Sol Yucatán | Edición n.º 121 | 4 de julio de 2022

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

¡NARCOBURLA!

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 4 al 10 de julio de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 121

$ 5.00

*El crimen organizado, que ha asentado sus bases en Yucatán desde hace más de una década, se burla o es solapado por la presunta estrategia de seguridad del gobernador Mauricio Vila Dosal *El gobernador ha visto empañada su imagen para sus aspiraciones presidenciales con el hallazgo de al menos ocho cuerpos que presentaban el tiro de gracia, de hombres que fueron “levantados” en el vecino estado de Quintana Roo *Ni Felipe Saidén Ojeda ni su equipo de Inteligencia detectaron la entrada del crimen organizado con los cuerpos localizados en Chikindzonot, Yucatán, lo que evidencia el rotundo fracaso de la estrategia de seguridad del Estado Redacción /Sol Yucatán Mérida.- El crimen organizado, que ha asentado sus bases en Yucatán desde hace más de una década, se burla de la estrategia de seguridad del gobernador Mauricio Vila Dosal, que ha visto empañada su imagen para sus aspiraciones presidenciales con el hallazgo de al menos ocho cuerpos que presentaban el tiro de gracia, de hombres que fueron “levantados” en el vecino estado de Quintana Roo.

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“ILUMINA” RENÁN SUS ESTAFAS ¡TRAFICAN INFLUENCIAS! *El ayuntamiento de Mérida, bajo la administración de Renán Barrera Concha, ha dilapidado más de 11.8 millones de pesos en adquisición y mantenimiento de lámparas, a través de licitaciones viciadas y llenas de opacidad

*En el 2019, la empresa Suministros Eléctricos Lumínicos y Ferreteros del Mayab recibió 975 mil 102.96 pesos por la venta de 78 lámparas, cada una con un costo de más de 12 mil 500 pesos *A más de 10 años del polémico cambio de luminarias chinas en Mérida durante la administración de la priista Angélica Araujo Lara, y la pésima respuesta legal por el panista Renán Barrera Concha desde la primera de sus tres gestiones como alcalde, el caso sigue abierto PAG. 10

*Los pseudoambientalistas Marcos Constandse Redko y Rodrigo de la Peña, implicados en tráfico de influencias, alteración de usos de suelo y planes urbanos para la sobreexplotación de los espacios, sobredensificación hotelera y residencial *El entonces delegado de la Semarnat, Raúl González Castilla, afirmó que el desarrollo condominal Puerta del Mar contaba con sus permisos ambientales desde PAG. 2 2005, pero el 21 de abril de 2007 el desarrollo fue clausurado por la Profepa “por contravenir la legislación ambiental” PAG. 4

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Mérida, Yucatán. Del 4 al 10 de julio de 2022

EDITORIAL

Redacción /Sol Yucatán

ALIANZAS CON EL CRIMEN

La delincuencia organizada utiliza a Yucatán como segura retaguardia, tiradero de narcocabezas, trampolín de narcorutas, bodega de los delincuentes o centro de operaciones para planificar todo tipo de fechorías en la península.

Lo que importa al gobernador panista Mauricio Vila Dosal es continuar con el manejo de una falsa imagen de seguridad, para seguir con sus aspiraciones a ser candidato a la presidencia de la república, mientras se abren de par en par las puertas a todo tipo de delitos de alto impacto, en los que incluso se involucra a los estados vecinos.

Todo parece indicar que la policía encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, ha llegado a diversos acuerdos en lo oscurito con los criminales, lo que les permite tener las puertas abiertas para hacer y deshacer, en lo que su-

*La delincuencia organizada utiliza a Yucatán como segura retaguardia, tiradero de narcocabezas, trampolín de narcorutas, bodega de los delincuentes o centro de operaciones *Al gobernador panista Mauricio Vila Dosal solo le importa el manejo de una falsa imagen de seguridad, para continuar con sus aspiraciones a ser candidato a la presidencia de la república *Mientras, se abren de par en par las puertas a todo tipo de delitos de alto impacto, en los que incluso se involucra a los estados vecinos

puestamente se considera uno de los estados más seguros del país.

Lo más reciente son los cuerpos de ocho de los 12 levantados en el rancho Loma Bonita, en Xcalack, Quintana Roo, que fueron tirados y transportados más de 300 kilómetros, pasando por retenes del vecino estado y hasta tirarlos en Chikindzonot, Yucatán, sin que ninguna policía los detuviera para inspeccionar tan macabro cargamento.

Y esto es ¿negligencia o complicidad? ¿Operan juntos o han sido burlados?

La presunción de seguridad que tienen se basa en lo mediático, en realidad no tienen ninguna estrategia en

esa área, que no sea capotear todo tipo de acciones sangrientas con el ocultamiento o la distorsionada difusión de los hechos.

Pero ya nadie cree en sus mentiras, el pueblo yucateco tiene miedo por las ejecuciones constantes, los ajustes de cuentas, las balaceras y las narcomantas en las que se anuncia la ejecución de narcomenudistas entre los grupos rivales que aseguran haber comprado la plaza y que la van a defender a sangre y fuego.

Es un secreto a voces que en el oriente de la entidad hay constantes y sospechosos movimientos de presuntos narcotraficantes que solamente tienen ganado en las orillas de la carretera, en más de cinco mil ranchos, para “taparle el ojo al macho”.

De ahí que todo el neEL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO gocio de arrebatarle las tierras a los campesinos, Director General: encabezado por Rafael Pedro Daniel Rodríguez Hernández Acosta Solís, tenga la más alta protección guSubdirector General: José Enrique González Ortiz Coordinación Editorial: Rafael Campos / José Sánchez López bernamental y nunca se Coordinador de Finanzas: Víctor Manuel Simá Kú proceda con las demandas que tiene en contra de CORRESPONSALES NACIONALES miles de ejidatarios que Veracruz: Sayda Chiñas Córdoba / Tijuana: Isaí Lara Tonathiu / Guerrero: Cuauhtémoc se han organizado para Albarrán / Chihuahua: Héctor Dáyer López / Tamaulipas: Oscar Pineda Tapia / Oaxaca: defenderse de la rapiña.

Roberto Polo Hernández / Sinaloa: Jesús Herrera Guanajuato: Eduardo Estrada Téllez / Los tizimileños se han Puebla: Ana de la Fuente Laudo / Michoacán: Marcos Hernández Palafox / Ciudad de México: José G. Sánchez / Estado de México: Manuel Godínez / Cuernavaca: Alejandro Melgoza referido a la venta de drogas, también en el municiCOLUMNISTAS pio de Valladolid y otros Rafael Loret de Mola / Ricardo Ravelo Galó / José Sánchez López / Francisco Medina / Mouris puntos del Estado. Ya cada Salloum George / Pablo Cabañas / Héctor Moctezuma de León / Edgar González Martínez / vez hay menos “tiendiSergio Gómez Montero /Moisés Sánchez Limón / Sócrates Campus Lemus / Gregorio Ortega tas” o “picaderos, ahora Molina / Glen Rodrigo Magaña / Fernando Irala / Octavio Campos Ortiz / Alberto Woolrich / Aletia Molina / Miguel Rocha Valencia / Miguel Tirado Rasso / Armando Rojas/ Roberto Fuentes la droga es entregada a Caricaturistas: Salvador del Toro “Chavo del Toro” / Armando Barrera Vera domicilio en mototaxis o en motocicletas, basta haRedacción: cer una llamada telefónica Jefe de información: Josué Isaías Massa Tec para conseguir la cocaína, Monitoreo: Fernanda Torres Vidal, Ivana Xahil Osorio Azcorra, Mar Ortiz , Carlos García mariguana o piedra.

Urdapilleta No es nada nuevo el Transparencia: Gerardo Briceño / Lesmy Aurelia González Velázquez Reporteros: Didier Madera / Eyder Joel Núñez Euán que se presenten hechos Diseño gráfico y Diagramación: Daniel E. Tuz Solís / Edwin J. Hidalgo Sandoval sangrientos, el 28 de agosRelaciones públicas: Paola Pacheco Orendain to del 2008, cuando en Ventas: Mario Cabrera Pech los montes de la comisaría meridana de Chichí OFICINAS EN YUCATÁN Suárez aparecieron 11 Dirección de las oficinas: Calle 31 por Calle 21, Nº 211, local B, Colonia México Oriente, C.P. 97125, Mérida, cuerpos decapitados, todos Yucatán.

Tel. Oficina: 999 285 9235 ó 999 291 6663. encimados y desnudos. O Horarios de oficina: De Lunes a Viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. y Sábados de 9:00 a 2:00 pm. el caso del municipio de Edición Semanal los narcomenudistas de Circulación en el estado de Yucatán Buctzotz, a más de 150 Certificado de licitud de título y contenido: En trámite Sol Yucatán pertenece a la casa editorial Grupo Sol kilómetros de la capital yucateca. O el desplome Impreso en Calle 60 No. 521 entre 65 y 67 Col. Centro C.P. 97000 Mérida, Yucatán de la avioneta cargada con www.solyucatan.com cuatro toneladas de cocaíCorreos electrónicos: publicidad.solyucatan@gmail.com / gruposolqr@hotmail.com / laopiniondemexico@hotmail. com / gruposolqr@hotmail.com na, el 24 de septiembre del 2007, cuando volaba sobre OFICINAS EN QUINTANA ROO montes de Tixkokob, a CANCÚN poco más de 20 kilómetros SM. 20, M. 18 L. 31, Calle Venado Nº 26 de la capital del Estado. La Tel. Oficina: 998 60 4 74 79 y 998 60 4 74 80 aeronave era de la CIA y CHETUMAL la operaba el Cártel de SiDirección de las oficinas: Av. Álvaro Obregón Nº 500 esquina Av. Revolución, Fraccionamiento “La Herradura”, naloa.

Chetumal, Quintana Roo. Tel. Oficina: 28-5-61-25 y 28 5-57-97 Horarios de oficina: De Lunes a Viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. y Sábados de 9:00 a 2:00 pm.

Los hechos se acumulan a lo largo de los años, Edición Semanal Circulación en el estado de Quintana Roo pero ahora se hace más Certificado de licitud de título y contenido: En trámite constante y más evidente Sol Yucatán pertenece al Corporativo Grupo Sol toda esta complicidad que Impreso en Calle 60 No. 521 entre 65 y 67 Col. Centro C.P. 97000 Mérida, Yucatán existe entre la delincuenwww.solquintanaroo.com cia y un gobierno estatal Correos electrónicos: gruposolqr@hotmail.com que hipócritamente grita Presencia en CDMX que la combate.

Manuel alejandro Godínez López Te. 5550531909

DIRECTORIO

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OTRAS INQUISICIONES Por Pablo Cabañas Díaz

EL TRÁFICO DE ARMAS EN EL ASESINATO DE BUENDÍA Manuel Buendía fue asesinado hace 38 años, el 30 de mayo de 1984. Miguel Bonasso, quien era corresponsal en México de la revista colombiana Semana, fue el único periodista que sostuvo la hipótesis de que Buendía pudo haber sido asesinado por descubrir una importante operación de tráfico de armas hacia Centroamérica. Esta hipótesis al paso de los años se fortalece. Esa operación –escribió Bonasso– “estuvo basada en el tráfico de armas de México hacia Honduras y Costa Rica”.

Según esta versión, desde Coatzacoalcos, Veracruz, habrían salido armas para abastecer a la contrarrevolución nicaragüense. En esa operación estarían comprometidos importantes funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a quienes Buendía hizo blanco de frecuentes denuncias sobre corrupción”. Completaba Bonasso: “ésta operación nos remite al misterioso industrial alemán Gerhard Mertins (…) propietario de la empresa Merex y de una mina de plata en Durango, (quien) fue descubierto por Buendía en un oficio oculto: traficante de armas con destino a Centroamérica” (www.semana.com/mundo/ articulo/el-asesino-vino-del-caribe/5468-3).

El asesinato de Buendía sigue sin aclararse. En 1989 fue aprehendido, como responsable de su muerte, José Antonio Zorrilla Pérez, quien fue presidente del Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo, de 1979 a 1981; y encabezó la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de 1982 a 1985. El 15 de febrero de 1993, Zorrilla Pérez fue condenado a 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado y como autor intelectual del crimen, lo mismo que Juan Rafael Moro Ávila, nieto de Maximino Ávila Camacho, exjefe de grupo de motociclistas de la Brigada Especial de la DFS, y señalado como uno de los autores materiales del asesinato.

La versión oficial omite el hecho de que en 2014, se dieron a conocer nuevos datos relacionados con el asesinato de Buendía, en un documento estadunidense clasificado como de “máximo secreto”, en el que se habla de un traficante de armas, así como de la llamada Contra nicaragüense. El traficante en cuestión era el exnazi alemán Gerhard Georg Mertins (1919-1993). Desde 1984 se había considerado al alemán como sospechoso de la muerte de Buendía. Hay un dato que muestra los intereses que estaban en juego: “Para cubrir el costo de las armas que le compraban a Mertins, las avionetas que enviaba a Centroamérica con el armamento regresaban a México cargadas de cocaína colombiana que luego vendía al Cártel de Guadalajara”. (http://diario. mx/Estados_Unidos/2014-04-06_2b4606dc/entreno-dea-a-guerrilleros-en-rancho-de-caro-quintero; información de Proceso).

En el año 2011, las autoridades de la República Federal de Alemana tomaron la decisión de investigar el pasado nazi de sus servicios de espionaje. Se estableció una comisión de historiadores, para estudiar los expedientes de los años comprendidos entre 1945 y 1968. La apertura de viejos expedientes vuelve a dirigir la mirada hacia América Latina entre 1945 y 1968, cuando funcionaron de los servicios de la llamada Organización Gehlen, así llamada por el nombre de su jefe, el antiguo general de la Wehrmacht Reinhard Gehlen.

Los archivos de la Organización Gehlen confirman que se encubrió el paradero de muchos criminales nazis para convertirlos en algunos casos en sus agentes. La lista de nazis hallados es amplia. En Bolivia habitó durante años Klaus Barbie y hay fundadas evidencias de que Martin Bormman, el secretario de Hitler, vivió en Paraguay.

Borman fue declarado oficialmente muerto el 2 de mayo de 1945 pero el 6 de febrero de 2011, el prestigioso periódico belga Derniere Heure aseguró que Bormman residió en la década de los 50 del siglo XX, entre Paraguay y Bolivia, bajo la identidad de un religioso. No es una ficción aceptar la tesis del famoso historiador Hugh Trevor-Roper, quien sostuvo que el número dos de Hitler no había muerto.

En 1972 el diario británico Daily Express publicó que Bormann huyó de Europa con papeles del Vaticano y entró en América Latina alrededor de 1948. La conexión mexicana de la Organización Gehlen tiene como antecedente el libro de Ken Silverstein titulado: Private Warriors (Guerreros privados), publicado por la editorial Verso Books en el año 2000. En esa obra se menciona la relación Reinhard Gehlen con su socio y amigo Gehard Mertins, un exoficial nazi que jugó un papel trascendente en el tráfico de armas y de oro en México.

Reinhard Gehlen formó la compañía Merex A.G, que vendió armas a países del tercer mundo y tuvo como su empleado más importante a Mertins. Famosos fueron los escándalos de tráfico de armas descubiertos en los años 60 en los que se implicó Merex. A tal punto llegó el poder de Merex que el gobierno suizo le prohibió hacer negocios en su territorio. En 1967 el Congreso de Estados Unidos investigó a la compañía, y estableció que sus actividades empresariales eran legítimas. Y lo eran, ya que contaba con el apoyo del servicio de inteligencia federal alemán y el visto bueno de Washington.

En su momento se sospechó de la participación en el crimen de Mertins, quien había llegado sin cita previa a las oficinas del periodista días antes de su muerte para amenazarlo. Desde los años 80 había rastros de la actividad de Mertins en México. Toda la información sobre Mertins se centraba en la sucesión de la Mina Villa Parral y la casa de la exhacienda de Ferrería de Piedras Azules, mobiliario de colección y varias propiedades más que habían heredado en Durango sus hijos Gerhard, Joerg y Helmut.

Las noticias sobre Mertins aparecieron de nuevo el 16 de junio de 2005 en los medios de comunicación chilenos. Ese día tuvo lugar un hallazgo de armas en la colonia Dignidad. Hay que tener en cuenta que Mertins falleció en Miami, Florida, el 19 de marzo de 1993. A partir de ese descubrimiento se hizo pública la relación entre Mertins y su socio Carlos Honzik, en el negocio en Chile de la compra 25 aviones Mirage 5 a Bélgica, en 1994 por la suma de 109 millones de dólares.

