REPORTAJE

Javier Ramírez

El pasado 17 de enero arrancó el juicio contra Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Las autoridades de los Estados Unidos lo acusan de cinco delitos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018. Él, desde luego, se declaró inocente de todos ellos.

De acuerdo con la fiscalía, García Luna recibió sobornos multimillonarios para asegurar la seguridad de los negocios ilegales del Cártel de Sinaloa, dirigido entonces por Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’.

Las autoridades estadounidenses han llamado al estrado a varios sujetos sentenciados en aquel país por tráfico de drogas, quienes han declarado en contra del acusado, pero sin ofrecer pruebas materiales que sirvan para convencer al jurado.

Desfile de testigos

El primer testigo en ser llamado por la Fiscalía estadounidense para declarar en contra de García Luna fue Sergio ‘El Grande’ Villarreal Barragán, quien detalló múltiples ocasiones en las que acompañó a su jefe, Arturo Beltrán Leyva, a reuniones en las que se le entregaba a García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cerca de un millón y medio de dólares cada mes.

Contó que en una ocasión, cuando él y su gente lograron interceptar un cargamento de dos toneladas de cocaína de sus rivales del Cártel del Golfo, actuaron según el acuerdo que mantenían con la AFI en estos casos: cada quien se quedaba con la mitad. De esta forma entregaron personalmente a García Luna entre 14 y 16 millones de dólares, en billetes de 20, empacados en cajas de cartón.

Aseguró que García Luna fue clave en el crecimiento del cártel, tanto en control de territorio como en el volumen de su comercio de drogas y también en “eliminar a nuestros rivales”.

El segundo testigo, Oscar Nava Valencia, ‘El Lobo’, ex integrante del Cártel del Milenio, relató algo similar: aseguró haber pagado 10 millones de dólares a García Luna para protección y liberar un cargamento de droga que estaba retenida en Manzanillo, Colima.

También han declarado policías o expolicías de ambos lados de la frontera, como Raúl Arellano, quien relató que cargamentos de droga y dinero eran pasados por el aeropuerto de la Ciudad de México con un código enviado por radio que detenía la actividad de los agentes de control bajo el mando de García Luna.

“Embarrados” Humberto Moreira y El Universal

Durante el juicio, el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira fue mencionado por su exsecretario de Finanzas, Héctor Villarreal, quien indicó que durante su mandato se cobraron cuotas ilegales a contratistas del Gobierno estatal y el dinero se utilizó para la compra de propiedades en la entidad, en Morelos y en la Ciudad de México. Aseguró que para limpiar su imagen, García Luna habría pagado 25 millones de pesos mensuales al periódico El Universal, gracias a una triangulación con el entonces gobernador Humberto Moreira, quien era su compadre y tenía una plataforma para políticos que les ofrecía facilidades para viajar y contacto con medios de comunicación.

La Fiscalía mostró una factura del dinero con el logotipo de El Universal, por 11.5 millones de pesos, que tenía como concepto una campaña turística de Coahuila que nunca se realizó.

Villareal fue detenido en octubre de 2011 por la Fiscalía General de Coahuila, acusado de usar decretos falsos que autorizaban la contratación de una deuda estatal a largo plazo para obtener créditos bancarios por tres mil millones de pesos. Sin embargo, tras pagar una fianza, continuó el proceso penal en libertad y después se fugó. En febrero de 2012 fue detenido en Estados Unidos con 67 mil dólares en efectivo y también recuperó su libertad tras pagar una fianza, pero en abril de ese mismo año la Agencia Antidrogas de Estados Unidos abrió una investigación en su contra por supuestamente encabezar una red de lavado de dinero proveniente del Gobierno de Coahuila y pidieron incautar propiedades que tenía en ese país con valor de 20 millones de dólares.

Tras dos años de permanecer prófugo, en febrero de 2014 se entregó a las autoridades de Estados Unidos en un puente internacional de El Paso, Texas. En 2015 se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado en el exterior, y tras aceptar cooperar con las autoridades estadounidenses y entregar cuentas bancarias y propiedades por 33 millones de dólares obtuvo la libertad condicional y vive en Texas.

