez, quien le reprochó que 10 de los estados que gobierna el partido de MORENA son más violentos que Jalisco.
Para el gobernador Alfaro, que también tiene otros datos, Jalisco se ubica en el lugar 19 de los 32, por el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, según una gráfica que mostró en la que el estado está por debajo de Colima, Baja California, Ciudad de México, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán.
Sin embargo, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco ocupa, invariablemente, el tercer o cuarto lugar en homicidios dolosos y en algunos casos ha escalado hasta el segundo sitio.
Por otra parte, un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrado a través de los correos hackeados, revela la estructura del CJNG, al que considera el más peligroso y violento, causante de gran parte de la violencia en la que
económicos pues se han modificado las relaciones de poder en ciertos lugares que antes eran considerados como tranquilos, como es el caso de Jalisco, señaló el doctor Axel Orozco Torres, académico del Centro Universitario de los Valles.
Puso el ejemplo del pueblo mágico de Mazamitla, 124 km al sur de Guadalajara en la Región Sureste, que ha sido escenario de enfrentamientos y despliegue de las fuerzas del crimen organizado en el último año en los que hubo muertes de delincuentes y personas civiles, hechos que han ahuyentado a los turistas.
esa inmersa esa entidad. De acuerdo con el documento de julio de 2022, el CJNG sigue siendo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, y su estructura está dividida por regiones:
Ricardo Ruiz Velasco, alias El RR y/o El Tripas, es considerado el lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación y forma parte del primer círculo del líder máximo, Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’.
La Zona Metropolitana de Guadalajara, tiene entre sus liderazgos a Luis Enrique Sierra, alías “El Rayo”; identificado como el principal responsable del robo de hidrocarburo en la zona de Tlajomulco.
Daniel Osvaldo Quintero, “Dany Quintero”; uno de los hombres de confianza del Mencho, estuvo preso acusado del asesinato de Jesús Gallegos ex secretario de Turismo de Jalisco en 2013, pero fue liberado y absuelto.
Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, quien ante el presunto mal estado de salud de su suegro, podría sucederle en el cargo.
Fernando Castillo Rodríguez, alías el Toro Valencia, presunto jefe de plaza en Colima, detenido y encarcelado, aunque se estima que sigue manejando su grupo desde prisión.
Juan Alberto Sánchez,
alías “El Padrino”; jefe de plaza en la Región Costa Sierra Occidental.
Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Rey Sapo”; 34 años, es un capo de bajo perfil, pero el más sanguinario del CJNG. Es uno de los objetivos prioritarios de las autoridades para evitar que crezca más.
Julio César Moreno Pinzón, alías “El Tarjetas”; es un operador de relevancia
cia pero igual de peligrosos, que operan en las regiones Altos Norte y Sur, son: Eduardo Pizano Jiménez, alías “El Loco”; David Jiménez Padilla, “El Orejón”; Arturo Alvarado, “El Greñas”; José Alberto Ramírez, “La Tuza” y José Ruiz “La Pelota”.
En la Región sur-sureste operan Jorge Luis Mendoza, alías “Lupillo Rivera”y Oscar Ruiz, “El Negro”. En esta región, incluso se cuenta
*Miles de policías y medio centenar de cuarteles resultan insuficientes
*El gobernador Alfaro mencionado por posibles vínculos con El Mencho
*No hay un sólo ámbito en el que no incursione el CJNG
*“Narconavidades”: caravanas con juguetes y regalos del líder
*México es una fosa y Jalisco la más grande, dicen madres buscadoras
identificado por estar detrás de ataques en la Ciudad de México, incluso el atentado en contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Luis Manuel Pelayo Pelayo, alías “El Meño” o “El 18”; jefe regional en la Costa Sur, “favorito” de Nemesio, al que em su cumpleaños 32 le regaló una lujosa camioneta modelo 4×4 GMC Sierra Regular 2021, con valor de más de un millón de pesos.
Otros de menor importan-
con algunos ex autodefensas de Michoacán como Alberto Magaña, Alfonso Fernández, Ezequiel Martínez, Francisco Rivera, Rolando Rivera.
En la Región norte: Abel Sandoval, alías “El Cuervo”; Agustín y Juan Javier Sandoval.
En el reporte también se incluye la estructura de “Los Cuinis”, brazo armado del CJNG, el cual está liderado por Ulises Yovany Mora Tapia, alias “El Yiyo”, quien es buscado por la DEA.
Todos ellos secuestran, extorsionan, matan, ejecutando sus delitos con saña rayana en la sevicia para mantener aterrorizada a la población
El reporte de SEDENA también precisa la ubicación de los municipios más violentos del país, seis de los cuales se localizan en Jalisco: Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan, Tonalá y Lagos de Moreno.
La doctora Bertha Lidia Nuño Gutiérrez coautora del libro Salud, violencia, drogas y narcotráfico, publicado por la Editorial Universitaria de la UdeG, advierte que el narcotráfico y el crimen organizado son un problema multifactorial que atraviesa todos los sectores de la vida socia.
Afirmó que no hay un ámbito en México que escape a los efectos que el narcotráfico significa en todos los niveles de la sociedad, “es un problema multidimensional y es casi imposible decir que afecta a un sector más que a otro; uno pensaría que porque no se consumen las sustancias está exento del problema, pero la realidad es que afecta a toda la sociedad”.
Además de las muertes, desapariciones y la inseguridad que la lucha contra el narcotráfico origina, no sólo en el estado sino en el país, también ha traído problemas
Otro factor es la infiltración y la cooptación de los cuerpos de seguridad y las fiscalías por parte de miembros del crimen organizado, que además de sufrir las consecuencias de secuestros y amenazas hacia sus familias, son obligados a realizar actividades ilícitas.
En el mes de diciembre próximo pasado, desde el jueces 24, el Cartel Jalisco Nueva Generación organizó un desfile con regalos. Una caravana de camionetas con las siglas del CJNG e imágenes de Santa Clau recorrieron las principales calles y avenidas de la Perla de Occidente, en las que los miembros del grupo criminal daban regalos a todo el que se acercara.
Una serie de videos que circularon en redes sociales dieron testimonio de los hechos, en los que integrantes del crimen organizado, con el fondo musical de narcocorridos a todo volumen, obsequiaban cajas grandes y pequeñas.
La entrega de regalos ha sido adjudicada a Ricardo Ruiz Velasco, alias Doble R, uno de los líderes del CJNG. “Pura gente del RR ¿no que no daba nada? ¿A ver, por qué el Gobierno no hace lo mismo?”, se puede escuchar en uno de los videos.
Las autoridades dicen que ya iniciaron las investigaciones de campo, gabinete, entrevistas e incluso que se inició la carpeta correspondiente, pero a la fecha no ha sido detenido nadie relacionado con esos hechos.
Continúa...
Otro aspecto de la impunidad y violencia que privan en la entidad, es el el hecho de que Jalisco ocupa primer lugar en desapariciones forzadas y fosas clandestinas en todo el país, lo que ha originado que las madres buscadoras afirmen que “México es una fosa y Jalisco la más grande”,
La Fiscalía General de Justicia de Jalisco reconoce que han localizado fosas clandestinas en 16 municipios del estado, en Tlajomulco de Zúñiga encontraron 60; en Zapopan, 19; en San Pedro Tlaquepaque, 15; y 11 más en el municipio de El Salto.
En diciembre de 2021, Enrique Alfaro Ramírez amenazó con interponer una denuncia por "daño moral" en contra del periodista Ricardo Ravelo Galó, compañero de esta casa editorial, quien en dos columnas de opinión lo mencionó con posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La reacción del gobernador se dio a raíz de que Ricardo Ravelo publicara dos columnas de opinión en las que reveló una presunta relación entre el mandatario estatal con dos personajes ligados al CJNG: una mujer identificada como María de los Ángeles López, alias La loba, y Leonardo Mireles Escobar.
También habría dado a conocer que Alfaro sería el líder de “una amplia red de tráfico de influencias, negocios en el Poder Judicial y presunto lavado de dinero con anexos al grupo criminal en cuestión”.