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Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- El crimen organizado, que ha asentado sus bases en Yucatán desde hace más de una década, se burla de la estrategia de seguridad del gobernador Mauricio Vila Dosal, que ha visto empañada su imagen para sus aspiraciones presidenciales con el hallazgo de al menos ocho cuerpos que presentaban el tiro de gracia, de hombres que fueron “levantados” en el vecino estado de Quintana Roo. El 25 de junio, las autoridades de Mérida llevaron a cabo la autopsia para identificar los ocho cuerpos encontrados en Chikindzonot, Yucatán en las que se confirmó que los cuerpos pertenecen a los sujetos que fueron privados de su libertad en Xcalack, Quintana roo, de acuerdo a la ficha de búsqueda publicada por la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, además de que las características físicas y señas particulares brindadas de manera extraoficial, coinciden con los cuerpos encontrados en el municipio.

Los cuerpos fueron identificados con los nombres de José Luis Vallalpando Pat, Herber Crencio Landeros Vidal, Edgar Medina Romero, Flavio César Roblero García, José Ismael Dzul Chan, David Azael Pool Poot, Moisés Nicolás Cuervo y Emilio Roberto Manzano Villamil.

Los occisos habrían sido secuestrados a base de disparos, pues en el rancho conocido como Loma Bonita se encontraron una gran cantidad de casquillos percutidos, para posteriormente ser ejecutados en Limones, y finalmente depositados en una fosa clandestina en Chikindzonot, Yucatán.

Ni Felipe Saidén Ojeda ni su equipo de Inteligencia detectaron la entrada del crimen organizado con los cuerpos localizados en Chikindzonot, Yucatán, lo que evidencia el rotundo fracaso de la estrategia de seguridad del Estado, ya que para trasladar a tantas personas tuvieron que haber

taxis o en motocicletas, basta hacer una llamada telefónica.

TIRADERO DE CABEZAS

Mauricio Vila Dosal.

utilizado una camioneta de grandes dimensiones y “nadie la vio”: ningún retén, ningún filtro, ningún patrullaje.

El hallazgo lo realizo un agricultor de la zona que pretendía llegar a su milpa. Los cuerpos estaban cubiertos con varias bolsas de plástico negro, e incluso, había guantes de látex que habrían utilizado los gatilleros para dejar los cuerpos en el lugar. Hasta ahora no existen pistas que señale a los presuntos responsables pero eso ya es tarea de la FGE de Quintana Roo. La noticia trascendió en medios de comunicación, no sólo nacionales sino también internacionales, lo que pone en alerta a la entidad que Mauricio Vila y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Saidén Ojeda, han considerado en sus discursos como la más segura.

El pueblo yucateco en general vive con zozobra debido a las ejecuciones por ajuste de cuentas, la excesiva venta y consumo de diversos tipos de drogas, la aparición de narcomantas en las que amenazan a los narcomenudistas, el trasiego de grandes cargamentos de cocaína empaquetados dentro de tiburones congelados en un contenedor asegurado en el puerto internacional de Progreso, avionetas desplomadas en Tixkokob con toneladas de cocaína, etcétera.

Luis Felipe Saidén Ojeda.

*El crimen organizado, que ha asentado sus bases en Yucatán desde hace más de una década, se burla o es solapado por la presunta estrategia de seguridad del gobernador Mauricio Vila Dosal *El gobernador ha visto empañada su imagen para sus aspiraciones presidenciales con el hallazgo de al menos ocho cuerpos que presentaban el tiro de gracia, de hombres que fueron “levantados” en el vecino estado de Quintana Roo *Ni Felipe Saidén Ojeda ni su equipo de Inteligencia detectaron la entrada del crimen organizado con los cuerpos localizados en Chikindzonot, Yucatán, lo que evidencia el rotundo fracaso de la estrategia de seguridad del Estado LA NARCOREALIDAD GOLPEA YUCATÁN Sol Yucatán desde hace al menos tres años ha venido denunciando y evidenciando la presencia de grupos criminales pero en todo momento el gobernador Mauricio Vila Dosal y Felipe Saidén Ojeda han minimizado y negado los hechos.

Valga como ejemplo el oriente de Yucatán, donde sigue creciendo el número de narcorranchos con miles de hectáreas de extensión que no permiten ver con claridad las actividades que ahí se realizan, aunque en muchos casos tratan de disfrazarlas con ganado a la orilla de la carretera.

El crecimiento ha sido muy acelerado desde hace poco más de una década, en la que investigaciones periodísticas y testimonios revelan la presencia de gente de otros estados, incluso de otros países, quienes sorprenden al campesino que vive en la miseria con fajos de billetes de alta denominación y terminan convenciéndolos para que vendan a precios miserables sus tierras.

Son más de cinco mil ranchos ganaderos, pero no existe un padrón con nombres y orígenes de quienes compran las propiedades, simplemente los campesinos venden sin preguntar más, porque temen que algo les pueda suceder, ya que entre compradores de “buena fe” hay narcotrafican-

tes, que a final de cuentas, lo que les importa es el dinero, sin sospechar que posteriormente se quedarán sin plata y sin tierras.

Sin embargo, Sol Yucatán pudo conocer que a la altura del kilómetro 140 de la carretera Mérida-Tizimín hay un rancho, cuyo propietario, escoltado por cuatro sujetos que cubren sus armas con sus camisas, ha sido visitado por pobladores de este municipio, citados a una reunión donde se tratarían temas de índole político.

Asimismo, los tizimileños se han referido a la venta de drogas al menudeo y presumen que se trata de este tipo de sujetos quienes operan en el oriente y quizás en todo el estado, pero son fuereños toda vez que Yucatán, según estadísticas de las propias autoridades, ocupa el primer lugar a nivel nacional en consumo de drogas.

De igual forma, tanto en este municipio como en Valladolid y otros puntos del estado se ha podido ver cómo el modus operandi de los vendedores de droga ha ido evolucionando ante la inoperancia de la policía del gobierno del Estado de Mauricio Vila Dosal, pues anteriormente el drogadicto tenía que ir personalmente a las mentadas “tienditas” o “picaderos”, sin embargo, ahora la droga es entregada a domicilio en moto-

El estado ha vivido muchas experiencias nada agradables y que atemorizaron al pueblo yucateco: basta recordar aquel 28 de agosto del 2008, cuando en los montes de la comisaría meridana de Chichí Suárez aparecieron 11 cuerpos decapitados, todos encimados y desnudos.

En las mismas circunstancias apareció más tarde otro cuerpo, pero en el municipio de Buctzotz, a más de 150 kilómetros de la capital yucateca. Todos traían tatuajes en sus cuerpos y después trascendió que se trataba de narcomenudistas.

En aquel entonces, quien fuera subprocurador de justicia y ahora ladrón de tierras, Rafael Acosta Solís, reconoció que no eran casos aislados, mientras el titular de la institución señaló ante los medios de comunicación que reforzarían la seguridad para que este tipo de casos no se repitieran.

El crimen organizado parece salir de las sombras en las que se ha encontrado durante tanto tiempo en la entidad, ya sin discreción y a la vista de todos, dejando claro que no cederá en su intento por tomar el control.

Cabe señalar que autoridades estatales insisten en sus informes que en Yucatán no hay grupos criminales, sin embargo, la ciudadanía se pregunta: ¿cómo es que se distribuye tanta droga por todos lados?, ¿por dónde entra? Se supone que para evitar que llegue a manos de niños y jóvenes están los retenes a las entradas y salidas de la entidad.

Por ello, el reciente hallazgo de los ocho cuerpos en Chikindzonot ha dejado al descubierto la fallida estrategia de seguridad de Mauricio Vila Dosal como gobernador del estado, quien se ha jactado de decir que Yucatán es una entidad segura. La realidad es que han abierto de par en par las puertas de Yucatán a la delincuencia organizada.

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Redacción/Sol Yucatán/Sol Quintana Roo/Sol Campeche/La Opinión de México

Ciudad de México.- Los empresarios inmobiliarios y pseudoambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, Marcos Constandse Redko y Rodrigo de la Peña han sido señalados como los principales promotores de innumerables presiones económicas que tuercen desde sus orígenes planes de desarrollo urbano, para que se cambien usos de suelo, teniendo como resultado la sobreexplotación de los espacios, sobredensificación hotelera y residencial, con su inacabable secuela de demandas civiles y penales en Cancún.

Prueba de ello es el conjunto residencial Puerta del Mar, que se ubica en la zona de Puerto Juárez.

Ese terreno tenía como destino original el desarrollo de proyectos residenciales. Su propietario era Marcos Constandse Redko, quien lo comercializó, aparentemente en dos partes.

La primera fue adquirida por Diego y Rodrigo de la Peña (padre e hijo), quienes construyeron dos edificios denominados Amara I y Amara II, que suman poco más de 260 condominios, dentro del conjunto que los alberga y que se denomina “La Playa”, con una entrada compartida.

En esa sociedad con los De la Peña, participó María Asunción Aramburuzabala, reconocida como la mujer más acaudalada de México.

La empresa BBA Impulse –nació en 1991 para dar paso a ABILIA- desarrolladora del proyecto residencial Puerta del Mar que alberga al conjunto habitacional Amara Cancún, acusada de devastar manglar en la zona, vendió 85% de los condominios sin permisos ambientales en 2007, lo que en ese momento suponía un fraude para los adquirientes.

BCBA Impulse es propiedad de María Asunción

Marcos Constandse Redko.

Aramburuzabala, la mujer más rica de México. Ella se hizo socia del empresario hotelero Rodrigo de la Peña en el proyecto Puerta del Mar en 2006.

El diseño del desarrollo estuvo a cargo de dos despachos de arquitectos: El 911 y Arpa Arquitectos.

Aunque el entonces delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Raúl González Castilla, afirmó que este desarrollo condominal cuenta con sus permisos ambientales desde 2005, la historia es diferente, pues el 21 de abril de

2007 el desarrollo fue clausurado por la Profepa “por contravenir la legislación ambiental”.

Varios meses estuvieron en el lugar dos mantas inmensas que lo advertían.

No contaban con la

Rodrigo de la Peña.

*Los pseudoambientalistas Marcos Constandse Redko y Rodrigo de la Peña, implicados en tráfico de influencias, alteración de usos de suelo y planes urbanos para la sobreexplotación de los espacios, sobredensificación hotelera y residencial *El entonces delegado de la Semarnat, Raúl González Castilla, afirmó que el desarrollo condominal Puerta del Mar contaba con sus permisos ambientales desde 2005, pero el 21 de abril de 2007 el desarrollo fue clausurado por la Profepa “por contravenir la legislación ambiental” *En su momento salieron a la luz las graves irregularidades sobre las que se construyó y comercializó este conjunto, ahora envuelto en el escándalo de malas prácticas de construcción

Manifestación de Impacto Ambiental y no tenían incluso el cambio de uso de suelo, de Forestal a Turístico Habitacional.

Ahora, mágicamente de acuerdo con el funcionario federal cuentan con todos

los permisos ambientales desde 2005.

En 2006, Aramburuzabala adquirió el control de BCBA Impulse y con ella inició la construcción de Puerta del Mar, aun sabiendo que no tenían los

permisos ambientales, pero confiada en las relaciones de su socio, el hotelero Rodrigo de la Peña, aportó los terrenos para la realización del proyecto.

Esos terrenos fueron donados durante la administración municipal de Magali Achach por el propio De la Peña para una Terminal de Transferencia que nunca se construyó.

Años después se los volvió a apropiar y los ofreció como aportación para la sociedad con María Asunción Aramburuzabala, exdueña de la Cervecería Corona que vendió en 2012 a una compañía belga en 20 mil millones de dólares.

Durante la construcción de Puerta del Mar, la maquinaria secó una laguna y fusionaron ilegal y arbitrariamente los Lotes 1 y 3 de la Manzana 10, sin acuerdo del Cabildo y con ello se robaron dos calles donde originalmente transitaban los pescadores.

En su momento salieron a las luz las graves irregularidades sobre las que se construyó y comercializó este conjunto, ahora envuelto en el escándalo de malas prácticas de construcción, específicamente en lo que concierne al Grupo PC Turquesa de Jorge Macari.

Sin embargo, poco tiempo después, surgió una serie de desencuentros entre inversionistas y propietarios de condominios, cuando apareció en escena

el propietario del tercer lote. El empresario yucateco, Jorge Macari, del grupo constructor PC Turquesa, quien consiguió, de una forma que aún se considera sospechosa, una serie de permisos municipales, estatales y federales, para construir un hotel dentro de ese conjunto.

En ese momento se conoció que arrancaba obras para edificar un centro de hospedaje que se denominaría “Sunscape Star Cancún Family Resort”, con 232 habitaciones y que planeaba abrir sus puertas en diciembre.

De hecho, las páginas de reserva de habitaciones ya tenían disponible el `booking´ de reservaciones, a un costo promedio de 170 dólares por noche en habitación doble.

Durante el tiempo en el que se realizaban las obras, se presentó un encontronazo entre los propietarios que viven en Amara I y Amara II, pues la empresa constructora pretendió – y finalmente lo logró–, introducir los suministros, cargamentos, empleados y demás materiales, por la puerta principal y usando el camino de los condóminos, prácticamente sin pagar mantenimiento y generando un daño a esas instalaciones.

El problema se dirime en juzgados, aunque eso no bajó la presión entre habitantes de esos conjuntos residenciales y Jorge Macari.

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FRAUDE CON VIVIENDAS PROGRESO

*En tan sólo tres semanas, la empresaria Nadine Esther Chuc Echeverría suscribió tres contratos a modo con los alcaldes de Progreso, Tekax y Yaxcabá, para el desarrollo de más de 600 acciones de vivienda, por un total de 25.2 millones de pesos *El 31 de agosto de 2019, el presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi le asignó un monto por un millón 897 mil 703.13 pesos para la construcción de cuartos dormitorios

*A pesar de que las obras han sido denunciadas por varias irregularidades como que no se especifica el nombre de las colonias donde se efectuaron las obras, ni se detalla a beneficiarios o el número de cuartos construidos

Julián Zacarías Curi.

Redacción /Sol Yucatán Progreso.- En tan sólo tres semanas, la empresaria Nadine Esther Chuc Echeverría suscribió tres contratos a modo con los alcaldes de Progreso, Tekax y Yaxcabá, para el desarrollo de más de 600 acciones de vivienda en 2019, con un presupuesto de 25.2 millones de pesos, sin embargo, dichas obras resultaron de precaria calidad para el beneficio de familias de escasos recursos.

Pese las irregularidades cometidas por la empresa Diseño e Ingeniería Pilot, Sociedad Anónima de Capital Variable, no hubo, hasta el momento, una auditoría en contra de las autoridades municipales, ante la flagrante corrupción que prevaleció.

De los tres municipios implicados, sólo el de Progreso dio a conocer a medias el respectivo documento a través de transparencia, y la respectiva compañía sólo presentó los correspondientes a Tekax y Yaxcabá.

En los tres casos fueron licitaciones públicas, pero fue evidente el favoritismo que prevaleció a favor de Chuc Echeverría, pues en todo momento hubo acuerdos previos, lo que le permitió obtener un techo financiero por 25 millones 183 mil 78.95 pesos.

El primer acto se ejecutó el 31 de agosto de 2019, con el presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, quien suscribió el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número MPY-DDUOP-15-2019, relativo a la “Construcción de cuartos dormitorios tercera etapa en el municipio de Progreso, Yucatán”.

De acuerdo con el documento, la iniciativa privada fue establecida el 10 de febrero de 2017, con domicilio fiscal en la calle 20 número 145 con 33 de la colonia Chuburná de Hidalgo.

En el documento se estableció que el contratista “tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto del contrato”.

De tal manera, se le asignó un monto por un millón 897 mil 703.13 pesos, la cual fue la cifra más baja de los tres convenios.

El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que

menos los detalles de los beneficiarios, así como tampoco el número de cuartos construidos.

La documentación fue firmada por ambos implicados, así como por el secretario de la comuna, José Alfredo Salazar Rojo, y el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luis Alberto Castro Naal, entre otros funcionarios.

OTROS CONTRATOS

corresponde al importe de 569 mil 310.94 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El plazo de ejecución de la obra objeto fue de 82 días naturales, por lo que el trabajo inició el 3 de septiembre y la labor concluyó el 23 de noviembre de 2019, sin embargo no se pudo evidenciar el cumplimiento del acuerdo.

El contrato está compuesto de 24 cláusulas, distribuidas en 20 fojas, en el cual no se especifica el nombre de las colonias donde se efectuaron las obras, mucho

Mientras que el segundo contratado amañado, Chuc Echeverría lo signó el 19 de septiembre de 2019, para la “Construcción de 171 acciones de vivienda en el municipio de Tekax”.

En esta ocasión, el munícipe Diego Ávila Romero le otorgó un presupuesto por nueve millones 271 mil 71353 pesos, cuyo trabajo ejecutó a partir de ese día, hasta el 17 de diciembre, es decir, se le concedió un plazo de 89 días naturales.

El tercero y más oneroso contrato data del 20 de septiembre de 2019, para la “Construcción de 348 acciones de vivienda en el municipio de Yaxcabá”.

Tras negociar con el munícipe Sansón Israel Palma Santos, se adjudicó dicha obra objeto, y le otorgaron un presupuesto por 14 millones 13 mil 662.29 pesos.