El pasado 17 de enero arrancó el juicio contra Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Las autoridades de los Estados Unidos lo acusan de cinco delitos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018. Él, desde luego, se declaró inocente de todos ellos. ‘El Chapo’.

Involucran, por fin, a Calderón

La declaración más esperada fue la que ofreció Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, detenido en marzo de 2017 en el puente internacional Tijuana-San Diego en los Estados Unidos, acusado por los cargos de conspiración, distribución y fabricación de drogas como heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, por los que fue sentenciado a 20 años de prisión por narcotráfico.

En su testimonio, aseguró que la instrucción del Gobierno de Felipe Calderón y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de García Luna era proteger a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y al Cártel de Sinaloa. Se trató de la primera y hasta ahora única mención del expresidente panista en el juicio. Comentó que Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna, le dijo en una reunión que “estaba del lado equivocado” en la disputa entre las organizaciones de Arturo Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán Loera. “Nos dijo que era a El Chapo a quien debíamos apoyar”, sostuvo en la corte de Brooklyn sin apoyar mayor prueba.

El primer testigo en ser llamado por la Fiscalía estadounidense para declarar en contra de García Luna fue Sergio ‘El Grande’ Villarreal Barragán, quien detalló múltiples ocasiones en las que acompañó a su jefe, Arturo Beltrán Leyva, a reuniones en las que se le entregaba a García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cerca de un millón y medio de dólares cada mes. De esta forma entregaron personalmente a García Luna entre 14 y 16 millones de dólares, en billetes de 20, empacados en cajas de cartón. Aseguró que García Luna fue clave en el crecimiento del cártel.

La defensa del exsecretario de Seguridad, encabezada por el abogado de oficio César de Castro, ha subrayado al jurado que el caso en contra de García Luna gira exclusivamente en torno a las declaraciones de narcotraficantes, que están cooperando con el gobierno estadounidense a cambio de una reducción de sus sentencias o que son testigos protegidos. Todos ellos, dijo, son culpables de algunos de “los peores delitos” y comparten otra cosa: “Fueron víctimas de esta guerra encabezada por García Luna”, señaló, y enfatizó en el hecho de que “no hay pruebas” más allá de los testimonios. “No hay dinero, no hay llamadas telefónicas, no hay fotos, no hay evidencia creíble” en el caso, sentenció.

Mencionó que escuchó por primera vez la orden de proteger a El Chapo en una reunión informal con el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, quien le dijo: “Acabo de llegar de una reunión muy importante en Ciudad de México con Felipe Calderón y con Genaro García Luna donde nos dijeron que la línea era El Chapo”.

Ante esta declaración, el expresidente Felipe Calderón comentó en Twitter que las declaraciones de Veytia son “absurdas” y “una absoluta mentira”. Agregó que se reservará su opinión sobre el juicio a García Luna hasta que termine el proceso.

“No hay pruebas”

La defensa del exsecretario de Seguridad, encabezada por el abogado de oficio César de Castro, ha subrayado al jurado que el caso en contra de García Luna gira exclusivamente en torno a las declaraciones de narcotraficantes, que están cooperando con el gobierno estadounidense a cambio de una reducción de sus sentencias o que son testigos protegidos.

Todos ellos, dijo, son culpables de algunos de “los peores delitos” y comparten otra cosa: “Fueron víctimas de esta guerra encabezada por García Luna”, señaló, y enfatizó en el hecho de que “no hay pruebas” más allá de los testimonios. “No hay dinero, no hay llamadas telefónicas, no hay fotos, no hay evidencia creíble” en el caso, sentenció.

Aseguró que el juicio es una venganza de narcotraficantes y funcionarios corruptos contra “el hombre que más odian” y advirtió al jurado que “los cárteles que él cazó y los oficiales corruptos que él sacó quieren que ustedes les ayuden a buscar la venganza”.