“Está presentada la demanda por daño moral, estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios. No lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces; me parece una falta de respeto, incluso de ética el hacer este tipo de comentarios. Están presentadas las demandas y estamos solicitando medidas cautelares”, declaró Alfaro.
Ante el amago, la organización internacional Artículo 19 rechazó las amenazas vertidas por el gobernante y aseguró que solamente buscó censurar y coartar la libertad de expresión valiéndose de las instituciones del Estado. No se tiene la certeza de que Alfaro realmente haya presentado formalmente la denuncia, de lo que sí hay la certidumbre es que Ravelo Galó no fue notificado de alguna acusación en su cintra y que prosigue con su labor periodística.
El 13 de agosto de 2019, circuló un video en redes sociales donde Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, líder del CJNG, acusó al mandatario del estado de quebrantar un acuerdo que tenía con él para dominar la plaza y entregársela al Cártel de Sinaloa.
Jorge Carlos Ruiz Rome-
ro, presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente, dijo que la corrupción y el nepotismo marcan la gestión de Enrique Alfaro que favorece a empresas y personas cercanas.
Acusó que a pesar de las denuncias y procesos administrativos que se han iniciado en contra del gobernador y de otros funcionarios, el Ejecutivo ha concentrado tal poder sobre los poderes
sino a actividades criminales, acusó Ruiz Romero, quien exigió esclarecer quiénes en realidad sacan provecho.
El activista se reservó el detallar las actividades criminales ligadas al programa, pues todavía está en proceso de documentación, pero anticipó que tiene testimonios.
“Hay delitos que se han cometido en caminos hacia zonas muy apartadas. No se ha dado a conocer esta in-
nes, ello no derivó en sanciones ni en imputaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
El manejo de recursos en materia de salud es uno de los mayores ejes de corrupción que ha denunciado la Contraloría Ciudadana Independiente.
Uno de los casos más sonados fue la compra de hieleras a sobreprecio para las campañas de vacunación por un total de 21 millones de pesos, cada una con un precio de 12 mil pesos equivalentes a casi 32 veces su valor.
Tampoco se realizó adecuadamente la campaña de fumigación para prevenir el dengue en 2019, año en que hubo una cantidad crítica de casos y Jalisco culminó en primer lugar; además, está la compra de 5 millones de pesos en medallas para servidores públicos que se realizó en adjudicación directa.
Los funcionarios involucrados, entre ellos Gabriela Serratos y Consuelo Robles sólo fueron removidas de sus cargos e reinstaladas en otros puestos, acusó.
mación precisa y para mí es una de las cuestiones que no le no le va a perdonar la historia a este gobierno del estado”, planteó Ruiz Romero.
Despiden a los servidores públicos para meter gente sin experiencia, por ejemplo el control del sistema de asistencia social lo tenía la ex esposa del gobernador, Lorena Martínez Ramírez, a través de su amigo José Miguel Santos Cepeda, ex secretario, “me atrevo a decir, un nepotismo familiar y de amistades por parte de la ex del gobernador”, dijo..
En enero de este año, le explotó el escándalo de 14 mil 800 millones de pesos por un desarrollo inmobiliario que el gobierno pretende privatizar, en el que los afectados denunciaron encarcelamiento, desalojo violento, persecución política y judicial.
El escándalo, que podría representar una ganancia comercial de casi 14 mil 800 millones de pesos, fue denunciado desde una tribuna pública en la Cámara de Diputados.
Se trata de la venta del Parque Huentitán, una transacción que se realizó en 2016 a través de la firma de un convenio del ayuntamiento de Guadalajara, cuando Alfaro Ramírez era alcalde, con una empresa privada; este trato tuvo como consecuencia el descontento de los pobladores de Huentitán quienes emprendieron diversas tareas para evitar que ese despojo se lleve a cabo.
legislativo y judicial que ha logrado eludir el castigo y quedar impune.
Hay varios casos de corrupción,, añadió, pero tres de ellos son emblemáticos.
Uno de ello es el contrato de 3 mil 634 millones de pesos para arrendamiento de maquinaria del programa “A Toda Máquina”; se trata de gastos discrecionales y opacos del gobierno que no han beneficiado a los jaliscienses,
vestigación, pero ya tenemos muchas personas que quisieron tener beneficio y que estuvieron reportando que quienes estaban utilizando ese tipo de maquinaria no era gente que trabajara para para abrir caminos hacia sus cosechas, hacia sus lugares de trabajo en zonas apartadas”, afirmó.
A pesar de que la Contraloría del Estado encontró que la licitación del programa fue irregular, que hubo funcionarios que incurrieron en falta grave por abuso de funcio-
Los que deberían ser refugios para niños sin hogar, han sido lugares de abuso y muerte para ellos, como el caso de Víctor Armando que murió en el Hogar Cabañas y cuya causa de muerte fue falseada
“Falsearon información de que había fallecido únicamente Víctor Armando, pero hay más menores muertos en esos lugares. Tenemos infor-
El martes 24 de enero, líderes del movimiento en protección del parque llegaron a la Cámara de Diputados, acompañados de la legisladora Cecilia Márquez Alkadef Cortes, de Morena, para detallar lo ocurrido en materia administrativa, las omisiones del gobierno de Movimiento Ciudadano, la presunta corrupción que favoreció a los intereses privados, la persecución de la que son objeto y los atropellos a sus derechos humanos.
A pesar de que señalaron que todos sus métodos de resistencia civil fueron legales, pacíficos y de organización ciudadana, las autoridades judiciales y ejecutivas actuaron de manera coercitiva, incluso se llegó a encarcelar a un grupo de jóvenes bajo el cargo de “despojo a particulares”, sin embargo fueron liberados por falta de pruebas.
Redacción/ La Opinión de México
Ciudad de México.- Un contrato por más de 110 millones de pesos fue otorgado por parte de la Secretaría de Marina, mediante la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, a la empresa Ardica Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el mantenimiento al rompeola del viaducto de comunicación de la segunda etapa de ese Puerto de Altura, ubicado en el litoral del Estado de Yucatán
Esta empresa tiene registros de sanciones en Colima por la tala de al menos 14 árboles y la compra a sobreprecio de una obra asignada en el municipio de Manzanillo.
La Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso es la dependencia federal donde han sido sancionados con multas e inhabilitaciones el mayor número de empresas a nivel nacional, según se puede conocer en el Directorio Nacional de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.
Información recabada por este medio informativo establece que dicha obra fue enmarcada en el contrato con folio ASPINOMAPRO-OP mediante el cual se asignó el millonario contrato a la empresa colimense desde mayo del 2022, fecha que inició la obra y que tiene que ser en-
tregada a más tardar el 29 de diciembre del 2023.
La obra fue entregada por la SEMAR sin importar que existen antecedentes de que la empresa fue sancionada primero por el Ayuntamiento de Colima por el derribo de 14 árboles durante el año del 2011 y por el Congreso colimense por la compra a sobreprecio de diferentes materiales para la construcción durante el 2015.
Dicha empresa ha obtenido al menos 10 contratos tanto federales como estatales, solo dos de ellos, por arriba de los 100 millones de pesos.
El convenio comercial más jugoso que logró esa empresa fue con la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán, durante el año 2018 por el cual la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de Enrique Peña Nieto, acordó un pago de 193 millones de pesos. En dicho contrato se acordó la rehabilitación y prolongación de escolleras en ese puerto, ubicado en el litoral del Océano Pacífico.
Fue hace un año que la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso signó un contrato por 110 millones de pesos con la empresa Ardica Construcciones, Sociedad Anónima de
*Fue sancionada con más de 8 millones de pesos por sobreprecio en obras y no contemplados en el catálogo de conceptos, así como por ajustes de costos, de los que el municipio de Colima no justificó
Capital Variable, por más de 110 millones de pesos para el mantenimiento al rompeola del viaducto de comunicación de la segunda etapa de ese Puerto.