La labor la efectuó en 89 días naturales, a partir de la firma del documento, hasta el 18 de diciembre, pero no hay una evidencia de que cumplió con su objetivo, tanto en tiempo como en forma, pues la documentación está incompleta.

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde se efectuaron las respectivas obras, al igual si cumplió con el número de viviendas, y si los beneficiados eran realmente familias pobres.

Ninguno de estos dos alcaldes subió a su portal de transparencia el respectivo contrato a modo, y a pesar de ello, tampoco fueron multa-

dos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (Inaip).

Cabe resaltar que la primera vez que Palma Santos fue alcalde, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) lo denunció como responsable de un daño patrimonial al municipio por dos millones 768 mil 630 pesos.

En dos ocasiones fue postulado y ganó la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la tercera fue por un minipartido, el Social Demócrata (PSD).

Para su muy buena suerte, al igual que la de 28 concejales, en 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que no procederán contra los munícipes denunciados por malos manejos de los recursos públicos anteriores a 2017.

Por ende, eran 28 los expedientes que se encuentran registrados y con inicio de investigación, los cuales estaban sujetos a su análisis sobre la tipicidad y prescripción del ejercicio de la acción penal.

Entre los expedientes están las denuncias presentadas contra los exalcaldes de Bokobá, Celestún, Chankom, Dzilam González, Halachó, Homún, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Oxkutzcab, Sanahcat, Tekantó, Tekax, Temax, Tinum, Valladolid, Xocchel y Yaxcabá.

Nadine Esther Chuc Echeverría.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

FAVORECEN A DELINCUENTES VALLADOLID

Redacción /Sol Yucatán

Valladolid.- Pese al historial delictivo de la empresaria Sandra Lissete Romero Ojeda, el alcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, le otorgó un contrato a modo, con el cual le autorizó un presupuesto por 2.6 millones de pesos para la rehabilitación de calles de este municipio en 2020.

Durante su trienio, el edil favoreció a diversos empresarios con denuncias penales abiertas, es decir, que aún sigue el proceso, al entregar millonarios recursos por los respectivos trabajos, muchos de los cuales son de precaria calidad, entre otras anomalías detectadas.

Por ende, Romero Ojeda, la administradora única del Grupo Inmobiliario Vixen, Sociedad Anónima de Capital Variable, no fue la excepción, ya que enfrenta un juicio extraordinario hipotecario promovido por el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), de acuerdo con el expediente 00143/2017.

A pesar del antecedente, el munícipe la benefició al otorgarle al menos un contrato a modo, hasta el momento detectado.

El 15 de diciembre de 2020, el concejal y la empresaria suscribieron el contrato de obra pública con base en precios unitarios y tiempo determinado, con número FISM-R33-102032-2020-LP, relativo a la obra de “Rehabilitación de calles adoquín, asfalto,

concreto y empedrado en Valladolid, localidad de Valladolid, asentamiento Santa Lucía (Calle 31, de la 32 a la 40)”.

En el documento se estableció que el contratista “tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto del contrato”.

Aunque se trató de una licitación pública, en ningún momento se informó del número de participantes ni la propuesta ganadora.

Romero Ojeda abundó que la compañía la creó el 29 de mayo de 2018, y está ubicada en la calle 27 número 71 entre 16 y 18 de la colonia Chichén Itzá.

Ante la disfrazada asignación directa, el ex presidente municipal le otorgó un techo financiero por dos millones 566 mil 117.20 pesos, recurso proveniente del Fondo De Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020 y del Ramo 33.

Al mismo tiempo, el municipio le otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 769 mil 835.16 pesos, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanente-

*Pese al historial delictivo de la empresaria Sandra Lissete Romero Ojeda, el exalcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, le otorgó un contrato por 2.6 millones de pesos para la rehabilitación de calles de este municipio

*La empresaria Romero Ojeda enfrenta un juicio extraordinario hipotecario promovido por el Infonavit, de acuerdo con el expediente 00143/2017 *Durante su trienio, el exedil favoreció a diversos empresarios con denuncias penales abiertas, al entregar millonarios recursos por los respectivos trabajos Enrique de Jesús Ayora Sosa.

mente y demás insumos.

De igual forma, el plazo de ejecución de la obra objeto fue de 90 días naturales, por lo que el trabajo comenzó el 16 de diciembre de 2020, al día siguiente de la firma del contrato, y la labor concluyó el 15 de marzo de 2021, o al menos así se estableció en el documento.

Ante las numerosas anomalías detectadas, es notable la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

El contrato está compuesto de 25 cláusulas, distribuidas en 12 fojas, y en él aparecen los nombres del edil y la empresaria, así como del secretario de la comuna, Ramón Isaí May Tuz, y del director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vías Terrestres, Iván Agustín Pineda Alcocer, pero ninguno estampó su respectiva rúbrica.

UNO MÁS Problema similar ocurrió posteriormente, pero con el empresario Federico Cueva Hernández, quien lleva a cuesta una denuncia mercantil interpuesta por el ex diputado federal Jesús Carlos Vidal Peniche, el entonces alcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, le otorgó un contrato a modo para la construcción de baños modernos, para lo cual le entregó un monto por 2.5 millones de pesos.

Como oportunamente se publicó, suscribió el respectivo documento dos días antes del proceso electoral, todo ello, con tal de aprovechar al máximo el año de Hidalgo.

De acuerdo con el expediente 230/2020, el exlegislador le pide 500 mil pesos para la reparación de los daños causados, cuyo proceso se solicitó que fuera en línea a través del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado, el cual

aún continúa.

Incluso, por diversos motivos también se han interpuesto denuncias, lo que demuestra que se trata de una persona conflictiva.

Pese los antecedentes delictivos, el edil decidió privilegiarlo al otorgarle a la empresa Pisos y Estampados del Mayab, SA de CV, la realización del respectivo trabajo, a efectuar en Tixhualactún, comisaría de dicho municipio del Oriente del Estado.

El 4 de junio de 2021, Ayora Sosa signó el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FISM-R33-102-028-2021LP, relativo a la “Construcción de cuartos dormitorios y sanitarios con biodigestor en Valladolid, localidad Tixhualactún, asentamiento Tixhualactún”.

El procedimiento se realizó a través de una licitación pública, sin embargo, no se especificó el número de participantes, ni se presentó la propuesta de la empresa ganadora, cuyas oficinas están en la calle 17

entre 14 y 16A de la colonia Paraíso Maya.

Pese a ello, se le asignó un techo financiero por dos millones 497 mil 315.58 pesos, recursos federales correspondientes al Ramo 33 y al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio 2021.

El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 749 mil 194.67 pesos. Asimismo, otorgó un plazo de ejecución de la obra objeto por 65 días naturales, por lo que el trabajo comenzó el 5 de junio, es decir, al día siguiente de la firma del contrato y uno antes de los comicios, y la labor concluyó el 8 de agosto de 2021.

Sin embargo, en ningún momento dio a conocer los resultados de la obra a pesar que le faltaban 23 días para concluir su administración.

El contrato está compuesto de 25 cláusulas, distribuidas en 12 fojas, en el cual no se especifica los detalles de los beneficiarios, ni el número y mucho menos su identidad.

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BENEFICIÓ A SU "AMIGA" TIZIMÍN

Redacción /Sol Yucatán

Tizimín.- La ambición del acalde de Tizimín, Mario Alberto González González, permitió entregar dos contratos a modo a favor de la empresaria Lina Mercedes Fernández Alcocer, pues en un lapso de 14 meses le otorgó un presupuesto de 6.4 millones de pesos para obras de pavimentación.

Tan sólo en 2019, a la empresa Constructora Caqo, Sociedad Anónima de Capital Variable, le aprobó un monto por dos millones de pesos, y debido al éxito que lograron, al año siguiente le duplicó el techo financiero con un segundo contrato por 4.4 millones de pesos.

En su trienio fueron diversas las anomalías que protagonizó, y su principal gananacia fueron los contratos a modo, tal como los que realizó con Fernández Alcocer, pues en los primeros dos años de su administración le otorgó seis millones 423 mil 679.62 pesos, los cuales, son los detectados hasta el momento.

Lo peor de todo, dicha empresa tiene la experiencia, pues en tan sólo 10 años suscribió numerosos contratos con otros ayuntamientos de la Península de Yucatán. El 22 de julio de 2020, el edil signó con Fernández Alcocer el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FAISM-096-VT-006-2020, relativo a la “Construcción de pavimentación en

Mario Alberto González González.

*El exalcalde de Tizimín, Mario Alberto González, le otorgó un presupuesto de 6.4 millones de pesos a la empresaria Lina Mercedes Fernández Alcocer para obras de pavimentación *Tan sólo en 2019, a la empresa Constructora Caqo, S.A. de C.V., le aprobó un monto por dos millones de pesos, y debido al éxito obtenido en esta acción ilegal, al año siguiente le duplicó el techo financiero con un segundo contrato por 4.4 millones de pesos *El dinero provino del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism) correspondiente a 2020, es decir, se trataron de recursos federales Tizimín, localidad de Tizimín, y asentamiento Benito Juárez, Comichén y Lázaro Cárdenas, y construcción de señalética en asentamiento Lázaro Cárdenas, Huayita, Ocho Calles, Campestre San Francisco, Santa María, San José Nabalam, Chan Cenote, Tixcancal, Sucopo, El Cuyo y Popolnah”.

Dicha adjudicación se concretó mediante el procedimiento de licitación

pública, sin embargo, nunca se detalló el número de licitantes ni se presentó los resultados de la propuesta ganadora.

Tras favorecer a la administradora única de la respectiva compañía, le otorgó un monto por cuatro millones 399 mil 129.31 pesos.

El costo total de los trabajos fueron con recursos provenientes del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism) correspondiente a 2020, es decir, se trata de recursos federales.

En el documento se estableció que el contratista “tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto del contrato”.

El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de un millón 319 mil 738.79 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción

e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El plazo de ejecución de la obra objeto fue de 60 días naturales, por lo que el trabajo comenzó el 22 de julio, el mismo día de la firma del documento, y la labor concluyó el 19 de septiembre de 2020.

Sin embargo, se desconoce si se cumplió con el plazo, pues no se presentaron los resultados de la respectiva obra.

El contrato está compuesto de 24 cláusulas, distribuidas en 12 fojas, en el cual no se especificó el número de los beneficiarios, entre otros detalles.

El concejal y la empresaria firmaron el contrato, al igual que el secretario de la comuna, Reyes Gaspar Aguiñaga Medina, y el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, José Guadalupe Díaz Marrufo, principalmente.

Debido a las numerosas arbitrariedades detectadas en el contrato, fue notable la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Como oportunamente se publicó, en menos de una década, en la Península de Yucatán, Fernández Alcocer consolidó su negocio de la construcción con base a numerosos contratos a modos que suscribió con diversos alcaldes de la región, los cuales cada uno rebasó los dos millones de pesos.

Tan sólo en Tizimín, los negocios turbios datan de 2014, y a partir de ese año, se ha expandido hasta abarcar otros municipios de Yucatán, así como de Campeche y Quintana Roo, primeramente como contratista y luego, a través de la empresa Constructora Caqo, SA de CV, la cual data del 6 de marzo de 2015.

Tan sólo en Lázaro Cárdenas, municipio de Quintana Roo, obtuvo nueve obras por 14.7 millones pesos; también ha celebrado contratos con los ayuntamientos de Solidaridad de la entidad quintanarroense y en Yucatán ha realizado obras a los ayuntamientos de Valladolid y Tizimín, principalmente.

El 17 de mayo de 2019,

González González signó el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FAISM-096VT-011-2019, relativo a la “Construcción y pavimentación de calles de la localidad de Santa Rosa y Anexas, municipio de Tizimín, Yucatán” a favor de la apoderada legal de dicha compañía.

Por ende, se le asignó un presupuesto por dos millones 24 mil 550.31 pesos, recursos provenientes del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) para el ejercicio 2019.

El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que

corresponde al importe de 607 mil 365.09 pesos.

El plazo de ejecución de la obra objeto fue de 60 días naturales, por lo que el contratista comenzó a trabajar a partir del 17 de mayo, es decir, el mero día de la firma del documento, y la labor concluyó el 15 de julio de 2019.

Asimismo,en Quintana Roo, el exalcalde de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, también hizo negocios granes y entregó nueve obras por 14 millones 719 mil 687 pesos a la Constructora Caqo SA de CV, durante el 2021. Del total, siete fueron por la construcción de minidomos, cuyo monto total ascendió a 11 millones 721 mil 660 pesos.

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PISOTEA LA LEY TEKAX

Redacción /Sol Yucatán

Tekax.- En plena campaña electoral de 2021, el alcalde de Tekax, Diego José Ávila Romero, suscribió un contrato a favor del jalisciense Javier Esteban Montero Novelo, quien es señalado por presuntos actos de corrupción con diversos alcaldes de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

El edil del sur del estado aprovechó al máximo el año de Hidalgo, por lo que autorizó diversas obras, con tal de obtener una ganancia adicional para su beneficio personal, y en esta ocasión el monto fue de 1.5 millones de pesos.

A pesar que Montero Novelo carece de una empresa consolidada, ha recibido numerosos contratos para efectuar trabajos de vialidad, principalmente, y tan sólo en 2021, laboró para los municipios de Campeche y Calkiní, en el estado de Campeche, así como de José

María Morelos, en Quintana Roo, y en Tekax, Yucatán.

El primer documento que dicha persona física signó con Ávila Romero data del 30 de marzo de 2021, el cual consistió en un contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número 31079.01.2021.03, relativo a la “Construcción de parques públicos y/o plazas en Tekax, ubicado en la calle 41 entre 44 y 48 de la localidad”.

Asimismo, el predio del contratista originario de Jalisco está ubicado en la calle 26 con 33 de la colonia Chuburná de Hidalgo, de Mérida, de acuerdo con el documento.

Por otro lado, aunque se trató de una licitación pública, no se especificó el número de licitantes que participaron en la convocatoria, y mucho menos se expusieron detalles de la propuesta ganadora.

De tal manera, se le asignó un techo financiero por

Diego José Ávila Romero. un millón 497 mil 355.32 pesos, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ejercicio fiscal 2021.

El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 449 mil 206.59 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso,

cual no se especificó los detalles de los beneficiarios.

Debido a las numerosas irregularidades detectadas, es notable la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Ávila Romero pisoteó la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, pues no acató las disposiciones que efectuó el Instituto

*En plena campaña electoral de 2021, el alcalde de Tekax, Diego José Ávila Romero, suscribió un contrato a favor del jalisciense Javier Esteban Montero Novelo, quien es señalado por actos de corrupción en Yucatán, junto con diversos alcaldes de Campeche y Quintana Roo *El edil del sur del estado autorizó diversas obras, con tal de obtener ganancias para su beneficio personal, y en esta ocasión, el monto fue de 1.5 millones de pesos *A pesar que Montero Novelo carece de una empresa consolidada, ha recibido numerosos contratos para efectuar en Tekax, principalmente en trabajos de vialidad para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El plazo de ejecución de la obra objeto fue de 45 días naturales, por lo que el trabajo comenzó el 31 de marzo, y la labor concluyó el 14 de mayo de 2021, sin embargo se desconoce si terminó a tiempo, pues no hubo un reporte oficial, y mucho menos, la ceremonia de la entrega de la misma.

Es decir, la obra se efectuó a pesar de la veda electoral, pues los comicios se efectuaron el 6 de junio.

El contrato está compuesto de 21 cláusulas, distribuidas en 15 fojas, en el

Nacional Electoral (INE).

El contrato fue firmado por el concejal y la persona física, así como por la secretaria municipal, Flora Margarita Peraza Campos, la síndica, Fabiola Guadalupe Suárez Varguez, y el tesorero, Juan Gabriel Ucán López.

SAQUEO PENINSULAR No solamente en Yucatán han hecho negocios, pues sus redes se han extendido por toda la península. El segundo “negocio” ocurrió en abril de 2021 en Quintana Roo, con la exalcaldesa del municipio de José María Morelos, Sofía Alcocer Alcocer, al erogar cinco millones 38 mil 283.52 pesos por pavimentación y revestimiento de calles con carpeta asfáltica en caliente, aunque a simple

vista no existen.

De acuerdo con el contrato número JMM-DOPFIMS-12/2021 se empleó a Montero Novelo para el reencarpetamiento, hecho que durante el Tercer Informe de Gobierno Municipal se hizo caso omiso por inconformidad general.

El 13 de diciembre de 2021 se informó que el contratista participó en la contratación por invitación a cuando menos tres personas, para la obra objeto “Rehabilitación de canchas y espacios multideportivos, en el campo de Marañón, en la calle Becan entre calle Bajada y Lindavista, de Lerma, en la entidad de Campeche.