La defensa ha hecho su trabajo: consiguió que el juez limitase el testimonio de Tirso Martínez, un exnarco conocido como “El Futbolista”, por considerarlo “una pérdida de tiempo”, además que evitó que en el juicio se hable de la vida lujosa que García Luna habría tenido desde 2012, cuando se mudó a Miami, donde trabajó como consultor privado de seguridad hasta ser arrestado en 2019.

De ser hallado culpable, García Luna enfrentaría una pena de entre 10 años de cárcel y la cadena perpetua.

La investigación

Fue el 9 de diciembre de 2019 cuando García Luna fue aprehendido en Dallas, Texas, seis años después de haber cambiado su residencia a los Estados Unidos. Pero fue apenas en 2015, cuando fue brevemente detenido por saltarse una señal de tránsito en el Estado de Florida, que las autoridades estadounidenses comenzaron a actuar sobre él, pues esa vez registraron la mansión que éste tenía, valorada en 3.3 millones de dólares.

Las sospechas sobre los vínculos del exsecretario con el narcotráfico se hicieron públicas durante el juicio contra ‘El Chapo’ Guzmán en Nueva

York, cuando el hermano de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, socio de Guzmán en Sinaloa, declaró que su corporación había sobornado a García Luna en al menos en dos ocasiones.

Señalo que el primer soborno se produjo en un restaurante en 2005, cuando le entregó al entonces director de la AFI tres millones de dólares. Posteriormente, en 2007, el pago fue de entre tres y cinco millones, cuando García Luna ya era secretario de Seguridad Pública.

Tras su detención, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un comunicado en el que afirmó que “mientras tuvo un cargo público en México, (Genaro García Luna) recibió millones de dólares en sobornos por parte del cartel de Sinaloa a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico. Gracias a su apoyo, la organización mantuvo su actividad criminal sin una intervención relevante de las autoridades y permitió que se importaran grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos”.

El caso Cassez

Antes de ser llamado por el presidente Felipe Calderón para asumir la Secretaría de Seguridad a finales de 2006, Genaro García Luna fue jefe de la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la Procuraduría General de la República (PGR), durante todo el sexenio de Vicente Fox, que abarcó de 2000 a 2006.

Fue en ese periodo cuando se vio involucrado en una de las mayores crisis diplomáticas de México: el 8 de diciembre de 2005 los principales canales de Televisa y Televisión Azteca transmitieron en vivo y en directo lo que parecía ser la desarticulación de una banda de secuestradores conocida como “Los Zodiacos” en un rancho del sur de la Ciudad de México. Las imágenes mostraban la liberación de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo de 10 años, así como la detención de varias personas, entre ellas Israel Vallarta y su novia Florence Cassez, originaria de Francia.

Sin embargo, dos meses después se reveló que se trató de un montaje, pues la AFI había realizado la liberación de los rehenes y la detención de los criminales un día antes. García Luna aceptó que la escena fue recreada, argumentando que se trató de “una reconstrucción solicitada por los medios de comunicación y que esto no se tendrá en cuenta durante el juicio”. La sentencia en contra de la francesa el 25 de abril de 2018 a 96 años de prisión generó un conflicto con las autoridades de Francia, quienes comen- zaron un boicot contra los destinos turísticos mexicanos. Ante la polémica y las irregularidades la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino. Tras el rechazo de una primera propuesta de amparo propuesta por Arturo Zaldívar, finalmente el 23 de enero de 2013 los ministros ordenaron la liberación de Florence Cassez.

Pese a que la Secretaría de la Función Pública integró al menos 20 expedientes para investigar si García Luna incurrió en alguna irregularidad durante su paso por el Gobierno federal, ninguna investigación se concretó y tras dejar su puesto de secretario de Seguridad se fue de México.

Por este hecho varios funcionarios fueron investigados y detenidos, pero los menonitas quedaron nuevamente impunes.