En el documento se detalla que dichas obras consisten en realizar la rehabilitación de zapatas de las pilas en forma cilíndrica y elipsoide. De forma general se realizarán trabajos de limpieza en el área de las zapatas dañadas, trazo y nivelación del lecho marino en las socavaciones,
suministro y colocación de rocas, instalación de malla geotextil, suministro y colocación de cimbra metálica, colado de concreto con aditivos químicos anti deslave y conformación de talud de protección mediante enrocamiento.
Asimismo, se especifica que el monto que el “contratista” cobrará del erario por los trabajos que realiza en Puerto Progreso son por un total de 110 millones 316 mil 944.69 pesos, el cual podría
ajustarse según se establece en la cláusula 8 el mismo acuerdo comercial.
“La contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el veintitrés de mayo de dos mil veintidós y a terminarla a más tardar el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, esto es quinientos ochenta y seis días naturales, de conformidad con el Programa de ejecución”, cita el texto.
En uno de los anexos se especifica que la rehabilitación del rompeolas consiste en la reubicación de cubos ranurados de 10.35 y 7.8 ton en área de tierra a niveles de proyecto, fabricación, transporte y colocación de cubos de concreto premezclado de 7.12 tony 10.35 ton para la formación.
Además se realiza el complemento de coraza (rompeo-
las) a las líneas y niveles de proyecto, suministro y colocación de piedra natural para renivelación de terreno con piedra de 1.15-2.10 kilogramos según proyecto, en algunas zonas se deberá excavar y colocar geomalla y geotextil según marque proyecto.
De acuerdo con investigaciones realizadas por este medio informativo, la empresa Ardica Construcciones con sede en la ciudad de Colima, Colima, cuenta con al menos dos sanciones por parte de autoridades de ese Estado del centro de la República Mexicana.
La primera fue aplicada por el Ayuntamiento de Colima luego que esa empresa derribó 14 árboles conocidos como Parotas durante la construcción de un Fraccionamiento denominado Colinas de Santa Fe.
Tras el ecocidio ocurrido durante el 2011 las autoridades municipales de esa ciudad condicionaron a Ardica a que cambiara de ubicación de los árboles arrancados de raíz a otro espacio dentro del mismo predio, lo cual fue realizado de manera incorrecta por lo que fue sancionada con una multa de 500 mil pesos.
Según se denunció en reportes periodísticos del año 2011 lo realizado por Ardica era una práctica cotidiana en esas fechas, pues también se le señala como la autora del derribo de 20 árboles más.
Otras de las multas a las que fue sometido Ardica consta en el decreto 2016 de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del municipio de Manzanillo donde la empresa que realiza obras en el Puerto de Altura de Progreso fue sancionada con un total de 8 millones 357 mil 109 pesos.
En el dictamen se puede apreciar que dicha empresa recibió “pagos correspondientes a conceptos de obra calculados en sobreprecio y no contemplados en el catálogo de conceptos, así como por ajustes de costos, de los que el municipio no justificó su procedencia con base a razonamientos técnicos y económicos, ni soportó con las facturas correspondientes, en perjuicio de la Hacienda Pública Municipal”.
La sanción fue dada a conocer el 30 de noviembre del año 2016 en el recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Colima, según consta en dicho decreto, el cual está firmado por los entonces diputados Francisco Javier Ceballos Galindo, Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián
Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Ciudad de México.- Los cómplices de Genaro García Luna en el andamiaje de protección que construyeron en el sexenio de Felipe Calderón para brindar protección al Cártel de Sinaloa, empezaron a caer prisioneros en México, pero no se les acusa de narcotráfico, lavado de dinero y ligas con el Cártel de Sinaloa, por el contrario, lo que impera en sus expedientes es haber incurrido en prácticas de tortura.
Es el caso, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal, detenido en el Estado de México en 2021 tras varios meses de persecución.
A pesar de que como funcionario público fue acusado de proteger los intereses del Cártel de Sinaloa –particularmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México– al exfuncionario federal se le encarceló bajo la acusación de haber ordenado la tortura de los hermanos Vallarta, implicados en el caso de Florence Cassez, quien fue encarcelada, primero, y liberada, después, tras acreditarse que nada tenía que ver en la organización criminal “Los Zodiacos”.
La misma suerte corrió Facundo Rosas, otro de los hombres de confianza que trabajó cerca de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Rosas fue secretario de Seguridad Pública en Puebla. El pasado 27 de enero fue detenido por
atropellar y matar a una mujer en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.
Director de la extinta Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, Facundo Rosas formó parte del estrecho equipo de García Luna del que también formaba parte Ramón Eduardo Pequeño, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal por el delito de tortura en agravio de Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, todos ellos implicados en el caso Florence Cassez.
Ramón Pequeño se había incorporado como asesor de la Secretaría de Seguridad
Pública al inicio del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, precisamente en la Secretaría de Seguridad Pú-
*Mientras sus principales cómplices están encarcelados en México, aunque no acusados de narcotráfico, el policía estelar del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, sigue esperando fecha para enfrentar a la justicia norteamericana
*Su juicio se ha pospuesto en tres ocasiones. La nueva fecha está programada para el mes de octubre de este año
*Además de las pruebas de que disponen las autoridades norteamericanas, García Luna enfrentará a dos testigos de cargo que pueden hundirlo: Iván Reyes Arzate, uno de sus cercanos colaboradores, quien ya se declaró culpable en Estados Unidos de proteger al Cártel de Sinaloa, y el “Rey” Zambada, hermano de Ismael Zambada, quien confesó que en varias ocasiones sobornó con sumas millonarias al policía consentido de Felipe Calderón
blica encabezada por Alfonso Durazo Montaño, actual gobernador de Sonora. Hasta ahora, el exfuncionario sigue prófugo de la justicia.
Sin embargo, en Estados Unidos otro hombre de confianza de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública –Iván Reyes Arzate– se declaró culpable en octubre de 2021 de haber colaborado con el narcotráfico, en particular con el Cártel de Sinaloa, y aceptó que como funcionario público simulaba llevar a cabo un combate frontal contra el crimen organizado.
Con base en esta autoinculpación –un recurso bastante socorrido por los criminales para obtener reducciones de penas– un juez federal de Estados Unidos condenó a diez años de cárcel al excomandante de la Policía Federal, quien en el mundo policíaco y del hampa es conocido como “La Reina”.
Lo que quedó al descubierto en su juicio es que al mismo tiempo que brindaba protección al crimen organizado Reyes Arzate recibía condecoraciones dentro y fuera de México –entre otras agencias, de la DEA– por su labor policíaca aparentemente honesta.
Reyes Arzate fue hombre de confianza de Genaro García Luna, procesado y pendiente de juicio por corrupción y crimen organizado en Estados Unidos, donde permanece recluido desde diciembre de 2019, cuando fue detenido en Texas bajo cargos diversos, entre otros, brindarle protección al Cártel
de Sinaloa.
En el juicio de Reyes Arzate salió a flote parte de la corrupción y los sobornos que recibió del cártel sinaloense a cambio de protección e información. Por ejemplo, se corroboró que el exfuncionario recibió en una ocasión tres millones de dólares a cambio de informar sobre las investigaciones conjuntas estadounidenses y mexicanas a un grupo llamado Seguimiento 39, ligado al Cártel de Sinaloa.
No sólo eso: En octubre de 2021 Reyes Arzate reconoció haber recibido un soborno de 290 mil dólares. Esta confesión abrió la puerta para que los fiscales del caso le abrieran la puerta y se acogiera al programa de testigos protegidos, lo que le valió reducir su condena a sólo diez años de prisión, de los cuales ya compurgó dos en Estados Unidos.
El juicio contra Genaro García Luna se ha pospuesto en tres ocasiones por diversas causas. La última suspensión ocurrió debido al ruido que realizaban los periodistas en la sala del tribunal. Ahora la audiencia para determinar su futuro se programó para el mes de octubre de este año. Entre los testigos de cargo que rendirán testimonio en contra de García Luna, además de Reyes Arzate, está Vicente Zambada Niebla, quien ha dicho que en varias ocasiones sobornó con sumas millonarias al policía consentido de Felipe Calderón.