La propuesta fue por dos millones 467 mil 339.13 pesos para el proyecto a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio. Finalmente, el 9 de julio de 2020, el Ayuntamiento de Calkiní, lo privilegió con el contrato número CLK-DDRES-

FISM-IR-015/2020, relativo a la “Construcción de infraestructura agrícola para camino sacacosechas Unidad Agrícola San Joaquín y de San Lorenzo, en la localidad de Nunkiní”.

El presupuesto asignado fue de un millón 415 mil 77.34 pesos con recursos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

El plazo de ejecución de la obra objeto fue de 29 días naturales, para lo cual el trabajo comenzó el 10 de julio y la labor supuestamente debió terminar el 7 de agosto de 2020.

Es decir, el servicio que presta es regional, en especial, para los pequeños municipios, al parecer para tener un mayor éxito disimulado en la respectiva convocatoria.

Desafortunadamente, hasta el momento, en ninguna de estas administraciones se han efectuado auditorías para corroborar las anomalías efectuadas por el polémico contratista.

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PAVIMENTACIÓN, MILLONARIO BOTÍN PETO

Redacción /Sol Yucatán

Peto.- De acuerdo con la evaluación de la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY) a la cuenta pública de 2020 del ayuntamiento de Peto, el exalcalde, Edgar Calderón Sosa, no justificó el gasto de 40 millones de pesos del erario, asignados para la realización de distintas obras del municipio.

La ASEY realizó 12 observaciones en la evaluación, donde destacan siete contratos que tuvieron como objeto la rehabilitación de calles. Cabe mencionar que cada uno de ellos va de los cuatro millones a cuatro millones y medio de pesos, provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Distrito Federal (FISM-DF).

Entre los documentos faltantes que mantienen todos los contratos, resulta peculiar que todos adolecen del comprobante de transferencia bancaria o estado de cuenta por el pago de los servicios. De igual forma, no existe un comprobante de cuánto fue el anticipo otorgado por el municipio para la realización de las obras, un pequeño indicador de la opacidad con que laboraba el exalcalde.

Un detalle que expone el enorme desvío de recursos cometido por Calderón Sosa es que en todos los contratos celebrados por la rehabilitación de calles se detectaron pagos por servicios no ejecutados, todos por más de dos millones de pesos.

El contrato con la cantidad más alta es el número FISM-PETO-2020-LP-07 con objeto “Rehabilitación de calles con concreto asfáltico”, cuyo costo fue de cuatro millones 673 mil 900 pesos, con periodo de ejecución del 11 al 31 de diciembre de 2020, firmado el 10 de diciembre de 2022, en el cual se detectaron conceptos pagados no ejecutados por tres millones 661 pesos.

En el mismo tenor, también destaca el contrato número FISM-PETO2020-LP-06 con objeto “Rehabilitación de calles con concreto asfáltico en la localidad y municipio de Peto, Yucatán”, con un importe ejercido de cuatro millones 587 mil 200 pesos, también pagado con recur-

*El exalcalde de Peto, Edgar Calderón Sosa, no solventó el gasto de 40 millones de pesos del erario, asignados para la realización de distintas obras públicas del municipio *Un detalle que expone el enorme desvió de recursos cometido por el exalcalde es que en todos los contratos se detectaron conceptos pagados no ejecutados, todos por más de dos millones de pesos *Entre los documentos faltantes que mantienen todos los contratos, resulta peculiar que todos adolecen del comprobante de transferencia bancaria o estado de cuenta por el pago de los servicios

Edgar Calderón Sosa. sos del FISM-DF 2020, con periodo de ejecución del 10 al 31 de diciembre de 2020,

firmado el día 9 de diciembre de 2020.

De nueva cuenta, el ór-

gano auditor detectó conceptos pagados no ejecutados por tres millones 154 mil pesos. Por otra parte, el ayuntamiento no proporcionó archivo de fotografías de las obras finalizadas que acredite los conceptos contratados y finiquitados, tam-

poco el plano de construcción final completo y demás documentación que permita constatar la ubicación y ejecución de la obra, así como la comprobación del destino final del gasto.

Además, todas las obras carecieron de documentos

comprobantes de controles de calidad y pruebas de laboratorio de las capas que estructuran el pavimento por cada una de las calles señaladas. Asimismo, no fue presentado el reporte con fotografías, asociado a los conceptos contratados por cada una de las calles señaladas.

De igual forma, tampoco se contó con el archivo fotográfico de las obras finalizadas que acredite los conceptos contratados y finiquitados, ni el plano de construcción final y documentos que permita constatar la ubicación, ejecución, cuantificación de la obra y lo más importante: el documento de comprobación del destino final del gasto.

Todos estos archivos son solicitados por la ASEY con la finalidad de valorar si los recursos proporcionados por el Estado son utilizados debidamente.

Llama la atención que –como resultado de los procedimientos de la auditoría– se emitieron 12 observaciones, de las cuales ninguna fue justificada ante la autoridad, debido a que el ayuntamiento de Peto no proporcionó la mínima documentación que avale el gasto ejercido.

Para terminar, a pesar de la exorbitante desaparición de 40 millones de pesos y de todas las irregularidades detectadas, la ASEY no emitió ninguna multa hacia Edgar Calderón Sosa o alguno de sus regidores, por lo que el órgano auditor también fue cómplice del presunto desvío de fondos públicos.

Cabe señalar que los 40 millones de pesos sin justificar pertenecieron a fondos federales para obra pública, ya que el ayuntamiento de Peto, bajo la administración de Calderón Sosa, tampoco justificó el gasto de más de 16 millones de pesos, correspondientes al presupuesto de la entidad en 2020.

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“ILUMINA” RENÁN SUS ESTAFAS

Pág. 10 Mérida, Yucatán. Del 4 al 10 de julio de 2022

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Renán Barrera Concha.

*El ayuntamiento de Mérida, bajo la administración de Renán Barrera Concha, ha dilapidado más de 11.8 millones de pesos en adquisición y mantenimiento de lámparas, a través de licitaciones viciadas y llenas de opacidad Redacción / Sol Yucatán Mérida.- Las luminarias de Mérida son el talón de Aquiles del alcalde Renán Barrera Concha, ya que se han convertido en un gran negocio, pero también en un gran conflicto financiero que hasta el día de hoy se ventila en los tribunales.

El pasado 16 de mayo, en sesión extraordinaria del Cabildo de Mérida, se aprobó la compra de mil 256 luminarias, a pesar que el año pasado se destinaron 10 millones 38 mil 454.40 pesos para el mismo número de lámparas, es decir, que cada luminaria costó ocho mil pesos al erario. Sin embargo, este modus operandi de Barrera Concha para comprar lámparas con sobrecosto no es nuevo.

Valga como ejemplo el concurso por invitación número SAP-9-LUMINARIOS-LED-02, cuyo fallo fue celebrado el 11 de diciembre de 2019, bajo el objeto “Adquisición de luminario tipo punta de poste en tecnología LED de 62 watts de consumo”.

Según consta en el acta, la empresa ganadora fue Suministros Eléctricos Lumínicos y Ferreteros del Mayab, S.A. de C.V., la cual recibió del ayuntamiento de Mérida 975 mil 102.96 pesos por la venta de 78 lámparas, las cuales habrán sido de lujo, porque cada una le costó al erario más de 12 mil 500 pesos.

Por otro lado, dicho proceso estuvo viciado desde el mismo comienzo, ya que al tratarse de una invitación por parte del Ayuntamiento, la empresa ganadora ya estaba definida de antemano. Prueba de ello es que ninguna de las otras compañías participantes se tomó la molestia de presentarse al fallo de la licitación.

Por otro lado, según consta en el documento, los otros participantes fueron Aqua.Lux, S.A. de C.V., Mario Eduardo Palmero Bo-

jórquez y Comercializadora Wado de Yucatán, S.A. de C.V., todos con relación con el ayuntamiento de Mérida, bajo la administración de Renán Barrera.

De igual forma, uno no puede evitar sospechar al darse cuenta que el nombre del administrador único de la compañía ganadora fue censurado del documento por considerarse información clasificada. Sin embargo, cuando tratamos de verificar el nombre del representante de la empresa, a través de otros documentos celebrados con el ayuntamiento de Mérida, todos fueron borrados de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Esta simulación fue tan descarada que ningún funcionario de alto nivel se atrevió a firmar el contrato; en el caso del ayuntamiento de Mérida, lo signó el subdirector de Administración y de Proveeduría, pero en los casos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la Unidad de Contraloría Municipal y la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, mandaron solo a representantes.

Otro ejemplo del gran negocio que son las luminarias para Barrera Concha, lo encontramos en el acto de fallo del concurso por invitación número DA-SDAYP-2020-REHABILITACIÓN-DE-LUMINIRARIAS-01, celebrado el 23 de julio de 2020.

Al igual que en el primer caso, en esta ocasión la empresa ganadora ya estaba determinada de antemano y resultó ser no otra más que Aqua.Lux, S.A. de C.V., la cual recibió por los supuestos servicios de mantenimiento a las luminarias 847 mil 945.18 pesos. Sin embargo, ni la burla perdonan, ya que en esos meses las restricciones de movilidad estaban en su punto más álgido, además que las calles, por motivos de ahorro de luz, permanecían en muchos sitios a oscuras.

En esta ocasión, los otros

*En el 2019, la empresa Suministros Eléctricos Lumínicos y Ferreteros del Mayab recibió 975 mil 102.96 pesos por la venta de 78 lámparas, cada una con un costo de más de 12 mil 500 pesos *A más de 10 años del polémico cambio de luminarias chinas en Mérida durante la administración de la priista Angélica Araujo Lara, y la pésima respuesta legal por el panista Renán Barrera Concha desde la primera de sus tres gestiones como alcalde, el caso sigue abierto

invitados participantes también resultaron haber celebrado contratos con Barrera Concha: Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., Domo Display, S.A. de C.V., y la persona física Oziel de Jesús Rivera Ortega.

De nueva cuenta, el nombre del administrador único de Aqua.Lux fue censurado y los otros contratos celebrados entre el ayuntamiento de Mérida y Aqua.Lux fueron eliminados de la PNT. Sin embargo, ninguno de estos contratos fue tan escandaloso como el número DALB-1-LUMINARIOS-LED-01-01, celebrado el 30 de abril de 2021, en plena veda electoral.

En esta ocasión, debido a la cercanía de las elecciones, en las cuales Barrera Concha participó para su tercera administración como alcalde, el costo pagado por los servicios fue exorbitante: 10 millones 38 mil 454.40 pesos.

Asimismo, según consta en el documento, la iniciativa privada ganadora resultó ser Comercializadora de Negocios Diversos, S.A. de C.V., cuya administradora única es Neftalí Gutiérrez González.

Si bien en esta ocasión hubo un poco más de claridad en cuanto a la compañía ganadora, en el acta no aparecen cuáles fueron las otras em-

presas concursantes ni sus propuestas.

Al igual que en los contratos anteriores, Barrera Concha se cuidó muy bien de firmar el documento y en su lugar mandó en su representación a Alejandro Iván Ruz Castro. Por otra parte, también signaron el contrato el secretario municipal Mario Alberto Martínez Laviada y el director de Administración, Aquiles Sánchez Peniche.

Como podemos observar de la lectura de estos tres contratos, las luminarias se han convertido en un gran negocio para Barrera Concha, pero también en un grave problema financiero, ya que a más de 10 años del polémico cambio de luminarias chinas en Mérida durante la administración de la priista Angélica Araujo Lara, y la pésima respuesta legal por el panista Renán Barrera Concha desde la primera de sus tres gestiones como alcalde, el caso sigue abierto.

Incluso, en el 2021, se confirmó que Jorge Carlos Estrada Avilés, esposo de la secretaria General de Gobierno María Dolores Fritz Sierra, ya se embolsó 1.8 millones de pesos con el caso, pues es uno de los abogados externos de la defensa del ayuntamiento meridano.

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NEGOCIO “TELEVISO”

Campeche, Campeche

Del 4 al 10 de julio de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 64

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*El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, desvió dinero de las campañas electorales del 2021, y del gasto ordinario del partido, para pagar millones de pesos a medios de comunicación *El gran beneficiado fue Televisa, a través de su director general comercial de TV de paga, Michel Bauer Tapuach *Un nuevo audio revela una operación para evadir el reporte de gastos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y la complicidad de exfuncionarios electorales Redacción/Sol Campeche Campeche. - En el pasado proceso electoral del 2021, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, montó una operación ilegal para desviar recursos de dudosa procedencia, así como en dinero público entregado por el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de incidir en las campañas de sus candidatos por todo el país, por lo cual habría recurrido incluso a grandes medios de comunicación como Televisa.

¡TRAFICAN INFLUENCIAS! *Los pseudoambientalistas Marcos Constandse Redko y Rodrigo de la Peña, implicados en tráfico de influencias, alteración de usos de suelo y planes urbanos para la sobreexplotación de los espacios, sobredensificación hotelera y residencial

*El entonces delegado de la Semarnat, Raúl González Castilla, afirmó que el desarrollo condominal Puerta del Mar contaba con sus permisos ambientales desde 2005, pero el 21 de abril de 2007 el desarrollo fue clausurado por la Profepa “por contravenir la legislación ambiental” *En su momento salieron a la luz las graves irregularidades sobre las que se construyó y comercializó este conjunto, ahora envuelto en el escándalo de malas prácticas de construcción

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NEGOCIO “TELEVISO” Campeche, Campeche. Del 4 al 10 de julio de 2022

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Redacción/ Sol Campeche

Campeche. - En el pasado proceso electoral del 2021, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, montó una operación ilegal para desviar recursos de dudosa procedencia, así como en dinero público entregado por el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de incidir en las campañas de sus candidatos por todo el país, por lo cual habría recurrido incluso a grandes medios de comunicación como Televisa.

Con el mensaje de “no hay que dejar rastro”, referente a las operaciones financieras, un nuevo audio escándalo revela una discusión de “Alito” Moreno con el secretario de Finanzas y Administración del PRI nacional, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, por pagos en efectivo a un alto ejecutivo de Televisa identificado como Michel Bauer Tapuach, director comercial de TV de paga y Televisa Interactive Media, quien se ha especializado en vender espacios mediáticos a políticos del PRIAN, y está vinculado al publicista Carlos Alazraki.

Esta nueva filtración describe una operación para evadir a las autoridades electorales del INE en la fiscalización de los topes de campaña, debido al desvío de millones de pesos a las campañas electorales, así como el pago de millonadas a ex funcionarios electorales como el ex consejero Marco Gómez.

DELITOS ELECTORALES El audio inicia con una

entrega de efectivo por parte del entonces candidato a diputado federal Javier Casique Zárate, quien ya había sido salpicado por los audioescándalos de Moreno Cárdenas por plantear negocios de compra de medicinas.

“Alito” le exige a un interlocutor que cuente el dine-

ya te dije que lo tienes que ver por si te pregunto, ahorita nos vamos, Hugo que pase”.

El interlocutor menciona entonces a una diputada priista de Nuevo León: –Karina Barrón me mandó 700 porque había platicado con usted que le íbamos a subir, lo veo con Hugo porque me dice entrégamelo y yo se lo

*El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, desvió dinero de las campañas electorales del 2021, y del gasto ordinario del partido, para pagar millones de pesos a medios de comunicación *El gran beneficiado fue Televisa, a través de su director general comercial de TV de paga, Michel Bauer Tapuach *Un nuevo audio revela una operación para evadir el reporte de gastos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y la complicidad de exfuncionarios electorales ro que le acaban de entregar: –Ok, me acaba de dejar otro Casique, lo trajo Javier–, le comentan. “¿Cuánto te dejó?”, –No sé, me dejó un buen–, a lo que “Alito” exige: “Por eso, velo ahorita, sácalo todo y cuéntalo, c*ño,

subo–. Pero Alejandro cuestiona, “Sí ¿pero esos 700 qué hace Hugo?”, y a partir de aquí se comienza a describir la operación fraudulenta: –Me dice que paga proveedores que son a los que les pagan, o sea, electrónicamente la empresa se lo pone, y le dice ‘oye, ten, te pago en efectivo, hojas, todas esas cosas’. O sea, él lo mueve así–.

Pero un “Alito” claramente enojado insiste, “Es qué Hugo por qué le pagó en efectivo a Bauer, güey”, refiriéndose a Michel Bauer Tapuach, un alto ejecutivo de Televisa.

El interlocutor describe más de las operaciones del secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez: –Lo que me explicó es para no dejar rastro, porque si yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña puede ser observado por la autoridad, es lo más seguro–.

Moreno reitera: “Pero a Bauer le tiene que pagar 5 (millones), cómo le va a pagar los otros 2 y medio, dile que le facture, a ver, le puede facturar comunicación, medios, este, pues güey es Televisa. Ya me dijeron que no le pueden aceptar más efectivo. A ver llama a Hugo; cuenta eso mientras”.

SIN DEJAR RASTRO A partir de aquí el diálogo es con el propio secretario de Finanzas del PRI, e inicia

“Alito”: “Oye Hugo es que le pagaste a Bauer en ‘cash’, ¿no?” - Sí jefe, pero es lo mejor que podemos hacer, lo que pasa es que es dinero de campaña jefe, y no dejamos rastro si pago en efectivo, no sabía que no lo podía hacer, ¿hice mal? – Pregunta Hugo Gutiérrez.