Bajo la acusación de enriquecimiento ilícito, derivada del hallazgo de inversiones por más de 27 millones de pesos en bienes inmuebles, el pasado 25 de noviembre el gobierno mexicano solicitó formalmente la extradición de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
Esta decisión, sin embargo, ha desatado polémica, pues se asegura que detrás de este proceso podrían existir oscuras negociaciones para liberar al exfuncionario, quien fue detenido en 2019 en Dallas, Texas, por varios delitos, entre otros, conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud y haber brindado protección al Cártel de Sinaloa.
A lo largo de un año, García Luna ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos su liberación bajo fianza. En el primero ofreció el pago de un millón de dólares y en el segundo intento dobló la suma, pero la petición le fue negada: La razón, según argumentaron las autoridades estadounidenses, es que el exfuncionario mexicano tiene muchas relaciones políticas y en el crimen organizado que lo podían ayudar a evadir la acción de la justicia.
Después de la experiencia por el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto –quien fue detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y protección al cártel H-2 y, un mes después, liberado y devuelto a México– el procedimiento
Sinaloa, desde el gobierno de Vicente Fox.
Dentro del Cártel que entonces dirigía Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el funcionario era conocido como “El Licenciado”.
copia bastante degradada del FBI. Nadie imaginaba entonces que el funcionario federal ya tenía nexos criminales, de acuerdo con los expedientes consultados.
que intenta el gobierno mexicano con García Luna es blanco de muchas sospechas. El canciller Marcelo Ebrard explicó que el objetivo de la extradición es procesar y juzgar a García Luna en México. El delito por el que se le persigue es el de enriquecimiento ilícito y en Estados Unidos lo investigan por fomentar el tráfico de drogas y brindar protección al Cártel de Sinaloa. En realidad, los cargos del expediente estadounidense son más graves. En México, el delito de enriquecimiento ilícito es de los pocos donde se revierte la carga de la prueba: Es el acusado quien debe demostrar el origen lícito de su patrimonio. Por ese delito fue acusado Raúl Salinas de Gortari, uno de los políticos más corruptos, y fue liberado.
Preso en Estados Unidos por servir a los intereses del Cártel de Sinaloa; acusado de brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –quien compurga una cadena perpetua en Estados Unidos por delincuencia organizada–, Genaro García Luna empezó a ser cuestionado en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón por sus nexos con el narcotráfico, en particular, con el Cártel de Sinaloa, el más poderoso del mundo, de acuerdo con la DEA.
García Luna ha sido señalado de ser el “policía del panismo”, pues ocupó cargos importantes desde el gobierno de Vicente Fox –fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)– y con Felipe Calderón ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública.
De acuerdo con el periodista Jesús Lemus, autor del libro “El Licenciado” (editorial Harper Collins 2020) García Luna ya servía a los intereses del narcotráfico, y en particular del Cártel de
Después de que Felipe Calderón fue calificado como Presidente Electo, luego de ganar las polémicas elecciones de 2006, miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada, Arturo Beltrán Leyva y Sergio Villarreal Barragán, “El Grande” maquinaron el plan de comprar la Secretaría de Seguridad Pública para que García Luna fuera su protector.
La ejecución del plan, según afirma Jesús Lemus, la llevó a cabo Villarreal Barragán, quien acudió a una fiesta de bautizo organizada por el entonces senador panista Guillermo Anaya Llamas –compadre de Felipe Calderón– en la ciudad de Torreón, Coahuila.
“El Grande” le pidió el favor a Anaya Llamas, a quien conocía desde tiempo atrás porque una hermana del político coahuilense estuvo casada con un hermano del narcotraficante actualmente
Y es que varios de sus colaboradores cercanos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron acusados de corrupción y de tener ligas con el narco desde el año 2008; sin embargo, García Luna nunca destituyó a ninguno de ellos, por el contrario, los cobijó y los mantuvo en sus respectivos cargos.
Por ejemplo, Mario Velarde Martínez, quien durante el gobierno de Vicente Fox fungió como secretario particular de García Luna en la AFI, tuvo tratos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. De acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República, este personaje era parte de la red de funcionarios que colaboraba con el crimen organizado.
En aquel momento, Velarde era el quinto hombre cercano al entonces secretario de Seguridad Pública que era investigado por la PGR. Entonces estaba adscrito a la División Antidrogas de la
Después de la experiencia por el caso del general Salvador Cienfuegos quien fue detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y protección al cártel H-2
2007, el licenciado Mario
Arturo Velarde Martínez se desempeñaba como director de área y es amigo cercano de Cueto, de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Me pidió información sobre dos asuntos de los cuales no recuerdo en las oficinas de Interpol, en los que tenía conocimiento Cueto, por los cuales me dio Velarde Martínez la cantidad de 4 mil dólares, de los cuales 2 mil entregué a Cueto”-
El mismo día de esta declaración ministerial, realizada en la Embajada de México en Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) entregó a la PGR una fotografía del cercano colaborador de García Luna, quien ya formaba parte de las investigaciones y de los expedientes oficiales.
Es el acusado quien debe demostrar el origen lícito de su patrimonio. Por ese delito fue acusado Raúl Salinas de Gortari (gráfica) , uno de los políticos más corruptos, y fue liberado
preso en Estados Unidos.
De acuerdo con el libro “El Licenciado”, Anaya Llamas le pidió a “El Grande” que acudiera a la fiesta y que ahí le presentaría al Presidente Electo. Así ocurrió. En ese encuentro, Villarreal Barragán hizo la propuesta a Calderón y éste aceptó. De acuerdo con Lemus, el pago por la Secretaría de Seguridad Pública fue multimillonario y de esa forma el Cártel de Sinaloa se consolidó como el grupo criminal más poderoso del mundo.
Policía Federal en la SSP.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, integrada durante la llamada “Operación Limpieza” –que permitió la captura de altos funcionarios de la SSP y de la PGR por servir al crimen organizado, en particular al Cártel de Sinaloa– Alberto Pérez Guerrero, identificado como testigo protegido con el nombre de “Felipe”, pormenorizó las complicidades de exfuncionarios policíacos con el narco:
La imagen fue presentada al testigo protegido “Felipe”, quien lo identificó de entre cinco fotografías de otros funcionarios que ya estaban siendo investigados tanto en México como en Estados Unidos por servir al crimen organizado.
El testigo “Felipe” identificó el rostro de Velarde Martínez. El testigo protegido tenía información sensible: Había sido agente de la PGR y su último cargo fue haber sido comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por ello, conocía a los colaboradores cercanos a García Luna ligados al narcotráfico, entre otros, a Ricardo Gutiérrez, director de Interpol-México; Ricardo de la Guardia, exdirector de Despliegue Regional e Interpol; Miguel Colorado, excoordinador de Servicios
de Servicios Técnicos de la SIEDO.
Otros fueron arraigados, pues ya se tenía datos y evidencias de sus ligas con el Cártel de Sinaloa y, en particular, con la célula de los hermanos Beltrán Leyva. Sus nombres: Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP; Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la PFP –éste fue ejecutado durante su etapa como testigo colaborador cuando tomaba café en un Starbucks ubicado en la colonia Del Valle de la Ciudad de México–; Gerardo Garay Cadena, entonces jefe de la Policía Federal Preventiva y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México.
Mario Velarde negó los cargos y los nexos que le imputaron con el narcotráfico, pero no fue suficiente: Un testigo protegido de la DEA y de la PGR reveló que servía a los intereses del Cártel de Sinaloa.
además de Reyes Arzate, está Vicente Zambada Niebla (gráfica), quien ha dicho que en varias ocasiones sobornó con sumas millonarias al policía consentido de Felipe Calderón
A continuación se relatan las acusaciones que en su momento le fueron hechas a García Luna y a varios de sus colaboradores más cercanos que lo acompañaron desde que fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el gobierno de Vicente Fox, y posteriormente como secretario de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón. Tales acusaciones empiezan desde el sexenio de Fox, donde García Luna fue un estratega policíaco. Ocupó la titularidad de la Agencia Federal de Investigaciones, una
Según “Felipe”, Velarde Martínez y Ricardo Gutiérrez –exdirector de la Interpol México y quien fue arraigado durante el gobierno de Calderón por sus presuntos nexos con el narco– tenían en común su amistad y presuntos negocios de venta de información con José Antonio Cueto, señalado en ese tiempo como responsable de reclutar e infiltrar a funcionarios para brindarle información a los hermanos Beltrán Leyva sobre operativos, órdenes de aprehensión, investigaciones y extradiciones.