Sin embargo, mientras Alejandro Moreno más cuestiona, más se describe la operación para no reportar gastos millonarios ante las autoridades del INE: “Es que bueno ya le pagaste en ‘cash’, pues está bien, yo pensé que él te puede facturar medios” – Sí, pero vamos a dejar un rastro- “Pero un rastro de qué”, - Vamos a cargar 700 mil pesos de TVNotas para la campaña y luego le iba a pagar otra cosa, otro concepto que le voy a cargar a los candidatos, y se van a volver locos, porque es sobre el dinero de la campaña entonces es mejor pagárselo por fuera –.

“No, no, no, un tema es importante, yo te estoy diciendo, tú le vas a pagar de lo de Paloma de lo que tienes ahí”, –Sí, pero se lo tengo que cargar, o sea, yo si gasto dinero se los tengo que cargar a los candidatos para comprobar el dinero a quién se lo estoy dando –.

“Pero no, no, no, a ver, ahora yo te pregunto ¿por qué nomás nos dieron 250 y al Verde le dieron 140? – Pues eso es por el resultado del 18–, “O sea, tú sólo tienes 259 más tu gasto ordinario”, – Sí usted sabe cómo estamos en el ordinario, madreados, 250 (millones) es lo que nos entregan, a mí me entrega el INE, ahorita en mayo es mi última ministración, me dan 50 millones más –.

“Por eso, yo qué es lo que te dije, a Bauer se le tiene que pagar 5 (millones)”, –Le di 2.5, la mitad–, “Los otros 2.5 ¿cómo se los puedes pagar?”, –De los 2.5, 700 mil pesos voy a cargarlo a la campaña, y sí le voy a impactar a los candidatos, el resto se lo pensaba dar también en efectivo y ya matar ese adeudo–.

Ante ello, “Alito” propone: “Déjame hablo con él entonces y le digo”, y Hugo Gutiérrez reitera: –¿No quiere hacerlo el güey así?

–, “No quiere cash porque es de Televisa, yo voy a hablar con él”, –Digo, si se complica mucho jefe yo veo otra forma–, “No, no, no, porque no quiero problemas, déjame ver eso, tú le tenías que dar 4 a campeche ¿no?”, –Sí, mandé 2 más otros 4–, “Mañana viene, hay 700 mil pesos que te van a dar ahorita, de una candidata a presidenta municipal y mañana viene una gente que quiere que le den lo mismo, 1 millón de pesos a Colima”.

– Ok, todo eso que yo recolecto jefe me volteo y lo tengo que pagar contra algo, o sea yo no me lo quedo, un ejemplo fácil, Marco Gómez. Marco Gómez se va a cobrar 5 pesos (millones) le

digo ‘a ver Marco, tengo 2 por fuera, estos 2 que te iba a pagar se los mando a los candidatos y yo me volteo y te los pago en efectivo. Marco como un ejemplo, que es amigo me dice, ‘ah sí, no hay pedo’. Así yo lo opero, y nos funciona–, revela Hugo Gutiérrez, secretario de Finanzas del PRI. IMPLICADOS Todo el audio revela operaciones ilícitas en las pasadas elecciones de 2021 que no han querido ser sancionadas por el consejero nacional del INE, Lorenzo Córdova, debido a la “amistad” y la impunidad que mantiene con Alejandro Moreno Cárdenas.

Así mismo saltan a la luz negocios con ex funcionarios electorales, como el mencionado Marco Gómez, quien fue ex consejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), pero que desde 2017 comenzó a hacer negocios con el PRI, primero como asesor durante las elecciones

de ese año, y luego en 2018 fue diputado federal plurinominal por el Partido Verde y el PRI. Asimismo, destaca el ejecutivo de Televisa, Michel Bauer, quien cuenta con una red de políticos y empresarios en torno a la mayor televisora del país, así como con los jerarcas del fútbol mexicano y la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut), pues está vinculado con Yon de Luisa, al haber sido Bauer el presidente del Club América hasta el año 2011.

Desde el corazón de Televisa, Michel Bauer se ha dedicado a lograr jugosos contratos con gobiernos priistas y panistas, entre los que destacan municipios de Chihuahua y Zapopan, donde le entregaron millones de pesos.

Estas acciones son solapadas por Lorenzo Córdova, quien no tiene empacho en ser fotografiado con “Alito” Moreno desde hace varios años.

"Alito" y Lorenzo Córdova.

solcampeche.mx Campeche, Campeche. Del 4 al 10 de julio de 2022 EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción/ Sol Campeche Campeche. – La secretaria de Obras Públicas del Estado, Karla Gelisle Sánchez Sosa, se ha encargado de entregar obras “chafas” a nueve meses de iniciar su encargo, ya que hasta el momento no ha habido ninguna inversión de importancia en el estado, lo que está relegando el sector de la construcción mientras que sí se reparten “obritas” pero de dudosa calidad y de escaso impacto social.

Tal es el caso del proyecto de la avenida Carlos Sansores Pérez, en la localidad de Champotón, la cual es la vía principal y que forma parte de la carretera federal 180 “Costera del Golfo”, pero en la cual a nivel local se han invertido más de 2 millones 136 mil 217 pesos en la pavimentación y mantenimiento de esta vialidad mediante dos contratos entregados a una misma empresa.

El pasado mes de diciembre se benefició doblemente a la compañía Hidro Construcciones Maya S.A. de C.V., cuyo representante legal es Carlos Alonso Herrera Novelo, al entregarle primero un contrato mediante invitación restringida por 1 millón 468 mil 361.57 pesos para llevar a cabo el mantenimiento de la avenida Carlos Sansores Pérez, pero al no cumplir cabalmente con los objetivos planteados la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (Sedetuop actualmente antes Seduopi), le volvieron a dar una contratación más pero por adjudicación directa, por 667 mil 879.60 pesos.

En ambos casos, la empresa responsable no comprobó la correcta ejecución de la obra, y hasta el momento la secretaría no ha demostrado que se encuentre al 100 por ciento, por lo que se trata de simples simulaciones de trabajo, ante la escasa inversión en proyectos de en-

Redacción/Sol Campeche/ Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México Ciudad de México.- Los empresarios inmobiliarios y pseudoambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, Marcos Constandse Redko y Rodrigo de la Peña han sido señalados como los principales promotores de innumerables presiones económicas que tuercen desde sus orígenes planes de desarrollo urbano, para que se cambien usos de suelo, teniendo como resultado la sobreexplotación de los espacios, sobredensificación hotelera y residencial, con su inacabable secuela de demandas civiles y penales en Cancún.

Prueba de ello es el conjunto residencial Puerta del Mar, que se ubica en la zona de Puerto Juárez.

Ese terreno tenía como destino original el desarrollo de proyectos residenciales. Su propietario era Marcos Constandse Redko, quien lo comercializó, aparentemente en dos partes. La primera fue adquirida por Diego y Rodrigo de la Peña (padre e hijo), quienes construyeron dos edificios denominados Amara I y Amara II, que suman poco más de 260 condominios, dentro del conjunto que los alberga y que se denomina “La Playa”, con una entrada compartida.

En esa sociedad con los De la Peña, participó María Asunción Aramburuzabala, reconocida como la mujer más acaudalada de México.

La empresa BBA Impulse –nació en 1991 para dar paso a ABILIA- desarrolladora del proyecto residencial Puerta del Mar que alberga al conjunto habita-

INSERVIBLES OBRAS

vergadura en la entidad.

Dicha empresa, según el Registro Público del Comercio, tiene su domicilio en Quintana Roo, en la calle Sol Oriente sin número, entre calle Centauro y avenida Satélite Sur, de Tulum.

El responsable de estas triquiñuelas en la obra pública es el funcionario Freddy Noz Estrella, quien es el ejecutor que recibe órdenes superiores y dicta a qué constructoras se le dan recursos desde la Subsecretaría de Control de Obras y que muestra una especial predilección por constructoras foráneas a las que les es más fácil entregar “diezmo” en cada proyecto.

MILLONES POR NADA

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la primera de las contrataciones fue firmada el 24 de noviembre con el expediente IO-904012996-E82-2021, por 1 millón 468 mil 391.57 pesos para la primera etapa de la pavimentación y mantenimiento de la av. Carlos Sansores Pérez entre calle 23 en la colonia Centro y calle 7 en la colonia La Playa (subtramos aislados) en la localidad de Champotón, muni-

*Desde la Secretaría de Obras, el titular de la subsecretaría de Control, Freddy Noz Estrella se ha dedicado a entregar contratos a empresas foráneas proclives al pago de “diezmos” *A la empresa Hidro Construcciones Maya S.A. de C.V. le dieron dos contratos para ejecutar una misma obra en Champotón, con lo que sumó más de 2 millones 136 mil pesos *Un segundo contrato de adjudicación directa sólo tuvo de plazo de ejecución dos días, del 28 al 30 de diciembre, pero costó más de 667 mil pesos

Karla Gelisle Sánchez Sosa. cipio de Champotón, con plazo de ejecución del 25 de noviembre al 22 de diciembre.

Aunque la dependencia reportó que ya contaba con el acta de entrega recepción y el documento de finiquito, en el portal de transparencia de la Sedetuop no existe ningún archivo que compruebe la ejecución de los trabajos.

De esta forma, la dependencia volvió a facilitar recursos públicos para Hidro Construcciones Maya S.A. de C.V., el 27 de diciembre se le volvió a dar la oportunidad a esta empresa ahora para, presuntamente, desarrollar la “segunda etapa” de la misma obra por la que ya había cobrado.

Con el expediente AO904012996-E104-2021 se le entregó la adjudicación directa a la empresa de Carlos Herrera Novelo, ahora por 667 mil 879 pesos, sin embargo, llama la atención que este dinero fue para gastarlo en tan sólo dos días, pues el procedimiento contó con el ridículo plazo del 28 al 30 de diciembre.

Todo ello deja en evidencia que la segunda contratación por adjudicación directa sólo sirvió para lucrar con los recursos

públicos, pues resulta inverosímil desarrollar una construcción en tan sólo dos días, por lo que sólo se trató del “pilón” de cientos de miles de pesos permitido por el subsecretario de Control de Obras, Freddy Noz Estrella.

FUNCIONARIO DISPENDIOSO Incrustado en la Secretaría de Obras, el encargado del control de proyectos, Freddy Noz, ha sido el encargado de derroche de los recursos públicos y la entrega de contratos sin sentido a empresas que no han cumplido y sólo han entregado obras chafas.

Por ejemplo, entre los contratos firmados desde la Sedetuop por parte Noz Estrella se han entregado 2 millones 475 mil pesos la “Construcción de puente en la carretera Calkiní – Tankuche – Isla Arena, km 64+900; localidad: Isla Arena, municipio de Calkiní”, el cual fue por invitación restringida para la compañía Asistencia Técnica al Marmolero S.A. de C.V., con el expediente IO904012996-E90-2021, contrato firmado el 1 de diciembre del año pasado.

Tal como revela la información pública de la dependencia, Asistencia Técnica al Marmo-

lero S.A. de C.V., gracias a la intervención de Freddy Noz, ha desplazado a los constructores locales, ya que apenas en los primeros meses del gobierno estatal morenista dicha compañía sumó un total de 8 millones 626 mil 414.66 pesos producto de una adjudicación directa y una invitación restringida, pues también sumó más de 8 millones de pesos para el proyecto de la escuela de béisbol.

Esta empresa no había obtenido ni una sola adjudicación con administraciones de los tres niveles de gobierno, incluso en su estado de origen, pese a que la sociedad fue constituida desde el año 2008, lo que es indicativo de una trama para ser beneficiados directamente por el subsecretario de Control de Obras, Freddy Noz Estrella.

Asimismo, ha entregado contratos a diestra y siniestra a proveedores foráneos como la empresa Productos Industriales del Caribe, S.A. de C.V. (Proinca), que según el registro del padrón de contratistas de Quintana Roo, tiene sus oficinas centrales en la avenida 103 manzana. 6, lote 1 en el Parque Industrial Huay Pix, en Chetumal, había ganado la invitación restringida IO-904012996-E86-2021 de la Seduopi para los trabajos

¡TRAFICAN INFLUENCIAS! Marcos Constandse Redko.

Rodrigo de la Peña.

cional Amara Cancún, acusada de devastar manglar en la zona, vendió 85% de los condominios sin permisos ambientales en 2007, lo que en ese momento suponía un fraude para los adquirientes.

BCBA Impulse es propiedad de María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México. Ella se hizo socia del empresario hotelero Rodrigo de la Peña en el proyecto Puerta del Mar en 2006.

El diseño del desarrollo estuvo a cargo de dos despachos de arquitectos: El 911 y Arpa Arquitectos. Aunque el entonces delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Raúl González Castilla, afirmó que este desarrollo condominal cuenta con sus permisos ambientales desde 2005, la historia es diferente, pues el 21 de abril de 2007 el desarrollo fue clausurado por la Profepa

“por contravenir la legislación ambiental”.

Varios meses estuvieron en el lugar dos mantas inmensas que lo advertían.

No contaban con la Manifestación de Impacto Ambiental y no tenían incluso el cambio de uso de suelo, de Forestal a Turístico Habitacional.

Ahora, mágicamente de acuerdo con el funcionario fede-

*Los pseudoambientalistas Marcos Constandse Redko y Rodrigo de la Peña, implicados en tráfico de influencias, alteración de usos de suelo y planes urbanos para la sobreexplotación de los espacios, sobredensificación hotelera y residencial *El entonces delegado de la Semarnat, Raúl González Castilla, afirmó que el desarrollo condominal Puerta del Mar contaba con sus permisos ambientales desde 2005, pero el 21 de abril de 2007 el desarrollo fue clausurado por la Profepa “por contravenir la legislación ambiental” *En su momento salieron a la luz las graves irregularidades sobre las que se construyó y comercializó este conjunto, ahora envuelto en el escándalo de malas prácticas de construcción

ral cuentan con todos los permisos ambientales desde 2005.

En 2006, Aramburuzabala adquirió el control de BCBA Impulse y con ella inició la construcción de Puerta del Mar, aun sabiendo que no tenían los permisos ambientales, pero confiada en las relaciones de su socio, el hotelero Rodrigo de la Peña, aportó los terrenos para la realización del proyecto.

Esos terrenos fueron donados durante la administración municipal de Magali Achach por el propio De la Peña para una Terminal de Transferencia que nunca se construyó.

Años después se los volvió a apropiar y los ofreció como aportación para la sociedad con María Asunción Aramburuzabala, exdueña de la Cervecería Corona que vendió en 2012 a una compañía belga en 20 mil millones de dólares.

Durante la construcción de Puerta del Mar, la maquinaria secó una laguna y fusionaron ilegal y arbitrariamente los Lotes 1 y 3 de la Manzana 10, sin acuerdo del Cabildo y con ello se robaron dos calles donde originalmente transitaban los pescadores.

En su momento salieron a las luz las graves irregularidades sobre las que se construyó y comercializó este conjunto, ahora envuelto en el escándalo

de conservación del kilómetro 0 al 66+800 del camino Yohaltún-Moch Cohuo, en el Municipios de Champotón, por un monto de cinco millones 219 mil 390 pesos 81 centavos.

Noz Estrella también le entregó la invitación AO904012996-E101-2021 para la reconstrucción del puente del kilómetro 14 del camino Don Samuel-Luna-Miguel Alemán, en Candelaria, por un monto de 624 mil 324 pesos 15 centavos; mientras que al proveedor Sol, Firma de Negocios, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en la calle Bretaña 152, Zacahuitzco, Iztapalapa, Ciudad de México, se le adjudicó el proyecto para la reconstrucción del citado puente por un monto de 354 mil 328 pesos.

Y a la empresa tabasqueña Grupo El Faro del Sureste, S. de R.L. de C.V., constituida en 2009 ante la fe del entonces notario público Adán Augusto López Hernández (después gobernador de Tabasco y hoy secretario de Gobernación) se le entregó la invitación AO904012996-E102-2021 para la pavimentación y mantenimiento de las calles 16, 17 y 19, de la localidad de Dzitbalché, por monto de dos millones 49 mil 759 pesos 11 centavos y plazo de ejecución entre el 27 y el 30 de diciembre. Sólo tres días.

de malas prácticas de construcción, específicamente en lo que concierne al Grupo PC Turquesa de Jorge Macari.

Sin embargo, poco tiempo después, surgió una serie de desencuentros entre inversionistas y propietarios de condominios, cuando apareció en escena el propietario del tercer lote. El empresario yucateco, Jorge Macari, del grupo constructor PC Turquesa, quien consiguió, de una forma que aún se considera sospechosa, una serie de permisos municipales, estatales y federales, para construir un hotel dentro de ese conjunto.