NARRA
“A principios del año
Técnicos de la SIEDO –hoy
SEIDO– y al capitán Fernando Rivera, exdirector adjunto
El testigo lo describió tal cual es físicamente. Dijo: “Mario Velarde Martínez es de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, mide un metro con 65 centímetros de estatura, tiene entre 38 y 40 años de edad, es de ojos color negro, nariz regular, con frente un poco pronunciada”. Y añadió: “Tiene un tic nervioso de estarse jalando los pellejos de los dedos pulgares y que casi siempre tiene curitas en los dedos por ello y que cuando lo conoció era el secretario particular del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, pero después se fue como director de Enlace Externo en Interpol y más tarde quedó bajo las órdenes de la licenciada Maribel Cervantes, en la Policía Federal”.
Leer reportaje completo en laopinionde mexico.com
Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Ciudad de México.- Nada detiene el consumo de las llamadas drogas de diseño.
Son más baratas –eso sí –, también más fáciles de conseguir, pero con mayormente letales debido a las sobredosis que provoca el imparable consumo de los adictos.
Son más potentes que la cocaína.
Y toda vías más excitantes que la heroína, incluida la heroína negra, la más adictiva que existe en el mercado mundial.
Las drogas sintéticas cobran mayor auge en el mercado de consumo, pues se producen fácilmente, son más baratas y, además, resultan ser más adictivas. De acuerdo con datos oficiales, en México ya se consumen estas sustancias, entre otras el fentanilo, por lo que existen altos riesgos de muerte por sobredosis, aunque no se estima que sea todavía un drama como en Estados Unidos, donde en 2021 fallecieron cien mil personas por los efectos nocivos de ese opioide.
Los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, encabezados por Nemesio Oseguera –“El Mencho” –e Ismael Zambada García –“El Mayo” --, respectivamente, son las dos organizaciones criminales que han convertido el tráfico de drogas sintéticas en un negocio muy rentable, pues la demanda en Estados Unidos, principal país consumidor, ha aumentado.
De acuerdo con datos oficiales consultados, el riesgo de muertes por sobredosis de fentanilo en México es bastante alto. Y es que esta sustancia es consumida por los drogoadictos sin saberlo, pues tanto los narcomenudistas como los jefes de cárteles han decidido mezclar el fentanilo en la heroína, cocaína, cristal y en decenas de sustancias elaboradas con metanfetaminas, lo que incrementa el riesgo de muerte.
Y es que, de acuerdo con informes oficiales y datos de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, la principal droga por la que muchos mexicanos acuden a tratamiento es la metanfetamina, en su variante conocida como cristal.
El hecho de que ahora el fentanilo esté mezclado con otras sustancias obedece a que los cárteles de esa forma obtienen mayores ganancias, sin que importe los efectos nocivos que una droga puede ocasionar al estar adulterada con químicos sintéticos.
En el mundo de las drogas el fentanilo llegó para quedarse, lo que explica por qué es una de las sustancias más demandadas en los mercados de drogas en el mundo, principalmente en Estados Unidos, donde tan sólo en el año 2021 causó la muerte de unas cien mil personas por sobredosis.
El gobierno de Estados Unidos, así como la DEA, señalan que México es el principal trampolín que utilizan los cárteles para traficar esa sustancia a través de los puertos mexicanos.
Por otra parte, el gobierno estadunidense también ha hecho un llamado a China para “meter orden” en su industria farmacéutica, de donde provienen los precursores químicos; sin embargo, otro país que ya se convirtió en uno de los principales de vendedores de químicos para elaborar drogas sintéticas es La India, por lo que las alertas se mantienen encendidas.
EL AUGE
Las drogas sintéticas son sustancias creadas en laboratorio que tienen efectos psicoactivos y son comercializadas en forma ilícita, aunque en muchas ocasiones los narcotraficantes aprovechan el vacío legal que existe a la hora de definir qué es una droga ilegal.
Muchas drogas sintéticas se venden como drogas de diseño, las cuales resultan atractivas para los jóvenes
debido a su llamativo formato: hay pastillas de colores, frascos con líquidos atractivos y bolsas con polvos variados.
Estas drogas sin sintetizadas teniendo muy en cuenta le legalidad vigente, alterando la composición original del fármaco del que se basan
No obstante, conforme las autoridades se van poniendo al día con las nuevas drogas que hay en el mercado y las convierten en ilegales los químicos que las producen cambian su receta para poder seguir con su negocio ilegal.
Así, las drogas sintéti-
*El "boom" de las drogas sintéticas ( o químicas) sigue imparable. Ninguna autoridad detiene su auge. Su demanda crece entre los jóvenes tanto en México, Estados Unidos como en Europa
*Asia no se queda atrás, sobre todo, porque es el productor del fentanilo, la base para su elaboración. De acuerdo con informes oficiales y datos de la DEA, en México los drogadictos consumen fentanilo, por ejemplo, porque el crimen ha decidido mezclarlo en las dosis de heroína, cocaína y cristal
*Esta fiebre por las drogas químicas ha rebasado el mercado de la cocaína, heroína y ni se diga el de la marihuana. Ahora todo es químico y más letal, pues las sustancias químicas destruyen y matan con mayor velocidad
*Los cárteles mexicanos ahora han abierto mercados internacionales y su plataforma de lanzamiento es México debido a la impunidad que impera en el país
para evitar que se les clasifique como ilegal.
Básicamente, consisten en réplicas de fármacos descartados para uso terapéutico pero con algunos cambios en su composición, haciendo que no se les pueda considerar como sustancia ilegal.
cas constituyen lo que se ha llamado “el mercado gris”, a medio camino entre las sustancias de fármacos ilegales y el mercado negro con drogas totalmente ilegalizados.
Las drogas de diseño no dejan de ser dañinas para el organismo, pero como cada
día hay nuevas sustancias, las autoridades tienen un reto complicado al intentar acabar con el mercado.
Algunas de las centenas de drogas sintéticas se venden por Internet; también en tiendas que les comercializan con la etiqueta “no apto para consumo humano”. Las venden en forma de hierbas, fertilizantes para plantas, sales de baño o limpiadores de joyas.
Desde al año 2020, cuando se propagó por todo el mundo la pandemia causada por el Covid-19, en Estados Unidos se recrudeció el consumo de drogas, principalmente sintéticas.
Pero el drama se complicó aún más debido al aumento en el consumo de fentanilo, la droga sintética poderosa, la cual causó unas cien mil muertes anuales en 2020 y 2021, según reportes oficiales.
En fentanilo es una de las drogas sintéticas más poderosas y adictivas; la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, reportó con base en sus informes de inteligencia que dicha droga es exportada a Estados Unidos desde México por parte de los cárteles de Sinaloa y Jalisco, dos de las más fuertes organizaciones criminales del mundo.
Los precursores químicos para elaborar el fentanilo provienen de Asia, pero la producción se realiza en México; su exportación a varios países del orbe se realiza a través de los puertos mexicanos. Las principales terminales portuarias donde se opera su envío es Manzanillo y Lázaro Cárdenas, dos de los puertos donde opera el crimen organizado a gran escala.
Los reportes de inteligencia de la DEA también indican que los puertos de Veracruz, Puerto Progreso, en Yucatán, Tuxpan, entre otros, son utilizados para mover el opioide.
Esa fue la razón por la que el gobierno de Estados Unidos le solicitó a México militarizar el país, es decir, que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la seguridad en aduanas, puertos y aeropuertos en todo el país. Lo anterior lo dejó claro la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, durante su visita, el año pasado, a México y Guatemala, respectivamente, donde planteó la preocupación estadunidense por la seguridad y la migración en toda América Latina
La producción y consumo de fentanilo –una de las drogas sintéticas más adictivas y mortales –se ha convertido en una fiebre. Exportada de China, el opioide entra a México a través de las terminales aéreas y marítimas y ex importada por las amplias redes que disponen los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, las más poderosas de América Latina.
existen altos riesgos de muerte por sobredosis, aunque no se estima que sea todavía un drama como en Estados Unidos, donde en 2021 fallecieron cien mil personas por los efectos nocivos de ese opioide.
Hasta hace dos años, el fentanilo era traído de China, donde se han localizado unos cinco mil sitios donde se puede adquirir; las redes de distribución colocaban la sustancia en territorio estadunidense a través de buques, pero después escogieron a México como puente para hacer llegar la droga a la frontera norte. Luego es cruzada a Estados Unidos en vehículos particulares o a través de túneles.
Ahora la dinámica ya cambió. De acuerdo con informes consultados en la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA) y en la Fiscalía General de la República (FGR), el fentanilo ya se produce en México. Y a gran escala. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco importan los precursores químicos y se elabora la droga sintética en laboratorios localizados en Michoacán, Colima, Culiacán, entre otras ciudades, donde ambos grupos criminales disponen de expertos en la producción de esa sustancia que ha causado furor entre los consumidores estadunidenses. Todo se realiza con protección policiaca y/o militar.
En los últimos años es cada vez mayor la demanda de las drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo; esto ha derivado en que los cárteles de Sinaloa y Jalisco hayan entrado en negociaciones con bandas del narcotráfico chinas dedicadas a la distribución de ese químico que, de acuerdo con expertos, está considerado no sólo uno de los más adictivos sino que es mortal.
Y es que el fentanilo, de acuerdo con su historial, es una sustancia sintética que ya se convirtió en una suerte de epidemia dentro del voraz mercado de consumo estadunidense. Según cifras de salud, se calcula que unas 50 mil personas mueren cada año por sobredosis. La adicción es inmediata y, según estudios consultados, es irreversible.
Esto derivó en una crisis dentro de Estados Unidos, que exigió a los países de la región latinoamericana vigilar más sus fronteras y evitar el tráfico de fentanilo. Pero en México ya se encendieron
las alertas en este sentido, ya que las organizaciones chinas han escogido al territorio nacional como puente para hacer llegar la droga a Estados Unidos. Esa es la razón por la que en México ahora son más frecuentes las incautaciones de esa sustancia sintética. De acuerdo con informes policiacos, la droga se mueve por las terminales aéreas y marítimas; también por carreteras. En el año 2020 hubo un aseguramiento de fentanilo en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, pero luego las autoridades asestaron un fuerte golpe en el puerto de Manzanillo, Colima. Ahí se aseguraron 23 toneladas de precursores químicos para elaborar fentanilo. El golpe ocurrió en agosto de 2019. Este hecho encendió las alertas.
La fuerte presencia de esta droga en territorio nacional encendió las alarmas en el convulsionado mundo de las drogas. El fentanilo cobró fuerte demanda y se colocó como la droga de preferencia de millones de consumidores, desplazando a la amapola, base de la goma de opio, la marihuana e incluso a la heroína.
Su fuerte demanda en México, pero sobre todo en Estados Unidos hizo posible que dos cárteles mexicanos –Sinaloa y el de Jalisco –agilizaran sus operaciones y pronto establecieron amplias redes con cárteles chinos para producir la droga.
También impusieron nuevas dinámicas en el tráfico. Esto comenzó a notarse a partir del año 2017, de acuerdo con información de la DEA. Hasta esa fecha el fentanilo se enviaba desde China a las diversas ciudades
estadunidenses. Más tarde, las rutas se modificaron, pues ambos cárteles diversificaron sus formas de introducción al mercado estadunidense.
Fue entonces cuando las autoridades mexicanas y estadunidenses comenzaron a detectar que tanto el cártel de Jalisco como el de Sinaloa empezaron a importar precursores químicos para producir fentanilo en laboratorios propios. Así se convirtieron en los principales abastecedores del mercado estadunidense.
Sin embargo, algunas modalidades de tráfico se man-
la ignorancia de los miembros de las Fuerzas Armadas en los temas aduanales. Así logran cruzar la droga al mercado de consumo más boyante.
Los chinos se han especializado en camuflagear los cargamentos, los que disfrazan “de cualquier cosa”, según explica una fuente consultada. La droga, explica la misma fuente, puede arribar en contenedores de jabón, en muñecos de yeso o de porcelana, saturada de papel y relleno y así se disimula el verdadero contenido de la carga.
criminales para el arribo de fentanilo.
Recientemente, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguraron en Culiacán un cuantioso cargamento de fentanilo. En total fueron 118 kilogramos. Su valor, según datos oficiales, es de casi mil millones de pesos. Ese aseguramiento fue catalogado como uno de los más cuantiosos, pero ¿Cuántos cargamentos más robustos han cruzado hacia Estados Unidos? En realidad un decomiso no dice absolutamente nada considerando el amplio mundo de las drogas. Por cada cargamento asegurado puedo asegurar que pasan diez, por decir lo menos.
Las terminales marítimas no son las únicas que son utilizadas para el tráfico de esa sustancia. Las terminales aéreas de Culiacán, Manzanillo y Ciudad de México también tienen una fuerte dinámica en el movimiento de fentanilo, de acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
de los proveedores de los precursores químicos.
Cabe decir que el cártel de Jalisco comenzó traficando drogas sintéticas desde que fue fundado por Abigael González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, actual jefe de esa organización, allá a mediados de los años noventa.
Por lo que respecta a Sinaloa, su fuerte es el tráfico de marihuana y cocaína, pero se involucró en el movimiento de fentanilo precisamente por su alta rentabilidad y poca inversión. Ambos grupos criminales disponen de amplias redes en los puertos mexicanos, de ahí que el gobierno de Estados Unidos haya externado su preocupación por el tráfico de ese químico a través de las terminales marítimas.
tienen, por ejemplo, el envío por correo y vía aérea. Una de las formas más socorridas es la transportación en contenedores, en barcos de carga, que salen de los puertos de China –Hong Kong es uno de los más activos en este rubro –y llegan directamente a Estados Unidos. Los puertos mexicanos juegan un rol clave, pese a estar militarizado; lo mismo ocurre en las aduanas. Los criminales y los funcionarios corruptos se aprovechan de
En Sinaloa, por ejemplo, uno de los cuantiosos aseguramientos ocurrió al revisar unas estrellas de madera. Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), varios cargamentos con estas características se han detectado en diversos puertos mexicanos, como Lázaro Cárdenas y Colima, respectivamente. Ambas terminares marítimas están consideradas las más socorridas por los
En México el fentanilo se elabora en laboratorios clandestinos que, de acuerdo con datos oficiales, han sido detectados en Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Durango y Baja California.
Después, la sustancia se envía a la frontera norte, particularmente a Tijuana, Baja California, desde donde cruza a San Diego, California. Cuando la sustancia está en territorio estadunidense comienza su distribución en latas de comida, piezas de automóviles, juguetes o incluso en bolsas con dulces.
La razón por la que los cárteles mexicanos se han involucrado en el tráfico de fentanilo tiene una explicación: es altamente rentable. Según datos publicados en 2020 por el diario “El Universal”, producir un kilo de fentanilo cuesta 32 mil dólares. Con ese kilo se producen un millón de dosis que, de acuerdo con cifras de la DEA, arrojan ganancias de hasta veinte millones de dólares.
Este boyante negocio ha transformado a los cárteles de Jalisco y Sinaloa en organizaciones criminales trasnacionales, pues según la DEA ambos cárteles tienen presencia en Asia y Australia precisamente porque en esos puntos del planeta disponen
En su visita a Guatemala y México, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, expuso que, debido al alto flujo de fentanilo en los puertos mexicanos, el gobierno de Estados Unidos le pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que las Fuerzas Armadas se ocuparan de la seguridad de los puertos.