En ese momento se conoció que arrancaba obras para edificar un centro de hospedaje que se denominaría “Sunscape Star Cancún Family Resort”, con 232 habitaciones y que planeaba abrir sus puertas en diciembre.

De hecho, las páginas de reserva de habitaciones ya tenían disponible el `booking´ de reservaciones, a un costo promedio de 170 dólares por noche en habitación doble.

Durante el tiempo en el que se realizaban las obras, se presentó un encontronazo entre los propietarios que viven en Amara I y Amara II, pues la empresa constructora pretendió – y finalmente lo logró–, introducir los suministros, cargamentos, empleados y demás materiales, por la puerta principal y usando el camino de los condóminos, prácticamente sin pagar mantenimiento y generando un daño a esas instalaciones.

El problema se dirime en juzgados, aunque eso no bajó la presión entre habitantes de esos conjuntos residenciales y Jorge Macari.

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*Desde la Secretaría de Obras, el titular de la subsecretaría de Control, Freddy Noz Estrella se ha dedicado a entregar contratos a empresas foráneas proclives al pago de “diezmos” *A la empresa Hidro Construcciones Maya S.A. de C.V. le dieron dos contratos para ejecutar una misma obra en Champotón, con lo que sumó más de 2 millones 136 mil pesos *Un segundo contrato de adjudicación directa sólo tuvo de plazo de ejecución dos días, del 28 al 30 de diciembre, pero costó más de 667 mil pesos Redacción/Sol Campeche Campeche. – La secretaria de Obras Públicas del Estado, Karla Gelisle Sánchez Sosa, se ha encargado de entregar obras “chafas” a nueve meses de iniciar su encargo, ya que hasta el momento no ha habido ninguna inversión de importancia en el estado, lo que está relegando el sector de la construcción mientras que sí se reparten “obritas” pero de dudosa calidad y de escaso impacto social.

Tal es el caso del proyecto de la avenida Carlos Sansores Pérez, en la localidad de Champotón, la cual es la vía principal y que forma parte de la carretera federal 180 “Costera del Golfo”, pero en la cual a nivel local se han invertido más de 2 millones 136 mil 217 pesos en la pavimentación y mantenimiento de esta vialidad mediante dos contratos entregados a una misma empresa.

VIOLENCIA, DESOLACIÓN Y MUERTE

NARCOTRÁFICO

Ricardo Ravelo/Sol Campeche

*Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. En tres años hubo 7 mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil huérfanos, 250 mil habitantes de esa demarcación emigraron como consecuencia de la misma; fueron cerrados unos 10 mil negocios, se perdieron unos 130 mil empleos, fueron abandonadas unas 25 mil viviendas *Además de la ineficacia del gobernador José Reyes Baeza y de la colusión de muchos alcaldes con el crimen se sumaba el hecho de que las policías de la entidad se convirtieron en verdaderos brazos armados de los cárteles *Días después de que César Duarte Jáquez tomó posesión como gobernador el crimen organizado le dio la bienvenida, a su más puro estilo: Fueron ejecutados dos familiares suyos, entre ellos, Mario Humberto Medina, su sobrino

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MILLONARIOS CONTRATOS DE SAIDÉN EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- En un evidente acto de corrupción, el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, favoreció al empresario Edesio Enrique Herrera Trejo al asignarle en 2021 un contrato a modo para la adquisición de equipos de impresión, por un valor de 6.3 millones de pesos.

El ilícito se complica aún más, ya que la respectiva transición se efectuó en un momento inadecuado, en pleno proceso de campañas electorales para elegir alcaldes así como legisladores locales y federales, pero no le importó la restricción emitida a nivel federal, con tal de beneficiar al administrador único de la empresa Prosoft 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Al menos en los últimos dos años, dicha iniciativa privada ha brindado el mismo servicio a la dependencia, y en 2020 el monto fue por 4.7 millones de pesos, por lo que se ha convertido en una de las empresas favoritas de la SSP. Tal compañía ha celebrado otros contratos amañados con los ayuntamientos de Ciudad del Carmen, Campeche, en 2016, así como de Playa del Carmen, Quintana Roo, en 2021, por lo que le fue fácil tener un vínculo con el gobierno de Yucatán.

A lo largo de la administración de Mauricio Vila Dosal, el comisario estatal ha otorgado diversos contratos a sus amigos, familiares y “compadres”, por lo que en esta ocasión no fue la excepción.

El 13 de abril de 2021, a dos meses para los comicios, la SSP y el proveedor suscribieron el contrato de adquisición a precios fijos, con número GEYSSP-191/2021, relativo a “Consumibles de equipos de impresión para la expedición de licencias de conducir del Estado y credenciales de identificación del personal de la corporación, para el ejercicio fiscal 2021”.

Por ende, se adquirió equipo/tecnología especializada, con el objetivo de asegurar que los bienes por adquirir cumplan con los requerimientos de adquisición y contratación establecidos.

Resalta que la adquisición se realizó mediante una licitación pública presencial, sin embargo, de manera previa sostuvo acuerdos con Herrera Trejo, a quien le otorgaron el respectivo contrato.

Incluso, no se especificó el número de licitantes que participaron, y los resultados de la evaluación efectuada para la asignación del mejor postor.

De tal manera, se le asignó un techo financiero

por seis millones 310 mil 659.79 pesos, para la adquisición de diversos objetos de impresión, tal el caso de 311 cintas a color, 234 piezas de cintas film de retransferencia térmica 90, de sobrelaminado holográfico sin borde, entre otros.

La dependencia le otorgó todo el lapso del año para la entrega de los bienes objetos, así como también tuvo una garantía de un año ante cualquier anomalía detectada en el producto.

El contrato está compuesto de 31 cláusulas, distribuidas en 10 fojas, en el cual se detectaron diversas irregularidades, por lo que fue flagrante la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, así como su reglamento en vigor.

Para deslindarse de toda responsabilidad, Saidén Ojeda evitó signar el documento, por lo que en su lugar firmó el director general de administración de la SSP, Luis Alberto Pinzón Sarabia, así como el jefe del departamento de tecnología de la información de la corporación, Carlos Manuel Celis Reyna.

LA CAJA CHICA DE LAS MULTAS Como oportunamente se publicó, las multas y los trámites vehiculares representan un jugoso negocio para el gobierno del Estado, pues en tan solo 2.5 años se recaudó cerca de 550 millones de pesos. Nada de esto aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Al volverse tema especulativo por no tener cuentas claras, surgen todo tipo de acusaciones de que presuntamente se entregan millones de pesos de sobornos

Luis Felipe Saidén Ojeda.

*El secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, favoreció el empresario Edesio Enrique Herrera Trejo al asignarle un contrato para la adquisición de equipos de impresión, por un valor de 6.3 millones de pesos *El ilícito bajo el contrato número GEYSSP-191/2021, se complica aún más, ya que la respectiva transición se efectuó por “dedazo” en un momento inadecuado: en pleno proceso de campañas electorales de 2021, sin especificar el número de licitantes y sus propuestas *En los últimos dos años Prosoft 2000 ha brindado el mismo servicio a la dependencia, y en 2020 el monto fue por 4.7 millones de pesos, por lo que se ha convertido en una de las empresas favoritas de la SSP para brindar protección y apoyo a personajes del crimen organizado. Pero más allá de eso, el problema está en los datos duros.

De enero de 2019 a junio de 2021, la recaudación derivada de los cobros de los trámites de emplacamiento, reemplacamiento, refrendos de tarjeta de circulación tramites de licencias y renovaciones de licencias, cambios de propietarios, tenencias, multas por infracciones y de otra índole de vehículos en general, fue de 546 millones 991 mil 851.58 pesos.

Tan sólo en 2019, de acuerdo con la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), se recaudó 178 millones 11 mil 659 pesos, el 32.5 por ciento del total, por los conceptos de placas, tarjetas de circulación, refrendo de tarjetas de circulación, expedición de licencias, impuesto de enajenación, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, y multas.

Mientras que en 2020 se recopiló 211 millones 576 mil 701 pesos, el 38.7 por ciento, por los conceptos de

placas, tarjetas de circulación, refrendo de tarjetas de circulación, expedición de licencias, impuesto de enajenación, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, y multas.

Cabe destacar que hay un aumento anual del 18.9 por ciento, a pesar que 2020 fue poca la actividad y la movilidad registrada, debido al Covid-19.

Asimismo, en el primer semestre de 2021 se obtuvo 157 millones 403 mil 455.58 pesos, el 28.8 por ciento, por los conceptos de placas, tarjetas de circulación, refrendo de tarjetas de circulación, expedición de licencias, impuesto de enajenación, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, y multas.

Desafortunadamente, se desconoce a dónde va a parar todo el dinero recaudado, debido a la poca transparencia que prevalece durante la actual administración, pues se evitar subir a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) información sobre el notable derroche de recursos.

Como parte del negocio redondo que representan las licencias de conducir, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) licitó, en 2020, material y equipo de impresión, y destinó cerca de cinco millones de pesos a una sola empresa, Prosoft 2000.

Para disimular la anomalía que cometió el titular del ramo, Luis Felipe Saidén Ojeda, se efectuó la licitación pública presencial número LIC-GEY-SSP 020/2020 para la adquisición de “Consumibles de equipos de impresión para la expedición de licencias de conducir del Estado, para el período de noviembre a diciembre del ejercicio fiscal 2020”.

De acuerdo con la documentación, el pago fue con

recursos provenientes del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado.

La empresa beneficiada está inscrita en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, para disimular el notable apoyo que le brindan; en este caso por cuatro millones 748 mil 310.8 pesos, la cual surtió, supuestamente, artículos de alta calidad.

La primera partida tuvo tres lotes, tal el caso de 103 piezas de cintas a color con tinta UV matica número de parte DIC10313 para impresora de retransferencia de doble cara, con un costo de 108 mil dos pesos.

Asimismo, entregó 160 piezas de cinta film (película) de retransferencia térmica resistente matica con número de parte DIC10313 para impresora de retransferencia de doble cara, con un valor de 419 mil pesos.

De igual forma, 58 piezas de cinta film (película) sobre laminado holográfico son borde para módulo de laminación a una cara matica con número de parte DIC 10176, con un costo de 430 mil 781.73 pesos.

Mientras que la segunda partida tuvo dos lotes de consumibles para equipos de impresión directo a la tarjeta de sublimación de tinta Smart-51L.IDP. En primer instancia hay mil 50 piezas de laminador con holograma Globe Flags IDP número de parte 659392, con un valor de dos millones siete mil 885.18 pesos.

Asimismo, hay 772 piezas de cintas de color con overlay y MCKO IDP número de parte 659366, con un costo de un millón 107 mil 203.01 pesos.

El documento establece que el programa de entregas parciales de la licitación cumple con los requisitos técnicos, legales y económicos solicitados, asegurando al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes a que se refiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.

Para beneficiar a Prosoft 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable, la SSP estableció que “en el aspecto económico, los precios unitarios propuestos resultan ser solventes y cumplen con los requisitos legales, técnicos y administrativos, así como económicos establecidos en las bases de la licitación”.

Cabe destacar que actualmente, para obtener la licencia de conducir, por primera vez hay todo un protocolo establecido para evitar la propagación de Covid-19.

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MADRIGUERA EN LA SCT EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

*El tráfico de influencias continúa impune en el Centro SCT Yucatán, desde que Luis Manuel Pimentel Miranda asumió la dirección en el año 2020, tras la salida del polémico Renán Canto Jairala

*A pesar de los múltiples señalamientos, el extitular del Centro SCT Tabasco, José María Pino Rodríguez, continúa ganando contratos de la delegación yucateca de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) *En enero de 2021, el Centro SCT Yucatán privilegió a Pino Rodríguez con un contrato por 7.9 millones de pesos para trabajos de mantenimiento

Luis Manuel Pimentel Miranda.

Redacción /Sol Yucatán Mérida.- A pesar de los múltiples señalamientos, el extitular del Centro SCT Tabasco, José María Pino V Rodríguez, continúa ganando contratos de la delegación yucateca de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), al amparo de poseer información privilegiada sobre las obras a efectuar.

Por añadidura, el tráfico de influencias continúa impune en el Centro SCT Yucatán, desde que Luis Manuel Pimentel Miranda asumió la dirección en el año 2020, tras la salida del polémico Renán Canto Jairala.

Con el contrato número 2021-31-CB-A514-W-00-2021, celebrado el 29 de enero de 2021, para la obra “Conservación rutinaria de tramos en 303.49 KM de la zona 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Yucatán”, por el cual, Pino V Rodríguez fue privilegiado con siete millones 914 mil 924 pesos.

De acuerdo con el documento, la licitación fue del tipo “Invitación a cuando menos tres personas” (IO009000948-E40-2020), en la que participaron las empresas Corporación Constructora del Sureste Mexicano, S.A. de C.V.; Multinmobiliaria Yibei, S. de R.L. de C.V.; y Joramo Constructora, S.A. de C.V., propiedad de José María Pino V Rodríguez.

Sin embargo, fue evidente el favoritismo hacia la compañía del exfuncionario, al grado de que, en el acto de fallo, llevado a cabo el 18 de enero de 2021, ningún representante de las otras empresas participantes de la iniciativa privada, se tomó la molestia de asistir.

José María Pino Rodríguez.

De igual forma, según consta en el contrato, el plazo de ejecución de los trabajos fue de 334 días naturales, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2021, pero el detalle está en que no hay constancia del acta de recepción-entrega de los trabajos, por lo que no se puede verificar si las obras se realizaron correctamente en el tiempo y a forma estipulada.

Sobre Joramo Constructora, la empresa fue constituida el 26 de octubre de 2010 –el mismo año que Pino V. Rodríguez dejó la dirección del Centro SCT Tabasco–, ante el notario público número 97, Carlos Tomas Goff Rodríguez, quien actualmente es señalado de participar en el tráfico de tierras en Yucatán.

Por otro lado, y a pesar del cambio de dirección en el Centro SCT Yucatán, Luis Manuel Pimentel Miranda continuó con la práctica de favoritismo de su antecesor, ya que fue el encargado de aprobar y firmar la adjudicación a favor de Pino V Rodríguez.

HISTORIAL DE TRANSAS Como ha documentado Sol Yucatán, José María Pino V Rodríguez fue subdirector de Obras del Centro SCT Yucatán de 1998 a 2002.

Posteriormente, fue director del Centro SCT Tabasco de 2003 a 2010, y desde su salida ha sido privilegiado con

millonarios contratos, a través de diversas licitaciones de la delegación yucateca de la SCT. Tan solo entre 2013 y 2019, el Centro SCT Yucatán le asignó a la empresa Joramo Constructora un total de 15 contratos cuyo monto supera los 80 millones de pesos.

El tráfico de influencias inició en 2013, cuando la empresa de Pino V Rodríguez obtuvo dos contratos que le redituaron ocho millones 215 mil 559 pesos.

En 2014, Joramo Constructo-

ra tuvo ingresos por 25 millones 383 mil 985 pesos en cuatro licitaciones ganadas.

Después, en 2015, Pino V

Rodríguez se embolsó nueve millones 505 mil 269.38 pesos en dos contratos.

El ascenso meteórico de

la constructora no paró ahí, ya que en 2016 la empresa fue premiada con dos contratos más por un monto de ocho millones 655 mil 821 pesos. En 2017, se le asignaron otros dos contratos que sumaron en conjunto 11 millones 38 mil 283 pesos.

Por si fuera poco, en 2018, la iniciativa privada recibió dos contratos más por un monto total de 10 millones 120 mil 336 pesos.

Finalmente, el 14 de enero 2019, el Centro SCT Yucatán adjudicó a Joramo Constructora la licitación IO-009000948-E2-2019 para los servicios de conservación rutinaria de la vía Kantunil-Valladolid por un monto de ocho millones 72 mil 30 pesos.

Como se puede observar, Luis Manuel Pimentel Miranda sigue los pasos de sus antecesores, José Renán Canto Jairala y Jorge Montaño Michael, quienes se caracterizaron por favorecer con millonarios contratos a un puñado de empresas.

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CAPOS DEL DESPOJO Mérida, Yucatán. Del 4 al 10 de julio de 2022 Pág. 13

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- El gobernador Mauricio Vila Dosal figura como el principal protector del más grande ladrón de tierras agrícolas, Rafael Acosta Solís, por encargo de sus amigos empresarios que han devastado el estado, haciéndose pasar por “campesinos” para al despojar de cientos de miles de hectáreas a los ejidatarios yucatecos, para después revenderlas a precio de oro para desarrollos inmobiliarios.

Este delincuente de cuello blanco, Rafael Acosta Solís, es solamente la punta del iceberg. De acuerdo a los datos obtenidos a través del oficio PA/YUC/RM/1871/2021, dirigido a Dalia Isela Piña Alberto, encargada del Registro Agrario Nacional en Yucatán, se pudo precisar que el también protegido del mandatario yucateco, de manera ilegal aparece con derechos agrarios y tierras, como un campesino “nylon” en diferentes ejidos y municipios: 1.- Comisaría de Texán y Anexas, municipio de Hunucmá, ejidatario.