Esa fue la razón por la que el gobierno de México ha procedido a militarizar todo el país; también explica por qué la Guardia Nacional ahora debe ser coordinada desde la Secretaría de la Defensa Nacional. En el fondo de todo está la seguridad de la frontera estadunidense y sus intereses económicos en México.
Sin embargo, pese al blindaje militar –que por cierto es histórico en el gobierno de la Cuarta Transformación –el tráfico continúa. De acuerdo con fuentes consultadas “los militares no son incorruptibles. También son alcanzables”.
De acuerdo con informes de la DEA, los cárteles implicados en el tráfico de drogas sintéticas, entre otras el fentanilo, son el de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
Operan a través de los puertos mexicanos, donde han construido importantes redes criminales y complicidades para poder colocar las sustancias en el mercado norteamericano.
Hasta ahora, dichas redes se mantienen impunes y no menos sólidas, pues las autoridades mexicanas, por complicidad o incapacidad, no han podido desarticularlas.
*Inermes ante las embestidas del crimen organizado
*Cártel de los Ministeriales, principales protectores de plagiarios
*Gobernador y alcalde de Matehuala, presuntamente vinculados
*Los Zetas, Cártel del Golfo y CJNG controlan plagios y narco
De no ser por la denuncia del secuestro de un empresario transportista y una veintena de turistas y la presión de la opinión pública que obligaron a actuar al gobierno potosino, ésta no habría admitido la existencia de toda una zona controlada por el crimen organizado donde se plagia y extorsiona masivamente a miles de migrantes.
El lunes 3 de abril, un grupo de turistas y un empresario de Grupo Eifel partieron de las comunidades de San Felipe, La Peña y La Quemada, en Guanajuato, a bordo de dos camionetas turísticas; una transportaba 15 pasajeros y la otra a seis, con sus respectivos choferes, para un total de 23 personas.
De acuerdo con sus registros de geolocalización de la empresa, el grupo mantuvo un trayecto normal, pero aproximadamente a las 3 de la madrugada del martes 4 de abril, al llegar al municipio de Matehuala, San Luis Potosí, salieron de su ruta y se dirigieron a un centro nocturno llamado “Mezquit Rodeo”, donde permanecieron aproximadamente una hora.
Cuando el sistema le alertó de la anomalía en la ruta, Osvaldo González, socio de la compañía, intentó contactar a los choferes de las camionetas vía mensajes de texto y llamadas telefónicas pero no tuvo éxito, por lo que supuso que, para ese momento, los choferes ya no tenían control de las unidades y a partir de ese momento se perdió tofo rastro.
Ante la desaparición presentó su demanda de inmediato, a los que las autoridades potosinas le aseguraron que actuarían de inmediato, pero los días pasaban y no avanzaban las investigaciones por lo que comenzaron las presiones.
El día 6, lo que era la búsqueda de las 23 personas plagiadas, destapó la cloaca y en menos de 48 horas no sólo localizaron a los 23 buscados, sino aparecieron 98 víctimas más, para un total de 121 que habían sido secuestradas en Matehuala, San Luis Potosí, entidad gobernada por Ricardo Gallardo Cardona, del PVEM.
Además de los 23 desaparecidos en las camionetas turísticas, fueron encontradas 12 personas más, todas migrantes centroamericanas. En una zona cercana también fueron localizados 46 migrantes plagiados que viajaban en un autobús de la Ciudad de México a Nuevo León, interceptado por un grupo delincuencial en el tramo de Villa Hidalgo a Matehuala.
También fue hallado un tercer grupo de 11 migrantes que se encontraba retenido en un hotel del municipio de Matehuala, cuyo alcalde es el panista Iván Estrada Guzmán.
La Fiscalía de San Luis Potosí desglosó seis diferentes hallazgos con 96 migrantes extranjeros y 9 mexicanos, entre ellos 3 choferes, uno de los cuales, Joel "N", murió a causa de los golpes que le propinaron sus plagiaros.
Junto con ello, 16 pasajeros de una camioneta que provenía del Estado de México, fueron secuestrados en la misma zona.
La localización de los 121 plagiados se logró tras la denuncia de Osvaldo González, quien además contribuyó a las investigaciones al aportar la ubicación exacta de uno de los vehículos desaparecidos, gracias a su geo localizador, lo que desató sendos operativos de los gobiernos de San Luis Potosí y de Guanajuato, apoyados por el gobierno el federal, lo qie dio como resultado que la cifra de víctimas aumentara hasta sumar 121.
En el rescata hubo éxito, no así en la detención de los culpables, excepto dos detenidos: uno en un hotel y otro en una casa de seguridad, en el resto de los secuestros masivos no hubo ningún delincuente capturado.
Al respecto, especialistas y legisladores cuestionaron la impunidad que priva en San Luis Potosí, pies luego de aparatosos despliegues no hay un sólo detenido importante, “lo que hace aparecer que los delincuentes fueron alertados a tiempo”, advirtió David Saucedo especialista en seguridad.
“Ahora que se descubrió que existe toda una red de tráfico de personas que tiene un anillo de protección policial y casas de seguridad, se debe desarticular por completo y que no quede sólo en la anécdota feliz de que los migrantes fueron rescatados con vida”, remarcó Saucedo.
El experto añadió, que el grupo criminal que opera en la carretera 57 está ligado al Cártel del Golfo, y cuenta con información privilegiada para conocer sobre los convoyes o grupos de migrantes que utilizan esa vía para llegar al norte.
Recordó que fue gracias a una empresa de transporte que dio información en tiempo real de una de sus camionetas, que las autoridades pudieron comenzar las acciones de búsqueda.
Dijo que es lamentable que las autoridades no hagan nada hasta que se ven presionadas, pero lo más grave es que se evidencia que amplias zonas, no sólo de ese estado sino del país, están dominadas por el crimen, agregó.
Por su parte, el senador Damián Zepeda, integrante de la Comisión de Justicia, dijo que en la región opera una red de tráfico de personas que cuenta con la protección policial, “se trata de una red que lleva a los migrantes a ranchos, hoteles o domicilios para extorsionarlos e incluso obligarlos a formar parte de sus redes del narcomenudeo o de producción de drogas”.
Precisó que no sólo en San Luis Potosí existen mafias dedicadas al tráfico de personas, también en Guanajuato, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León, que cazan a los migrantes que se ven obligados a utilizar las carreteras para llegar a EU. Les quitan sus teléfonos celulares, llaman a los familiares y piden depósitos en cuentas banearías.
*En Colombia todo ha cambiado en el narcotráfico. Los capos ahora son más discretos y operan con bajo perfil, aunque siguen siendo efectivos en el tráfico de drogas internacional.
*Desde el país sudamericano zarpan buques o bien submarinos con droga que pueden llegar a otros continentes sin mayores sobresaltos. Los grupos criminales han optado por subcontratar algunos servicios como el transporte, la compra de insumos para elaborar cocaína, fentanilo y otras drogas químicas, de esta forma el crimen organizado ha pulverizado sus actividades
*Ya no hay cárteles piramidales: ahora son células dispersas y cada una cumple con una función en esto que parece toda una industria del narcotráfico
En Colombia la dinámica del narcotráfico ha cambiado.
Los cárteles –antes grupos letales por su saña –ahora han dejado de ser violentos; los narcotraficantes han modificado sus rutinas y también su comportamiento: ya no son estridentes como sus antecesores. Operan con bajo perfil, lavan el dinero en otros continentes y subcontratan servicios para no ser vistos ni detectados.
Ese cambio del rol del narcotráfico en Colombia les ha permitido a los narcotraficantes ser más discretos y hábiles, aunque mantienen boyante el negocio del tráfico de drogas a todo el mundo vía aérea y marítima, dos de sus más fuertes instrumentos de exportación.
Aunque sigue existiendo violencia en el país sudamericano, al menos la de alto impacto ha disminuido, según sostienen expertos consultados, pues los capos no quieren agitaciones ni que se ponga en riesgo su negocio; por ello han optado por la discreción: ya no utilizan vehículos ostentosos ni se exhiben en lugares públicos haciendo alarde de su prepotencia, como ocurría en la década de los años ochenta y noventa del siglo pasado. La violencia de alto impacto que antaño bañó de sangre el territorio ha quedado en el pasado: ahora evitan la violencia, pues saben que esas actividades afectan el negocio del tráfico de drogas. La cocaína sigue siendo una droga dominante en sus exportaciones, pero también han abierto boyantes mercados en el mundo de las drogas de diseño, como en fentanilo, el cual exportan a Estados Unidos y Europa.
Las autoridades colombianas llevan a cabo investigaciones, pero reconocen que les cuesta más trabajo detectar a los verdaderos capos de la droga, pues han cambiado sus roles: ya no son sostentosos ni se mueven en vehículos de lujo, por lo que muchos narcotraficantes han optado por el llamado bajo perfil.
Después de que Colombia se significó por ser un país altamente exportador de drogas, dominado por el poder de dos cárteles emblemáticos –Medellín y Cali –el narcotráfico colombiano dio un giro drástico en los últimos años: ahora el tráfico de drogas en el país sudamericano es operado por pequeños grupos criminales cuyas actividades y ganancias pasan desapercibidas para las autoridades. Sin embargo, el negocio es tan boyante como en el pasado.
La destrucción de los cárteles de Medellín y Cali, que ocurrió tras la muerte de Pablo Escobar en 1993 y la captura y extradición a Estados Unidos de los hermanos Rodríguez Orehuela, en 1995, respectivamente, devino en el surgimiento de cientos de organizaciones criminales pequeñas cuyos cabecillas ya no son ostentosos: ahora se presentan como empresarios y ganaderos exitosos; tampoco generan violencia y una forma de mantenerse en el anonimato fue haberles pasado la estafeta de la distribución y el transporte de enervantes a los capos y cárteles mexicanos, quienes se encargan de colocar los cargamentos de drogas en los grandes mercados de consumo, como Estados Unidos y Europa, por citar sólo dos de los más importantes.
Según los informes de la Policía Nacional de Colombia y la Drug Enforcement Adminitration (DEA) estos nuevos grupos dedicados al narcotráfico son tan discretos que son llamados “Los Invisibles”, pues no hacen gala de la ostentación y sus ganancias, que han disminuido pero son constantes, se invierten en el extranjero para no ser detectados por las autoridades fiscales colombianas.
Estas fuentes registran en sus informes y carpetas de investigación que en Colombia operan tres grandes narcotraficantes que son identificados por sus alias. A ellos, les atribuyen el movimiento más importante de enervantes desde Colombia que, en muchos casos, cruzan por Venezuela, desde donde se planean las rutas a seguir para las entregas vía aérea o marítima.
Actualmente los tres capos más importantes de Colombia son identificados por las autoridades locales y la DEA como “El Señor T”, “El Contador” y “La Araña”. A ellos se les atribuye la capacidad de mover hacia el extranjero la mitad de la droga que se produce en ese país y que se estima en unas 500 toneladas de cocaína al año.
Según el perfil de que disponen las autoridades, estos tres capos se han mantenido en el negocio debido a sus alianzas con cárteles extranjeros y bandas criminales locales; además, se mantienen en el anonimato y llevan una vida sin lujos.
“El Señor T” –establecen los informes –opera bajo una fachada de comerciante prestador de servicios; se abastece de la cocaína que se produce en demarcaciones como Catatumbo, Magdalena Medio, Cauca y Chocá, donde ha establecido pactos con miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene presencia en esos territorios.
Las agencias de inteligencia colombianas y norteamericanas, que han estudiado sus movimientos, aseguran que mantiene alianzas con cárteles mexicanos, chilenos, españoles y holandeses. Incluso aseguran que existen registros de algunos encuentros sostenidos en Venezuela.
El llamado “Señor T” no es cabeza de un cártel, como ocurría en el pasado. Este personaje del crimen organizado conformó una outsourcing y creó varias empresas en el exterior para canalizar sus ganancias sin dejar rastros.
A pesar de que mantiene una vida austera, su capacidad para mover droga es tan elevada que esto lo puso al descubierto: ahora forma parte de la lista de los veinte criminales más buscados del mundo.
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Ciudad de México
Del 29 de mayo al 4 de junio de 2023
Edición No. 64
*Ni las Fuerzas Armadas ni mucho menos la Guardia Nacional Pueden frenar las oleadas de asaltos, secuestros y desapariciones forzadas que ocurren en las diversas carreteras del país
*De muy poco sirve que la Guardia Nacional patrulle el territorio de norte a sur: el crimen sigue perpetrando a camioneros, automovilistas y a los autobuses de pasajeros, cuyos ocupantes son asaltados a diversas horas del día como de la noche
*Es la ley del crimen la que se impone en los llamados “caminos de la muerte”, pues no existen rutas libres ni seguras.
Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionaes/Grupo Sol Corporativo
Veracruz.- En varias rutas del país el crimen acecha y perpetra asesinatos, secuestros, también comete desapariciones, asaltos a mano armada a camiones de pasajeros y de carga. Nadie los detiene. La Guardia Nacional, lejos de garantizar la seguridad, forma parte del problema, pues a este flagelo también se suma el tráfico de indocumentados, un negocio boyante del que participan las propias autoridades.
PAG. 5 y 6
*En el gobierno de Samuel García, la Auditoría Superior de la Federación dice que hay inconsistencias
Redacción/La Opinión de México
Nuevo León.- En gobierno de Samuel García en Nuevo León, tiene pendientes de aclaración 2 mil 315,179.72 millones de pesos, señala la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría De Cumplimiento: 2021-A-19000-19-1276-2022, aplicada al Gobierno del Estado de Nuevo León en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo .
Al Gobierno del Estado de Nuevo León se le aprobaron
recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 por 14,791,045.4 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; al respecto y como resultado de modificaciones presupuestales se autorizó una ampliación por un monto de 1,079,121.6 millones de pesos, que resultó en un monto ministrado de 15,870,167.0 millones de pesos, para su ejercicio y aplicación, de los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación 319.9 millones de pesos, antes de la presentación de la Cuenta Pública, por lo que el monto registrado como ejercido ascendió a 15,869,847.1 millones de pesos.
$ 5.00
*Se determinó 6 mil 657 millones de pesos pendientes por aclarar Redacción/ La Opinión de México
Ciudad de México.- En la revisión de la Cuenta Pública 2019, realizada por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López, se determinaron 6 mil 657,544.00 pesos pendientes por aclarar en la Contratación de Servicios, señala la Auditoría De Cumplimiento: 2019-004100-19-0008-2020 8-GB
*Por acreditar los pagos del servicio integral de apoyo logístico de la SER
Redacción/La Opinión de México
Ciudad de México.- Con la revisión de la documentación que acreditó los pagos del servicio integral de apoyo logístico de las reuniones de trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE
*El boom de las drogas sintéticas ( o químicas) sigue imparable. Ninguna autoridad detiene su auge. Su demanda crece entre los jóvenes tanto en México, Estados Unidos como en Europa
*Asia no se queda atrás, sobre todo, porque es el productor del fentanilo, la base para su elaboración. De acuerdo con informes oficiales y datos de la DEA, en México los drogadictos consumen fentanilo, por ejemplo, porque el crimen ha decidido mezclarlo en las dosis de heroína, cocaína y cristal
*Esta fiebre por las drogas químicas ha rebasado el mercado de la cocaína, heroína y ni se diga el de la marihuana. Ahora todo es químico y más letal, pues las sustancias químicas destruyen y matan con mayor velocidad
*La PFP de Genaro García Luna Redacción/La Opinión de México Ciudad de México.- En una revisión de la Cuenta Pública 2007, realizada por Grupo Sol Corporativo, en la Auditoría: 07-0-36C00-020455 en Adquisición de Bienes Muebles, se constató que el presupuesto ejercido por la Policía Federal Preventiva (PFP) bajo el mando de Genaro García Luna, en la partida 4304 “Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles” se desagregó, ejerció y registró con base en las partidas de los capítulos y conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto como un total de mil 269,879.9 millones de pesos.