2.-Valladolid, municipio de Valladolid, avecindado.

3.-Yaxkukul, municipio de Yaxkukul, ejidatario.

4.-Samahil, municipio de Samahil, avecindado.

Sin embargo, en ninguna de las comunidades donde aparece como avecindado o ejidatario tiene domicilio establecido, de acuerdo a la investigación periodística de Sol Yucatán y a los testimonios y denuncias de los propios ejidatarios.

En el ejido de Valladolid cuenta con los certificados de derechos: 1.- 1008669, número de parcela 183, zona 1, polígono 5, con área de parcela 1-33-60-704, con acto jurídico Cambio de Destino y como tipo de parcela individual vigente en su estatus.

2.- 1008670 número de parcela 184, zona 1, polígono 5, área de parcela 1-34 78 326, cambio de destino, individual en tipo de parcela y con estatus vigente.

3.- Parcela 73 28, cambio de destino como acto jurídico, como tipo de parcela individual, y de estatus vigente.

Es importante precisar que las parcelas que se relacionan a continuación realizaron la adopción de dominio pleno: 1.- 89 Z1 P1 1 1 3272-64.447 31FD11004930 1007316 26/06/2015 89 Z1 P1 1 1 32-72-64.447 31FD11004930 05/06/2018 1004389.

2.- 90 Z1 P1 1 1 3224-77.087 31FD11004931

1007317 26/06/2015 90 Z1 P1 1 1 32-24-77.086 31FD11004931 05/06/2018 1004386.

3.- 91 Z1 P1 1 1 2741-26.228 31FD11004932 1007318 26/06/2015 91 Z1 P1 1 1 27-41-26.228 31FD11004932 05/06/2018 1004387.

4.- 92 Z1 P1 1 1 2816-90.585 31FD11004933 1007319 26/062015 92 Z1 P1 1 1 28-16 90.585 31FD11004933 05/06/2018 1004388.

5.- 88 Z1 P1/1 1 1 14-53-17.783 1010250 17/10/2016.

Pleno Individual: 88 Z1 P1/1 1 1 14-5317.783 31FD11006437 05/06/2018 1004390.

Cabe indicar que Rafael Acosta Solís es señalado de arrebatar las tierras a los ejidatarios con amenazas, o se aprovecha de la poca instrucción educativa de los campesinos y los hace firmar documentos en blanco, para después entregar a predios ridículos a sus patrones, los empresarios amigos de Mauricio Vila, quienes posteriormente construyen lujosos fraccionamientos en cuyas viviendas los precios oscilan en un millón y hasta dos millones de pesos.

Es así, como el tristemente célebre ex subprocurador de la desaparecida Procuraduría General del Estado, goza de total impunidad pues es protegido por el mandatario estatal a través del fiscal Juan Manuel León León, ya que las denuncias penales formuladas en cualquier instancia gubernamental no proceden, debido a que Acosta Solís tiene bajo sus órdenes a muchos abogados como son Alejandro Scoffie, saqueador de más de cuatro

*Rafael Acosta Solís es señalado de arrebatar las tierras a los ejidatarios con amenazas, o aprovechándose de la poca instrucción educativa los hace firmar documentos en blanco *El gobernador panista Mauricio Vila figura como el principal protector de Acosta Solís, y ordena que el fiscal Juan Manuel León León, frene las denuncias penales formuladas en cualquier instancia gubernamental

mil hectáreas en Ixil; Armando Ceballos Chávez, frustrado candidato a diputado, quien en complicidad con los ex comisarios Lorenzo Cauich Miam y José Francisco Burgos Pech se robaron siete mil 503

hectáreas que tendrán que regresar por órdenes del titular del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 34.

Asimismo, le obedecen Xail De la Luz González, Elidé Silveira Hau, Flor Mendoza, entre otros más,

*Los integrantes del cártel del despojo son también empresarios amigos de otros partidos, como el caso del hermano de “Alito”, líder nacional del PRI, Miguel Ángel Moreno Cárdenas y Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la senadora Dulce María Sauri quienes se encargan de realizar trámites en el RAN con la complicidad de otros funcionarios.

De igual manera, con base en documentos oficiales, se ha podido constatar que entre los empresarios amigos de Mauricio Vila y Rafael Acosta, se encuentran el hermano de “Alito”, líder nacional del PRI, de nombre Miguel Ángel Moreno Cárdenas, así como el hijo de la senadora Dulce María Sauri, identificado como Luis Alberto Sierra Sauri.

En la lista de empresarios involucrados en el tráfico de tierras en Yucatán se encuentran: Pedro Alfonso Dzib Catzín, Carlos Enrique Abraham Maduf, Juan Carlos Briceño González, Nora Esther Palma Teller, Mario Antonio Escamilla Espadas, Juan Carlos Cordero García, Iván Pasternak Rodríguez Coronado, Antonio Aldana Castro, Mauricio Montalvo Vales, Rodrigo Montalvo Vales, Gerardo Abraham Goff, Luis Alberto Sierra Sauri,

Roberto Andrés Guraieb Guraieb, Vicente Antonio Vera López, Carlos Humberto Valle Romero, Gustavo Andrés Xacur García, Heberto Gabriel Guzmán Gómez, Ricardo Gerardo Rejón Ruiz de Velasco, Gerardo José Rejón Ruiz de Velasco, Daniel Ríos González, Rodrigo Armando Ríos González, Ricardo José Hadad Musi, María de Lourdes Nader Harp, Tatiana María Farah Telo, Laura Cristina Patiño García, Billy Ríos Novelo, Juan Gabriel Koyoc Chuck, Víctor David Mena Aguilar, David Rodrigo Menda Nader.

En relación a los derechos agrarios con que cuenta Rafael Acosta Solís, es preciso señalar que la Ley Agraria señala que cualquier persona que sea avecindado en cualquier ejido, deberá demostrar haber residido por al menos un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal, sin embargo, no es su caso porque nadie lo conoce como habitante ni de Texán y Anexas, ni de Yaxkukul, ni de Valladolid, ni de Samahil.

Respecto al derecho de ejidatario, nadie puede conseguir este carácter directamente como lo hizo Acosta Solís en Yaxkukul y Texán y Anexas, porque similarmente al caso antes señalado, primero tendría que hacerse avecindado, pero no ha sido así, lo que evidencia que prácticamente violaron la ley, pero también la manejaron a su antojo.

Rafael Acosta aparece en el padrón de ejidatarios, pero no hay acta de asamblea en el que le hayan dado el derecho ni de avecindamiento ni de ejidatario, pero, además, existe otra acta en la que a través de una asamblea le asignaron 79 lotes, lo que representa un aproximado de 50 hectáreas. Y es así como él, el gobernador, sus amigos políticos y empresarios inmobiliarios, se hacen de miles y miles de hectáreas que despojan a los humildes campesinos.

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PREVALECE AMIGUISMO Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Pese a la dudosa reputación que tiene como empresario, el polémico titular de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, favoreció a Andrés Miguel Luna Maldonado, al entregarle en 2021 un contrato a modo por 1.3 millones de pesos.

Los discutibles antecedentes de Luna Maldonado fueron ignorados por el funcionario con tal de beneficiar al apoderado de la empresa Distribución Integral Sureste (DIS), Sociedad Anónima de Capital Variable, quien frecuentemente brinda sus servicios al Hospital General – Escuela “Dr. Agustín O’Horán” así como al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy).

El 20 de mayo de 2020, los 33 trabajadores que laboran en la empresa DIS en el Hraepy denunciaron que el director general de dicha compañía se niega a pagar el sueldo correspondiente, cuyo monto fue de cerca de 120 mil pesos.

A pesar de ello, los afectados continúan sus labores

correspondientes en el Laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre de dicho nosocomio, bajo la amenaza de despido en caso de que efectúen alguna manifestación ante las condiciones laborales que imperan en la mencionada compañía.

Asimismo, el empresario se mantuvo oculto, tanto de sus propios empleados como de los medios de comunicación, sin dar una explicación del porqué se abstenía a pagar la primera quincena correspondiente a mayo de 2020.

Del total de empleados que trabajan en el laboratorio del Hraepy, 11 son administrativos y 22 están en el Banco de Sangre, quienes laboran en tres turnos.

A los químicos les pagan cuatro mil pesos quincenales, a los administrativos les dan tres mil pesos.

Los empleados pertenecen a dicha empresa que prestan su servicio subrogado en el Laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre de dicho nosocomio, quienes omitieron su nombre para evitar represalias.

A pesar del polémico antecedente, Sauri Vivas lo privilegió, por lo que el 13

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Mauricio Sauri Vivas. de octubre de 2021 firmó el “contrato abierto relativo a la contratación del servicio de mantenimiento a equipos de Laboratorio Estatal de Salud Pública de los Servicios de Salud de Yucatán, correspon-

DON CACAHUATO Justo al comienzo de la pandemia de Covid-19, Sauri Vivas cometió uno de los más cuestionables derroches

*Pese a la dudosa reputación que tiene como empresario, el polémico secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas favoreció a Andrés Miguel Luna Maldonado, al entregarle en 2021 un contrato a modo por 1.3 millones de pesos *En 2020, los 33 trabajadores que laboran en Distribución Integral Sureste denunciaron que el director general de dicha compañía se niega a pagar el sueldo correspondiente, cuyo monto fue de cerca de 120 mil pesos *Los malos antecedentes fueron ignorados por el funcionario con tal de beneficiar al apoderado de la empresa DIS, quien frecuentemente brinda sus servicios al Hospital O’Horán diente al convenio del Acuerdo al Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (Afaspe)”.

En el documento se establece que dicha compañía “cumple técnica y económicamente” para brindar el “Servicio de mantenimiento a equipos del Laboratorio Estatal de Salud Pública, ubicado en la calle 39C número 345A de la colonia Mayapán.

Debido a ello, se le autorizó un presupuesto por un millón 349 mil 288.8 pesos, cuyas constancias de los servicios fueron entregadas a la titular del LESP, Pilar Granja Pérez.

El contrato tuvo una vigencia de 79 días, del 13 de octubre al 31 de diciembre de 2021, pero el personal de dicha iniciativa privada acudía de manera esporádica.

Con base en las diversas pruebas documentadas, Sauri Vivas se ha convertido en el funcionario más controversial de la historia reciente del estado, ante los evidentes desvíos de recursos que ha autorizado en tan sólo tres años, así como del favoritismo a determinados empresarios, a quienes les autoriza adjudicaciones directas, disfrazadas de convocatorias públicas.

del erario público, al asignar 37.5 millones de pesos a una empresa abastecedora de alimentos, la cual aparentemente surtió de comestibles a centros de salud y hospitales, durante los últimos ocho meses de 2020.

Sin embargo, no se tiene registro de la entrega de los alimentos, al menos por parte del personal de la dependencia, pues se desconoce el paradero del producto o si este realmente fue entregado, ya que durante ese período se desarrollaba el plan de resguardo domiciliario para evitar la propagación del Covid-19.

Lo peor de todo, no existen los comprobantes de entrega/recepción de los alimentos por parte de la empresa que la SSY benefició con la millonaria adjudicación, la Comercializadora Don Cacahuato, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

De acuerdo con el acta de fallo de la licitación pública número LA931007985-E5-2020, relativa a la adjudicación de contratos abiertos para la adquisición de “Productos alimenticios perecederos y no perecederos” para los hospitales y centros de salud

de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), la respectiva reunión se efectuó el 1 de abril de 2020.

Según el documento, el 19 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria de esa licitación, así como en el Sistema de Compras Gubernamentales (Compranet).

Posteriormente, el 24 de dicho mes se realizó la junta de aclaración de la convocatoria, y el 31 del mismo se efectuó la presentación de proporciones técnicas y económicas.

A dicha licitación respondió una persona física así como la respectiva empresa, pero éste ultima ganó el contrato y se le asignó un techo financiero por 37 millones 484 mil 622.60 pesos. La firma del contrato se realizó el 1 de abril de 2020, y a partir de ese día inició la vigencia del mismo y la entrega del producto, para concluir el 31 de diciembre, es decir, durante nueve meses.

El documento fue firmado por el subdirector de Recursos Materiales de la SSY, Claudio Antonio Rosales Aznar; el jefe del departamento de Licitaciones de la dependencia, Ramón Alcocer

Mezquita, y el representante del Hospital General “Sisal” de Valladolid, Miguel Ángel Domínguez.

Por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, firmó Juan José Pérez Montero, y por parte de los licitantes, Yohjanzen Leonel Macías Medina, y el representante de la empresa, Nayeli Estefani Sarao Euán.

En el acta, de tres hojas, no se detalló la labor que efectuó la compañía beneficiada, por lo que fue notable el contubernio entre Sauri Vivas y la empresa.

Cabe resaltar que, en México, el primer infectado de Covid-19 apareció el 27 de febrero de 2020 y 16 días después, el 12 de marzo, se registró el primer caso en Yucatán.

A nivel nacional, el 1 de abril de 2020 inició la interrupción temporal de la actividad escolar, laboral y recreativa, así como la movilidad en el espacio público, y el aislamiento domiciliario duró dos meses.

Al mismo tiempo, la suspensión temporal de actividades duró varios meses más, por lo que fue el negocio perfecto para Sauri Vivas.

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TERCERA PARTE

VIOLENCIA, DESOLACIÓN Y MUERTE Ricardo Ravelo/ Sol Yucatán

Ciudad de México.- Si alguna duda quedaba de los presuntos nexos de Murguía con el narcotráfico éstos se confirmaron al término de su gestión, con los resultados en materia de seguridad: Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo.

En tres años hubo 7 mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil huérfanos, 250 mil habitantes de esa demarcación emigraron como consecuencia de la misma; fueron cerrados unos 10 mil negocios, se perdieron unos 130 mil empleos, fueron abandonadas unas 25 mil viviendas. Además, el Cártel de Juárez tenía un mercado seguro en el consumo de drogas: Había 80 mil adictos a todo tipo de sustancias.

El narcotráfico lo controlaba todo. Era más que evidente que había influido en el proceso electoral que llevó a la gubernatura a César Duarte. Un claro ejemplo es que hombres armados, presuntamente sicarios, se mantuvieron resguardando el municipio de Batopilas –donde el priista Leonel David Vega ganó la elección en forma aprestada y por ello se iba a impugnar el resultado–para impedir que el abanderado del PAN, Jesús Limón, acudiera ante las autoridades electorales a presentar su denuncia por las irregularidades en la contienda.

En el año 2010, cuando terminaba el sexenio de José Reyes Baeza, el escenario de violencia en Chihuahua era de miedo.

Tan solo en Ciudad Juárez, al término de la administración del entonces alcalde José Reyes Ferriz, se contabilizaban unos siete mil muertos en ese territorio. Al gobernador saliente le recriminaban por todas partes que fue un obstáculo para frenar la lucha contra el narcotráfico en el Estado. Y a pesar de que los munícipes le solicitaban que pidiera ayuda a la Federación para detener la ola de violencia, Reyes Baeza se oponía bajo el argumento de que los alcaldes de otros partidos pretendían utilizar el combate a la delincuencia como bandera política.

El panorama en Chihuahua era negro. Además de la ineficacia del gobernador Baeza y de la colusión de muchos alcaldes con el crimen se sumaba el hecho de que las policías de la entidad se convirtieron en verdaderos brazos armados de los cárteles.

Por ello había acciones que nadie entendía de otra manera más que como complicidad abierta y descarada de los cuerpos de seguridad.

En varios municipios era común –pero en Ciudad Juárez alcanzó niveles de escándalo– el hecho de que la policía detenía a presuntos narcos y delincuentes de otros giros y tan pronto se ponían a disposición de las auto-

ridades estatales no tardaban ni 48 horas encerrados porque los ponían en libertad.

Un caso que llamó la atención y que ejemplifica lo anterior fue el de un policía joven que detuvo a unos sicarios cuando viajaban a bordo de un vehículo. Iban armados hasta los dientes. Al policía le advirtieron que no se arriesgara porque lo iban a matar. La gente que iba en el vehículo era muy peligrosa. No hizo caso. Procedió a efectuar la detención de los delincuentes, armado con un rifle R-15.

Uno de los narcos le advirtió: “En 48 horas estaré libre y te buscaré para partirte la madre”.

La sentencia era real y se cumplió. Transcurridas las 48 horas el policía desapareció y fue hallado muerto y con el tiro de gracia.

No existía ningún tipo de colaboración entre las autoridades municipales y estatales. De acuerdo con cifras oficiales, en un trienio fueron detenidos unos diez mil criminales en Ciudad Juárez, acusados de secuestros, narcomenudeo y asesinatos, pero solo unos quinientos se quedaron en prisión, pues la gran mayoría fueron puestos en libertad.

La procuraduría no le daba ningún tipo de seguimiento a los casos –tampoco permitía que otras autoridades actuaran– lo que derivó en más violencia y muerte. La corrupción policíaca y de las autoridades encargadas de la procuración de justicia frenaba las acciones incluso de la Federación.

Ejemplo de ellos fue el Operativo Conjunto Chihuahua, implementado por el Gobierno Federal en 2008, el cual resultó un fracaso. Anunciado por el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, como la panacea para resolver la violencia del narcotráfico en Chihuahua, las acciones militares terminaron convertidas en operaciones infructuosas.

La idea de Mouriño, se dijo en aquella ocasión, era fracturar y desmantelar las cadenas y redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales. Esa fue la razón por lo que arribaron al Estado más de 4 mil policías federales y otro tanto similar de militares que, de inmediato, tomaron el mando de la seguridad mediante la instalación de diez bases de operaciones mixtas y 46 puestos de control móviles. Para patrullar el Estado, las fuerzas federales contaban con 180 vehículos, 13 equipos de detección molecular, tres aviones C-130 Hércules y un Boeing 727/100 de la Fuerza Aérea Mexicana.

Aquel aparatoso movimiento policíaco y militar buscaba frenar la violencia y debilitar al pernicioso Cártel de Juárez y su principal ejército de sicarios, La Línea. Pero después de seis me-

*Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. En tres años hubo 7 mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil huérfanos, 250 mil habitantes de esa demarcación emigraron como consecuencia de la misma; fueron cerrados unos 10 mil negocios, se perdieron unos 130 mil empleos, fueron abandonadas unas 25 mil viviendas *Además de la ineficacia del gobernador José Reyes Baeza y de la colusión de muchos alcaldes con el crimen se sumaba el hecho de que las policías de la entidad se convirtieron en verdaderos brazos armados de los cárteles *Días después de que César Duarte Jáquez tomó posesión como gobernador el crimen organizado le dio la bienvenida, a su más puro estilo: Fueron ejecutados dos familiares suyos, entre ellos, Mario Humberto Medina, su sobrino ses quedó claro que, frente a la ola de terror que azotaba a Chihuahua, el despliegue de policías y militares era insuficiente frente al poder del narcotráfico.

Frente a la fuerza del Estado el narcotráfico respondía con más violencia y corrupción. Fue cuando se recrudeció la violencia. Hubo fuertes y cruentos ataques a centros de rehabilitación para adictos; los penales del Estado estaban bajo el control del narcotráfico, particularmente de las bandas aliadas al Cártel de Juárez, como los Aztecas, los Mexicles y los Artistas Asesinos, las cuales tenían infiltradas a todas las policías de Chihuahua.

Los alcaldes chihuahuenses le exigieron al gobierno de Felipe Calderón que enviaran unos mil soldados al Estado. Y así se hizo. Los militares pronto sustituyeron a unos 800 agentes policíacos. Tras ser sometidos a exámenes para evaluarlos resultó que los policías tenían nexos con el narcotráfico, eran consumidores de droga y una buena parte de ellos operaban como sicarios del Cártel de Juárez.

Mientras las fuerzas federales realizaban operativos, detenciones y patrullaban el Estado para pacificarlo, el crimen organizado exhibía a las autoridades por todas partes.

Días después de que César Duarte Jáquez tomó posesión como gobernador el crimen organizado le dio la bienvenida, a su más puro estilo: Fueron ejecutados dos familiares suyos, entre

ellos, Mario Humberto Medina, su sobrino. Era el primer aviso.

Era claro que lo querían someter.

La crisis de seguridad que heredó César Duarte tenía que ver, en buena medida, con la protección al crimen organizado que realizó el gobierno de José Reyes Baeza. Quien fue severamente señalada de tener nexos con el Cártel de Juárez fue Patricia González Rodríguez, quien fungió como procuradora del Estado.

Ya en el gobierno de César Duarte ocurrió un hecho que mantuvo a González Rodríguez en el ojo del huracán: Fue secuestrado su hermano, Mario González Rodríguez. El hecho ocurrió el 21 de octubre de 2010 y, según ella misma denunció, participaron expolicías y agentes activos del Estado. Lo verdaderamente sorprendente es que luego apareció un video en el que su propio hermano la acusa de varios asesinatos y de tener vínculos con el Cártel de Juárez. El video habría sido grabado en las instalaciones de la Procuraduría del Estado.

Sin embargo, la exprocuradora protagonizó todo un escándalo. El entonces gobernador, César Duarte, negó que en el plagio hayan participado exagentes y agentes del Estado. Patricia González dijo que ella tenía conocimiento que la Secretaría de la Defensa Nacional –que la veía con recelo por sus presuntos nexos criminales– contaba con información sobre el secuestro

de su hermano, el cual fue perpetrado por una célula del Cártel de Sinaloa que estaba confrontada con el de Juárez.

La exprocuradora había generado serios conflictos en el Estado y se le acusaba de haber obstaculizado, en el sexenio de Felipe Calderón, el Operativo Conjunto Chihuahua al dejar en libertad a cuanto delincuente era detenido. Estas acciones pusieron en evidencia sus presuntos arreglos con el crimen organizado, en particular, con el Cártel de Juárez.

Y el plagio de su hermano –realizado por el Cártel de Sinaloa– ponía en evidencia que le estaban cobrando la factura por la probable protección que otorgó, desde la Procuraduría del Estado, al Cártel de Juárez, entonces encabezado por Vicente Carrillo, quien enfrentaba un conflicto a muerte con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

El crimen organizado se encargó de evidenciar las razones del secuestro de Mario González.

En sendas mantas que aparecieron en varios puntos del Estado se denunciaba: “A las autoridades y al público en general, no se dejen engañar, las causas de todos los desmanes en esta ciudad son causados…por el Cártel de Sinaloa”. Y otra decía: “Qué pasó, Noel Salgueiro, para qué secuestraste a Mario González”.

Y además se afirmaba también que el secuestro del hermano de la procuradora Patricia González ocurrió porque ambos habían incumplido con los acuerdos pactados con el Cártel de Sinaloa.

Tras la colocación de las mantas, el narcotráfico subió a la página youtube.com un video donde aparecía Mario González sometido a un interrogatorio.

Se le cuestionaba sobre una ola de asesinatos ocurridos en Chihuahua y él responsabilizó a su hermana de dichas muertes. El caso fue investigado por la PGR dentro de la Averiguación Previa PGR/CHIH/1613/2010-ll/B. La PGR dio seguimiento al caso y a un dato casi irrefutable: Que el video se había grabado en las instalaciones de la Procuraduría del Estado, pues las características del interior del inmueble eran idénticas al edificio oficial. El contenido del video generó un fuerte escándalo.

En el interrogatorio implicó a funcionarios y exfuncionarios en el narcotráfico. Dijo, por ejemplo, que Ariel Mixueiro Muñoz, Ramón Humberto Oviedo Sáenz y Edgar Artemio García –alcalde, director y comandante de la policía municipal de Namiquipa, respectivamente– fueron ejecutados por La Línea.

La administración de César Duarte en Chihuahua dio continuidad a la protección del crimen organizado mediante la impunidad y acalló voces de activistas

mediante una oleada de crímenes con los que apagó cualquier cuestionamiento a su gobierno.

Este fue el sello que impuso Duarte en Chihuahua desde los primeros días de su gobierno, cuando el 16 de diciembre de 2010 fue asesinada frente al Palacio de Gobierno Marisela Escobedo Ortiz. Ella se había convertido en un personaje incómodo para el gobierno de Duarte. Habían transcurrido poco más de un año y medio del gobierno de Duarte y ya habían sido asesinados ocho activistas sociales y defensoras de los derechos humanos.

A pesar de que a Marisela Escobedo le habían asignado escoltas para cuidarla, el día que la asesinaron ninguno de ellos la protegió, lo que generó fuertes sospechas de que detrás del crimen estaba la mano de César Duarte. Por todas partes se acusaba al entonces gobernador de haber cometido un crimen de Estado, impune hasta la fecha.

La violencia que generó el narcotráfico en el sexenio de César Duarte no solo derivó en dolor social sino que el impacto se reflejó en el desplazamiento de miles de personas –en otros casos hubo desapariciones forzadas– que dejaron poblaciones enteras sin habitantes.

Un caso emblemático fue el municipio de Guadalupe, donde en 2008 había 18 mil habitantes y para el 2014 solo quedaban 2,500 pobladores. Esto explicaba que el 90 por ciento de la población había sido desaparecida por el crimen organizado y otra parte de la gente se refugió fuera del Estado por miedo a ser asesinada.

Las poblaciones más afectadas por la violencia del narco fueron Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y una pequeña parte de Ciudad Juárez. El entonces alcalde de Guadalupe, Gabriel Urteaga, resume en pocas palabras las causas de la desaparición y desplazamiento obligado de tantas personas: “La violencia, en general, se llevó a mucha gente”. El exalcalde de Villa de Juárez también describió la ruindad de su municipio debido a la violencia: “Desde que se entra al pueblo se ve la destrucción. Donde yo vivo hay 35 casas vandalizadas, quemadas, abandonadas. Todo está destruido”.

Miles de familias que huyeron por la violencia del narcotráfico buscaron asilo en Estados Unidos; contrataron abogados para tal fin, pues nadie quiso regresar a sus poblaciones. Temían morir bajo las ráfagas de las metralletas y los cuernos de chivo o quemadas porque justamente eso hacían los sicarios: Quemaban a sus víctimas para no dejar rastros de sus fechorías. También las enterraban vivas y ahí quedaban los cuerpos atrapados bajo pesadas placas de cemento.

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Redacción/ Sol Yucatán

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

TEMAS CENTRALES El destape adelantado choca con la ley

MORELOS: EL NARCO SIGUE IMPUNE

Hoy Escriben

En enero de este año, el gobernador Cuauhtémoc Blanco atrajo los reflectores y las críticas luego de que fuera publicada una fotografía en la que aparece con Ricardo Ravelo Galó miembros del crimen organizado. Se trató de personajes del Cártel Jalisco y del grupo armado Tlahuica. A este último se le atribuye la ola de ejecuciones que se han perpetrado en Morelos.

El mandatario morelense negó conocer a los presuntos delincuentes luego de la publicación de la fotografía; al día siguiente, el escándalo aumentó de tono tras la aparición de una “narcomanta” plagada de improperios e insultos en contra del exjugador del club América y exalcalde de la ciudad de Cuernavaca, pues le recriminaron haber negado la amistad con los criminales y le exigieron que cumpla los acuerdos que tiene con la organización criminal.

La iglesia católica también hizo su parte atizando la guerra, la cual Cuauhtémoc Blanco atribuye a su antecesor, Graco Ramírez; mediante un comunicado, la iglesia expuso que el encuentro entre Blanco y los presuntos delincuentes se llevó a cabo en una parroquia, en el municipio de Yautepec; que ahí se encontraron, aunque los religiosos negaron haber intervenido como mediadores en el encuentro y rechazaron tener conocimiento respecto de lo que hablaron tanto el gobernador como los miembros de la delincuencia organizada.

A todo esto siguió el señalamiento de Cuauhtémoc Blanco, quien acusó a su antecesor, Graco Ramírez, de estar detrás de la campaña en su contra; también dijo que existen audios que prueban que el exsecretario de Seguridad Pública en Morelos, Jesús Alberto Capella, sostuvo varias conversaciones con Santiago Mazari Hernández,

el “Carrete”, exjefe del Cártel de Los Rojos, que opera en Morelos, Guerrero y Michoacán. Mazari fue detenido en 2019 en Guerrero.

Por otra parte, diversos partidos políticos exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero, que investigue si el gobernador de Morelos está implicado con la delincuencia organizada. Hasta ahora, la FGR no ha hecho oficial si inició la investigación en contra del mandatario de Morelos.

Desde hace varios años, el estado de Morelos ha sido tierra de capos y cárteles. En los años noventa, el Cártel de Juárez y su jefe, Amado Carrillo, se afincaron en esa entidad; antes estuvo operando Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”. Después hizo lo propio Juan José Esparragoza Moreno, el “Azul”, quien vivió en Morelos y se encargaba de mover toneladas de cocaína con la protección del jefe de la policía, Agustín Montiel, quien ocupó ese cargo durante el gobierno del panista Sergio Estrada Cajigal.

En el año 2006, el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva se asentaron en Morelos. Incluso en la ciudad de Cuernavaca fue abatido Arturo Beltrán, el “Barbas”, en el interior de su departamento de lujo. La muerte del capo fue producto de un enfrentamiento entre sicarios y miembros de La Marina. Ahí fue acribillado Beltrán Leyva, jefe del cártel que antes estuvo asociado con el Cártel de Sinaloa.

A la vuelta de los años, las organizaciones criminales se han robustecido. Ahora en Morelos operan Los Rojos, Guerreros Unidos, Cártel Jalisco, Los Viagras, Caballeros Templarios y Los Valencia, todos ellos michoacanos que son tan violentos como crueles, pues suelen decapitar y descuartizar a sus víctimas. A estos grupos se les atribuyen los baños de sangre que enfrentan entidades como Guerrero, Michoacán y Morelos.

A la violencia imparable que enfrenta la entidad –balaceras, levantones, tráfico de drogas, cobro de piso, secuestros y asesinatos– ahora se suma el señalamiento de que el mandatario y exfutbolista del club América tiene vínculos con el crimen organizado.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 4 al 10 de julio de 2022

Edición No. 121

CAPOS DEL DESPOJO Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

$ 5.00

PETO

PAVIMENTACIÓN, MILLONARIO BOTÍN

*El exalcalde de Peto, Edgar Calderón Sosa, no solventó el gasto de 40 millones de pesos del erario, asignados para la realización de distintas obras públicas del municipio *Un detalle que expone el enorme desvió de recursos cometido por el exalcalde es que en todos los contratos se detectaron conceptos pagados no ejecutados, todos por más de dos millones de pesos PAG. 9

*Rafael Acosta Solís es señalado de arrebatar las tierras a los ejidatarios con amenazas, o aprovechándose de la poca instrucción educativa los hace firmar documentos en blanco

TEKAX

PISOTEA LA LEY

*El gobernador panista Mauricio Vila figura como el principal protector de Acosta Solís, y ordena que el fiscal Juan Manuel León León, frene las denuncias penales formuladas en cualquier instancia gubernamental *Los integrantes del cártel del despojo son también empresarios amigos de otros partidos, como el caso del hermano de “Alito”, líder nacional del PRI, Miguel Ángel Moreno Cárdenas y Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la senadora Dulce MaPAG. 13 ría Sauri

FRAUDE CON VIVIENDAS

MILLONARIOS CONTRATOS DE SAIDÉN

*El secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, favoreció el empresario Edesio Enrique Herrera Trejo al asignarle un contrato para la adquisición de equipos de impresión, por un valor de 6.3 millones de pesos

*En tan sólo tres semanas, la empresaria Nadine Esther Chuc Echeverría suscribió tres contratos a modo con los alcaldes de Progreso, Tekax y Yaxcabá, para el desarrollo de más de 600 acciones de vivienda, por un total de 25.2 millones de pesos PAG. 5

*El ilícito bajo el contrato número GEY-SSP-191/2021, se complica aún más, ya que la respectiva transición se efectuó por “dedazo” en un momento inadecuado: en pleno proceso de campañas electorales de 2021, sin especificar el número de licitantes y sus propuestas *En los últimos dos años Prosoft 2000 ha brindado el mismo servicio a la dependencia, y en 2020 el monto fue por 4.7 millones de pesos, por lo que se ha convertido en una de las empresas favoritas de la SSP

PAG. 11

*En plena campaña electoral de 2021, el alcalde de Tekax, Diego José Ávila Romero, suscribió un contrato a favor del jalisciense Javier Esteban Montero Novelo, quien es señalado por actos de corrupción en Yucatán, junto con diversos alcaldes de Campeche y Quintana Roo *El edil del sur del estado autorizó diversas obras, con tal de obtener ganancias para su beneficio personal, y en esta ocasión, el monto fue de 1.5 millones de pesos PAG. 8

TIZIMÍN

VALLADOLID

FAVORECEN A DELINCUENTES BENEFICIÓ A SU “AMIGA” *Pese al historial delictivo de la empresaria Sandra Lissete Romero Ojeda, el exalcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, le otorgó un contrato por 2.6 millones de pesos para la rehabilitación de calles de este municipio *La empresaria Romero Ojeda enfrenta un juicio extraordinario hipotecario promovido por el Infonavit, de acuerdo con el expediente 00143/2017 *Durante su trienio, el exedil favoreció a diversos empresarios con denuncias penales abiertas, al entregar millonarios recursos por los respectivos trabajos PAG. 6

*El exalcalde de Tizimín, Mario Alberto González, le otorgó un presupuesto de 6.4 millones de pesos a la empresaria Lina Mercedes Fernández Alcocer para obras de pavimentación

*Tan sólo en 2019, a la empresa Constructora Caqo, S.A. de C.V., le aprobó un monto por dos millones de pesos, y debido al éxito obtenido en esta acción ilegal, al año siguiente le duplicó el techo financiero con un segundo contrato por 4.4 millones de pesos *El dinero provino del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism) correspondiente a 2020, es decir, se trataron de recursos federales

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